La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le�n ha asumido la competencia para juzgar a Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, conocido como Toti, del PP, actual procurador en las Cortes de Castilla y Le�n y expresidente del Parlamento auton�mico, a quien se le imputan los presuntos delitos de cohecho y prevaricaci�n.

La causa, derivada del caso G�rtel, se centra en la adjudicaci�n a la empresa Teconsa de las obras de la variante de Olleros de Alba (Le�n) por 2,8 millones de euros. A cambio de las gestiones por el logro de esta obra, el cabecilla de la trama G�rtel, Francisco Correa, cobr�, supuestamente, una cuantiosa comisi�n. Entonces, en 2002, Fern�ndez Santiago ocupaba el puesto de Consejero de Fomento de la Junta de Castilla y Le�n, y los indicios le atribuyen el cobro de 18.000 euros "por motivos que se desconocen", tal como indica el Tribunal castellanoleon�s en el auto en el que asume la competencia. Toti aparece adem�s en la contabilidad de la caja B incautada a la trama corrupta.

La Fiscal�a Anticorrupci�n espera un �ltimo informe de la Unidad de Auxilio Judicial de la Intervenci�n General del Estado para pedir al juez Pedreira que se inhiba en favor del Tribunal Superior de Castilla y Le�n ante los indicios que afectan a varios aforados del PP sobre pagos de comisiones ilegales y ama�o de adjudicaciones en esa comunidad aut�noma.

El �ltimo informe policial sobre la trama G�rtel en Castilla y Le�n revela al menos tres adjudicaciones ama�adas (dos carreteras y la planta de tratamiento de basuras) para beneficiar a la constructora leonesa Teconsa, que pagar�a por este trato de favor un 3% del total del contrato adjudicado a la organizaci�n de Francisco Correa, quien repartir�a la comisi�n entre dirigentes del PP.

Los dos aforados implicados en la supuesta recepci�n de comisiones son Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, actual presidente de las Cortes de Castilla y Le�n, y Silvia Clemente, consejera de Agricultura de esta comunidad.

El �ltimo informe policial se�ala que Correa cobr� 384.670 euros en mayo de 2003 como adelanto de una comisi�n total de 600.000 euros por la adjudicaci�n de la planta de tratamiento de residuos de Gomecello (Salamanca) por parte de la Consejer�a de Medio Ambiente a una UTE formada por Teconsa y SUFI, SA. Ambas empresas y sus responsables est�n implicados en el caso G�rtel por otras adjudicaciones supuestamente ama�adas. La polic�a cree que Correa y ex altos cargos del PP, entre ellos el ex tesorero nacional Luis B�rcenas, el ex eurodiputado Gerardo Galeote y el ex diputado por Segovia Jes�s Merino lograron que Clemente, entonces consejera de Medio Ambiente, adjudicase la planta de Gomecello a la citada UTE por 22 millones. La comisi�n pactada la reparti� Correa entre B�rcenas, Merino, Galeote y �l mismo (60.000 euros cada uno). Se basa en la contabilidad B de las empresas de Correa, en las que se cita a estas cuatro personas con sus iniciales. En esa contabilidad figura una quinta persona, que se llev� 144.200 euros, y que la polic�a cree que es Silvia Clemente. En dicha contabilidad B se alude as� a esa quinta persona: "1 sobre de 24mm=144.200 E - CL- S". Los agentes sospechan, aunque los indicios son endebles, que la "S" corresponde a Silvia, y que CL es la abreviatura de Castilla y Le�n.

La polic�a tiene m�s clara la supuesta recepci�n de comisiones, en otras obras, por parte de Fern�ndez Santiago, quien en la contabilidad B de Correa es mencionado como "TOTI".

Los �ltimos informes policiales en el caso G�rtel apuntan a otro cargo del PP castellano-leon�s: la consejera de Agricultura y Ganader�a, Silvia Clemente, que, seg�n la polic�a podr�a haber recibido 144.200 euros de la trama presuntamente liderada por Francisco Correa.

Es la primera vez que aparece relacionada con la causa, no como el otro cargo del PP de Castilla y Le�n implicado, seg�n los �ltimos informes policiales. Se trata del presidente de las Cortes de Castilla y Le�n, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, cuyo nombre se barajaba desde hace meses, ya que familiarmente se le conoce como Toti, lo que podr�a corresponderse con las iniciales con las que se identificaba a uno de los beneficiarios por el principal imputado, Francisco Correa, en el pen drive intervenido al contable de la trama.

A la vista de los �ltimos indicios aparecidos en el procedimiento referidos a los dos aforados, la Fiscal�a Anticorrupci�n solicitar� al juez Antonio Pedreira que se inhiba a favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le�n.

Al presidente de las Cortes se le relaciona con uno de los al menos tres contratos que aparecen en los �ltimos informes policiales. De uno de ellos ya se sospechaba desde que Baltasar Garz�n se ocupaba de la instrucci�n: el que adjudic� la variante de Olleros de Alba (Le�n) a Teconsa por 2,8 millones de euros. La comisi�n percibida por Correa habr�a ascendido a 73.655 euros, que este habr�a repartido entre dirigentes del PP, entre ellos, el propio Fern�ndez, el ex senador y ex tesorero Luis B�rcenas y el ex diputado por Segovia Jes�s Merino.

Las otras dos adjudicaciones se corresponden con un centro de tratamiento de residuos urbanos en Gomecello (Salamanca) y la construcci�n de la variante de Villanueva de Mena (Burgos), por la que Fern�ndez habr�a recibido 54.000 euros. En ambos contratos la empresa adjudicataria fue Teconsa, aunque en el �ltimo tambi�n se vio beneficiada Sufi. Rafael Naranjo, ex presidente de esta �ltima, declar� a principios de mes como imputado ante Pedreria.

Seg�n confirmaron fuentes jur�dicas, por el centro de residuos urbanos de los municipios salmantinos, Correa iba a recibir 600.000 euros, que se redujeron a 385.000. Entre los que presuntamente cobraron vuelven a aparecer B�rcenas, Merino y el ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote. La principal receptora habr�a sido la entonces consejera de Medio Ambiente, Silvia Clemente, con 144.200 euros.

La exposici�n razonada que, de hacer caso a fiscal�a, elevar� el juez deber� incluir, por tanto, tanto a B�rcenas como a Merino. As� lo solicitar� Anticorrupci�n, despu�s de que ambos renunciaran a sus esca�os en las C�maras y, por tanto, a su condici�n de aforado. Ambos tienen pendiente declarar ante Pedreira despu�s de que el Tribunal Supremo le devolviera el caso.

EL JUEZ DEL 'CASO G�RTEL' PIDE NUEVOS INFORMES SOBRE LA ADJUDICACI�N DE OBRAS EN LA REGI�N

El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso G�rtel' en Madrid, ha dado traslado a la Fiscal�a Anticorrupci�n para que se pronuncie sobre varios informes policiales que apuntan a tres adjudicaciones a empresas implicadas en la trama corrupta que alcanzan al Gobierno de Castilla y Le�n, seg�n indicaron a fuentes jur�dicas. Asimismo, las mismas fuentes se�alaron que una de las adjudicaciones anteriormente se�aladas se refiere a un centro de residuos en la ciudad de Salamanca, cuya construcci�n se adjudic� por 22 millones de euros a las empresas Sufi y Teconsa, implicadas en la trama corrupta. Otra de las adjudicaciones se relaciona con la adjudicaci�n de la variante de Villanueva de Mena, en la provincia de Burgos.

El alcance de la trama a la Junta de Castilla y Le�n ya estaba patente en el sumario. As�, consta un informe que indica que la constructora Teconsa, que gan� el concurso en Castilla y Le�n para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba ( Le�n) por 2.847.959 euros, pag� supuestamente una comisi�n de 73.655 euros (aproximadamente el 3% del contrato, descontando el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez reparti� supuestamente el bot�n entre dirigentes del Partido Popular, entre ellos el tesorero, Luis B�rcenas.

PEDREIRA INVESTIGA OTRAS DOS ADJUDICACIONES A LA 'TRAMA G�RTEL' EN CASTILLA Y LE�N

Las empresas de la trama pactaron casi 800.000 euros en comisiones. Silvia Clemente, consejera de agricultura de Castilla y Le�n, y Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, presidente de las Cortes, entre los beneficiarios de esas comisiones, seg�n los informes que la polic�a ha remitido al juez.

La trama G�rtel ten�a en la Junta de Castilla y Le�n a uno de sus mejores clientes. El juez Pedreira investiga tres adjudicaciones a la organizaci�n liderada por Francisco Correa despu�s de haber recibido los �ltimos informes de la Unidad de Delitos Econ�micos de la Polic�a. A la ya conocida adjudicaci�n de la variante de Olleros de Alba a la empresa Teconsa se le suman otras dos.

La primera, la construcci�n de un centro de tratamiento de residuos en Gomecello, Salamanca. Un contrato de m�s de 22 millones de euros que obtuvieron las empresas Sufi y Teconsa. Seg�n la polic�a, la mediaci�n de Francisco Correa y sus contactos pol�ticos fue recompensada con una comisi�n de 600.000 euros, aunque s�lo percibieron un primer pago de 385.000.

El informe de la UDEF se�ala que Correa y los que fueran altos cargos del PP Luis B�rcenas, Jes�s Merino y Gerardo Galeote recibieron 60.000 euros cada uno. Una quinta persona que responde a las iniciales CL - S obtuvo 144.200 euros. Dice la polic�a que las siglas CL se corresponden con Castilla y Le�n mientras que la S ser�a la inicial de Silvia Clemente, la consejera de medio ambiente del gobierno castellano leon�s que aprob� la adjudicaci�n y que actualmente ocupa la consejer�a de agricultura. A�aden los agentes que si ella percibe m�s dinero que el resto es porque tiene mayor responsabilidad en el proceso de contrataci�n.

La otra adjudicaci�n salpica al presidente de las Cortes de Castilla y Le�n, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago. Se trata de la construcci�n de la variante de Villanueva de Mena cuando Fern�ndez Santiago era consejero de fomento. El informe policial destaca que coinciden los mismos actores y el mismo modus operandi que en el caso de la adjudicaci�n de otra carretera, la variante de Olleros de Alba por la que Fern�ndez Santiago recibi� una comisi�n de 15.000 euros, seg�n la investigaci�n.

El concurso para construir la variante de Villanueva de Mena por un importe de casi siete millones de euros lo gan� Teconsa que, seg�n la UDEF, ingres� despu�s en la caja B de las empresas de la trama 175.000 euros en billetes de 500. Gerardo Galeote, Jes�s Merino y Luis B�rcenas percibieron 24.000 euros cada uno. Correa casi 50.000, mientras que una quinta persona se embols� 54.000 euros que le fueron entregados a trav�s de Gerardo Galeote. La Polic�a sostiene que esa quinta persona es Jos� Manuel Fern�ndez Santiago que fue quien adjudic� el contrato. El dinero, concluye el informe, se lo entreg� Galeote con quien le une una estrecha relaci�n desde hace tiempo.

El juez Pedreira est� a la espera de recibir el informe de la Fiscal�a Anticorrupci�n sobre la rama castellano leonesa de la trama G�rtel para decidir si la env�a o no al Tribunal de Justicia de Castilla y Le�n dada la condici�n de aforados del Presidente de las Cortes, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago y de la consejera Silvia Clemente.

El juez Antonio Pedreira, instructor del caso G�rtel, ha urgido a Hacienda para que le entregue sin demora los informes solicitados sobre la constructora Teconsa, que obtuvo contratos presuntamente ama�ados de distintas administraciones del PP a cambio de supuestas comisiones. La Generalitat valenciana, la Junta de Castilla y Le�n y distintos ayuntamientos de Madrid involucrados en el caso hicieron adjudicaciones a Teconsa que la investigaci�n judicial ha colocado bajo sospecha.

Entre los datos que Pedreira espera de la Oficina Antifraude (ONIF) de la Agencia Tributaria y de la Intervenci�n General del Estado (IGAE) figuran, adem�s, los relativos a contratos que esa misma empresa logr� de "varios ayuntamientos" de Castilla y Le�n, entre ellos dos de Salamanca, aseguran fuentes de la investigaci�n.

Sobre Teconsa hay varios interrogantes. Uno de ellos, el de si los dossieres que sobre Teconsa exige Pedreira incluir�n informaci�n sobre los v�nculos mercantiles de la Junta de Castilla y Le�n con la constructora. De momento, Hacienda ya inform� al juez de que Teconsa hab�a movido m�s de seis millones de euros en billetes de 500 euros entre 2004 y 2007.

Reci�n iniciada la instrucci�n del caso, el juez Baltasar Garz�n ya rese�� en su primer auto el hallazgo de documentos que apuntaban a que la Junta de Castilla y Le�n hab�a manipulado en favor de Teconsa el concurso para la construcci�n de la variante de Olleros de Alba (Le�n), adjudicada por 2,4 millones de euros en 2002.

En la caja B de la trama, la polic�a encontr� documentos en los que aparec�a el nombre "Toti" como el de un receptor de comisiones ilegales. Seg�n la unidad policial de delitos econ�micos (UDEF), con ese apelativo la trama se refer�a al ex consejero de Fomento de Castilla y Le�n y actual presidente de las Cortes regionales, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago.

El Estatuto castellano-leon�s garantiza el aforamiento de los procuradores (diputados auton�micos) ante el tribunal superior de esa comunidad. Si Pedreira enfilara directamente sus pesquisas hacia alg�n aforado castellano-leon�s, se ver�a abocado a inhibirse de inmediato.

Quienes conocen las actuaciones del sumario confirmaron a P�blico que no es este el �nico informe que reclama Pedreira: el juez est� apremiando a todas las unidades de auxilio judicial para que finalicen todas las indagaciones encomendadas.

Y en esa lista de trabajos pendientes figuran tambi�n informes sobre Valencia cuyo contenido no precisaron las fuentes. Y otros sobre los contratos p�blicos obtenidos por sociedades cuya presunta conexi�n con la trama se conoce desde el primer d�a y por otras que actuaban como supuestas empresas pantalla ante la Comunidad de Madrid. Entre esas �ltimas se cuenta el llamado Grupo Rafael.

Que el juez ha pisado el acelerador para ir encajando ya las piezas del rompecabezas G�rtel y tener as� un dibujo preciso de la trama lo denota una de sus �ltimas providencias. Fechada el pasado d�a 10, Pedreira se pronuncia en los siguientes t�rminos: "Visto el estado de las presentes actuaciones, inter�sese de las unidades de auxilio judicial de la AEAT (ONIF) y la IGAE, la remisi�n de los informes encomendados, y en su caso, relaci�n de los pendientes de emitir con indicaci�n de los motivos que impidan su conclusi�n".

Cu�l es el listado completo de informes pendientes constituye una inc�gnita, dado que parte del sumario contin�a siendo secreta. Por ejemplo, a�n no se ha incorporado al sumario o, al menos, a la parte sobre la que no pesa secreto lo relativo a Fundescam, la fundaci�n del PP madrile�o que financi� las campa�as de Esperanza Aguirre y a la que la red corrupta endos� facturas del partido. Igualmente, hay un comp�s de espera sobre Over Marketing, empresa de publicidad que, presuntamente, oper� como tapadera de la red y que ya es investigada en Balears.

LA POLIC�A IMPLICA EN G�RTEL A M�S AFORADOS DEL PP EN CASTILLA Y LE�N

La trama G�rtel sigue poniendo bajo sospecha la gesti�n del PP en diversas instituciones. La investigaci�n de un caso que se destap� hace a�o y medio y que mantiene imputadas a 70 personas, entre ellas casi 20 que desempe�aron cargos p�blicos con el PP, ha encontrado pruebas que implican a nuevos aforados pol�ticos de esta formaci�n en Castilla y Le�n, adem�s del actual presidente de las Cortes, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, que figura en varios informes policiales por el supuesto cobro de comisiones ilegales.

La Fiscal�a Anticorrupci�n tiene previsto solicitar que se remita al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le�n una parte de la investigaci�n del caso G�rtel. En estas diligencias queda acreditado supuestamente el pago de comisiones ilegales por parte de la trama corrupta a dirigentes de la Consejer�a de Obras P�blicas de Castilla y Le�n por la adjudicaci�n de una obra a Teconsa, una constructora leonesa que manten�a relaciones con Francisco Correa, cabecilla de la trama, y aparece como beneficiaria de numerosas operaciones irregulares en Gobiernos del PP en varias comunidades. Ese pago de comisiones ilegales afectar�a al actual presidente del Parlamento castellano-leon�s, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, al que se identifica como "TOTI" en la contabilidad de la trama corrupta. Ahora, la polic�a ha descubierto nuevos documentos de la red G�rtel que acreditar�an m�s comisiones ilegales pagadas por la trama de Francisco Correa a otros pol�ticos del PP en Castilla y Le�n por obras adjudicadas desde una consejer�a distinta a la de Obras P�blicas.

La polic�a ha pedido al juez y a la Fiscal�a Anticorrupci�n que mantengan el secreto de las actuaciones referidas a esta investigaci�n de una nueva supuesta corruptela en la Administraci�n de Castilla y Le�n.

Un informe de la Intervenci�n General del Estado da cuenta de numerosas irregularidades en la adjudicaci�n de la variante de Olleros de Alba por la que la empresa adjudicataria, Teconsa, pag� el 3% del montante de la obra en comisiones ilegales, cerca de 100.000 euros, que se encarg� de repartir Correa.

Otros informes que forman parte del sumario se�alan que Teconsa recibi� entre los a�os 2000 y 2009 hasta 23 adjudicaciones del Gobierno de Castilla y Le�n. Un an�lisis de la Agencia Tributaria sobre las actividades econ�micas de Teconsa acredita que esta empresa realiz� movimientos de dinero en efectivo con billetes de 500 euros por un total de 5,5 millones en 2004; 242.000 euros en 2005; 893.000 en 2006 y 202.000 en 2007.

Sin ninguna experiencia en asuntos de sonorizaci�n y montaje de pantallas de v�deo, Teconsa logr� por siete millones de euros el contrato para dar cobertura a la visita del Papa a Valencia. Subcontrat� todos los trabajos con empresas especializadas por algo m�s de tres millones de euros y el resto lo reparti� con la trama corrupta, seg�n la documentaci�n requisada en las sedes de las empresas de la red G�rtel.

VARIOS CLIENTES DE MERINO TRABAJARON CON LA 'G�RTEL'

La mayor�a de los clientes de las consultoras vinculadas al ex portavoz adjunto del Partido Popular en el Congreso Jes�s Merino, que renunci� a su esca�o en abril por su imputaci�n en el caso G�rtel, hab�a cerrado antes operaciones econ�micas con miembros de la trama o con imputados en la causa.

Seg�n un informe de la Agencia Tributaria incorporada al sumario del caso G�rtel, los despachos vinculados a Merino o a su esposa ingresaron 8,4 millones de euros m�s IVA entre 2002 y 2008, todos declarados a Hacienda. El documento detalla operaciones con una decena de empresas, la mayor�a de las cuales ha tenido trato con la trama.

Un portavoz del despacho que Merino compagin� con su tarea de diputado una posibilidad legal si no afecta a temas relacionados con la actividad parlamentaria asegura que todos los ingresos fueron por asesor�as sin relaci�n con el Congreso ni con la trama G�rtel y declaradas a Hacienda. Merino siempre ha negado su vinculaci�n a la trama. El fiscal pidi� su imputaci�n porque en la caja B del grupo de Francisco Correa aparece en 2007 un pago de 50.000 euros a "Jes�s Merino Serrano 50".

Una de las empresas de Merino se llama Serrano 50 Global Consulting. Entre 2004 y 2007, el ex diputado factur� 1,2 millones a Fomento Territorial, consultora que gestion� dos pol�micas operaciones urban�sticas en Castilla y Le�n La Rosaleda, en Ponferrada, y Segovia 21,en las que tambi�n particip� el constructor Jos� Luis Ulibarri, imputado en el caso G�rtel. Este, a su vez, pag� en 2008 a trav�s de Aralia 52.000 euros a Fuentelavanda, administrada por la esposa de Merino.

Serrano 50 Global Consulting, que en 2007 abon� 50.000 euros al ex tesorero del PP Luis B�rcenas, tambi�n imputado, ingres� asimismo en 2006 un total de 296.000 euros de Enercorr XXI. Esta empresa impuls� Langa Duero Enercorr XXI, un proyecto al que en 2001 se sum� Spinaker, empresa clave en el blanqueo de capitales de la trama, administrada primero por Luis de Miguel y luego por Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa. En 2004, Spinaker a�n conservaba el 10% de las acciones de este proyecto conjunto.

En el auto en que el Supremo admiti� la causa contra aforados nacionales, en junio de 2009 en aquel momento, Merino lo era, en tanto que diputado la jueza hizo constar que en el informe de Hacienda "no se refieren datos concretos que permitan la imputaci�n de una conducta il�cita". El informe se limitaba a divulgar un listado de los clientes sin investigar las eventuales conexiones con la trama.

Varios de los clientes de Merino cerraron tambi�n operaciones en Pozuelo durante los a�os en que Jes�s Sep�lveda, imputado en la G�rtel, era alcalde. Sep�lveda fue socio de Merino y B�rcenas en Astrolago de Inversiones, sociedad disuelta en 2008 que nunca declar� actividad.

Algunas de las operaciones en Pozuelo fueron denunciadas en su d�a por la oposici�n socialista como "pelotazos" o "poco claras". Por ejemplo, la compra a Sigla SA por parte del consistorio del centro comercial El Torre�n por 19,1 millones de euros en 2005. Entre 2005 y 2007, Sigla SA declar� pagos a Merino por un total de 477.000 euros a trav�s de Algaba Consultores, la sociedad de Merino que desde 2006 participaba tambi�n en Astrolago junto a Sep�lveda.

Otra operaci�n pol�mica en Pozuelo fue la permuta de terrenos entre el Ayuntamiento y Parquesol a principios de 2005. La oposici�n advirti� de que el ayuntamiento sal�a perjudicado con el cambio al estar el terreno que recib�a en una zona con menos potencial que la del que entregaba a esta empresa.

Entre 2004 y 2007, Parquesol abon� 354.595 euros a Everland, administrada por la esposa de Merino, quien est� autorizado en una de sus cuentas. Parquesol declin� explicar los pagos al haber sido realizados antes de la entrada del Grupo San Jos� en la empresa.

Finalmente, el Grupo Ortiz, que junto con Hisp�nica es la constructora que m�s trabaj� con el Ayuntamiento de Pozuelo durante el mandato de Sep�lveda, pag� a las distintas sociedades vinculadas a Merino 2,1 millones de euros entre 2006 y 2008. Lo hizo a trav�s de tres de sus sociedades: Compa��a Internacional de Construcci�n y Dise�o, Agr�cola El Casar y Ortiz Construcciones y Proyectos.

El Grupo Ortiz es el �nico que ha detallado a P�blico los motivos de los pagos: 375.000 por asesor�a en la adquisici�n de Cosfesa, empresa de servicios ferroviarios; 202.000 por una asesor�a para un proyecto de energ�a renovable en Badajoz; un mill�n por la compra de una finca con vi�edos en Gumiel de Iz�n (Burgos), propiedad de Algaba Consultores, y 529.000 euros por asesor�a en la compra de dos empresas el�ctricas en Guadalajara.

Pagos en la caja B

Otro de los clientes de Merino que tuvo relaci�n con la trama es Sufi SA. Esta empresa, especializada en medio ambiente, logr� importantes contratos en Boadilla del Monte y Majadahonda, el epicentro de la trama en Madrid, ya sea en solitario o en UTE con Aqualia.

Directivos de Sufi y Aqualia aparecen supuestamente aportando ingresos a la caja B del grupo de Francisco Correa en 2002, seg�n la documentaci�n que se incaut� la polic�a en el pen drive del contable: Gonzalo Naranjo, cuya familia controlaba entonces Sufi, 157.000 euros en febrero; Enrique Carrasco (Aqualia), 105.000 euros en enero.

Los pagos de Sufi a empresas de Merino declarados a Hacienda sumaron 429.172 euros entre 2004 y 2007 y se realizaron a trav�s de Everland, administrada por la esposa del ex diputado.

La empresa forma parte hoy de Sacyr Vallehermoso y los actuales gestores declinaron explicar los pagos a Everland al realizarse todos antes de su adquisici�n de la compa��a, en 2005.

(www.publico.es, 15/06/10)

DE CASTILLA Y LE�N AL �APARATO' DE LA CALLE G�NOVA

Conexi�n con Sep�lveda

La relaci�n de Jes�s Merino y Jes�s Sep�lveda, ambos imputados en el �caso G�rtel', es muy estrecha desde hace m�s de 20 a�os. Sep�lveda era entonces gerente del PP de Castilla y Le�n, y su esposa, Ana Mato, jefa de Gabinete del presidente de la Junta, Jos� Mar�a Aznar. En 1991, con Aznar ya instalado en Madrid, Merino fue nombrado consejero de Fomento por Juan Jos� Lucas. En la siguiente d�cada, Merino y Sep�lveda coincidir�an de nuevo en el aparato de G�nova . Los dos formaron parte de la ejecutiva y del comit� electoral nacional. La esposa de Merino, Ana Isabel Guti�rrez, era la abogada familiar del matrimonio Sep�lveda-Mato.

V�nculo con B�rcenas

En 2006, ni Sep�lveda ni Merino estaban ya en el �aparato' de G�nova. El primero era alcalde de Pozuelo y el segundo, diputado. Ambos impulsaron junto con Luis B�rcenas, entonces tesorero del PP, Astrolago de Inversiones. La sociedad no declar� jam�s actividad y fue liquidada formalmente en 2009, tras el estallido del �caso G�rtel', aunque en la pr�ctica se hab�a disuelto ya en 2008. Sus promotores aseguran que se cre� para una inversi�n concreta que nunca lleg� a materializarse.

Pagos en la caja B

Varios informes policiales del sumario 'G�rtel' consideran que Sep�lveda, Merino y B�rcenas aparecen como receptores de fondos en la caja B de la trama. Seg�n la polic�a, Merino y B�rcenas recib�an supuestamente el dinero siempre la misma fecha. Los dos rechazan haber recibido fondos de la trama. La �ltima vez que Merino aparece supuestamente en el listado de la caja B es en 2007, donde consta el pago de 50.000 euros para "Jes�s Merino Serrano 50". Una de las consultoras que Merino ha compaginado con su trabajo de diputado -una posibilidad legal si no afecta a la tarea parlamentaria- es Serrano 50 Global Consulting.

Dimisi�n

Jes�s Merino ha ido renunciando a todos sus cargos pol�ticos por su vinculaci�n con el �caso G�rtel', siempre con mayor celeridad que B�rcenas. En 2009, dimiti� como portavoz adjunto del PP en el Congreso y, el pasado abril, dej� el carnet del partido y abandon� el esca�o con el objetivo, dijo, de demostrar su inocencia. Con su dimisi�n, dej� de ser aforado y su investigaci�n recae en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

www.publico.es 16.06.10

EL GESTOR DE DOS PELOTAZOS PAG� 1,2 MILLONES A MERINO

El gestor de dos de los grandes proyectos urban�sticos m�s controvertidos de Castilla y Le�n La Rosaleda, en Ponferrada, y Segovia 21, el empresario El�as Benatar, pag� entre 2004 y 2007 un total 1,2 millones m�s IVA a las consultor�as de Jes�s Merino, diputado del Partido Popular (PP) por Segovia hasta abril de 2010, cuando dimiti� por su imputaci�n en el caso G�rtel.

Ambos proyectos, gestionados por Benatar a trav�s de Eyser y Fomento Territorial, han contado con la participaci�n destacada del constructor Jos� Luis Ulibarri, imputado tambi�n en el caso G�rtel. El consejero de Fomento que dio luz verde a la operaci�n de Ponferrada fue Manuel Fern�ndez Santiago, de quien la polic�a sospecha que podr�a tratarse del Toti que recibi� pagos de la trama G�rtel, algo que el actual presidente de las Cortes de Castilla y Le�n niega.

El pelotazo de La Rosaleda, por el que Ulibarri obtuvo 2.016 parcelas a un 20% del precio de mercado, ha sido declarado ilegal por los tribunales, pero ejecutar las sentencias es imposible al estar ya todo construido. Y el de Segovia 21, que supuso la cesi�n de 101 hect�reas de terreno p�blico a una sociedad con creciente peso privado liderado por la misma persona que impuls� el proyecto desde la diputaci�n Atilano Soto, presidente de Caja Segovia, est� en los tribunales desde 2007: dos denuncias han sido archivadas y dos siguen vivas, la �ltima de las cuales en un juzgado de Madrid, que la admiti� a tr�mite el pasado abril.

La relaci�n profesional entre Eyser, Fomento Territorial y los despachos que Merino compagin� durante a�os con su actividad de diputado de 2000 a 2010, incluyendo dos a�os como portavoz adjunto del grupo del PP y de dirigente nacional del partido secretario de Pol�tica Auton�mica entre 2002 y 2005 y miembro del comit� electoral en 2004 es antigua y declarada a Hacienda. Los diputados pueden dirigir tambi�n despachos profesionales privados m�s de 30 lo hacen siempre que no toquen asuntos relacionados con su tarea parlamentaria, un marco que deja mucho terreno para la ambig�edad.

Benatar fue el gestor de los dos pol�micos proyectos urban�sticos en Castilla y Le�n, el feudo de Merino. A petici�n del Ayuntamiento de Ponferrada (PP), redact� en 2001 la reforma urban�stica que iba a permitir la construcci�n en La Rosaleda de m�s de 2.000 viviendas, un encargo que en 2004 le fue renovado para encauzar el proceso.

El proyecto fue declarado ilegal de cabo a rabo por los tribunales, pero cuando ya no hab�a marcha atr�s porque estaba todo construido y, en parte, vendido.

En 2006 el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le�n, en una sentencia ratificada por el Supremo el mes pasado, anul� la reforma urban�stica porque se edific� tres veces m�s de lo permitido y se elimin� el 10% exigido para servicios. En 2007, el mismo tribunal anul� las adjudicaciones, que beneficiaron a Ulibarri, por falta de publicidad y concurrencia.

En 2003, Fomento Territorial recibi� tambi�n el encargo de gestionar el proyecto de Segovia 21, que culminar� previsiblemente el a�o que viene con la entrega de 400 viviendas y chalets (estos �ltimos se est�n vendiendo ya a partir de 850.000 euros), un hotel de lujo, un campo de golf de 18 hoyos y un centro de negocios, entre otros.

El plan fue impulsado en 2001 por Atilano Soto, entonces presidente de la diputaci�n y tambi�n al frente de Caja Segovia, que ahora lidera al grupo de empresarios que se ha sumado a la iniciativa. Los promotores defienden que el proyecto crea riqueza y que la diputaci�n no ha tenido que pagar y, en cambio, ha ingresado seis millones.

Los cr�ticos denuncian que se aportaron 101 hect�reas de terreno p�blico en un paraje de ensue�o a un precio irrisorio equivalente a 16 millones, en acciones de Segovia 21 tras una tasaci�n elaborada antes de definir el proyecto en su conjunto y que el beneficiario �ltimo ser� privado. Las hect�reas cedidas Monte Quitapesares se fueron descatalogando por fases pese a que el proyecto era �nico y se fueron aportando a Segovia 21 sin subasta p�blica.

El juzgado archiv� dos causas en Segovia, centradas sobre todo en la descatalogaci�n en s�. Pero queda viva una demanda por la cesi�n de los terrenos a Segovia 21 y otra por estafa, admitida a tr�mite en Madrid el pasado abril.

En declaraciones a P�blico, El�as Benatar defendi� su relaci�n comercial con Merino y neg� que los pagos por 1,2 millones de euros m�s IVA tengan nada que ver con La Rosaleda o Segovia 21. "Se trata de operaciones de car�cter privado entre empresas, ajenas a cualquier organismo p�blico y sin ninguna relaci�n con el caso G�rtel, y cuya informaci�n supondr�a la vulneraci�n del secreto profesional", afirma el empresario.

Un portavoz del despacho de Jes�s Merino afirm� que el ex diputado nunca ha trabajado para Eyser o Fomento Territorial en proyectos en Castilla y Le�n y que los pagos obedecen a consultor�as para actividades en otras comunidades, singularmente un plan para llevar empresas a Castilla-La Mancha.

Los pagos fueron declarados todos en el denominado modelo 347 que exige Hacienda para los proveedores que superen los 6.000 euros y los desvel� un informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario del caso G�rtel sobre las actividades empresariales de Jes�s Merino, que entre 2002 y 2007 le reportaron 8,4 millones de euros. El informe destaca el v�nculo entre Segovia 21 y Fomento Territorial.

En el auto en que el Supremo admiti� la causa contra aforados nacionales, en junio de 2009, la jueza hizo constar que en el informe de Hacienda "no se refieren datos concretos que permitan la imputaci�n de una conducta il�cita". El fiscal limit� su petici�n de imputaci�n al hecho de que en la caja B de la trama apareciera que "Jes�s Merino Serrano 50" recibi� 50.000 euros en 2007.

Serrano 50 Global Consulting, que en 2007 declar� un pago de 50.000 euros a Luis B�rcenas, ex tesorero del PP tambi�n imputado, recibi� 220.000 euros m�s IVA de Fomento Territorial. Algaba Consultores, que pose�a el 33% de Astrolago sociedad compartida con B�rcenas y Jes�s Sep�lveda disuelta en 2008 sin declarar nunca actividad, ingres� otros 372.215. Y Everland, administrada por la esposa de Merino, quien a su vez contaba con autorizaci�n en una cuenta, obtuvo 591.598.

(www.publico.es, 14/06/10)

ANTICORRUPCI�N PEDIR� ENVIAR EL CASO A CASTILLA Y LE�N POR NUEVOS IMPUTADOS

La Fiscal�a Anticorrupci�n tiene previsto solicitar la remisi�n al Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le�n de la parte del sumario del caso G�rtel en la que aparece presuntamente implicado el actual presidente de las Cortes regionales, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago. Los hechos se refieren a la adjudicaci�n de las obras de una variante de una autopista a la altura de Olleros de Alba (Le�n) a la empresa Tecnolog�a de la Construcci�n (Teconsa).

Anticorrupci�n quiere que se investigue a fondo la posible entrega de comisiones a la organizaci�n corrupta que dirig�a Francisco Correa a partir de la adjudicaci�n, en 2002, de la citada variante, que se hizo por el sistema de concurso y con la intervenci�n del entonces consejero de Fomento de la Junta y hoy presidente de las Cortes de Castilla y Le�n, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, conocido como Toti. As� le menciona la trama de Correa en los documentos intervenidos por la polic�a en sus empresas.

La Fiscal�a Anticorrupci�n est� a la espera de que el Supremo le remita las actuaciones sobre la variante de Olleros de Alba, que no fue desglosada en su d�a de la parte principal porque la fiscal�a no quer�a abrir m�s frentes sobre la trama G�rtel, m�xime tras lo acontecido en Valencia. All�, el Tribunal Superior de la comunidad se neg� a investigar al presidente, Francisco Camps.

De hecho, Anticorrupci�n se manten�a entonces a la espera, pues la situaci�n le beneficiaba. La imputaci�n por el Tribunal Supremo del ex senador y ex tesorero del PP Luis B�rcenas y del ex diputado del mismo partido Jes�s Merino, pod�a arrastrar al alto tribunal a Fern�ndez Santiago, aforado al Tribunal Superior de Castilla y Le�n en raz�n de su cargo. As�, Toti ser�a investigado por el Supremo junto a B�rcenas y Merino, sin romper la continencia de la causa. De paso, Anticorrupci�n s�lo ten�a que atender los frentes del Supremo y del Tribunal Superior de Madrid, donde se investiga la pieza principal de G�rtel, mientras no se aclarase la situaci�n de la causa en Valencia.

La operaci�n de ingenier�a procesal urdida por el PP para que B�rcenas y Merino dejasen sus esca�os en busca de un tribunal m�s favorable a sus intereses, como ser�a el Superior de Madrid -que ya ha anulado las escuchas en prisi�n de los abogados con sus clientes corruptos de la trama-, dibuj� otro escenario. El Supremo se ha quedado sin clientes, B�rcenas y Merino dependen ahora del Tribunal de Madrid; el de Valencia vuelve a investigar a Camps y una eventual imputaci�n de Fern�ndez Santiago tiene que ser exigida ante el TSJ de Castilla y Le�n. Eso es lo que va a intentar Anticorrupci�n cuando reciba las actuaciones del Supremo, seg�n fuentes de la investigaci�n.

En la causa hay indicios de la trama G�rtel en Castilla y Le�n desde el primer auto del juez Baltasar Garz�n en el que se implicaba a B�rcenas. Entre la documentaci�n del contable de Correa, Jos� Luis Izquierdo, hab�a un fax de noviembre de 2002 de la Consejer�a de Fomento de Castilla y Le�n, dirigida entonces por Fern�ndez Santiago, con la concesi�n definitiva de la variante de Olleros de Alba por 2,85 millones de euros a Teconsa, empresa relacionada con la trama que ten�a entre sus directivos a Jos� Ram�n Blanco Bal�n, imputado en el G�rtel y supuesto asesor de Correa en la colocaci�n en el extranjero del capital de sus empresas.

Del auto de Garz�n se desprend�a que Teconsa habr�a pagado una comisi�n del 3% a Correa para que utilizase sus contactos pol�ticos para influir en la adjudicaci�n de esa variante, un dinero que este reparti� entre personas citadas con las siglas T.O.; G; L, y J. Seg�n la polic�a, en alusi�n a Toti y al ex senador B�rcenas, entre otros. M�s tarde, los investigadores hallaron otra documentaci�n que apuntaba en el mismo sentido: un folio cuadriculado manuscrito con el encabezado "recibido en sobre 17-1-2003- Junta Castilla y Le�n", de otro reparto similar de 96.100 euros.

Teconsa result� beneficiaria de 23 adjudicaciones de obra p�blica entre 2000 y 2009 por parte de la Junta de Castilla y Le�n, por el procedimiento del concurso, subasta, negociado sin publicidad o contrato menor. Seg�n un informe de la Agencia Tributaria, Teconsa realiz� movimientos de efectivo con billetes de 500 euros por un importe total de 5,5 millones en 2004; 242.000 en 2005; 893 en 2006 y 202.000 en 2007.

Las �ltimas investigaciones policiales se�alan que la relaci�n de Correa con el grupo de empresas de Jos� Mart�n N��ez, administrador �nico de Teconsa, es "directa", tal como se desprende de una intervenci�n telef�nica de Correa con un consejero de Teconsa, Jos� Luis Mart�nez Parra, en la que hablan de un amigo com�n, Jos� Ram�n Blanco Bal�n.

(www.elpais.com, 14/06/10)

LOS PROVEEDORES DE ULIBARRI PIDEN QUE SE EXTIENDA EL CONCURSO DE ACREEDORES A TODAS SUS EMPRESAS

Al empresario leon�s imputado en la trama G�rtel Jos� Luis Ulibarri (en la foto) se le contin�an complicando las cosas en torno a una de sus constructoras, Begar Construcciones, que se encuentra en concurso de acreedores desde junio de 2009. A finales del pasado mes de abril, la compa��a -que forma parte del Grupo Begar- propuso a los acreedores un plan de viabilidad que pasaba por una quita del 55 por ciento y plazo de cinco a�os para hacer frente al pago de las deudas. Ahora, algunos de los proveedores de la compa��a se han dirigido al Juzgado de lo Mercantil n�mero 1 de Valladolid para solicitar que se extienda el concurso de acreedores ordinario a todas las empresas participadas por Ulibarri, m�s de medio centenar.

La imputaci�n de Jos� Luis Ulibarri en la trama G�rtel fue uno de los principales detonantes de la ca�da de su imperio empresarial. En junio de 2009, una de sus principales empresas, Begar Construcciones, entr� en concurso de acreedores (anteriormente suspensi�n de pagos) complicando a�n m�s la delicada situaci�n del magnate. A finales del pasado mes de abril, la constructora present� a sus acreedores una propuesta de convenio anticipado, es decir, un plan para la viabilidad de los cobros, que contemplaba una quita del 55 por ciento sobre el importe de los cr�ditos concursales, seg�n recogi� el diario econ�mico Cinco d�as.

Mejor que la liquidaci�n

Begar reconoc�a el �importante esfuerzo� que estas condiciones supondr�an para los acreedores, pero apuntaba que la liquidaci�n de la constructora �no alcanzar�a ni de lejos el porcentaje de recuperaci�n de cr�ditos que la soluci�n convencional permite�. Adem�s, aunque ese 55 por ciento supera el umbral marcado por la Ley Concursal (que fija un 50 por ciento como tope), Ulibarri apelaba a la �trascendencia social� de su empresa en la econom�a castellano-leonesa para justificar el plan.

Extender el concurso de acreedores

Sin embargo, seg�n publica este jueves el digital Bierzodiario.com, el plan de viabilidad para hacer frente a las deudas ha generado un profundo malestar entre los acreedores, lo que ha motivado que varios de los proveedores de la compa��a acudan a los tribunales. Un grupo de ellos ha solicitado al Juzgado de lo Mercantil de Valladolid que extienda el concurso de acreedores al resto de las empresas en las que Ulibarri es accionista mayoritario.

Usaba "empreas instrumentales"

Los acreedores argumentan que Begar �formaba parte de un grupo de empresas, utilizando empresas instrumentales para la consecuci�n de sus fines�. Junto a su petici�n, adjuntan un listado con medio centenar de empresas en las que Ulibarri o la propia Begar figuran como accionistas mayoritarios. En ocasiones, la participaci�n del empresario alcanza valores del 100 por cien o aproximados a �ste, como los casos de UFC, Seralia SL, Desat SA, Producciones Audiovisuales Digitales, Athena Educational Consulting, Texmix Import, Intermedia Press o Asturigia SA entre otras muchas.

"Confusi�n de patrimonios y direcci�n y estructura �nica"

Los denunciantes apuntan que de la documentaci�n que se maneja en el concurso de Begar Construcciones se deduce que no se ha incluido en el activo de la sociedad todos los bienes que posee la misma. Por ello, consideran que el concurso de acreedores deber�a extenderse a todo el grupo empresarial ante la evidencia de que la sociedad actuaba �con confusi�n de patrimonios, direcci�n �nica y estructura empresarial �nica�.

Nuevas adhesiones

Est� previsto que en los pr�ximos d�as otros acreedores de Begar se unan a la solicitud en los juzgados, ya que la mayor�a de los proveedores no se sienten satisfechos ni con la quita del 55 por ciento ni con el plazo de cinco a�os para efectuar los pagos.

(www.elplural.com, 14/05/10)

JES�S MERINO: "EL PP NO PUEDE ESTAR SOMETIDO A UN DESGASTE PERMANENTE"

El diputado del PP por Segovia Jes�s Merino ha renunciado esta ma�ana al acta de parlamentario en beneficio de su defensa, seg�n ha dicho, ante la imputaci�n provisional del Tribunal Supremo por su presunta relaci�n con la trama G�rtell. Igual que el ex-tesorero del PP Luis B�rcenas, Merino no ha acudido personalmente al registro del Congreso, sino que la renuncia ha sido presentada por un tercero. Ser� sustituido por la siguiente en la lista, Sara Due�as Herranz, alcaldesa de La Losa (Segovia), de 534 habitantes.

Consciente de que le perjudica aparecer junto a B�rcenas, hasta ahora el otro aforado nacional, Merino sostiene que su marcha de la C�mara se debe a una decisi�n estrictamente personal, para alejarse de los focos y poder trabajar en una defensa que le permita demostrar su inocencia. No obstante, recuerda que lleva un a�o a disposici�n de su partido y de su grupo, pendiente de lo que deb�a hacer con el esca�o.

Junto a una defensa "m�s tranquila", Merino ha reconocido que abandonar su puesto de parlamentario traer� consecuencias positivas tambi�n para su familia y para su partido que, a su juicio, "no puede estar sometido a un desgaste permanente" por esta causa.

En relaci�n a las cr�ticas del PSOE por mantener el esca�o Merino ha afirmado que este partido "no est� legitimado para dar lecciones contra la corrupci�n" y ha recordado que su imputaci�n no es formal.

Quien tambi�n fuera diputado la pasada legislatura -en la actual ejerc�a un cargo en la direcci�n del grupo- y vicepresidente de la Junta de Castilla y Le�n ha anunciado una conferencia de prensa, ma�ana, para explicar a los segovianos las razones que le han llevado a dejar el cargo.

Tras levantarse el secreto del sumario, personas muy cercanas a Jes�s Merino han venido insistiendo en que un auto del Tribunal Supremo afirma que "no se refieren datos concretos que permitan la imputaci�n de una conducta il�cita" a trav�s de las sociedades de las que es accionista.

Adem�s, el auto, fechado el 23 de junio de 2009, subraya que tampoco hay dato sobre la participaci�n de estas empresas "en el grupo de actividades objeto de la investigaci�n que se sigue ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid".

De otros documentos del sumario, de acuerdo con las fuentes pr�ximas a Merino, se desprende que el supuesto cabeza de la trama, Francisco Correa, niega haberle entregado dinero y, tanto el contable de �ste, Jos� Luis Izquierdo L�pez, como quien denunci� el caso, Jos� Luis Pe�as, aseguran que no conocen al hasta ahora parlamentario segoviano.

(www.elpais.com, 19/04/10)

Merino presenta su "baja temporal" como militante del PP

El diputado por Segovia est� implicado en la investigaci�n por el 'caso G�rtel'

M�s de cinco horas despu�s de que el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, afirmase que todos los implicados en el caso G�rtel hab�an cesado ya como militantes del partido, el diputado por Segovia, Jes�s Merino, del que la investigaci�n sostiene que ha podido percibir de la trama corrupta m�s de 200.000 euros, ha informado a trav�s de un comunicado que ha presentado su "baja temporal". La decisi�n de Merino llega el mismo d�a que Luis B�rcenas, ex tesorero y gerente del PP, y todav�a senador por Cantabria, ha hecho p�blica su baja como militante tras conocerse el contenido del sumario que instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pereira.

"Desde la aparici�n p�blica de este asunto -dice Merino en la nota que ha publicado la web del PP- siempre he manifestado mi disposici�n a aceptar las decisiones que tanto el Partido como el Grupo Parlamentario considerasen m�s convenientes, y en consecuencia adopto esta decisi�n de petici�n de baja temporal de militancia, para no perjudicar los intereses del Partido Popular del que formo parte desde hace casi 20 a�os y de mi grupo Parlamentario".

Al igual que argumentasen todos los cargos del partido que han cesado en sus funciones y militancia, Merino, uno de los imputados de la trama aforado por su condici�n de diputado, ha afirmado que su "baja temporal" le permitir� defenderse mejor de las acusaciones en su contra presentes en el sumario que investiga la red de corrupci�n encabezada por Francisco Correa. En la contabilidad B de Correa figura un apunte de entrega de 50.000 euros "al diputado Jes�s Merino", y otras entregas que totalizan 180.000 a una persona cuyas siglas son "J. M.", que la fiscal�a cree que se trata del diputado por Segovia.

Renuncias 'sin novedad'

"Todas las personas se han dado de baja de militancia" asegur� Rajoy poco antes de las 14.00 desde Sevilla tras conocer el cese de B�rcenas como militante del PP. Pese a la declaraci�n, una de las primeras con intenci�n del presidente del partido desde que el juez Pedreira levantara el martes el secreto de sumario del caso G�rtel, hasta las 20.00 de la tarde, G�nova no ha distribuido el comunicado en el que Merino anunciaba su solicitud de baja. Durante su intervenci�n, Rajoy ha aclarado que la instrucci�n no ha probado a�n la financiaci�n irregular del PP y ha echado mano de nuevo del argumentario de su partido para descartar novedad alguna en la parte del sumario conocida ahora. A�n as�, los dos aforados, B�rcenas y Merino han decidido hoy abandonar la militancia.

Minutos despu�s de difundir G�nova el comunicado de Merino, el GrupoPopular ha distribuido otro en el que agradece la "colaboraci�n ydisposici�n" del diputado. Tanto �l como B�rcenas, investigados por su condici�n de aforados en el Tribunal Supremo, mantienen sus actas como parlamentarios. Sobre este �ltimo, Rajoy, preguntado por los periodistas en Sevilla, tampoco ha explicado si dejar� de pagarle el abogado o retirar� el despacho que el ex tesorero mantiene en la sede nacional del partido en Madrid. El sumario del caso G�rtel sit�a al senador por Cantabria en el centro de la red encabezada por Correa. La contabilidad B se�ala a B�rcenas como receptor de 1,6 millones de euros procedentes de la trama.

Comunicado �ntegro de Jes�s Merino

En la tarde de hoy he comunicado a la direcci�n del Partido y del Grupo Parlamentario mi decisi�n de solicitar mediante escrito que presentar� de forma inmediata, mi baja temporal como militante del Partido Popular. Desde la aparici�n p�blica de este asunto siempre he manifestado mi disposici�n a aceptar las decisiones que tanto el Partido como el Grupo Parlamentario considerasen m�s convenientes, y en consecuencia adopto esta decisi�n de petici�n de baja temporal de militancia, para no perjudicar los intereses del Partido Popular del que formo parte desde hace casi 20 a�os y de mi grupo Parlamentario.

De esta forma considero que podr� ejercer mejor mi derecho de defensa en el procedimiento abierto en el Tribunal Supremo ante el que demostrar� mi absoluta inocencia. Quiero agradecer al Partido Popular y al Grupo Parlamentario, la confianza que han depositado en m� en las distintas responsabilidades pol�ticas que he ejercido en estos a�os.

www.elpais.es 08.04.10

UNA PARTE A�N SECRETA DEL SUMARIO SE�ALA A AFORADOS DE CASTILLA Y LE�N

Pese a que el pasado martes se hicieron p�blicos m�s de 50.000 folios del sumario G�rtel, a�n queda mucha tela que cortar en uno de los casos de corrupci�n m�s graves y medi�ticos de la democracia espa�ola. De hecho, el juez que dirige la causa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, mantiene a�n bajo secreto una parte de su investigaci�n en la que, entre otras cosas, se incluye una pieza separada que lleva por denominaci�n Aforados Castilla y Le�n y que va acompa�ada del dosier titulado Variante de Olleros de Alba (Le�n), seg�n confirman distintas providencias del magistrado incluidas en el citado sumario.

Se da la circunstancia de que la Unidad de Delincuencia Econ�mica y Fiscal (UDEF) de la polic�a detect� hace unos meses indicios de actuaci�n irregular en la adjudicaci�n a la empresa Teconsa de la variante del municipio leon�s de Olleros de Alba por 2.847.959 euros. De dicha adjudicaci�n podr�a haber sacado r�dito Francisco Correa, considerado el cabecilla de la trama corrupta, quien a su vez habr�a repartido sus oscuras ganancias con el extesorero del PP Luis B�rcenas, adem�s de con otros sujetos pendientes de identificaci�n oficial y que responden a las siglas �T. O.�, �G�, �L� y �J�, seg�n deja en evidencia la contabilidad B intervenida a la trama G�rtel.

Cuando se tom� la decisi�n de beneficiar a la citada constructora de Le�n con la concesi�n de esa obra era consejero de Fomento el popular Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, ahora presidente del Parlamento regional. Fern�ndez Santiago responde al sobrenombre de Toti, por lo que planea sobre �l la sospecha de que puede ser ese �T. O.� al que la red hac�a pagos a cambio de favores.

Mientras, el PP se queja en un argumentario de que la fiscal�a no ordene investigar al PSOE por haber adjudicado a Teconsa obras por m�s de 52 millones �tras la visita del propietario de la empresa a la asesora personal de Jos� Luis Rodr�guez Zapatero, de la que fue jefe�.

(www.elperiodico.com, 08/04/10)

Merino cobr� 8,44 millones por asesorar a empresas

El ex portavoz adjunto del PP en el Congreso y a�n diputado adscrito al Grupo Popular Jes�s Merino se embols� 8,44 millones de euros procedentes de una docena de empresas entre 2002 y 2008, seg�n un informe de la Agencia Tributaria fechado en junio de 2009 e incorporado al sumario. La mayor�a de estas empresas de varios sectores: construcci�n, energ�a, servicios optaba a contratos p�blicos en Castilla y Le�n.

Merino, que fue vicepresidente de la Junta de Castilla y Le�n hasta 1999, antes de dar el salto a la pol�tica nacional como diputado por Segovia desde 2000, declar� en su registro de actividades del Congreso que es "accionista de tres sociedades consultoras, sin relaci�n con el sector p�blico". Sin embargo, Hacienda le relaciona con cinco consultor�as, adem�s de la sociedad de inversi�n Astrolago, de la que es socio junto con Luis B�rcenas, senador y tesorero del PP, y Jes�s Sep�lveda, ex hombre del aparato del partido y alcalde de Pozuelo hasta su imputaci�n en el caso G�rtel.

El diputado del PP controla junto a su esposa cinco consultoras

El documento de la Agencia Tributaria obvia Astrolago y se centra s�lo en las sociedades controladas por Merino y su esposa, Ana Isabel Guti�rrez: Serrano 50 Global Consulting, Merino es titular del 100% de las participaciones desde 2007; Algaba Consultores, de la que Merino controlaba el 99,96% de las acciones hasta su liquidaci�n, tres semanas despu�s de que estallara el caso G�rtel; Dolthins, administrada por Merino, que cuenta con el 99% de su capital social; Everland, administrada por su esposa, y Fuentelavanda, propiedad en un 99,57% de su esposa. Son estas cinco empresas las que recaudaron 8,44 millones de euros entre 2002 y 2008 por servicios deconsultor�a a empresas.

Clientes repetidos

Los clientes de estas firmas del matrimonio Merino-Guti�rrez se van repitiendo. Por ejemplo, el Grupo Ortiz abon� al entramado familiar casi 1,4 millones repartidos en 375.000 euros a Algaba, 202.000 a Dolthins y 900.000 en dos servicios a Everland. Y eso sin contar la compra de un inmueble a Algaba por 594.000 euros.

B�rcenas, Merino y Sep�lveda crearon juntos Astrolago de Inversiones

Otro ejemplo es Fomento Territorial, que reparti� 1,2 millones entre Serrano 50 Global Consulting y Everland. O el grupo Ros Roca, que destin� 300.000 euros a contratar a Serrano 50 Global Consulting y Fuentelavanda.

Aunque ninguna de estas consultor�as tiene como objeto el trato con la Administraci�n, el informe de la Agencia Tributaria desvela que la mayor�a de empresas que pag� por sus servicios optaba a contratos p�blicos. Y la mayor�a en Castilla y Le�n.

Proyecto en Segovia

El documento se�ala que Fomento Territorial coordin� "un importante proyecto de construcci�n de un parque empresarial en Palazuelos del Eresma (Segovia)" promovido por la sociedad semip�blica Segovia 21.Prointec, controlado por el grupo Indra y que pag� 211.000 euros a Fuentelavanda, "intervino prestando servicios de control y vigilancia en las obras de la Autov�a A-60 Valladolid-Le�n".

Por su parte, Aralia Servicios Sociosanitarios desembols� 52.374 euros a Fuentelavanda al tiempo que lograba la adjudicaci�n, previo concurso p�blico de la gesti�n de una residencia de ancianos propiedad de la Gerencia de Servicios Sociales de Castilla y Le�n, que iba a proporcionarle 13,1 millones en diez a�os. Del Grupo Ortiz, la agencia recalca que "tiene un importante volumen de negocios con Administraciones P�blicas".

El informe avisa que Everland pag� 400.000 euros a empresas sin actividad real, una de las cuales es una "presunta emisora de facturas falsas", y apunta indicios de defraudaci�n fiscal superior a 600.000 euros.

www.publico.es 07.04.10

ANTICORRUPCI�N DENUNCIA SOBRECOSTES DEL 23% EN OBRAS DE CASTILLA Y LE�N

Las obras de la variante de Olleros de Alba (Le�n) que el ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento de Castilla y Le�n, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago (PP), adjudic� a la empresa Teconsa, implicada en el caso G�rtel, tuvieron un sobrecoste del 23%. Por si fuera poco, se ejecutaron con m�s de un a�o de retraso y nadie protest�.

El presupuesto 2,8 millones se dispar� a 3,5 millones a costa de las arcas de esa comunidad, gobernada por el PP. As� se desprende de un informe enviado por la Fiscal�a Anticorrupci�n al Tribunal Supremo que investiga la parte de la trama que afecta al ex tesorero nacional del PP Luis B�rcenas, aforado por ser senador. La polic�a sospecha que B�rcenas y Fern�ndez Santiago pudieron percibir parte de las comisiones que supuestamente abon� Teconsa al cabecilla de la red, Francisco Correa, por interceder en la adjudicaci�n.

La comisi�n de Correa por su gesti�n habr�a sido del 3% del importe total, unos 96.000 euros. El informe deja entrever que el concurso pudo estar ama�ado a favor de Teconsa y destaca que la mayor parte de los requisitos del concurso eran subjetivos.

Adem�s, a �ltima hora se a�adieron otros nuevos que ignoraban todas las empresas participantes... excepto Teconsa. S�lo tres pasaron a la final y, seg�n el informe pericial, las otras reun�an m�s m�ritos que Teconsa.

Los conceptos argumentados para ampliar la obra y su coste no se sosten�an; adem�s, hab�a empresas que por mucho menos de dinero estaban dispuestas a asumir las modificaciones que a la postre llev� a cabo Teconsa. Esa firma, con la que Correa manten�a inmejorables relaciones, es la misma que, sin experiencia previa, fue encargada del sonido durante la visita del Papa a Valencia. La televisi�n auton�mica, Canal 9, dirigida por Pedro Garc�a -amigo del jefe de la trama corrupta en Valencia, �lvaro P�rez-, le adjudic� esas labores a la empresa por seis millones de euros, de los que la mitad fueron a parar a la red corrupta en forma de comisiones ilegales. Teconsa no hizo nada: subcontrat� los trabajos a firmas especializadas que cobraron menos de la mitad del dinero proporcionado por la televisi�n valenciana.

(www.elpais.com, 06/04/10)

La sociedad fantasma del ex presidente de Castilla y Le�n no ten�a actividad, pero s� ingresos

Seis de abril de 2009. El Plural publica que Ana Guti�rrez, esposa del ex vicepresidente de Castilla y Le�n y diputado popular por Segovia, Jes�s Merino Delgado, cre� en abril de 2006 una sociedad fantasma en la que tambi�n participaban el ex tesorero del Partido Popular, Luis B�rcenas, y el ex alcalde de la localidad madrile�a de Pozuelo de Alarc�n, Jes�s Sep�lveda.

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Este peri�dico adelant� que la sociedad en cuesti�n, Astrolago de Inversiones S.L., nunca hab�a tenido actividad ni trabajadores, aunque pudo haber servido como tapadera para crear facturas falsas. Al d�a siguiente, la abogada de la mujer de Jes�s Merino env�o a este peri�dico una carta de rectificaci�n en la que apuntaba que definir a Astrolago de Inversiones como una sociedad fantasma es una afirmaci�n �totalmente falsa e injuriosa, adem�s de perseguible de oficio�.

Un a�o despu�s�
Asimismo, la abogada de Ana Guti�rrez insist�a en que Astrolago �no ten�a actividad alguna", �por lo cual resulta muy dif�cil que sirviera de `tapadera� para nada�. Casi un a�o despu�s de aquella carta de rectificaci�n, y a ra�z del levantamiento del secreto del sumario del caso G�rtel, la sociedad fantasma del ex presidente de Castilla y Le�n vuelve a estar de actualidad.

S� ten�a ingresos
Seg�n adelanta la Cadena Ser, y en base a un informe de la Unidad de Delitos Econ�micos que figura en el sumario, �Astrolago era una sociedad fantasma sin ning�n tipo de actividad, pero con ingresos�.

B�rcenas y Sep�lveda
El sumario tambi�n deja claro que Luis B�rcenas y Jes�s Sep�lveda -ex marido de Ana Mato, la n�mero tres del Partido Popular a d�a de hoy-, tambi�n formaban parte de Astrolago. Televisi�n Espa�ola va m�s all� y explica que en el tomo XVII del sumario consta que B�rcenas y Sep�lveda hicieron una operaci�n de compraventa de esta sociedad por importe de 3.000 euros.

www.elplural.com 06.04.10

EL FISCAL PIDE ENVIAR AL SUPREMO LOS INDICIOS DE CORRUPCI�N CONTRA UN AFORADO DE CASTILLA Y LE�N

Un ex consejero aparece como comisionista de la trama a cambio de adjudicaciones

La Fiscal�a Anticorrupci�n ha encontrado ya suficientes indicios de delito en la adjudicaci�n de obras en la Junta de Castilla y Le�n como para haber pedido en los �ltimos d�as al juez Antonio Pedreira, que instruye la investigaci�n del caso G�rtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que remita al Supremo las �ltimas conclusiones policiales donde se dibuja la implicaci�n de aforados en el caso. Las supuestas actividades irregulares que han motivado esta petici�n se recogen en varios informes de la polic�a, y tienen que ver con la adjudicaci�n de obras p�blicas en esa comunidad, gobernada por el PP.

El presidente de las Cortes recibi� supuestos sobornos junto a B�rcenas
La competencia sobre el ex tesorero del PP arrastrar�a el caso al alto tribunal
La Junta ama�� el contrato p�blico de una carretera, seg�n los agentes
La adjudicataria, Teconsa, organiz� la sonorizaci�n en la visita del Papa

La polic�a llevaba m�s de seis meses intentando esclarecer la identidad de tres personas que habr�an cobrado 40.000 euros en comisiones il�citas y que aparec�an en los apuntes de la contabilidad B de la trama corrupta. Los agentes requisaron en la sede principal de las empresas del cabecilla de la trama, Francisco Correa, documentaci�n suficiente para acreditar que la adjudicaci�n de la construcci�n de la variante de Olleros de Alba por la Consejer�a de Fomento de Castilla y Le�n habr�a sido supuestamente ama�ada para beneficiar a una empresa concreta, Teconsa, que a su vez habr�a repartido comisiones ilegales entre cargos pol�ticos. Correa habr�a sido el encargado de distribuir esas cantidades; adem�s, se habr�a quedado con una parte.

Teconsa, la favorecida por esa adjudicaci�n, es la misma empresa que, sin ninguna experiencia en trabajos de sonorizaci�n, se qued� con la organizaci�n de ese tipo de tareas durante la visita del Papa a Valencia. La televisi�n auton�mica valenciana, Canal 9, dirigida por un amigo de la trama, Pedro Garc�a, adjudic� a Teconsa esas labores por seis millones de euros, de los que la mitad, seg�n la investigaci�n judicial, fueron a parar a la red corrupta en forma de comisiones ilegales. Teconsa no hizo nada: subcontrat� los trabajos a empresas especializadas que cobraron menos de la mitad del dinero que adjudic� la televisi�n valenciana.

"T.O." Y "TOTI" eran algunas de las iniciales que aparec�an en los apuntes de la organizaci�n corrupta en relaci�n a la obra de Castilla y Le�n. Hace m�s de un a�o, el juez Baltasar Garz�n apunt� que Correa y alg�n pol�tico hab�an influido en la decisi�n de adjudicar la variante a una empresa determinada. Garz�n se basaba en apuntes contables requisados al contable de la trama, Jos� Luis Izquierdo, donde aparec�a incluso un fax remitido el 5 de diciembre de 2002 desde la Consejer�a de Fomento castellano-leonesa que dirig�a entonces el popular Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, ahora presidente del Parlamento de Castilla y Le�n. El 3% del importe de la adjudicaci�n, 96.100 euros, aparec�an en la contabilidad B de la trama, repartido entre distintas personas identificadas con iniciales que la polic�a atribuy� a Fern�ndez Santiago (TOTI), a Luis B�rcenas (ex tesorero del PP) e incluso a Jes�s Merino (diputado nacional popular).

Tras varios informes policiales, la Fiscal�a Anticorrupci�n considera que los indicios que ya hay son suficientes para nuevas imputaciones, aunque se trata de aforados de otra comunidad aut�noma, en este caso de Castilla y Le�n, por lo que ha considerado que lo mejor es remitirlo al Supremo, donde ya se investigan supuestos delitos de B�rcenas y Merino.

En el Supremo est� el informe de la Intervenci�n General del Estado sobre la variante de Olleros. Anticorrupci�n ha pedido al juez que en lo referido a Fern�ndez Santiago, que en principio deber�a ser competencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le�n, vaya al Supremo, ya que la competencia de �ste sobre B�rcenas y Merino arrastrar�a al presidente del parlamento castellano leon�s al Supremo. Anticorrupci�n entiende que debe ser el Supremo el que se quede con la causa de Castilla y Le�n, para no abrir un nuevo frente junto a los de los tribunales superiores de Madrid y Valencia, y el del Supremo.

Fuentes pr�ximas a la Fiscal�a del alto tribunal sostienen que no pueden pedir la asunci�n de la competencia sobre lo que afecta a Castilla y Le�n porque ya lo hicieron para asumir toda la causa y el Supremo respondi� que se quedaban s�lo con los aforados nacionales (B�rcenas y Merino). Parece que los magistrados esperar�n a que Pedreira levante el secreto del sumario y el instructor del caso en el alto tribunal le siga. A partir de ese momento, habr� que ver si el Supremo decide hacerse cargo o hay que remitirlo al tribunal superior de Castilla y Le�n.

www.elpais.es 29.03.10

LO MISMO CARRETERAS QUE SONORIZACI�N

Teconsa, la empresa a la que, seg�n la polic�a, el ex consejero de Fomento de Castilla y Le�n, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago (arriba, a la derecha, junto al presidente Juan Vicente Herrera), adjudic� la variante de Olleros de Alba (Le�n), tambi�n recibi� el encargo de la televisi�n auton�mica valenciana, Canal 9, dependiente del Gobierno de Francisco Camps, de organizar la sonorizaci�n de la visita del Papa a Valencia, a pesar de no tener ning�n tipo de experiencia en esas tareas.

www.elpais.es 29.03.10

EL PP SE DENUNCIA A S� MISMO EN ZAMORA, DONDE LA G�RTEL PUDO GANAR 24 MILLONES DE EUROS

Seg�n desvela este lunes la revista Intervi�, la Fiscal�a est� investigando a Antonio V�zquez, diputado del Partido Popular, por un pelotazo urban�stico que ha costado al Ayuntamiento de Zamora 24 millones de euros. El m�ximo beneficiario de la operaci�n es el empresario Jos� Luis Ulibarri, imputado en el caso G�rtel.

La cr�nica, firmada por el periodista Daniel Montero expone que el negocio es tan ventajoso para la empresa de Ulibarri (UFC) que ahora el propio Consistorio �que sigue siendo del PP� se ha denunciado a s� mismo para no cumplirlo.

Las partes

El contrato que tantos quebraderos de cabeza est� costando a Antonio V�zquez se firm� en un despacho privado el 6 de marzo de 2007. Por el Ayuntamiento puso su rubrica �ngel Mac�as, teniente de alcalde y mano derecha de Antonio V�zquez. Por la constructora, el representante legal, Gaspar Guti�rrez.

�C�mo se firm� el contrato?

La revista editada por el Grupo Zeta asegura que la firma del contrato se hizo �sin un abogado que velara por los intereses de la ciudad, tras ocultar informaci�n a los grupos municipales y sin un informe econ�mico de cu�nto iba a costar todo aquello�. En este sentido, Intervi� expone que fue V�zquez el encargado de dar luz verde a la mayor operaci�n econ�mica, �generando un perjuicio para el consistorio de Zamora tasado en 24 millones de euros�.

As� empez� todo

El origen del pelotazo urban�stico est� fechado mucho antes, a finales de 2004, cuando el Ayuntamiento de Zamora decidi� ampliar sus instalaciones. Para ello, el consistorio decidi� buscar a los aspirantes. Tras recibir seis propuestas, el consistorio se decant� por la de una empresa local llamada Remesal y Salas, que present� un presupuesto cercano a los 28 millones de euros. Meses despu�s, la inmobiliaria Remesal y Salas vendi� los terrenos �y con ellos la opci�n de promover el edificio municipal� a UFC, la constructora de Jos� Luis Ulibarri.

Paso a paso

En febrero de 2006, el pleno del Ayuntamiento aprob�, con la abstenci�n de los concejales socialistas y el voto en contra de Izquierda Unida, las condiciones definitivas en las que se realizar�a la obra. Sin embargo, no fue hasta el 24 de noviembre de 2006 cuando lleg� el primer informe econ�mico del jefe del servicio de Hacienda.

�Operaci�n nefasta�

En el informe, el funcionario no puede ser m�s claro al definir la operaci�n como �nefasta para los intereses municipales�. Pese a todo, el 6 de marzo de 2007, con las elecciones municipales a la vuelta de la esquina, el teniente de alcalde �ngel Mac�as �por delegaci�n del alcalde V�zquez� sella el acuerdo definitivo con la constructora UFC.

(www.elplural.com, 02/03/10)

La fiscal�a investiga un 'pelotazo' de Ulibarri

La Fiscal�a de Medio Ambiente y Urbanismo ha comenzado a investigar un posible pelotazo urban�stico en Zamora cifrado en m�s de 24 millones de euros y del que se habr�a beneficiado el empresario Jos� Luis Ulibarri, imputado en el caso G�rtel.

Las supuestas irregularidades las habr�an cometido el anterior alcalde y su teniente de alcalde, Antonio V�zquez y �ngel Mac�as, que hoy ya no est�n en el Ayuntamiento zamorano, aunque el ex regidor es ahora diputado nacional. El fiscal acaba de notificar la apertura de diligencias informativas y el traslado del asunto a la Fiscal�a Provincial de Zamora "para que proceda en su caso a la investigaci�n procedente".

El presunto pelotazo se gest� mediante la sobrevaloraci�n de un edificio todav�a por construir que iba a alquilar, con opci�n de compra, el Consistorio de Zamora a UFC-Begar, una de las empresas de Ulibarri. Seg�n un informe del secretario general del ayuntamiento, fechado el pasado d�a 11, el consistorio contrat�, a dedo y sin tasaci�n previa, el alquiler del futuro edificio durante 25 a�os por 52,6 millones, pese a que el pliego t�cnico de condiciones cifraba el gasto total en 28 millones.

Contrato antes de las elecciones

El contrato, suscrito en v�speras de los comicios locales el 6 de marzo de 2007 y sin intervenci�n notarial, nunca lleg� a ejecutarse: tras las elecciones municipales, la nueva alcaldesa, tambi�n del PP, par� en seco la operaci�n. El jefe del servicio municipal de Hacienda hab�a advertido antes de la firma de que el contrato con UFC era "nefasto" para los intereses municipales. Parad�jicamente, el ayuntamiento se arriesga ahora a ser condenado en la demanda interpuesta por Ulibarri, que exige una indemnizaci�n por da�os y perjuicios.

La denuncia parti� del grupo municipal de IU. Los denunciantes basaron su acusaci�n en los informes emitidos por los propios t�cnicos municipales.

Seg�n los documentos a los que ha tenido acceso P�blico, entre 2005, cuando se aprob� un procedimiento negociado sin publicidad para alquilar un edificio que se destinara a oficinas municipales, y marzo de 2007, cuando se firm� el contrato, las cosas cambiaron radicalmente: dos empresas se sucedieron en la negociaci�n, la inmobiliaria Remesal y Salas, que seg�n el secretario del consistorio actuaba como intermediara, y UFC.

Cuando entr� en escena abiertamente la empresa de Ulibarri, los t�rminos del pliego de condiciones quedaron alterados de manera "lesiva" para el municipio, y as� lo subrayan el secretario general, que es el funcionario de mayor rango, y el jefe de servicio de Hacienda.

En t�rminos generales y seg�n el citado informe del secretario, "la oferta presentada en enero de 2006 por la empresa UFC y el acuerdo plenario de 2 de febrero de 2006, al igual que el contrato de marzo de 2007, deben considerarse lesivos para el inter�s p�blico en lesividad jur�dica y lesividad econ�mica".

Fue en 2005 cuando se present� el primer proyecto, auspiciado formalmente por la inmobilaria zamorana Remesal y Salas. Seg�n esa oferta, el consistorio pagar�a 28 millones de euros en total por el alquiler con opci�n a compra del edificio que deb�a levantarse en la c�ntrica calle La Reina y destinado a albergar dependencias municipales. Se trataba de una oferta "aceptable y razonable", seg�n el jefe del Servicio de Hacienda del Ayuntamiento. En 2006, entra en escena UFC. Y la oferta cambia y se encarece en 24 millones.

www.publico.es 23.01.10

La Fiscal�a del �rea de Ponferrada (Le�n), a instancias de la Fiscal�a Anticorrupci�n y de la Fiscal�a de la Audiencia Provincial de Le�n, ha abierto una nueva investigaci�n contra el empresario Jos� Luis Ulibarri, por varias acciones irregulares en la zona, especialmente un supuesto pelotazo urban�stico en la zona conocida como La Rosaleda.

Los socialistas de Ponferrada pusieron el pasado mes de marzo en conocimiento de la Fiscal�a unos quinientos documentos en los que se�alaban indicios de posibles delitos de cohecho, prevaricaci�n e irregularidades urban�sticas, y el Ministerio P�blico estudia ahora si es pertinente abrir acciones procesales en los juzgados.

Las m�ltiples querellas y denuncias contra sus constructoras, y su reciente implicaci�n en la trama de corrupci�n del caso G�rtel han hecho que el emporio del empresario leon�s Jos� Luis Ulibarri se haya ido viniendo abajo poco a poco. Y parece que su calvario con la justicia a�n no ha terminado: la Fiscal�a del �rea de Ponferrada ha abierto ahora una investigaci�n sobre las actuaciones de las constructoras del magnate en esta localidad despu�s de que el pasado mes de marzo el PSOE local entregase m�s de 500 documentos que conten�a posibles irregularidades en torno al Ayuntamiento de la ciudad.

El tema central de la investigaci�n ser�a el proyecto urban�stico de la zona conocida como La Rosaleda, una macrourbanizaci�n de m�s de 2.000 parcelas que le fue adjudicado a Ulibarri todav�a durante el mandato del pol�mico Ismael �lvarez Rodr�guez. El ex alcalde popular tuvo que abandonar su cargo en 2002 al ser condenado por acoso sexual a la concejala del municipio Nevenka Fern�ndez. �lvarez fue sustituido por el tambi�n popular Carlos L�pez Riesco, que continu� adelante con la urbanizaci�n de la zona.

Las adjudicaciones del proyecto concluyeron apenas tres meses despu�s de su toma de posesi�n. En el proyecto definitivo, Ulibarri se hizo con 2.016 parcelas, un total de 185.000 metros cuadrados urbanizables, por los que pag� solamente unos 12 millones de euros. Se calcula que el precio real de mercado era unas cinco veces superior. Este asunto ya fue denunciado, y el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le�n anul� la adjudicaci�n.

Sin embargo, seg�n fuentes conocedoras del caso, la sentencia no se ha ejecutado, puesto que muchas de las viviendas ya est�n construidas y vendidas. Anular la adjudicaci�n supondr�a �pr�cticamente la bancarrota del Ayuntamiento, ya que habr�a que indemnizar a todos los compradores que adquirieron viviendas y comenzar de nuevo desde el principio el proceso de adjudicaci�n�.

Adem�s, sobre L�pez Riesco pesan otras dos sentencias firmes que anulan adjudicaciones a Ulibarri y que tampoco han sido ejecutadas. Una de ellas ten�a que ver con la concesi�n a Begar de la obras del Auditorio Municipal. La otra hac�a referencia a la construcci�n en suelo r�stico de una planta de hormig�n.

Estas irregularidades, entre otras, son las que recibi� la Fiscal�a Anticorrupci�n a trav�s de la documentaci�n de lo socialistas. Ellos consideraban que detr�s de estas adjudicaciones �se esconden delitos de gran envergadura, como el cohecho o la prevaricaci�n�, e instaban al fiscal a abundar en la investigaci�n. El sindicato ultraderechista Manos Limpias tambi�n se uni� a estas denuncias y acus� de �tr�fico de influencias y malversaci�n de caudales p�blicos� a L�pez Riesco.

Anticorrupci�n traslad� la documentaci�n recibida a la Fiscal�a de la Audiencia Provincial de Le�n que, a su vez, puso el caso en manos del fiscal de �rea de Ponferrada, quien lleva actualmente la investigaci�n aunque, de momento, no se han iniciado acciones concretas en ning�n juzgado.

LAS ALTAS ESFERAS DE CASTILLA Y LE�N, CON EL PRESIDENTE HERRERA A LA CABEZA, ARROPARON AL IMPUTADO ULIBARRI EN UNA ENTREGA DE PREMIOS

Jos� Luis Ulibarri luce bigote, aunque su mostacho no es tan estridente como el de �lvaro P�rez. En general, todo es mucho m�s discreto en este exitoso empresario leon�s. Apenas existen fotos de �l, a pesar de estar imputado en el caso G�rtel. De hecho, en su auto de inhibici�n, el juez Garz�n le pone como �ejemplo� de la �forma de actuar� de la trama corrupta. Y sin embargo, a nadie pareci� sorprender que el pasado 17 de noviembre Ulibarri reuniera a toda la flor y nata de la pol�tica y la sociedad leonesa en el Parador Hostal San Marcos.

Ser�a dif�cil, a d�a de hoy, que El Bigotes reuniera en una cena de etiqueta a Francisco Camps, al socialista Jorge Alarte y a Rita Barber�. Al menos, la gesta no pasar�a desapercibida. En cambio, y salvando las distancias para bien y para mal, algo as� consigui� Ulibarri hace dos semanas en la entrega del premio Diario de Le�n, medio que preside, a la Asociaci�n Protectora de Personas con Discapacidad Intelectual (Asprona) de Le�n.

Est� claro que su imputaci�n en el caso G�rtel no iba a evitar a Ulibarri entregar el cuarto premio del Diario de Le�n a Asprona, reconociendo su intachable labor. Pero tambi�n el acto sirvi� al empresario leon�s para lavar su imagen, tan tocada por su implicaci�n judicial en la trama corrupta, como por la ca�da de un imperio que hab�a construido al calor de los gobiernos del PP y que ha dejado en la calle a casi 900 trabajadores.

Al evento acudieron altos representantes del PP castellanoleon�s. All� estaba el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, para entregar el premio; el presidente de las Cortes, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, (alias Toti en el auto de Garz�n sobre la G�rtel); los consejeros de Sanidad y Fomento, C�sar Ant�n y Antonio Silv�n; e Isabel Carrasco, presidenta de la Diputaci�n de Le�n y del PP leon�s.

Junto a los populares, tampoco se perdieron la cita relevantes socialistas, como el alcalde de Le�n, Francisco Fern�ndez; el delegado del Gobierno en Castilla y Le�n, Miguel Alejo; o el secretario general del PSOE de Castilla y Le�n, �scar L�pez.

Mesa de honor del banquete celebrado tras la entrega de premios (Puede verse toda la galer�a de la fiesta en la web de Diario de Le�n)

En la lista de imputados en el TSJM por el caso G�rtel, publicada por El Pa�s, Ulibarri es el n�mero 57. Pero ya antes aparec�a como imputado en el auto de inhibici�n del juez Garz�n. Es m�s, el magistrado cita al empresario cuando explica c�mo Correa se repart�a las comisiones con sus compinches: �Como ejemplo de esta forma de actuar se puede citar la adjudicaci�n de una parcela de terreno en Boadilla del Monte a la empresa UFC, de la que es administrador el imputado Jos� Luis Ulibarri�.

UFC
La sospechosa adjudicaci�n de esa parcela en el epicentro de la G�rtel a UFC, de la que El Plural lleva tres a�os informando, es uno de sus muchos v�nculos con la trama corrupta. Por supuesto, Gaspar Guti�rrez, director general de UFC no falt� a la cena.

Pero Ulibarri no era el �nico tocado por la G�rtel en el lujoso sal�n de San Marcos. El presidente de las Cortes de Castilla y Le�n, conocido como Toti, fue el autor de una sospechosa concesi�n a TECONSA cuando era consejero de Fomento. De esta obra, la Polic�a cree que la trama se llev� un 3% que presuntamente reparti�, entre otros, con Toti.

Ciertamente, se trata de un plantel que hubiera llamado la atenci�n de haberse producido, quiz�s, en Valencia. Pero Ulibarri es una persona muy comprometida con los medios de comunicaci�n. Suyo es el citado Diario de Le�n. Y televisiones regionales conseguidas con pol�micas adjudicaciones. Tiene cabeceras en Soria y Burgos que le asocian con El Mundo. Su 20% de participaci�n en Punto Radio Castilla y Le�n no s�lo justifica la presencia de Luis del Olmo en la cena, sino que le relaciona con Vocento�

Jos� Luis Ulibarri y Juan Vicente Herrera con el presidente de Asprona, Juan Sandoval Marcos, en la portada del Diario de Le�n (18.11.09)

El joven aparejador

Ulibarri, aquel joven aparejador de TECONSA que dej� la compa��a para fundar Begar y enfrentarse con su anterior jefe, Jos� Mart�nez N��ez, en lo inmobiliario y en lo medi�tico, es mucho m�s discreto que El Bigotes. �l no ha participado en ninguna pel�cula de Andr�s Pajares ni ha mantenido imp�dicas conversaciones telef�nicas con pol�ticos. Pero, a la vista est� que a �l tambi�n le quieren �un huevo�. Incluso m�s.

DE C�MO UN ALTO CARGO DE CASTILLA Y LE�N ACUMUL� 500.000 EUROS EN HIPOTECAS EN POCOS A�OS

Miguel Ignacio Gonz�lez, actual director general de Deportes de la Junta de Castilla y Le�n, adquiri� cuatro inmuebles en cinco a�os. No lo ha hecho durante su etapa en el Gobierno castellanoleon�s, sino cuando era concejal y teniente alcalde en Boadilla del Monte, epicentro de la trama G�rtel. Lo explica hoy la Cadena SER, que tambi�n se ha puesto en contacto con el aludido para recabar su peculiar explicaci�n: que lleva una vida austera y que, a los 42 a�os, sigue viviendo con sus padres.

Miguel Ignacio Gonz�lez no est� imputado en el caso G�rtel, pero su nombre se dio a conocer por su relaci�n con esta trama de corrupci�n. Gonz�lez lleg� a ser teniente alcalde de Boadilla del Monte y mano derecha del ex alcalde de la localidad, Arturo Gonz�lez Panero alias El Albondiguilla, imputado en la G�rtel.. Seg�n la declaraci�n ante el juez de Isabel Jord�n, una de las responsables de la red corrupta, Francisco Correa hizo ver a Gonz�lez un v�deo de El Albondiguilla, el entonces alcalde de la localidad, en el que contaba dinero de una supuesta comisi�n.

Con este v�deo, Correa pretend�a chantajear al alcalde para recibir una adjudicaci�n que El Albondiguilla se negaba a concederle. D�as despu�s de ver el v�deo, Miguel Ignacio dimiti�, alegando motivos personales. Lo m�s sorprendente es que esos mismos motivos no le impidieron fichar pocos d�as despu�s como alto cargo de la Junta de Castilla y Le�n.

Ahora, la Cadena SER informa de que Miguel Ignacio Gonz�lez acumul� durante esos a�os en Boadilla, un total de cuatro inmuebles en apenas cinco a�os, por unos 500.000 euros en hipotecas. En 2001, al poco de comenzar como asesor de El Albondiguilla, se hizo con un apartamento en el centro hist�rico de Salamanca, su ciudad de origen.

Cuatro casas cuatro

En 2004, Gonz�lez se meti� de cabeza en el negocio inmobiliario, comprando, en marzo, un d�plex de 60 metros cuadrados en la privilegiada zona conocida como el Madrid de los Austrias. Y en unas pocas semanas, se hizo con la mitad de una casona en la tur�stica localidad salmantina de Candelario. El �ltimo, de 70 metros cuadrados, lo compr� junto a la catedral de Salamanca, aunque lo escritur� cuando ya no trabajaba en Boadilla.

Miguel Ignacio Gonz�lez, de quien no se conoce ninguna dedicaci�n previa, ha hablado con la Cadena SER para asegurar que no piensa dimitir y dar explicaciones sobre su creciente patrimonio: lleva una vida austera y, a sus 42 a�os, sigue viviendo con sus padres.

UN ALTO CARGO DE CASTILLA Y LE�N APARECE EN UN V�DEO REPARTI�NDOSE BILLETES CON EL ALBONDIGUILLA

El actual director general de Deportes de la Junta de Castilla y Le�n, Miguel Ignacio Gonz�lez, ex concejal de obras y servicios de Boadilla del Monte aparece en un v�deo reparti�ndose dinero presuntamente procedente de comisiones junto al alcalde de la localidad, Arturo Gonz�lez Panero. Las comprometedoras im�genes habr�an sido grabadas por el l�der de la G�rtel, Francisco Correa, para poder extorsionarlos si le fallaban.

Informes policiales del sumario de la G�rtel han identificado al actual director general de Deportes de la Junta de Castilla y Le�n, Miguel Ignacio Gonz�lez S�nchez, con la persona que aparece reparti�ndose un fajo de billetes en una mesa con el alcalde de Boadilla, conocido como El Albondiguilla, seg�n informa La SER. Gonz�lez S�nchez era entonces concejal de Obras y Servicios en el municipio madrile�o y, en las conversaciones que se incluyen en el sumario, Correa se refiere a esta grabaci�n y explica que los dos pol�ticos se hab�an repartido una comisi�n tras adjudicar a la empresa oportuna terreno p�blico.

Gonz�lez lleg� a la Junta procedente de Boadilla. Isabel Jord�n, una de las principales testigos del caso G�rtel, declar� a la Polic�a que Correa le hab�a contado la existencia de esa grabaci�n en la que Gonz�lez y Panero se repartieron el dinero de las comisiones. Seg�n su versi�n, el cabezilla de la tramale explic� que por todo ello, ten�a al Albondiguilla "comiendo de su mano".

La SER asegura que el actual consejero de Deportes de la Junta cuenta con un apartado propio en el informe de la brigada de blanqueo de la polic�a judicial sobre la relaci�n de la trama Correa con cargos p�blicos. A�ade adem�s que desde hace meses han intentado recoger la versi�n del dirigente popular y que no han obtenido respuesta.

El PSOE de Salamanca, tras tener conocimiento de la vinculaci�n de Miguel Ignacio Gonz�lez con la trama G�rtel, ha reclamado explicaciones al PP. Destacan adem�s que pertenece a la Direcci�n Provincial del Partido Popular de Salamanca, como �miembro nato� del Comit� Ejecutivo Provincial, tal y como figura en la p�gina web de este partido. En su opini�n, la direcci�n regional del PP de Castilla y Le�n debe exigirle responsabilidades pol�ticas por las graves referencias que aparecen en el sumario de la G�rtel a su actuaci�n cuando era concejal en Boadilla.

Los indicios contra cargos de la Junta llegan desde las propias filas del PP, concretamente por parte del ex tesorero Luis B�rcenas. Seg�n cuenta El Pa�s en su edici�n de este jueves, en su declaraci�n como imputado provisional ante el Tribunal Supremo, el juez le pregunt� sobre la "L" que aparece como perceptor de sobornos en la adjudicaci�n de la variante de Olleros de Alba (Le�n), que la polic�a cree que podr�a corresponder a su nombre. El ex tesorero le dijo al juez, seg�n diversas fuentes del PP, que para poner nombres a las iniciales (L, G, J y TO) que aparecen en la contabilidad B de Correa sobre equella variante, los investigadores deber�an buscar entre las personas responsables de su adjudicaci�n. El m�ximo responsable de la adjudicaci�n era el entonces consejero de Fomento de la Junta, Jos� Manuel Fern�ndez de Santiago, que ahora ocupa la presidencia del Parlamento de Castilla y Le�n.

La Brigada Policial de Blanqueo remiti� recientemente un nuevo informe al Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que implica a Fern�ndez de Santiago, en el supuesto cobro de comisiones por la adjudicaci�n de esa autov�a a la empresa Teconsa. La polic�a sospecha que TO pod�an corresponder a Toti, apodo de Fern�ndez de Santiago.

Un alto cargo de Castilla y Le�n, implicado en el cobro de comisiones, seg�n una de las imputadas

Se trata del actual Director General de Deportes de la Junta, Miguel Ignacio Gonz�lez S�nchez.- El v�deo habr�a sido grabado por Correa como m�todo de extorsi�n, seg�n afirma Isabel Jord�n, persona de su confianza en aquel momento

B�RCENAS SUGIRI� AL SUPREMO QUE EN CASTILLA Y LE�N PUDO HABER SOBORNOS

El ex tesorero del PP Luis B�rcenas -que mantiene su despacho en la calle G�nova y a�n ejerce algunas funciones- no incrimin� s�lo a Luis Delso, presidente de Isolux, en su declaraci�n como imputado provisional ante el Tribunal Supremo. B�rcenas apunt� a Delso cuando le preguntaron qui�n es ese "Luis el cabr�n" que aparece en la contabilidad b de la red G�rtel. Y cuando el juez Francisco Monterde quiso saber qui�n era la "L" que aparece como perceptor de sobornos en la adjudicaci�n de la variante de Olleros de Alba (Le�n), que la polic�a cree que podr�a corresponder al ex tesorero, B�rcenas tambi�n desvi� el tiro incriminando a otras personas.

Los investigadores apuntan a B�rcenas y a Jes�s Merino, el otro parlamentario nacional del PP implicado, como perceptores de sobornos. El ex tesorero le dijo al juez, seg�n diversas fuentes del PP, que para poner nombres a las varias iniciales que aparecen en la contabilidad b sobre esta variante (L; G; J; TO), los investigadores deber�an, por el contrario, buscar entre las personas responsables de la adjudicaci�n.

En ese momento, el consejero de Fomento de Castilla y Le�n era Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, tambi�n conocido como Toti, actual presidente de las Cortes de Castilla y Le�n, al que un informe policial reciente sit�a como posible perceptor de sobornos de la red que dirig�a Francisco Correa, extremo que �l niega rotundamente.

El organigrama de esa consejer�a en el momento de la adjudicaci�n a la empresa Teconsa de esa obra, por la que, seg�n la contabilidad b hallada por la polic�a, habr�a pagado un 3% de comisiones en forma de sobornos, era el siguiente. Fern�ndez de Santiago era el consejero y m�ximo responsable de la adjudicaci�n de la obra. La TO que aparece podr�a corresponderle a �l, seg�n la polic�a. Luis Sol�s Villa era el director general de Carreteras, por tanto, muy vinculado a la adjudicaci�n. Y Jes�s Mart�nez Almeida era coordinador de servicios de la Direcci�n General de Carreteras, tambi�n responsable de la adjudicaci�n.

El Gobierno de Castilla y Le�n insiste en que el expediente de esa adjudicaci�n fue impecable. Sin embargo, este Ejecutivo niega informaci�n a la oposici�n sobre otras adjudicaciones a otras empresas vinculadas con la red.

La consejera de Hacienda de Castilla y Le�n, Pilar del Olmo, asegur� ayer que la Ley General Tributaria le impide "dar muchos datos" sobre los contratos de la Junta con empresas relacionadas con el caso G�rtel porque "tienen car�cter reservado". La consejera respondi� as� a la pregunta parlamentaria realizada por el procurador socialista Fernando Benito, quien se hab�a interesado por "el motivo real" de que la consejer�a no aporte informaci�n de los pagos realizados a empresas implicadas en el caso G�rtel.

Benito ha acusado a la Junta de "alinearse con Camps y sus altos cargos a toda costa" y de "ocultar datos". La consejera ha criticado el "oportunismo pol�tico" del socialista y ha asegurado que su departamento "ha actuado conforme a la ley".

Ocho meses lleva la Junta de Castilla y Le�n sin contestar a 30 preguntas por escrito remitidas por el procurador socialista Fernando Benito, en las que solicitaba datos relativos a contratos suscritos o pagos realizados a empresas presuntamente implicadas en el 'caso G�rtel'.

Seg�n el procurador, el paquete de preguntas se entreg� el 17 de febrero de este a�o, no hubo contestaci�n y el Gobierno regional solicit� una pr�rroga, concedida en marzo. En la respuesta posterior, la Junta pidi� a Benito que facilitara informaci�n jur�dica de las empresas. Las preguntas fueron �reformuladas�, seg�n Benito por letrados de la C�mara y reenviadas de nuevo en mayo. Tampoco hubo respuesta. Este silencio motiv� que Fernando Benito, tambi�n vicepresidente segundo de la Mesa de la C�mara, formulara ayer una nueva pregunta, esta vez oral, en la que se interesaba por �el motivo real� por el que la Consejer�a de Hacienda no proporciona los datos solicitados.

Pilar del Olmo aludi� al necesario conocimiento del c�digo fiscal para evitar equivocaciones con el nombre de las sociedades y evitar da�os innecesarios. Benito tach� de tomadura de pelo esta contestaci�n - �tomaduras de pelo, las justas�, espet� enfadado- y critic� la �ocultaci�n� de informaci�n en unos momentos, dijo, en los que se hace necesaria la transparencia dado que �hay 70 imputados en la trama G�rtel, caso en el que trabajan dos tribunales superiores de Justicia y el Supremo, que ha concedido los suplicatorios al ex tesorero del PP, Luis B�rcenas, y al diputado por Segovia y ex vicepresidente de la Junta de Castilla y Le�n, Jes�s Merino.

Igualmente, Benito mencion� la �implicaci�n� en el caso del presidente de las Cortes, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, y las �nuevas informaciones solicitadas por el fiscal sobre otras adjudicaciones�. Por todo ello, el procurador asegur� no entender �por qu� raz�n el presidente esconde estas contestaciones�.

La consejera Pilar del Olmo replic� a Benito que desde su departamento se ha actuado �con seriedad y rigor� y que debe comprender que existe informaci�n �reservada� que no pueden dar a conocer por una cuesti�n de �respeto a la legalidd�. A�adi� que no le hab�a llegado la reformulaci�n de las preguntas y que deben reenviarla si quiere datos concretos.

�Aqu� somos rigurosos y transparentes�, insisti� la consejera, al tiempo que resalt� �la oportunidad o, m�s bien, el oportunismo� pol�tico del PSOE por haber realizado ayer la pregunta y no meses antes, si es que tan molestos estaban por la ausencia de respuestas satisfactorias.

ANTICORRUPCI�N PIDE AL JUEZ INVESTIGAR OTROS CONTRATOS DE CASTILLA Y LE�N

La Fiscal�a Anticorrupci�n ha pedido al juez del caso G�rtel en Madrid, Antonio Pedreira, y a la polic�a que se investiguen adjudicaciones de contratos del Gobierno de Castilla y Le�n en los que haya podido intervenir, entre otros cargos p�blicos, el ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento castellanoleon�s, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, cuyo apodo, reconocido por �l mismo, es Toti, un nombre que aparece en los documentos intervenidos a la red de Francisco Correa.

Una vez que la fiscal�a cree tener acreditada la relaci�n entre Fern�ndez Santiago y la trama corrupta que dirig�a Correa, su prop�sito ahora es que los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales indaguen otras adjudicaciones de obras p�blicas otorgadas por el departamento de Fern�ndez Santiago durante su etapa como consejero de Fomento, cargo que abandon� para ocupar el de presidente de las Cortes auton�micas, instituci�n que a�n preside.

Los investigadores sospechan que Fern�ndez Santiago no s�lo recibi� una comisi�n de 39.000 euros por adjudicar a la empresa Teconsa, af�n al conglomerado de empresas de Correa, la variante del municipio leon�s de Olleros de Alba, sino que tambi�n ha podido recibir otras comisiones ilegales. La polic�a entreg� hace 15 d�as al Tribunal Supremo un informe de 22 folios en el que se apunta claramente al presidente de las Cortes de Castilla y Le�n como perceptor de sobornos, puesto que su apodo, "Toti", aparece completo en al menos dos documentos, y con iniciales (TT o TO) en otros.

Aunque la fiscal�a no ha pedido a�n investigar ning�n contrato en concreto, hay uno muy significativo que Fern�ndez Santiago promovi� nada m�s llegar a la consejer�a. Se trata de un �rea de servicio en Campo de Villavidel, en la autov�a Le�n-Burgos. Las �reas de servicio, en especial las gasolineras, suelen ser un negocio muy codiciado. Por eso la administraci�n exige habitualmente que el adjudicatario garantice una cuota anual durante el largo periodo de concesi�n, que suele llegar a los 40 a�os.

Obtener una concesi�n as� implica una voluminosa inversi�n, y, por tanto, un riesgo. Pero no es eso lo que decidi� Fern�ndez Santiago. S�lo tres meses despu�s de llegar a la consejer�a de Fomento, el 14 de junio de 2001, GICAL, un organismo dependiente del departamento que dirig�a el actual presidente de las Cortes, concedi�, seg�n consta el Bolet�n Oficial de esta autonom�a, el �rea de servicio de Campo de Villavidel a una uni�n de empresas en las que estaba Constructora Hisp�nica con un 33%. Se concedi� por 44 a�os con un canon fijo anual de cero pesetas. S�lo se puso un canon variable en funci�n de litros vendidos: una peseta por litro.

Constructora Hisp�nica es una empresa que no hab�a trabajado en Castilla y Le�n antes de que Fern�ndez Santiago llegara a esa consejer�a, pero sobre todo es una constructora muy vinculada a Correa, hasta el punto de que en el sumario aparecen documentos de supuestos pagos de sobornos de esa empresa a la red de Correa y a distintos pol�ticos del PP, entre ellos el ya ex tesorero Luis B�rcenas, para que le facilitaran contratos p�blicos.

Ese canon de cero pesetas no es ni mucho menos habitual. En ese mismo a�o, en noviembre de 2001, en la autov�a del Mediterr�neo (A7), el Ministerio de Fomento concedi� otro el �rea de servicio de Elche por 50 a�os con un canon fijo m�nimo de 150.000 euros al a�o. Hay otros muchos ejemplos de concesiones del Ministerio de Fomento en los que el canon fijo se sit�a siempre entre 100.000 y 150.000 euros al a�o, con lo que Constructora Hisp�nica habr�a obtenido la ventaja de no tener que comprometerse a esa inversi�n y pagar s�lo en funci�n de la rentabilidad del negocio.

Hasta cuatro veces apel� a su inocencia el presidente de las Cortes de Castilla y Le�n, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, en una conferencia de prensa de poco m�s de un cuarto de hora en la sede regional de este partido en Valladolid. La comparecencia se hizo para responder a la informaci�n de EL PA�S, que da cuenta de un informe policial en el que se le se�ala como perceptor de sobornos de la red G�rtel.

Fern�ndez Santiago, tambi�n conocido como Toti, compareci� en la sala de prensa en absoluta soledad, sin la presencia de ning�n cargo org�nico del partido ni del Gobierno al que perteneci�.

Revel� que horas antes se hab�a reunido con el presidente regional, Juan Vicente Herrera, y otros cargos de la Ejecutiva nacional del PP, que le mostraron su "apoyo" ante esta "campa�a de acoso" en la que cree se intenta "involucrar a m�s comunidades aut�nomas [en el caso G�rtel] y mantener abierto el asunto de la financiaci�n de los partidos".

Sin embargo, preguntado por los periodistas, Herrera evit� apoyar expresamente a su ex consejero de Fomento y se remiti� a la rueda de prensa de la tarde, a la que no acudi� ning�n alto cargo para mostrar respaldo e imagen de unidad, como en otras ocasiones.

"Tengo la impresi�n", dijo el presidente de las Cortes, "de que la �nica finalidad de las informaciones que se est�n vertiendo contra m� es trasladar la sospecha de corrupci�n a toda la comunidad aut�noma". Fern�ndez Santiago se someti� a las preguntas de los periodistas y denunci� varias veces la "indefensi�n" en que se encuentra por el hecho de no conocer el contenido completo de los 22 folios del informe policial que cit� EL PA�S en su edici�n de ayer.

Record� que hasta el momento no est� "imputado en ninguna causa". "No puedo personarme ni tengo posibilidad alguna de conocer (...) lo publicado por ese medio de tirada nacional que todos ustedes conocen", se quej�.

El ex consejero aprovech� para distanciarse de los responsables de la trama corrupta, y asegur� que no ha visto "jam�s ni al se�or Correa ni al se�or Izquierdo [contable de la trama]. Ni creo que ellos me conozcan a m� tampoco".

Calific� de "elucubraciones" el informe policial que le se�ala como perceptor de comisiones y dijo que comparec�a en rueda de prensa porque "este linchamiento medi�tico no puede continuar".

Un nuevo informe policial del caso G�rtel implica al ex consejero de Fomento y actual presidente de las Cortes de Castilla y Le�n, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, en una adjudicaci�n "ama�ada" y con el reparto de comisiones ilegales.

El informe, remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, indica que la constructora Teconsa, que gan� el concurso en Castilla y Le�n para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba (Le�n) por 2.847.959 euros, pag� supuestamente una comisi�n de 73.655 euros (aproximadamente el 3 por ciento del contrato, descontando el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez reparti� el bot�n entre dirigentes del PP, entre ellos el tesorero, Luis B�rcenas.

Otro de los beneficiados es T.O, unas siglas que la polic�a investiga desde febrero y que podr�an corresponder a 'Toti', el sobrenombre por el que se conoce a Fern�ndez Santiago, consejero de Fomento cuando se produjo la pol�mica adjudicaci�n de la variante a Teconsa, indica el rotativo.

La investigaci�n policial arranc� en febrero, cuando se hall� una carpeta de color azul registrada como 'R-16 Documento 02' en poder de Jos� Luis Izquierdo, contable de la trama. En el interior de la carpeta hab�a "cuatro papeles cogidos con un clip, dos de ellos grapados", que conten�an un fax remitido desde la Consejer�a de Fomento de Castilla y Le�n con los datos de la adjudicaci�n definitiva de la obra: 'Adjudicataria Tecnolog�a de la Construcci�n SA (TECONSA), 12 meses de ejecuci�n y un presupuesto de 2.847.959 euros'.

En ese fax aparec�a, manuscrita, la cantidad de 2.455.137 euros, correspondiente al presupuesto de adjudicaci�n descont�ndole el IVA. Debajo, otras dos cifras: "73.650=12.255". La investigaci�n interpreta que la primera, cifra, 73.650, se refiere a euros y es el 3 por ciento del presupuesto de adjudicaci�n sin IVA. La segunda cifra, 12.255, se refiere a su traducci�n en pesetas (12.255.000 pesetas), explica el diario.

Entre los cuatro folios en poder del contable de Correa tambi�n figura el reparto de la supuesta comisi�n ilegal, que la polic�a interpreta as�: "Sobre con 24.000 euros (4 millones de pesetas) T. O. (a�n sin identificar) que entrega PC (Paco Correa) el 17 de enero de 2003"; 16.400 euros para "G" (a�n sin identificar); 18.600 euros para "J" (sin identificar); 17.500 euros para PC (identificado como Paco Correa); y 18.600 euros para L, quien se identifica tambi�n con las siglas LB, que se corresponden con Luis B�rcenas, actualmente senador electo por Cantabria.

La Polic�a concluy� que se hab�a producido una supuesta "adjudicaci�n ama�ada en la variante de Olleros de Alba, en la que hay una participaci�n activa de la organizaci�n de Francisco Correa, as� como de alg�n pol�tico que puede influir en la decisi�n por parte de la Consejer�a de Fomento de Castilla y Le�n".

Entre las grabaciones de las conversaciones de Correa que autoriz� el juez Garz�n figuran algunas que mantuvo el jefe de la trama corrupta con Jos� Luis Mart�nez Parra, directivo de Teconsa. El actual presidente del parlamento de Castilla y Le�n, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, declar� en su d�a que no conoc�a de nada a Correa y que el expediente de adjudicaci�n de la obra era "impecable".

EL SUPREMO RECIBE LAS PRUEBAS QUE IMPLICAN AL GOBIERNO DE CASTILLA Y LE�N EN LA RED G�RTEL

Un informe policial de 22 folios y tres anexos documentales que manejan ya los magistrados del Tribunal Supremo implica al Gobierno de Castilla y Le�n en la trama que dirig�a Francisco Correa. En concreto, al ex consejero de Fomento y actual presidente del Parlamento castellano-leon�s, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago.

El citado informe fue remitido hace 15 d�as al Supremo porque recoge supuestos pagos de la trama G�rtel al senador Luis B�rcenas y al diputado Jes�s Merino como comisi�n por una obra p�blica, la variante del municipio leon�s de Olleros de Alba, adjudicada por el Gobierno de Castilla y Le�n. Barcenas y Merino, dada su condici�n de aforados nacionales, est�n siendo investigados por el alto tribunal.

El informe policial arranca de una documentaci�n hallada en las oficinas de la trama corrupta sobre la adjudicaci�n de una carretera por 2,7 millones a la constructora leonesa Teconsa -en un fax remitido a la trama corrupta desde la Consejer�a de Fomento de Castilla y Le�n- y del reparto de comisiones por el 3% de ese dinero entre altos cargos del PP y el propio Correa. Teconsa, af�n a Correa, fue la adjudicataria de la sonorizaci�n de la visita del Papa a Valencia en 2006, de lo que la trama tambi�n sac� tajada.

La polic�a se�ala: "Todos los indicios permiten inferir que se produjo una adjudicaci�n ama�ada de la obra en la que hay una participaci�n activa de la organizaci�n de Francisco Correa as� como de cargos p�blicos y responsables pol�ticos con capacidad de influir en la decisi�n de la Consejer�a de Fomento de Castilla y Le�n de adjudicar el concurso a Teconsa". Tras meses de pesquisas policiales para conocer qui�n se escond�a tras las siglas "T. O." o "TOTI", la polic�a concluye que se trata de Fern�ndez Santiago. "Todo parece indicar", indica el informe, "que el entonces consejero de Fomento de la Junta y actual presidente de las Cortes regionales, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago (TOTI), podr�a haber tenido participaci�n en los hechos".

En el reparto de las comisiones, seg�n un cuadro elaborado por la polic�a, destacan los 39.000 euros cobrados supuestamente por Fern�ndez Santiago y otros 18.600 que se atribuyen a Luis B�rcenas, el ex tesorero del PP. "La persona que m�s dinero recibe de la operaci�n corresponde a quien tiene una capacidad directiva sobre la adjudicaci�n del concurso, es decir, al consejero de Fomento, cuyo departamento convoca el mismo", se�ala el informe.

LA INVESTIGACI�N SE�ALA SIN NINGUNA DUDA A "TOTI" COMO EL EX CONSEJERO DE FOMENTO

La polic�a lleva varios meses investigando las siglas que el contable de la trama corrupta, Jos� Luis Izquierdo, puso en los apuntes de la caja B en relaci�n con las supuestas comisiones por la adjudicaci�n de una obra en Castilla y Le�n. Los analistas de la polic�a se fijaron en las siglas "T. O." y llegaron a la conclusi�n de que se trataba del ex consejero de Fomento castellanoleon�s Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, conocido como Toti.

El informe policial acumula indicios para llegar a esa conclusi�n: "Resulta significativo", se�alan los investigadores, "que para referirse a la persona que recibe las mismas cantidades se mencione en una ocasi�n a TOTI, en otra se utilice TO, por lo que se infiere por parte de la investigaci�n llevada a cabo hasta este momento que las palabras TOTI y TO se corresponden con la misma persona". "Toti", a�ade la polic�a, "es el apodo bajo al que se conoce a Jos� Manuel Fern�ndez Santiago en Arenas de San Pedro (�vila)", su lugar de nacimiento.

La polic�a descubri�, adem�s del reparto de comisiones por la adjudicaci�n de la obra de la variante de Olleros de Alba, otro documento que guardaba la trama corrupta con una nueva comisi�n ilegal supuestamente pagada por el cabecilla de la trama, Francisco Correa, a Fern�ndez Santiago. Lo explica as�: "Entre la documentaci�n hallada en el interior de la carpeta azul intervenida en la casa de Jos� Luis Izquierdo figura un folio en el que constan impresas diversas anotaciones con fecha 23 de abril de 2002 y una distribuci�n de la cantidad de 49.000 euros, recibidos de Pablo Crespo [n�mero dos de Correa]".

En ese folio "hab�a una tira impresa grapada con diversas cantidades que suman el importe de 49.000 euros repartida de la siguiente manera: "1 sobre TT (Toti) 18.000; 1 sobre SL (Santiago) 12.000 y Cartera PC 19.000". "Los 19.000 euros destinados a Cartera PC tienen su reflejo dentro de los archivos de contabilidad B que se hallan en el interior de memoria (pen drive) ocupado a Jos� Luis Izquierdo".

"Asimismo", prosigue la polic�a, "la otra persona que se menciona en el reparto como "SL (Santiago)", al que se le hacen entrega de 12.000 euros, se tratar�a de Santiago Lago Bornstein, que fue consejero y secretario de Special Events y Pasadena Viajes entre 2001 y 2002, pertenecientes ambas a la estructura societaria de Francisco Correa".

"En este momento de la investigaci�n", agrega, "no es posible atribuir a ning�n hecho concreto el origen de la recepci�n de una cantidad por parte de Francisco Correa, y por qu� en el posterior reparto del mismo, una parte es entregada a la persona bajo el nombre de TT (Toti)". La investigaci�n recuerda que "la fecha en la que se habr�a producido el pago de esa cantidad de dinero es s�lo unos meses antes de que se haya efectuado el pago de otras cantidades vinculadas a la adjudicaci�n de la variante de Olleros de Alba, y cuando �ste [Fern�ndez Santiago] ya ocupaba el cargo de consejero de Fomento".

El informe policial destaca las relaciones entre la empresa Teconsa, la constructora adjudicataria de la citada obra, y Correa. Hay grabaciones telef�nicas entre Correa y Jos� Luis Mart�nez Parra, vicepresidente y consejero de Teconsa.

Fern�ndez Santiago, en conversaci�n con EL PA�S en julio, sostuvo que no tiene ninguna relaci�n con la trama G�rtel, que no conoce a Correa de nada, y que el expediente sobre esa carretera "es impecable". De hecho, insist�a, fue objeto de una sesi�n parlamentaria en las Cortes auton�micas. S�lo admiti� que conoc�a desde hace muchos a�os a Gerardo Galeote, uno de los implicados, y que, efectivamente, mucha gente le conoce como Toti. Entonces Fern�ndez Santiago se quejaba de que alguien pudiera incriminarle s�lo porque las iniciales "TO" coincidieran con las de su apodo. Sin embargo, en los nuevos documentos de la polic�a su apodo aparece completo: Toti.

LA INVESTIGACI�N IMPLICA AL GOBIERNO DE CASTILLA Y LE�N EN LA TRAMA G�RTEL

Despu�s de tocar Madrid, Valencia y Galicia, la trama de corrupci�n masiva que dirig�a Francisco Correa alcanza al Gobierno de Castilla y Le�n, tambi�n del PP. Un nuevo informe policial remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid implica a Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, actual presidente del parlamento de Castilla y Le�n y ex consejero de Fomento, en una adjudicaci�n ama�ada con reparto de comisiones ilegales.

La constructora Teconsa, que gan� el concurso en Castilla y Le�n para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2.847.959 euros, pag� supuestamente una comisi�n de 73.655 euros (aproximadamente el 3% del contrato, descont�ndole el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez reparti� el bot�n entre dirigentes del PP, entre ellos el tesorero, Luis B�rcenas.

Otro de los beneficiados es T. O., unas siglas que la polic�a investiga desde febrero y que podr�an corresponder a Toti, el sobrenombre por el que se conoce a Fern�ndez Santiago, consejero de Fomento cuando se produjo la pol�mica adjudicaci�n de la variante a Teconsa.

La investigaci�n policial de este caso arranc� en febrero, cuando se hall� una carpeta de color azul registrada como "R-16 Documento 02" en poder de Jos� Luis Izquierdo, contable de la trama corrupta. En el interior de la carpeta hab�a "cuatro papeles cogidos con un clip, dos de ellos grapados", que conten�an un fax remitido desde la consejer�a de Fomento de Castilla y Le�n con los datos de la adjudicaci�n definitiva de la obra: "Adjudicataria Tecnolog�a de la Construcci�n SA (TECONSA), 12 meses de ejecuci�n y un presupuesto de 2.847.959 euros". En ese fax aparec�a, manuscrita, la cantidad de 2.455.137 euros, correspondiente al presupuesto de adjudicaci�n descont�ndole el IVA. Y debajo, otras dos cifras: "73.650=12.255". La investigaci�n interpreta que la primera, cifra, 73.650, se refiere a euros y es el 3% del presupuesto de adjudicaci�n sin IVA. La segunda cifra, 12.255, se refiere a su traducci�n en pesetas (12.255.000 pesetas).

Entre los cuatro folios en poder del contable de Correa tambi�n figura el reparto de la supuesta comisi�n ilegal, que la polic�a interpreta as�:

- "Sobre con 24.000 euros (4 millones de pesetas) T. O. (a�n sin identificar) que entrega PC (Paco Correa) el 17 de enero de 2003".

- 18.600 euros para L, quien se identifica tambi�n con las siglas LB, que se corresponden con Luis B�rcenas, actualmente senador electo por Cantabria.

La polic�a concluy� que se hab�a producido una supuesta "adjudicaci�n ama�ada en la variante de Olleros de Alba, en la que hay una participaci�n activa de la organizaci�n de Francisco Correa, as� como de alg�n pol�tico que puede influir en la decisi�n por parte de la Consejer�a de Fomento de Castilla y Le�n".

LA CONSTRUCTORA QUE PAG� LAS COMISIONES SAC� SIETE MILLONES EN BILLETES DE 500

Teconsa, la constructora de origen leon�s que pag� supuestamente una comisi�n de 72.000 euros por la adjudicaci�n de la variante de Olleros de Alba, manej� de manera sospechosa entre 2004 y 2007 casi siete millones de euros en billetes de 500 euros, seg�n un informe elaborado por la Agencia Tributaria relacionado con la investigaci�n del caso G�rtel.

En casi todas las operaciones analizadas, seg�n la Agencia Tributaria, Teconsa aparece como ordenante y beneficiario de las entregas de dinero. En un solo mes de 2004, la empresa hizo nueve operaciones, una de ellas de 2,4 millones de euros, todas en billetes de 500. "No parece razonable el manejo en efectivo de cantidades tan elevadas, existiendo hoy d�a alternativas mucho m�s seguras para efectuar pagos. Llama la atenci�n la secuencia temporal de las operaciones, todas en un mes. De ser empleados los fondos dispuestos en efectivo en la gesti�n corriente de Teconsa, como indicaron don Jos� Luis Mart�nez Parra (administrador y autorizado en cuentas de la sociedad) y don Pedro Dur�n Sanz (trabajador de Teconsa), parecer�a m�s l�gico que fueran retirados de una forma m�s continua a lo largo del ejercicio, y no concentrados en un solo mes", se�ala la Agencia Tributaria en su informe.

La an�mala actuaci�n de Teconsa es posterior al pago de las comisiones que analiza el caso G�rtel, porque en los a�os en que se produjo la Agencia Tributaria no analizaba el uso de billetes de 500 euros.

La variante de Olleros de Alba fue adjudicada a Teconsa porque, aunque empat� a puntos en el concurso con FCC, ofreci� un precio m�s barato. Aunque al final, seg�n denunci� la oposici�n socialista, la obra cost� 4,2 millones, frente al precio inicial de adjudicaci�n 2,84 millones de euros.

Aunque en p�blico apenas tratan del asunto, los dirigentes m�s relevantes del PP no paran de hablar entre ellos y de buscar todo tipo de informaciones sobre las novedades del caso G�rtel. Ellos tienen buenas fuentes tanto en el mundo de la Justicia como en el de la polic�a. No en vano algunos, como el propio Mariano Rajoy, fueron ministros del Interior o responsables policiales. La informaci�n que llegaba de esas fuentes ten�a en las �ltimas semanas muy preocupados a los dirigentes del PP por la posibilidad de que el caso se extendiera definitivamente a Castilla y Le�n, una comunidad clave para el partido, que siempre ha estado en manos del PP y fue cuna del aznarismo.

En los mentideros del partido se daba por hecho que Jos� Manuel Fern�ndez Santiago acabar�a de alguna manera salpicado por este asunto. Todo el mundo con algo de informaci�n en el partido sabe que el apodo con el que se le conoce es Toti. �l mismo reconoci� en conversaci�n telef�nica que �se es su apodo. Despu�s de conocer el documento en el que se atribu�an supuestos pagos de la red de Correa a un T.O. muchos dirigentes asumieron en privado que pod�a referirse al ex consejero de Fomento Fern�ndez Santiago, que tiene buenas relaciones con otro implicado en el esc�ndalo, el ex eurodiputado Gerardo Galeote. Fern�ndez Santiago asegur� a finales de julio que "en un Estado de derecho nadie puede acusar a nadie de algo tan grave s�lo porque coincida una inicial", pero la polic�a parece haber encontrado m�s elementos para implicarle.

Jes�s Merino ya puede ser juzgado por el Supremo por un supuesto delito de cohecho de 50.000 euros, que seg�n los investigadores podr�a haber recibido de la trama de Francisco Correa. El diputado del PP, que ha querido acelerar los tr�mites para que su suplicatorio fuera tramitado cuanto antes, logr� con esa actitud que el pleno votara ayer mismo este tr�mite.

Se vot� en secreto, como es habitual en este tipo de asuntos delicados, y casi todos los diputados lo apoyaron, salvo ocho: tres votos en contra y cinco abstenciones.

En el Senado, hoy se re�ne por segunda vez la Comisi�n de Suplicatorios, donde los grupos expresar�n su posici�n sobre el caso de B�rcenas. El senador, que ayer acudi� a votar a la C�mara alta, se declar� "muy satisfecho" por la veloz tramitaci�n de su suplicatorio, que se aprobar� el martes.

EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS CONF�A EN PODER VOTAR EL SUPLICATORIO DE MERINO LA PR�XIMA SEMANA

La Comisi�n del Estatuto de los Diputados quiere dar la mayor celeridad al procedimiento del suplicatorio del diputado popular Jes�s Merino. Intenta que pueda votarse en el Pleno de la pr�xima semana, mes y medio antes de que expire el plazo para resolver toda la tramitaci�n, el 31 de octubre.

Fuentes parlamentarias han se�alado que todos los miembros de la comisi�n, incluido el del PP, adem�s del propio afectado, est�n "muy interesados" en resolver cuanto antes esta cuesti�n para que Merino "tenga la opci�n de defenderse" de los delitos de cohecho y fraude fiscal que le imputan por su presunta relaci�n con el caso G�rtel.

Por este motivo, la comisi�n tratar� de que el jueves de la pr�xima semana, el 17 de septiembre, el Pleno del Congreso vote -lo har� de forma secreta- el suplicatorio de Jes�s Merino, un requisito necesario para que el Tribunal Supremo pueda continuar con sus investigaciones sobre �l, al tratarse de una persona aforada, y poder procesarle, si as� lo estima.

La Comisi�n del Estatuto de los Diputados ha celebrado hoy su primera reuni�n de trabajo para debatir si concede o no el suplicatorio pedido por el Supremo y ha fijado un plazo de diez d�as para que Merino formule sus alegaciones, que har� por escrito.

No obstante, se espera que el diputado popular presente las alegaciones antes de ese plazo y ser� entonces cuando la comisi�n vuelva a reunirse para analizarlas y emitir un dictamen.

Fue el pasado 1 de septiembre cuando la Mesa del Congreso de los Diputados tramit� el suplicatorio del Supremo para investigar a Merino por su presunta relaci�n con la supuesta trama de corrupci�n organizada por el empresario Francisco Correa, imputado en el caso y actualmente en prisi�n provisional.

Seg�n el Reglamento del Congreso de los Diputados, la citada comisi�n deber� concluir su trabajo en el plazo m�ximo de 30 d�as, tras la audiencia del interesado, que podr� realizarse por escrito u oralmente.

Adem�s de Merino, el senador del PP Luis B�rcenas tambi�n est� pendiente de que la C�mara Alta autorice el suplicatorio solicitado por el Alto Tribunal para imputar formalmente al tesorero del principal partido de la oposici�n -suspendido temporalmente de sus funciones a petici�n propia-.

La Mesa del Senado analiz� hoy la petici�n del suplicatorio contra B�rcenas, que a partir de ahora deber� recorrer un proceso similar al de Merino en el Congreso antes de que sendas c�maras den el visto bueno al Tribunal Supremo para que investigue a ambos.

Los nombres de B�rcenas y Merino est�n incluidos en el sumario del caso G�rtel por su presunta participaci�n en la trama de corrupci�n del empresario Francisco Correa, quien habr�a entregado a ambos grandes cantidades de dinero a cambio de adjudicaciones y contratos.

CAE OTRA DE LAS CONSTRUCTORAS VINCULADAS A LA G�RTEL, ACOSADA POR LAS DEUDAS

Teconsa, empresa de la que es consejero el imputado Ram�n Blanco Bal�n, y de la que el juez Garz�n sospechaba que pod�a haber pagado comisiones a la trama Correa por lograr que la Junta de Comunidades de Castilla y Castilla y Le�n le adjudicara la construcci�n de la autov�a de Olleros ha solicitado al Juzgado Mercantil de Madrid el concurso voluntario. El pasado mes de julio sus acreedores ya hab�an presentado tres solicitudes de concurso necesario que est�n pendientes de resoluci�n.

La empresa, constituida en 1981 por el empresario ponferradino, Jos� Mart�nez N��ez, cuenta con delegaciones en Madrid , Castilla La Mancha, Castilla y Le�n, Cantabria, Galicia, Asturias, Andaluc�a y Levante. Seg�n las cuentas presentadas por la compa��a en el Registro Mercantil, gan� en 2007 casi diez millones de euros. Ese a�o, su mayor facturaci�n la hizo en Castilla y Le�n, con 61,1 millones de euros facturados en obra p�blica y otros 68,8 millones en obra privada.

Aunque Mart�nez N��ez no es uno de los imputados por el caso G�rtel, su empresa, Teconsa s� se ha visto salpicada por el caso al haber recibido de la Junta de Castilla y Le�n la concesi�n de la variante de Olleros de Alba por 2,45 millones de euros en noviembre de 2002. Seg�n el auto que remiti� el juez Baltasar Garz�n al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid, Teconsa pag� a Francisco Correa a cambio de influir en la Consejer�a de Fomento, "y �ste a su vez distribuy� entre todas las personas que, al parecer, hicieron posible la adjudicaci�n". A�ade que �alg�n pol�tico� pudo influir en la concesi�n, junto a Correa pero no da nombres. S� aclara que las iniciales de tres personas que cobraron son "T. O., G y J.".

Seg�n public� el diario El Pa�s, en un fax intervenido a Correa procedente de la Consejer�a de Fomento de Castilla y Le�n en el que se le informaba de la adjudicaci�n a Teconsa de la construcci�n de la autov�a de Olleros, figuraba una anotaci�n manual con una cantidad: 73.650 euros. Lo que equivaldr� al 3% de la concesi�n, la comisi�n habitual que se cobra en los casos de corrupci�n.

En Boadilla, tambi�n

Teconsa tambi�n ha sido una de las grandes beneficiarias de la Empresa Municipal de la Vivienda de Boadilla, comandada por dos de los imputados en la trama G�rtel, Tom�s Mart�n Morales y Alfonso Bosch Tejedor.

La otra gran constructora de origen castellano-leon�s, el Grupo Begar, se encuentra en una situaci�n similar. Enfrentados en los negocios pero acosados ahora por las deudas. Jos� Luis Ulibarri, propietario de la empresa, no levanta cabeza desde que fue imputado en el caso G�rtel.

Todos los miembros de la Mesa han aceptado tramitar el suplicatorio contra Merino

La Mesa del Congreso ha aceptado este martes tramitar el suplicatorio del Tribunal Supremo contra el diputado del PP Jes�s Merino por el caso G�rtel, con lo que la Comisi�n del Estatuto del Diputado se reunir� en pr�ximas fechas para iniciar los trabajos encaminados a decidir si concede o no la solicitud.Tras el par�ntesis estival, el �rgano rector de la C�mara Baja se ha reunido hoy por primera vez y ha calificado el suplicatorio remitido por el Supremo a �ltimos de julio, en el que el Alto Tribunal ped�a permiso para poder seguir investigando a Merino por los supuestos delitos de cohecho y fraude fiscal.

Fuentes parlamentarias han informado de que todos los miembros de la Mesa han aceptado tramitar el suplicatorio contra Merino, paso imprescindible para que la Comisi�n del Estatuto del Diputado comience los trabajos sobre la concesi�n del mismo, que podr�a ser votada por el pleno del Congreso en octubre.

Una vez calificado el escrito, el presidente del Congreso, Jos� Bono, previo acuerdo de la Mesa de la C�mara, dispone de cinco d�as para enviarlo a la Comisi�n del Estatuto del Diputado.

Este �rgano es el responsable de analizar la documentaci�n pertinente y de escuchar al propio interesado, para lo cual dispondr� de un plazo de 30 d�as, antes de que la concesi�n del suplicatorio sea votada por el pleno de la C�mara.

Junto al suplicatorio de Merino, el Supremo tambi�n elev� un escrito al Senado para poder seguir investigando y proceder contra el senador del PP y ex tesorero de este partido Luis B�rcenas.

El proceso desde que se presenta un suplicatorio es similar en el Congreso y el Senado y en ambos casos se entiende que es denegado si la C�mara correspondiente no se hubiera pronunciado en el plazo de 60 d�as naturales, computados dentro del per�odo ordinario de sesiones desde el d�a siguiente de recibir el escrito judicial.

La Constituci�n establece que los diputados y senadores gozan de inviolabilidad en las opiniones manifestadas en el ejercicio de sus funciones y de inmunidad por la que no pueden ser inculpados ni procesados sin la previa autorizaci�n de la C�mara respectiva.S�lo pueden ser juzgados por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, que debe solicitar un suplicatorio a tal fin.La Comisi�n del Estatuto del Diputado cuenta a su vez con un plazo m�ximo de 30 d�as para estudiar la petici�n y escuchar al interesado, que puede contestar oralmente o por escrito.

El trato que ha recibido el diputado del Grupo Popular Jes�s Merino por sus jefes, es decir, por la direcci�n del Grupo Popular, encabezada por Soraya S�enz de Santamar�a, al conocer la decisi�n del Tribunal Supremo de pedir su suplicatorio para actuar contra �l, ha sido deferente y delicado. Merino ha dimitido de su puesto relevante dentro del Grupo Popular, al frente de la coordinaci�n de todas las comisiones, nada m�s conocer la decisi�n del Tribunal.

Y que ha sido �l quien ha dado el paso sin que se lo tengan que pedir es lo que de inmediato transmiti� la direcci�n del grupo popular: "Desde el principio el diputado Merino hab�a manifestado que si se materializaba la solicitud del suplicatorio por parte del alto tribunal, al Congreso, renunciar�a a sus responsabilidades en el Comit� de Direcci�n del Grupo, en plena coordinaci�n con �ste", dice el comunicado oficial del PP. El diputado popular realizar� "su actividad como diputado por Segovia", remacha el comunicado. Lo cierto es que se queda como diputado raso, sin tarea concreta y deja de pertenecer al n�cleo de direcci�n.

UNA CONSTRUCTORA QUE PAG� COMISIONES A CORREA SAC� SIETE MILLONES EN BILLETES DE 500

El caso G�rtel, una red corrupta vinculada a Administraciones controladas por el PP que ya tiene m�s de 100 imputados, contin�a su imparable expansi�n. Cinco meses despu�s de las primeras detenciones, los investigadores siguen descubriendo nuevas irregularidades y operaciones sospechosas.

En el informe de la Agencia Tributaria, definitivo para que el Tribunal Supremo haya decidido asumir el caso por la posible implicaci�n de Luis B�rcenas, tesorero del PP, y el diputado Jes�s Merino, se detalla c�mo la investigaci�n de los tent�culos de la red de Francisco Correa en Castilla y Le�n ha destapado unas sospechosas operaciones de casi siete millones de euros en billetes de 500 que se est�n investigando.

La deriva de G�rtel en Castilla y Le�n ya apareci� en el primer auto del juez Baltasar Garz�n que implicaba a B�rcenas. Los investigadores encontraron entre la documentaci�n del contable de Correa un fax de la Consejer�a de Fomento de Castilla y Le�n, dirigida entonces por Jos� Manuel Fern�ndez Santiago (conocido entre sus �ntimos como Toti), ahora presidente de las Cortes, con la concesi�n definitiva de la variante de Olleros de Alba, por 2,45 millones de euros, en noviembre de 2002, a TECONSA, una empresa relacionada con la trama y que ten�a entre sus directivos a Jos� Ram�n Blanco Bal�n, uno de los imputados en el caso G�rtel.

Garz�n detallaba, bas�ndose en los informes de los investigadores, que la red de Correa hab�a anotado junto al fax 73.650= 12.255. 73.650 euros es exactamente el 3% de los 2,45 millones de euros de la adjudicaci�n, y 12.255 la traducci�n de 73.650 euros a millones de pesetas. Esto es, que TECONSA habr�a pagado una comisi�n del 3% a Correa para que utilizase sus contactos pol�ticos para influir en la adjudicaci�n, un dinero que �ste reparti� despu�s entre algunas personas a�n sin identificar, y que aparecen con las siglas T.O; G; L y J. El 3% es el porcentaje del que siempre se ha hablado como el m�s habitual para comisiones de adjudicaciones. M�s tarde, los investigadores encontraron otra documentaci�n que apunta en el mismo sentido [ver gr�fico]: un folio cuadriculado manuscrito con el encabezado "recibido en sobre 17-1-2003- Junta Castilla y Le�n" sobre otro reparto similar de 96.100 euros.

Todo esto hizo que los investigadores se pusieran en contacto con la Agencia Tributaria, que realiz� un informe demoledor sobre TECONSA, una constructora de origen leon�s. Seg�n se puede leer en ese documento [ver gr�fico reproducci�n de la izquierda], "la informaci�n recibida en relaci�n con las operaciones de movimiento de efectivo realizadas por TECONSA en los ejercicios 2004 a 2007 se refiere al manejo por parte del obligado tributario de billetes de 500 euros por un importe total de 5,5 millones en 2004, 242.000 en 2005, 893 en 2006 y 202.000 en 2007".

En casi todas las operaciones, TECONSA aparece como ordenante y beneficiario de las entregas de dinero. En 2004, en un mes, la empresa hizo nueve operaciones, una de ellas de 2,4 millones de euros, todas en billetes de 500. "No parece razonable el manejo en efectivo de cantidades tan elevadas, existiendo hoy d�a alternativas mucho m�s seguras para efectuar pagos. Llama la atenci�n la secuencia temporal de las operaciones, todas en un mes. De ser empleados los fondos dispuestos en efectivo en la gesti�n corriente de TECONSA, como indicaron don Jos� Luis Mart�nez Parra (administrador y autorizado en cuentas de la sociedad) y don Pedro Dur�n Sanz (trabajador de TECONSA), parecer�a m�s l�gico que fueran retirados de una forma m�s continua a lo largo del ejercicio, y no concentrados en un solo mes", escribe la Agencia Tributaria en su informe.

Este mismo organismo ya hab�a destapado en ese mismo informe que Constructora Hisp�nica, otra empresa relacionada con la red de Correa -aparecen pagos de esta constructora en la contabilidad B de 1,6 millones de euros que tambi�n habr�an ido a parar en parte a B�rcenas, seg�n la fiscal�a- hab�a realizado pagos superiores al mill�n de euros en billetes de 500 a empresas pantalla que emit�an facturas falsas. Constructora Hisp�nica consigui� adjudicaciones de tramos del AVE por valor de 99,1 millones de euros durante el mandato de Francisco �lvarez-Cascos (mayo de 2000 a marzo de 2004) al frente del Ministerio de Fomento.

La pol�mica por la variante de Olleros de Alba, el nexo principal entre el caso G�rtel, radicado fundamentalmente en Madrid y la Comunidad Valenciana, y Castilla y Le�n, ha llegado incluso a las Cortes. La oposici�n del PSOE, dirigida por �scar L�pez en esta comunidad, exigi� explicaciones y el actual consejero, Antonio Silv�n, insisti� en que el expediente de adjudicaci�n es "impecable". TECONSA y FCC empataron a puntos, pero la primera ofreci� un preci� m�s barato, aunque al final, seg�n denunci� la oposici�n socialista, la obra cost� 4,2 millones, frente a los 2,8 que hab�a ofrecido inicialmente TECONSA.

A pesar de esta aparente tranquilidad, en el PP, seg�n varios dirigentes consultados, existe un gran temor de que el esc�ndalo se extienda judicialmente a Castilla y Le�n, ya que ser�an tres de las seis comunidades gobernadas por el partido que lidera Mariano Rajoy las afectadas por G�rtel, un caso que no para de dar disgustos al PP.

De hecho, los populares est�n preocupados porque se ha trasladado en el partido que B�rcenas, cuando fue interrogado el pasado mi�rcoles en el Tribunal Supremo por su posible implicaci�n en la concesi�n de la variante de Olleros, contest� al juez y a los fiscales que deb�an investigar a los responsables de esa adjudicaci�n para identificar esas iniciales. B�rcenas no lleg� al extremo de se�alar nombres de compa�eros suyos de partido, pero dej� caer d�nde hab�a que mirar, seg�n las mismas fuentes. S� fue tajante con Luis Delso, presidente de Isolux, al asociarle al apunte de "Luis, el cabr�n".

El actual presidente de las Cortes, Jos� Manuel Fern�ndez Santiago, m�ximo responsable de esa adjudicaci�n, contest� ayer a algunas preguntas de EL PA�S. �l insiste en que el expediente "es impecable". "Se concedi� la obra a la empresa m�s barata. Toda la operaci�n es de lo m�s correcta que se pueda imaginar. Estoy muy tranquilo", insiste.

Fern�ndez Santiago asegura que �l no tiene ning�n tipo de relaci�n con la trama de G�rtel. Admite que conoce de hace muchos a�os a Gerardo Galeote, uno de los principales implicados, pero nada m�s. "No conozco de nada a Correa, no le he visto en mi vida. No tengo la menor idea de a qu� se refieren esas iniciales, pero en cualquier caso la presunci�n de inocencia en un Estado de derecho debe llevar a que a nadie le acusen de algo tan grave s�lo porque su inicial pueda coincidir con la que hay en un papel que ha aparecido", sentencia.

El diputado popular Jes�s Merino neg� ayer ante el juez Francisco Monterde todas las acusaciones en las que aparece implicado como receptor de fondos de la trama de corrupci�n que afecta al Partido Popular y que presuntamente dirig�a Francisco Correa.

El diputado rechaz� que �l fuera J.M. tal y como figura en la contabilidad en negro intervenida en un l�piz de memoria al supuesto contable de la red. Incluso lleg� a negar que �l fuera el "Jes�s Merino" que consta en otra de las anotaciones contables. El diputado, que compareci� a petici�n propia y en calidad de imputado provisional, puesto que no se ha tramitado todav�a un suplicatorio para proceder contra �l, lleg� a explicar que la palabra Merino, que figura en la anotaci�n, parece diferente de las restantes tipograf�as que aparecen en el documento, por lo que aventur� que posiblemente se habr�a a�adido con posterioridad. Merino no lleg� a decir qui�n habr�a sido la persona que pudo a�adir su apellido en el documento, pero s� asegur� que el tal Merino no era �l. Previsiblemente esta estrategia de defensa dar� lugar a la solicitud de una prueba pericial caligr�fica para determinar si la palabra Merino fue escrita por la misma mano que el resto de las anotaciones o si pudo ser agregada con posterioridad.

A diferencia de B�rcenas, que estuvo ampuloso, altanero y muy nervioso y tenso, Merino fue suave y tranquilo en sus manifestaciones ante el juez. Neg� una a una todas las imputaciones que figuran en la exposici�n razonada del juez Antonio Pedreira.

Ante el Supremo, Merino s�lo est� siendo investigado por cohecho -y no por delito fiscal, como B�rcenas- por un supuesto soborno de 50.000 euros. En la contabilidad figuran otros supuestos pagos, pero el Supremo no los analiza porque estar�an prescritos. Por un lado, el 14 de junio de 2002 una persona no identificada entreg� al grupo de Correa 175.973 euros. "Esta cantidad se distribuir�a entre diferentes personas, resultando curioso que tres de ellas, reciben exactamente la misma cantidad: Jes�s Merino, L.B. [presumiblemente Luis B�rcenas] y G.G. [supuestamente Gerardo Galeote], quienes reciben 24.040 euros cada una", seg�n la exposici�n del juez Pedreira.

"Aparte de esta cantidad, una persona con las siglas J.M. habr�a recibido otras sumas de dinero en otras fechas" y menciona: 2 millones de pesetas (12.000 euros) en febrero de 2002 y 60.000 y 6.000 euros en dos fechas diferentes de mayo de 2003.

Por otra parte, en el archivo denominado "caja B actual" consta un apunte de diciembre de 2007 de 50.000 euros precedido del concepto "ent. a Jes�s Merino". El escrito del juez interpreta que en dicha fecha "salieron 50.000 euros de la tesorer�a oculta del grupo Correa para su entrega a Jes�s Merino".

Merino aleg� que conoc�a a Francisco Correa y Pablo Crespo porque coincid�a con ellos en una cafeter�a de la calle Serrano, de Madrid, donde �l tiene su despacho y ellos sus oficinas, pero neg� haber recibido ning�n dinero de ellos.

Mientras, fuentes del PP se�alaron que durante su declaraci�n el pasado mi�rcoles, el juez Monterde meti� a Luis B�rcenas en un aprieto cuando le pregunt� por el cuadro que presuntamente quer�a adquirir y para el que hab�a pedido un cr�dito de 330.000 euros, que devolvi� en billetes de 500 s�lo un mes y medio despu�s, cuando supuestamente se frustr� la operaci�n. B�rcenas, que trat� de ser convincente, lleg� a decir que el cuadro era de un pintor del siglo XVII y lleg� a mencionar al autor del mismo.

Tras las declaraciones preliminares de los dos aforados, parece evidente que a lo largo de la pr�xima semana el juez instructor Francisco Monterde deber� pronunciarse sobre si archiva las actuaciones o si solicita el suplicatorio para proceder contra B�rcenas y Merino al Parlamento. Fuentes jur�dicas precisaron ayer que en este momento el juez se encuentra imposibilitado para avanzar en la investigaci�n, ya que ni siquiera podr�a tratar de contrastar la veracidad de los documentos aportados por B�rcenas en su descargo, ya que se tratar�a de una investigaci�n patrimonial que est� vedada por el art�culo 71.2 de la Constituci�n. Si el juez Monterde cree que hay cosas por aclarar, incluso sin prejuzgar sobre la verosimilitud de las acusaciones, deber� tramitar el suplicatorio cuanto antes.

Nada de recibimientos masivos, ni aplausos o v�tores. Jes�s Merino ya ha llegado al Tribunal Supremo y, al igual que le sucediera ayer a Luis B�rcenas, el diputado del PP no se ha encontrado a ninguna marabunta de fieles esper�ndole a las puestas de la sede judicial. Merino no es Camps y nadie del partido le ha acompa�ado.

El otro �imputado provisional� del caso G�rtel ya est� declarando ante el juez por los presuntos delitos de cohecho y fraude fiscal. Su declaraci�n es voluntaria, aunque haya fracasado en su intento por aplazar la fecha, alegando que su abogado ten�a que viajar a Miami.

Merino es uno de los grandes desconocidos del caso G�rtel, pero uno de los dos aforados para los que el Tribunal Supremo tendr�a que pedir el suplicatoria a las C�maras para poder imputarle. El ex vicepresidente de la Junta de Castilla y Le�n ha llegado esta ma�ana, a las diez y media, al alto tribunal para declarar, acompa�ado �nicamente por su abogado, Luis Rodr�guez Ramos.

Antes, el Tribunal Supremo hab�a rechazado su petici�n para aplazar la comparecencia, alegando que su abogado deb�a viajar a Miami para preparar el caso Sintel, en el que tambi�n es causa. Sin embargo, el instructor del caso, Francisco Monterde, no lo vio razonable, ya que Merino pod�a presentarse con otro abogado. Finalmente, Rodr�guez Ramos ha acudido con �l al tribunal.

Jes�s Merino recibi� presuntamente dinero de la trama liderada por Francisco Correa, aunque las cantidades que se le atribuyen son mucho menos que las desorbitadas cifras de B�rcenas (1.353.000 euros). Merino podr�a haber recibido entre 50.000 y 230.000 euros, en funci�n de que algunos de esos presuntos pagos podr�an haber prescrito ya.

Su nombre ha pasado m�s inadvertido. Jes�s Merino, diputado por Segovia, se vio involucrado hace unos meses en el caso G�rtel . Seg�n la investigaci�n, pudo percibir de la trama de corrupci�n encabezada por Francisco Correa m�s de 200.000 euros. Los focos de atenci�n p�blica recayeron desde el principio en el tesorero del PP, Luis B�rcenas, y en el europarlamentario Gerardo Galeote. Merino no era ni una figura tan simb�lica como el primero, ni una persona tan conocida como el segundo. Pero tampoco se trata de un simple parlamentario.

Aunque su labor es desconocida para la opini�n p�blica, pertenece al Consejo de Direcci�n del Grupo Parlamentario Popular. Este equipo, que dirige Soraya S�enz de Santamar�a, est� formado por diez personas. Merino es el coordinador de Comisiones, un cargo m�s t�cnico que pol�tico.

Precisamente por ello y porque finalmente la causa se ha elevado al Supremo, para alguno de sus compa�eros de filas el dirigente conservador est� tambi�n en el ojo del hurac�n. �Le pueden llamar a declarar por posible cohecho y delito fiscal y est� en primera l�nea pol�tica. Sale en todas las fotos en la bancada popular junto a Rajoy�, resaltan desde el Congreso.

En el partido hay quien juzga que si es imputado formalmente tendr�a que abandonar de inmediato su cargo interno. �Deber�a dar un paso atr�s y quedarse como diputado de a pie para no da�ar la imagen del PP�, cuentan. Son los mismos que est�n exigiendo que se imponga un �criterio �nico� para evaluar todos los casos y que se encuentran �despistados� ante las distintas f�rmulas que se manejan. Los que no ven necesario que deje de ser coordinador defienden que Merino tiene un puesto �menos relevante� que el del tesorero en la vida del partido.

Los que le conocen bien aseguran que si se diera el caso nadie le va a tener que exigir una renuncia. �Es muy sensato y antes de que le dijeran nada �l se ocupar�a�, afirma una amiga suya. Otro amigo insiste: �No tiene inter�s por aferrarse a ning�n cargo, pero ser�a injusto despu�s de una vida dedicado a la gesti�n p�blica�.

Nadie entra a valorar si en ese supuesto tendr�a que ser tambi�n suspendido cautelarmente de militancia o renunciar a su acta parlamentaria. No todos piensan que le convenga mantenerla para seguir siendo aforado. �Al menos en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid pod�a recurrir ante otra instancia�, destacan.

Su c�rculo m�s estrecho asegura que Merino ha hablado con Rajoy y que se encuentra �tranquilo y bien, dentro de lo que significa verse en la diana�.

Todos coinciden en se�alar que es una persona �seria� y �muy trabajadora�. Recuerdan su perfil centrista como jefe de gabinete de Rafael Calvo Ortega, ministro de Trabajo durante el Gobierno de UCD con Adolfo Su�rez. Y varios dirigentes conservadores aseguran que �escucha a los dem�s� y es bastante �campechano�. A sus 55 a�os disfruta con irse a su casa del pueblo en Hontalbilla a descansar. �Cero apariencia de opulencia�, remarcan. Por eso mismo, para todos fue �una tremenda sorpresa� que apareciera implicado en la supuesta trama de corrupci�n. Los que llevan a�os trabajando junto a �l se resisten a creer todo cuanto se ha publicado. Est�n convencidos de que es �inocente� y destacan que no le ven ning�n sentido a esta historia porque �l ya no ejerc�a �ning�n cargo de poder e influencia�.

Tampoco quieren relacionarlo con el despacho de abogados que mantiene en activo y que figura en su declaraci�n de actividades. El v�nculo con Correa no saben determinarlo con certeza. Por las fechas piensan que podr�an haber coincidido durante la etapa en la que Merino abandon� Castilla y Le�n y se fue para la sede nacional.

Pero al igual que cuenta con apoyos, a Merino tampoco le faltan los enemigos. Estos le tachan de �comisionista� e �impresentable�. Y aseguran que siempre ha �serpenteado� entre la pol�tica y los negocios. Palabras muy duras que los suyos tratan de borrar pidiendo que no se le enjuicie anticipadamente y reconociendo que ellos conf�an plenamente en su palabra. Dicen que cuando se conozcan los datos, dar� �explicaciones�.

En Castilla y Le�n existe cierta �preocupaci�n y nerviosismo�. Pero a�n as�, el secretario general del PP regional, Alfonso Fern�ndez Ma�ueco, ha reclamado para �l en p�blico la presunci�n de inocencia. Se da la circunstancia de que Ma�ueco es adem�s el presidente del Comit� Nacional de Derechos y Garant�as, el �rgano del partido que vela por la �tica de sus cargos y se ocupa de valorar si los suspende o no de militancia.

En su tierra le siguen muy de cerca porque ocup� varios cargos de responsabilidad. Entre 1991 y 1999 fue vicepresidente y consejero de Fomento de la Junta. Tambi�n fue secretario de la formaci�n regional. Su carrera est� muy vinculada al ex presidente del Senado Juan Jos� Lucas. S�lo en Segovia dicen que no despierta �muchas simpat�as� porque ha tenido sus m�s y sus menos en el partido. Merino fue senador durante un a�o y aterriz� en G�nova, donde desde 2002 se encarg� del �rea de Pol�tica Auton�mica con Aznar en el Gobierno y Javier Arenas a las riendas del PP.

Fue �l quien le dio el testigo a S�enz de Santamar�a. Se cuenta que durante la pasada legislatura ambos sintonizaron en plena tramitaci�n de las reformas estatutarias. Pero no por eso lleg� a la direcci�n del grupo. �Fue como cuota castellanoleonesa, por petici�n expresa de Juan Vicente Herrera�, matizan en el PP. A algunos les hace gracia que Merino haya regresado con los a�os a las dependencias que un d�a pis� como subdirector general del Banco de Cr�dito Industrial. Ahora ese inmueble es la ampliaci�n del Congreso y all� es donde Merino tiene su despacho.

Las iniciales J. M. // En los documentos requisados a la trama corrupta figura un pago de 50.000 euros a �Jes�s Merino� y otras entregas que suman 170.000 euros a �J. M.�, iniciales que, seg�n la Polic�a, le corresponden. A esta informaci�n de El Pa�s respondi� Merino con un comunicado.

�Filtraciones interesadas� // Merino dijo que �nunca� hab�a recibido dinero de Correa y que tampoco hab�a mantenido �relaci�n comercial o profesional� con sus empresas. Y lo denunci� como �filtraciones interesadas�.

El diputado del PP por Segovia Jes�s Merino Delgado asegur� ayer, a trav�s de una nota, que "nunca" ha recibido "cantidad de dinero alguna del se�or [Francisco] Correa" ni ha mantenido "relaci�n comercial o profesional de ning�n tipo con sus empresas". La declaraci�n de Merino responde a la informaci�n publicada ayer por EL PA�S de que en la contabilidad B (dinero negro) de las empresas de Correa figura un pago de 50.000 euros asignado a "Jes�s Merino" y otras entregas de dinero por 170.000 euros a "J. M.", iniciales que la investigaci�n policial identifica como correspondientes a dicho parlamentario.

Merino explica que, desde 1999, no tiene ning�n cargo en la Junta de Castilla y Le�n y que, como secretario de Pol�tica Auton�mica del PP desde 2002, ha desempe�ado funciones "estrictamente pol�ticas". A�ade que todas sus actividades est�n declaradas y autorizadas por el Congreso. Merino cree que lo que llama "filtraciones interesadas de un presunto informe policial" rompe la presunci�n de inocencia.

CORREA APUNT� PAGOS A OTRO DIPUTADO DEL PP Y AL EX JEFE DE GABINETE DE CASCOS

La investigaci�n de la trama de corrupci�n masiva vinculada presuntamente a administraciones gobernadas por el PP sigue avanzando con el material que proporciona la contabilidad de las empresas de Francisco Correa y que implica a nuevos dirigentes del partido de Mariano Rajoy. Los apuntes de la caja B (contabilidad en dinero negro) de la trama, que registraba pagos a pol�ticos a cambio de favores, han implicado hasta ahora a cuatro ex alcaldes, tres diputados auton�micos madrile�os, dos valencianos (entre ellos, el presidente Francisco Camps), el tesorero nacional del PP y senador Luis B�rcenas, y el eurodiputado Gerardo Galeote.

Esa contabilidad tambi�n registr� pagos a Jes�s Merino, ex vicepresidente, con Juan Jos� Lucas al frente, de la Junta de Castilla y Le�n -una comunidad tambi�n afectada por el caso G�rtel por adjudicaciones sospechosas de obras de carreteras- y ahora diputado nacional por Segovia y miembro de la direcci�n del grupo parlamentario; y a �lvaro de la Cruz, que fue jefe de gabinete con Francisco �lvarez Cascos en los primeros a�os noventa, cuando �ste desempe�aba el cargo de secretario general del PP.

En los documentos requisados a la trama corrupta figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jes�s Merino" y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, seg�n la investigaci�n policial, corresponder�an al mismo parlamentario popular.

Merino es un veterano dirigente muy conocido en la sede central del PP, en la calle G�nova de Madrid. Unos a�os despu�s de abandonar la vicepresidencia de la Junta de Castilla y Le�n, en 2002 fue nombrado -en la �poca de Javier Arenas como secretario general- responsable de Pol�tica Auton�mica del PP.

En aquellos a�os, en la direcci�n del partido coincidieron algunas de las personas implicadas ahora en el caso G�rtel: Francisco Camps era secretario de Estudios y Programas; y Jes�s Sep�lveda, ex alcalde de Pozuelo (Madrid) era, como secretario de Pol�tica Electoral, el responsable de la organizaci�n de los actos del partido y el que ten�a mayor vinculaci�n personal con Correa, cabecilla de la trama.

De hecho, muchas de las investigaciones policiales del caso G�rtel parecen seguir lentamente la pista de las relaciones personales fraguadas en aquella �poca por el equipo de personas que controlaba el aparato de organizaci�n del PP y que, por tanto, contrataban y ten�an una estrecha relaci�n con la red de Francisco Correa.

A Merino lo relev� en 2004 en la direcci�n del PP Soraya S�enz de Santamar�a, y �l pas� a un segundo plano. Sin embargo, ambos establecieron una buena relaci�n y S�enz de Santamar�a decidi� recuperarlo en 2008, cuando Mariano Rajoy la nombr� portavoz parlamentaria. Ella incorpor� a Merino a la direcci�n del grupo parlamentario, como portavoz adjunto, y all� sigue desde entonces, en una reducida c�pula de diputados que toman las decisiones m�s relevantes sobre la estrategia de la oposici�n.

Rajoy ha concentrado especialmente sus fuerzas en el Congreso, donde el PP ha llegado a ganar alguna votaci�n, por lo que Merino es un dirigente destacado en ese contexto actual. Merino, que la semana pasada -cuando La Vanguardia public� que estaba siendo investigado por este asunto- neg� cualquier relaci�n con Correa, no pudo ser localizado ayer por el equipo de prensa del PP para ofrecer su versi�n sobre estas investigaciones policiales.

En el caso de �lvaro de la Cruz, ex jefe de gabinete de Francisco �lvarez Cascos, la caja B de Correa apunta un pago de 30.000 euros que est� siendo investigado. �lvaro de la Cruz se dedica al mundo de la Seguridad con su empresa Serygur. De la Cruz reconoci� en enero pasado al diario El Mundo que Luis B�rcenas, tesorero del PP y presuntamente implicado en el caso de corrupci�n -recibi� 1,3 millones de la red, seg�n un auto del juez Baltasar Garz�n-, intermedi� a su favor ante la Comunidad de Madrid en varios concursos de seguridad.

"Luis B�rcenas es amigo m�o y me pregunt� si pod�a ayudar a Serygur. Le dije que est�bamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreci� a llamar a Alfredo Prada [entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid]. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad", declar� entonces De la Cruz.

Su empresa consigui� el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros. Sin embargo, el contrato que gener� m�s pol�mica interna fue el de la seguridad de la sede del Gobierno auton�mico en la Puerta del Sol. Al llegar el equipo de Esperanza Aguirre, que sustituy� a Alberto Ruiz-Gallard�n, la empresa de De la Cruz temi� perder el contrato, que deb�a renovarse. Entonces entr� en liza el ex concejal del PP en Madrid Ignacio del R�o, socio de De la Cruz en esta empresa. Entre los dos, y con el apoyo de B�rcenas, trataron de convencer al entorno de Aguirre para que renovara el contrato. Fracasaron, y Serygur perdi� ese suculento pastel de seguridad.

B�rcenas y De la Cruz trabajaron juntos en la direcci�n nacional del PP, uno como mano derecha del entonces tesorero, �lvaro Lapuerta, y otro como jefe de gabinete del secretario general, Francisco �lvarez Cascos.

De la Cruz ocup�, entre septiembre de 1989 y octubre de 1992, ese puesto de m�xima confianza de Cascos, el que fuera n�mero dos del PP en la d�cada de los 90. Despu�s recal� en Andaluc�a, donde lleg� a ser diputado auton�mico por C�diz, pero durante un periodo muy breve, entre 1994 y 1995.

VALLADOLID DIO OBRAS A DEDO A ULIBARRI CON INFORMES NEGATIVOS DE LA SECRETAR�A MUNICIPAL

Los informes de los t�cnicos municipales desfavorables no parecen un obst�culo para que el empresario Jos� Luis Ulibarri, uno de los implicados en la trama de corrupci�n de la Operaci�n G�rtel, consiga jugosos contratos del Ayuntamiento de Valladolid, gobernado con mayor�a absoluta del PP desde 1995. Ayer El Plural ya informaba de algunas de estas adjudicaciones. Hoy ha salido a la luz otro escandaloso caso: el consistorio de Francisco Javier Le�n de la Riva otorg� un concurso a Begar, la empresa del magnate castellano-leon�s para ampliar el museo de Col�n en la ciudad. Tres semanas despu�s ampliaba este contrato adjudicando a la sociedad nuevas obras de remodelaci�n del centro sin sacar �stas a concurso y pese a que la Secretar�a del Consistorio emiti� un informe en el que dudaba de la legalidad de la ampliaci�n del contrato.

Son muchas las ciudades y municipios de Castilla y Le�n que han beneficiado al magnate Jos� Luis Ulibarri, ahora imputado en la trama de corrupci�n de la Operaci�n G�rtel que salpica al PP, con jugosos contratos y adjudicaciones. Valladolid, gobernada desde 1995 con mayor�a absoluta por el popular Francisco Javier Le�n de la Riva es uno de los feudos de este empresario, del que ha recibido desde 2003 cerca de 22 millones y medio de euros en adjudicaciones. El diario P�blico recoge hoy uno de los contratos m�s pol�micos entre el Ayuntamiento y el empresario.

Se trata de la adjudicaci�n que se hizo a Begar, el conglomerado de empresas de Ulibarri, para ampliar el museo Casa Col�n con motivo de la celebraci�n de quinto centenario de la muerte del descubridor. Las obras de ampliaci�n salieron a concurso con un precio de licitaci�n de 1,73 millones de euros, y optaron a su ejecuci�n dos empresas adem�s de Begar, todas con ofertas inferiores a dicho precio. La adjudicataria fue la sociedad de Ulibarri, que propon�a un coste de 1,5 millones, una rebaja de un 13 por ciento sobre el precio propuesto por el consistorio.

Sin embargo, s�lo tres semanas despu�s los honorarios de Begar se vieron incrementados con creces: a la empresa se le adjudicaron tambi�n otras obras de remodelaci�n de la casa museo que no estaban previstas en un principio, y por las que se pagaron 930.000 euros m�s. En este caso, las obras no salieron a concurso, pese a la oposici�n de la Secretar�a del Ayuntamiento, que emiti� un informe en el que subrayaba la importancia de que la nueva adjudicaci�n saliera de nuevo a concurso p�blico.

La Secretar�a apuntaba en su informe sus dudas sobre la legalidad de ampliar el contrato sin publicitar y sin convocar un nuevo concurso. Seg�n se�alaban, ambos contratos deber�an haberse licitado conjuntamente, ya que de otro modo se pon�a en duda el cumplimiento de la ley de Contratos de las Administraciones P�blicas.

Sin embargo, la Junta de Gobierno, integrada exclusivamente por miembros del PP, dio carpetazo al asunto alegando que no era necesario sacar estas obras a concurso, sino que era mejor que las asumiera directamente Begar, a la que ya se hab�an dado las primeras obras, para terminar antes los trabajos. De hecho, el consistorio aprob� la nueva adjudicaci�n a Ulibarri y en las actas ni siquiera mencion� el informe desfavorable de la Secretar�a.

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, donde s�lo est� representada el Partido Popular, se ha negado reiteradamente a responder a las preguntas que la oposici�n le plante� por escrito sobre los contratos que el consistorio hab�a adjudicado a empresas relacionadas con la trama de corrupci�n G�rtel, que investiga por el juez Baltasar Garz�n.

Primero pregunt� Izquierda Unida (IU). Su concejal, Alfonso S�nchez de Castro, registr� el 20 de febrero una pregunta dirigida a la comisi�n de Hacienda y Funci�n P�blica en la que se interesaba por eventuales contratos suscritos durante la �ltima d�cada con alguna de las 23 empresas fantasma dirigidas directamente por Francisco Correa, supuesto cerebro de la trama, o sus colaboradores y que se detallan en el primer auto del juez.

El Ayuntamiento no ha contestado por escrito, aunque se ha dirigido al concejal invit�ndole a repasar una por una todas las facturas. La oposici�n estima que hay al menos 45.000 facturas cada a�o.

El Grupo Socialista acot� luego la pregunta y la dirigi� directamente al alcalde, Francisco Javier Le�n de la Riva. El pasado 20 de marzo, el portavoz del grupo municipal socialista, Javier Izquierdo, registr� la pregunta, m�s sibilina, solicitando "copia en soporte digital de los libros de facturas del Ayuntamiento de Valladolid de los a�os 2005, 2006, 2007 y 2008".

El 27 de marzo, Javier Izquierdo dirigi� una nueva comunicaci�n al alcalde: "Habiendo transcurrido el plazo sin que se haya adoptado resoluci�n alguna por tu parte, entiendo concedida la petici�n por silencio positivo, por lo que te comunico que nos dirigiremos a la Intervenci�n Municipal para que se nos facilite la documentaci�n solicitada".

Pese a ello, el alcalde de Valladolid ha negado tambi�n al PSOE la herramienta inform�tica que permitir�a salir de dudas al instante. La respuesta ha sido la misma que se dio a Izquierda Unida: silencio oficial. S�lo informalmente, y de manera verbal, se les ha comunicado que pueden revisar las facturas cuando lo deseen. Eso s�, una a una y sin ning�n tipo de ayuda inform�tica.

Aunque cuenta con adjudicaciones del Gobierno central y entidades en manos de PSOE, los contratos m�s pol�micos de Begar se han dado siempre con administraciones controladas con mayor�a absoluta por el PP:

PONFERRADA.
En 2002 obtuvo de forma irregular (seg�n dos sentencias firmes) parcelas para construir 2.000 pisos, por los que desembols� s�lo 12,1 millones de euros, una cantidad equivalente al 20% de lo que fijaba el mercado. En total, el Ayuntamiento acumula cuatro sentencias judiciales por favorecer a Begar, pero ninguna ha sido ejecutada.

En 2006, el grupo Begar fue el elegido para levantar el proyecto Boadilla Park en el epicentro del �caso G�rtel�. El proyecto inclu�a la construcci�n de 139 viviendas de alto standing. El juez Garz�n investiga si Ulibarri pag� tres millones de euros de comisi�n.

MADRID.
Ulibarri se asoci� para construir un hospital con la esposa del ex edil Sigfrido Herr�ez, que dimiti� por una adjudicaci�n sospechosa a Special Events, la empresa emblem�tica de la �trama G�rtel�.

EL AYUNTAMIENTO SE APOY� DE FORMA REITERADA EN CRITERIOS SUBJETIVOS PARA CONCEDER OBRAS A LA EMPRESA DE ULIBARRI

El Grupo Begar, que preside Ulibarri, es la constructora m�s beneficiada por las adjudicaciones del Ayuntamiento, cuyo alcalde, Francisco Javier Le�n de la Riva, se jacta de ser amigo del empresario. Desde 2003, Begar ha recibido concesiones del consistorio vallisoletano por valor de 22,4 millones de euros.

Algunas de estas adjudicaciones re�nen aspectos an�malos. El Ayuntamiento de Valladolid no ha contestado a las preguntas de P�blico, que le fueron formuladas el viernes 3 de abril.

La contrataci�n m�s importante obtenida por Begar, con un precio de licitaci�n de 11,15 millones de euros, es la gran obra para canalizar las aguas residuales en la margen izquierda del r�o Pisuerga. La obra fue adjudicada por la Junta de Gobierno, donde s�lo est� presente el PP, el 18 de mayo de 2007 apenas 10 d�as antes de las �ltimas elecciones municipales y en contra del informe elaborado por los t�cnicos del propio consistorio.

El documento de los t�cnicos apostaba por la oferta presentada por la empresa Teconsa y colocaba a Begar en segundo lugar.

El informe, al que ha tenido acceso P�blico, fue entregado el 25 de enero de 2007 y lleva la firma de tres profesionales cuyo campo est� relacionado directamente con la obra: un arquitecto Pablo Gigosos, un ingeniero de obras p�blicas (Eduardo Encabo) y otro ingeniero de caminos, canales y puertos (Francisco P�rez).

Sin embargo, seg�n consta en un acta del 21 de marzo de 2007, el entonces concejal de Urbanismo, Jos� Antonio Garc�a de Coca hoy fuera del consistorio e imputado en una causa por falsedad en documento p�blico y manipulaci�n del plan general de ordenaci�n urbana, encarg� otro informe, que asumi� una �nica persona: el arquitecto Luis �lvarez Aller, de la m�s estricta confianza del alcalde, Francisco Javier Le�n de la Riva.

El nuevo informe, en cuya redacci�n ya no participa ning�n ingeniero, se entreg� el 2 de mayo de 2007, justo antes de las elecciones municipales, y altera el orden de las empresas. En el nuevo documento, Begar, que se presenta al concurso asociado a Cors�n-Corviram, se sit�a en cabeza al primarse el criterio del precio ofertado para construir la obra: "Salvo el criterio del precio, las otras tres ofertas restantes [Sacyr, FCC Construcci�n y Teconsa] acreditan de forma suficiente su capacidad t�cnica y viabilidad de sus propuestas", concluye Luis �lvarez Aller para enmendar la propuesta de los tres t�cnicos del consistorio.

El 18 de mayo, ya en plena campa�a electoral, la Junta de Gobierno materializa la adjudicaci�n, en una orden que lleva la firma del concejal de Urbanismo y que ignora el informe inicial de los t�cnicos.

Las cuatro ofertas aludidas en el contrainforme se situaban por debajo del precio de licitaci�n, en una horquilla que va de 7,2 a 7,9 millones de euros. Begar logr� el contrato en contra del criterio inicial de los t�cnicos por ser su propuesta la m�s barata, pero al final facturar� una cifra muy superior a lo acordado.

La obra a�n no ha concluido, pese a que deb�a finalizar el pasado noviembre. Y el alcalde ya ha advertido p�blicamente que debido a "imprevistos" la construcci�n se encarecer� al menos el 25% con respecto a la oferta de Begar.

El criterio de primar la oferta m�s econ�mica no ha sido precisamente una constante en el Ayuntamiento de Valladolid. M�s bien al contrario: el Grupo Begar se ha beneficiado de varios contratos en los que su oferta era de las m�s caras.

Un ejemplo es la adjudicaci�n, en 2006, de las instalaciones generales del servicio de limpieza del consistorio, que asumi� a Begar por 5,42 millones de euros. Los otros tres candidatos presentaron proyectos m�s econ�micos: el de Acciona era de 5,12 millones, el mismo precio que el de la Uni�n Temporal de Empresas ACR-Viveros Gimeno, mientras que el presentado por Indeza rebajaba el presupuesto a 4,65 millones. En el informe municipal, Begar escal� posiciones al valorarse elementos m�s subjetivos, como la calidad del proyecto.

Algo parecido sucede en otras adjudicaciones recientes, en las que la oferta de Begar es m�s cara que la de sus competidores y, sin embargo, logra la concesi�n en base a la supuesta calidad de su proyecto, que no se acredita documentalmente.

El proyecto y obra del polideportivo Parquesol, adjudicado a Begar el 14 de enero de 2009 siete meses despu�s de la licitaci�n es emblem�tico en este sentido. Al concurso se presentaron 22 empresas y la oferta de Begar es de las m�s caras: con 2,85 millones de euros, ocupa el lugar 15� del listado. Y es la m�s costosa del selecto grupo que tiene posibilidades reales de obtener el contrato: de los seis proyectos que superaron los 80 puntos en el informe de evaluaci�n, el de Ulibarri era el m�s caro.

Pese a ello, Begar obtiene el contrato al lograr extraordinarias puntuaciones en aspectos de nuevo subjetivos como "criterios de dise�o" y "criterios constructivos".

En este �ltimo apartado Begar obtiene la m�xima puntuaci�n (20 sobre 20) a pesar de que en el proyecto que entrega incluso deja en blanco, sin detallar, muchos aspectos que en cambio s� concretan sus competidores: no hay propuesta por escrito de Begar en "Calefacci�n pista" ni en "Calefacci�n vestuarios" ni en "Equipamiento". Y, sin embargo, de nuevo logra la m�xima puntuaci�n, lo que le permite superar a sus rivales en el c�mputo final pese a que su precio es el m�s caro.

El fen�meno se repite en otras obras, como la de la construcci�n de la piscina cubierta en el antiguo mercado central, en 2003, o la de remodelaci�n de la cubierta del polideportivo Huerta del Rey, adjudicada el 21 de julio de 2008. Para esta �ltima hay cinco candidatos y la propuesta de Begar 780.100 euros es la m�s cara. Los "materiales de construcci�n" y los "criterios est�ticos" son los que le sirven una vez m�s a la empresa de Ulibarri para dar la vuelta a la clasificaci�n.

El Grupo Begar ha tenido un crecimiento vertiginoso desde 2003, cuando facturaba 197 millones de euros. En 2006, el volumen de negocio ascend�a a 614 millones de euros.

Diversificaci�n
El 65% de la facturaci�n total del grupo procede de la construcci�n, pero ha ido entrando en nuevos negocios. Sobre todo, limpieza y mantenimiento y seguridad.

El grupo ha mimado sus inversiones en medios de comunicaci�n: controla la Televisi�n de Castilla y Le�n, participa en Punto Radio y gestionar� la futura televisi�n auton�mica de Castilla y Le�n. Tambi�n es el propietario del �Diario de Le�n�, �Diario de Soria� y �El Correo de Burgos� y del �Semanal Digital�. Cuenta adem�s con televisiones locales y de TDT en Valencia.

El alcalde �ntimo de Aznar y Ulibarri. LE�N DE LA RIVA GOBIERNA VALLADOLID SIN APENAS OPOSICI�N DESDE 1995

Francisco Javier Le�n de la Riva (Valladolid, 1945) es un pol�tico campechano a quien le gusta alardear de amistades importantes. Y entre ellas destacan las de Jos� Mar�a Aznar y Jos� Luis Ulibarri, empresario todopoderoso en la ciudad que desde 1995 gobierna con mayor�a absoluta.

El regidor forma parte del c�rculo �ntimo de Aznar desde hace m�s de 25 a�os y le acompa�� en el Gobierno de la Junta de Castilla y Le�n como consejero de Cultura y Bienestar Social. Al final de esa legislatura, cuando Aznar estaba ya en Madrid como l�der del PP, Le�n de la Riva aterriz� en Valladolid como candidato del PP. No gan� a la primera, pero en los siguientes comicios (1995) arras� y desde entonces ha ganado siempre por mayor�a absoluta y dirigido el Ayuntamiento a su antojo, sin apenas presencia de la oposici�n.

La relaci�n con el ex jefe de Gobierno del PP va m�s all� de la pol�tica: este prestigioso m�dico ha sido el ginec�logo de cabecera de la familia Aznar-Botella.

Tambi�n con Ulibarri ha llevado la relaci�n al terreno de la amistad en la medida en que el empresario ha ido atesorando poder medi�tico y pol�tico entre bastidores en la Comunidad de Castilla y Le�n. Antes de que estallara el caso G�rtel, el regidor explicaba sin problemas que ha navegado en el yate privado del empresario, afirmaci�n que luego ha tratado de minimizar precisando que apenas estuvo una hora en el yate.

Le�n de la Riva fue de los primeros en el PP que puso el grito en el cielo por la investigaci�n de Garz�n: "Desgraciadamente, igual que la bomba de ETA es algo habitual [cuando se acercan unas elecciones], las actuaciones del juez Garz�n tambi�n", lleg� a afirmar. Poco despu�s, en un acto del PP exhibi� la portada de un peri�dico en la que aparec�a el juez junto a junto a un mono: "Os hab�is fijado en la cara de horror que tiene el pobre mono, dir� qui�n es este t�o y que va a hacer conmigo".

La trama corrupta de G�rtel tambi�n oper� en Castilla y Le�n

El brazo de la corrupci�n es largo: al parecer, la red empresarial dirigida por Francisco Correa tambi�n habr�a hecho de las suyas en Castilla y Le�n, donde la polic�a intenta esclarecer la identidad de tres personas que habr�an cobrado 40.000 euros en comisiones il�citas. �T.O.�, �G.� y �J.� son las iniciales que aparecen en los apuntes de contabilidad B de la organizaci�n corrupta y que estar�an relacionados con la adjudicaci�n de un concurso auton�mico a la constructora Teconsa. �En este caso se habr�a producido una adjudicaci�n ama�ada (...) en la que hubo una participaci�n activa de la organizaci�n de Francisco Correa, as� como de alg�n pol�tico que pudo influir en la decisi�n por parte de la Consejer�a de Fomento�, se�ala el auto del juez Baltasar Garz�n.

Los apuntes contables requisados al contable Jos� Luis L�pez Izquierdo recogen un fax remitido el 5 de diciembre de 2002 desde la Consejer�a de Fomento castellano-leonesa, controlada entonces por el popular Jos� Manuel Fern�ndez Santiago. El escrito informaba de la adjudicaci�n de la reforma de la carretera C-626 a la empresa Tecnolog�a de la Construcci�n S.A. (Teconsa), informa Intervi�.

�Concurso irregular?
El Juzgado de Instrucci�n n�mero 5 de la Audiencia Nacional solicit� el pasado 9 de marzo una copia del expediente del concurso para la obra, un documento que ya ha sido remitida a Madrid. La concesi�n investigada es el concurso para construir cuatro kil�metros en la citada carretera a su paso por la localidad leonesa de Olleros de Alba. El presupuesto del concurso ascend�a a 3,5 millones de euros.

La Junta lo niega
Juan Vicente Herrera, presidente del PP y del Ejecutivo castellano-leon�s, ha rechazado cualquier irregularidad en el proceso, negando tambi�n que Garz�n haya requerido documentaci�n a su Gobierno, se�ala la revista antes citada. Seg�n explica Jos� Antonio de Santiago-Ju�rez, consejero de Presidencia de la Junta, se eligi� a Teconsa de entre 29 empresas porque su oferta mejoraba por 100.000 euros la de su mejor competidora.

Comisiones
Adem�s del citado fax, la polic�a habr�a encontrado en la sede de Izquierdo anotaciones hechas a mano. La primera del presupuesto presentado por Teconsa sin IVA. Adem�s, aparecer�a la inscripci�n �73.650=12.255�, una f�rmula que corresponde al 3% de comisi�n, que ser�a lo que cobr� Correa para interceder en la operaci�n. �Los 73.650 euros eran una parte del dinero que la empresa adjudicataria de la obra abon� a Paco Correa y �ste a su vez distribuy� entre todas las personas que, a su vez, hicieron posible la adjudicaci�n� dice un informe de la Unidad de Delitos Econ�micos y Fiscales (UDEF).

�L de Luis B�rcenas?
La documentaci�n requisada recoge tambi�n un pago de 24.000 euros a �T.O.�, todav�a sin identificar, y una cuartilla que registra entradas de 60.100 euros a favor de Correa. �Adem�s hay que a�adir lo �recibido en sobre 17-1-2003 �Junta de Castilla Le�n-Detalle en sobre�, que son 48.000 euros, cantidad que es la que se deduce del papel que se encuentra grapado al fax�, explica UDEF. Seg�n estos agentes, en total los registros apuntan a 5 personas que se reparten 96.100 euros: Correa recibir�a 17.5000 euros en tanto otros 18.600 ser�an para �L�, una inicial que relacionan con Luis B�rcenas, tesorero del PP acusado por Garz�n de recibir 1,35 millones de euros en comisiones. Las otras tres personas no se han identificado todav�a.

www.elplural.com 07.04.09

El principal empresario imputado por el juez Garz�n construye 2.000 viviendas fuera de la ley

El gobierno del PP en Ponferrada cedi� de forma irregular parcelas para 2.000 pisos a Jos� Luis Ulibarri, imputado del 'caso G�rtel'. El pago fue el 20% del precio de mercado

El Ayuntamiento de Ponferrada (Castilla y Le�n), que gobierna el PP con mayor�a absoluta, concedi� en 2002 de forma irregular parcelas para construir 2.000 viviendas al empresario Jos� Luis Ulibarri, imputado por el caso G�rtel, la presunta trama de corrupci�n que dirig�a Francisco Correa y que operaba en feudos del PP. La concesi�n ha sido anulada por dos sentencias firmes por falta de publicidad y concurrencia, as� como por recalificaci�n improcedente del suelo, pero nunca se han ejecutado. La empresa de Ulibarri amas� en el proceso opaco de principio a fin 185.000 metros cuadrados edificables, por los que pag� un precio hasta cinco veces por debajo de los que establec�a el mercado en aquel momento.

Ponferrada es la base desde la que se expandi� el Grupo Begar, el conglomerado que dirige Ulibarri con intereses en la construcci�n, servicios de limpieza y medios de comunicaci�n. La empresa opera en toda Espa�a, pero sobre todo en Castilla y Le�n, Madrid y Valencia y su facturaci�n alcanz� los 614 millones de euros en 2006.

Dos sentencias firmes anulan todo el proceso, pero no se ejecutan

El Ayuntamiento de Ponferrada ha declinado responder a las preguntas de P�blico. Por su parte, un portavoz de Ulibarri dijo que su grupo empresarial no har�a ning�n comentario a la prensa hasta que el empresario declare ante el juez Baltasar Garz�n, cita prevista en principio para el d�a 4.

Las casi 2.000 parcelas concedidas directa o indirectamente a Ulibarri de forma irregular en Ponferrada forman parte del proyecto La Rosaleda, en pleno centro de la ciudad. La iniciativa se gest� con el alcalde Ismael �lvarez Rodr�guez, que en junio de 2002 se vio obligado a renunciar tras ser condenado por acoso sexual a la concejal Nevenka Fern�ndez. Pero lo hered� su sucesor, Carlos L�pez Riesco, que culmin� las adjudicaciones en septiembre de 2002.

El proyecto est� trufado de irregularidades desde sus or�genes y as� lo han certificado los tribunales. Para dise�arlo, se modific� el Plan General de Ordenaci�n Urbana, pero los cambios fueron anulados de forma firme, por ilegales, por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le�n en 2007. Ya en 2005 hab�a fallado en contra, pero la urbanizaci�n sigui� construy�ndose a todo tren, sin que la sentencia tuviera efectos pr�cticos.

La reforma del plan general recibi� el visto bueno de la Junta de Castilla y Le�n, que el PP tambi�n controla con mayor�a absoluta, el 26 de julio de 2001. La sentencia del TSJ certifica que se aument� la densidad para viviendas de forma desproporcionada de 30 a 70 por hect�rea, se multiplic� por cuatro el terreno destinado a vivienda y adem�s se suprimi� el 10% previsto para equipamientos generales.

La segunda gran irregularidad puesta de manifiesto por otra sentencia distinta fue el pliego de condiciones de reparto de las parcelas establecido por la Sociedad Municipal Ponferrada Gesti�n Urban�stica (Pongesur), una empresa municipal creada en 2000. Las concesiones han sido tambi�n anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad en otra sentencia firme del 11 de abril de 2008.

Falta de publicidad

El tribunal considera que no se respet� el principio de publicidad y de concurrencia. "Se anulan [las concesiones] por disconformidad con el ordenamiento jur�dico", se�ala en el auto de 2008, que ratifica otro de 2007. Pero el Ayuntamiento no se ha dado por enterado.

Las pol�micas concesiones tuvieron como m�ximo beneficiario a Ulibarri, aunque en distintos tiempos: en el primer acuerdo, de febrero de 2002, sus empresas aparecen camufladas en un mar de concesiones: se le asignaron 539 parcelas sobre un total de casi 5.000. Pero en otra acta de Pongesur, en septiembre del mismo a�o, Ulibarri acumula ya directamente 1.604 parcelas y la cifra se eleva hasta 2.016 si se incluyen las adjudicadas a Leocasa, de la que Ulibarri tiene el 50%.

En este momento septiembre de 2002 ya no son 5.000 las parecelas adjudicadas a manos privadas, sino s�lo 3.700 porque Pongesur se ha quedado 1.269. Por tanto, Ulibarri amasa al final casi el 60% del total de adjudicaciones privadas.

En el reparto inicial cuando Ulibarri aparece simplemente como uno m�s se beneficia a empresas que ni siquiera tienen en su objeto social nada relacionado con la construcci�n, como Pizarras Franvisa o Fern�ndez de la Mata, dedicada a las instalaciones el�ctricas. En el acta de septiembre, ambas empresas, as� como Cymotsa, desaparecen del listado y sus parcelas pasan a constar directamente ya para Ulibarri.

Empresas ajenas al sector recibieron licencias y las cedieron a Ulibarri

Para esta operaci�n Ulibarri utiliz� a la promotora UFC, la misma que emple� para ganar en 2006 la concesi�n de Boadilla Park 169 viviendas en el municipio madrile�o epicentro del caso G�rtel, en el punto de mira de Baltasar Garz�n. El juez investiga si en la operaci�n de Boadilla Ulibarri pag� tres millones de comisi�n a la trama. UFC era una empresa instrumental: pese al volumen de sus operaciones, en 2006 todav�a no ten�a empleados dados de alta en la Seguridad Social.

La operaci�n de La Rosaleda supuso un negocio redondo para Ulibarri, que pag� por las parcelas un precio muy por debajo del precio de mercado: desembols� 12,1 millones de euros para 185.045 metros cuadrados. Apenas 65 euros el metro cuadrado cuando en aquel momento en la localidad y en la provincia la media superaba los 300.

Las condiciones se estipulan en un documento notarial firmado el 27 de septiembre de 2002, tres d�as despu�s de que el consejo de Administraci�n de Pongesur limpiara las concesiones inciales y otorgara ya a UFC parcelas para 1.604 viviendas. El documento tiene aspectos extra�os a las contrataciones de la Administraci�n p�blica al establecer el monto total a pagar en 28,8 millones de euros y luego desmenuzarlo en tres partes de muy distinta naturaleza.

La primera incluye 3,025 millones, que la parte vendedora "confiesa haber recibido de la parte compradora con anterioridad a este acto". No se especifica ni c�mo ni d�nde se produjo el pago. Tampoco el momento, cuando la aprobaci�n formal de las adjudicaciones hab�a sido apenas tres d�as antes.

La segunda parte es el �nico desembolso real de dinero a la que se compromet�a Ulibarri en el momento de la firma: los 12,1 millones de euros que le sirvieron para lograr los 185.045 metros cuadrados edificables. La �ltima parte corresponde a 13,26 millones de euros "en especies" a cuenta de futuras obras de urbanizaci�n en La Rosaleda. Sin presupuesto concreto. Ni controles. Ni plazos. Adem�s, se hace constar que obras por valor de 2,99 millones ya se han realizado en el momento de la firma.

Una vez en posesi�n de los terrenos, las empresas de Ulibarri no s�lo han hecho negocio vendiendo sus pisos, sino tambi�n con la construcci�n de edificios en parcelas que ellos mismos vendieron a terceros, como la Torre de la Rosaleda, que con 28 plantas y 100 metros de altura es el edificio m�s alto de la comunidad.

En junio de 2004, UFC hab�a revendido casi la mitad de las parcelas conseguidas en condiciones tan ventajosas y se reservaba para s� el espacio para construir 800 pisos.

www.publico.es 01.03.09

ADJUDICACIONES IL�CITAS Y CONCESIONES VINCULAN AL ALCALDE POPULAR DE PONFERRADA CON EL IMPUTADO ULIBARRI

Los negocios del empresario Jos� Luis Ulibarri con posibles irregularidades no se limitan a los investigados tras su imputaci�n en la trama de corrupci�n que instruye el juez Baltasar Garz�n y que salpica a empresarios y altos cargos del PP de Madrid y Valencia. En el municipio de Ponferrada (Le�n), al menos tres sentencias han declarado il�citas actividades de su grupo de empresas, Begar, y el trato de favor recibido por parte del Ayuntamiento. El Grupo Municipal Socialista presentar� la pr�xima semana ante la Fiscal�a Anticorrupci�n numerosa documentaci�n sobre estas y otras actuaciones irregulares vinculadas con el consistorio que dirige Carlos L�pez Riesco, alcalde del municipio y diputado nacional del PP.

Hasta ocho sentencias del Tribunal Superior de Castilla y Le�n implican al Ayuntamiento popular de Ponferrada (Le�n) a trav�s de su empresa gestora del suelo p�blico (Pongesur) en actuaciones irregulares. Muchas de ellas est�n vinculadas adem�s al Grupo Begar, el conglomerado de empresas de Jos� Luis Ulibarri, que est� imputado en la trama de corrupci�n que investiga el juez Baltasar Garz�n. La oposici�n socialista del Ayuntamiento presentar� la pr�xima semana documentaci�n sobre todas estas irregularidades ante la Fiscal�a Anticorrupci�n para que el Ministerio P�blico estudie si debe abrir una investigaci�n contra la gestora del suelo p�blico municipal.

Seg�n el Grupo Socialista, estas resoluciones judiciales �evidencian la ilegalidad de las m�s importantes actuaciones urban�sticas llevadas a cabo durante los �ltimos a�os por el alcalde y diputado popular Carlos L�pez Riesco en Ponferrada�. Adem�s, se�alan que algunas de estas actuaciones �han ido de la mano� de Ulibarri, cuyas conexiones con el consistorio incluyen �adjudicaciones de parcelas declaradas il�citas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le�n�, �cuantiosas y jugos�simas concesiones de servicios p�blicos�, �concursos declarados igualmente il�citos e innumerables adjudicaciones de obras p�blicas�.

En concreto, de las ocho sentencias que se llevar�n ante Anticorrupci�n y que se�alan actividades irregulares de Pongesur, tres apuntan directamente contra el empresario imputado por Garz�n. La primera de ellas, dictada por el Tribunal Superior de Justicia primero (febrero de 2007) y, en sentencia firme por el Supremo despu�s (abril de 2008), anulaba el concurso por el cual se adjudic� al Grupo Begar la construcci�n de un Auditorio Municipal.

En junio de 2008 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo n�mero 2 de Le�n tambi�n anul� una autorizaci�n de la Junta de Gobierno municipal que permit�a a la empresa Gaveras del Bierzo, incluida en Begar, la instalaci�n en suelo r�stico de una planta de hormig�n.

En tercer lugar, el Tribunal Superior castellano-leon�s tambi�n anul� la adjudicaci�n y venta de parcelas del terreno conocido como La Rosaleda, donde los principales beneficiarios fueron las constructoras de Ulibarri UFC y Leocasa. En el caso de este concurso, se intuye tambi�n un posible delito fiscal dado que, aunque hubo parcelas adjudicadas a tres empresas no vinculadas con el empresario, estos terrenos nunca se registraron a su nombre, sino que se inscribieron como propiedad de UFC. Esta operaci�n incumpl�a el pliego de condiciones del concurso, que no permit�a transacciones comerciales de las parcelas hasta despu�s de constituidas las escrituras p�blicas. De este modo, la constructora de Ulibarri se habr�a ahorrado pagar impuestos de transmisiones al compr�rselas a sus propietarios originales.

Al margen de las operaciones irregulares urban�sticas, el consistorio de L�pez Riesco ha hecho numerosas concesiones y adjudicaciones a las empresas del imputado Ulibarri. De hecho, el magnate controla, casi en r�gimen de monopolio, la gesti�n del transporte urbano de Ponferrada, el mantenimiento de los parques y jardines de la localidad y la limpieza de los edificios municipales (este servicio ha modificado el contrato al menos en seis ocasiones desde que le fue concedido en 2004).

Adem�s, al empresario se le han adjudicado en los �ltimos a�os al menos siete obras p�blicas, por las que sus sociedades han ingresado unos honorarios de unos quince millones y medio de euros.

(www.elplural.com, 20/02/09)

CASTILLA Y LE�N Y VALENCIA, FEUDOS AMIGOS

Jos� Luis Ulibarri es un hombre bien relacionado, sobre todo con gobernantes de comunidades aut�nomas regidas por el PP. Preside 23 empresas y ostenta diferentes cargos en otras 24. La mayor�a tienen su sede en Castilla y Le�n, donde est� al frente de un holding (Grupo Begar) que tambi�n ha echado sus redes en la Comunidad Valenciana, donde tiene importantes intereses audiovisuales, inmobiliarios y de obra p�blica.

Trabaja para administraciones de distinto signo, como el Ministerio de Fomento, para el que construye varios tramos del AVE a Barcelona o parte de la Ronda Sur de Granada. Pero se ha hecho fuerte en tierras castellano-leonesas, donde gobierna el PP. Su empresa Begar Construcciones y Contratas, SA, ha recibido adjudicaciones para edificar viviendas, colegios p�blicos y mejorar algunas carreteras de la regi�n. En Ponferrada y en Valladolid, con cuyo alcalde mantiene una buena relaci�n, participa en numerosas obras, la mayor�a relacionadas con los servicios de limpieza.

Su negocio m�s conocido en Valencia es Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales adjudicadas por el Gobierno que preside Francisco Camps (PP). Begar tambi�n ha logrado en Valencia dos aparcamientos y un colector de la Generalitat. El Gobierno valenciano le concedi� con la constructora Ocide la obra del hospital de Lliria por 25 millones.

(www.elpais.com, 13/02/09)

IU DE PONFERRADA PIDE INVESTIGAR LA CONCESI�N DEL SERVICIO DE AUTOBUSES A LA EMPRESA DE ULIBARRI

Izquierda Unida ha propuesto que se cree una comisi�n de investigaci�n en el Ayuntamiento de Ponferrada, dirigido por el popular Carlos L�pez Riesco, para esclarecer las condiciones en las que se produjo la adjudicaci�n del servicio de Transporte Urbano (TUP) a la empresa Begar, propiedad del empresario y constructor Jos� Luis Ulibarri.

IU solicit� este lunes al equipo de gobierno de Ponferrada, del PP, y a los grupos de la oposici�n, PSOE y MASS, que pongan en marcha una comisi�n de investigaci�n que permita aclarar las condiciones en las que se adjudic� el servicio de transportes urbanos a la empresa Begar. Para el partido, que no tiene representaci�n pol�tica en el municipio leon�s, la actual concesionaria del TUP (una fusi�n entre la empresa de Ulibarri y la anterior gestora, Aupsa) ha supuesto un �saqueo� a las arcas de la localidad.

�M�sculo financiero?

De hecho, como viene denunciando la oposici�n, antes de la llegada de Begar, que parad�jicamente entr� en el Ayuntamiento como �m�sculo financiero� para el servicio, la anterior concesionaria se autogestionaba cubriendo sus gastos, mientras que en la actualidad la deuda del TUP asciende a m�s de medio mill�n de euros s�lo en 2007. Ello sin contar los intereses que el consistorio debe pagar por la renovaci�n de la flota, pese a no tener garantizada su compra en el futuro.

Gesti�n p�blica

Por ello, la coalici�n de izquierdas ha pedido al equipo de gobierno local que cree una empresa municipal de transporte para que el servicio sea gestionado por la administraci�n p�blica y no por empresas privadas, evitando as� situaciones como la actual, en la que el Ayuntamiento est� teniendo que cargar con la deuda de la concesionaria. �Si los ciudadanos tenemos que pagar por tener un servicio p�blico, lo l�gico es que sean las instituciones p�blicas las que gestionen estos servicios�, apunt� Germ�n Valcarce, miembro de la ejecutiva local de IU.

Participar de los beneficios

Adem�s, propusieron que si la compa��a de Ulibarri llegase a tener ganancias con este negocio, estas reviertan tambi�n en el municipio. En este sentido, Valcarce apunt� que �si el Ayuntamiento tiene que cubrir las p�rdidas, lo l�gico ser�a que cuando hubiera ganancias tambi�n revirtieran en las arcas municipales�. �Para ello, lo mejor ser�a crear una empresa municipal�, insisti�.

"Saqueo" y "despilfarro"

En este sentido, IU critic� el af�n privatizador del PP y destac� que �el TUP es el paradigma de lo que supone privatizar, que al final no es m�s que un saqueo de lo p�blico�. A su juicio, un servicio fundamental como el del transporte p�blico se est� convirtiendo �en un despilfarro absoluto debido a la pol�tica de privatizaci�n del Ayuntamiento�.

(www.elplural.com, 29/10/08)

EL POPULAR AYUNTAMIENTO DE PONFERRADA SILENCIA LOS DATOS ECON�MICOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES DE ULIBARRI

El presidente de la Comisi�n de Transportes de Ponferrada, el popular Severino Alonso, no dio ninguna respuesta a los grupos de la oposici�n �PSOE y MASS- sobre las irregularidades de la empresa concesionaria de los servicios de transporte p�blico, propiedad del empresario Jos� Luis Ulibarri, que vienen denunciando estos grupos. Alonso se limit� a remitirles a un expediente municipal que les ser� entregado en los pr�ximos d�as. Para la oposici�n, esta actitud es �un ejemplo m�s de la pol�tica de falta de transparencia y oscurantismo absoluto en al gesti�n municipal�.

En una rueda de prensa, el portavoz socialista de Educaci�n y Transporte de Ponferrada, Javier Campos, critic� el �monopolio concesional� del Ayuntamiento de Ponferrada (Le�n) al constructor y magnate de la comunicaci�n Jos� Luis Ulibarri, y la gesti�n que el equipo de Carlos L�pez Riesco est� haciendo en torno a la empresa que gestiona el transporte municipal en la localidad, que es propiedad del empresario.

Suspensi�n de pagos

Como ya inform� El Plural, Begar, empresa propiedad de Ulibarri a la que se cedi� la gesti�n del transporte p�blico municipal para darle un impulso financiero, ha dejado de pagar a sus trabajadores pese a que el nuevo servicio de autobuses, el TUP, ha incrementado en un 20 por ciento el n�mero de usuarios en el �ltimo a�o.

Silencio de Severino Alonso

Durante la Comisi�n Informativa sobre Transportes, el portavoz del PP en este campo, Severino Alonso, se limit� a remitir a los grupos de la oposici�n a la consulta de un expediente que ha solicitado ante el Ayuntamiento y al que, previsiblemente, tendr�n acceso durante esta semana. Para Campos, es inconcebible que Alonso desconozca �cuestiones de capital importancia� como si el consistorio �debe pagar 500.000 euros anuales en concepto de amortizaciones de inversiones a TUP, cuando antes la empresa AUPSA [la anterior concesionaria del servicio] se val�a de sus propios recursos�.

�A cu�nto asciende el d�ficit?

Los socialistas y el MASS tambi�n se quedaron sin saber �si la empresa TUP ha presentado cuentas y datos econ�micos y cu�les son los importes�, ni �a cu�nto asciende el d�ficit de explotaci�n del servicio�. Campos denunci� adem�s que Alonso guardase silencio al ser preguntado por los pagos de amortizaciones de inversiones del servicio y por las previsiones de facturaci�n de la empresa ahora que se ha duplicado el n�mero de l�neas y se ha reducido el precio de los billetes.

"Que corrijan la situaci�n"

�Nosotros seguimos instando a las partes a que corrijan la situaci�n para mantener tanto el servicio como las condiciones laborales de los empleados, y entendemos que el se�or alcalde se encuentra nuevamente en la obligaci�n de arrojar luz y dar explicaciones sobre la que se presume nefasta gesti�n del servicio TUP�, apunt� Campos durante la rueda de prensa posterior a la Comisi�n.

(www.elplural.com, 22/10/08)

Los socialistas de Ponferrada se preguntan por qu� la empresa de Ulibarri �que aumenta su clientela anual, no puede pagar a sus empleados�

Cada vez m�s pr�ximo el d�a en que los trabajadores del transporte p�blico de Ponferrada celebrar�n una importante huelga por la suspensi�n del pago de las n�minas, los grupos en la oposici�n del consistorio presidido por el popular Carlos L�pez Riesco tratan de explicarse por qu� se ha llegado a esta situaci�n de impago. Los socialistas se muestran claros: �Nos causa una sorpresa may�scula el hecho de que se haya conocido que la empresa concesionaria tenga intenci�n de suspender el pago a los trabajadores de un servicio municipal que en el �ltimo a�o ha experimentado un incremento medio de usuarios del 25%�. Las razones siguen ocultas.

En este sentido, y seg�n relata Infobierzo.com, el Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Ponferrada recuerda ahora la �publicidad constante y machacante en los medios de comunicaci�n por parte de los responsables del Ayuntamiento en la materia� sobre el incremento del 20% en el n�mero de viajeros del nuevo servicio de autobuses, TUP. Por ello, el Grupo Municipal Socialista se pregunta �c�mo una empresa que aumenta su clientela anual, no puede pagar a sus empleados�.

Para m�s inri
El edil del Grupo Municipal Socialista Javier Campos va m�s lejos en sus reivindicaciones: �Nuestra estupefacci�n crece si tenemos en cuenta que el antiguo concesionario manten�a a flote el negocio con sus recursos, mientras que ahora el Ayuntamiento de Ponferrada va a pagar hasta el 2011 la cantidad de 266.884 euros por a�o, adem�s de las compensaciones por d�ficit del servicio que en su momento se estimen oportunas". En este sentido, el testimonio de Campos coincide con el de fuentes pr�ximas a El Plural, que afirman suponer que la concesi�n del servicio, �opaca�, se pudo realizar por otras razones. Para estas, la entrada al grupo concesionario de Begar, propiedad de Jos� Luis Ulibarri, �ten�a el objetivo de aportar el m�sculo financiero, para un servicio que llevaba 30 a�os prest�ndose correctamente, y lo primero que hace es no pagar a los empleados�.

Partido del Bierzo
Una concesi�n que los miembros del Partido del Bierzo (PB), tambi�n en la oposici�n en el consistorio califican de �medida electoralista para poner en marcha estas l�neas y esta flota de autobuses�, que s�lo un a�o y medio despu�s de su entrada en funcionamiento comienza a dar problemas directamente a los trabajadores y usuarios, con la amenaza de huelga.

El alcalde, al rescate
El PB hace hincapi� en que �todos los ponferradinos, estamos pagando por mantener este servicio el triple de lo que val�a con la anterior concesionaria. Sin embargo la empresa no ha pagado las �ltimas mensualidades y el Alcalde, ah� mismo ha asegurado que el Ayuntamiento acudir� en su rescate�.

Culpan al Ayuntamiento
Por su parte, y seg�n informa Infobierzo, los concejales del Movimiento Alternativo Social (MASS) en el Ayuntamiento de Ponferrada, �ngel Escuredo y F�tima L�pez Placer, responsabilizan al regidor municipal de esta situaci�n �ya que �l es el �ltimo responsable de que los servicios municipales se presten de forma eficaz y satisfactoria�.

Trato de favor
Los miembros del MASS recuperan una cr�tica ya formulada: �Ya dijimos en aquel momento no entender el af�n de Riesco por privatizarlo todo para luego subvencionar a las empresas concesionarias que encima en este caso y curiosamente, es una empresa en la que Begar tiene un importante volumen de acciones y a la que sospechamos que en este ayuntamiento se le ha dado un trato de favor�.

�La crisis?
El MASS exige transparencia en este tema �y que no se recurra una vez m�s al argumento de la crisis para justificar cualquier problema que se ocasione en el municipio�.

www.elplural.com 19.10.08

�HA DEJADO JOS� LUIS ULIBARRI DE PAGAR A LOS TRABAJADORES DEL TRANSPORTE P�BLICO DE PONFERRADA?

Los trabajadores del transporte p�blico de Ponferrada han visto suspendidas sus n�minas e iniciar�n en 15 d�as una huelga indefinida en el caso de que las partes implicadas, Ayuntamiento y consorcio concesionario, no resuelvan el conflicto. En la parte correspondiente al consorcio se encuentra la empresa Begar, del pol�mico empresario Jos� Luis Ulibarri. Una suspensi�n de pagos de n�minas que los trabajadores no comprenden, con un constante aumento del n�mero de viajeros en la localidad. Seg�n informa InfoBierzo.com, los trabajadores barajan la hip�tesis de que podr�a tratarse de una medida de presi�n de las empresas concesionarias hacia el Ayuntamiento para el posible reembolso de alguna cantidad adelantada por el consorcio empresarial.

Seg�n informa InfoBierzo.com, el delegado de la Federaci�n de Transportes de CC.OO en El Bierzo, Antonio L�pez, ha explicado que el pasado 7 de octubre el consorcio de empresas concesionarias del servicio (antigua AUPSA y Grupo BEGAR) anunci� a los delegados de los empleados la suspensi�n del pago de n�minas �porque no hay dinero�. De este modo, la gerencia de la empresa abonar�a el sueldo pendiente de septiembre pero no �el de los meses siguientes� pues �no pueden afrontar los pagos�.

Para el delegado sindical, �las cuentas de resultados del pasado a�o de la empresa no se han hecho p�blicas. No sabemos si han tenido p�rdidas o ganancias�.

Por todo esto, los trabajadores del transporte p�blico creen que en un plazo de 15 a 20 d�as se iniciar� una huelga indefinida en el servicio de autobuses. Todav�a resta por conocer el alcance para la resoluci�n del conflicto que puede tener la mediaci�n del �rgano de Soluci�n de Conflictos Laborales, SERLA, aunque los sindicatos ya dejan claro que mientras no existan �garant�as� de la vuelta al sistema de pago regular de las n�minas no se resolver� la convocatoria de huelga.

Seg�n ha podido conocer Infobierzo.com, el equipo de Gobierno ha mantenido una reuni�n urgente para analizar la situaci�n. Es m�s, el edil del �rea, Severino Alonso, ha dejado claro que �no sabemos exactamente qu� ha ocurrido en esta situaci�n de impago�. Se espera una comparecencia del alcalde. Seg�n recoge el mismo medio, los trabajadores han declarado desconocer si la suspensi�n del pago de las n�minas forma parte de una medida de presi�n de la compa��a concesionaria hacia el Ayuntamiento para el posible reembolso de alguna cantidad adelantada por el consorcio empresarial, y que sirvi� de base para poner en marcha el nuevo servicio de autobuses, ya que �no conocemos el pliego de condiciones de la concesi�n�. Lo que no comprenden los trabajadores es �c�mo dicen que no hay dinero, cuando seg�n los datos se ha incrementado un 20% el n�mero de viajeros, o eso dicen�.

(www.elplural.com, 16/10/08)

�POR QU� PRESION� ULIBARRI A LA V�CTIMA DEL CASO NEVENKA OFRECI�NDOLE UN EMPLEO?

Las relaciones del controvertido empresario Jos� Luis Ulibarri con ayuntamientos del PP y la extensi�n de su red de negocios por distintas comunidades de hegemon�a popular siguen revelando interesantes coincidencias. Su apego a la ciudad leonesa de Ponferrada, en la que sus suculentos negocios han llamado la atenci�n de muchos observadores, lo convirti�, sin duda, en un testigo de excepci�n y una fuente privilegiada de informaci�n sobre el conocido como caso Nevenka.

El caso Nevenka fue un episodio de abuso sexual por parte del alcalde conservador de Ponferrada Ismael �lvarez a la entonces concejala de Hacienda y Comercio del municipio hasta 2001, Nevenka Fern�ndez. El papel de Ulibarri, en lo sucedido antes y despu�s de la revelaci�n del esc�ndalo, fue muy destacado: una vez que Nevenka Fern�ndez denunci� p�blicamente a su entonces jefe, el mencionado alcalde �lvarez, Ulibarri retir� a la concejala la oferta de trabajo que le hab�a propuesto con el objetivo de que �sta �rehiciera su vida�. �A qu� se debi� el inter�s del conocido empresario leon�s por colocar a la entonces inc�moda Nevenka Fern�ndez? �Es una coincidencia que Ulibarri hubiera conseguido concesiones y contratas por parte del Consistorio?

Enorme narrador

Lo cuenta nada m�s y nada menos que el afamado escritor y columnista Juan Jos� Mill�s en un libro publicado en 2004 sobre lo sucedido: �Hay algo que no es como me dicen. El caso de Nevenka Fern�ndez contra la realidad�. En esta cr�nica del caso, narrada desde el punto de vista de su v�ctima, el autor recrea el �infierno� que la ex concejala de Hacienda y Comercio del Ayuntamiento de Ponferrada tuvo que soportar en las fechas posteriores a la presentaci�n de la denuncia por acoso contra el que fuera alcalde de la localidad, el popular Ismael �lvarez, con el que Nevenka hab�a mantenido en fechas anteriores una relaci�n �ntima.

El alcalde, condenado

El caso se cerr� en noviembre de 2002. El Tribunal Supremo dio en gran parte la raz�n a la v�ctima del acoso y conden� al regidor popular a una multa total de 2160 euros. No obstante, el Alto Tribunal consider� favorablemente una parte del recurso interpuesto por el acusado, rechazando el agravante de abuso de autoridad. Ello llev� a rebajar la pena dictada seis meses antes por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le�n.

Pocos la apoyaron

Pero a pesar de la aclaratoria sentencia, no muchos quisieron creer a Nevenka cuando esta dio el paso de denunciar en p�blico el �infierno� que ven�a sufriendo desde que rompiera su relaci�n sentimental con su entonces compa�ero de equipo de gobierno y jefe, Ismael �lvarez. Seg�n narra Mill�s, Nevenka llevaba meses recluida �como una refugiada� en el piso �de la familia de su novio, Lucas V�zquez�. Fue entonces cuando �lo que hab�a quedado de Nevenka tras meses de terror� dio la noticia en una rueda de prensa en la que, adem�s, anunci� su dimisi�n como concejala de Hacienda y Comercio.

Aparece Ulibarri

Las presiones y llamadas no cesaron desde ese momento. La primera de estas consisti� en un �manifiesto de todos los concejales a favor del alcalde�. Entre estos se encontraba una amiga �ntima de Nevenka y, lo que es m�s relevante, el actual regidor de la localidad, Carlos L�pez Riesco, entonces titular de la concejal�a de Fomento y que curiosamente hab�a accedido a tal cargo a trav�s del padre de la denunciante. Es en este momento donde Mill�s explica la oportuna aparici�n del empresario Jos� Luis Ulibarri: �El mazazo definitivo fue la llamada de un directivo de Begar, una empresa constructora que hab�a hecho a Nevenka una oferta de trabajo que ahora retiraba, atemorizada por la repercusi�n p�blica de su denuncia�.

No hay que imaginar mucho

Begar, como El Plural ha venido informando desde hace tiempo, es propiedad del empresario leon�s Ulibarri, accionista a su vez de la empresa �Ferroser�, �a la que el Ayuntamiento de Ponferrada hab�a otorgado la concesi�n del servicio de aguas de la ciudad�. Mill�s establece la conexi�n de manera clara: �No era preciso ser un paranoico para imaginar que las presiones hab�an comenzado a actuar apenas unas horas despu�s de la denuncia�.

Una buena oferta

De esta forma, Ulibarri retiraba a la ex concejala lo que parec�a haber sido una interesante oferta de reincorporaci�n al mercado laboral: �Nevenka hab�a contado con aquel trabajo en Begar para rehacer su vida y, de s�bito, se encontraba literalmente en la calle�.

M�s obst�culos

No quedaron ah� las presiones, por supuesto. Por ejemplo, Ana Botella cerr� filas con el ya acusado alcalde, considerando �impecable� su dimisi�n del puesto. Adem�s, el juicio vino pre�ado de irregularidades, principalmente por parte del fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le�n, Jos� Luis Garc�a Ancos, que tuvo que ser relevado del caso tras el revuelo ocasionado por el insultante interrogatorio realizado a la v�ctima: �Usted no es una empleada de Hipercor, a la que tocan el trasero y tiene que aguantarse porque es el pan de sus hijos�.

Suma y sigue

No queda, por tanto, Ulibarri, precisamente al margen de este esc�ndalo. Otros, como el de la concesi�n de suelo para la construcci�n de 626 viviendas en la misma localidad se encuentra archivado, pero tuvo durante un tiempo como imputado al alcalde de la localidad, precisamente un Carlos L�pez Riesco que prometi� seguir �el programa de Ismael �lvarez como el Catecismo�.

Riesco que fue hasta 2002 concejal del Ayuntamiento regido por el condenado Ismael �lvarez. Las sentencias pesan, pero los contratos y negocios se mantienen. Suma y sigue.

(www.elplural.com, 02/10/08)

LOS NEGOCIOS DE ULIBARRI, M�S ALL� DE LA CONSTRUCCI�N: MEDIOS DE COMUNICACI�N, CONTRATAS DE LIMPIEZA, SEGURIDAD...

El controvertido y multimillonario empresario de la comunicaci�n y de la construcci�n, Jos� Luis Ulibarri, promete dar mucho que hablar. A lo publicado por El Plural se unen las revelaciones de otros medios locales y publicaciones por Internet que arrojan a�n m�s luz a una trayectoria digna de analizar desde el plano period�stico y jur�dico. Una p�gina tan cr�tica con el Partido Popular como la de Los Genoveses ha realizado una recopilaci�n de las andanzas m�s sobresalientes del magnate leon�s: la novedad reside en que los negocios de Ulibarri se extienden, adem�s, a servicios de limpieza y seguridad; un perfil digno de un estudio concienzudo.

Construcci�n, comunicaci�n y contratas de diversos servicios ocupan la vida laboral del empresario leon�s Jos� Luis Ulibarri. Los oscuros casos de adjudicaciones de parcelas edificables a una empresa fantasma de su propiedad, UFC S.A., que, con solo tres trabajadores sin estar dados de alta en la Seguridad Social, habr�a conseguido la proeza de ser adjudicataria de suelo para construir cientos de viviendas, parecen ser solo la punta del iceberg. En la localidad de Boadilla, por su parte, se destap� el pastel: la empresa, adjudicataria en 2005 de terrenos para construir 139 viviendas y m�s de 300 plazas de garaje, no estaba dada de alta en la Seguridad Social en el momento de tal concesi�n. Lo mismo ocurri� en Ponferrrada, donde Ulibarri mantiene muy buenas relaci�n con su alcalde, el popular Carlos L�pez Riesco. Tambi�n all� su empresa fantasma UFC result� adjudicataria de un concurso de la empresa municipal PONGESUR S.A. para construcci�n de viviendas.

Buenas relaciones

No se le ha dado tampoco mal la Comunidad valenciana presidida por Camps. Ulibarri se vio beneficiado por la Administraci�n popular al obtener la licencia para construir el hospital de Ll�ria. Precisamente de dicha comunidad ha conseguido el empresario hasta 13 licencias de Televisi�n Digital Terrestre, as� como 7 emisoras de radio. Sus participaciones, adem�s de un 20% en Punto Radio �emisora que le ha concedido recientemente un �Micr�fono de Oro�- se encuentran tambi�n en el accionariado de El Semanal Digital, cuyo director, el ex presidente de Nuevas Generaciones del PP, Antonio Mart�n Beaumont, habr�a hecho de intermediario para facilitar sus relaciones con altos cargos de una comunidad tan prol�fica en negocios para este como la valenciana. Casualmente, en la presentaci�n del canal televisivo Tele 7, presidido por Ulibarri, estuvieron presentes el propio Beaumont, Luis del Olmo, as� como el presidente regional, Francisco Camps. El Semanal Digital firm� la cr�nica: �La televisi�n de El Semanal Digital en Valencia arranca con una gala�.

Mucho m�s

No se quedan ah� sus influencias y propiedades. Y es que Ulibarri ha aprendido este modelo de expansi�n de su antiguo jefe, Jos� Luis Mart�nez N��ez. Los Genoveses explica muy claramente esta forma de proceder en los negocios: �Comprar medios de comunicaci�n para ganarse apoyos pol�ticos influyentes �sobre todo del PP- presionando en la opini�n p�blica. Este portal anti-PP va a�n m�s lejos en su recopilaci�n sobre el empresario leon�s: �Ulibarri ha creado una red de desprestigio a trav�s de confidenciales que desde el anonimato atacan a empresarios y pol�ticos que denuncian sus particulares actuaciones�.

Diarios en papel

Ulibarri, que es, adem�s, �ntimo amigo del cu�ado del ex portavoz del CGPJ, ahora aspirante al Tribunal Constitucional, Enrique L�pez, tambi�n tiene diarios en papel: entre estos destacan el Diario de Soria, el Correo de Burgos y Diario de Le�n. Adem�s, mantiene diversos acuerdos con El Mundo para la explotaci�n de estas cabeceras y particip� en la creaci�n de ASODAL, Asociaci�n Espa�ola de Televisiones Privadas Digitales Auton�micas y Locales, en la que el leon�s se comprometi� con el grupo Vocento y COPE en defender los intereses de la televisi�n local, para que las licencias no cayeran en manos de �caciques que intentan mantener su poder medi�tico��
Y adem�s...

Pero todav�a queda un cap�tulo. Distintos medios locales denuncian que el empresario obtuvo dos adjudicaciones de Caja Espa�a (para la limpieza y seguridad), que habr�a conseguido gracias a sus influencias en la entidad, de cuyo Consejo de Administraci�n hab�a formado parte. La cuant�a de los contratos ascendi� a 6,8 millones de euros. Casi nada.

(www.elplural.com, 01/10/08)

la constructora a la que el alcalde pepero de Boadilla benefici�, no exist�a para la Seguridad Social

La empresa UFC S.A. consigui� en octubre de 2005 una suculenta contrata del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (Madrid), en manos del PP, para la construcci�n de 139 viviendas libres y m�s de 300 plazas de aparcamiento. Tal y como explic� El Plural en su momento, el grupo municipal Alternativa por Boadilla (APB) denunci� en 2006 ante los tribunales las irregularidades de esta adjudicaci�n ya que, pese a que el Pliego de Condiciones exig�a que la empresa tuviera una organizaci�n propia y personal para poder ejecutar el proyecto, UFC no lo ten�a. De hecho, seg�n ha podido saber este peri�dico, hasta el 22 de diciembre de 2006 la compa��a no se inscribi� en la Seguridad Social y adem�s cuenta �nicamente con tres trabajadores, que fueron dados de alta el 28 de diciembre de ese mismo a�o.

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El presidente de UFC S.A. es el empresario leon�s Jos� Luis Ulibarri, muy cercano al PP. Su hombre de confianza y socio en numerosos negocios es Miguel Hern�n Manovel Garc�a, casado con la hermana del hasta ahora portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique L�pez y candidato ahora por el PP para el Tribunal Constitucional, junto a Francisco Jos� Hernando, ex presidente del Tribunal Supremo y del CGPJ.

Tambi�n en Ponferrada
La empresa fantasma de Ulibarri no s�lo consigui� de la mano de un alcalde del PP la contrata de Boadilla. Algo similar sucedi� en Ponferrada (Le�n), cuando UFC consigui� una adjudicaci�n de suelo p�blico para la construcci�n de 626 viviendas. Tal y como revel� El Plural, el alcalde, Carlos L�pez Riesco, y otros cinco consejeros de la empresa municipal del suelo de la localidad, fueron imputados por un presunto delito de prevaricaci�n por ceder suelo p�blico a una empresa de construcci�n que no se encontraba inscrita en el r�gimen de la Seguridad Social.

Magnate de la Comunicaci�n
Pero Ulibarri no es s�lo un magnate de la construcci�n. Tiene tambi�n intereses en medios de comunicaci�n. En este sentido, cabe destacar que es accionista de El Semanal Digital, posee un 20 por ciento de Punto Radio, participa en las televisiones locales de Le�n y de Castilla y Le�n y es el propietario del Diario de Soria, el Correo de Burgos y del Diario de Le�n. Adem�s mantiene diversos acuerdos con El Mundo de Pedro J. Ram�rez para la explotaci�n de estas cabeceras.

Beneficiado en la Comunidad Valenciana
En la Comunidad Valenciana tambi�n se vio beneficiado por la administraci�n del PP al obtener la concesi�n para la construcci�n del hospital de Ll�ria, cuenta all� con 13 licencias de televisi�n digital terrestre (TDT) y recientemente se ha hecho con la televisi�n local de Valencia. Ulibarri es el presidente la empresa mercantil Mediamed Comunicaci�n Digital, cuyo proyecto audiovisual fue presentado con el aval de Francisco Camps. Tambi�n le otorgaron 7 emisoras de radio. La relaci�n del magnate con Camps y la plana mayor valenciana le fue facilitada especialmente por el director-editor de El Semanal Digital, Antonio Mart�n Beumont, antiguo presidente de las Nuevas Generaciones del PP a escala nacional.

Buenas relaciones peperas
Sus buenas relaciones con el PP son evidentes y prueba de ello es la presencia en la boda de su hija de �lo m�s granado� del partido en Castilla y Le�n, seg�n revel� Extradigital. All� estuvieron Juan Vicente Herrera, (Presidente de la Junta de Castilla y Le�n, PP), Silvia Clemente (Consejera de Cultura de la Junta de Castilla y Le�n, PP), Antonio Villanueva (Consejero de Econom�a de la Junta de Castilla y Le�n, PP), Antonio Silv�n (Consejero de la Junta de Castilla y Le�n, PP), Jes�s Merino (Ex consejero de Fomento de la Junta de Castilla y Le�n, PP), Isabel Carrasco (Presidenta de la Diputaci�n de Le�n y procuradora en la Cortes castellano leonesas, PP), Juan-Jos� Lucas (Ex presidente de la Junta de Castilla y Le�n y Ex Ministro de Aznar, PP), Alberto L�pez Riesco (Alcalde de Ponferrada. PP), adem�s de Alfredo Prada (Consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, PP), Sigfrido Herr�ez (Concejal de Vivienda de la Comunidad de Madrid), Le�n de la Riva (Alcalde de Valladolid, PP) o Eduardo Fern�ndez (Delegado Territorial de la Junta de Castilla y Le�n, PP), entre otros.

www.elplural.com 27.09.08

Una empresa fantasma del empresario Jos� Lu�s Ulibarri obtuvo numerosas concesiones en Castilla y Le�n

El pasado 19 de abril, el constructor y propietario de medos de comunicaci�n, Jos� Lu�s Ulibarri, result� premiado por la Federaci�n de Asociaciones de Radio y Televisiones de Espa�a, que preside el periodista radiof�nico Lu�s del Olmo, con el �Micr�fono de Oro� a la comunicaci�n. El flamante galardonado es propietario del Diario de Le�n, Diario de Soria, Televisi�n Ponferrada, Retecal, accionista de Punto Radio y gran amigo personal de popular periodista.

Dentro del Partido Popular, a Jos� Lu�s Ulibarri se le considera �ntimamente ligado al Clan de Valladolid. Pese a su poder medi�tico, su verdadero poder�o radica en sus numerosas empresas de construcci�n, alguna de ellas fantasma como documenta hoy extraconfidencial.com, con la que result� adjudicatario de numerosas obras p�blicas, parcelas, infraestructuras, servicios y contratas (algunas de limpieza p�blica como Seralia), cuando se encontraba legalmente inhabilitado para ello y carec�a de capacidad para contratar con las administraciones publicas.

El esc�ndalo estall� tras una denuncia formulada por Alternativa por Boadilla (Partido de los Independientes de Boadilla), liderado por el conocido como �Concejal Fiscal de Madrid� �ngel Galindo. En este municipio madrile�o, el Ayuntamiento adjudic� a UFC -su empresa fantasma- a finales de octubre de 2005, unas obras, tras comprometerse a ejecutarlas en 12 meses. Casi tres a�os despu�s, a�n no han sido concluidas.
Extraconfidencial.com habl� con Jos� u�s Ulibarri, quien tach� todas estas acusaciones de falsas, asegurando que nunca ha tenido problemas ni actuado de forma ilegal.

Antecedentes como aparejador de Teconsa

Ulibarri fue primero aparejador de Teconsa, el principal grupo constructor de Castilla y Le�n, donde trabaj� durante muchos a�os a las �rdenes del empresario Jos� Lu�s Mart�nez N��ez, cuyas empresas �ltimamente tambi�n se han diversificado. Toda su estrategia empresarial la aprendi� en esta etapa, siendo �sta actualmente objetivo de su m�xima competencia.

Desde entonces, este empresario medi�tico y constructor, ha seguido escrupulosamente el modelo de Mart�nez N��ez: comprar medios de comunicaci�n para ganarse apoyos pol�ticos influyentes -sobre todo del Partido Popular-, presionando en la opini�n p�blica.

Entre sus amigos est� Sigfrido Herr�ez -antiguo Concejal del Vivienda del PP de Madrid- con cuya esposa tiene una sociedad constructora. Su grupo de empresas, Construcciones Begar S.A., est� en Valladolid. Hace escasas fechas el Diario Palentino public� que Le�n de la Riva, Alcalde de Valladolid, visitaba en numerosas ocasiones y disfrutaba en el barco de recreo de Jos� Lu�s Ulibarri.

Una de sus operaciones m�s turbias fue en Ponferrada. Precisamente, en La Rosaleda, donde oper� a trav�s de la empresa �fantasma� UFC S.A. en un �concurso simulado� donde obtuvo casi todas las parcelas. El pliego de condiciones de esta licitaci�n fue anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y Le�n. Fue precisamente en esta ciudad leonesa donde Jos� Lu�s Ulibarri recibi� hace diez d�as el �micr�fono de oro� a la comunicaci�n.

Tan flamante galardonado, vinculado en el PP al Clan de Valladolid, fue �cazado in fraganti� en el municipio madrile�o de Boadilla del Monte, donde apareci� nuevamente con UFC S.A. Cuando el Ayuntamiento solicit� certificaci�n oficial, result� que no ten�a trabajadores ni estaba inscrita en la Seguridad Social, como consta en el documento que hoy reproduce extraconfidencial.com. Era una empresa "fantasma". Tirando del hilo se supo que todas las concesiones de diferentes administraciones p�blicas recibidas anteriormente a trav�s de esta empresa, eran nulas de pleno derecho. Miles de viviendas, contratos de construcci�n de obras, etc� adjudicadas a una sociedad sin trabajadores. Y siempre los gobernantes muy cerca del Partido Popular.

En Boadilla, una licitacion inferior

Precisamente, en este municipio madrile�o Ulibarri pag� cuatro millones de euros menos que los dem�s licitadores y pese a haber incumplido el plazo, el Ayuntamiento presidido por el edil del PP Arturo Gonz�lez Panero a�n no ha resuelto este contrato, ni adjudicado al siguiente licitador. De este modo, Boadilla ha perdido esta importante cantidad porque el plazo ofertado por UFC para construir 340 plazas de aparcamiento y 139 viviendas en 7 bloques, fue de 12 meses. Imposible para unas obras de esta �ndole. Casi tres a�os despu�s a�n no han sido concluidas.

Jos� Lu�s Ulibarri asegur� a extraconfidencial.com sobre su empresa que �UFC S.A. es una sociedad participada 100% por Begar y ha actuado hasta ahora con una legalidad absoluta y no ha tenido nunca ning�n problema. UFC no estuvo dada de alta en la Seguridad Social hace tiempo porque no ten�a trabajadores. Pero ahora hemos cambiado nuestra actuaci�n y como tenemos alguna compra de suelo en concursos de las administraciones p�blicas, hemos tenido que darla�.

El empresario vallisoletano recalc� a nuestro peri�dico que �todo esto viene de Boadilla del Monte donde hace tiempo hubo una denuncia, que yo sepa est� archivada. Y no hemos tenido nunca ning�n problema ni esperamos tenerlo. Todas las informaciones que me est� trasladando son falsas�.
No obstante, el documento que reproduce extraconfidencial.com contradice al constructor. Antes de Noviembre de 2006 en que UFC caus� alta en la Seguridad Social, la empresa de Jos� Lu�s Ulibarri obtuvo concesiones p�blicas para miles de viviendas en Castilla y Le�n -Ponferrada- Operaci�n La Rosaleda, Zamora, Valladolid, Le�n, Boadilla del Monte, etc-. Adem�s, actualmente UFC S.A. construye tambi�n en los Altos del Bernesga m�s de 700 viviendas y campo de golf. En todas estos municipios gobierna el Partido Popular.

J. J. Miravete

http://www.extraconfidencial.com/articulos.asp?idarticulo=823

'Caso Ulibarri': seis ediles del PP de Ponferrada acusados por un posible delito de prevaricaci�n

El �caso UFC� ha cogido cuerpo. Tanto que, para dotarle de la justa dimensi�n, ha sido rebautizado ya como �caso Ulibarri�, en referencia al constructor y editor de medios leon�s propietario de la promotora en cuesti�n, implicada en un asunto de posibles adjudicaciones irregulares en la localidad berciana de Ponferrada, de donde es natural el empresario.

La semana pasada, el Juzgado n�mero 2 de Ponferrada dict� auto de admisi�n a tr�mite de la querella presentada por el abogado �ngel Galindo en representaci�n de varias fuerzas pol�ticas locales (Izquierda Unida, Partido de Bierzo, MAAS, Alternativa Comarcal Democr�tica y la Federaci�n de Asociaciones de Vecinos de El Bierzo) contra seis ediles del Partido Popular por posible delito de prevaricaci�n.

Entre los acusados se encuentran el actual alcalde de Ponferrada, Carlos L�pez Riesco, y el teniente de alcalde y concejal de Urbanismo, Juan Elicio Fierro, por su actuaci�n como m�ximos responsables de la sociedad municipal Pongesur (Ponferrada Gesti�n Urban�stica) en un proceso de adjudicaci�n de viviendas en el que particip� el constructor Jos� Luis Ulibarri (Grupo Begar).

Algo similar ya ocurri� en la localidad madrile�a de Boadilla del Monte, donde UFC result� ganador de un concurso con una oferta m�s barata (35 millones), con un plazo de ejecuci�n inasumible (doce meses desde la adjudicaci�n) y, como luego se denunci�, por pujar bajo la cabecera de una sociedad instrumental (propiedad de Begar) que no estaba registrada en la Seguridad Social.

En aquella ocasi�n, Ulibarri se impuso a otro constructor y editor de medios, el tambi�n leon�s Jos� Mart�nez N��ez. Sin embargo, aquella derrota sirvi� para que el diario La Cr�nica de Le�n (propiedad del derrotado) se hiciera eco de las posibles irregularidades, un modelo extrapolable al resto de concursos donde su rival ha obtenido concesiones bajo la marca UFC.

Prensa, ladrillos y pol�tica

Ese ha sido el caso de Ponferrada, donde adem�s confluyen otras circunstancias. Se da el caso de que Ulibarri, a trav�s de UFC, obtuvo 539 viviendas de un total de 5.000. Sin embargo, siete meses despu�s, la promotora pose�a terrenos para edificar 1.400, despu�s de que otros de los adjudicatarios, algunos de ellos socios del editor en algunos de sus negocios, vendieran sus parcelas. �Falsa concurrencia?

La proximidad de las elecciones municipales ha hecho de este caso una de las principales punta de lanza contra el Partido Popular de El Bierzo, con el �caso UFC� como bander�n de enganche. Precisamente, en este contexto se enmarca la reciente compra del principal peri�dico de la provincia -El Diario de Le�n- por parte del propio Ulibarri. Los medios, el ladrillo y la pol�tica juntos y bien revueltos.

www.elconfidencial 21.03.07

El alcalde de Valladolid presume de amistad con Ulibarri, presidente de BEGAR, adjudicatario de las obras del nuevo Servicio de Limpieza a pesar de presentar la oferta m�s cara

En el diario El D�a Valladolid del pasado 5 de julio de 2006 el regidor vallisoletano presum�a de su amistad con Jose Luis Uribarri Cormenzana, presidente del Grupo BEGAR.

De la Riva pasa parte de sus vacaciones estivales en el yate de �mi amigo� Jos� Luis Ulibarri.

El Ayuntamiento adjudica el proyecto y ejecuci�n de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpieza en el Pol�gono de San Crist�bal a la empresa BEGAR (que dirige Uribarri) por 5,4 millones de euros, a pesar de ser la oferta m�s cara de las cuatro presentadas.

Tambi�n le asign� la rehabilitaci�n de la Casa Col�n, consider�ndose como prioritaria en la adjudicaci�n la fecha de entrega, que luego se incumpli� por la empresa.

Ulibarri: las adjudicaciones al Grupo BEGAR que escandalizan

De socio a adjudicatario. De socio referente en Caja Espa�a con Retecal a adjudicatario de servicios

Las influencias del empresario leon�s Jos� Luis Ulibarri, presidente del Grupo Begar, le han permitido obtener dos contratos millonarios en Caja Espa�a por un importe superior a los 6,8 millones al recaer en sus sociedades los contratos de seguridad y el servicio de limpieza.

Amparado hist�ricamente por el tr�nsfuga de la UPL y miembro del consejo de administraci�n de Caja Espa�a, Jos� Mar�a Rodr�guez de Francisco, el presidente de Begar ha pasado de ser socio de referencia de la entidad financiera en la empresa Retecal a ser uno de los principales adjudicatarios de sus servicios externos.

La desastrosa gesti�n de Ulibarri al frente de Retecal, que llev� a sus socios Hidrocant�brico y Caja Espa�a a una situaci�n econ�mica insostenible al borde de la quiebra, ha sido recompensada con dos contratos que posiblemente en unos meses no se podr�an haber rubricado al perder el tr�nsfuga de la UPL su hegemon�a en la entidad con la entrada del nuevo presidente.

El pen�ltimo cap�tulo de la caja vuelve a tener a Jos� Luis Ulibarri como protagonista. Hace apenas tres meses, y ya con el nombre de Santos Llamas como candidato de consenso para presidir Caja Espa�a, el consejo de administraci�n adjudic� a la empresa Athena Seguridad (2,7 millones) y Seralia (4,1 millones de euros), ambas de Ulibarri, los contratos de seguridad y servicio de limpieza.

Sin embargo, la adjudicaci�n del contrato de seguridad vino precedida por un informe de una consultora que aconsejaba al Grupo Eulen, empresa que hasta este a�o ven�a realizando los servicios, como primera opci�n para la renovaci�n del mismo. Eulen present� una oferta econ�mica superior (100.000 euros), pero contaba a su favor que hab�a desarrollado de forma positiva el trabajo en a�os anteriores y cumpl�a el requisito de poseer oficinas propias en las ciudades en las que Caja Espa�a tuviese sedes para depositar en sus cajas fuertes las llaves de las oficinas de la entidad financiera. Athena Seguridad carece de delegaciones en un buen n�mero de provincias en las que desarrolla su actividad Caja Espa�a por lo que ha tenido que subcontratar el servicio.

Y en buena medida ha ocurrido igual con el servicio de limpieza que ha reca�do mayoritariamente en la empresa Seralia, sociedad propiedad de Jos� Luis Ulibarri.

Tambi�n en Valladolid

Las estrechas y p�blicas relaciones de amistad entre el presidente de Begar y el alcalde de Valladolid, Javier Le�n de la Riva, tambi�n han permitido a este leon�s obtener frutos empresariales. El �ltimo: la adjudicaci�n del proyecto y la ejecuci�n de las obras de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpieza en el Pol�gono de San Crist�bal por 5,4 millones, a pesar de ser la oferta m�s cara de las cuatro presentadas.

Pero anteriormente a esta adjudicaci�n, el Grupo Begar tuvo que ejecutar las obras de rehabilitaci�n de la Casa de Col�n. La sociedad que preside Ulibarri fue una de las tres empresas que concurri� a la construcci�n del nuevo edificio. Para el fallo de la licitaci�n, el Consistorio consider� en el pliego de condiciones como punto principal �la fecha de entrega�, aspecto �ste que permiti� al Grupo Begar obtener la obra, pero que posteriormente no cumpli�, ya que no lleg� en fecha. Pese a ello ingres� 1,5 millones de euros.

Sin embargo, los favores en la ejecuci�n de la rehabilitaci�n de la Casa de Col�n no concluyeron con la no sanci�n por parte del equipo de Gobierno. Begar nuevamente result� beneficiada al recibir el encargo de rehabilitar la antigua Casa de Col�n (934.397 euros) gracias a la ampliaci�n de las actividades previstas en el pliego de condiciones del concurso que hab�a ganado. Fue una decisi�n del propio Le�n de la Riva, al aprovechar la proximidad entre las dos obras para, con un solo concurso, conceder en la pr�ctica la ejecuci�n de ambas a la misma empresa; c�mo no, Begar, la compa��a de Jos� Luis Ulibarri.

Madrid

Las alianzas de Ulibarri en Madrid se centran en la figura del ex concejal de Vivienda del PP del Ayuntamiento Sigfrido Herr�ez, que abandon� el Consistorio de la capital para fichar una semana m�s tarde como vicepresidente en la constructora Rayet. Sorprendentemente, Rayet est� ejecutando los dos proyectos m�s emblem�ticos en el Ensanche de Vallecas, una zona que fue directamente administrada por Herr�ez como concejal meses antes de su salida del equipo de Gobierno. Pero ah� no terminan las casualidades. La esposa del ex edil logr� la adjudicaci�n de las obras y la gesti�n del nuevo hospital de Vallecas y en el Consorcio que result� agraciado en la licitaci�n aparece, curiosamente, como principal socio de �sta Ulibarri, ocupando adem�s uno de los puestos directivos m�s importantes del mismo.

Valencia

Por su parte, en Valencia su alianza con el empresario de la comunicaci�n y ex de Nuevas Generaciones Antonio Mart�n Beaumont le ha permitido conseguir agrupar en la sociedad Mediamed Comunicaci�n Digital a seis de las adjudicaciones de licencias de Televisi�n Digital Terrestre de la Comunidad Valenciana, convirti�ndose as� indirectamente, y por la puerta de atr�s, en uno de los empresarios medi�ticos con mayor peso de esta regi�n. Sin embargo, sus intereses tambi�n est�n en otras regiones del Levante y este diario pronto hablar� tambi�n de Murcia.

Confidenciales y otros

Ulibarri ha creado una red de desprestigio a trav�s de confidenciales que desde el anonimato atacan a empresarios y pol�ticos que denuncian sus particulares actuaciones. Otro ejemplo de estos procederes es Joaqu�n S�nchez Torn�, actual director de un rotativo en la ciudad de Burgos propiedad del empresario leon�s Jos� Luis Ulibarri.

De vacaciones estivales en el yate de �mi amigo� Jos� Luis Ulibarri

El regidor vallisoletano [Javier Le�n de la Riva] presume de amistad con Jos� Luis Ulibarri. Tal es esa relaci�n que el alcalde no duda en compartir con el constructor jornadas festivas a bordo del yate que el empresario posee. Esa estrecha vinculaci�n tambi�n es constatable en las numerosas �consultas� que no duda en realizar a Jos� Luis Ulibarri en cuestiones que afectan a muchas de sus decisiones p�blicas.

As�, entre sus grandes preocupaciones por mejorar la calidad de vida de los vallisoletanos, Le�n de la Riva no dud� en ser uno de los pocos alcaldes de Castilla y Le�n en solicitar una licencia de Televisi�n Digital Terrestre (TDT) para su municipio.

Al desconocer el funcionamiento del medio, el alcalde no dud� en invitar a su amigo Jos� Luis Ulibarri en uno de sus m�ltiples encuentros de mesa y mantel a que le elaborase un informe a �su medida� para que el regidor supiese qu� pasos deber�a acometer para gestionar o adjudicar una televisi�n local.

De esta manera, el primer edil podr� tener a su disposici�n dos cadenas de �Televisi�n De la Riva Total� municipales (TDT), una la de su amigo Jos� Luis Ulibarri y la otra la que gestionar�a directamente el alcalde de Valladolid.

Los favores al Grupo Begar no se centran exclusivamente en las adjudicaciones de obra hechas casi a la medida, sino que tambi�n est�n presentes, d�a a d�a, en el canal de televisi�n de Jos� Luis Ulibarri, pues bien sabe que en Valladolid es el pol�tico que manda.

�nico beneficiario del desastre de su gesti�n en Retecal

La aventura de Jos� Luis Ulibarri junto a Hidrocant�brico y Caja Espa�a en Retecal fue la plataforma desde la que este empresario dio su particular salto a los medios de comunicaci�n. La necesidad de crear una empresa regional de telecomunicaciones y la obligatoriedad impl�cita de crear una televisi�n bajo su tutela fue el camino aprovechado por el presidente de Begar para erigir su imperio medi�tico a bajo costo. Su desastrosa gesti�n al frente de Retecal llev� a sus socios a una situaci�n econ�mica insostenible que hizo imposible la continuidad en esta empresa del sector de las telecomunicaciones. Esta situaci�n, sin embargo, no fue �bice para que Ulibarri continuara benefici�ndose de sus alianzas y de ese modo seguir dise�ando una televisi�n a su medida bajo el amparo de la gran matriz. Mientras Retecal continuaba su lenta agon�a, Jos� Luis Ulibarri aprovech� el apoyo institucional y el reparto de licencias de Frecuencias Modulada en el que result� favorecido para continuar haci�ndose un hueco en los medios de comunicaci�n de Castilla y Le�n. Mientras sus socios buscaban una salida a la indefendible situaci�n de Retecal, Ulibarri dise�aba, financiaba y estructuraba su empresa audiovisual a trav�s de Retecal, cargando la parte al�cuota de los gastos a sus compa�eros de aventura. Los enfrentamientos con Caja Espa�a y con Hidrocant�bricos terminaron por hacer inviable la explotaci�n de la empresa de telecomunicaciones de Castilla y Le�n que finalmente tuvo que ser absorbida por una compa��a l�der en el sector como ONO y de ese modo poder garantizar su viabilidad. Durante este proceso de venta, el presidente de Televisi�n Castilla y Le�n aprovech� no para continuar con el negocio de las telecomunicaciones, sino para apropiarse a precio de saldo de la televisi�n que �l mismo hab�a gestado en el seno de la ahora transferida Retecal.

Fuente: El D�a de Valladolid, 05-07-2006.

Acuerdos adoptados por la Junta de Gobierno de Valladolid en su reuni�n del 23 de junio de 2006:

El Ayuntamiento adjudica a Begar la construcci�n de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpiezas en el Pol�gono de San Crist�bal, por un importe de 5,4 millones de euros

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Valladolid, reunida esta ma�ana en sesi�n ordinaria, ha abordado los asuntos que figuran a continuaci�n dentro del orden del d�a.

Dentro de los asuntos del �rea de Medio Ambiente, el �rgano de gobierno ha acordado adjudicar a la empresa Begar, S.A. el contrato referente a la redacci�n del proyecto y ejecuci�n de las obras de construcci�n de la nueva sede del Servicio de Limpieza del Ayuntamiento de Valladolid, que se ubicar� en el Pol�gono de San Crist�bal. La cuant�a del contrato asciende a 5.427.322 euros.

Esta cifra se materializar� a lo largo de los a�os 2006 y 2007, mientras dure la ejecuci�n de las instalaciones, que ocupar�n una parcela de 13.000 metros cuadrados situados en la calle Plomo, esquina con Topacio. Seg�n las previsiones, el complejo tendr� una nave garaje de 6.000 metros cuadrados construidos con capacidad para 150 veh�culos; un taller de 2.000 metros cuadrados, y un edificio de oficinas, de dos alturas con unos 1.500 metros cuadrados construidos.

El traslado de las dependencias desde su actual ubicaci�n en la calle Mieses (Huerta del Rey) hasta el Pol�gono de San Crist�bal es un compromiso adquirido por el equipo de gobierno con los vecinos de la zona, quienes ven�an demandando la desaparici�n de las instalaciones, al hallarse completamente rodeadas de viviendas. En principio, el traslado estar� culminado en el plazo de dos a�os.

Entre la propuestas aportadas por el proyecto de Begar hay que citar la creaci�n de un punto limpio en el espacio ahora ocupado por el Servicio de Limpieza, que dar� servicio a los ciudadanos.

Fuente: Ayuntamiento de Valladolid.

Jos� Luis Ulibarri ya es, oficialmente, nuevo presidente del Diario de Le�n

La plantilla asume con mucho recelo el cambio en la presidencia ante su pol�tica laboral "de contenci�n"

"El empresario leon�s Jos� Luis Ulibarri ha asumido la presidencia del Diario de Le�n tras la celebraci�n de la Junta General de Accionistas y el nombramiento del nuevo Consejo de Administraci�n. En el transcurso de la reuni�n ordinaria de la Junta General, presidida por el hasta ese momento presidente del rotativo, Santiago Rey Fern�ndez-Latorre, presentaron su dimisi�n los antiguos consejeros y a continuaci�n se dio a conocer la composici�n del nuevo Consejo, integrado por las siguientes personas: Presidente, Jos� Luis Ulibarri Cormenzana; consejero delegado, Miguel Manovel Garc�a; vocales, Adriana Ulibarri Fern�ndez y Mar�a Jes�s Garc�a de la Calle; secretario no consejero, Arturo Cort�s de la Cruz. Ulibarri adquiri� el Diario de Le�n el pasado d�a 5 de marzo, a trav�s de la empresa Begar. Cumplidos los tr�mites administrativos legales de tiempo y forma, ayer tuvo lugar el traspaso de poderes y de representaci�n".
Este comunicado, pubicado en el Diario de Le�n en su edici�n de hoy, da oficialidad al cambio de propiedad en el centenario rotativo leon�s. La renovaci�n del consejo, al contrario de lo exteriorizado de forma p�blica, ha provocado una profunda "preocupaci�n dentro de la plantilla" del diario, seg�n han asegurado hoy mismo algunos de sus redactores. Estos advierten que los "antecedentes no son buenos" destacando la pol�tica laboral de "contenci�n" de la que siempre ha hecho gala el empresario de la construcci�n en sus medios de comunicaci�n (en los que priman las rotaciones de personal, los sueldos 'a la baja' y la eventualidad laboral).

http://lahoraleonesa.blogspot.com/2007/04/jos-luis-ulibarri-ya-es-oficialmente.html

Jos� Luis Ulibarri, �negocios bajo sospecha?

Jos� Luis Ulibarri, presidente del grupo Begar, podr�a haber obtenido dos adjudicaciones de Caja Espa�a (de seguridad y limpieza) que se realizaron por concurso gracias a sus influencias, siempre seg�n denunci� ayer el grupo de comunicaci�n Promecal.

Se trata de sendos contratos adjudicados a las compa��as Athena Seguridad y Seralia, ambas pertenecientes al grupo del empresario leon�s.

En este caso, y seg�n relata el mencionado grupo empresarial, el consejo de administraci�n de la entidad de ahorro adjudic� hace apenas tres meses la seguridad por 2,7 millones y la limpieza de las sedes por 4,1 millones a las compa��as de Ulibarri.

La adjudicaci�n vino precedida por un informe que encarg� la entidad financiera a una consultora. Curiosamente, en este texto se aconsejaba a otra empresa como responsable de la seguridad, la que ven�a realizando la labor hasta este momento.

Se trataba del Grupo Eulen, cuya oferta era 100.000 euros superior, pero ten�a a su favor varios factores. Para empezar hab�a desarrollado de forma satisfactoria ya esta funci�n. Para seguir, cumpl�a el requisito de poseer oficinas propias en las ciudades en las que la Caja tiene sedes, imprescindible por ley.

La compa��a del empresario leon�s, en cambio, no las tiene, por lo que, siempre seg�n la versi�n del citado grupo de comunicaci�n, se ha visto obligada a subcontratar dicho servicio a otra compa��a. Otro tanto ha sucedido con la adjudicaci�n que se ha llevado la compa��a Seralia, tambi�n perteneciente al grupo Begar, que limpiar� la mayor�a de sedes de Caja Espa�a.

Este no es el primer caso en el que una adjudicaci�n al grupo de Ulibarri ha llegado hasta los medios de comunicaci�n por su relaci�n de amistad con el adjudicatario o los fallos en la gesti�n.

En lo referente a las adjudicaciones de seguridad y limpieza de Caja Espa�a, el rotativo del grupo editorial Promecal se�ala directamente a su �ntima relaci�n de amistad con el concejal no adscrito Jos� Mar�a Rodr�guez de Francisco, que hasta la pr�xima asamblea de la entidad financiera contin�a siendo miembro de su Consejo de Administraci�n.

Otra de las adjudicaciones que se�ala el citado grupo es la �ltima que ha obtenido el empresario leon�s. Se trata de la del proyecto y la ejecuci�n de las obras de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpieza en el Pol�gono de San Crist�bal por un total de 5,4 millones de euros, lo que produce extra�eza dado que la oferta presentada por Begar era en este caso la m�s cara. De hecho, superaba en un total de 300.000 euros la oferta de la siguiente concursante, Acciona, y en casi 900.000 a la m�s barata, en este caso Indeza.

La decisi�n de dar al grupo de Ulibarri la adjudicaci�n estaba basada en criterios est�ticos, pero tambi�n de funcionalidad, calidad de los materiales y del proyecto, seg�n explica el citado grupo.

Otra adjudicaci�n bajo sospecha, seg�n el grupo Promecal, es la de la Casa de Col�n. En esta caso concurr�an tres empresas en total, pero Ulibarri consigui� ser el que realizase las obras porque el Consistorio decidi� que el punto que m�s deb�a valorarse a la hora de calificar los proyectos presentados era �la fecha de entrega�. La adjudicaci�n estaba dotada con 1,5 millones de euros y se da la circunstancia de que no lleg� a finalizarla a tiempo.

En lugar de imponerle la pertinente sanci�n por incumplimiento de la fecha prevista, en este caso la compa��a de Ulibarri result� beneficiada con el encargo de la ampliaci�n de actividades prevista en el pliego de condiciones del concurso. Es decir, que incumpli� las condiciones y se llev� una ampliaci�n del mismo proyecto por valor de 934.397 euros, seg�n los medios del grupo Promecal.

El presidente del Grupo Begar tambi�n aprovech� su red de amistades para introducirse en el mundo de los medios de comunicaci�n por medio de la plataforma Retecal. Junto a Hidrocant�brico y Caja Espa�a, Ulibarri cre� la plataforma y su gesti�n al frente de la misma la condujo a una lenta agon�a. A�n as�, se le se�ala como el �nico ganador del hundimiento, ya que mientras sus socios luchaban por salir bien parados, el empresario leon�s result� agraciado con una serie de licencias de Frecuencia Modulada, cargando la parte proporcional a los socios de Retecal. Los cont�nuos enfrentamientos con Caja Espa�a e Hidrocant�bricos obligaron a vender el ente, y Ulibarri aprovech� para adquirir en propiedad una tele a precio �de saldo�, seg�n Promecal.

La rehabilitaci�n de este complejo de 706 viviendas tambi�n ha suscitado las cr�ticas. El proyecto, adjudicado a la compa��a de Ulibarri por un montante total de 4,5 millones de euros fue comenzada en octubre de 2004 y preve�a un plazo de ejecuci�n m�ximo de 25 meses. Adem�s de la disconformidad de los vecinos de Burgos, las cr�ticas vienen dadas por el hecho de que no las va a terminar a tiempo de cumplir el plazo.

Tambi�n en Valencia parece tener amigos el pol�mico empresario. Y entre ellos, se destaca su relaci�n con el ex ministro de Justicia, Jos� Mar�a Michavila, y con el empresario de la comunicaci�n, Antonio Mart�n Beaumont, con el que ha agrupado en la sociedad Mediamed Comunicaci�n Digital, seis de los adjudicatarios de licencias de TDT en esta comunidad. Dicha empresa no tiene ninguna Televisi�n Digital Terrestre de manera directa, pero s� a trav�s de sus firmas asociadas.

http://www.limpieza.com/noticias_n/noticias.asp?noticias=2532

Ulibarri: las adjudicaciones al Grupo Begar que escandalizan. De socio a adjudicatario. De socio referente en Caja Espa�a con Retecal a adjudicatario de servicios

Las influencias del empresario leon�s Jos� Luis Ulibarri, presidente del Grupo Begar, le han permitido obtener dos contratos millonarios en Caja Espa�a por un importe superior a los 6,8 millones al recaer en sus sociedades los contratos de seguridad y el servicio de limpieza.

Amparado hist�ricamente por el tr�nsfuga de la UPL y miembro del consejo de administraci�n de Caja Espa�a, Jos� Mar�a Rodr�guez de Francisco, el presidente de Begar ha pasado de ser socio de referencia de la entidad financiera en la empresa Retecal a ser uno de los principales adjudicatarios de sus servicios externos.

La desastrosa gesti�n de Ulibarri al frente de Retecal, que llev� a sus socios Hidrocant�brico y Caja Espa�a a una situaci�n econ�mica insostenible al borde de la quiebra, ha sido recompensada con dos contratos que posiblemente en unos meses no se podr�an haber rubricado al perder el tr�nsfuga de la UPL su hegemon�a en la entidad con la entrada del nuevo presidente.

El pen�ltimo cap�tulo de la caja vuelve a tener a Jos� Luis Ulibarri como protagonista. Hace apenas tres meses, y ya con el nombre de Santos Llamas como candidato de consenso para presidir Caja Espa�a, el consejo de administraci�n adjudic� a la empresa Athena Seguridad (2,7 millones) y Seralia (4,1 millones de euros), ambas de Ulibarri, los contratos de seguridad y servicio de limpieza.

Sin embargo, la adjudicaci�n del contrato de seguridad vino precedida por un informe de una consultora que aconsejaba al Grupo Eulen, empresa que hasta este a�o ven�a realizando los servicios, como primera opci�n para la renovaci�n del mismo. Eulen present� una oferta econ�mica superior (100.000 euros), pero contaba a su favor que hab�a desarrollado de forma positiva el trabajo en a�os anteriores y cumpl�a el requisito de poseer oficinas propias en las ciudades en las que Caja Espa�a tuviese sedes para depositar en sus cajas fuertes las llaves de las oficinas de la entidad financiera. Athena Seguridad carece de delegaciones en un buen n�mero de provincias en las que desarrolla su actividad Caja Espa�a por lo que ha tenido que subcontratar el servicio.

Y en buena medida ha ocurrido igual con el servicio de limpieza que ha reca�do mayoritariamente en la empresa Seralia, sociedad propiedad de Jos� Luis Ulibarri.

Tambi�n en Valladolid. Las estrechas y p�blicas relaciones de amistad entre el presidente de Begar y el alcalde de Valladolid, Javier Le�n de la Riva, tambi�n han permitido a este leon�s obtener frutos empresariales. El �ltimo: la adjudicaci�n del proyecto y la ejecuci�n de las obras de las nuevas instalaciones del Servicio de Limpieza en el Pol�gono de San Crist�bal por 5,4 millones, a pesar de ser la oferta m�s cara de las cuatro presentadas.

Pero anteriormente a esta adjudicaci�n, el Grupo Begar tuvo que ejecutar las obras de rehabilitaci�n de la Casa de Col�n. La sociedad que preside Ulibarri fue una de las tres empresas que concurri� a la construcci�n del nuevo edificio. Para el fallo de la licitaci�n, el Consistorio consider� en el pliego de condiciones como punto principal �la fecha de entrega�, aspecto �ste que permiti� al Grupo Begar obtener la obra, pero que posteriormente no cumpli�, ya que no lleg� en fecha. Pese a ello ingres� 1,5 millones de euros.

Sin embargo, los favores en la ejecuci�n de la rehabilitaci�n de la Casa de Col�n no concluyeron con la no sanci�n por parte del equipo de Gobierno. Begar nuevamente result� beneficiada al recibir el encargo de rehabilitar la antigua Casa de Col�n (934.397 euros) gracias a la ampliaci�n de las actividades previstas en el pliego de condiciones del concurso que hab�a ganado. Fue una decisi�n del propio Le�n de la Riva, al aprovechar la proximidad entre las dos obras para, con un solo concurso, conceder en la pr�ctica la ejecuci�n de ambas a la misma empresa; c�mo no, Begar, la compa��a de Jos� Luis Ulibarri.

Madrid. Las alianzas de Ulibarri en Madrid se centran en la figura del ex concejal de Vivienda del PP del Ayuntamiento Sigfrido Herr�ez, que abandon� el Consistorio de la capital para fichar una semana m�s tarde como vicepresidente en la constructora Rayet. Sorprendentemente, Rayet est� ejecutando los dos proyectos m�s emblem�ticos en el Ensanche de Vallecas, una zona que fue directamente administrada por Herr�ez como concejal meses antes de su salida del equipo de Gobierno. Pero ah� no terminan las casualidades. La esposa del ex edil logr� la adjudicaci�n de las obras y la gesti�n del nuevo hospital de Vallecas y en el Consorcio que result� agraciado en la licitaci�n aparece, curiosamente, como principal socio de �sta Ulibarri, ocupando adem�s uno de los puestos directivos m�s importantes del mismo.

Valencia. Por su parte, en Valencia su alianza con el empresario de la comunicaci�n y ex de Nuevas Generaciones Antonio Mart�n Beaumont le ha permitido conseguir agrupar en la sociedad Mediamed Comunicaci�n Digital a seis de las adjudicaciones de licencias de Televisi�n Digital Terrestre de la Comunidad Valenciana, convirti�ndose as� indirectamente, y por la puerta de atr�s, en uno de los empresarios medi�ticos con mayor peso de esta regi�n. Sin embargo, sus intereses tambi�n est�n en otras regiones del Levante y este diario pronto hablar� tambi�n de Murcia.

Confidenciales y otros. Ulibarri ha creado una red de desprestigio a trav�s de confidenciales que desde el anonimato atacan a empresarios y pol�ticos que denuncian sus particulares actuaciones. Otro ejemplo de estos procederes es Joaqu�n S�nchez Torn�, actual director de un rotativo en la ciudad de Burgos propiedad del empresario leon�s Jos� Luis Ulibarri.

De vacaciones estivales en el yate de �mi amigo� Jos� Luis Ulibarri

El regidor vallisoletano presume de amistad con Jos� Luis Ulibarri. Tal es esa relaci�n que el alcalde no duda en compartir con el constructor jornadas festivas a bordo del yate que el empresario posee. Esa estrecha vinculaci�n tambi�n es constatable en las numerosas �consultas� que no duda en realizar a Jos� Luis Ulibarri en cuestiones que afectan a muchas de sus decisiones p�blicas.

As�, entre sus grandes preocupaciones por mejorar la calidad de vida de los vallisoletanos, Le�n de la Riva no dud� en ser uno de los pocos alcaldes de Castilla y Le�n en solicitar una licencia de Televisi�n Digital Terrestre (TDT) para su municipio.

Al desconocer el funcionamiento del medio, el alcalde no dud� en invitar a su amigo Jos� Luis Ulibarri en uno de sus m�ltiples encuentros de mesa y mantel a que le elaborase un informe a �su medida� para que el regidor supiese qu� pasos deber�a acometer para gestionar o adjudicar una televisi�n local.

De esta manera, el primer edil podr� tener a su disposici�n dos cadenas de �Televisi�n De la Riva Total� municipales (TDT), una la de su amigo Jos� Luis Ulibarri y la otra la que gestionar�a directamente el alcalde de Valladolid.

Los favores al Grupo Begar no se centran exclusivamente en las adjudicaciones de obra hechas casi a la medida, sino que tambi�n est�n presentes, d�a a d�a, en el canal de televisi�n de Jos� Luis Ulibarri, pues bien sabe que en Valladolid es el pol�tico que manda.

�nico beneficiario del desastre de su gesti�n en Retecal

La aventura de Jos� Luis Ulibarri junto a Hidrocant�brico y Caja Espa�a en Retecal fue la plataforma desde la que este empresario dio su particular salto a los medios de comunicaci�n. La necesidad de crear una empresa regional de telecomunicaciones y la obligatoriedad impl�cita de crear una televisi�n bajo su tutela fue el camino aprovechado por el presidente de Begar para erigir su imperio medi�tico a bajo costo. Su desastrosa gesti�n al frente de Retecal llev� a sus socios a una situaci�n econ�mica insostenible que hizo imposible la continuidad en esta empresa del sector de las telecomunicaciones. Esta situaci�n, sin embargo, no fue �bice para que Ulibarri continuara benefici�ndose de sus alianzas y de ese modo seguir dise�ando una televisi�n a su medida bajo el amparo de la gran matriz. Mientras Retecal continuaba su lenta agon�a, Jos� Luis Ulibarri aprovech� el apoyo institucional y el reparto de licencias de Frecuencias Modulada en el que result� favorecido para continuar haci�ndose un hueco en los medios de comunicaci�n de Castilla y Le�n. Mientras sus socios buscaban una salida a la indefendible situaci�n de Retecal, Ulibarri dise�aba, financiaba y estructuraba su empresa audiovisual a trav�s de Retecal, cargando la parte al�cuota de los gastos a sus compa�eros de aventura. Los enfrentamientos con Caja Espa�a y con Hidrocant�bricos terminaron por hacer inviable la explotaci�n de la empresa de telecomunicaciones de Castilla y Le�n que finalmente tuvo que ser absorbida por una compa��a l�der en el sector como ONO y de ese modo poder garantizar su viabilidad. Durante este proceso de venta, el presidente de Televisi�n Castilla y Le�n aprovech� no para continuar con el negocio de las telecomunicaciones, sino para apropiarse a precio de saldo de la televisi�n que �l mismo hab�a gestado en el seno de la ahora transferida Retecal.

Diario de Burgos

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