CASO GÜRTEL  : VERSIÓN MADRID

La Sra Condesa Aguirre dixit : " Yo destapé la trama Gürtel"
( Asamblea de Madrid.08.04.10 )


LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA EN MADRID 

 

NUEVO BANQUILLO PARA EL PP POR LA GÜRTEL: BOADILLA

EL JUEZ DE LA MATA CREE QUE EL PP SE LUCRÓ CON LA TRAMA GÜRTEL EN BOADILLA

EL PSOE PIDE AL JUEZ QUE REGISTRE LA SEDE DEL PP DE BOADILLA DEL MONTE

GONZÁLEZ TABOADA, HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES, A UN PASO DEL JUZGADO

‘EL ALBONDIGUILLA’ SE ESCUDA EN UN CONSEJERO DE CIFUENTES PARA DEFENDER UNA ADJUDICACIÓN DE LA ‘GÜRTEL’

“ME DIERON LA ESPALDA EN EL PP POR ENEMISTARME CON CORREA”

EL ALBONDIGUILLA' INSINÚA QUE AZNAR PROPUSO COLOCAR A ALFONSO BOSCH

LA EXMUJER DEL 'ALBONDIGUILLA' DENUNCIA QUE SU EXMARIDO PODRÍA UTILIZAR SU DNI CON FINES DELICTIVOS

PANERO TENÍA CUENTAS EN SUIZA, HOLANDA Y CHINA

EL JUEZ RUZ PREGUNTA A GÉNOVA SI CONTROLABA EL DINERO EN LOS MUNICIPIOS 'GÜRTEL' DE MADRID

ROBERTO FERNÁNDEZ, IMPUTADO POR GÜRTEL Y DETENIDO POR MALOS TRATOS

YOLANDA ESTRADA Y GÜRTEL

RUZ ‘ASUSTA’ A ESPERANZA AGUIRRE: CITA A DECLARAR AL ‘CHICO QUE LE LLEVABA EL BOLSO.., LITERALMENTE’

RUZ CITA A DECLARAR AL CONCEJAL DE POZUELO QUE DESTAPÓ LA TRAMA

RUZ IMPUTA AL EXCONCEJAL DE HACIENDA ROBERTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

RUZ CITA AL EXALCALDE DE MAJADAHONDA Y AL CONCEJAL QUE DESTAPÓ EL CASO GÜRTEL

EL ALCALDE DE MAJADAHONDA: 'NO RECIBÍ NINGÚN REGALO DE GÜRTEL'

GÜRTEL: NUEVAS FACTURAS DE REGALOS A CARGOS POLÍTICOS

LA AGENCIA TRIBUTARIA CONCLUYE QUE LÓPEZ VIEJO DEFRAUDÓ DOS MILLONES DE EUROS

RUZ CITA A DECLARAR A LÓPEZ VIEJO POR LOS PAGOS QUE LE HIZO CORREA A CAMBIO DE CONTRATOS PÚBLICOS

GONZÁLEZ TEROL SIGUE GESTIONANDO EL URBANISMO CON EL PLAN GENERAL ANULADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO

EL INGENIERO DE POZUELO EXIGE 1,5 MILLONES A HISPÁNICA POR ADJUDICARLE VEINTE OBRAS

LA POLICÍA DICE QUE EL CONCEJAL QUE DENUNCIÓ GÜRTEL TAMBIÉN COBRABA

HACIENDA DESMIENTE QUE EL DINERO QUE LÓPEZ VIEJO TENÍA EN SUIZA PERTENECIESE A SU MUJER

BOADILLA, UN AYUNTAMIENTO A MEDIDA DE GÜRTEL

BOADILLA PERSIGUE EN LOS TRIBUNALES EL DINERO DE 'EL ALBONDIGUILLA'

GÜRTEL SE REPARTIÓ UNA COMISIÓN DE 1,8 MILLONES EN BOADILLA DEL MONTE

EL JUEZ RUZ INVESTIGA EL DESPILFARRO DE LOS ACTOS DE ‘PRIMERA PIEDRA’ DE AGUIRRE

RUZ DA A LA COMUNIDAD DE MADRID CINCO DÍAS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS YA PEDIDOS EN SEPTIEMBRE

Ruz exige al Gobierno de Madrid que diga quién pagó actos de Sanidad y Transportes

ANA GARRIDO: “NUNCA IMAGINÉ QUE EL PRECIO POR DENUNCIAR LA GÜRTEL IBA A SER TAN ALTO”

LA COMUNIDAD DE MADRID ESCONDE EN LA OPACIDAD LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓN ESTRELLA DE AGUIRRE

"ESPERANZA AGUIRRE ESTUVO EN FIESTAS PARTICULARES CON FRANCISCO CORREA"

EL INFORME DEL PELOTAZO DE MAJADAHONDA QUE NO QUISO VER ESPERANZA AGUIRRE

EL FACTOR ARGANDA

LA RED GÜRTEL PAGABA CON BILLETES DE 500

LAS PRUEBAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL IMPLICAN AL GERENTE DEL PP DE MADRID

EL GOBIERNO MADRILEÑO CULPA A LA POLICÍA DE NO REMITIR AL JUZGADO LA DOCUMENTACIÓN

LA IGAE AFIRMA QUE LA COMUNIDAD DE MADRID OCULTÓ AL JUEZ LOS CONTRATOS CON LA TRAMA GÜRTEL

EL PP OCULTÓ EL PAGO DE UNA CENA ELECTORAL DE ANA BOTELLA EN ARGANDA

BOADILLA, CONDENADA POR ACOSAR A LA TRABAJADORA 'ANTI-GÜRTEL'

EL ALCALDE DE ALCORCÓN, SITIADO: SU MUJER COBRÓ SUELDO ILEGAL ASESORANDO A UN IMPUTADO EN ‘GÜRTEL’

EL JUEZ DICE QUE LOS DELITOS DE LA GÜRTEL EN POZUELO NO HAN PRESCRITO

«NO TE QUEREMOS JODER LA VIDA»

LA POLICÍA CERTIFICA QUE GÜRTEL SUFRAGÓ GASTOS ELECTORALES DEL PP


NUEVO BANQUILLO PARA EL PP POR LA GÜRTEL: BOADILLA

El juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, propone juzgar al Partido Popular por lucrarse con las actividades ilícitas de la Gürtel en la localidad de Boadilla en un total de 204.198 euros

Es una de las consecuencias del auto emitido este miércoles, en el que el magistrado titular del juzgado central de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, propone juzgar a 27 personas por las acciones del entramado corrupto en la localidad madrileña de Boadilla. El juez considera que el PP también tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados como "partícipe a título lucrativo". Se habría beneficiado de 204.198 euros, al recibir cantidades y el abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el grupo de Francisco Correa, a cambio de adjudicaciones.

No es la única parte de la Gürtel en la que el PP como partido resulta señalado beneficiario de forma irregular de las acciones de la trama, según la justicia. También ha sucedido en la pieza central, y en concreto en Pozuelo y Majadahonda, se investiga en Arganda, sus dirigentes van a juicio en Valencia, y también el partido irá al banquillo como responsable civil subsidiario en la caja B.

El juez José de la Mata ha abierto pieza separada dentro del caso Gürtel sobre las actividades presuntamente ilícitas cometidas en Boadilla del Monte alrededor del grupo de Francisco Correa y dicta auto de transformación a procedimiento abreviado en el que propone juzgar a 27 personas físicas y fija la eventual responsabilidad civil subsidiaria a 11 sociedades mercantiles y al PP como partícipe a título lucrativo.

En dos autos, el juez explica que la presente causa gira en torno a la actividad de Correa y otros, a través de un complejo entramado societario, “de entrega a funcionarios y autoridades con competencia o influencia en el ámbito de contratación, de valiosos regalos o importantes cantidades de dinero con el ánimo de conseguir adjudicaciones públicas (para sus propias empresas o las de terceros) de forma irregular”.

Los hechos serían constitutivos de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos.

Según las resoluciones, esta pieza separada alcanza la actividad desarrollada desde, al menos 2001 hasta febrero de 2009, por Correa y las sociedades integradas en su grupo en Boadilla del Monte “dirigida a enriquecerse de modo ilícito con la manipulación de la contratación pública y con cargo a los fondos de las entidades municipales de esa localidad”.

El juez añade que “esta actividad comprende tanto la obtención de contratos públicos para sus empresas y para empresas de terceros a cambio de la correspondiente comisión, como el apoderamiento directo de los fondos de las entidades públicas de este municipio”.

Para ello, Correa impulsó la creación de un grupo, con la colaboración de Pablo Crespo, al que se fueron incorporando progresivamente autoridades y funcionarios públicos del municipio como José Galeote, Arturo González Panero, César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor, “que en la práctica llegó a dirigir toda la contratación pública de Boadilla del Monte, especialmente en la EMSV”.

Dichas actividades, explica el magistrado, reportaron como mínimo a Correa 2,7 millones de euros; a Crespo 593.000 euros; a Galeote 557.609 euros; a González Panero 1,8 millones; a Martín Morales 1,3 millones y a Bosch Tejedor 941.652 euros.

El grupo, señala el auto, favoreció, “siempre a cambio de distintas comisiones y pagos ilícitos a distintas personas y sociedades” como SUFI SA, Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios, a UFC SA, A Teconsa, a Artas Consultoría y Rústicas MBS SL y a Easy Concept Comunicación, entre otras.

Además, Correa efectuó distintos reglaos en efectivo y en especie a algunos miembros del grupo en consideración a su integración en el mismo y al cargo que desempeñaban y en pago de las adjudicaciones a las sociedades de eventos vinculadas a aquel. Añade que González Panero, como otros, “implementó igualmente una estrategia para ocultar una parte de los fondos recibidos”.

Respecto a la consideración del PP como partícipe a título lucrativo, señala el juez que con las maniobras de los imputados consiguió que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales.

“El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a SUFI SA (24.901,09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247,55 euros)”, sostiene De la Mata.

Entre las 27 personas contra las que se dirige el procedimiento se encuentran Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Arturo González Panero, José Galeote, César Tomás Martín Morales, Alfonso Bosch Tejedor, Alfonso García Pozuelo, José Luis Ulibarri, Jacobo Gordon, o José Ramón Blanco Balín, entro otros. A 13 de estos 27, el juez acuerda excluirles del procedimiento principal de la Gürtel.

http://cadenaser.com/ser/2016/05/25/tribunales/1464182158_347993.html

EL JUEZ DE LA MATA CREE QUE EL PP SE LUCRÓ CON LA TRAMA GÜRTEL EN BOADILLA

El magistrado propone juzgar a 27 personas en esta pieza separada del caso Gürtel

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha concluido su investigación sobre los negocios de la trama Gürtel de corrupción en Boadilla del Monte (Madrid) durante los años de alcaldía de Arturo González Panero. El magistrado, que propone juzgar a 27 personas en esta pieza separada, considera al PP partícipe a título lucrativo de esta red de corrupción, ya que supuestamente se benefició de 204.198 euros utilizados para financiar campañas electorales.

En esta causa se investigan los sobornos que las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, entregaron entre 2001 y 2009 a funcionarios y autoridades de Boadilla del Monte para supuestamente conseguir adjudicaciones públicas para estas mismas sociedades o empresas de terceras personas. La red, señala el magistrado, "llegó en la práctica a dirigir toda la contratación pública" de la localidad, especialmente la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS), de la que dependía el urbanismo de esta rica localidad limítrofe con Madrid capital.

Correa y su mano derecha, Pablo Crespo, crearon un grupo al que se fueron incorporando paulatinamente autoridades y funcionarios públicos del municipio como José Galeote, Arturo González Panero, César Tomás Martín Morales y Alfonso Bosch Tejedor. El grupo benefició, siempre a cambio de comisiones, a distintas personas y sociedades como SUFI S. A., Constructora Hispánica S. A., UFC, Teconsa, a Artas Consultoría y Rústicas MBS SL y a Easy Concept Comunicación, entre otras. Estas contrataciones irregulares, explica el magistrado, reportaron como mínimo a Correa 2,7 millones de euros; a Crespo, 593.000 euros; a Galeote, 557.609 euros; a González Panero, 1,8 millones; a Martín Morales, 1,3 millones; y a Bosch Tejedor, 941.652 euros.

Los hechos serían constitutivos, según el juez De la Mata, de los delitos de asociación ilícita, prevaricación, fraude a las administraciones públicas, cohecho, falsedad continuada en documento mercantil, tráfico de influencias, contra la hacienda pública, blanqueo de capitales y malversación de caudales públicos. Tanto el exregidor González Panero, como otros imputados, pusieron en marcha una estrategia para ocultar una parte de los fondos recibidos.

Respecto a la consideración del PP como partícipe a título lucrativo, señala el juez que con las maniobras de los imputados consiguió que distintas empresas asumieran el pago del coste de bienes y servicios necesarios para la ejecución de distintos actos de partido y electorales.

“El Partido Popular habría resultado beneficiado con la actuación del grupo en cuantía de 204.198 euros al recibir cantidades y abono de servicios de las comisiones ilícitas conseguidas por el Grupo Correa por las adjudicaciones a SUFI SA (24.901,09 euros), Constructora Hispánica SA y EOC de Obras y Servicios SA (30.050 euros), Teconsa (120.000 euros), así como por las verificadas a sociedades del grupo Correa (29.247,55 euros)”, sostiene De la Mata.

Entre las 27 personas contra las que se dirige el procedimiento se encuentran Francisco Correa, Pablo Crespo, José Luis Izquierdo, Arturo González Panero, José Galeote, César Tomás Martín Morales, Alfonso Bosch Tejedor, Alfonso García Pozuelo, José Luis Ulibarri, Jacobo Gordon, o José Ramón Blanco Balín, entro otros. A 13 de estos 27, el juez acuerda excluirles del procedimiento principal de la Gürtel.

Además, el titular del Juzgado Central de Instrucción 5 acuerda el sobreseimiento provisional respecto de cinco personas.

http://politica.elpais.com/politica/2016/05/25/actualidad/1464181320_387913.html

TEMOR A QUE EL SUPREMO ABRA LA PUERTA PARA 'CERRAR' LA GÜRTEL CON ‘LA EXCUSA’ DE LA PRESCRIPCIÓN

“Con ese razonamiento concluiría que el delito estaba prescrito”. Esta frase, perdida en la página 32 de la resolución del juez Antonio del Moral, instructor en el Tribunal Supremo del llamado caso Jerez, pieza separada de la trama Gürtel, ha provocado alarma en medios jurídicos del Alto Tribunal y entre quienes siguen. Y lo ha hecho por una razón: el temor a que esa puerta, la de la prescripción, se convierta en la de escapatoria para muchos inculpados en este escándalo de corrupción que afecta tan gravemente al Partido Popular.

La historia de una controvertida decisión

Recapitulamos los hechos para mejor entender la situación. El caso Jerez (la concesión irregular de una serie de contratos municipales a empresas de la trama Gürtel) por el aforamiento de su principal investigada, la entonces alcaldesa y también senadora del PP María José García Pelayo, acabó en el Tribunal Supremo.

Aunque el juez instructor de la causa en la Audiencia Nacional, José de la Mata, habló en su escrito de “ilegalidad patente y grosera” en la actuación de la exalcaldesa, el magistrado del supremo que recibió e instruyó el asunto, como decimos Antonio del Moral, hace sólo unos días, para sorpresa de muchos de los involucrados en el caso, dictaminó exculpar a María José García Pelayo. Básicamente lo hacía porque, al tiempo que reconocía que había delito en la actuación del ayuntamiento, paradójicamente venía a decir que no la consideraba responsable de los documentos que ella misma había firmado: "no existir indicios suficientes de participación deliberada de la investigada en los hechos supuestamente delictivos", se lee en la conclusión en la que el juez pide cerrar el caso.

Pero pasó desapercibido en los medios de comunicación, que no en los jurídicos, otra decisión del magistrado, calificada de sorprendente en esos mismos ambientes: la de ‘concluir’ que el delito en cualquier caso estaba sobreseído porque se había producido en 2004, y habían pasado más diez años desde la comisión de los delitos a las acusaciones. La sorpresa no estaba basada sólo por el dictamen en sí, sino aún más por el hecho de que con la frase que se abre este artículo, se abriera esa puerta, cuando ni fiscalía, ni acusación habían puesto énfasis alguno en el hecho.
Una puerta por la que intentarían colarse otros

La decisión de Antonio del Moral no es definitiva, está pendiente de que se acepte un recurso de la acusación. En cualquier caso, la decisión final acabará en la Sala Segunda del Supremo. El problema que ven medios jurídicos con los que ha hablado ELPLURAL.COM es que esta puerta de la prescripción, como hemos apuntado, no sólo valiera para que pasara por ella en último caso María José García Pelayo independientemente de si se rechaza la argumentación del instructor del Moral en el sentido de que no era responsable de los documentos que firmó, sino que podría ser un antecedente por el que intentaran al final escapar muchos de los imputados cuando se vean sus casos en la Audiencia Nacional.

En esos mismos medios jurídicos también se subraya el hecho de que la presidencia de la Sala Segunda del Supremo está en manos del magistrado Manuel Marchena. Un juez tan conocido en el ambiente judicial por su extraordinaria preparación y su valor profesional, como por su conservadurismo ideológico y su cercanía al partido en el Gobierno.

Famoso por haber sido el ponente en la inhabilitación de Baltasar Garzón, ha quedado patente su relación con la Fundación Wolters Kluwer, en cuyo consejo asesor se encuentran los exministros del PP José María Michavila y Ángel Acebes. Con este último, por cierto, cuando estaba imputado en el propio caso Gürtel, tan sólo hace dos años, en el digital El Confidencial publicaron que había compartido lo que se calificaba como “comida pantagruélica”.

La aceptación de la prescripción del caso Jerez en la Sala Segunda del Supremo sería una extraordinaria noticia por tanto para todos los imputados, incluido el propio PP como partido, ante un otoño sin duda caliente en los tribunales. Y es que en octubre, cuando quizás se esté aun negociando la formación del nuevo gobierno, podría estar cerrándose el sumario de la Púnica y abriéndose el macrojuicio por la primera parte de la Gürtel, con decenas de acusados incómodos del propio PP y de su órbita.

http://www.elplural.com/2016/05/20/temor-que-el-supremo-abra-la-puerta-para-cerrar-la-g-rtel-con-la-excusa-de-la-prescripci

SÁENZ DE SANTAMARÍA LA LÍA: EL DINERO B QUE SE LLEVÓ BÁRCENAS PODÍA HABER SERVIDO AL PP “PARA MUCHAS COSAS”

Y pide tranquilidad sobre el pago de la multa porque su partido se financia… ¡con dinero público!

Por si había alguna duda el juez De la Mata ha dejado claro que el ‘caso Bárcenas’ no es otro que el ‘caso PP’ al obligar al partido a depositar 1,2 millones de de euros en concepto de fianza como responsable civil subsidiario por la caja B de su extesorero. El asunto es de tal magnitud que en la formación azul siguen sin saber cómo dar explicaciones públicas sobre ello y la prueba está en el lío que se hizo el martes la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, durante una entrevista en la cadena COPE.

El confuso discurso de la vicepresidenta sobre "ese señor"
La popular defendió varias posturas a la vez a la hora de referirse al caso, la primera poner en duda lo sucedido e insistir, aunque de una forma algo confusa, en que el PP era el principal damnificado de confirmarse todo: “Si ese señor se demuestra que ha hecho realmente lo que se supone que ha hecho según esos sumarios, sencillamente porque en nuestro crédito y nuestra gestión nos ha supuesto mucho daño”.

Luego dio otras dos razones de ese daño al partido, porque “nos repugna” el proceder del extesorero y porque el dinero que se ha podido llevar “eran recursos del Partido Popular” que “deberían haber servido para hacer más cosas del partido”. 

"En la misma frase estamos rechazando el delito y reclamando el botín"

No quedó ahí la cosa porque la vicepresidenta quiso ‘tranquilizar’ a los españoles en torno a la capacidad de su partido para pagar la multa: “Todo el mundo tiene que tener una tranquilidad, el PP como el resto de partidos políticos o como los sindicatos una parte de sus ingresos provienen de los Presupuestos Generales del Estado, con lo cual el riesgo de impago es mínimo por no decir nulo”. 

En Todo por la radio de la cadena SER analizaron el momento surrealista de Sáenz de Santamaría, que puso al nivel de otros deslices famosos cometidos por Cospedal o el “gran Floriano”. “En la misma frase estamos rechazando el delito y reclamando el botín”, resumieron sobre la reivindicación de la popular de “las cosas” que podía haber hecho con la presuntamente caja B gestionada por Bárcenas.

http://www.elplural.com/2016/05/25/s-enz-de-santamar-la-l-el-dinero-b-que-se-llev-b-rcenas-pod-haber-servido-al-pp-para

EL PSOE PIDE AL JUEZ QUE REGISTRE LA SEDE DEL PP DE BOADILLA DEL MONTE

Los socialistas presentan en la Audiencia Nacional una batería de diligencias después de que el informe de la IGAE destapara múltiples irregularidades en la contratación del consistorio con las empresas de la trama

El PSOE ha registrado un escrito ante el juez de la Audiencia Nacional, José de la Mata, después del informe de la IGAE que reveló numerosas irregularidades en los contratos menores del Ayuntamiento de Boadilla con las empresas de la trama Gürtel.

Los socialistas ponen bajo la lupa 20 adjudicaciones y entre las diligencias que solicitan figura la entrada y registro en la sede de los populares en el municipio. Dice el escrito que es una diligencia necesaria para “peritar e intervenir las obras de reforma de la sede”. Los socialistas apuntan a una presunta financiación ilegal al haberse abonado estos trabajos “con dinero público pagado a través de la empresa municipal de la vivienda”. Orden de entrada y registro también para “incorporar a las actuaciones el proyecto y la licencia de obras y funcionamiento concedida por el Ayuntamiento para la nueva sede”.

En cuanto a la veintena de contratos menores sospechosos piden que se cite a declarar como imputados a 14 personas para aclarar las sospechas de amaño. Entre ellos, Pablo Crespo, Arturo González Panero, Alfonso Bosch, Tomás Martín Morales, Javier Nombela e Isabel Jordán.

http://cadenaser.com/emisora/2015/12/07/radio_madrid/1449466794_594073.html

GONZÁLEZ TABOADA, HOMBRE FUERTE DE CIFUENTES, A UN PASO DEL JUZGADO

La acusación particular de la 'Gürtel' pide que la Audiencia Nacional le llame para declarar sobre supuestas presiones en una operación inmobiliaria de 30 millones de euros

La Asociación de Abogados Demócratas por Europa (ADADE), la principal acusación popular tanto en los juicios contra la trama Gürtel como en la operación Púnica, ha presentado este viernes un escrito ante el juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional para que el magistrado llame a declarar a Jaime González Taboada, consejero de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid (CAM) por las acusaciones que se han planteado contra él como supuesto intermediario en una operación valorada en 30 millones de euros con el fin de abaratar una parcela del suelo público de Boadilla del Monte.

Presiones para rebajar el precio de una parcela en Boadilla

En concreto, García Taboada, verdadero pilar del Gobierno de Cristina Cifuentes y hombre de su máxima confianza, habría presionado para que el terreno, que había sido valorado por esa cantidad de 30 millones de euros, saliera a concurso por 19,4 millones. La acusación la hizo, en una comparecencia voluntaria, ante el juez José de la Mata, quien era el alcalde de Boadilla en aquel momento, el ‘popular’ Arturo González Panero, conocido popularmente a raíz de estallar el escándalo de la Gürtel como ‘el albondiguilla’.

La base del escrito de ADADE recoge que Arturo González Panero aseguró ante el juez que “Jaime González Taboada, que entonces era director general de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid, le presionó durante seis meses para que sacara a concurso una parcela por un valor de 19,4 millones de euros, cuando los técnicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte la habían valorado en 30 millones”.

Acusaciones contra El Albondiguilla de poco solidario con otros alcaldes que ‘tragaban’

En su exposición ante el juez de la Mata, el exalcalde de Boadilla explicó que puesto que la operación era tan importante que superaba el 25% de los recursos del propio Ayuntamiento, conforme a la ley tuvo que mantener varias reuniones con González Taboada que le presionó paralizando la operación con el argumento de que “la valoración de los técnicos autonómicos era de 19,4 millones”.

En la misma declaración, el Albondiguilla dijo al juez que González Taboada le explicó que mantener el precio que pretendía por la parcela de Boadilla, que suponía alcanzar los 2.000 euros por metro cuadrado, dificultaba la venta de otro terreno en Majadahonda que se estaba poniendo en venta por ‘sólo’ 1.400 euros el metro cuadrado. En su declaración González Panero llegó a decir, según el escrito de ADADE, que González Taboada le acusó de “falta de solidaridad y poco compañerismo con otros alcaldes del Partido Popular”. Esta operación, según el exalcalde de Boadilla, le costó la amistad con Francisco Correa.

Según ADADE, esta declaración pondría de relieve la existencia de presiones de la Comunidad, para favorecer a los promotores frente a los intereses de los municipios. En consecuencia piden al juez tanto que llame a declarar a González Taboada como que se requiera a la CAM para que envíe al juzgado el expediente de autorización de la venta de la parcela en cuestión de Boadilla del Monte.

Hay que recordar que la parcela en cuestión acabó definitivamente en manos del constructor José Luis Ulibarri, que se hizo con ella a través de su sociedad UFC. Ulibarri está imputado en el caso Gürtel (por cierto, la mano derecha de Ulibarri durante años ha sido Manuel Manovel, cuñado del conflictivo juez de la Audiencia Nacional Enrique López, apartado recientemente del trío de magistrados que tienen que ver el juicio por esta trama de corrupción).

Problemas para González Taboada.., problemas para Cifuentes

Como hemos contado en ELPLURAL.COM los problemas de González Taboada no sólo se circunscriben a la trama Gürtel, sino que también está salpicado de lleno por la trama Púnica, en la que se investigan por parte de la Guardia Civil hasta 8 contratos en los que podría verse involucrado el actual consejero madrileño.

El propio David Marjaliza, ha señalado ante el juez de la Mata a González Taboada como colaborador necesario en varios contratos entre sus empresas y la Comunidad. A pesar de ello, Cristina Cifuentes, la presidenta de Madrid, ha repetido varias veces, desde que estalló el escándalo, “su confianza” en Taboada, uniendo de alguna manera así, ya no podrá acreditar desconocimiento, su responsabilidad con el pasado de su consejero.

http://www.elplural.com/2015/12/18/gonzalez-taboada-hombre-fuerte-de-cifuentes-a-un-paso-del-juzgado/

‘EL ALBONDIGUILLA’ SE ESCUDA EN UN CONSEJERO DE CIFUENTES PARA DEFENDER UNA ADJUDICACIÓN DE LA ‘GÜRTEL’

El exalcalde de Boadilla aseguró al juez De la Mata que González Taboada trató de convencerle de que vendiera a 19,4 millones un terreno valorado en 30 millones

El exregidor relató que Francisco Correa le acusó de ser "mal compañero" al valorar la finca municipal a 200o euros el metro cuadrado cuando en Majadahonda habían tasado otra a 1.400 euros

La colaboración de Suiza y otros 20 países permite a los jueces de ‘Gürtel’ realizar 597 actuaciones sobre los imputados

El excalde del PP de Boadilla del Monte (Madrid) Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla por los integrantes de la trama Gürtel, se escudó durante su declaración este miércoles en la Audiencia Nacional como imputado en el actual consejero de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio de la Comunidad de Madrid, Jaime González Taboada, para justificar el precio de adjudicación de una parcela, que según el sumario benefició a la red corrupta liderada por Francisco Correa.

En concreto González Panero, que declaró por primera vez ante el magistrado José de la Mata tras negarse en tres ocasiones, aseguró que González Taboada, que entonces era director general de Cooperación con la Administración Local de la Comunidad de Madrid, trató de convencerle de que sacara a concurso una parcela por un valor de 19,4 millones de euros, cuando los técnicos del Ayuntamiento de Boadilla del Monte la habían valorado en 30 millones.

"A 30 millones suponía unos 2.000 euros el metro cuadrado. Y con ese precio la Comunidad de Madrid quedaba en evidencia, ya que en esa fecha había autorizado la venta de una parcela en Majadahonda a 1.400 euros. Y por eso mantuve varias discusiones con González Taboada. Pero él me decía que no me podía dar el visto bueno a los 30 millones. Pero yo le contestaba ¡Jaime, por dios, si no vale 19,4 millones!. Yo creo recordar que incluso, en tono de broma, llegamos a apostarnos si al final yo podía vender el terreno a 30 millones", aseguró González Panero en conversación con infoLibre.

Tres horas y media

Según la versión de González Panero, que declaró en la Audiencia Nacional durante tres horas y media, la Comunidad de Madrid tardó más de seis meses en aprobar la venta de la parcela: "Y la autorización de la Comunidad era necesaria, ya que cuando una operación de este tipo supera el 25% de los recursos del Ayuntamiento, se necesitaba el visto bueno del Gobierno regional", relató a este diario González Panero, que destacó que en el expediente de la adjudicación de la parcela figura la valoración de los técnicos de la Comunidad de Madrid, que era de 19,4 millones.

De esta forma, González Panero trata de justificar que la finca acabara en manos de la sociedad UFC, del empresario José Luis Ulibarri, también imputado en Gürtel. En julio de 2011, la policía judicial envió un informe al entonces instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, en el que le informaba acerca de posible entrega de un millón de euros por parte de Ulibarri a Correa tras adjudicarle el Ayuntamiento la parcela.

Asimismo, El Albondiguilla aseguró al juez que recibió la llamada del presunto cerebro de la trama, Francisco Correa, que le acusó de ser "mal compañero", ya que poco antes el entonces alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, había promovido la venta de otra parcela a un precio menor.

No hace declaraciones

Este periódico se ha puesto en contacto con la Consejería de Medio Ambiente, Administración Local y Ordenación del Territorio para conocer la versión de Jaime González Taboada, que ha preferido no hacer declaraciones al respecto.

Por otra parte, en su declaración el ex exregidor de Boadilla, municipio considerado el epicentro de la trama en la Comunidad de Madrid, acusó al extesorero del PP Luis Bárcenas de estar detrás del nombramiento del también imputado Alfonso Bosch Tejedor como gerente de la empresa municipal del suelo, que fue la que adjudicó varios terrenos a la trama: "Antonio Cámara, que es amigo de Aznar, me dijo, en plural: Estaríamos encantados si nombraras a Alfonso Bosch. Ya sabes para quién trabajo. Y fue cuando entonces yo entendí que la petición venía de Aznar", relató en el Juzgado González Panero.

En este sentido, González Panero aseguró al juez De la Mata que en 2004 se plantó ante Bárcenas, ya que se negó a adjudicar el contrato de mantenimiento de las calles del municipio a la empresa que éste le había indicado. "Luis, lo siento, pero se le va a dar a quien digan los técnicos", le dijo, según su propia versión de los hechos.

Cuentas en el extranjero

González Panero dijo también que no dispone de cuentas en el extranjero, a pesar de que Hacienda se las atribuye en Suiza y Holanda, y calificó de "disparate" que Correa sufragara sus viajes.

El exalcalde detallado que su relación con Bárcenas y Correa se enrareció en 2004 después de que estallara el caso Majadahonda, que supuso el relevo en la alcaldía de Guillermo Ortega por Narciso de Foxá, y de que el exconcejal de Boadilla fallecido Francisco Sánchez Arranz, próximo al extesorero y al presidente del Senado, Pío García-Escudero, según él, le pidiera que hablara con Bárcenas para realizar una adjudicación en Boadilla a Constructora Hispánica.

Según su relato, El Albondiguilla tuvo que decirle a Bárcenas que el contrato no se iba a adjudicar a esta empresa -cuyo presidente, Alfonso García Pozuelo, también está imputado en el procedimiento- porque su oferta estaba "muy mal puntuada por los técnicos". "Sánchez Arranz me preguntó a finales de 2004 y le dije que había hablado con Bárcenas y que no había nada que hacer", aseguró.

Habló con Aguirre

También dijo que Correa y Bárcenas le hicieron "responsable" del cambio de alcaldía en Majadahonda porque el nuevo alcalde, Narciso de Foxá, era "muy amigo" suyo y denunció "el tema de la parcela". "A partir de ahí, no solo dejé de tener trato con Correa sino que ni nos dirigíamos la mirada", dijo antes de señalar que, a partir de ese momento, se convirtió para la red Gürtel en "un obstáculo al que tenían que quitar". "Y se buscaron las fórmulas para quitarme", añadió.

El enfrentamiento llegó a tal punto, según González Panero, que en la confección de las listas de 2007 habló con la entonces presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, para que Sánchez Arranz no formara parte de su candidatura. Ésta, sin embargo, le dijo que tenía que convencer al antiguo responsable de las finanzas del PP. "Si no convences a Bárcenas, lo tengo que poner", aseguró que le dijo la presidenta regional.

Tras la declaración, solicitada a petición propia después de "siete años oyendo burradas" sobre su persona, González Panero resaltó que la única inversión que realizó en el extranjero fue un negocio conjunto con Correa, el expresidente de Vía Digital Pedro Pérez y el abogado Javier del Valle en el que desembolsó 36.000 euros.

Una casa en Marruecos

También reconoció que intentó comprar una casa en Marruecos que valía 99.000 euros utilizando pagarés a su cuenta y que es "mentira" que disponga de pisos en Miami o que tenga una "flota de vehículos". "Voy en mi Vespa y no tengo nada más que la Vespa", aseguró antes de denunciar que sufre "una persecución continua por parte del Ayuntamiento de Boadilla", informa Europa Press.

De igual modo, negó haber presionado en octubre pasado a un testigo, compañero de clase de su hijo, que aseguró que El Albondiguilla le había intentado convencer para que le dijera al juez que "no sabía nada" de la venta de un teléfono que el exalcalde habría utilizado para realizar algunas de sus operaciones sospechosas.

http://www.infolibre.es/noticias/politica/2015/12/10/albondiguilla_escuda_consejero_cifuentes_41976_1012.html

“ME DIERON LA ESPALDA EN EL PP POR ENEMISTARME CON CORREA”

Bárcenas y García-Escudero recomendaron al ex alcalde de Boadilla que trabajara con el líder de la trama Gürtel.

Arturo González Panero, alias 'El Abondiguilla', uno de los alcaldes de la trama Gürtel ha decidido hablar ante el juez después de seis años de silencio desde su imputación. Hoy se ha sentado frente a José de la Mata durante cinco horas para acusar al Partido Popular de favorecer a la trama que lideraba Francisco Correa. El ex alcalde de Boadilla del Monte ha señalado directamente a la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre; al actual presidente del Senado, Pío García-Escudero; el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas; y el ex número tres de Cristina Cifuentes, Jaime González Taboada.

Según ha asegurado ante el juez, ahora parece que nadie conoce a Correa pero antes de que el juez Baltasar Garzón hiciera estallar el 'caso Gürtel' era el empresario de cabecera en el PP. Es más, el empresario hacía alarde de ir a La Moncloa, ocupada por José María Aznar cuando se le antojara. El que fuera uno de los alcaldes del epicentro de la trama ha sostenido, según fuentes presentes en el interrogatorio, que fueron García Escudero, Bárcenas y el ex secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada, quienes le recomendaron a Correa. "Manejaba mucho en el partido", ha explicado durante su interrogatorio.

Sus problemas con el partido comienzan en 2005 a raíz de enemistarse con Correa hasta tal punto que se retiraron el saludo. Entonces, en el PP le dieron la espalda y empezaron a moverse para apartarle de la alcaldía aunque no dimitió hasta que saltó el escándalo en febrero de 2009. El enfrentamiento entre ambos pudo venir por el chantaje al que supuestamente le sometía el empresario madrileño. Del sumario se desprende cómo 'Don Vito' llegó a decir que tenía "un vídeo en el que se ve a Panero contando mucho dinero en una mesa, y que le chantajea con enseñarlo si no cumple con sus obligaciones". Sin embargo, él ha negado haber recibido nunca dinero de Correa y, es más, enemistarse con él le provocó muchas complicaciones en el partido.

EL PP LE PRESIONÓ

En esas fechas también tuvo un problema con los principales dirigentes de la Comunidad de Madrid por la valoración de una parcela para favorecer a la empresa UFC S.A., del empresario José Luis Ulibarri, también imputado. Según ha contado al juez, sufrió presiones desde la cúpula del PP para cambiar la valoración de los terrenos. Desde la Comunidad, concretamente el que fuera director general de Cooperación con la Administración Local, Jaime González Taboada, se le exigió que lo valorara en 19 millones de euros aunque él defendía que fuera por 30 millones, porque lo que quería era sacar el máximo beneficio para el Ayuntamiento y porque era el precio fijado por los técnicos.

En ese momento, uno de sus concejales Francisco Sánchez Arranz, a quien le presentó Correa antes de pertenecer a su equipo de gobierno, le dijo que antes de firmar nada respecto del pliego primero debía hablar con Bárcenas. “Le cesé cuando firmó los pliegos en contra de mi criterio. Al final, acabó llamándome Esperanza Aguirre para que que metiera a Arranz -fallecido recientemente- en las listas en 2007. Me dijo que si no convencía a Bárcenas tenía que meterle”, ha asegurado el ex edil a su salida de la Audiencia Nacional. “Bárcenas había dicho a Sánchez Arranz que me tenían que quitar del medio, que no hacía la cosas como debía”, ha añadido.

Por estas relaciones del PP con la trama, González Panero cree que el día de las detenciones los teléfono en la sede de la calle Génova “debían saltar humor”. El Albondiguilla', como le llama Correa y sus acólitos, ha esperado que estuvieran todas las pruebas apartadas en la causa para solicitar declarar voluntariamente. Cree que de la investigación se demuestra que él no ha tenido nada que ver con la trama y niega haber ocultado dinero en el extranjero.

Sin embargo, la Agencia Tributaria fija en 774.000 euros el dinero que el ex alcalde 'popular' ha ocultado en el extranjero, concretamente en China, a través de facturas falsas de muebles. Hacienda detectó que González Panero utilizó una sociedad instrumental radicada en Panamá. A través de la sociedad Longridge, con cuenta en el EFG Private Bank de Suiza, realizó al menos dos transferencias -de 465.000 y 309.000 euros- a dos entidades financieras chinas el 4 de octubre y el 2 de noviembre de 2012.

La Agencia Tributaria rastreó el origen de los fondos manejados en Suiza por la sociedad panameña y halló transferencias por valor de más de un millón de euros realizadas entre julio de 2005 y el día anterior a la realización de los registros judiciales del caso Gürtel.

http://www.elespanol.com/espana/20151209/85491477_0.html

EL ALBONDIGUILLA' INSINÚA QUE AZNAR PROPUSO COLOCAR A ALFONSO BOSCH

La Cadena SER ha accedido al interrogatorio del exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, conocido como 'El Albondiguilla' por la trama Gürtel

El contenido del interrogatorio del juez José de la Mata –que tuvo lugar el pasado 9 de diciembre- ya se conocía, pero no el detalle de las respuestas del imputado. ‘El Albondiguilla’ insinúa que el expresidente Aznar propuso en 2007 que colocara al también imputado Alfonso Bosch en la localidad.

Bosch fue nombrado gerente de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda en Boadilla, desde donde se pergeñaron gran parte de los desmanes de la trama, supuestamente, en el municipio. Bosch está considerado como uno de los políticos del PP con mayor peso dentro de la organización criminal.

Con el exdiputado Bosch no acaban las recomendaciones. González Panero también afirmó que el expresidente del PP en Madrid y hoy presidente del Senado, Pío García Escudero; el exsecretario general del PP madrileño, Ricardo Romero de Tejada, y Luis Bárcenas, también insistieron en que colocara a Francisco Sánchez Arranz como concejal.

Según ‘El Albondiguilla’ y tal y como han corroborado en parte los investigadores, Sánchez Arranz elaboró algunos de los pliegos de adjudicación más polémicos a la trama en Boadilla.
El exalcalde afirma además que se sintió presionado por la Comunidad de Madrid para vender 11.6 millones más barata una parcela en la localidad, que acabaría siendo adjudicada a la Gürtel. Seis meses de peleas, dice González Panero, con el entonces responsable de territorio y hoy consejero de Cifuentes, Jaime González Taboada.

El exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero, declaró el pasado 9 de diciembre a petición propia, después de que en las tres ocasiones anteriores en que compareció ante la justicia, se acogiera a su derecho a no declarar.

http://cadenaser.com/ser/2015/12/14/tribunales/1450116251_020104.html

AMEDO: “YO LLEVÉ LA CARTA EN LA QUE LA MANO DERECHA DE SEPÚLVEDA PEDÍA 1,2 MILLONES A UN CONSTRUCTOR”

"Yo fui el embajador". Así resume José Amedo su mediación en la carta de Leopoldo Gómez, ingeniero municipal de Pozuelo de Alarcón y hombre de confianza del entonces alcalde Jesús Sepúlveda, en la que reclamaba el pago de 1,2 millones de comisiones ilegales al constructor Alfonso García Pozuelo.

José Amedo Fouce, que fue condenado y testigo clave de los GAL, ha confirmado a Okdiario la realidad de los papeles de Leopoldo Gómez, ingeniero municipal que controlaba las obras de Pozuelo de Alarcón, en los que revelaba haber recibido diez millones de euros de comisiones del constructor Alfonso García Pozuelo.

Amedo ha remitido una carta a Okdiario en la que explica su papel de embajador entre el ingeniero y el constructor, dejando clara cuál fue su misión: “Yo llevé la carta en la que el hombre de confianza de Sepúlveda pedía 1,2 millones de euros a un constructor”.
Estos son algunos extractos del texto enviado por Amedo, que aparece reproducido íntegramente al final de este artículo.

Así, explica que “siendo requerido por Francisco Mercado, periodista de Okdiario, sobre una investigación relacionada con el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, me muestra unos documentos vinculados a un trama urbanística, documentos que admito reconocer”.
La misiva continúa así: “Los documentos son doce folios manuscritos por el que fuera ingeniero municipal del Ayuntamiento de Pozuelo Leopoldo Gómez Gutiérrez, a quien conocí a principios de 2011″.

Amedo explica a continuación que “aproximadamente un año más tarde, cuando ya existía una cierta confianza derivada de las relaciones comerciales que habíamos establecido, me planteó entrevistarme con quien me dijo que era íntimo amigo suyo desde su juventud y compañero de carrera, con quien además había tenido distintas empresas relacionadas con la construcción. Se trataba de Alfonso García Pozuelo”.

La carta detalla que “Gómez me dijo que su amigo había sido el propietario de Constructora Hispánica y que en aquellos momentos existía entre ellos ciertas desavenencias personales como consecuencia de una deuda de 1.800.000 euros que el constructor tenía con él, sin aclararme en ningún momento el origen de la misma”.

El ex comisario ofrece detalles de cómo se produjo su acercamiento al constructor: “Gómez, después de darme el teléfono personal de García Pozuelo para ponerme en contacto con él para plantearle la venta de unos inmuebles, me rogó que cuando estuviese con él le sugiriese que se hiciera cargo de la deuda“.

Amedo explica a continuación que “sin ningún género de dudas el ingeniero municipal en aquel momento estaba actuando de mala fe conmigo, aunque yo no me percaté puesto que ignoraba el origen de la deuda, y que además García Pozuelo ya estaba procesado por la trama Gürtel. Quizá Leopoldo Gómez quiso que mi imagen pública le influyese al constructor y accediese a pagarle”.

La carta de Amedo da detalles sobre el encuentro con el constructor: “Después de contactar telefónicamente con García Pozuelo con el objetivo señalado me citó el 3 de octubre de 2012 en el hotel Miguel Ángel. Cuando acudí a la cita aquel día a las 18 horas y le expuse el objetivo de la reunión, se mostró en todo momento muy poco receptivo y noté que adoptaba muchas cautelas”.

Luego explica que “García Pozuelo me dijo que ya no se dedicaba a los negocios y que no le interesaba nada de lo que le planteaba. Antes de finalizar la reunión, le manifesté que su amigo Gómez Gutiérrez le rogaba que le hiciera efectiva la deuda que tenía con él. El constructor me respondió de forma lacónica que no debía nada a nadie y que si Leopoldo tenía pruebas de lo contrario, que se las mostrase”.

Amedo cuenta que le comentó a Gómez cuál había sido la respuesta del constructor y que el ingeniero “se mostró indignado y fue cuando me entregó los documentos que según me dijo estaban manuscritos por él y en los que acreditaba la cuantía de la deuda para que se los entregase a García Pozuelo, como así hice días después”.

Y finalmente admite que “los escritos del ingeniero municipal, que son los mismos que me muestra Francisco Mercado, señalaban determinadas cantidades referentes a distintas obras realizadas por la empresa de García Pozuelo, Constructora Hispánica. En aquellos momentos ignoraba por completo que se trataba de las ilícitas comisiones por las adjudicaciones otorgadas por el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón al empresario procesado por la trama Gürtel”.

http://okdiario.com/investigacion/amedo-yo-lleve-la-carta-en-la-que-la-mano-derecha-de-sepulveda-pedia-12-millones-a-un-constructor-37725

ANTICORRUPCIÓN DICE QUE SEPÚLVEDA UTILIZÓ AL INGENIERO MUNICIPAL PARA AMAÑAR ADJUDICACIONES

Jesús Sepúlveda, según su entorno, se plantea denunciar y desacreditar la acusación del exsubcomisario José Amedo, que le vinculó con las mordidas de su ingeniero municipal. Pero Anticorrupción llegó a igual conclusión: Sepúlveda, siendo alcalde de Pozuelo, usó a Leopoldo Gómez para amañar contratos.

Jesús Sepúlveda, según su entorno, estudia denunciar al exsubcomisario José Amedo por vincularlo a las comisiones de su ingeniero municipal en Pozuelo, Leopoldo Gómez. Pero la Fiscalía Anticorrupción plantea en su investigación exactamente la misma relación: Sepúlveda, como alcalde de Pozuelo, “facilitó obras públicas a Constructora Hispánica” aun cuando no fuera la mejor oferta, y para ello “contó con la colaboración del ingeniero Leopoldo Gómez”.

La carta manuscrita de Leopoldo Gómez, en la que cifra en diez millones de euros las mordidas recaudadas al constructor Alfonso García Pozuelo, dueño de Constructora Hispánica, contabiliza el beneficio de la relación de connivencia entre el ingeniero municipal y el alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, que ya había destapado la Fiscalía Anticorrupción.

El esquema corrupto lo describe con precisión: “Durante el tiempo en que ocupó el cargo de alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda favoreció a distintas empresas prevaliéndose al efecto de las competencias que tenía en materia de contratación”. Entre los tratos de favor, cita dos adjudicaciones a Constructora Hispánica: el camino de las Huertas y la operación asfalto 2004.
La primera obra fue adjudicada a la empresa de García Pozuelo a pesar de no ser la mejor oferta, ni económica ni técnica. Para ello, Sepúlveda contó con “la colaboración del ingeniero municipal Leopoldo Gómez cuyos informes, por su presumible objetividad y cualificación técnica, eran siempre asumidos por los órganos de contratación como conocían todos los acusados”.

Gómez, según Anticorrupción, introdujo criterios de total subjetividad para favorecer a la empresa bajo peaje, y logró el respaldo de la Junta de Gobierno, con su alcalde a la cabeza. Esto llevó a no elegir la oferta más barata y a permitir unos plazos de ejecución de imposible cumplimiento que llevó a sucesivas prórrogas. El escrito de Anticorrupción da mayores detalles de esta maquinaria de contratación oculta de Pozuelo: “Como consecuencia de lo pactado entre Sepúlveda y García Pozuelo, Constructora Hispánica resultó beneficiaria de una subcontratación relacionada con la operación Asfalto 2004”.

“Al igual que en las obras referidas al camino de las Huertas, en la adjudicación del proyecto de obras de la operación asfalto 2004 se contravino la normativa de contratación con la colaboración del ingeniero municipal del Ayuntamiento de Pozuelo Leopoldo Gómez. De hecho, la tramitación y los criterios de adjudicación de ambos expedientes fueron prácticamente idénticos”.

Nuevamente, Sepúlveda y su equipo aprobaron las ofertas servidas en bandeja por el ingeniero multimillonario (20 millones valía ese año su patrimonio).

Anticorrupción rebate así toda la línea defensiva de los amigos de Sepúlveda, que alegan que sospechaba del ingeniero desde su toma de posesión como alcalde, que le retiró competencias hasta donde la ley le permitía, que nunca fue su hombre de confianza…

http://okdiario.com/investigacion/anticorrupcion-dice-que-sepulveda-utilizo-al-ingeniero-municipal-para-amanar-adjudicaciones-43558

LA EXMUJER DEL 'ALBONDIGUILLA' DENUNCIA QUE SU EXMARIDO PODRÍA UTILIZAR SU DNI CON FINES DELICTIVOS

Elena Villarroya asegura en su declaración como imputada ante el juez Pablo Ruz, que su exmarido, el antiguo alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, usó su antiguo DNI para ejecutar transferencias bajo sospecha y en la actualidad posee una copia nueva que podría utilizar con los mismos objetivos

La advertencia de Elena Villarroya, exmujer del exalcalde de Boadilla, Arturo González Panero alias 'el albondiguilla', se produjo al juez Pablo Ruz durante su interrogatorio como imputada el pasado 15 de octubre. El magistrado le muestra una documentación en la que aparecen diversas transferencias internacionales de divisas a su nombre. Ella niega haberlas realizado y sostiene que su exmarido habría utilizado su antiguo DNI antes de que caducase, para efectuar las transacciones.

Elena Villarroya advierte al juez de que recientemente González Panero le ha pedido una copia de su nuevo DNI con la excusa de dar de alta un teléfono móvil para su hija, e insinúa que en la actualidad podría estar empleándola con otros objetivos.

Las fiscales Anticorrupción también preguntan a Villarroya por una operación de venta de unos inmuebles, en la que aparece una agente comercial que estaría relacionada con la causa. La exmujer del 'albondiguilla' revela el nexo que tenía con su exmarido. Asevera que “Alicia es la amante de mi exmarido desde 2006 como mínimo. Es más que su pareja".

Arturo González Panero llevó un alto tren de vida durante el periodo objeto de sospecha. El alcalde, que tuvo dimitió en 2009 al estallar el caso por beneficiar a la trama con adjudicaciones millonarias, obtuvo a cambio, supuestamente, varias posesiones inmobiliarias en España, Marruecos y Miami; coches de alta gama, joyas y realizaba viajes de lujo. Tenía un salario anual de unos 80.000 euros.

http://cadenaser.com/ser/2014/11/21/tribunales/1416592095_233984.html

PANERO TENÍA CUENTAS EN SUIZA, HOLANDA Y CHINA

El exalcalde de Boadilla compró una vivienda a una funcionaria local a la que le había concedido otra pública

Arturo González Panero, regidor del Partido Popular entre 1999 y 2009 e imputado en la trama Gürtel, y su exmujer, Elena Villarroya Samaniego, llegaron a tener depósitos multimillonarios y propiedades repartidos por Portugal, Suiza, Holanda, Estados Unidos y China. Así consta en un informe que la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) remitió en agosto al juez Pablo Ruz sobre la pareja, en el que diseccionaba las inversiones financieras e inmobiliarias del antiguo matrimonio, canalizadas mediante sociedades instrumentales en el extranjero.

Y no solo eso. El Ayuntamiento de Boadilla acusa al matrimonio de haber comprado ilegalmente en 2006 una vivienda a una funcionaria municipal, del círculo del exregidor, por un importe de más de 500.000 euros. El Consistorio, gobernado por Antonio González Terol, también del PP, desde 2011, presentó la semana pasada una denuncia contra Panero y la trabajadora municipal en el juzgado de instrucción número 5 de Madrid al entender que la adjudicación se llevó a cabo de forma irregular, ya que la funcionaria accedió a una vivienda de promoción local en 2006 a pesar de ser ya propietaria de un inmueble. La legislación impide que acceda a un piso de protección alguien que ya tenga otra residencia en propiedad.

De confirmarse que es así, el Ayuntamiento solicitará que se anule la adjudicación de la vivienda pública. “Solicitaremos la imputación de la empleada municipal para, a la espera de su declaración ante el juez, comenzar el proceso de anulación de la concesión de la vivienda que tiene en propiedad”, observaron fuentes municipales.

La investigación se inició con la recepción en la Agencia Tributaria (AEAT) de datos procedentes de la Lista Falciani —llamada así por Hervé Falciani, exempleado del HSBC (The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation) que sustrajo los datos de 130.000 potenciales evasores fiscales con cuentas en el banco— aportados por Francia a las autoridades españolas en virtud de un convenio entre ambos países.

El juez Ruz acaba de imputar a Villarroya por delitos contra la Hacienda Pública y blanqueo de capitales al entender que habría contribuido a ocultar fondos presuntamente cobrados de manera irregular por Panero procedentes de Gürtel. Panero, conocido también como el Albondiguilla, dimitió hace cinco años tras su imputación por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de la red de corrupción orquestada por Francisco Correa. Villarroya figura como beneficiaria en dos cuentas que la entidad panameña Longridge Internacional mantenía en el banco HSBC de Suiza y el EFG Private Bank. La investigación considera que se emplearon para el desvío de cobros ilícitos.

La ONIF investigó el dinero depositado y su movimiento en siete cuentas abiertas, como en el HSBC, el EFG Bank o el Fortis Bank de Ámsterdam. Así, la pareja llegó a manejar 919.000 euros en distintos fondos entre 2007 y 2008. Posteriormente las transferían a nuevas cuentas holandesas a nombre de otras dos compañías, Tuetex Corporation NV y Solarus International.

La Agencia Tributaria centra su interés tanto en Solarus International como en Solarus Ibérica, SL. Según la AEAT, la primera entidad se constituyó en 2003 y es la titular del 100% de las participaciones de Solarus Ibérica. La Agencia señala que los activos de esta empresa proceden de una cuenta a nombre de Tuetex Corporation. Esta, a su vez, se nutría del dinero de Longridge, una cuenta instrumental de la que se ha certificado que su beneficiaria final era la cónyuge del exalcalde de Boadilla.

El destino de este dinero sería finalmente Solarus Ibérica, que adquirió con él un piso y una plaza de garaje en junio de 2007 en el número 7 de la calle de Ana de Austria, por valor de 505.000 euros. La vendedora resultó ser A. V. L., funcionaria por oposición del Consistorio desde hace varios años —entró en 1998, siendo Panero concejal de Personal— en el departamento de Patrimonio. El estudio de la ONIF indica que la empleada “no tiene rentas muy elevadas”.

El análisis de la cuenta Longridge, de la que es beneficiaria Villarroya, da cuenta de entradas por más de 900.000 euros procedentes de la familia de Javier del Valle, el apoderado-testaferro de Correa. Alrededor de 300.000 euros provienen de otras cuentas del HSBC, cuya titularidad se desconoce. Respecto de las salidas, la mayor parte fue a parar a una cuenta a nombre de Tuetex Corporation, en el Fortis Bank de Ámsterdam. Además, entre octubre y noviembre de 2012 Panero movió 774.000 euros desde Suiza a China (465.000 euros al China Construction Bank Corporation y 309.000 al Bank of China).

Boadilla se personó por estas fechas el año pasado en la Audiencia Nacional como acusación particular y en calidad de perjudicado “por las presuntas irregularidades cometidas durante el mandato” de Panero.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/09/madrid/1410297787_157753.html

EL JUEZ RUZ PREGUNTA A GÉNOVA SI CONTROLABA EL DINERO EN LOS MUNICIPIOS 'GÜRTEL' DE MADRID

En un nuevo auto, el magistrado pregunta al PP nacional si las formaciones del partido en Boadilla, Majadahonda o Pozuelo eran independientes de Génova.

Los tres exalcaldes de estas localidades madrileñas están imputados por cobrar sobornos y dar contratos irregulares a la trama de Correa. A cambio, Paco Correa financiaba actos electorales en estas tres ciudades.

De no ser independientes, Ruz sabe que Bárcenas, el extesorero nacional, podría ser la clave para acreditar cómo se financió el PP en la zona noroeste de Madrid.

El juez Pablo Ruz, que instruye la trama Gürtel, sigue poniendo sus ojos sobre la presunta financiación ilegal del PP, acreditada ya, según la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, en la Comunidad de Madrid y en la Comunidad Valenciana.

En un informe de 265 páginas fechado el 30 de diciembre de 2013, la UDEF ya señalaba que esa financiación se gestionaba a través de las empresas de Francisco Correa, el cabecilla de la red, y como financiadores ilegales aparecían empresarios que eran contratistas de estas Administraciones públicas.

En el informe, la UDEF señala hasta cinco veces que el PP se sirvió durante años y años de la trama Gürtel para financiar, entre otras cosas, sus actos electorales. Ahora, en un nuevo auto fechado el 18 de junio, Ruz quiere saber quién controlaba la financiación del partido en los principales municipios madrileños donde la Gürtel campó a sus anchas: Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón, tres de los principales 'caladeros' de votos del PP en Madrid. O dicho de otra forma, Ruz quiere saber si los delitos cometidos por los grupos municipales del PP en esos tres municipios salpican al PP a nivel nacional.

La petición, por indicación de la Fiscalía Anticorrupción, no es baladí. En el auto, el juez solicita al PP nacional toda la información "de la organización del PP en Boadilla, Pozuelo y Majadahonda entre los años 2000 y 2009, en particular información sobre la naturaleza jurídica de las agrupaciones o sedes de esa formación, indicando si se constituyen o no como entidades con personalidad jurídica propia y autónoma".

Las empresas de Correa se han hecho cargo de decenas y decenas actos electorales en los 15 comicios (generales, autonómicas, locales y europeas) que se celebraron entre 1993 y 2007. Esta solicitud, según fuentes jurídicas, quiere certificar si los grupos municipales del PP de Pozuelo, Boadilla y Majadahonda eran independientes a Génova.

Correa financió las campañas de los tres alcaldes de estos municipios, todos imputados. Jesús Sepúlveda (Pozuelo), el exmarido de la ministra Ana Mato; Arturo González Panero, alias el albondiguilla (Boadilla); y Guillermo Ortega, alias el rata (Majadahonda). De no ser independientes y controlar Génova su financiación, Ruz sabe que Luis Bárcenas, el extesorero nacional del partido, podría ser la clave para acreditar cómo se financió el PP en la zona noroeste de Madrid.

La Policía ya ha acreditado financiación ilegal en el PP de Madrid y Valencia De hecho, José Ceres, el juez instructor que investiga la rama valenciana de la Gürtel, ha ordenado la declaración de Bárcenas por videoconferencia desde la prisión madrileña de Soto del Real.

El juez Ceres indaga el presunto pago de actos electorales del PP valenciano por empresas constructoras en las elecciones de 2007 y 2008. Unos actos que en aquella etapa, bajo la presidencia de Francisco Camps, organizaba en exclusiva Orange Market, una de las empresas de Francisco Correa.

Bárcenas es una pieza separada del caso Gürtel, y el juez Ruz sigue trabajando para intentar acreditar las anotaciones de la contabilidad B llevada a cabo por Bárcenas. El magistrado parece tener ya sobre su mesa indicios importantes de que el PP lleva una contabilidad paralela distinta a la oficial.

El 21 de noviembre de 2013, Ruz emitió un auto que lo deja claro: "El conjunto de elementos bajo análisis (...) permite confirmar, a nivel indiciario (...) la presunta existencia por parte del Partido Popular de una cierta corriente financiera de cobros y pagos continua en el tiempo al margen de la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas".

Ruz también ha solicitado a Génova una especie de vida laboral de los tres exalcaldes imputados dentro del PP: "certificación de los cargos ocupados por Jesús Sepúlveda, Guillermo Ortega y Arturo González entre los años 2000 y 2009, y funciones que los mismos implicaban".

Jesús Sepúlveda, por ejemplo, siguió a sueldo del PP después de ser imputado en marzo de 2009 y dejar la Alcaldía de Pozuelo. Trabajó de asesor del PP en la sede de Génova al menos hasta 2013, según publicó eldiario.es.

Cerco sobre el blanqueador de la trama

En la misma resolución judicial, Ruz también amplía su investigación sobre sociedades en Holanda al supuesto cerebro financiero de la trama, Ramón Blanco Balín, también imputado. Blanco Balín, exvicepresidente de Repsol, amigo de Aznar, inspector de Hacienda en excedencia, y que ha llegado a ocupar 21 cargos directivos en 18 empresas, está acusado de asesorar a Correa para ocultar su dinero en el extranjero.

Como ya publicó 20minutos, Correa y Blanco Balín se asociaron en un negocio que no fructificó: abrir gasolineras en el canal de Panama para suministrar combustible a los barcos. La verdad es que Blanco Balín era un hombre con mucho peso dentro de la red de Correa. La UDEF le definió como "pieza clave del engranaje de la organización". Y la instrucción judicial como hombre de confianza de Correa, "controlando la administración de muchas sociedades y participando personal y directamente en algunos de sus negocios".

http://www.20minutos.es/noticia/2172400/0/gurtel-correa-barcenas/financiacion-ilegal-pp/boadilla-pozuelo-majadahonda/

ROBERTO FERNÁNDEZ, IMPUTADO POR GÜRTEL Y DETENIDO POR MALOS TRATOS

El exconcejal Hacienda de Pozuelo, Roberto Fernández Rodríguez, fue detenido en el edificio de la Audiencia Nacional cuando acudió a declarar como imputado en el Caso Gürtel. Posteriormente fue enviado a los juzgados de Plaza de Castilla, donde había sido reclamado por un delito de malos tratos.

Fernández Rodríguez fue citado el pasado 30 de mayo por el juez Ruz para declarar por el Caso Gürtel, pero no se presentó en la Audiencia Nacional, ni dio en ese momento ninguna explicación de su ausencia en el juzgado. Volvió a ser citado poco después, el día 5 de junio, con el apercibimiento de que ordenaría su detención si no se presentaba.

Cuando el exconcejal se presentó en la Audiencia Nacional para designar abogado, en el momento de dar sus datos a los agentes que controlan el acceso al edificio, saltaron las alertas por existir una orden de busca y captura en su contra cursada por un juzgado de Plaza de Castilla por un presunto delito de malos tratos, lo que motivó su detención inmediata.

http://www.diariodepozuelo.es/20140610400537/roberto-fernandez-imputado-por-guertel-y-detenido-por-malos-tratos

YOLANDA ESTRADA Y GÜRTEL

Corría el año 2009. Yolanda Estrada presentaba una querella contra el Grupo Municipal Socialista por comentarios difamatorios hacia su persona. Acababa de ser imputado Jesús Sepúlveda, alcalde de Pozuelo.

Cuando el nombre de Yolanda Estrada aparece por primera vez en el auto del juez Garzón del caso Gürtel comenzaron las tensiones entre los grupos municipales de PP y PSOE. La propia concejala afirmaba desconocer la existencia de un contrato firmado con una empresa investigada en la trama. Según el auto del juez Garzón Estrada era la persona con la que contactaban dichas empresas en el ayuntamiento.

En diciembre de 2009 aparece otro nombre relacionado con la concejala, Lorenzo Cercadillo Ruiz, asesor municipal en la Concejalía de Obras que incurrió en un caso de incompatibilidad al simultanear su puesto en el Ayuntamiento de Pozuelo con uno de asesor en el Ayuntamiento de Torrejón de Velasco. Cercadillo fue contratado por el ayuntamiento de Pozuelo en 2003, cuando empezaba Yolanda Estrada como concejala de Obras.

Imputada acusada de recibir regalos

El 12 de enero de 2010 es citada a declarar en el caso Gürtel en calidad de imputada. En un informe presentado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) referente al caso Gürtel se cita el nombre de Yolanda Estrada. Según las conclusiones de dicho informe "Pablo Crespo dio instrucciones directas a Isabel Jordán para que fuera a ver a la concejala Yolanda Estrada indicándole que ella la iba a atender, en referencia a que le iba a dar trabajo para la empresa".

Posteriormente, Isabel Jordán reconoció que Yolanda Estrada era una de las personas a las que se les hacía regalos. En ese momento es cuando se conoce la compra de un vehículo de alta gama adquirido el 25 de octubre de 2006 por 42.000 euros pagados en efectivo.

Tras conocer su imputación Yolanda Estrada presentó su dimisión. Pero el entonces alcalde del municipio, Gonzalo Aguado, rechazó la renuncia aplazándola hasta su declaración en la trama de Correa.

Estrada, tras su declaración, afirmó estar tranquila ya que no había hecho nada que no se pueda saber y afirmó ser "completamente inocente". Una vez declaró, la concejala dimitió de sus cargos aunque conservó su puesto como concejala. También pidió la suspensión de militancia cautelar del Partido Popular.

En su testimonio por escrito ante el TSJM Estrada declaró no tener culpa de nada y afirmó que tendría la misma responsabilidad que sus compañeros concejales presentes en las mesas de contratación.

También afirmó que su responsabilidad sería menor en el caso de los modificados de obras, dado que los firmaba y autorizaba el concejal de Urbanismo y Teniente de Alcalde, Gonzalo Aguado, alcalde del municipio por aquel entonces.

Respecto a los regalos recibidos de las empresas investigadas por la trama aseguró que fueron únicamente turrones, un albornoz y una ensaladera metálica.

El Arroyo de las Cárcavas

En abril de 2010 aparece su nombre vinculado a otro caso de corrupción. Según las declaraciones de una fuente anónima en la Comisaría de Pozuelo de Alarcón, la concejala podría haber obtenido dinero del presupuesto de la construcción del parque 'Arroyo de las Cárcavas'. En esta declaración se informaba del incremento en un 110.25% del presupuesto de las obras del citado parque cinco meses después de su inauguración.

Estrada presentó una petición de sobreseimiento solicitando que le fuera levantada la imputación en relación al delito de prevaricación por la operación Asfalto, alegando que el juez no había dictado ninguna resolución. También solicitó el sobreseimiento en relación al delito de cohecho por el BMW adquirido en 2006 afirmando haber acreditado el origen de los fondos con los que compró el vehículo.

La respuesta de la Fiscalía a esta petición, con fecha 17 de febrero de 2010, refleja la negación de la solicitud de la ex concejala.

Afirmó la Fiscalía en su respuesta que consta la intervención de Yolanda Estrada en el expediente referido a la operación Asfalto 2004 del Ayuntamiento de Pozuelo emitiendo informes, formulando propuestas y participando en la adopción de distintos acuerdos.

Respecto a la procedencia del efectivo con el que se pagó el BMW, el escrito de negación afirmaba que únicamente se habían aportado extractos bancarios que acreditaban que en el año 2004 se ingresó una determinada cantidad de dinero en la cuenta de Yolanda Estrada. Estos escritos no aportaban ninguna explicación coherente sobre el destino de esos fondos desde 2004 hasta la adquisición del vehículo en octubre de 2006, concluye la respuesta.

El Grupo Municipal Popular expulsa a Yolanda Estrada

En el pleno celebrado el 20 de mayo de 2010 el Grupo Municipal Popular dejó de contar con Yolanda Estrada entre sus filas. Ésta anunció en el mismo pleno su inocencia y la denuncia interpuesta a los escritos anónimos reflejados en el sumario del Caso Gürtel. Esto ocasionó que en alguna ocasión Estrada votara con el PSOE en el Pleno Municipal.

También por aquel entonces vuelve a escena Lorenzo Cercadillo, el que fuera asesor de confianza de Yolanda Estrada durante su etapa de concejala de Obras, que interpuso una demanda contra una redactora, el director y la entidad editorial de Diario de Pozuelo por la publicación de una fotografía obtenida de su perfil abierto de Facebook, que servía para ilustrar la noticia.

El juicio, celebrado el 12 de julio de 2011, desestimó íntegramente la demanda de Cercadillo, absolvió a los demandados y rechazó la compensación de 40.000 euros por daños y perjuicios que solicitaba.

En septiembre de 2010 el juez Pedreira vuelve a citar como imputada a Yolanda Estrada después de solicitar su vida laboral. En su declaración ante el Juez instructor reiteró su inocencia y mostró su confianza en que se levantara su imputación en la causa.
En octubre de 2010, el juez Pedreira solicitó a 79 entidades bancarias, que se investigaran las cuentas, depósitos o cajas de seguridad de 27 personas relacionadas con este caso, entre las que se encontraba Yolanda Estrada.

En 30 de noviembre de 2010 Yolanda Estrada declara por el caso 'Las Cárcavas' y junto a ella el por entonces alcalde Gonzalo Aguado, su predecesor Jesús Sepúlveda, el ex concejal de Hacienda Roberto Fernández y el también ex concejal de Hacienda José María Mayo.

Sobreseída provisionalmente la causa contra Estrada

En enero de 2011, el magistrado instructor del caso Gürtel en el TSJM, Antonio Pedreira declaró sobreseída provisionalmente la causa contra Yolanda Estrada.

En el pleno celebrado el 17 de febrero de 2011, Yolanda Estrada anunció la renuncia a su acta de concejal.

Al poco tiempo Yolanda Estrada comienza a trabajar como directora general en A-cero, empresa de arquitectura y urbanismo liderada por Joaquín Torres, famoso por diseñar casas de lujo en la urbanización La Finca de Pozuelo.

En octubre de 2011 se archiva el caso de las Cárcavas contra Yolanda Estrada, Gonzalo Aguado y José María Mayo.

Ahora, casi tres años después, Yolanda Estrada regresa a los juzgados en calidad de testigo ante el juez Ruz. En su declaración aseguró que Sepúlveda le ordenó dejar de contratar con Correa en 2005, según informaron las agencias EFE y Europa Press, y se hicieron eco numerosos medios de comunicación. Sin embargo, el pasado viernes Yolanda Estrada remite a Diario de Pozuelo un burofax en el que niega la información difundida por estas agencias.

http://www.diariodepozuelo.es/20140611400431/yolanda-estrada-y-guertel

RUZ ‘ASUSTA’ A ESPERANZA AGUIRRE: CITA A DECLARAR AL ‘CHICO QUE LE LLEVABA EL BOLSO.., LITERALMENTE’

Carlos Clemente, que fuera viceconsejero de la Comunidad de Madrid y asesor de la expresidenta, comparece en la Audiencia Nacional para 'hablar' de la Gürtel

Hay cientos de imputados en las diferentes investigaciones que se simultanean en diferentes juzgados por la trama Gürtel. Es un ‘macrocaso’ en el que conviven ‘capos’ políticos con otros de ‘medio pelo’, que ocupaban cargos de segunda fila. El juez Pablo Ruz este miércoles ha llamado a declarar a uno de estos últimos, Carlos Clemente, el hombre que fuera viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid y al que se imputó por cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.

La “cuenta de C. Clementina”
Involucrado en el caso Gürtel desde el principio, Clemente ya tuvo que comparecer ante el juez Pedreira. Y la policía judicial, la UDEF, encontró sus ‘huellas’ entre los datos que se acumulaban en el famoso ‘pen drive’ que se encontró a José Luis Izquierdo López, el contable de las empresas de Correa. Datos que aparecían, como se ve, bajo el nombre de “cuenta de C. Clementina”, un nombre en clave.., o relativamente en clave que sumarían 13.600 euros…

Esas ‘huellas’ llevaron a que en su informe la UDEF considerara demostrado que se produjeron “una serie de entregas de dinero efectuadas a nombre de Carlos CLEMENTE en los meses de mayo y julio de 2006 (…) cuyo pago se habría producido con el dinero procedente de los fondos de existentes en la “caja B” del domicilio central del grupo CORREA, en la calle Serrano 40 de Madrid”.

Contratos para la Gürtel a cambio de los sobres
¿Y a cuenta de qué esos pagos? La propia UDEF responde a esta pregunta. En su informe se lee que “se puede inferir que el primero de los pagos efectuados a nombre de Carlos Clemente está relacionado con los distintos actos llevados a cabo por parte de Servimadrid y CMR, para la Consejería de Inmigración, de los cuales se detrae una cantidad determinadas por cada uno de ellos (un 10% de lo facturado)”. Así era la Gürtel y así funcionaban los cargos del PP. Al menos, alguno de ellos.

Carlos Clemente también aparece en el largo listado de destinatarios de regalos navideños de las empresas de Correa. Por ejemplo, en 2008, recibió unos gemelos según señala la UDEF. Un listado en el que aparece junto a otros dirigentes del PP…, por ejemplo, con el actual presidente de Baleares, José Ramón Bauzá.

Captura documento “Regalos de Navidad 2008, sector público diferenciados entre normales y VIP”, en los que aparecen (subrayados en rojo) el actual presidente del Gobierno balear, José Ramón Bauzá; el exconsejero de la Comunidad de Madrid que pretendía privatizar la sanidad, Javier Fernández-Lasquetty y el alcalde de Valladolid, Javier León de la Riva.

El ‘ojito derecho’ de Esperanza Aguirre
Ni este regalo, ni las cantidades por las que se le imputa, colocarían a Carlos Clemente entre los grandes destacados de esta macro corrupción. Pero hay algo que convierte en muy especial al exviceconsejero de lnmigración de la Comunidad de Madrid. Y es que además era ‘el ojito derecho’, o uno de ellos, de Esperanza Aguirre.

La presidenta del PP madrileño, y de la Comunidad, siempre se ha defendido en el ‘asunto Gürtel’ con su total desconocimiento de lo que pasaba y distanciándose de los imputados. Ya con López Viejo le costó, porque todos quienes les rodeaban en el PP madrileño conocían la estrecha relación de Aguirre con su consejero de Deportes. Pero con Carlos Clemente, la relación era aún más estrecha.

De Michavila a Aguirre, y vuelta
Como le decía a ELPLURAL.COM una destacada fuente del PP madrileño, “sería muy lógico que le preocupe a Aguirre lo que pueda contar Clemente, porque era una persona muy, muy cercana”. Y continuaban recordándonos que Carlos Clemente había sido “su asistente personal, el que la acompañaba a todas partes”.

Y concluía esta fuente con una descripción muy gráfica: “En el argot del partido Carlos Clemente “era el que le llevaba el bolso” a Aguirre…, y se lo llevaba literalmente”.

..y un paso por Shakira
Pero en el PP madrileño aún nos cuentan más de los ‘enganches’ de Carlos Clemente con la dirección popular. “También era el protegido de Michavila (el exministro de Aznar), porque ambos son ‘legionarios de Cristo’…”, y Michavila, nos dicen, fue el que “le enchufó en Colombia cuando saltó la implicación de Clemente en la Gürtel”. En realidad, Clemente, antes de saltar al regazo de Esperanza Aguirre, había sido incluso asesor de José María Michavila.

Porque Carlos Clemente, tras verse obligado a dejar su ‘carrera política’ al ser imputado, fue ‘colocado’ como responsable de una ong, la Fundación Alas, con base en Bogotá, y en la que colaboraban cantantes como Shakira, o Alejandro Sanz. Michavila, como se sabe, ha llevado parte de los asuntos en Europa de la cantante esposa del jugador barcelonista Piqué. Clemente, biografía complicada la suya, tuvo también que dejar este puesto cuando al final saltó a la luz su imputación.

http://www.elplural.com/2014/06/04/ruz-asusta-a-esperanza-aguirre-cita-a-declarar-al-chico-que-le-llevaba-el-bolso-literalmente/

RUZ CITA A DECLARAR AL CONCEJAL DE POZUELO QUE DESTAPÓ LA TRAMA

El juez de instrucción número cinco de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha citado a declarar para el próximo viernes, 30 de mayo, al exconcejal de Hacienda en Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández Rodríguez, y la secretaria de Alberto López Viejo, Carmen García Moreno, como imputados dentro la investigación de la trama `Gürtel´. También declarará ese día como testigo la exconcejal de Obras de Pozuelo Yolanda Estrada.

Fernández Rodríguez se puso en contacto con el juzgado que dirige Ruz para colaborar en el esclarecimiento de la causa al inicio de la investigación y ya declaró como testigo, pero la documentación que ha recabado el juez desde entonces indica que podría estar involucrado en los delitos que se instruyen en la causa.

A Carmen García Moreno, ya imputada por su posible colaboración en contratos irregulares con la Comunidad de Madrid y Boadilla del Monte, se le atribuye haber puesto a disposición de Correa su empresa como sociedad pantalla para ocultar a las del cabecilla de la Gürtel en Pozuelo.

Además, entre el 4 y el 6 de junio deberán comparecer los también imputados José Luis Peñas y Juan José Moreno, ambos ex concejales de Majadahonda; el exalcalde de la misma localidad Guilllermo 'Willy' Ortega; la exmujer del empresario Francisco Correa, Carmen Rodríguez; el exviceconsejero de Inmigración con Esperanza Aguirre Carlos Clemente; y el exconcejal del PP en Estepona Ricardo Galeote.

Ruz recibió esta semana nueve cajas con documentación procedente del Ayuntamiento de Boadilla y emitió un auto en el que pedía información al Ayuntamiento de Majadahonda en relación con la adjudicación de obras a las empresas de Correa.
El magistrado pide que se remita la documentación a la Intervención General de la Administración del Estado, que deberá analizarla y elaborar un informe.

http://ecodiario.eleconomista.es/interstitial/volver/xtb/espana/noticias/5806675/05/14/Caso-gUrtel-ruz-cita-a-declarar-al-concejal-de-pozuelo-que-destapo-la-trama.html#.Kku8x8yEwJI5WBo

RUZ IMPUTA AL EXCONCEJAL DE HACIENDA ROBERTO FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ

El exconcejal de Hacienda de Pozuelo de Alarcón, Roberto Fernández Rodríguez, ha sido imputado por el juez del Caso Gürtel, Pablo Ruz y deberá declarar el próximo 30 de mayo junto a la exconcejal de Obras de la localidad, Yolanda Estrada, que lo hará en calidad de testigo.

Roberto Fernández Rodríguez denunció en abril de 2013 el robo de un ordenador que según su declaración contenía correos electrónicos que certificaban favores que el exalcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, habría concedido a miembros de la trama Gürtel. Esta denuncia le llevó a declarar el día 25 de abril de 2013 en la causa como testigo.

La Fiscalía cree que el que fuera concejal de Hacienda de Pozuelo entre los años 2003 y 2007 firmó por delegación de Sepúlveda distintas contrataciones irregulares y hasta enero de 2005 fue el encargado de aprobar pagos "divididos artificialmente" para esquivar los correspondientes procedimientos de contratación.

Fernández Rodríguez denunció amenazas de muerte durante la instrucción de este caso y trasladó su residencia a Galicia. El exconcejal de Hacienda aseguró no tener recursos económicos para trasladarse a Madrid y declarar ante Pablo Ruz el pasado mes de abril después de llamar a la Audiencia Nacional para aportar más documentación sobre la trama.

El juez instructor ha citado a declarar como imputada el próximo 30 de mayo a Carmen García Moreno, cuya empresa -Doble M- funcionó presuntamente de pantalla de otra de Francisco Correa (cabecilla de la red Gürtel) en la adjudicación del Congreso de Parques y Jardines de Pozuelo de Alarcón.

http://www.diariodepozuelo.es/20140522398557/ruz-imputa-al-exconcejal-de-hacienda-roberto-fernandez-rodriguez

RUZ CITA AL EXALCALDE DE MAJADAHONDA Y AL CONCEJAL QUE DESTAPÓ EL CASO GÜRTEL

El juez requiere a ocho imputados en el caso como paso previo al cierre de la instrucción

El juez Pablo Ruz ha citado a ocho imputados en el caso Gürtel como paso previo al cierre de la instrucción, entre los que destaca el exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega y el exconcejal de esa localidad que destapó la trama, José Luis Peñas. La declaración de Ortega está prevista para el 5 de junio y ese mismo día el juez ha citado a Carmen Rodríguez Quijano, ex mujer del considerado líder de la trama Gürtel Francisco Correa y que además fue jefa de gabinete en el Ayuntamiento de Estepona (Málaga).

Precisamente, al día siguiente deberán comparecer el exconcejal de Estepona (Málaga) Ricardo Galeote, hermano del exeurodiputado del PP Gerardo Galeote, y Carlos Clemente Aguado, exdiputado de la Comunidad de Madrid. Para el 4 de junio, Ruz ha llamado a declarar a José Luis Peñas, que destapó el caso Gürtel aportando unas grabaciones que le hizo a Correa, y al también exconcejal de Majadahonda Juan José Moreno Alonso. El 30 de mayo, el juez también ha citado como imputados al exconcejal de Pozuelo de Alarcón (Madrid) Roberto Fernández Rodríguez y a Carmen García Moreno, administradora de sociedades pertenecientes al grupo Rafael, y como testigo a la también exedil de Pozuelo Yolanda Estrada.

Todas estas citaciones las ha fijado Ruz en un auto en el que requiere también diversa documentación al Ayuntamiento de Majadahonda sobre gastos en el periodo de 2001 a 2004 y operaciones realizadas entre 2001 y 2005 en relación con la contratación llevada a cabo con sociedades vinculadas a Francisco Correa.

El juez también se refiere en esa resolución a los hechos investigados con respecto a esta trama en Pozuelo de Alarcón (Madrid) y señala que decide imputar a ese respecto a Roberto Fernández Rodríguez porque, si bien fue citado en su día como testigo por aportar información sobre esa parte de la investigación, de la documentación remitida por el Ayuntamiento resulta posible su intervención "en los delitos investigados en esta causa".

Concretamente, se deduce que sería la persona que por delegación del entonces alcalde Jesús Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad Ana Mato, firmaría distintas contrataciones investigadas, ya que era "el encargado de autorizar, aprobar y dar conformidad a pagos de determinados servicios gestionados por el Ayuntamiento", como la compra de mobiliario para determinadas concejalías. Algunos de esos pagos, añade el auto, "podrían haber sido divididos artificialmente con el fin de reducir su importe y eludir el correspondiente procedimiento de contratación".

Entre los requerimientos que hace el juez destaca uno dirigido al Patronato Monte del Pilar de Majadahonda en el que reclama los acuerdos de nombramiento del gerente del Patronato entre 2001 y 2005, así como el expediente de contratación completo en los que figurarían servicios realizados por empresas de Correa como Special Events o Pasadena Viajes.

http://www.lavanguardia.com/vida/20140521/54408174382/ruz-cita-al-exalcalde-de-majadahonda-y-al-concejal-que-destapo-el-caso-gurtel.html

EL ALCALDE DE MAJADAHONDA: 'NO RECIBÍ NINGÚN REGALO DE GÜRTEL'

Narciso de Foxá dice desconocer el motivo por el que consta en los apuntes de la trama y que estaba fuera de Madrid cuando se le atribuye una estancia en el NH de Alcorcón

"Es una injusticia, muy injusto. Estaba en el centro de todo. Si yo hubiese sido neutral, estaría salpicado hasta arriba. No lo estoy porque fui absolutamente beligerante contra este grupo".

Así de dolido se siente el alcalde de Majadahonda, Narciso del Foxá (PP), tras hacerse público parte del informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) en el que aparece en dos facturas que se le atribuyen. Concretamente, se trata de los justificantes de pago de la administradora de las empresas de la 'trama Gürtel', Isabel Jordán, en el que consta su nombre en el pago a el NH de Alcorcón por 57,78 euros y otra junto al ex alcalde Boadilla Arturo González Panero por una compra de 426 euros en Carolina Herrera.

"No he estado en mi vida en el NH de Alcorcón. En las fechas en las que se me atribuye la estancia, me encontraba de vacaciones con mi familia", precisa. Su servicio de comunicación hizo llegar a esta redacción un escrito del director del NH en el que se niega que haya estado en el hotel. Respecto a la factura de Carolina Herrera, el alcalde dice desconocer por qué consta en ese justificante.

"No es verosímil. Yo fui el que más se opuso a los miembros de la trama. Desde febrero de 2005 que entré en el Ayuntamiento a agostó de ese año, eché a la mujer de Correa; deshice una operación entre el Consistorio y la red por el que se les adjudicaba unas parcelas por las que esperaban ganar 10.000 millones de pesetas... Es que me querían matar", sentencia para negar que tuviese nada que ver con la trama.

Foxá precisa, además, que durante esa época echó para atrás la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano, que también iba a manos de la trama, que tenía un contrato de 12 millones. El regidor recuerda que el supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, lo pone a escurrir en las grabaciones que se le han hecho.

El regidor no acierta a entender el motivo por el que aparece su nombre asociado a un justificante de pago. "Puede haber tantas circunstancias... No lo sé", asegura. Recuerda cómo en las navidades de 2005, 12 concejales y él recibieron una ensaladera "de plata o alpaca" y cómo todos la devolvieron.

Díaz Pérez dice que es "falso"

Por su parte,la ex primer teniente de alcalde de Boadilla, María Jesús Díaz Pérez, ha negado que recibiera ningún regalo como apunta el informe de la Policía. "Es completamente falso", ha precisado. Según el albarán, Jordán le habría comprado una chaqueta «marca Belstaff de color rojo, talla 44» por 360 euros.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/04/02/533c0639ca47412a798b4579.html

GÜRTEL: NUEVAS FACTURAS DE REGALOS A CARGOS POLÍTICOS

La UDEF constata la compra sistemática de artículos de lujo a los responsables de los municipios, sus secretarias, esposas y entorno para crear vínculos.

La trama registró cada uno de los abonos, hasta el más pequeño, y luego los relacionó con la persona beneficiada escribiendo su nombre en la factura.

Si algo tuvo Francisco Correa y sus acólitos de 'Gürtel' es tino para tocar la fibra sensible de los políticos y su entorno. Según el informe de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) de 31 de enero Isabel Jordán, la ex administradora de las empresas, acumuló facturas a cuenta de Easy Concept, que según sus anotaciones manuscritas están «vinculadas a determinados cargos públicos y personas cercanas».

En el caso del ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, su esposa, Elena Villarroya, y la hija de ambos, la Policía Nacional constata el pago de viajes a Miami, gastos de alojamiento, billetes de avión, estancia en un hotel en Mijas, así como el pago de prendas de vestir, complementos, televisores... Es una de las personas más agraciadas.

En una de las facturas de Carolina Herrera, con fecha 28 de julio de 2005, consta la compra de cuatro artículos con la descripción «skirt» por importe de 426 euros. El pago se hace en metálico mediante la entrega de 500 euros. De forma manuscrita se anotan dos nombres, Arturo González y Narciso de Foxá». Además, hay un recibo, atribuido a Foxá, por 57,78 euros del NH Alcorcón.

Se trata del actual alcalde de Majadahonda y el que tomó el mando para dejar atrás el Ayuntamiento corrupto que le había legado su antecesor del PP, Guillermo Ortega. Pero es que los agentes han dado con una factura con el membrete «secretaria Arturo» por importe de 236 euros por la compra de un objeto en Tous.

Más llamativas son las facturas en las que a parece el nombre «Arenales». La Policía asegura en su informe que se trata de María Arenales Serrano Argüello, a la que 25 de julio de 2007 Panero hizo su asesora. En la actualidad, se sienta en el Congreso, en el grupo popular, y en su curriculum web de la Cámara no consta su paso por Boadilla.

Los agentes la relacionan con una factura de Gucci, con fecha 7 de abril de 2006 por importe de 1.295 euros por la compra de una pulsera por 290 euros, un bolso de 830 euros y un artículo con concepto Mens SMLG por 175 euros. La Policía precisa que, si bien la factura es anterior a su nombramiento oficial como asesora, «se observa que las funciones que la mentada ejerce en el Ayuntamiento de Boadilla se remontan a fechas anteriores al nombramiento formal», dice el informe.

Añaden que «ya desde 2006 se deja constancia, en la documentación intervenida, de su presencia vinculada a la formación política -PP- en Boadilla del Monte y de la realización de funciones de asesoría del alcalde previas al nombramiento formal». Pero es que, incluso, hay una factura con el nombre de la ex primer teniente de alcalde de Boadilla, María Jesús Díaz Pérez. Según el albarán, Jordán le habría comprado una chaqueta «marca Belstaff de color rojo, talla 44» por 360 euros.

No fue el único miembro del Gobierno municipal beneficiado. El nombre de María Belén Humera, concejala desde 2003 y consejera de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla de principios de 2011 a finales de noviembre de 2012, aparece en un cargo de Gucci por 105 euros y otro por 535 euros de Acqua Joyeros. En total, se han constatado el gasto por parte de Isabel Jordán de 7.559,42 euros vinculados a pagos en Boadilla.

Otro nombre ilustre con la que red fue generosa fue el diputado regional, secretario general del PP en la Asamblea de Madrid, teniente de alcalde de Arganda del Rey y gerente de la empresa Fomento y Desarrollo Municipal, Benjamín Martín Vasco. Según los apuntes encontrados por la Policía, recibió 345.166,63 euros por billetes de avión, estancias en hoteles, joyas y entregas en efectivo. Se le llegó a pagar su viaje de novios a EEUU y Polinesia que realizó del 12 julio al 6 de agosto de 2004. En total, 28.888,57 euros. Recibió joyas por valor casi de 14.000 euros y entregas en efectivo por 230.000 euros.

El entonces alcalde de Arganda, Ginés López, tampoco se quedó fuera. De enero de 2004 y marzo de 2008 recibió 523.427,85 euros en billetes de avión, hoteles y dinero.

El otro de los conseguidores políticos de la trama era el ex consejero del Gobierno de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, que asumió la responsabilidad de organizar los eventos del Ejecutivo autonómico. En el informe de la UDEF de enero afirma que se le entregaba «un porcentaje en concepto de comisión» que en la mayoría de las ocasiones era del 10% de la cantidad facturada y que se incluía dentro del coste total. La Policía dice que no sólo cargaba esa comisión a la Administración, sino que, además, también incorporaban su margen de beneficio.

Pero, además, recibió pagos entre 2004 y 2007 por un total de 397.000 euros aportados en 12 entregas a los que la Policía suma otras dos por 14.000 euros. López Viejo también recibió regalos: una cartera y un bolso de Carolina Herrera por 470 euros; un bolso de 650 euros para su mujer; una camiseta, un vestido, un broche, un bolso y una pulsera por 154,35 euros para su secretaria...

El ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega; el de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; el ex diputado regional y gerente de la empresa de Suelo de Boadilla, Alfonso Bosch Tejedor... Son algunos de los otros políticos que se beneficiaron con la trama.

Peñas sigue apareciendo

La Policía ha constatado que el ex concejal de Urbanismo de Majadahonda, José Luis Peñas, al que se le había atribuido el haber destapado la trama, además de estar a sueldo de la red desde 2003, percibió abonos en especie. En declaraciones a este diario precisó que desconocía los motivos por los que podría constar en el informe de la UDEF antes de 2005, que fue cuando dejó el PP y apoyándose en Correa montó un partido independiente en Majadahonda. En el informe, además de los pagos sistemáticos, también constan apuntes en especie a su nombre. Concretamente, 7.738 euros por el billete de avión y el hotel en Roma, del 6 al 14 de noviembre de 2003; estancia en hoteles de Lanzarote del 19 al 25 de julio de 2004; billetes de avión a Lanzarote y el alquiler de un coche en la misma ciudad, en 2004. Peñas se encuentra imputado en el proceso. Fuentes del PP de Madrid no se mostraron sorprendidas por las revelaciones policiales, ya que, aseguran, «sospechaban de él desde siempre». Hasta la fecha, Peñas ha defendido su inocencia asegurando que había recibido el dinero de Correa para acumular pruebas contra él. / J. G. T.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/04/01/533af2d222601dc9748b4589.html

LA AGENCIA TRIBUTARIA CONCLUYE QUE LÓPEZ VIEJO DEFRAUDÓ DOS MILLONES DE EUROS

La Agencia Tributaria ha concluido en su informe definitivo que el exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo, ha defraudado en cuatro años casi dos millones de euros. En sus conclusiones, señala que “considerando como renta sujeta a gravamen las rentas del trabajo no declaradas y las comisiones y acrecentamientos patrimoniales injustificados que se describen en el informe resultan cuotas defraudadas por López Viejo superiores a los 120.000 euros en el IRPF” en cuatro años. Concretamente, 1.108.838 euros en 2002; 181.693 en 2003; 129.758 euros en 2006; y 505.427 en 2007.

La ONIF señala que López viejo cobró en efectivo del grupo FCS (iniciales de Francisco Correa Sánchez) 106.000 euros en 2004; 115.000 en 2005; 196.000 euros en 2006; 64.000 euros en 2007 y 24.000 euros en 2008, “por su mediación para la obtención de contratos u otras resoluciones administrativas favorables a los intereses de Correa”.

Así, la Agencia Tributaria señala que en 2002, 2003 y 2008 “su patrimonio ha sufrido importantes acrecentamientos que no se corresponden con sus rentas conocidas, es decir procedentes de la Comunidad y de la Asamblea de Madrid”. De manera, considera que “esta manifestaciones de riqueza no han podido haberse generado por ahorro de su renta declarada”.

Hacienda se basa en los apuntes de la 'caja B' de la trama de Correa. Señala que aunque en su primera declaración el imputado José Luis Izquierdo, a quien se le incautó el pendrive con todas las anotaciones, negó que las iniciales ALV fuera del exdiputado regional poco después reconoció que se trataba de López Viejo.

Ante este informe, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el ‘caso Gürtel, le ha citado a declarar para el próximo día 8 para responder tanto a estas conclusiones de la Agencia Tributaria como la de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF) y de la Intervención General del Estad (IGAE).

En su informe, la Policía ya anotaba que una de las empresas de Correa, Easy Concept, hizo varios trabajos a la Comunidad de Madrid que "prácticamente en su totalidad" eran solicitados por la Consejería de Presidencia y en cuya contratación participaba muy activamente el entonces vicepresidente de ese departamento e imputado en Gürtel, Alberto López Viejo. Obtenía a cambio de las adjudicaciones, que se hacían mediante contratos menores para evitar la publicidad, una "gratificación económica imputada como mayor coste del propio evento".

Corrige a la UDEF

El inspector de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) aprovecha su informe definitivo para corregir una parte del realizado por la UDEF y sostiene que lo que habla la Policía de comisiones pagadas en especie en realidad son “comisiones devengadas”, aunque también reconoce que al tratarse de comisiones ilícitas “el devengo pierde parte de su significación”. Explica que el documento policial demuestra que determinadas partidas contabilizadas como gasto por alguna de las sociedades del grupo FCS eran prestaciones de servicio de imprenta y azafatas a favor de personas relacionadas con vínculos de parentesco con López Viejo.

“Se trata de comisiones a favor de este sujeto por la concesión de contratos de organización de actos para la Comunidad de Madrid, a favor de las indicadas sociedades o de terceras predeterminadas por la dirección del grupo FCS”. La Agencia determina que López Viejo se llevaba el 10% del importe de facturación del acto. En especie cobró entre 2006 y 2007 algo más de 20.000 euros, que se suma a lo cobrado en efectivo.

Respecto al enriquecimiento que tuvo López Viejo en esos años, explica la ONIF que “se trata en unos casos de adquisiciones a título oneroso, en otros, de ingresos en sus cuentas bancarias, y finalmente, en otros, de amortización de préstamo de importes elevados”.

La AEAT acusa a Sabadell de "mutilar" datos

En su informe, aprovecha el inspector para recordar que al solicitar al Banco Sabadell los extractos de las cuentas de López Viejo, envió un documento que resultaba “difícilmente legible”. Además, el primer apunte de extracto no aparecía. Por ello, se le pidió a Ruz que volviera a requerir la información y pudieron comprobar que “la mutilación del extracto no alcanzaba al primer apunte sino a los tres primeros”.

Y resulta que el segundo apunte es una transferencia de 1.600.000 euros. Para el inspector, parece improbable que ese dinero fuera destinado al pago de su vivienda en Madrid. “Sospechábamos que tenía otro destino”, añade.

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-04-01/la-agencia-tributaria-concluye-que-lopez-viejo-defraudo-dos-millones-de-euros_110588/

RUZ CITA A DECLARAR A LÓPEZ VIEJO POR LOS PAGOS QUE LE HIZO CORREA A CAMBIO DE CONTRATOS PÚBLICOS

El juez de la Audiencia Nacional ha citado al exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid el próximo 8 de abril tras incorporar a la causa un nuevo informe de la Agencia Tributaria que recoge los pagos que le hizo el líder de la trama 'Gürtel'.

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha citado al exconsejero de Deportes de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo el próximo 8 de abril tras incorporar a la causa un nuevo informe de la Agencia Tributaria que recoge los pagos que le hizo el presunto líder de la trama 'Gürtel', Francisco Correa, a cambio de la adjudicación de contratos públicos, informaron fuentes jurídicas.

López Viejo, que volverá a comparecer ante el responsable del Juzgado Central de Instrucción número 5 en calidad de imputado, tendrá que responder ante el magistrado por los detalles contenidos en este último informe y los elaborados anteriormente por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) y la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).

El ex consejero de Esperanza Aguirre cobró al menos 488.054 euros de la trama 'Gürtel' por su "mediación para la obtención de contratos y otras resoluciones administrativas favorables a los intereses de Francisco Correa", según consta en el informe de la Agencia Tributaria remitido al juez.

Riqueza que no pudo ser generada por su renta declarada

El informe final de conclusiones elaborado por la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) detalla que el ex consejero obtuvo de las empresas de Correa 106.000 euros en 2004, 115.000 en 2005, 196.866,01 en 2006 y 70.188,55 en 2007 por la obtención de estas adjudicaciones.

También refleja que López Viejo, que ingresó junto a su mujer, Teresa Gabarra, 450.731,01 euros en el banco suizo Mirabaud en el año 2002, defraudó a Hacienda 1.925.718,14 euros en los ejercicios fiscales de 2002, 2003, 2006 y 2008.

La ONIF también destaca que en los años 2002, 2003 y 2008 el patrimonio del exconsejero madrileño "sufrió importantes acrecentamientos" que no se corresponden con las rentas que recibió como "empleado público de la Comunidad de Madrid y como diputado regional en la Asamblea".

"De manera que estas manifestaciones de riqueza no pueden haberse generado por ahorro de su renta declarada", concluye el organismo tributario.

http://vozpopuli.com/actualidad/41241-ruz-cita-a-declarar-a-lopez-viejo-por-los-pagos-que-le-hizo-correa-a-cambio-de-contratos-publicos

GONZÁLEZ TEROL SIGUE GESTIONANDO EL URBANISMO CON EL PLAN GENERAL ANULADO POR EL TRIBUNAL SUPREMO

El Plan General vigente en Boadilla del Monte es de 2002, fue redactado por Leopoldo Arnáiz, que está procesado y es el único que lo está a día de hoy por el conocido caso del Tamayazo, que costó la presidencia de la Comunidad de Madrid a Rafael Simancas.

Este plan fue aprobado por la corporación encabezada por Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte, y uno de los principales imputados en el caso Gürtel. En el 2002 el Partido Socialista denunció el Plan General elaborado por Arnáiz y Panero por vulneración de derechos fundamentales de los concejales de la oposición, a los que el Partido Popular "ocultó deliberadamente documentos esenciales del Plan General, impidiendo con esta actuación su labor de control y fiscalización de los trabajos de elaboración y aprobación del Plan". Esta denuncia del PSOE ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid fue estimada, y anuló el Plan General en el año 2003. Pese a todo, "el Partido Popular de Panero trató de evitar los efectos de la sentencia y continuó ejecutando un Plan General anulado judicialmente. La nulidad de este Plan General fue confirmada por el Tribunal Supremo en sentencia de 12 de noviembre de 2010, dando la razón nuevamente al Partido Socialista".

Lejos de detener este plan, las anotaciones y documentos aparecidos en el sumario Gürtel, como la agenda de Pablo Crespo, reflejan que se acredita que la trama Gürtel ejercía el control directo del Plan General de Boadilla, diciendo textualmente “que el Plan General de Boadilla siga adelante”, habiendo gestionado las juntas de compensación el "testaferro" de Francisco Correa, Jesús Calvo Soria, a través de la empresa de la trama Narcisos 22, S.A. El Gobierno Popular de González Panero hizo caso, y hasta su dimisión en el año 2009 por el estallido del caso Gürtel la política urbanística en Boadilla fue dirigida por la trama basada en un Plan General anulado por el Tribunal Supremo y gestionado por empresas de la trama Gürtel.

Continuidad de las políticas urbanísticas

Una vez caída en desgracia la anterior corporación, en el año 2011 gana la alcaldía el PP de Antonio González Terol y una lista completamente nueva de concejales. Estos prometen alejarse de las políticas urbanísticas de sus compañeros de la anterior corporación. "Lejos de ser esto una realidad, el actual Gobierno, aunque toda la oposición le advierte y le reclama no continuar ejecutando y desarrollando un Plan General redactado por la corporación Gürtel y anulado en sentencia firme, continúa haciendo su política urbanística basándose en el plan general anulado".

González Terol lleva gestionando casi tres años ya, y dando licencias y aprobando planeamientos basados en una "ilegalidad". Desde el PSOE aseguran que así lo confirman las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid del 13 de abril de 2012, de 22 de julio de 2013, de 22 de noviembre de 2013, y recientemente de 11 de febrero de 2014 del Juzgado de lo contencioso nº 29 de Madrid, todas ellas anulando el Plan Parcial del Sector Valenoso, el Plan Parcial del Sector El Encinar, el Plan Parcial del Sector La Cárcava, y el Plan Parcial del Sector El Pastel, así como todos sus proyectos de reparcelación.

En todas estas últimas sentencias ha sido el Gobierno Popular de González Terol el que ha ejercido la defensa del Plan General redactado por la corporación Gürtel. “¿Cómo puede personarse en el juicio y a la vez defender los intereses urbanísticos de la trama?”, manifiesta Cristina de Lara, Secretaria General del PSOE de Boadilla. “Se está ocultando la verdad a los ciudadanos y se está jugando con los proyectos vitales de muchas personas que están comprando viviendas en Boadilla en sectores anulados judicialmente, incluido el Plan de Vivienda Municipal, que está ejecutado en un sector anulado por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El Alcalde debería pensar en el bien de sus ciudadanos y no en su carrera política”.

http://www.elicebergdemadrid.com/noticia/41846/Oeste/Gonzalez-Terol-sigue-gestionando-el-urbanismo-con-el-Plan-General-anulado-por-el-Tribunal-Supremo.html

EL INGENIERO DE POZUELO EXIGE 1,5 MILLONES A HISPÁNICA POR ADJUDICARLE VEINTE OBRAS

El ingeniero municipal del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Leopoldo Gómez Gutiérrez, remitió varias notas manuscritas de su puño y letra al constructor Alfonso García Pozuelo para reclamarle una deuda que el expropietario de Constructora Hispánica había contraído con él, supuestamente, por la adjudicación de una veintena de proyectos urbanísticos en la ciudad residencial próxima a Madrid.

Esas notas, a cuyos contenidos ha tenido acceso El Confidencial en exclusiva, delatan las relaciones comerciales que el ingeniero y el constructor mantuvieron durante años mientras por la mesa del despacho del primero pasaban todos los grandes proyectos del municipio madrileño. El fiscal de Medio Ambiente de Madrid, Emilio Valerio, llegó a abrir una investigación contra Leopoldo Gómez, según el ministerio público, por favorecer desde su cargo de funcionario a varias empresas "vinculadas a él".

La primera carta remitida al constructor de la Gürtel se remonta a septiembre de 2009. En ella, Gómez se dirigía a García Pozuelo con un saludo más cariñoso –"Amigo Alfonso"– y le exponía sus problemas financieros: "Por favor, mándame por lo menos 1.200.000 euros, como sea o buscamos la solución que consideres".

"Saltó la liebre"

El ingeniero se mostraba en la misiva sorprendido, según él, por la actitud de García Pozuelo: "Te envié el saldo en febrero, pero saltó la liebre, luego en julio, y si tú tienes problemas, uno más y no digamos el otro, todos los días presionando".

Cuando Leopoldo Gómez mencionaba "saltó la liebre" se refería al caso Gürtel, que había estallado en febrero de 2009 y motivaba la comparecencia de García Pozuelo ante el juez Pedreira por sus relaciones con Francisco Correa, el cerebro de la trama.

Lo que resultaba sorprendente en el texto era esa alusión críptica a un personaje misterioso, a "el otro", alguien que, según el ingeniero municipal, le presionaba "todos los días". ¿Le presionaba para saldar su comisión? ¿Se dirigía el funcionario municipal a una persona que estaba por encima de él en la estructura de poder del Ayuntamiento?

"Si le presionaba y Leopoldo Gómez se dejaba presionar hasta el punto de que esa presión la usaba como argumento para sensibilizar a García Pozuelo, todo hacía indicar que se trataba de alguien más poderoso que él, de un primer espada que también reclamaba su dinero", señaló a El Confidencial un exfuncionario del Ayuntamiento de Pozuelo.

Y ese personaje misterioso, al igual que Leopoldo Gómez, estaba también al tanto de que García Pozuelo, en esa fecha de finales de 2009, ya había cobrado todos sus contratos con el consistorio. Al menos eso es lo que Leopoldo Gómez destacaba en su carta: "De la nota, casi está cobrado el 90%, así que liquídame, te juro que tengo serios problemas, si no quieres verme ahora, manda un 'embajador' para solucionar este asunto".

Pero quien, finalmente, envió un "embajador" para liquidar su deuda con el constructor murciano fue el propio jefe de obras de Pozuelo de Alarcón. El Confidencial publicó ayer que el exsubcomisario José Amedo hizo de intermediario de Leopoldo Gómez en 2012 ante García Pozuelo para que este saldara una supuesta deuda por las adjudicaciones de obras en el municipio madrileño. El policía de los GAL entregó al expropietario de Constructora Hispánica, como prueba, varios documentos con el desglose de las cantidades impagadas, pero finalmente el constructor se negó a abonarlas.

Los papeles elaborados por el ingeniero, en la actualidad en poder de García Pozuelo, registraban una serie de cuentas sobre una supuesta facturación que superaba la cifra de cuarenta millones de euros, sobre la que Leopoldo Gómez tendría un interés personal. En varias ocasiones, junto a algunas de las cantidades, aparecía la anotación: "-16%".

Lo curioso del caso es que el propio ingeniero Leopoldo Gómez denunció a principio de 2011, en sede judicial, haber recibido presiones por parte de los responsables del Ayuntamiento de Pozuelo para que certificara la recepción de una obra municipal, investigada por el juez Pedreira dentro de la trama Gürtel. Se trataba del proyecto de Las Cárcavas, que fue adjudicado por 4,5 millones, en 2006, a una UTE liderada por García Pozuelo y Constructora Hispánica. Después, se modificó el presupuesto y la obra pasó a costar once millones, el doble de lo inicialmente aprobado.

La fecha de la denuncia coincide con las primeras entrevistas del ingeniero con el policía Amedo, que más tarde llegaría a entrevistarse dos veces con García Pozuelo.

El proyecto de Las Cárcavas figuraba entre las anotaciones remitidas por el ingeniero al propietario de Constructora Hispánica. Tras el encabezamiento "Facturación", aparecía la leyenda "Arroyo de Las Cárcavas" junto a la cantidad 9.610.052,87 euros y nuevamente "-16%". En el mismo apartado destacaba asimismo una serie de cifras millonarias referentes a "2º semestre 2007, 1º semestre 2008 y Operación asfalto 2006".

El protagonismo de Leopoldo Gómez, que durante 21 años ocupó el cargo de ingeniero y jefe del servicio de obras públicas de Pozuelo de Alarcón, fue determinante en la adjudicación a Constructora Hispánica de la mayor parte de aquellas promociones urbanísticas. Todas aquellas obras eran las que provocaban el litigio entre ingeniero y constructor y sobre las que el el primero sustentaba la supuesta deuda. Además, coincidían con el periodo en el que fue alcalde Jesús Sepúlveda, entre los años 2003 y 2009. Tanto García Pozuelo como Sepúlveda fueron imputados en el caso Gürtel por sus negocios con el jefe de la trama, Francisco Correa.

En uno de los folios manuscritos por el propio Leopoldo Gómez se contabilizaba la deuda contraída por Constructora Hispánica, a 15 de enero de 2009, en más de un millón y medio de euros. Entre las cantidades consignadas aparecía una partida de 139.786 euros del proyecto La Cabaña y otra consignación de 1.050.000 euros con la leyenda "pendiente de la cuenta de 9/08".

Las cartas llegan demasiado tarde

Para desgracia del ingeniero municipal, las notas remitidas a través de Amedo a García Pozuelo le llegaban tarde a este, cuando ya había vendido la empresa Constructora Hispánica a la familia Monje y los nuevos propietarios habían cambiado su denominación social por Assignia. Por todo ello, se podía leer en una de las cuartillas las quejas del funcionario municipal: "Montesinos, con un trabajo de 15 ó 20 años, dijo que nunca supo nada en la empresa de los acuerdos conmigo ni con algún otro.. En la venta no dijo nada de nada... Assignia no querrá mantener ninguna forma ni acuerdo dada la situación".

Cuando el ingeniero municipal mencionaba el apellido "Montesinos" se refería al director general de Constructora Hispánica, que, tras la venta, continuó como presidente de Assignia hasta que la familia Monje decidió despedirlo. Tal medida provocó un conflicto judicial que sigue en los tribunales.

El ingeniero municipal se mostraba en su carta dolido e indignado ante la conducta de quien había sido su amigo y aliado durante años: "Si tan hombre eres, no niegues la verdad... Cuando quieras, cara a cara... Yo no engaño a nadie... Demostraste tu cobardía el día que te encontré en la barra del Eurobuilding... Tengo vergüenza... Ya hablaremos.... Qué esperas a estar en el cielo", finalizaba la misiva.

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-03-27/el-ingeniero-de-pozuelo-exige-1-5-millones-a-hispanica-por-adjudicarle-veinte-obras_107601/

LA POLICÍA DICE QUE EL CONCEJAL QUE DENUNCIÓ GÜRTEL TAMBIÉN COBRABA

Los agentes han sacado los datos de un 'pendrive' de José Luis Izquierdo, considerado el contable de la trama que apuntaba todas las incidencias.

En el marasmo de nombres, comisiones, regalos y pagos que es el caso Gürtel, José Luis Peñas, ex edil de Urbanismo (PP) de Majadahonda tiene entidad por sí mismo. Se le ha considerado como el hombre clave para destapar la trama. Amigo personal de Francisco Correa, el 6 de noviembre de 2007 presentaba ante la Fiscalía Anticorrupción grabaciones ocultas de reuniones con personajes clave de la trama.

Hasta el momento, aparece imputado en el sumario por haber recibido dinero para el sostenimiento de su partido. Él había esgrimido que lo hizo para seguir el juego a la trama, para obtener más pruebas contra ellos. Ahora, la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional (UDEF) ha informado al juez, en su escrito de 31 de enero, que José Luis Peñas era un político más a sueldo de los muñidores.

Le llegaron a pagar los 918 euros del seguro de su vehículo, que era de la marca Mini

En el informe se da cuenta de pagos mensuales que iban de los 3.000 a los 3.500 euros que recibía de forma sistemática. Se embolsó entre 2003 y 2007, al menos, 264.000 euros. Incluso, los miembros de la trama le llegaron a pagar 918 euros para el seguro de su coche, un Mini.

El documento policial se ha elaborado tras analizar un pendrive que le fue intervenido a José Luis Izquierdo, que es considerado el contable de la red, el que movía todas las ganancias, todos los pagos y el que saneaba las cuentas. Llevaba un detallado control de la contabilidad y, para ello, había abierto una cuenta por cada persona física, jurídica o evento.

Entre 2003 y 2005, Peñas fue edil de Urbanismo en Majadahonda. En febrero de 2005 fue expulsado del PP, junto con el concejal de Hacienda, Francisco Moreno, tras paralizarse una extraña operación urbanística por la que el Consistorio iba a vender una parcela municipal por menos de 70 millones cuando el terreno estaba valorado en 150.

En el sumario consta que recibió dinero pero dijo que lo aceptó para recabar pruebas

De 2005 a 2007, Peñas intentó formar un partido independiente financiado por Correa que pretendía ser el caballo de Troya de la red en el municipio. Según el informe policial, el ex concejal consta en el fichero MasMaj.xls. En 2003 recibió, al menos, 18.000 euros, según la UDEF; en 2004, 32.600; en 2005, 79.000 euros; en 2006, más de 74.000 a lo que hay que sumar el coste del seguro de su Mini, y en 2007, 58.850 euros.

Asimismo, se hace constar las anotaciones de los pagos como «orden permanente», «entregas periódicas» o «entregas sobre Juanjo/Pepe Peñas/ Incentivo cobro Guillermo Ortega». Asimismo, se precisa: «Parte de los pagos recibidos por Peñas son considerados por la organización como un incentivo sobre los cobros de Guillermo Ortega -alcalde entonces de Majadahonda-, vinculando la percepción de estas cantidades a su participación directa en operaciones con esta persona».

El último pago del que hay constancia se realizó el 29 de mayo de 2007. El 6 de noviembre ponía la denuncia en Anticorrupción. En mayo de 2007 se celebraron las elecciones municipales y el partido no consiguió más de 200 votos. A partir de entonces no constan más aportes de dinero.

Quiso montar un partido político independiente, financiado por Correa

La trama Gürtel hizo de los pueblos del norte de la región su particular campo de extracción. Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Boadilla del Monte... todos estos municipios estaban perforados como un queso por los miembros de la trama. Arganda, al sureste de la región, fue otro de los municipios que se vio directamente enfangado.

Pero la infección no se limitó a los pueblos llegó, incluso, a las proximidades de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Alberto López Viejo, quien llegó a ser consejero en el Gobierno autonómico es considerado, el muñidor. En una de las grabaciones de la UDEF a Francisco Correa aseguraba que «cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta Alberto». El Gobierno regional asignó 66 contratos por valor de 760.717,87 euros a tres empresas de la trama Gürtel entre los años 2004 y 2008.

«No he recibido dinero antes de 2005»

«El dinero que el señor Correa me dio tanto a mi como a Juan José Moreno -ex edil del PP de Hacienda de Majadahonda- de 2005 a 2007 fue para montar un partido. Recaudaba y luego lo entregaba como donaciones. Está documentado en el procedimiento», precisa Peñas. «No dudo que mi nombre esté en los apuntes por cobros anteriores a 2005 pero no se en concepto de qué», señala. «No he recibido ningún dinero antes de 2005. Lo del seguro del Mini, se lo conté yo al juez. Era del señor Correa y su mujer. Me dejaron más de 100 multas. Asumí que se pusiese a mi nombre para tener pruebas de que se movía con testaferros, igual que el dinero para el partido. Lo tengo declarado», precisa. / J. G. T.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/03/16/5325f99722601dd6468b4579.html

HACIENDA DESMIENTE QUE EL DINERO QUE LÓPEZ VIEJO TENÍA EN SUIZA PERTENECIESE A SU MUJER

La Agencia Tributaria concluye que el medio millón de la cuenta suiza del ex consejero madrileño en 2012 no pudo ser aportado por Teresa Gabarra

La Agencia Tributaria desmiente en un informe que el casi medio millón de euros que el exconsejero madrileño Alberto López Viejo tenía en un banco de Suiza en 2002 fuera de su mujer Teresa Gabarra, tal y como ella aseguró al juez Pablo Ruz el pasado septiembre en su declaración como imputada.

El informe sobre Gabarra, imputada en el caso Gürtel por un delito de blanqueo, analiza entre otras cosas su situación patrimonial y recursos económicos de 2004 a 2009, y la congruencia entre la documentación que aportó, sus declaraciones tributarias y la declaración que prestó ante el juez en septiembre.

Respecto a este último aspecto, el documento, al que ha tenido acceso Efe, recuerda que el 16 de septiembre Gabarra dijo al juez de la Audiencia Nacional que ella fue quien aportó los 452.197 euros que López Viejo ingresó en su cuenta del banco Mirabaud de Suiza en 2002.

Gabarra también dijo a Ruz que el origen de esos fondos era anterior a su relación con López Viejo y que procedía de actividades propias y de su familia.

Para averiguar si esto es cierto, los funcionarios de la unidad de auxilio judicial de la Agencia Tributaria suman el valor del patrimonio de Gabarra a 31 de diciembre de 2001 y el dinero que ahorró en los primeros meses de 2002.

Así, indican que el patrimonio de la mujer del exconsejero a finales de 2001 era de 265.613 euros, según su declaración del Impuesto de Patrimonio, y añaden que el "ahorro máximo" que pudo generar en los primeros meses de 2002 "es nulo", ya que de hecho su renta disponible para el ahorro fue negativa (-3.437 euros).

El informe, fechado el 25 de febrero, afirma que tampoco se cumple la condición de que su patrimonio a 31 de diciembre de 2002 menguara en, al menos, 452.197 euros, sino que, al contrario, se incrementó y pasó a ser de 311.357 euros.

Por todo ello, el informe concluye que "Teresa Gabarra no pudo aportar el efectivo que Alberto López Viejo ingresó durante 2002 en la cuenta de la Banca Mirabaud" y que "no pudo aportar siquiera una parte de aquellos ingresos en la cuenta suiza porque su patrimonio a 31 de diciembre de 2002 es superior a su patrimonio a 31 de diciembre de 2001 y su ahorro durante 2002 fue nulo".

El informe analiza también la documentación remitida por las autoridades suizas sobre la cuenta del banco Mirabaud y concluye que ella figuraba en la relación de apoderados de López Viejo y que el 20 de julio de 2012 ordenó transferir todos los fondos al Banco Santander y cancelar la cuenta de Suiza.

En su declaración ante el juez, Gabarra afirmó que fue ella quien abrió con sus ahorros una cuenta bancaria en Suiza en 2002 a nombre de su marido para evitar a un acreedor estadounidense con el que había tenido un pleito.

Dicha cuenta se nutrió de ingresos en efectivo realizados entre el 23 de julio y el 29 de octubre de 2002 por un importe total de 495.450 francos suizos, 42.393 libras esterlinas y 46.784 euros.

Otro informe del 7 de marzo de la Agencia Tributaria actualiza uno anterior para rectificar dos errores, uno de ellos sobre la cuota defraudada por López Viejo en su declaración de IRPF de 2006 y otro sobre la renta de 2008 de este imputado.

Respecto a 2006, los funcionarios de la Agencia Tributaria piden al juez Ruz un pago del Ayuntamiento de Madrid a López Viejo que permitiría averiguar si la cuota defraudada ese año alcanza los 120.000 euros y constituye así un delito fiscal.

En cuanto al año 2008, asegura que la cuota que defraudó en el IRPF fue de 505.0427 euros.

Un informe anterior del pasado mes concluyó que López Viejo defraudó a Hacienda 1.108.838 euros en 2002, 181.693 euros en 2003 y 501.712 euros en 2008.

Después de notificar el informe a las partes, el juez acordó ayer reclamar a la Agencia Tributaria las declaraciones del IRPF de López Viejo de los años 2002 a 2008.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/03/13/5321fd4fe2704e74718b4582.html

BOADILLA, UN AYUNTAMIENTO A MEDIDA DE GÜRTEL

La trama de Correa amuebló incluso los despachos y diseño los escudos del Consistorio de Boadilla del Monte.

Según la UDEF, primero de efectuaron los trabajos y luego se sacaron los pliegos del concurso

Los tentáculos de Gürtel en Boadilla del Monte, epicentro de las operaciones fraudulentas de la trama corrupta, eran infinitos. Los nuevos informes aportados por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) al juez Pablo Ruz, que instruye la causa, desvelan que el entramado de Francisco Correa incluso realizó en el municipio labores de decoración e imagen corporativa, pese a que las empresas del entramado no tenían entre sus fines esos objetivos, sino la organización de actos y eventos.

Boadilla era una de las principales fuentes de ingresos de la trama. Según el fiscal, entre el año 2000 y febrero de 2009, desde el entorno de Correa se habrían entregado regalos y sobornos a funcionarios y autoridades municipales con el propósito de obtener adjudicaciones millonarias para sus empresas mediante procedimientos fraudulentos. En muchos casos se trataba de fraccionamientos de contratos para evitar un concurso público con publicidad.

Entre los imputados están, entre otros, el ex alcalde, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, que habría recibido de la trama, según la UDEF, cerca de 637.000 euros; César Tomás Martín Morales, consejero delegado de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS); el ex diputado regional Alfonso Bosch, o el sucesor de Panero, Juan Siguero. El control de la red sobre el municipio era tal que la trama incluso amenazó a Panero con echarle del Ayuntamiento si no se plegaba a sus intereses.

Ahora, nuevos informes de la UDEF vuelven a desvelar hasta qué punto Gürtel estaba imbricada en la maquinaria del Consistorio. Entre la documentación hallada en los registros en despachos del entramado, hay facturas que demuestran que varias empresas de la trama -Easy Concept, Diseño Asimétrico, Good and Better y Servimadrid- realizaron «labores de acondicionamiento de algunas zonas del Ayuntamiento, como la zona de prensa, el despacho de Alcaldía, la sala de juntas o el hall». También llevaron a cabo montajes de equipos audiovisuales y de sonido, así como el diseño de los escudos metálicos del municipio que adornan la fachada y varias salas.

De acuerdo a las pesquisas de la Policía tras estudiar todas las facturas, «se infiere que la organización realizó estos trabajos en 2007, y posteriormente acomodaron las facturas del año 2008, una vez se llevó a cabo el procedimiento formal de la adjudicación». Según los investigadores, «se acomodaron los pliegos a los trabajos que ya habían realizado para darle forma correcta al contrato».

En un correo de marzo de 2007, Rocío Perea, trabajadora de Servimadrid, remite un correo electrónico a Isabel Jordán, empleada también de Correa, bajo el encabezado «Facturas Boadilla del Monte», en el que le desglosa en cinco puntos las estancias que han decorado señalando «las empresas propias y ajenas que tienen que presentar oferta y los importes de las mismas a efectos de cumplimentar un procedimiento negociado sin publicidad».

Sobre la copia en papel del correo figura la anotación manuscrita «Hablar con Tomas», en referencia a César Tomas Martín Morales, director de la EMVS, y que también fue director general del municipio desde 2007. Morales era la persona a la que la organización le «planteaba las fórmulas a emplear para ajustarse a la legalidad administrativa».

Los escudos, 11.086 euros

En ese mismo correo, la trabajadora de Servimadrid dice que la factura «de los escudos», por ejemplo, que ascendía a 11.086 euros, «a Belén le pareció bien». En otro correo de un año después, de marzo de 2008, entre Martín y Pau Collado, trabajadora también de las empresas de Correa, se menciona una futura reunión con Belén para tratar el tema del mobiliario.

Según determinan los agentes de la UDEF, la «Belén» a la que se refieren los correos es Belén Húmera Contreras, concejal de Formación y Obras del municipio en ese momento. De acuerdo a la UDEF, la trama realizó dos compras por un valor total de 640 euros que iban dirigidas a esta persona, tal y como recogían varias facturas encontradas en otros registros, infiriendo que le fueron entregados a Húmera «por las ayudas que esta persona prestó al grupo empresarial».

Húmera «mantuvo una vinculación directa con Pau Collado, responsable de las empresas de eventos madrileñas y junto a César Tomás Martín Morales, con el objeto de organizar la refacturación en cuanto a los servicios efectuados en el Ayuntamiento... Los trabajos se llevaron a cabo antes de la tramitación de los correspondientes procedimientos de contratación, obligando a volver a facturarlos con posterioridad, momento en que entra este cargo público en escena», señala el informe de la UDEF.

Húmera fue concejal de Obras desde el año 2003, siendo una de las personas de confianza de El Albondiguilla. En la actualidad, Húmera trabaja como cargo de confianza en la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria del Ayuntamiento de Alcorcón, también gobernado por el PP. Este periódico trató sin éxito de contactar con ella varias veces.

En total, los trabajos realizados por las empresas Gürtel al Ayuntamiento de Boadilla, en los que se incluye «la distribución de interiores», los escudos en 3D que todavía están colgados en la sala de prensa, decenas de sillas modelo sit and move para varios espacios, o los renders, fueron facturados por 62.778,39 euros, un precio bastante superior a la primera facturación realizada en 2007, que ascendía a 48.563 euros. Sólo la cuenta del despacho de Alcaldía, con una mesa, dos estanterías y una librería, todas de madera de nogal, ascendía a 9.419 euros.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/03/12/5320dc27e2704ebf478b4587.html

BOADILLA PERSIGUE EN LOS TRIBUNALES EL DINERO DE 'EL ALBONDIGUILLA'

El 10 de febrero de 2009 Arturo González Panero (PP) se veía obligado a dejar su puesto de alcalde de Boadilla del Monte por su presunta implicación en la trama Gürtel. Posteriormente, los tribunales lo imputaban por delitos contra la Hacienda Pública, blanqueo, falsedad en documento público, malversación, prevaricación y cohecho. La trama lo retrataba con el sobrenombre de El Albondiguilla.

En septiembre de 2013 el nuevo Consistorio, con un nuevo alcalde elegido tras las elecciones de mayo, Antonio González Terol (PP), se personaba en la causa como acusación particular. Toda una declaración de intenciones.

Ahora, pocos meses después el Ayuntamiento ha solicitado al juzgado Central del Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional que acepte su personación en la pieza separada, en la abierta por la supuesta contabilidad B del PP, más conocida como los papeles de Bárcenas.

El objetivo es seguir el rastro de las cuentas suizas de González Panero. Es por ello por lo que solicita, ante el hallazgo de una posible cuenta, que se bloquee «el saldo que tuviere», ya que el «saldo de la cuenta del Sr. González Panero», pudiera ser «de titularidad total o parcial del Ayuntamiento de Boadilla del Monte». Para que se atienda su petición solicita, además, que se le tenga por personada en la causa.

En las comisiones rogatorias internacionales, las autoridades judiciales suizas informaron al Ministerio de Justicia de la existencia de una cuenta abierta a nombre de la sociedad panameña Longridge Internacional, S.A., en el EFG Bank de Zurich, a la que se ha transferido el saldo que tenía la entidad americana en una cuenta del HSBC de la que es beneficiario, precisamente, Arturo González Panero.

«Queremos que se devuelva hasta el último céntimo a los ciudadanos»
El Consistorio pide que se amplíe esa comisión rogatoria para que el banco suizo aporte más información. Esencialmente, reclama «toda la documentación de apertura y movimientos».

«Exigimos todas las responsabilidades a aquellos que se han llevado el dinero de los ciudadanos. Queremos que los condenados por los tribunales devuelvan hasta el último céntimo», sentencia el actual alcalde Antonio González Terol.

Y es que, su actitud de poner al Ayuntamiento frente al frente de la manifestación contra la corrupción se explica, no sólo por lo que ocurrió con González Panero, sino con todo lo que sucedió posteriormente. Al dimitido alcalde le sustituyó Juan Siguero (PP), que también se vio obligado a renunciar al puesto en febrero de 2011, arrastrado por Gürtel. A esas alturas ya se conocía que la trama se había extendido por Majadahonda, Pozuelo... y hasta el propio Gobierno regional.

Fue entonces cuando el PP de Madrid decidió tomar cartas en el asunto y renovar a todos los alcaldes de los pueblos que jalonan la carretera de A Coruña, territorio conservador, con la intención de alejar la peste de la corrupción.

Hace tan sólo un año la Policía conectó Gürtel con los papeles de Bárcenas. Lo hizo después de encontrar varias coincidencias entre apuntes contables de ambos asuntos en relación a las campañas electorales gallegas.

El nexo de unión se relaciona con el número dos de la trama, Pablo Crespo, y el constructor Alfonso García Pozuelo.

Desde el Ayuntamiento se asegura que a lo largo de esta legislatura el nuevo equipo de Gobierno municipal ha recuperado todos los contratos y obras relacionados con Gürtel.

Ponen como ejemplo más emblemático la recuperación de la que se considera la adjudicación más emblemática a la trama por parte de González Panero, la titularidad del parque del Deporte y la Salud. Se trata de un macroproyecto que se desarrollaría en una extensión de 45.000 metros cuadrados y que asignó por 30 millones.

El Consistorio liquidó también los contratos de basura y mantenimiento de obras públicas, adjudicados a Sufi -investigada en la trama-, una de las empresas que ya estuvo en el disparadero por el contrato de parquímetros de la capital en la que formaba una UTE con Hixienes, que incumplía el pliego del concurso.

Hasta la fecha, González Panero no ha dicho esta boca es mía. El pasado mes de julio se negaba a declarar ante el juez asegurando que lo haría «cuando lleguen todas las comisiones rogatorias». Es decir, la información que se ha solicitado a Suiza sobre la existencia de cuentas. Entretanto, Boadilla y el resto de municipios vecinos intentan quitarse como pueden el estigma de la corrupción.

830.000 euros bajo sospecha municipal

En el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, el Ayuntamiento de Boadilla pide que también se le permita personarse como acusación particular en la pieza separada, dado que Cyopsa Sisocia, S.A, de la que es titular el imputado, Camilo José Alcalá Sánchez, el imputado que es investigado, participó, al menos, en un contrato con el Consistorio. Lo hizo el 31 de marzo de 2004 cuando formando una UTE con Fuenco, S.A., González Panero le adjudicó las obras de remodelación del casco antiguo. Se trataba de la peatonalización de la avenida del Generalísimo y la construcción del nuevo Ayuntamiento. En el escrito, el Consistorio asegura ahora que en su tramitación y ejecución «se dieron circunstancias como la apreciación de temeridad en la proposición económica». Hizo una oferta que rebajó en 300.000 euros el precio señalado. De hecho, se tuvo que justificar esa rebaja en la Mesa de Contratación. El contrato se firmó a «riesgo y ventura del contratista», precisa el Ayuntamiento. Más de dos años después de la adjudicación, el 18 de mayo de 2006, y vencido el plazo de ejecución, se autorizó la inclusión de una cláusula adicional en el contrato que aprobaba un modificado del proyecto «con un incremento de 830.400 euros IVA incluido y una prórroga de tres meses, sin incremento al 20% de la fianza definida por razón de la temeridad». Es decir, que se le daba más dinero al adjudicatario pese a haber vencido el plazo para acabar las obras y, además, no se le exigía, pese a subir la cuantía de la adjudicación, que aumentase al fianza. Pero es que el Consistorio informa al juez de que esa rebaja en el precio ofertado «evitó la adjudicación a otro licitador que ofertaba un precio ajustado a los pliegos», señala. Otros licitadores a ese concurso fueron las empresas Constructora Hispánica, S.A., Teconsa y Begar, todas ellas investigadas por su implicación en la trama. / J. G. T.

http://www.elmundo.es/madrid/2014/03/08/531b6e94e2704efc678b4570.html

GÜRTEL SE REPARTIÓ UNA COMISIÓN DE 1,8 MILLONES EN BOADILLA DEL MONTE

La red también participó en la compraventa de una finca en El Escorial

La trama de corrupción Gürtel se hizo de oro de muchas maneras. Aparte de dedicarse a organizar docenas de actos electorales e institucionales del Partido Popular, ya fuera en Madrid o en Valencia, también sacó tajada de las comisiones que recibía de distintas empresas y de operaciones de compraventa de fincas. Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP en Galicia y considerado el número dos de Francisco Correa en la red corrupta, anotó en su agenda personal distintas operaciones, como una comisión de 1,8 millones de euros por una adjudicación en Boadilla del Monte.

El reparto que consta, de acuerdo con el análisis de la agenda de Crespo realizado por la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, se realizó entre varias personas identificadas por las iniciales de sus nombres y apellidos, o bien por los apodos con que eran conocidos. Así, 390.000 euros correspondieron a Correa —figura en las anotaciones como “FC”— y otros 390.000 euros a Alfonso Bosch, exdiputado regional y exdirector de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda (EMVS), que aparece anotado como “AB”.

También recibió 390.000 euros a Tomás Martín Morales o “TM”, quien fuera consejero delegado de la EMVS. A Arturo González Panero El Albondiguilla, alcalde de la localidad entre 1999 y 2009, anotado como “Alb”, el inicio del apodo por el que es conocido, le fueron entregados presuntamente 210.000 euros. Por su parte, el propio Crespo, o “Fra P”, percibió 300.000. La cifra que obtuvo cada una de las personas mencionadas, todas ellas imputadas en el caso Gürtel, varía ligeramente en otras anotaciones de Crespo en su agenda.

Aunque “no puede establecer” el origen de la comisión obtenida por la organización, la UDEF llega a la conclusión de que el pagador es la constructora Teconsa. “Una cuantía de 1.800.000 euros de comisión solo puede corresponderse con un volumen de negocio muy importante desarrollado por Teconsa en ese municipio, bien en una única obra (no es el caso) o en varias”, recoge el informe.

Antonio González Terol, alcalde de Boadilla desde 2011 y también del PP, se personó el pasado septiembre en la Audiencia Nacional como acusación particular y en calidad de perjudicado “por las presuntas irregularidades cometidas” durante el mandato de González Panero. Este dimitió tras su imputación por supuestas adjudicaciones irregulares a empresas de la trama Gürtel. A Panero le reemplazó Juan Siguero, que también renunció en febrero de 2011. Mercedes Nofuentes ejerció de alcaldesa hasta las elecciones municipales y autonómicas ese mayo.

La UDEF también ha encontrado en la agenda de Crespo anotaciones relativas a un terreno en El Escorial, comprado por 4,9 millones y vendido por 8,5. La organización de Correa compró en julio de 2004 la finca Monte el Valle a la sociedad Elitehotels por 4.974.254 euros (previamente se habían adelantado 300.000 euros). Para ello creó una sociedad denominada Proyedicon SL, representada en la operación por Crespo y Juan Millán Alcaide y participada en un 50% por Rustfield Trading Ltd (domiciliada en Reino Unido), un 25% por Millán Alcaide y otro 25% por Juan Ramírez Ucha. Además, se constituyó una hipoteca por la sociedad Proyedicon por 4,5 millones.

En la tramitación a UFC participó Inversiones Kintamani, representada por Ramón Blanco Balín, considerado por la policía como el cerebro que tejió en paraísos fiscales la maraña de empresas que utilizó Correa para blanquear el dinero que obtenía de forma ilícita. “UFC procuraría la clasificación de la finca como urbanizable y su posterior desarrollo inmobiliario”, apuntan los investigadores.

Tras manejar distintas opciones, finalmente el terreno se vendió en mayo de 2006 a la constructora UFC —su antiguo propietario, el empresario José Luis Ulibarri, también está imputado— por 8,5 millones “los cuales, una vez descontados costes, gastos e impuestos, fueron repartidos entre los socios participantes, procediéndose a la disolución de Proyedicon”.

En uno de sus apuntes (realiza varios al respecto), Crespo estimó en tres millones el “beneficio total” que obtuvo Proyedicon por la operación, dejando el “beneficio puro” en 2,55 millones tras deducir 450.000 euros (15%) en concepto de plusvalía. Tras otras cantidades aportadas, entre ellas 150.000 euros por parte de Ulibarri, el “beneficio a repartir” fue de 817.500 euros. El dinero, según el informe de la UDEF sobre la agenda de Crespo, quedó a repartir entre cuatro partes, de las que el 50% correspondía a Rustfield, y el resto a Millán Alcaide y Ramírez Ucha.

El día de la escritura de la finca por parte de UFC, Inversiones Kintamani consideró que existía “la posibilidad de vender a un tercero los terrenos a un precio superior al abonado por UFC”, por lo que se mostró “interesada en promover como intermediario independiente en su venta”. La UDEF concluye que el objetivo de la operación inmobiliaria en El Escorial era la obtención de un beneficio “mediante la especulación urbanística, previendo una venta posterior de la finca, promoviendo el cambio de utilidad de la misma”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/09/madrid/1394392135_562687.html

EL JUEZ RUZ INVESTIGA EL DESPILFARRO DE LOS ACTOS DE ‘PRIMERA PIEDRA’ DE AGUIRRE

El magistrado reclama información sobre las áreas de Sanidad, Transportes y Vivienda

Los responsables políticos eran entonces Cospedal, Elvira Rodríguez, Lamela y Mariano Zabía

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz investiga si las empresas adjudicatarias de obras de hospitales, urbanización de nuevas áreas de expansión y viviendas protegidas sufragaron los actos de propaganda de la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, relacionados con estas obras. El magistrado instructor del caso Gürtel ha emitido un auto –resolución razonada- en el que da un plazo máximo de cinco días a las consejerías de Sanidad y de Transporte para que certifiquen si en los diferentes pliegos de los contratos de las obras se especificaba que como “prestación accesoria” las empresas adjudicatarias de los trabajos “tenían que asumir los costes referidos a la inauguración”. Estos actos propagandísticos fueron organizados, y cobrados con un fuerte sobrecoste, por las empresas de Francisco Correa, cerebro de la trama corrupta que se creó en torno al PP.

El magistrado exige a la Consejería de Sanidad que certifique también en qué fecha y por qué responsable técnico o político fueron aprobados los pliegos de condiciones técnicas y administrativas de los contratos, así como la fecha y el encargado de las adjudicaciones de una serie de hospitales en los que Aguirre puso la primera piedra entre enero de 2005 y octubre de 2006. Se trata de los centros sanitarios 12 de Octubre, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Hospital del Sur, Arganda del Rey, Aranjuez, Vallecas y Valdemoro. En esa época el consejero de Sanidad era Manuel Lamela, que actualmente forma parte de Assignia Infraestructuras, empresa que gestiona los servicios privatizados del Hospital de Aranjuez, que él mismo adjudicó.

El magistrado actúa a petición de la Fiscalía Anticorrupción, tras examinar un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, del pasado octubre, en el que se establecía que “determinados actos relacionados con la construcción de diversos hospitales podrían haber sido abonados por las sociedades concesionarias adjudicatarias de los contratos de construcción”.

El magistrado requiere también los mismos datos a la Consejería de Transporte, Infraestructuras y Vivienda, por actos celebrados entre 2005 y 2007, en concreto las primeras piedras de los planes de actuación urbanística de Vallecas y Ventillas y de VPO de Torrelodones, así como los actos de la entrega de viviendas sociales en San Sebastián de los Reyes y la inauguración de la carretera M-407, entre Leganés y Griñón.

En esos años, las responsabilidades en materia de vivienda y de infraestructuras del transporte estaban repartidas en dos consejerías. Por un lado, la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, que dirigía Mariano Zabía, que hoy preside el Consejo Consultivo de la Comunidad de Madrid, y que se ocupaba del urbanismo y la construcción de pisos sociales. Por otro, la cartera de Transportes e Infraestructuras, que se ocupaba de la expansión del metro y la red regional de carreteras, y que dirigía la actual secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, María Dolores de Cospedal, y, después, Elvira Rodríguez, actual presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

Todos estos contratos forman parte de los 71 actos de los que la Comunidad de Madrid no encontró documentación en sus archivos cuando el juez Ruz se la reclamó el pasado octubre. El juez Ruz pedía esa documentación para sumarla a la ya examinada por la Intervención General de la Administración del Estado, que concluyó que el Gobierno presidido entonces por Esperanza Aguirre pagó 8,7 millones a la trama en otros 246 contratos. Según la Intervención, casi todas las consejerías contrataron con las empresas de Correa entre 2004 y 2008.

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/27/actualidad/1393486085_233067.html

RUZ DA A LA COMUNIDAD DE MADRID CINCO DÍAS PARA ENTREGAR DOCUMENTOS YA PEDIDOS EN SEPTIEMBRE

El juez del caso Gürtel quiere comprobar si quince actos, muchos de colocación de primera piedra en hospitales, fueron realmente pagados por las empresas adjudicatarias de las obras. Ruz ya solicitó esta información en septiembre, cuando recibió documentos sólo sobre cinco actos investigados.

El juez del caso Gürtel, Pablo Ruz, ha pedido a las consejerías de Sanidad y Transportes, Infraestructuras y Vivienda de la Comunidad de Madrid información sobre si quince actos, muchos de colocación de primera piedra en hospitales, fueron realmente pagados por las empresas adjudicatarias de las obras.

En un auto, al que ha tenido acceso Efe, el juez intenta comprobar si estos actos fueron efectivamente abonados por las empresas concesionarias de las obras principales de diversos hospitales, viviendas de protección oficial o carreteras, y encargados a empresas vinculadas a la trama Gürtel, tal y como sospechan los investigadores. Para ello, pide a la Comunidad de Madrid la información sobre si el pago de los actos estaba incluido en los contratos públicos que se les adjudicó para la construcción de las infraestructuras públicas.

Así, y a petición de la Fiscalía, que se basa en un oficio de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, el juez pide certificación de que en las adjudicaciones estos actos aparecen como una "prestación accesoria que el adjudicatario del contrato tiene que asumir a su cargo".

Pide esta información a Sanidad en referencia a la colocación de la primera piedra de los hospitales 12 de Octubre, San Sebastián de los Reyes, Coslada, Sur-Par, Aranjuez y Vallecas, actos celebrados en 2005, así como la colocación de la primera piedra y una visita al hospital de Valdemoro y la primera piedra del Policlínico Hospital 12 de Octubre, estos últimos en 2006.

A la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda le reclama información sobre el acto de primera piedra del PAU de Vallecas y Ventillas en 2005, la primera piedra de viviendas en Torrelodones ese mismo año, una entrega de viviendas en San Sebastián de los Reyes en 2007 y la inauguración en 2007 de la carretera M-407.

Ultimátum de Ruz

El juez reclama a las consejerías que en un plazo de cinco días certifiquen si consta en los pliegos de los contratos de construcción de los hospitales que el adjudicatario tiene que asumir el coste de los actos de inauguración, así como en qué fecha y por quién se aprobaron los pliegos de tales contratos y la adjudicación de los mismos.

La información sobre estos quince actos ya fue requerida por el juez el pasado mes de septiembre dentro de una petición de información más amplia sobre 71 actos de la Comunidad de Madrid, pero el último informe de la Intervención General del Estado (IGAE) enviado a Ruz destacaba que las consejerías madrileñas solo habían remitido la documentación sobre cinco de ellos.

El informe indicaba que cuatro consejerías de esta comunidad autónoma (entre ellas Sanidad) no habían atendido al requerimiento que Ruz les hizo para que remitieran información sobre la adjudicación de los 71 actos, lo que negó la Comunidad de Madrid asegurando que sí habían hecho llegar esa información a la Policía. El informe asegura que en algunos actos de los que ahora pide la documentación, como la colocación de la primera piedra de los hospitales de Aranjuez, Valdemoro y Policlínico 12 de Octubre, figura "alguna empresa del grupo FCS (Francisco Correa Sánchez), del grupo Rafael o de Lata Latina", vinculados con Gürtel.

Empresas de la trama

Según la documentación incautada en los registros a las empresas de Gürtel, los actos de primera piedra del PAU Vallecas y Ventillas, los hospitales 12 de Octubre y San Sebastián y las viviendas de Torrelodones "los gestionaban los órganos administrativos de la C.A.M., que los contrataban y adjudicaban directamente a las empresas del grupo FSC; posteriormente, siguiendo las indicaciones de los propios órganos de la C.A.M., eran facturados a las empresas que ellos indicaban".

El informe indica que la primera piedra del PAU Vallecas y del Hospital 12 de Octubre la facturan empresas vinculadas a Gürtel a la empresa Ferrovial Agromán, el PAU de Ventillas a Obrum Urbanismo, el acto del Hospital de San Sebastián a la Sociedad Concesionaria Norte y el de Torrelodones a Detinsa.

La IGAE concluía en el informe que la Comunidad de Madrid adjudicó al Grupo FCS, vinculado a la trama Gürtel, 347 actos, de los que el exconsejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo obtuvo un beneficio de 289.889 euros.

En el auto, el juez también pide "nuevamente" a la Consejería de Sanidad que remita en cinco días la información que tenga de "la naturaleza, órgano de dependencia y estatutos de las entidades dependientes de su Consejería Gerencia Área 4 y Hospital de Getafe durante los años 2005 y 2006".

http://vozpopuli.com/actualidad/39576-ruz-da-a-la-comunidad-de-madrid-cinco-dias-para-entregar-documentos-ya-pedidos-en-septiembre

Ruz exige al Gobierno de Madrid que diga quién pagó actos de Sanidad y Transportes

El juez duda de si fueron abonados a la trama por el ejecutivo autonómico, o por las empresas adjudicatarias

Da un "plazo improrrogable" de cinco días a las consejerías de Sanidad y Transportes para que "a la mayor urgencia" remitan toda la información al respecto, incluidos los nombres de los responsables de adjudicar las obras en ambas consejerías en 2005 y 2006, cuando estos departamentos estaban ocupados por Manuel Lamela, María Dolores de Cospedal y Elvira Rodríguez.

El titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha emitido un auto al que ha tenido acceso la Cadena SER que implica un salto significativo en la investigación de las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a la trama Gürtel, por las que la supuesta red corrupta se habría embolsado 8,7 millones durante el Gobierno de Esperanza Aguirre.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción, a la vista de diversa documentación remitida por el BBVA y el Banco Popular, y de un oficio de la UDEF, sospechan que "determinados actos relacionados con la construcción de diversos hospitales de Madrid podrían haber sido abonados por las sociedades adjudicatarias de los contratos de construcción de los hospitales".

Hasta ahora se tenía constancia de que fue la Comunidad de Madrid la que pagó a la Gürtel por la organización de esos actos, pero no las adjudicatarias. Por lo tanto, el juez quiere saber quién pagó efectivamente al entramado liderado por Correa por la organización de estos eventos.

En concreto, el juez y la Fiscalía sospechan de 9 actos de colocación de primeras piedras de otros tantos hospitales de Madrid y del acto de visita a la obra del Hospital de Valdemoro, que competen a la Consejería de Sanidad. También ven indicios de un comportamiento idéntico en otros cinco actos de la Consejería de Transportes, Infraestructuras y Vivienda. Todos ellos en los años 2005 y 2006, cuando el responsable de Sanidad era el consejero Manuel Lamela, y los de Transportes fueron Elvira Rodríguez y la actual secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal.

Por ello, en su auto, el magistrado exige a ambas consejerías que "en el plazo improrrogable de cinco días" y con la "mayor urgencia" posible, remitan al juzgado toda la información respecto a si consta en los pliegos de los contratos de construcción que el adjudicatario de la obra tuviera que asumir los costes de la obra adjudicada.

El juez va más allá, y quiere saber las fechas y los nombres de los responsables de la Comunidad de Madrid que adjudicaron las obras. Ambas consejerías deberán certificar en el mismo plazo improrrogable de 5 días "en qué fechas y por quién se aprobaron los pliegos" de tales contratos, y "por quién se aprobó la adjudicación" de los mismos.

Esta documentación será decisiva para que los funcionarios de la Intervención General de la Administración del Estado puedan elaborar su informe definitivo sobre los contratos de la Comunidad de Madrid con la Gürtel. En su informe del pasado mes de julio, la IGAE concluyó que el Gobierno autonómico pagó 8.7 millones a la Gürtel hasta 2006 mediante adjudicaciones supuestamente irregulares. Con un sistema generalizado para amañar los contratos saltándose la ley. Los investigadores inciden en que la comunidad utilizó contratos fraccionados para evitar la publicidad y la pública concurrencia entre otros métodos.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/ruz-exige-gobierno-madrid-diga-quien-pago-actos-sanidad-transportes/csrcsrpor/20140227csrcsrnac_11/Tes

ANA GARRIDO: “NUNCA IMAGINÉ QUE EL PRECIO POR DENUNCIAR LA GÜRTEL IBA A SER TAN ALTO”

Ana es una de esas pequeñas heroínas de barrio que uno se imagina encontrar por la calle cuando va a hacer la compra o espera en la parada del autobús. Aunque su mirada cansada y su gesto serio no lo permita intuir. Porque, a veces, cumplir con las obligaciones éticas o ciudadanas tiene un alto coste. Demasiado alto en su caso. Exactamente, cinco años de puro calvario.

Ana Garrido, exfuncionaria del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, ha vivido estos últimos cinco años de sobresalto en sobresalto, echa un mar de lágrimas en unas ocasiones, aislada y marginada en muchas otras hasta el punto de casi enajenarse. Aunque hoy puede exhibir orgullosa su segunda victoria: una sentencia judicial que le da la razón y que avala que fue acosada laboralmente hasta casi hacerla enfermar. La otra victoria, la que se cobró en 2009, sirvió para echar a Arturo González Panero, más conocido como ‘El Albondiguilla’, del consistorio de su pueblo y arrastrar con él, en su caída, a media docena de imputados de los más de cien nombres que engrosan la lista negra de la Gürtel.

“¿Si volvería a hacerlo? Por supuesto que sí. Ahora, también es cierto que no me imaginé que el precio iba a ser tan alto, ni pensé que iba a ser tan largo en el tiempo”, explica, junto al edificio del Ayuntamiento en el que ha trabajado durante los últimos años y en los que ha vivido algunos de los capítulos más negros de su propio relato. “Pero sí, reconozco que lo volvería a hacer. Creo que mi trabajo, o mi sufrimiento -no sé cómo llamarlo- ha servido para cortar una parte de la trama. Por lo menos, una parte de la red creo que sí se ha cortado”.

La heroicidad de Ana consistió en su día en plantar cara frente a la adversidad. En vez de hundirse, sacar fuerzas de flaqueza para demostrar lo que era vox populi entre sus compañeros de trabajo pero que nadie se atrevía a denunciar ni a poner negro sobre blanco. Y fruto de ese arrebato de rebeldía vio la luz un amplio dossier de más de 300 páginas que terminó en manos de la Fiscalía Anticorrupción y que fue uno de los orígenes del caso que más quebraderos de cabeza ha dado al Partido Popular y a su presidente, Mariano Rajoy.

Garrido relata el origen de su propia pesadilla frente a la sede de la Casa de la Juventud y de la Infancia de Boadilla del Monte, una obra ejecutada en su día por la constructora Ortiz y que se convirtió, de la noche a la mañana, en la piedra en el zapato de esta funcionaria que sólo quería hacer bien las cosas como técnica de juventud que era.

“A mí me en cierta ocasión me dijeron que no podía hacer modificaciones que yo consideraba sustanciales porque se intuía que la comisión que se había llevado Panero en este caso era muy elevada”, comienza a explicar. “Esto me lo comentó un técnico del Ayuntamiento. Y por eso era que se me negaba, sistemáticamente, cualquier tipo de modificación, como el ancho de las puertas para que entraran minusválidos o la altura de las ventanas, etcétera”.

Estamos en el año 2007. Los nombres de Francisco Correa, Álvaro Pérez ‘El Bigotes’ o Luis Bárcenas, todavía permanecen en el ámbito de lo anónimo. Personajes que, a partir de entonces, se cruzarían, aunque fuera de forma tangencial, en la vida de esta funcionaria. “Mi calvario comenzó cuando me veo sometida a presiones para realizar informes favorables que a mí me parecían irregulares, que no cumplían los requisitos. Se me presiona para contratar a empresas concretas y a personas con nombres y apellidos y yo me negaba rotundamente”.

Le degradaron profesionalmente, le quitaron su despacho, le dejaron sin móvil del Ayuntamiento… La presión, con el propio González Panero encima de ella en todo momento, acabó en una baja por depresión de 18 meses de duración. Tiempo en el que nuestra heroína de barrio se reconvirtió en una especie de Erin Brockovich.

'Durante los meses de baja, me dediqué a investigar sus propiedades, a cruzar datos, a cruzar nombres de empresas que estaban vinculadas con él y con otras personas', señala
Cambio de roles

“Los primeros meses yo sólo lloraba y lloraba y no era capaz de encajarlo. Hasta que llegó un momento que pensé: aquí hay que invertir los roles. Tenemos un alcalde que, desde mi punto de vista, es presuntamente corrupto y yo he sido fiel a mis principios y tengo que hacer algo para que se invierta esta situación”, recuerda. “Pensé: yo no puedo demostrar que este alcalde cobra comisiones aunque lo sé -porque era conocido por todos los compañeros-. Y se me ocurrió que la única manera era intentar demostrar que su patrimonio era superior, bastante superior -a día de hoy, yo creo que este hombre es multimillonario- a los ingresos que él percibía”.

“Durante esos meses de baja, fue cuando me dediqué a investigar sus propiedades, a cruzar datos, a cruzar nombres de empresas que estaban vinculadas con él y con otras personas. Recuerdo que, al principio, yo no era consciente de que esto formaba parte de una trama de corrupción. Yo pensaba que esto era un asunto que implicaba solamente al alcalde de Boadilla. Pero a medida que fui investigando saltaban nombres como Bárcenas, ministros, empresas, el vicepresidente de Repsol… Personas que, para mí, que siempre he estado con los jóvenes y los niños, eran desconocidas. La cuestión es que yo me asusté y pensé: ¿De qué manera puedo hacer llegar esto a la Fiscalía Anticorrupción preservando mi anonimato?”.

Así, poco a poco, descubrió que ‘El Albondiguilla’ tenía varias propiedades, coches de alta gama, viajes a destinos exóticos y otros caprichos difícilmente soportables con los emolumentos municipales. Tirar del hilo no fue muy difícil. El carácter ostentoso del propio alcalde y la ayuda de muchos de sus compañeros le fue guiando tras la pista del dinero.

“A Arturo le pierde la boca. Y él mismo es el que iba contando 'pues he estado en Miami', hacía comentarios del tipo: 'me voy a Cádiz en un helicóptero a un campeonato de Golf'. O 'tengo un apartamento en Torrepacheco, en Murcia'”, explica. “Descubrí que hacía regalos bastante caros, en este caso a una persona que, a día de hoy, trabaja en el Ayuntamiento y que es su actual pareja. Tenía varias propiedades inmobiliarias, fondos de inversión a través de un amigo suyo que también está imputado. Coches, viajes… Era una forma de vida que, aparentemente, no era muy vistosa pero que no tenía nada que ver con el sueldo de un alcalde”.

El fruto de su trabajó terminó encima de la mesa del sindicato Manos Limpias, al que recurrió en un primer momento para no ser ella en persona la que presentase la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Después, su dossier se unió a otra denuncia de un exconcejal de Majadahonda (José Luis Peñas) que, en manos de Baltasar Garzón, se convirtieron en principio de todos los males del PP.

Y de ella. Que aunque puso tierra de por medio -se fue a Costa Rica a rehacer su vida- apenas podía imaginar que la pesadilla y su calvario todavía no habían terminado. Vino para declarar ante el juez Pedreira como testigo y, después de las elecciones municipales, solicitó su reingreso en el Ayuntamiento al creerse las promesas de regeneración y transparencia del nuevo alcalde del PP, Antonio González Terol. “Me alentaba mucho el ver que llevaba como consigna limpiar todo lo que tuviera que ver con Gürtel. El equipo de gobierno era completamente nuevo y yo me reincorporé con mucha ilusión y con muchas ganas”.

Pero pronto las cosas se volvieron a torcer, como la justicia acaba de reconocer ahora en su favor como víctima de mobbing. ¿Y las promesas del nuevo regidor?

Garrido sabe que su guerra todavía no ha terminado. Que vendrán recursos y otras pequeñas batallas. Reconoce que 'la honestidad tenía un precio'. Quizá muy alto

“Yo no tengo pruebas para decir que González Terol esté vinculado a la trama Gürtel. Ahora bien, cuando él dice que viene a limpiar Gürtel, yo -y es mi opinión, y soy libre de opinar lo que quiera-, no me lo creo. Y no me lo creo por razones que, para mí, son de peso. En primer lugar, él fue director general de Juventud en la época de Alberto López Viejo y firmaba las facturas de empresas de la trama Gürtel. Es un tema que está todavía sin esclarecer y por eso digo que yo no tengo pruebas ni lo puedo demostrar”, razona.

“Por otro lado, aquí en Boadilla, en esta legislatura se están adjudicando contratos importantes a empresas vinculadas a la trama. El carril bici ha sido adjudicado a Sacyr y lo mismo ocurre con el contrato de mantenimiento de la ciudad -que es el mayor contrato y dura para esta legislatura y la siguiente-, que se ha adjudicado a otra empresa de la trama. Si este señor viene con la consigna de desligarse de Gurtel, ¿qué hace el ayuntamiento contratando a empresas vinculadas a Gürtel?

Garrido sabe que su guerra todavía no ha terminado. Que vendrán recursos y otras pequeñas batallas hasta que quede libre por completo de estos últimos cinco años. Como explica en su blog, en el que narra sus peripecias, “la honestidad tenía un precio”. Quizá muy alto. Pero lo volvería a hacer.

http://www.elconfidencial.com/espana/2014-02-22/ana-garrido-nunca-imagine-que-el-precio-por-denunciar-la-gurtel-iba-a-ser-tan-alto_91627/

LA COMUNIDAD DE MADRID ESCONDE EN LA OPACIDAD LAS CUENTAS DE LA FUNDACIÓN ESTRELLA DE AGUIRRE

La ley obliga a la Comunidad a publicar las cuentas de las fundaciones en el registro, donde sólo figuran tres de los seis ejercicios. La Cámara de Cuentas sólo ha auditado los balances del año 2008

Caja Madrid dotó con 10 millones de euros la fundación que Esperanza Aguirre creó para patrocinar el liberalismo y Rafael Spottorno se quejó del "derroche" del ente público

La consejería de Presidencia ha ignorado durante dos meses las peticiones de información de eldiario.es sobre las cuentas de la Fundación Dos de Mayo

La Comunidad de Madrid esconde en la opacidad las cuentas de la fundación pública que Esperanza Aguirre creó en 2007 para celebrar el bicentenario del levantamiento madrileño contra los franceses. La Fundación Dos de Mayo, Nación y Libertad depende de la consejería de Presidencia, un departamento que durante dos meses ha ignorado las peticiones de información de eldiario.es sobre los presupuestos de la entidad, que Caja Madrid dotó con diez millones de euros a repartir en cinco años de actividad antes de ser rescatada con dinero público.

La ley obliga a la Comunidad de Madrid a hacer públicas las cuentas de las fundaciones. "Las cuentas anuales se aprobarán por el Patronato de la fundación y se presentarán al Protectorado dentro de los diez días hábiles siguientes a su aprobación", dice la regulación relativa a estos entes. "En su caso, se acompañarán del informe de auditoría. El Protectorado, una vez examinadas y comprobada su adecuación a la normativa vigente, procederá a depositarlas en el Registro de Fundaciones", reza la ley que las regula.

"Cualquier persona podrá obtener información de los documentos depositados", termina el articulado relativo a la publicidad de las cuentas.

eldiario.es ha remitido una solicitud al Registro de Fundaciones para acceder a los balances contables desde 2008 hasta la actualidad. No obstante, el organismo –que dice que tardará cuatro o cinco días en proporcionar una copia de los documentos– sólo tiene las cuentas correspondientes a los ejercicios de 2008, 2009 y 2010. Es decir, faltan los de los últimos tres años.

Además, la Fundación Dos de Mayo sólo se sometió a la auditoría externa e independiente de la Cámara de Cuentas en el primer año de su actividad. En los informes anuales de fiscalización del sector público, las cuentas de la fundación 'estrella' de Esperanza Aguirre figuran como "no rendidas" en los demás ejercicios hasta 2012.

Esperanza Aguirre vendió que el objetivo de la fundación era "reforzar el sentimiento de que España es una gran nación" y defendió que naciera con "vocación de continuidad" para "impulsar y difundir los valores de Nación y Libertad" que simbolizaron los actos de 1808 y la Constitución de Cádiz, en la celebración de su bicentenario. Mientras tanto, la oposición denunció la fórmula jurídica elegida por la presidenta regional para conmemorar los fastos: "Una fundación es mucho más difícil de fiscalizar que una comisión política –expresó el diputado del PSOE José Antonio Díaz– porque permite aportaciones privadas y una gestión sin ningún tipo de control político".

Esta redacción se puso en contacto con la Fundación Dos de Mayo a mediados de diciembre para solicitar las cuentas de entidad pública desde que comenzó su actividad en 2008. La respuesta de la fundación fue que no disponía de esos documentos y remitió a la consejería de Presidencia, de la que depende directamente.

El actual gerente de la fundación sólo lleva en el cargo desde 2012 y se ha ofrecido a facilitar a eldiario.es los documentos relativos a 2013, pese a que todavía no están auditados. Un portavoz de su antecesor –el consejero de Economía y Hacienda regional, Enrique Ossorio– se niega a responder sobre la Fundación Dos de Mayo al ser competencia de Presidencia y porque Ossorio "ya no tiene ninguna responsabilidad". Por otro lado, la propia fundación sigue insistiendo en desconocer dónde están esos documentos y remite al Secretario General del Consejo de Gobierno, que tampoco ha respondido a la llamada de esta redacción.

Las importancia de las cuentas anuales de la Fundación Dos de Mayo quedó puesta en evidencia tras conocerse las quejas del exdirector de la Fundación Caja Madrid, Rafael Spottorno, que envió un correo electrónico a Miguel Blesa en el que denunciaba la "desvergüenza y el despilfarro" que suponían los proyectos que adjudicaba a medios de comunicación, especialmente a Unidad Editorial (empresa editoria de El Mundo).

"Hasta ahora llevábamos 575.790 euros de un proyecto denominado Historia completa de la Guerra de la Independencia (que al parecer no era tan completa, porque, según se ve, sigue) de la revista La Aventura de la Historia y otros 750.000 del encarte de los Episodios Nacionales en El Mundo. Total 1.325.000 euros", espetaba Spottorno en un mail remitido a Ossorio del que hacía partícipe a Blesa, en el que recriminaba, además, que la nueva petición pretendía dejar sin guía didáctica a 11.600 profesores y acabar con la "mejor actividad" de la entidad para "dejar sitio a otra subvención a Unidad Editorial... y a las que puedan venir detrás".

Spottorno también le recordaba las "críticas" que recibió desde el patronato de la Fundación Caja Madrid al presentar la memoria de actividades de la Fundación Dos de Mayo, que "consumían casi 1,9 millones de euros en un momento de crisis galopante y de recorte de gastos por todas partes". Entre esas actividades patrocinadas por la Fundación Caja Madrid, el ahora jefe de Zarzuela destacaba el "bonito mural de Vocento", en cuya inauguración la crónica de ABC ni siquiera mencionó la participación de la fundación.

http://www.eldiario.es/politica/Comunidad-Madrid-Aguirre-patrocinaba-liberalismo_0_230627542.html

"ESPERANZA AGUIRRE ESTUVO EN FIESTAS PARTICULARES CON FRANCISCO CORREA"

La presidenta del PP de Madrid y el cabecilla de la trama Gürtel coincidieron en varias bodas y en fiestas particulares, "y se recogen en el sumario", asegura Guillermo Ortega. Aguirre afirmó no conocer a Correa en su declaración ante el juez

En varias bodas "y no me refiero la famosa de El Escorial", Esperanza Aguirre y Francisco Correa "compartieron mesa y mantel", y también estuvieron en las mismas "fiestas particulares", asegura Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda e imputado en el trama Gürtel, en una entrevista concedida en exclusiva a ESTRELLA DIGITAL. "Si ella dice que no lo conoce, nadie mejor que ella para saberlo". Aguirre aseguró en su declaración por escrito ante el juez Ruz que no conocía a Francisco Correa, cabecilla de la trama. Esos encuentros, asegura, se recogen en los cientos de miles de folios de a instrucción de este caso.

Del mismo modo explica que su dimisión pagó "políticamente el 'tamayazo'". "Yo molestaba en Majadahonda y se me quitó de enmedio", sigue diciendo. En ese sentido relata que Ricardo Romero de Tejada disponía de mando en el Partido Popular, a pesar de haber tenido que dimitir de sus cargos a consecuencia del "tamayazo", la desaparición de dos diputados del PSOE en la Asamblea de Madrid, que obligó a repetir las elecciones autonómicas y permitió a Aguirre conseguir mayoria absoluta para gobernar. "¿Cuántas veces se ha conseguido una segunda vueta en la elecciones?", pregunta para explicar el agradecimiento que la presidente madrileña supuestamente mantiene con Romero de Tejada.

Ortega ha querido aclarar también las circunstancias de su dimisión, relacionada con la venta de unas parcelas municipales. "Esperanza me llamó pidiendo que dimitiese. Si me considerara corrupto, ¿usted cree que me hubera dado la presidencia de una empresa pública, como el Mercado Puerta de Toledo?", asegura en la entrevista.

Sobre Gürtel dice que "no son todos los que están ni están todos los que son".

http://www.estrelladigital.es/articulo/exclusivas/esperanza-aguirre-estuvo-fiestas-privadas-francisco-correa/20140219221726012349.html

EL INFORME DEL PELOTAZO DE MAJADAHONDA QUE NO QUISO VER ESPERANZA AGUIRRE

Una parcela puede valer 7 millones, 48 o 150, en función de lo que ponga en un papel. En los albores de Gürtel y las postrimerías del "tamayazo", en Majadahonda, hubo uno de estos casos, del que fue informada la presidenta de Madrid

“Mi dimisión pagó el tamayazo”, ha asegurado Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda en la entrevista en exclusiva concedida a ESTRELLA DIGITAL. "Romero de Tejada manejaba en la sombra todas las operaciones urbanñisticas de Majadahonda", explica Ortega. Su dimisión como alcalde estuvo aderezada con la venta de una interesante parcela en esta localidad residencial madrileña. Ortega perdió el apoyo de sus concejales cuando intentó vender una parcela llamada RN 1, también conocida como “el Valle de los olivos”. Para defenderse, Ortega y dos concejales fieles quisieron entregar un informe a la entonces presidenta de Madrid, Esperanza Aguirre, en el que detallaban una presunta operación especulativa con estos terrenos capitaneada por Narciso de Foxá, el actual alcalde y entonces al frente de la Empresa Municipal. En el mismo también se denunciaba la gestión que hizo de la empresa municipal Ricardo Romero de Tejada en sus operaciones de compra venta de parcelas.

“Esperanza abrió el dossier, miró la primera hoja y lo cerró. Dijo que no quería saber nada”, explica una de las personas del PP presentes en la entrega de esta información, en el despacho de Aguirre en la calle Génova.

Las operaciones urbanísticas son extremadamente complejas y muchas veces un detalle supone muchos millones de euros, lo que distingue una operación normal de un “pelotazo”. Mientras Ortega era alcalde de Majadahonda, Foxá era presidente de Patrimonio Municipal de Majadahonda SA (PAMMASA), la sociedad municipal de vivienda y suelo. PAMMASA era la encargada de hacer vivienda social y obras al Ayuntamiento. La forma de pago era por medio de parcelas, de propiedad municipal fruto de las cesiones, algunas veces eran libres y otras tenían algún tipo de protección.

Así es como apareció en el tapete la célebre RN1, un jugoso bocado junto a los terrenos de uno de los principales constructores de la localidad, propietario de Afar 4. La valoración de esta parcela era de algo más de 7 millones de euros, según consta en el expediente de cesión a PAMMASA, del año 2003, un precio claramente desactualizado en el 2004 de la burbuja inmobiliaria, ya que era de vivienda libre.

Ortega decidió que no iba a ser PAMMASA quien vendiera la parcela, sino el propio Ayuntamiento, por otro procedimiento, el precio tasado. Era el mismo sistema de la polémica operación de Arganda y de todas las que se hacían entonces en Madrid. Pero el precio debía ser más alto.

El arquitecto municipal, Pedro Sánchez, marcó el precio de una manera poco convencional, a mano, pero en papel timbrado y con su firma, que hoy aporta ESTRELLA DIGITAL: “48 millones de euros”, escribe de su puño y letra en un tarjetón oficial. Y ese fue el precio al que se sacó a subasta la parcela, en un concurso en el que se presentaron 12 constructoras.

La ganadora tras la evaluación por parte del ingeniero y el arquitecto municipales fue Proinsa, implicada en la trama Gürtel. Sin embargo, una semana después el arquitecto, Pedro Sánchez, cercano a Narciso de Foxá, cambió extemporáneamente su valoración y decidió dar cero puntos a todas las propuestas menos a la de Afar 4. Así las cosas, evidentemente iba a ganar Afar 4.

Y es ahí donde nació el embrión del caso Gürtel. La mesa de contratación, desconcertada pidió auxilio legal para saber a qué atenerse y anuló la segunda valoración del arquitecto municipal. Pero el PP de Majadahonda ya estaba descompuesto. Foxá con 10 concejales y Ortega con dos.

A pesar del informe que hoy aporta ESTRELLA DIGITAL, Esperanza Aguirre tomó partido por Foxá y pidió la dimisión a Ortega, que alegó motivos de salud para presentarla y se fue a presidir el Mercado Puerta de Toledo. Sus concejales afines, Peñas y Moreno quedaron a la intemperie y fuera del partido, y Foxá fue el nuevo alcalde. Los dos concejales cayeron bajo la órbita de Francisco Correa, amistad que acabó mal y llevo a uno de ellos a denunciar al cabeza de la organización.

A todo esto, el concurso, que incluía dos parcelas muncipales, con este trajín, quedó desierto. Un año y medio después salía el definitivo con un ganador: Vallehermoso, que pagaría 60 millones más de lo previsto. Pero aún así 101 millones más de lo que preveía PAMMASA. Cifras de mareo. El presidente de Vallehermoso era Luis Eduardo Cortés, ex presidente del PP de Madrid, y también ex vicepresidente y consejero de Obras Públicas y Transportes de la Comunidad de Madrid, con los gobiernos de Alberto Ruíz-Gallardón.

http://www.estrelladigital.es/articulo/exclusivas/informe-pelotazo-majadahonda-no-quiso-ver-esperanza-aguirre/20140219210055012333.html

EL FACTOR ARGANDA

Esperanza Aguirre no solo fue avisada de un "pelotazo" urbanístico a costa de esta ciudad por Álvaro Lapuerta. La empresa del hermano y el hijo de la ex presidenta fueron claves en la operación

Arganda y la venta de la controvertida parcela UE-124 fue, según la investigación, el primero de una serie de "pelotazos" urbanísticos de la trama Gürtel. La Policía cree que los 160.000 metros cuadrados de esta Unidad de Ejecución se vendieron al menos 20 millones de euros por debajo de su valor y generaron una comisión a Correa de 12,8 millones, que presuntamente cobró en Suiza. Aguirre ha declarado ante el juez que se enteró de esta operación tras una reunión, a finales de 2004, con el extesorero del PP Álvaro Lapuerta, en el despacho de Mariano Rajoy. Sin embargo, una empresa de su familia tuvo un papel crucial en la operación. La consultora Aguirre Newman, propiedad de su hermano Santiago y en la que trabaja el hijo de la ex presidenta madrileña, Fernando Ramírez de Haro Aguirre. Difícilmente Aguirre podía estar desinformada sobre lo que se cocía en Arganda.

De hecho, esta operación estuvo bajo la lupa de la Justicia, tras los recursos de los rivales de Martinsa en la puja por los terrenos, así como por la oposición socialista, que recurrieron la adjudicación de esta parcela por 66 millones de euros más otros 11 en obras. Las sucesivas sentencias se apoyan en la valoración de los terrenos y de las ofertas que hizo la empresa Aguirre Newman para dar validez a la tasación de los terrenos que hizo el Ayuntamiento y la empresa municipal del suelo, que entonces dirigían los hoy imputados Ginés López y Benjamín Martín Vasco.

Aguirre Newman fue la empresa, apoyada por la consultora Plarquin, que hizo la valoración de los terrenos y las ofertas que se presentaron al Ayuntamiento por esta jugosa parcela. En Plarquin estaba otro conocido de Esperanza Aguirre, ya que se trataba de la empresa de Enrique Porto, al que su Gobierno nombró director general de Urbanismo de la Comunidad de Madrid.

La sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 8 -que fue el que vio el recurso de las empresas competidoras de Martinsa- recoge textualmente: "El órgano de contratación -el Ayuntamiento de Arganda- decidió encomendar a la consultora Aguirre Newman Madrid SA un informe de valoración de las tres ofertas presentadas". La empresa de Santiago Aguirre Gil de Biedma analizó dos de los puntos de las ofertas, mientras que Plarquin se ocupó de otro más. Las empresas que quedaron fuera del negocio acusaron ante la Justicia al "asesor y consultora exterma" (Plarquin y Aguirre Newman) de "defectos, errores e incongruencias en sus valoraciones".

Aguirre Newman es una importante consultora inmobiliaria en España y fuera de España, aunque ha basado buena parte de su negocio en Madrid. Su presidente es Santiago Aguirre Gil de Biedma, hermano de Esperanza Aguirre. Fernando Ramírez de Haro Aguirre, marqués de Villanueva de Duero, es un alto directivo de la consultora. Por su parte, Enrique Porto fue nombrado por Aguirre director general de Urbanismo -nombramiento del que ahora ella se desentiende-, hasta que se vio obligado a dimitir en 2006 por un escándalo relacionado con su asesoría, Plarquin.

Esperanza Aguirre, sin embargo, en su declaración escrita ante el juez Ruz asegura sobre estos hechos que fue convocada por Lapuerta a la sede del PP y que, en el despacho de Mariano Rajoy, a finales de 2004 -ya como presidenta de Madrid- fue informada de la operación de Arganda y otra en Majadahonda de venta de terrenos a precio tasado, con valor muy inferior al real en mercado. Asegura que "llamó" a Ginés López, alcalde, y Benjamín Martín Vasco, presidente de la empresa del suelo de Arganda, y que ambos le dijeron que ya estaba adjudicado y que la operación era legal.

Sin embargo, a pesar de la denuncia y presunción de irregularidades, el Gobierno de Aguirre aprobó un aumento jugoso de edificabilidad en 2006 de las mismas parcelas que había evaluado la empresa de su familia y su director de Urbanismo, Enrique Porto. Aguirre asegura en su declaración que "cuando en Consejo de Gobierno nombra a Enrique Porto, a propuesta del consejero correspondiente, yo no conocía a ese señor". Aguirre era, por supuesto, presidenta del Consejo de Gobierno.

Justo tras la aprobación del incremento de edificabilidad (de 1.600 a 2.400 viviendas) Martinsa vendió un tercio de la parcela por el triple de lo que le había costado. Lo que se conoce como un "pelotazo", propinado en los últimos años de la burbuja urbanística.

A pesar de los avisos de Lapuerta -según algunas fuentes también estaba presente, junto a Rajoy, Luis Bárcenas, aunque Aguirre dice que "es posible" pero no lo recuerda- y de que su propia familia había intervenido en el proceso, Martín Vasco y Lóprez siguieron en sus funciones. Del mismo modo que el exalcalde del otro "pelotazo" denunciado, Guillermo Ortega, de Majadahonda, fue nombrado por Aguirre presidente del Mercado Puerta de Toledo cuando dejó el ayuntamiento de este municipio residencial del noroeste de Madrid.

http://www.estrelladigital.es/articulo/exclusivas/factor-arganda/20140218091107012011.html

LA RED GÜRTEL PAGABA CON BILLETES DE 500

Un informe de la Policía destapa que la trama corrupta abonaba en efectivo para evitar vigilancia

Viajes de bodas, estancias en hoteles, billetes de avión o tren... pagados en efectivo, para despistar. La organización de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel, pagó 30.000 euros en billetes de 500 y 100 euros, por los servicios turísticos prestados a Ginés López Rodríguez (exalcalde de Arganda del Rey) y a Benjamín Martín Vasco (exconcejal de la misma localidad, exdiputado autonómico y exconsejero de la empresa de la Sociedad de Fomento y Desarrollo de Arganda). Ambos ex altos cargos de Arganda están imputados en el caso Gürtel y presentaron su dimisión en 2009.

Un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional firmado el pasado 31 de enero sostiene que la organización de Francisco Correa realizó tres ingresos el 6 de septiembre de 2004, en efectivo y en menos de cinco minutos, en la cuenta bancaria de Pasadena Viajes (una de las empresas de la trama) para abonar los viajes de placer o de boda que realizaron López Rodríguez y Martín Vasco. “Para ello utilizaron billetes de alto valor facial (58 de 500 euros y 8 de 100…)”, especifican los agentes en su investigación.

Esta forma de pago —tres ingresos consecutivos, a la misma hora y por importes de cantidades no enteras— pretende, explica la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, “dificultar el rastro y las labores de inspección y/o investigación judicial/policial a que pudieran verse sometidas en un futuro las distintas empresas del Grupo Correa, en el caso de que las hubiera”.

Las investigaciones policiales se derivan del estudio de la documentación intervenida en una nave de Easy Concept, otra de las empresas de la trama. En uno de los archivos informáticos aparecen diferentes anotaciones relacionadas con viajes a nombre de Martín Vasco realizadas entre el 26 de agosto de 2003 y el 17 de octubre de 2008.

Viajar gratis por España

Ginés López viajó a La Toja, Estepona, Ibiza, Bayona, Sevilla y Vigo entre enero y agosto de 2004.

Benjamín Martín se desplazó a Huelva, Bayona, Vigo, Estepona, Lanzarote y Málaga en un año, entre agosto de 2003 y el mismo mes de 2004.

Los agentes también han localizado la entrega de distintas cantidades en efectivo. El importe total de las prestaciones detectadas a su nombre asciende a 345.166,63 euros, dice el informe policial.

En cuanto a López Rodríguez, los investigadores se toparon con apuntes de servicios turísticos a su nombre, llevados a cabo entre el 23 de enero de 2004 y el 27 de marzo de 2008. También en este caso existen entregas de dinero en efectivo. El total asciende a 523.427 euros.

En uno de los registros, los agentes hallaron un expediente en el que se detallan los viajes efectuados por Martín Vasco y otras personas vinculadas al mismo. La policía hace mención, en primer lugar, a una anotación de entrega a cuenta de 30.000 euros. Se realizó el 6 de septiembre de 2004. Esa cantidad que se corresponde con una serie de ingresos en una cuenta del BBVA por tres importes diferentes.

Los agentes han encontrado un documento impreso, con el nombre “Extracto de Servicios Benjamín Martín”. Según los datos que figuran en él, en un año (del 26 de agosto de 2003 al 12 de agosto de 2004) Martín Castro realizó viajes por valor de 10.282 euros. Entre ellos, una estancia en el hotel Baglioni por 3.774 euros, que incluyó avión y coche; otra en el parador de Bayona con vuelo por 1.659 euros; y otra en el hotel Islantilla que importó 1.058 euros.

La cantidad todal se ingresó en efectivo en una cuenta de Pasadena Viajes. Junto a dicha cuantía, aparecen otros dos ingresos por 19.656 euros, con los que se cancelaría la deuda generada por varios viajes del exalcalde de Arganda, Ginés López Rodríguez, explica el informe. También estos dos se llevaron a cabo de forma consecutiva, a la misma hora y por cantidades no enteras.

En la carpeta que se localizó a nombre de Ginés López aparecieron facturas originales de “servicios turísticos prestados a lo largo de 2004 y 2005”. El informe judicial señala, “a modo de ejemplo”, que en los siete primeros meses de 2004, el importe en viajes a su nombre asciende a 23.859 euros.

Entre los periplos de López Rodríguez aparece una estancia en el hotel Senator Playabella la primera quincena de agosto de 2004, que costó 17.479 euros. También hay otro viaje al Gran Hotel La Toja de una semana. El importe fue de 2.335 euros.

Por el momento, todos los acusados en la trama Gürtel han declinado hacer declaraciones al respecto. Mantienen que sus abogados les recomiendan guardar silencio.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/15/madrid/1392472873_019645.html

LAS PRUEBAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL IMPLICAN AL GERENTE DEL PP DE MADRID

La policía acredita el endoso a Fundescam de parte del coste del congreso regional de 2002

Las facturas son evidentes. Acreditan el fraccionamiento del coste de un acto del PP y el pago endosado, en parte, a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), es decir, una financiación irregular. Todo ello con la aprobación del que aún es gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez. La Ley prohíbe que entes como Fundescam, que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados, financiaran actos de partido ya que sus fondos debían destinarse, exclusivamente a seminarios o cursos de formación. El PP lo hizo, pero el delito está prescrito.

El registro en la nave en la que la trama corrupta Gürtel guardaba buena parte de su documentación, y con la que ya cuentan las partes, desvela uno más de estos desvíos e irregularidades en la financiación del PP.

El congreso regional celebrado en septiembre de 2002 eligió a los candidatos del PP a la Alcaldía de la capital y a la Comunidad de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y Esperanza Aguirre, respectivamente. Su organización, en el Palacio Municipal de Congresos, fue encargada a Special Events, una de las empresas de la trama que lideraba Francisco Correa. Su coste alcanzó los 39.666,79 euros. Dos días después del congreso, la misma empresa remitió un fax al gerente del PP en el que le explicaba “después de la conversación telefónica mantenida en la mañana de hoy” el desglose que iban a hacer del coste: “Facturado a Fundescam, 18.112 euros. Pendiente de facturar, resto, 21.554,79”, detalla.

En el mismo documento existe una anotación realizada ese mismo día y con indicación de la hora a la que se efectuó: “Beltrán me pide esperar para el pendiente de facturar”, dice.

Como acreditación final del endoso, el registro efectuado por la policía aportó otra factura dirigida a Fundescam por un montante de 18.112 euros, exactamente la misma cantidad anunciada en el fax. Y, aunque en el concepto señala que corresponde a “trabajos realizados en cursos, seminarios y jornadas del ejercicio 2002”, en una indicación inferior señala: “esta factura es por la entrega a cuenta del Congreso Regional del 21 de septiembre 2002 y ha sido extendido con un concepto provisional el cual está sujeto a ser modificado en su momento”.

Esta no es la única prueba de la financiación ilegal del PP madrileño. La Agencia Tributaria ya certificó, con otros documentos incautados, que, al menos una parte de la facturación emitida a Fundescam era falsa ya que el cliente real era el Partido Popular. Hacienda llegó a esta conclusión en 2010, al principio de la investigación del caso Gürtel y en 2012 cuando, ya bajo el mandato del Gobierno de Mariano Rajoy, los inspectores hicieron llegar al juez instructor, Pablo Ruz, un informe en el que denunciaban la existencia de documentos que acreditaban que servicios realizados por la trama Gürtel para el PP acabaron siendo pagados por Fundescam.

http://politica.elpais.com/politica/2014/02/14/actualidad/1392399720_926815.html

EL GOBIERNO MADRILEÑO CULPA A LA POLICÍA DE NO REMITIR AL JUZGADO LA DOCUMENTACIÓN

Salvador Victoria ha negado de forma tajante que haya ocultado nada y ha señalado a la Policía como responsable de no remitir la información al juez

El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid ha explicado en 'Hoy por Hoy' que el ejecutivo madrileño entregó a la Policía toda la documentación requerida por el juez sobre los contratos con las empresas de la trama Gurtel.

El portavoz de la Comunidad de Madrid defiende que su Gobierno remitió la información a la Policía y que fueron éstos los que no pasaron la información a la Audiencia Nacional. Victoria ha defendido que el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha cumplido con todos los requerimientos de la Justicia. "Ahora resulta que esa información que se remitió a la Policía no se remitió a la Audiencia Nacional", ha explicado el popular.

El portavoz de la Comunidad de Madrid ha asegurado que la Comunidad de Madrid contestó a los requerimientos de la Justicia mandando la información a la Policía y que fueron estos los que se quedaron con la información que no llegó al juez Ruz. Victoria ha criticado que esa información se llegase a publicar en los medios y que no llegara a la Audiencia Nacional.

Victoria, que ha calificado los hechos de "gravísimos", ha señalado que lo comunicarán al juez Ruz para que investigue los motivos por los que esa información que él solicitó llegaron a los medios pero no al juez. "Lo vamos a comunicar al juez para que con la máxima diligencia investigue lo sucedido", ha señalado Victoria, que ha defendido que la Comunidad de Madrid lleva cinco años colaborando con la Justicia. "Esperamos que esto acabe y los responsables paguen", ha explicado el portavoz madrileño.

Victoria ha señalado que la Intervención General del Estado está al margen porque fue la Audiencia quien tenía que dársela. El portavoz de la Comunidad de Madrid ha explicado que ellos remitieron la información de 4 de las 7 consejerías a la UDEF y que no entiende por qué no llegaron a la Audiencia. "Desconozco los motivos, hay más prisas en dárselo a los medios que a la Audiencia Nacional".

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/gobierno-madrileno-culpa-policia-remitir-juzgado-documentacion/csrcsrpor/20140214csrcsrnac_12/Tes

LA IGAE AFIRMA QUE LA COMUNIDAD DE MADRID OCULTÓ AL JUEZ LOS CONTRATOS CON LA TRAMA GÜRTEL

La IGAE denuncia en un informe que los departamentos que más contrataron con las empresas de Francisco Correa no han remitido la información reclamada por Pablo Ruz

El Gobierno de Ignacio González no ha remitido a la Audiencia Nacional la información que reclamó sobre 71 de los cientos de actos que las empresas de la trama Gürtel organizaron para la Comunidad de Madrid. Sólo tres de las siete conserjerías requeridas han aportado documentación. Otras cuatro no lo han hecho, entre ellas, las que más contrataron a las empresas investigadas. Los departamentos de Presidencia y Educación que pagaron a la trama Gürtel más de cuatro millones de euros. Así consta en el último informe de la Intervención General del Estado que ya maneja el juez Pablo Ruz.

La Intervención General de la Administración del Estado ha remitido un informe al juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, en el que pone por escrito la nula colaboración del Gobierno de Ignacio González con la investigación de la trama Gürtel. El documento, al que ha tenido acceso la Cadena SER, subraya que sólo tres de las siete consejerías de la Comunidad de Madrid a las que reclamaron documentación sobre 71 de los cientos de actos adjudicados a las empresas investigadas han facilitado información. Curiosamente, dicen los peritos, entre las cuatro que no han remitido información están las que más actos contrataron y las que más dinero pagaron a las empresas vinculadas a Francisco Correa. Las consejerías de presidencia y educación desembolsaron más de cuatro millones de euros.

A pesar de esta falta de colaboración, los funcionarios han cumplimentado el informe "con la documentación intervenida en los registros" y concluyen que las sociedades de la trama "fraccionaron artificialmente el objeto de estos 71 contratos con facturas inferiores a los 12.000 euros" para eludir el concurso público. Añaden que contaban con una red de mercantiles que eran las que realmente prestaban los servicios y con las que establecían "un sistema de compensación cruzada por el cual estas empresas facturaban a la Comunidad de Madrid y posteriormente el grupo de Francisco Correa les emitía facturas por importe inferior siendo la diferencia el beneficio que obtenían por sus servicios como intermediarios".

Los peritos sostienen que el gobierno madrileño contrataba "al margen del procedimiento establecido por la normativa reguladora de la contratación pública o de la normativa presupuestaria alterando el proceso a partir de unas instrucciones verbales". El principal enlace de la trama con la administración era Alberto López Viejo, el que fuera viceconsejero de presidencia y hombre fuerte de Esperanza Aguirre. Según el informe el importe de la mordida que habría obtenido a cambio de la adjudicación de 347 actos a estas empresas fue de casi 290.000 euros.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/igae-afirma-comunidad-madrid-oculto-juez-contratos-trama-gurtel/csrcsrpor/20140213csrcsrnac_46/Tes

EL PP OCULTÓ EL PAGO DE UNA CENA ELECTORAL DE ANA BOTELLA EN ARGANDA

Según la UDEF, el PP hizo que la Gürtel facturara como "asesoramiento y campaña de comunicación" al grupo municipal popular de Arganda un ágape electoral protagonizado por Ana Botella y Esperanza Aguirre. La trama organizó el evento que sirvió de trampolín para el candidato a la alcaldía, Ginés López, imputado por el cobro de comisiones. La Gürtel elaboró las traseras del acto, con el lema "nuestro compromiso con Arganda".

El nuevo informe de la UDEF al juez instructor del caso Gürtel, Pablo Ruz, desvela una práctica sistemática de facturas fraudulentas para ocultar el coste de actos del PP por parte del entramado hasta 2004. Preferentemente, según los agentes, el Partido Popular pedía que un porcentaje de los actos se girara a fundaciones controladas por esta formación política, pero también había otras formas.

El evento en cuestión fue la "cena PP Ana Botella", como la denomina la Gürtel en su hoja de gastos, con un importe de 6.564,33 euros.

A la cena, celebrada en un conocido restaurante de Arganda el 27 de noviembre de 2002, acudieron también Esperanza Aguirre, y el hoy presidente del Senado, Pío García Escudero, además del candidato a la alcaldía y hoy imputado en la Gürtel, Ginés López.

La trama se hizo cargo de todo. Incluido el decorado, el sonido, moquetas o la trasera con el lema "nuestro compromiso con Arganda".

Sin embargo, el coste de la cena no se giró al PP como tal, sino que el concepto fue ocultado. La UDEF aporta documentos y dice que, siguiendo instrucciones de Benjamín Martín Vasco, hombre fuerte del PP en Arganda, la Gürtel facturó la cena al Grupo municipal popular en el Ayuntamiento de Arganda bajo el concepto "asesoramiento y ejecución de campaña de comunicación durante 2002". El importe es idéntico, un total de 6.564,33 euros; y las fechas similares.

En aquella cena facturada bajo otro concepto, Ana Botella tomó la palabra ante los 300 comensales y no aclaró si meses después formaría parte del equipo de Gallardón a la alcaldía de Madrid. Finalmente, fue en la lista municipal como número 2.

http://www.cadenaser.com/espana/articulo/pp-oculto-pago-cena-electoral-ana-botella-arganda/csrcsrpor/20140205csrcsrnac_5/Tes

BOADILLA, CONDENADA POR ACOSAR A LA TRABAJADORA 'ANTI-GÜRTEL'

El juzgado de lo social número dos de Móstoles ha condenado al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP, por acoso laboral a la técnico del Consistorio Ana Garrido, cuyo dosier sobre el ex alcalde de la localidad, Arturo González Panero, alias El Albondiguilla, también del PP, fue vital para su imputación como pieza clave en el caso Gürtel.

El juzgado ordena dar por extinguido el contrato, condenando al Consistorio a indemizar a Garrido con 81.473 euros por la liquidación por los años trabajados y 14.977 euros por daño moral, según fuentes jurídicas. «Estoy feliz, todavía no me lo creo, es que ha sido mucho tiempo viviendo esta pesadilla», aseguraba nada más conocer la sentencia Garrido, que ha «tenido la suerte de encontrar con un juez que de verdad ha hecho justicia». «Es que claro que hay jueces justos», subrayó.

«Ha sido una lucha larga, pero ha merecido la pena, tengo ganas ya de recuperar mi vida», señaló la técnico, que durante los últimos meses se ha convertido en las redes sociales en la adalid de la lucha anticorrupción.

Los problemas le surgieron en la era Panero, cuando Garrido, técnico de Juventud, comenzó a sufrir mobbing por parte del alcalde y su entorno después de cuestionar algunas adjudicaciones concedidas a dedo, según denunció la trabajadora en su día. Tras la situación de acoso vivida, que la desestabilizó, se tuvo que coger una baja por depresión y abandonó el país hacía Costa Rica. «Denunciar Gürtel ha supuesto mi muerte en vida», afirmó en una entrevista a este diario.

En junio de 2011, sin embargo, tras la llegada del nuevo alcalde, Antonio González Terol, también del PP, se reincorporó al nuevo equipo, para iniciar una etapa nueva, pero siguieron los problemas.

El juez declara en la sentencia como hechos probados que pese a ejercer funciones propias de técnico de Juventud tras ser nombrada en comisión de servicios, el sueldo asignado a Garrido fue equivalente al de coordinadora de Juventud, «de cuantía anual bruta inferior al que le correspondía», algo por lo que la trabajadora protestó a sus superiores y denunció en los tribunales.

Además, el juez precisa que de septiembre a octubre de 2012, su jefe superior, el concejal de Deportes, Juventud y Empleo, Adolfo Arias, se negó «mediante cancelaciones o circunstancias análogas» a reunirse con la trabajadora con la «frecuencia» que la naturaleza del trabajo que desarrollaba requería. En este caso, Garrido estaba preparando el Plan de Juventud. «Ello implicó la paralización del desarrollo del plan», señala el juez, que da por válidas las grabaciones realizadas por Garrido de sus conversaciones con su jefe directo entre 2011 y 2013.

En una de ellas, Adolfo Arias le aseguraba que el motivo por el que se había parado el Plan de Juventud era porque «quieren que te canses», y en otra, coincidiendo con las fiestas patronales, le advertía que se lo iban «a hacer pasar mal».

El 9 de enero de 2013, el mismo concejal le aseguró en otra conversación que recoge la sentencia que estaba dispuesto a reconocer que estaba parado el plan y que todo lo que le pasaba era por haber puesto una demanda contra el Ayuntamiento. Durante todo ese periodo, Garrido sufrió varios episodios de depresión que le obligaron a cogerse bajas.

Según afirma la sentencia, «las explicaciones dadas por el citado concejal sobre el porqué de las declaraciones» que efectuó ante la demandante «no han sido convincentes». De acuerdo al juez, la decisión de Arias de no reunirse con Garrido «constituye una voluntad consciente e intencionada... de hostigar o menospreciar a la trabajadora».

«Podemos considerar que estamos ante un hecho suficientemente grave y reiterado en el tiempo que habilita a la rescisión del contrato con la obligación empresarial de abonar la indemnización del despido improcedente».

Garrido, en declaraciones a este diario, afirmó ayer que se ha sentido «muy sola a nivel institucional». «El coste ha sido enorme», denunciaba la trabajadora, que pedía ayuda a las instituciones para dar cierta protección a las personas «que denuncian la corrupción porque se encuentran muy solas». En ese sentido, valoró muy positivamente la ayuda recibida por parte de la asociación Pridicam.

Fuentes municipales precisaron ayer que recurrirán la sentencia porque no recoge las pruebas aportadas por el Ayuntamiento, que la relación entre el edil y Garrido era normal «como declaran los testigos», y «porque no estamos de acuerdo» en las razones esgrimidas por el juez. Asimismo, destacaron que esta sentencia no tiene que ver con Gürtel: «la sentencia no lo recoge en absoluto».

http://www.elmundo.es/madrid/2014/02/05/52f2af08ca4741b36f8b4584.html

EL ALCALDE DE ALCORCÓN, SITIADO: SU MUJER COBRÓ SUELDO ILEGAL ASESORANDO A UN IMPUTADO EN ‘GÜRTEL’

Elena Cerezo, esposa de David Pérez (PP), fue jefa de gabinete de González Panero, exregidor de Boadilla, y recibió un aumento ilegal de sueldo del 24%. Tras perder ‘Eurovegas’, Alcorcón se sume en una huelga de limpieza que desborda a Pérez.

Problemas para David Pérez, el alcalde de Alcorcón (PP) de planta juvenil y pelo revuelto que hace un año se excitaba ante la posible llegada de Eurovegas y ahora parece un regidor acabado políticamente. La renuncia del magnate Sheldon Adelson a montar su pantagruélico complejo de casinos en la localidad madrileña, la huelga de basuras recién terminada que ha cubierto Alcorcón de inmundicias 14 días y ahora la sentencia que afecta a su mujer, jefa de gabinete del alcalde de Boadilla desde hace años, han puesto a Pérez contra las cuerdas.

La sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, adelantada por eldiario.es y a la que también ha tenido acceso Vozpópuli, fue promulgada hace ocho meses (mayo de 2013) y obliga a su mujer, Elena Cerezo, a devolver aproximadamente 10.000 euros. Es una cantidad que corresponde con la subida de sueldo ilegal que Cerezo recibió en 2008 de Arturo González Panero, el Albondiguilla, exalcalde de Boadilla y uno de los principales imputados de la trama Gürtel. La mujer de Pérez continúa en su puesto como principal asesora y aún no ha devuelto lo establecido por la Justicia.

El veredicto del TSJM establece que el aumento salarial del 23,9% es ilegal de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado, que tolera un 3%. El fallo coincide con el inicio de la recogida de basura tras dos semanas de huelga en este municipio. Un conflicto laboral en el que Pérez no ha pasado desapercibido, siendo, como suele ser él por otra parte, extremadamente lenguaraz en su cuenta de Twitter: no se puede decir que no dé la cara; lo malo es que esto suele ocurrir solo en las redes sociales.

Delfín de Esperanza Aguirre, Pérez, que también es diputado en la Asamblea de Madrid, se comprometió con Eurovegas hasta el tuétano; su Consistorio incluso organizó cursos de tarot, magia y crupier. Toda rebaja impositiva era poca para David Pérez, quien a su vez se batió el cobre acusando a la oposición de desleal por rechazar el colosal proyecto de juegos de azar. La renuncia de Las Vegas Sands en diciembre devolvió al alcalde al mundo real, y su declive hasta los próximos comicios de 2015 parece asegurado.

http://vozpopuli.com/actualidad/38352-el-alcalde-de-alcorcon-sitiado-su-mujer-cobro-sueldo-ilegal-asesorando-a-un-imputado-en-gurtel

EL JUEZ DICE QUE LOS DELITOS DE LA GÜRTEL EN POZUELO NO HAN PRESCRITO

El juez Pablo Ruz desestima un recurso presentado por una de las imputadas en la adjudicación de un concurso para organizar un congreso en 2004

El juez Pablo Ruz, que investiga el caso Gürtel, ha desestimado un recurso de reforma interpuesto por María del Mar Rodríguez, contra su auto de imputación debido a su posible intervención en la organización del XXXI Congreso Nacional de Parques y Jardines celebrado en Pozuelo de Alarcón en 2004. Presuntamente, los adjudicatarios del concurso conocían, de antemano, los pliegos de condiciones y eran una sociedad pantalla de Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta.

El abogado de Rodríguez recurrió esta decisión judicial por falta de fundamento para dirigir la acción penal contra ella, y en caso de estar fundamentada, por la prescripción de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía (UDEF) considera que el grupo de usó a la empresa M.R. Asociados para conseguir la adjudicación. Los agentes aseguran también que la compañía mantuvo reuniones con el equipo de gobierno para ganar el concurso

La trama, dice el informe, pagó una comisión del 2% a M.R. Asociados. El Ayuntamiento se hizo cargo tanto dicho importe (2.599,69 euros) como otros gastos que tuvo la empresa por presentarse (1.272,41 euros). El monto de la adjudicación ascendió a 150.781 euros y la red de Correa ganó 70.714 euros.

El Ministerio Fiscal se opuso al recurso presentado porque hay indicios que apuntan a que Rodríguez “habría intervenido en la aparentemente irregular adjudicación”. Además, considera que se infiere que la imputada “habría aceptado, a cambio de una comisión, presentarse al referido concurso a sabiendas de que tal actuación únicamente tenía por objeto ocultar al verdadero adjudicatario, el denominado Grupo Correa”.

El fiscal tampoco cree que el delito de prevaricación haya prescrito, porque su comisión lleva aparejada una pena de inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de 7 a 10 años y, en consecuencia, su plazo de prescripción se extiende a 10 años.

Un periodo de tiempo, explica, que también sería aplicable al delito de malversación, por la vinculación que existe en este caso con el de prevaricación. “No cabe apreciar la prescripción de ninguna de las infracciones enjuiciadas, en tanto no prescriba la más grave de ellas”, concluye. El juez comparte todos los razonamientos esgrimidos por el Ministerio Fiscal.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/14/madrid/1389731062_904239.html

«NO TE QUEREMOS JODER LA VIDA»

La ‘trama Gürtel’ elaboró una ‘hoja de ruta’ para chantajear al alcalde de Boadilla

«No te queremos joder la vida». Así de persuasiva arrancaba la hoja de ruta del chantaje elaborada por la trama Gürtel para exigir al ex alcalde de Boadilla del Monte, el popular Arturo González Panero, El Albondiguilla, que la red de Francisco Correa siguiera haciendo negocios en la localidad madrileña.

Para ello, la trama elaboró una lista manuscrita de 23 puntos (que luego fue pasada a limpio) para dejarle claro al alcalde que tenían muchas armas para usar contra él si no se plegaba a sus condiciones. «Se trata exclusivamente de hacer justicia. De restablecer la situación previa que ya existía», dice uno de los puntos de los documentos, que obran en poder del juzgado que instruye el caso y a las que ha tenido acceso EL MUNDO.

Los integrantes del entramado, según fuentes cercanas al caso, temían que Panero quisiera romper su relación con ellos después de que le hubieran sido adjudicados numerosos contratos del Consistorio. Boadilla era una de las principales fuentes de ingresos de la trama.

Como principal elemento de persuasión, el entramado planeó amenazar a Panero con colgar una grabación suya en internet. «Imagínate tu cinta en internet», afirman en la hoja de ruta. La trama quería asustarle con esta cinta, que los investigadores todavía no han hallado, pero cuya existencia han reconocido varias personas vinculadas a la red.

Isabel Jordán, persona de confianza de Correa en el entramado, declaró ante el juez que éste le había dicho que tenía a Panero «comiendo de la mano». «Me cuenta que en una mesa se sientan y le cogen en vídeo al alcalde contando el dinero...entonces, él dice ‘¿No ves que lo tengo con ese vídeo pillado?’». José Luis Peñas, ex edil de Majadahonda cuyas grabaciones destaparon el mayor caso de corrupción en España, afirmó también ante el juez que en la cinta se podía ver a Panero rodeado de varios fajos de billetes. Panero está acusado por el juez de recibir 637.000 euros en regalos y sobornos de la trama.

El propio Correa admitía en otro corte de audio que consta en el sumario que esa cinta existía, pero afirmó que el instigador de la grabación fue Tomás Martín Morales, que había trabajado en el Ayuntamiento boadillense hasta 2003, año en que rompió su relación con Panero.

En esta hoja de ruta, la trama quería hacer patente a Panero el malestar que había generado en Correa. «Él te ha tratado como a un hermano y tú lo has tratado como un perro. Te ha cambiado la vida. Te ha vestido (calcetines, camisas, trajes, corbetas, etc.), hasta el plasma de tu casa».

Desde el entramado le echan en cara el contrato de mantenimiento otorgado a Sufi, una empresa que no era de su entorno: «Está muy indignado con lo de Sufi. Tu conversación con él en el Fénix. Juraste por tus hijos que esa operación la llevaba él. Tú le dijiste allí que todo lo que había hecho era bien en la vida. Y después ni le saludas en el fútbol. Eso no se hace con nadie. No te quiere ni ver».

«A pesar de lo cual lo único que quiere es la restitución de la situación anterior. No queremos entrar en pequeñas cosas», prosiguen los documentos, que dejan claro quién mandará a partir de entonces en el Ayuntamiento de Boadilla.

«La negociación de los asuntos la llevamos nosotros directamente con los clientes... no queremos intermediarios. Los temas gordos los pasa a gestionar la sociedad, nos tienes que dar los pliegos previamente», dejaban claro en la nota, que acababa con un taxativo: «Todo claro, esto sólo romperá si tú rompes. Nada de engaños».

Poco después, tras las elecciones de 2007, Martín Morales volvió al Ayuntamiento como el enlace de la Gürtel allí, según fuentes cercanas al caso, ocupando el cargo de consejero delegado de la entidad gestora del suelo del municipio y, además, director general del Ayuntamiento, lo que le dio plenos poderes. Martín Morales, apodado Mister rotondas por todas las que hizo en Boadilla, está acusado de blanqueo, cohecho, malversación de fondos, prevaricación y asociación ilícita.

http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=19849127&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=15_12_2013&pla=pla_11014_Madrid

LA POLICÍA CERTIFICA QUE GÜRTEL SUFRAGÓ GASTOS ELECTORALES DEL PP

El juez Ruz pide diez informes para agilizar la investigación sobre la trama corrupta

La unidad antiblanqueo del Cuerpo Nacional de Policía ha puesto en un informe, negro sobre blanco, que las empresas de Francisco Correa, el supuesto cerebro del caso Gürtel, financiaron actos electorales del Partido Popular en Madrid, Galicia y la Comunidad Valenciana. En un escrito remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz el pasado 30 de diciembre, y que amplía informes anteriores, los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) describen las distintas operaciones de la trama de Correa para sufragar ilegalmente las campañas de la formación conservadora entre los años 2001 y 2004.

El estudio analiza a petición del juez Ruz la documentación incautada en febrero de 2009 en la sede central de la organización de Francisco Correa, ubicada en una oficina de la calle de Serrano de Madrid, una de las más lujosas de la capital. En el caso del PP madrileño, los investigadores concluyen que las facturas por valor de 1,8 millones de euros que la sociedad Special Events giró a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) no correspondían con actos celebrados por esta entidad, sino que bajo esta pantalla se estaban pagando mítines de la campaña para las elecciones autonómicas de 2003 y las europeas de 2004.

Los congresos del PP regional de 2002 y 2004, organizados por Special Events, se facturaron también a través de Fundescam, fundación que recibe fondos de empresas privadas adjudicatarias de obras y servicios públicos.

Por su parte, el PP gallego utilizó “fondos de origen desconocido” para financiar la campaña de las elecciones autonómicas de 2001. En la oficina central de Correa fueron encontrados “recibís y cheques bancarios” que demuestran que las empresas de Gürtel sufragaron los gastos generados por la formación conservadora por actos como la romería del monte do Gozo, en Santiago, y 23 mítines durante la campaña.

La UDEF también reseña en su escrito cómo la organización de Correa corrió con los gastos del PP valenciano con “dinero ajeno al circuito legal”. En concreto, Special Events pagó en negro 81.653 euros a proveedores del XVII Congreso del PP de la Comunidad. Ese dinero se repuso posteriormente a la caja b de la oficina de Correa en la calle Serrano, desde donde se dirigían todas las operaciones de la trama corrupta.

El juez Ruz ordenó a la UDEF el pasado 23 de diciembre que le entregara este informe antes de fin de año. El magistrado pretende agilizar la investigación sobre la trama corrupta y ha reclamado tanto a la policía como a la Agencia Tributaria y a la Intervención General del Estado que le presenten una decena de informes pendientes antes del próximo 15 de febrero. Antes de finales de este mes, la UDEF debe entregar, entre otros, un informe sobre la documentación hallada en una nave del polígono industrial Ventorro del Cano, en Alcorcón (Madrid) y sobre la memoria USB incautada al contable de Correa, José Luis Izquierdo.

Comisión para muebles

El informe de la UDEF desgrana el origen de los fondos que manejaban las empresas de Correa. Este se divide en contratos públicos con administraciones gobernadas por el PP, como la Comunidad de Madrid, la Comunidad Valenciana o los Ayuntamientos de Majadahonda y Boadilla del Monte (Madrid); comisiones por la mediación en la adjudicación de contratos; organización de actos del PP y compraventa de bienes como el yate Carmen Junior III, propiedad del empresario José Luis Ulibarri.

Con la documentación hallada en la oficina de Serrano 40, los agentes constatan que el constructor Ulibarri pagó una comisión de un millón de euros a Correa por servicios que no se llegaron a prestar. Este dinero se camufló como pago de facturas ficticias a las empresas del entramado de Correa, pero su destino real era el abono de facturas de muebles y enseres de los chalés del cerebro de la trama Gürtel en Ibiza y Sotogrande (Cádiz). Los proveedores de estos elementos de decoración hacían figurar en el concepto de la factura que el material era para “proyectos de interiorismo de la Comunidad de Madrid” o para “decoración de escenarios”. Los agentes señalan que el contable de Correa, José Luis Izquierdo, era el que daba las instrucciones a las distintas empresas mediante fax sobre los conceptos que se debían incluir en las facturas ficticias.

http://politica.elpais.com/politica/2014/01/01/actualidad/1388605119_997404.html

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