CASO GÜRTEL
CASO GÜRTEL
: PS CAJA B PP. REAPERTURA POR COHECHO
LAS NOTICIAS AL DÍA
03.08.21
LA AUDIENCIA NACIONAL DA POR FINALIZADA LA INVESTIGACIÓN DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
LA POLICÍA CERTIFICA SOBRECOSTES MILLONARIOS EN OBRAS BAJO SOSPECHA DE LA ERA AZNAR
HACIENDA DOCUMENTA EN PÚNICA UN AMAÑO DE 10 MILLONES CON LA OBRA DE UN CENTRO DEPORTIVO Y DE OCIO
LA POLICÍA ALERTA DE UN PARÓN EN SUS PESQUISAS SOBRE LA CAJA B DEL PP POR FALTA DE DOCUMENTOS
BÁRCENAS APUNTA AL COHECHO EN LA ERA DE AZNAR Y A LA CAJA B QUE USÓ AGUIRRE
UNA VEINTENA DE CONSTRUCTORES, DE NUEVO EN EL DISPARADERO DE LA CAJA B POR LA CONFESIÓN DE BÁRCENAS
EL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ SERÁ EL NUEVO TITULAR DEL JUZGADO QUE INVESTIGA LA CAJA B DEL PP
EL JUEZ PEDRAZ APRUEBA INVESTIGAR LOS 600 MILLONES EN OBRAS ADJUDICADAS POR EL GOBIERNO DE AZNAR
EL JUEZ DA LUZ VERDE A INVESTIGAR OTRO EXPEDIENTE DE 23 MILLONES DE LA ‘ERA AGUIRRE’ EN EL CASO DE LA CAJA B DEL PP
EL PP INTENTA REBAJAR EL JUICIO DE LA CAJA B REDUCIENDO A UNA LAS SEIS ACUSACIONES POPULARES
SIETE AÑOS EN BUSCA DEL COHECHO EN LA CAJA B DEL PP
FOMENTO Y LA COMUNIDAD DE MADRID AMAÑARON CONTRATOS A FAVOR DE UN DONANTE EN B DEL PP
EL JUEZ APUNTA A IGNACIO GONZÁLEZ TRAS REACTIVAR EL CASO DE LA CAJA B DEL PP NACIONAL
LA POLICÍA PIDE AL JUEZ RECABAR NUEVA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CAJA B DEL PP
LA AUDIENCIA NACIONAL DESCUBRE NUEVOS INDICIOS DE PAGOS EN NEGRO AL PP A CAMBIO DE ADJUDICACIONES
NUEVAS PRUEBAS DE LA CAJA B: 65.600 EUROS EN TRAJES PARA RAJOY, RATO, TRILLO Y CASCOS
LÓPEZ MADRID: "LLAMARÁ CATALÁ PARA QUE HICIÉRAMOS HUECO" EN EL AVE A UN DONANTE DEL PP
LA AUDIENCIA NACIONAL ENCARGADA DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' ESPERA JUZGAR LA PRESUNTA REFORMA 'EN B' DE LA SEDE DEL PP
EL CONSERVADOR FERMÍN ECHARRI, ÚLTIMA INCORPORACIÓN AL TRIBUNAL QUE JUZGARÁ LA CAJA B DEL PP
VÍA LIBRE PARA JUZGAR LA CAJA B DEL PP
LA AUDIENCIA PROTEGE A RICARDO COSTA ANTE LAS AMENAZAS RECIBIDAS POR COLABORAR
EL ‘NÚMERO DOS’ DE CAMPS APUNTA A GÉNOVA POR LA CAJA B
RICARDO COSTA DENUNCIA ANTE EL JUEZ AMENAZAS DESDE QUE HABLÓ DE LA CONTABILIDAD B EN EL PP
VICENTE COTINO SE NIEGA A DECLARAR EN LA CAUSA DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
EL JUEZ IMPUTA A VICENTE COTINO EN EL CASO DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
COSTA VOLVERÁ A 'CANTAR': EL JUEZ DE LA 'CAJA B' LE CITA PARA LOS PAPELES DE BÁRCENAS
EL JUEZ DISCREPANTE DE GÜRTEL REDACTARÁ LA SENTENCIA DE LA CAJA B DEL PP
UNA DE LAS ACUSACIONES PIDE AL JUEZ DE 'PAPELES DE BÁRCENAS' QUE INVESTIGUE SI EL PP INFLÓ EL CENSO DE AFILIADOS PARA BLANQUEAR DINERO
EL PP SE AFERRA A UNA LEY QUE REFORMÓ DESDE EL GOBIERNO PARA INTENTAR CERRAR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B
LA FISCALÍA SE OPONE A QUE LA AUDIENCIA NACIONAL PROLONGUE LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B DEL PP
EL JUEZ AMPLÍA LA INVESTIGACIÓN DE LA 'CAJA B' DEL PP HASTA 2020
EL PP SE AFERRA A UNA LEY QUE REFORMÓ DESDE EL GOBIERNO PARA INTENTAR CERRAR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B
LA HISTORIA OCULTA DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS
GUILLERMO ORTEGA Y LUIS VICENTE MORO INSISTEN EN EL CONTROL DE LAS ADJUDICACIONES DEL PP NACIONAL
EL JUEZ DE LA MATA INCORPORA AL ‘CASO BÁRCENAS’ LA CONFESIÓN DE COSTA CONTRA CAMPS
LA APARICIÓN DE DOS VERSIONES DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' SOBRE UN PAGO A RAJOY PONE EN ALERTA A LAS ACUSACIONES
BÁRCENAS MANIPULÓ SUS PAPELES Y SUPRIMIÓ UN PAGO DE 12.600 EUROS EN ‘B’ A RAJOY
IU PIDE INCORPORAR LA CONFESIÓN DE COSTA EN GÜRTEL AL CASO DE LA 'CAJA B' DEL PP
UNA EDIL DE GALLARDÓN OCULTÓ AL JUEZ QUE ADJUDICÓ UN CONTRATO DE 20 MILLONES A UN DONANTE DEL PP RECOMENDADO POR LAPUERTA
IU PIDE QUE DECLARE ESPERANZA AGUIRRE EN EL SUMARIO DE LA 'CAJA B' DEL PP
BÁRCENAS PIDE APARTAR DE LA CAJA B AL ÚNICO JUEZ QUE RESISTE EN EL TRIBUNAL QUE CITÓ A RAJOY
IGNACIO GONZÁLEZ AFIRMA QUE EL EXTESORERO LAPUERTA CONTROLABA LOS CONTRATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
FUEGO AMIGO EN EL PP: IGNACIO GONZÁLEZ Y SU ANTIGUO NÚMERO DOS EXTIENDEN MÁS SOMBRAS SOBRE LOS TESOREROS
UNA EXCONSEJERA DE GALLARDÓN DICE QUE LAPUERTA LE ACONSEJÓ CONTRATAR CON UNA EMPRESA DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS'
DE LA MATA CITA A EDUARDO ZAPLANA E IGNACIO GONZÁLEZ COMO TESTIGOS DE LA CAJA B DEL PP
UN EMPRESARIO REVELA CÓMO PAGABA COMISIONES AL PP EN UNA CINTA CON LA QUE SE INTENTÓ CHANTAJEAR A RAJOY
UN DONANTE DE LA 'CAJA B' DEL PP DETALLA LA MECÁNICA DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL
EL EMPRESARIO ARREPENTIDO DE LA GÜRTEL NIEGA PAGOS A LA CAJA B DEL PP A CAMBIO DE ADJUDICACIONES
EL CONSTRUCTOR GARCÍA-POZUELO SE NIEGA A DECLARAR SOBRE LA CAJA B DEL PP
LA DECISIÓN DE CORREA DE CALLAR AHORA SOBRE LA CAJA B DEL PP TORPEDEA LA INVESTIGACIÓN
EL INTERMEDIARIO DE LA GÜRTEL NIEGA LAS REVELACIONES DE CORREA SOBRE LA CAJA B
UNA ACUSACIÓN PIDE INCORPORAR AL SUMARIO DE LA CAJA B DEL PP LAS FACTURAS DE BÁRCENAS HALLADAS EN PÚNICA
LA FISCALÍA NO DISPONE DE DATOS PARA ACREDITAR EL DELITO DE COHECHO DEL PP EN EL CASO DE LA ‘CAJA B’
CORREA PIDE COMPARECER POR VIDEOCONFERENCIA EN LA REAPERTURA DEL CASO DE LA CAJA B DEL PP
DOS JUECES DE LA AUDIENCIA NACIONAL REACTIVAN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAJAS B DEL PP
LA FISCALÍA NO DISPONE DE DATOS PARA ACREDITAR EL DELITO DE COHECHO DEL PP EN EL CASO DE LA ‘CAJA B’
EL JUEZ DE LA MATA REABRE EL CASO DE LA CONTABILIDAD B DEL PP Y CITA A DECLARAR A CORREA Y DOS EMPRESARIOS
LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA PARA REABRIR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B COMPLICA EL HORIZONTE JUDICIAL DEL PP
EL DOCUMENTO CLAVE SOBRE ACS CON EL QUE LAS ACUSACIONES QUIEREN REABRIR ‘LA CAJA B’ DEL PP
VARIAS ACUSACIONES POPULARES QUIEREN QUE SE REABRA EL 'CASO BÁRCENAS', QUE INVESTIGA UNA CAJA B DENTRO DEL PP
LA CONSTRUCTORA OHL INGRESÓ ENTRE 2002 Y 2009 MÁS DE 3.000 MILLONES DE ADMINISTRACIONES DEL PP
CORREA FACTURÓ 74.800€ DE LA CABALGATA DE ARGANDA A UNA EMPRESA DE FLORENTINO PÉREZ
FRANCISCO CORREA SE NIEGA A CONTESTAR SOBRE LA TRAMA DEL 3% Y SU SALIDA DEL PP
LA CONFESIÓN DE CORREA SEÑALA AL RAJOY VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y SECRETARIO GENERAL DEL PP
CORREA GOLPEA AL PP AL CONFESAR QUE EL COBRO DEL 3% EN MORDIDAS ERA UNA “PRÁCTICA” HABITUAL
COMPAÑÍAS COMO OHL, ACS Y DRAGADOS PAGARON ‘MORDIDAS’ A CAMBIO DE CONTRATOS, SEGÚN CORREA
EL CONSTRUCTOR GARCÍA-POZUELO DICE QUE PARTE DE LAS COMISIONES ILEGALES QUE PAGÓ SE ENTREGARON A BÁRCENAS
LA AUDIENCIA NACIONAL DA POR FINALIZADA LA INVESTIGACIÓN DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
El juez Pedraz rechaza prorrogar la instrucción, centrada actualmente en las donaciones de empresarios a cambio de adjudicaciones públicas
El juez Santiago Pedraz, instructor de la Audiencia Nacional, da por finalizada la investigación del caso de los papeles de Bárcenas, publicados por EL PAÍS en enero de 2013. Más de ocho años después de la apertura de las pesquisas y tras cerrarse de forma parcial en 2015, el magistrado ha decidido no prorrogar la instrucción, según consta en un auto dictado este jueves. Esta decisión llega en un caso que se ha juzgado ya en parte, pero que mantenía activa otra parte centrada actualmente en las donaciones de empresarios a la caja b de la formación conservadora a cambio presuntamente de adjudicaciones públicas. De hecho, el extesorero popular Luis Bárcenas declaró el pasado 16 de julio sobre ello y, aunque no concretó qué mordidas se dieron para conseguir proyectos, señaló a los ministros de Fomento y Medio Ambiente de los Gobiernos de José María Aznar como conocedores de la trama.
“Visto el actual estado de la causa, no procede acordar la prórroga”, resume Santiago Pedraz en su escrito de este 22 de julio, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde añade: “Sin perjuicio de la práctica y la recepción de las diligencias ya acordadas”. Es decir, el juez concreta que las peticiones de información e informes a la policía que se solicitasen antes de emitirse este auto podrán incorporarse al caso y utilizarse en un futuro juicio. Varias acusaciones populares, como Izquierda Unida y la Asociación de Abogados Demócratas de Europa (Adade), habían pedido que se prolongara seis meses más la instrucción.
Las pesquisas de los papeles de Bárcenas han sufrido multitud de vaivenes desde su apertura en marzo de 2013 como una línea de investigación del caso Gürtel, bautizada dentro del macrosumario como pieza separada Udef-Bla. El magistrado Pablo Ruz, entonces responsable del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional, asumió la instrucción tras recibir un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) de la policía que vinculaba la contabilidad secreta del extesorero popular con la trama liderada por Francisco Correa, que cerca al PP desde 2009 y que ya se ha saldado con la condena del partido por beneficiarse de la red de corrupción.
La investigación dio un primer salto mayúsculo el 15 de julio de 2013, cuando Bárcenas confesó por primera vez ante el juez. Entonces reconoció la caja b y aseguró que parte de la reforma de la sede de Génova 13 se pagó con dinero negro —la Fiscalía Anticorrupción calcula que se abonaron así más de 1,5 millones de euros entre 2006 y 2008—, pero rechazó de forma general que las donaciones de los empresarios tuvieran por objetivo la adjudicación de obras concretas, salvo un proyecto de Castilla-La Mancha. Esa versión cambiaría finalmente este 2021, cuando envió un escrito al ministerio público donde admitía por primera vez la “naturaleza finalista” de esas entregas de efectivo: es decir, eran una “contraprestación por porcentaje a la adjudicación de una obra o servicio público”. Algo que la policía ya había dado antes por documentado, gracias a sus propias averiguaciones.
Pero hasta llegar a ese punto se tuvo que recorrer un largo camino. En 2015, ante las dificultades para conectar las donaciones con adjudicaciones concretas —un dato clave para las imputaciones de cohecho—, el juez Ruz tomó una decisión importante. El magistrado dio por finalizada la instrucción por primera vez con una doble medida dentro de la pieza separada Udef-Bla. Por un lado, dio carpetazo a la línea de las pesquisas sobre las donaciones de empresarios, aunque consideró veraces estas entregas de dinero. Y, por otro, envió a juicio la parte de la investigación que versaba sobre la reforma con dinero negro de la sede de la calle Génova, que se ha juzgado este año y que se encuentra pendiente de sentencia.
De esta forma, la instrucción sobre los empresarios permaneció cerrada dos años. Hasta que en 2017, ante la aparición de “elementos nuevos”, el juez José de la Mata decidió reabrirla. Por entonces, De la Mata había sustituido a Ruz en el puesto y había comenzado el juicio por la trama principal de Gürtel. Una vista oral que resultó decisiva: se produjeron las primeras confesiones del empresario Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica, y de Correa. El primero especificó que había dado dinero a la red de corrupción para que se lo entregaran a los “organismos centrales” de la Administración gobernada por el PP a cambio de obras. El líder de la trama, por su parte, respaldó esa versión: “Cuando salía una licitación, García-Pozuelo me llamaba si estaba interesado”.
A estas declaraciones se sumó, además, el hallazgo de una nueva grabación en las pesquisas del caso Lezo, sobre la trama de corrupción urdida en torno a la figura de Ignacio González, el que fuera presidente de la Comunidad de Madrid. Los investigadores encontraron un audio donde Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II y hombre de confianza de González, conversa sobre el pago de mordidas con Rafael Palencia, que encabezaba la compañía Degremont, también adjudicataria de contratos públicos.
Toda esta batería de indicios y pruebas ha propiciado que, desde entonces, la UDEF haya dado ya por documentada “una correlación objetiva, subjetiva y temporal” entre la adjudicación de varios proyectos a Degremont y los presuntos pagos efectuados por responsables de esta compañía a la caja b del PP. Además, también se han puesto bajo sospecha otros contratos de la Comunidad de Madrid durante la etapa de Esperanza Aguirre y, como adelantó EL PAÍS, se ha puesto la lupa sobre 600 millones en obras concedidas a Constructora Hispánica durante los Gobiernos de José María Aznar a través de cinco ministerios, Adif y Renfe.
Pedraz, que sustituyó en el juzgado a De la Mata, resalta en varios de sus últimos autos que la instrucción ya permite afirmar indiciariamente que se creó en el PP “un sistema para obtener fondos ilícitamente para el partido” a cambio de “movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores”. Los empresarios entregaban presuntamente dinero a la caja b a cambio de que Bárcenas, entre otros, les facilitaran “contactos directos con el responsable político del poder adjudicador”. “En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación”, apuntó el magistrado.
https://elpais.com/espana/2021-07-23/la-audiencia-nacional-da-por-finalizada-la-investigacion-de-los-papeles-de-barcenas.htmlLA POLICÍA CERTIFICA SOBRECOSTES MILLONARIOS EN OBRAS BAJO SOSPECHA DE LA ERA AZNAR
El principal investigador de Gürtel envía un nuevo informe a la Audiencia Nacional
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha entregado al juez Santiago Pedraz, que instruye en la Audiencia Nacional la investigación sobre las donaciones de empresarios a la caja b del PP a cambio de la adjudicación de contratos públicos, un amplio informe donde documenta decenas de irregularidades que provocaron sobrecostes millonarios en buena parte de 23 contratos concedidos durante el segundo mandato de José María Aznar (2000-2004) a Constructora Hispánica.
El entonces presidente de esta empresa, Alfonso García Pozuelo, realizó al menos nueve entregas por un total de 258.000 euros a la contabilidad extraoficial del partido que el extesorero Luis Bárcenas llevaba de su puño y letra, y que quedó reflejada en los papeles de Bárcenas. Durante el juicio por la trama principal del caso Gürtel, bautizada como Época I, el constructor ya confesó que pagó al cabecilla de la red de corrupción, Francisco Correa, para que lo entregara a los “organismos centrales” de la Administración gobernada por el PP a cambio de obras en Castilla y León y en Pozuelo de Alarcón. Correa era el intermediario entre los empresarios y las instituciones en manos del partido.
El documento policial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, analiza a lo largo de 424 páginas los 23 contratos bajo sospecha y concluye que 18 de ellos tuvieron un “coste superior al precio original, derivado de cambios en las circunstancias de ejecución del contrato [...]. Ya sea por revisiones de precios, modificados, adicionales por incremento de unidades de obra en la certificación final u obras complementarias”. Según uno de los cuadros incluido en el informe, y que firma el inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador del caso Gürtel, estos sobrecostes se elevaron en 14 proyectos por encima del 20%, disparándose en algún caso hasta el 64%, el 74% e incluso el 94%.
La policía centra así su atención en la enorme diferencia entre la propuesta económica inicial que la constructora de García Pozuelo presentaba a concurso para hacerse con la adjudicación y el coste final pagado tras los cambios aplicados por las “circunstancias acaecidas durante la ejecución del contrato, que cambian las condiciones del mismo”.
En este sentido, el informe de la UDEF subraya “inconsistencias en la valoración de la oferta”; la “poca representatividad de los criterios objetivos evaluables mediante fórmulas frente a los criterios objetivos no cuantificables, cuya evaluación tiene un elevado carácter subjetivo”, y otras “vulneraciones” de los “principios generales de la contratación: publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”. Todas estas “prácticas señaladas”, incide el documento, “son factores de riesgo que incrementan la vulnerabilidad a la corrupción en los procedimientos de contratación pública”.
Pedraz tendrá ahora que valorar este informe, fechado el 20 de julio e incorporado a una causa que ya se ha juzgado parcialmente —toda la parte de la caja b relativa a la reforma con dinero negro de la sede de la calle Génova, aún pendiente de sentencia—, pero que mantenía aún en instrucción la parte sobre las donaciones de empresarios a cambio de obra, donde se trata de acreditar el delito de cohecho. Aunque el magistrado dio también por cerrada esta línea de investigación la pasada semana y ahora debe decidir si envía a juicio a los imputados o si, por el contrario, archiva la causa.
Modificados. Este último análisis de la UDEF mantiene la misma línea plasmada en otro informe anterior por la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), que entró apenas en una tercera parte de los 23 proyectos y detectó sobrecostes en siete por valor de 70 millones de euros. Ahora, la Policía completa el foco con el análisis de todos ellos. Y, en primer lugar, se centra en lo que técnicamente se denomina “modificados”. Según explican, seis de las obras tuvieron “al menos un modificado” que elevó el preció; y seis de ellos, hasta dos. Estos cambios implicaron que la Administración abonara 95 millones de euros extra por estos conceptos, según los investigadores.
Además, la UDEF apostilla que el “importe del modificado superó el del presupuesto de adjudicación en 13 expedientes”: “Y, en 10 de ellos, estuvo por encima del 17% del precio original”. La Policía destaca esas cifras porque se “aproximaron” al 20%, porcentaje que obliga por ley a pedir un dictamen preceptivo al Consejo de Estado y que permite, incluso, la resolución del contrato. “Los proyectos modificados supusieron en la mayoría de los expedientes una alteración sustancial del proyecto original desde el punto de vista cuantitativo, cualitativo, y temporal, conllevando aumentos en el plazo de ejecución”, remacha el informe, que añade: “En definitiva, a partir de este conjunto de elementos se infiere que los modificados suponían alteraciones sustanciales o esenciales de los proyectos originales y debían haberse efectuado nuevas contrataciones que recogieran las actuaciones a llevar a cabo”.
Obras complementarias. Otro de los aspectos analizados son las “obras complementarias”: “A diferencia de los proyectos modificados, en los que el proyecto primitivo es sustituido por el proyecto reformado, las obras complementarias siempre dan lugar a un nuevo proyecto, independiente del principal, y, por tanto, a un nuevo expediente de contratación”. En total, ha detectado seis obras complementarias en los seis proyectos por valor de más de 57 millones.
En este punto, la UDEF apunta que las justificaciones alegadas para llevarlas a cabo “mediante un procedimiento negociado sin publicidad” —lo que permitió adjudicárselas a la misma constructora— “no reúnen los requisitos” legales y “deberían haber sido objeto de contratación independiente y no debió autorizarse su ejecución mediante un procedimiento negociado”. “Además, se pone de manifiesto que la valoración del criterio técnico de la propuesta presentada por Constructora Hispánica no se compadece con las justificaciones para efectuar la obra complementaria”.
Certificaciones finales. La UDEF valora las certificaciones finales de los expedientes, donde “14 [de los 23 proyectos] tienen un gasto adicional por obras próximo al límite del 10% del presupuesto de adjudicación que establece la norma para la introducción de variaciones sin precisar aprobación previa”. Esas 14 adjudicaciones suman más de 35 millones en concepto de “adicional por obra en certificación final”. “Se observa una persistencia en la inclusión en la certificación final de los contratos por parte del contratista de importes adicionales por alteración en el número de unidades realmente ejecutadas sobre las previstas en las mediciones del proyecto que representan un gasto cercano al umbral legalmente permitido sin precisar previa aprobación”, recalca el informe.
CASCOS Y LOS NUEVE CONTRATOS DEL CONSEJO DE MINISTROS
El informe de la UDEF hace hincapié en que, de los 23 contratos bajo sospecha, 11 fueron adjudicados por tres organismos dependientes del Ministerio de Fomento —Adif, Aena y la Dirección General de Carreteras— en la etapa en la que Francisco Álvarez-Cascos ocupó la cartera. El documento destaca también que, de estos, nueve tuvieron un presupuesto igual o superior a los 12 millones de euros, por lo que necesitaron la autorización del Consejo de Ministros que entonces presidía José María Aznar para poder ser formalizados.
En su última declaración ante el juez Santiago Pedraz, el pasado 16 de julio, el extesorero Luis Bárcenas señaló a varios ministros de Fomento y, en concreto a Francisco Álvarez Cascos, como presuntos conocedores del sistema de financiación irregular del PP a través de donaciones de empresarios a los que luego se les adjudicaban contratos. Bárcenas describió un episodio en el que Cascos telefoneó supuestamente a Álvaro Lapuerta, su predecesor en la tesorería y señalado también como gestor de la caja b, para reprocharle que hubiera llamado a su director general de Carreteras para tratar una de las adjudicaciones que debían amañar. Según la versión de Bárcenas, solían llamar a directores generales y secretarios de Estado para ello, pero el ministro de Fomento estaba enfadado e indicó a su interlocutor que todas esas gestiones debían pasar por él.
Durante el reciente juicio por el supuesto pago en dinero negro de las obras en la sede del PP de la calle Génova, Barcenas ya había señalado a Cascos, que ocupó el puesto de secretario general del partido entre 1989 y 1999, como la persona que ordenó sistematizar el sistema irregular de donaciones. Cuando Cascos compareció como testigo en la vista, días después, lo negó.
https://elpais.com/espana/2021-07-27/la-policia-certifica-sobrecostes-millonarios-en-obras-de-la-era-aznar.htmlHACIENDA DOCUMENTA EN PÚNICA UN AMAÑO DE 10 MILLONES CON LA OBRA DE UN CENTRO DEPORTIVO Y DE OCIO
La Fiscalía remite el informe al juez que lleva la investigación en la Audiencia Nacional
Los avances del caso Púnica han permitido documentar cómo la trama perpetró un presunto amaño de 10 millones de euros con la construcción de unas instalaciones deportivas, comerciales y de ocio en Valdemoro (Madrid), epicentro de la supuesta red de corrupción que anidó durante más de una década en la Comunidad de Madrid de la mano de Francisco Granados, ex secretario general del PP autonómico. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) ha elaborado un nuevo informe, fechado el pasado 5 de abril y al que tuvo acceso EL PAÍS, donde detalla que el Ayuntamiento de dicha localidad cedió una parcela de 17.000 metros cuadrados a una empresa del constructor David Marjaliza para que levantara un complejo de 15 millones de euros. Pero la obra apenas tuvo un coste real de cinco millones.
Este reciente análisis de la IGAE, organismo dependiente de Hacienda que concluye que “no se realizó la obra en la cuantía prevista en el contrato de concesión”, ya se encuentra sobre la mesa de Manuel García-Castellón, juez instructor de la Audiencia Nacional, que mantiene abiertas dos líneas de investigación en Púnica —bautizadas como Piezas número 4 y 5— sobre todas las irregularidades urbanísticas que se han detectado en los municipios de Valdemoro, Torrejón de Velasco y Serranillos del Valle, entre otros.
El pasado 18 de mayo, las fiscales Anticorrupción del caso, María Teresa Gálvez y Carmen García, pidieron que el informe de la Intervención del Estado se incorporase a la instrucción. Con este documento como base, donde se incluyen informes municipales y el certificado final de obra, el ministerio público describe la maniobra urdida para esquilmar las arcas locales. El Ayuntamiento de Valdemoro adjudicó en 2011 el proyecto a la compañía Open Sport Life Center, que debía levantar unas instalaciones con un coste de 11 millones (que se elevaba hasta los 15,5 millones al incluir el IVA y otros gastos). Y, a cambio, podría explotar el área durante 75 años pagando solo un canon anual de 1.770 euros. La compañía subcontrató entonces las obras con la Constructora San José para un proyecto de solo 5,8 millones.
Para la IGAE está muy claro quién resultó perjudicado: “El incumplimiento contractual de Open Sport Life Center ha producido al Ayuntamiento un perjuicio económico de 9.759.305,42 euros, que resulta de la diferencia entre la obra que debía realizar según el contrato (15.571.621,49 euros) y la que efectivamente realizó (5.812.316,07 euros)”, concluye en el informe de 11 páginas. Según los investigadores, detrás de la compañía señalada se encontraba Marjaliza, uno de los principales imputados por la trama y que colabora con la justicia desde el verano de 2015.
El expediente de esta obra bajo sospecha se inició cuando José Miguel Moreno (PP) ostentaba el puesto de alcalde. El popular, que se encuentra imputado, había ocupado el puesto de edil de Urbanismo hasta 2003, cuando asumió el bastón de mando tras la salida de Granados del Ayuntamiento rumbo al Gobierno regional de Esperanza Aguirre. La lideresa del partido conservador lo eligió como consejero de Transportes e Infraestructuras.
Valdemoro es el epicentro de la presunta red de corrupción tejida por los populares en la Comunidad de Madrid. El ministerio público considera que esta trama operó, al menos, desde 1999 hasta mediados de la década pasada. Y durante todo ese tiempo, entre otras ilegalidades, acometieron en esta localidad madrileña un “expolio con pocos precedentes”, según la Fiscalía Anticorrupción. En una de sus confesiones, Marjaliza admitió pagos de 400.000 euros en comisiones al alcalde José Miguel Moreno, que también fue diputado en la Asamblea regional.
“[Moreno] es amigo mío. Tenemos una buena relación”, detalló el constructor, que explicó en la Audiencia Nacional cómo abonaba las mordidas en efectivo durante comidas y cenas, siempre después de las adjudicaciones. “Yo siempre apretaba un poquito [con las comisiones] para pagar lo mínimo”, apuntó Marjaliza en su declaración, durante la que llega a decir: “Si usted quiere una vivienda protegida en la Comunidad de Madrid o paga o no tiene”.
https://elpais.com/espana/2021-06-07/hacienda-documenta-en-punica-un-amano-de-10-millones-con-la-obra-de-un-centro-deportivo-y-de-ocio.htmlLA POLICÍA ALERTA DE UN PARÓN EN SUS PESQUISAS SOBRE LA CAJA B DEL PP POR FALTA DE DOCUMENTOS
La UDEF pide al juez Pedraz que ponga fecha límite para que cuatro organismos públicos entreguen los expedientes de nueve adjudicaciones pedidos hace cuatro meses
La investigación judicial sobre la supuesta relación entre la entrega de fondos a la caja b del PP por parte de empresarios, que se refleja en los llamados papeles de Bárcenas, y la concesión de contratos públicos ha encontrado un nuevo obstáculo. Cuatro organismos estatales no han entregado, cuatro meses después de que los reclamase el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, los expedientes de nueve de las 23 adjudicaciones del Gobierno de José María Aznar bajo sospecha de haber servido para financiar a los populares.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional remitió el pasado 22 de marzo al magistrado un escrito, al que ha tenido acceso EL PAÍS, en el que le solicitaba que se reclamase esta documentación a estos cuatro organismos —entre los que está el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana— y pusiera una fecha límite para su entrega en el juzgado “con el fin de poder efectuar el análisis del contenido de los expedientes y aportar al procedimiento un informe completo dentro del plazo de instrucción”. Un día después, el juez Pedraz dictaba una resolución para reclamarla.
Se trata, en concreto, de los expedientes de licitación, por parte del antiguo Ministerio de Fomento, de cinco contratos adjudicados entre 2002 y 2004 para la construcción de otros tantos tramos de carretera por un importe total de 204,8 millones de euros. Se reclaman también dos expedientes de Renfe por 450.000 euros; uno de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por 502.000 euros, y uno más de la Agencia Tributaria para levantar, por 2,5 millones, una nueva sede en Avilés (Asturias). Solo este último ya ha sido entregado.
La Policía también pidió al juez que reclamase “documentación complementaria” al Ministerio de Defensa sobre la construcción de un cuartel en Paracuellos del Jarama (Madrid), y al Instituto de Turismo de España sobre las obras del Parador de Turismo de Lorca (Murcia), al no haber incluido ambos organismos toda la información solicitada.
Los expedientes reclamados por la Policía forman parte de 23 contratos que el Gobierno de Aznar adjudicó, entre los años 2000 y 2004, por cerca de 600 millones de euros a Constructora Hispánica —luego llamada Assignia Infraestructuras—, una empresa encabezada por Alfonso García Pozuelo, condenado a dos años de cárcel en el juicio principal del caso Gürtel, conocido como Época I.
El juez Pedraz había reclamado el pasado 11 de diciembre “el contenido íntegro de los expedientes de contratación” a cinco ministerios, Renfe, Adif y Aena, entre otros organismos públicos. Todo ello después de que así se lo pidieran la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción. En un informe de noviembre, la Policía destacaba que Constructora Hispánica recibió 224 contratos de la Administración central por más de 1.000 millones de euros durante el periodo bajo investigación.
Confesión en el juicio
El nombre de García Pozuelo aparece nueve veces en los papeles de Bárcenas como supuesto donante de más de 258.000 euros. En el juicio del caso Gürtel en el que fue condenado, confesó que pagó al cabecilla de la trama, Francisco Correa, a cambio de que se le adjudicaran obras en Castilla y León, y en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Según añadió, sabía que parte del dinero era para lo que denominó “organismos centrales”. Un término que aclararía Correa en el mismo juicio: “Eran obras de la Administración central [...] En las que yo, esas, sí las gestionaba con Luis Bárcenas”.
El objetivo de la investigación de esta pieza del sumario Gürtel es buscar pruebas que acrediten una supuesta relación entre la concesión de contratos públicos y las donaciones de empresarios que refleja la contabilidad paralela del PP que llevaba el extesorero Luis Bárcenas, actualmente en prisión. El juez Pedraz resaltaba en el auto en el que reclamó los 23 expedientes que la investigación ya había permitido afirmar indiciariamente que en el PP se creó “un sistema para obtener fondos ilícitamente”, a cambio de “movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores”.
El magistrado recalcaba que los empresarios entregaban presuntamente dinero a la caja b a cambio de que Bárcenas, entre otros, les facilitaran “contactos directos con el responsable político del poder adjudicador”. “En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación”, apuntaba el magistrado.
https://elpais.com/espana/2021-04-26/la-policia-alerta-de-un-paron-en-sus-pesquisas-sobre-la-caja-b-del-pp-por-falta-de-documentos.htmlBÁRCENAS APUNTA AL COHECHO EN LA ERA DE AZNAR Y A LA CAJA B QUE USÓ AGUIRRE
El extesorero se ofrece para apuntalar dos investigaciones abiertas por la Audiencia
Luis Bárcenas ha anunciado a la Fiscalía Anticorrupción su intención de aportar información sobre, al menos, dos grandes causas por corrupción que investiga la Audiencia Nacional. El extesorero del PP, que cumple una condena de 29 años de cárcel por el caso Gürtel, apunta que pudieron existir contratos amañados a favor de empresarios que donaban dinero al PP. Además, entre la documentación que le sustrajeron durante la operación policial Kitchen, figuraban presupuestos del PP de Madrid que demostrarían supuestamente la financiación ilegal de las campañas electorales de Esperanza Aguirre.
El caso Púnica investiga distintas ramas de corrupción en el Gobierno del PP de la Comunidad de Madrid. Tres expresidentes regionales —Esperanza Aguirre, Ignacio González y Cristina Cifuentes— están imputados. La investigación que les afecta reúne algunos indicios de la supuesta financiación ilegal que alimentó las campañas electorales de Aguirre, quien ganó por mayoría absoluta en los comicios de 2003, 2007 y 2011.
El extesorero del PP nacional Luis Bárcenas conservaba en su poder numerosa documentación madrileña que incluía cheques, extractos bancarios y otros documentos contables que supuestamente demostrarían los excesos de gasto electoral del PP de Aguirre para los comicios autonómicos. Ese exceso de gastos fue ocultado al Tribunal de Cuentas, según se comprueba al comparar las cifras recogidas en la documentación que conservaba Bárcenas y la remitida al organismo fiscalizador por el PP de la Comunidad de Madrid.
Bárcenas le ha confesado ahora a la Fiscalía Anticorrupción que entre los documentos que le fueron sustraídos por los policías de la Operación Kitchen —el espionaje ilegal a la familia del extesorero pagado con fondos reservados del Ministerio del Interior— había algunos “muy sensibles hacía el Partido Popular”. Entre esos documentos, según explican a EL PAÍS fuentes del entorno de Bárcenas, se encontraba la contabilidad electoral del PP de Aguirre.
La contabilidad interna de la campaña de 2003, según los documentos que guardaba Bárcenas, registró un supuesto gasto de 3,4 millones de euros, mientras que la cifra facilitada al Tribunal de Cuentas fue de 2,4 millones. El testimonio de Bárcenas en esa causa puede apuntalar los indicios que ya ha acumulado la investigación sobre una financiación ilegal del PP de la Comunidad de Madrid.
Por otra parte, el escándalo que supuso para el PP la publicación en EL PAÍS de los papeles de Bárcenas, una contabilidad paralela y opaca al fisco que demostraba la financiación ilegal de la formación conservadora durante casi 20 años, se agrava ahora con otra confesión del ex tesorero.
Luis Bárcenas sostiene en el escrito dirigido a la Fiscalía Anticorrupción que en algunos casos concretos de los que tiene información hubo adjudicación de contratos públicos a empresarios a cambio de donaciones. El extesorero había mantenido durante los siete años de investigación de este caso la misma versión al referirse a los ocho millones de euros que el PP ingresó en la caja b por las donaciones de empresarios.
Ese dinero, repetía Bárcenas cada vez que le preguntaban, no estaba condicionado a la adjudicación de contratos a los empresarios que se portaban bien con el PP. El extesorero tan sólo admitía que desde el partido se llamaba a los alcaldes o cargos públicos de distintas administraciones para que atendieran a esos empresarios, pero sin ningún compromiso de adjudicación de contratos.
La última confesión de Bárcenas cambia radicalmente y admite que “pueden existir algunos concretos casos en los que si concurrió aquella motivación”, en referencia a la adjudicación de contratos a cambio de las donaciones. El juzgado que investiga los papeles de Bárcenas tiene abierta una pieza separada donde ya se acumulan algunos indicios de que parte del dinero que ingresó el PP en su caja b procedía de empresarios que habían conseguido a cambio contratos públicos. El delito de cohecho siempre sobrevoló sobre esta causa, pero hasta ahora todas las pesquisas habían resultado infructuosas.
Rafael Palencia es un empresario que visitó a un cargo de la Comunidad de Madrid porque se lo había indicado Luis Bárcenas, según numerosas pruebas en poder de la Audiencia. Y Palencia le contó a ese alto cargo regional que estaba dispuesto a donar más dinero al PP siempre que se portasen bien con su empresa en las adjudicaciones. El juez Santiago Pedraz ha seguido tirando del hilo y ha encargado que se investiguen 23 contratos millonarios adjudicados por el Gobierno de José María Aznar en cinco ministerios distintos, en Renfe, en Adif y en Aena, entre 2000 y 2004. La policía propuso esta línea de investigación tras encontrar algunas irregularidades en la adjudicación de contratos a favor de donantes del PP.
Contratos multimillonarios de la administración central fueron adjudicados a Constructora Hispánica, cuyo propietario, Alfonso García Pozuelo, era uno de los principales donantes del PP, con nueve aportaciones de fondos en distintos años según los papeles de Bárcenas. García Pozuelo llegó a sugerir en el juicio del caso Gürtel que pagaba dinero a “organismos centrales” a cambio de la adjudicación de contratos. Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta Gürtel, aclaró en el juicio que “organismos centrales” se refería a obras de la administración central por las que García Pozuelo pagaba dinero al PP.
El juez Pedraz ha solicitado ahora “el contenido íntegro de los expedientes de contratación”, el “pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas”, “las ofertas presentadas por todos los licitadores”, los “informes técnicos de valoración y justificación de las puntuaciones otorgadas”, las “actas de las mesas de contratación”, la “resolución de adjudicaciones”, los contratos y sus modificaciones.
Bárcenas señala ahora en su última confesión que conoce algunas prácticas como las que investiga la Audiencia Nacional y colaborará con la justicia en las próximas semanas.
Los papeles robados de la operación Kitchen
El sumario del caso Kitchen incluye un informe de la Unidad de Asuntos Internos sobre diversa documentación sustraída al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Tan frívola resulto aquella operación secreta, hecha a espaldas del juez y pagada con fondos reservados, que algunos de los policías que intervinieron en la misma difundieron a través de varios medios de comunicación los documentos robados a Bárcenas. Esa información ocultada al juez que investigaba el caso, acabó publicada en parte en diversos medios. El juez del caso Kitchen reclamó esos papeles y pidió a la unidad de asuntos internos un análisis para conocer su importancia y trascendencia. Y los policías relataron que, según la documentación, el PP de la Comunidad de Madrid imitaba las prácticas del PP Nacional cuando recibía una donación que superaba los 60.000 euros y la troceaba para ingresarla en el banco como si se tratara de varias donaciones anónimas. “Se observa un fraccionamiento del importe de la donación para eludir el contenido del precepto legal”, señalan los autores del informe. También recoge el informe otros documentos que conservaba Luis Bárcenas y que demostrarían como el PP de Madrid utilizaba fondos de la fundación Fundescam para financiar actos electorales, algo expresamente prohibido por la Ley. Por último, la Unidad de Asuntos Internos de la Policía analiza los documentos sobre presupuestos de campaña en poder de Luis Bárcenas y llega a la conclusión que los gastos allí consignados son muy superiores a los que declaró el PP de la Comunidad de Madrid ante el Tribunal de Cuentas por la campaña electoral.
https://elpais.com/espana/2021-02-04/barcenas-apunta-al-cohecho-en-la-era-de-aznar-y-a-la-caja-b-que-uso-aguirre.html
UNA VEINTENA DE CONSTRUCTORES, DE NUEVO EN EL DISPARADERO DE LA CAJA B POR LA CONFESIÓN DE BÁRCENAS
Las donaciones ilegales al PP ascendieron a ocho millones de euros entre 1990 y 2009 en lo que el extesorero define como "un sistema institucionalizado de financiación en B"
Villar Mir, con 530.000 euros, o Del Rivero, con 480.000, aparecen en la lista de donantes que documentó el extesorero
La clave estará en determinar cuáles de esas aportaciones fueron finalistas, es decir, a cambio de un contrato público determinado, para probar un posible delito de cohecho
El futuro judicial de una veintena de empresarios está a expensas de una sola persona: Luis Bárcenas. Es él quien tiene en sus manos señalar cuáles de ellos hicieron donaciones finalistas al PP, esto es, a cambio de un determinado contrato público y no sólo como regalo o aportación al partido. El extesorero del partido ha remitido un escrito a la Fiscalía Anticorrupción en el que dice estar dispuesto a declarar sobre este asunto en el Juzgado Central de Investigación número 5 de la Audiencia Nacional, el órgano judicial que trata de desentrañar desde hace años la complicada madeja de la presunta financiación ilegal del partido conservador.
Las donaciones ilegales al PP ascendieron, según los apuntes que fue registrando Bárcenas, a ocho millones de euros entre 1990 y 2009, años de los liderazgos de José María Aznar, primero, y Mariano Rajoy, después. Estos son los años que él fue gerente del partido –sólo fue tesorero en el último año– y Álvaro Lapuerta, tesorero, pero en su reciente escrito habla de un "sistema institucionalizado de financiación con percepciones en B" cuyos orígenes se remontan a 1982, fondos que "se nutrían con carácter general de donativos o aportaciones efectuadas por personas relacionadas con empresas beneficiarias de importantes adjudicaciones públicas".
Entre estos empresarios, la inmensa mayoría constructores, que señala Bárcenas figuran, entre otros, el expresidente de Sacyr Luis del Rivero; el expresidente de OHL Juan Miguel Villar Mir; Manuel Contreras Caro, del grupo Azvi; Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica; Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones; José Mayor Oreja, de FCC; Joaquín Molpeceres, de Licuas; Antonio Vilela, en nombre de Construcciones Rubau; o Rafael Palencia, de Degremont Iberia.
Investigando desde 2013
La causa que se denominó los papeles de Bárcenas se abrió a principios de 2013 a raíz de una querella presentada por IU tras la publicación en el diario El País de las anotaciones de la caja B que Bárcenas reconoció como propias y un informe pericial caligráfico confirmó después. Aparte de sobresueldos a dirigentes del PP, en esos papeles aparecían reflejadas entradas de dinero en la contabilidad opaca que manejaron el extesorero y su antecesor en el cargo Álvaro Lapuerta y que serían las supuestas donaciones que empresarios, la inmensa mayoría del sector de la construcción, hicieron durante años al partido. Con estos pagos en efectivo, se habrían pagado los sobresueldos –"complementos salariales", como los llama Bárcenas–, campañas electorales y otros gastos como reformas de sedes de la formación.
La Audiencia Nacional determinó que fuera el juez Pablo Ruz, entonces titular del Juzgado Central 5, el que se hiciera cargo de la investigación –ya tenía en sus manos el caso Gürtel–. En este marco se produjo, después de meses eludiendo reconocer nada de lo reflejado en sus anotaciones, la explosiva declaración de Bárcenas de julio de 2013 en la que reconoció un buen número de irregularidades en la financiación del PP y el pago de sobresueldos, a veces de miles de euros, en sobres ajenos al control de Hacienda.
En dos años de instrucción, el magistrado imputó a Bárcenas y Lapuerta, así como a la veintena de empresarios que aparecían en la documentación publicada. Aunque consiguió acreditar la existencia de la caja B y las donaciones, finalmente tuvo que cerrar provisionalmente la pieza con respecto de los constructores al no haber podido relacionar los pagos con adjudicaciones de obras concretas, lo que implicaría un delito de cohecho. En el mismo auto, envió a juicio a los extesoreros –Lapuerta falleció tres años después– por el pago con dinero negro de la sede central del PP en la calle Génova, una vista oral que por fin comienza el próximo lunes y en la que el partido se sienta en el banquillo como presunto responsable civil subsidiario.
Caja B acreditada desde 2015
"De las diligencias practicadas en sede instructora ha quedado indiciariamente acreditado cómo la formación política Partido Popular, desde 1990 y hasta al menos el año 2008, habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal, lo que habría conducido a que la referida formación operase con varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entradas y salidas de dinero (ingresos y pagos) al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas, funcionando las referidas cuentas a modo de contabilidades paralelas, cajas de dinero en efectivo o cajas B", explicaba Ruz en el auto de sobreseimiento provisional.
En esta provisionalidad está la clave, pues dos años después llegó la reapertura. A petición de las acusaciones populares –IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE)–, y con el visto bueno de la Fiscalía Anticorrupción, el nuevo titular del Juzgado Central 5, José de la Mata, acordó dejar sin efecto la decisión de sobreseimiento de 2015 y retomar la investigación después de las revelaciones del cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, y del empresario Alfonso García Pozuelo en el juicio por la primera época de actividades de la trama corrupta. En concreto, Correa afirmó que, a propuesta de Bárcenas, intermedió con grandes empresas contratistas de la administración pública para lograr adjudicaciones, todo ello a cambio de comisiones que repartió con el intermediario Plácido Vázquez, con el propio extesorero y con el PP.
Este auto supuso que los empresarios señalados en la fase anterior de la instrucción volviesen a estar investigados en esta pieza, como así figura en la documentación de la causa consultada por infoLibre. La inmensa mayoría de los supuestos donantes negaron tales pagos durante la instrucción, a pesar de que aparecían en los papeles de Bárcenas, pero ahora la nueva maniobra del extesorero del PP les vuelve a colocar en primera línea, sobre todo por esta frase del escrito que ha enviado a Anticorrupción: "Es cierto que la inmensa mayoría de estos donativos no tenían una naturaleza finalista, entendiendo por finalista una contraprestación por porcentaje a la adjudicación de la obra o servicio público adjudicado, sin perjuicio de que puedan existir algunos concretos casos en los que sí concurrió aquella motivación". Si Bárcenas concreta cuáles son esos pagos finalistas, los empresarios concernidos podrían empezar a tener problemas.
Los veinte donantes y sus pagos
El auto de archivo del juez Ruz que después quedó sin efecto hacía una relación pormenorizada de los empresarios y las donaciones que habrían hecho al PP, siempre según las anotaciones de Bárcenas, en las que aparecen tanto en pesetas como en euros, ya que muchos se remontan a antes de 2002:
Juan Miguel Villar Mir, presidente de OHL, cuyos pagos aparecen registrados en los años 2004, 2006 y 2008, por un total de 530.000 euros.
José Luis Sánchez Domínguez, de Sando, quien aparece registrado como donante entre los años 2002 y 2008, ascendiendo sus aportaciones a un total de 1.250.000 euros.
Manuel Contreras Caro, consejero delegado del Grupo Azvi, supuesto donante entre 2002 y 2008, por un importe total de 858.000 euros.
Luis del Rivero, presidente de Sacyr, habría donado al PP 480.000 euros entre los años 2003 y 2007.
Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica. Él sí reconoció en el juicio de Gürtel pago de mordidas al PP a cambio de adjudicaciones de grandes obras. Aparece registrado como donante entre los años 1998 y 2006 por un total de 258.161,94 euros.
Juan Manuel Fernández Rubio, de Aldesa Construcciones, figura registrado como aportante entre 2000 y 2004, con un importe de 348.111,33 euros.
José Mayor Oreja, de FCC. Sus presuntos pagos datan del año 2008 por un total de 165.000 euros.
Vicente Cotino, vinculado a SEDESA, aparecería relacionado con la aportación registrada a nombre de Juan Gabriel Cotino fechada el 11 de marzo de 2004 por un importe de 200.000 euros.
Antonio Vilela Jerez, vinculado a Construcciones Rubau, figura registrado como donante en 2004 por un importe total 100.000 euros.
Rafael Palencia, vinculado a Degremont Iberia, del que aparecen pagos en 1998, 2000, 2007 y 2008 por un importe total de 164.167 euros.
Cecilio Sánchez Martín, vinculado a FCC, figura registrado en el año 2001 con una única aportación por 30.050,61 euros.
Camilo José Alcalá Sánchez, vinculado a CYOPSA SISOCIA, del que aparecen dos aportaciones por un importe total de 150.000 euros en 2003.
José Antonio Romero Polo, del Grupo Romero Polo, quien figura como aportante en 2003 y 2004 con una cuantía total de 54.000 euros.
José Luis Suárez Gutiérrez figura en relación a una entrega vinculada a COPASA, fechada en marzo de 2004, por un importe total 75.000 euros.
Joaquín Molpeceres, del grupo Licuas, figura por una aportación en 2004 por 60.000 euros.
Antonio Pinal Gil, vinculado al grupo Bruesa, habría donado 24.000 euros en el año 2006.
Emilio Álvarez López, también de Bruesa, figura registrado como aportante en el año 2006 y también por un total de 24.000 euros.
Ignacio Ugarteche González de Langarica, del grupo Urazca, cuya donación habría sido de 90.000 euros en 2007.
Ramón Aige Sánchez, vinculado a SORIGUE-ACSA), del que figuran aportaciones en los años 2003 y 2008 por un importe total de 254.000 euros.
En los papeles de Bárcenas también figura Pablo Crespo, quien ocupara el cargo de secretario de organización del PP de Galicia y número dos de la trama Gürtel. Sus aportaciones habrían sido en 1999 y 2000 por 156.263,15 euros.
Una veintena de contratos, bajo la lupa
Antes de que Bárcenas remitiera su escrito a Anticorrupción y se comprometiera a colaborar con la investigación, el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, ya dio el pasado diciembre un impulso a las pesquisas sobre la caja B del PP. A petición de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, ordenó indagar en la más de una veintena de contratos firmados por varios ministerios y otros departamentos del segundo Gobierno de José María Aznar entre 2002 y 2004 con uno de los donantes mencionados, Alfonso García Pozuelo. La cuantía del valor de estas adjudicaciones suma alrededor de 570 millones de euros.
Se trata de los ministerios de Fomento, Interior, Defensa, Educación y Medio Ambiente, así como las empresas públicas Adif, Aena y Renfe, la Confederación Hidrográfica del Tajo o del Guadalquivir, el Instituto de Turismo de España (Turespaña), la Agencia Tributaria (AEAT), la Entidad Pública Empresarial de Suelo (SEPES) y la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios (SIEP). Según el sumario de la causa consultado por infoLibre, Pedraz ya tiene sobre la mesa la documentación relativa a Educación.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2021/02/05/la_confesion_barcenas_pone_disparadero_veintena_empresarios_investigados_por_presuntas_donaciones_caja_b_116273_1012.htmlEL JUEZ SANTIAGO PEDRAZ SERÁ EL NUEVO TITULAR DEL JUZGADO QUE INVESTIGA LA CAJA B DEL PP
El magistrado ocupa el lugar más alto en el escalafón de cuantos se han presentado a la plaza que deja José de la Mata, por delante de Mercedes Alaya, que también aspiraba al puesto. A Pedraz le había correspondido instruir de forma provisional, desde hace unas semanas, la nueva investigación por cohecho que arrojan los papeles de Bárcenas
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz será el nuevo titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 al ocupar el puesto más alto en el escalafón de cuantos magistrados han optado a la plaza, adelantan a elDiario.es fuentes jurídicas. Pedraz es en la actualidad el titular del Juzgado de Instrucción número 1 y se da la circunstancia de que ya llevaba desde hace unas semanas, de forma provisional, los asuntos del 5, debido a la marcha de José de la Mata a Eurojust.
El caso más mediático de cuantos instruye en la actualidad el nuevo juzgado de Pedraz es el de la caja B del Partido Popular. Pedraz ya ha tenido oportunidad de adentrarse en la instrucción y ha firmado autos dentro de la nueva línea de investigación de la UDEF en el marco de esa pieza de Gürtel.
El pasado 10 de diciembre, y tras recabar el criterio de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, Pedraz ordenó reclamar toda la documentación de 23 contratos concedidos por siete ministerios del Gobierno de José María Aznar a una constructora propiedad de un donante de la caja B del PP, según los papeles de Bárcenas. Los investigadores profundizan en este momento en una línea que se cerró en 2015 por falta de indicios, la del cohecho, esto es, la concesión de adjudicaciones concretas de gran obra durante la época de Aznar a cambio de donaciones en dinero negro al PP.
Pedraz presentó su candidatura en el último día posible, ayer domingo. Con su candidatura se frustra el aterrizaje en la Audiencia Nacional de la magistrada con más posibilidades de cuantas se habían presentado hasta ese momento, la que fuera instructora del caso de los ERE Mercedes Alaya. Pedraz está alrededor de quinientos puestos en el escalafón por encima de la magistrada sevillana.
El Consejo General del Poder Judicial otorga el puesto de juez de instrucción en la Audiencia Nacional por antigüedad, por lo que el más antiguo de los que se presentan obtiene la plaza de forma automática. Así ocurrió, por ejemplo, con José de la Mata, cuando el CGPJ decidió sacar la plaza que Pablo Ruz ocupaba de forma interina.
Pedraz ha instruido multitud de casos relevantes durante su largo periplo en la Audiencia Nacional, como Afinsa, el asesinato en Irak del camarógrafo español José Couso, con el que impulsó la aplicación de la justicia universal, o más recientemente la causa contra Manos Limpias y Ausbanc.
Pedraz cerró de plano la causa contra los convocantes de 'Rodea el Congreso' por un supuesto delito contra las altas instituciones del Estado y archivó en tres ocasiones la causa contra el exconcejal Guillermo Zapata por unos tuits publicados antes de entrar en política, si bien una sección de la Sala de lo Penal integrada por Enrique López y Concepción Espejel, recusados ambos por su proximidad al PP en el caso de la caja B, lo obligó abrir otras tantas veces. Zapata resultó finalmente absuelto por la propia Audiencia Nacional.
Además, Pedraz lleva tres mandatos como juez decano de la Audiencia Nacional, un puesto que eligen los titulares de juzgados unipersonales de la Audiencia Nacional, los seis de instrucción y los 12 de lo contencioso-administrativo. Todos ellos están convocados este martes a una votación a la que vuelve a concurrir Pedraz y un magistrado de la jurisdicción de lo contencioso.
https://www.eldiario.es/politica/juez-santiago-pedraz-sera-nuevo-titular-juzgado-investiga-caja-b-pp_1_6522684.html
EL JUEZ PEDRAZ APRUEBA INVESTIGAR LOS 600 MILLONES EN OBRAS ADJUDICADAS POR EL GOBIERNO DE AZNAR
La Fiscalía y la Abogacía del Estado respaldan esta nueva línea de las pesquisas propuesta por la policía en el caso de la caja b del PP
El juez Santiago Pedraz, que ha asumido temporalmente la instrucción del caso de los papeles de Bárcenas, sobre la caja b del PP, ha dado luz verde a investigar 23 adjudicaciones otorgadas por el Gobierno de José María Aznar, entre los años 2000 y 2004, por casi 600 millones de euros. El magistrado de la Audiencia Nacional aprueba así, con el respaldo de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, la nueva línea de investigación propuesta por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, que busca pruebas que acrediten la relación entre la concesión de contratos públicos y las donaciones de empresarios que constan en la contabilidad paralela del partido que llevaba el extesorero popular Luis Bárcenas, que se encuentra actualmente en prisión.
Pedraz había impulsado esta línea de las pesquisas el 26 de noviembre, como avanzó EL PAÍS. Solo dos días después de recibir la propuesta de la UDEF, remitió el informe policial al ministerio público y a la Abogacía del Estado para que se pronunciaran. La Fiscalía ha respondido este miércoles y ha considerado “pertinente” la iniciativa. La Abogacía del Estado, en un escrito del día 1 de diciembre, también contestó en la misma línea: la califica de “adecuada” y “útil”.
Tras conocer el respaldo de ambos, el magistrado ha aprobado ahora esta nueva investigación, según un auto dictado este viernes y al que ha tenido acceso este diario. Y el instructor, que sustituye interinamente al juez José de la Mata tras la salida de este de la Audiencia Nacional, ha solicitado a cinco ministerios, Renfe, Adif y Aena, entre otros organismos, toda la documentación que tengan sobre los 23 expedientes bajo sospecha, que fueron adjudicados a Constructora Hispánica, una empresa encabezada por Alfonso García Pozuelo, condenado a dos años de cárcel en el juicio principal del caso Gürtel, conocido como Época I.
Entre otro material, Pedraz quiere “el contenido íntegro de los expedientes de contratación”, la “orden de inicio”, el “pliego de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones técnicas”, “las ofertas presentadas por todos los licitadores”, los “informes técnicos de valoración y justificación de las puntuaciones otorgadas”, las “actas de las mesas de contratación”, la “resolución de adjudicaciones”, los contratos y sus modificaciones. Todo ello, una vez que se lo reenvíen los ministerios, se trasladará a la UDEF para su análisis.
La policía, que reactivó estas pesquisas en 2017 tras la aparición de nuevos indicios, ha vuelto a poner la lupa en García Pozuelo, cuyo nombre aparece hasta nueve veces en los papeles de Bárcenas —de 1998 a 2006 hizo aportaciones de entre 12.000 y 60.000 euros, que suman más de 258.000 euros—. Él mismo confesó, en el juicio de Época I, que pagó al cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, a cambio de obras en Castilla y León y en Pozuelo de Alarcón (Madrid). Según añadió, sabía que había dinero para “organismos centrales”. Un término que aclararía Correa en la misma vista: “Eran obras de la Administración central [...] En las que yo esas, sí las gestionaba con Luis Bárcenas”.
En el informe del 24 de noviembre, la UDEF destaca que Constructora Hispánica recibió 224 contratos de la Administración central por más de 1.000 millones de euros durante el periodo bajo investigación. Además, “es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas de fondos realizadas por García Pozuelo, ya sea a través de Francisco Correa o directamente a Luis Bárcenas, y las adjudicaciones públicas recibidas por Constructora Hispánica de poderes adjudicadores gobernados por el PP”, concluía el documento.
Pedraz resalta en su auto que esta instrucción, que trata de probar el cohecho, ya permite afirmar indiciariamente que se creó en el PP “un sistema para obtener fondos ilícitamente para el partido”, a cambio de “movilizar influencias y realizar gestiones a favor de los proveedores”. Los empresarios entregaban presuntamente dinero a la caja b a cambio de que Bárcenas, entre otros, les facilitaran “contactos directos con el responsable político del poder adjudicador”. “En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario, tras la negociación”, apunta el magistrado.
Los proyectos
Entre los 23 proyectos a investigar ahora se encuentran la construcción de cinco carreteras, otorgadas por Fomento (actual Ministerio de Transportes); y cuatro tramos de tren de alta velocidad, de Adif. También, obras de Interior en la comisaria de Xirivella (Valencia); de Defensa, en un nuevo acuartelamiento en Paracuellos del Jarama (Madrid); de la Agencia Tributaria, en un edificio en Avilés (Asturias); de Turespaña, en el parador de Lorca (Murcia); de Educación, por la rehabilitación de la nueva sede del Archivo Histórico Nacional; y de Medio Ambiente (actual Ministerio de Transición Ecológica), por la restauración de las marismas de Santoña y Noja (Cantabria). Otros proyectos bajo sospecha son, por ejemplo, la construcción de un aparcamiento otorgada por Renfe o una plataforma del aeropuerto de Barajas (Madrid) dado por Aena.
El pasado 25 de noviembre, la Audiencia Nacional aprobó también investigar expedientes por valor de 23 millones otorgados por el Gobierno regional de Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid a Degremont, otra de las sociedades señaladas. Sobre esta empresa del sector de depuradoras, a la que los agentes han investigado por otros tres contratos adicionales, la UDEF ya considera documentado el nexo entre los pagos de los responsables de la compañía a la caja b y la adjudicación de contratos.
https://elpais.com/espana/2020-12-11/el-juez-pedraz-aprueba-investigar-los-600-millones-en-obras-adjudicadas-por-el-gobierno-de-aznar.htmlHACIENDA DESTAPA LA FÓRMULA DE LA CORRUPCIÓN DEL GOBIERNO DE AZNAR CON CONSTRUCTORA HISPÁNICA
Un informe pone al descubierto las prácticas de la empresa de Alfonso García-Pozuelo, condenado en Gürtel, para hacerse a través de ofertas a la baja con contratos de obra pública que luego derivaban en sobrecostes millonarios
— Pagos en negro al PP y adjudicaciones de obra pública: la conexión clave que investiga la Audiencia Nacional
Un informe de Hacienda incorporado al sumario que indaga en la Audiencia Nacional en la vinculación entre los pagos en negro al PP y adjudicaciones de obra pública pone al descubierto las prácticas de la constructora de Alfonso García-Pozuelo —empresario que reconoció haber pagado mordidas al partido y que aparece como donante en los 'papeles de Bárcenas'— para hacerse con contratos de obra pública presentando ofertas a la baja que posteriormente se encarecen a través de proyectos reformados hasta el límite que permite la ley.
Los técnicos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) en la unidad de apoyo de la Fiscalía Anticorrupción han detectado sobrecostes de más de 70 millones de euros en siete adjudicaciones por valor de 350 millones concedidas a la Constructora Hispánica —ahora denominada Assignia— por ministerios y organismos de la Administración Central durante la segunda legislatura de José María Aznar (2000-2004).
El documento, adelantado por El País y al que ha tenido acceso elDiario.es, revela un modus operandi que es similar en varias de las licitaciones analizadas. Hispánica comparecía en las subastas presentando las mejores ofertas económicas —es decir, las más bajas—; lo que incluso en una ocasión llevó al licitador a exigirle justificación de los precios al estar en "presunción de temeridad" (aquellos presupuestos que hacen temer a las administraciones por la viabilidad de la obra). Y, una vez adjudicados los contratos, durante la ejecución de las obras, se sumaban los sobrecostes que encarecían el importe final a través de dos conceptos: los modificados y el exceso de mediciones. Sobre este punto concreto, el informe alerta de una "práctica irregular" que consiste en hacer pasar los "reformados" por exceso de mediciones para así burlar el preceptivo dictamen del Consejo de Estado cuando los modificados superan el 20% del proyecto primitivo (el máximo legal permitido), lo que podría hacer saltar las alarmas en el órgano consultivo.
"Esta era la razón de que en la práctica los reformados se quedasen en el 19,9%", dice el informe sobre una de las adjudicaciones, relativa a la construcción de una nueva comisaría de Policía en Xirivella (Valencia) que el Ministerio del Interior del segundo Gobierno de Aznar licitó el 12 de mayo de 2002, siendo Mariano Rajoy titular del departamento. Hispánica presentó la oferta más baja de las doce empresas que acudieron a la licitación y se hizo con el contrato bajo subasta por 1,7 millones de euros. Sin embargo, las obras acabaron teniendo un sobrecoste de más de medio millón de euros entre el "proyecto de reformado o modificado" y el "exceso de mediciones". Xirivella es la localidad de nacimiento del fallecido Juan Cotino, que entonces era director general del Cuerpo Nacional de Policía.
En otra de las adjudicaciones analizadas, la del tramo del AVE La Roca-Llinars, asignada por Adif a Hispánica por 44 millones de euros —de nuevo gracias a tener la mejor propuesta económica de las cuatro que se clasificaron con calidad técnica elevada— el informe alerta de otro aspecto "dudoso". Así, los técnicos desconfían de que los seis millones de euros extra que se tramitaron por el concepto de "obras complementarias" para gestionar los residuos de la obra principal no sean "un modificado del proyecto". Y avisan de nuevo: "De haberse tramitado como modificado se habría superado el 20% del contrato primitivo, por lo que sería preciso el dictamen del Consejo de Estado". Y es que, en este caso, el contrato ya contaba con un modificado de 8,3 millones de euros, un 18,7% del precio de adjudicación; y según la certificación final el exceso de mediciones fue de 2,9 millones (6,48%).
"Parece que al menos partes de estas obras complementarias, las más importantes, son realmente modificados", dice el informe sobre otra de las obras en las que sospechan que Hispánica utilizó el mismo mecanismo. Se trata, en este caso, de uno de lotes de la variante de Pajares, adjudicado por Adif a una Unión Temporal de Empresas (UTE) en la que participaba junto a Fernández Constructor, Copcisa y Azvi, las dos últimas donantes en la contabilidad paralela del PP que durante años fue plasmando en apuntes Luis Bárcenas. El importe de esas obras complementarias ascendió a 43 millones de euros, sobre un contrato de 218 millones al que hubo que sumar otros 44 millones en sobrecostes. "Si [las obras complementarias] se hubieran tramitado como modificado superarían el 20% y sería preciso el dictamen del Consejo de Estado", reiteran los técnicos.
La misma sospecha tienen los técnicos respecto a otro de los contratos analizados, el de la construcción del nuevo acuartelamiento de la Brigada Paracaidista en Paracuellos del Jarama. Fue adjudicado en 2002 por el Ministerio de Defensa que entonces dirigía Federico Trillo a la constructora de García Pozuelo en exclusiva y ascendió a 35,6 millones de euros. Sin embargo, se acabó tramitando un modificado por importe de siete millones de euros, lo que supone un 19,81% de incremento sobre el importe del proyecto primitivo, un porcentaje que no pasa desapercibido para los investigadores.
"Da la impresión de que se ha aprovechado la tramitación del modificado para realizar otras obras necesarias para el acuartelamiento sin sobrepasar el 20% que determinaría que fuera causa de resolución y necesitara el dictamen del Consejo de Estado, ya que algunas de las obras que se incluyen, según el documento de justificación del proyecto modificado, parece que no sería propiamente modificados del proyecto sino, en su caso, obras complementarias", dice el informe, que afirma que este aspecto ya fue puesto de manifiesto "correctamente" por el servicio jurídico en un informe de 2005.
El informe también destaca los bajos precios ofrecidos por la constructora. En concreto, llama la atención sobre las obras del nuevo Parador de Lorca, adjudicadas el 30 de mayo de 2003 a Hispánica por 10,5 millones de euros por parte Turespaña, dependiente del Ministerio de Economía cuando era titular de esa cartera Rodrigo Rato. Según el documento, los servicios técnicos de Turespaña llegaron incluso a pedir a la constructora de García Pozuelo que justificara los precios porque estaba en "presunción de temeridad".
Según el informe de Hacienda, la justificación fue "detallada" pero resulta "extraño" que el beneficio industrial que incluyó la constructora fuera solo del 2% cuando para elaborar el presupuesto por la Administración se consigna un 6%. Ese proyecto acabó teniendo dos reformados por valor de 3,6 millones de euros como consecuencia de la aparición de restos arqueológicos. Al superar el 20% del contrato, este sobrecoste fue examinado por el Consejo de Estado, que informó favorablemente.
Los contratos citados forman parte de las 23 adjudicaciones de siete ministerios del núcleo duro del Gobierno de Aznar y empresas públicas como Adif, Aena y Renfe sobre las que puso la lupa el pasado diciembre el juez Santiago Pedraz, instructor de la llamada vía del cohecho en la Audiencia Nacional. La UDEF, que en 2014 concluyó que no era posible establecer una "vinculación directa" entre donaciones al PP y adjudicaciones, había propuesto en un informe de noviembre investigar 23 grandes obras adjudicadas a Hispánica, cuyo antiguo dueño reconoció el pago de mordidas a Génova. De hecho fue condenado a dos años de cárcel tras reconocerse culpable en el primer gran juicio de Gürtel
La UDEF solicitó estas diligencias basándose en la confesión de García Pozuelo y también en la de Correa, que en el juicio de la Primera Época de Gürtel, en octubre de 2016, aseguró que las adjudicaciones de la gran obra pública se decidían en el mismo Consejo de Ministros de Aznar a cambio de una donación de entre el 2 y el 3% al PP. Correa no ratificó esta declaración ante el juez De la Mata, pero su revelación sí sirvió para reabrir una investigación cerrada en marzo de 2015 porque ni la Policía, ni la Fiscalía ni los jueces pudieron acreditar entonces que cada pago en negro se correspondiera a una adjudicación.
https://www.eldiario.es/politica/hacienda-destapa-formula-corrupcion-gobierno-aznar-constructora-hispanica_1_7970439.htmlLA AUDIENCIA NACIONAL IDENTIFICA LOS MÉTODOS DE AMAÑO DE CONTRATOS EN LA ERA AZNAR
La IGAE detecta el mismo procedimiento de adjudicación supuestamente fraudulento en los contratos concedidos a un donante a la caja b del PP, consistente en bajas temerarias en la adjudicación y sobrecostes posteriores de hasta el 40% en las adjudicaciones públicas
La Intervención general del Estado ha analizado para el juzgado número 5 de la Audiencia Nacional, que investiga la pieza de los cohechos de la caja b del PP, un total de nueve contratos públicos adjudicados durante la época de Aznar por unos 200 millones de euros a un donante confeso a la contabilidad paralela del partido, Alfonso García Pozuelo, y ha hallado similitudes que, a juicio de los investigadores, apuntalan la fórmula del amaño.
En apariencia, todo era legal y los contratos eran concedidos por concurso público a la oferta del constructor García Pozuelo, siempre más barata. Pero esas ofertas rozaban la "baja temeraria" y una vez adjudicado, se producían modificados al alza de hasta el 19,9 por ciento porque tal y como recalcan los técnicos, si los sobrecostes llegaban al 20% había que alertar al Consejo de Estado y podía descubrirse el pastel. También había otros "reformados" o "excesos por mediciones", que acababan encareciendo los contratos entre un 30 y un 40% en total.
Entre los contratos analizados se encuentran hasta cuatro tramos del AVE, las obras del parador de Lorca, un proyecto del SEPES y hasta una comisaría de la policía en Xirivella.
Alfonso García Pozuelo confesó en el juicio por la primera época de la Gürtel que el líder de la trama, Francisco Correa, mediaba para que él obtuviera contratos con distintos ministerios y a cambio abonaba comisiones a los "organismos centrales". Además de esas mordidas porcentuales por cada contrato, según los papeles de Bárcenas también abonó otras coimas entre 1998 y 2006 por 258.161 euros. Correa declaró que García Pozuelo era solo uno más de la lista de empresarios por los que mediaba para la obtención de contratos.
El juzgado cree que tiene indicios sólidos de cómo se amañaban las adjudicaciones a favor de los donantes a la caja b del PP, y pide un informe global del caso.
https://cadenaser.com/ser/2021/05/25/tribunales/1621923255_621041.html
La UDEF propone al juez del ‘caso Bárcenas’ investigar 23 expedientes de cinco ministerios, Adif y Renfe adjudicados a un constructor donante del partido
La reactivación del caso de los papeles de Bárcenas da un nuevo salto. La Policía Nacional, que investiga la relación entra la concesión de contratos públicos y las donaciones de empresarios a la caja b del PP, ha enviado un informe al juez donde pone bajo sospecha hasta 23 adjudicaciones de cinco ministerios, Adif, Renfe y la Agencia Tributaria, entre otros, durante el último mandato de José María Aznar (2000-2004). La Audiencia Nacional debe aprobar ahora si se indaga sobre estos proyectos, que suman casi 600 millones de euros.
El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), fechado este 24 de noviembre y al que ha tenido acceso EL PAÍS, centra el tiro en Alfonso García Pozuelo, dueño de la Constructora Hispánica y condenado a dos años de cárcel en el juicio principal del caso Gürtel, conocido como Época I. Los agentes se fijan en las donaciones en dinero negro que este empresario hizo al PP y, ante la sospecha de que pagó comisiones ilegales a cambio de contratos amañados, quieren analizar los expedientes de esos 23 proyectos otorgados entre 2002 y 2004 a su compañía. “Es posible establecer de forma indiciaria una correlación entre las entregas de fondos realizadas por García Pozuelo, ya sea a través de Francisco Correa o directamente a Luis Bárcenas, y las adjudicaciones públicas recibidas por Hispánica de poderes adjudicadores gobernados por el PP”, subraya el documento incorporado al sumario.
El juez Pablo Ruz, primer instructor del caso sobre la supuesta financiación ilegal de los populares entre 1990 y 2009, ya imputó a los empresarios que aparecían en la contabilidad paralela. Todos ellos declararon en la Audiencia Nacional y negaron los pagos que el extesorero Luis Bárcenas apuntó en sus papeles. El juez pidió entonces un informe sobre la posible vinculación entre las donaciones y los contratos adjudicados por distintas administraciones gobernadas por el PP, pero la Intervención General del Estado sostuvo que era imposible acreditar las sospechas. Así que la causa se estancó durante años, hasta que ha revivido con nuevos descubrimientos.
García Pozuelo confesó en el juicio de Época I que pagó a Correa, cabecilla de la trama, a cambio de obras en Castilla y León y en Pozuelo de Alarcón. Correa era el intermediario entre las administraciones del PP y los constructores. En el interrogatorio, la fiscal preguntó a García Pozuelo con qué finalidad entregaba el dinero, a lo que este contestó:
—Era para Organismos Centrales, no recuerdo ni para qué ni para quiénes, porque hace muchos años. Me está usted hablando de hace muchísimos años.
Fiscal: “¿Usted sabe si iban a ser destinados parcialmente a Bárcenas o a Jesús Merino?”
Pozuelo: “Una vez, Correa me dijo que de esos fondos participaba Bárcenas. A Merino no lo conozco, ni he hablado con él”.
A esta confesión le puso la guinda Correa en el mismo juicio con una información adicional: “García Pozuelo lo dijo claramente aquí el otro día. Dijo Administración central porque eran obras de la Administración central. No porque él hablaba directamente con la Administración central. Eran obras de la Administración central… obras importantes de la Administración central. En las que yo esas, sí las gestionaba con Luis Bárcenas”.
Cinco ministerios
García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica entre 1992 y 2009, fue condenado en ese juicio a dos años de prisión, sustituibles por multa, por un delito de “cohecho continuado”. Su nombre aparece en nueve ocasiones en los papeles de Bárcenas entre 1998 y 2006 con aportaciones de entre 12.000 y 60.000 euros, que suman más de 258.000 euros. Según destaca el informe de la UDEF, en el periodo bajo sospecha, su empresa recibió 224 contratos de la Administración central por un valor superior a 1.000 millones de euros. También, “231 contratos de órganos públicos gobernados por el PP” por más de 1.400 millones.
Con todos esos datos como anclaje, la UDEF sostiene que hay elementos “objetivos, subjetivos y temporales” que evidencian el nexo entre las donaciones y la concesión de proyectos. “Las entregas de dinero realizadas entre 2002 y 2006 son coetáneas con los procesos de tramitación de los expedientes de contratación de los que resultó adjudicatario”, insisten los agentes, que piden al juez José de la Mata que aprueba esta nueva línea de las pesquisas. Y quieren que, entre otros documentos, exija a Fomento (actual Ministerio de Transporte) los expedientes de cinco carreteras; a ADIF, de cuatro tramos del tren de alta velocidad; a Interior, de la comisaria de Xirivella (Valencia); a Defensa, de un nuevo acuartelamiento en Paracuellos del Jarama; a la Agencia Tributaria, de un edificio en Avilés; a Turespaña, del parador de Lorca; a Educación, de la rehabilitación de la nueva sede del archivo histórico nacional; y a Medio Ambiente (actual Ministerio de Transición Ecológica), de la restauración de las marismas de Santoña y Noja.
Otros proyectos bajo sospecha son, por ejemplo, la construcción de un aparcamiento otorgada por Renfe o una plataforma del aeropuerto de Barajas (Madrid) dado por Aena.
La UDEF intenta así sumar nuevas pruebas del cohecho que investiga De la Mata desde que reabriera hace tres años esta parte de la causa. De momento, sus pesquisas se habían centrado en adjudicaciones, principalmente en la Comunidad de Madrid, a la empresa Degremont, encabezada por Rafael Palencia. Pero los agentes dan ahora un salto mayúsculo y ponen la diana en la Administración central. Y lo hacen cuando faltan apenas unas semanas para que comience otro juicio contra el PP por Gürtel: sobre la parte de la investigación de los papeles de Bárcenas relativa a la reforma de la sede de la calle Génova. En esa vista oral, que está prevista que arranque el 8 de febrero, se sentarán en el banquillo Bárcenas, el exgerente popular Cristóbal Páez y tres responsables de la compañía contratada para la obra, además del partido como persona jurídica como responsable civil subsidiario.
EL JUEZ DA LUZ VERDE A INVESTIGAR OTRO EXPEDIENTE DE 23 MILLONES DE LA ‘ERA AGUIRRE’ EN EL CASO DE LA CAJA B DEL PP
El magistrado ordena, a petición de la UDEF, recabar más documentación sobre nuevos contratos para gestionar depuradoras concedidos por la Comunidad de Madrid
El caso de los papeles de Bárcenas coge más cuerpo todavía. El juez José de la Mata ha dado luz verde a otra de las líneas de investigación propuestas por la Policía en esta parte de las pesquisas que aún siguen vivas, donde se trata de acreditar el nexo entre la adjudicación de obra pública a empresarios a cambio del pago de donaciones en b al PP, recogidas durante años en la contabilidad paralela que llevó el extesorero Luis Bárcenas. El magistrado de la Audiencia Nacional ha autorizado que se recabe la documentación relacionada con un expediente de 2008 de la empresa pública Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid y gobernada entonces por Esperanza Aguirre, a través de la cual se sacó a concurso la gestión de varias depuradoras por más de 23 millones de euros.
Según consta en un auto, fechado el 25 de noviembre y al que tuvo acceso EL PAÍS, el juez adopta esta iniciativa tras recibir a principios de mes un nuevo informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), que pone el punto de mira en este millonario proyecto. En ese documento policial, según añade la Fiscalía, se evidencia que Rafael Palencia, un empresario del sector de las depuradoras, mostró su interés por esta adjudicación en una conversación que tuvo en 2008 con Ildefonso de Miguel, entonces director general del Canal y hombre de confianza del posterior presidente Ignacio González, que atendió a su interlocutor tras recibir una llamada de Bárcenas para pedírselo. Esa charla, grabada por De Miguel, se encuentra incorporada a la causa.
El proyecto salió a concurso con el nombre de “procedimiento abierto para la contratación de los servicios de gestión indirecta en las estaciones depuradoras de aguas residuales del Canal de Isabel II”; y se dividió en cinco lotes —Lote II Grupo Alcalá Este, Lote III Grupo Alcalá Oeste, Lote IV Grupo Sotogutierrez, Lote V Grupo Guadarrama Medio y Lote VI Grupo El Plantío—, que sumaban en total un presupuesto base de licitación de 23,59 millones. “[La UDEF] quiere comprobar el alcance de las pretensiones que mostró Palencia sobre la adjudicación de alguno de los lotes, especialmente el Lote VI Grupo el Plantío, y de las ofertas realizadas sobre otros dos lotes más”, subraya el ministerio público en un escrito del 24 de noviembre, donde respalda esta iniciativa de la Policía “por ser pertinente y de utilidad”.
Palencia, que estaba al frente de la sociedad Degremont, no es un personaje cualquiera. Desde que el juez reactivó esta parte de las pesquisas destinada a probar el delito de cohecho, su nombre se repite de forma constante en el sumario. Los investigadores consideran que existe “una correlación objetiva, subjetiva y temporal” entre la adjudicación de proyectos por parte de entidades públicas a su empresa y los presuntos pagos efectuados por responsables de esta compañía al PP. De hecho, desde hace semanas, tienen otros tres contratos bajo sospecha: el de explotación de la depuradora Viveros de La Villa, otorgada por Canal; el de mantenimiento y conservación de la depuradora La Gavia, en el que Bárcenas habría mediado ante el Ayuntamiento de Madrid; y la redacción del proyecto de construcción de la depuradora Monte Boyal (Toledo), adjudicada por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) del Ministerio de Fomento.
Documentación a recabar
Tras recibir el informe de la UDEF, el juez dictó el auto del 25 de noviembre, donde no solo da luz verde a esta línea de investigación, sino que ordena al Canal de Isabel II que entregue en formato digital toda una batería de documentación sobre el concurso que ascendía a 23,59 millones. Según su escrito, De la Mata quiere los siguientes papeles:
—El pliego de cláusulas administrativas particulares y el pliego de condiciones técnicas, así como sus anexos.
—La oferta presentada por la empresa Degremont a los lotes en los que concurrió, aunque la Fiscalía indicó que esta empresa no fue adjudicataria bajo esa denominación de ninguno de ellos.
—Las actas de la mesa de contratación y el informe de valoración de las propuestas de los licitadores.
—La resolución de adjudicación.
—Certificación de las actuaciones en las que intervino Ildefonso de Miguel, que se encuentra procesado junto a Ignacio González en el caso Lezo, “así como los documentos justificativos de las mismas”.
Con esta decisión, la Policía trata de recabar más pruebas del cohecho que investiga De la Mata desde que reabriera hace tres años esta parte de la causa. Hasta ahora se habían centrado en adjudicaciones, principalmente en la Comunidad de Madrid, a Degremont. Aunque, como avanza este lunes EL PAÍS, los agentes han dado un nuevo salto al pedir permiso al juez para recabar expedientes de concesiones de cinco ministerios, Renfe y Adif, entre otros organismos, durante el Gobierno de José María Aznar (2000-2004) a la Constructora Hispánica, de Alfonso García Pozuelo.
EL PP INTENTA REBAJAR EL JUICIO DE LA CAJA B REDUCIENDO A UNA LAS SEIS ACUSACIONES POPULARES
Pide a la Audiencia Nacional que se unifiquen a partir de ahora y tengan una sola voz siete años después de que arrancara la causa. El PP intentó ser acusación popular en el caso pero Ruz se lo impidió por pervertir esa figura en Gürtel y actuar en realidad como defensor de Bárcenas
El Partido Popular se prepara ya para el juicio de la caja B que arrancará en febrero del próximo año. Su representación legal ha pedido a la Audiencia Nacional que a partir de ahora los seis partidos y asociaciones que ejercen la acción popular sean unificados en una sola acusación, de tal manera que el peso de la vista oral se vea drásticamente reducido, por ejemplo, en los interrogatorios a testigos y acusados. "La convergencia de intereses es más que clara pues persiguen los mismos hechos y acusan a las mismas personas", justifica la representación del PP en el citado escrito, al que ha tenido acceso elDiario.es.
En representación del partido, el abogado Jesús Santos pide reducir los "cuatro meses de pena de banquillo" que supondría un juicio con seis acusaciones populares, al tiempo que admite la "relevancia mediática considerable" que tendrá una vista en la que se expondrá la financiación irregular del partido durante al menos dos décadas.
El PP tienta a los magistrados de la Sección Segunda con que el "el tiempo del pleito se vería reducido significativamente" si de quince togados participantes entre acusaciones y defensas (el fiscal, el abogado del Estado, los seis letrados de la defensa, los seis de la acusación popular y el suyo propio, como responsable civil) se pasa a diez. También advierte a los jueces de que deberán tramitar muchos menos recursos ante una eventual absolución.
La agrupación de las acusaciones populares en una sola es una decisión que suelen tomar los jueces de instrucción al inicio de la causa y que no se adopta siempre. No ha ocurrido, por ejemplo, en ninguna de las piezas del caso Gürtel, al que también pertenece la caja B del PP, ni fue el caso de la destrucción de los ordenadores de Bárcenas, donde las distintas acusaciones populares tuvieron voz propia en el juicio, el primero a un partido político como acusado, y del que la formación de Pablo Casado resultó absuelta.
Se da la circunstancia de que el Partido Popular pretendió convertirse en una de esas acusaciones populares del caso de la caja B cuando éste arrancó en 2013 como una pieza separada de Gürtel. El juez Pablo Ruz, sin embargo, se vio obligado a expulsar al PP de la acusación popular que había ejercido durante cuatro años en Gürtel y rechazar su personación en la pieza de la Caja B. El magistrado alegó mala fe procesal del PP al actuar en realidad como abogado defensor de Luis Bárcenas. Ocurrió unos meses antes de que el extesorero confesara la financiación irregular del partido durante al menos dos décadas.
El PP argumenta ahora: "La previsible reiteración en los interrogatorios durante la práctica de la prueba, la multiplicación de trámites y la proliferación de recursos interpuestos por las mismas razones y con las mismas finalidades; en definitiva, el número de acusaciones populares, nada menos que seis, con idénticas pretensiones, contribuyen a dificultar el adecuado manejo de la causa, lo que generalmente redunda en un indeseable retraso en su tramitación".
Las seis acusaciones populares personadas en el caso de la caja B son de dos particulares, que representan a los socialistas valencianos y al Partido Socialista de Madrid, respectivamente, Izquierda Unida, las asociaciones Observatori Desc y Adade, y el pseudosindicato Manos Limpias, juzgado en la actualidad como parte de una presunta organización criminal.
El abogado del PP hace un repaso de sus respectivos escritos de acusación y concluye que las seis acusaciones populares coinciden en describir el funcionamiento de la caja B durante casi 20 años y acusan por ello al PP de falsedad, a diferencia de la Fiscalía y la Abogacía del Estado; señalan en qué consisten las obras de Génova que se pagaron presuntamente con dinero negro, lo hacen "planta por planta" y "año por año"; distinguen pagos "oficiales" de los que no lo fueron; reiteran que el partido dejó de pagar a Hacienda 220.167,04 en 2008, el único ejercicio fiscal que no está prescrito; y reproducen el "supuesto apoderamiento de dinero" por Lapuerta y Bárcenas de fondos de esa supuesta caja B para comprar acciones de Libertad Digital.
Esto es, el abogado del PP se queja de que las seis acusaciones coinciden en incluir en sus escritos todos los hechos que siete años de instrucción ha dejado acreditados de forma indiciaria si bien difieren en la calificación de los delitos que hacen Fiscalía y Abogacía. "La convergencia de intereses es más que clara pues persiguen los mismo hechos y acusan a las mismas personas", concluye el escrito de la defensa del PP.
En este sentido, y para apuntalar su petición, el PP reclama su derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, como marca la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y añade que con seis acusaciones se va a dar "un escenario de artificial complejidad que difícilmente va a ser el ámbito sereno que requiere la adopción de una respuesta justa".
Por si pareciera una conculcación de derechos, el PP defiende su petición en que no se niega la acción penal a nadie y que la acusación popular, según la Ley, está para "coadyuvar a la función pública de acusar". "No está en juego su derecho fundamental a la tutela judicial ni a su derecho fundamental a la defensa", añade.
Asimismo, el abogado del PP hace referencia al Anteproyecto de Ley para la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que acaba de aprobar el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos en el sentido de que elimina del ejercicio de la acción popular a partidos y sindicatos como los que integran la acción popular del caso de la caja B.
SIETE AÑOS EN BUSCA DEL COHECHO EN LA CAJA B DEL PP
El último informe del inspector Morocho vincula donaciones de los papeles de Bárcenas con obras públicas
Al pie del informe fechado el 13 de noviembre de 2020 no hay ningún nombre, solo un número: 81.067. Con eso basta para que el juez José de la Mata sepa que una de sus últimas actuaciones al frente del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional —dentro de unos días marchará a ocupar un puesto en Europa— llevan la firma del inspector jefe Manuel Morocho que, desde hace muchos años, persigue el rastro de la financiación ilegal del PP. Y es ahora, casi en el tiempo de descuento, cuando el inspector 81.067 cree haber encontrado por fin indicios sólidos para probar el delito de cohecho [soborno a un funcionario público a cambio de concesiones] que se escondía presuntamente tras los papeles de Luis Bárcenas, el encargado durante casi 20 años de la tesorería del PP.
Esta historia comienza en 2008, en el despacho de Ildelfonso de Miguel, director general del Canal de Isabel II, la empresa dependiente de la Comunidad de Madrid que gestiona la distribución y el suministro de agua y que, por tanto, adjudica cada año decenas de millones de euros en obra pública. Unos días antes, De Miguel ha recibido una llamada de Luis Bárcenas para que atienda a un tal Rafael Palencia, empresario del sector de las depuradoras. El encuentro tiene lugar el 10 de junio de 2008. La fecha tiene su aquel. En dos semanas se celebrará el Congreso Nacional del PP y por aquellos días se especula con que Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, está sopesando disputar el liderazgo del partido a Mariano Rajoy. De Miguel, no se sabe si por indicación de su jefe, Ignacio González, por entonces vicepresidente madrileño y mano derecha de Aguirre, o por iniciativa propia, decide grabar la conversación y guardarla en un lápiz de memoria. No se conocerá su existencia hasta mucho después, aunque lo que se dijo en aquel despacho en junio de 2008 es la pieza maestra para completar el puzzle de la caja b del Partido Popular.
Rafael Palencia. Yo colaboro permanentemente con el partido.
Ildefonso de Miguel. ¿Qué haces? Por ejemplo ¿para cada proyecto de estos les das un...?
Palencia. Yo de momento voy haciendo una serie de entregas a cuenta permanentemente.
De Miguel. ¿Le entregas dinero?
Palencia. Sí, muchas veces.
De Miguel. ¿Pero le entregas dinero con independencia de que haya adjudicaciones o no?
Palencia. Hombre, un poco relacionado con las adjudicaciones.
De Miguel. ¿Y cuánto, y cuántas veces?
Palencia. Bueno, pues yo periódicamente le entrego 30, 35.000 euros. Es una cantidad que voy allí y entrego yo
De Miguel. ¿Qué se la das, en un sobre o así?
Palencia. Se lo doy en un sobre a Álvaro [Lapuerta] y a él [Luis Bárcenas].
En enero de 2013, el diario EL PAÍS publica los papeles de Bárcenas dejando al descubierto la caja b del PP. El juez Pablo Ruz abre la investigación. Entre los empresarios que desde 1990 a 2009 donaron en secreto más de ocho millones de euros al PP figura el nombre de Rafael Palencia, el de la empresa de depuradoras. Bárcenas ha anotado varias entregas de 20.000 o 30.000 euros a lo largo de 10 años. En total suman unos 200.000 euros, no demasiado dinero en comparación con los ocho millones que aparecen registrados en los papeles del gerente, pero lo importante para el juez Ruz y para la policía judicial es descubrir la existencia del cohecho. A pesar de que imputa a todos los empresarios que figuran en las anotaciones de Bárcenas, el juez no consigue demostrar el cohecho y en 2015 cierra la investigación y retira la imputación de los empresarios. Solo ha logrado enviar al banquillo a los tesoreros Álvaro Lapuerta ―ya fallecido― y Luis Bárcenas, y a los dueños del despacho de arquitectura encargados de la reforma de la sede del PP en la calle Génova de Madrid. Una parte de las obras se pagó con dinero negro.
Pero entonces se producen dos circunstancias que van a cambiar el curso de la investigación. De la Mata consigue la plaza titular del juzgado y se celebra el juicio principal del caso Gürtel. Aunque en esa vista no se juzgan los papeles de Bárcenas, hay varios testimonios —el de Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta, y el de un empresario que donó grandes cantidades al partido— que vinculan las donaciones ilegales a la adjudicación de contratos. De la Mata decide, a petición de las acusaciones populares, reabrir la investigación. A la vez, otro sumario abierto en la Audiencia Nacional en el juzgado vecino al que ocupa De la Mata, destapa corruptelas en el Canal de Isabel II. La intervención de las comunicaciones de los implicados en esa trama y los registros en el domicilio de algunos de los imputados sacan a la luz la conversación entre Ildefonso de Miguel y el empresario Rafael Palencia. El juez De la Mata y el inspector tienen otro motivo para tirar del hilo del cohecho.
Ignacio González, que llegó a ser presidente de la Comunidad de Madrid, habla en el segundo semestre de 2017 con su amigo Eduardo Zaplana, exministro y expresidente valenciano. Le cuenta que Ildefonso de Miguel, su hombre de confianza en el Canal de Isabel II, guarda información sensible: “Le sacó una grabación a un empresario diciendo que le daban pasta a Álvaro Lapuerta [tesorero del PP hasta junio de 2008 cuando le sucede en el puesto Luis Bárcenas] y no sé si a Rajoy”.
“Le sacó una grabación” es una manera de hablar. Esa grabación podría haber puesto en apuros al PP de Mariano Rajoy en junio de 2008, cuando se jugó la batalla por el poder que Aguirre no quiso dar. Uno de sus hombres de confianza tuvo una carta escondida que, de haberla utilizado, hubiese provocado una gran crisis en el PP.
Doce años después, el inspector Morocho sigue tirando del hilo. Ha pedido los expedientes de obras adjudicadas a la empresa de Rafael Palencia y ha descubierto numerosas irregularidades. Las va detallando en amplios informes que entrega a De la Mata. El último es un trabajo en el que destripa la conversación grabada en 2008. Va poniéndola en contexto con todo lo que sabe de los papeles de Bárcenas. El inspector escribe en su informe un párrafo que define perfectamente lo que es un cohecho: “En este sentido se concreta la adjudicación obtenida por Degremont [la empresa de Rafael Palencia] del servicio de Explotación de la Estación Depuradora de Aguas Residuales de Madrid, adjudicado por el Canal de Isabel II, estableciéndose de forma indiciaria una correlación objetiva, subjetiva y temporal entre la entrada de fondos efectuada por el entonces presidente de Degremont y registrada en la cuenta analítica [los papeles de Bárcenas], y la adjudicación del concurso”. De la Mata abandonará el Juzgado de Instrucción número 5 en unos días. A modo de despedida, el inspector 81.067 le acaba de entregar la pieza que le faltaba para intentar cuadrar el círculo de la financiación ilegal del PP.
https://elpais.com/espana/2020-11-22/siete-anos-en-busca-del-cohecho-en-la-caja-b-del-pp.html
LA POLICÍA LOGRA DOCUMENTAR EL NEXO DE LOS PAGOS A BÁRCENAS CON LA ADJUDICACIÓN DE CONTRATOS PÚBLICOS
Los agentes rearman la investigación sobre cohecho en la causa de la caja b, archivada hace un lustro ante la falta de pruebas
El calvario judicial del PP no cesa. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha logrado documentar el presunto delito de cohecho en la causa de la caja b del partido, una línea de investigación que se descartó hace un lustro ante la falta de pruebas y que se ha reactivado tras los indicios surgidos en otras pesquisas, como la Operación Kitchen o el caso Lezo. En dos nuevos informes incorporados al sumario, los agentes señalan un “conjunto de irregularidades” que vinculan adjudicación de obra pública con pagos al partido.
La conclusión de los investigadores de la UDEF, a la que se suma también el juez instructor José de la Mata en un auto del 14 de septiembre, resulta determinante: se aprecia “una correlación objetiva, subjetiva y temporal” entre la adjudicación de tres proyectos por parte de entidades públicas a la empresa Degremont y los presuntos pagos efectuados por responsables de esta compañía al PP. Unas palabras que suponen un paso clave para la policía. Por primera vez, se ha conseguido recabar toda una batería suficiente de indicios e “irregularidades” que conectan las donaciones de los empresarios al partido conservador con los contratos de obras públicas que se otorgaron por administraciones dominadas por esta formación.
El avance no resulta nada baladí, ya que la propia UDEF tuvo que dar carpetazo en 2014 a esta línea de la investigación ante la dificultad de demostrar que existía una relación entre los pagos millonarios al partido y las adjudicaciones. “Con la información de la que se dispone en estos momentos”, no es posible establecer “una vinculación directa”, escribían los agentes hace seis años, antes de que el juzgado cerrase también esta parte de las pesquisas. El instructor de la Audiencia Nacional que entonces llevaba el caso, Pablo Ruz, daba por veraces estas donaciones ilegales que figuran en los papeles de Bárcenas (la caja b del PP durante 20 años), publicados en enero de 2013 por EL PAÍS. Pero para poder imputar a alguien había que documentar quién paga, quién recibe, cuándo y a cambio de qué.
Así que no fue hasta 2017 cuando su sucesor en el puesto, el magistrado De la Mata, reabrió esta línea ante la aparición de “elementos nuevos” que le permitían seguir indagando. Desde entonces, el juez y los agentes han ido recabando documentación y testimonios de sospechosos —como declaraciones de los implicados en juicios de otros casos relacionados o grabaciones incautadas en otras pesquisas—. Todo ello, con el objetivo de tratar de probar el “sistema” que Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, que fueron tesoreros del PP, y Francisco Correa, líder de la trama Gürtel, “definieron e implementaron para obtener fondos ilícitamente para el PP y para ellos mismos, a cambio de movilizar influencias”, según dice el sumario.
Informes de la UDEF
En el caso concreto que permite “encajar” la vía del cohecho, la UDEF centra sus sospechas en el posible amaño de tres adjudicaciones del Canal de Isabel II, el Ayuntamiento de Madrid y la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) del Ministerio de Fomento a la compañía Degremont, encabezada por Rafael Palencia. Según los informes de la Policía, del 15 de septiembre y a los que tuvo acceso EL PAÍS, este empresario aparece en una grabación hablando con Ildefonso de Miguel, exgerente del Canal de Isabel II y hombre de confianza del expresidente madrileño Ignacio González, sobre los “mecanismos empleados para lograr las adjudicaciones de contratos públicos”.
Los investigadores especifican los tres proyectos bajo sospecha. El primero, un contrato de explotación de la depuradora Viveros de La Villa, adjudicada por Canal en diciembre de 2006. “Existe una correlación objetiva, subjetiva y temporal con una entrega de 35.000 euros registrada en la contabilidad [en b] gestionada por Bárcenas”, extesorero del PP, dice el magistrado sobre este caso, donde señala también a Ignacio González. El segundo: un contrato de mantenimiento y conservación de la depuradora La Gavia, para la que Bárcenas “puso en contacto a Rafael Palencia con la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid entre 2003 y 2007”. Y el tercero: la redacción del proyecto de construcción, puesta a punto, funcionamiento, mantenimiento y explotación de la depuradora Monte Boyal (Toledo), adjudicada por el Sepes: “Existe una correlación con una entrega de 60.000 euros registrada en la contabilidad de Bárcenas equivalente al 2% del importe de adjudicación sin IVA”.
Con la idea de ahondar en la investigación y tras la petición de los agentes, De la Mata ya ha ordenado a las entidades públicas implicadas en estos proyectos que le remitan toda la documentación que tengan (incluidos emails y dispositivos electrónicos usados por quienes participaron en ellos). El instructor de la Audiencia busca atar las irregularidades que le relata la UDEF: como contratos con “un grado excesivo de discrecionalidad” o que “carecen de motivación”, que lleva a adjudicaciones que han “vulnerado los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”.
https://elpais.com/espana/2020-09-24/la-policia-logra-documentar-el-nexo-de-los-pagos-a-barcenas-con-la-adjudicacion-de-contratos-publicos.html
FOMENTO Y LA COMUNIDAD DE MADRID AMAÑARON CONTRATOS A FAVOR DE UN DONANTE EN B DEL PP
Dos nuevos informes de la UDEF al juzgado de la Audiencia Nacional que investiga la caja b del PP, corroboran que ambas administraciones incurrieron en múltiples irregularidades para adjudicar dos depuradoras por 10,8 millones de euros a la empresa Degremont, a cambio de una donación de al menos 95.000 euros, reflejada en la contabilidad b
El Ministerio de Fomento y la Comunidad de Madrid amañaron contratos a favor de un donante en b del PP, según dos informes de la UDEF al juzgado número 5 de la Audiencia Nacional que investiga el caso.
Ambos informes, que avanza la SER, relatan cómo en 2003 la Entidad Estatal del Suelo (SEPES ), dependiente del Ministerio de Fomento que entonces dirigía Francisco Álvarez Cascos, y el Canal Isabel II en 2006, presidido en aquella etapa por Ignacio González, incurrieron en múltiples irregularidades para que las adjudicaciones de dos depuradoras por 10,8 millones de euros, fueran a parar al empresario Rafael Palencia, quien a cambio abonó a la caja b del PP al menos 95.000 euros.
Fomento vulneró toda "normativa aplicable" en la adjudicación
La obra competencia de Fomento era la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Monte Boyal en el municipio toledano de Casarrubios del Monte, adjudicado en 2003 a Degremont por 3.482.312,84 euros, y la UDEF concluye que fue concedida "al margen de lo dispuesto" en la ley de contratación pública y "demás normativa aplicable", vulnerando "los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia aplicables en la contratación" pública. Entre las numerosas irregularidades, los agentes destacan la manipulación y opacidad en los criterios de adjudicación, o la subjetividad en las puntuaciones para la concesión de la obra.
El informe resalta que de acuerdo a la conversación grabada al presidente de Degremont, Rafael Palencia, que consta en las actuaciones, y tal y como refleja la contabilidad del PP manuscrita por Bárcenas, existe una correlación temporal entre la asignación de esta obra, y una aportación de esta empresa a la caja b por 60.000 euros. Una donación que pudo ser mayor porque tal y como expresó Palencia en la grabación efectuada por el exgerente del Canal Isabel II, Ildefonso de Miguel, "si había obra pagaba entre el 2 y el 3 por ciento" del total.
Los favores del Canal Isabel II a Degremont
Por lo que respecta a la adjudicación bajo sospecha por parte de la Comunidad de Madrid, se trata de la concesión de la EDAR los Viveros de la Villa por un importe de 7.377.474,52 euros. La UDEF apunta a que de nuevo existió opacidad en los criterios de adjudicación y los mismos fueron manipulados, incumpliendo la ley de contratación pública y vulnerando la libre concurrencia. Además destaca que la oferta de Degremont fue la penúltima en el apartado económico de todas las presentadas o que la Comunidad de Madrid favoreció a esta empresa con un modificado al alza por más de 400.000 euros sin justificación, o que le abonó 100.000 euros más, cuando por ley la sociedad debía haber corrido con el coste.
También por la concesión de esta obra, la UDEF encuentra una correlación temporal entre la fecha de la adjudicación y una donación de 35.000 euros, reflejada por Luis Bárcenas en la contabilidad manuscrita.
Informes clave para probar el cohecho de los empresarios en b
Las fuentes jurídicas consultadas destacan que las pruebas recabadas y puestas en contexto por estos informes de la UDEF son claves para probar la existencia de un delito de cohecho en la pieza que investiga el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, sobre las supuestas donaciones de 20 empresarios por 7.5 millones de euros a la caja corriente del gasto en negro, que Bárcenas anotó entre los años 1990 y 2008. Todos los empresarios, supuestos donantes en b, continuan imputados en la causa.
https://cadenaser.com/programa/2020/09/24/hoy_por_hoy/1600924612_079689.html
EL JUEZ APUNTA A IGNACIO GONZÁLEZ TRAS REACTIVAR EL CASO DE LA CAJA B DEL PP NACIONAL
La Audiencia Nacional pide al Canal de Isabel II los discos duros, dispositivos electrónicos y ‘e-mails’ del expresidente de la Comunidad de Madrid
El juez José de la Mata, que ha reactivado la investigación de la caja b del PP nacional a raíz de las revelaciones de causas como la Operación Kitchen, ha solicitado al Canal de Isabel II que le envíe los discos duros, e-mails y todos los dispositivos electrónicos que utilizó Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, durante su etapa al frente de la empresa pública. Según consta en un auto dictado el pasado 14 de septiembre, el que ha tenido acceso EL PAÍS, el magistrado busca nuevas pruebas de que se amañaron tres adjudicaciones —concedidas por esta compañía, por el Ayuntamiento de la capital y por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) del Ministerio de Fomento— a cambio de fondos para la contabilidad opaca de la formación conservadora.
Tras recibir el 3 de agosto una petición de Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional para recopilar una enorme cantidad de documentos relacionados con estos proyectos bajo sospecha, De la Mata ha dictado un auto donde acepta la solicitud de los investigadores. Los agentes quieren averiguar qué hubo detrás de esas adjudicaciones. Sacar a la luz los “procesos subyacentes”, dicen. Y, por ello, quieren bucear en los expedientes de contratación “en formato papel”; “notas internas”; e-mails; “apuntes auxiliares manuscritos”; y todos los documentos digitales y herramientas electrónicas usadas por los implicados.
Por ello, según reza su auto, el magistrado ha pedido ya al consejo de administración del Canal de Isabel II, dependiente de la Comunidad de Madrid (gobernada por PP y Ciudadanos), que le envíe “los discos duros de los equipos informáticos, así como otros soportes de almacenamiento de información y otros dispositivos electrónicos corporativos de los que era usuario” Ignacio González, que ya ha sido procesado por el caso Lezo e imputado en el caso Púnica. Según detalla De la Mata, el exdirigente del PP era vicepresidente primero del Ejecutivo regional y presidente del Canal de Isabel II cuando se selló uno de los contratos bajo sospecha: los servicios de explotación de la depuradora Viveros de La Villa, adjudicada por en diciembre de 2006. “Existe una correlación objetiva, subjetiva y temporal con una entrega de 35.000 euros registrada en la contabilidad [en b] gestionada por Luis Bárcenas]”, extesorero del PP, señala el magistrado.
De la Mata incide en que González fue quien “emitió el informe dando cuenta al Consejo de Gobierno de la Comunidad sobre la propuesta de adjudicación el 14 de diciembre de 2006” y quien “firmó la adjudicación el 27 de diciembre de 2006”. El juez añade que hay “elementos” suficientes para vincular esta concesión a la empresa Degremont, vinculada al empresario Rafael Palencia, y “entregas de fondos” irregulares realizadas por parte del propio Palencia al PP, que “constan anotadas en la cuenta analítica de ingresos por donativos del Partido Popular”. El instructor también solicita al Canal que le remita los “mensajes de correo electrónico íntegros desde las cuentas corporativas de la sociedad” usados por el político entre 2006 y 2009.
Como detalla el sumario, los empresarios colaboraban con el PP mediante la “aportación de fondos en calidad de donantes, ya fuera para campañas electorales o para la financiación de otros proyectos, como por ejemplo la reforma de una sede de la formación política”. “Los fondos se entregaban a cambio de la facilitación por parte de [Álvaro] Lapuerta y Bárcenas de contactos directos con el responsable político del poder adjudicador de contratos públicos que en cada caso interesara, durante la tramitación del expediente de contratación pública, con quien negociar la obtención del contrato público en que estaba interesado el empresario”, detallaba el juez.
De la Mata investiga otras dos adjudicaciones bajo sospecha. La primera, un contrato de mantenimiento y conservación de la depuradora La Gavia, para la que Bárcenas “puso en contacto a Rafael Palencia con la concejala de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid entre 2003 y 2007”. La segunda, la redacción del proyecto de construcción, puesta a punto, funcionamiento, mantenimiento y explotación de la depuradora Monte Boyal, adjudicada por el Sepes: “Existe una correlación objetiva, subjetiva y temporal con una entrega de 60.000 euros registrada en la contabilidad gestionada por Bárcenas equivalente al 2% del importe de adjudicación sin IVA”. Por ello, el magistrado ha pedido también al Sepes, al Ayuntamiento de la capital, al Canal de Isabel II y a Suez Treatment Solutions S. A. (heredera de las dos empresas bajo sospecha, Degremont S. A. y Odeaon Degremont S. A) toda la documentación, material y dispositivos electrónicos empleados por quienes intervinieron en estos proyectos.
https://elpais.com/espana/2020-09-24/el-juez-apunta-a-ignacio-gonzalez-tras-reactivar-el-caso-de-la-caja-b-del-pp.html
LA POLICÍA PIDE AL JUEZ RECABAR NUEVA DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON LA CAJA B DEL PP
La UDEF y el magistrado reactivan esta parte de las pesquisas tras encontrar nuevos indicios en tramas como la Operación Kitchen
La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional ha pedido permiso al juez José de la Mata, que investiga la caja b del PP, para recopilar una enorme cantidad de documentos supuestamente relacionados con la financiación irregular de los populares. Los agentes quieren investigar “los procesos subyacentes” que pudo haber detrás de varios proyectos adjudicados por la Entidad Pública Empresarial de Suelo (Sepes) y la empresa madrileña del Canal de Isabel II, a los que vinculan con la cúpula de dos compañías que “entregaron fondos” al partido conservador. Esta iniciativa se adopta después de que el magistrado haya reactivado estas pesquisas a raíz de las revelaciones de la Operación Kitchen de espionaje al extesorero popular Luis Bárcenas, entre otros casos.
Según consta en una “solicitud de medidas de investigación” de la UDEF, a la que ha tenido acceso EL PAÍS y fechada el pasado 3 de agosto, los investigadores quieren recopilar más material sobre dos proyectos. Sobre una adjudicación del Sepes para la “construcción, puesta a punto, funcionamiento, mantenimiento y explotación de una estación depuradora en Casarrubios del Monte (Toledo) en 2003”; y sobre otro contrato del Canal de Isabel II, empresa pública dependiente de la Comunidad de Madrid, para el “servicio de explotación” de varias estaciones depuradoras de aguas residuales de la capital en 2006.
Con el objetivo de ahondar en ambos, la policía pide al magistrado que abra cinco nuevos frentes para recopilar nueva documentación: con el Sepes, con el Canal de Isabel II, con la compañía Suez Treatment Solutions S. A. (heredera de las dos empresas bajo sospecha, Degremont S. A. y Odeaon Degremont S. A), con la Agencia Tributaria y con el Ayuntamiento de Madrid. Los investigadores solicitan poder dirigirse a sus principales responsables para, entre otras medidas, hacerse con los expedientes de contratación “en formato papel”; con las “notas internas” relacionadas; con e-mails; con “apuntes auxiliares manuscritos”; con documentos digitales; con los discos duros y otros dispositivos electrónicos de almacenamiento que hubieran usado los implicados. Esta petición se encuentra incorporada al tomo cuarto del sumario de la pieza reservada abierta por De la Mata sobre Kitchen.
Los agentes también quieren recopilar de Hacienda cualquier expediente abierto entre 2003 y 2009 contra las empresas investigadas “en relación con la existencia de elementos que impliquen un elevado riesgo fiscal por haber retirado o ingresado en entidades financieras un significativo importe de dinero en efectivo empleando billetes de elevada denominación (500 euros)”. Al Ayuntamiento de la capital le piden documentación vinculada a los sistemas de depuración bajo sospecha.
La UDEF argumenta que, “para conseguir definir la realidad de las operaciones más allá de lo que se muestra ante el exterior”, se requiere poner en marcha nuevas iniciativas para “obtener vestigios que permitan el esclarecimiento de los hechos, la reconstrucción del tracto temporal de los actos del expediente de contratación y la definición de la participación de las personas en los mismos”. “En el ámbito de la investigación de este tipo de actuaciones delictivas, se considera imprescindible contar con información que proceda de fuentes cerradas, con el fin de conocer la realidad de las operaciones, dado que se siguen procedimientos basados en la confianza entre personas que no se muestran al exterior”, remachan los investigadores. En definitiva, quieren bucear en sus comunicaciones internas en busca de pruebas.
Con esta iniciativa, la UDEF trata de ampliar las pesquisas iniciadas por De la Mata, que en un auto fechado el pasado 16 de abril exigía una primera documentación sobre los contratos de Degremont, compañía vinculada al empresario Rafael Palencia. Con ese escrito, el magistrado reactivaba esta parte de la investigación sobre la caja b tras hallar nuevos indicios, como ha avanzado eldiario.es. Ahora, después de recibir la solicitud de la policía del 3 de agosto, el juez de la Audiencia Nacional ya ha pedido la opinión de la Fiscalía sobre la recopilación de este nuevo material solicitado, según consta en un auto del pasado 19 de agosto, al que ha tenido acceso EL PAÍS. De momento, se desconoce la respuesta del ministerio público.
Como detalla el sumario, los empresarios colaboraban con el PP mediante la “aportación de fondos en calidad de donantes, ya fuera para campañas electorales o para la financiación de otros proyectos, como por ejemplo la reforma de una sede de la formación política”. “Los fondos se entregaban a cambio de la facilitación por parte de [Álvaro] Lapuerta y Bárcenas de contactos directos con el responsable político del poder adjudicador de contratos públicos que en cada caso interesara, durante la tramitación del expediente de contratación pública, con quien negociar la obtención del contrato público en que estaba interesado el empresario”, afirma el juez.
https://elpais.com/espana/2020-09-11/la-policia-pide-al-juez-recabar-nueva-documentacion-relacionada-con-la-caja-b-del-pp.html
LA AUDIENCIA NACIONAL DESCUBRE NUEVOS INDICIOS DE PAGOS EN NEGRO AL PP A CAMBIO DE ADJUDICACIONES
El juez de la caja B resucita la investigación por cohecho que se cerró en 2015 por falta de pruebas. Un informe policial repasa una década de investigación y añade la grabación a un empresario donante incautada en Lezo
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha abierto una nueva línea de investigación en el caso de la financiación irregular del PP o caja B. El magistrado ordenó en abril una batería de diligencias a partir de indicios hasta ahora desconocidos de pagos en negro a la formación de Mariano Rajoy a cambio de adjudicaciones a las grandes empresas que los hacían por parte de las Administraciones controladas por el Partido Popular.
El hallazgo supone un hito en el caso después de que la línea del cohecho tuviera que ser descartada en marzo de 2015 por falta de pruebas que acreditaran que las partidas secretas recogidas en los papeles de Bárcenas fueran pagos a cambio de adjudicaciones concretas. La confesión de Francisco Correa en el juicio de la Primera Época de Gürtel, en el que aseguró que las adjudicaciones de la gran obra pública se decidían en el mismo Consejo de Ministros de Aznar a cambio de una donación de entre el 2 y el 3% al Partido Popular motivó la reapertura del caso por parte de De la Mata.
En un auto del pasado 16 abril, que había permanecido en secreto hasta ahora, el magistrado afirma: "Existe una indiciaria relación de causalidad entre las donaciones, las subsiguientes actuaciones establecidas para entablar los contactos (de Bárcenas y el fallecido Álvaro Lapuerta con las autoridades del PP) y las relaciones establecidas. En ocasiones se producía el resultado en forma de los contratos recibidos, objetivo real del empresario tras la negociación".
El juez pone la lupa sobre tres adjudicaciones a empresas de Rafael Palencia, que aparece en los papeles de Bárcenas como autor de cinco donaciones irregulares por valor superior a 100.000 euros. Los contratos que investiga el juez son los de mantenimiento y conservación del parque Edar La Gavia de Madrid entre 2003 y 2007, concedido al donante Rafael Palencia por el Ayuntamiento de Madrid; una segunda fase del proyecto autorizada por el Ministerio de Fomento en 2003 a cambio presuntamente de 60.000 euros; y la explotación de depuradoras de aguas residuales Viveros de la Villa, adjudicada por el Canal de Isabel II y que se conecta en los papeles de Bárcenas con una entrega al partido de 35.000 euros en 2006.
Dos de las líneas de investigación del caso de la caja B fueron desechadas por falta de indicios suficientes. Una, la citada correlación entre el dinero negro inyectado al partido y adjudicaciones concretas. Y dos, el pago de sobresueldos a los dirigentes del PP procedentes de esas donaciones de dinero negro. De tal modo que el juicio de la caja B, pese a la acreditada existencia de la contabilidad paralela, se iba a ceñir al pago de la reforma de la sede de Génova con dinero de esa contabilidad paralela. Ninguno de los dirigentes de la formación se sentará en el banquillo al no poder determinar la instrucción con fuerza suficiente que las decisiones de gerente y tesorero, Lapuerta y Bárcenas, fueran conocidas por ellos.
Un informe policial ha puesto los indicios sobre las adjudicaciones sospechosas en manos del juez De la Mata. Se trata de un documento con el sello de secreto en el que el inspector jefe Manuel Morocho estuvo trabajando durante meses. Consta de 491 páginas y lleva fecha de 17 de diciembre de 2019. En él, el policía repasa diez años de instrucción de los casos Gürtel y caja B, así como pruebas obtenidas en otros casos de corrupción como Lezo, para establecer las conexiones que permiten reabrir la investigación de las adjudicaciones finalistas, esto es, de la práctica del cohecho.
En 2015, la causa contra un total de 22 empresarios, algunos de los más importantes constructores del país, quedó archivada. Solo en un caso, Ruz encontró indicios de una donación finalista y lo envió a un juzgado de Toledo. Se trataba de un presunto pago de Sacyr para la campaña de María Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha en 2007 a cambio de la adjudicación de la gestión de las basuras de Toledo. La Audiencia Provincial de Toledo cerró el caso en junio de 2019. El juez prorrogó recientemente durante un año más el plazo de instrucción de la caja B de acuerdo a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que elimina los plazos impuestos por el anterior Gobierno. El PP y Bárcenas han recurrido dicha prórroga.
Sobres en época de campaña electoral
Para conectar pagos y donaciones ha resultado fundamental la documentación incautada en el caso Lezo, incluida una grabación del encuentro entre Palencia, dueño de la constructora Degremont, con Ildefonso de Miguel, director general de la empresa de aguas públicas de Madrid, en 2008. De Miguel grabó la conversación en la que Palencia se queja de que no obtiene la adjudicación ("no damos el clavo") que desea. En la charla también se habla de la labor de Lapuerta y Bárcenas de conectar a empresarios con autoridades del PP. Palencia reconoce una frecuencia "periódica" en pagos de 30.000 a 35.000 euros al gerente y el tesorero y añade: "Hombre, un poco relacionado con las adjudicaciones".
El juez de la caja B concluye: "Estos procesos tenían lugar cuando los proyectos no se habían adjudicado, de tal forma que se abría una oportunidad de negociación directa entre el órgano adjudicador y la empresa licitadora interesada en recibir el contrato".
El empresario también confirma el porcentaje desvelado por Correa en el juicio de Gürtel: "Un 2% o 3% es lo normal". Las cantidades analizadas por la UDEF en los citados casos coinciden con este porcentaje. Por ejemplo, los 60.000 euros del contrato por la segunda fase de Edar La Gavia representa un 1,998% del montante de la adjudicación sin IVA.
Palencia reconoce igualmente que a Bárcenas y a Lapuerta "les viene bien" que las entregas sean próximas a campañas electorales. "Esas son aportaciones, digamos, para que ellos me abran puertas", dice Palencia. De la Mata asegura que de las cinco entregas de Palencia que aparecen en los papeles de Bárcenas, cuatro coinciden con procesos electorales.
Las entradas de dinero analizadas, insiste De la Mata en su auto de abril, fueron de tres cuentas bancarias a otras de titularidad del partido. La metodología de ingresos, añade, "se realizaba con el objetivo de no superar el límite cuantitativo de 10 millones de pesetas estalecido por la ley y ocultar el nombre del donante". La acusación popular de Izquierda Unida ya había calificado en su escrito algunos de los hechos descritos, al menos, como conspiración para el cohecho y tráfico de influencias.
Entre esa documentación extractada de decenas miles de folios y conectada en el informe de la UDEF figuran las declaraciones durante la instrucción de Álvaro Pérez, El Bigotes, colaborador de Correa; David Marjaliza, uno de los principales investigados en Púnica; del exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega; del que fuera delegado del Gobierno en Ceuta, imputado también en Lezo, Luis Vicente Moro; de Arturo González Panero, exaldade de Boadilla; y del propio Rafael Palencia.
Correa se desdijo tras la visita de 'El Largo', el supuesto nexo con Rajoy
El líder de la Gürtel, Francisco Correa, no ratificó ante el juez De la Mata la declaración que hizo en el juicio de la Primera Época. Entre la vista y la citación del juez de la caja B se produjo un hecho desvelado por elDiario.es: Correa recibió la visita en la cárcel de un abogado que aparece de forma recurrente en el sumario de Kitchen, Javier Iglesias, al que Villarejo y los otros mandos policiales apodan ‘El Largo’ y sitúan de nexo con el presidente del Gobierno entonces, Mariano Rajoy. Iglesias defiende que acudió a prisión a petición de Correa y que a partir de ese momento se incorporó a la defensa del empresario.
A partir del informe de la UDEF, De la Mata solicita varias diligencias para obtener documentación de la empresa pública del suelo sobre los expedientes investigados, al canal de Isabel II sobre la adjudicación del concurso citado, así como las concesiones a la Constructora Hispánica en Boadilla del Monte y Majadahonda. Esta diligencia viene al caso de la otra declaración, además de la de Correa, que motivó la reapertura del caso de la caja B, la confesión pactada con la Fiscalía Anticorrupción del empresario de la construcción Alfonso García Pozuelo para evitar la cárcel.
El auto también alude a la Operación Kitchen y solicita el testimonio prestado por el comisario Enrique García Castaño sobre su entrada en el local de restauración de Rosalía Iglesias, esposa de Bárcenas, "el apoderamiento de información y su destino". "Los resultados obtenidos —en la operación de espionaje— cumplieron con los objetivos marcados mediante apoderamiento de documentación integrada por al menos los documentos manuscritos por Rosalía Iglesias e información digital grabada en un disco duro por parte de Sergio Ríos Esgueva (el chófer) en unión de Andrés Gómez Gordo (el policía asesor de Cospedal)", destaca el juez.
https://www.eldiario.es/politica/audiencia-nacional-descubre-nuevos-indicios-pagos-negro-pp-cambio-adjudicaciones_1_6213980.html
EL JUEZ DE LOS CASOS DE VILLAREJO, 'PÚNICA' Y 'LEZO' DENUNCIA LA ENTRADA DE DESCONOCIDOS EN SU CASA
Interior valora reforzar la seguridad del magistrado García-Castellón, que lleva escolta desde hace años.
La persona o personas que entraron lo hicieron mediante un sistema que no llamó la atención del único de los familiares del magistrado que en ese momento se encontraba en la vivienda, dentro de su habitación. La familia no tenía costumbre de atrancar con cerrojo la puerta ni poner la llave por dentro.
La Policía cree que, al ver que la casa estaba ocupada, los desconocidos se marcharon, dejando la puerta abierta de par en par.
Las fuentes consultadas aseguraron que ni García-Castellón ni su familia echaron nada en falta, por lo que podría tratarse de un "aviso" al magistrado, que en estos momentos instruye el delicado expediente que afecta al comisario José Manuel Villarejo. Es el procedimiento conocido como operación Tandem, que ya ha salpicado a altas instituciones del Estado.
García-Castellón también es el instructor de procesos relacionados con la corrupción política como Lezo o Púnica, pero las fuentes consultadas señalaron que se desconoce si el allanamiento, adelantado por el diario El Mundo, tiene relación con los asuntos de los que se encarga el magistrado. Su antecesor en el caso Tandem, Diego de Eega, no tuvo ningún incidente parecido.
El Ministerio del Interior está valorando el refuerzo de la seguridad del magistrado, que desde hace años va escoltado y se mueve en un coche oficial.
https://www.elespanol.com/espana/tribunales/20190313/casos-villarejo-punica-lezo-denuncia-entrada-desconocidos/382963212_0.html
EL AGENTE PRINCIPAL DE LA GÜRTEL REFUTARÁ ANTE EL JUEZ LA TESIS DE LOS SOSPECHOSOS
El juez cita a declarar como testigo este jueves al inspector jefe Manuel Morocho, principal investigador de la Gürtel, quien negará haber recibido apoyo del grupo policial dirigido por el exdirector adjunto operativo, Eugenio Pino, en sus pesquisas sobre el PP. El testimonio desmonta la tesis de Pino y del comisario García Castaño, quienes afirmaron que Kitchen fue una operación para buscar las cuentas y testaferros de Bárcenas, y no para destruir pruebas que perjudicasen al Partido Popular
El titular del juzgado central de instrucción número 6 en la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha citado a declarar como testigo este jueves al agente 81.067, Manuel Morocho, inspector jefe del grupo XXI de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, encargado de la investigación de las distintas piezas del caso Gürtel, incluida la relativa a la caja b del Partido Popular.
Morocho comparece por la operación kitchen; el supuesto operativo desvelado por los documentos incautados al comisario Villarejo, y desarrollado entre 2013 y 2015 por la policía política del ministro Jorge Fernández Díaz, para destruir pruebas que perjudicasen al PP en el caso de su caja b. Para ello, emplearon fondos reservados con los que sobornaron al chófer de Bárcenas y supuestamente, pagaron a un falso cura para que secuestrara a su familia.
Trabas en la investigación
El inspector jefe Morocho negará ante el juez que hubiera recibido apoyo de un grupo policial que actuaba sin mandato judicial para descubrir las cuentas de Bárcenas o a sus testaferros, según las fuentes consultadas por la SER. El agente contradice de esta forma al exdirector adjunto operativo de la Policía Nacional, Eugenio Pino, y al comisario García Castaño, quienes sostuvieron como imputados que el operativo fue creado con ese fin.
El testimonio de Morocho es relevante para los investigadores porque afianza sus sospechas de que en realidad, la operación fue montada para destruir pruebas que perjudicasen al Partido Popular. Morocho no solo incidirá en este aspecto, sino que si es preguntado afirmará que más que apoyo sufrió trabas en sus investigaciones, como los retrasos en la entrega a la justicia de distintos informes que afectaban a altos cargos del PP.
Además del inspector jefe Morocho comparecen este jueves como testigos el excomisario general de información de la Policía Nacional, Enrique Barón, y de nuevo el extesorero del PP, Luis Bárcenas, para ampliar su declaración sobre las relaciones con su chófer, Sergio Ríos, quien le espió durante dos años. Bárcenas será trasladado al juzgado desde el centro penitenciario de Soto del Real y no podrá declarar por vídeoconferencia, como pretendía.
https://cadenaser.com/ser/2019/02/21/tribunales/1550730298_712932.html
NUEVAS PRUEBAS DE LA CAJA B: 65.600 EUROS EN TRAJES PARA RAJOY, RATO, TRILLO Y CASCOS
'El Independiente' ha tenido acceso al documento que revela cómo se destinaron hasta 65.623 euros de la contabilidad B del PP a servicios de sastrería para el ex presidente Rajoy y sus ex ministros Rodrigo Rato, Federico Trillo y Francisco Álvarez Cascos
La denominada Operación Kitchen ha sacado a la luz pública documentos relacionados con la Caja B del Partido Popular que nunca llegaron a ser aportados por el ex tesorero Luis Bárcenas a la Audiencia Nacional. Cinco años después de conocerse que la formación conservadora pagó sobresueldos y otras atenciones a sus ex dirigentes, El Independiente ha tenido acceso al documento que revela cómo se destinaron presuntamente hasta 65.623 euros de la contabilidad B a servicios de sastrería para el ex presidente del Gobierno Mariano Rajoy y sus ex ministros Rodrigo Rato, Federico Trillo y Francisco Álvarez Cascos.
Se trata de una tarjeta con el nombre del propio Bárcenas en un lateral y en la que el ex senador anotó los pagos que iba haciendo al sastre por los trajes que confeccionó para los ex dirigentes del PP. En concreto, se pagó 12.620 euros por los de ‘Mariano’, en referencia a Mariano Rajoy; 13.700 euros para los trajes de ‘Rodrigo’, en alusión al ex gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI) Rodrigo Rato, y 19.830 euros para ‘Paco’, nombre que, según fuentes cercanas al ex tesorero, se corresponde con el del ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos. Estos servicios de sastrería sumaron 46.150 euros, costeados con la corriente de fondos opacos de los ‘populares’.
En conversación telefónica con este diario, Federico Trillo ha negado rotundamente que le hubieran pagado trajes, versión que ya mantuvo cuando compareció el pasado 20 de noviembre ante la comisión de investigación sobre la financiación irregular del PP.
Bárcenas rehusó a entregar a la Justicia toda la documentación de la Caja B para no perjudicar a sus protagonistas aunque nunca admitió dicho extremo ante el juez”
Junto a los pagos que fueron efectuados, en dicha cartulina también aparece uno pendiente del año 2001 para Federico -“Pte. Federico”-, nombre que las fuentes informantes atribuyen al ex ministro Federico Trillo– por valor de 19.470 euros.
Este documento es uno de los muchos que el ex gerente del PP evitó entregar a la Justicia para no perjudicar a sus protagonistas, quienes en mayor o menor medida se han visto salpicados en los últimos años por la financiación irregular de su partido al ser ex altos cargos del mismo. Rajoy, Rato y Álvarez Cascos tuvieron que declarar como testigos en el verano de 2017 en la vista oral que se celebró en la Audiencia Nacional por la Época 1 de la trama Gürtel. Todos ellos negaron la existencia de la Caja B así y haberse beneficiado de pagos fraudulentos procedentes de los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta.
Por su parte, Federico Trillo –éste se libró de declarar en el juicio– sí ha tenido que comparecer este mes de noviembre en la comisión de investigación del Congreso de los Diputados para ser interpelado por la contabilidad B de su partido. Allí restó “veracidad” a los papeles de Bárcenas y dijo que no sabía “qué era esa Caja B”.
En 2013, el ex tesorero reconoció ante Ruz haber pagado con dinero B servicios de sastrería para el ex presidente Rajoy”
No obstante, lo cierto es que los pagos ‘opacos’ al sastre de Bárcenas y de Rajoy ya se evidenciaron cuando estalló el caso de los denominados ‘papeles de Bárcenas’. En julio de 2013, cuando estaba en situación de prisión preventiva, el ex senador del PP ‘tiró de la manta’ y relató ante el ex juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz cómo su sastre personal le hizo trajes a medida al ex presidente Mariano Rajoy, que eran sufragados al margen de la contabilidad oficial, ya que “iba ser muy gravoso para Rajoy que tuviera que pagarlo de su bolsillo”. Lo hizo cuando el instructor le interrogó sobre el apunte contable ‘Trajes M.R’. El que fuera hombre de finanzas del PP –ahora en prisión por su condena en el caso Gürtel- argumentó que dicha ropa se costeó con fondos de la Caja B “porque probablemente no hubiera quedado estéticamente muy bien presentar al Tribunal de Cuentas una factura del sastre comprando unos trajes”.
El hallazgo de nuevos papeles de Bárcenas abre la vía a acreditar el cohecho en la Caja B
La investigación de los denominados papeles de Bárcenas vuelve a activarse después de que el titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional requiriera a diario 'El[...]
Por su parte, en el marco de la operación Kitchen, el diario El Mundo publicó recientemente una tarjeta con el contacto de Manuel Calvo de Mora, el sastre de Rajoy al que también se le abonaron en negro sus servicios, siempre según la versión prestada por Luis Bárcenas. Ahora, este documento junto a otros, ha sido reclamado por el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 5, José de la Mata, instructor de la Caja B, para ser incluido en el sumario.
Fuentes del caso consultadas por este medio sostienen que en la Audiencia siempre se sospechó que el imputado no aportó al juzgado toda la documentación que poseía sobre los veinte años de financiación irregular en la formación ‘popular’. Frente a las nueve cajas que se pensaba que el ex tesorero guardaba, a la Justicia sólo entregó dos de ellas. Al ser preguntado en 2013 por este extremo, el ex gerente manifestó haber dado de forma íntegra la documentación que custodiaba a la Audiencia Nacional. “Todo lo que tiene relevancia está puesto a disposición del juzgado”, recalcó el ya condenado. Un lustro después los papeles de Kitchen, que le habrían sido sustraídos por orden de la anterior cúpula de Interior, demuestran que Luis Bárcenas no dijo la verdad.
https://www.elindependiente.com/politica/2018/12/10/nuevas-pruebas-de-la-caja-b-65-600-euros-en-trajes-para-rajoy-rato-trillo-y-cascos/LÓPEZ MADRID: "LLAMARÁ CATALÁ PARA QUE HICIÉRAMOS HUECO" EN EL AVE A UN DONANTE DEL PP
Una anotación en la agenda personal del exconsejero de OHL, Javier López Madrid, apunta a que en 2012 iba a recibir una llamada del entonces secretario de Estado del ministerio de Fomento y hoy exministro de Justicia, Rafael Catalá, para hacer "hueco" en las obras del AVE a Galicia a la constructora Vimac, cuyo socio y consejero es Manuel Contreras, imputado por donar fondos en negro a la caja b del Partido Popular
Vimac obtuvo ese año una adjudicación en UTE de 146 millones en el AVE a Galicia. El exministro afirma que carecía de poder decisorio en las contrataciones
López Madrid: "Llamará Catalá para que hiciéramos hueco" en el AVE a un donante del PP
El juzgado central de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional que investiga la operación Púnica, dispone de un documento vinculado al caso de la caja b del Partido Popular, que ha pasado desapercibido hasta la fecha a los investigadores.
Se trata de una anotación manuscrita, que hoy avanza la Cadena SER, supuestamente realizada por el exconsejero de OHL, Javier López Madrid, que figura en una de las numerosas agendas personales que le fueron incautadas durante el registro a su despacho, como consecuencia de su imputación en este procedimiento.
La página carece de fecha, pero se encuentra entre otras datadas a principios de 2012.
Bajo el encabezamiento "Carlos Contreras Vimac", en la agenda de López Madrid aparece escrito "quieren hueco en el AVE a GALICIA(sic)". A renglón seguido se anota "Rafael Catalá sec Estado llamará para que hiciéramos hueco". Una llave agrupa ambas oraciones y una flecha conduce a un tercer renglón en el que se escribe "sumar si lo dice el cliente".
A través de un portavoz, Javier López Madrid no niega a la SER que realizara esa anotación. Dice que no la recuerda y que no conoce ni ha hablado jamás con el entonces secretario de Estado de Fomento y exministro de Justicia, Rafael Catalá. Pero poco después la empresa Vimac obtuvo una adjudicación en el AVE a Galicia, tal y como pretendía.
Vimac logró en abril de 2012 un contrato público de 146 millones de euros para esa línea ferroviaria. Junto a Torrescámara y Vías, consiguió la adjudicación en UTE del tramo de 9.1 kilómetros entre Laza y Vilar de Barrio, con la construcción de dos túneles y un viaducto.
La Cadena SER se ha puesto en contacto con el diputado y exministro Rafael Catalá, quien también afirma que no conoce ni ha hablado jamás con Javier López Madrid. Catalá manifiesta que como secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, carecía de poder decisorio en el órgano de contratación del Administrador de Infraestructuras Ferroviarias ADIF y por tanto, no podía influir en él.
El presidente de la constructora Vimac, ya en disolución, es Carlos Contreras, quien a su vez es primo y era socio en la empresa en el momento en el que tuvieron lugar los hechos de Manuel Contreras, consejero de Vimac, presidente de Azvi e imputado en el caso de la caja b del PP como posible donante de fondos a la contabilidad negra del partido.
Según los papeles de Bárcenas, la familia Contreras donó 888.000 euros en negro a la caja b del PP entre 2003 y 2008.
http://cadenaser.com/ser/2018/11/19/tribunales/1542652839_577735.htmlBÁRCENAS PIDE UN APLAZAMIENTO DEL JUICIO DE LA CAJA B QUE OBLIGARÍA A CELEBRARLO TRAS EL AÑO ELECTORAL DE 2019
El extesorero invoca su derecho de defensa para solicitar a la Audiencia que no señale el inicio de la vista hasta que el juez termine la nueva instrucción sobre las donaciones de empresarios, cuyo plazo finaliza dentro de 14 meses
De la Mata ya comunicó a la sala hace dos semanas que la investigación sobre el pago de mordidas "en nada afecta" a los hechos que están pendientes de juicio desde mayo de 2015
Luis Bárcenas ha pedido a la Audiencia Nacional que aplace el juicio de la caja B hasta que el juez José de la Mata concluya la investigación parcial reabierta en febrero de 2017 tras las revelaciones de Francisco Correa sobre cómo los interesados en obtener contratos públicos pagaban mordidas al PP. Dado que el plazo para esa investigación no expira hasta el 31 de diciembre del próximo año, la petición de Bárcenas, de aceptarse, implicaría en la práctica que el segundo gran juicio del caso Gürtel no se celebrase hasta 2020. Es decir, hasta que haya pasado 2019, cuando a los comicios municipales y autonómicos de mayo probablemente se sume la convocatoria de elecciones generales. La vista oral sobre la contabilidad paralela del PP lleva en espera de fecha desde mayo de 2015.
En un escrito al que ha tenido acceso infoLibre, Bárcenas formula su solicitud después de que De la Mata, titular del juzgado 5 de la Audiencia Nacional, diera hace dos semanas vía libre al juicio. En su respuesta a la consulta que le había planteado la Sala de lo Penal de la Audiencia, el magistrado recalcó que la "instrucción complementaria" en torno a las donaciones opacas atribuidas a empresarios "en nada afecta" a los hechos por los que el extesorero Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez y tres integrantes de la empresa que reformó la sede central del PP, Unifica Servicios Integrales SL, deben sentarse en el banquillo en cuanto la Sección Segunda de la Sala de lo Penal abra hueco en su calendario. El antecesor de Bárcenas en la tesorería del PP, Álvaro Lapuerta, ya fallecido, quedó excluido de la lista de acusados por "demencia sobrevenida".
Los abogados del hombre que durante dos décadas, de 1990 a 2008, anotó a mano los movimientos de una caja B donde se acumularon 7,5 millones y desde la que se pagaron desde gastos electorales a sobresueldos exponen así el porqué de su petición de aplazamiento: que no es su propósito "dilatar aún más el enjuiciamiento de unos hechos que vienen provocando de largo una elevada pena de banquillo" sino "garantizar el máximo respeto del derecho de defensa" de Bárcenas.
Y es –alegan los abogados– ese derecho el que "exige adoptar la mayor de las cautelas". ¿Para qué? Para "evitar una encubierta instrucción complementaria que pueda dar lugar a la sucesión de actos de investigación una vez agotado el trámite legal para ello, permitiendo que llegado el día de enjuiciamiento de la presente pieza, o aún celebrándose el juicio, se incorporen elementos traídos de la pieza que ahora se instruye y sobre la que, según el ilustrísimo magistrado instructor, no hay conexión ni afección".
Delitos de corrupción
En el juicio que ya se encuentra solo a falta de fecha, Bárcenas afronta la acusación por una larga ristra de delitos de corrupción que amenazan con añadir años de cárcel a los 33 a que fue condenado en mayo por el primer juicio de Gürtel, el de la llamada Época 1 y cuya sentencia ya certifica la existencia de la caja B. La nómina delictiva que le atribuye la Fiscalía en el juicio de los papeles queda así: organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, falsedad documental, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral y apropiación indebida. El PP ocupa solo la posición de responsable civil subsidiario. Pero una eventual condena por delito electoral a Bárcenas o al exgerente Cristóbal Páez colocaría otra pesadísima losa sobre el partido porque demostraría de nuevo que utilizó dinero ilegal en sus campañas.
En esa respuesta, De la Mata detallaba cuáles son los hechos que ya están en espera de juicio: la existencia y funcionamiento de una caja B en el PP; los trabajos de remodelación de la sede del PP en Génova 13, ejecutados por Unifica Servicios Integrales SL entre 2005 y 2010 y supuestamente financiados parcialmente con dinero negro; la falta de declaración del impuesto de sociedades de 2008 por parte del PP y la compra de acciones de Libertad Digital.
Y señalaba también a quiénes afecta la investigación: "Está dirigida –explicaba– contra las personas respecto de las que se acordó el sobreseimiento provisional parcial, antes relacionadas en el epígrafe 3". Y en ese epígrafe 3 quienes aparecen son los empresarios que ya habían sido investigados una vez los papeles de Bárcenas salieron a la luz en 2013. Pero aparece también el exministro Ángel Acebes, secretario general del PP hasta 2008. La imputación que pesaba sobre todos ellos quedó archivada provisionalmente en marzo de 2015.
El entonces juez instructor del caso, Pablo Ruz, adujo en apoyo del sobreseimiento dos cosas que De la Mata reproduce ahora en su respuesta a la Sala de lo Penal: la primera, "que existían datos para dotar de suficiente apariencia de veracidad al conjunto de aportaciones económicas registradas y atribuidas a las personas indicadas"; la segunda, que pese a ello "no resultaba posible establecer una vinculación o relación entre los ingresos por donaciones investigados y la adjudicación de contratos públicos a los presuntos donantes".
La confesión de Correa
Para la reapertura del caso fue determinante la confesión de Francisco Correa al comienzo del primer gran juicio de Gürtel. A mantener viva la investigación ha contribuido el hecho de que tres empresarios de la lista –Alfonso García Pozuelo, de la antigua Constructora Hispánica; Rafael Palencia, de Degremont; y Vicente Cotino, de Sedesa– admitieran en un momento dado haber hecho pagos al PP, aunque ninguno de los tres ha accedido a declarar ante De la Mata en la nueva investigación sobre las donaciones.
Ahora, tomando como base su razonamiento sobre el derecho a la defensa y a no toparse en el juicio con nuevos e inesperados datos potencialmente incriminatorios, Bárcenas pretende que la Sala de lo Penal requiera a De la Mata y luego se la comunique a su defensa información sobre tres puntos clave: qué diligencias de investigación tiene en marcha y "cuál es el objeto que se persigue"; si existe algún informe policial o tributario por recibir; y "si está pendiente la decisión de imputación respecto de alguna de las personas físicas o jurídicas que ya son objeto de acusación en la pieza pendiente de enjuiciamiento".
Es en previsión de que la Audiencia "no considere procedente" pedirle a De la Mata ese informe aclaratorio –extremo que se perfila como el más probable–, los representantes de Bárcenas piden a la sala "que acuerde no señalar el inicio de las sesiones del juicio oral hasta en tanto no concluya el plazo señalado al juzgado central de instrucción número 5 para concluir la instrucción denominada 'complementaria', fijado para el 31 de diciembre de 2019".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/31/barcenas_pide_aplazamiento_que_implicaria_posponer_juicio_caja_hasta_que_acabe_ano_electoral_2019_88209_1012.htmlEL JUEZ QUE SE OPUSO A DECLARAR AL PP BENEFICIARIO DE LA 'GÜRTEL' Y QUE DEBÍA JUZGAR LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' PIDE SU TRASLADO
El conservador Ángel Hurtado solicita una vacante en otra sección de la Audiencia Nacional distinta a la encargada de enjuiciar distintas piezas del caso Si logra la plaza, quedará bajo el mando directo de Concepción Espejel, la primera de los tres magistrados que ya fueron apartados por su cercanía al PP
Ángel Hurtado, el juez que se quedó solo en su intento por impedir que el PP fuese declarado beneficiario económico de Gürtel y a quien la Audiencia Nacional había encomendado redactar la sentencia en el futuro juicio de los papeles de Bárcenas, acaba de pedir su traslado. Adscrito al sector conservador, el magistrado pretende mudarse a otra sección de la Audiencia Nacional –la Primera– distinta a aquella -la Segunda- en la que se integra ahora y que es la que tiene encargados los juicios de Gürtel.
Su petición para emigrar a la Sección Primera, donde en septiembre quedará una vacante por jubilación, aparece fechada este miércoles 25 de julio. Es decir, un día después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) pulverizase sus esperanzas de verse aupado al Tribunal Supremo, al que aspiraba a incorporarse desde que finalizó el largo y decisivo juicio de la pieza troncal de Gürtel, el de la llamada Época I.
Presidente de la sala y ponente de la sentencia, Hurtado sufrió su primera gran derrota cuando trató de evitar la declaración de Mariano Rajoy como testigo. Y volvió a quedarse definitivamente solo frente a los otros dos miembros del tribunal -Julio de Diego y José Ricardo de Prada- cuando llegó la hora de dictar una resolución que en teoría debía redactar él mismo y cuyo contenido terminó siendo el detonante de la moción de censura que derribó al PP. Hurtado plasmó sus discrepancias en un voto particular.
El plan de Hurtado para hacerse con otro destino representa el último movimiento de una larga serie nucleada en torno al caso Gürtel y se produce cuando las aguas de la polémica siguen removidas. Una vez conocida la sentencia de Época 1, el progresista José Ricardo de Prada, ahora en servicios especiales fuera de España, se vio desalojado del tribunal por el CGPJ bajo argumentos administrativos cuando llegó el trámite de decidir si la mujer de Luis Bárcenas debía mantenerse en prisión provisional hasta que el Supremo revise la sentencia o quedar en libertad bajo fianza. Tras aquel episodio, el portavoz parlamentario del PP, Rafael Hernando, acusó a De Prada de estar "en sintonía" con los proetarras. El CGPJ rechazó salir en defensa del juez.
El otro magistrado firmante de la sentencia, Julio de Diego, vio hace una semana cómo el mismo CGPJ le denegaba su petición de amparo después de que uno de los principales condenados, el exalcalde del PP Guillermo Ortega, le acusara de quedarse dormido en varias sesiones del juicio. Ortega ha tardado un año en concluir que De Diego se durmió. Pero el Poder Judicial ha admitido su denuncia y ha decidido investigar a De Diego.
Si Hurtado logra la plaza libre de la Sección Primera, quedará bajo el mando directo de una de las más destacadas integrantes del sector conservador de la judicatura: Concepción Espejel, presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Espejel es una de los tres jueces que desde 2015 ha ido apartando del caso Gürtel la Audiencia Nacional siempre por el mismo motivo: su cercanía al PP y el riesgo que esa proximidad implica no para su independencia pero sí para su apariencia de imparcialidad. Enrique López y Juan Pablo González son los dos otros recusados.
Para cubrir el puesto que la jubilación de Nicolás Poveda dejará en la Sección Primera de la Audiencia, Hurtado deberá competir con otros jueces en un concurso interno. Aún no es posible saber si algún otro con mayor antigüedad podrá hacerse con la plaza. Pero algo es seguro: si consigue emigrar y librarse por tanto de los juicios de Gürtel, quien lo sustituya tendrá la responsabilidad de redactar la sentencia de los papeles de Bárcenas cuando por fin se celebre el juicio, para el que ni siquiera hay fecha aún.
Las amenazas a Ricardo Costa
Una parte de esa pieza, centrada en la contabilidad B del PP, volvió a reabrirse tras la confesión de Francisco Correa sobre las mordidas que distintos empresarios pagaban para obtener contratos públicos. Este jueves, el antiguo número dos del PP valenciano, Ricardo Costa, se ratificó como testigo en lo que ya había admitido meses atrás: que el partido se nutrió de fondos opacos y de otros aportados por empresarios que, según la Policía -Costa citó de forma expresa ese informe–, se hicieron con 600 millones en contratos públicos.
Como adelantó infoLibre, el exdirigente conservador ha pedido protección al juez que investiga el caso, a quien ha relatado las amenazas recibidas desde que confesó la financiación ilegal. Aunque no ha trascendido la decisión que adoptará el magistrado José de la Mata, las fuentes jurídicas consultadas por este periódico aseguran que cuando un testigo denuncia amenazas "la justicia no mira hacia otro lado". En otras palabras, las citadas fuentes dan por seguro que el juez brindará algún tipo de protección al exdirigente conservador. Según Costa -y así lo aseguran personas presentes en su declaración-, este mismo miércoles fue amenazado por un individuo en un establecimiento de restauración muy próximo a la Audiencia Nacional, cuya sede se localiza frente al cuartel general del PP en la madrileña calle de Génova.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/26/el_juez_que_opuso_declarar_beneficiario_gurtel_que_debia_juzgar_los_papeles_barcenas_pide_traslado_85414_1012.htmlLA AUDIENCIA NACIONAL ENCARGADA DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' ESPERA JUZGAR LA PRESUNTA REFORMA 'EN B' DE LA SEDE DEL PP
La trama Gürtel y la "caja B" del PP han quedado acreditada, según el juez Ruz, desde al menos "hace 18 años"
La investigación podrá extenderse hasta el 31 de diciembre de 2019 debido a la "gran cantidad de investigados" y a la "abundante documentación" a analizar
La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, tribunal que juzgará la presunta "caja B" del PP, ha preguntado al juez instructor José de la Mata si ya puede señalar fecha para enjuiciar la parte relativa al pago en negro de la reforma de la sede del partido o si bien debe esperar a que termine la total investigación del caso, después de que éste fuera reabierto tras unas revelaciones del líder de la Gürtel, Francisco Correa.
Los magistrados María José Rodríguez Duplá (presidenta), Fermín Echarri y María Riera, se han dirigido al titular del Juzgado Central número 5, ya que "está llevando a cabo una instrucción complementaria". En este sentido, en una providencia han pedido conocer si la investigación que se está desarrollando de "los papeles de Bárcenas" "se encuentra directamente relacionada" con la parte que está pendiente de juicio, o bien no existe una "conexión" y pueden ya fijar una fecha para celebrar la vista oral y admitir las pruebas solicitadas por las partes.
En un principio, la Audiencia Nacional investigó el pago en negro a los populares que se destinaron para la reforma de su sede en la calle Génova de Madrid, algo que el anterior juez instructor del caso, Pablo Ruz, dejó concluido en marzo de 2015. El magistrado concluyó que existen "indicios sólidos y fundados" para llevar a juicio a los extesoreros populares Luis Bárcenas, al fallecido Álvaro Lapuerta -exonerado de cualquier responsabilidad en el juicio de la primera época de Gürtel por demencia sobrevenida-, y al exgerente Cristóbal Páez por delitos contra la Hacienda Pública y apropiación indebida.
Además, consideró al partido político responsable civil subsidiario por las donaciones que recibió en 2008 y el pago en negro de 1.552.000 euros de las obras de su sede a la empresa Unifica.
18 años de "caja B"
Ruz también aseguró en un auto que el PP "se sirvió durante 18 años -desde 1990 hasta al menos 2008- de varios sistemas de cuentas que registraron corrientes financieras de entrada y salida de dinero al margen de la contabilidad oficial declarada por el partido y presentada ante el Tribunal de Cuentas". Algo similar manifestó la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en la sentencia sobre la primera época de la trama Gürtel (1999-2005), en la que afirmó que ha quedado acreditado que la formación política contaba, al menos desde 1989, con una "caja B".
Precisamente en este juicio, el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, declaró ante el tribunal que había mediado ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente para que algunas constructoras resultasen beneficiarias en adjudicaciones públicas a cambio de comisiones de "entre el dos y el tres por ciento" abonadas al extesorero popular Luis Bárcenas. Estas afirmaciones llevaron al actual juez instructor José de la Mata a reabrir la causa e investigar los apuntes manuscritos por Bárcenas sobre las aportaciones y entregas al partido y políticos. Está previsto que la investigación dure hasta el 31 de diciembre de 2019 debido a la "gran cantidad de investigados" y la "abundante documentación" a analizar.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/10/11/la_audiencia_nacional_encargada_los_papeles_barcenas_espera_juzgar_presunta_reforma_la_sede_del_pp_87673_1012.htmlEL CONSERVADOR FERMÍN ECHARRI, ÚLTIMA INCORPORACIÓN AL TRIBUNAL QUE JUZGARÁ LA CAJA B DEL PP
Magistrado de refuerzo en la Audiencia Nacional, Echarri cubre la vacante que deja Ángel Hurtado, que abandona la Sección Segunda de forma voluntaria Hurtado fue el presidente del tribunal de Gürtel que quedó en minoría al oponerse a la citación de Rajoy y a los aspectos más duros para el PP del fallo Echarri se opuso a la recusación de Enrique López y Concepción Espejel, actual presidenta de la Sala de lo Penal
La presidenta de la Sala de lo Penal, Concepción Espejel, ha dictado una providencia, a la que ha tenido acceso eldiario.es, en la que refleja acuerdo del 11 de septiembre por el que "adscribe al magistrado de refuerzo D. Fermín Echarri Casi" a la Sección Segunda.
Espejel alega la aplicación de las "normas de designación de ponencias y formación de tribunales aprobadas por Acuerdo de la Sala de Gobierno datado a 20 de noviembre de 2017".
Aquel polémico cambio en las normas de reparto hizo que se deshiciera la mayoría del tribunal de Gürtel que posibilitó la citación de Mariano Rajoy como testigo en el juicio, y que formaron el progresista José Ricardo de Prada y el conservador Julio de Diego, frente al criterio de Ángel Hurtado.
Tras el enfrentamiento entre Hurtado y los otros dos magistrados, el primero se vio obligado a ceder en la redacción de la sentencia. Una vez dictada, solicitó la salida de la Sección Segunda.
La primera modificación del tribunal fue motivada por la decisión de la mayoría de la Sala de lo Penal de apartar a la propia Espejel -todavía no era presidenta de la Sala- y a Enrique López de todos los juicios de Gürtel por su proximidad al PP. Tanto Fermín Echarri como Ángel Hurtado votaron en contra de que fueran apartados.
https://www.eldiario.es/politica/conservador-Fermin-Echarri-incorporacion-PP_0_815769360.htmlVÍA LIBRE PARA JUZGAR LA CAJA B DEL PP
El juez José de la Mata contesta a la Sala que no tiene inconveniente en que fije fecha para juzgar la instrucción ya concluida sobre la contabilidad paralela del Partido Popular, mientras él sigue investigando las donaciones de 21 empresarios a esa caja negra a cambio de contratos públicos
El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, ha emitido una providencia mediante la que contesta a la Sala de lo Penal, que la semana pasada le preguntó si tenía inconveniente alguno en que este tribunal estableciese fecha para el inicio del juicio a la caja b del PP, habida cuenta de que el magistrado mantiene una parte de la instrucción abierta.
El juez De La Mata entiende que los hechos que se tienen que analizar en el juicio de la caja b, que son su existencia, delitos fiscales por operar con dinero negro, la compra de acciones del medio de comunicación Libertad Digital y la construcción en negro de la sede central entre 2005 y 2010, no tienen relación con la pieza que permanece abierta y que el magistrado sigue investigando, relativa a las donaciones de empresarios a cambio de obras públicas, por lo que da su visto bueno a que la Sala fije el juicio oral de todo aquello cuya instrucción ya se da por concluida.
Así las cosas, la Sala de la Sección Segunda de la Audiencia Nacional fijará en breve fecha para juicio oral de la caja b del PP, que tendrá lugar en 2019. Por cierto que el magistrado revela que no solo mantiene imputados a 21 empresarios como donantes en negro al PP al menos entre 1990 y 2008, sino al exsecretario general, Ángel Acebes.
Los empresarios que junto a Acebes, continúan imputados por las presuntas donaciones en negro al Partido Popular son José Luis Sánchez Domínguez, Manuel Contreras Caro, Juan Miguel Villar Mir, Luis del Rivero Asensio, Alfonso García Pozuelo-Asins, Juan Manuel Fernández Rubio, José Mayor Oreja, Pablo Crespo Sabaris, Antonio Vilela Jerez, Rafael Palencia Marroquín, Cecilio Sánchez Martín, Camilo José Alcalá Sánchez, José Antonio Romero Polo, José Luis Suárez Gutiérrez, Vicente Cotino Escrivá, Joaquín Molpeceres Sánchez, Antonio Pinal Gil, Ignacio Ugarteche González de Langarica, Ramón Aigé Sánchez, María Rey Salinero y Claudio Montero Santos.
El inminente juicio por la caja b del PP irá dirigido contra el extesorero Luis Bárcenas, el exgerente Cristóbal Páez, y Gonzalo Urquijo, Belén García y Laura Montero, los representantes de la empresa de arquitectura Unifica, que construyó en negro la sede central del PP en la calle Génova. En su auto de apertura de juicio oral, el juez José de la Mata les atribuyó los delitos de pertenencia a organización criminal, asociación ilícita, falsedad contable, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, delito electoral, apropiación indebida, falsedad documental y delitos contra la hacienda pública. El Partido Popular es considerado responsable civil subsidiario por los delitos fiscales cometidos por sus dirigentes al no declarar en el Impuesto de Sociedades el dinero negro recibido, y por ello tuvo que depositar una fianza de 1.2 millones de euros.
http://cadenaser.com/ser/2018/10/16/tribunales/1539685626_387137.html
LA AUDIENCIA PROTEGE A RICARDO COSTA ANTE LAS AMENAZAS RECIBIDAS POR COLABORAR
El juzgado número cinco de la Audiencia Nacional que dirige José de la Mata, ha aprobado conceder al exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, el amparo que ha solicitado ante las amenazas sufridas desde que ha empezado a colaborar con la justicia.
Fuentes jurídicas de este juzgado justifican la decisión en que "no se puede permanecer indiferente ante las amenazas o coacciones a un testigo que está colaborando".
Las amenazas que está recibiendo Ricardo Costa son cartas y mensajes anónimos en los que no solo se alude a él, sino también a otros miembros de su familia. En su escrito por el que solicitaba protección, Ricardo Costa expresaba que está recibiendo estas misivas desde hace meses. A partir de su confesión en el juicio por la financiación ilegal del PP valenciano a cuenta de la Gürtel, cuando aseguró que era “cierto” que el Partido Popular "se financiaba en negro", y apuntó como principal responsable de esta mecánica al expresidente Francisco Camps.
Las fuentes jurídicas consultadas no desvelan de qué forma será protegido Ricardo Costa frente a las amenazas recibidas. Se trata, afirman las mismas fuentes, de no dar pistas a los autores del delito.
http://cadenaser.com/ser/2018/07/25/tribunales/1532546037_744641.htmlEL ‘NÚMERO DOS’ DE CAMPS APUNTA A GÉNOVA POR LA CAJA B
Ricardo Costa denuncia ante el juez que recibe amenazas desde que admitió la contabilidad irregular
El dedo de Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano y número dos de Francisco Camps, no apunta solo al expresidente de la Generalitat. El antiguo alto cargo popular ha acudido este miércoles a la Audiencia Nacional a declarar como testigo en el marco de la instrucción de los papeles de Bárcenas y ha señalado por primera vez a Génova en la causa que investiga la caja b de la formación conservadora. Según han explicado fuentes jurídicas presentes durante la comparecencia, Costa ha relatado al magistrado que los presidentes regionales y nacional del PP controlaban las finanzas.
A lo largo de casi dos horas de declaración, el ex secretario general ha insistido en que su cargo implicaba que tenía "competencias políticas y de gestión" de las cuentas. "Pero, por encima de mí estaba el presidente", ha subrayado, en referencia a Camps, a quien ya señaló en otras causas por la financiación ilegal, como la rama valenciana de la trama Gürtel y la abierta por el supuesto pago de comisiones por la construcción del circuito de Fórmula 1 de Valencia.
Esta estructura jerárquica además, según ha continuado este miércoles Costa, se repetía también en el PP nacional. "Se reproducía idénticamente tratándose de un partido absolutamente jerarquizado", ha dicho, según ha detallado Enrique Santiago, abogado de IU, que ejerce como acusación popular en la causa. Además, ha añadido que el gerente autonómico no dependía del partido regional, sino que lo elegían directamente en Génova y rendía cuentas ante el PP central.
"También ha dicho que era habitual que Camps tuviera multitud de sobres y que había una caja fuerte en un despacho donde habitualmente se guardaba el dinero en efectivo para los actos electorales", ha apuntado el letrado de IU sobre la declaración del ex número dos de los populares valencianos, que ocupó ese cargo entre 2007 y 2009, cuando Mariano Rajoy era el presidente de la formación conservadora.
Un relato que ha completado con otro episodio ocurrido en 2008. Según fuentes jurídicas, Costa ha contado este miércoles que José María Mayor Oreja, expresidente de FCC y hermano de Jaime Mayor Oreja —exministro del Interior durante la etapa de José María Aznar—, le entregó en mano 150.000 euros en billetes de 500. José María Mayor aparece en los papeles de Bárcenas. "Ese dinero era para la financiación de campañas electorales, concretamente para las generales de 2008", ha sentenciado Santiago sobre las presuntas aportaciones de empresarios que posteriormente conseguían adjudicaciones de los Gobiernos en manos del PP.
Esta declaración se ha producido este miércoles después de que Vicente Cotino, presidente de Sedesa Obras y Servicios SA y sobrino de Juan Cotino (PP) —expresidente de las Cortes valencianas—, se negase el martes a declarar como imputado. El magistrado José de la Mata, que instruye la causa de los papeles de Bárcenas, lo citó después de la sentencia de la rama valenciana de Gürtel, donde fue condenado a un año y tres meses de cárcel tras alcanzar un acuerdo de la fiscalía por haber pagado comisiones al PP para lograr después adjudicaciones.
Costa, que también fue sentenciado en ese juicio a cuatro años, ha aprovechado su declaración de este miércoles como testigo para denunciar ante el juez que está recibiendo amenazas anónimas desde que admitiese ante la Fiscalía y en el juicio de Gürtel la existencia de una contabilidad b y empezase a colaborar con la justicia. Según explican fuentes jurídicas, el exdirigente del PP ha relatado que recibe mensajes y llamadas de desconocidos contra él y su familia. Según ha afirmado, cree que estas proceden desde sectores empresariales.
https://elpais.com/politica/2018/07/25/actualidad/1532520002_546375.htmlRICARDO COSTA DENUNCIA ANTE EL JUEZ AMENAZAS DESDE QUE HABLÓ DE LA CONTABILIDAD B EN EL PP
Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, ha denunciado este miércoles ante el juez que está recibiendo presiones y amenazas anónimas desde que admitiese ante la Fiscalía y en el juicio de la trama Gürtel la existencia de una contabilidad b en el partido conservador y empezase a colaborar con la justicia. Según explican fuentes jurídicas presentes en su declaración como testigo en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el exdirigente del PP ha relatado que recibe mensajes y llamadas de desconocidos contra él y su familia. Según ha dicho, cree que estas proceden desde sectores empresariales.
El magistrado José De la Mata había citado a Costa en el marco de la instrucción de la causa abierta por los papeles de Bárcenas. Y, durante su comparecencia, ha apuntado otra vez a Francisco Camps. El ex número dos del PP valenciano ha relatado que el expresidente de la Generalitat conocía perfectamente el sistema de financiación ilegal. También ha descrito una estructura jerárquica, donde el líder regional de la formación controlaba la gerencia. Un sistema que, según su versión, se repetía también a nivel nacional. "Yo tenía competencias políticas y de gestión. Y por encima de mí estaba el presidente", ha afirmado Costa, según fuentes jurídicas.
Costa ha explicado que el gerente autonómico no dependía del partido regional, sino que los elegían en Génova y rendían cuentas ante el PP central. Además, el ex secretario general valenciano ha contado que José María Mayor Oreja, expresidente de FCC y hermano de Jaime Mayor Oreja —exministro del Interior durante la etapa de José María Aznar—, le entregó en mano 150.000 euros en billetes de 500. José María Mayor aparece en los papeles de Bárcenas.
Esta declaración se ha producido después de que Vicente Cotino, presidente de Sedesa Obras y Servicios SA y sobrino de Juan Cotino (PP) —expresidente de las Cortes valencianas—, se negase este martes a declarar como imputado.
https://elpais.com/politica/2018/07/25/actualidad/1532520002_546375.htmlVICENTE COTINO SE NIEGA A DECLARAR EN LA CAUSA DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
Ricardo Costa comparece este miércoles como testigo en la Audiencia Nacional
"No voy a declarar". Así de tajante se ha mostrado este martes Vicente Cotino, presidente de Sedesa Obras y Servicios SA y sobrino de Juan Cotino (PP) —expresidente de las Cortes valencianas—, cuando se ha sentado ante José de la Mata, magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Según explican fuentes jurídicas, el empresario no ha querido responder a las preguntas de la fiscalía y del juez, después de que este lo citase como imputado en el marco de la investigación abierta por los papeles de Bárcenas.
Cotino fue condenado en junio a un año y tres meses de cárcel en la sentencia de la rama valenciana de la trama Gürtel por haber pagado comisiones al PP para conseguir posteriores adjudicaciones. El empresario alcanzó un acuerdo con la Fiscalía. Un hecho que el juez le ha recordado este martes para anunciarle que valorará ahora cuál es "el significado de esta negativa a colaborar". Sobre todo, según fuentes judiciales, porque en 2014 ya se le llamó a declarar y entonces negó el pago de comisiones fuera de las recogidas en la contabilidad oficial del PP.
Tras la comparecencia de Cotino le ha llegado el turno a tres testigos: José Luis Montesinos y Alfonso Hernández, exdirectivos de la empresa Constructora Hispánica; y Carmen Rodríguez Flores, exdiputada del PP. Todos ellos han negado conocer cualquier ilegalidad y los presuntos pagos en b que se hacían a la formación conservadora. "Nunca hemos visto nada y nunca hemos sabido nada de eso", han repetido Montesinos y Hernández, según subrayan las mismas fuentes.
La toma de declaraciones continúa este miércoles. De la Mata ha citado a Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, y a Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid). Costa ya admitió durante el juicio de la rama valenciana el cobro de comisiones y ha mostrado su predisposición a seguir colaborando con los investigadores de una instrucción que se prorrogó el pasado junio, después de que el magistrado considerara que quedaban pruebas por realizar y "abundante documentación" por analizar. "El caso involucra a gran cantidad de investigados", sentenció.
https://elpais.com/politica/2018/07/24/actualidad/1532455905_398238.htmlEL JUEZ IMPUTA A VICENTE COTINO EN EL CASO DE ‘LOS PAPELES DE BÁRCENAS’
De la Mata cita también a Ricardo Costa, exsecretario general del PP valenciano, a declarar como testigo
José de la Mata, magistrado del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, ha imputado en la causa de Los papeles de Bárcenas al empresario Vicente Cotino, presidente de Sedesa Obras y Servicios S. A. y sobrino de Juan Cotino (PP), expresidente de las Cortes valencianas. El juez toma esta decisión tras aceptar la petición de la Fiscalía e Izquierda Unida (IU) —personada como acusación particular—, después de la sentencia de la rama valenciana de Gürtel. Vicente Cotino fue condenado a un año y tres meses de cárcel por haber pagado comisiones al PP para conseguir posteriormente adjudicaciones.
En un auto fechado este jueves, De la Mata cita al empresario el próximo 24 de julio a las doce del mediodía. El instructor también llama a declarar como testigo a Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, que admitió durante el juicio de la rama valenciana el cobro de estas comisiones y que señaló que se hacía por órdenes directas del expresidente Francisco Camps, al que la Fiscalía Anticorrupción ha pedido este jueves investigar en otra pieza de la Gürtel. La comparecencia de Costa se ha fijado para el 25 de julio a las doce del mediodía.
La investigación de Los papeles de Bárcenas sigue, por tanto, adelante con más pesquisas. De la Mata acordó el pasado junio prorrogar dos años más la instrucción, hasta agosto de 2020, en contra del criterio de la Fiscalía que pedía ya mandar la causa a juicio. El instructor consideró que todavía quedaban pruebas periciales por realizar y "abundante documentación" por analizar.
"El caso involucra, desde luego, a gran cantidad de investigados, tanto personas físicas como jurídicas. Y es evidente que ha venido exigiendo, y no es descartable que aún exija, la realización de pericias que implican el examen de abundante prueba", adelantaba el instructor en un auto emitido apenas un mes antes de citar a Cotino y Costa. En el escrito de este jueves, el juez también llama a declarar como testigos a José Luis Montesinos, presidente de la Constructora Hispánica, que aparecía en Los papeles de Bárcenas; al director financiero de dicha compañía entre 2006 y 2008; a Carmen Rodríguez Flores, exdiputada del PP; y a Arturo González Panero, exalcalde de Boadilla del Monte (Madrid). El magistrado rechaza, en cambio, que vuelva a comparecer Luis Bárcenas.
https://politica.elpais.com/politica/2018/07/12/actualidad/1531398126_328175.htmlCOSTA VOLVERÁ A 'CANTAR': EL JUEZ DE LA 'CAJA B' LE CITA PARA LOS PAPELES DE BÁRCENAS
También deberá comparecer Vicente Cotino, pero en calidad de investigado
El juez José de la Mata ha citado a declarar en calidad de testigo en la pieza de los Papeles de Bárcenas, enmarcada en el caso Gürtel, a Ricardo Costa, el exsecretario general del PP de la Comunidad Valenciana que señaló a Francisco Camps como el cerebro de la caja B de los populares valencianos. El magistrado también ha citado a Vicente Cotino, sobrino de Juan Cotino -empresario y exalto cargo del PP con José María Aznar y Camps-, pero en su caso deberá declarar en calidad de investigado. Así consta en un auto emitido por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, que admite las diligencias propuestas por las partes personadas en el procedimiento.
Cotino deberá personarse el próximo 24 de julio a las 12:00 horas ante el magistrado, mientras Costa declarará 24 horas después, el día 25. Ese día, el exsecretario general del PPCV volverá a cantar La traviata.
Costa confesó ante el juez de la trama Gürtel valenciana que “el PP se financiaba con dinero negro” por orden del expresident de la Generalitat Valenciana: "Las decisiones importantes las tomaba Camps", aseveró.
La comisión que investiga la caja B del PP en el Congreso de los Diputados citó a Costa tras su testimonio ante el juez. “Ratifico plenamente lo que dije y en los términos en los que lo hice”, precisó durante su comparecencia. Según su relato, empresarios con algún tipo de vinculación con la formación popular pagaban directamente actos del propio partido por orden del por entonces president de la Generalitat Valenciana Francisco Camps: “La información que a mí me llegó del señor [Víctor] Campos” era que “fueran los empresarios los que pagaran los gastos electorales”.
Camps se sacudió dichas acusaciones diciendo que era Costa el que debía explicar los motivos por los cuáles ha cambiado de opinión y ha confesado. Y lo ha hecho. Costa, ha razonado que “ha habido un proceso de reflexión” por las “consecuencias que podría tener la asunción de responsabilidades” y las consecuencias “que esto va a tener en mi vida familiar, en mi mujer y mi hija, padres y hermanos, a quienes también he pedido disculpas”. “No es más que una reflexión de años, personal, ante una situación que ha tenido una dura carga personal”. Y añade que “nunca he dado en estos siete años otra versión y creía que era el momento adecuado” para hablar, contraviniendo así a Camps.
Anticorrupción persigue a Camps
Tal y como ha desvelado ElPlural.com, La Fiscalía Anticorrupción va a pedir a la Audiencia Nacional que reabra el caso Gürtel para poder investigar a Camps. Argumentan que el delito de malversación prescribe a los 15 años y los hechos se remontarían al año 2007. En consecuencia, a Camps no se le podría imputar un delito de prevaricación, puesto que ya habría prescrito, pero sí de malversación.
https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/costa-volvera-a-cantar-el-juez-de-la-caja-b-le-cita-para-los-papeles-de-barcenas_200028102EL JUEZ DISCREPANTE DE GÜRTEL REDACTARÁ LA SENTENCIA DE LA CAJA B DEL PP
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional confirma los tres integrantes del tribunal
Ángel Hurtado, el magistrado que se opuso a que Mariano Rajoy declarara como testigo en la vista oral de Gürtel y que consideró que el PP no debía ser condenado como partícipe a título lucrativo por dicha trama, se encargará de redactar la sentencia del juicio de la caja b del PP. Así lo ha detallado la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, a través de un auto fechado el pasado 9 de julio, donde confirma los componentes del tribunal al rechazar los recursos presentados por las acusaciones. Además de Hurtado, que ejercerá de ponente, la terna la completan María José Rodríguez Duplá, como presidenta; y María Riera, que sustituye a José Ricardo de Prada mientras este se encuentre de servicios especiales en el tribunal internacional de La Haya.
Esta decisión de la Sección Segunda llega después de que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobase el pasado 20 de noviembre unas nuevas normas de reparto que supusieron que el magistrado Julio de Diego, que forzó la declaración de Rajoy en Gürtel, quedase apartado del tribunal. También, el juez De Prada dejaba de ser entonces el ponente de la sentencia. Todo ello, después de que una anterior providencia —resolución judicial para asuntos de orden secundario—, fechada el 3 de abril de 2017, fijase que el tribunal de la caja b estaría compuesto por los mismos jueces del caso Gürtel: el conservador Ángel Hurtado, el moderado Julio de Diego y el progresista De Prada.
Pero, tras aplicarse las nuevas normas de reparto, la terna pasó a estar formada por Rodríguez Duplá, De Prada y Juan Pablo González. Pero este último, que era el ponente, fue recusado por ser vocal del CGPJ a propuesta del PP entre 2001 y 2008. En su lugar volvió a entrar Hurtado.
Las acusaciones presentaron un recurso contra los componentes del tribunal. Pero la Sección Segunda rechaza sus argumentos en el auto del pasado 9 de julio: "Fueron correctamente designados". Aún no se ha fijado fecha de inicio para el juicio de la caja b.
Hurtado fue el magistrado que ejerció de ponente en la sentencia de Gürtel, pero que cedió la redacción de la sentencia a sus compañeros en aquellas partes a las que se oponía. De hecho, emitió un voto particular donde mantiene que el PP debería haber resultado absuelto y donde se rechaza las referencias del tribunal que sitúan a los populares dentro de la trama encabezada por Francisco Correa. Hurtado consideró innecesarias las expresiones que afirman que entre la red de corrupción y el Partido Popular se tejió una "estructura de colaboración estable", así como que se creó "un auténtico y eficaz sistema de corrupción institucional a través de mecanismos de manipulación de la contratación pública central, autonómica y local".
https://politica.elpais.com/politica/2018/07/09/actualidad/1531147757_247641.html?rel=str_articulo#1531481346440UNA DE LAS ACUSACIONES PIDE AL JUEZ DE 'PAPELES DE BÁRCENAS' QUE INVESTIGUE SI EL PP INFLÓ EL CENSO DE AFILIADOS PARA BLANQUEAR DINERO
Observatori Desc lleva a la Audiencia los datos que confirman cómo las "aportaciones de cargos públicos" se desplomaron tras la apertura de diligencias judiciales sobre la caja B La asociación reclama incorporar a la causa toda la información contable del PP entre 2009 y 2016 que obre en poder del Tribunal de Cuentas y que la actual tesorera y Bárcenas declaren como investigados
La asociación Observatori Desc, que ejerce una de las acusaciones populares en el caso de los papeles de Bárcenas, ha pedido al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que indague si el PP infló su censo de afiliados para blanquear dinero "de la denominada y demostrada Caja B".
En un escrito presentado este jueves y al que ha tenido acceso infoLibre, la asociación solicita al magistrado que cite a declarar como investigados a la actual tesorera del PP, Carmen Navarro, así como al hombre que durante dos décadas controló las cuentas del PP y dejó constancia manuscrita de los movimientos de la caja B, el ahora encarcelado Luis Bárcenas. Y que reclame al Tribunal de Cuentas “el expediente completo” de la contabilidad declarada por el PP entre los ejercicios 2009 y 2016.
Observatori Desc basa su solicitud en los datos del Tribunal de Cuentas desvelados días atrás por este periódico y que certifican cómo los ingresos oficialmente atribuidos a sus militantes se desplomaron de forma dramática después de 2013, el año en que los papeles de Bárcenas salieron a la luz y la Audiencia Nacional abrió una pieza separada sobre esa materia dentro del caso Gürtel. Los 9,4 millones que según el órgano fiscalizador obtuvo el partido ese año por "aportaciones de cargos públicos", un tipo de contribución adicional a las cuotas ordinarias de afiliación, se redujeron en 2014 a 2,3 millones para ya desde entonces mantenerse en ese nivel.
La cuenta de resultados publicada por el PP en su página web presenta sin embargo en 2013 una discrepancia de siete millones respecto del informe del Tribunal de Cuentas. En lugar de anotar en la casilla de "aportaciones de cargos públicos" los 9.429.406 constatados por el órgano fiscalizador tras examinar la documentación y los justificantes entregados por el PP, el partido reflejó 2.349.049,66 euros. Los siete millones restantes los colocó bajo un epígrafe cuyo significado exacto no se conoce –"otros ingresos"– y que se inscribe en el apartado reservado al dinero cuyo origen son los "afiliados, adheridos y simpatizantes".
Antes de su publicación, el informe del Tribunal de Cuentas sobre el estado contable de los partidos políticos en 2013 había sido "asumido" y aprobado por la comisión mixta Congreso-Senado para las relaciones con el órgano fiscalizador, cuyo presidente es un diputado del PP.
El informe del Tribunal de Cuentas para 2013 no ofrece resquicios para la duda en cuanto a su interpretación: "Los ingresos procedentes de la financiación privada –dice el texto– ascendieron a 18.339.797,54 euros". De ese total, añade el texto, el mayor volumen se correspondía a cuotas y aportaciones de los cargos públicos. Y a continuación detalla las cuantías: "Los importes correspondientes a las cuotas de afiliados y a las aportaciones de cargos públicos ascendían a 4.381.006,31 y 9.429.406,14 euros, respectivamente".
Cuotas anuales con decimales o números "muy anómalos"
El escrito de Observatori Desc hace también mención expresa a la información de este periódico sobre cómo el PP adjudicó durante al menos cinco años a miles de afiliados el pago de cuotas anuales tan insólitas como 0,20, 3,61 o 9,97 euros. Esos números, que la asociación califica de "muy anómalos", proceden de una kilométrica hoja de cálculo en formato Excel incorporada a la causa de los papeles de Bárcenas y que detalla las cantidades que el partido declaró entre 2008 y 2011 como aportaciones de los afiliados.
“Entendemos – aduce Observatori Desc en referencia tanto al desplome de ingresos por afiliados como a las peculiares cantidades que aparecen en el citado Excel– que toda esta información procedente del Tribunal de Cuentas debiera ser investigada, a fin de depurar responsabilidades en el presente procedimiento, pues, podría haberse cometido un delito continuado de blanqueo de capital y falsedad en documento mercantil, conexos con los delitos investigados en la presente causa”.
La asociación califica de “dato muy revelador” que de 869.535 afiliados oficiales sólo 66.384 se inscribieran para las primarias que el partido celebró este jueves. "Estaríamos hablando, indiciariamente, de una suma de afiliados –869.535– inflada artificialmente", sostiene el escrito de la asociación.
Antes de publicar la primera de las tres informaciones relativas a este asunto, infoLibre trasladó a los portavoces oficiales del PP los datos que obraban en su poder. El partido pidió tiempo para ofrecer una respuesta argumentada que finalmente no llegó. Tan solo una frase: que todo obedece a “un cambio de criterio contable”.
De forma verbal, fuentes autorizadas del PP añadieron que ese cambio se relaciona con los siete millones que, según el Tribunal de Cuentas, el PP contabilizó incorrectamente en 2014 como ingresos privados los proporcionados por distintos grupos municipales y por el grupo parlamentario de Navarra en lugar de como subvenciones de origen público. Este periódico hizo notar entonces a los portavoces del PP que el reproche y la advertencia del órgano fiscalizador se refiere en efecto a siete millones pero de 2014, no de 2013. El partido se aferró a su versión sobre el hipotético “cambio de criterio contable” y no accedió a ofrecer explicaciones detalladas ni a facilitar a este medio las cuentas de 2013, de las que solo se conocen las magnitudes reflejadas en la cuenta de resultados de 2014. La web del PP permite el acceso a sus cuentas anuales solo a partir de las de 2014.
Los 9,4 millones de 2013 marcaron la cima en el capítulo de “aportaciones de cargos públicos”. Pero el formidable peso de esas contribuciones no se limita a 2013. Al menos desde 2009 –el primer ejercicio en que el Tribunal de Cuentas distingue entre las cuotas de afiliación y ese tipo de contribuciones extra–, su peso en los ingresos del PP había sido abrumador: 6.769.221 euros en 2009 (el 63,06% del total de los ingresos por afiliados); 6.972.199 en 2010 (61,8%); 7.831.037 en 2011 (64,8%); 8.083.603 en 2012 (64,6%); y por fin, 9.429.406 en 2013 (68,2%).
A partir de ahí, se despeñaron: 2.306.368 euros en 2014 (38,3% del total de ingresos por afiliados) y 2.350.462 en 2015 (42,2%). De 2016 aún no hay informe de fiscalización. Según las cuentas del PP, las aportaciones de cargos públicos representaron ese año 2.069.167 euros, el 41,2% de los ingresos por afiliados.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/07/06/una_las_acusaciones_pide_juez_papeles_barcenas_que_investigue_si_inflo_censo_afiliados_para_blanquear_dinero_84798_1012.html
EL PP SE AFERRA A UNA LEY QUE REFORMÓ DESDE EL GOBIERNO PARA INTENTAR CERRAR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B
Sus abogados argumentan que la causa no se ha declarado compleja, como exige la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó el propio PP
Esa norma, criticada por asociaciones judiciales, establece un plazo máximo de seis meses de investigación para las causas penales si no se pide prórroga
Anticorrupción también se opone a extender la investigación y afea al juez que use argumentos que producen "inseguridad y "confusión"
El PP quiere cerrar ya la investigación sobre su caja B, esa que la Audiencia Nacional ya ha acreditado en la sentencia sobre la primera época de Gürtel. Sus abogados han enviado un escrito al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, José de la Mata, en el que recurren su decisión de ampliar la investigación hasta el años 2020. Lo hacen echando mano a una ley que el PP aprobó desde el Gobierno para establecer los plazos máximos de instrucción en las causas penales.
De la Mata acordó el pasado 6 de junio, con el rechazo de la Fiscalía, ampliar la investigación dos años más. Lo hizo porque acababa el plazo para la investigación de la causa de Gürtel y en agosto el correspondiente a la pieza concreta de la caja B. IU, personada como acusación particular, había pedido esa prórroga, que según la ley debe tomarse para el plazo total de 1 año y 6 meses, prorrogable otros seis meses más.
El escrito presentado por los abogados del PP, al que ha tenido acceso eldiario.es, rechaza esa ampliación para seguir indagando en su caja B. Lo hacen echando mano del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), una norma que el PP reformó desde el Gobierno para establecer un plazo máximo de investigación para causas penales: seis meses en las causas simples y año y medio como norma general en las declaradas como complejas.
La reforma suscitó críticas en el mundo judicial, porque dejaba a expensas de una petición de la Fiscalía pedir la declaración de causa compleja y evitar que la investigación se cerrase. Los fiscales, que batallan para anular ese artículo de la ley, argumentan que ellos no dirigen la investigación, no tienen el control de las causas, y eso genera problemas a la hora de evitar que se agoten los plazos de instrucción.
"No cabe prorrogar lo que nunca fue acordado"
El PP se agarra a esta norma que tanta polémica ha generado para tratar de acabar con la investigación. Argumentan los abogados de la partido que la causa de la caja B no llegó nunca a declararse compleja y por lo tanto no puede extenderse: "no cabe prorrogar lo que nunca fue acordado".
"Nos encontramos ante una causa no compleja y, por tanto, no es de aplicación el artículo 324.2 LECrim, que regula la prórroga de las causas declaradas complejas; prórroga que, en todo caso, únicamente puede acordarse siempre y cuando se solicite por el Ministerio Fiscal", añade el escrito del PP enviado a la Audiencia Nacional.
El juez alegó que las partes personadas podían presentar razones para alargar la investigación, como así hizo IU. Los abogados del PP, sin embargo, creen que "ninguna de las partes ha puesto de manifiesto esas razones que justifiquen la adopción de un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción". Reprochan también al juez que haya acordado esa prórroga sin referirse a las diligencias concretas que la justifiquen.
"Parece que ese Instructor considera el artículo 324.4 LECrim como una suerte de 'carte blanche' que confiere a Jueces y Tribunales la capacidad de ampliar el plazo de la instrucción a su total discreción sin necesidad de motivación y sin que les vincule, si quiera, la petición de las partes (en este caso de 6 meses)", añade el escrito.
Tras recorrer otros aspectos de la norma y concluir que la decisión de De la Mata "no tiene cabida en Derecho", los abogados aseguran que "a día de hoy, no es posible declarar la complejidad (el Ministerio Público nunca solicitó dicha complejidad) y, por tanto, no es posible acordar una prórroga de algo que nunca fue acordado".
Anticorrupción habla de "inseguridad y "confusión"
En términos similares se manifiesta la Fiscalía Anticorrupción, que primero se opuso a ampliar los plazos y ahora ha recurrido la decisión del juez. En el escrito que ha enviado a De la Mata, el fiscal Antonio Romeral incide en que "ni se ha solicitado, ni tampoco se ha acordado, la declaración de complejidad", por lo que no puede ampliarse el plazo de la investigación.
Además, el fiscal afea al juez que el auto por el que extiende la duración de la causa contiene argumentos que producen "inseguridad y "confusión". El escrito también recuerda que la causa se abrió para celebrar una serie de diligencias que ya tuvieron lugar, y que el resto se han ido añadiendo por el avance de otros casos. "La mayoría de las diligencias derivan de causas dimanantes de la conocida de la conocida como caso Gürtel, de la que esta causa es una pieza", añade.
Así, Anticorrupción concluye que la reapertura de la causa "tiene como única base un cúmulo de diligencias de investigación ya practicadas que no pueden servir como causa o argumento que justifiquen la ampliación del plazo de instrucción". Por ello, piden al magistrado que cierre la investigación.
https://m.eldiario.es/politica/PP-reformo-Gobierno-intentar-investigacion_0_783922643.htmlLA FISCALÍA SE OPONE A QUE LA AUDIENCIA NACIONAL PROLONGUE LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B DEL PP
El juez De la Mata acordó prorrogar esta pieza hasta 2020 a petición de IU por la gran cantidad de investigados y ante la abundante documentación que habrá que analizar.
La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a que la Audiencia Nacional prolongue la investigación de la supuesta Caja B del PP hasta 2020, en contra del criterio del juez instructor, José de la Mata, quien ha prorrogado tras las revelaciones del líder de la trama Gürtel, Francisco Correa, sobre el cobro de 'mordidas' a empresarios a cambio de contratos públicos y cómo entregaba las comisiones al partido, en concreto al entonces tesorero, Luis Bárcenas.
La Fiscalía ha recurrido en apelación ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el auto del magistrado del pasado 6 de junio que acuerda prorrogar la causa -también conocida como 'Papeles de Bárcenas'- a petición de la acusación popular que ejerce Izquierda Unida. El ministerio público considera que la pieza está lista para ser llevada a juicio.
Por su parte, las acusaciones populares de IU y Adade (Asociación de Abogados Demócratas, próxima al PSOE) tienen previsto oponerse a la pretensión de la Fiscalía y solicitarán que la causa siga abierta hasta 2020 porque consideran, al igual que el juez, que se está ante una causa compleja.
El Partido Popular se adherirá al recurso de apelación presentado por la Fiscalía, aunque había recurrido en reforma el auto del magistrado. Fuentes populares muestran su "grata sorpresa" porque el ministerio público mantenga este criterio y argumentan que "no se puede mantener abierta una investigación prospectiva hasta las elecciones generales".
La decisión está en manos de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de resolver estos recursos.
150.000 euros para Rajoy
Tanto IU como Adade solicitarán más pruebas para continuar con la investigación judicial sobre la Caja B de PP y sobre a relación finalista entre 'mordidas' al PP y adjudicaciones públicas de los gobiernos que dirían líderes de este partido
Así, IU solicitará la comparecencia como testigo [figura que obliga a decir la verdad] de Ricardo Costa, el exsecretario general del PP de Valencia para que confirme si recibió 150.000 euros en billetes de 500 del bolsillo de José Mayor Oreja, directivo de la constructora FCC, para sufragar la campaña electoral de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno en 2008. Ambos son hermanos de exministros populares.
Ricardo Costa tiene como abogado defensor a Manuel Ollé, estrecho colaborador del despacho del exjuez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel y condenado por prevaricación por autorizar escuchas en los locutorios de los líderes de la trama con sus abogados.
Recientemente Costa ratificó esta confesión ante la juez de Valencia que investiga una supuesta estafa en la construcción de circuito urbano de Fórmula 1 durante la etapa de Francisco Camps como presidente autonómico. El sostiene que entregó este dinero al vicesecretario del partido, David Serra, condenado en el caso Gürtel.
La pieza está centrada en la supuesta caja de dinero negro que manejó el Partido Popular, al menos desde 1989 al año 2008. Fue reabierta el 28 de febrero de 2017 por De la Mata, a petición de IU, tras la confesión que hizo Correa en el juicio sobre la primera época de la trama (1999-2005), donde reveló cómo él mismo se encargaba de intermediar en el pago de comisiones al PP por parte de empresarios a cambio de contratos de obra pública.
"Gran cantidad de investigados"
El Ejecutivo del PP introdujo una reforma procesal para limitar a seis meses las investigaciones penales, aunque no dotó de medios económicos para lograr este objetivo. Este límite puede ser ampliado hasta 18 meses si la causa es declarada compleja.
La prórroga debe ser solicitada por la Fiscalía, pero no lo hizo cuando el pasado 6 de junio iba a caducar el plazo de la pieza sobre la Caja B que se investiga en el Juzgado Central de Instrucción 5, cuyo titular es José de la Mata. Sin embargo, sí lo solicitó IU.
De la Mata recuerda en su auto que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite una prórroga excepcional a instancia de cualquiera de las partes personadas por concurrir razones que lo justifiquen (art. 324.4). El juez considera que el caso "involucra a gran cantidad de investigados, tanto personas físicas como jurídicas". El magistrado no descarta que la investigación "aún exija la realización de pericias o de colaboraciones que implican el examen de abundante documentación o complicados análisis", y advertía en el auto de que habrá que revisar "la gestión de personas jurídico privadas o públicas".
http://www.publico.es/politica/corrupcion-guertel-fiscalia-opone-audiencia-nacional-prolongue-investigacion-caja-b-pp.htmlEL JUEZ AMPLÍA LA INVESTIGACIÓN DE LA 'CAJA B' DEL PP HASTA 2020 POR LA "GRAN CANTIDAD DE INVESTIGADOS Y DOCUMENTACIÓN"
José de la Mata decidido aceptar la petición solicitada por la acusación popular que ejerce Izquierda Unida.
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha prorrogado la investigación de la pieza conocida como 'papeles de Bárcenas' o 'caja B' del PP, sobre la presunta financiación irregular de este partido, hasta el 28 de agosto de 2020 debido a la "gran cantidad de investigados", tanto personas físicas como jurídicas, y no es descartable que aún exija el examen de "abundante documentación".
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 ha decidido así aceptar la petición solicitada por la acusación popular que ejerce IU, a la que se adhirieron otras, a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción se había opuesto al entender que no concurría ninguna de las causas para mantener abierta la instrucción.
El magistrado explica en su auto que el año pasado la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional amplió el plazo de la investigación de la causa principal del 'caso Gürtel' hasta este miércoles. Dicho plazo llega también a su término en lo que respecta a la pieza separada de esta gran causa que investiga la 'caja B' del PP. Y como esta pieza separada quedaba bajo la cobertura del plazo fijado para la pieza principal, procede fijar un plazo específico y autónomo de instrucción para ella.
De la Mata asume la propuesta de las acusaciones y considera que debe continuar la instrucción de la 'caja B' del PP porque "el caso involucra, desde luego, a gran cantidad de investigados, tanto personas físicas como jurídicas, y es evidente que ha venido exigiendo, y no es descartable que aún exija, la realizaciónde pericias o de colaboraciones que implican el examen de abundante documentación o complicados análisis, y la revisión de la gestión de personas jurídico privadas o públicas, en lo que se refiere a las operaciones que alcanza".
Así pues, dado que la reapertura de la causa data del 28 de febrero de 2017 y la posterior declaración de complejidad la extendía hasta el 28 de agosto de este año, su prórroga se extiende dos años a partir de entonces, en virtud del artículo 324.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que atribuye tanto a la Fiscalía como a las partes personadas la posibilidad de solicitar directamente la fijación de un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción.
Por lo tanto, aunque el juez instructor puede tomar la decisión cuando crea oportuno, la pieza que investiga los 'papeles de Bárcenas' debe estar cerrada, y por tanto lista para la apertura de juicio, el 28 de agosto de 2020.
http://www.publico.es/politica/corrupcion-guertel-fiscalia-opone-audiencia-nacional-prolongue-investigacion-caja-b-pp.htmlEL PP SE AFERRA A UNA LEY QUE REFORMÓ DESDE EL GOBIERNO PARA INTENTAR CERRAR LA INVESTIGACIÓN DE LA CAJA B
Sus abogados argumentan que la causa no se ha declarado compleja, como exige la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que aprobó el propio PP
Esa norma, criticada por asociaciones judiciales, establece un plazo máximo de seis meses de investigación para las causas penales si no se pide prórroga
Anticorrupción también se opone a extender la investigación y afea al juez que use argumentos que producen "inseguridad y "confusión"
El PP quiere cerrar ya la investigación sobre su caja B, esa que la Audiencia Nacional ya ha acreditado en la sentencia sobre la primera época de Gürtel. Sus abogados han enviado un escrito al juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso, José de la Mata, en el que recurren su decisión de ampliar la investigación hasta el años 2020. Lo hacen echando mano a una ley que el PP aprobó desde el Gobierno para establecer los plazos máximos de instrucción en las causas penales.
De la Mata acordó el pasado 6 de junio, con el rechazo de la Fiscalía, ampliar la investigación dos años más. Lo hizo porque acababa el plazo para la investigación de la causa de Gürtel y en agosto el correspondiente a la pieza concreta de la caja B. IU, personada como acusación particular, había pedido esa prórroga, que según la ley debe tomarse para el plazo total de 1 año y 6 meses, prorrogable otros seis meses más.
El escrito presentado por los abogados del PP, al que ha tenido acceso eldiario.es, rechaza esa ampliación para seguir indagando en su caja B. Lo hacen echando mano del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim), una norma que el PP reformó desde el Gobierno para establecer un plazo máximo de investigación para causas penales: seis meses en las causas simples y año y medio como norma general en las declaradas como complejas.
La reforma suscitó críticas en el mundo judicial, porque dejaba a expensas de una petición de la Fiscalía pedir la declaración de causa compleja y evitar que la investigación se cerrase. Los fiscales, que batallan para anular ese artículo de la ley, argumentan que ellos no dirigen la investigación, no tienen el control de las causas, y eso genera problemas a la hora de evitar que se agoten los plazos de instrucción.
"No cabe prorrogar lo que nunca fue acordado"
El PP se agarra a esta norma que tanta polémica ha generado para tratar de acabar con la investigación. Argumentan los abogados de la partido que la causa de la caja B no llegó nunca a declararse compleja y por lo tanto no puede extenderse: "no cabe prorrogar lo que nunca fue acordado".
"Nos encontramos ante una causa no compleja y, por tanto, no es de aplicación el artículo 324.2 LECrim, que regula la prórroga de las causas declaradas complejas; prórroga que, en todo caso, únicamente puede acordarse siempre y cuando se solicite por el Ministerio Fiscal", añade el escrito del PP enviado a la Audiencia Nacional.
El juez alegó que las partes personadas podían presentar razones para alargar la investigación, como así hizo IU. Los abogados del PP, sin embargo, creen que "ninguna de las partes ha puesto de manifiesto esas razones que justifiquen la adopción de un nuevo plazo máximo para la finalización de la instrucción". Reprochan también al juez que haya acordado esa prórroga sin referirse a las diligencias concretas que la justifiquen.
"Parece que ese Instructor considera el artículo 324.4 LECrim como una suerte de 'carte blanche' que confiere a Jueces y Tribunales la capacidad de ampliar el plazo de la instrucción a su total discreción sin necesidad de motivación y sin que les vincule, si quiera, la petición de las partes (en este caso de 6 meses)", añade el escrito.
Tras recorrer otros aspectos de la norma y concluir que la decisión de De la Mata "no tiene cabida en Derecho", los abogados aseguran que "a día de hoy, no es posible declarar la complejidad (el Ministerio Público nunca solicitó dicha complejidad) y, por tanto, no es posible acordar una prórroga de algo que nunca fue acordado".
Anticorrupción habla de "inseguridad y "confusión"
En términos similares se manifiesta la Fiscalía Anticorrupción, que primero se opuso a ampliar los plazos y ahora ha recurrido la decisión del juez. En el escrito que ha enviado a De la Mata, el fiscal Antonio Romeral incide en que "ni se ha solicitado, ni tampoco se ha acordado, la declaración de complejidad", por lo que no puede ampliarse el plazo de la investigación.
Además, el fiscal afea al juez que el auto por el que extiende la duración de la causa contiene argumentos que producen "inseguridad y "confusión". El escrito también recuerda que la causa se abrió para celebrar una serie de diligencias que ya tuvieron lugar, y que el resto se han ido añadiendo por el avance de otros casos. "La mayoría de las diligencias derivan de causas dimanantes de la conocida de la conocida como caso Gürtel, de la que esta causa es una pieza", añade.
Así, Anticorrupción concluye que la reapertura de la causa "tiene como única base un cúmulo de diligencias de investigación ya practicadas que no pueden servir como causa o argumento que justifiquen la ampliación del plazo de instrucción". Por ello, piden al magistrado que cierre la investigación.
https://m.eldiario.es/politica/PP-reformo-Gobierno-intentar-investigacion_0_783922643.htmlLA HISTORIA OCULTA DE LOS PAPELES DE BÁRCENAS
Jorge Trías, exdiputado popular, explica en un libro sus reuniones con Rajoy para tratar el ‘caso Gürtel’ y cómo reveló el documento clave
Hace nueve años, en pleno huracán del caso Gürtel, Mariano Rajoy recibía a Jorge Trías Sagnier, un exdiputado del PP que quería llevarle un mensaje del juez del caso, Antonio Pedreira, fallecido en 2015. El líder del PP estaba convencido de que el escándalo jamás acabaría con su carrera: "Mira, Jorge, tal como yo lo veo, un político tiene que ser como un junco. Cuando sopla el tifón te inclinas y dejas que pase; se lo lleva todo por delante, pero tú sobrevives. Ahora está soplando, pero a quienes se llevará por delante es a los del PSOE, y a alguno de por aquí, quizá. Pero a mí, no”, le espetó Rajoy, según el relato que Trías recoge en el libro que publica ahora, El baile de la corrupción (Ediciones B), y que adelanta EL PAÍS.
Trias fue un protagonista clave del caso Gürtel. En el libro explica como guardó unas fotocopias de los papeles de Bárcenas, que le había entregado el extesorero, amigo suyo, y decidió en 2013 entregárselas al abogado de EL PAÍS, Gerardo Viada. Esa decisión, que tomó al saber que Bárcenas tenía 50 millones de euros ocultos en Suiza, hundió la carrera de Trías, hasta entonces un exitoso abogado catalán con despacho en Madrid desde 1981. El PP le declaró la guerra y nadie quería ya contratarlo. "Los clientes me fueron quitando los asuntos hasta que tuve que cerrar el despacho después de 31 años. Esta decisión de desvelar los papeles solo me trajo perjuicios. Afortunadamente, tenía ahorros y he podido mantenerme", recuerda.
Trías narra con detalle lo que Rajoy siempre negó, esto es que el presidente estaba al tanto de todo lo que sucedía en el caso Gürtel y conocía las maniobras de su entorno, en especial Federico Trillo, para intentar entorpecer la labor del juez, los fiscales y la policía. El exdiputado catalán, que fue fichado por Aznar en 1996 y presidió durante una legislatura la Comisión Constitucional, cuenta en el libro las cuatro reuniones que tuvo con Rajoy para hablar del caso Gürtel. El presidente parecía al tanto de todo. La narración de la primera cita, el 15 de octubre de 2009, define a la perfección a Rajoy y su actitud con el escándalo:
—¡La que te está cayendo, Mariano!
—¡Bah! —Y, volviéndose hacia su izquierda, me señaló el montón de diarios apilados—. Si yo hiciese caso de lo que dicen todos estos —y estos éramos nosotros, los que escribíamos en los periódicos—, no estaría aquí sentado.
—Le pedí a tu secretaria que quería verte porque estuve con el juez, tu pariente...
—Ja, ja, ja. Sí, me lo ha dicho.
—Pues el juez me ha pedido que te transmita que él no tiene animadversión alguna al PP, como se dice por aquí, y que va a intentar llevar la instrucción de forma rápida y, por supuesto, con independencia de criterio, digan lo que digan las fiscales. Y, por favor, que no enreden los que tú ya sabes, Mariano, y tampoco desde la Comunidad. A Pedreira le llegan recados todos los días...
Rajoy me observaba atentamente, alternándome con el puro, al que miraba con arrobo y con mucho más interés que a mí. Hizo un comentario sobre los personajes que rodeaban a Esperanza Aguirre en la Comunidad de Madrid:
—¿Cómo quieres que responda por ellos si no puedo responder por los que tengo aquí?— Y luego añadió: Pero, ¿qué quiere este hombre? —Se refería al juez Pedreira—. ¿Qué hay dentro de esas cajas que tiene la policía?
Yo solo sabía que la mayor parte de la documentación no había sido analizada todavía. Rajoy quería una respuesta que ni yo ni nadie podía darle. Bueno, la respuesta se la podía dar la policía, las fiscales que impulsaban el caso o el juez. Pero ninguno de ellos iba a hacerlo. Así que yo continuaba repitiéndole la cantinela para la que había sido enviado.
—Mira, presidente, creo que lo mejor es no interferir en la instrucción. No enredar el caso con Manos Limpias o gente así, que se dice que están impulsados por gente de aquí, y dejar que todo siga su curso y que quien tenga que caer caiga. Pedreira, tu paisano, se ha propuesto esclarecer la verdad y todavía hay una enorme cantidad de documentos que ni siquiera han sido analizados.
—¡Ja, la verdad! ¿Y quién sabe dónde está la verdad? ¿Y esto cuánto puede durar?
—Con un poco de suerte, hasta antes de las elecciones generales, le dije.
—¡Pues sí que estamos apañados! Bueno, tú sigue el caso y yo ya pediré por aquí que no enreden demasiado. Aunque ya sabes cómo es esto... Basta que diga una cosa para que se haga la contraria.
Trías cuenta en el libro las cuatro reuniones. Una de ellas, en la que además de Rajoy estaban Bárcenas, Javier Arenas y Federico Trillo, fue la más tensa porque Trías criticó con dureza el intento de Trillo de ahogar el caso con trucos procesales como lo había conseguido con el caso Naseiro. Entonces, según su narración, Rajoy le preguntó si él tendría interés en volver a la política activa, que había dejado en 2000. Trías sostiene que contestó en broma que solo lo haría para "corregir el error de Aznar" de no haberle nombrado ministro de Justicia. El PP siempre utilizó ese cruce para menospreciar a Trías como un resentido. Lo cierto es que fue una persona consultada varias veces por el líder para decidir la estrategia a seguir con el caso.
No solo le consultaba Rajoy. También Bárcenas. Tanto confiaba en su criterio que le entregó los llamados papeles de Bárcenas para que lo evaluara. Y él, después de guardar las fotocopias, concluyó que no tenían tanta fuerza porque no había delito fiscal. Y se olvidó. Años después, cuando saltó el escándalo de la cuenta en Suiza, los revisó. Y entendió su importancia. "Las finanzas del PP las había organizado Sanchís, continuado Naseiro y Lapuerta, y rematado Bárcenas. Entre todos habían montado una endiablada maquinaria. Esencialmente, se trataba de una lucha brutal entre dos clanes del PP para controlar sus finanzas, porque quien controlaba las finanzas controlaba el partido", escribe en el libro.
Trías decidió entonces difundir los papeles. Llamó a Viada un domingo y se los entregó. A partir de ahí la historia es conocida. Tras largas comprobaciones, EL PAÍS publicó los papeles y se generó un enorme escándalo, pero Rajoy resistió. Trías cayó en desgracia. Ahora lo explica con perspectiva: "El caso Gürtel demostró que si tú te comprometes con la verdad y das un paso adelante te quedas más solo que la una. La soledad que tuve desde 2013 hasta 2016, cuando decidí cerrar en Madrid y volver a Barcelona, fue tremenda. Pero ahora estoy contento. He tenido una alegría enorme al ver que triunfaba la moción de censura. Me dije por fin, al final la vida acaba colocando a cada uno en su sitio". El junco de la carrera política de Rajoy tardó nueve años en romperse.
https://politica.elpais.com/politica/2018/06/16/actualidad/1529179016_593761.htmlGUILLERMO ORTEGA Y LUIS VICENTE MORO INSISTEN EN EL CONTROL DE LAS ADJUDICACIONES DEL PP NACIONAL
El exalcalde de Majadahonda confirma ante el juez de la caja B que Álvaro Lapuerta presionaba en Madrid para que se beneficiase a empresas vinculadas al partido. El segundo testigo en declarar asegura que había una " guerra de tesorerías" entre el PP de Génova y el de Esperanza Aguirre.
El exalcalde de Majadahonda ha vuelto a declarar ante el juez de Instrucción Número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, insistiendo en el mismo relato que en el juicio de la primera época de Gürtel. Según Ortega, fue el extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, quien presionaba para favorecer a empresas "amigas".
Según su relato, Lapuerta le llamó para interesarse y recomendarle que contratase con las empresas Licuas y Coarsa, propiedad del empresario Joaquín Molpeceres, algo que él entendió como una llamada "jerárquica", dado el peso nacional del partido. Ortega ha asegurado que tiempo después la diputada Carmen Rodríguez Flores le reprochó no haber accedido a la petición de Lapuerta, uno de los factores que le supuso su caída en desgracia, según fuentes de la acusación presentes en el interrogatorio consultadas por la Cadena SER.
El primero de los dos testigos en declarar hoy ha sido Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta y amigo de Ignacio González. Moro, a preguntas de la acusación, ha confirmado que trabajaba en la Constructora Hispánica, una de las supuestas financiadoras del PP según los apuntes de Bárcenas.
Moro ha manifestado que en el mismo periodo al que hacía referencia Ortega, año 2004, Ignacio González le contó que Lapuerta le había presionado para que las adjudicaciones se centralizaran en el PP nacional. Y ha hecho referencia a una "guerra de tesorerías" fundamentalmente entre las consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre, con Ignacio González como número dos, y el PP de Génova.
De hecho, según estas fuentes, Esperanza Aguirre tenía un papel de "mediadora" en la contienda de adjudicaciones. Moro ha subrayado también su amistad con González durante estos años, una relación que se ha roto, según ha contado, a raiz de la explotación del caso Lezo.
A preguntas sobre sus años de trabajo en la Constructora Hispánica, del dueño Alfonso García Pozuelo, donde tuvo vinculación entre 2006 y 2008, ha reconocido que se generaba una gran cantidad de dinero negro y que la empresa servía para colocar a personas vinculadas al PP como favor y ha resaltado "era un rumor en la empresa que había dinero negro".
Según fuentes de la acusación, ambos testimonios redundan en el modus operandi desde la sede de Génova donde se conspiraba para el delito de financiación ilegal.
http://cadenaser.com/ser/2018/04/03/tribunales/1522780856_582609.htmlEL JUEZ DE LA MATA INCORPORA AL ‘CASO BÁRCENAS’ LA CONFESIÓN DE COSTA CONTRA CAMPS
El magistrado rechaza citar como imputados a Esperanza Aguirre y al empresario Juan Miguel Villar Mir
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha incorporado este jueves al caso Bárcenas, la pieza sobre la caja b del PP, la declaración como acusado del ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa en el juicio sobre la financiación ilegal de esa formación, en el que apuntaba directamente como responsable de ella al expresidente valenciano Francisco Camps. El magistrado también incorpora a la investigación las declaraciones como acusados del cabecilla de la trama Gürtel de corrupción, Francisco Correa, y de sus lugartenientes Álvaro Pérez El Bigotes y Pablo Crespo, que iban en la misma dirección de inculpar a Camps. La decisión anticipa la posible imputación de Camps en esta investigación, derivada del caso Gürtel de corrupción.
Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, reconoció el 24 de enero ante el juez José María Vázquez Honrubia que la formación pagó las campañas electorales de 2007 y 2008 “con dinero negro de empresarios contratistas de la Generalitat” por indicación del entonces presidente autonómico Francisco Camps. Costa se convertía así en el primer alto cargo de la formación conservadora que admite de forma abierta la financiación ilegal desde que se destapó el caso Gürtel en febrero de 2009. Costa salvó al PP nacional en su declaración, aunque dijo que avisó al entonces gerente de Génova 13, Luis Bárcenas, de los detalles de la caja b valenciana.
El cerebro confeso de la trama, Francisco Correa, reconoció el 16 de enero que su mercantil Orange Market, dedicada a la organización de eventos, cobró 3,4 millones de euros en negro del PP valenciano por actos electorales y otros de periodo ordinario en 2007 y 2008. De esta cantidad, alrededor de 1,2 millones los pagaron al menos nueve empresarios, a los que Orange Market giró facturas por conceptos falsos que escondían los trabajos realizados para la formación conservadora.
La decisión del juez De la Mata de incorporar a la investigación del caso Bárcenas las declaraciones de los acusados en el juicio de la caja b del PP valenciano, que se celebra estos días en el Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional, responde a una petición de la acusación popular encabezada por Izquierda Unida. Esta acusación reclamaba, entre otras medidas, la declaración como imputado del empresario Juan Miguel Villar Mir y como testigo de la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre. El juez ha rechazado esta última petición al considerar que “no es pertinente” y “carece de utilidad”.
El juez también incorpora a la causa sobre la caja b del PP las palabras de Francisco Correa en el turno de última palabra en el juicio de la trama central del caso Gürtel, el pasado 17 de noviembre. En aquella ocasión, el cabecilla confeso de la red corrupta ofreció a la Fiscalía su “colaboración total” en las causas que faltan de juzgarse en el macrosumario a cambio de salir de prisión.
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/15/actualidad/1521116251_849956.htmlLA APARICIÓN DE DOS VERSIONES DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS' SOBRE UN PAGO A RAJOY PONE EN ALERTA A LAS ACUSACIONES
El extesorero del PP borró en la segunda versión una anotación que reflejaba un pago de 12.600 euros a "M. Rajoy" en junio de 2008 pero no ocultó la existencia de la primera: le entregó las dos al juez Ruz
Quienes conocen la trayectoria de Bárcenas sostienen que el cambio obedeció a su deseo inicial de proteger al presidente tras el estallido del caso porque ese era el año que todavía no había prescrito a efectos tributarios
La constatación de que Luis Bárcenas rehízo una hoja manuscrita de la contabilidad B del PP para borrar un apunte de junio de 2008 que reflejaba un pago de 12.600 euros a "M.Rajoy" ha puesto en guardia a las acusaciones personadas en el caso. Desvelada por El País, la existencia de dos versiones de los cobros y pagos del mismo periodo introduce, y así lo admiten juristas consultados por infoLibre, el temor a que el contenido de los llamados papeles de Bárcenas pueda quedar ahora en entredicho. Tanto los socialistas como la acusación que, encabezada por IU, agrupa a varias organizaciones creen que hay razones para la inquietud. "Habrá que observar qué pasa con cautela", opina uno de los abogados cuya opinión recabó este diario.
Lo peculiar del asunto, no obstante, es que Bárcenas, que en julio de 2013 y cuando ya había ingresado en prisión le entregó al juez Pablo Ruz los papeles a que ha dado nombre, no optó por esconder la versión auténtica para aportar al magistrado solo la corregida: le dio las dos. Ambas, como ha comprobado este diario, constan incorporadas a la causa. Son, exactamente, las hojas numeradas como 14 y 15 del lote [pincha aquí para verlas]. La entrega al juez Pablo Ruz, entonces instructor del caso, se produjo el mismo día en que Bárcenas declaró que había entregado "personalmente" cantidades en negro a Rajoy y a su número dos, la actual ministra de Defensa María Dolores de Cospedal. Tanto el presidente y líder del PP como su número dos han negado de forma taxativa y con reiteración el cobro de sobresueldos en B.
Fuentes que aseguran conocer los pasos del extesorero del PP desde antes de que cambiara radicalmente su estrategia de defensa para atrincherarse en el silencio, oponerse a la declaración de Rajoy como testigo en el primer juicio de Gürtel y minimizar los papeles definiéndolos como meras "anotaciones extracontables", sostienen lo siguiente: que la primera versión, aquella que dejó anotada la entrega de 12.600 euros a Rajoy el 3 de junio de 2008, es la que realmente plasma las entradas y salidas de dinero opaco en aquel momento, junio de 2008 y el segundo semestre.
Sostienen también las fuentes que Bárcenas manipuló esa página y alteró las anotaciones originales cuando la publicación de los papeles en El País –enero de 2013– provocó un verdadero terremoto. ¿Por qué y para qué lo hizo? Porque, a efectos de un eventual delito fiscal, 2008 no había prescrito aún. Y Bárcenas –aducen las fuentes– quería proteger al presidente. Seis meses más tarde, cuando el juez Pablo Ruz ya le había enviado a la cárcel en una decisión que el imputado siempre había visto como una hipótesis remota, el propio extesorero entregó sus manuscritos contables.
Desaparece Rajoy
En la hoja manipulada por Bárcenas desapareció el apellido de Rajoy, así como el primero de los dos pagos vinculados a su nombre (12.600 euros) y quedó camuflado como "Mariano" un segundo pago de 2.400 euros. También el de Cospedal, que en la primera versión aparecía como "D. Cospedal" junto a la cifra de 7.500 euros y en la segunda, como "Dolores": según los papeles, ese es el dinero que se correspondía con la "regularización del tercer trimestre", el equivalente a "2.500 X 3". Es decir, 2.500 euros mensuales.
Bárcenas también alteró las notas concernientes a Gonzalo Urquijo, el arquitecto que supuestamente cobró en negro por reformar la sede central del PP y que es uno de los cinco acusados –el sexto, el ya nonagenario Álvaro Lapuerta, quedó exonerado por demencia sobrevenida– que compartirán banquillo en el juicio de los papeles. En la primera versión consta como "G.U." junto a dos pagos de 235.000 y 200.000 euros supuestamente abonados en octubre y diciembre. En la segunda, aparece como "Gonzalo Urquijo" junto a un solo pago de 200.000 euros, el de diciembre.
Después de que la Fiscalía y el juez Ruz concluyeran que no era posible establecer una conexión entre las donaciones supuestamente efectuadas por empresas al PP y los contratos públicos adjudicados a esas mismas empresas, la declaración prestada por Francisco Correa en el arranque del primer juicio de Gürtel forzó la reapertura de la investigación.
Para dentro de dos semanas, el nuevo instructor del caso ha citado a varios testigos a petición de IU. Y ha incorporado a la causa las confesiones realizadas en el proceso sobre la financiación del PP valenciano por los tres principales responsables de la trama Gürtel –Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez– así como por el antiguo número dos de Francisco Camps, Ricardo Costa. Todos ellos, al igual que nueve contratistas públicos de la Generalitat, han admitido en la Audiencia Nacional que el PP valenciano financió sus campañas con dinero negro y mediante facturas falsas abonadas por los empresarios que ahora han confesado a cambio de recibir solo una multa como condena.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/03/23/la_aparicion_dos_versiones_del_mismo_apunte_los_papeles_barcenas_sobre_pago_rajoy_alarma_las_acusaciones_80977_1012.htmlBÁRCENAS MANIPULÓ SUS PAPELES Y SUPRIMIÓ UN PAGO DE 12.600 EUROS EN ‘B’ A RAJOY
El extesorero Luis Bárcenas manipuló al menos uno de los 14 folios del cuaderno que contienen sus famosos papeles sobre la caja B que, a base de donaciones ilegales y aportaciones de grandes constructoras, nutrió a este partido entre 1999 y 2008. Bárcenas suprimió la primera casilla del encabezamiento del folio número 14, en las que figuraba un pago de 12.600 euros al actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Ese folio correspondía al ejercicio fiscal de 2008, el único no prescrito a efectos fiscales y penales de sus papeles, destapados por EL PAÍS. Fuentes cercanas al extesorero reconocen que ciertamente fue modificado ese folio y suprimida la citada anotación.
El presidente del Gobierno negó durante una comparecencia judicial sobre el caso Gürtel haber cobrado sobresueldos del partido. "Son absolutamente falsos. Cobrábamos un sueldo de diputados y bastantes miembros del partido tenían un complemento, que se declaraba a Hacienda, y que dejamos de cobrar al entrar al Gobierno", afirmó Rajoy sobre los apuntes de Bárcenas.
Aparte de ese presunto pago en B a Rajoy, Bárcenas alteró también el nombre de la ministra de Defensa, Dolores de Cospedal, como receptora de dos presuntos pagos de 7.500 euros. También, trastocó las fechas de dos abonos por importe de 435.000 euros abonados, en dinero negro, al arquitecto que reformó las instalaciones de la sede del PP en la calle de Génova, Gonzalo Urquijo.
Tanto el juez Pablo Ruz, en una resolución de marzo de 2015, como la Fiscalía Anticorrupción han dado por auténticos los papeles que publicó EL PAÍS a finales de enero de 2013. Los reconoció como auténticos el propio Bárcenas en su extensa declaración inculpatoria ante el juez Pablo Ruz, primer instructor del llamado caso Bárcenas, aun pendiente de juicio.
Los investigadores judiciales se han percatado de que la última página de los papeles que Anticorrupción reclamó a este periódico para investigar su contenido (ocho millones en sobresueldos opacos repartidos por Bárcenas a casi todos los responsables del PP desde 2000) es muy distinta de la que, por su parte, aportó el extesorero al sumario una vez destapado el escándalo. A las dificultades surgidas a la hora de atar cabos en esta investigación, la que más preocupa al PP de entre las distintas piezas desglosadas de Gürtel, se unen ahora las diferencias de contenido halladas en esta parte de los papeles no prescrita. Las demás lo están, a juicio de estos medios.
¿Qué papel es el bueno? ¿A cuál se le hace caso? Esa es la pregunta que se hacen ahora los investigadores en relación con una esta pieza separada, la de los papeles de Bárcenas, enraizada y surgida en el marco de trama Gürtel. Es la que afecta de lleno a toda la cúpula del PP de los últimos 23 años como presunta receptora de sobresueldos opacos al fisco.
Prácticamente todos los apuntes de los papeles de Bárcenas se corresponden con ejercicios fiscales penalmente prescritos. Los dos folios que contienen pagos a dirigentes del PP y al arquitecto Gonzalo Urquijo (el último es el manipulado) son del ejercicio 2008, el único no prescrito fiscalmente. Pero este último folio es distinto del que publicó este periódico (y entregado a Anticorrupción junto con los 13 restantes). Lo aportó Bárcenas, en las cuentas que él aportó al sumario, pero está modificado. Que estén prescritos penalmente, no significa que los presuntos sobresueldos sean remitidos a la Agencia Tributaria para que allí se dictamine si hubo infracción tributaria, pero también sobre este aspecto se levanta la sombra de la prescripción, destacan las citadas fuentes.
Reapertura de la causa
Esta pieza con papeles diferentes es la que instruye en este momento el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que la reabrió hace medio año tras señalar el jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, que distintas constructoras (dio sus nombres al tribunal) contribuyeron a alimentar la caja B del PP a cambio de obra pública. En el mismo juicio en que Correa lanzó esa acusación, un empresario benefactor del PP, Alfonso García Pozuelo, de Constructora Hispánica, corroboró ante el tribunal la existencia de empresarios que pagaron a este partido comisiones. García Pozuelo es el implicado en Gürtel por pago de comisiones y donaciones que más dinero ya ha devuelto al fisco durante estos años, casi 23 millones de euros.
El año en que la fiscalía puso su lupa para cotejar la relación de pagos de constructoras al PP es 2008, al no estar prescrito penalmente, si bien las cantidades recibidas y supuestamente defraudadas por los altos cargos del PP afectados en ese ejercicio de acuerdo con los papeles, no alcanzan la cuota penal tributaria (120.000 euros).
Las diligencias se abrieron en 2013. En el folio aportado por Bárcenas, junto con otros muchos papeles relacionados con su causa, no figura ni la inicial ni el apellido del presidente Rajoy, lo que sí sucede en el folio que entregó EL PAÍS en la fiscalía a petición de esta. En concreto, no figura la siguiente frase: “2º semestre M. Rajoy”, y en la misma casilla, la que encabeza las anotaciones, una atribución en el “haber de 12.600” euros y un “saldo de 396.078 euros”. El saldo si es correlativo.
Fuentes del entorno de Bárcenas admiten que ese folio (“pero solo ese”, señalan) lo modificó él con su puño y letra, pero declinan explicar los motivos de la supresión de Rajoy en el encabezamiento del folio. Aseguran estos medios que Bárcenas efectuó esas alteraciones, antes de entregar sus papeles al juez, para que solo figurasen las iniciales del nombre del arquitecto Gonzalo Urquijo, que sustituye por “G. U.” como receptor de un total de 435.000 euros entre julio y diciembre de 2008. Pero al redactar la nueva hoja, con su letra, modificó también fechas de los pagos al arquitecto y, además, puso el nombre de “Dolores” donde en el otro papel escribió “D. Cospedal”, a la que relaciona con dos supuestas entregas de 7.500 euros cada una. La ministra negó en su día tales pagos y se querelló contra el extesorero.
Los informes policiales sobre los papeles de Bárcenas revelan, por otro lado, que resulta imposible correlacionar pagos de empresarios al PP (mayoritariamente acreditados como ciertos) a cambio de obras, ya que, argumentan los investigadores, las grandes constructoras suelen acaparar la mayoría de las obras y es complicado enlazarlas con los pagos, por lo que los investigadores judiciales ven complicado probar el cohecho. “Para eso hay que acreditar sin género de duda quién paga, a quién, cuándo, cuánto y la obra concreta objeto del pago, y no ha sido posible”, señalan estos medios.
El juicio por los papeles de Bárcenas sigue, pues, instruyéndose a instancias de Izquierda Unida, entre otras acusaciones. Y, según fuentes judiciales, es previsible que acaben en el banquillo, además de Bárcenas, el arquitecto Urquijo. Unifica, la empresa de este último, según la investigación, cobró por la reforma de la sede del PP, gran parte en dinero negro, un total de 1,5 millones de euros, que no declaró al fisco, lo que la fiscalía estima como un posible delito fiscal.
Los investigadores atribuyen al PP en este asunto un delito fiscal por el IVA no declarado de las donaciones ilegales (muchas de ellas superiores al límite legal de 60.000 euros) que recibió el partido en 2008 y que figuran en los papeles de Bárcenas. Y de ello serían responsables Bárcenas y el también el extesorero popular Álvaro Lapuerta. Este último puede quedar dispensado de acudir al juicio dada su avanzada edad y estado de salud.
El Supremo y las nulidades
Ya se han celebrado dos juicios relacionados con Gürtel (quedan al menos otros cinco), y entre los que faltan está el llamado caso Bárcenas, el de sus papeles con los sobresueldos y relación de empresarios que pagaron donaciones al PP (muchas de ellas por encima del límite legal establecido entonces, 60.000 euros). El caso de los papeles estaba prácticamente instruido y fue reabierto el año pasado por las revelaciones del jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, y otros empresarios, en uno de los juicios ya celebrados por esta trama.
Ante el juez José de la Mata, instructor del caso que analiza la presunta contabilidad B del PP, han desfilado Correa y el empresario Alfonso García Pozuelo. Estos han rehusado declarar y abundar en lo que dijeron en el juicio confirmando pagos al PP a cambio de obras. También han declarado los empresarios señalados como pagadores de comisiones, entre ellos, el dueño de OHL Miguel Villar Mir, y su yerno, Javier López Madrid. Los dos negaron pagos al PP al margen de la ley.
El primer juicio del caso Gürtel se celebró en Valencia y en él los principales implicados plantearon cuestiones de nulidad de actuaciones por, entre otras cosas, las intervenciones telefónicas que ordenó el juez Baltasar Garzón, primer instructor de Gürtel, entre los cabecillas de la trama y sus abogados. La teoría del árbol envenenado acecha al macrosumario del caso Gürtel. Los recursos sobre este juicio de Valencia se hallan ahora en el Tribunal Supremo, que ya en su día dejó entrever, en la condena a Garzón, que esas intervenciones declaradas ilegales pudieron contaminar toda la causa, porque la policía desarrolló su investigación sobre las pistas y datos surgidos en los diálogos entre los implicados y sus letrados.
Por otro lado, los peritos judiciales, que tendrán que deponer en el juicio, no ven delito fiscal en las donaciones porque entienden que los partidos políticos están excluidos de tributar por un exceso legal en las donaciones al tener estas, esgrimen, un fin social. A todos estos obstáculos se une la manipulación hecha por el propio Bárcenas de al menos uno de los papeles claves de las diligencias, el no prescrito de 2008.
https://politica.elpais.com/politica/2018/03/21/actualidad/1521648643_334605.htmlIU PIDE INCORPORAR LA CONFESIÓN DE COSTA EN GÜRTEL AL CASO DE LA 'CAJA B' DEL PP
Además, exigen que se sumen a la causa las reveladoras declaraciones de los cabecillas de la trama: Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez
Tras las reveladoras y llamativas declaraciones que dejó en la Audiencia Nacional el que fuera secretario general del PP de Valencia, Ricardo Costa, sobre la financiación ilegal del partido regional; Izquierda Unida ha solicitado al juez que sean incluidas en otra causa: en la que investiga la caja B del PP a nivel Nacional.
Pero también quiere que se tengan en cuenta las palabras dichas en sede judicial por los tres cabecillas de la trama Gürtel: Pablo Crespo, Francisco Correa y Álvaro Pérez. Considera que con ellas se podría esclarecer gran parte de la investigación que trata de averiguar si en el Partido Popular a nivel nacional existía una caja B; es decir, si el partido de Mariano Rajoy se ha financiado irregularmente.
Según publica Loreto Ochando en Valencia Plaza, IU cree que estas declaraciones son de vital importancia para demostrar que el PP se financió de forma irregular gracias a aportaciones de empresarios.
Hay que recordar que durante el juicio de la Gürtel valenciana, uno por uno, los cabecillas de la trama fueron relatando como este sistema de financiación era una realidad en el PP de Valencia. Incluso apuntaron a que era Francisco Camps el que movía todos los hilos para que esto fuera así. Luego llegó Costa y ratifico, casi palabra por palabra, lo dicho anteriormente.
“Génova 13, era un centro de conspiración ”
Los letrados de IU explican en un escrito que “los acusados Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Ricardo Costa han vuelto a confirmar la existencia de un modus operandi perfectamente organizado dentro del Partido Popular para financiarse ilegalmente, así como para intermediar y facilitar las adjudicaciones de contratos de obra pública a determinadas constructoras de este país a cambio de importantes comisiones que se entregaban bien a través de dinero en metálico o bien con facturas falsas”. “Además todos ellos han manifestado su disposición a colaborar de manera total con la Justicia”, sentencian.
Pero el letrado de Izquierda Unida ha sido aún más duro al afirmar que “se puede sostener que la tesorería y gerencia del Partido Popular, sita en Génova 13, era un centro de conspiración y proposición para el cohecho y el tráfico de influencias”.
Y señala a los culpables: “Lapuerta y Bárcenas se habrían concertado para delinquir incurriendo en cohecho y tráfico de influencias siendo su conducta calificable, por lo menos, de conspiración para el cohecho y tráfico de influencias”.
https://www.elplural.com/politica/2018/02/08/iu-pide-incorporar-la-confesion-de-costa-en-gurtel-al-caso-de-la-caja-b-del-ppUNA EDIL DE GALLARDÓN OCULTÓ AL JUEZ QUE ADJUDICÓ UN CONTRATO DE 20 MILLONES A UN DONANTE DEL PP RECOMENDADO POR LAPUERTA
Paz González, concejal en el primer gobierno municipal de Gallardón, aseguró como testigo en la Audiencia Nacional que Licuas no logró "ninguno de los contratos" que adjudicó Medio Ambiente bajo su mandato
En realidad, la empresa de Molpeceres fue una de las seis beneficiarias de un macroconcurso adjudicado por el área de González dos meses después de aquella llamada de Lapuerta
Paz González, edil de Medio Ambiente de Madrid entre 2003 y 2007, le mintió en diciembre al juez de la Audiencia Nacional que investiga la caja B del PP y ante el que compareció en calidad de testigo.
Durante su declaración del 13 de diciembre, González reconoció que el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, la había llamado cuando apenas llevaba un par de meses en el consistorio para recomendarle una empresa: Licuas. Según la exconcejala, ni Lapuerta le dijo que Licuas –propiedad de Joaquín Molpeceres, que aparece en los papeles de Bárcenas y está imputado en el caso Lezo–, era donante del partido ni le pidió que la favoreciese de ningún modo. Fue en ese momento del interrogatorio cuando González afirmó rotunda que Licuas "no ganó ninguno de los contratos" que la potente concejalía de Medio Ambiente adjudicó durante su mandato, y que lo recordaba "precisamente por la llamada de recomendación" de Lapuerta.
Pero no es verdad. Porque el 27 de octubre de 2003, como mucho dos meses después de aquella llamada de Lapuerta cuya fecha exacta no se conoce, la empresa de Molpeceres fue una de las seis beneficiarias de un macroconcurso de cuatro años de duración convocado para el mantenimiento de vías públicas y espacios municipales. El lote que se adjudicó Licuas estaba valorado en la licitación en 20,4 millones. En el anuncio de adjudicación no se detalla qué parte de la rebaja total –los 146,4 millones del precio de salida se quedaron en 113,5– afectó al importe correspondiente a esa sociedad.
Ese concurso fue de inmediato puesto en cuestión por los grupos opositores. PSOE e IU pidieron una investigación bajo la sospecha de amaño. Y Paz González defendió la limpieza del procedimiento. "Intentan emborronar un expediente que no tiene ni trampa ni cartón", espetó a los ediles que le reclamaban explicaciones. Las dudas de socialistas e IU se centraban en otra de las firmas ganadoras, Ascan.
Menos de año y medio después, en abril de 2005, la junta de gobierno del Ayuntamiento de Madrid dejó constancia de que, en una fecha que no precisa el acta de la reunión, González había adjudicado a Licuas un segundo contrato de 1,5 millones para obras de emergencia en un colector.
A los cinco meses, el 30 de septiembre de 2005, le otorgó, ahora por 1,28 millones, también por decreto y con carácter de emergencia el "riego con cubas de zonas singulares", aunque la decisión no llegó a la mesa de la junta de gobierno hasta el 15 de diciembre . Y el 16 de noviembre dio a Licuas un tercer contrato por decreto, este por 303.988 euros, para obras de captación de aguas subterráneas "con carácter de emergencia".
Un recuerdo marcado "precisamente" por la llamada del extesorero
Los términos con que Paz González negó ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que investiga la caja B del PP o los llamados papeles de Bárcenas, haber adjudicado contratos a Licuas no admiten dudas. Después de que el fiscal le preguntara si en aquella llamada Lapuerta le dijo algo de que su empresa recomendada "había dado dinero" al partido, la exconcejal minimizó lo sucedido y añadió lo siguiente: "Habrían pasado dos meses [desde su desembarco en la concejalía] y… insisto, no habíamos ni empezado a tramitar ningún tipo de contrato ni nada de nada. Además, lo que sí recuerdo es, precisamente por la llamada de recomendación de la empresa como una empresa seria y solvente y tal, que, pues por el motivo que sea, eh, no ganó ninguno de los contratos que sacamos a lo largo de la legislatura". Álvaro Lapuerta quedó exonerado del caso Gürtel en 2016 por "demencia senil sobrevenida". No puede, por tanto, confirmar ni desmentir nada de lo que se le atribuya.
Tras su comparecencia del 13 de diciembre, infoLibre contactó con Paz González y le hizo notar que, según distintas fuentes conocedoras de la declaración, había negado de manera taxativa las adjudicaciones a Licuas. Y que eso era falso porque la empresa de Joaquín Molpeceres sí había obtenido contratos del área municipal de Medio Ambiente entre 2003 y 2007. La exconcejala, hoy en la empresa privada, argumentó entonces que la suya no había sido una negativa tajante y que se había limitado a exponer lo que "creía recordar". Este diario optó por no publicar nada en espera de confirmar qué había dicho González realmente.
Ahora, el audio de su declaración corrobora que fue la antigua edil de Gallardón quien, por iniciativa propia y recalcando que lo recordaba "precisamente" por aquella llamada de Lapuerta, le contó al juez que Licuas no había obtenido ningún contrato bajo su mandato. Este lunes, infoLibre trató de mantener una segunda conversación con González, a quien envió un mensaje escrito sobre el contenido exacto de su declaración. La antigua edil no respondió la llamada ni devolvió el mensaje.
Desde 2003, la trayectoria de Paz González en la Corporación madrileña estuvo vinculada a la adjudicación de obra pública y al desarrollo urbanístico hasta el desalojo del PP tras las elecciones municipales de 2015. En el segundo y último mandato municipal de Gallardón (2007-2011), asumió la concejalía de Obras y Espacios Públicos. A partir de 2011, dirigió el área de Urbanismo, con competencias en materia de Vivienda. De hecho, como edil de Urbanismo era la máxima responsable de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) cuando el gobierno de Ana Botella cerró en 2013 la oscura operación de venta de 1.800 viviendas públicas a dos filiales del fondo buitre Blackstone.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2018/01/30/la_edil_que_lapuerta_recomendo_donante_del_oculto_juez_que_adjudico_contrato_millonario_tras_llamada_74664_1012.htmlIU PIDE QUE DECLARE ESPERANZA AGUIRRE EN EL SUMARIO DE LA 'CAJA B' DEL PP
Los abogados de Izquierda Unida (IU) han pedido al juez José de la Mata que tome declaración en el sumario que investiga la caja B del PP a la ex presidenta madrileña Esperanza Aguirre.
Según reza el escrito que acaba de presentar el letrado Juan Moreno, "según se desprende de la declaración testifical de Ignacio González", que compareció el pasado mes de diciembre en esta causa, "se celebraron dos reuniones entre González y (el ex tesorero del PP) Álvaro Lapuerta ambas a instancias de Esperanza Aguirre". Asimismo precisa que el ex presidente de la Comunidad de Madrid recalcó el "conocimiento" que tenía el ex tesorero de "adjudicaciones" en el Gobierno madrileño y del pago de "comisiones".
"Por otra parte", añade el letrado de IU, que está impulsando la reactivación de la causa en la que se investiga la financiación ilegal del PP a nivel nacional, Aguirre "como presidenta del Gobierno del que González era vicepresidente y coordinador político puede tener conocimiento de las presiones que relató este último por parte de Lapuerta a miembros de la Administración pública de la Comunidad de Madrid".
También solicita IU la testifical del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, que ya manifestó en el caso Gürtel que "Lapuerta le llamó en al menos una ocasión para que favoreciera a las entidades del empresario Joaquín Molpeceres, en particular a la empresa Licuas". "En esa misma comparecencia Ortega sostuvo que su expulsión del partido se debió, precisamente, a o aceptar esa petición tras la queda de Molpeceres por la falta de adjudicaciones en el municipio madrileño". Al tiempo que recuerda que "el señor Molpeceres también aparece citado en los denominados papeles de Bárcenas".
Por último reclaman los representantes legales de IU que declare como investigado el empresario Juan Miguel Villar Mir. "Son innumerables las referencias al presidente de la constructora OHL que se han ido acumulando en la causa y en concreto así lo señala el testigo y ex presidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González sobre reiterados pagos al PP".
http://www.elmundo.es/espana/2018/01/16/5a5df1b7468aeb2e498b45e5.htmlBÁRCENAS PIDE APARTAR DE LA CAJA B AL ÚNICO JUEZ QUE RESISTE EN EL TRIBUNAL QUE CITÓ A RAJOY
De Prada acordó llamar al presidente y a la plana mayor de Aznar en Gürtel de acuerdo con otro juez que ya ha sido sustituido para 'papeles de Bárcenas' El extesorero alega "desnivel" en el conocimiento de los hechos entre De Prada y sus dos nuevos compañeros para el juicio por la financiación irregular del PP Luis Bárcenas ya intentó deshacerse de De Prada en Gürtel alegando, entre otros motivos, su amistad con Baltasar Garzón
El extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas no quiere que haya rastro del tribunal que le ha juzgado en Gürtel en el próximo juicio por la caja B que tendrá lugar en este 2018. La defensa del extesorero ha solicitado que se aparte al magistrado José Ricardo de Prada, el único que ha resistido a la polémica modificación del tribunal que ha acabado con la mayoría que posibilitó citar a Mariano Rajoy como testigo.
El tribunal que juzgará la presunta financiación irregular del PP iba a estar formado por los tres mismos magistrados que han dejado visto para sentencia el primer gran juicio de Gürtel. La concordancia en argumentos entre el progresista De Prada y el conservador Julio de Diego permitió, además de la declaración de Rajoy, la comparecencia de la plana mayor del Gobierno de Aznar, a pesar de la oposición del presidente del tribunal, Ángel Hurtado.
Pero un cambio inesperado en la composición del tribunal ha dejado fuera a De Diego y a Hurtado. La que era presidenta de la sección a la que pertenecen, Concepción Espejel, fue ascendida a presidenta de la Sala de lo Penal, a pesar haber sido previamente apartada de los juicios de Gürtel por su proximidad al PP. Y su sustituta, María José Rodríguez Duplá, quiere presidir todas las vistas. Eso ha provocado un cambio en la composición de los tribunales de las piezas de Gürtel que quedan por juzgar que ya ha sido recurrido por las acusaciones populares.
El nuevo tribunal de la caja B queda, por tanto, presidido por Rodríguez Duplá, a la que acompañarían De Prada y Juan Pablo González. Todas las acusaciones populares han solicitado ya que se aparte a éste último juez al considerar que el Partido Popular ha dado un "impulso decisivo" a su trayectoria profesional.
Segundo intento
Ahora es Bárcenas, para quien la Fiscalía solicita cinco años de cárcel por la caja B, quien ejerce su derecho a la recusación, que deberá ser resuelto por la Audiencia Nacional. El extesorero se fija en José Ricardo de Prada, de quien intentó librarse, sin éxito, en el juicio de la denominada Primera Época de Gürtel, visto ya para sentencia.
En aquel momento, Bárcenas alegó que De Prada es amigo de Baltasar Garzón, primer instructor de Gürtel y condenado por las escuchas ilegales realizadas durante la investigación, así como que la hija del magistrado colabora profesionalmente con uno de los abogados que ejerce la acusación popular. La Sala de lo Penal rechazó esos argumentos y De Prada ha integrado el tribunal de Gürtel.
En este caso, la defensa de Bárcenas alega que si José Ricardo de Prada integra el tribunal de la caja B se producirá "un desnivel" entre él y Rodríguez Duplá y el recusado Juan Pablo González, ya que el primero tiene conocimiento de aspectos importantes de la causa -Primera Época y caja B son dos piezas de la misma- frente a los otros dos.
"La nueva composición de la Sala provoca un desnivel en la posición de los tres magistrados que la componen derivado del conocimiento previo con el que el magistrado recusado se acerca a la valoración de la prueba que ha de practicarse, entendiendo esta parte que queda lesionado el derecho a un proceso con todas las garantías ante la lesión de la apariencia de imparcialidad", recoge el recurso de la defensa de Bárcenas, al que ha tenido acceso eldiario.es.
En este sentido, añade el letrado Joaquín Ruiz de Infante, De Prada ha participado "en más de 100 sesiones de juicio en las que se han tenido que resolver cuestiones incidentales, relativas a la vulneración de derechos fundamentales, a la admisión de determinados medios de prueba…". Y además, se ha pronunciado sobre la petición de testigos y la veracidad de los papeles de Bárcenas que volverá a plantearse en el juicio de la caja B.
“La presente recusación se presenta con el máximo respeto hacia el Ilmo. magistrado señor De Prada y en atención, precisamente, a la apariencia de imparcialidad y fundamentalmente al condicionamiento lógico, humanos que puede existir en su esencial misión de valorar la prueba en igualdad de condiciones que el resto de los magistrados que componen la Sala”, remata el abogado.
http://www.eldiario.es/politica/Barcenas-tribunal-PP-resistido-modificacion_0_725127809.htmlIGNACIO GONZÁLEZ AFIRMA QUE EL EXTESORERO LAPUERTA CONTROLABA LOS CONTRATOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID
El expresidente regional declara como testigo en el caso de la caja b del PP
Ignacio González, expresidente de la Comunidad de Madrid, afirmó este lunes en la Audiencia Nacional que durante el tiempo que permaneció como consejero en el Gobierno regional —entre 2003 y 2012— el extesorero del partido Álvaro Lapuerta controlaba los grandes contratos de diferentes departamentos y sugería que fueran adjudicados a empresas donantes del partido. Cuando llegó a la presidencia dio instrucciones a sus subordinados para que no atendieran estas supuestas presiones, según manifestó al juez instructor del caso de la caja b del PP.
Ignacio González, presidente madrileño entre 2012 y 2015 y consejero de la comunidad entre 2003 y 2012, declaró como testigo en el llamado caso Bárcenas, la pieza separada del caso Gürtel sobre la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. González, que fue detenido en abril por otro sumario de corrupción, la Operación Lezo, y pasó seis meses en prisión provisional, fue interrogado básicamente sobre una conversación que mantuvo con el exministro del PP Eduardo Zaplana. En esta charla, intervenida por los investigadores del caso Lezo con permiso judicial, González le comenta a Zaplana que existe una grabación comprometedora para el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.
En la grabación referida por González a Zaplana, el empresario Rafael Palencia le confiesa a Ildefonso de Miguel, gerente del Canal de Isabel II que realiza entregas periódicas de dinero al extesorero del PP, Álvaro Lapuerta, a cambio de adjudicaciones de contratos públicos para su compañía, Degremont, filial de GDF Suez. En su conversación con Zaplana, Ignacio González afirmó que la grabación fue utilizada por el presidente de Intereconomía, Julio Ariza, para intentar chantajear a Rajoy.
El presidente de La Razón, Mauricio Casals, declaró como imputado en el caso Zed sobre fraude en subvenciones. Al terminar su declaración se acercó al fiscal José Grinda y, según varias fuentes, tras darle la mano, le dijo: “Querría hablar con usted porque me dicen que me persigue”. “Soy fiscal y solo persigo a quien considero que hace algo delictivo”, le respondió Grinda.
Según fuentes jurídicas, en su comparecencia como testigo ante el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, González afirmó que cuando llegó a la vicepresidencia regional, en 2003, de la mano de Esperanza Aguirre, comenzaron las tensiones con el entonces tesorero Álvaro Lapuerta. Gónzalez, según fuentes presentes en el interrogatorio, dijo que descubrió que Lapuerta estaba detrás de las adjudicaciones de la región, aunque al ser preguntado si se quejó ante la dirección del PP acerca de estas prácticas aparentemente corruptas, el testigo dio evasivas.
El expolítico, ahora en libertad bajo fianza, también fue preguntado por la presunta adjudicación irregular a OHL del proyecto ferroviario de conexión entre Móstoles y Navalcarnero. González negó que hubiera cobrado una comisión de 1,4 millones de euros por este contrato, que no llegó a realizarse. Esta versión fue corroborada después por el exconsejero de OHL Javier López Madrid, que también fue interrogado como testigo por el juez De la Mata.
Zaplana se desvincula
El magistrado tomo declaración, también como testigo, a Eduardo Zaplana. El exministro de Trabajo y expresidente de la Comunidad Valenciana, negó tener conocimiento de la grabación de Ildefonso de Miguel al empresario Palencia, y afirmó que se limitó a escuchar lo que le contaba Ignacio González. En su declaración, Zaplana, que abandonó la política en 2008, afirmó que no tuvo conocimiento de la financiación ilegal, ya que no ocupó cargos relativos a tesorería.
El fundador del Grupo Intereconomía, Julio Ariza, negó rotundamente haber chantajeado a Rajoy con la existencia de esta grabación del empresario Rafael Palencia que llevó a cabo el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel. Sí reconoció, no obstante, que fue este último el que se la entregó pero que una vez estudiada decidieron no publicarla, según él, “por falta de interés informativo”, según fuentes jurídicas. Álvaro Lapuerta, de 90 años, fue apartado de las causas sobre corrupción en el PP por “demencia sobrevenida”.
https://politica.elpais.com/politica/2017/12/18/actualidad/1513588719_496416.html
FUEGO AMIGO EN EL PP: IGNACIO GONZÁLEZ Y SU ANTIGUO NÚMERO DOS EXTIENDEN MÁS SOMBRAS SOBRE LOS TESOREROS
El político declara como testigo ante el juez que investiga la caja B, se presenta como víctima de Álvaro Lapuerta y asegura que ordenó a sus subordinados no darle información a este cuando supo que se interesaba de manera exhaustiva por las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid
Su mano derecha en el Canal de Isabel II aduce que si grabó al empresario cuya admisión del pago de comisiones sirvió luego para chantajear al PP fue porque pensó que Bárcenas le había tendido una trampa al recomendarle que le recibiera
La declaración como testigo del expresidente madrileño Ignacio González ante el juez que investiga la caja B del PP así como la de su antiguo número dos en el Canal de Isabel II, Ildefonso de Miguel, extendieron este lunes nuevas sombras sobre las finanzas del partido y el papel desempeñado por los tesoreros Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. González vino a decir que el ahora octogenario Lapuerta, que sufre "demencia sobrevenida", pretendía obtener información sobre todas y cada una de las contrataciones que preparaba el Gobierno de Madrid, aunque se cuidó de no vincular expresamente ese interés con el hipotético cobro de comisiones a los adjudicatarios; y De Miguel señaló a Bárcenas como quien le recomendó recibir a varios empresarios, entre ellos aquel a quien grabó reconociendo pagos en un audio que sirvió para chantajear a la dirección nacional del PP, pero también evitó establecer una relación causa-efecto entre esas recomendaciones y el desembolso de donaciones.
Es la primera vez que el llamado fuego amigo –lanzado aquí por quien durante años fue el delfín de Esperanza Aguirre y enemigo acérrimo de Mariano Rajoy su equipo– entra en la escena de la llamada pieza de los papeles de Bárcenas, cuya reapertura parcial decretó el juez José de la Mata después de que Francisco Correa proclamara en el primer juicio de Gürtel que los aspirantes a contratos públicos de administraciones gobernadas por el PP pagaban mordidas de hasta el 3% si finalmente se hacían con los contratos. Las acusaciones populares creen que el relato desplegado por González y De Miguel afianza la tesis de que las donaciones al partido manuscritas por Bárcenas a lo largo de dos décadas encubrían en realidad pagos a cambio de un trato de favor. Ambos comparecieron a petición de IU, que ejerce una de las cuatro acusaciones populares personadas en esta pieza derivada del tronco común de Gürtel y objeto ahora de una virulenta batalla jurídica tras la decisión de la Audiencia Nacional de cambiar sobre la marcha la composición del tribunal que debía someterla a juicio.
Principal investigado en la Operación Lezo, que le mantuvo en prisión preventiva seis meses, González lanzó un misil al asegurar que cuando llevaba poco como vicepresidente de Esperanza Aguirre tras su llegada al poder en noviembre de 2003 cuando supo que Lapuerta se interesaba de manera exhaustiva por todas las adjudicaciones del nuevo gobierno de la Comunidad de Madrid. Y que ordenó entonces cortar de raíz cualquier suministro de información al entonces tesorero nacional. Escurridizo, González evitó adentrarse en explicaciones de para qué habría querido el tesorero del partido controlar la evolución de las licitaciones del Gobierno regional pero lo cierto es que deslizó las dos afirmaciones: que Lapuerta estaba pendiente de cada contrato y que él, como número dos del Ejecutivo regional, mandó a sus subordinados cortar de raíz cualquier suministro de información al entonces tesorero.
Lapuerta y la placa de comisario
Distintas fuentes jurídicas coinciden en que el sucesor de Esperanza Aguirre al frente del Ejecutivo madrileño y durante cuatro años, de 2011 a 2015, número dos del PP regional describió un escenario de guerra abierta entre facciones. Y coinciden también en que se presentó como víctima de los montajes que atribuyó a Lapuerta: de hecho, le señaló como el responsable de que se le hubiera culpado en la prensa de estar involucrado en una turbia adjudicación de suelo de Arganda del Rey –el mayor pelotazo investigado en Gürtel– y de haber cobrado por la adjudicación a OHL del tranvía de Navalcarnero. Su relación, dijo, era mala e inexistente. Con la excepción de dos contactos. Sin dar fechas, el político relató cómo, en una primera reunión a la que había acudido siguiendo indicaciones de Aguirre, el tesorero le sorprendió mostrándole su placa de comisario honorario para a renglón seguido anunciarle que sabía cómo había adquirido su casa –no el ático de Estepona ahora sujeto a investigación judicial sino su domicilio en Madrid– y que le estaba investigando. González se levantó y se fue.
En el segundo contacto, Lapuerta le espetó que le habían informado de que González había cobrado por una adjudicación pero que a continuación le dijo que él mismo, es decir, el propio Lapuerta había comprobado que no era así. González, cuya declaración como testigo definen varias fuentes como teñida por la cautela propia de un imputado como de hecho lo es en Lezo, no reveló a qué adjudicación se refería el tesorero. Tanto en ese punto como en otros relativos a la conversación con Eduardo Zaplana interceptada por la Guardia Civil, el expresidente madrileño se pronunció en términos vagos y siempre como quien habla de oídas. Por ejemplo, reiteró que Javier López Madrid le contó que su suegro, Juan Miguel Villar Mir, fundador de OHL, le pagaba a Lapuerta. Pero en ningún momento dijo tener certeza de que eso fuera así. López Madrid, que también testificó ante el juez De la Mata, lo negó luego: González está –dijo– "obsesionado" con su suegro, Villar Mir.
Trampas y grabaciones
En ese contexto de guerra entre rivales dentro del PP se inscribe también el episodio de la grabación hecha en 2008 por Ildefonso de Miguel al empresario Rafael Palencia, en aquel momento presidente de Degrémont. Según el exgerente del Canal de Isabel II, recibió a Palencia porque desde la oficina de Luis Bárcenas le pidieron que así lo hiciera. De Miguel le contó al juez y a los abogados presentes en su declaración que Bárcenas le había recomendado ver a otros dos empresarios, pero envolvió su narración en un mar de confusiones –aseguran distintos juristas– al sostener que las llamadas habían sido seguramente de secretaria a secretaria y que, además, ni siquiera recordaba el nombre de aquellas secretarias.
Pero en lo relativo a a Rafael Palencia sí fue claro en un punto: que como entre el PP de Madrid y el PP nacional había una situación liosa y aunque la llamada del despacho de Bárcenas parecía inocua, él prefirió grabar la reunión con el directivo de Degrémont previa consulta a Ignacio González. Lo hizo porque temía que aquello fuese "una trampa". La grabación, solo de audio, acabó en manos de Julio Ariza, fundador del grupo de comunicación Intereconomía, para el que De Miguel terminó trabajando.
La cinta fue a parar a Génova, supuestamente como herramienta del chantaje a Mariano Rajoy, chantaje con el que por la tarde negó cualquier vinculación Ariza, el último testigo de la serie. De Miguel reconoció que además de con Rafael Palencia se había reunido con otros empresarios. Pero que ninguno, dijo, había hablado de forma tan explícita. También a esa grabación se refirió el exministro Eduardo Zaplana, citado igualmente como testigo. Zaplana se limitó a remarcar que ignoraba si lo que se decía en ella es cierto porque en su conversación con Ignacio González, aquella que interceptó la Guardia Civil, todo lo que hizo fue seguirle la corriente al expresidente de Madrid.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/19/fuego_amigo_ignacio_gonzalez_antiguo_numero_dos_extienden_mas_sombras_sobre_los_tesoreros_73232_1012.html
UNA EXCONSEJERA DE GALLARDÓN DICE QUE LAPUERTA LE ACONSEJÓ CONTRATAR CON UNA EMPRESA DE LOS 'PAPELES DE BÁRCENAS'
Paz González reconoce al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta le llamó en 2003 para aconsejarle que contratara con la empresa Licuas
La empresa propiedad de Joaquín Molpeceres figura en los papeles de Bárcenas como donante de 60.000 euros al PP
La exconsejera y exconcejal madrileña Paz González ha reconocido este miércoles al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye la causa sobre la presunta contabilidad B del PP, que el extesorero del PP Álvaro Lapuerta le llamó en 2003 para aconsejarle que contratara con la empresa Licuas, que aparece en los conocidos como papeles de Bárcenas.
González fue viceconsejera de Medio Ambiente y consejera de Justicia en el Gobierno de la Comunidad de Madrid presidido por Alberto Ruiz-Gallardón, quien después la nombró concejal de esta misma área en el Ayuntamiento de la capital.
Según han informado a Europa Press fuentes presentes en la declaración, González ha indicado en su comparecencia como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 que en 2003 recibió una llamada de Lapuerta, quien entonces ocupaba el cargo de tesorero del PP.
Lapuerta le comentó que podría tener en cuenta a la empresa propiedad de Joaquín Molpeceres, la cual figura en los papeles de Bárcenas como donante de 60.000 euros al PP. Eso sí, González ha añadido que el extesorero no hizo ninguna petición concreta, según las fuentes consultadas.
González ha sido citada a declarar como testigo en la Audiencia Nacional por la referencia que se hace de ella en una conversación intervenida en el marco del 'caso Lezo' entre el exgerente del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel y Rafael Palencia, expresidente de la empresa Degremont Iberia, que también aparece en los papeles. En esa grabación, Palencia reconoce haber entregado dinero repetidas veces a Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas cuando eran los responsables de la contabilidad del PP.
La exconsejera madrileña ha sido la cuarta en declarar este miércoles ante el juez De la Mata por la causa de los papeles de Bárcenas. Antes que ella han pasado por la Audiencia Nacional, a petición de IU --que ejerce la acusación popular--, directivos de Degremont Iberia, actual Suez Treatment Solutions, por posibles pagos al PP a cambio de adjudicaciones.
José Manuel del Castillo, presidente de la compañía desde 2005, ha comparecido en calidad de investigado, pero ha declarado que no le constan pagos en B y ha asegurado que en la empresa se realizaban muchos controles y auditorías para tratar de evitarlos, según han indicado las citadas fuentes.
Eso sí, ha afirmado que Plácido Vázquez, identificado por Francisco Correa como uno de los intermediarios entre el PP y las empresas, tenía muchos contactos en partidos políticos –sin señalar a ninguno en concreto– y era el que tanteaba con las administraciones públicas para posibles contratos.
La grabación en la que Rafael Palencia reconoce haber pagado comisiones al PP fue intervenida en el caso Lezo y en ella se escucha también al expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, contando al exministro Eduardo Zaplana que Ildefonso De Miguel "le sacó una grabación" a Palencia en la que decía que "le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy".
Por este motivo, González y Zaplana están citados a declarar con el magistrado que instruye la investigación de los papeles de Bárcenas el próximo lunes, día 18 de diciembre.
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/12/14/una_exconsejera_gallardon_dice_que_lapuerta_aconsejo_contratar_con_una_empresa_los_papeles_barcenas_73050_1012.html
DE LA MATA CITA A EDUARDO ZAPLANA E IGNACIO GONZÁLEZ COMO TESTIGOS DE LA CAJA B DEL PP
El magistrado incorpora al caso Bárcenas las conversaciones del caso Lezo
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha citado este viernes como testigos en la causa sobre la caja b del PP al exministro del PP y expresidente valenciano Eduardo Zaplana y al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, así como al empresario Javier López Madrid, al ex director general del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel y al fundador de Intereconomía Julio Ariza. El magistrado les ha llamado como testigos, el próximo 18 de diciembre, tras incorporar a la investigación las transcripciones de las conversaciones telefónicas del caso Lezo, que investiga otro magistrado de la Audiencia, Manuel García-Castellón.
En la misma resolución, De la Mata cita, en este caso como imputado, a José del Castillo, presidente de Degremont Ibérica, filial del gigante energético francés Suez. El juez quiere comprobar si este empresario "pudiera ser conocedor de la práctica verificada en la mercantil de abonar comisiones por adjudicaciones de obras, así como en materia de pagos al Partido Popular". De la Mata explica en su auto que la finalidad de esta declaración es “verificar si han tenido lugar las entregas anotadas en los denominados "papeles de Bárcenas" o "contabilidad B" del Partido Popular aparentemente efectuada por "Gre. (Rafael P), "R. Palenc", "Rafa Palencia" y "Rafael Palencia" en los ejercicios 1998, 2000, 2007 y 2008.
Rafael Palencia es el antecesor de Del Castillo en la presidencia de Degremont. El magistrado pretende comprobar asimismo “si ha existido una vinculación entre las citadas entregas y las adjudicaciones de contratos públicos de las que ha sido beneficiaria la empresa Degremont SA". También cita el juez a declarar como testigos a Jesús Tavallo y Jaime Montaner, director financiero y consejero de Degremont SA, respectivamente, "conocedores, en función de las declaraciones de Salado Suárez, de las prácticas comerciales y financieras de la compañía en el periodo en que se produjeron los pagos antes referidos".
En una de las conversaciones recogidas en el sumario del caso Lezo, sobre las irregularidades en el Canal de Isabel II, empresa de aguas de la Comunidad de Madrid, Ignacio González le comenta a Zaplana que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, supuestamente fue extorsionado con un vídeo y mandó al extesorero del PP Luis Bárcenas a taparlo. En dicho documento gráfico supuestamente aparecería el empresario Rafael Palencia, exdirectivo de Degremont Iberia, confesando que había dado dinero al también extesorero de la formación Álvaro Lapuerta.
https://politica.elpais.com/politica/2017/11/24/actualidad/1511532143_387142.html
UN EMPRESARIO REVELA CÓMO PAGABA COMISIONES AL PP EN UNA CINTA CON LA QUE SE INTENTÓ CHANTAJEAR A RAJOY
La Guardia Civil tiene en su poder una grabación en la que el empresario Rafael Palencia, contratista público y donante del PP, admite haber realizado entregas de dinero en efectivo a los antiguos responsables de las finanzas del PP a cambio de que le «trataran bien» adjudicándole obras al Grupo Degremont, especializado en aguas y tratamiento de residuos. Concretamente «entre el 2% y el 3%» de cada obra licitada, una cantidad que consideraba «lo normal».
EL MUNDO ha tenido acceso a esta cinta, que ha sido hallada por los investigadores en los registros practicados al ex responsable operativo del Canal de Isabel II Ildefonso de Miguel, con quien conversó Palencia, responsable de Degremont, en torno al mes de junio de 2008. El juez José de la Mata, que requirió esta grabación y que va a recibirla próximamente, tuvo conocimiento de su existencia por una conversación telefónica intervenida al ex presidente madrileño Ignacio González en el marco de la denominada operación Lezo. En ella, González relataba que la cinta había sido empleada para chantajear al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y que éste había ordenado a Bárcenas retirarla de la circulación a cambio de dinero. Un extremo que han negado tajantemente tanto el Gobierno como el ex tesorero popular.«Yo colaboro para el partido», le admite Palencia a De Miguel en la grabación. «¿Qué haces? Por ejemplo, ¿cada proyecto de estos les das un...?», le contesta quien fuera el responsable de la empresa de aguas madrileña. «Yo de momento voy haciendo una serie de entregas a cuenta permanentemente. Muchas veces».«¿Pero entregas dinero con independencia de que haya adjudicaciones o no?», le insiste De Miguel al contratista público. «Hombre, un poco relacionado con las adjudicaciones. Yo le ayudo al partido general para que él me ayude en general [...] y me traten bien».«¿Y cuántas y cuántas veces?», vuelve a insistir De Miguel. «Bueno, pues yo periódicamente entrego 35.000 euros. Es una cantidad que paso allí, voy y entrego yo. En general, un 2% o un 3%, lo que quieran», añade, al tiempo que admite que también paga comisiones «en comunidades autónomas del Partido Socialista».
Palencia indica a renglón seguido que las entregas en Génova las realiza en un «sobre» a Álvaro Lapuerta en presencia de Luis Bárcenas. «Confío mucho en Álvaro, me aprecia mucho y Luis también, y entonces, pues...». Según detalla Palencia en la grabación, los pagos, a los que se refería en clave como «los folletos», se los realizaba «a los dos», aunque recalca que tenía verdadera relación con Lapuerta. «Tienen que estar dos. Luis dice: 'Espera que voy a llamar a Álvaro'. Yo lo que quiero es ganar obras, no perder las obras, porque ya te digo que estamos un poquito agobiados», apostilla en la conversación. En esta misma conversación, Palencia le indica a De Miguel que en la Comunidad de Madrid, y concretamente en el Canal de Isabel II, «nunca» ha pagado comisiones porque «nunca» se las han pedido. Ignacio González precisó en las grabaciones intervenidas en el caso Lezo que fue su antiguo subordinado en el Canal de Isabel II, De Miguel, quien utilizó este material. «Le sacó una grabación a un empresario diciendo que le daba pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy», indicó González. Tal y como añadió el ex presidente madrileño, esa grabación comenzó a circular hasta llegar a oídos del presidente del Gobierno. Ante lo cual, según el relato de González, Luis Bárcenas «soltó pasta por esa puta cinta. Para taparlo». Según ha podido saber este periódico, cuando el Gobierno del PP tuvo conocimiento de la existencia de esta grabación ordenó inmediatamente a Bárcenas que regresara de un viaje de placer a Canadá para que investigara de qué se trataba. Tras aterrizar en Madrid, Bárcenas mantuvo una reunión con Federico Trillo, quien había escuchado la cinta, y le relató su contenido. Todas las fuentes consultadas en el entorno del PP niegan pago alguno para comprarla.
La grabación
«Entregas a cuenta».
El responsable del Grupo Degremont revela que realizaba habitualmente «entregas a cuenta de 35.000 euros en sobres» que entregaba en mano a los responsables de las finanzas de Génova. Y precisa que lo hacía «un poco relacionado con las adjudicaciones».
Los «folletos».
Palencia relata a De Miguel en la grabación que su contacto en el PP era Lapuerta y que le entregaba el dinero, al que se refería en clave como «los folletos», en presencia de Bárcenas. «Yo lo que quiero es ganar obras porque estamos agobiados», añade.
http://www.elmundo.es/espana/2017/11/10/5a04d470468aebd8228b4677.html
UN DONANTE DE LA 'CAJA B' DEL PP DETALLA LA MECÁNICA DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL
La Cadena SER ha tenido acceso a la grabación que supuestamente realizó en 2008 el exdirector general del Canal Isabel II, Ildefonso de Miguel, al expresidente de la empresa Degremont, Rafael Palencia. Por primera vez, podrán escuchar sus palabras. El empresario relata en la conversación la supuesta mecánica de la financiación ilegal del PP. Palencia afirma que de forma periódica nutría la caja b del PP con entregas de dinero negro en sobres que entregaba a Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. “Yo ayudo al partido para que el partido me ayude”, según sus palabras.
A partir de ahí, Lapuerta o Bárcenas llamaban a la administración que conviniera al empresario, en su caso casi siempre local, para que recibiera un buen trato. Y si al final conseguía una adjudicación, pagaba un porcentaje del total de la obra a quien se le había concedido, que solía ser del 2 o del 3 por ciento. Es decir, si gracias a la mediación de la dirección financiera del PP, obtenía una obra en una autonomía, pagaba la mordida en ese territorio. Según la declaración del arrepentido García Pozuelo, si la obra dependía de un ministerio, el pago era entregado a “organismos centrales”.
Presten atención porque la calidad del sonido es pésima. Van a escuchar a Rafael Palencia decir “yo ayudo al partido en general para que él me ayude en general. Para que sepan que somos una empresa que colabora con el partido y que me traten bien”.
“Para que sepan que somos una empresa que colabora con el partido y que me traten bien”. ¿Y de qué forma colaboraba Rafael Palencia con el Partido Popular?, entregando 35.000 euros “periódicamente” al PP.
Palencia entregaba ese dinero personalmente en la sede del PP a Álvaro Lapuerta y a Luis Bárcenas, según la grabación. Ildefonso de Miguel pregunta “¿qué se lo dabas en un sobre o así?” y Palencia responde “a Álvaro y a él”, en referencia a Luis Bárcenas.
El empresario y los responsables financieros del PP utilizaban un código para efectuar las entregas. Nunca se hablaba de dinero por teléfono. Cuando tenía que proceder a un pago, llamaba a Bárcenas y le decía “te llevo unos folletos”.
Folletos como eufemismo para referirse al dinero negro
A continuación era cuando, según el empresario, Lapuerta o Bárcenas llamaban a una administración concreta para pedir un “buen trato” para Rafael Palencia. Si al final había adjudicación, pagaba otra mordida, que oscilaba entre el 2 y el 3 por ciento del total de la obra.
Rafael Palencia insinúa que en ocasiones, también ha pagado a administraciones gobernadas por el PSOE.
A partir de las 10 de la mañana está citado Rafael Palencia para ratificarse sobre el contenido de la grabación. Fuentes jurídicas consultadas por la Cadena SER consideran muy relevante el contenido de la misma para el caso de la Caja B del Partido Popular. Sostienen que puede aportar detalles clave que destripen la mecánica de la financiación ilegal de la formación conservadora, y demostrar que las donaciones eran finalistas, en contra de lo que aseguró Bárcenas para evitar ser imputado también por un delito de cohecho.
Si Palencia se ratifica en el contenido de la grabación, también aportaría mayor verosimilitud a la pieza reabierta contra los empresarios que figuran como donantes de fondos en b en los ‘papeles de Bárcenas. El juzgado número 5 de la Audiencia Nacional les ha vuelto a imputar a todos por cohecho.
No obstante, la defensa de Rafael Palencia ha pedido la suspensión de la declaración, y el juez José de la Mata medita si hacerlo. Palencia alega que no ha tenido acceso al contenido de la grabación. Su letrado también ha invocado problemas de salud, con un deterioro cognitivo provocado por el párkinson y arritmia cardíaca.
Una grabación para chantajear a Rajoy
Esta grabación ha sido incautada por la Guardia Civil al registrar un despacho de Ildefonso de Miguel en el marco de la operación Lezo. También en la SER van a escuchar por primera vez la conversación entre el expresidente madrileño, Ignacio González, y el exministro Eduardo Zaplana, sobre esta grabación a Rafael Palencia.
Ahora con mejor sonido, van a escuchar a Ignacio González decir que “Ildefonso le sacó una grabación a un empresario diciendo que le daban pasta a Álvaro Lapuerta y no sé si a Rajoy”. González añade que “Ildefonso cogió esa cinta porque nos estaban atacando” y “se la dio a Julio Ariza”, el empresario del grupo Intereconomía, quien con esa cinta “se fue a ver a Mariano a chantajearle”.
González añade que le dice “un abogado, que le ha contado Bárcenas que él tuvo que negociar con Ariza y que le soltaron pasta por la cinta”
Todas las fuentes de aquella dirección del PP niegan o expresan sus serias dudas de que fuera pagado chantaje alguno. Afirman que los únicos interlocutores con Ariza de aquella operación fueron Trillo y Cospedal, y no pidieron dinero a los gestores financieros del PP para comprar el silencio del responsable de Intereconomía
http://cadenaser.com/ser/2017/11/13/tribunales/1510609968_883629.html
EL EMPRESARIO ARREPENTIDO DE LA GÜRTEL NIEGA PAGOS A LA CAJA B DEL PP A CAMBIO DE ADJUDICACIONES
El expresidente de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo, quien ha admitido en el juicio de la Gürtel pagos a cambio de contratas, afirma en un escrito al juez José de la Mata que “las supuestas donaciones” a la caja b del PP no estaban vinculadas a contratación alguna
El empresario Alfonso García Pozuelo ha presentado un escrito ante el titular del juzgado central número 5 de la Audiencia Nacional, José de la Mata, en el que intenta explicar los motivos de su negativa a declarar el pasado 23 de marzo, cuando el magistrado le convocó con motivo de la reapertura del caso de la caja b del PP.
En el texto, García Pozuelo viene a admitir que donó al PP los 60.000 euros que figuran en los denominados “papeles de Bárcenas” pero sostiene que fue a cambio de nada, y que nunca ha dado dinero directamente a la caja b del Partido Popular como contraprestación por obra pública.
En el juicio de la Gürtel admitió pagos al exalcalde de Pozuelo y exsecretario de acción electoral del PP, Jesús Sepúlveda, a cambio de adjudicaciones en el municipio, y comisiones a Francisco Correa que, según le dijo el líder de la Gürtel, acababan en manos de otros acusados como Bárcenas, Galeote, y también para “organismos centrales”, como consecuencia de obra pública conseguida en Castilla-León.
Al respecto, García Pozuelo asevera que en el juicio “en ningún momento manifestó”, por “mucho que se quiera interpretar así” por otras partes, que hubiese hecho “otras donaciones o pagos al Partido Popular vinculados a adjudicación alguna”.
Distintas acusaciones del caso consultadas por la Cadena SER interpretan que con este escrito, García Pozuelo se “desdice” de su confesión en el juicio, y estudian pedir a la Fiscalía que reconsidere el acuerdo de conformidad alcanzado con este acusado.
http://cadenaser.com/m/ser/2017/03/31/tribunales/1490954958_806692.html
EL CONSTRUCTOR GARCÍA-POZUELO SE NIEGA A DECLARAR SOBRE LA CAJA B DEL PP
El juez le ha recordado que se prestó a colaborar con la Fiscalía y que aparece como donante en los papeles de Bárcenas
El que fuera dueño de Constructora Hispánica se ha mantenido en su decisión y no ha contestado a las preguntas del fiscal y las acusaciones
Tras su declaración será el turno de Francisco Correa, citado para que dé más detalles sobre sus revelaciones en Gürtel
El constructor Alfonso García-Pozuelo se ha negado a declarar este jueves en la Audiencia Nacional, en la causa sobre la caja B del PP. El juez José de la Mata le había citado como investigado tras reabrir el proceso por las revelaciones en el caso Gürtel, pero el empresario ha optado por no contestar a las preguntas del fiscal y las acusaciones.
El que fuera dueño de Constructora Hispánica está imputado por las revelaciones que hizo durante el juicio sobre la primera época de la trama Gürtel. Allí alcanzó un pacto con la Fiscalía y admitió que entregó dinero a Francisco Correa "para organismos centrales", sin más explicaciones. "Una vez me dijo Correa que de esos fondos participaba el señor Luis Bárcenas", añadió.
El juez le ha recordado que alcanzó este pacto, que se prestó a colaborar junto a otros dos arrepentidos, y ha insistido en si se mantenía en su decisión de no declarar. El constructor ha reiterado su intención de no contestar a ninguna de las preguntas, según fuentes presentes en su declaración. Algunos de los abogados de las acusaciones han consignado las cuestiones que tenían previsto preguntarle al empresario.
García-Pozuelo dirigió durante años Constructora Hispánica, una empresa con fuertes vínculos con el PP. Además de aparecer como autor de presuntos sobornos en Gürtel que ya ha reconocido en sede judicial, figura como donante en 'los papeles de Bárcenas': 150.000 euros entre los años 2000 y 2006. La Guardia Civil eleva esa cifra hasta los 260.000 euros.
El juez le ha recordado que estaba imputado en esta causa por ese motivo, por el apunte que aparece en la contabilidad opaca del PP que llevaba su extesorero. Durante su declaración en Gürtel admitió haber pagado 65.941 euros a Correa a cambio de contratos públicos en Pozuelo de Alarcón.
Tras García-Pozuelo será el turno del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa. Su declaración en el juicio de Gürtel ha reabierto esta pieza separada sobre la financiación ilegal del PP, cuya instrucción estaba cerrada por la imposibilidad de vincular los pagos de los empresarios con la adjudicación de grandes contratos de obra pública. El caso había quedado reducido al pago en B de la reforma de Génova 13, la sede del partido.
Correa, que cumple condena por los contratos de Gürtel en Valencia, tendrá ocasión de aclarar y ampliar sus revelaciones. "Reunía a un empresario que nos daba la licitación para ver si la obra podía ser para nosotros, yo se lo pasaba a Luis Bárcenas, que lo gestionaba con el correspondiente ministerio. Si el empresario conseguía la obra, yo pagaba la comisión del 2% o del 3% a Génova", aseguró durante su declaración en el caso Gürtel.
http://www.eldiario.es/politica/constructor-Garcia-Pozuelo-niega-declarar-PP_0_625387537.html
LA DECISIÓN DE CORREA DE CALLAR AHORA SOBRE LA CAJA B DEL PP TORPEDEA LA INVESTIGACIÓN
Las acusaciones pedirán nuevas diligencias para conjurar el riesgo de un segundo cerrojazo anticipado de las pesquisas tras la reapertura que el propio Correa alentó al confesar en octubre cómo funcionaba el sistema de comisiones
El jefe de la trama anuncia tras mes y medio en prisión que colaborará en las demás piezas de Gürtel pero no en la de la financiación del partido
La decisión de Francisco Correa de guardar ahora silencio sobre la caja b del PP ha lanzado un misil contra la reabierta investigación de los llamados papeles de Bárcenas. El viraje del jefe de la trama Gürtel, y así lo han asegurado varios letrados a infoLibre, obliga las acusaciones populares a actuar con rapidez y pedir nuevas diligencias para conjurar el riesgo de un segundo cierre anticipado de las investigaciones tras el que en 2015 se saldó con un auto de apertura de juicio contra seis acusados que no compromete a ninguno de los presuntos donantes de fondos opacos y que limita el papel del PP al de "responsable civil".
Tras mes y medio en la cárcel, Correa ha optado por callar sobre los hechos que él mismo desveló en su confesión de octubre durante el primer juicio de Gürtel celebrado en la Audiencia Nacional. Entonces prometió colaborar. Este jueves, en cambio, reiteró ante el juez que quiere seguir haciéndolo: en las demás piezas del caso Gürtel, pero no en la que afecta a las cuentas del PP. ¿Ha minado su propósito la cárcel, ha sufrido presiones de algún tipo? Nadie lo sabe. Fuentes cercanas a su defensa sostienen que el silencio obedece a que el auto de apertura de juicio dictado en 2015 sobre esta pieza no sienta a Correa en el banquillo y a que por tanto resulta "absurdo" que asuma riesgos innecesarios. Pero lo cierto es que su negativa a declarar fue idéntica a la que a primera hora de la mañana había protagonizado el empresario Alfonso García Pozuelo, quien también en octubre confesó: en su caso, que había pagado a cambio de contratos. Hoy viernes debe declarar el supuesto comisionista Plácido Vázquez. Y, tras lo ocurrido ayer, nadie espera que abra la boca.
Que las acusaciones populares se apresurarán a pedir nuevas diligencias -desde declaraciones hasta cotejo y requerimiento de datos obrantes en otros sumarios- lo han asegurado a este diario distintas fuentes de las cuatro personadas, algunas de las cuales subrayan dos factores: que, con o sin silencio, la confesión realizada por Correa en octubre, cuando destapó cómo funcionaba el presunto sistema de comisiones a cambio de contratos públicos, mantiene plena vigencia; y que cuando el antecesor de José de la Mata en el juzgado central 5 de la Audiencia, Pablo Ruz, cerró la instrucción sobre los papeles de Bárcenas no se conocían los avances que sobre la presunta financiación ilegal del PP se están produciendo en la Operación Púnica. Ni nueve empresarios valencianos habían confesado todavía haber abonado facturas falsas que en realidad escondían trabajos de Gürtel para las campañas electorales de 2007 y 2008. Tampoco se había consolidado aún la investigación judicial que señala a OHL -una de las tres empresas señaladas en octubre por Correa- como la empresa que supuestamente pagó para que el gobierno balear del PP amañara el concurso del mayor hospital de las islas, Son Espases.
Pese a todo y a que las acusaciones se declaran decididas a poner toda la carne en el asador para mantener la investigación en marcha, distintos letrados expresan en privado su temor a que el silencio de Correa permita a la Fiscalía alegar la ausencia de nuevos datos concretos -requisito imprescindible para la reapertura de un caso- como argumento para pedir por segunda vez un cierre "en falso". Pero también son varias las fuentes según las cuales el "enfado" evidenciado este jueves por el juez De la Mata ante el silencio de Correa juega en favor de la continuidad de las diligencias.
Un segundo y envenenado recordatorio
El primer argumento en favor de esa tesis -exponen tres de los juristas consultados- es este: que si bien Correa se ha negado incluso a ratificar la confesión que hizo en octubre en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, confesión en la que desveló cómo funcionaba el presunto sistema de comisiones del 3% a cambio de contratos y mencionó a tres empresas –OHL, ACS, Dragados– que supuestamente habrían pagado, el juez le ha recordado que todas las piezas derivadas del tronco Gürtel forman parte del "mismo procedimiento". El magistrado, José de la Mata, lanzó a Correa un segundo y envenenado recordatorio que, en opinión de los juristas consultados, denota su enfado por el viraje de Correa: que no vale la colaboración con la justicia "a la carta".
La asociación de abogados Adade, que ejerce una de las acusaciones más activas, ya ha anunciado que pedirá a De la Mata que envíe a todos los tribunales encargados de juzgar las distintas piezas de Gürtel testimonio de lo sucedido este jueves para que calibren si realmente Correa tiene derecho a que se le aplique la atenuante de colaboración con la justicia. Es una incógnita si esa nueva amenaza influirá o no en la estrategia de un Correa al que los abogados de la acusación observaron "muy desmejorado" y "mal anímicamente" tras afrontar su segundo encarcelamiento en plena reapertura de los papeles de Bárcenas. La acusación ejercida de manera conjunta por organizaciones como IU, la Asociación Libre de Abogados y Los Verdes fue la primera en solicitar que la instrucción se abriera de nuevo. De inmediato, se le sumó Adade. El Observatori Desc no consideró que se dieran las condiciones para pedirla. Y finalmente, Anticorrupción suscribió la solicitud.
"No sabemos si Correa ha recibido presiones o si lo que le pesa es verse en prisión después de haber prometido que colaboraría con la justicia y sin que la sentencia sea todavía firme", aduce uno de los letrados que mayor pesimismo exhibe sobre las posibilidades de éxito de la nueva investigación sobre la financiación del PP y que define así lo ocurrido este jueves: "Ha sido un coitus interruptus procesal".
¿Cometió un error la Fiscalía al pedir que Correa ingresara de inmediato en la cárcel para cumplir los 13 años de condena que le han sido impuestos por los contratos de Fitur que la trama obtuvo de la Generalitat valenciana? Bajo promesa de anonimato, otro letrado responde que sí. Un tercero considera que la cuestión resulta suficientemente compleja como para emitir un pronunciamiento tajante.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/24/la_decision_correa_callar_ahora_sobre_caja_del_torpedea_investigacion_62926_1012.htmlEL INTERMEDIARIO DE LA GÜRTEL NIEGA LAS REVELACIONES DE CORREA SOBRE LA CAJA B
Plácido Vázquez se ha negado a declarar argumentado que está imputado por unas revelaciones que son falsas
Francisco Correa dijo que el empresario Plácido Vázquez era el mediador clave en el amaño de contratos a cambio de mordidas
El hombre que según Francisco Correa se dedicaba a cobrar las comisiones que los empresarios pagaban a cambio de adjudicaciones de obras tampoco quiere hablar de la caja B del PP. Plácido Vázquez ha seguido la estrategia del cabecilla de la Gürtel y se ha acogido a su derecho a no declarar ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la financiación irregular de los populares. Tan solo ha hecho una breve intervención para decir que las palabras de Correa sobre su papel intermediador no son ciertas.
Este empresario estaba citado este viernes después de que Correa le señalase durante el juicio de la primera época de Gürtel, un caso en el que estuvo imputado pero acabó librándose del banquillo. "Plácido Vázquez y yo trabajábamos en conjunto (…) Si había éxito con la obra, él recibía una cantidad", dijo Correa.
"Él ha gestionado muchísimas obras con grandes empresas de este país, no le hablo de una, 10, 20, 30 o 40, le estoy hablando de muchísimas obras", dijo Correa a preguntas de las fiscales. Les trasladaba las peticiones de empresas como OHL, ACS o Dragados, según explicó.
Ante el juez José de la Mata, Vázquez ha expresado su deseo de no declarar en la causa y ha denunciado estar en una situación de indefensión ante el tribunal, según fuente presentes en su declaración. Ha argumentado que se le ha imputado solo por esas declaraciones de Correa, que no son ciertas, y que el propio cabecilla de la Gürtel decidió no reproducir durante su citación de ayer jueves.
Así, el tercer imputado en la reapertura de la causa sobre la caja B del PP se ha negado a prestar declaración, como ya lo hicieron los dos anteriores. La ronda de citaciones ordenadas por De la Mata se cierra sin nuevas revelaciones que permitan al juez recabar más datos sobre la financiación en negro del partido.
Correa, cuyo testimonio podía reabrir el caso, reducido al pago en negro de la reforma de Génova, decidió no hablar. A pesar de sus ofertas públicas de colaboración con la Justicia, se remitió a lo que ya había dicho en el juicio de Gürtel, y argumentó que no podía aportar nada más.
El empresario Alfonso García-Pozuelo, que aparece como donante en los papeles de Bárcenas, y que en el juicio de Gürtel alcanzó un pacto con la Fiscalía a cambio de una reducción de condena, también se negó a colaborar en esta causa.
http://www.eldiario.es/politica/intermediario-Gurtel-niega-revelaciones-Correa_0_625737510.html
UNA ACUSACIÓN PIDE INCORPORAR AL SUMARIO DE LA CAJA B DEL PP LAS FACTURAS DE BÁRCENAS HALLADAS EN PÚNICA
El Observatori DESC pide al juez De la Mata que reclame a Eloy Velasco la documentación del extesorero localizada en casa del exgerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez
La Asociación Observatori de Drets Humans-DESC, que ejerce la acusación en el caso de la caja b del PP, ha presentado este miércoles en la Audiencia Nacional un escrito en el que solicita al juez instructor, José de la Mata, que reclame a su compañero Eloy Velasco toda la documentación relacionada con Luis Bárcenas y su esposa, Rosalía Iglesias, hallada durante la 'Operación Púnica'. Se trata, en concreto, de cientos de facturas a nombre del extesorero de los populares que fueron localizadas el 11 de febrero de 2016 por los agentes de la UCO cuando registraban la vivienda del que fuera gerente del PP madrileño en la etapa de Esperanza Aguirre, Beltrán Gutiérrez, imputado en este sumario precisamente en la pieza en la que se investiga la supuesta financiación ilegal de la formación regional.
En su escrito, el Observatori DESC destaca que "teniendo en cuenta los cargos que ocupó el señor Bárcenas" en la formación dicha documentación puede tener "relevancia" para la causa, recientemente reabierta tras la confesión de Francisco Correa y un constructor durante la vista del juicio por la primera etapa del 'caso Gürtel'. "Hay que tener en cuenta que los hechos investigados en la presente causa guardan relación con la contabilidad en b de dicho partido político, que presuntamente se nutría de fondos procedentes de pagos de empresarios a cambio de licitaciones públicas", señala el escrito, que añade que "dichas facturas podrían arrojar luz en el momento actual".
La solicitud se produce después de que este miércoles EL PAÍS informase del hallazgo, repartido en varias carpetas, archivadores y una caja, de cientos de facturas, certificados de autenticidad de joyas, pagos y presupuestos de reformas a nombre de Luis Bárcenas y su esposa en el periodo que va desde comienzo de los noventa hasta 2012. Entre la documentación se encontraban comprobantes de las fuertes inversiones que el extesorero del PP hizo para reformar su domicilio en Madrid y las casas que tenía cerca de la estación de esquí de Baqueira Beret y en una urbanización de Marbella. También aparecían numerosos datos sobre compras de muebles, antigüedades y otros objetos de valor, entre ellos una "pulsera deco" valorada en 18.500.
También se localizaron los albaranes para la adquisición de varios óleos y las entradas para visitar varios monumentos en Estambul (Turquía), ciudad de la que también aparecen resguardos por la adquisición de alfombras. Desde el entorno de Bárcenas se justificaba la presencia de todo ello en el domicilio de Beltrán Gutiérrez en la relación de "amistad íntima" que mantienen Rosalía Iglesias y la esposa del exgerente del PP madrileño, Cinta Soto.
http://politica.elpais.com/politica/2017/03/29/actualidad/1490787751_792469.html
LA FISCALÍA NO DISPONE DE DATOS PARA ACREDITAR EL DELITO DE COHECHO DEL PP EN EL CASO DE LA ‘CAJA B’
En medio de una gran expectación mediática, la primera decisión que adoptaba el titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, volver a citar como investigados al supuesto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa y al empresario, Alfonso García-Pozuelo el próximo 23 de marzo y al intermediario Plácido Vázquez, al día siguiente.
Según ha podido saber OKDIARIO, el futuro del caso de la “caja B” del PP tras ser reabierto “está en el aire”. Las fuentes fiscales consultadas por este diario aclaran que el devenir de la investigación es “un misterio” y depende “única y exclusivamente” de la declaración de Correa y de los “nuevos datos” que pueda aportar junto a García-Pozuelo y Plácido Vázquez en sus comparecencias en sede judicial.
De esta forma, si Correa “no tira de la manta” el caso está abocado a “volver a cerrarse”, ya que el Ministerio Público “no posee nueva información que pudiera acreditar que se produjeron presuntos delitos de cohecho” entre el Partido Popular y las empresas constructoras con el pago de mordidas a cambio de obra pública.
Fuentes del entorno de Correa aseguran a este diario que su defensa “aún no ha podido acceder a la causa”. Estas mismas fuentes explican que Correa puede optar por tres opciones: “No declarar ante el juez, declarar sin aportar nueva información o tirar de la manta”.
En estos momentos, “la decisión no está tomada y se estudiarán” detenidamente las tres alternativas. Antes, la defensa de Correa tendrá que valorar si desvelar datos nuevos, si los hubiera, sobre la “caja B” del PP puede aportarle algún beneficio como un eventual pacto con la Fiscalía para conseguir “algún tipo de reducción de pena”.
Aparte del testimonio de Correa, se espera con “mucho interés” lo que pueda aportar al caso la comparecencia de Plácido Vázquez, después de que las acusaciones contra éste en Gürtel fueran sobreseídas. Vázquez estuvo imputado casi 6 años y el juez Pablo Ruz lo llegó a incluir en la lista final para ir a juicio. Sin embargo, en el último momento la Fiscalía apreció que el pago concreto por el que se iba a sentar en el banquillo había prescrito.
El juez De la Mata reabría el caso atendiendo así las peticiones realizadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la acusación popular ADADE. Solicitaba además a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le remita el procedimiento sobre el que su antecesor Pablo Ruz acordó dar por finalizada la instrucción en marzo de 2015. La reapertura del caso se ha precipitado tras las declaraciones realizadas por Correa durante el juicio de la primera época de Gürtel.
En su auto, Ruz propuso sentar en el banquillo de los acusados a seis personas acusadas de delitos fiscales: los ex tesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el ex gerente de la formación Cristóbal Páez, los dos administradores de la empresa que realizó las obras de reforma del PP y otra empleada. A Bárcenas y Lapuerta les atribuía, además, delitos de apropiación indebida.
Según la investigación, los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta gestionaban la “contabilidad paralela” o “caja B” del partido, que entre 1990 y 2008 percibió donaciones por 7,5 millones de euros al margen de la contabilidad oficial entregada al Tribunal de Cuentas.
Las mismas fuentes fiscales consultadas consideran que apenas 8 millones de euros en 18 años, es una “cantidad ridícula” en posibles comisiones a cambio de adjudicaciones, teniendo en cuenta los centenares de obras millonarias que se ejecutaron en este periodo. “Las cuentas no cuadran”, aseguran.
El relato de Correa en el juicio
Durante su comparecencia ante el tribunal que juzga el caso Gürtel en octubre del pasado año, Francisco Correa explicó su relación con Luis Bárcenas, el PP y varias empresas. Dicho testimonio fue clave para la reapertura del caso de la “caja B” del Partido Popular.
“En el 96 hablo con Luis Bárcenas y me dice: ‘Tú tienes contacto con empresarios y yo, con políticos. Vamos a intentar hacer gestiones para que cuando salgan los concursos públicos de la Administración intentar favorecer a empresarios que luego van a colaborar con el partido'”.
Así explicaba el ‘modus operandi’: “Cuando salía una licitación, Alfonso García-Pozuelo (antiguo dueño de Constructora Hispánica) me llamaba si estaba interesado. Era una licitación pública, salía para todo el mundo. No había un incremento de la adjudicación para aumentar la comisión que me entregaba y luego yo le entregaba a Bárcenas”.
“Yo gestionaba”, añadía, “por mi relación con Bárcenas, si era posible ese candidato, que daba buenas licitaciones. Y si teníamos éxito, me daba comisión y yo me quedaba una parte y otra parte se la daba a Luis Bárcenas. Pero eso se hacía no solo con García-Pozuelo; también con otros empresarios”.
Sobre las entregas económicas en efectivo y dinero Correa señalaba “nadie de mi empresa las ha hecho. La relación con los políticos la tenía solo yo. Las entregas de dinero… quedaba con ellos y les daba el sobre... Cuando yo cobraba de empresarios constructores, la parte que yo me quedaba se la daba en efectivo a Antonio Villaverde para que lo ingresara en Suiza”.
Por último, sentenció su intervención con la siguiente frase: “Yo me pasaba el día en Génova. Estaba más tiempo allí que en mi despacho. Era mi casa, vamos”.
https://okdiario.com/investigacion/2017/03/07/fiscalia-no-dispone-nuevos-datos-acreditar-otros-delitos-del-pp-caso-caja-b-794063
CORREA PIDE COMPARECER POR VIDEOCONFERENCIA EN LA REAPERTURA DEL CASO DE LA CAJA B DEL PP
El preso sufre claustrofobia y quiere evitar el traslado a la Audiencia Nacional en un furgón de la Guardia Civil
El juez De la Mata ordena que le revise un médico pese a que el tribunal de Gürtel le ha exonerado de asistir al juicio por el mismo motivo
El presunto cabecilla de Gürtel tendrá la oportunidad de ratificar y ampliar su confesión sobre el 3% para el PP de la gran obra pública en tiempos de Aznar
La cita judicial de la próxima semana está en el Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde Francisco Correa debe acudir a declarar el jueves para corroborar y ampliar su afirmación de que el PP recibía dinero negro a cambio de adjudicaciones de gran obra pública durante el Gobierno de Aznar, que realizó en el juicio de Gürtel.
El presunto cabecilla de la red de corrupción ha solicitado, sin embargo, no ser trasladado hasta la sede judicial de la calle Génova y declarar por videoconferencia. Correa sufre claustrofobia y quiere evitar el que sería para él otro angustioso traslado en un furgón de la Guardia Civil.
El propio tribunal del caso Gürtel había eximido a Correa de asistir al juicio por este motivo. El 24 de febrero pasado, el presunto cabecilla de la trama de corrupción fue trasladado en ambulancia desde la prisión de Valdemoro, en la que permanece tras la condena del caso Fitur, hasta la sede de la Audiencia Nacional donde se celebra el juicio, en San Fernando de Henares. Su defensa presentó una queja por el hecho de que Instituciones Penitenciarias se empeñara en trasladar al preso a pesar de que el tribunal había resuelto que no era necesaria su presencia por el problema de salud alegado.
En cualquier caso, el juez que deberá interrogarlo el jueves, José de la Mata, ha solicitado por exhorto urgente al Juzgado de Valdemoro que envíe un médico forense a la cárcel para que compruebe si existe “algún impedimento médico” para trasladar a Correa desde el centro penitenciario hasta la Audiencia Nacional en el furgón de la Guardia Civil. Contesta así, en una providencia, a la petición que había realizado la defensa de Correa para que se procediera a ratificar un informe médico previo, de 2012, que aconseja sus traslados en ambulancia y en el que solicita, para evitarlo en este caso, que pueda declarar por videoconferencia.
Ya sea a través del plasma o en persona, Correa despejará la duda de si sigue adelante con las afirmaciones vertidas durante su declaración en el juicio de Gürtel o se acoge a su derecho a no declarar, que le asiste como imputado. En la vista de Gürtel, Correa ratificó el pasado octubre la confesión publicada por eldiario.es un año antes, según la cual él buscaba empresarios dispuestos a donar dinero negro al Partido Popular a cambio de adjudicaciones. Según su relato, lo hacía en colaboración con Luis Bárcenas, que niega los hechos, y a cambio de un 2% o un 3% de la partida destinada a la gran obra pública que se aprobaba en el Consejo de Ministros que presidía José María Aznar.
Francisco Correa mencionó los ministerios de Fomento y Medio Ambiente y a las constructoras OHL, Dragados y ACS, que desmintieron la acusación y anunciaron querellas. El tribunal, de acuerdo con la Fiscalía, rechazó llamar a declarar durante la vista a los señalados, pero las acusaciones populares del caso de la caja B del PP Izquierda Unida y Adade presentaron una batería de diligencias en la Audiencia Nacional para reabrir el caso, ya en fase de juicio oral. Entre ellas, la declaración de Correa. La Fiscalía Anticorrupción apoyó su declaración y otras diligencias y el juez José de la Mata acordó llamar a declarar al presunto cabecilla de Gürtel.
En la cárcel por el 'caso Fitur'
Entre la petición de las acusaciones populares y la decisión de De la Mata se conoció la sentencia del caso Fitur, una pieza separada de Gürtel que ha costado a Correa una condena de 13 años. El fallo hace trizas las aspiraciones de la defensa del empresario, quien fue enviado a prisión de inmediato por el tribunal sentenciador, junto a sus colaboradores Pablo Crespo y Álvaro Pérez, ‘El Bigotes’. Los tres tienen previsto recurrir ante el Tribunal Supremo.
El mismo jueves, 23 de marzo, está citado a declarar Alfonso García Pozuelo, uno de los empresarios que entregó dinero negro al PP y que ha alcanzado un pacto con Anticorrupción en el juicio de Gürtel para que rebaje su petición de condena a dos años. Al día siguiente, el viernes, declarará Plácido Vázquez, a quien Correa situó durante el juicio en el centro de la trama de comisiones con destino final en el Partido Popular.
http://www.eldiario.es/politica/Correa-comparecer-videoconferencia-reapertura-PP_0_623288649.html
DOS JUECES DE LA AUDIENCIA NACIONAL REACTIVAN LA INVESTIGACIÓN SOBRE LAS CAJAS B DEL PP
Las declaraciones judiciales de Correa y los documentos encontrados al exgerente del PP de Aguirre impulsan las investigaciones sobre supuesta financiación ilegal
El cabecilla de la Gürtel aseguró en el juicio que intermedió entre Bárcenas y varias empresas
Los pagos de empresarios a Fundescam centran las pesquisas sobre el PP madrileño
Dos semanas horribilis para el Partido Popular. Los jueces de la Audiencia Nacional José de la Mata y Eloy Velasco han reactivado en los últimos días las investigaciones sobre la contabilidad B del Partido Popular, que controlaba a nivel nacional el extesorero del PP Luis Bárcenas y en la Comunidad de Madrid el ex secretario general del PP madrileño Francisco Granados.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, José de la Mata, acordó la reapertura de la investigación sobre la caja B que el PP mantuvo supuestamente entre 1990 y 2008. En un auto de 28 de febrero, citó a declarar como investigados para el 23 y el 24 de marzo al presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, y a los empresarios Alfonso García Pozuelo y Plácido Vázquez Diéguez.
El instructor de la pieza separada de los papeles de Bárcenas reabrió el caso después de que el propio Correa asegurara en el juicio de la primera época de Gürtel [1999-2005] que empresas como OHL, ACS y Dragados recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros. A cambió, aseguró que tras intervenir en la concesión de "muchas obras, abonó comisiones de entre el dos y el tres por ciento al extesorero del PP Luis Bárcenas".
Y pese a que rechaza llamar a declarar a los empresarios Juan Manuel Villar Mir y Rafael Palencia Marroquín, y al expresidente balear Jaume Matas, el magistrado no cierra la puerta a hacerlo en un futuro, al asegurar que de ello depende "de lo que resulte de las diligencias anteriores".
Por su parte, el magistrado Eloy Velasco ha reactivado esta semana la investigación de la pieza separada de la Púnica sobre la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre, reabriendo las pesquisas que había archivado el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira sobre la Fundación para el Desarrollo Económico de la Comunidad de Madrid (Fundescam), creada en 2000 por el exalcalde de Majahadonda Ricardo Romero de Tejada, condenado a un año de cárcel por las tarjetas black.
Contraprestaciones en metálico
En su auto, De la Mata recuerda que el objeto de la investigación, que estaba "provisionalmente archivada" en relación a los empresarios, era comprobar si las anotaciones "constituyen el soporte documental-contable, por rudimentario que sea, de transacciones reales que reflejarían las contraprestaciones en metálico obtenidas por el Partido Popular y determinadas personas, a cambio de interceder o presionar para conseguir que se produjeran determinadas adjudicaciones de obras públicas a los pagadores de tales ilícitas comisiones".
Sin embargo, el juez Ruz no pudo procesar a ninguno de los empresarios que presuntamente habían pagado las mordidas que Bárcenas anotaba de forma manuscrita en su cuaderno.
En una de las grabaciones aportadas por el denunciante del caso Gürtel, el exconcejal del PP de Majadahonda (Madrid) José Luis Peñas, Correa se jactó de que había llevado "mil millones de pesetas" [seis millones de euros] a la casa del extesorero del PP Luis Bárcenas.
Precisamente el extesorero, que es uno de los procesados en la pieza separada de la contabilidad B del PP, declaró ante el juez Pablo Ruz que el partido tenía en "todas las provincias y regiones" una caja B que se destinaba a la financiación de las campañas electorales, siendo revisado este sistema por los secretarios generales y conocido por los presidentes.
La primera caja B
En concreto, Bárcenas declaró que el ex secretario general del PP y exministro de Defensa Francisco Álvarez-Cascos fue la persona que entre 1990 y 1993 supervisó la caja B del PP tras la detención en 1990 del entonces tesorero Rosendo Naseiro en el caso que lleva su apellido. Álvarez-Cascos siempre negó dicha acusación y nunca figuró como imputado.
Según Bárcenas, Naseiro fue el encargado de aportar en abril de 1990 los primeros ocho millones de pesetas (48.080 euros) que aparecen en la contabilidad manuscrita del PP.
El juez Ruz concluyó la investigación y acreditó la existencia de la caja B del Partido Popular. Además, Ruz confirmó que desde 1990 y hasta al menos 2008 el PP se benefició de diversas fuentes de financiación "ajenas al circuito económico legal”.
Asimismo, el magistrado constató el destino de este dinero negro: "El pago de retribuciones, complementos de sueldo o compensaciones a personas vinculadas con el partido; a gastos generados en campañas electorales; y a distintos servicios y gastos en beneficio del partido o relacionados con su actividad. Así como a integrar el saldo de las cuentas de donativos anónimos y nominativos del partido".
José María Aznar, Ana Botella, Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal, Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato, Javier Arenas y Esteban González Pons. José María Aznar, Ana Botella, Esperanza Aguirre, María Dolores de Cospedal, Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato, Javier Arenas y Esteban González Pons.
Según los apuntes manuscritos de Bárcenas, publicados por el diario El País, Mariano Rajoy habría sido el político del PP que más dinero recibió en negro: 373.000 euros. Por su parte, el presidente del Gobierno siempre ha negado haber cobrado cantidad alguna.
En su declaración en el juicio de la Época I de Gürtel, Bárcenas trató de exculpar a su mujer de haberse quedado con una parte del dinero de la caja B, y para ello apuntó al PP: "El partido los ingresa en la cuenta oficial, esos 60.00 euros que salieron de las anotaciones extracontables del partido, que estaban anotados, entran ahora sí en la cuenta de donativos anónimos del partido, las dos cantidades que conforman los 149.600 euros acaban siendo e ingresados en las cuentas del partido, en la cuenta de donativos del partido".
Fundescam en la Púnica
Pero los problemas judiciales no sólo se multiplican para el PP nacional. El juez que instruye en la Audiencia Nacional el caso Púnica, Eloy Velasco, ha reactivado sus pesquisas sobre la única pieza separada que permanece secreta, la de la financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre.
Y lo ha hecho gracias a que los agentes de la Unidad Centra Operativa (UCO) de la Guardia Civil encontraron durante los registros que realizaron hace un año del ordenador que el exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez tenía en su puesto de trabajo, pero también en su vivienda.
El pasado miércoles, Velasco llamó a declarar como investigados al exconsejero de Industria y expresidente de la Asamblea madrileña José Ignacio Echeverría, que fue también tesorero del PP de Esperanza Aguirre; al expresidente de la patronal madrileña CEIM Arturo Fernández y al exgerente del PP madrileño Beltrán Gutiérrez. Los dos últimos, Arturo Fernández y Beltrán Gutiérrez han sido condenados a seis y ocho meses de cárcel, respectivamente, en el caso de las tarjetas black de Caja Madrid.
Según aseguran fuentes de las declaraciones de Echeverría y Fernández, ya que la comparecencia de Gutiérrez fue pospuesta hasta este lunes, el juez Velasco interpeló a los investigados sobre los pagos a Fundescam y a otras firmas.
Delitos no prescritos
Según adelantó el diario El País, en los registros ordenados por el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional se encontraron documentos que probarían que las presuntas actuaciones irregulares se habrían extendido hasta 2011, por lo que los delitos, que podrían ser considerados continuados, no estarían prescritos, tal y como rubricó el magistrado que investigó el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira.
Un informe realizado por agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef-Bla) de la Policía Judicial, de 30 de julio de 2010, considera que Beltrán Gutiérrez era "el interlocutor de la organización" de Correa "con el Partido Popular regional para el desarrollo de la campaña" de 2003. El documento sostiene que Correa facturaba a Fundescam los actos electorales que realizaba con sus empresas para el Partido Popular madrileño e incluso para el nacional.
Además, el juez Velasco tiene en su poder una hoja de uno de los cuadernos manuscritos de Granados en la que aparecen anotaciones, que según su exsocio y ahora arrepentido David Marjaliza, identifican al mencionado gerente de Aguirre, Beltrán Gutiérrez, y al empresario Javier López Madrid, yerno del dueño de la constructora OHL, que también ha sido condenado a seis meses de cárcel en el caso de las tarjetas black.
Pero los papeles de Bárcenas y la Púnica no son los únicos casos que tocan de lleno a la financiación del PP. También esta pendiente de juicio la financiación ilegal del PP valenciano, así como otras piezas separadas de Gürtel como las actividades de Correa en Boadilla del Monte (Madrid).
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/11/dos_jueces_audiencia_nacional_reabren_las_investigaciones_sobre_las_cajas_nacional_madrilena_del_pp_62334_1012.html
LA FISCALÍA NO DISPONE DE DATOS PARA ACREDITAR EL DELITO DE COHECHO DEL PP EN EL CASO DE LA ‘CAJA B’
En medio de una gran expectación mediática, la primera decisión que adoptaba el titular del Juzgado de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, volver a citar como investigados al supuesto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa y al empresario, Alfonso García-Pozuelo el próximo 23 de marzo y al intermediario Plácido Vázquez, al día siguiente.
Según ha podido saber OKDIARIO, el futuro del caso de la “caja B” del PP tras ser reabierto “está en el aire”. Las fuentes fiscales consultadas por este diario aclaran que el devenir de la investigación es “un misterio” y depende “única y exclusivamente” de la declaración de Correa y de los “nuevos datos” que pueda aportar junto a García-Pozuelo y Plácido Vázquez en sus comparecencias en sede judicial.
De esta forma, si Correa “no tira de la manta” el caso está abocado a “volver a cerrarse”, ya que el Ministerio Público “no posee nueva información que pudiera acreditar que se produjeron presuntos delitos de cohecho” entre el Partido Popular y las empresas constructoras con el pago de mordidas a cambio de obra pública.
Fuentes del entorno de Correa aseguran a este diario que su defensa “aún no ha podido acceder a la causa”. Estas mismas fuentes explican que Correa puede optar por tres opciones: “No declarar ante el juez, declarar sin aportar nueva información o tirar de la manta”.
En estos momentos, “la decisión no está tomada y se estudiarán” detenidamente las tres alternativas. Antes, la defensa de Correa tendrá que valorar si desvelar datos nuevos, si los hubiera, sobre la “caja B” del PP puede aportarle algún beneficio como un eventual pacto con la Fiscalía para conseguir “algún tipo de reducción de pena”.
Aparte del testimonio de Correa, se espera con “mucho interés” lo que pueda aportar al caso la comparecencia de Plácido Vázquez, después de que las acusaciones contra éste en Gürtel fueran sobreseídas. Vázquez estuvo imputado casi 6 años y el juez Pablo Ruz lo llegó a incluir en la lista final para ir a juicio. Sin embargo, en el último momento la Fiscalía apreció que el pago concreto por el que se iba a sentar en el banquillo había prescrito.
El juez De la Mata reabría el caso atendiendo así las peticiones realizadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la acusación popular ADADE. Solicitaba además a la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que le remita el procedimiento sobre el que su antecesor Pablo Ruz acordó dar por finalizada la instrucción en marzo de 2015. La reapertura del caso se ha precipitado tras las declaraciones realizadas por Correa durante el juicio de la primera época de Gürtel.
En su auto, Ruz propuso sentar en el banquillo de los acusados a seis personas acusadas de delitos fiscales: los ex tesoreros del PP, Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, el ex gerente de la formación Cristóbal Páez, los dos administradores de la empresa que realizó las obras de reforma del PP y otra empleada. A Bárcenas y Lapuerta les atribuía, además, delitos de apropiación indebida.
Según la investigación, los ex tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta gestionaban la “contabilidad paralela” o “caja B” del partido, que entre 1990 y 2008 percibió donaciones por 7,5 millones de euros al margen de la contabilidad oficial entregada al Tribunal de Cuentas.
Las mismas fuentes fiscales consultadas consideran que apenas 8 millones de euros en 18 años, es una “cantidad ridícula” en posibles comisiones a cambio de adjudicaciones, teniendo en cuenta los centenares de obras millonarias que se ejecutaron en este periodo. “Las cuentas no cuadran”, aseguran.
El relato de Correa en el juicio
Durante su comparecencia ante el tribunal que juzga el caso Gürtel en octubre del pasado año, Francisco Correa explicó su relación con Luis Bárcenas, el PP y varias empresas. Dicho testimonio fue clave para la reapertura del caso de la “caja B” del Partido Popular.
“En el 96 hablo con Luis Bárcenas y me dice: ‘Tú tienes contacto con empresarios y yo, con políticos. Vamos a intentar hacer gestiones para que cuando salgan los concursos públicos de la Administración intentar favorecer a empresarios que luego van a colaborar con el partido'”.
Así explicaba el ‘modus operandi’: “Cuando salía una licitación, Alfonso García-Pozuelo (antiguo dueño de Constructora Hispánica) me llamaba si estaba interesado. Era una licitación pública, salía para todo el mundo. No había un incremento de la adjudicación para aumentar la comisión que me entregaba y luego yo le entregaba a Bárcenas”.
“Yo gestionaba”, añadía, “por mi relación con Bárcenas, si era posible ese candidato, que daba buenas licitaciones. Y si teníamos éxito, me daba comisión y yo me quedaba una parte y otra parte se la daba a Luis Bárcenas. Pero eso se hacía no solo con García-Pozuelo; también con otros empresarios”.
Sobre las entregas económicas en efectivo y dinero Correa señalaba “nadie de mi empresa las ha hecho. La relación con los políticos la tenía solo yo. Las entregas de dinero… quedaba con ellos y les daba el sobre... Cuando yo cobraba de empresarios constructores, la parte que yo me quedaba se la daba en efectivo a Antonio Villaverde para que lo ingresara en Suiza”.
Por último, sentenció su intervención con la siguiente frase: “Yo me pasaba el día en Génova. Estaba más tiempo allí que en mi despacho. Era mi casa, vamos”.
https://okdiario.com/investigacion/2017/03/07/fiscalia-no-dispone-nuevos-datos-acreditar-otros-delitos-del-pp-caso-caja-b-794063
EL JUEZ DE LA MATA REABRE EL CASO DE LA CONTABILIDAD B DEL PP Y CITA A DECLARAR A CORREA Y DOS EMPRESARIOS
El instructor ha citado a declarar como investigados, entre el 23 y el 24 de marzo, a Francisco Correa, Alfonso García Pozuelo y Plácido Vázquez Diéguez
El magistrado rechaza por el momento la declaración del expresidente balear Jaume Matas como pedían las acusaciones de esta pieza separada de Gürtel
El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha acordado este miércoles reabrir el caso Bárcenas en el que se investiga la contabilidad B del Partido Popular reflejada en los documentos manuscritos del extesorero de la formación conservadora, y cita a declarar como investigados, entre el 23 y el 24 de marzo, a Francisco Correa, Alfonso García Pozuelo y Plácido Vázquez Diéguez.
En un auto, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 accede de esta forma a la petición de varias acusaciones de esta pieza separada de Gürtel, con el informe favorable de la Fiscalía Anticorrupción, y acuerda dejar sin efecto la decisión de sobreseimiento provisional acordada en esta pieza en relación a los imputados, al mismo tiempo que ordena la reapertura de la investigación.
El juez atiende, de esta forma, las peticiones realizadas tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por dos de las acusaciones populares personadas en distintas piezas de la trama Gürtel, en concreto IU y Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), después de conocer el testimonio que ofreció Correa sobre las presuntas dádivas pagadas por constructoras como OHL o ACS.
"Relevantes" y "novedosas"
De la Mata considera que ante la aportación de estos nuevos elementos de comprobación es pertinente reabrir la causa de la presunta financiación ilegal del PP. Es más, subraya que las declaraciones de Correa, las de García-Pozuelo -que se acogió a su derecho a no declarar en la instrucción- y las del intermediario Plácido Vázquez son "relevantes y útiles", así como "novedosas".
"Basta destacar, como hace el fiscal -Antonio Romeral- en su informe, que son los únicos testimonios que apuntan a una relación entre las entregas de dinero para la realización de gestiones tendentes a la consecución de contratos públicos, ofreciendo además un relato consistente sobre la metodología aparentemente seguida para gestionar (en los términos del propio Correa Sánchez) las solicitudes de las empresas, y la mecánica de la distribución de las ganancias obtenidas por las comisiones entregadas por las empresas en caso de éxito en la adjudicación pretendida", afirma el magistrado en su resolución.
El líder de la trama detalló durante su declaración ante el tribunal de la Audiencia Nacional que le juzga junto a otras 36 personas que empresas como OHL, ACS y Dragados recurrían a sus servicios para que mediase por ellas ante los Ministerios de Fomento y Medio Ambiente, entre otros. A cambió, aseguró que tras intervenir en la concesión de "muchas obras, ni en 10, ni en 20, ni en 30", abonó comisiones de entre el dos y tres por ciento al extesorero del PP Luis Bárcenas, informa Europa Press.
Carreteras y autopistas
"Eran carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente, diferentes...", explicó, al tiempo que indicó que con esta práctica "ahorró mucho dinero al PP". "No sé si 1.000 millones o más o menos", dijo y precisó que entregaba el dinero a Bárcenas en la sede del PP, en la calle de Génova, o en su casa y que el exgerente se encargaba de gestionar la cuestión con el Ministerio "correspondiente".
García-Pozuelo afirmó en su intervención en el juicio que el destino del dinero entregado a Correa eran de "organismo centrales", que se referían --según indican las acusaciones en sus escritos--, a los Ministerios de Medio Ambiente y de Fomento y al PP, así como que las cuatro empresas que abonaron comisiones son OHL, ACS, Dragados y Degremont.
La resolución acuerda, además, solicitar de la Sección Segunda de la Sala Penal testimonio de lo actuado en la pieza separada hasta el auto de transformación en procedimiento abreviado, de fecha 23 de marzo de 2015, así como incorporar las declaraciones de García Pozuelo y Correa en el juicio que se celebra actualmente por la pieza del caso Gürtel Época I.
No incluye a Matas
El magistrado rechaza por el momento la declaración del expresidente balear Jaume Matas como pedían las acusaciones visto, dice, que no consta que haya prestado declaración fiscal o judicial en que haya realizado las manifestaciones que la parte alega.
En este sentido, las acusaciones reclamaron al juez que volviera a imputar al empresario Juan Miguel Villar Mir, aportando una noticia del diario El Mundo que afirma que el expresidente balear había ofrecido a la Fiscalía revelar que el dirigente del PP Javier Arenas había organizado una reunión en la sede del PP de la Calle de Génova de Madrid en la que se habría acordado el amaño del concurso del hospital de Son Espases, en Mallorca, a favor de OHL.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/03/01/el_juez_mata_ordena_reabrir_caso_contabilidad_del_para_que_declare_correa_dos_empresarios_61904_1012.html
LA PETICIÓN DE LA FISCALÍA PARA REABRIR LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA CAJA B COMPLICA EL HORIZONTE JUDICIAL DEL PP
Las acusaciones populares dan ya por hecha la reapertura, sustentada en la declaración judicial de Correa sobre mordidas a cambio de contratos
Anticorrupción elude pedir la citación de los responsables de las dos grandes empresas señaladas por el jefe de 'Gürtel', Florentino Pérez y Villar Mir
La solicitud de la Fiscalía Anticorrupción para reabrir las investigaciones sobre la llamada caja b del PP o pieza de los papeles de Bárcenas, que a día de hoy se encuentra ya cerrada en espera de fecha para juicio, ha venido a complicar el horizonte judicial del partido en vísperas de su congreso y cuando sus dirigentes ya daban por amortizado el caso Gürtel y su ramificación de mayor calado político: aquella en cuyo auto de apertura de juicio el juez sostiene que entre 1990 y al menos 2008 el PP "habría venido sirviéndose de diversas fuentes de financiación ajenas al circuito económico legal".
Precedida de la que formularon dos acusaciones populares -IU y la asociación de abogados Adade-, la petición de la Fiscalía se sustenta en el relato hecho por Francisco Correa durante su declaración en la vista sobre la primera época de la trama Gürtel. Ese día, 14 de octubre de 2016, Correa colocó el foco sobre la financiación del PP al asegurar que durante años había funcionado un sistema por el que quienes querían obtener a toda costa contratos públicos pagaban a cambio un 3% del importe adjudicado.
Aunque todas las fuentes consultadas este viernes creen que la reapertura no tiene ya marcha atrás, nadie se atreve a aventurar si esta segunda fase de la instrucción judicial se limitará a cubrir el expediente o si, por el contrario, acabará provocando algún terremoto. Bárcenas, asegura su entorno, está tranquilo. De momento, nadie ha pedido que declare si el caso se reabre. ¿Desfilará finalmente otra vez por la sala de interrogatorios de la Audiencia Nacional y qué hará si finalmente llega ese momento? ¿Emergerá algún nuevo elemento que obligue a la Fiscalía a modificar las conclusiones que la llevaron a pedir -y a conseguir- la exculpación de todos los empresarios investigados en aquella primera fase bajo el argumento de que nada permitía vincular donaciones y contratos? Nadie tiene la respuesta aunque observadores que conocen el caso de cerca se muestran especialmente cautos. Especialmente, a la vista de qué pide exactamente el fiscal.
Porque a tenor de lo que ha trascendido este viernes, el fiscal solo pide que tras la reapertura declaren como investigados un empresario que días antes de que hablara Correa ya había ratificado en el juicio el pago de comisiones a cambio de contratos, Alfonso García Pozuelo, expresidente de Constructora Hispánica; y un comisionista -Plácido Vázquez- a quien el considerado jefe de la trama Gürtel señaló como intermediario con las empresas que se declaraban dispuestas a pagar.
Pero, por encima de Vázquez y García Pozuelo, a quien Correa también incluyó en su declaración, el don vito de la Gürtel mencionó a tres gigantes de la economía española como partícipes en el sistema del 3%: ACS, Dragados -desde 2002 filial de la anterior- y OHL. Las empresas señaladas niegan haber pagado ninguna mordida. Y en cuando Correa acabó su declaración anunciaron una querella.
El fiscal no pide la declaración de los máximos responsables de ambos grupos, Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir. Pero si la instrucción se reactiva ambos o, al menos, Villar Mir, puede terminar viéndose obligado a desfilar ante el juez. De momento, la declaración del presidente de ACS y del Real Madrid no la ha requerido nadie. La de Villar Mir, de OHL, sí: las dos acusaciones populares. Villar Mir, además, ya tiene ante sí una situación complicada por una investigación que, no procesalmente pero sí cuanto a su fondo, aparece conectada a esta: la del supuesto -y finalmente abortado- amaño en la adjudicación del mayor hospital de Baleares, Son Espases, en favor de OHL, a cambio de dinero para el PP, caso que investiga en Palma el juez José Castro.
De las tres empresas citadas por Correa, OHL es la única que consta en los papeles de Bárcenas, aquella colección de "anotaciones extracontables" donde entre 1990 y 2008 el extesorero fue reflejando las entradas y salidas de dinero opacas. Es decir, la presunta contabilidad secreta y paralela del PP cuya investigación judicial se saldó con seis acusados -Bárcenas y su antecesor en la tesorería, Álvaro Lapuerta, a la cabeza- y con el PP como presunto responsable civil subsidiario por el supuesto delito fiscal que los implicados habrían cometido en relación a la reforma de la sede central del partido.
Ningún responsable de ACS aparece en cambio en la que presumiblemente era la contabilidad B del PP. El nombre de ACS sí consta en otro manuscrito que Luis Bárcenas entregó al juez Pablo Ruz en julio de 2013. Según el extesorero, ese documento registraba los pagos efectuados por distintas empresas para financiar la campaña electoral gallega del PP en 2001. Los apuntes consignaban el pago de 30.000 euros por parte de ACS, que se habría comprometido además a desembolsar un millón de euros.
El día en que Correa soltó la bomba ante el tribunal que le juzga, fuentes conocedoras de esa supuesta contabilidad secreta del PP aseguraron a infoLibre que ACS "jamás" aportó fondos para el PP nacional. En conversación con infoLibre, las mismas fuentes añadieron, aunque sin precisar fechas ni cantidades, que sí lo hizo Dragados. Y que del nombre de la compañía no quedó rastro en los papeles de Bárcenas porque sus fondos siempre llegaron al partido "a través de la cuenta de donativos anónimos".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/04/la_peticion_fiscalia_para_reabrir_investigacion_sobre_caja_complica_horizonte_judicial_del_pp_60703_1012.htmlEL DOCUMENTO CLAVE SOBRE ACS CON EL QUE LAS ACUSACIONES QUIEREN REABRIR ‘LA CAJA B’ DEL PP
La empresa de Florentino Pérez niega haber entregado dinero a la Gürtel, pero aparece como generosa donante de Génova
El año 2017 va a empezar judicialmente con un pelotazo. El 16 de enero, es decir, en poco más de dos semanas, la sala donde se celebra el juicio por la Gürtel va a convertirse en el centro de atención básico de la actualidad: es el día para que Luis Bárcenas comience su declaración. Las consecuencias políticas de su intervención son previsibles.
Reabrir la instrucción por los papeles Bárcenas
De momento, en el ambiente jurídico y su derivada política, la lucha está, sin embargo, en otro punto. Las acusaciones están peleando por reabrir la instrucción del caso de la caja B del PP, o caso de los papeles de Bárcenas, a partir de unas declaraciones que realizó en su deposición Francisco Correa el pasado 14 de octubre.
Entonces, Correa dijo que las constructoras ACS y OHL se habían beneficiado de contratos a cambio del pago de comisiones. Las reacciones fueron inmediatas. Tres días más tarde tanto la empresa de Florentino Pérez como la de Juan Miguel Villar Mir presentaban querellas criminales contra Correa por sus alegaciones.
Las acusaciones, por el contrario, aprovecharon la noticia destapada por el capo de la Gürtel para, con la misma celeridad, llevar las declaraciones ante el juez de la Audiencia que instruyó el caso de la financiación irregular del Partido Popular, José de la Mata, para pedir que se reabriera la instrucción.
El contenido de 'la carpeta amarilla'
ELPLURAL.COM ha podido tener acceso al contenido de un documento que parece relevante en este sentido. El principal de lo que se conoce en medios jurídicos como la carpeta amarilla, y que no es sino una de las carpetas, de diferentes colores, que entregó Luis Bárcenas en su declaración el 15 de julio de 2013 ante el entonces juez instructor, Pablo Ruz.
En la carpeta amarilla, como decimos, se incluía una serie de folios que acompañan esta información, y en la que de manera manuscrita y en ordenador, Luis Bárcenas implica en efecto a estas dos constructoras en la financiación irregular del partido.
En la nota manuscrita entregada por el propio extesorero popular se puede leer como OHL entregó “300.000 euros en campaña”, mientras que justo debajo escribía “ACS se comprom. a 1M€ ha dado 30.000€”. En el mismo escrito, Bárcenas recoge que FCC “daba 50.000€/mes, va a dar 12.000€/mes + ayuda campaña”. La nota manuscrita, el extesorero la concluye reconociendo “las empres. Siguen ayudando”.
En otro documento de la misma carpeta amarilla y en la que recoge una “RELACIÓN DE INGRESOS DEL 01-01.06 AL 31-12-06”, Bárcenas incluía de nuevo a ACS como donante de 60.100 euros para el partido de Génova.
En estos momentos, las acusaciones están pendientes de la decisión del juez José de la Mata sobre la aceptación o no de su requerimiento para que se reabra la instrucción del caso.
http://www.elplural.com/politica/2016/12/28/el-documento-clave-sobre-acs-con-el-que-las-acusaciones-quieren-reabrir-la-caja
VARIAS ACUSACIONES POPULARES QUIEREN QUE SE REABRA EL 'CASO BÁRCENAS', QUE INVESTIGA UNA CAJA B DENTRO DEL PP
El primer juicio de la trama Gürtel se reanuda el 16 de enero con la declaración de Bárcenas
Su testimonio puede ser clave para determinar el alcance de lo que ha ido saliendo a la luz a lo largo de estos tres meses de interrogatorios y que, en principio, ni era ni es objeto de la causa
El primer juicio de la trama Gürtel se reanudará el próximo 16 de enero con la declaración del extesorero del PP Luis Bárcenas. Su testimonio puede resultar clave para determinar el alcance de algo que se ha revelado en estos tres meses de interrogatorios y que no era, ni es, el objeto de la causa. Nos referimos a los nuevos indicios de financiación ilegal del PP nacional. Hay ya varias acusaciones populares que, en función de las nuevas revelaciones, han pedido en la Audiencia Nacional que se reabra el denominado caso Bárcenas, que investiga precisamente una caja b dentro del PP.
Las declaraciones de los principales imputados en la causa han desvelado el supuesto pago de comisiones ilegales que nutrían una de las cajas b del Partido Popular a cambio de adjudicaciones de obras de Ministerios y Ayuntamientos. Nueve años de investigación del caso Gürtel, una trama masiva de corrupción que colonizó administraciones gobernadas por el PP, dejaron al margen, en una pieza separada, los supuestos pagos de comisiones ilegales para alimentar la caja b que controlaba el extesorero Luis Bárcenas y en la que se ingresaron más de 8 millones de euros. La causa que se juzga en la Audiencia Nacional tan sólo intenta esclarecer si el PP participó a título lucrativo, es decir, si se benefició de las tramas corruptas de Majadahonda y Pozuelo que financiaron mítines de la formación conservadora.
Sin embargo, los tres primeros meses de interrogatorios del juicio oral han abierto distintas vías de investigación, hasta ahora cegadas, sobre el enriquecimiento del PP con comisiones ilegales pagadas por constructoras a cambio de la adjudicación de obras públicas. El principal acusado, el considerado cerebro de la trama, Francisco Correa, fue muy explícito en su primer día de declaración.
Ese testimonio ponía de un plumazo bajo sospecha la limpieza en la gestión de algunos de los ministros del Gobierno Aznar, que adjudicaron supuestamente obra pública a constructoras que, posteriormente, donaron dinero negro al Partido Popular. Al día siguiente, insistió dando nombres de constructoras directamente.
Recordemos que dos jueces de la Audiencia Nacional -Pablo Ruz primero y José de la Mata después- no pudieron acreditar durante la instrucción de la causa los sobornos pagados por constructoras a la caja b del PP a cambio de obras públicas. Sin embargo, eso es exactamente lo que han contado ahora algunos de los protagonistas de esa supuesta trama, algo que, por el contrario, han negado rotundamente las grandes constructoras a través de varios comunicados.
Sin embargo, no fue sólo Francisco Correa quien hizo esa revelación. La semana pasada llegó otra declaración en la misma línea. Ésta si cabe, más directa de la vinculación del PP con este asunto. El protagonista fue el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, quien aseguró que el que fue tesorero del PP Álvaro Lapuerta le indicó que beneficiase a unas empresas determinadas que aparecen en los papeles de Bárcenas como donantes de grandes cantidades de dinero negro.
El problema de la denuncia de Guillermo Ortega es que Álvaro Lapuerta, que es el único que podría aclarar esos hechos, ha sido excluido del juicio y se ha archivado la causa contra él por "demencia sobrevenida".
Antes de estas declaraciones de Francisco Correa y Guillermo Ortega, el juicio Gürtel se calentó con el testimonio de un imputado arrepentido que reconoció los hechos. Sus palabras tienen una especial trascendencia, ya que se trata del primer empresario que reconocía en el juicio haber pagado comisiones ilegales al PP a cambio de la adjudicación de obras públicas. Se trata de Alfonso García Pozuelo, expropietario de Constructora Hispánica, una de las principales donantes de la caja B del PP. Además de admitir que había pagado comisiones ilegales a la trama corrupta a cambio de contratos, deslizó que el dinero iba para "organismos centrales". Todo el mundo interpretó que hablaba de la sede nacional del PP, pero su declaración fue tan ambigua como escueta.
La persona que podría certificar que estos testimonios son verdaderos y que, por tanto, el PP se financió ilegalmente durante años gracias al pago de mordidas de contratistas públicos, es Luis Bárcenas, que declarará el próximo 16 de enero.
En su declaración ante el juez instructor Pablo Ruz, el extesorero del PP nunca llegó a admitir que los pagos de empresas que apuntó con detalle en la caja b durante casi 20 años tenían relación directa con la adjudicación de obras públicas. Bárcenas tan sólo explicaba que ese dinero servía para que los alcaldes, consejeros o presidentes autonómicos del PP tuvieran la deferencia de recibir a los constructores cuando se interesaban por algún concurso público.
¿Se pueden investigar esas denuncias?
Recordemos que la financiación ilegal del PP no es el objeto de investigación de este juicio. Aquí se dilucida lo que en el argot jurídico se ha conocido como la primera época de la Gürtel, esto es, desde 1999 a 2005. En el banquillo se sientan 37 personas a las que, entre multas y fianzas de responsabilidad civil, se les reclaman unos 450 millones de euros. Además de los 37 acusados hay tres partícipes a título lucrativo: el Partido Popular, la exministra Ana Mato y la pareja de uno de los principales acusados.
De momento, los testimonios oídos en el juicio -de Correa, de Guillermo Ortega o del empresario García Pozuelo- no han hecho cambiar de opinión al tribunal para tirar de ese hilo. Cuando el abogado de Bárcenas escuchó la novedosa denuncia de Correa sobre el pago de mordidas por obras públicas del Gobierno Aznar, pidió que se citará a cargos ministeriales de aquella época y a responsables de constructoras para investigar esos hechos. El Tribunal que juzga el caso Gürtel se retiró a deliberar y negó la petición. La Fiscalía Anticorrupción también se mostró en contra al considerar que las revelaciones de Correas eran "genéricas e inconcretas".
El abogado que representa a la Asociación de Abogados Demócratas Europeos, Francisco Montiel, la primera acusación popular que se personó en esta causa, considera que los testimonios escuchados hasta ahora en el juicio deben abrir la puerta a la investigación para dilucidar si existía una trama en la que se vinculaban adjudicaciones con el pago de comisiones ilegales al PP.
El juicio del caso Bárcenas, donde se determinará si el PP se financió ilegalmente durante al menos 20 años gracias a la generosidad de contratistas públicos, no se celebrará hasta finales de 2017. Antes conoceremos la sentencia del caso Gürtel donde se prevén fuertes condenas pero que dejará a un lado las comisiones ilegales que supuestamente cobró el partido.
http://cadenaser.com/programa/2016/12/27/hoy_por_hoy/1482826349_650150.html
LA CONSTRUCTORA OHL INGRESÓ ENTRE 2002 Y 2009 MÁS DE 3.000 MILLONES DE ADMINISTRACIONES DEL PP
La Comunidad de Madrid, controlada por Esperanza Aguirre, fue la que más otorgó a la constructora: casi un tercio del total (953 millones)
Fomento, encabezado por Francisco Álvarez-Cascos, le adjudicó en sólo dos años (2002 y 2003) 503,7 millones, mientras que el Ayuntamiento de Madrid le abonó 328,6 millones en ocho años
La constructora Obrascon Huarte Lain (OHL), dirigida hasta hace unos meses por el exvicepresidente del Gobierno en 1975 Juan Miguel Villar Mir, ingresó entre los años 2002 y 2009 más de 3.000 millones de euros de las administraciones públicas gobernadas por el PP, según un informe de la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) del Cuerpo Nacional de Policía incorporado al sumario de la pieza separada del caso Gürtel denonimada papeles de Bárcenas.
De los 3.035 millones de los que se benefició OHL, una de las tres empresas a las que aludió el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, como una de las pagadoras de mordidas de hasta el 3%, la Administración pública que más dinero aportó fue la Comunidad de Madrid controlada por Esperanza Aguirre, con casi un tercio del total (953 millones). Sólo en 2007, el Ejecutivo madrileño del PP otorgó a la constructora 417 millones en contratos.
Precisamente, uno de los correos secretos del expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa, adelantados por infoLibre, desvela que Villar Mir pidió al banquero que mediara ante Aguirre para que esta le favoreciera en el concurso de adjudicación de uno de los primeros hospitales que Madrid construyó bajo la fórmula de gestión mixta público-privada.
El 18 de enero de 2005, Juan José Juste Ortega –en ese momento director de Negocio de Clientes Corporativos de Caja Madrid– envió un correo a Blesa en el que le escribió lo siguiente: "Te va a llamar Juan Miguel Villar Mir para pedirte que hables con la presidenta de la Comunidad para defender nuestra candidatura como consorcio aspirante a construir y gestionar el Hospital de Majadahonda".
Ministerio de Fomento
La segunda Administración que más adjudicó a la firma de Villar Mir, que fue nombrado marqués durante el reinado de Juan Carlos I, fue el Ministerio de Fomento, encabezado por el también exvicepresidente del Gobierno Francisco Álvarez-Cascos, que en sólo dos años (2002 y 2003) otorgó contratos a la constructora por 503,7 millones. Fomento y Medio Ambiente fueron los dos ministerios identificados por Francisco Correa en su declaración como los implicados en el presunto pago de comisiones de entre el 2% y el 3%.
En 2004, año en el que se alternaron en el Gobierno central el PP y el PSOE tras la victoria electoral de José Luis Rodríguez Zapatero, OHL ingresó otros 562,6 millones, que el informe de la Policía Judicial no atribuye de forma directa al PP, por lo que esta suma queda fuera de los 3.034 millones de euros abonados a la constructora en 2003 y 2003.
También resalta por su importancia el Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF), que aunque contrata de forma independiente depende de Fomento, con 319,3 millones. La empresa Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) aportó otros 117 millones.
El Ayuntamiento de Madrid, también en manos del Partido Popular, abonó 328,6 millones en el mismo periodo de tiempo (2002-2009), mientras que la Comunidad Valenciana otorgó a la firma 191,1 millones por 132 millones de Castilla y León. En el informe, la Policía reseña que 43,6 millones de los 70 millones que adjudicó el PP gallego se otorgaron por tres contratos públicos, acordados antes de la entrada en el Gobierno de la Xunta del PSOE en agosto de 2005.
Además, la Región de Murcia, encabezada por el ahora eurodiputado del PP Ramón Luis Valcárcel, acordó la adjudicación de un hospital en el Mar Menor por 69,7 millones a OHL.
Ministerio de Medio Ambiente
El Ministerio de Medio Ambiente, dirigido en 2002 por el expresidente balear Jaume Matas, y a partir del 7 de marzo de 2003 y hasta 2004 por Elvira Rodríguez, que fue hasta hace unas semanas presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), adjudicó a OHL obras por 16,2 millones.
OHL es una de las tres constructoras que han saltado a la actualidad tras declarar Francisco Correa que su socio Plácido Vázquez era el que se encargaba de gestionar las comisiones que cobraran de los grandes contratistas de las administraciones gobernadas por el PP: "Me decía, oye, OHL ha hecho esta petición de obra, y yo intentaba gestionarla con Luis Bárcenas", especificó Correa, que después identificó tres de estas firmas: "OHL, ACS, Dragados...".
Pero no fue la declaración de Correa de la semana pasada la primera vez en la que aparecía OHL o Villar Mir en el caso Gürtel y sus piezas separadas OHL. Su nombre aparece en los denominados papeles de Bárcenas, en el que se reflejaba de forma manuscrita la contabilidad paralela del PP entre los años 1990 y 2008.
530.000 euros
El documento manuscrito en el que se refleja esa contabilidad en negro entre el año 1990 y 2008 constata que este empresario aparece registrado como donante de esta caja B en los años 2004, 2006 y 2008, por un total de 530.000 euros.
En 2004 se registra una aportación de fecha 19 de octubre por una cuantía 100.000 euros; en el año 2006 se registra otra única aportación fechada el 25 de octubre, por un importe de 180.000 euros. En el año 2008, fechada el 11 de febrero, figura registrada una aportación de 250.000 euros.
Asimismo, en una de sus declaraciones ante el juez Pablo Ruz, el extesorero del PP Luis Bárcenas acusó a Villar Mir de haber realizado supuestamente entre septiembre y octubre de 2011 otra entrega de 300.000 euros (tres veces el máximo legal permitido) al entonces máximo responsable de las finanzas del PP, José Manuel Romay Beccaria, para la campaña que poco después llevaría a Mariano Rajoy a La Moncloa.
Al final de la instrucción, el juez Pablo Ruz acordó archivar cualquier acusación contra Villar Mir y los otros 22 empresarios implicados por Bárcenas en la caja B.
Declaración de Villar Mir
Pero con estos indicios y tras la declaración de Correa, dos de las acusaciones populares personadas en las distintas causas que investigan las actividades de la trama Gürtel han solicitado al juez de la Audiencia Nacional José de la Mata que reabra el procedimiento que investiga la presunta contabilidad B del PP -conocida como de los papeles de Bárcenas- y cite a declarar, entre otros, a Villar Mir.
IU y la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade) han remitido sendos escritos al Juzgado Central de Instrucción 5 en los que se reclaman que se investiguen las declaraciones de Correa sobre la intervención de esta empresa y otras como ACS y de los Ministerios de Medio Ambiente y Fomento en el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.
En concreto, Adade pide al magistrado que, además, de citar a Villar Mir, tome declaración al propio Correa, al extesorero del PP Luis Bárcenas y a los empresarios Alfonso García Pozuelo-Asins, Plácido Vázquez y Rafael Palencia, según refleja su escrito, al que ha tenido acceso Europa Press.
El tribunal encargado de juzgar la primera época de actividades de la trama rechazó este lunes la solicitud formulada por Bárcenas para que se citara a declarar en la vista oral tres exministros de Medio Ambiente y Fomento y los presidentes de ACS y OHL.
Caso Son Espases
Pero el caso Gürtel no es el único en el que aparece el nombre de Villar Mir, su empresa OHL o su entorno familiar. Villar Mir está imputado (investigado) después de que el fiscal Anticorrupción de Baleares Pedro Horrach se querellara contra el expresidente regional Jaume Matas y el propio empresario por el presunto amaño del concurso en 2006 para adjudicar el hospital mallorquín de Son Espases, el mayor del archipiélago. El fiscal entiende que existen indicios de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración pública.
Aunque finalmente OHL no obtuvo la adjudicación porque el proceso se paralizó tras publicarse las sospechas de amaño, la Fiscalía cree que Matas ordenó a sus subordinados favorecer a la empresa de Villar Mir. La adjudicación de Son Espases acabó en manos de una de las filiales de ACS, en concreto Dragados.
El yerno del empresario
Además, el yerno de Villar Mir, Javier López Madrid, que está siendo juzgado en la Audiencia Nacional en el caso de las tarjetas black, también está siendo investigado en el seno de la operación Púnica por el magistrado Eloy Velasco.
En concreto, el exsecretario general del PP en Madrid Francisco Granados registró en su agenda de color morado, en la que supuestamente se reflejaba la caja B del PP madrileño, múltiples pagos de 300.000 y 400.000 euros efectuados por López Madrid al exgerente regional del PP Beltrán Gutiérrez.
Los abonos se encuentran anotados de forma manuscrita en una agenda morada en la que, bajo las iniciales "B.G", el encargado de las finanzas en la formación en Madrid figura como el principal beneficiario. Las anotaciones fueron incautadas por la UCO de la Guardia Civil al presunto cabecilla de la operación Púnica y las pesquisas desarrolladas a raíz de su hallazgo propiciaron nuevas actuaciones, en este caso para esclarecer una presunta financiación irregular del partido.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/19/ohl_ingreso_mas_000_millones_euros_administraciones_del_entre_2002_2009_56376_1012.html
CORREA FACTURÓ 74.800€ DE LA CABALGATA DE ARGANDA A UNA EMPRESA DE FLORENTINO PÉREZ
El ayuntamiento del PP encargó a Easy Concept la gestión y animación de varias cabalgatas de reyes. La de 2007 la Gürtel luego se la facturó a Urbaser. Esta pieza sigue en instrucción
Una factura de 64.482 euros más 10.317 euros de IVA demuestra que la trama Gürtel sí emitió facturas contra ACS, la empresa presidida por Florentino Pérez. Francisco Correa soltó la bomba en su segunda declaración. ACS, junto a OHL y Dragados, es una de las empresas que presuntamente han pagado comisiones por conseguir contratos públicos en algunos ministerios, unos amaños en los que los intermediarios eran el propio Correa (que se ponía en contacto con las compañías) y el extesorero del PP Luis Bárcenas, el encargado de hablar con los departamentos controlados por el PP. ACS y OHL anunciaron inmediatamente querellas contra Correa. Este periódico se intentó poner ayer en contacto infructuosamente con ACS para obtener su versión de los hechos.
Correa se refería a las dos legislaturas de José María Aznar, entre 1996 y 2004. De hecho, la Audiencia Nacional juzga estos días la primera época de la trama, entre 1999 y 2005. La factura, no obstante, está incluida en uno de los últimos informes que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) de la Agencia Tributaria ha elaborado en la pieza que aún instruye la segunda época de la trama, entre 2006 y 2009, y que investiga entre otras cosas las andanzas de las empresas de Correa en el municipio madrileño de Arganda del Rey, donde siguen imputados el exalcalde Ginés López y el exdiputado autonómico Benjamín Martín Vasco.
El cabecilla de la Gürtel relató al tribunal cómo la expresidenta madrileña intervino para que no se llevara una comisión por la venta de una parcela en Majadahonda. Esta es la historia
La factura responde a la cabalgata de reyes que el Ayuntamiento de Arganda encargó a una sociedad de Correa en 2007. La verdad es que la Gürtel organizó cuatro cabalgatas, las de 2005, 2006, 2007 y 2008. Easy Concept, una de las firmas del llamado Grupo Correa, hizo una estimación del coste del evento: 98.103 euros, de los que 39.000 euros eran beneficio para Correa. Sin embargo, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional encontró en uno de los múltiples registros tras destaparse el caso una factura girada a Urbaser cuyo concepto es "importe correspondiente a la cabalgata de reyes celebrada el pasado día 5 de enero de 2007 en la localidad de Arganda del Rey", por un importe de 64.484,75 euros, IVA excluido.
Urbaser es una de las filiales de ACS, hoy el primer grupo español de recogida y tratamiento de residuos. Esa primera factura fue anulada y la firma Easy Concept giró una nueva a Urbaser por 64.482,76 euros (sin el IVA). El mismo concepto, pero distinto importe, 23.258,62 euros, fue girado en otra factura emitida por Easy Concept para Transportes Ferroviarios de Madrid, la empresa concesionaria que gestiona la ampliación de la Línea 9 de Metro precisamente a Arganda del Rey, en la que ACS también tuvo participación.
Empresas que pagaron otras cabalgatas
"Todo lo anterior nos induce de forma razonable a considerar que el Ayuntamiento de Arganda del Rey, al menos durante el periodo 2005 a 2009, encargó directamente a Easy Concept la gestión y animación de las diferentes cabalgatas de reyes. Posteriormente, esta empresa factura estos actos directamente a determinadas empresas. Desconocemos si estas empresas refacturaban posteriormente al Ayuntamiento de Arganda del Rey o asumían ellas directamente estos costes, por lo que en el fondo están financiando actos o actividades del propio ayuntamiento", señala en su informe la ONIF.
"La adjudicación directa de estas actividades a Easy Concept se hacía al margen de cualquier expediente administrativo y en concreto de lo establecido en el texto refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que se han vulnerado los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia, aplicables en la contratación pública". Aparte de Urbaser y Transportes Ferroviarios de Madrid, Easy Concept también facturó a Teconsa y Constructora Hispánica, cuyos exdirigentes están imputados en la causa.
El informe de la ONIF ha supuesto nuevos movimientos judiciales. El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ordenó a la UDEF que se personara en el Ayuntamiento de Arganda, ahora gobernado por el PSOE, para que obtuviera el nombre de los concejales que en aquellos años "tenían competencia en materia de contratación". La UDEF obtuvo la información el pasado 6 de junio. El informe de la ONIF analiza unos 40 contratos. Solo Easy Concept se llevó 14, por un importe de 776.311,18 euros.
"Por fin sabemos a quién facturar"
En la siguiente cabalgata, la de 2008, la UDEF intervino un correo electrónico de fecha 27 de febrero de 2008 con el asunto "Facturas pendientes Arganda!I!", que comienza con el texto: "Por fin sabemos a quién facturar lo de Arganda", en el que se imparten instrucciones a Ali (se trata de Alicia Mínguez, una de las trabajadores de las empresas de Correa, también procesada) para que confeccione facturas relacionadas con otros eventos que la trama organizó en Arganda (XII Gala del Deporte y Cabalgata de Reyes 2008) a dos constructoras: Teconsa y Constructora Hispánica.
En el organigrama interno, Alicia Mínguez aparece como gerente de Easy Concept. En un correo que envió a su jefa, Isabel Jordán (socia de Correa y también procesada), Mínguez explicaba a finales de abril de 2007 que lo único que les quedaba por cobrar era la factura de Urbaser, "que como ya te he comentado Isabel la vamos a cobrar la semana que viene".
La UDEF también encontró en los registros a la trama escritos de Pablo Rodríguez Sardinero, que en 2007 era concejal de Cultura, Educación y Deportes, sobre determinados aspectos de la cabalgata. Rodríguez Sardinero luego fue alcalde tras la detención de Ginés López y hoy es director general de Transportes en el Gobierno de Cristina Cifuentes.
El nombre de Urbaser también aparece salpicado en otra trama de corrupción bajo la lupa de la Audiencia Nacional. Los investigadores del caso Púnica han encontrado otra presunta vía de financiación ilegal del Partido Popular. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha constatado que firmas adjudicatarias de contratos públicos en la Comunidad de Madrid costearon actos electorales de la formación o en su beneficio, abonando directamente los gastos de esos eventos a la empresa que los organizó, Waiter Music SL, una de las mercantiles implicadas por el juez Eloy Velasco en la trama de corrupción liderada por el exsecretario de Organización del PP de Madrid Francisco Granados. Entre esas empresas están Urbaser y Dragados, ambas del Grupo ACS.
http://www.elconfidencial.com/espana/2016-10-18/acs-gurtel-urbaser-factura-cabalgata-reyes_1276193/
FRANCISCO CORREA SE NIEGA A CONTESTAR SOBRE LA TRAMA DEL 3% Y SU SALIDA DEL PP
La defensa de Bárcenas pide que declaren como testigos los exministros Jaume Matas, Elvira Rodríguez y Rafael Arias-Salgado, y los empresarios Florentino Pérez y Juan Miguel Villar Mir para explicar la supuesta trama del 3%.
Dos días llevaba Francisco Correa -tanto el jueves como el viernes pasados- anunciando que iba a contestar a una de las acusaciones populares y que la escogida iba a ser la del partido socialista valenciano, representada por el abogado Virgilio Latorre, y a última hora y por sorpresa, este lunes se ha negado a responder cuando el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha anunciado el inicio de la sesión.
Correa ha afirmado que cambia de criterio por consejo de su abogado, Juan Carlos Navarro, pero fue su mismo letrado quien el jueves le aconsejó y anunció que contestaría a esta acusación popular.
El interrogatorio que había preparado era duro y pretendía llegar a la médula del funcionamiento de la supuesta organización criminal. Quería obtener todos los detalles de la trama del tres por ciento a cambio de obra pública desvelada por Correa, y los motivos reales por los que dejó de contratar con Génova 13 en el año 2004.
La acusación pretendía que Correa hablase de obras concretas del AVE, autovías o medioambientales adjudicadas gracias a sus contactos en el PP, a qué empresas, por qué ministerios y ministros, y quiénes aprobaban las concesiones por las que el entramado corrupto percibía mordidas de hasta el tres por ciento, parte de las cuales servía para financiar de forma ilegal al PP. Latorre consideraba clave bajar a la arena del funcionamiento corrupto porque entronca además con la pieza de la caja B del Partido Popular, donde figura el detalle de grandes constructoras donantes de fondos en negro al partido.
Respecto a los motivos por los que Correa dejó de contratar con el PP nacional, las mismas fuentes no se creen los argumentos del líder de la Gürtel, del que sospechan que ha pactado una salida para minimizar daños y afectar lo menos posible a la actual dirección de Rajoy. Por el contrario, la acusación estaba convencida de que si Correa dejó de contratar con Génova en 2004 fue porque el PP perdió las elecciones generales y por tanto, todo el poder de contratación en los ministerios, que suponían su gran negocio.
A su entender, por ello se marchó a Valencia, porque allí seguían gobernando y había "pastuqui de la buena" en las consejerías, según las palabras de Don Vito. Con ellas siguió contratando hasta que fue desarticulada la trama en 2009.
La acusación sostiene que el cambio de criterio de Correa este lunes al negarse a contestar a sus preguntas avala precisamente la existencia de ese "pacto de no agresión" para no dañar a la actual dirección popular.
Sobre Aznar: "Yo le miraba, él me miraba y me sonreía"
Francisco Correa ha negado que le una amistad con el exministro de Fomento, Francisco Álvarez Cascos, o con el expresidente José María Aznar. Del antiguo jefe del Ejecutivo solo ha concedido que "yo le miraba, él me miraba, me sonreía en los mítines y punto".
Tarjeta VIP como los altos dirigentes del PP para no pasar el escáner
No obstante, Correa ha ofrecido nuevos argumentos para explicar que la sede del PP era su "casa", desde la que controlaba la trama del 3% de la que se beneficiaba la formación conservadora. Asegura que "jamás" pasaba por el "escáner" de Génova 13 cuando llevaba el dinero para el partido producto de sus actividades corruptas. Correa ha manifestado que tenía una "tarjeta especial" como la de "los cargos ejecutivos del partido" con la que "directamente entraba con mi coche en el aparcamiento".
El presidente del Tribunal: "Aquí no se está enjuiciando al PP"
El letrado de Bárcenas, Francisco Maroto, ha intentado ahondar en los contactos que Correa tenía con las altas esferas del Partido Popular en un intento de demostrar que el entonces gerente del partido no era necesario para el organigrama dirigido por Don Vito. Al insistir sobre las relaciones con el PP, el presidente del Tribunal, Ángel Hurtado, le ha interrumpido para decirle que "aquí no se está enjuiciando al Partido Popular".
Es cierto que no existe una causa penal contra el PP en este juicio, pero sí está sentado en el banquillo por haberse lucrado, supuestamente, con los delitos cometidos por la trama en más de 245.000 euros. Hurtado ya tildó de "secundaria y colateral" la acusación contra el PP en este juicio, cuando se opuso a la recusación de los magistrados Concepción Espejel y Enrique López.
El tribunal rechaza que testifiquen los exministros por la trama del 3%
El abogado de Bárcenas había pedido la declaración como testigos de quienes fueron ministros de Fomento y Medio Ambiente en el periodo en el que según Correa se desarrolló la trama del 3% a cambio de adjudicación de obra pública, y que son Jaume Matas, Rafael Arias Salgado, Elvira Rodríguez, y también los empresarios Florentino Pérez y Villar Mir, presidentes de las sociedades ACS y OHL, que participaron en los hechos según Correa. El letrado del Partido Socialista valenciano, Virgilio Latorre, añadió que no podían ser llamados como testigos porque supuestamente estuvieron involucrados en hechos delictivos, pero sí debía abrirse una "causa suplementaria" al encontrarnos ante el "elemento nuclear" de este caso.
No obstante, el tribunal ha rechazado la petición a propuesta de la Fiscalía, que calificaba de poco concretas las acusaciones de Correa en esta trama del tres por ciento. Falta de concreción de la que es responsable la propia Fiscalía, que no preguntó cuando el líder de la Gürtel reveló estos hechos.
Por cierto, Correa ha desvelado el nombre de otra empresa, Degremont, que según sus palabras, actuó como ACS y OHL, y pagó las comisiones de éxito del tres por ciento por obra adjudicada de las que se beneficiaban el PP, Bárcenas y el propio Correa. ACS y OHL han negado en sendos comunicados las acusaciones de Francisco Correa.
http://cadenaser.com/m/ser/2016/10/16/tribunales/1476637289_453460.html
LA CONFESIÓN DE CORREA SEÑALA AL RAJOY VICEPRESIDENTE DEL GOBIERNO Y SECRETARIO GENERAL DEL PP
El actual líder del PP era vicepresidente del Gobierno en el que, según Correa, se amañaron los contratos para cobrar comisiones de entre el 2% y el 3%
Rajoy aparece en Los Papeles de Bárcenas como perceptor de sobresueldos en el año 2000 que salían de esa caja B que se nutría de las mordidas de las constructoras
El presidente en funciones fue también el jefe de la campaña del año 2000 cuyos mítines, viajes y convenciones organizaba Correa
La dirección del PP se apresuró a celebrar el jueves, antes incluso de que Francisco Correa completase su primer día de declaración, que todo lo contado era viejo, que el partido había pasado página y que ninguno de los dirigentes involucrados por el procesado en la trama están ya bajo el paraguas de sus siglas.
La secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, puso voz ese día al argumentario: “Hoy se están juzgando acontecimientos que ocurrieron hace muchos años y todos, pero especialmente los que militamos en el Partido Popular, lo que esperamos es que se diriman de una vez las responsabilidades penales”.
Desde entonces otros dirigentes han repetido ese mantra. En la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Soraya Sáenz de Santamaría volvió a sacudirse este viernes del escándalo, alegando que se juzgan "hechos de los 90". El viceportavoz Pablo Casado ya se había quitado de en medio en el inicio de semana: "Yo estaba en COU".
Esa es la estrategia del Partido Popular: hacer ver que Correa, el fontanero que “vivía en Génova” hasta 2004 pero que luego siguió haciendo negocios con el partido en Valencia y Madrid, el tipo para todo que organizaba mítines, convenciones, campañas y viajes, incluso para el presidente José María Aznar, el testigo de boda de su hija Ana con Alejandro Agag en El Escorial, forma parte del pleistoceno de la política. Que no tiene nada que ver ni con el PP ni con su líder, Mariano Rajoy.
Por si acaso, el abogado del partido, señalado por el escrito de la Fiscalía como beneficiario a título lucrativo de la trama, se ha sumado a la estrategia del resto de presuntos para intentar invalidar el juicio.
La tesis de que esto no afecta al PP actual explota solo una parte de lo contado por el propio Correa estos días en el edificio de la Audiencia Nacional en San Fernando de Henares: que su red dejó de trabajar con el partido cuando Rajoy tomó las riendas de Génova 13 porque con el nuevo presidente "no había química".
Pero la principal revelación en las más de 10 horas de interrogatorio del principal imputado de Gürtel implica políticamente en el escándalo a su actual líder y presidente en funciones, Mariano Rajoy, que ahora opta a la reelección.
La clave de la declaración por entregas de Correa es su explicación del procedimiento que le llevó a acumular 21 millones de euros en Suiza. Correa contó durante el interrogatorio de la fiscal de Anticorrupción, Concepción Sabadell, que el dinero proviene de las comisiones del "2 o el 3%" que determinadas constructoras le pagaron a él por lograr obras públicas que adjudicaba el Gobierno de José María Aznar, (en cuyo Consejo de Ministros estaba sentado Mariano Rajoy).
Al entrar en detalles, explicó que esas mordidas las había entregado él al tesorero del partido Luis Bárcenas y a Génova. Estas fueron sus palabras exactas: " Venía un empresario nos daba la licitación a ver si podemos conseguir que esta obra sea para nosotros, yo se la pasaba a Luis Bárcenas que la gestionaba con el correspondiente ministerio y si conseguíamos la adjudicación el empresario entregaba un porcentaje del 2 o el 3% y yo se lo llevaba a Génova".
Por si había alguna duda, en otro pasaje del interrogatorio Correa aseguró que el dinero iba al Partido Popular: "Yo no sé la cantidad que he llevado al Partido Popular correspondiente a haber gestionado obras, puede ser que hayan sido 1.000 [millones de pesetas, la cifra que dijo haber llevado a Bárcenas a su casa en una de las grabaciones que dieron origen al caso] o hayan sido más o hayan sido menos [...] no niego que haya sido así, pueden haber sido 1.000, 2.000 [millones de pesetas]". "Eran carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente, diferentes obras".
Esa fue la bomba de su primer día de interrogatorio. Para el segundo se reservó otros dos anuncios: que los contratos amañados tenían su origen en los ministerios de Fomento (era obvio, las obras del AVE nacieron ahí) y Medio Ambiente. Y que gracias a esos sobornos obtuvieron contratos las constructoras OHL, Dragados y ACS.
Esas constructoras tardaron sólo minutos en anunciar querellas contra Correa, algo que no ha hecho nadie del Gobierno de Aznar, el señalado por amañar los contratos y en cuyo Consejo de Ministros se sentó Mariano Rajoy, entre 1996 y 2000 como ministro, y los cuatro años siguientes ya como vicepresidente.
Antes de empezase a cantar el jueves, uno de los constructores beneficiados, Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica y procesado también en Gürtel I, que se adjudicó contratos con el último Gobierno de Aznar por 703 millones de euros, ya se había ablandado ante el tribunal.
Desde el banquillo, ratificó el escrito remitido previamente a la Fiscalía en el que reconocía pagos de 1,3 millones a políticos del PP para conseguir adjudicaciones en el municipio de Boadilla. Sentado en el banquillo dijo algo más: aclaró que algunas de las entregas que hizo a Correa eran para los "organismos centrales" del partido.
Si se cruzan estas declaraciones con los Papeles de Barcenas, la contabilidad B del PP, cuya autenticidad ha certificado el extesorero, sale que Constructora Hispánica realizó donaciones al PP por 150.000 euros entre 2000 y 2006. En esas mismas anotaciones a mano de Bárcenas que destaparon la caja B del partido, figura también OHL, la firma de Villar Mir, y en el apartado de Galicia figuran además supuestas aportaciones de ACS. Son las constructoras que, según declaró Correa el viernes, pagaban mordidas a cambio de contratos millonarios.
Bárcenas también había contado cuando declaró en la Audiencia Nacional ante el juez Pablo Ruz, uno de los instructores de esta causa, que al tanto de la caja B estuvieron "todos los secretarios generales del PP". Rajoy ocupó ese cargo en 2003 y 2004, y según los propios cuadernos de Bárcenas desde el año 2000 aparece como uno de los vicesecretarios perceptor de sobresueldos trimestrales que salían de esa contabilidad paralela. De la caja B a la que iban a parar los sobornos que los adjudicatarios de obra pública pagaban a Correa y Bárcenas.
Pese a la gravedad de las revelaciones acerca de los Gobiernos de Aznar, donde Rajoy tuvo un papel muy destacado y llegó a ser número dos, nada de lo contado por Correa sobre el amaño de esas obras en los ministerios va a tener efecto sobre esta causa, que juzga adjudicaciones manipuladas en distintas administraciones de Madrid, Castilla León y Andalucía. Y el plazo de prescripción de los delitos que Correa insinúa que se pudieron cometer a principios de los años 2000 hace muy improbable la apertura de otra pieza separada por las adjudicaciones del Gobierno de Aznar: la malversación de fondos públicos grave caduca a los 15 años, igual que el cohecho.
http://m.eldiario.es/politica/Correa-Rajoy-vicepresidente-Gobierno-PP_0_569393851.html
CORREA GOLPEA AL PP AL CONFESAR QUE EL COBRO DEL 3% EN MORDIDAS ERA UNA “PRÁCTICA” HABITUAL
Tras siete años de silencio, el jefe de la trama Gürtel confiesa que llevó durante años a la sede nacional del PP en la calle Génova las comisiones, "el 2 o el 3%", pagadas por adjudicatarios de obra pública
El acusado explica la mecánica: ante una empresa interesada en una licitación, Bárcenas hacía gestiones "con el correspondiente ministerio", el adjudicatario pagaba luego la mordida y él, que se reservaba una parte, entregaba al partido el porcentaje pactado
Tras siete años de silencio, casi cuatro de ellos en prisión, Francisco Correa asestó ayer al PP un golpe monumental en el primer macrojuicio de Gürtel. El considerado jefe de la trama Gürtel, papel que él mismo vindicó a lo largo de una declaración de casi siete horas que proseguirá hoy viernes, lanzó casi al final de la tarde el misil: el cobro de mordidas de entre el 2% y el 3% a empresarios interesados en obtener contratos públicos -dijo- fue "la práctica" durante años.
Correa, para quien la Fiscalía pide 125 años de cárcel por varios graves delitos de corrupción y que busca obtener una condena más benévola a cambio de su confesión, ya había aportado por la mañana el primer dato inquietante para el PP desde el punto de vista político más que penal: que en 1996, tras la llegada de José María Aznar a la Moncloa, él mismo acordó con Luis Bárcenas conseguir adjudicaciones para empresarios que luego iban "a colaborar con el partido". Ya en ese momento Correa reconoció que había pagado actos electorales de Pozuelo y Majadahonda (Madrid) en las elecciones de 2003. Y que en Valencia había facturado a constructores por servicios en realidad prestados al PP.
Fue en ese marco donde encajó la declaración más ilustrativa sobre la simbiosis entre la trama Gürtel y el PP: "Yo me pasaba el día en Génova. Estaba más tiempo allí que en mi despacho, era mi casa", dijo.
Por la tarde, Correa lanzó la munición definitiva con las siguientes palabras: "Yo no sé la cantidad de dinero exacta que le he llevado al Partido Popular correspondiente a esas gestiones de haber gestionado [la adjudicación amañada de] obras , puede que hayan sido 1.000 millones [de pesetas] o que haya sido más o menos. No lo he contabilizado, puede que fueran 1.000 o 500 o 2.000".
Pero lo que es cierto -agregó tras espetar a la fiscal Concepción Sabadell que no se quedara con el detalle de los 1.000 millones sino con el concepto- es que eso era lo habitual: "Lo que es cierto es la práctica", fueron sus palabras textuales. ¿Qué tipo de adjudicaciones eran aquellas?, inquirió ahora Sabadell. "Carreteras, autopistas, obras del AVE, de medio ambiente, eran diferentes obras", respondió el acusado antes de explicar cuál era la mecánica: el empresario en cuestión le comunicaba que estaba interesado en obtener una licitación, "Luis Bárcenas gestionaba con el correspondiente ministerio, el empresario pagaba el 2 o el 3% y yo se lo llevaba a Génova". "A veces lo he entregado en Génova y a veces en su casa", agregó. El receptor del dinero –asegura Correa– siempre era Bárcenas.
Cuando disparó, Correa estaba respondiendo a una pregunta de Sabadell sobre una de las grabaciones subrepticias que hizo el exconcejal del PP José Luis Peñas y terminó poniendo en manos de Anticorrupción. Es en esa charla, donde Correa se jacta de haber llevado 1.000 millones de pesetas a Luis Bárcenas a Génova por obras de la etapa de Cascos. Este jueves, Correa minimizó por completo lo que se oye en esa charla en relación a cómo él mismo sabía dónde ocultaba Cascos el dinero. Aquello, dijo el acusado, fue un calentón propio de quien se ha tomado una copa de vino.
El acusado no dio detalles sobre qué empresarios pagaron ese "2 o 3%% de comisión ni la Fiscalía se lo preguntó, aunque el interrogatorio continuará hoy viernes. Distintas fuentes sostienen que además de a la Fiscalía y a su defensa responderá también, como mínimo, a una de las tres acusaciones populares: la ejercida por los socialistas valencianos.
La pomada del PP y la falta de química con Rajoy
Correa, que durante la sesión nombró varias veces a Aznar como de pasada y describió a su yerno, Alejandro Agag, como alguien que había sido su "íntimo amigo", se ocupó de remarcar que la relación de la trama con el PP nacional acabó "en 2004 o 2005". ¿Por qué motivo?, interrogó la fiscal. El acusado contestó así: "Porque trabajábamos con todo el equipo de Aznar, nombran presidente del partido a Rajoy y creo que Pablo Crespo [que fue secretario de organización del PP gallego y a quien se lo había presentado el ya fallecido Xosé Cuiña, dijo] no tenía una muy buena relación con Rajoy en Galicia, no había una química. Luego iniciamos una actividad en Valencia".
De Rajoy,director de las campañas electorales en 1996 y 2000 como vicesecretario de organización, secretario general del partido entre 2003 y 2004 y miembro de los sucesivos gobiernos de Aznar, Correa no dijo nada más. Sí añadió en cambio algo, deslizado como dato casual, que refuerza su propio relato sobre la vinculación de Gürtel con la etapa del aznarismo, etapa que la mayor parte de los juristas conocedores del caso Gürtel entienden prescrita desde el punto de vista penal.
Ocurrió tras la audición de una conversación intervenida por la Policía y en la que el jefe de la red corrupta charlaba con el exconsejero madrileño de Inmigración, el también acusado Carlos Clemente. El tono de la charla y lo que Correa vino a considerar algo así como normalidad empresarial entre los dos interlocutores le hizo exclamar que acababa de tener "un subidón" de alegría. Y que escucharlo le corroboraba en la idea de que la operación policial lanzada por Baltasar Garzón en febrero de 2009 carecía en su opinión de sentido. "Me lo podía haber esperado en 2003, 2004, cuando estaba en la pomada del PP", afirmó.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/14/correa_golpea_confesar_que_cobro_del_mordidas_era_una_quot_practica_quot_habitual_56185_1012.html
COMPAÑÍAS COMO OHL, ACS Y DRAGADOS PAGARON ‘MORDIDAS’ A CAMBIO DE CONTRATOS, SEGÚN CORREA
El líder de Gürtel entregaba las licitaciones a Luis Bárcenas. Las obras irregulares procedían de “diversos” ministerios, como Fomento y Medio Ambiente.
El cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, ha reconocido ante la Audiencia Nacional que “grandes compañías, grandes constructoras como OHL, ACS y Dragados” pagaron mordidas a cambio de adjudicaciones de obras públicas de “diversos” ministerios.
Los ministerios que accedieron a realizar estos supuestos contratos irregulares fueron “diversos: Fomento, Medio Ambiente…”, ha explicado.
“Son pagos por éxitos”, ha destacado Correa. Las empresas les pagaban la comisión acordada, el líder de la Gürtel se quedaba una parte “y el resto se llevaba Luis Bárcenas”.
Interrogado por la fiscal Anticorrupción, Concepción Sabadell, Correa ha admitido que su socio Plácido Vázquez era quien hablaba con dichas empresas. Le venía con la licitación de las grandes empresas y le decía: “Oye, mira, la compañía OHL me ha dado esta petición de obra a ver si me la puedes gestionar....”
La Fiscal ha preguntado cuánto tiempo duraron estos cobros de cohechos y Correa ha asegurado que fue “durante tres o cuatro años”.
Sabadell ha preguntado entonces si esos años coinciden con el mismo periodo que el que dijo ayer, cuando Correa aseguró que trabajó con el Partido Popular a nivel nacional hasta que llegó Mariano Rajoy. El líder de Gürtel ha respondido afirmativamente.
Y no ha habido más preguntas de la Fiscalía Anticorrupción sobre estos manejos con las grandes empresas por mediación de Bárcenas en la sede nacional de Génova, donde Correa llevaba sus sobres con las comisiones en metálico.
La fiscal Sabadell ha girado su interrogatorio hacia sus negocios con Jesús Sepúlveda, en concreto sobre el supuesto sueldo que pagaba al entonces marido de la exministra Ana Mato.Alianza con Bárcenas
Las comisiones que cobraban a las grandes empresas eran del 2 y 3% que él repartía con el tesorero del PP, quien se encargaba de gestionar la adjudicación “con el correspondiente ministerio”, según reconoció Correa en la sesión de este jueves.
El líder de la trama llevaba el dinero de la mordida a Bárcenas “a Génova o su casa”, en relación con la calle donde está situada la sede central de dicho partido en Madrid.
"Eran carreteras, autopistas, obras del AVE, de Medio Ambiente, diferentes...", aclaró Correa quien admitió que intervino en la concesión “de muchas obras, ni en diez, ni en veinte, ni en treinta, en muchísimas obras".
"Venía un empresario, nos daba una licitación, nos decía qué quería conseguir y nosotros mediábamos", explicó al tribunal en la sesión de ayer jueves.
La alianza con Luis Bárcenas la sitúa en 1996, cuando el tesorero le explicó: “Tú tienes contactos con empresarios y yo con políticos, vamos a intentar hacer gestiones para cuando salgan los concursos públicos de la Administración, intentar favorecer o adjudicar a algunos de estos empresarios que luego van a colaborar con el partido”.
http://m.publico.es/politica/1975243/companias-como-ohl-acs-y-dragados-pagaron-mordidas-a-cambio-de-contratos-segun-correa
EL CONSTRUCTOR GARCÍA-POZUELO DICE QUE PARTE DE LAS COMISIONES ILEGALES QUE PAGÓ SE ENTREGARON A BÁRCENAS
Declara en el juicio de la Gürtel que Francisco Correa le confesó en una ocasión que las mordidas iban a parar a manos del extesorero del PP
Su objetivo es conseguir una rebaja en la pena de cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de cohecho que pide para él la Fiscalía Anticorrupción
El empresario y expresidente de Constructora Hispánica Alfonso García-Pozuelo ha reconocido este martes los hechos de los que le acusa la Fiscalía Anticorrupción en la vista en la que se le juzga junto a otros 36 acusados de participar en la primera época de la trama Gürtel. Además, ha apuntado que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, le confesó en una ocasión que parte del dinero que abonó en concepto de comisiones irregulares iba a parar a manos del extesorero del PP Luis Bárcenas.
García-Pozuelo, que sólo ha respondido a las preguntas formuladas por la fiscal Concepción Sabadell, ha ratificado el escrito en el que mostraba su arrepentimiento y que presentó en la Audiencia Nacional hace más de un año.
Su objetivo, conseguir una rebaja en la pena de cuatro años y medio de cárcel por un delito continuado de cohecho que pide para él la Fiscalía Anticorrupción. Así, el contructor ha reconocido ante el tribunal que abonó comisiones a Correa para lograr que éste intermediara a favor de su empresa para conseguir adjudicaciones públicas en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón, en la etapa como alcalde del también procesado Jesús Sepúlveda, exmarido de Ana Mato.
Según Anticorrupción, Sepúlveda percibió "como mínimo" 668.391 euros, parte de ellos en viajes y otros servicios. También recibió regalos destinados a sus hijos y a la que entonces era su mujer, Ana Mato, y se benefició de la organización de cumpleaños de los menores y una comunión.
Constructora Hispánica obtuvo la adjudicación en 2008 del proyecto de remodelación y acondicionamiento del camino de las Huertas y también de parte de la operación Asfalto de 2004. Por la primera adjudicación, García Pozuelo pagó a Correa una comisión de 49.591 euros, correspondiente al 3 por ciento del contrato, y por la segunda de 15.900 euros.
Anticorrupción también refleja en su escrito de acusación provisional que parte de los fondos entregados por García Pozuelo se "repartieron", presuntamente a cambio de otras adjudicaciones. Así en febrero de 2002, el empresario entregó 925.560 euros, de los que 270.000 euros fueron para Luis Bárcenas, 90.150 para el exdiputado del PP Jesús Merino y 471.245 euros para Correa. En diciembre de 2003, la entrega fue de un total de 600.000, que se repartieron entre Bárcenas (330.000) y Correa (270.000), precisó Anticorrupción.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/10/11/el_constructor_garcia_pozuelo_dice_que_parte_las_comisiones_ilegales_que_pago_entregaron_barcenas_56040_1012.html
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