¿GESTIÓN DE FEDE?
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EL MINISTRO DE DEFENSA DECIDE PRESCINDIR DEL COAUTOR DE LA REFORMA MILITAR DE LA DEMOCRACIA

Miguel Silva Vidal, comandante de ingenieros en la reserva transitoria y vocal asesor del subsecretario de Defensa, ha cesado en el cargo. Esta decisión sería irrelevante si el afectado no fuese uno de los protagonistas de la transición militar, coautor de las leyes que han configurado el vigente marco legal de las Fuerzas Armadas y asesor de todos los ministros de Defensa de la democracia. De la UCD, el PSOE y el PP. En 1977, Silva fue nombrado secretario de la comisión redactora de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas Armadas, aprobadas en diciembre de 1978, bajo el mandato del general Manuel Gutiérrez Mellado. Se incorporó al gabinete del ministro Alberto Oliart, de UCD, y fue confirmado por Narcís Serra y sus sucesores del PSOE. Su nombre apareció en 1982 en la lista negra de militares demócratas que hicieron circular los golpistas. Aunque su cargo más importante fue el de director del gabinete del secretario de Estado de la Administración Militar y luego ministro, Gustavo Suárez Pertierra, y nunca tuvo relevancia pública, siempre se le consideró como uno de los personajes claves del departamento, pues intervino en la elaboración de las leyes que articularon la reforma militar de la transición. Por ello, se granjeó numerosos detractores entre sus ex compañeros de uniforme, quienes le acusaron de ser un militar renegado que se había vendido a los políticos. En 1996, cuando el PP llegó al poder, se le destinó a un puesto burocrático, pero el subsecretario Adolfo Menéndez, pese a la resistencia de un sector de su partido, le repescó dos años después para que reformase la ley del Personal Militar de los socialistas. El equipo del nuevo ministro, Federico Trillo-Figueroa, le ha cesado, aunque formalmente no hay cese, sino no ratificación en el puesto. Su salida de Defensa cierra una etapa de 20 años. Pese a su juventud, 55 años, Silva representaba la continuidad y la memoria histórica del ministerio (Mayo 2000).

LAS ONG Y EL MINISTRO DE DEFENSA

Las ONG catalanas mantienen su "rechazo frontal" a la celebración en Barcelona del Día de las Fuerzas Armadas, a pesar de que el ministro de Defensa, Federico Trillo, ha garantizado que el desfile militar subrayará el papel del Ejército en las misiones internacionales de paz. Los promotores de la plataforma de entidades sociales contrarias al evento presentaron un programa de movilizaciones que durará una semana. La elección de Barcelona como sede del desfile del Día de las Fuerzas Armadas, el próximo 27 de mayo, ha provocado la creación de la Plataforma unitaria por la Paz, que agrupa a 134 entidades, entre ellas los sindicatos CCOO y UGT, la Confederación de Vecinos de Cataluña, las federaciones más representativas de ONG y las juventudes de todos los partidos parlamentarios, excepto las del Partido Popular. A la oposición al desfile militar se sumó también inicialmente Convergència i Unió (CiU), si bien la entrevista entre Trillo y Jordi Pujol, el pasado martes, sirvió para que el presidente de la Generalitat confirmara su asistencia al acto como primera autoridad civil. Tras la entrevista, Trillo anunció que "muchas ONG" participarán en la celebración del Día de las Fuerzas Armadas a través de una exposición en la que Defensa pretende mostrar la implicación del Ejército en misiones internacionales de paz y su colaboración con ONG. Su anuncio soliviantó a la mayoría de ONG catalanas, que expresaron su hostilidad hacia la celebración del desfile militar. Entre otras, mostraron su malestar Intermón, Médicus Mundi, Médicos sin Fronteras y Cáritas, mientras que las Federación de ONG para el Desarrollo y la Federación de ONG para la Paz reiteraron su compromiso con la Plataforma de entidades contrarias al Día de las Fuerzas Armadas (Mayo 2000).

SÍNDROME DE LOS BALCANES: EL GOBIERNO CONOCÍA DESDE 1999 EL RIESGO DEL URANIO EMPOBRECIDO EN KOSOVO

El Gobierno fue informado, en mayo de 1999, de la utilización de proyectiles de uranio empobrecido en los bombardeos de Kosovo y de los riesgos derivados de ello, según explicó el secretario general de la Inspección de Sanidad de Defensa, Luis Villalonga. No obstante, en una respuesta remitida al Parlamento en mayo de 2000, el Ejecutivo aseguraba no haber conocido el empleo de este tipo de armamento hasta que lo reconoció públicamente el secretario general de la OTAN, George Robertson, muchos meses después (Enero 2001).

CASO DEL SÍNDROME DE LOS BALCANES: EL GOBIERNO RECONOCE QUE IGNORABA EL USO DEL URANIO AUNQUE LO SABÍAN LOS MILITARES

El Ministerio de Defensa reconoce que no fue informado del uso de munición con uranio empobrecido en los bombardeos de Kosovo, a pesar de que los militares españoles sí que estaban al corriente a través de la OTAN. El Ministerio difundió dos notas para justificar por qué en los escritos remitidos al Congreso el 22 de septiembre de 1999 y el 26 de mayo de 2000, en respuesta a preguntas de IU, se aseguraba que el Gobierno desconocía el uso de uranio empobrecido en los bombardeos de Kosovo, un dato que EE UU había comunicado a los países aliados, incluida España, el 30 de junio de 1999. En esta última fecha, según la primera nota oficial, la Junta de Jefes de Estado Mayor de EE UU comunicó al comandante supremo de la OTAN en Europa, Wesley Clark, la utilización de este tipo de munición por parte de las fuerzas norteamericanas. Éste, a su vez, agregaba la nota, informó al mando de las tropas en Kosovo, trasladándose posteriormente la comunicación a los jefes de las unidades sobre el terreno, incluido el español. "De los datos mencionados se deduce que toda la información sobre este asunto fluyó a través de los canales de mando militar, en cuanto que era de interés para las operaciones, pero no se comunicó a los Gobiernos de la Alianza, por no considerarse relevante a otros efectos", concluía. La segunda nota oficial difundida insistía en que "no se comunicó al Gobierno español el uso de la munición mencionada". No obstante, aunque se presentaba como una "ampliación a la información suministrada", corregía a la anterior en un importante aspecto. Según la primera nota, tras recibir la información de EE UU, a través de la cadena de mando de la OTAN, la agrupación española en Kosovo "solicitó el concurso de un equipo de detección nuclear bacteriológico y químico (NBQ) del que dispone la Legión, el cual, realizadas las pertinentes actuaciones en la zona apreció niveles de radiación inocuos para la salud humana". Sin embargo, en la segunda nota se decía que el envío de este equipo no se debió al aviso de EE UU sino a la aplicación de una directiva de la OTAN de 1996 que "se lleva a cabo normalmente con regularidad". La cronología hacía imposible la primera versión, pues el aviso de la OTAN llegó el 1 de julio de 1999 y las tropas españolas se desplegaron el 29 de junio, en teoría tras haber verificado que los niveles de radiación eran normales (Enero 2001).

LOS ANÁLISIS PSICOLÓGICOS DEL GENERAL

Ignacio Martínez Eiroa, general del Aire en la reserva, ha expresado su posición contraria a que las mujeres que ingresen en las Fuerzas Armadas participen en acciones directas de combate al entender que «soporta con más dificultad que el hombre una tensión sostenida» como ésa. En un artículo de opinión publicado en la revista oficial de la Hermandad de Veteranos de las Fuerzas Armadas, Tierra, Mar y Aire, Martínez Eiroa sostiene que los hombres y mujeres «no somos iguales» y arguye que «las leyes de la Creación, que son inmutables, decidieron que las hembras de los mamíferos fueran distintas de los machos». En este sentido, explica que las diferencias fisiológicas apreciables entre hombres y mujeres son, si cabe, mayores desde el punto de vista anímico. Así, sostiene que la mujer «es más sensible; más frágil; soporta con más dificultad que el hombre una tensión sostenida». Para avalar su argumentación, el autor del artículo recuerda que, por las razones antes mencionadas, nunca hubo una mujer campeón del mundo de ajedrez, no tanto por una cuestión de inteligencia como de estabilidad emocional: «Y si no pueden soportar la tensión de una partida de ajedrez no es fácil que soporten la tensión del combate». Del mismo modo, afirma que el hombre, «como todos los mamíferos machos, es más fuerte, más agresivo y menos sensible que la mujer». En este punto se remonta a la era prehistórica para señalar que, entonces, el hombre «salió de la caverna para cazar y pelear», mientras que ella «se mantuvo cuidando a la prole para que no se muriera y alimentando el fuego para que no se apagase». «En conclusión», continúa, «si no somos iguales, ni física ni psíquicamente, no podremos realizar con la misma perfección cualquier tipo de tarea». «Aceptando este supuesto y el hecho de que los ejércitos están hechos para la guerra (...) dadas sus características [las del hombre], éste es más eficaz en el combate y más resistente, por lo que es quien debe combatir». La revista Tierra, Mar y Aire, órgano oficial de comunicación de la referida Hermandad de Veteranos de las FAS y que publica dicho artículo, recibe una subvención anual a cargo de los Presupuestos Generales del Estado de unos cinco millones (Enero 2001).

EL 42% DE LAS EXPORTACIONES DE ARMAS VULNERA NORMAS EUROPEAS, SEGÚN LA UNESCO

El 42% de las exportaciones españolas de armas tiene como destino países que incumplen la legislación de la Unión Europea (UE), según revela el Informe 2001: Criterios para autorizar o denegar las exportaciones de armamento, realizado por la Cátedra Unesco sobre Paz y Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Los criterios del Código de Conducta de la UE establecen, entre otras cuestiones, la prohibición de exportar armas a países que no respeten los derechos humanos, a los que se encuentren en conflicto o con tensiones internas, a los sancionados o embargados por Naciones Unidas y a los que alienten el terrorismo o a aquellos que practiquen ventas de armas a terceros países. Según este código, tampoco se pueden exportar armas a lugares donde la presencia del armamento enviado implique la desestabilización del orden en la región o a zonas donde la compra del armamento implique un retraso en el desarrollo del país. De esta manera se dan los casos de países que importan armamento pese a sufrir una deuda externa del 100% de su producto interior bruto (deben el equivalente a lo que producen en un año) o que compran armas a costa de tener un gasto en sanidad y educación muy inferior al armamentístico. En el mundo existen 40 países que incumplen el Código de Conducta de la UE, por lo que no debería autorizarse ningún tipo de venta de armamento. Sin embargo, España vendió armas durante 1999 a nueve países que violan la legislación europea: Colombia, Israel, Turquía, Arabia Saudí, Emiratos Arabes Unidos, India, Indonesia, Jordania y Pakistán, además de Ghana, cuyas ventas ni siquiera reconoce el Gobierno español a pesar de existir registro de salida de la munición en aduanas (Enero 2001).

EL NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR DE VIVIENDAS MILITARES FUE IRREGULAR

La ocupación de una casa militar no es la única irregularidad asociada al nombramiento del director gerente del Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas), Rafael Amat. Ya con su designación, el Consejo de Ministros vulneró el ordenamiento jurídico entonces vigente. Amat no tenía la condición de funcionario necesaria para ocupar este cargo y el Gobierno modificó el decreto del Invifas para eliminar este requisito, pero hizo el nombramiento antes de que este cambio entrase en vigor. La prisa nunca es buena consejera. El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, quiso poner a una persona de su confianza al frente del Invifas, el organismo encargado de gestionar y enajenar la mayor parte de las 37.000 casas militares, y para ello recurrió a Rafael Amat, paisano suyo, arquitecto y director de vivienda del Gobierno regional de Murcia. Pero el elegido no tenía la condición de funcionario público, imprescindible para ocupar este cargo. Por eso, el Consejo de Ministros del pasado 7 de julio modificó el decreto que desarrolla la ley de Medidas de Apoyo a la Movilidad Geográfica de las Fuerzas Armadas.

El único objetivo de esta modificación era permitir que el director gerente del Invifas 'no ostente la condición de funcionario', debido a 'las especiales características de este cargo'. La modificación de este decreto resultaba sorprendente, ya que se había aprobado el 2 de junio de 2000; es decir, sólo un mes antes, lo que supone todo un récord. Por tanto, el Gobierno no esperó, como era preceptivo, a la entrada en vigor del decreto que eliminaba el requisito de ser funcionario para nombrar a Amat, sino que lo aprobó cuando aún estaba vigente la normativa que impedía su nombramiento (Marzo 2001).

EL MINISTRO DE DEFENSA  CONDECORA  A LA VIRGEN DEL SUFRAGIO

Federico Trillo, impone a la patrona de Benidorm, la Virgen del Sufragio, la Cruz del Mérito Naval -con distintivo blanco por estar en tiempos de paz-, máxima distinción que otorga la Marina española. 'Más de doscientos años después se ha hecho justicia con una virgen que se hizo acreedora [de la distinción] desde el primer momento', dijo  nuestro ministro durante el acto, que contó con la presencia de más de 1.200 invitados. La comitiva, encabezada por Trillo y el presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, acudió a la iglesia de San Jaime a recoger la imagen. Posteriormente se celebró una misa de campaña en la calle de Bilbao, donde se impuso la Cruz a la imagen. Zaplana, ex alcalde de Benidorm, resaltó el 'amparo inalterable' de la patrona del municipio a sus ciudadanos, mientras el alcalde, Vicente Pérez Devesa, del Partido, subrayó el 'enorme significado e importancia' que tiene la Virgen en la ciudad. En los archivos de la Armada sólo consta una virgen con esta distinción: la del Carmen de San Fernando (Marzo 2001).

EL COMANDANTE GENERAL DE MELILLA Y SUS OPINIONES SOBRE LOS OBJETORES DE CONCIENCIA

El comandante general de Melilla, Francisco Javier Díez Moreno declara durante la última jura de bandera de soldados de reemplazo celebrada en la plaza norteafricana, que la objeción de conciencia es 'cobarde y vergonzosa'. Díez Moreno aseguró que los soldados que hacen la mili actúan 'con nobleza e hidalguía', mientras que los que se declaran objetores lo hacen por 'egoísmo e intereses personales contrarios al quehacer común'. En su opinión, 'más que objeción de conciencia habría que llamarla objeción de conveniencia'.Se da la circunstancia de que el comandante general de Melilla es hermano del actual secretario de Estado de Defensa (Abril 2001).

TRILLO Y LA PROFESIONALIZACIÓN EN LA FUNCIÓN PÚBLICA: PURGA EN EL EQUIPO DIRECTIVO DEL INSTITUTO QUE GESTIONA LAS 34.000 VIVIENDAS PROPIEDAD DE DEFENSA

El Instituto para la Vivienda de las Fuerzas Armadas (Invifas), el organismo que gestiona las 34.000 viviendas propiedad del Ministerio de Defensa, está descabezado desde que hace diez días su gerente, Rafael Amat, comunicó el cese a los responsables de tres de las cuatro subdirecciones generales con que cuenta.Han sido destituidos el subdirector económico-financiero, el subdirector de gestión y el responsable de la Oficina Liquidadora. Sólo sigue en su puesto el secretario general del Invifas. El sudirector económico-financiero, un funcionario civil, sigue en funciones a la espera de que se consume su relevo, mientras que el subdirector de gestión ya ha desalojado su despacho. En este último caso, la destitución fue fulminante, pues este funcionario civil, que dirigía la Oficina Liquidadora hasta la llegada de Amat al Invifas, en agosto pasado, aún no había tomado oficialmente posesión del cargo de subdirector de gestión. También el coronel que dirigía provisionalmente la Oficina Liquidora ha cesado abruptamente. Como se recordará, el Invifas se ha visto envuelto en la polémica tras saberse que Amat, arquitecto de profesión, ocupa ilegalmente una vivienda militar en cuyo arreglo ha gastado Defensa 22 millones de pesetas. También ha contribuido a la crisis la inspección fiscal que realiza Hacienda y la decisión de la Audiencia Nacional de admitir a trámite las denuncias interpuestas contra la subasta de 640 viviendas militares desocupadas (Abril 2001).

NOTICIAS DEL MINISTERIO DE FEDERICO TRILLO: 4.000 SOLDADOS SE SIENTEN ESTAFADOS

Cerca de 4.000 soldados que ingresaron en el nuevo Ejército profesional se han dirigido a la Oficina del Defensor del Soldado (ODS) para informarse sobre la manera de romper su compromiso con las Fuerzas Armadas. Todos ellos consideran que el Ministerio de Defensa les ha estafado al no respetar las condiciones que quedaron fijadas en su contrato, según datos de la ODS. Durante el año pasado esta oficina recibió más de 12.000 consultas de jóvenes que buscaban en el servicio militar profesional una forma de ganarse la vida. Un 30% de esas consultas se refería única y exclusivamente a los procedimientos para romper el contrato que han firmado con Defensa, porque consideran que las condiciones no son las que les prometieron, siempre según la información facilitada por la Oficina del Defensor del Soldado. La ODS aclara que romper dicho compromiso resulta casi imposible para los soldados, puesto que el contrato, de uno o tres años de duración, sólo puede ser rescindido por Defensa. Los soldados que se consideran víctimas del engaño son jóvenes que ingresaron en las filas del Ejército durante el año 2000 con la intención de aprender algún oficio o especializarse en él, a fin de regresar a la vida civil con algún bagaje con el que encontrar empleo. Entre los motivos para querer abandonar el Ejército, los soldados citan que fueron contratados para desarrollar unas funciones y después se les encargaron otras distintas. El año 2000 concluyó con 10.000 soldados profesionales menos de los que Defensa estima necesarios.

Como se recordará, el ministro Trillo, anunció recientemente la intención de su departamento de reclutar inmigrantes como soldados profesionales, si bien negó que ello fuera como consecuencia de que faltaran españoles dispuestos. 'En ningún caso se está pensando eso para completar el número de efectivos', dijo Trillo. 'Esa visión estrictamente numérica no necesitaría de este tipo de operación', agregó (Abril 2001).

SÍNDROME DE LOS BALCANES: EL MINISTERIO DE DEFENSA NO CONSIDERA LOS 27 CASOS DE CÁNCER COMO ENFERMEDADES PROFESIONALES

El ministro de Defensa, Federico Trillo, niega que los 27 casos de cáncer detectados entre los militares españoles que prestaron servicio en los Balcanes puedan ser considerados como enfermedades profesionales. Según el titular de Defensa, los expertos comprobaron «científica y médicamente» que estos procesos no tienen un origen «en común», y por tanto, que no existe una relación de causa-efecto con su estancia en los Balcanes (Abril 2001).

NUEVOS GESTOS NOSTÁLGICOS Y CENTRISTAS: EL MINISTERIO DE FEDEDICO TRILLO MINIMIZA LAS DESCALIFICACIONES DE UN JEFE MILITAR A LOS OBJETORES

El Ministerio de Defensa en una respuesta parlamentaria minimiza las descalificaciones efectuadas por el comandante general de Melilla, Francisco Javier Díez Moreno, contra los insumisos en un acto de jura de bandera. El Gobierno considera que las descalificaciones vertidas por Díez Moreno, hermano del secretario de Estado de Defensa, sólo constituyen una 'opinión personal' del militar. El comandante general de Melilla tildó de 'cobarde y vergonzosa' la objeción de conciencia durante un acto oficial. El militar dijo que quienes optan por la objeción lo hacen por 'egoísmo e intereses personales contrarios al quehacer común' (Mayo 2001).

DEFENSA PARALIZA EL DECRETO QUE CREA UN CONSEJO ASESOR DE LA GUARDIA CIVIL ELEGIDO DEMOCRÁTICAMENTE

El Ministerio de Defensa ha paralizado la tramitación del decreto que crea el Consejo Asesor de la Guardia Civil, cuyos miembros deberían ser elegidos en las primeras elecciones democráticas de la historia del instituto armado. La ley del Personal de las Fuerzas Armadas prevé también la creación de consejos asesores en los Ejércitos y el Ministerio de Defensa teme que el modelo de elección democrática de sus miembros previsto para la Guardia Civil se quiera aplicar a los militares. El anteproyecto de decreto, que debía haber sido aprobado hace meses, está en manos de una comisión de Defensa.

El anteproyecto determina la composición, funcionamiento y procedimiento de elección de los miembros del Consejo Asesor del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil y el régimen aplicable a los mismos, según su denominación oficial. Dicho consejo, que será presidido por el director general del instituto armado, se define como 'un nuevo cauce de comunicación interna que permitirá conocer los problemas e inquietudes del personal de una forma rápida y eficaz. En su seno', agrega, 'se analizarán y valorarán las propuestas o sugerencias que los guardias civiles realicen directamente al Consejo, referidas al régimen del personal, a la condición de militar y a todos aquellos aspectos sociales que les afecten'. No obstante, se excluye 'cualquier actuación reivindicativa de carácter colectivo'. El consejo, como su nombre indica, tiene carácter meramente asesor, pero lo relevante es el procedimiento de elección de sus miembros. En cada comandancia, y en la dirección general, se elegirán proporcionalmente un número de compromisarios por cada escala o categoría. Dichos compromisarios formarán un colegio electoral que, en una segunda fase, elegirán entre ellos a los vocales del consejo. Su cifra no está cerrada, ya que habrá un vocal por 2.000l miembros o fracción de la Escala de Cabos y Guardias (con más de 60.000 componentes), la de Suboficiales (casi 7.000) y las dos de Oficiales (casi 3.000). Además, habrá un general, designado por el Consejo Superior de la Guardia Civil, siete representantes del personal en reserva y al menos tres vocales natos. El sistema democrático de elección ha llevado a Defensa a paralizar la tramitación del anteproyecto. Dicho departamento quiere 'homogeneizar' el consejo de la Guardia Civil y los de los ejércitos (Mayo 2001).

TRILLO CONTINÚA CON SUS ENTUSIASTAS JURAS DE BANDERA

El Ministerio de Defensa ha acogido, por primera vez, un acto de jura de bandera en el que han participado ciento veinte personas civiles, entre ellos funcionarios de este Departamento, abogados, notarios y periodistas.
La pretensión de este acto, presidido por el ministro Federico Trillo, era asumir un compromiso público con la bandera española coincidiendo con las juras de bandera por parte de los últimos soldados de reemplazo del Servicio Militar Obligatorio. Entre las 120 personas que han jurado bandera se encontraban el secretario de Estado de Defensa, Fernando Díez Moreno, el director general de Relaciones Institucionales, Jorge Hevia, y el ex diputado Luis Ramallo (Mayo 2001).

EL NÚMERO DE ASPIRANTES A TROPA PROFESIONAL SE REDUCE EN UN TERCIO

Un total de 4.714 jóvenes, según datos provisionales de Defensa, se han presentado a la segunda convocatoria de este año para tropa profesional, que ofertaba 5.462 plazas. Esta cifra supone una reducción de casi un tercio respecto a los 7.021 aspirantes de la primera convocatoria de 2001. Ya en la convocatoria anterior, pese a contar con 1.500 solicitudes más que los 5.500 puestos ofrecidos, Defensa tuvo que dejar 2.500 plazas vacantes. En esta ocasión quedarán previsiblemente desiertos muchos más puestos, pues la cifra de aspirantes sólo equivale al 85% de las plazas. Defensa ha puesto en marcha medidas para paliar la falta de soldados, como la búsqueda de aspirantes entre los hijos de españoles en Iberoamérica, el proyecto de alistar a inmigrantes o la contratación de empresas privadas para cubrir servicios en sus instalaciones. Pero la medida más esperada, el aumento del sueldo de los soldados, está pendiente del visto bueno de Hacienda (Mayo 2001).

CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. EL PP RECHAZA SUPRIMIR EL DELITO DE INSUMISIÓN PARA EVITAR UN 'ABANDONO MASIVO' DE RECLUTAS

El PP rechazó con los votos de su mayoría absoluta, y con la oposición en bloque de los demás grupos políticos, cinco proposiciones de ley que defendían, 'en coherencia con la supresión de la mili obligatoria', la eliminación del delito de insumisión. El PP rechazó las cinco iniciativas porque hasta diciembre hay reclutas haciendo la mili y la supresión de ese delito podría producir 'abandonos masivos' de la mili y de la Prestación Social Sustitutoria (PSS). Su portavoz de Defensa argumentó que 'la desaparición del deber a partir del 31 de diciembre vaciará de contenido los tipos penales' que castigan la insumisión. 'Serán delitos imposibles' y, según el diputado Atencia, las iniciativas defendidas por toda la oposición 'no aportarán nada'.

El PP, con esta línea de argumentación, obvió qué pasará el 31 de diciembre con los condenados por insumisión o con los que cumplen penas de cárcel en prisiones militares por deserción, también conocida como 'insumisión sobrevenida' (Mayo 2001).

UN ALMIRANTE ADVIERTE DE LOS RIESGOS QUE CONLLEVA PROFESIONALIZAR EL EJÉRCITO

El almirante José Antonio Balbás, director del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (Ceseden), plantea, en presencia del Rey, los 'interrogantes inquietantes' que abre la profesionalización de las Fuerzas Armadas y la necesidad de anticiparse al 'riesgo' que entraña todo cambio. En el discurso de clausura del curso académico, el almirante citó a un analista francés para preguntarse si la supresión del servicio militar obligatorio supondrá inevitablemente el deterioro del vínculo entre las Fuerzas Armadas y la sociedad, ante la posibilidad de que las primeras se encierren en sí mismas y la segunda le responda con su indiferencia. Y agregó que la reducción de efectivos supondrá la desaparición de la presencia militar en muchos lugares de España. Dirigiéndose al Rey, le pidió su apoyo para sacar el máximo provecho de la revisión estratégica en marcha, que debe culminar con una profunda racionalización de las estructuras de las Fuerzas Armadas (Junio 2001).

EL JEFE MILITAR DE VALLADOLID CRITICA EL FIN DEL SERVICIO MILITAR OBLIGATORIO

El comandante militar de Valladolid y Palencia, Luis Fernando Núñez Martínez, responsabiliza, durante los actos del Día de las Fuerzas Armadas, a los sucesivos Gobiernos en España de la pérdida de la "identidad de conciencia nacional y del sentido de defensa de la patria" entre los jóvenes y subrayó que ese espíritu es el que se alentó hace dos siglos con el establecimiento del servicio militar obligatorio, que en breve quedará suprimido con la profesionalización del Ejército. El comandante militar aprovechó el acto para realizar una encendida defensa del papel que a lo largo de la historia ha desempeñado la institución del soldado de reemplazo y puso como ejemplo la contribución de los llamados a filas en contiendas tan importantes como las de Cuba, Filipinas, África o, más recientemente, los Balcanes. A juicio del militar, las Fuerzas Armadas han facilitado la incorporación de muchos españoles al mercado laboral. "Se abre ahora la incógnita de si tendrán los españoles del siglo XXI el mismo sentido de defensa de su patria", se preguntó el mando militar (Junio 2001).

LAS CUENTAS DE TRILLO: SE COMPROMETE A COMPRAR 27 AVIONES MILITARES POR MEDIO BILLÓN SIN SABER CÓMO PAGARLOS

El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, firmará en París con sus homólogos de otros ocho países el programa del futuro avión de transporte europeo, el Airbus militar o A400M, cuya cadena de montaje estará en Sevilla. España, que participará con el 11,8% del proyecto, se compromete a adquirir 27 aviones en los próximos 20 años por un precio de 574.000 millones de pesetas. Sin embargo, el Consejo de Ministros se limitó a dar luz verde a la firma, sin comprometer ni una peseta ni explicar de dónde saldrá el dinero para pagarlo. La referencia oficial del Consejo de Ministros liquidabacon dos líneas un programa de más de medio billón de pesetas: 'Acuerdo por el que se autoriza al ministro de Defensa a iniciar las acciones necesarias para la adquisición de 27 aviones de transporte A400M'. La información no podía ser más escueta. La misma referencia dedicaba seis veces más espacio a las obras de reposición de arena en una playa de Chiclana (Cádiz), por valor de 35 millones. El laconismo de la Oficina del Portavoz del Gobierno se explica porque, en contra de lo esperado, el Consejo de Ministros no aprobó la contribución española al programa, sino que se limitó a autorizar la firma del Memorándum de Entendimiento (MOU) que, coincidiendo con el Salón Aeronaútico de Le Bourget (París), firmarán los ministros de Defensa de Alemania, Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Turquía y España.Este documento no vincula jurídicamente, pero supone un fuerte compromiso político, sobre todo porque está previsto que en septiembre se firme el contrato entre Airbus Military Company y la agencia europea OCCAR, que gestionará el programa para todos los socios. Para entonces, el Gobierno español deberá haber hecho lo que no hizo: aprobar el presupuesto total y sus correspondientes anualidades. El ministro Trillo-Figueroa ya llevó el programa al Consejo de Ministros del 8 de junio, pero lo frenó el vicepresidente económico, Rodrigo Rato (Junio 2001).

EL FUTURO CESID: LAS ASOCIACIONES JUDICIALES CRITICAN LA ENTRADA EN DOMICILIOS SIN PERMISO PREVIO

Las asociaciones judiciales critican el anteproyecto de ley del Centro Nacional de Inteligencia, que prevé la posibilidad de que, en casos de terrorismo y por razones de urgencia, los agentes del nuevo servicio secreto puedan entrar en domicilios o interceptar comunicaciones y solicitar a posteriori la autorización judicial. 'La lucha contra cualquier tipo de delito debe hacerse en el marco de la Constitución y del sistema de libertades y no sería coherente llevarse por delante principios básicos del Estado de derecho para defender la democracia', ha declarado el portavoz de Jueces para la Democracia, Miguel Carmona. José Luis González Armengol, de la asociación Francisco de Vitoria, calificó de 'preocupante' que se pueda producir una 'quiebra de los derechos fundamentales'. José Manuel Maza, de la Unión Judicial Independiente, afirmó que esta medida podría ser 'inconstitucional, ya que confronta con el artículo 18 de la Constitución, lo que no admite excusas'. Por último, el presidente de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratuta, Santiago Martínez-Vares, ha explicado que 'los derechos fundamentales vienen definidos en la Constitución y merecen el respeto que el ordenamiento jurídico debe dispensarles', aunque pueden quedar en suspenso 'en circunstancias excepcionales' (Octubre 2001).

LA CÚPULA MILITAR VE LA LUCHA ANTITERRORISTA COMO LABOR PRIORITARIA DE LAS FUERZAS ARMADAS

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, almirante general Antonio Moreno Barberá, afirma en el Congreso que las Fuerzas Armadas "deben comprometerse" en la lucha antiterrorista y "mirar hacia el interior" de España, pues se trata de una "amenaza contra la propia supervivencia" del país "como nación". Ante las críticas que provocaron estas palabras, el jefe de la cúpula militar matizó que se refería a un "ataque organizado desde el exterior", como el que ha sufrido EE UU, y el ministro Federico Trillo-Figueroa descartó que los ejércitos vayan a implicarse en la lucha contra ETA (Octubre 2001).

CAMBIOS LEGISLATIVOS CESID. ÁLVARO GIL-ROBLES: 'REGISTRAR DOMICILIOS SIN PERMISO JUDICIAL NO ES COMPATIBLE CON LOS DERECHOS HUMANOS'

El comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, se manifiesta " totalmente en contra " de que los servicios secretos puedan entrar en domicilios antes de obtener el permiso del juez. Gil-Robles hizo esta afirmación en una conferencia de prensa en la que defendió el mantenimiento de 'una justicia democrática y una policía democrática' para 'evitar, precisamente, que el terrorismo consiga su objetivo, que es la destrucción de la democracia'. Gil-Robles se manifestó en estos términos en respuesta a una pregunta sobre el proyecto de ley del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), nuevo nombre que recibirá el servicio secreto CESID, que tendrá capacidad para intervenir comunicaciones y entrar en domicilios sin el permiso previo del juez, a quien se le notificarán esas actuaciones a posteriori. El borrador del proyecto cuenta ya con la aprobación de José María Aznar, según comunicó al Grupo Parlamentario Popular. 'Esas medidas, si llegaran a ser adoptadas, no me parecen compatibles con los derechos humanos tal como los tenemos concebidos en nuestras democracias', reflexionó Gil-Robles. 'Se puede y se debe investigar eficazmente, pero siempre en el marco de la investigación criminal. El juez es el que debe dar la orden para practicar registros o intervenir comunicaciones'. Y negó por anticipado el argumento de que recurrir a un juez para que autorice una intervención impide ser eficaz en la lucha contra el terrorismo. 'Esa gestión puede autorizarse en media hora', comentó (Octubre 2001).

DEFENSA ADMITE QUE SÓLO TENDRÁ 85.000 SOLDADOS PROFESIONALES

El subsecretario de Defensa, Víctor Torre de Silva, admite en el Congreso que, según sus previsiones, las Fuerzas Armadas contarán cuando acabe este año con 80.000 soldados y marineros profesionales, que serán 85.000 al final del próximo. En enero pasado, los ejércitos tenían 76.000 efectivos de tropa y marinería profesional y en los últimos nueve meses tan sólo han conseguido llegar a 78.000. Estas cifras indican que, a pesar de las masivas convocatorias de tropa y marinería, apenas se incrementan los efectivos netos. Las previsiones de Defensa son ahora mucho más realistas que en el pasado reciente, cuando se proponía incrementar el número de soldados profesionales en 17.500 cada año. En todo caso, la cifra de 85.000 efectivos avanzada por Torre de Silva significa que el ministerio ha renunciado de facto a alcanzar el mínimo fijado en la Ley de Régimen del Personal Militar de 1999, que daba una horquilla de entre 102.000 y 120.000. Los últimos reclutas forzosos se licenciarán en diciembre, pero Defensa se había dado un año más, hasta finales de 2002, para completar la profesionalización de los ejércitos. Hasta ahora, el ministro Federico Trillo-Figueroa había dicho que la cifra final estaría 'en torno a 100.000'. La reducción de la plantilla total se oficializará en el nuevo Objetivo de Fuerza, que debe aprobarse tras la revisión estratégica (Octubre 2001).

EL GOBIERNO SIGUE INCLUYENDO PROGRAMAS MILITARES EN I+D

El Gobierno mantendrá el año que viene una política continuista en investigación y desarrollo (I+D) que implica un débil crecimiento de los fondos para financiar la ciencia pública y un aumento mucho mayor en las cantidades destinadas a créditos a empresas, especialmente en los proyectos militares, al igual que ha venido sucediendo desde 1996. Esta continuidad implica que se mantendrá o aumentará la divergencia respecto a lo que gastan otros países de la Unión Europea. El desglose de los datos del Presupuesto de 2002 indica que el incremento total de la Función 54 (que agrupa todos los gastos relacionados con investigación y desarrollo de los diversos ministerios y representa 630.000 millones de pesetas) es del 7,6%. Sin embargo, los capítulos relacionados con programas y organismos públicos de investigación, que representan el 47,5% del total, sólo aumentan un 5,4%, mientras que la cantidad disponible para créditos reembolsables a empresas -un 52,5%- aumenta un 9,6%.

En este último apartado el mayor aumento, un 13,8%, es para los principales programas militares -tanques, fragatas y aviones-, cuya inclusión como investigación y desarrollo resulta inaceptable para las estadísticas internacionales. Esto explica que la UE, en su reciente análisis comparativo por países de la situación de la innovación, indique para España un gasto público de I+D del 0,43% del PIB (la media europea fue 0,66%) y un gasto privado del 0,47%, frente a 1,19% de media comunitaria (Octubre 2001).

EL EJÉRCITO HA TENIDO MÁS BAJAS QUE ALTAS DE SOLDADOS ESTE AÑO

El proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas atraviesa una situación crítica en vísperas de que el mes próximo desaparezca definitivamente el servicio militar obligatorio. Según los datos facilitados por el Ministerio de Defensa el número de soldados profesionales del Ejército de Tierra no sólo no ha aumentado en los nueve primeros meses de este año sino que se ha reducido, ya que las bajas han sido más numerosas que las altas. En concreto, entre enero y septiembre se incorporaron al Ejército de Tierra 4.022 soldados profesionales, mientras que se dieron de baja 4.313, lo que arroja un saldo negativo de casi 300. Algo mejor es la situación de la Armada, con 1.358 altas y 807 bajas, y casi envidiable la del Ejército del Aire, con 1.968 altas y 818 bajas. El 90,9% de los soldados que se dieron de baja en el Ejército de Tierra y el 92,4% de los que abandonaron las Fuerzas Armadas lo hicieron por voluntad propia y menos del 10% por decisión de la Administración. Dentro de la cifra de 78.534 soldados profesionales que el Ministerio de Defensa daba oficialmente a fecha 1 de septiembre se incluyen 5.841 alumnos en centros de formación que aún no habían firmado su contrato. En realidad, el número de soldados profesionales en activo era después del verano de 72.312, por lo que las bajas entre enero y septiembre representaron el 8,9% de los efectivos de tropa del Ejército de Tierra, el 5,9% de la Armada y el 7,5% del Ejército del Aire. De los aproximadamente 90.000 jóvenes sorteados hace un año para incorporarse a la mili se han puesto el uniforme 6.995. Los últimos quintos, que se licenciarán en diciembre, son 1.244 (Noviembre 2001).

EL NÚMERO DE ASPIRANTES A TROPA SE HUNDE HASTA 0,4 SOLICITUDES POR PLAZA

El número de aspirantes a militar profesional de tropa y marinería ha ido decreciendo paulatinamente durante las cinco ofertas del año. Según informaron fuentes del Ministerio de Defensa, en la quinta convocatoria, para 7.500 plazas, sólo se presentaron 3.118 jóvenes, esto es, 0,4 aspirantes por puesto. Defensa tiene previsto contar con 80.000 soldados para final de año, cuando se suprimirá el servicio militar obligatorio. En la primera oferta, para 5.500 plazas se presentaron 7.021 peticionarios. En la segunda, en la que se ofertaban 5.900, el número de solicitantes fue de 5.636. Un total de 4.724 jóvenes se presentaron como aspirantes en la tercera oferta, dotada con 7.500 plazas, mientras que en la cuarta, para 7.470 puestos, se presentaron 4.582 jóvenes. Tras conocer el resultado de la cuarta convocatoria, Defensa estimó que la disminución de aspirantes respecto a la tercera podía haber sido consecuencia de la crisis generada tras los ataques terroristas contra Estados Unidos del 11 de septiembre. El Ministerio de Defensa puso en marcha la quinta convocatoria a finales de octubre. Para las 7.500 plazas que se ofertaban, se presentaron 3.118 solicitudes, 2.262 de hombres y 856 de mujeres, el 27% (Diciembre 2001).

EL PP RECHAZA REVELAR LAS ARMAS VENDIDAS A CADA PAÍS

El Grupo Popular está dispuesto a incrementar la transparencia en las exportaciones de armamento, pero no a revelar la información crucial que reclaman las ONG y la oposición parlamentaria: qué armas se venden a cada país.

El pleno del Congreso debate diversas proposiciones no de ley en favor del control de las exportaciones de material de defensa. El PP reitera 'la postura firme' de no autorizar exportaciones cuando no se cumplen los criterios señalados en el Código de Conducta de la UE. Sin embargo, rechaza que se difundan 'los productos exportados a cada país'; es decir, el tipo de armamento vendido a cada estado concreto, ya que el Ministerio de Economía se opone (Diciembre 2001).

EL MINISTERIO DE DEFENSA GASTÓ 347 MILLONES EN MATERIAL INSERVIBLE: COMPRÓ ROPA A 20.000 SOLDADOS SIN LA PROTECCIÓN CONTRA RAYOS INFRARROJOS

El Ministerio de Defensa ha gastado 347 millones de pesetas en 20.000 portaequipos de combate que carecen de protección IR contra aparatos de visión infrarroja con el que cuenta el resto del material militar. Esta protección se exige en las normas OTAN y la tienen todos los ejércitos de Europa. El concurso para el nuevo portaequipo de combate se adjudicó a Yuma, SA, cuya oferta era la más cara. Se rechazaron otras dos que incluían IR y costaban 92 millones menos. Los 20.000 soldados del Ejército de Tierra que cubran su uniforme con los nuevos portaequipos de combate adquiridos por el Ministerio de Defensa serán visibles durante la noche ante los prismáticos o el visor infrarrojo del potencial enemigo. Ninguno cuenta con el tratamiento de protección antirrefracción de rayos infrarrojos (IR) que evita que se conviertan en un blanco perfecto en un escenario bélico como Afganistán, donde se dispone a ir un batallón, o en los Balcanes, donde están 3.000 profesionales. El portaequipos de combate es una prenda similar a un chaleco del que se cuelgan los cargadores de munición, bombas de mano, mapas, paquete de curas, etcétera; anula, además, el camuflaje del uniforme que va debajo, que sí lleva IR. 'Es como ir vestido de colorado a la guerra. Parecerán una farola encendida. Es como si llevaran un letrero colgado del cuello que diga: ¡Dispárame, que estoy aquí!', describe un experto en material militar.

El concurso público para los nuevos portaequipos de combate lo adjudicó el pasado 28 de junio la Junta de Contratación Delegada del Ejército de Tierra a la empresa Yuma, SA, con sede en Zaragoza. Su oferta era la más cara: 17.125 pesetas cada uno. Manufacturas Valle y Sei, sus competidoras, ofrecían su modelo a 12.609 y 13.100 pesetas, respectivamente. El segundo concurso se resolvió semanas después de forma similar. La diferencia entre la oferta ganadora y las otras fue de 92 millones de pesetas. Con el mismo presupuesto Defensa podría haber adquirido 7.386 portaequipos más de los obtenidos. Las empresas rechazadas incluían en su oferta el tratamiento IR, pero ambas fueron desestimadas porque en el pliego del concurso no se exigía esta condición, imprescindible según tres expertos consultados.

Yuma, SA, la empresa adjudicataria de los portaequipos de combate, que ha obtenido otros concursos de Defensa, es propiedad de la familia Benedi y otros socios. María Rosario Benedi Pérez, jefa de compras de esta sociedad, está casada con el coronel José Martínez Nasar, secretario técnico de la Dirección de Asuntos Económicos del Ejército. Pilar Benedi, directora de la empresa, negó que tengan información privilegiada por su vinculación familiar (Diciembre 2001).

EL GENERAL Y LAS MUJERES
El teniente general del Ejército Agustín Muñoz Grandes, primer jefe de la Fuerza de Acción Rápida y que pasó a la reserva en 1998, asegura que no es «partidario de meter a las mujeres en unidades de combate de primera línea». Muñoz Grandes indicó que, en su «opinión personal», de esta manera, «al ser que está hecho para dar vida le ponen en la desagradabilísima tarea de matar». En cuanto a la profesionalización, Muñoz Grandes dijo que aunque en principio y tras la suspensión de la mili ésta no sea «excesivamente brillante», mejorará con aspectos como la promoción interna, aumentos salariales o el pase a Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. A su juicio, estas medidas «no bastan». «Queremos soldados de España, no mercenarios, y para ello hay que llenarles de ideales».«Hay que avivar un dormido concepto de conciencia de defensa nacional», dijo. Por otro lado, y haciendo referencia al periodo de dictadura del general Franco, Muñoz Grandes comentó que si bien hubo un régimen de «autoritarismo» encabezado por un militar, «nunca» hubo un poder militar (Enero 2002).

EL MINISTERIO DE DEFENSA EQUIPA A LOS 400 SOLDADOS EN KABUL CON MATERIAL INSEGURO

Los soldados destacados en Afganistán son visibles durante la noche con los prismáticos o el visor infrarrojo del enemigo. Las unidades destacadas en Kabul han sido equipadas con el nuevo portaequipos de combate adquirido por el Ejército de Tierra, un chaleco que carece de protección IR contra aparatos de visión infrarroja con la que cuenta todo el material. El IR se exige en las normas OTAN y lo tienen todos los ejércitos de Europa. Yuma, SA, la empresa que obtuvo el concurso, es propiedad de la familia de un alto cargo del Ejército.

Defensa gastó 21 millones de euros (347 millones de pesetas) en la compra de 20.000 portaequipos de combate en dos concursos a los que concurrieron otras dos empresas (Manufacturas Valle y Sei) que sí incluían el IR en su producto y costaban 552.931 euros (92 millones de pesetas) menos. Ambas fueron rechazadas 'por no superar las muestras presentadas los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas'. Yuma SA, la empresa adjudicataria, es propiedad de la familia Benedi y otros socios. María Rosario Benedi Pérez, ex apoderada y actual jefa de compras de esta sociedad está casada con el coronel José Martínez Nasar, secretario técnico de la Dirección de Asuntos Económicos del Cuartel General del Ejército (Febrero 2002).

UN SENADOR DEL PP DEFIENDE QUE EL EJÉRCITO SE SUME A LA LUCHA CONTRA ETA

"No hay que tener ningún complejo en referirse a la utilidad innegable de las Fuerzas Armadas en la represión del terrorismo interno'. El portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Defensa del Senado, Agustín Díaz de Mera, reabre con estas palabras el debate sobre la intervención del Ejército en la lucha contra el terrorismo. No sólo el de carácter exterior, como el de Al Qaeda, sino el interior, como el de ETA. Como se recordará, ya en octubre pasado fue el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante general Antonio Moreno Barberá, quien abrió la caja de los truenos al referirse en el Congreso a las nuevas misiones de los ejércitos, aludiendo a la defensa frente al terrorismo interior y no sólo el internacional.

'A mi juicio', dijo Díaz de Mera, 'deberíamos hablar también del terrorismo interno y no veo por qué, en posición creo que más que personal, no debe intentarse en esta revisión del plan estratégico una presencia y un protagonismo de las Fuerzas Armadas, en tantos conceptos constitucionales que tienen como son la defensa del territorio, la defensa de la libertad y la vida y de los derechos constitucionales [...] No hay que tener ningún complejo en referirse también a la utilidad innegable de las Fuerzas Armadas en la represión del terrorismo interno'. El senador popular se preguntó: '¿Por qué no podemos ir donde todo el mundo quiere ir y casi nadie se atreve a pregonar, que es la colaboración efectiva, como ocurre en muchos países, el más próximo la República Francesa, entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las Fuerzas Armadas?'. Díaz de Mera recordó que, cuando se produjeron los atentados en el metro de París, a mediados de la pasada década, el Gobierno francés 'no tuvo ningún inconveniente en sacar conjuntamente a la calle' a policías y soldados, en base al 'legítimo derecho a defenderse'. 'Por otra parte', concluyó, 'es del dominio común, ahí está el 11 de septiembre o muchos otros, que los riesgos, nosotros los padecemos con una desoladora frecuencia... Los riesgos no son militares, no siempre son militares, por tanto, las respuestas pueden ser militares o no' (Febrero 2002).

EL NÚMERO DE SOLDADOS PROFESIONALES SE REDUJO POR VEZ PRIMERA EN 2001

Las Fuerzas Armadas acabaron el año pasado con menos soldados profesionales de los que empezaron. Por vez primera desde que se inició el proceso de profesionalización y coincidiendo con el final de la mili, los efectivos de tropa no sólo no aumentaron como estaba previsto, sino que disminuyeron. En enero de 2001 había 76.120 soldados y marineros profesionales, mientras que a principios de este año eran 75.800, según datos oficiales. En 2001 se convocaron casi 34.000 plazas de tropa profesional, a las que se presentaron unas 25.000 solicitudes, pero no llegaron a cubrirse ni siquiera la mitad y el número de bajas acabó superando al de incorporaciones. En 2000, aunque tampoco se cumplió el objetivo previsto, hubo un incremento neto de 8.626 soldados, frente a una reducción de 320 en el año 2001.Tras rebajar sus expectativas iniciales (102.500), Defensa se marcó como meta llegar a 80.000 efectivos en diciembre pasado. Este año debería alcanzar los 86.000 (Marzo 2002).

UN GENERAL NIEGA TIEMPO A UNA OFICIAL PARA CUIDAR A SU HIJO PORQUE 'DEFENDER A ESPAÑA ESTÁ POR ENCIMA DE LA PROTECCIÓN FAMILIAR'

'Falta de espíritu militar'. Ése es el reproche que, en un escrito fechado el pasado 14 de diciembre, el general jefe del Mando de Transmisiones del Ejército dirige a una de sus subordinadas, la teniente B., quien 'incapaz de comprender las explicaciones de sus mandos acerca de la profesión militar' se embarcó en un largo pleito con el que pretendía 'que un derecho laboral esté por encima de los cometidos esenciales e inherentes a su profesión'. Lo que 'no es de recibo', a juicio del general.

El general del Mando de Transmisiones quien, en la resolución que puso fin a la vía administrativa y en la que legalmente representaba al ministro, decía lo siguiente: 'El derecho constitucional a la protección familiar [...] es un derecho social, considerado de segundo orden, en el sentido de que los poderes públicos tratarán de favorecer los mismos en la medida en que las condiciones sociales y económicas lo permitan'.

La protección familiar, agregaba, es 'un derecho de igual rango que el disfrutar de una vivienda digna, lo que evidentemente no se traduce en la concesión automática de un piso gratuito a todo el que lo solicita'.

Pero 'por encima de ese tipo de derechos', según el general, 'están otros derechos fundamentales [...] entre los que se encuentra el derecho y el deber de defender a España'. Eximir a la teniente B. de realizar guardias o maniobras constituye, a su juicio, 'atacar la esencia de la institución militar', en la que ella ha ingresado voluntariamente. 'De reconocerse tal pretensión, la interesada quedaría exenta de realizar misiones como las de mantenimiento de la paz', concluía, sugiriendo que una militar con un niño a su cargo podría ser destinada forzosa a Kosovo o Afganistán.

Para el general, la concesión de las dos horas de ausencia durante las guardias, aunque localizada telefónicamente, supone una vulnerabilidad para la seguridad del cuartel, por lo que concedérselas fue un error atribuible al hecho de que su jefe directo actuó 'de buena fé' y no advirtió 'expresamente' de que la reducción de jornada está subordinada a los servicios, ejercicios y maniobras. En suma, la teniente debe estar agradecida por disfrutar de un privilegio 'excepcional' que no tiene ningún otro militar.

Además de cuestionar el 'espíritu militar' de la teniente que tiene a sus órdenes, el general la acusa de 'falta de profesionalidad' y de 'clara falta de lealtad hacia la institución', por haber trasladado su problema a una diputada. Hasta ahora, los militares tenían prohibido sindicarse, manifestarse o hacer huelga. Tampoco pueden, según el general, dirigirse a diputados a los que votan y que también les representan (Marzo 2002).

EL CESID INVESTIGA CÓMO SE COMPRÓ EL MATERIAL DE LOS SOLDADOS EN KABUL

El Cesid investiga la compra de los 20.000 chalecos de combate que adquirió Defensa y con los que se equipó a los 400 soldados destacados en Afganistán. Estos chalecos carecen de la protección IR contra aparatos de visión infrarroja con la que cuenta todo el material militar. Los agentes se han entrevistado con proveedores de material militar y comprueban el origen del patrimonio inmobiliario de un oficial relacionado con el concurso.

Dos personas que se identificaron como agentes del Cesid han visitado durante las últimas semanas a fabricantes de material militar para interesarse por el concurso público de los nuevos portaequipos de combate que adjudicó el pasado 28 de junio la Junta de Contratación Delegada del Ejército de Tierra a la empresa Yuma, SA, con sede en Zaragoza.

El 30% de esta sociedad, especializada en material militar, es propiedad de familiares de un coronel que ocupa el puesto de secretario técnico de la Dirección de Asuntos Económicos del Cuartel General del Ejército y que ha declarado que su trabajo no tiene relación con los concursos ni adjudicaciones.

La visita de los agentes del Cesid se produjo pocos días después de que trascendiera que la Fiscalía Anticorrupción había abierto una investigación de oficio sobre este concurso y sobre oficiales destinados en el Cuartel General del Ejército de Tierra relacionados con la adjudicación. Los agentes se han interesado por las características del concurso, los precios de adjudicación y la seguridad del material adquirido por Defensa, según señala un proveedor del Ejército. Con estos portaequipos de combate se equipó a los 400 soldados españoles destinados en Afganistán en una misión que Federico Trillo-Figueroa, ministro de Defensa, calificó de 'altísimo riesgo'. Defensa gastó 2,1 millones de euros (347 millones de pesetas) en la compra de 20.000 portaequipos de combate en dos concursos a los que concurrieron, además de Yuma, SA, otras dos empresas (Manufacturas Valle y Sei) que sí incluían la protección IR en su producto y costaban 552.931 euros menos (92 millones de pesetas). Con el mismo presupuesto, Defensa podía haber adquirido 7.386 chalecos más de los obtenidos.

Las ofertas de las empresas competidoras fueron rechazadas 'por no superar las muestras los requisitos mínimos exigidos en el pliego de prescripciones técnicas'. Un pliego que no exigía la protección IR (Marzo 2002).

ENCIERRO DE LOS CONCEJALES Y DE LOS TRABAJADORES DE ROTA

La corporación municipal y el Comité de Empresa de la base de Rota inician un encierro en el Ayuntamiento de esa localidad para protestar por la exclusión de sus reivindicaciones del nuevo convenio con EE UU, que el ministro de Exteriores, Josep Piqué, y el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, han firmado recientemente en Madrid.

Los 1.200 civiles que trabajan para EE UU en Rota acusan al Gobierno de Aznar de haber incumplido su promesa de no iniciar la negociación del convenio hasta resolver el conflicto laboral derivado de la supresión de las exenciones fiscales que tenían los empleados españoles, que han perdido alrededor del 30% de su poder adquisitivo.

El nuevo convenio prevé que este asunto se discuta en una comisión mixta en los próximos seis meses, pero Julio Malvido, presidente del Comité de Empresa, no cree que se resuelva en ese plazo lo que no se ha arreglado en más de dos años. Por su parte, el Ayuntamiento reclama tres millones de euros anuales de impuestos que no paga la base. El encierro fue aprobado por todos los concejales, incluidos los siete del PP (Abril 2002).

LA GRANADA QUE MATÓ A DOS SARGENTOS EN UNAS MANIOBRAS ERA "EXTREMADAMENTE PELIGROSA"

La granada de mortero que el 7 de mayo del año pasado mató a los sargentos alumnos Sonia Ruiz Navas, de 26 años, y Miguel Ángel García Garrido, de 25, e hirió gravemente a otro sargento y a un teniente, mientras realizaban prácticas en el campo de tiro de Chinchilla (Albacete), era 'extremadamente peligrosa' y no cumplía las normas de seguridad de la OTAN ratificadas por España. El Centro de Ensayos del Ejército, que ha realizado un informe pericial sobre el caso, considera 'prioritario' someter a revisión 'toda la munición empleada por las Fuerzas Armadas'.

El informe pericial remitido por el teniente coronel José García Larriba al juzgado togado militar territorial 12, que investiga el caso, explica que el accidente se produjo cuando explosionó la granada dentro del tubo, al efectuar el noveno disparo. El experto descarta el fallo humano y el deterioro del arma, un mortero de 81 milímetros, y apunta como causa del siniestro una 'deficiencia' de la munición, ya que se registró un 'fallo en todos los sistemas de seguridad de la granada'.

El informe subraya que la espoleta ECIA-55 era 'acorde con la tecnología del momento' en que se fabricó, en 1975, pero 'peligrosa' según los parámetros actuales, 'como lo confirman el accidente mortal que se estudia y otros accidentes recientes igualmente mortales con el mismo tipo de mortero y munición'. La alusión a otras muertes similares no había sido confirmada hasta ahora, aunque un testigo declaró al juez que había sabido de ellas 'por comentarios' no oficiales.

Más contundente es el informe del coronel director del Centro de Ensayos del Ejército, Julián Santos Domínguez, quien afirma que la espoleta empleada no cumple el STANAG 4157 de la OTAN 'ratificado por España', ya que ésta puede 'estar armada y en condiciones de funcionar a partir de los cuatro metros de la boca' del mortero, 'distancia muy inferior al radio de acción de la granada'. 'Por tanto', agrega, 'se considera extremadamente peligrosa y debe ser retirada de todos los lotes de munición de mortero de cualquier calibre que incorporen este tipo de espoleta'. Lo más sorprendente es que, según explica el informe, el lote 'habría de ser aceptado' si se presentara de nuevo para su uso, pues lo único que se exige es acreditar que no se han deteriorado las granadas y cumplen la normativa de su época de fabricación, hace 27 años, 'muy diferente evidentemente a la actual'. Por ello, urge a redactar 'nuevas especificaciones de vigilancia de la munición' (Abril 2002).

EL SUPREMO REVISARÁ LA VENTA DE SANTA BÁRBARA A GENERAL DYNAMICS

El Tribunal Supremo revisará la venta de la Empresa Nacional Santa Bárbara (ENSB), fabricante de armamento, a la compañía estadounidense General Dynamics. La demanda, presentada por el sindicato UGT y que ha sido admitida a trámite por el Supremo, considera que la venta fue 'perjudicial para los intereses públicos', pues el coste de la operación para el Estado (156 millones de euros) resultó 30 veces superior al pagado por el comprador (cinco millones de euros). El compromiso de mantener durante cinco años las ocho factorías y la totalidad de la plantilla se compensaría sobradamente, según UGT, con una cartera de pedidos de más de 1.800 millones de euros. Las irregularidades del proceso infringen también la normativa de privatizaciones, según el sindicato, al haber suscrito la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) el contrato de compraventa con General Dynamics un año antes de que la operación fuese autorizada por el Consejo de Ministros.

Aunque el abogado Raúl Bocanegra, en representación de UGT, recurrió la privatización hace ya un año, la demanda sólo ha podido formalizarse ahora, después de que sucesivos requerimientos de la Sala Tercera del Supremo hayan obligado al Ministerio de Hacienda a entregar el contrato. El Congreso, que también lo ha solicitado, no lo ha recibido aún. La demanda, de la que se ha dado traslado a General Dynamics para que se persone, reclama la nulidad del acuerdo del Consejo de Ministros de 30 de marzo de 2001 que autorizó la operación (Julio 2002).

EXPEDIENTADO UN MILITAR POR ALEGAR QUE SU PAREJA DE HECHO ERA SU ESPOSA

Un subteniente del Ejército de Tierra puede ser sancionado con tres meses de arresto por alegar que su pareja de hecho era su esposa cuando pidió alojamiento en una residencia militar. Según el expediente disciplinario, el militar, destinado en la Región Militar Centro, solicitó alojamiento para él y su esposa en la Residencia Militar Gravelinas de Badajoz para los días 7 al 9 de mayo de este año, 'resultando que al personarse en la recepción de la residencia, la persona que le acompañaba y para la que igualmente pretendía alojamiento era su pareja de hecho, como él mismo reconoce'. El instructor del expediente admite que 'se ha presentado certificación de empadronamiento del interesado y la pareja de éste', que acredita su convivencia. Pese a ello, propone sancionar al suboficial por una falta muy grave consistente en 'hacer peticiones basadas en aseveraciones falsas'.

El mismo suboficial había sido también expedientado por la carta que remitió al coronel director de la Residencia Militar Gravelinas el 10 de mayo, después de que éste negase alojamiento a su pareja. Según el expediente, dicha carta incluía 'manifestaciones contrarias a la disciplina', por las que debe ser castigado con otros 45 días de arresto.

En concreto, el instructor considera constitutivas de falta grave frases como las siguientes: 'Hay que estar casado como Dios manda y la autoridad militar lo desee según su moralidad [...] La educación castrense proyecta a través de los años mentes esquematizadas, eclipsando la capacidad de pensar y razonar [...] Este comportamiento [del coronel] atenta y actúa con desprecio a las personas y deteriora el prestigio de los miembros de las Fuerzas Armadas [...] [El conocimiento de] este hecho [la negativa a alojar a su pareja] lo hago extensible al Secretario de Estado de la Defensa, así como a varios medios de comunicación, con el fin de que éstos, como civiles, colaboren en poner fuera de circulación a estas mentalidades arcaicas que confunden cualquier establecimiento militar social con un cuartel, donde estos administradores son los dueños de cortijo'.

En total, el subteniente puede ser castigado con tres meses de privación de libertad en un centro penitenciario militar (Agosto 2002).

UN ALMIRANTE USA PERSONAL DE LA ARMADA PARA LA BODA DE SU HIJO

Para la celebración de la boda del hijo del almirante jefe de la Zona Marítima del Cantábrico, Francisco Rapallo son utilizados personal y dependencias de la Armada en Ferrol (A Coruña) La ceremonia se celebró en el edificio de la Capitanía General de la Zona y el banquete fue servido por marineros de la Armada. Tanto la ceremonia civil del matrimonio como la cena posterior se celebraron en los salones del palacio de la Capitanía General, donde incluso se habilitaron algunas habitaciones para que pudieran pasar la noche parte de los sesenta invitados. De la confección del menú se encargaron los mayordomos de la Capitanía y el banquete fue servido por los marineros, algunos de los cuales estaban de permiso y fueron llamados exclusivamente para la boda. Para las fotografías también se escogió a un funcionario de la Armada. Fuentes del Ministerio de Defensa alegaron que los marineros son profesionales de la hostelería que trabajan en la cocina del almirante (Agosto 2002).

EL MILITAR QUE HIZO PASAR POR SU ESPOSA A SU PAREJA DE HECHO INICIA EL ARRESTO DE DOS MESES

Dos meses y dos días por mentir. Por pedir una residencia para él y su "esposa": la mujer con la que vive hace cinco años, pero con la que no se ha casado. Ésta es la pena que comenzó a cumplir José, un subteniente de 51 años, en un centro militar en Madrid. Pide justicia y sostiene que la mayoría de los altos mandos militares mantienen una "mentalidad arcaica" que les hace defender la "moral tradicional con tinte religioso que aprendieron durante el franquismo". "Y [Federico] Trillo, [ministro de Defensa] que es del Opus Dei, es como un señor feudal".

Todo comenzó el 7 de mayo. El subteniente, José, que no quiere que se conozca su apellido para no dañar a su familia, decidió pasar un fin de semana en Badajoz. Como había hecho otras veces, y es costumbre entre los militares, solicitó quedarse a dormir en la residencia militar de Gravelinas. Pidió una habitación para él y su "mujer". Lo había hecho otras veces, recuerda, en Madrid, en Granada, en Cádiz, en Barcelona... Se la concedieron sin más. Pero cuando llegó a la residencia de Badajoz, el recepcionista le pidió el libro de familia, y ahí comenzó a complicarse la historia.

La que José siempre llama su "mujer" es en realidad su pareja de hecho. Conviven hace cinco años. Ella es viuda y él está separado. Tienen un piso comprado en común y se han dado de alta en el registro de parejas de hecho del Ayuntamiento de Logroño, donde residen, aunque él está destinado en Madrid. Y ése es el papel que exhibió José para demostrar que convive con esa persona, y que, por tanto, tiene derecho a alojarse con ella en una residencia militar. "Es mi mujer. Va conmigo a todas partes. La única diferencia es que no estamos casados como Dios manda, que es lo que ellos pretenden", clama desde el centro militar donde cumple el arresto.

Aunque presentó el papel, no les dejaron dormir en la residencia. Y además a él le abrieron un expediente. "Por hacer peticiones basadas en aseveraciones falsas", esto es, por mentir. El subteniente se quejó en una carta al coronel responsable de la residencia. Y utilizó unos términos durísimos: "La educación castrense proyecta a través de los años mentes esquematizadas, eclipsando la capacidad de pensar y razonar. Estas mentalidades arcaicas confunden cualquier establecimiento militar social con un cuartel, donde estos administradores son los dueños del cortijo". Le ha caído un mes y un día por mentir y otro por "hacer manifestaciones contrarias a la disciplina militar", según reza una nota que Defensa emitió, donde aclara que la sanción es sólo disciplinaria. Total: dos meses y dos días (Agosto 2002

AL MINISTRO DE DEFENSA TRILLO LE QUITAN EL COCHE OFICIAL Y LO UTILIZAN PARA COMETER UN ROBO Y AL DE INTERIOR, TAMBIÉN

Del taller donde habitualmente realiza el Ministerio de Defensa las reparaciones, un concesionario en la carretera de Burgos de la marca Lancia, se sustrajo uno de los dos vehículos oficiales que tiene a su disposición Federico Trillo. El coche en cuestión, con blindaje del máximo nivel, está valorado en veinticinco millones de pesetas y tiene instalados los sistemas electrónicos antiterroristas más avanzados. El coche blindado fue utilizado el para robar, por medio de la técnica del "alunizaje", en "Tres Fuentes", un centro comercial recién inaugurado en Alcorcón (Septiembre-Octubre 2002).

EL GOBIERNO DESTINA EL 34% DEL GASTO EN INVESTIGACIÓN A PROGRAMAS MILITARES

Helicópteros de ataque, un misil, un carro de combate y hasta un submarino figuran entre los programas militares que el Gobierno ha incluido en el presupuesto de investigación y desarrollo para 2003, en el que uno de cada tres euros se destinará a créditos a empresas para fabricar armas. Estos programas se añaden a los anteriores existentes en este apartado (fragatas, aviones y carros de combate) a cargo de cuyo presupuesto se ha financiado no sólo la fase de I+D, en caso de existir, sino también la construcción de las unidades, algunas de las cuales ya circulan. El Gobierno se resiste a invertir en ciencia y España en 2001 sólo dedicó el 0,94% del PIB a tal fin (0,45% el sector público y el resto el sector privado), frente a casi el 2% de media de los países de la UE. Si se descuenta el discutido desvío de parte del presupuesto de I+D a programas militares, el porcentaje del PIB descendería al 0,75%, lo que situaría a España en el último lugar europeo (Octubre 2002).

MIL INVESTIGADORES SE DECLARAN OBJETORES CIENTÍFICOS A LOS PROYECTOS MILITARES

Más de mil investigadores españoles se han declarado 'objetores científicos' para mostrar su desacuerdo con el crecimiento en los últimos años del porcentaje de recursos públicos de investigación destinados a proyectos militares, informa la Fundación por la Paz. Los investigadores piden al Gobierno 'una transferencia gradual de los recursos destinados a I+D militar hacia el I+D con fines sociales y civiles'.

Entre los firmantes de la declaración, que se comprometen a 'no participar en ninguna investigación que tenga una finalidad militar o esté subvencionada con fondos destinados a la investigación con fines militares', se encuentran el bioquímico y ex director general de la Unesco, Federico Mayor Zaragoza; el catedrático de Ingeniería Química y ex rector de la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), Carles Solá, y el catedrático de Biología Celular de la misma universidad, Josep Egozcue. También se han adherido los catedráticos Xavier Rubert de Ventós, Mercé Durfort, Pedro Luis Arias, Isabel Esteve y Joaquím Argulló, entre otros.

Los representantes de la Fundación por la Paz precisaron que esos 1.003 investigadores trabajan en 25 universidades (22 españolas y tres extranjeras), en 14 centros e institutos de investigación y en tres departamentos de Investigación y Desarrollo (I+D) de empresas privadas y no son todos científicos o ingenieros, , ya que 'también se puede hacer investigación militar con estudios geoestratégicos o con el derecho', según Alfons Banda, presidente de la Fundación.

Solá afirmó que 'aparte del rechazo ético' que suscita entre los firmantes la investigación con fines militares, su objetivo también es denunciar la situación 'crítica' en la que se encuentra la investigación civil, en la que 'ahora se invierte menos que en 1990'. Solá criticó que el Gobierno prohíba la investigación con células madre mientras impulsa la investigación militar. 'Es curioso que el Gobierno esté tan preocupado por un puñado de células y al mismo tiempo se muestre tan interesado en investigar modos de destruir trillones de células con piernas, que caminan y piensan', afirmó (Octubre 2002).

UN SINDICATO SE QUERELLA CONTRA DEFENSA POR LA MUERTE MASIVA DE CETÁCEOS EN CANARIAS

Un sindicato canario se ha querellado contra el ministro de Defensa por la muerte de los cetáceos en últimas maniobras militares en Fuerteventura. La Confederación Canaria de Trabajadores (CCT) ha presentado una querella criminal en el Tribunal Supremo contra el presidente de Gobierno, José María Aznar; el ministro de Defensa, Federico Trillo; el ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, y el almirante Fernando Armada Vadillo por la muerte de innumerables cetáceos en las maniobras militares que se llevaron a cabo el 24 de septiembre en Fuerteventura.

El abogado de este sindicato nacionalista, Miguel Ángel Díaz Palarea, asegura que las maniobras militares de la OTAN, 'mataron con su sonar a estos mamíferos marinos protegidos y además produjeron vertidos de combustibles y otras substancias tóxicas y nocivas para la vida de los canarios'.

La querella pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, para comprobar las acusaciones, solicite a la Universidad de Las Palmas (ULPGC) el resultado de las necropsias efectuadas a los cadáveres de los animales, así como los informes realizados por la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario (SECAC).

La denuncia califica como 'juegos de guerra' la operación naval llevada a cabo en la playa de Matasblancas, al sureste de Fuerteventura, y la tilda de 'invasión que 'alteró gravemente la paz pública de los canarios'.

Por su parte, la Sociedad para el Estudio de los Cetáceos en el Archipiélago Canario ha pedido al Gobierno de Canarias y al Ministerio de Medio Ambiente que declaren la zona sureste del litoral de Fuerteventura área de reserva de cetáceos. Asimismo, la Universidad Atlántica de Pájara (al sur de la isla) ha solicitado también que la zona sea santuario de mamíferos marinos, y para ello ha creado una plataforma ciudadana. El archipiélago es un lugar de importancia internacional para el avistamiento de cetáceos: de las 78 especies que existen en la Tierra, en Canarias se registran al menos 26, lo que supone el 33 % del total (Octubre 2002).

DEFENSA PIDIÓ PRESTADO EL CARRO LEOPARD QUE EXHIBIÓ EN EL DESFILE DE MADRID

El carro de combate Leopard 2E que el pasado día 12 desfiló por el paseo de la Castellana como estrella de la parada militar del Día de la Fiesta Nacional será trasladado a Santander, para embarcar de regreso a Alemania. En total, el nuevo tanque, que llegó el pasado día 7 a la base de Torrejón a bordo de un avión Antonov, habrá estado en España 15 días. Defensa ha pagado por la estancia 112.000 euros (18.635.232 pesetas).

El carro de combate que desfiló por Madrid nunca será español. Se trata de un prototipo propiedad de la compañía alemana Krauss Maffei, al que aún no se han incorporado algunos elementos exigidos por España: la Unidad de Potencia Auxiliar, el aire acondicionado o las comunicaciones. Cuando el Ejército reciba sus primeros Leopardos deberá someterlos a una profunda evaluación de varios meses antes de que se incorporen a su primer batallón operativo, en 2004.Ya en la Fiesta Nacional de 2001, previo pago de una fuerte póliza de seguro, desfiló un prototipo del nuevo caza europeo EF-2000, aunque la Fuerza Aérea española no recibirá su primer avión hasta entrado el año próximo. En esta ocasión, según un portavoz del Ministerio de Defensa, la estancia del Leopard en España ha costado 112.000 euros, un cifra muy inferior a la citada por fuentes militares (Octubre 2002).

EL ALCALDE DE MADRID INSISTE EN HOMENAJEAR CADA MES A LA BANDERA

El alcalde de Madrid, José María Álvarez del Manzano, insiste en que el homenaje a la bandera celebrado el pasado 2 de octubre en la madrileña plaza de Colón se celebrará el último miércoles de cada mes a partir de noviembre. Manzano explicó que los dos homenajes celebrados este mes -el segundo el pasado día 12, con motivo de la Fiesta Nacional- han aconsejado no repetirlo el próximo miércoles, porque 'no conviene agotar este tipo de actos' (Octubre 2002).

EL EJÉRCITO SÓLO HA CRECIDO EN 800 SOLDADOS EN LO QUE VA DE AÑO, FRENTE A LOS 12.000 PREVISTOS

El número de soldados de las Fuerzas Armadas creció en 800 efectivos en los primeros nueve meses del año, cuando la cifra establecida por el Gobierno en los Presupuestos del Estado preveía un crecimiento de 12.000 soldados.

Una respuesta parlamentaria del Ejecutivo indica que entre enero y finales de septiembre se produjeron 8.367 incorporaciones en tropa y marinería, mientras que las bajas fueron 7.564, es decir, un crecimiento neto de 803 soldados.

El número de efectivos con que contaba el Ejército al principio del año era de unos 74.000 y el Gobierno espera terminar el ejercicio con "aproximadamente 75.000", una cifra muy lejana a los 86.000 inicialmente previstos por el Ejecutivo.

Además, de estos cerca de 74.000 soldados actuales, hay 3.000 o 4.000 que todavía están en periodo de formación, por lo que sólo habría en activo unos 70.000 profesionales, según los datos aportados por Alberto Moragues.

El Parlamento aprobó en 2000 la Directiva de Defensa Nacional, que establecía que a finales de este año la tropa profesional debía estar compuesta por una horquilla de entre 102.000 y 120.000 soldados, una cifra que ha sido rebajada posteriormente por el Gobierno en varias ocasiones hasta la actual de 86.000, fijada en los Presupuestos Generales del Estado de 2002 y que, ante su incumplimiento, se ha vuelto a repetir como cifra a alcanzar en el presupuesto de 2003.

El Ministerio de Defensa lleva gastados un total de 76.046.505 euros desde 1996 en campañas de publicidad para incorporar a jóvenes a las Fuerzas Armadas profesionales. En concreto, en lo que va de año hasta comienzos del pasado mes de octubre el gasto del Departamento en publicidad y propaganda ascendía a 14.636.133 euros. El pasado año, Defensa invirtió 16.916.004 euros (Noviembre 2002)

TRILLO SEÑALA QUE "CUALQUIERA" PUDO INTRODUCIR EL HACHÍS DESCUBIERTO EN EL CAMIÓN DEL EJÉRCITO 

El ministro de Defensa, Federico Trillo, ha manifestado su convencimiento de que las investigaciones puestas en marcha permitirán esclarecer "cuanto antes" el caso de los 750 kilos de hachís hallados en un camión del Ejército con destino a Almería. Según el ministro, "cualquiera" pudo introducir la droga en el vehículo.

El alijo fue intervenido por la Guardia Civil de Melilla en el interior de un camión, que pertenece al Regimiento número 8 de Ingenieros del Ejército y que iba a embarcar en un buque de la Armada con destino a Almería para participar en unas maniobras militares.

Por el momento, no ha habido detenidos. El Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla se hizo cargo de las averiguaciones, que corren a cargo de la Guardia Civil, mientras que la Comandancia General de Melilla abrió una investigación interna sobre el asunto por orden directa de Trillo-Figueroa (Noviembre 2002).

EL JEFE MILITAR DE MELILLA CREE QUE CIVILES CARGARON EL CAMIÓN CON HACHÍS

El comandante general de Melilla, Jorge Ortega, asegura que le parece "imposible" que la operación para introducir en la península una alijo de 760 kilos de hachís dentro de un camión del Ejército fuera ejecutada sólo por militares. Ortega manifestó que parece "lógico" pensar "que intervino gente de fuera [civiles], ya que por el montante económico de la droga" considera "difícil que pudiera ser adquirida sólo por militares, que dependen de un sueldo mensual y difícilmente pueden manejar esa cantidad de dinero".

Ortega añadió que "aunque es de suponer" que estén implicados militares, también supone "que intervino gente de fuera". "Mis soldados y oficiales difícilmente manejan ese montante económico", agregó. El comandante general dijo que el Regimiento de Ingenieros número 8 de Melilla, al que pertenece el camión que transportaba víveres para las maniobras que iban a desarrollar en Almería, ha abierto una investigación interna.

El comandante general explicó que nadie más que él desea que "se localice al responsable y se le aplique la ley, porque los garbanzos negros cuanto más lejos, mejor". Dijo que la noticia del hallazgo de la droga le resultó "muy poco grata" y se mostró preocupado por cómo pueda afectar a la imagen de la Comandancia General de Melilla y "al buen nombre del Ejército" (Noviembre 2002).

DEFENSA INCLUYE LA "INMIGRACIÓN ILEGAL MASIVA" ENTRE LAS AMENAZAS PARA LA SEGURIDAD NACIONAL  

La "inmigración ilegal masiva" es uno de los nuevos riesgos para la seguridad de España, según el borrador de la Revisión Estratégica de la Defensa (RED. Este documento sienta las bases de la política de defensa hasta 2015 y marca las directrices de la transformación de las Fuerzas Armadas, una vez suprimido el servicio militar obligatorio. Bajo el impacto del 11-S, el texto alude a la nueva sensación de "vulnerabilidad" generada por el terrorismo internacional, que considera, junto a la proliferación de armas de destrucción masiva, el principal riesgo para la seguridad.

Aunque cita la "inmigración ilegal masiva" como un riesgo emergente, con el argumento de que podría alterar el equilibrio social, la RED no encomienda a las Fuerzas Armadas la tarea de combatirla. Al igual que hace con el terrorismo, atribuye la responsabilidad directa a las Fuerzas de Seguridad, pero agrega que éstas podrían contar esporádicamente con el apoyo de los ejércitos cuando la autoridad civil lo determine. Argumenta que las Fuerzas Armadas disponen de medios y preparación adecuados para ayudar a la Administración civil a cumplir sus funciones en determinadas circunstancias, y siempre a instancias de ésta (Noviembre 2002).

EL PROTOTIPO ESPAÑOL DEL CAZA EUROPEO SE ESTRELLA TRAS PARARSE A LA VEZ SUS DOS MOTORES 

El Eurofighter o Tifón, el más importante programa militar europeo, sufre un serio tropiezo al estrellarse en la sierra de Altamira (Toledo) el prototipo español o DA-6. Los dos pilotos se eyectaron y salieron ilesos, pero el aparato resultó totalmente destruido. El avión se precipitó al suelo desde 15.000 metros tras pararse simultáneamente los dos motores. Más que el precio del prototipo, unos 72 millones de euros, el mayor coste del accidente radica en que habrá que realizar una revisión profunda del programa, lo que demorará la entrada en servicio del avión de combate europeo.

El DA-6 es el primero de los siete prototipos del Tifón que se pierde en accidente desde que en marzo de 1994 voló por primera vez el DA-1 alemán. Los cuatro países participantes en el programa (Reino Unido, Alemania, Italia y España) se han comprometido a adquirir 622 aparatos por más de 40.000 millones de euros (Noviembre 2002).

DEFENSA ABRIÓ UN EXPEDIENTE PARA JUBILAR A LA SOLDADO QUIÑOA TRAS SU DENUNCIA DE ABUSO  

Dolores Quiñoa, la militar que acusa a un superior de haberla violado, apenas ha ejercido como soldado. El Ministerio de Defensa, lejos de investigar a fondo lo ocurrido, le abrió un expediente de incapacidad por pérdida de las aptitudes psicofísicas, "dos o tres meses después" de que sucedieran los hechos que ella denuncia, según su abogado, José María Garzón. Desde entonces, Quiñoa se encuentra "sin ocupar destino". El abogado de la soldado ha anunciado que presentará una denuncia contra el teniente Iván Moriano por violación, amenazas y coacciones. Lasentencia del Tribunal Supremo señala que el 11 de mayo de 2000 el teniente Iván Moriano obligó a la soldado Quiñoa a desnudarse en el campamento de El Piornal (Cáceres). Ella asegura que, además, la violó. Finalizado el periodo de campamento, ella juró bandera en la Infantería de Marina de la Guardia Real. Su primer destino, y hasta ahora el único, fue la compañía Mar y Océano de la guardia de honores, que tiene su sede en el cuartel de El Príncipe, en El Pardo (Madrid). Pero desde hace casi dos años, Quiñoa permanece en Lugo, de donde procede y donde vive su familia, a la espera de que se resuelva su expediente de incapacidad y pendiente de que se le asigne un destino (Noviembre 2002).

DEFENSA PRORROGA SU CONTRATO A UN SOLDADO PROCESADO Y EN PRISIÓN POR NARCOTRÁFICO  

El Ministerio de Defensa ha prorrogado su contrato de soldado profesional a Valentín Torres, que permanece en prisión preventiva desde el pasado enero y procesado en la actualidad por formar parte de un grupo organizado internacional que se encargaba de adquirir, importar, y comercializar importantes partidas de cocaína entre Latinoamérica y España.

Torres forma parte del Grupo de Seguridad del Ejército del Aire y su compromiso con las Fuerzas Armadas fue ampliado hasta el año 2005, el pasado mes de mayo, cuando ya llevaba cuatro meses en prisión preventiva.

El soldado fue procesado la pasada semana por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por haber creado una estructura integrada por dos compañías de las que eran administradores Torres y Manuel Ramón Orgaz, aunque el primero era director (Noviembre 2002).

FEDERICO TRILLO CONTINUA CON SU POLITICA DE IMPONER MEDALLAS A LOS AMIGOS

"¿Por qué no se puede pasar?", preguntó un automovilista a uno de los policías locales que impedía la circulación por varias calles del centro de Alicante. -"Porque al señor alcalde le están poniendo una medalla y hay un desfile". -"¿Desfile de qué?". -"Circule, circule por favor".

Quizá ese agente no sabía que al alcalde de Alicante, el popular Luis Díaz Alperi, ya no se le debe llamar señor, ni siquiera ilustrísimo señor. Desde pasadas las dos de la tarde, cuando el ministro de Defensa, Federico Trillo, le impuso la más alta distinción de la Armada, la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco, Díaz Alperi es y será de por vida un excelentísimo.

¿Qué méritos navales tiene el alcalde para tan alta distinción? El propio Alperi arrancó su discurso diciendo que mucha gente se hará esa pregunta. "El ministro me conoce y sabe de mi afición a navegar", dijo. Antes de eso se celebró una ceremonia de esta guisa: siete calles del centro cortadas al tráfico, desfile militar de los tres ejércitos con banda de música incluida -más de 100 militares-, movilización de autoridades civiles y castrenses, también de altos mandos del Cuerpo Nacional de Policía y Guardia Civil y del obispo. El acto se cerró con un ágape en el Ayuntamiento para un selecto grupo de invitados. En total, unas cuantas decenas de millares de euros del erario público (Enero 2003).

LAS FUERZAS ARMADAS PIERDEN 2.500 SOLDADOS PROFESIONALES EN EL PRIMER AÑO SIN MILI FORZOSA  

Las Fuerzas Armadas han perdido 2.500 soldados profesionales en su primer año sin servicio militar obligatorio, según datos oficiales del Ministerio de Defensa correspondientes al pasado 8 de enero. Aunque las solicitudes para ingresar en el Ejército han superado las 35.000, el saldo neto (diferencia entre ingresos y bajas) ha sido negativo por segundo año consecutivo. Eso significa que la tropa profesional es inferior en más de 4.000 efectivos a la que había en diciembre de 2000. El Ministerio de Defensa se propone lanzar un plan de choque para la captación de reclutas.

La noticia de que las Fuerzas Armadas acabarían el año 2002 con sólo 850 soldados más que cuando empezó, difundida en otoño pasado y considerada entonces negativa, ha resultado ser demasiado optimista. En realidad, el año acabó con 3.365 soldados menos, que se han reducido a 2.508 con la suma de los aspirantes del 11º ciclo de selección, que se incorporaron a los centros de formación militar el día 8 de este mes.

El año 2001 fue el primero en que la tropa profesional, en vez de aumentar, disminuyó. Concretamente, en 1.613 efectivos. Pero la caída de 2002 ha sido, como mínimo, un 55% superior a la experimentada entonces.

El problema ya no está en la diferencia entre el número de soldados y marineros profesionales que tienen las Fuerzas Armadas (72.000) y la cifra marcada por la vigente Ley del Régimen del Personal de 1999 (entre 102.000 y 120.000). Ni siquiera importa que no se alcance el techo de 86.000 efectivos fijado en los presupuestos (Enero 2003).

MINISTERIO DE DEFENSA: ANTICORRUPCIÓN Y HACIENDA INVESTIGAN CONTRATOS MILLONARIOS DE VESTUARIO MILITAR  

La Fiscalía Anticorrupción y Hacienda investigan concursos millonarios de vestuario y material militar de intendencia adjudicados por el Ministerio de Defensa durante los últimos cinco años, entre los que destaca la compra de 20.000 chalecos de combate con los que se equipó a los 400 soldados españoles destacados en Afganistán. Defensa, que ha declinado hacer comentarios sobre esta investigación, ha relevado al comandante jefe encargado de redactar las prescripciones técnicas de estos concursos; un oficial al que el antiguo Cesid investigó su patrimonio inmobiliario.

José Delgado de Felipe, comandante jefe de la Sección de Estudios y Proyectos del Parque y Centro de Abastecimiento de Material de Intendencia (Pecamy) del Ejército de Tierra, ha sido cesado en su puesto y trasladado forzosamente a la dirección de asistencia al personal. El Pecamy elabora los pliegos de prescripciones técnicas para concursos de material militar por 90 millones de euros al año.

La orden de traslado fue publicada en el boletín oficial de Defensa del pasado 13 de diciembre y está firmada por el general Alfonso Pardo de Santayana, jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra.

Delgado estaba destinado en el Pecamy desde hace 11 años y era el encargado de redactar los pliegos de prescripciones técnicas de los concursos de material militar de intendencia del Ejército de Tierra. También era el responsable de evaluar las muestras previas y las documentaciones presentadas por las empresas concurrentes a los concursos, en su mayoría de vestuario, equipos de campaña, intendencia y combate.

La mayoría de los expedientes de adjudicación solicitados por la Fiscalía Anticorrupción al Ministerio de Defensa llevan la firma del citado oficial y están siendo examinados por la unidad de apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), dependiente del Ministerio de Hacienda. El informe de esta unidad no ha concluido y los funcionarios solicitarán nuevos expedientes al Ministerio de Defensa.

El Centro Nacional de Inteligencia, antiguo Cesid, investigó hace un año el patrimonio inmobiliario del comandante jefe de la Sección de Estudios y Proyectos que acaba de perder su destino. En concreto, un chalé en una parcela de 4.400 metros cuadrados en una urbanización de lujo de Madrid. El oficial argumentó entonces que compró su vivienda gracias a "una herencia", y fuentes de Defensa aseguran ahora que en la investigación patrimonial no se detectaron irregularidades.

Un portavoz de ese ministerio no quiso facilitar datos sobre las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía Anticorrupción: ni sobre los concursos y empresas afectadas, ni sobre los oficiales del Pecamy relacionados con dichas adjudicaciones. Tampoco sobre las causas del citado traslado.

Delgado de Felipe es el autor del pliego de prescripciones técnicas del concurso en el que se adjudicaron 20.000 portaequipos de combate a Yuma, SA, con sede en Zaragoza, la empresa que presentó la oferta más cara. Estos portaequipos carecen de la protección IR contra aparatos de visión infrarroja con la que cuenta todo el material militar. El portaequipos de combate es una prenda similar a un chaleco del que cuelgan los cargadores de munición y bombas de mano. Cubre el pecho y la espalda.

Defensa gastó 2,1 millones de euros en la compra de estos chalecos en dos concursos a los que concurrieron, además de Yuma, SA, otras dos empresas (Manufacturas Valle y Sei) que sí incluían la protección IR en su producto y costaban 552.931 euros menos. El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, aseguró que la protección IR no es necesaria para la seguridad de los soldados, y más tarde su ministerio convocó otro concurso de 15.000 chalecos en los que se exige el IR (Marzo 2003).

ESPAÑA DESTINA A DEFENSA UN TERCIO DE SU INVERSIÓN PÚBLICA EN INVESTIGACIÓN  

Los países más pobres de la UE, entre ellos España, hacen un gran esfuerzo en mejorar sus indicadores científicos, pero los objetivos españoles difieren mucho de los de sus pares. Mientras Portugal, Irlanda y Grecia inyectan dinero sobre todo en la universidad, España dedica un tercio de su inversión en I+D a Defensa. Es el único Gobierno de la UE que aumenta cada año el gasto presupuestado como investigación militar; los otros 14 socios lo mantienen o reducen. De todo ello da cuenta el tercer Informe Europeo sobre indicadores de Ciencia y Tecnología que acaba de hacerse público.

Los datos oficiales aportados por España hablan de un esfuerzo en aumentar la inversión pública en I+D. Con un crecimiento anual del 11,3% entre 1995 y 2000, España encabeza la lista. Le siguen Portugal (10,6 %), Irlanda (9,3%) y Grecia (5,4%). La diferencia está en el objetivo final de esa mayor inversión. "En España", dice el informe, "el aumento en defensa representa casi la mitad del crecimiento de la inversión pública en I+D". Buena parte de esa inversión, además, no se destina realmente a investigación, sino que son créditos blandos para la fabricación armamento, según critica año tras año la oposición.

Con los últimos datos comparables de que dispone la Comisión Europea, el informe destaca cómo en el año 2000 un tercio de la inversión pública española teóricamente destinada a I+D va a Defensa. Sólo supera tal proporción el Reino Unido (32,8%), su socio europeo en el frente contra Sadam Husein. Fuera de la UE, también Estados Unidos dedica a Defensa una mayor proporción de su inversión en I+D (54,1%). Francia ha reducido en la última década del siglo XX su inversión en este terreno y proporcionalmente está por detrás de España, aunque en cifras absolutas siga muy por delante.

"En 2000", señala el informe, "cuatro países, Reino Unido, Francia, Alemania y España, sumaban casi el 97% (8.900 millones de euros) del total de los presupuestos de la UE en I+D militar". En cifras absolutas España dedicó 1.264 millones de euros, casi tanto como Alemania (1.308).

En su conjunto, el informe sigue dejando a España en muy mal lugar. Con una inversión que no llega al 1% del PIB, está en el furgón de cola, sólo por delante de Grecia y Portugal. Entre las 10 universidades con mayor impacto científico no hay ninguna española, ni tampoco hay empresa alguna entre las 100 europeas que más invierten en I+D.

España es también el país que menos empleos cualificados en ciencia y tecnología ofrece a la población con alto nivel educativo, superada ampliamente incluso por Portugal y Grecia. En este punto, España es una destacada muestra del endémico problema europeo: la falta de alicientes para dedicarse a la investigación. "Europa es la factoría de cerebros más importante del mundo", destacó el comisario de Investigación, Philippe Busquin. "Sin embargo, las otras dos grandes áreas científicas, EE UU y Japón, ofrecen muchas más posibilidades de empleo, con porcentajes mucho más altos de investigadores, lo que ha agravado la fuga de cerebros".

En suma, el mercado laboral europeo no es capaz de absorber tantos científicos s generados en sus universidades, pero también aquí hay diferencia entre unos países y otros. Los nórdicos, que han conocido un despegue espectacular en la última década, dedican a investigación mayores porcentajes del PIB que EE UU y Japón. La falta de incentivos para dedicarse a la ciencia es particularmente dramática en España, donde se dan los peores porcentajes de doctorados en ciencias de la UE, junto con Italia, Portugal y Holanda (Marzo 2003).

EL BORRADOR DE CÓDIGO MILITAR PREVÉ CÁRCEL POR MANIFESTARSE CONTRA UN CONFLICTO ARMADO  

"El que, en situación de conflicto armado de carácter internacional en el que tome parte España, con el fin de desacreditar la intervención de España en él, realizare públicamente actos contra la misma (...) será castigado con la pena de uno a seis años de prisión. Con la misma pena será castigado el que (...) divulgare noticias o informaciones falsas con el fin de debilitar la moral de la población o de provocar la deslealtad o falta de espíritu entre los militares españoles".

Si este texto estuviese ya en vigor, un juez militar podría considerar que los millones de españoles que salieron a manifestarse públicamente contra la guerra de Irak han incurrido en un delito de derrotismo, que no sólo puede cometerse contra España sino también "contra Potencia aliada"; en este caso, Estados Unidos. No obstante, dicho juez militar debería tener en cuenta que, según advierte el anteproyecto, "la defensa de soluciones pacíficas a los conflictos no será considerada derrotismo bélico a los efectos de este artículo".

En realidad, el delito de derrotismo no es un invento del proyecto de Código Penal elaborado por Defensa. Procede de las leyes penales militares del siglo XIX y figura en el Código Penal Militar de 1945 y en el vigente, de 1985.

La diferencia es que, en el Código vigente, el delito de derrotismo sólo puede cometerse cuando está "declarada o generalizada la guerra", mientras que el borrador de nueva ley sustituye esta expresión por la de "conflicto armado de carácter internacional". La sustitución no sólo se realiza en este artículo sino en todos los que tipifican delitos militares, con resultados sorprendentes. Por ejemplo, "la provocación, conspiración y proposición" a un militar para que cometa un delito de deserción, así como la "complicidad" con este acto se castigarán con seis a 15 años de prisión militar, "en el supuesto de que los hechos se cometieren en situación de conflicto armado". También "en situación de conflicto armado", el marinero que "se quedare injustificadamente en tierra a la salida del buque de cuya dotación forme parte" será castigado hasta con seis años.

El problema radica en determinar cuándo existe un "conflicto armado" y pueden aplicarse estas durísimas sanciones. El Código Penal Militar vigente utiliza la expresión "en tiempo de guerra" y la define, en su artículo 14, como "el periodo de tiempo que comienza con la declaración formal de guerra, al ser decretada la movilización para una guerra inminente o con la ruptura generalizada de las hostilidades con potencia extranjera, y termina en el momento en que cesen éstas".

En consecuencia, la mayor parte del Código Penal Militar sólo se aplica si previamente hay una declaración de guerra o de movilización, que requieren la aprobación de las Cortes, o en caso de "ruptura generalizada de hostilidades con potencia extranjera"; es decir, de invasión exterior y mientras ésta dure. En la práctica, esta previsión es inaplicable pues, como se ha evidenciado en los últimos años, las guerras no se declaran formalmente. Por eso, el Ministerio de Defensa ha huido de la expresión guerra y la ha sustituido por conflicto armado.

El artículo 8 del anteproyecto dice textualmente: "Se considerará que un hecho se ha cometido en situación de conflicto armado cuando el mismo se cometa, además de en los supuestos en que con arreglo a los tratados internacionales en que España fuera Parte haya de considerarse la existencia de dicho conflicto armado, en los supuestos de declaración del estado de sitio". Además de su confusa redacción, el artículo, presenta varios problemas, a juicio de los expertos consultados. El primero es que homologa la guerra con el estado de sitio, regulado por una ley de junio de 1981 aprobada bajo el efecto del golpe de Estado del 23-F. Pese a ello, tiene la ventaja de que al menos el estado de sitio requiere de la aprobación expresa del Congreso y tiene una fecha precisa de inicio y finalización. Sin embargo, el resto del artículo es mucho más inquietante, según los mismos juristas, pues alude ambiguamente a "los supuestos en que, con arreglo a los tratados internacionales en que España fuere Parte, haya de considerarse la existencia de dicho conflicto armado".

El sujeto impersonal "haya de considerarse" no aclara quién debe determinar que hay un conflicto armado. Podría ser el Gobierno, sostienen las mismas fuentes, pero carece de competencias legales para ello. Tendrían que ser las Cortes, pero en ese caso bastaría con aplicar el artículo 63.3 de la Constitución, que atribuye al Parlamento la competencia para autorizar la declaración de la guerra. Y, al parecer, es eso precisamente lo que se quiere evitar. El resultado, alegan expertos, es que la fórmula "haya de considerarse" deja en manos de cada juez o tribunal militar el apreciar si la situación en que se ha cometido el presunto delito corresponde o no a un "conflicto armado". Por ejemplo, ¿estaban en un conflicto armado los F-18 españoles que en 1999 bombardearon Kósovo por acuerdo de una organización internacional a la que pertenece España, la OTAN? ¿Están en un "conflicto armado" los militares españoles que, en misión de ayuda humanitaria, acuden a Bosnia, Afganistán o Irak? "La inseguridad jurídica es total, y eso resulta inaceptable en una norma penal", concluyen los expertos consultados.

Uno de los mayores avances del Código Penal Militar de 1985 fue acabar con la obediencia debida que utilizaron varios golpistas del 23-F como coartada para justificar su participación en la intentona anticonstitucional. El artículo 21, actualmente vigente, es categórico al respecto: "No se estimará como eximente ni atenuante el obrar en virtud de obediencia debida a aquella orden que entrañe la ejecución de actos que manifiestamente sean contrarios a las leyes o usos de la guerra o constituyan delito, en particular contra la Constitución".El borrador sustituye este precepto categórico por el nuevo artículo 15: "No será eximido de responsabilidad criminal el militar que hubiere cometido un delito en cumplimiento de una orden emitida por una Autoridad o un Superior, sea militar o civil, salvo que estuviere obligado por ley a obedecer dicha orden, no supiera que la orden era ilícita y la orden no fuese manifiestamente ilícita".

Los juristas consultados advierten que desaparece el término "atenuante" y el texto sólo alude a la exención de responsabilidad, por lo que podría abrir la puerta a considerar que la obediencia limita la responsabilidad penal. Pero, más allá de este aspecto, los expertos no entienden por qué una redacción clara y comprensible se cambia por otra más confusa, que puede sembrar la duda entre los militares, quienes deberán evaluar si quien les dio la orden estaba legitimado legalmente para ello y si ésta era o no lícita. El nuevo Código Penal Militar no alude a los militares de reemplazo, pero incluye una disposición transitoria que prevé la posibilidad de que el servicio militar obligatorio sea reinstaurado, aunque su exposición de motivos califica de "remota e incierta" dicha posibilidad. En ese caso, los soldados de reemplazo quedarían sujetos al código castrense, aunque se le aplicarían atenuantes durante su primer mes de servicio.El anteproyecto incluye también a los reservistas obligatorios, jóvenes de los dos sexos de entre 19 y 25 años que pueden ser movilizados previa autorización de las Cortes. Si no se presentaran a filas antes de un mes podrían ser castigados a cuatro años de cárcel y 10 de inhabilitación "en situación de conflicto armado" (Abril 2003).

DEFENSA PAGÓ 600 MILLONES DE MÁS POR LOS AVIONES DEL REY Y AZNAR, SEGÚN LA SER  

La cadena SER informó de que el Ministerio de Defensa pagó por cada uno de los Airbus 310 de segunda mano que próximamente entrarán al servicio de la Corona y de la Presidencia del Gobierno "unos cinco mil millones de pesetas" más de lo que le costó al Gobierno italiano el Airbus 319-CJ, un avión de menor capacidad pero más moderno. Dado que los aviones adquiridos por España tienen 12 y 13 años de uso, respectivamente, mientras que el comprado por Italia es nuevo, y que todos estos contratos de compra incluyen, según la SER, las mismas cláusulas adicionales relativas a la remodelación interior del avión y del sistema de comunicaciones para el servicio de Estado, así como a reparaciones y repuestos, la cadena radiofónica concluye que Defensa ha pagado un sobreprecio de más de 10.000 millones, o más de 600 millones de euros.

Las SER basa su información en "fuentes de Defensa italianas" que aseguran que el precio pagado en diciembre de 2000 por el Airbus 319-CJ fue de 9.000 millones de pesetas, frente a los 14.300 millones que el Gobierno español aprobó para cada Airbus 310, en el Consejo de Ministros celebrado el 15 de diciembre del mismo año. También dice que en el mercado de segunda mano había opciones más baratas, como la de la compañía Aeromarine, que ofrece un Airbus 310 con configuración de VIP por 7.470 millones de pesetas (Mayo 2003).

EL ESTADO DEBERÁ INDEMNIZAR A UN MILITAR ARRESTADO POR NO IR A UNA PROCESIÓN  

El Tribunal Supremo ha condenado al Estado a indemnizar con 100 euros a un sargento primero de Artillería por los daños morales que le causó sufrir dos días de arresto por negarse a portar el guión del Regimiento en un desfile de la Real Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, que se celebró en abril de 2001 en Melilla.

El alto Tribunal estima el recurso del sargento, que consideró vulnerado su derecho a la libertad religiosa, puesto que el jefe de su unidad no atendió su solicitud de ser eximido de participar en la procesión y le sancionó. Según la sentencia, el arresto produjo al sargento una "menor perturbación anímica, psíquica y personal en el derecho a la libertad, que es la limitación con permanencia en el domicilio", sin que consten otras singularidades que agravaran su situación. Por ello, el Supremo condena a la Administración pública a indemnizar al sargento con 50 euros por cada día de arresto.

El Supremo recuerda que la Constitución establece que los particulares deben ser indemnizados por toda lesión que sufran en cualquiera de sus bienes y derechos, siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento anormal de los servicios públicos (Junio 2003). 

DEFENSA PROPONE QUE TODOS LOS MAYORES DE EDAD PUEDAN SER MOVILIZADOS EN CASO DE CONFLICTO   

Cualquier ciudadano español mayor de edad podrá ser movilizado para incorporarse a las Fuerzas Armadas "en caso de conflicto armado, situación de amenaza o agresión a la seguridad de España y de sus aliados o supuesto de grave riesgo, catástrofe, calamidad o desgracia públicas", según el borrador de la Ley de Reserva y Movilización elaborado por el Ministerio de Defensa. El Título XIII de la Ley del Régimen del Personal de las Fuerzas Armadas, de 1999, al que la nueva ley vendrá a sustituir, limita la posibilidad de ser movilizado forzoso a los españoles de entre 19 y 25 años.

La aprobación de la Ley de Reserva y Movilización forma parte del paquete legislativo que Defensa quería aprobar esta legislatura, aunque apenas le queda tiempo para ello, pues es probable que las Cortes no reanuden sus sesiones tras las próximas Navidades.

La movilización de recursos humanos para completar los efectivos de las Fuerzas Armadas está regulada por un capítulo de una ley vigente sólo desde 1999, pero Defensa quiere derogarlo y sustituirlo por una ley completa ante sus crecientes problemas para reclutar soldados profesionales.

Como la legislación vigente, el borrador prevé tres tipos de reservistas: los temporales, que son los militares que finalizan su contrato o abandonan voluntariamente las Fuerzas Armadas; los voluntarios, a los que el proyecto califica de "militares a tiempo parcial", y los obligatorios, que pueden ser "todos los los españoles que tengan cumplidos, al menos, los 18 años de edad".

Para decretar la movilización general, el Gobierno presentará la correspondiente solicitud al Congreso, que deberá autorizarla, "pudiendo aprobarla en sus propios términos o introducir modificaciones". Con dicha autorización, el Gobierno decidirá "quiénes habrán de adquirir la condición de reservistas obligatorios, para lo que se respetará el principio de igualdad de oportunidades".

El trámite parlamentario no cambia respecto a la normativa vigente. Lo novedoso es la ampliación sin límite de edad de los españoles que pueden ser movilizados. Y también de las causas.

Según el borrador, "todos los recursos humanos de la Nación podrán ser objeto de movilización, de forma gradual y proporcionada, con el fin de satisfacer las necesidades extraordinarias de personal de las Fuerzas Armadas, para su empleo en caso de conflicto armado, situación de amenaza o agresión a la seguridad de España y de sus aliados o supuesto grave de riesgo, catástrofe, calamidad o desgracias públicas".

El proyecto incurre en contradicción cuando invoca, para justificar la movilización forzosa, el artículo 30 de la Constitución, que consagra el "derecho y el deber de defender a España", y a continuación dice que su objetivo es "satisfacer las necesidades de personal que exija en cada momento el cumplimiento de las misiones de las Fuerzas Armadas", que exceden de la defensa de España.

Aunque alude a situaciones de "catástrofe, calamidad o desgracias públicas", el borrador sólo menciona la incorporación a las Fuerzas Armadas y no a Protección Civil o Defensa Civil, como la legislación vigente. Tras subrayar que los reservistas que no se incorporen cuando sean llamados podrán ser sancionados penalmente, aclara que ello se entiende "sin perjuicio de lo establecido en la legislación reguladora del derecho a la objeción de conciencia".

La movilización de los mayores de edad afecta por igual a hombres y mujeres. El borrador elimina la norma actual según la cual "las mujeres no podrán ser asignadas a puestos de unidades de la fuerza, excepto si han manifestado expresamente su voluntariedad para ello". En cambio, se mantiene la actual situación de clérigos y religiosos, cuya movilización militar "se ajustará a los acuerdos o convenios de cooperación con las iglesias, confesiones y comunidades religiosas, si los hubiere" (Agosto 2003). 

EL CNI DEJA DE INVESTIGAR CASOS DE CORRUPCIÓN  

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI), antiguo Cesid, ha suprimido la división de economía y tecnología, que se dedicaba a investigar casos de corrupción política y económica como el caso KIO o las presuntas irregularidades contables y urbanísticas del Grupo Independiente Liberal (GIL) en el Ayuntamiento de Marbella, según señalan fuentes próximas al servicio secreto. La desaparición de esta división se produjo tras el nombramiento de Jorge Dezcallar como nuevo director del CNI, una nueva etapa en la que la corrupción ya no es un prioridad para el servicio secreto.

La división de economía se creó durante la etapa en la que el general Javier Calderón dirigía el Centro Superior de Información para la Defensa (Cesid) y se cerró tras el nombramiento de Dezcallar al frente del nuevo CNI, en mayo de 2001. La ley 11/2002 que regula el funcionamiento del servicio secreto creó la comisión delegada del Gobierno para asuntos de inteligencia que propone al presidente del Ejecutivo los objetivos anuales que se incluyen en la denominada Directiva de Inteligencia. Ésta, así como la organización y estructura interna del CNI, son secretas. Los agentes que trabajaban en la división de economía tenían diversos cometidos, pero su misión principal fue la investigación de presuntos delitos protagonizados por funcionarios públicos en el terreno económico y urbanístico. Se trataba de anticiparse al escándalo y alertar al Gobierno antes de que estos casos trascendieran a la opinión pública. Algunas de sus actuaciones se saldaron con el cese de funcionarios sin que afloraran los casos a la prensa (Agosto 2003).

DEFENSA VENDERÁ PROPIEDADES PARA ADQUIRIR MATERIAL DE GUERRA POR 4.176 MILLONES

El Consejo de Ministros decide dar vía libre a cuatro importantes programas de armamento por un total de 4.176 millones de euros. Defensa piensa financiar ese gasto con la venta de propiedades en desuso. En los próximos años se construirán 24 helicópteros de combate, 4 submarinos, 1 megabuque de proyección estratégica y 212 tanques modelo Pizarro. Al optar por los helicópteros europeos Tigre frente a los Apache de EE UU se garantiza la creación de una industria permanente en España para su construcción, según destacó el ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa (Septiembre 2003).

DEFENSA OFRECE EN SUBASTA SUELO PÚBLICO CUYA RECALIFICACIÓN ESTÁ PARALIZADA

El Plan aprobado por el Consejo de Ministros para la compra de armamento por 4.176 millones de euros se financiaría con las ventas de terrenos militares en desuso y con presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología. Defensa matiza ahora que de las ventas de suelo sólo saldrá "una ínfima parte", mientras que el PSOE califica de "especulativo" el sistema elegido: la subasta al mejor postor del suelo. Defensa ofrece en subasta en la actualidad nueve fincas por las que espera sacar 180 millones de euros. La recalificación de algunas de ellas se halla paralizada. Mucho suelo tendrá que vender Defensa para sufragar los 4.176 millones que ha decidido invertir en la compra de 24 helicópteros Tigre, cuatro submarinos, un buque para transportar 1.200 soldados y 212 vehículos de combate Pizarro. Las subastas de suelo previstas oficialmente (más de un millón de metros cuadrados repartidos entre Madrid, Barcelona, Zaragoza y Valladolid) parten de una valoración de apenas 180 millones de euros. Pero Defensa no se ha limitado a poner en venta sus terrenos como un agente privado más: ha negociado con las corporaciones locales para lograr recalificaciones o aumentar su edificabilidad. Es el caso de la finca de 933.000 metros cuadrados que Defensa posee en Alcorcón, al sur del polígono industrial El Ventorro. La operación de venta, aprobada por el Consejo de Ministros en noviembre de 2002, hasta ahora figuraba en la página web de Defensa como una de las dos previstas en Alcorcón (Madrid), y la de mayor importe en toda España. Sin embargo, la recalificación de esos terrenos estaba vetada desde enero de 2002 por el Gobierno regional madrileño. La finca está definida como suelo no urbanizable en el planeamiento vigente, de 1999. La anterior corporación de Alcorcón (PP) intentó cambiarlo en dos ocasiones a suelo urbanizable. El Gobierno de Alberto Ruiz-Gallardón no toleró tal cambio urbanístico solicitado por Defensa para "permitir su transmisión futura al Ayuntamiento". Los sucesivos intentos de la corporación, capitaneada por Pablo Zúñiga -objeto de querellas por parte del PSOE y la Fiscalía de Madrid-, fueron frenados en varias ocasiones, la última en marzo de 2003, por la Comunidad de Madrid, lo que motivó la retirada en abril del expediente por el equipo saliente. El PSOE de Alcorcón lo denunció: afirmó que era "un pelotazo vender por 64 millones de euros unos terrenos cuyo valor catastral era de apenas 7.000 euros". "El ministerio, por unos terrenos cuyo valor catastral es de una peseta el metro cuadrado, pretende dar un pelotazo y venderlos a más de 10.000 pesetas el metro cuadrado, sin importarle que eso encarezca la vivienda". "El Gobierno de la nación, en lugar de decidir que estas plusvalías reviertan en los ciudadanos de Alcorcón y dedicar los terrenos a una política de vivienda pública que frenen los exorbitantes precios actuales, ha decidido participar en el negocio y dar un enorme pelotazo y que los ciudadanos de Alcorcón financien las actividades y gastos de Defensa", señaló el equipo de Gobierno de Alcorcón. En Valladolid, Defensa logró que una finca destinada a dependencias militares lograse un uso residencial, con una "edificabilidad lucrativa" de 123.453 metros cuadrados, mientras que ahora sólo había 6.744 metros cuadrados de superficie construida (Septiembre 2003).

 ALCORCÓN RECLAMA A DEFENSA QUE DEVUELVA AL MUNICIPIO LA FINCA QUE QUIERE SUBASTAR

El equipo de Gobierno de Alcorcón (Madrid), formado por PSOE e IU, va a solicitar al Ministerio de Defensa que devuelva el cerca del millón de metros cuadrados que pretende subastar en el municipio. Según el regidor, el socialista Enrique Cascallana, estos solares fueron cedidos en su día al ministerio, por lo que "es lógico que ahora sean propiedad de todos los alcorconeros". El consistorio calcula que en esa parcela de 970.000 metros cuadrados podrían ser construidas 4.000 viviendas sociales. Cascallana criticó que el valor catastral del metro cuadrado de la parcela de Defensa (conocida como Terrenos de la Línea de Artillería) sea de un céntimo y que ahora, en la subasta de Defensa, tenga un precio de salida superior a 69 euros. El consistorio tiene previsto aprobar una moción el próximo pleno en el que instará a Defensa que paralice la subasta e inicie la reversión de los terrenos a manos municipales. "Es vergonzoso que la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid prohíba la subasta de terrenos a los ayuntamientos y que otro organismo público, como es el Ministerio de Defensa, opte por este sistema. Esta fórmula de financiar la compra de armamento con la venta de terrenos es un auténtico atropello para los intereses de los vecinos de Alcorcón", añadió el regidor socialista. El valor del cerca del millón de metros cuadrados es enorme, ya que en las proximidades el Banco Santander Central Hispano (SCH) está levantando su ciudad bancaria, por lo que los adquirientes de las parcelas podrían destinarlas a viviendas de lujo con un alto coste. Según Cascallana, esto impediría que la mayoría de los vecinos de Alcorcón pudieran acceder a esas viviendas, a pesar de que el terreno fue suyo antaño (Septiembre 2003).

LA PRESENCIA DE UN SUBMARINO NUCLEAR EN GIBRALTAR SUSCITA NUEVAS PROTESTAS   

La presencia del submarino nuclear británico Turbulent en aguas del puerto de Gibraltar volvió a suscitar críticas contra el Gobierno entre ecologistas y representantes de los municipios de la Bahía de Algeciras. El portavoz del Ministerio de Defensa británico en la colonia, Gareth Flowers, aseguró que la visita del sumergible, de la clase Trafalgar, es rutinaria. Pero su llegada coincidió con la realización, 24 horas antes, de un simulacro de incidente nuclear en el mismo muelle donde permanece atracado. El capitán Flowers aseguró que el Turbulent "no tiene ningún problema a bordo" y que "el simulacro de incidente nuclear estaba previsto hace seis meses". El sumergible es similar al Tireless, que llegó a Gibraltar el 19 de mayo de 2000 y permaneció averiado más de un año en el mismo fondeadero en el que ahora se encuentra su hermano gemelo. El portavoz de Verdemar-Ecologistas en Acción, Antonio Muñoz, exigió al Ministerio de Asuntos Exteriores "que informe sobre el empleo que se está dando a la base naval de Gibraltar". Carlos Bravo, portavoz de Greenpeace, manifestó que "el Turbulent posee el récord de accidentes entre los buques de su clase y supone un auténtico riesgo para la población" (Octubre 2003). 

AZNAR INSTA AL EJÉRCITO A QUE SE PREPARE PARA ACOMETER ATAQUES "ANTICIPATORIOS"  

José María Aznar, defendió ante la cúpula de las Fuerzas Armadas y los futuros generales de los tres ejércitos -los 141 mandos que están realizando el curso de capacitación para el generalato- la doctrina de la guerra preventiva contra el terrorismo internacional, a la que denominó eufemísticamente "acciones de carácter anticipatorio" y les pidió que se preparen para acometerlas. Al mismo tiempo, expresó su recelo hacia la eficacia de las organizaciones internacionales de seguridad y su apuesta prioritaria por la relación bilateral de España con Estados Unidos.

"Permítanme compartir con ustedes mi visión de lo que está naciendo y la orientación estratégica que debe marcarse a las Fuerzas Armadas para este medio internacional emergente", dijo. Obvió, sin embargo, que la orientación estratégica de las Fuerzas Armadas españolas viene marcada por un documento, la Revisión Estratégica de la Defensa, que se aprobó en diciembre pasado, con la vocación de durar hasta el año 2015, y cuyo contenido fue consensuado por el Gobierno en el Parlamento con el PSOE, Coalición canaria y Convergència i Unió (CiU). Aznar se apartó de dicho documento, el único válido oficialmente en España hasta ahora, cuando defendió la "anticipación en la acción" o guerra preventiva, un concepto que fue excluido de la Revisión Estratégica durante su largo periodo de elaboración, casi dos años. "Después de lo ocurrido en otros países", argumento, refiriéndose a los ataques contra EE UU del 11 de septiembre, "el sentido de la anticipación en la acción es una parte más del sentido de la responsabilidad que le incumbe al gobernante". Más adelante volvió sobre esta doctrina al afirmar que la eficacia en la lucha contra grupos terroristas que podrían dotarse de armas de destrucción masiva "lleva al supuesto de emprender acciones de carácter anticipatorio, aunque estén restringidas a casos determinados" (Octubre 2003).  

LAS FUERZAS ARMADAS HAN PERDIDO CASI 6.000 SOLDADOS EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS   

Las Fuerzas Armadas han perdido casi 6.000 soldados y marineros profesionales, cerca del 10% de los 70.160 efectivos de tropa con que cuentan, en los últimos dos años. Así se deduce del Informe sobre el cumplimiento del proceso de profesionalización de las Fuerzas Armadas en el año 2002 y objetivos para 2003 que, con 10 meses de retraso, ha remitido el Ministerio de Defensa al Parlamento y de su comparación con los documentos de años anteriores. Dada la tardanza en enviarlo, es muy difícil que pueda celebrarse el preceptivo debate monográfico en la Comisión de Defensa del Congreso. Pese a que la falta de efectivos de tropa y marinería es el problema más grave al que se enfrentan los ejércitos, como admitió Aznar en la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas (ESFAS), el informe remitido por Defensa pasa de puntillas sobre la cuestión. De los casi 70 folios que componen sus anexos, sólo uno está dedicado a la evolución de los efectivos de tropa y marinería profesional. El informe explica, por ejemplo, que el año pasado disminuyó en 223 la cifra de mandos y en 351 la de militares de carrera, pero no dice cuál fue la reducción del número de soldados. En el gráfico puede verse que a 1 de enero de 2003 había 70.160 soldados profesionales, y un año antes, 72.790, por lo que la pérdida en términos netos sería de 2.630. Sin embargo, el informe correspondiente a 2001 aseguraba que a 31 de diciembre de ese año había 74.513 soldados profesionales. ¿Cómo pudieron perderse 1.723 en sólo 24 horas? La explicación está en que, cuando quiere hinchar las cifras, Defensa contabiliza los alumnos de los centros de formación, que aún no son militares, pues no han firmado su compromiso, y en muchos casos ni siquiera llegan a firmarlo. El servicio militar obligatorio se suprimió en España el 31 de diciembre de 2001, pero la mayor cifra de soldados profesionales se alcanzó un año antes, cuando había 76.126 efectivos, según el informe correspondiente al año 2000. Desde ese momento, la reducción ha sido continua y cada vez más acentuada, hasta el punto de que ahora hay casi 6.000 soldados menos que entonces (Octubre 2003).

DEFENSA DESCUBRIÓ EN 2002 SOBREPRECIOS EN SUS COMPRAS DE CONTENEDORES Y SIGUIÓ PAGÁNDOLOS   

El Ministerio de Defensa anuló en octubre de 2002 un concurso de contenedores para transportar mercancías o alojar personal (shelters) por considerar excesivos sus precios. Sin embargo, tras esa orden siguió pagando precios incluso superiores a los anulados. La beneficiaria siempre ha sido SPA (Servicios y Proyectos Avanzados), que suma 144 contratos de Defensa desde 1995 por un monto de 123 millones de euros, en su mayoría negociados y sin publicidad. SPA puja ahora por los 183 millones de la modernización del Transporte Oruga Acorazado (TOA), concurso cuestionado por la oposición.

El 3 de julio de 2002, la dirección general de Armamento y Material de Defensa convocó un concurso para la elección de un modelo de shelter homologado que debía mantenerse siete años. La empresa ganadora vendería a Defensa todos los shelter durante dicho plazo. El concurso fijaba los precios: Shelter básico Nato II (73.000 euros); shelter básico S-250/E con protección para ataques nucleares, bacteriológicos o químicos (70.500); shelter básico S-250/E (67.000); shelter básico S-788 (62.000); y remolques grupo electrógeno de 8 kilovatios (20.000) y 15 kilovatios (25.000).

El concurso debía fallarse el 15 de octubre de 2002. Sin embargo, once días antes, el 4 de octubre, Defensa lo anuló. Y lo hizo con argumentos tan inusuales como contundentes: "Habiéndose detectado importantes diferencias entre lo que parecen ser precios de mercado y los datos que obraban en esta Administración y que sirvieron para fijar los precios límite que figuran en el expediente, lo que de continuar con la tramitación del mismo originaría una situación desfavorable para los intereses públicos de la Administración, resulta obligada la aplicación del artículo 105 de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por lo que en su virtud se acuerda revocar la resolución del órgano de contratación". Según empresarios del sector, todos los precios ofertados por Defensa en el concurso anulado presentaban un alto porcentaje de incremento sobre su coste real de mercado: shelter Nato II (del 38% a 48%); shelter S-250 E (del 35% a 46%); shelter S-788 (38,7% a 52%), y los grupos electrógenos (8,4% a 25,1%).

La fulminante orden de Defensa no indicaba por qué el ministerio fijaba precios en el concurso tan por encima de mercado. Pero hay una aparente explicación que sale del mero cotejo del BOE: eran los precios que Defensa venía pagando por ese material, contrato tras contrato. Por ejemplo, ya en septiembre de 2001, Defensa adquirió dos shelter Nato II a un precio por unidad de 75.847 euros a la firma SPA. Es decir, 2.847 euros más caros de lo que dos años más tarde consideraría un precio desorbitado.

El 20 de septiembre de 2002, Defensa compraba a SPA seis shelter Nato II y cuatro remolques electrógenos por un monto total de 555.134 euros. Este coste superaba también los precios máximos por unidad que Defensa declararía excesivos apenas unos días después.

Pero más sorprendente es queDefensa, tras descubrir los sobreprecios, siguió pagándolos. El 8 de agosto de 2003, Defensa adquiría dos shelter Nato II por un importe unitario de 79.700 euros SPA. Es decir, 6.700 euros más caro de lo que denunció un año antes como precio desorbitado.

No sólo chirría el cotejo del precio pagado por Defensa y el precio anulado en materia de compra de shelters. También saltan chispas al analizar los precios pagados por los grupos electrógenos. El 2 de julio de 2002, Defensa compraba seis grupos electrógenos de 12 kilovatios a un precio por unidad de 28.802 euros. Superaba con creces todos los precios que poco tiempo después denunciaría el ministerio.

Defensa, tras detectar en octubre de 2002 el sobreprecio en tarifas que afectaban a productos adquiridos previamente a SPA como los shelter o los grupos electrógenos, ha otorgado a esta compañía 24 contratos más, varios de ellos sobre shelters, y en su mayoría por procedimiento negociado sin publicidad.

Desde 1995, esta firma ha logrado 144 contratos del Ministerio de Defensa -adjudicados raramente mediante concursos abiertos-, y por un monto de 123 millones de euros (Noviembre 2003).  

DEFENSA RECONOCE QUE NO SE CORRIGIERON IRREGULARIDADES DENUNCIADAS EN LOS VUELOS   

La investigación interna del Ministerio de Defensa sobre el accidente del Yakovlev 42 en el que murieron 62 militares el pasado 26 de mayo en Trabzon (Turquía) admite que las quejas elevadas por los mandos sobre irregularidades de los vuelos en aviones ex soviéticos, algunas de las cuales afectaban a su seguridad, no sirvieron para corregirlas, "a la vista de la reiteración en determinados incumplimientos". El informe apunta a la responsabilidad de la agencia NAMSA de la OTAN en las anomalías al recordar su papel de "vigilante del exacto cumplimiento" del contrato. El 28 de mayo, dos días después de la tragedia, el ministro Federico Trillo-Figueroa encargó "una información previa con objeto de investigar las circunstancias relacionadas con el accidente" del Yak-42. Como instructor fue designado el coronel Ricardo Fortún y como secretario, el comandante Alberto Ruiz de los Paños. Sus conclusiones se plasman en un informe de 43 folios, fechado en diciembre pasado. El documento no analiza las causas directas del accidente, con el argumento de que está "sometido a la investigación de las autoridades judiciales turcas", aunque agrega que las conclusiones preliminares de la Comisión de Investigación Técnica "apuntan al error humano de la tripulación en la maniobra de aproximación al aeropuerto". En cambio, se centra en revisar el proceso que llevó a poner en manos de una compañía ucrania, UM Air, a través de la agencia NAMSA de la OTAN, el traslado de los militares españoles que regresaban tras cuatro meses de misión en Afganistán. Lógicamente, el texto exculpa a Defensa y afirma que "ningún reproche puede hacerse" a la decisión de fletar los vuelos a través de la OTAN: "Una organización internacional de la que formamos parte, con una misión específica [...] y una larga experiencia", aunque reconoce que había "otras alternativas". También sostiene que, a pesar de que no se aplicó la legislación española sobre contratos públicos, el proceso de adjudicación se hizo con "transparencia, legitimidad y conocimiento por todos los interesados". Agrega que la cadena de subcontrataciones (NAMSA adjudicó a Chapman, que subcontrató a Volga Dnepr, que lo hizo a UM Air) no significa, "por sí misma, menoscabo en la seguridad de los vuelos" (Enero 2004).  

ASCENDIDO A GENERAL BLAS PIÑAR, ARRESTADO EN 1981 POR UN MANIFIESTO GOLPISTA  

El Consejo de Ministros ascendió a general de brigada del Ejército de Tierra al coronel Blas Piñar Gutiérrez, quien en 1981 fue arrestado y expedientado judicialmente como firmante del llamado Manifiesto de los 100, que contenía duras acusaciones a la prensa y manifestaciones de simpatía hacia los golpistas del 23-F. En septiembre de 2002, Blas Piñar recibió al Príncipe en Bosnia-Herzegovina como jefe de la Agrupación Española SPAGT XVIII.  

Como se recordará, en diciembre de 1981, el entonces capitán Piñar sufrió un arresto de dos meses como firmante del Manifiesto de los 100, un intento de utilizar a las Fuerzas Armadas para presionar al Gobierno de Leopoldo Calvo Sotelo. Aunque un centenar de mandos suscribieron el escrito difundido por Europa Press, sólo ocho -entre ellos, Blas Piñar- fueron expedientados, por considerarlos promotores de un acto colectivo de indisciplina. En diciembre de 1985, la Audiencia Nacional ordenó que se les repusiera en sus destinos, de los que habían sido separados con carácter forzoso (Enero 2004).  

EL GOBIERNO DA MARCHA ATRÁS EN EL ENVÍO DE DOS BUQUES DE GUERRA A GUINEA EN APOYO A OBIANG  

Horas después de que la fragata Canarias y el buque de aprovisionamiento de combate Patiño zarparan de la base de Rota (Cádiz), el Gobierno dio  marcha atrás en el envío de los dos buques de guerra a Guinea Ecuatorial a petición del presidente Teodoro Obiang. Aunque Defensa aseguró que se trataba de una visita "de cortesía", estuvo rodeada del máximo secreto y no se confirmó oficialmente hasta  poco antes de que se suspendiera. La que fue colonia española vive una situación inestable, con rumores de golpe de Estado, en vísperas de unas elecciones legislativas. La visita de los dos buques de guerra, según fuentes diplomáticas, se planteó durante la visita a Malabo de la ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, en noviembre pasado, pero no volvió a abordarse hasta después de Navidades. La visita, agregaron dichas fuentes, era un paso más en la creciente cooperación entre los dos países, que incluye un capítulo de seguridad, con la formación de oficiales del Ejército ecuatoguineano en España y el envío de expertos de la Guardia Civil en control de fronteras. Sin embargo, nunca hasta ahora se había producido la escala en el país de buques de guerra españoles, aunque sí de franceses y estadounidenses. Se trataba de un gesto "simbólico", según fuentes oficiales, y también de un "fuerte respaldo" al régimen de Obiang en un momento especialmente delicado, en opinión de los expertos (Enero 2004).  

EL EJÉRCITO PROFESIONAL PIERDE EN UN AÑO 2.000 SOLDADOS

El Ministerio de Defensa cifra en 68.160 los efectivos que, a 1 de enero de 2004, tenían la condición de militar profesional de tropa y marinería, 2.050 menos que a 1 de enero de 2003, según datos facilitados por la Dirección General de Reclutamiento y Enseñanza Militar en unas jornadas celebradas en la sede de la Brigada Paracaidista, en Paracuellos de Jarama (Madrid). La cifra de 68.160 militares comprende ocho de los once ciclos de selección correspondientes a 2003 y agrupa a los efectivos que superaron totalmente el periodo de formación. Según cifras facilitadas por el director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, general Gregorio López Iraola, a 1 de enero de 2003 había 70.210 militares profesionales de tropa y marinería. Según las previsiones de los Presupuestos del Estado, a 31 de diciembre de 2003 debían haberse alcanzado los 86.000 militares profesionales de tropa y marinería profesional. Para 2004, Defensa ha rebajado sus expectativas y pretende que se alcance un máximo de 80.000 militares (Enero 2004). 

ESPAÑA EXPORTÓ OBUSES A ÁFRICA Y LOS DECLARÓ COMO MUNICIÓN DE CAZA  

Intermón Oxfam, Amnistía Internacional, Greenpeace y la Escuela de Cultura de Paz, de la Universidad Autónoma de Barcelona, aseguraron  que España exportó en 2002 obuses a 10 países africanos y los declaró como munición de caza y tiro deportivo.

El Gobierno sostiene que esta munición -exportada sobre todo a Ghana, pero también a Guinea Conakry, República Centroafricana, Mauritania, Costa de Marfil, Senegal, Guinea Bissau, Angola, Burkina Faso y Camerún- no es material militar. Pero, según ha descubierto la Escuela de Cultura de Paz a través del Registro de Aduanas de la Agencia Tributaria, cada cartucho pesa unos 40 kilos y su importe es de 120 euros. El investigador Daniel Luz asegura que el cartucho de caza más pesado, para jabalíes, pesa 60 gramos; y concluye que "sin duda" son obuses. El informe Exportaciones de Armas Españolas 2002, difundido por las ONG, destaca que las ventas sumaron 274,7 millones de euros, un 18,8% más que en 2001, según los propios datos del Gobierno.

Las ONG también denuncian que el Gobierno reconoce haber exportado armamento a países en conflicto, en situación de posguerra o que no respetan los derechos humanos, lo que "contraviene el código de conducta de la UE" (Enero 2004). 

PALACIO DICE QUE LOS BUQUES DE GUERRA IBAN A GUINEA "EN MISIÓN DE COOPERACIÓN"

La ministra de Asuntos Exteriores, Ana Palacio, afirmó que los dos buques de la Armada cuya visita a Guinea Ecuatorial ha sido aplazada por el Gobierno "no iban en misión de guerra, sino de cooperación" y tenían previsto viajar, no sólo a ese país, sino también a Gabón. La suspensión del viaje de la fragata Canarias y el buque de aprovisionamiento de combate Patiño se produjo cuando ya habían zarpado. Palacio hizo estas declaraciones en Toledo, adonde se desplazó en calidad de cabeza de lista del PP al Congreso por esta provincia. Según la máxima responsable de Exteriores, "desde el punto de vista de España no tiene demasiado sentido ir a esa región y no recalar en Guinea [antigua colonia española] y por distintas circunstancias se ha estimado que es mejor esperar, que no es cancelar, que es sencillamente suspender, esperar unas semanas y realizar ese viaje tal y como estaba planteado".

El portavoz del Gobierno, Eduardo Zaplana, explicó en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros que el Ejecutivo había considerado "oportuno" aplazar la visita "hasta que se produzca el proceso electoral" en Guinea, en referencia a las elecciones legislativas que deberían celebrarse entre marzo y mayo, pero que todavía no han sido formalmente convocadas. Zaplana añadió que el aplazamiento se debió también a "los malos entendidos que se han producido en los medios de comunicación".

El viaje de los dos buques de guerra fue abortado horas después de que partieran de la base de Rota (Cádiz). Guinea Ecuatorial vive una situación inestable, con rumores de golpe de Estado, en vísperas de las elecciones previstas. La visita era un "gesto simbólico", según aseguraron fuentes oficiales ese día, y un "fuerte respaldo" al régimen del presidente Teodoro Obiang en un momento especialmente delicado, en opinión de los expertos.

A la pregunta de si los buques llevaban armamento de guerra, Palacio aseguró que "no iban en misión de guerra, sino, al revés, en misión de cooperación y tenían previsto no sólo ir a Guinea, sino también a Gabón". "Ahora, si llevaba armamento, eso son datos técnicos que se los tendría que contestar el ministro de Defensa, no inspecciono yo los buques cuando salen", apostilló la ministra (Febrero 2004).  

FRAGA DA POR HECHO QUE CAROD ERA ESPIADO Y LO JUSTIFICA POR SUS IDEAS INDEPENDENTISTAS

El presidente de la Xunta y fundador del PP, Manuel Fraga, da por sentado que lo que él denominó "los servicios de seguridad" seguían los movimientos del dimitido conseller en cap de la Generalitat y líder de Esquerra Republicana (ERC), Josep Lluís Carod Rovira. Tras asistir en A Toxa (Pontevedra) a un acto con los cabezas de lista del PP en las 52 circunscripciones españolas, presidido por Mariano Rajoy y al que acudió buena parte del Gobierno, Fraga justificó la vigilancia al político catalán por su propósito de "romper la Constitución". Como hace una semana con su defensa del alcalde popular de Toques (A Coruña), Jesús Ares, condenado por abuso sexual a una menor, Fraga volvió a colocar a su partido en una embarazosa posición. Cuando todo el Gobierno y los dirigentes del PP se habían refugiado en las evasivas para eludir la cuestión de cómo se conoció la entrevista de Carod con la dirección de ETA y quién filtró la noticia a la prensa, Fraga justificó que los servicios de inteligencia del Estado controlen a los partidos democráticos con postulados independentistas.

El presidente de la Xunta se refirió a "los que tratan de volver en contra de los servicios de seguridad" la noticia de la entrevista de Carod con ETA. "Los servicios de seguridad para eso están", argumentó Fraga. "Si hay un señor Carod Rovira que opina públicamente que hay que separarse de España, rompiendo la Constitución por su artículo 2; si opina que España es un Estado antipático, pues que sepan [los servicios de seguridad] dónde está".

Fraga también dio por buena la decisión de filtrar la noticia. "Como es natural, es la pura verdad que deben conocer todos los españoles. Y punto", sentenció. A pocos metros de donde Fraga se despachaba así, se encontraba el ministro del Interior, Ángel Acebes, quien, sin oír lo que había dicho el presidente de la Xunta, estuvo departiendo con él a continuación durante unos minutos.

Al acto electoral acababa de asistir la plana mayor del PP y del Gobierno, entre ellos el ministro de Defensa, Federico Trillo, de quien depende el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), autor del informe sobre la cita de Carod con los dirigentes terroristas (Febrero 2004).

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