CASO PÚNICA : UNA TRAMA GENOVESA SIN FONDO

RESUMEN RESUMIDO

Está siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional cuyo titular interino ha sido hasta junio 2017 el juez Eloy Velasco y desde finales de ese mismo mes, Manuel García Castellón que ha estado los últimos 16 años destinado como juez de enlace en Francia y después en Italia. La Comisión Permanente del CGPJ acordó el 17 de agosto del 2017 nombrar como juez de refuerzo al magistrado Diego de Egea y Torrón que en diciembre del 2018 solicitó su traslado al juzgado nº 43 de Madrid del que es titular alegando razones personales. El 14 de febrero del 2019 la Comisión Permanente del CGPJ acordó nombrar al juez Alejandro Abascal Junquera que ya estuvo en comisión de refuerzo entre marzo y diciembre de 2016.

El número de investigados asciende a 180 entre los que se encuentran 3 ex presidentes de la CM, varios ex consejeros y altos cargos de gobiernos regionales, ex alcaldes y ex diputados autonómicos.

Esta causa se inicia en junio del 2014 a raíz de que la Fiscalía Anticorrupción, tras recibir demanda de ayuda en investigación llevada a cabo por las autoridades suizas, decidió presentar una querella contra, entre otros, Francisco Granados, ex alcalde de Valdemoro, ex consejero de los Gobiernos de Esperanza Aguirre y ex Secretario General del PP de Madrid y contra el empresario David Marjaliza.

El 2 de septiembre del 2019 el juez García Castellón, a propuesta de la Fiscalía, ha reordenado el sumario dejándolo en 11 PS.

01. Revelación de secretos. Caso Talamino.

Se ha investigado el chivatazo por parte de 2 guardias civiles que Francisco Granados recibió en septiembre de 2014 de que su socio David Marjaliza estaba siendo investigado por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil lo que le permitió destruir pruebas y ocultar dinero. Tras la instrucción del juez Velasco, en los primeros días del mes de noviembre 2017 se celebró el juicio en la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El 4 de diciembre se hizo publica la sentencia por la que se condena a dos años de prisión a Francisco Granados, por un delito agravado de aprovechamiento de revelación de secreto por funcionario público. También han sido condenados a dos años de prisión, el guardia civil José Manuel Rodríguez Talamino, autor del chivatazo, y a un año y medio de cárcel el agente en excedencia del instituto armado José Luis Caro Vinagre. El Tribunal Supremo ha ratificado la sentencia.

02. Hechos concernientes a las fraudulentas adjudicaciones a las mercantiles vinculadas a los investigados Alejandro DE PEDRO LLORCA y José Antonio ALONSO CONESA, en León.

El 12 de junio 2018 García Castellón dictó LA APERTURA DEL JUICIO ORAL, a celebrar ante la sección segunda de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, por los presuntos delitos y hechos en la forma expresada por el Ministerio Fiscal y recogida en la presente resolución, contra Alejandro de Pedro Llorca, José Antonio Alonso Conesa, Martín Marcos Martínez Barazón, Pedro Vicente Sánchez García, Manuel Jesús López Sánchez y Guadalupe Carrascosa Caballero y las sociedades Eico On Line S.L y Madiva Editorial y Publicidad S.L.
Decreto el sobreseimiento provisional y archivo (ex. Art. 783.1), por no constar elementos de su participación en los hechos, de Sara Gargallo y Adrián de Pedro.

03. Hechos concernientes a las fraudulentas adjudicaciones a las mercantiles vinculadas a los investigados Alejandro DE PEDRO LLORCA y José Antonio ALONSO CONESA, en Murcia.

En un primer momento el juez Velasco se inhibió a favor del TSJMU por la condición de aforado de Pedro Antonio Sánchez. Tras dimitir como presidente de la Comunidad y como diputado autonómico, el TSJMU, tras dictar el juez instructor un auto de trasformación, también se inhibió a favor de la Audiencia Nacional. Se le acusaba de los delitos de fraude a ente público, cohecho y revelación de información reservada. Tras un auto de procesamiento de García Castellón por el que dejaba fuera al ex presidente, recurrido por la Fiscalía y el PSOE, la Sección 4ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional declaró nulo el citado auto.

El pasado 19 de febrero, el juez ha vuelto a firmar un nuevo auto en el que vuelve a sacar del listado de acusados a Pedro Antonio Sánchez:

“ACORDAR la continuación de las presentes Diligencias Previas como PROCEDIMIENTO ABREVIADO contra Juan Carlos Ruiz López, Fidel Saura Garrido, Jesús Norberto Galindo Sánchez, María Dolores Martínez Robles, Alejandro de Pedro Llorca, José Antonio Alonso Conesa, Agustín Alonso Conesa, Sara Gargallo Rico y Francisco Javier Bueno González (…)
SE ACUERDA el SOBRESEIMIENTO PROVISIONAL de las actuaciones respecto de Marta García Rivas, Eduardo Contreras Linares, María Reyes Semper Henajeros, Francisco Ferreño García, María del Mar Conesa Marchán, Pedro Antonio Sánchez López, David Conesa Ferrer y Guadalupe Caballero Carrascosa”.
Sobre Pilar Barreiro, ex alcaldesa de Cartagena y en el momento de ser investigada senadora por Murcia, tras declararse competente el Tribunal Supremo, fue acusada de delito de fraude, falsificación de documentos, prevaricación, malversación y cohecho. La Sala II ha archivado provisionalmente las diligencias.

04. Hechos concernientes al urbanismo de Valdemoro y blanqueo de capitales.

Se está investigando todo lo relativo a irregularidades urbanísticas en este municipio madrileño, con origen en el nuevo plan de ordenación urbana impulsado por Granados durante su etapa como alcalde (1999-2004). Se han nombrado dos peritos arquitectos para tasación y valoración de beneficios. También se investigan todas las adjudicaciones de gestión y explotación de bienes públicos adjudicados por el Ayuntamiento a la trama.
En el mes de diciembre 2019 el MF solicitó varias diligencias a García Castellón que en un auto de enero 2020 rechazó por considerar que los posibles delitos asociados a los hechos por los que se interesan las fiscales anticorrupción han prescrito. Las acusaciones populares (ADADE y PSOE), al igual que el MF, recurrieron en apelación a la Sección 4ª de la Sala de lo Penal. Finalmente, el pasado 11 de marzo se ha estimado el recurso de la Fiscalía declarando nulo el auto de García Castellón.
Por su parte, el PSOE ha solicitado que comparezca como investigado el ex jefe de los servicios jurídicos de El Corte Inglés que aparece vinculado a posibles irregularidades urbanísticas. El MF se ha adherido a este escrito. El juez García Castellón ha denegado esta diligencia.

05. Hechos referentes a la contratación menor local en Torrejón de Velasco, Serranillos del Valle y otros.

La Fiscalía ha solicitado el auxilio de dos peritos interventores del Estado para estudiar la contratación pública desarrollada en varios ayuntamientos de la CM: Serranillos del Valle, Torrejón de Velasco, etc.

06. Hechos referentes a Cofely.

El 2 de septiembre 2019, García Castellón acuerda FORMAR PIEZA SEPARADA denominada PIEZA 11 HECHOS RELATIVOS a la CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SUMINISTRO ENERGÉTICO POR LA SOCIEDAD COFELY. Se investigan varios contratos de eficiencia energética suscritos entre la multinacional francesa Cofely y varios Ayuntamientos gobernados mayoritariamente por el PP: Almendralejo, Brunete, Villalba, Alcalá de Henares, Móstoles, etc. Se sospecha que se han pagado cuantiosas comisiones y se han realizado irregularmente encuestas electorales. En el auto de formación de esta PS, García Castellón eleva el número de investigados a 57. Entre otros, José García Lobato, ex Alcalde Almendralejo; Carlos López Jimeno, ex Director General de Industria, Energía y Minas en la Comunidad de Madrid; Borja Gutiérrez Iglesias, ex Alcalde de Brunete, José Gil Granizo, ex Secretario General PP Brunete; David Rodríguez Sanz, ex Alcalde de Casarrubuelos; Agustín Juárez López de Coca, ex Alcalde de Collado Villalba; Carlos Estrada Pita, ex Alcalde de Moraleja de Enmedio; Daniel Ortiz Espejo, ex Alcalde de Móstoles y ex diputado de la Asamblea de Madrid; Antonio Sánchez Fernández, ex Alcalde de Serranillos del Valle; Gonzalo Cubas Navarro, ex Alcalde de Torrejón de Velasco y José Carlos Boza Lechuga, ex Alcalde de Valdemoro. Ver Anexo

07. Hechos referentes a Waiter Music.

Se investiga la contratación por parte de 47 Ayuntamientos de Madrid entre los años 2004-2014 con esta empresa de eventos musicales. Se sospecha de adjudicaciones irregulares y sobrevaloradas y con cargo a esa sobrevaloración y a varios contratos adjudicados a FCC, ACCIONA, DRAGADOS, OHL, SACYR, GRUPO DHO, URBASER, se habrían pagado comisiones, fiestas de varios dirigentes y alcaldes y mítines y actos del PP lo que supone de hecho financiar al PP de Madrid en campañas electorales. José Luis López Huerta propietario de esta empresa ha reconocido en sede judicial que varios investigados y otros que no lo son pudieron beneficiarse de comisiones y dadivas por haberle adjudicado contratos en sus respectivos municipios.

08. Hechos relativos a la etapa de Francisco GRANADOS en la Comunidad de Madrid.

Se investiga la actividad de Granados desde las distintas responsabilidades en la Comunidad de Madrid bajo la presidencia de Esperanza Aguirre.

2004-2005. Consejero de Transportes. Tiene bajo su responsabilidad el plan de expansión del metro de Madrid cuyas adjudicaciones se realizan desde MINTRA y las carreteras. Presuntamente las quejas de grandes constructoras, desplazadas por la inclusión de pequeñas o medianas empresas relacionadas con la trama, provocan su cese. Se investiga la adjudicación de distintos tramos de metro y de carreteras a empresas de la trama, el pago de comisiones, la imposición del pago de las primeras piedras y las inauguraciones a las empresas adjudicatarias la inclusión de una clausula del 1% de gastos de publicidad que sería utilizado para abonar las deudas provocadas por campañas electorales y la contratación con cargo a estos proyectos de empresas proveedoras de servicios en campaña electoral en agradecimiento por los servicios prestados. Paralelamente se investigan los sucesivos modificados y complementarios que permitirían hacer frente a estos gastos “no previstos” en los presupuestos de adjudicación.

2005-2007. Provocado por lo anterior es nombrado Consejero de Presidencia, consejería que no gestionaba apenas presupuesto, al ser nombrado se remodela y se hace depender de el la Dirección General de Cooperación Local, conservando a su director Jaime González Taboada. Esto supone la dependencia tanto de Arpegio, como del Plan Prisma de esta Consejería con un enorme presupuesto. Sobre Arpegio hay tres líneas de investigación: los contratos adjudicados por Arpegio de forma irregular o a empresas proveedoras de servicios electorales al PP, la contratación irregular a través de la Fundación Arpegio también a empresas proveedoras del PP y la parte más cuantiosa que son los consorcios urbanísticos con cuantiosos pagos de comisiones a los participantes.

En cuanto al Plan PRISMA en sus sucesivas ediciones y ampliaciones de plazo, se investiga igualmente las adjudicaciones irregulares a cambio de comisiones y “favores” al Partido Popular. Parte esencial de la investigación es la contratación de DUSA por parte de ARPEGIO para la gestión lo más alejado posible de la normativa sobre contratación pública de este cuantioso presupuesto. Están siendo investigados todos los miembros que participaron en las Mesas de Contratación designados por Arpegio para la adjudicación de contratos a cargo del citado programa de inversiones locales. Hasta ahora ha dimitido en mayo del 2017 Miguel Ángel Ruiz López, Vice consejero de Medio Ambiente de la CM, tras ser registrado su despacho. En septiembre del 2017 también dimitió Jaime González Taboada como Consejero de Medio Ambiente que durante 12 años fue Director General de Cooperación Local encargado de supervisar el Plan Prisma.

2008-2011. Vuelve a ser nombrado Consejero de Presidencia, a lo que esta vez se añade Consejero de Justicia e Interior. De el depende la Ciudad de la Justicia de Madrid, que no se investiga en esta causa. Pero mantiene su ascendencia sobre parte de los cargos anteriores y sigue impulsando las prácticas que inició con anterioridad tanto en Mintra como en Arpegio o Prisma. De hecho se investiga también su participación en BUSTREN cuya creación coincide con su cese como responsable en la Comunidad de Madrid y su paso a Senador y con la desaparición de MINTRA siendo su Director, Jesús Trabada Guijarro la cabeza más visible de BUSTREN, al que acompañan, varios de los Directores de MINTRA (Desaparecen también en 2011 muchas otras empresas y/o organismos públicos o semipúblicos dependientes de la CAM, como el IMADE, la razón oficial, es la crisis económica y una reducción de gasto).

09. Hechos concernientes a la financiación ilícita del PP de la Comunidad de Madrid

Tras aportar varios informes de la UCO, incorporar más de 500 declaraciones de testigos e investigados y recabar y analizar numerosa documentación, tanto el juez instructor como las fiscales anticorrupción dan por sentado que se han adjudicado a empresarios contratos públicos de diferentes administraciones de la Comunidad Madrid a cambio de financiar al PP regional.

A partir de su auto del 2 de septiembre del 2019 por el que forma PS, García Castellón ha tomado declaración en calidad de investigados, entre otros, a los siguientes:

• Esperanza Aguirre Gil de Biedma, ex presidenta CM y ex presidenta PPM
• Ignacio González González, ex presidente CM y ex Secretario General del PP
• Cristina Cifuentes Cuencas, ex presidenta CM y ex presidenta PPM
• José Güemes Barrios, ex Consejero de Sanidad
• Manuel Lamela Fernández, ex Consejero de Sanidad y de Transportes
• Borja Sarasola Jáudenes, ex Consejero de Medio Ambiente
• Gádor Óngil Cores, ex presidenta de Fundescam

En diciembre del 2018 se ha tomado declaración como imputado al empresario de la comunicación Daniel Mercado (investigado en el Caso Nóos de Baleares) que ha admitido haber facturado irregularmente al PP de Madrid y a Silvano Corujo, ex directivo de ICM que ante la Fiscalía y ante el Juez aseguró que se habían adjudicado contratos a Indra a cambio de comisiones ilegales.
En febrero, marzo, abril y julio del 2018 también ha declarado a petición propia Francisco Granados que ha involucrado directamente a varios dirigentes del PP de Madrid de mantener una estructura de financiación paralela a la oficial encaminada a reforzar las campañas electorales de Esperanza Aguirre. Entre los citados se encuentran: Ignacio González, Cristina Cifuentes (a los que les atribuye una relación sentimental); Borja Sarasola, Isabel Gallego, etc.

Asimismo, han declarado ante el juez ser conocedores de diferentes irregularidades que afectarían a la financiación irregular del PP de Madrid, los empresarios Alfonso del Corral, y María José Barral.

Por su parte Isabel Gallego, ex Directora General de Comunicación de Esperanza Aguirre, también ha presentado el 4 de abril del 2018 un escrito, ratificado en declaración, sobre la estructura y relaciones de Alex de Pedro con el Gobierno de la CM.

Las vías más llamativas de financiación irregular que se investigan serían:

1. Contratación a través del IMADE más de 20 millones de Euros
2. Contratación a través del CYII
3. Financiación a través de contratos adjudicados por ICM a INDRA
4. Financiación a través de la cláusula del 1% que afectaría fundamentalmente a Sanidad y Consejería de Transportes
5. Financiación electoral a través de FUNDESCAM, entidad cuya única actividad y utilidad que nos conste, era recibir la subvención de la Comunidad de Madrid a Partidos políticos con representación parlamentaria y donaciones con fines electorales de empresas adjudicatarias de contratos de la Comunidad de Madrid

10. Hechos concernientes a las fraudulentas adjudicaciones a las mercantiles vinculadas a los investigados Alejandro DE PEDRO LLORCA y José Antonio ALONSO CONESA, en Denia, Valencia, Madrid, Majadahonda, Valdemoro, Comunidad de Madrid y terceros países.

Se investiga si el empresario Alejandro de Pedro cobró dinero publico por realizar fraudulentamente informes de reputación on line a cargos públicos de diversas Administraciones Públicas y empresas. La UCO y la fiscalía, además del caso de Murcia y León, ha avanzado en las relaciones de estas empresas con Altos Cargos de la Comunidad de Madrid y numerosos ayuntamientos, entre otros, el Ayuntamiento de Madrid durante la época de Ana Botella. Entre los investigados se encuentran los ex Consejeros/as de la CM, Salvador Victoria y Lucía Figar.

11. Hechos referentes a Alfedel.

Se investiga la constitución de cooperativas para la construcción y puesta en marcha de colegios concertados con diferentes administraciones territoriales: C. Madrid, Guadalajara, Baleares, Comunidad Valenciana, Murcia, etc.

El sistema seguido consistiría en ofrecer a los cooperativistas, un paquete completo, les conseguirían el suelo municipal y los permisos y licencias, el proyecto de construcción y la construcción del futuro colegio, les gestionan los créditos, se lo dan todo hecho. La realidad es que tanto las aportaciones como el crédito irían a parar a los bolsillos de la trama y dejaron a las cooperativas en muchos casos sin permisos, sin licencias y con una enorme deuda, que en algunos casos no consiguen pagar y en otros ha supuesto que los cooperativistas hayan tenido que ejercer no solo de profesores, sino de chicos para todo en el colegio, a cambio de retribuciones miserables (por debajo del salario mínimo) a fin de poder pagar las deudas.

 


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