Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense
de Madrid,
ingresó en la carrera judicial en 1988.
Desde 2005 es
titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid.
RESUMEN
Caso espionaje
Comunidad de Madrid
En enero de 2009, el
diario El País
destapa una supuesta trama de espionaje político en la Comunidad de Madrid
Tras numerosas denuncias, el Gobierno de Esperanza Aguirre
se ve envuelto en acusaciones de espionaje realizado por
empleados de seguridad de la Comunidad hacia miembros del mismo
gobierno, el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo
y el ex vicepresidente y ex consejero regional Alfredo Prada,
por lo que Manuel Moix,
fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM), investiga los hechos. Además, el titular del
Juzgado número 47 de Madrid, José Sierra,
abrió una causa por supuesto espionaje al vicepresidente del
Gobierno madrileño, Ignacio González González.
Las causas se fueron concentrando en el juzgado número cinco del
que es titular Carmen Valcarce. En junio de 2010, la juez vuelve
a citar al supuesto 'espía' de Esperanza Aguirre.
En julio e 2010, la jueza archiva el caso de los espías al no
poder cuantificar el dinero público que se malversó. En Marzo
del 2011 la Audiencia provincial obliga a la jueza a reabrir el caso y
hacer nuevas pruebas. En Febrero del 2012 la jueza decide por
segunda vez archivarlo.
En Mayo de ese mismo año, la Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto por segunda vez la causa
LAS
NOTICIAS
“NOS ORDENARON SEGUIR A RUIZ-GALLARDÓN”
El agente que confesó a la juez el espionaje político en Madrid
revela que hubo más “objetivos”
Los alcaldes de Getafe y Fuenlabrada, y la delegada del Gobierno,
entre las supuestas víctimas
El guardia civil José Oreja, fichado como asesor de Seguridad en
la Comunidad de Madrid e imputado en el caso del espionaje político
ordenado por el Gobierno de Esperanza Aguirre, ha remitido una
declaración a la juez reconociendo los seguimientos al exvicealcalde
madrileño Manuel Cobo y al exvicepresidente segundo y exconsejero de
Justicia Alfredo Prada, y ampliando la nómina de los ilegalmente
investigados en 2008 al exalcalde de Madrid y hoy ministro de Justicia,
Alberto Ruiz-Gallardón; a la actual delegada del Gobierno en Madrid,
Cristina Cifuentes; al presidente de Arpegio (empresa pública de venta
de suelo), a dos subalternos de Prada, Fernández y Cabezas, y a los
entonces alcaldes de Getafe y Fuenlabrada (los socialistas Pedro Castro
y Manuel Robles), junto con el jefe de policía municipal de Fuenlabrada.
“Gamón y Castaño [director y subdirector general de Seguridad]
nos trasladan a principios de 2008 de forma verbal tanto a los tres
policías [fichados también como asesores de seguridad] como a los tres
guardias civiles una relación de personas a las que denominan objetivos,
de los cuales el vicepresidente D. Ignacio González [hoy presidente
autonómico] tiene especial interés en conocer sus actuaciones y
movimientos”, señala el guardia civil en el escrito firmado que su
abogado, Ramón González Bosch, remitió al juzgado este pasado 8 de
enero.
Los partes del espionaje que reveló EL PAÍS a principios de 2009
detallaban los movimientos de Prada y Cobo, incluso a medianoche, en
actos privados y fuera del alcance de ninguna agenda. Por ejemplo, se
describía la célula de seguridad del vicealcalde o cenas particulares
del consejero.
Las “notas” se hacían en Gobelas y también se vigiló a Cristina
Cifuentes
Tanto este guardia civil como José Manuel Pinto, empleado de la
Comunidad identificado pericialmente por el juzgado como autor de notas
manuscritas en los partes del espionaje, extremo que ambos niegan, han
solicitado al unísono a la juez que eleve la causa al Supremo, dado que
consideran que Francisco Granados, consejero de Interior cuando
ocurrieron los hechos, pudo cometer el delito de “omisión del deber de
impedir delitos o promover su persecución”, e Ignacio González, como
posible responsable de malversación de fondos públicos al ordenar a los
agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid una actividad ilegal.
En su exposición, el guardia civil cita las declaraciones de la
exmujer de Gamón, Yolanda Laviana, en las que denunciaba que su exmarido
solo reportaba a Ignacio González sobre los seguimientos ilegales.
El agente explica a la juez que cuando les ordenaron los
seguimientos a los políticos por el interés que supuestamente tenía el
vicepresidente Ignacio González les pareció “una locura”. “Por dos
razones: la primera, por las personalidades de que se trata, autoridades
legalmente constituidas o designadas. Y la segunda porque, para
conseguir cualquier información relevante, habría que obtenerla de forma
irregular, es decir, mediante actuaciones delictivas”.
El agente señala que los tres guardias civiles se dirigieron al
entonces consejero de Interior, Francisco Granados, que les había
fichado, para expresarle su “repulsa” a realizar los seguimientos. Y que
este les dijo que no hicieran “ni caso”.
“Respondemos: si quieres, no le hacemos caso, pero es el que
manda en la dirección (...) Las quejas ante el consejero se vuelven a
repetir hasta en tres ocasiones, sin que se tomen medidas al respecto”,
señala. Y saca su conclusión: “La actitud del consejero nos demuestra,
lo que ya empezábamos a tener claro, que no era capaz de imponerse al
director, quien a su vez recibía y ejecutaba órdenes directas del
vicepresidente”. Ante su intento de resistirse a las órdenes ilegales,
Oreja asegura que se vieron obligados a escribir notas sobre sus
actuaciones, en alusión a los partes del espionaje. Aclara que algunas
veces los rellenaban con datos de agenda, pero otras veces se veían
obligados a estar físicamente donde estaba el objeto del espionaje.
Para conseguir la información había que realizar actos ilegales”
“Las notas se elaboraban en la dirección general de Seguridad, en
la calle de Gobelas 33, en los ordenadores que teníamos asignados. Se
entregaban en mano al director o al subdirector en sus respectivos
despachos. Sobre una de esas notas vimos escribir a Castaño”.
¿Qué ocurrió con esas notas de seguimientos ilegales cuando Gamón
fue sustituido en la dirección de la seguridad madrileña por el hoy
comisario general de Información, Enrique Barón? “Cuando se cesa a
Gamón, las notas quedan en su despacho a disposición y custodia del
nuevo director general de seguridad, Enrique Barón, teniendo constancia
de que era conocedor de su existencia”.
El guardia civil José Oreja ya testificó ante la juez en
diciembre pasado confirmando la existencia de los seguimientos ilegales.
Hasta ahora, según su confesión, había ocultado lo ocurrido en el
departamento de Seguridad de la Comunidad de Madrid por miedo a
represalias físicas a él o a su familia.
El año en que se inicia este espionaje a rivales de Esperanza
Aguirre dentro y fuera del PP es 2008, cuando desde el equipo de
confianza de la presidenta autonómica se cuestionaba el liderazgo de
Mariano Rajoy al frente del PP, tras su segunda derrota electoral de
marzo. En junio de dicho año se celebró un congreso del PP en Valencia,
donde Rajoy revalidó su poder. Pero hasta ese momento, Aguirre había
amagado con intentar arrebatarle el puesto e Ignacio González era ya su
mano derecha. Y en ese plan se hacía imprescindible conocer los pasos de
quienes dentro del partido en Madrid eran claramente afectos a Rajoy,
como Ruiz-Gallardón, Cobo o Prada.
La juez que investiga el espionaje político ha archivado dos
veces la causa, pero la Audiencia Provincial la ha reabierto y ordenado
que se siga investigando para determinar la cantidad malversada por
ordenar actividades ilegales a personal autonómico. En el sumario se
incluyen informes periciales que acreditan, por la localización de sus
teléfonos móviles, que tres guardias civiles y un policía nacional
siguieron a los políticos Cobo y Prada. Hay partes mecanografiados de
los seguimientos durante abril y mayo de 2008 con notas manuscritas con
datos de las personas que se relacionaban con los espiados. De momento,
la investigación no ha encontrado partes relacionados con los
seguimientos a Gallardón y los demás supuestos “objetivos”.
http://politica.elpais.com/politica/2013/01/14/actualidad/1358188484_041431.html
UN GUARDIA CIVIL CONFIESA EL ESPIONAJE QUE ORDENÓ EL GOBIERNO DE AGUIRRE
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El agente José Oreja a la juez: “Nos mandaron cometer barbaridades y me
quejé al consejero Granados”
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Manuel Cobo y Alfredo Prada, adversarios de la entonces presidenta, fueron
los espiados
La investigación judicial del supuesto espionaje político a dos
dirigentes del PP, Manuel Cobo, exvicealcalde de Madrid; y Alfredo Prada,
exconsejero de Justicia de la Comunidad, ordenado por el Gobierno de Esperanza
Aguirre y pagado con dinero público, ha dado un giro crucial para conocer
quienes fueron los miembros del Ejecutivo autónomo del PP que idearon esa
actuación ilegal aprovechando los recursos de la Administración pública.
José Oreja, uno de los guardias civiles contratado como asesor de
seguridad por el Gobierno autónomo y que según los informes periciales de la
policía estuvo haciendo los seguimientos a los dos políticos del PP, ha
confesado a la juez, casi tres años después de que estallara el escándalo, que
hizo los partes obedeciendo la ordenes del director general de Seguridad, Sergio
Gamón, y que su jefe político directo, el entonces consejero de Interior y hoy
senador, Francisco Granados, estaba al tanto de lo que sucedía.
En su declaración, el guardia civil declara a la juez que hasta
ahora no había confesado por “miedo”, porque temía “quedarse sin trabajo” y
porque tenía que “estar dos años y un día de excedencia en la Guardia Civil”.
Oreja detalla a la juez cómo entre enero y junio de 2008 —en los
meses previos al congreso nacional del PP donde Esperanza Aguirre amagaba con
disputarle el poder a Mariano Rajoy— “Gamón [director general de Seguridad] y
Castaño [número dos del departamento] nos mandaron cometer esas barbaridades”,
en relación al espionaje a Cobo y a Prada.
“Nosotros nos quejamos al consejero de Interior, señor Granados,
que nos dijo que nos negáramos a hacer lo que nos habían mandado y que no nos
preocupáramos. Nos negamos y no lo hicimos pero Castaño y Gamón continuaron
ordenándonos lo mismo”, declaró Oreja. “Yo sólo iba a los sitios en que sabía
que iban a ir también Castaño y Gamón, y si sabía que no iban a ir, yo no iba
tampoco. Nos pidieron que informáramos por escrito, hicimos los informes a
máquina, sin membrete y no los firmamos. Esas notas se las entregábamos a Gamón
y a Castaño”.
Los informes de la policía basados en la posición de los
teléfonos móviles de este guardia civil y de otros dos compañeros, guardias
civiles también contratados como asesores de Seguridad en la Comunidad de
Madrid, sostuvieron que al menos en abril y mayo de 2008 —únicos meses de los
que se pidieron datos a Telefónica—, Oreja y los otros dos agentes siguieron a
Prada y Cobo no solamente en sus actos públicos sino también en sus actividades
privadas. Había seguimientos pasada la medianoche, cuando Prada cenaba con su
mujer y su hija en un restaurante determinado. De ese espionaje quedó constancia
por escrito en unos partes mecanografiados. Prada y Cobo eran entonces
adversarios políticos de Aguirre dentro del propio PP. Meses después del
espionaje, Aguirre destituyó a Prada como consejero.
La fiscalía mostró al guardia civil Oreja una fotocopia de los
partes del espionaje y este reconoció ante la juez: “Tienen la misma forma que
los reales. Yo identificaba a Prada como "P" entrecomillado. En los partes a
veces copiaba la agenda y otras veces ponía lo que era indispensable. Aunque
dudo de la realidad de los mismos dado que he visto a Castaño escribir sobre
ellos”.
El guardia civil que ha confesado ahora que sus jefes de la
Consejería de Interior le ordenaron espiar a los políticos Cobo y Prada defiende
que la letra manuscrita que aparece en algunos partes, donde se identificaban
matrículas de vehículos y se identificaba a sus propietarios, no es de José
Manuel Pinto, funcionario de la Comunidad de Madrid imputado en la causa por que
hay una pericial caligráfica que asegura que escribió en esos partes aunque él
no estuvo en los seguimientos, sino de Castaño, el número dos de la dirección
general de Seguridad.
Los dirigentes políticos de la Comunidad de Madrid llegaron a
justificar el seguimiento a Prada en que los agentes hacían contravigilancias.
El guardia civil niega haber hecho “ni vigilancia ni contravigilancia a nadie”
para a continuación recordar que pese a que el consejero Granados les decía que
no obedecieran al director general, Sergio Gamón, “el que mandaba era el señor
Gamón”.
“Pregunté al señor Gamón si existían órdenes de otras personas y
me respondió que tenía especial interés el actual presidente de la Comunidad de
Madrid [Ignacio González]”. Yo no pregunté más porque me parecía que era una
locura”, declaró el guardia civil José Oreja a la juez.
Esta confesión que apunta a González, entonces vicepresidente de
la Comunidad de Madrid, coincide con la que hizo la exmujer de Sergio Gamón: “Mi
exmarido ya investigaba desde 2006 a Prada para Ignacio González”.
A raíz de aquella declaración, la exmujer de Gamón fue despedida
como secretaria de Telemadrid y Gamón fue apartado de un cargo en la Comunidad
de Madrid en el que cobraba 90.000 euros.
Las declaraciones del guardia civil José Oreja así como las
distintas pruebas recabadas en el sumario sitúan a dos altos dirigentes del PP
en el punto de mira de la investigación judicial como responsables últimos del
espionaje ilegal pagado con fondos públicos. Uno de ellos, Granados, es
actualmente senador, con lo que cualquier imputación pasa por el Tribunal
Supremo y la juez debería inhibirse en el caso.
http://politica.elpais.com/politica/2012/12/20/actualidad/1356008337_272581.html
UN IMPUTADO DENUNCIA A LA POLICÍA EL ESPIONAJE POLÍTICO DEL GOBIERNO AGUIRRE
“Granados nos dijo en su despacho que los partes de seguimiento
los hizo el subdirector de Seguridad”, declara un funcionario de la Consejería
de Interior
La supuesta trama de espionaje político pagada con fondos
públicos de la Comunidad de Madrid para seguir a dos cargos del PP, ambos
adversarios de la entonces presidenta Esperanza Aguirre dentro de su propio
partido —Alfredo Prada (su consejero de Justicia, al que acabó destituyendo) y
Manuel Cobo (ex vicealcalde de Madrid)— fue montada desde la consejería de
Interior, según la denuncia presentada ante la Unidad de Asuntos Internos de la
Policía Nacional por el funcionario autonómico José Manuel Pinto, imputado en el
caso.
Es la primera vez desde que estalló el escándalo que uno de los
implicados en el mismo, trabajador del departamento autonómico donde
supuestamente se organizó la trama ilegal de espionaje, detalla a la policía —y
el próximo miércoles lo hará ante la juez que lleva el caso—, cómo ocurrieron
los hechos. La denuncia de Pinto, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, fue
incorporada el pasado 25 de junio al sumario que se instruye desde 2009 en el
juzgado de instrucción 5 de Madrid, cuya titular ha archivado la causa en dos
ocasiones, las mismas que ha sido reabierta por la Audiencia Provincial al
considerar que existen indicios de delito en la actuación de los supuestos
espías.
José Manuel Pinto es el único de los cinco imputados —hay tres ex
guardias civiles y un ex policía nacional— que no fue contratado a dedo por los
gobernantes del PP ni tenía categoría de alto cargo o asesor cuando ocurrieron
los hechos, sino que ganó su plaza por oposición en la dirección general de
seguridad ciudadana hace más de 25 años.
El denunciante es el único implicado que no fue colocado a dedo
por el PP
Pinto, según la investigación policial y judicial basada en el
posicionamiento de los teléfonos móviles de los supuestos espías, nunca estuvo
en las labores de seguimiento a Prada y Cobo —como sí lo hicieron tres ex
guardias civiles y un ex policía nacional— aunque se le atribuye en un informe
pericial caligráfico que fue él quien escribió de su puño y letra diversos datos
de vehículos y sus propietarios. Lo hizo sobre los partes mecanografiados (véase
una copia de tres de esos escritos en esta página), supuestamente elaborados por
los ex guardias civiles que recogían la actividad y los encuentros de los dos
políticos del PP, las personas con las que se reunían y, cuando los agentes no
podían identificarlas, las características físicas de las mismas.
Pinto negó hace dos años a la juez esos hechos y ahora, en su
denuncia contra los peritos calígrafos de la policía que le atribuyeron la
autoría de la letra, apunta por primera vez quién fue, según él, “la persona que
realizó los partes de seguimiento de varias personalidades de la Comunidad de
Madrid”. Pinto señala a Miguel Castaño, número dos del departamento de Seguridad
de la Comunidad de Madrid, un cargo de confianza de quien era entonces el jefe
del área, Sergio Gamón, fichado por Esperanza Aguirre.
Para apoyar su denuncia, Pinto detalla un encuentro en el
despacho del entonces consejero de Interior con al menos tres testigos. Su
confesión es la que sigue:
“Yo trabajaba en la Comunidad de Madrid con el cargo de Técnico
Especial de Seguridad de Nivel II, a las órdenes de José Palomo Gallego,
supervisor de Servicios. Ambos estábamos a las órdenes del Subdirector General
de Seguridad, Don Miguel Castaño, que entonces era Subdirector general de
Seguridad de la Comunidad de Madrid...”.
“El Consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Francisco
Granados, llamó a su asesor de Seguridad Marcos Peña al objeto de determinar el
presunto autor de los escritos y habiendo comparecido este, se llamó al señor
Castaño a los pocos días...”.
“El día de la entrevista de Castaño con Francisco Granados, en el
despacho del consejero situado en la calle de Pontejos sobre las nueve de la
mañana, yo me encontraba en una antesala de ese despacho junto a otras tres
personas: Ignacio Palacio, jefe del despacho del consejero Granados; y los
asesores de seguridad del señor Granados, Marcos Peña y José Oreja...”. “Vimos
salir del despacho al señor Castaño y posteriormente entramos los cuatro al
despacho del consejero Granados porque nos había citado antes. El señor Granados
me comunicó a mí y a las otras tres personas que el señor Castaño se había
confesado culpable de la confección de los partes de seguimiento presuntamente
realizados en la consejería de Interior y nos comunicó que buscaría un perito de
prestigio para confirmarlo”.
Pinto declaró a la policía que nunca antes había hecho estas
declaraciones ante la juez que instruye el caso porque nunca le habían
preguntado por esos hechos en concreto. La juez le ha citado para el próximo
miércoles, donde supuestamente ratificará esta versión de los hechos.
El director general de Seguridad, Sergio Gamón, jefe de Castaño y
supuesto ejecutor de la orden de espionaje a Prada y Cobo, fue destituido en
2010 cuando su ex mujer denunció que él espiaba a Prada desde 2006 por orden del
entonces vicepresidente Ignacio González, que se convertía así en sospechoso de
haber urdido el plan ilegal.
Antiguos asesores de Francisco Granados han señalado a este
periódico que Castaño nunca reconoció ser el autor de los partes de seguimiento
aunque reconocen que Pinto culpó a Castaño y le responsabilizó de las
anotaciones. Granados, que fichó como asesores a tres ex guardias civiles que
luego efectuaron el espionaje a Prada y Cobo, según la policía, no repitió en
2011 como consejero, fue despedido como secretario general del Partido Popular
de Madrid y apartado de la primera línea de la política autonómica.
La dirección del PP ordenó a sus dos cargos espiados retirarse de
la causa
José Manuel Pinto estuvo de baja un año y medio a raíz del
estallido del caso, al verse señalado como una de las piezas claves de la trama
de espionaje. Pinto pidió en 2010, ya con el alta médica, volver a su puesto de
trabajo, pero desde la consejería de Interior se le impidió regresar durante al
menos otro año y medio, según denuncia su abogado Ramón González Bosch. Por
ello, Pinto ha demandado en un juzgado de lo social a la Comunidad de Madrid por
atentar contra su derecho al trabajo.
Los dos espiados, Prada y Cobo, denunciaron los hechos al juez,
pero renunciaron a continuar en la causa por orden expresa de la dirección
nacional del Partido Popular.
http://politica.elpais.com/politica/2012/10/13/actualidad/1350152442_412016.html
IGNACIO GONZÁLEZ Y EL ‘CAÍDO’ GRANADOS SIGUEN LANZÁNDOSE LA ‘BASURA’ DEL
ESPIONAJE
Después de que 'La Gaceta' publicara que fue la jefa de prensa del PP de
Madrid cuando Francisco Granados dirigía el partido, María Victoria
Cristóbal, quien mandó espiar al vicepresidente regional, el exconsejero ha
respondido. Lo ha hecho para decir que él también fue espiado. Mientras,
González ha replicado a las palabras de su excompañero de Gobierno mostrando
su confianza en la justicia y diciendo que ha sufrido "ataques personales y
profesionales hacia mi persona".
La jefa de prensa de Granados en el PP de Madrid contrató el espionaje a
Ignacio González
Granados y el alcalde de Valdemoro, de fiesta privada en la piscina
municipal que han cerrado a los vecinos
Francisco Granados ha asegurado que todo es un “montaje” y que Método 3
también le espió a él: “Tengo los certificados que lo demuestran”, según
recoge el diario que le apuntó ayer como inductor de los seguimientos a
González, La Gaceta.
González insiste en la vía judicial
Preguntado por estas palabras y si se daba por “aludido”, González ha
declarado en palabras recogidas por EFE que “lo único que tengo que decir es
lo que he dicho siempre: confío en que las investigaciones y las actuaciones
judiciales que se están haciendo sirvan para establecer de una ver por todas
los hechos que se produjeron hace ya tiempo, y estos espionajes que he
sufrido y estas persecuciones a lo largo de este tiempo”.
Confía en que las informaciones ayuden
El vicepresidente tildó estas supuestas prácticas de “ataques personales y
profesionales hacia mi persona”. “Espero y confío que la justicia con estas
nuevas informaciones siga actuando”, ha indicado. El vicepresidente ha
recalcado además que lo que le “interesa” sobre este supuesto caso de
espionaje es “saber quién organizó todos estos dossieres de espionajes,
quién está detrás, quién lo ha pagado, por qué lo han hecho, cuál era el
objetivo”.
Apuntan a la exjefa de prensa por orden de Granados
Las declaraciones de González se han producido a raíz de una información
publicada ayer en la que el diario La Gaceta informaba de que la exjefa de
prensa del PP de Madrid, María Victoria Cristóbal, mandó espiar al
vicepresidente de la Comunidad de Madrid en el verano de 2006, cuando
Granados, hoy diputado regional y senador, ocupaba la secretaría general de
esta organización. Según el rotativo, Cristóbal contrató en el verano de
2006, por orden de Granados, los servicios de una empresa de detectives para
vigilar a altos cargos de la Comunidad.
Si se confirma, Granados “debe dimitir”
De acuerdo con el relato publicado por ese diario, la antigua responsable
de prensa se reunió con dos constructores para que se hicieran cargo de la
investigación, cuyo importe rondó los 100.000 euros, según se señala en la
información. Granados fue secretario general del PP madrileño entre 2004 y
noviembre de 2011, cuando fue relevado en el puesto por González, ‘número
dos’ de Esperanza Aguirre en el Gobierno regional. Cinco meses antes,
Aguirre destituyó a Granados como consejero de Presidencia, Justicia e
Interior. Bartolomé González, vicesecretario del PP de Madrid, ha señalado
ahora que si se demuestran esas informaciones Granados “debe dimitir”
http://www.elplural.com/2012/07/09/ignacio-gonzalez-y-el-caido-granados-siguen-lanzandose-la-basura-del-espionaje/
UN FUNCIONARIO CLAVE EN EL ESPIONAJE A ADVERSARIOS DE
AGUIRRE PIDE DECLARAR
Un funcionario que desempeñó un papel clave en la trama
de espionaje pagada por el Gobierno de la Comunidad de Madrid para seguir a
adversarios políticos de Esperanza Aguirre dentro de su propio partido, el
PP, ha pedido a la juez que instruye la causa declarar de nuevo para aclarar
algunas circunstancias del caso, en el que hay cinco personas imputadas.
La causa, archivada en dos ocasiones, se ha reabierto por
orden de la Audiencia Provincial, que ha visto suficientes indicios de
malversación de caudales públicos en la actividad de los imputados y pide
que se calcule el daño hecho a las arcas públicas para sentar a los
supuestos culpables en el banquillo. Los imputados dedicaron supuestamente
su tiempo, pagado con dinero público, y los medios de la Administración
autonómica —coches, teléfonos móviles, motos…— a un fin que no se
correspondía con sus funciones y que era ilegal.
El PP nacional abrió una investigación interna sobre los
hechos, que cerró sin concluir nada porque el caso llegó a los tribunales.
El Parlamento de la Comunidad de Madrid creó una comisión de investigación
sobre los hechos pero el PP la cerró sin que declarasen siquiera los
espiados Manuel Cobo (vicealcalde de Madrid cuando ocurrieron los hechos) y
Alfredo Prada (consejero de Justicia en los meses que fue seguido por
agentes de la Consejería de Interior). Cobo y Prada, que denunciaron los
hechos en los tribunales, no recurrieron el primer archivo y se
desentendieron del asunto por orden expresa de la dirección nacional del PP.
Solo el PSOE mantuvo vivo el caso con sus recursos para que la investigación
continuara adelante.
El funcionario clave que pide ahora declarar se llama
José Manuel Pinto y es uno de los cinco imputados en el caso. Su letra
manuscrita figura en los partes mecanografiados que reflejan el espionaje,
según un informe caligráfico de la policía científica que pidió la juez.
Pinto lo niega. De los cinco imputados es el único que no es cargo de
confianza y el que trabajaba en ese departamento de Seguridad de la
Comunidad antes de que el PP llegara al poder.
El principal acusado del espionaje se llama Sergio Gamón
y era director general de Seguridad cuando ocurrieron los hechos. El
Gobierno de Aguirre le mantuvo con un cargo directivo muy bien remunerado
hasta que la exmujer de Gamón denunció que su marido hablaba con el
vicepresidente autonómico, Ignacio González, sobre los seguimientos a otros
políticos del PP.
Tres guardias civiles fichados por el anterior consejero
de Interior, Francisco Granados, también están imputados en el caso porque
los informes facilitados por Telefónica demostraron que se encontraban en
cada momento en los lugares del espionaje que reflejan los partes, siguiendo
a Prada o a Cobo en sus actividades públicas y privadas de abril y mayo de
2008. Ambos políticos del PP se habían pronunciado esa primavera claramente
a favor de la continuidad de Rajoy al frente del partido en un momento
crítico previo al congreso de Valencia y no apoyaban a Aguirre en su amago
de liderar el PP. Aguirre despidió a Prada de su Gobierno meses después de
ser espiado.
Durante la instrucción de la causa, ninguno de los
imputados reconoció el espionaje. Los guardias civiles que seguían a Prada a
todos los sitios declararon que hacían labores de contravigilancia por
indicación de su jefe, Sergio Gamón. Este negó que se hicieran
contravigilancias o que él les diera órdenes porque eran asesores del
consejero Granados.
Pinto quiere ahora aportar a la juez nuevos datos para
esclarecer lo ocurrido. Pinto nunca estuvo en los seguimientos a Prada y
Cobo. El rastreo de sus llamadas telefónicas le sitúan siempre en su lugar
de trabajo y no en los sitios frecuentados por Prada o Cobo.
Sin embargo, el informe pericial caligráfico apunta que
Pinto escribió de su puño y letra sobre los partes que recogían las
actividades de los dos políticos.
José Manuel Pinto estuvo de baja un año y medio a raíz
del estallido del caso, al verse señalado como una de las piezas claves de
la trama. Tras esta situación, Pinto pidió en 2010, ya con el alta médica,
volver a su puesto de trabajo pero desde la consejería se le impidió
regresar durante al menos otro año y medio, según denuncia su abogado. Pese
a ello, cobró su nómina sin hacer nada. Pinto ha optado no solo por pedir
declarar de nuevo al ver que la Audiencia ha reabierto el caso sino que ha
demandado en un Juzgado de lo Social a la Comunidad de Madrid por atentar
contra su derecho al trabajo. Su abogado anuncia "grandes sorpresas" aunque
de momento la juez no le va a citar a declarar a la espera de que se
resuelva un recurso del PP contra la reapertura del caso por parte de la
Audiencia Provincial.
http://politica.elpais.com/politica/2012/06/27/actualidad/1340827942_714147.html
LA AUDIENCIA REABRE POR SEGUNDA VEZ EL CASO DEL ESPIONAJE DEL GOBIERNO AGUIRRE
Empleados autonómicos siguieron día y noche a dos adversarios de la presidenta
dentro del PP
La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto por segunda vez la causa contra
agentes de la Comunidad de Madrid que espiaron a dos cargos del PP —Alfredo
Prada, entonces vicepresidente autonómico, y Manuel Cobo, entonces vicealcalde
de Madrid—, ambos adversarios de Esperanza Aguirre dentro del partido en la
época en que fueron seguidos por al menos tres ex guardias civiles y un ex
policía nacional. Las tareas de espionaje se reflejaron en unos partes
mecanografiados sobre los que escribió distintas anotaciones un empleado público
de la Dirección General de Seguridad Ciudadana de la Comunidad de Madrid. El
espionaje tuvo lugar, al menos, entre abril y mayo de 2008, cuando el PP
nacional dirimía si el liderazgo seguía en manos de Mariano Rajoy o pasaba a
Esperanza Aguirre.
Pese a que durante la investigación judicial los informes periciales de la
policía demostraron que se habían producido seguimientos a Prada y Cobo durante
dos meses y que los partes del espionaje recogían notas manuscritas de un
empleado público de la Comunidad de Madrid, la juez del caso, Carmen Valcarce,
decidió archivar la causa, en la que estaban imputados hasta trex ex guardias
civiles fichados por el entonces consejero de Interior, Francisco Granados, un
empleado público de la dirección de Seguridad y el ex director general de
Seguridad, Sergio Gamón.
La Audiencia de Madrid ordenó en marzo de 2011 a la juez reabrir el caso al
encontrar “indicios suficientes de la comisión de un delito de malversación de
caudales públicos”. Con los presupuestos autonómicos, según los argumentos de la
Audiencia Provincial, se pagaron servicios de espionaje a dos cargos políticos
del PP. La juez consideraba imposible calcular el dinero malversado mientras la
Audiencia le explicaba cómo podía descubrir la cifra.
Pese a ello, la juez volvió a archivar en febrero de 2012 la causa, tras algunas
diligencias menores, con el argumento de que no era posible concluir que los
vehículos o teléfonos relacionados hubieran sido utilizados en los presuntos
seguimientos, pese a que todos los informes policiales y periciales así lo
concluían de manera determinante.
Desde que estalló el escándalo del espionaje político en la Comunidad de Madrid,
el Gobierno de Esperanza Aguirre, que negó los hechos desde el primer momento,
ha defenestrado a algunos de los principales sospechosos.
Sergio Gamón, al que Aguirre fichó como director general de Seguridad Ciudadana
cuando estaba casado con la secretaria de la presidente autonómica, dimitió de
su cargo un año y medio después de estallar el escándalo. Aguirre tomó esa
decisión cuando la exmujer de Gamón denunció que su marido hablaba con Ignacio
González, vicepresidente autonómico, sobre los seguimientos a los cargos del PP.
La mujer también fue despedida como secretaria de Telemadrid.
Francisco Granados, consejero de Interior que fichó a los tres ex guardias
civiles que se encargaron de seguir día y noche a Prada, y en menor medida a
Cobo, durante al menos dos meses, también fue defenestrado de su cargo en la
Comunidad de Madrid y, posteriormente, de la secretaría general del PP de
Madrid.
Ignacio González, el único de los sospechosos citado por la mujer de Gamón,
permanece en el cargo y muy reforzado tras ser elegido secretario general del PP
de Madrid. Al igual que Esperanza Aguirre, la responsable del fichaje de Sergio
Gamón como director general de Seguridad Ciudadana, el departamento bajo
sospecha de espionaje político.
http://politica.elpais.com/politica/2012/05/24/actualidad/1337876999_402693.html
LA JUEZ
ARCHIVA POR SEGUNDA VEZ EL CASO DEL ESPIONAJE A RIVALES DE AGUIRRE
La instructora mantiene los argumentos que le
tumbó la Audiencia Provincial
La juez que instruye el caso del espionaje
político en la Comunidad de Madrid pagado con fondos públicos ha
archivado este martes por segunda vez el caso. La Audiencia Provincial
de Madrid había ordenado en marzo de 2011 reabrir la causa de los
seguimientos a rivales políticos de la presidenta Esperanza Aguirre
dentro de su propio partido. Durante dos meses (abril y mayo de 2008),
tres ex guardias civiles y un ex policía nacional siguieron al
vicepresidente, Alfredo Prada, al que Aguirre destituyó solo unos meses
después de esos seguimientos; y al entonces vicealcalde de Madrid,
Manuel Cobo.
Las llamadas telefónicas de los tres ex guardias
civiles y del ex policía probaron que desde primera hora de la mañana
hasta última de la tarde seguían a Prada a todos lados. Además, unos
partes mecanografiados con anotaciones manuscritas obra de un empleado
de la dirección general de Seguridad, según un peritaje de la propia
policía, apuntalaba que se había producido espionaje político pagado con
fondos públicos.
La juez que instruyó este caso entendió que no
había quedado suficientemente probado que los espías autonómicos, todos
ellos fichados a dedo por los dirigentes del PP con un sueldo que
doblaba el de los trabajadores de la dirección general de Seguridad,
destinaran bienes públicos (teléfonos, coches, gasolinas, sus propios
salarios) “de forma principal a actividades ajenas a la función
pública”, ni que se hubieran lucrado con ello. Y además, añadía la juez
en el auto donde archivaba el caso tras más de un año de instrucción,
era “imposible determinar la cuantía que se habría destinado
indebidamente”. La Audiencia Provincial, tras estudiar la causa,
entendió que “a título indiciario se habían utilizado varios
funcionarios a los que se estaba pagando una nómina a fines ajenos a la
causa pública. Esos funcionarios habrían destinado jornadas enteras
durante muchos días al mes, los especificados en los partes, y al menos
durante tres meses a fines ajenos a la función encomendada
estatutariamente”. La Audiencia Provincial afeó también a la juez que
dijera en su auto que no era posible fijar el importe de lo defraudado.
“Con los datos que venimos adelantando”, señalaron los tres magistrados
que firmaron la resolución, “no es en absoluto descartable el grave
perjuicio para la causa pública, como tampoco es descartable hacer
evaluación del perjuicio a través de las nóminas abonadas en los días
acreditados de los seguimientos, los vehículos usados en esos días, el
combustible reportado, los consumos de móviles con sus correspondientes
facturas”. “La complejidad”, concluyó la Audiencia Provincial, “no puede
ser sinónimo de impunidad. Además, el bien jurídico de estos delitos no
tiene solo un contenido puramente económico, sino que incluye la
garantía de la confianza que se deposita en el recto actuar de la
Administración pública y en la legalidad de su actuación”.
La juez reabrió el caso, pidió los datos sobre
coches (los cuatro espías usaron tres vehículos propiedad de la
Comunidad), teléfonos, gasolina y otros gastos de los espías
autonómicos, pero volvió a archivar con la excusa de que, pese a tener
los datos de lo supuestamente malversado, “no era posible concluir que
los vehículos o teléfonos relacionados hayan sido utilizados en los
presuntos seguimientos objeto de las actuaciones, ni por tanto consumos
telefónicos o de combustible puedan estar vinculados con los hechos
imputados, ni como consecuencia de lo anterior se haya producido un
destino de los mismos ajeno a la función pública. Tampoco la prueba
practicada ha permitido concretar el importe de la defraudación y, por
ella, si ha existido”. La juez mantiene los mismos argumentos que ya
fueron tumbados por tres jueces de la Audiencia Provincial.
En la instrucción del caso, los propios agentes
autonómicos reconocieron en los interrogatorios que habían estado varios
meses siguiendo a todos los sitios al entonces vicepresidente Alfredo
Prada, aunque alegaron que lo hacían para prestarle un servicio de
contravigilancia para el que carecían de competencias.
La juez ha desestimado la petición del PSOE, que
ejerce de acusación popular en el caso, para que se identifiquen algunas
de las llamadas hechas por el supuesto jefe de los espías, Sergio Gamón,
ex director general de Seguridad al que fichó Esperanza Aguirre.
El PSM recurrirá la decisión judicial
El Partido Socialista de Madrid (PSM) recurrirá la
decisión de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid de
archivar el caso de los espías, según anunció este martes la diputada
regional socialista, Maru Menéndez, nueva vocal de la ejecutiva federal
del PSOE. “El auto no dice nada nuevo y lo vamos a recurrir”, explicó la
parlamentaria, que recordó que el caso “tiene su origen en los miembros
del PP madrileño. Tanto el exvicealcalde de Madrid Manuel Cobo como el
exvicepresidente regional Alfredo Prada llegaron a plantear que habían
temido por la seguridad de sus familias. No es algo inventado por los
socialistas”, aseguró ayer Menéndez. Asimismo, recordó que la
investigación iniciada en la Asamblea madrileña fue “cerrada en falso”
tras conocerse que el primer presidente de la misma, el exdiputado del
PP Benjamín Martín Vasco, hombre de confianza de Aguirre, había sido
imputado por su presunta implicación en el caso Gürtel.
Fuentes socialistas indicaron que el recurso
podría ser presentado directamente ante la Audiencia Provincial de
Madrid, saltándose de esta forma la apelación ante la magistrada Carmen
Valcarce. Esta decisión, considerada poco habitual, sería una muestra
del malestar generado en las filas socialistas tras el auto de la
magistrada.
Por su parte, la consejera de Presidencia y
Justicia de la Comunidad de Madrid, Regina Plañiol, manifestó este
martes que el sobreseimiento del caso “ratifica que ese montaje de los
espías ha sido absolutamente inexistente”.
Plañiol recalcó que “de nuevo” la Justicia ha
sobreseído el caso. “Por lo tanto, esto demuestra una vez más que ese
montaje de los espías que supuestamente algunos quisieron ver, no ha
existido jamás”, aseveró.
En similares términos se expresó el portavoz del
PP en la Asamblea de Madrid, Íñigo Henríquez de Luna: “Siempre hemos
defendido que no había caso y al final los tribunales nos han dado la
razón”, indicó el parlamentario, que continuó: “Nos congratulamos y
siempre respetamos las resoluciones judiciales, nos sean favorables o
no”.
www.elpais.es 14.02.12
El Gobierno de Aguirre
gastó más de 60.000 euros en los espías
La Audiencia reclama
nóminas, gastos de combustible y facturas de teléfono para evaluar
la malversación de fondos públicos- La Comunidad compró motos
potentes que aparecen en los partes de seguimiento
Al menos 60.000
euros de dinero público, según cálculos basados en el
sumario del caso, se gastó el Gobierno de Esperanza Aguirre
en las nóminas de los cinco supuestos agentes a sueldo de la
Comunidad de Madrid que espiaron al exconsejero de Justicia
Alfredo Prada y al vicealcalde de Madrid Manuel Cobo durante
abril y mayo de 2008.
La
Audiencia cree las respuestas de los espías "vagas e
imprecisas"
La
Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la juez Carmen
Valcarce, que archivó el caso del espionaje político a
cargos del PP, que recabe datos sobre el consumo de
combustible de los coches utilizados por los espías, así
como el gasto de sus teléfonos móviles durante marzo, abril
y mayo de 2008. La Audiencia Provincial, que
ve indicios de malversación de fondos
en el caso del espionaje político a cargos del PP, recuerda
que hay jurisprudencia del Tribunal Supremo, "considerando
grave perjuicio para la causa pública la utilización de un
teléfono móvil por un importe de 5.233 euros".
"La supuesta
dificultad en la fijación del importe de lo defraudado",
señala la Audiencia, "no puede querer decir impunidad...
como tampoco es descartable hacer evaluación del perjuicio a
través de las nóminas abonadas en los días acreditados de
los seguimientos".Los partes del espionaje, escritos a
máquinas y con anotaciones manuscritas que los peritos de la
policía han atribuido a uno de los imputados, revelan que
los agentes a sueldo de la Comunidad de Madrid siguieron
durante la inmensa mayoría de los días laborables de abril y
mayo al exconsejero Alfredo Prada o al vicealcalde de
Madrid, Manuel Cobo, y en ocasiones, a ambos.
Muchas veces,
los asesores de la Comunidad de Madrid no acudían a su
oficina de la Dirección General de Seguridad por las mañanas
sino que se trasladaban directamente desde sus lugares de
residencia (municipios de la periferia de Madrid) hasta las
zonas de trabajo del vicealcalde de Madrid, en la plaza de
Cibeles, y del entonces consejero de Justicia de la
Comunidad, en la calle de Miguel Ángel de Madrid.
Hay dos
partes de seguimientos fechados en marzo que, en realidad,
corresponden a abril pues hay errores en el mes, pero no en
el día ya que reflejan actividades que realmente hicieron
los dos espiados esa fecha pero no ese mes, según pudo
comprobar la investigación.
Por tanto,
para evaluar el daño patrimonial no habría que considerar
tres meses, como indica el auto de la Audiencia Provincial,
sino los dos en que, efectivamente, los agentes a sueldo de
la Comunidad de Madrid imputados en esta causa se dedicaron
mañana, tarde y noche al seguimiento de los cargos del PP.
Hasta el punto de que, en alguna ocasión, el espionaje se
prolongó hasta la madrugada a las puertas de un restaurante
donde el exconsejero Prada había acudido con su hija.
De los cinco
imputados, uno de ellos, el jefe Sergio Gamón, tenía una
nómina de 90.000 euros al año; los tres asesores del
consejero de Interior Francisco Granados cobraban casi
60.000 euros (y lo siguen haciendo porque no han sido
despedidos), mientras el empleado de la Dirección General de
Seguridad José Manuel Pinto ingresaba unos 40.000, según la
investigación. De media, los agentes cobraban algo más de
60.000 euros al año (5.000 al mes), lo que quiere decir que
los cinco imputados costaron 60.000 euros a la
Administración durante abril y mayo de 2008, cuando
dedicaron su trabajo a seguir a dos cargos del PP contrarios
a Aguirre. Los partes del espionaje acreditan que los
agentes siguieron a veces a los cargos del PP en moto. La
Consejería de Interior compró unos meses antes de que
comenzaran los seguimientos dos potentes motos capaces de
sobrepasar los 238 kilómetros por hora valoradas en 14.000
euros. El consejero Granados aseguró que se utilizaban para
"el traslado de correspondencia".
Cuando este
periódico descubrió las ocupaciones de los asesores de
Granados y de su jefe, Sergio Gamón, fichado por Esperanza
Aguirre, todos ellos negaron ante la policía que hubieran
hecho seguimientos a Prada o a Cobo en abril y mayo de 2008.
Cuando la investigación judicial descubrió a través de los
posicionamientos de sus teléfonos móviles que habían seguido
a Prada y Cobo, los supuestos espías cambiaron su versión de
los hechos ante la juez y explicaron que estaban haciendo
solo contravigilancias.
La Audiencia
considera las respuestas de los espías "imprecisas, vagas y
ausentes de credibilidad". Los tres magistrados concluyen:
"El bien jurídico de estos delitos no tiene solo un
contenido puramente económico sino que incluye la garantía
de la confianza que se deposita en el recto actuar de la
Administración pública y en la legalidad de su actuación".
www.01.04.11
La
justicia da un espaldarazo a la investigación
periodística
Los imputados por el espionaje sostenían
que EL PAÍS, periódico que destapó el
escándalo, debía revelar sus fuentes
para comprobar si eran veraces. El
tribunal considera que el trabajo
periodístico está probado y defiende el
derecho del periodista a no revelar la
fuente: "Su testimonio ha servido como
notitia criminis, que se ha visto
refrendado por la profusión de
diligencias que han ido confirmando la
credibilidad de su testimonio. El
derecho al secreto de sus fuentes es un
derecho constitucional necesario al
derecho de información y al derecho de
la opinión pública a tener una
información veraz. Es una garantía de la
democracia".
El auto de la Audiencia Provincial de
Madrid ve suficientemente identificado
al autor de las notas manuscritas de los
partes del espionaje, José Manuel Pinto,
un empleado de la Consejería de
Interior: "Los indicios existentes
contra Pinto son contundentes, existe
una pericial caligráfica, que le
considera autor de las anotaciones
manuscritas que aparecen sobre algunos
de los partes de seguimiento. (...) La
prueba pericial del gabinete de la
policía es indicio suficiente". EL PAÍS,
previamente, también identificó a Pinto
como autor de tales notas mediante dos
periciales caligráficas que contrató.
La Audiencia Provincial también confirma
los indicios de culpabilidad del jefe de
los espías, Sergio Gamón, exmáximo
responsable de seguridad. La presidenta
Esperanza Aguirre lo destituyó mucho
después de su imputación en el caso
porque la exmujer de Gamón relató a EL
PAÍS cómo su exmarido, en contacto
directo con el vicepresidente
autonómico, Ignacio González, dirigía el
equipo de espionaje.
La juez nunca llegó a citar a la
exesposa de Gamón, en contra de lo que
le pidió el PSOE. Archivó la causa sin
oírla. La mujer fue durante años
secretaria de confianza de dirigentes
del PP, también de Aguirre. Fue
despedida de Telemadrid tras denunciar
el espionaje de su marido.
www.elpais.es
31.03.11
El
PP estudia recusar a la ponente del auto de
reapertura del 'caso del espionaje' en la
Comunidad de Madrid
Los populares quieren impedir que la juez
intervenga en el incidente de nulidad que
plantean interponer contra la resolución de la
Audiencia de Madrid
El PP nacional
estudia pedir la recusación de la juez
Luz Almeida, la ponente del auto que
ordenó la reapertura del
caso de los espías
de la Comunidad de Madrid. En todo caso,
este sería el último paso de la
estrategia legal que tiene previsto
poner en marcha el abogado de los
populares, Juan Ramón Montero.
El letrado ya
explicó ayer que, al no haber
posibilidad de recurrir el auto,
el PP baraja
plantear un incidente de nulidad
porque, a su juicio, Almeida tiene una
"ideología socialista", abrió un
despacho de abogados junto con su
hermana Cristina Almeida, exportavoz del
PSOE en la Asamblea de Madrid, y su
nombramiento como juez suplente
únicamente fue para el curso 2009-2010,
por lo que no estaría legitimada para
intervenir en el actual proceso. Solo si
los populares decidieran plantear el
incidente de nulidad se pediría la
recusación de la juez. De este modo,
explica Montero, se impediría la
participación de Almeida en la
resolución de dicho incidente.
Pero antes de llegar a este supuesto, la
defensa del PP va a solicitar primero
una aclaración al auto, por entender que
la ponente tiene "una ideología
claramente contraria" a la de los
conservadores. No es la única aclaración
que va a pedir Montero. También va a
instar otra en relación a la
presentación del recurso que dio pie a
la reapertura del caso, por parte del
PSOE.
Montero no ha
aludido en ningún momento al hecho de
que
el auto fue
adoptado por unanimidad
por los tres magistrados que forman
parte de la Sala, ni a la circunstancia
de que el pasado 27 de julio, la
Comisión Permanente del Consejo General
del Poder Judicial acordó prorrogar para
el año judicial 2010-2011 el
nombramiento de Almeida.
www.elpais.es 31.03.11
El
Gobierno de Madrid cuestiona "la rapidez" con la que
se ha reabierto el caso del espionaje
Gallardón: "Son los tribunales los que deben
pronunciarse sobre el espionaje".- El TSJM aclara
que el Poder Judicial acordó la prórroga de Luz
Almeida como juez para todo este año judicial
El vicepresidente y
portavoz del Gobierno de Madrid, Ignacio
González, ha continuado esta mañana la línea
de defensa emprendida ayer por
segundas y terceras
espaldas del PP
tras la
reapertura del caso
del espionaje
a Manuel Cobo y Alfredo Prada en la
Audiencia Provincial de Madrid. Esta línea
no es otra que cargar contra María Luz
Almeida Castro, que dictó el auto junto a
otros dos jueces. González ha tildado de
"bastante sorprendente" la "rapidez" con la
que la juez ha reabierto el caso, al tiempo
que ha insistido en añadir a la juez el
calificativo de "abogada socialista" -es
hermana de Cristina Almeida, que fue
portavoz del grupo socialista en la
Asamblea-.
González ha cuestionado que después de año y
medio de instrucción y de que se archivara
dos veces al no existir indicio de delito
ahora, "en solo 14 días", se nombra a una
ponente -Almeida- y se abre de nuevo la
causa. A juicio del Gobierno regional, "debe
tratarse de uno de los récords mayores de la
actuación de la Justicia en un caso de esta
naturaleza". Según González, no es habitual
que a un caso como este se le de "un
tratamiento tan rápido" y que se haga
"curiosamente, basándose en un único
recurso", el que ha presentado el PSOE de
Madrid.
Según González, el
Gobierno de Madrid "respeta la resolución
judicial" pero confía en que la justicia
archive por tercera vez la causa "como lo ha
hecho las dos ocasiones anteriores". También
ha cargado contra al secretario general del
PSM, Tomás Gómez, al que ha pedido que dé
explicaciones sobre el caso Patrimonio
Siglo XXI, por el que la ex alcaldesa de
Torrejón y número dos del PSM
fue condenada a ocho
años de inhabilitación,
y deje de "pontificar" en relación al del
espionaje. Los socialistas, junto con IU,
celebraron la decisión
y reclamaron la renuncia de la presidenta
madrileña, Esperanza Aguirre, y la de su
consejero de Interior, Francisco Granados,
porque los presuntos espías trabajaban a
sueldo del Ejecutivo regional.
Granados no va a dimitir
En el mismo sentido que González hablaron
ayer el portavoz y el portavoz adjunto del
PP en la Asamblea, Pedro Muñoz Abrines, y
David Pérez, así como el abogado del PP
nacional, José Manuel Montero que, para
tratar de desacreditar la decisión judicial,
la atribuyeron a una "influencia política".
Abrines afirmó que "además de no ser titular
de carrera por oposiciones es hermana de
Cristina Almeida, que fue portavoz del grupo
socialista en la Asamblea". Cristina Almeida
defendió ayer que ni ella tiene nada que ver
ya con el PSOE, ni su hermana, que ingresó
en la sección XVI de la Audiencia Provincial
hace un año para cubrir una vacante, tiene
vínculos políticos.
Al respecto, el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) ha emitido hoy una
nota en la que aclara que en un acuerdo de
27 de julio de 2010, la Comisión Permanente
del Consejo General del Poder Judicial
"acordó prorrogar para el año judicial
2010-11 el nombramiento de magistrados
suplentes y jueces sustitutos designados
para el anterior año judicial", en los
términos de la propuesta formulada por la
Sala de Gobierno del TSJM, "propuesta que
incluía, entre otros, a María Luz Almeida
Castro". El auto también lo firman los
jueces Manuel Hidalgo Abia, presidente de la
sección XVI desde 1989, y Rosa Esperanza
Rebollo Hidalgo, titular de la misma
sección. El primero es de tendencia
conservadora y fue el ponente de la
sentencia del caso Bono, en 2006, La
juez Rebollo, que lleva siete años en la
Audiencia Provincial, también formó parte
del tribunal que juzgó y sentenció el caso
Bono. Hasta cuatro veces se ha preguntado a
González en la rueda de prensa tras el
Consejo de Gobierno por estos dos jueces
conservadores sin éxito.
Sin embargo, el
alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Alberto
Ruiz-Gallardón, se ha apartado del
argumentario de su partido, aunque ha sido
para no pronunciarse. "Son los tribunales y
no los políticos los que deben
pronunciarse", ha declarado el alcalde en
una entrevista
en la cadena Cope.
Gallardón se ha desvinculado así de la línea
defendida por su partido hasta ahora. El
alcalde de Madrid ha alegado que la
respuesta corresponde a los tribunales a
pesar de que su vicealcalde y mano derecha
fue uno de los presuntos espiados. "Cuando
se publicó la resolución de la juez
archivando el caso tanto Manuel Cobo como yo
dijimos que acatábamos la decisión de la
justicia. Ahora hay un auto de la Audiencia
de Madrid en sentido contrario y doy la
misma respuesta: por respeto, por formación
jurídica y porque también soy funcionarios,
cuando un asunto está en manos de los
tribunales, son los tribunales los que deben
pronunciarse y no los políticos", ha
concluido Gallardón.
Los principales espiados mantuvieron ayer
silencio. Cobo declinó hacer comentarios y
el exvicepresidente regional Alfredo Prada,
anterior titular de Justicia e Interior,
mantuvo su teléfono desconectado. Una
portavoz de la Consejería de Presidencia
aseguró ayer que Granados no va a dimitir
por este asunto -los presuntos seguimientos
partieron de su departamento-.
www.elpais.es
31.03.11
LA AUDIENCIA DE MADRID REABRE EL CASO DEL ESPIONAJE DEL GOBIERNO DE AGUIRRE A
SUS ADVERSARIOS EN EL PP
La sala ve "suficientes indicios" de malversación y pide a la juez que evalúe
los gastos de los cinco agentes que siguieron a Cobo y Prada
La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto el caso
del supuesto espionaje político perpetrado por ex
guardias civiles y expolicías, contratados por el Gobierno
de Esperanza Aguirre, a los dirigentes del PP,
Manuel Cobo, vicealcalde de Madrid y mano derecha de Alberto Ruiz-Gallardón, y
Alfredo Prada, exconsejero de Justicia de la Comunidad de Madrid, ambos
adversarios de la presidenta en la pugna por el liderazgo del partido ante el
congreso en el que Mariano Rajoy revalidó su cargo. La Audiencia estima un
recurso presentado por el PSOE contra el archivo del caso. Prada y Cobo, que
también tenían intención de recurrir el archivo, recibieron una llamada de Rajoy
para que renunciaran a hacerlo y acataron esa orden.
"En el estado actual de las diligencias no existen motivos para proceder al
sobreseimiento provisional y archivo de las mismas. De lo actuado aparecen
indicios suficientes de la comisión de delito de malversación de caudales
públicos por el que se sigue la causa".
El auto, que reabre la investigación judicial sobre este caso de supuesto
espionaje político pagado con fondos públicos, no se limita a exigir que la juez
Carmen Valcarce complete la batería de diligencias que dejó sin hacer antes de
dar carpetazo al asunto, sino que confirma que las pruebas
recabadas durante la investigación aportan indicios suficientes de que los
agentes al servicio del Gobierno de la Comunidad de Madrid siguieron a los dos
políticos del PP.
El presunto espionaje político se centró, a lo largo de los meses de abril y
mayo de 2008, en dirigentes del PP contrarios a la línea de Aguirre dentro de su
propio partido, que se alineaban con Mariano Rajoy ante el vital congreso que
iba a celebrar el partido tras la derrota electoral de marzo de ese año.
Pruebas suficientes
La sección 16 de la Audiencia Provincial entiende que existen pruebas
suficientes de ese espionaje político a los adversarios de Aguirre: "Los
informes policiales han llegado a determinar la autoría, a nivel indiciario de
los partes de seguimiento. A dicha conclusión se ha llegado tras una laboriosa
tarea de investigación y cruce de datos, entre los datos suministrados por la
compañía telefónica Movistar de los teléfonos de los tres asesores de seguridad
de la Comunidad de Madrid, José Luis Caro, Antonio Coronado y José Oreja, sus
posicionamientos y el texto de cada uno de los partes. (...) De dicho trabajo se
ha conseguido establecer la correlación de posicionamientos de los tres asesores
con el contenido de los seguimientos reflejados en los partes. Los
posicionamientos son coincidentes en todos y cada uno de los días, incluidos
aquellos en los que las personas objeto de seguimiento se han ausentado de
Madrid, visitando poblaciones cercanas". Los agentes Caro, Coronado y Oreja
fueron contratados a dedo por el consejero de Interior de la Comunidad y
secretario general del PP-Madrid, Francisco Granados.
La Audiencia Provincial hace un análisis del testimonio de estos tres agentes
que supuestamente espiaron a Cobo y a Prada a lo largo del tiempo: "Las
declaraciones de los tres asesores imputados en la causa por su imprecisión,
vaguedad y ausencia de credibilidad juegan como indicio en su contra. Así, lo
tres asesores negaron rotundamente cualquier relación con los hechos
investigados en su declaración en sede policial. Una vez identificados sus
teléfonos y sus posicionamientos coincidentes con los partes del seguimiento,
pasaron a tratar de justificar su presencia casual en dichos lugares. Así,
alegaron su presencia en los alrededores de Cibeles por la existencia de varias
consejerías, dato que, obviamente, no explicaría ni su presencia sistemática en
la zona, ni, mucho menos, cuando se trata de localidades de fuera de Madrid".
En Cibeles tenía su despacho el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo. Todas las
anotaciones de los partes de seguimiento relacionadas con Cobo coinciden con la
presencia de los agentes en los alrededores de su despacho que certifican los
posicionamientos de sus teléfonos móviles.
Las coartadas de los espías
Los tres magistrados de la Audiencia Provincial desmontan las coartadas de los
supuestos espías: "En los seguimientos a localidades de Madrid, explicados tras
la inicial negativa como reforzamiento de la seguridad de esas personalidades o
esos actos, son incompatibles con que dichos movimientos permanecieran ocultos a
la seguridad de los mismos y, sobre todo, son incompatibles con el hecho de que
en numerosos partes relatan haber perdido al objetivo en determinado punto, así
pues, no sabían adónde se dirigían. Es más, en algunos de los partes, se
manifiesta que han perdido el objetivo por parte de medios, pues solo tenían
cubiertas dos calles de las tres posibles, por ejemplo. Lo cual se aparta de
cualquier idea de reforzamiento de la seguridad ordinaria".
La Audiencia Provincial también señala que otro agente, José Manuel Pinto,
empleado de la Comunidad de Madrid, hizo anotaciones en los partes de
seguimiento. Pinto fue identificado por una doble pericial caligráfica encargada
por este periódico y por una tercera pericial que la juez ordenó realizar a la
policía: "Los indicios existentes contra José Manuel Pinto", señala la Audiencia
Provincial, "son igualmente contundentes, existe una pericial caligráfica que le
considera autor de las anotaciones manuscritas que aparecen sobre algunos de los
partes de seguimiento. A la causa se ha aportado pericial contradictoria que
niega su autoría en dichas anotaciones. Esta sala no debe pronunciarse sobre la
credibilidad de una u otra pericial. Ese es un tema propio de enjuiciamiento,
cuando los peritos sean sometidos a contradicción y evaluada su pericia con el
resto de las pruebas y pueda llegarse a una conclusión. Pero en este momento la
prueba pericial del gabinete de la policía es indicio suficiente".
¿Y sobre Sergio Gamón, ex director general de Seguridad y que continuó en su
puesto, protegido por Esperanza Aguirre, hasta que la exesposa de Gamón y
exsecretaria de la propia Aguirre relató a este diario que su exmarido era el
jefe del equipo de espionaje a las órdenes del vicepresidente Ignacio González?
La juez nunca citó a esa testigo, que fue despedida de Telemadrid tras ser
durante años persona de confianza de cargos del PP. El tribunal también ve
suficientes indicios de delito contra Gamón en la causa. "Los indicios
existentes contra Sergio vienen de las propias declaraciones de los asesores que
reciben de él las instrucciones, así como de su dependencia orgánica del mismo,
son sus subordinados directos".
Los cinco imputados
La Audiencia Provincial entiende que "las cinco personas imputadas tienen
carácter de funcionarios", algunos como asesores del consejero de Interior y
otros como empleados en ese departamento. "Y en virtud de esa condición tenían
la disponibilidad sobre sus teléfonos móviles, vehículos, combustible y demás
efectos necesarios para su labor como funcionarios. (...) Así pues, los indicios
existen y son suficientes para la continuación de las diligencia".
La defensa de los imputados, que ejerce el letrado Enrique Molina, reclamó
durante el procedimiento que el periodista de este diario que destapó los
seguimientos debería revelar sus fuentes en el sumario para probar su veracidad.
El tribunal considera que el trabajo periodístico está harto probado y no debe
revelar fuente alguna. "Su testimonio ha servido como nottia criminis,
que se ha visto refrendado por la profusión de diligencias que han ido
confirmando la credibilidad de su testimonio. El derecho al secreto de sus
fuentes es un derecho constitucional necesario al derecho de información y al
derecho de la opinión pública a tener una información veraz, artículo 20 de la
Constitución, es una garantía de la democracia". Y, por añadidura, "no es es el
único indicio, no estamos en fase de juicio, ni de dictar una sentencia con ese
único testimonio, ni es ilegítima la no revelación de la fuente por el
periodista".
La Audiencia Provincial pide a la juez que recabe datos sobre los gastos de los
supuestos espías para poder cuantificar la malversación de caudales públicos
antes de abrir el juicio contra los mismos.
www.elpais.es 30.03.11
COBO, PRADA Y EL PSM RECURREN EL
ARCHIVO DEL 'CASO DE LOS ESPÍAS'
El vicealcalde de la capital, uno de
los altos cargos que denunció haber sido víctima de seguimientos por parte de
empleados a sueldo de la Comunidad de Madrid, el llamado caso de los espías, ha
recurrido la decisión de la jueza de archivar la causa al no encontrar indicios
de delito. Según ha podido saber Público de fuentes jurídicas, Manuel Cobo, mano
derecha del alcalde Alberto Ruiz-Gallardón, presentó su recurso el martes.
De esta forma, la suya se une a las
impugnaciones presentadas por el PSM y por el diputado del PP Alfredo Prada, uno
de los principales colaboradores de Mariano Rajoy en su condición de director
del PP en el exterior.
La jueza Carmen Valcarce acordó el
archivo del caso al entender que no podía acreditarse que ninguno de los
imputados destinaran fondos de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior
"a actividades ajenas a la función pública". Igualmente, el auto señalaba que no
habían aparecido "indicios de la presencia de ánimo de lucro, imprescindible en
los tipos penales de malversación".
Manuel Cobo denunció haber sido
víctima de espionaje los meses de abril y mayo de 2008. También lo hizo Alfredo
Prada. En sus declaraciones ante el juez, el vicealcalde confirmó que los partes
de seguimiento de los espías a sueldo del Gobierno de Esperanza Aguirre
coincidían con su agenda de actividades.
El recurso presentado por el
vicealcalde madrileño llega días después de que el Partido Socialista de Madrid
(PSM) anunciara un recurso al archivo de esta misma causa. La principal queja de
los socialistas estriba en que la jueza no ha tenido en cuenta su demanda de
citar como testigo a la ex mujer del ex director del Seguridad de la Comunidad
de Madrid Sergio Gamón. En declaraciones a El País, Yolanda Laviana, que trabajó
como secretaria de Esperanza Aguirre en su etapa en el Senado, reconoció que
Gamón investigaba a Prada desde 2006. Y que reportaba a Ignacio González,
vicepresidente de la Comunidad de Madrid.
Además, los socialistas madrileños
consideran que el auto no ofrece ningún tipo de duda acerca de que se han
producido los seguimientos. Con este punto de partida, sostienen que sí se ha
hecho uso de dinero público para el espionaje a estos cargos conservadores. A
diferencia del recurso de los socialistas, que se presenta ante la propia jueza
instructora, el presentado por el vicealcalde de Madrid es de apelación ante la
Audiencia.
Hoy, en rueda de prensa, Ruiz-Gallardón
evitó echar más leña al fuego de este último elemento de fricción con la
Comunidad de Madrid. "Cuando se produzca una resolución definitiva por parte de
los tribunales de Justicia, todos tendremos que estar a lo que diga esa
resolución, pero mientras tanto no seré yo el que introduzca elementos de debate
político en un asunto que está sometido a consideración judicial", dijo.
Frente a ese criterio, la comunidad
mostró otro. El consejero de Presidencia, Justicia e Interior de Madrid,
Francisco Granados, admitió que Cobo, a quien la semana pasada exigió que
pidiera perdón, "está en su derecho de recurrir" el archivo, pero cargó contra
el fiscal provincial de Madrid, Eduardo Esteban.
Tras el acto de toma de posesión del
nuevo secretario de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, el consejero de Justicia acusó a Esteban de tener "un largo historial en
persecuciones y decisiones contrarias al PP, y favorables al PSOE".
A su juicio, las declaraciones en
las que Esteban explicó la forma de funcionar de la fiscalía, consistente en
que, aunque la junta de fiscales de Madrid haya decidido no recurrir, el fiscal
podía adherirse a los recursos presentados por las partes, son "sorprendentes e
inadecuadas".
"Es curioso que diga que no se han
podido acreditar los indicios de delito, pero que aun así haya que investigar
más. Esto es absolutamente contrario a un Estado de Derecho", aseguró Granados.
El PP madrileño tiene previsto presentar una queja contra el fiscal provincial
de Madrid ante la Fiscalía General del Estado y la Fiscalía Superior madrileña.
(www.publico.es,
23/07/10)
GAMÓN VIGILARÁ COMO POLICÍA EL
MUSEO DEL PRADO
Sergio Gamón, ex director general de
Seguridad del Gobierno de Aguirre, ha reingresado en el Cuerpo Nacional de
Policía y le ha sido asignada la vigilancia del Museo del Prado. Su regreso a la
actividad policial se produce después de que la juez que investigaba el caso del
espionaje por parte de agentes del Gobierno regional a sus órdenes decretara el
archivo provisional de la causa.
Semanas antes, su ex esposa, Yolanda
Laviana, le había acusado de espiar, desde que fue nombrado director general de
Seguridad en 2006 por el Gobierno madrileño, al entonces vicepresidente segundo
de la región, Alfredo Prada, de cuyo seguimiento informaba continuamente al
vicepresidente primero, Ignacio González. Esta grave acusación fue el detonante
para que Aguirre, tras un año y medio de escándalo por el espionaje, forzara su
cese como asesor con rango de director.La grave acusación de su ex esposa fue el
detonante para que Aguirre, tras un año y medio de escándalo por el espionaje,
forzara su cese como asesor con rango de director. Su salario con el Gobierno de
Aguirre superaba los 90.000 euros anuales por una labor que el PSOE nunca logró
que fuera esclarecida, y ahora, al reincorporarse como inspector al Cuerpo
Nacional de Policía, quedará en unos 36.000 euros brutos anuales.
Fuentes policiales explicaron que
Gamón tendrá la categoría de jefe de grupo del dispositivo que vigila la
pinacoteca nacional. Por encima tendrá un jefe de brigada y un jefe de sección.
Las mismas fuentes explicaron que su readmisión era obligada y automática a un
puesto en la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, en la que tuvo como
último destino la protección de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa
Fernández de la Vega.
Fuentes policiales explican que
aunque se reabriera la investigación por la que fue imputado por un supuesto
delito de malversación, por dar cobertura con fondos públicos al espionaje
sufrido por Prada y el vicealcalde Manuel Cobo, Gamón podría seguir en dicho
puesto en tanto no exista una condena firme. En medios sindicales ha causado
cierto estupor el puesto por considerarlo un destino privilegiado.
Entretanto, desde el pasado lunes ya
han presentado recursos contra el archivo judicial del caso del espionaje el
PSOE, Manuel Cobo y Alfredo Prada. Esto permitirá entrar en una segunda fase. La
fiscalía podrá estudiar su contenido para evaluar si se adhiere o no al
contenido de los mismos, lo que permitiría ejercer indirectamente su derecho a
recurrir a la decisión de la juez. Juristas consultados estiman que, en caso de
rechazo por la juez, la jurisprudencia suele marcar que los recursos sean
fallados en la instancia superior a favor de los recurrentes, siempre y cuando
sea evidente que se dejaron de practicar pruebas.
El viceconsejero de Presidencia e
Interior de la Comunidad de Madrid, Alejandro Halffter, aseguró ayer que estaba
"muy tranquilo" tras el recurso presentado por el PSM a la decisión del Juzgado
de Instrucción número 5 de Madrid de archivar el caso del presunto espionaje a
políticos.
El viceconsejero expresó su respeto
por la decisión del PSM de presentar ese recurso, que tiene como objetivo que
prosiga la investigación del eventual espionaje a políticos de la región, según
informa Efe.
(www.elpais.com,
22/07/10)
SIETE DE LAS 10 PRUEBAS VETADAS
POR LA JUEZ DEL 'CASO ESPÍAS' LAS PIDIÓ EL FISCAL EN 2009
El auto de archivo del caso de
espionaje en el Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre dictado por la juez
Carmen Valcarce se enfrenta a una cascada de recursos, tanto del PSOE como de
las víctimas en el PP de los seguimientos: el ex vicepresidente regional Alfredo
Prada y el vicealcalde, Manuel Cobo. Aún no los han presentado.
El argumento en todos ellos es, a
falta de conocer algunos detalles, que la investigación dista de estar
concluida. El recurso del PSOE sostiene que el auto supone "la obstrucción y
vulneración del derecho a la defensa", y recuerda las diez pruebas solicitadas
reiteradamente a la juez y que esta nunca atendió, sin motivar siquiera su
rechazo. Entre otras, el testimonio de Yolanda Laviana, ex esposa de uno de los
implicados, Sergio Gamón.
Afirma el PSOE que el veto de la
juez es lo que le ha impedido cuantificar la malversación, motivo aducido por
esta precisamente para archivar el caso. "En modo alguno resulta imposible,
hubiera bastado con practicar la prueba solicitada y se habría podido obtener.
Pero no se ha practicado, ignoramos por qué razón". La Fiscalía, tras estudiar
los recursos, decidirá si se adhiere a los mismos. Pero se da la circunstancia
de que siete de esas diez pruebas rechazadas fueron solicitadas el 20 de marzo
de 2009 por el fiscal jefe de Madrid, Manuel Moix.
Exigió el fiscal al Gobierno
regional el listado de vehículos oficiales (marca, modelo y matrícula) asignados
a la Dirección de Seguridad -en manos de Gamón- y al grupo de asesores
sospechosos de espionaje entre marzo a mayo de 2008; los justificantes de
reportaje; los datos de las tarjetas Solred correspondientes; y los teléfonos
móviles que usaron, junto con los detalles de sus facturas.
No obtuvo respuesta. Distintos
letrados volvieron a pedir a la juez los mismos datos, también sin éxito. "Ni
siquiera ha habido resoluciones de la inadmisión de las mismas, sino más bien
las solicitudes han sido aparcadas, sin que ni siquiera se diera traslado a las
partes y al Ministerio Fiscal para que se pronunciara sobre la validez de las
mismas", afirma el PSOE.
Los socialistas volvieron a insistir
el pasado 23 de junio; el 13 de julio la juez se dio por enterada y quedó
pendiente de "resolver lo que proceda". Dos días después de notificada esa
providencia, decretó el archivo provisional. El PSOE considera que lo hizo "de
forma precipitada e intempestiva", y concluye que "repele al derecho y al más
mínimo sentido común que una conducta de ese tipo y gravedad resulte impune".
Denuncia además la equiparación que hace la juez de la prueba caligráfica
oficial -que identifica a José Manuel Pinto, empleado de la Consejería de
Interior, como autor de las anotaciones de matrículas en los partes del
espionaje- y de la privada, que en su opinión "ni se encuentra en autos ni se ha
practicado con las debidas garantías procesales".
El PSOE ve chocante que "el
fundamento jurídico que se da al archivo sea la imposibilidad de cuantificar lo
utilizado y la dificultad de encaje en el tipo penal, aunque se da por hecho que
dichos usos se produjeron".
Porque la juez admite
"coincidencias" de los partes de los espías con los posicionamientos de los
hombres de Gamón durante los seguimientos a Cobo y Prada, revelada por sus
teléfonos móviles. Y "lo importante no es lo que hacían sino que lo que hacían
está totalmente alejado de los fines públicos y que alguien los utilizaba para
fines privados", añade el PSOE.
(www.elpais.com,
21/07/10)
AGUIRRE EVITA PEDIR A PRADA QUE
RENUNCIE AL ESCAÑO
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, no se mojó ayer a la hora de asegurar si, al igual
que su consejero Francisco Granados, considera que Alfredo Prada y Carmen
Rodríguez Flores deben dejar su escaño en la Asamblea regional una vez que el
caso de los espías ha sido archivado. "No tengo más que añadir. Fue una
reflexión suya", añadió Aguirre al ser preguntada por su opinión. Además del
vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, Prada, responsable del PP en el Exterior y
la diputada autonómica Rodríguez Flores denunciaron haber sido víctimas de los
seguimientos.
Aguirre quiso matizar que cuando
Granados solicitó a Prada y Rodríguez Flores que dejaran su escaño si les
quedaba "dignidad" y empezaran a vivir "de otra cosa", lo hizo de forma
personal, no como secretario general del PP de Madrid ni en calidad de consejero
de Presidencia, Justicia e Interior.
No obstante, la presidenta madrileña
manifestó que el archivo de este caso demuestra que su Gobierno ha actuado "con
la máxima transparencia" y que "no ha ordenado ni ha tenido conocimiento" de los
presuntos seguimientos a miembros de su partido por personal de la consejería de
Interior. "En España, las acusaciones mediáticas no son prueba, por mucho que
hayan merecido cien portadas", recalcó.
Mientras, en la dirección nacional
del PP rechazaron ayer entrar a valorar la petición del cese de Prada por parte
de Granados. González Pons zanjó la cuestión asegurando que el partido ya abrió
una investigación interna sobre este caso.
Por otra parte, preguntado sobre la
posibilidad de que el ex ministro Francisco Álvarez-Cascos sea candidato a la
presidencia de Asturias pese a la oposición de la formación regional, González
Pons hizo una llamada a la calma. Dijo que el PP designará a sus candidatos
cuando más convenga a sus intereses electorales.
(www.publico.es,
20/07/10)
LA JUEZ ARCHIVA 'EL CASO ESPÍAS'
PESE A LAS PRUEBAS DE LOS SEGUIMIENTOS
La juez Carmen Valcarce ha archivado
provisionalmente su investigación sobre el presunto espionaje cometido por
agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre contra dirigentes de su partido
desafectos a ella, como el vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y el ex
vicepresidente segundo de su Gobierno Alfredo Prada. Todos ellos del PP. La
razón principal de dicho sobreseimiento es que la magistrada se declara incapaz
de cuantificar la cuantía del dinero público que costaron tales seguimientos,
cuya existencia ni confirma ni desmiente. El auto de la juez, que sigue el mismo
hilo argumental del escrito del abogado de los acusados, puede resumirse así:
aunque hayan existido seguimientos por agentes públicos a cargos del PP no
habría delito porque no se puede concretar lo malversado.
Y, además, la juez teoriza que "el
hecho de seguir a una persona no constituye infracción penal alguna, salvo que
la información obtenida por este medio se utilice con otros fines que en si
constituyen delitos: coaccionar, chantajear, amenazar, secuestrar, etcétera".
La magistrada pone así fin a sus
pesquisas antes de que pudiera comparecer como testigo Yolanda Laviana -prueba
requerida días atrás por el PSOE-, la ex esposa del presunto jefe de los espías
de Aguirre, Sergio Gamón. Esta mujer, ex secretaria en el Senado de Aguirre,
aseguró que su ex marido siempre informaba al vicepresidente primero Ignacio
González sobre el espionaje a Prada. "La prueba propuesta por un lado solo
amplía el campo de investigación, intentando efectuar una causa general que
afecta sin base a derechos fundamentales de numerosas personas", afirma la juez.
Hay muchas más pruebas que no ha atendido antes de dar carpetazo al sumario.
La juez da por supuesto, en varios
pasajes de su auto, que los seguimientos pudieron haberse producido, pero rebaja
su categoría: "Se produjeron coincidencias de lugar de determinados teléfonos de
los señores Oreja, Caro Vinagre y Coronado Martínez [tres ex guardias civiles
asesores del consejero de Interior, Francisco Granados] con el contenido de los
citados partes [del espionaje]; sin embargo, la generalidad de los contenidos de
estos, unido a la no fiabilidad absoluta de los posicionamientos, sobre todo
aquellos que se producen en el centro de la ciudad, hace difícil determinar con
claridad suficiente la realidad de esos seguimientos".
La policía, sin embargo, solo
reflejó los posicionamientos de los móviles de los agentes que juzgó indudables
-tan fiables que la juez les imputó por tales informes- y desechó los
discutibles.
Por tanto, los restantes
posicionamientos, incluidos los seguimientos de Cobo y Prada cuando acudían a la
sede del PP o a sus despachos, fueron considerados precisos y válidos. Y los
propios tres ex guardias civiles asesores de Granados confesaron a la juez que
siguieron semanas a Prada incluso a localidades ajenas a la ciudad de Madrid,
como Chinchón o Brea de Tajo, y corroboraron su marcaje en puntos del centro
madrileño. Ahí no había confusión alguna.
Y la juez proclama que un empleado
de Granados, José Manuel Pinto, es nada menos que el autor de las notas
manuscritas en los partes del espionaje, algo que este le negó reiteradamente.
Pero la juez considera que ese dato no conduce a ningún lugar porque no puede
establecer una relación de su trabajo con el resto de los imputados.
Casualmente, tanto los tres ex
guardias imputados como Pinto estaban a las órdenes de Gamón como liberados, así
como los cuatro ex policías (José María Rodríguez, Belén Espartero, Roberto
Casielles y Miguel Castaño) a los que no ha llegado siquiera a tomar
declaración, al igual que José Palomo.
Los tres ex guardias confesaron a la
juez que recibían órdenes de Gamón para hacer sus seguimientos; y Gamón fichó a
sus ex compañeros de su época en La Moncloa como asesores.
(www.elpais.com,
16/07/10)
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El cerrojazo judicial se produce
justo cuando Yolanda Laviana, la ex mujer de Sergio Gamón, había vinculado a la
cúpula del Gobierno de Esperanza Aguirre con la trama del espionaje. Y cuando
pedía testificar sobre cómo el entonces director de seguridad de Aguirre usaba
en beneficio propio coches y motos de la Consejería de Interior y repostaba con
la tarjeta pública para sus coches privados. Ahí había un hilo para investigar
una posible malversación. Y había otro filón para escudriñar en lo que le
solicitó el abogado de Alfredo Prada: qué coches usó Gamón y su equipo, cuánto
gastó en teléfonos y en gasolina... No hubo respuesta y ahora la juez afirma que
es difícil cuantificar lo malversado en los seguimientos.
El PSOE lo cifró en dos millones.
Las defensas de las víctimas y la propia fiscalía comparten un criterio: si un
funcionario dedica su jornada a labores ajenas a su función, está malversando.
Bastaría saber su salario para saber cuánto malversa al día, al mes...
La juez emplea argumentos que, en
definitiva, benefician a los agentes imputados y asume que tienen unas funciones
cargadas de "laxitud e inconcreción". Sin embargo, Gamón y los abogados de sus
víctimas del espionaje, paradójicamente, le explicaron a la juez cuáles no
podían ser nunca, por ilegales, las funciones de los agentes que trabajaban para
Aguirre en la Comunidad: no podían realizar escoltas ni contravigilancias porque
no tienen esa competencia. Por tanto, no había ninguna razón legal para que
durante un solo segundo fueran la sombra de Cobo o Prada, y, sin embargo, lo
fueron durante horas, semanas o meses. Los posicionamientos de los agentes
imputados durante abril y mayo de 2008 lo delatan; los partes del espionaje
también, y lo corroboraron en su confesión ante la juez sobre Prada. Y tales
descubrimientos sobre su labor paralela han sido desvelados por la policía solo
cotejando algunos de los teléfonos que usaron los presuntos espías porque
Laviana había declarado que dispusieron de más de un teléfono móvil, y ha
confirmado este diario. ¿Qué posicionamientos darían el segundo o el tercer
teléfono que usaban? Tal vía está ahora cegada.
Y la juez tampoco ha concedido una
prueba clave: el listado de llamadas -imprescindible para ver si reportaba a
González- y posicionamientos del móvil de Gamón en los meses del espionaje. La
propia Laviana oyó a su ex marido que los agentes habían perdido a alguien en
las mismas fechas en que los partes anotaban que los espías habían perdido la
pista de Cobo o Prada. Pero la juez no ha dado pie a un careo o contradicción
sobre tal versión. Ha cercenado la posibilidad de que se oyera a la primera
testigo de este proceso dispuesta a ratificar la existencia del espionaje. El
caso no se archiva tras agotar la investigación, sino cuando quedaban decenas de
pruebas sin atender. Entre ellas, el interrogatorio del resto del equipo de
presuntos espías de Gamón: cuatro ex policías y el agente José Palomo.
La juez ha dado por buena una
pericial caligráfica privada al agente Pinto, "hecha de espaldas" al proceso
judicial, según la defensa de Prada, ya que no se hizo ante un testigo del
juzgado, sino ante dos cargos de Aguirre. El auto podría sentar así un grave
precedente: seguimientos ejecutados por agentes que cobran de fondos públicos
puede salir gratis penalmente.
(www.elpais.com,
16/07/10)
ESPERANZA AGUIRRE DEJA CAER AL JEFE DE LOS ESPÍAS
TRAS SER ACUSADO POR SU EX ESPOSA
Esperanza Aguirre aceptó ayer la dimisión del jefe de la trama de espionaje
político de Madrid, Sergio Gamón, ya imputado en esta causa por la juez. La
presidenta regional ha tomado esta decisión 16 meses después de que EL PAÍS
destapara el escándalo del espionaje por parte de agentes a sueldo de la
Comunidad de Madrid a los adversarios de Aguirre dentro del PP, el ex
vicepresidente regional Alfredo Prada y el vicealcalde de Madrid Manuel Cobo.
La dimisión se produce sólo 48 horas despúes de que Yolanda Laviana -ex esposa
de Gamón y ex secretaria de Aguirre cuando presidió el Senado- detallara que su
ex marido había espiado a Alfredo Prada, ex vicepresidente autonómico, desde que
fue nombrado director general de Seguridad, en mayo de 2006. Laviana precisó en
EL PAÍS que el receptor de los informes de Gamón sobre Prada era Ignacio
González, vicepresidente y mano derecha de Aguirre.
El pasado lunes, Aguirre no quiso entrar en el fondo de las declaraciones de
Laviana porque aseguró que ella -hasta ayer secretaria del presidente de
Telemadrid- vivía un "divorcio difícil". Y aunque aseguró que daba fe de que
Laviana era una "persona muy respetable", matizó que eso no le daba presunción
de credibilidad en lo que denunciaba. Pese a ello, tras ironizar que a veces de
los divorcios salen escándalos como el de Juan Guerra -hermano del ex
vicepresidente socialista implicado en presuntos tratos de favor-, afirmó que lo
investigaría y que se producirían ceses si hallaba irregularidades.
No consta si Aguirre ha hecho una investigación interna. Pero el pasado martes
por la tarde recibió a Gamón en su despacho durante una hora. No trascendió el
diálogo. Gamón salió con cara de pocos amigos. Al día siguiente, ayer miércoles,
Gamón comunicaba su dimisión, horas después de que la Presidencia de Telemadrid
despidiera a su ex esposa tras haberlo acusado de espiar al ex vicepresidente
segundo Alfredo Prada en favor del vicepresidente primero.
Aguirre no había reaccionado hasta ahora, a pesar de la acumulación de pruebas
que señalaban la existencia de la trama de espionaje. Entre ellas, dos informes
telefónicos delatando la presencia continua de varios agentes de Granados
siguiendo a Prada o al vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, en abril y mayo de
2008. O la confesión de los ex guardias, que admitieron haber seguido a Prada
por orden de Gamón noche y día durante semanas. O los partes del espionaje
difundidos por este diario, que detallaban datos reservados de imposible
obtención sin mediar los seguimientos, y que coincidían al milímetro con los
informes telefónicos y las agendas de Cobo y Prada. O la prueba pericial
caligráfica que concluyó que un empleado de la consejería de Interior, José
Manuel Pinto, era el autor de las anotaciones manuscritas en los partes, lo
mismo que aseveró una doble pericial contratada por este diario.
Ninguna de esas pruebas movió a la presidenta a actuar. Pero ahora, tras las
declaraciones de la ex mujer de Gamón, Aguirre ha admitido el cese del presunto
jefe del equipo de espías anclado en su Gobierno. Aunque no ha explicado las
razones que la han llevado a dar ese paso.
Sergio Gamón es el hombre al que ella confió su seguridad cuando era ministra de
Cultura, presidenta del Senado y luego presidenta del Gobierno de Madrid.
Aguirre sabe desde hace años lo difícil que era el divorcio de Laviana, pero
sólo ha despedido a ambos cuando su ex secretaria ha denunciando las actividades
ilegales de Gamón que ella presenció durante años.
El PSOE no está dispuesto a que Aguirre presente el caso como un conflicto
familiar, advierte la portavoz socialista, Maru Menéndez. "Es un caso muy grave.
Y lo que importa es el espionaje que ella denuncia". Por esta razón, el PSOE ha
pedido que testifique Laviana ante la juez que investiga el espionaje. Un
testimonio clave en este caso.
(www.elpais.com,
24/06/10)
TELEMADRID DESPIDE A YOLANDA LAVIANA TRAS
DENUNCIAR QUE SU EX MARIDO ESPIÓ A PRADA
Yolanda Laviana fue despedida ayer fulminantemente como secretaria del
presidente de Telemadrid, Manuel Soriano, el mismo alto cargo a favor del que
testificó cuando fue acusado de acoso sexual.
Ángel Martín Vizcaíno, subdirector de Telemadrid, le comunicó el despido. A
falta de una versión de dicha cadena, solicitada ayer sin éxito, Laviana explica
que dicho cargo le invitó a tomar un café por la mañana y le reprochó que
hubiera concedido una entrevista a EL PAÍS que detallaba las actividades
ilegales de su ex esposo, Sergio Gamón. Laviana replicó que acudió a EL PAÍS
porque nadie de los que conocían en el Gobierno de Aguirre los atropellos de
Gamón que sufría, incluido el presidente de Telemadrid y miembros del Gobierno,
le habían querido escuchar.
Martín Vizcaíno le preguntó qué pruebas tenía de las acusaciones que había
vertido contra Ignacio González, vicepresidente de Aguirre, al que Laviana había
descrito como el inductor y receptor de las investigaciones que hizo desde el
principio Gamón contra el ex vicepresidente Alfredo Prada, a pesar de que era su
jefe orgánico.
Laviana le dejó con la duda a Martín Vizcaíno. Solo le indicó que todas las
pruebas que tenía estaban en poder de su abogado. Acto seguido, este subdirector
de Telemadrid anunció que iba a despedirla porque su trabajo se había vuelto
inviable en el canal tras sus declaraciones. Vizcaíno le ofreció firmar un
despido improcedente con una indemnización de 25.000 euros. Laviana rechazó tal
acuerdo. Porque no ve razones para ser despedida tras haber sido una secretaria
leal a su jefe, como anteriormente lo fue a Esperanza Aguirre y a Juan José
Lucas cuando fueron presidentes del Senado.
Curiosamente, el pasado lunes, la propia Aguirre tildaba de "persona muy
respetable" a Laviana, al tiempo que se jactaba de ponerse siempre en favor de
la mujer en estos casos, y precisó que ella estaba viviendo un "divorcio
difícil". Dos días después, la presidenta consintió que se despidiera a la
primera persona a sueldo del aparato de la Comunidad de Madrid que es capaz de
confirmar que ha existido una trama de espionaje que fue amparada y alimentada
por Ignacio González y Francisco Granados, consejero de Interior, que lideraba
su ex esposo, Sergio Gamón, y que contaba para sus labores de un equipo de ex
policías y ex guardias civiles.
En suma, el mismo relato que la investigación judicial ha acreditado tras
destapar EL PAÍS el escándalo hace más de 16 meses.
Laviana no ha acusado a personajes de menor rango del Gobierno de Aguirre sino
que ha señalado con su dedo a subordinados de Granados que ya estaban imputados
por el espionaje. Y solo ha añadido el detalle, gran detalle, de a quién
informaba y daba cuenta Gamón de sus pesquisas ilegales sobre Prada y demás
objetivos.
(www.elpais.com,
24/06/10)
GAMÓN ESPIÓ A LA SECRETARIA QUE DENUNCIÓ AL JEFE
DE TELEMADRID, SEGÚN LAVIANA
El 9 de junio de 2005, Noelia del Val, secretaria del director de Telemadrid,
Manuel Soriano, le denuncia por acoso sexual. Dos investigaciones se ponen en
marcha. Una es transparente y legal, la dirigen un juez y un fiscal que da la
razón a la querellante. La otra, clandestina e ilegal, la dirige un inspector de
policía, Sergio Gamón, que no está al servicio del juzgado, sino del Gobierno de
Aguirre, aunque entonces ejerce de jefe de la escolta de la vicepresidenta
primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Su ex esposa, Yolanda Laviana, no solo confirma su intervención en tales
pesquisas ilegales -"hay que acercarse a ella y a su entorno y grabarle, le
decía mi marido a Ignacio González"-, sino que asegura que Aguirre le nombró
director general de seguridad por los servicios prestados en aquel escándalo. La
denuncia fue archivada por la Audiencia Provincial. Laviana, que ayer fue
despedida como secretaria de Soriano, hoy presidente de Telemadrid, por sus
acusaciones en este diario contra Gamón, está dispuesta a testificar en el
juzgado sobre el espionaje, y el PSOE ha solicitado ya su interrogatorio.
Laviana explica así el nombramiento de Gamón como director general de seguridad
de la Comunidad de Madrid en mayo de 2006. "Hoy creo que le fichó por el tema de
Noelia del Val [secretaria que denunció por acoso sexual a Manuel Soriano,
entonces director de Telemadrid].
Pensé que era un compromiso que ella tenía para recuperarlo como hombre de
confianza. Hoy creo que en el momento que se hizo fue porque lo necesitaba
conmigo para el tema de apoyo que necesitaba Soriano de investigación". Laviana
fue precisamente testigo ante el juez del caso, y apoyó durante su
interrogatorio la tesis de Soriano de que nunca sometió a acoso sexual a Noelia
del Val.
"Hoy diría lo mismo que dije entonces. Que no hubo acoso sexual". Asegura
Laviana que siempre vio que entre ambos hubo una relación muy cordial, nunca
tensa, ni de acoso. Pero tal convicción suya no excluye la brutal maniobra que
presenció en primera persona del aparato de Aguirre en contra de la denunciante
del director de Telemadrid.
¿Cuál fue el papel jugado por Gamón en ese escándalo? "Sé que a él lo llamaron
para pedirle información de cómo estaba yo y cómo veía yo el tema, y él me
acompañó en una cita que tuve con un ex policía, que decía que estaba
investigando para ayudar en el tema de Noelia del Val, para ayudar a Soriano
entiendo, y requerían de mí información sobre su vida personal y profesional. Yo
de la vida personal de Noelia sólo le contaba detalles al juez, pero es cierto
que a mi marido cuando me interrogaba, yo le contestaba. Yo, sobre la vida
privada de Noelia, sólo le hablaba a él y al juez".
¿Qué datos exigía Gamón? "Quería saber de su relación con M.F., un directivo de
Telemadrid, la relación de desequilibrio o tormentosa con su pareja, un
camionero, y cómo ella decía que había sufrido violencia de una de sus parejas".
Laviana corrobora que Del Val fue espiada por el equipo que lideraba Gamón. "De
Noelia llegó a saberse todo. Desconozco si es legal o no, o si es lo normal
cuando se recopila información sobre quien denuncia. Pero lo sabían todo". ¿Qué
es todo? "Pues cuántas veces había ido a hospitales, o si había partes médicos.
Una vez escuché que le indicaba a Ignacio González que deberían pegarse a ella
gente joven en discotecas o con su entorno, hacerlo camuflados, y grabarles, y
preguntar a su hermano en el bar".
Laviana precisa aún más detalles: "En el tema de la denuncia de acoso sexual a
Manuel Soriano, Sergio Gamón, estando con la vicepresidenta del Gobierno, es
requerido por la presidenta y Nacho González [el vicepresidente primero] para
ayudar a Soriano".
Y
añade sobre la labor de su ex marido: "Le llamaban de Sol [sede de la
presidencia regional] y se reunían con él para saber de mí y conocer mi opinión
sobre el tema y valorar la situación, pero jamás hablaron conmigo de ello, era
mi marido el encargado de interrogarme y de solicitarme información sobre
Soriano, Noelia y la situación en Telemadrid. Hoy con todos los datos que tengo
creo que hábilmente me utilizaron para tener información. Es en esas fechas y en
esta ocasión cuando le ofrecen a Gamón lo que realmente quiere, ser director
general de seguridad, y él sabe que cuenta con el beneplácito de Ignacio
González y con las reservas de Alfredo Prada [entonces consejero de Interior y
su teórico jefe}, pues le era impuesto. Por lo tanto, y desde el principio
Sergio trabajaba a las órdenes de Nacho González y para Nacho González, aunque
su jefe inmediato fuera Prada, Sergio sabía que era impuesto y estaba encantado
con esta situación. esto le endiosaba".
Laviana da más datos de los movimientos de la ofensiva contra Noelia del Val:
"El subdirector [de Telemadrid] Vizcaíno me pide que me reúna con un policía
retirado que trabaja para el PP y que va a ayudar recabando información sobre el
tema de Noelia. Me reuno en una cafetería de Pozuelo, en Kinépolis, y me pide
que lleve o escriba todo lo que recuerde de ella personal o profesionalmente,
que estuviera tranquila, que era un policía retirado que trabajaba para el PP y
estaba en el Canal de Isabel II.
Cuando nos volvemos a ver, Sergio viene conmigo, porque él ya ha hablado con la
presidenta y me acompaña, pero yo no le doy a esta persona ninguna información
sobre la vida personal de Noelia, nada más la comento con Sergio y luego con el
juez. A este señor lo vuelvo a ver en el único acto al que acompaño a Sergio en
tres años, su toma de posesión".
"Durante ese tiempo", añade Laviana, "vi cómo hablaban sobre todos los
pormenores de la vida de Noelia y de sus amigos. En los interrogatorios que me
hacía Sergio (eran eso más que conversaciones) contaba algunas de las
confidencias que Noelia hacía a su entorno de trabajo, como que se casaba a
fines de año con M.F.".
Habla Noelia del Val
El testimonio que brinda Laviana, y que obra en poder de su abogado, coincide
con la percepción que tuvo entonces Noelia del Val, la secretaria que denunció
por acoso a Manuel Soriano: "Que fui espiada, es verdad, que fui seguida, es
verdad. Me siguieron cuatro sujetos. Uno de ellos era alto y calvo. Una vez me
encaré con uno. Le dije que me dejara de seguir. Y se dio la vuelta. No puedo
decir quiénes eran, pero tengo mis sospechas, que me reservo. Usaban dos coches,
uno rojo y otro negro. Vigilaban mis citas con mi abogada y con mi psicóloga. Mi
teléfono de casa estuvo pinchado. Había interferencias cuando hablaba y me
robaron el móvil de mi despacho en Telemadrid cuando lo tenía en mi bolso. Y se
inventaron que había sufrido malos tratos de mi ex pareja".
(www.elpais.com,
24/06/10)
EL DIRECTOR DE LA PRESIDENTA
Sergio Gamón llegó a la Comunidad de Madrid en 2006, dos años después de que
Esperanza Aguirre ganase las elecciones y formase Gobierno. La presidenta
madrileña eligió entonces como consejero de Interior a Alfredo Prada, al que
hizo además vicepresidente. Aguirre, que es capaz de imponer hasta a la última
secretaria de una consejería, impuso a Prada un director general de Seguridad:
Sergio Gamón. Prada no tenía ninguna confianza en Gamón, que ya había trabajado
como jefe de Seguridad con Aguirre años antes durante su etapa en el Senado y el
Ministerio de Cultura.
La rivalidad entre Gamón y Prada floreció en poco tiempo. Prada llegó a declarar
al fiscal que Sergio Gamón le ninguneaba, le puenteaba y que actuaba por libre.
La ex esposa de Gamón asegura que su ex marido respiró cuando Aguirre quitó a
Prada de Interior. A partir de ese momento trabajó con las manos libres.
Francisco Granados, su nuevo jefe, llegó a la Consejería de Interior en 2007,
pero no cambió a Gamón porque era el director general de la presidenta. Cuando
por fin le destituyó en 2008 por el escabroso robo de un ordenador, Aguirre
exigió a Granados que le volviese a contratar. Lo hizo, aunque le apartó de
funciones, y le siguió pagando más de 90.000 euros.
(www.elpais.com,
24/06/10)
UN TESTIMONIO CLAVE QUE APUNTA AL CORAZÓN DEL
GOBIERNO REGIONAL
Yolanda Laviana lleva 11 años como secretaria de confianza de altos cargos del
PP. Primero estuvo con Esperanza Aguirre, que no solo la colocó en el despacho
de la Presidencia del Senado en 1999 sino que nombró a su marido, Sergio Gamón,
director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid en 2006 e hizo a su hija
concejal del PP en Fuenlabrada.
Aguirre siguió protegiéndola mucho después. En 2005, Laviana pasó a Telemadrid
como secretaria del director general, Manuel Soriano, ex jefe de prensa de
Aguirre. Hasta ayer, Laviana continuaba como secretaria de Soriano, pero ya en
la presidencia de Telemadrid.
Aguirre siempre ha respetado a Yolanda Laviana y ha confiado en ella. Hasta el
punto de que su testimonio resultó clave en el proceso judicial abierto a
Soriano por supuesto acoso sexual a una secretaria. Laviana, que trabajaba junto
a la denunciante, declaró a favor de Soriano. Y Aguirre reconoció el valor de
ese testimonio y pidió expresamente que se cuidara a la familia Laviana /
Gamón.
Pero ahora, cuando otro testimonio de Laviana, en pleno proceso de divorcio con
Gamón, ha puesto bajo sospecha a su vicepresidente Ignacio González, e
indirectamente a ella misma, Aguirre ha optado por despedir de Telemadrid a la
mujer en la que tanto confiaba. Un despido improcedente, según el documento que
facilitaron ayer a Laviana para ponerla de patitas en la calle.
Laviana ha declarado a EL PAÍS que su ex marido espió al que entonces era
vicepresidente regional, Alfredo Prada, e informó de todo a Ignacio González,
supuesto jefe de la trama de espionaje. Laviana salva a Granados, el consejero
de Interior bajo cuyo mandato se produjeron los espionajes conocidos a Prada y
Cobo. Aunque no del todo, pues lo considera el instrumento útil, el cómplice
necesario de su marido que le dejó hacer sin preguntarle nada. Las respuestas
había que dárselas a González.
Gamón, por otra parte, debía su puesto a una sola persona: Esperanza Aguirre. La
investigación determinará si espiaba para ella.
(www.elpais.com,
24/06/10)
DIMITE SERGIO GAMÓN, EL SUPUESTO
RESPONSABLE DEL ESPIONAJE EN MADRID
El director del Área de Seguridad de
la Comunidad de Madrid, Sergio Gamón, supuesto cerebro del espionaje a cargos
madrileños del PP, ha presentado su dimisión, según fuentes de la comunidad.
Gamón ha motivado su cese, presentado ante el consejero de Interior, Francisco
Granados, argumentando que quiere preservar su intimidad y separar su vida
personal de su vida profesional.
La dimisión de Gamón coincide con la destitución de su ex
esposa Yolanda Laviana de la dirección de Telemadrid
tras haber denunciado en EL PAIS que su ex marido
espió al vicepresidente regional Alfredo Prada desde que tomó posesión del cargo
en mayo de 2006.
El caso del espionaje político en la
Comunidad de Madrid comenzó después de que este diario revelara la existencia de
partes de seguimientos supuestamente realizados por funcionarios de la
Consejería de Interior de Esperanza Aguirre al vicealcalde de Madrid, Manuel
Cobo (mano derecha de Alberto Ruiz Gallardón, rival de Aguirre), y el ya ex
consejero Alfredo Prada. Los partes detallaban datos muy precisos sobre los
desplazamientos de ambos por Madrid capital y localidades limítrofes, reuniones
privadas, cenas.
Cobo y Prada denunciaron el supuesto
espionaje ante la justicia, que ha recabado pruebas de que empleados de la
Francisco Granados, consejero de Interior, a las órdenes de Sergio Gamón habían
estado muy cerca de los espiados en las mismas fechas que se relataban en los
partes. La justicia investiga si se utilizaron fondos públicos para estos
cometidos, lo que podría traducirse en un caso de malversación, además de en un
escándalo político en la antesala del despacho de Esperanza Aguirre.
Entre abril y mayo de 2008 está
acreditado judicialmente que miembros del grupo que dirigía Sergio Gamón (tres
ex policías y tres ex guardias civiles) fueron la sombra de Cobo y Prada. Sus
posiciones en varios puntos de la ciudad, conocidas gracias a los partes de las
compañías telefónicas sobre la situación de sus teléfonos móviles, coinciden al
milímetro con las ubicaciones en esos momentos de ambos políticos y con los
partes que publicó este diario.
La situación dio un giro esta misma
semana después de que Laviana declarase a este diario que los informes
supuestamente elaborados por Gamón sobre Alfredo Prada fueron entregados a
Ignacio González, vicepresidente de la Comunidad de Madrid y uno de los hombres
fuertes del Gobierno de Esperanza Aguirre. "Sergio empezó a investigar a Prada
casi desde su nombramiento en 2006. No tenía infraestructura pero estaba
espiando desde el principio. Ignacio González recibía anónimos y como había
entre enfrentamiento entre González y Prada... desde el principio empezó a
investigar a Prada".
20 AÑOS DE ESCOLTA EN LA POLICÍA
La carrera del inspector Manuel
Sergio Gamón Serrano estuvo siempre centrada en la escolta de personalidades
hasta que Esperanza Aguirre lo fichó como director general de Seguridad.
- Casa del Rey. Estuvo en este
destino desde 1987.
- Ministerio de Educación y Cultura.
Esperanza Aguirre se lo lleva de jefe de su escolta como ministra en 1996.
- Presidencia del Senado. Va con
Aguirre al Senado en 1999 hasta finales de 2000, cuando se va a hacer el curso
para inspector.
- Coordinador de escoltas. Desde
mediados de 2003, fue el coordinador de las escoltas del ex director general de
la Policía Carlos Conde Duque; la ex ministra de Administraciones Públicas Julia
García-Valdecasas; el ex secretario de Estado José Luis Méndez Romeu; la ex
comisaria europea, Loyola de Palacio; el ex director general de la Policía José
María Rodríguez Colorado; el ex ministro Jordi Sevilla y del ex secretario de
Estado Rafael Vera.
- Vicepresidenta del Gobierno. Entre
diciembre de 2004 y mayo 2006 fue la sombra de María Teresa Fernández de la
Vega.
(www.elpais.com,
23/06/10)
AGUIRRE DESPIDE A LA SECRETARIA
DEL PRESIDENTE DE TELEMADRID TRAS DENUNCIAR EL ESPIONAJE
La dirección de Telemadrid ha
despedido hoy a Yolanda Laviana, ex esposa del director general de Seguridad de
Madrid, Sergió Gamón, tras haber denunciado en EL PAIS que su ex marido espió al
vicepresidente regional Alfredo Prada desde que tomó posesión del cargo en mayo
de 2006. El subdirector general que le ha comunicado el cese, Ángel Martín
Vizcaíno, le ha explicado que su trabajo era inviable tras haber acudido a este
diario.
Con ello, Aguirre se cobra el primer
cese por el caso del espionaje político en la Comunidad de Madrid: mantiene en
nómina a los cuatro imputados por perpetrarlo, Gamón y tres ex guardias civiles,
pero despide a la mujer que se había ofrecido a testificar en dicha causa.
Tras la publicación de la entravista,
la propia Aguirre enmarcó las declaraciones en el proceso de divorcio que siguen
Laviana y Gamón. Laviana fue durante varios años secretaria de Aguirre cuando
era presidenta del Senado. Actualmente, era secretaria del presidente de
Telemadrid, Manuel Soriano.
(www.elpais.com,
23/06/10)
AGUIRRE DESPIDE A LA SECRETARIA
DEL PRESIDENTE DE TELEMADRID TRAS DENUNCIAR EL ESPIONAJE
El diario El País publica en su
diario digital que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
ha despedido a la que hasta ahora fue secretaria del presidente de Telemadrid,
Yolanda Laviana, por declarra a este diario que su marigo, Sergio Gamón, espió
al vicepresidente regional Alfredo Prada
Laviana había declarado que su ex
marido, Sergio Gamón, director general de Seguridad de Madrid, espió a Alfredo
Prada, l vicepresidente regional, desde que tomó posesión del cargo en mayo de
2006.
El encargado de comunicarle su cese
en la televisión autonómica fue el subdirector, Vizcaíno, quien le expresó que
su trabajo era inviable tras sus declaraciones en el citado diario, según recoje
el diario El País
Aguirre se ha cobrado a su primera
víctima tras el sonado caso del espionaje en la Comunidad de Madrid . Durante
varios años, Laviana fue secretaria de la actual presidenta madrileña cuando era
presidenta del Senado.
(www.cadenaser.com,
23/06/10)
EL PSOE PEDIRÁ QUE TESTIFIQUE LA
EX ESPOSA DEL JEFE DE LOS ESPÍAS DE AGUIRRE
Wilfredo Jurado, letrado que
defiende la acusación particular en nombre del PSOE en el caso del espionaje
presuntamente perpetrado por agentes de la Comunidad de Madrid contra el
vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, y el ex vicepresidente regional segundo,
Alfredo Prada, anunció ayer que pedirá la comparecencia como testigo de Yolanda
Laviana, ex esposa de Sergio Gamón, ex director general de Seguridad del
Gobierno de Esperanza Aguirre imputado en esta causa.
Su solicitud se produce a raíz de
que Laviana manifestara a este diario que Gamón empezó a realizar
investigaciones sobre Prada prácticamente desde su nombramiento, en mayo de
2006, como director de seguridad, y que informó siempre de sus pesquisas
extraoficiales al vicepresidente primero Ignacio González. Jurado también pedirá
que se interrogue a Miguel Castaño, ex jefe de escolta del ex ministro del
Interior del PP Jaime Mayor Oreja, al que Gamón fichó como su número dos en la
Comunidad de Madrid.
A tenor del relato de Laviana, al
principio, todas las pesquisas ajenas a su labor oficial las realizó Gamón con
Castaño. Posteriormente, según la ex esposa de Gamón, cuando Francisco Granados
asumió la Consejería de Interior, su ex esposo tuvo total "carta blanca" para
adquirir los medios y el personal de confianza que necesitaba para su labor de
obtener información sobre los objetivos que se marcaba.
Por otro lado, Jurado reiterará a la
juez la necesidad de que solicite las llamadas y las posiciones del teléfono
móvil de Gamón en los meses críticos del espionaje, abril y mayo de 2008.
Pero Laviana ha puesto en evidencia
que los informes telefónicos sobre los agentes sospechosos pueden ser
incompletos. Porque el grupo -tres ex policías y tres ex guardias civiles
contratados como asesores- que lideraba Gamón dispuso de más de un móvil por
agente. Y Gamón, en todo caso, llegó a manejar tres teléfonos móviles.
De conocerse qué otros móviles
usaron los agentes investigados, podrían ser ubicados en lugares donde hasta
ahora no se había hallado su rastro.
Aguirre evitó ayer entrar en el
fondo de las declaraciones de Laviana. Afirmó que su ex secretaria en el Senado
estaba viviendo un "divorcio muy conflictivo", sin explicar qué información
poseía al respecto para definirlo así. Agregó que ella solía ponerse de parte de
la mujer en estos casos y calificó de "muy respetable" a la ex esposa de Gamón,
para añadir que, sin embargo, todo ello no "le da presunción de credibilidad".
Laviana, sin embargo, no habló nunca de su vida conyugal.
Solo reflejó su conocimiento directo
de la labor real de Gamón desde su puesto de director general de Seguridad que,
por lo que ella presenció, no se limitó a sus competencias legales: control de
edificios y del juego. Por el contrario, según Laviana, investigó corruptelas
del Ayuntamiento de Madrid, pidió datos sobre Juan José Lucas, ex presidente del
Senado; e hizo pesquisas sobre Prada. El PSOE pedirá que comparezcan en la
Asamblea Aguirre, González y Granados.
José Manuel Pinto, empleado de
Granados, negó ayer ante la juez ser el autor de las anotaciones manuscritas en
los partes, aunque una pericial policial así lo acredita. Pinto acudió con una
pericial privada realizada en la sede de la Consejería de Interior que afirma lo
contrario.
(www.elpais.com, 22/06/10)
"GAMÓN YA INVESTIGABA DESDE 2006
A PRADA PARA IGNACIO GONZÁLEZ"
Yolanda Laviana ha sido persona de
confianza de varios altos cargos del PP en los últimos 11 años. Hoy trabaja como
secretaria del presidente de Telemadrid, Manuel Soriano, pero ya ocupó idéntico
puesto con Esperanza Aguirre y Juan José Lucas cuando estos presidieron el
Senado, entre 1999 y 2004. Laviana estuvo casada hasta 2009 con Sergio Gamón, ex
director general de Seguridad del Gobierno de Aguirre, e imputado por el
espionaje al ex vicepresidente regional Alfredo Prada y al vicealcalde
madrileño, Manuel Cobo.
Gamón fue destituido de su cargo en
agosto de 2008 por el supuesto robo de un ordenador, y contratado solo una
semana después como director del Área de Seguridad de la Comunidad de Madrid,
puesto en el que continúa. Laviana mantiene con Gamón un litigio en los
tribunales que incluye graves acusaciones contra el director de Seguridad.
"Atrévete a contarlo y verás lo que te pasa", asegura que le ha dicho Gamón.
Y ella, en presencia de un abogado
al que ha aportado un minucioso relato escrito y pruebas de cuantas actuaciones
irregulares conoce del presunto jefe del espionaje, se lo ha relatado a EL PAÍS.
Laviana cree que contar la verdad la blindará ante nuevas extorsiones de su ex
marido.
Igual que testificó en favor de
Soriano por una acusación de acoso sexual que fue archivada, Laviana está
dispuesta a ratificar su relato ante la juez del caso del espionaje. "Es la
verdad. Es lo que he vivido. Lo que me han obligado a vivir", asegura.
"Sergio", explica Laviana, "empezó a
investigar a Prada casi desde su nombramiento, en 2006. No tenía la
infraestructura, pero estaba espiando desde el principio. Ignacio González
[vicepresidente de la Comunidad y mano derecha de Aguirre] recibía anónimos, y
como había enfrentamiento entre González y Prada... desde el principio empezó a
investigar a Prada.
En diciembre de 2006 cesaron a Belén
Carratolá como directora de las Bescam [Brigadas de Seguridad de Madrid]; en
esas fechas hay muchas conversaciones entre Sergio y Belén con relación a que
Prada la había destituido por un tema de facturas; Gamón le decía a ella que a
Prada se lo iban a cargar porque lo estaban investigando y acabaría dejando de
ser consejero". En 2006, según relata la ex mujer de Gamón, hacía ese trabajo
solo con Miguel Castaño, al que fichó como subdirector: "Siempre han estado
trabajando en paralelo él y Castaño".
Laviana presenció, asegura, cómo el
principal receptor de sus informes sobre Prada fue González: "Ignacio González
era con quien hablaba mi ex marido de sus averiguaciones sobre Prada. Y le decía
que [él y su grupo] tenían que cambiar de tarjeta [de móvil] cada 15 días, que
necesitaban un segundo teléfono porque podían escuchar sus conversaciones.
También le decía que tenía que infiltrarlo en el PP para conseguir más
información".
El nombramiento de Francisco
Granados en 2007 como consejero de Interior, en sustitución de Prada, supuso un
respiro para Gamón. "Cuando nombran a Granados, él está muy contento porque lo
había pasado muy mal para adquirir información para González cuando estaba
Prada. Cuando lo nombraron me dijo que para él era tener carta blanca.
Que no iba a tener ningún problema
con Granados. No iba a ser ningún impedimento para su trabajo". Y le exigió
crear un equipo (tres ex policías y tres ex guardias). "Le dijo a Granados: ya
le podéis explicar a la jefa [Aguirre] que este trabajo no lo hago si no es con
los hombres de mi confianza. Y si no, dimito".
(www.elpais.com,
21/06/10)
"¿DÓNDE ESTÁIS? ¡JODER, YA LO
HABÉIS VUELTO A PERDER!"
Entre abril y mayo de 2008 está
acreditado judicialmente que miembros del grupo que dirigía Sergio Gamón (tres
ex policías y tres ex guardias civiles) fueron la sombra de Manuel Cobo y de
Alfredo Prada. Sus posiciones, a tenor de las señales de sus teléfonos móviles,
coinciden al milímetro con las ubicaciones de dichos dirigentes del PP y con los
partes del espionaje que publicó este periódico. En dichos escritos, los espías
a veces relatan que han perdido o no hallan a Cobo o Prada. Y anotan matrículas
-manuscritas por un empleado de la Consejería de Interior, según una prueba
pericial judicial- de las personas que se reunían con Prada.
¿A quién informaban tales espías?
Yolanda Laviana, ex mujer de Gamón, escuchó en esos meses repetidas charlas de
su ex marido con los asesores de Granados a su mando: "Hablaban de calles y de
matrículas; les decía: pues os vais allí, lo habéis perdido, pues volvéis allí.
Le decían todo lo que hacían. Cuando
le decían que lo habían perdido, le preguntaban qué hacían y él les daba las
órdenes de volver o ir a tal sitio. Le daban matrículas y las anotaba en
cualquier papel. Y él llamaba a alguien y le miraban esa matrícula. Hacían eso,
pero no solo en 2008, en 2007, pero más intensamente desde que noto ese
despliegue de infraestructura, desde que está Granados. Tiene carta blanca, lo
noto en casa. Hay motos y coches. Un poder distinto al que había antes".
"¿Dónde estáis? ¡Joder, ya lo habéis
vuelto a perder! Volved a no sé dónde...", repetía Gamón. "Les echaba la bronca
y le daban el parte de lo que estaban haciendo, y luego hablaba con Castaño:
'Estos lo han vuelto a perder".
Antes de esos hechos, cuando el
consejero de Interior era aún Alfredo Prada, Gamón pidió a su mujer una cámara
oculta, según cuenta esta. "Le dije que en Telemadrid no teníamos, que yo
supiera, pero luego por mediación de una amiga que tenía relación con otra
televisión la conseguí. Gamón escogió una que era como un bolso en bandolera, y
les expliqué a él y a Miguel Castaño su manejo. Luego me pidió una cámara de
fotos que necesitaba para trabajar".
(www.elpais.com,
21/06/10)
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