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La familia es lo que tiene ...., eso si , que parezca un concurso

" Voy a hacerle una oferta que no podrá rechazar "
 
LOS PARQUÍMETROS LLEGAN A LOS TRIBUNALES 

El juzgado número 1 de Cangas imputa al ex alcalde de la localidad un delito de falsedad documental. Acreditó oficialmente la solvencia técnica de una empresa que ganó el concurso de parquímetros de Madrid. El apoderado de la adjudicataria es amigo del delegado de Movilidad 

El juzgado de Instrucción número 1 de Cangas Do Morrazo (Pontevedra) dictó el pasado día 8 un auto por el que se cita a declarar el próximo 11 de octubre en calidad de imputado al ex alcalde de la localidad, José Enrique Sotelo (PP), por los delitos de falsedad en documento público y prevaricación.

Hasta aquí, el asunto no tiene mucho que ver con Madrid, pero la figura de Sotelo es importante para dilucidar el destino de 144 millones de euros de las arcas municipales. En concreto, los que se han ido a la adjudicación de la explotación durante 11 años de la Zona VI del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). El contrato permite que las partes prorroguen el acuerdo por otros 14. En una de las dos empresas beneficiarias trabaja como apoderado Juan Manuel Casares González, un ex alto cargo del PP y amigo del delegado de Movilidad, Pedro Calvo.

La adjudicataria fue una Unión Temporal de Empresas (UTE) conformada por Sufi S.A. (60%) e Hixiene's (40%). La primera pertenece a Sacyr y tiene acreditada su experiencia en la gestión de este campo; la segunda, aportó un documento firmado por Sotelo, con sello municipal, con el que se acreditaba que la empresa desempeñaba esta labor en su municipio desde febrero de 2001. En esta ecuación hay que introducir a Casares González, ex diputado del PP en el Parlamento gallego, ex presidente de Nuevas Generaciones (NN GG) de Galicia y, por lo tanto, ex miembro de la Junta Directiva Nacional del PP. Además de amigo de Calvo, lo es de Javier Conde, hasta el momento director general de Movilidad. Ambos fueron los responsables políticos de la adjudicación. Casares González fue el encargado de sustituir a Calvo al frente de NN GG y el delegado madrileño reconoció a este periódico, tal y como publicó el 8 de marzo de 2006, que eran amigos y que recibió una llamada suya anunciándole que se presentaría al concurso.

Para rizar el rizo, un edil del Consistorio pontevedrés, Mariano Abalo, perteneciente al Frente Popular Galego, denunció al entonces regidor por falsedad documental, ya que en Cangas «nunca ha habido parquímetros», según explicó ayer a este periódico. Además, en la denuncia se asegura que el aval técnico del regidor, «a pesar de llevar la firma del alcalde y el sello del Ayuntamiento, no figura ni existe en el Ayuntamiento de Cangas ni en el acuerdo por el que fuese encargado ni pasó por el Registro de Salida ni fue visado por el secretario». En el escrito, el edil destaca la «amistad personal» entre el dueño de la empresa que concurrió al concurso y el regidor, ya que «fueron compañeros en el Parlamento gallego entre 1997 y 1999».

El proceso de la capital ha estado jalonado por las dudas. De hecho, una de las empresas rivales de la UTE, Dornier, presentó en el registro municipal un recurso cuestionando todo el proceso, concretamente el de la Zona VI. Este área engloba ocho barrios del sur de la capital como son: Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Atocha, Adelfas y Estrella. «No se conoce experiencia alguna de la otra empresa integrante de la UTE, Hixitel Hixiene's, en el sector del estacionamiento regulado», denunciaba Dornier. El Consistorio contestó: «Respecto del cumplimiento de la solvencia técnica por parte de la segunda integrante de la UTE, la mercantil Hixiene's, se comprobó la existencia de informe suscrito por el alcalde-presidente del Ilustrísimo Ayuntamiento de Cangas (Pontevedra) de fecha de 14 de noviembre de 2005, donde se recoge literalmente 'que la sociedad Hixiene s S.L. viene realizando desde febrero de 2001 servicios para este Ayuntamiento [de limpieza y mantenimiento de edificios públicos] y de gestión de aparcamiento de vehículos, así como realizando el asesoramiento para instalación y desarrollo de las zonas de aparcamiento público (zona azul)'». Es decir, que el Consistorio le dio todo el crédito y el visto bueno.

Los documentos que componen el expediente de este concurso demuestran que la Casa de la Villa exigió en el pliego de condiciones a todas las empresas participantes, ya concurrieran solas o junto con otras, la acreditación de su solvencia técnica. El juzgado ha pedido también al Ayuntamiento de Madrid que remita «el original del informe» relativo a la «certificación expedida» por el propio Sotelo, que está en el expediente de adjudicación.

Desde la Casa de la Villa el coordinador de Movilidad, Fernando Autrán, tiene claro que el procedimiento abierto contra Sotelo «no afectará a la adjudicación». Vamos, que no se suspenderá. «Se trata de un procedimiento Penal que nada tiene que ver con el Administrativo», aclaró.

Preguntado por los filtros que estableció el Consistorio para verificar la información, dijo que se aplicaron los propios de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas y los del pliego de condiciones. Según Autrán, no es necesario que todas las empresas que conforman una UTE tengan experiencia, con que la aporte una de ellas es suficiente. ¿Por qué se precisa entonces en el pliego que se acredite esa solvencia? «Para poder identificarlas», según el coordinador de Movilidad.

Sotelo no quiso hacer declaraciones ayer y tan sólo dijo sobre el asunto del informe: «Hice lo que tenía que hacer en ese momento». En el auto, al que ha tenido acceso este periódico, se ha citado a declarar, también, aunque en calidad de testigo, al propio Casares González y al interventor municipal de Cangas.

www.elmundo.es, 27/06/07

UNA ADJUDICACIÓN POLÉMICA 

La polémica adjudicación de la gestión de una de las zonas de parquímetros a un empresa vinculada a un ex diputado regional del PP de Galicia, José Luis Casares González, sigue coleando, más de un año después de producirse, ahora en los juzgados.

La empresa Hixiene's, de la que es apoderado Casares González, se presentó en UTE con Sufi y ganó la gestión del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en ocho de los nuevos barrios de la capital en recibir a los parquímetros con la última ampliación.

Días antes de la resolución del concurso, el propio Casares González telefoneó al concejal de Movilidad, Pedro Calvo, responsable político de la licitación para comunicarle su decisión de presentarse en Madrid. Entre ambos existe, según los propios implicados, una vieja amistad ya que Casares González sustituyó a Calvo como presidente de Nuevas Generaciones del PP hace años.

El concejal de Movilidad insistió durante el proceso que él ni estuvo presente ni intervino en la adjudicación, porque «de haberlo hecho, sería considerado prevaricación». Sin embargo, algunos aspectos del concurso han sido denunciados por otra de las empresas que se presentó al concurso y por el grupo municipal socialista.

Por ejemplo, que Hixiene's modificara su objeto social el 1 de septiembre de 2005, unos pocos meses antes del concurso, para dejar de estar dedicada a la limpieza industrial e incluir en este apartado actividades diversas, entre ellas, «la gestión y el control del estacionamiento regulado en las vías públicas».

En ese momento, el capital social de la empresa del ex diputado gallego del PP era de 3.005,06 euros y disponía de 19 empleados fijos. Con estas cifras, la fuerza en la UTE la asumió Sufi.

Con La Almudena por medio

La adjudicación de este concurso fue estudiada en la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones del Ayuntamiento de Madrid donde PSOE e IU pidieron, entre otras cosas, la comparecencia de Casares González y del ex regidor de Cangas (Pontevedra). Sin embargo, la mayoría absoluta del PP impidió hasta que se formara una comisión de investigación para estudiar el concurso. Simplemente pasó por esta Comisión, en la que se escucharon las explicaciones del concejal de Movilidad y de sus responsables más directos.

A los socialistas les huele a cuerno quemado varias cuestiones. La primera, que el propio concejal firmase la autorización del expediente de adjudicación el 22 de septiembre y que lo adjudicase por razones de urgencia al tener que dar desarrollo a lo establecido en el artículo 63.2 de la Ordenanza de Movilidad «cuando este texto no se aprobó definitivamente hasta el Pleno del 26 de septiembre de 2005», según precisaron fuentes del PSOE. Tampoco les gusta que el contrato cuente con una prórroga de 15 años y que el concurso se publique en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid un sábado, 5 de noviembre, y se den 10 días naturales, con la fiesta de La Almudena de por medio para presentar ofertas. Finalmente, el procedimiento de urgencia haría que se fijase un plazo máximo de dos meses para que arrancase el servicio. Este plazo se superó.

El PSOE insiste en que en el pliego de condiciones se establece que todas las empresas tienen que justificar su trayectoria en el mundo de los parquímetros, mientras que el Ayuntamiento asegura que con que lo haga una de las dos empresas es suficiente.

www.elmundo.es, 27/06/07

LOS PARQUÍMETROS SALPICAN A AGUIRRE 

De buena fe o por aquello de hurgar un poco en la herida de Gallardón. Ahora ya da igual. La presidenta de la Comunidad de Madrid se metió hace un mes en la guerra de los parquímetros. No tenía necesidad, esa batalla no iba con ella ni con el gobierno regional. El 21 de febrero, los vecinos de los barrios afectados por la ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) le mandaron una carta pidiendo audiencia para hablar de parquímetros. Ella aceptó; puso fecha y hora. Pero el encuentro se canceló y no volvieron a hablar. 

30 días después, lo que iba a ser una mediación más o menos interesada entre el alcalde y los vecinos opuestos al SER, va camino de salpicar a la presidenta. Una veintena de miembros de los colectivos antiparquímetros de distintos barrios se plantó ayer durante todo el día en la puerta de la sede del Gobierno Regional para pedirle a Aguirre que cumpla su palabra. Y recibieron la callada por respuesta 

"Dijo que iba a recibirnos. Se lo pedimos en calidad de presidenta de la Comunidad y de presidenta del PP madrileño", recuerda Jesús Otero, uno de los líderes de la protesta. "Nos dio cita para el miércoles 7 de marzo. Pero el día 6 por la tarde me llamó uno de sus secretarios para cancelar el encuentro. No hemos vuelto a saber de ellos", denuncia Otero. 

La excusa ofrecida, cuentan los antiparquímetros, fue que la presidenta debía acudir a la inauguración de un centro de Alzheimer junto a los Reyes. Y así lo confirman fuentes del área de Presidencia. Pero el acto en cuestión se produjo, en realidad, el día después que el que se había acordado para el encuentro. Un responsable popular admitió la semana pasada en privado que la reunión se canceló por indicación de Génova para no enturbiar las relaciones con el Ayuntamiento. 

Ayer la presidenta fue bastante más explícita en un programa de Radio Nacional y ya descartó completamente la reunión. "No voy a consentir" que los grupos antiparquímetros "me utilicen para atacar al alcalde" , en cuyas manos dijo que está la competencia de este control de aparcamiento. Además, manifestó que "sería anticonstitucional" por su parte meterse en asuntos de competencia estrictamente municipal" y aseguró que así se le comunicó a los grupos antiparquímetros cuando acudieron a sede del Gobierno regional para entrevistarse con ella. 

Y como de lo que es competencia municipal se opina desde el Ayuntamiento, la presidenta de la Asamblea de Madrid, Concepción Dancausa, la mujer que Aguirre ha colado en las listas de Alberto Ruiz Gallardón, concedió a última hora de ayer una posible negociación al afirmar que "habrá que revisar la implantación y reubicación de los parquímetros en algunas zonas 

Pero a los vecinos no les interesa la bronca política. A las 11 de la mañana desplegaron su pancarta frente a la Casa de Correos: "Parquímetros en nuestros barrios no". Y tuvieron que ponerse el abrigo y los guantes, porque mientras protestaban, cayeron algunos copos de nieve. Se fueron turnando durante todo el día. Hasta las nueve. Pero hoy no vuelven. "Como parece que no va a recibirnos, estudiaremos otro tipo de medidas", anunciaron. 

(www.elpais.com, 21/03/07)

Miles de vecinos protestan en el centro contra los parquímetros  

La decisión del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, de retirar las plazas azules de tres cascos históricos de la periferia no ha apaciguado a los vecinos rebeldes. Ayer lo demostraron en una manifestación que partió de la plaza del Callao y terminó en la sede del Ayuntamiento. El Consistorio asegura que se manifestaron 400 personas, mientras que los convocantes hablaban de 5.000 madrileños antiparquímetros.

Además de ser la primera protesta conjunta de los barrios afectados tras la decisión municipal de eliminar las plazas azules de los cascos históricos de los distritos de Fuencarral, Carabanchel y Hortaleza, la otra novedad de la convocatoria la aportó la asociación de pequeñas y medianas empresas, Copyme, que por primera vez participó activamente en el movimiento contra el Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). Su presidente, Salvador Bellido, aseguró que las pérdidas de 370 millones de euros ocasionadas al pequeño comercio por la extensión de la red de parquímetros van en aumento. Bellido pedía al Ayuntamiento que suprima el SER los viernes a partir de las 15.00 y que se elimine totalmente entre el 15 de julio y el 15 de septiembre.

Manos arriba, esto es un atraco era uno de los cánticos con más éxito, junto con menciones a la madre del alcalde como la única persona que le va a votar en las próximas elecciones. Cuando la comitiva llegó a la plaza de la Villa, infinidad de bocinazos. Pitidos y gritos de Ahí está la cueva de Alí-Babá se dirigieron contra el edificio que alberga el Ayuntamiento. Un hombre preguntaba dónde está "la televisión de Espe", en referencia a Telemadrid.

"Espero que en las próximas semanas la retirada de las plazas azules se amplíe al barrio del Pilar y La Paz", comentaba Carmen Espinar, de la Asociación de Vecinos La Flor, de Fuencarral-El Pardo. Los representantes de los vecinos se felicitaban por haber paralizado el funcionamiento del SER en algunos barrios y de haber logrado victorias como la retirada de las plazas azules o que no sea necesario teclear las matrículas en el aparato expendedor.

Una residente en la calle de Sangenjo que portaba una pancarta en la que se leía No tenemos baronesa, sí entereza aseguraba sentirse discriminada por tener que pagar por todo: "Me gasto dinero en la plaza de garaje, me he visto obligada a comprar la tarjeta de residente y, cuando voy a sitios de mi barrio que quedan fuera de las tres calles que me han asignado, tengo que comprar tiques de visitante".

Una vez leído el comunicado, los reunidos corearon un grito unánime: Gallardón, dimisión. Muchos de los presentes aseguraban, mientras se dirigían a sus casas, que no pararán hasta que el alcalde dé su brazo a torcer y retire los parquímetros de todas las zona

Publicado en www.elpais.es. 21.05.06

El PP tumba la comisión de investigación sobre el concurso de los parquímetros  

El pleno del Ayuntamiento rechazó ayer, con la mayoría absoluta del PP, crear una comisión de investigación sobre el concurso de adjudicación de las nuevas zonas del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER). PSOE e IU habían pedido esa comisión porque sospechan que en el concurso fue favorecida la empresa Hixienes, vinculada a un ex diputado gallego del PP que es, además, amigo del concejal responsable de los parquímetros, Pedro Calvo. "No hay nada irregular. La dignidad de Calvo está por encima de insinuaciones difamatorias", afirmó el vicealcalde, Manuel Cobo.

El contrato de la nueva zona de parquímetros sí va a ser investigado por los grupos municipales, pero no en una comisión creada ex profeso, sino en la de Vigilancia de las Contrataciones, que es permanente y está presidida por un concejal del PSOE. El problema es que, según el reglamento, esa comisión sólo puede citar a declarar a cargos públicos del Ayuntamiento o a funcionarios; y la oposición quiere poder interrogar también a los responsables de las cinco empresas que concurrían al concurso y al alcalde de Cangas do Morrazo (Pontevedra), José Enrique Sotelo, del PP, que acreditó la supuesta experiencia de Hixienes en la gestión de parquímetros y luego la desmintió. Hixienes, que se presentó al concurso en unión con Sufi y ganó uno de los tres lotes del concurso, tiene de apoderado a Juan Manuel Casares, ex diputado del PP en Galicia y amigo del edil madrileño Pedro Calvo desde hace una década, cuando ambos coincidieron en Galicia en la dirección de Nuevas Generaciones (la rama juvenil del PP). Hixienes es una empresa pequeña con 3.000 euros de capital social y nunca ha gestionado parquímetros, aunque su socia, Sufi (Sacyr), tiene a su cargo otra zona del SER de Madrid desde hace cuatro años. "Ha quedado demostrado que este concurso es irregular y que se propuso para favorecer a un amigo de Calvo", afirmó el edil socialista Manuel García-Hierro, que se presentó en el pleno armado con fotocopias del expediente. García-Hierro aseguró que el informe técnico (en el que se valoran las ofertas presentadas por las distintas empresas) es "incorrecto" y contiene elementos "falsos", porque resta puntos, alegando carencias en la oferta "que no son tales", a uno de los grupos de empresas que perdió: Setex-Urbaser.

Informe técnico

Ese informe fue elaborado por funcionarios municipales y ratificado después por la mesa de contratación, de la que formaba parte Javier Conde, director general de Movilidad. El informe valoraba 46 aspectos técnicos; los tres aspectos que García-Hierro tachó ayer de irregulares -apoyando su acusación en documentos que no fueron desmentidos por el gobierno municipal- restaron a Setex-Urbaser tres puntos. Setex-Urbaser obtuvo en total 67,5 puntos, 20 menos que las empresas que ganaron el concurso.

"No hay absolutamente nada irregular. La dignidad de mi compañero Pedro Calvo está por encima de insinuaciones difamatorias. Es verdad que tiene una amistad [con Casares] pero su intervención en el procedimiento del concurso no fue en ningún momento decisiva. La propuesta [de adjudicación] la hacen los técnicos", replicó al socialista el vicealcalde, Manuel Cobo. Y agregó, subiendo la voz: "Además, ¿para qué piden ahora papeles? ¿Para qué piden una comisión de investigación si desde el primer día que esto salió publicado su portavoz, Trinidad Jiménez, ya estaba exigiendo dimisiones?".

Julio Misiego, de IU, apeló a la "ética" y señaló que su grupo sólo pretende despejar las "sombras" del contrato. "No podremos resolver las incógnitas si no podemos llamar a declarar a las empresas", subrayó.

Al finalizar el pleno, el PP pidió que en la primera reunión de la Comisión de Vigilancia, el 5 de abril, se inicie el análisis del expediente y se cite a Calvo, a Conde y al coordinador de Servicios a la Comunidad, Fernando Autrán. PSOE e IU prefirieron retrasar esa sesión a mayo, con el argumento de que en ocho días no tienen tiempo para estudiar el expediente. El presidente de la comisión, el socialista Ramón Silva, que es quien fija el orden del día, decidió aplazar su decisión a este viernes. "¡Es inadmisible! Están pidiendo dimisiones y ahora dicen que no han visto el expediente. ¡Si García-Hierro lo tenía fotocopiado!", protestó Cobo.

La oposición reclamó también a Alberto Ruiz-Gallardón que, atendiendo a las protestas vecinales, retire los parquímetros de barrios de Fuencarral, Carabanchel y Hortaleza. Calvo se negó: "Esas protestas se refieren a 3.276 plazas, de un total de 167.000. Así que creo que la ampliación no va tan mal", dijo Publicado en www.elpais.es. 29.03.06

El alcalde que avaló la solvencia de Hixienes admite que esta firma no gestiona parquímetros  

La única relación de la empresa Hixienes con el negocio de los parquímetros antes de ser adjudicataria de este servicio en Madrid fue la realización de un estudio de viabilidad para implantar la zona azul en Cangas do Morrazo (Pontevedra). El alcalde de Cangas, José Enrique Sotelo (PP), firmó un escrito en el que respaldaba a Hixienes y que sirvió al Ayuntamiento de Madrid para justificar la solvencia técnica de esta firma, en respuesta a un recurso que presentó Dornier, una de las sociedades excluidas del contrato. Ahora, Sotelo reconoce que Hixienes no ha gestionado parquímetros.

La empresa Hixienes, que fue escogida, en unión con Sufi, para gestionar una de las nuevas zonas de ampliación del Servicio de Estacionamiento Regulado (SER) en Madrid, nunca ha gestionado parquímetros. Al menos en Cangas do Morrazo.

Pero Hixienes tuvo que justificar la solvencia técnica - la experiencia en el sector- para cumplir con los requisitos del pliego de condiciones del concurso. Para ello, Hixienes presentó ante el Ayuntamiento un papel suscrito por el alcalde de Cangas do Morrazo (Pontevedra), José Enrique Sotelo, en el que informaba de que Hixienes asesoró al Concello para la instalación de parquímetros. Fruto de este asesoramiento es el estudio de viabilidad sobre la implantación de la zona azul en Cangas, municipio de 24.000 habitantes.

El proyecto nunca se llevó a cabo, según explicó ayer a EL PAÍS el alcalde Sotelo, quien admitió su relación personal con el apoderado de Hixienes, Juan Manuel Casares, ex portavoz adjunto del grupo popular en el Parlamento gallego. Sotelo y Casares fueron compañeros en el Parlamento gallego entre 1997 y 1999. El grupo socialista de Cangas do Morrazo aseguró que no ha encontrado en el archivo municipal el mencionado informe, ni el acuerdo por el que fue encargado.

El Ayuntamiento de Madrid consideró avalada la solvencia técnica de Hixienes para encargarse del negocio de los parquímetros después de que la empresa presentase una carta firmada por Sotelo el pasado 14 de noviembre. En ella, el alcalde de Cangas afirma que desde febrero de 2001 la empresa propiedad de la familia de Casares viene prestando servicios en su municipio, entre los que cita la limpieza y mantenimiento de edificios, "gestión de aparcamiento de vehículos" y "asesoramiento para la instalación y desarrollo de zonas de aparcamiento público regulado (zona azul)".

El escrito lleva la firma y el sello del Concello de Cangas, pero no pasó por el registro de salida del Ayuntamiento ni fue visado por el secretario ni ningún otro funcionario. Sotelo matizó ayer a EL PAÍS que toda la relación de Hixienes con el negocio de los parquímetros en Cangas fue el encargo que recibió del Ayuntamiento en 2002 para hacer "un estudio técnico de viabilidad sobre la posible implantación de la zona azul y la construcción de aparcamientos subterráneos". Aunque el informe fue realizado, el gobierno municipal (del PP) descartó finalmente instalar los parquímetros, según el alcalde.

Al margen de este estudio, la relación de las empresas de la familia Casares con el Ayuntamiento de Cangas se limita a un contrato para la limpieza y el mantenimiento de un auditorio municipal. El beneficiario de ese contrato es la sociedad Limpiezas Faro, la cabecera de un grupo de sociedades que hasta ahora actuaba casi en exclusiva en el sector de la limpieza de edificios e instalaciones industriales.

El regidor de Cangas asegura que firmó el escrito a petición de Miguel Ángel Casares, administrador de las empresas familiares y hermano de Juan Manuel Casares, ex diputado gallego del PP y apoderado de Hixienes. "Vino un día por el Ayuntamiento y me dijo si le podía hacer un justificante porque lo necesitaba para algún concurso público", comentó Sotelo. "Le dije que sí, por supuesto. Yo no sabía nada de lo de Madrid, sólo que se habían presentado a algo en Vigo". Hixienes opta en esta ciudad, también gobernada por el PP, a la adjudicación del servicio de la grúa municipal.

"No recuerdo el contenido del escrito y no sé si su redacción se puede prestar a equívocos", agregó el alcalde, "pero aquí la empresa no ha gestionado parquímetros porque no los tenemos. Sólo realizó el estudio de viabilidad". De hecho, el Ayuntamiento de Cangas ha instalado esta semana media docena de parquímetros en una calle del pueblo -no cobra por aparcar, sólo establece un tiempo máximo autorizado- y los contrató con otra empresa.

José Enrique Sotelo y Juan Manuel Casares coincidieron en la lista del PP por Pontevedra para las elecciones autonómicas de 1997. Los dos años siguientes trabajaron juntos en el grupo popular del Parlamento hasta que Sotelo dimitió para optar a la alcaldía de Cangas. Ambos estaban encuadrados en el sector del PP gallego que aglutinaba el antiguo consejero de Política Territorial de la Xunta Xosé Cuiña. "Conozco a Juan Manuel Casares y tengo relación con él. Sería estúpido negarlo, pero hace tiempo que no lo veo", declaró Sotelo.Publicado en El País.18.03.06

PSOE e IU pedirán en el próximo pleno que se cree una comisión de investigación  

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid (PSOE e IU) tienen previsto solicitar durante el pleno municipal del presente mes, que se celebrará la próxima semana, que el proceso de adjudicación de las nuevas zonas del servicio de estacionamiento regulado (SER) sea evaluado por una comisión de investigación, en lugar de en la comisión permanente de vigilancia de las contrataciones como había propuesto el PP.

Según un portavoz de IU, en esta comisión permanente no podrán declarar los responsables de las empresas implicadas, porque el reglamento municipal del pleno establece que en dicho foro sólo se podrá requerir la presencia de los técnicos municipales y los cargos políticos que han intervenido en el contrato que hay que estudiar.

El concejal socialista Manuel García-Hierro adelantó que su grupo presentará dos proposiciones en el pleno. La primera pedirá la suspensión de la ampliación del SER a 16 nuevos barrios y cuatro cascos históricos, que es la que ha sido objeto de la polémica adjudicación. La otra propuesta será para reclamar la constitución de una comisión de investigación.

El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), aseguró hace una semana: "Ya existe una comisión de investigación, que es la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones. Todos los contratos que cualquier miembro del Ayuntamiento pida son remitidos a ella".

Poco después, el vicealcalde, Manuel Cobo, aseguró que sería el propio gobierno municipal el que, de oficio, enviaría el contrato a la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones, presidida por el concejal socialista Ramón Silva, para que los tres grupos lo analizaran. Pero PSOE e IU no creen que ése sea el foro adecuado.Publicado en El País.18.03.06

Jiménez, perpleja por que Gallardón no tome medidas ante el "escándalo"

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Trinidad Jiménez, afirmó ayer que, según van pasando los días y se van conociendo más datos sobre la adjudicación del contrato de la nueva zona de parquímetros, "más estupor" le produce que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, "no se haya pronunciado ni haya tomado ninguna medida sobre este escándalo". Jiménez se refería a la polémica surgida por la adjudicación de una de las nuevas zonas del servicio de estacionamiento regulado (SER) a una unión de empresas en la que trabaja un ex diputado del PP en Galicia, Juan Manuel Casares.

Para Jiménez, los hechos conocidos hasta ahora a través de los medios de comunicación "son suficientes" para que el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, amigo de Casares, dimita. La portavoz socialista considera "muy claro que la adjudicación de la zona VI del SER -que corresponde a ocho barrios del sur y el casco histórico de Carabanchel- a una empresa de un amigo del concejal se ha hecho de una forma irregular".

Jiménez también se refirió a la información publicada el pasado jueves en este diario según la cual la empresa Hixienes, propiedad de Juan Manuel Casares, fue avalada por el alcalde de Cangas del Morrazo (PP), José Enrique Sotelo Villar. La portavoz destacó que este regidor "no podía avalar la experiencia de la compañía en parquímetros porque en este municipio no se ha instalado dicho servicio". La responsable del PSOE manifestó: "El PP miente, y si Ruiz-Gallardón no toma decisiones estará poniendo en juego la honorabilidad de todo el Ayuntamiento".

La semana pasada, Jiménez ya reclamó la dimisión de Calvo: "Si tiene un mínimo de dignidad política, un mínimo de decencia política, lo que tiene que hacer es presentar de inmediato su dimisión, porque hay claras sospechas de que ha habido una adjudicación irregular", sentenció entonces.Publicado en El País.18.03.06

La empresa Hixienes incumplía el pliego del concurso de los parquímetros, según el PSOE  

La sociedad Hixienes, de la que es representante Juan Manuel Casares, amigo del concejal de Seguridad de Madrid, Pedro Calvo, incumplía el pliego de condiciones del contrato de adjudicación de los parquímetros, según el PSOE. Éste sostiene que Hixienes no pudo demostrar la solvencia técnica, puesto que carecía de experiencia en el sector, a pesar de concurrir junto a Sufi, que sí cumplía todos los requisitos. El director general de Movilidad, Javier Conde, admitió ayer que actuó, como vocal, en la última reunión de la mesa de contratación donde fueron asignadas las empresas del concurso.

Hixienes, una de las sociedades que se ha hecho con la gestión de los parquímetros de ocho barrios de la zona sur de Madrid y el casco histórico de Carabanchel (zona VI), no tiene ninguna experiencia en el sector. El representante de Hixienes Juan Manuel Casares y el concejal Calvo son amigos de la época en que ambos eran dirigentes de Nuevas Generaciones (la rama juvenil del PP) en Galicia.

21 días antes del concurso, Hixienes modificó su objeto social e incluyó entre sus actividades "la gestión y control del estacionamiento regulado en vías públicas". Hasta entonces se dedicaba a limpieza y desinfección de hospitales y centros públicos en Galicia.

En el pliego de condiciones, aprobado el pasado 5 de noviembre, se exige que "todos y cada uno de los empresarios" que concurran al concurso deberán presentar los documentos exigidos. Entre ellos, la solvencia técnica, es decir, la experiencia, que Hixienes no aporta, según la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez.

El pliego también alude a la solvencia de la unión temporal de empresas y señala que se sumarán los aspectos positivos que aporten las integrantes de la misma. En cambio, Sufi (la compañía con la que Hixienes concurrió asociada) cumplía todos los requisitos, entre ellos, experiencia y solvencia económica.

El Ayuntamiento interpreta que la unión temporal de empresas Sufi-Hixienes cumple con el requisito de solvencia técnica y económica. "Hay que considerar la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que recoge que quien acredita la solvencia es la UTE", asegura Fernando Autrán, coordinador general de Seguridad. "Hay que interpretar el pliego de condiciones", remacha.

Autrán explica que la valoración de las ofertas técnicas se hace en función de los 47 criterios establecidos en el pliego. "Los técnicos del Ayuntamiento evalúan el grado de cumplimiento de los criterios, puntúan y hacen una lista", agrega. La UTE, integrada por Api, el grupo Vinci y Etralux, fue la más valorada (con 73 puntos sobre 85). En segundo lugar lo fue la sociedad conjunta formada por Sufi e Hixienes (con 72 puntos). Autrán asegura que la adjudicación "es un procedimiento absolutamente reglado".

¿Por qué el Ayuntamiento exige que las empresas tengan experiencia en parquímetros? Porque su gestión es más compleja de lo que parece. Cada uno de los aparatos lleva un ordenador y un complejo sistema informático. Los controladores están dotados de terminales donde están integrados un teléfono móvil, GPS y un sistema que permite transferir las denuncias a la central. "La experiencia es necesaria para la gestión del gran número de trabajadores, el mantenimiento eficiente de los instrumentos informáticos y el uso de los programas informáticos", según un profesional del sector.

Algunas sociedades se quejaron del poco tiempo dado por el Ayuntamiento para presentar las ofertas. En sólo 10 días, las empresas tuvieron que elaborar amplísimas ofertas que en algún caso ocupaban 15 tomos. La sociedad Saba-Abertis rechazó presentarse aduciendo que no tenía tiempo para preparar la documentación.

El que se fijara el pasado 1 de marzo como fecha de entrada en vigor de las nuevas zonas reguladas por parquímetros responde a una decisión política, según Autrán. "Por la consignación presupuestaria y porque estaba previsto así en todas las medidas de Movilidad", agregó.

Dornier, una de las empresas que se presentó al concurso y no logró que le fuera adjudicada ninguna zona, presentó un escrito ante el Ayuntamiento solicitando explicaciones al proceso administrativo. Un portavoz de Dornier, filial del grupo Cintra, dice que ya ha recibido aclaraciones y que desiste de otro tipo de acciones. Las empresas que pretendan recurrir tienen sólo siete días para hacerlo.

Por otra parte, el director general de Movilidad del Ayuntamiento, Javier Conde, reconoció ayer que estuvo en la última mesa de contratación cuando fueron adjudicados los contratos. El pasado jueves había negado que asistiera, pese a que su nombre figura en el acta como vocal de la mesa.Publicado en El País.11.03.06

La oferta del amigo del concejal Calvo para gestionar los parquímetros era la más cara  

De las cinco empresas que acudieron el pasado noviembre al concurso público para gestionar una de las zonas del servicio de estacionamiento regulado (SER), la que presentó una oferta económica con el importe más alto fue la unión de empresas (UTE) formada por Sufi e Hixienes. El apoderado de Hixienes es Juan Manuel Casares, ex diputado del PP gallego y amigo y compañero del concejal Pedro Calvo en Nuevas Generaciones del PP hace una década. Aun así, el Ayuntamiento escogió esa UTE por delante de otras al dar mayor importancia a los aspectos técnicos, más subjetivos. Además, el director general de Movilidad, Javier Conde, está vinculado con Casares por su antigua pertenencia a Nuevas Generaciones.

La polémica por la adjudicación de la gestión de los parquímetros va engordando como una bola de nieve en caída libre. El representante de Hixienes, Juan Manuel Casares, está vinculado con el concejal de Seguridad y Servicios a la Comunidad, Pedro Calvo. Son amigos de la época en que Calvo ocupaba la presidencia nacional de Nuevas Generaciones y Casares era presidente de la organización política juvenil en Galicia.

La propuesta económica de la UTE Sufi-Hixienes para acceder a la gestión de los parquímetros en ocho barrios del sur y el casco histórico de Carabanchel (zona VI) era la que pedía más dinero en su oferta económica: 13.562.584 euros anuales (441.710 euros más que la oferta más baja, la de Setex-Urbaser). Sufi-Hixienes era también la que más plazas de aparcamiento ofrecía: 29.118, es decir, 541 plazas más que la siguiente.

La oferta económica suponía sólo el 15% de la puntuación total, frente al 85% de los criterios técnicos, según se explica en el pliego de condiciones del concurso. Y las ofertas económicas de las cinco empresas que concurrían recibieron la misma puntuación: 15 puntos sobre 15, informa Vera Gutiérrez Calvo. Las diferencias llegaron en la parte técnica: la UTE formada por Api, grupo Vinci y Etralux se alzó con 73 puntos sobre 85; en segunda posición quedó la UTE Sufi-Hixienes (72 puntos); y a continuación Eysa (71 puntos), Dornier (63,5 puntos) y Setex-Urbaser (52,5 puntos). Las dos últimas se quedaron sin contrato.

"Muy poco detalle"

Donde mejor puntuación obtuvo Sufi-Hixienes fue en los apartados de Grado de detalle de la oferta (15 puntos sobre 15) y en Mejoras en medios auxiliares (8 sobre 10), ofreciendo, por ejemplo, un vehículo con lector de matrícula, dos de inspección, depósito propio de grúa, un departamento informático y la promesa de realizar estudios sobre zonas de "nueva implantación" del SER.

Por el contrario, Setex-Urbaser, que quedó en último puesto, recibió de los técnicos comentarios como los siguientes: "Muy poco detalle en las rutas previstas en la zona", "se aporta un modelo de tique que no incluye la matrícula del vehículo", "los planos de ubicación de las plazas apenas tienen detalle", etcétera. Setex es una de las empresas que más experiencia tienen en los parquímetros: gestiona otras zonas de parquímetros desde su instauración en noviembre de 2002.

El concurso público fue convocado el pasado 22 de septiembre con trámite de urgencia. Según Calvo, que firmó el documento, para desarrollar lo establecido en el artículo 63.2 de la Ordenanza de Movilidad. La ordenanza no fue aprobada hasta cuatro días después (el 26 de septiembre). Y no entró en vigor hasta el pasado 17 de octubre. El 2 de marzo se publicó en el Boletín Oficial de la Comunidad la zona de ampliación del servicio de estacionamiento regulado (SER). Un día después de la entrada en vigor del SER. El plazo para presentar las propuestas era sólo de 10 días, con la fiesta de la Almudena de por medio. "Tuvimos que preparar los 15 tomos de nuestra oferta en muy poco tiempo", afirman desde Setex-Urbaser.

Sufi, empresa de reconocida solvencia económica y técnica y filial de Ferrovial, había formado equipo con Setex para gestionar la primera zona de parquímetros de Madrid, en 2002. Ahora, Sufi sustituyó a Setex por Hixienes para formar una unión temporal de empresas para concursar en la última ampliación de la zona de estacionamiento regulado.

Setex es una sociedad que tiene 17 contratos de gestión de aparcamientos públicos por toda España. Y las cosas le van bien en su asociación con Sufi. Pero esta última prefirió ahora aliarse con Hixienes, una desconocida sin experiencia en el sector. "Sufi nos dijo que por decisiones de carácter empresarial no contaban con nosotros en esta ocasión. Por eso tuvimos que buscar un socio deprisa y corriendo", explican desde Setex. Hixienes tiene un capital social de sólo 3.005 euros.

Responsables de Setex se quejan, además, de que Sufi-Hixienes ganó el concurso a pesar de la nula experiencia de Hixienes en la gestión de parquímetros. Y subrayan que, según los pliegos, todas las empresas que concurren deben acreditar su solvencia económica y técnica. El gobierno municipal replica que la cláusula 20 de los pliegos establece: "Respecto a la determinación de la solvencia económica, financiera y técnica de las UTE y a sus efectos, se acumularán las características acreditadas por cada uno de los integrantes".

"Eso dicen los pliegos y eso dice el Reglamento de la Ley de Contratos", afirma Fernando Autrán, coordinador general de Servicios a la Comunidad. Fuentes de Setex se declararon "sorprendidas" de que el Ayuntamiento haya hecho esa interpretación de los pliegos. "Atendiendo a la ley, cada uno de los miembros de la UTE debe acreditar solvencia técnica sin perjuicio de que sea acumulable", afirman.

Por su parte, un portavoz de Sufi justifica que no acudió al concurso en unión de Setex porque "las necesidades de cada empresa son diferentes en cada momento".

La carrera política del concejal Pedro Calvo ha sido meteórica. Cómo la de su colega en el PP Juan Manuel Casares. Ambos comenzaron muy temprano en la rama juvenil del PP (Nuevas Generaciones) en Galicia. Calvo fue su presidente en 1989, a la vez que Casares era miembro de la cúpula directiva. Poco después, Calvo ascendió a líder nacional de Nuevas Generaciones, en tanto que Casares dirigía la formación en Galicia. Casares presumía de tener magníficas relaciones con el edil madrileño.

Calvo ha alegado que no forma parte del órgano de contratación que elevó la propuesta de adjudicación de parquímetros a la empresa de Casares (Hixienes). Sí forma parte de ese órgano el director general de Movilidad, Javier Conde, hoy estrecho colaborador del concejal Calvo y también antiguo miembro de Nuevas Generaciones.

La mesa de contratación se reunió tres veces: la primera para recibir las propuestas que concurren; la segunda para abrirlas y exponer la oferta económica de cada una; y la tercera para, a partir del informe elaborado por los técnicos, emitir una "propuesta de adjudicación". Tras el concurso de los parquímetros, Conde presidió las dos primeras reuniones y asistió como vocal a la tercera, celebrada el pasado 14 de diciembre, la que realmente decide qué empresas ganan. En esa reunión se otorgó a la unión de empresas Sufi-Hixienes la gestión de una de las zonas de estacionamiento regulado.

La presencia de Conde figura recogida en las actas de las tres reuniones. A pesar de ello, una portavoz de la Concejalía de Seguridad aseguró ayer que el director de Movilidad "no acudió a la reunión del 14 de diciembre".Publicado en El País.10.03.06

El PSOE pide que dimita un edil al que acusa de adjudicar parquímetros a la empresa de un amigo  

El Concejal conversa con su Padrino & Alcalde

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento, Trinidad Jiménez, pidió ayer la dimisión del concejal responsable de Movilidad, Pedro Calvo (PP), tras conocerse que una de las empresas adjudicatarias del servicio de parquímetros tiene de apoderado a Juan Manuel Casares, ex alto cargo del PP gallego y amigo del edil madrileño, según el PSOE. El gobierno municipal reconoce que Hixienes, la empresa de Casares, no tiene experiencia en la gestión del aparcamiento de pago, pero subraya que concurrió al concurso asociada con Sufi S.A. y que es a la unión de ambas a quien se le adjudica el contrato (144 millones en 11 años). Además, la concejalía sostiene que no puede "vetarse" a una empresa porque su dueño conozca a un concejal.

La unión de empresas (UTE) formada por Sufi S.A. e Hixitel Hixienes se presentó al concurso de gestión de la nueva zona de parquímetros convocado en noviembre pasado, y el 9 de enero de 2006 obtuvo uno de los tres lotes, según informó ayer el diario El Mundo y confirmó el coordinador general de Seguridad, Fernando Autrán.

Esa UTE gestionará, a cambio de 144 millones de euros repartidos en 11 años, 28.570 plazas verdes (para residentes) y azules (para visitantes) de ocho barrios del sur -Imperial, Acacias, Chopera, Legazpi, Delicias, Atocha, Adelfas y Estrella- y del casco histórico de Carabanchel.

Sufi pertenece al grupo Sacyr y gestiona parquímetros en otros barrios desde que el servicio de estacionamiento regulado (SER) se instauró en Madrid, en 2002. Pero Hixienes, con un capital social de sólo 3.005 euros, no tiene ninguna experiencia en ese campo. Poco antes de presentarse con Sufi al concurso del Ayuntamiento, Hixienes modificó su objeto social (hasta entonces centrado en trabajos de limpieza y desinfección) para incluir "la gestión y control del estacionamiento regulado en vías públicas".

A ese concurso concurrieron cinco empresas, y tres resultaron adjudicatarias, cada una para una zona de la ciudad: Eysa (FCC), la UTE formada por Api (ACS), Etralux (ACS) y grupo Vinci; y la de Sufi e Hixienes. Quedaron fuera Dornier (Ferrovial) y la UTE Setex-Urbaser. Ambas gestionan parquímetros en otras zonas de la ciudad.

El apoderado de Hixienes, Juan Manuel Casares González, fue diputado del PP en el Parlamento gallego hasta junio de 2005 y dirigió Nuevas Generaciones del PP en esa comunidad a finales de los ochenta, justo después de que el hoy concejal Pedro Calvo dejara el puesto de presidente nacional de Nuevas Generaciones.

Calvo no quiso hablar ayer. Su número dos, Fernando Autrán, afirmó: "Es verdad que Calvo y Casares se conocen, pero todos los políticos conocen a empresarios y comen con ellos habitualmente. Eso no puede ser razón para vetar a una empresa en un concurso. Si Calvo hubiese ordenado vetar a esa empresa, habría cometido prevaricación".

Calvo firmó el documento de adjudicación definitiva el 18 de enero, según figura en el expediente. La ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común establece, en su artículo 28.b), que cuando los funcionarios o empleados públicos tengan "parentesco" o "amistad manifiesta" con los administradores de las empresas que concurran a un procedimiento de contrato, esos funcionarios "se abstendrán de intervenir en el procedimiento". "Pero ese artículo sólo se refiere a los funcionarios que intervienen en la mesa de adjudicación, no al cargo político, que se limita a firmar la propuesta que la mesa hace", replica el coordinador general de Seguridad.

Autrán insistió en que el procedimiento ha sido "totalmente transparente" y en que la adjudicación fue aprobado "por unanimidad" en la mesa de contratación -donde están presentes un representante de los servicios jurídicos del Ayuntamiento y el interventor municipal-. Afirmó que el cambio en el objeto social es "lo que hacen todas las empresas cuando concurren a un concurso" y subrayó que, aunque la gallega sea una empresa pequeña, "quien responde ante el Ayuntamiento es toda la UTE, cuyo 60% está en manos de Sufi, es decir, del grupo Sacyr".

Comisión de investigación

La portavoz socialista, Trinidad Jiménez, pedirá en el próximo pleno la creación de una comisión de investigación sobre esta adjudicación. "Si Calvo tiene un mínimo de dignidad política, un mínimo de decencia política, lo que tiene que hacer es presentar de inmediato su dimisión, porque hay claras sospechas de que ha habido una adjudicación irregular", afirmó. Tras asegurar que los socialistas han recibido "denuncias de algunas de las empresas que han pedido ser adjudicatarias y se les ha rechazado sin ninguna causa objetiva", Jiménez afirmó: "No se puede poner permanentemente en duda la actuación de la clase política. Esto nos perjudica a todos".

La concejal exigió al alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, que aclare cuanto antes "las sospechas". "No estoy haciendo una acusación directa hasta que no se realice una comisión de investigación que dirima las responsabilidades, pero no podemos permitir por más tiempo que la ciudadanía crea que los políticos cometemos irregularidades", dijo, antes de decir que Juan Manuel Casares es "un íntimo amigo" del concejal Pedro Calvo.

El grupo municipal de IU, encabezado por Inés Sabanés, exigió la apertura de una "exhaustiva" investigación en el seno de la Comisión de Vigilancia de las Contrataciones para "esclarecer las sospechas" sobre la concesión de la explotación de una zona de parquímetros a la empresa Hixienes. En un comunicado, IU afirmó que no descarta "ninguna posibilidad" en el ámbito de las "responsabilidades políticas", y asoció el caso al "afán privatizador de Gallardón y su equipo".

El comunicado añade que "en el ámbito de la política algo puede ser legal y, sin embargo, ser políticamente reprobable". Y añade: "En este caso, desde luego, las formas son altamente sospechosas. Así valoramos, por ejemplo, no sólo el vínculo de amistad entre el concejal y el empresario, sino el cambio de objeto social pocos días antes de la concesión".

Una de las empresas rechazadas estudia recurrir

El proceso de adjudicación de los contratos de gestión de los parquímetros en los nuevos barrios de Madrid arrastra problemas desde el inicio. Cuando el Ayuntamiento sacó a concurso el proceso, en trámite de urgencia, el pasado 22 de septiembre, cinco empresas se presentaron. Pero otra, Saba Abertis, decidió no acudir y protestó por el escaso plazo de tiempo (10 días con la fiesta de La Almudena de por medio) que tenía para preparar la documentación y elaborar un estudio técnico.

Saba Abertis explica que los criterios de valoración daban mayor importancia a las propuestas técnicas (85%) que a las económicas (15%), algo poco habitual, según la compañía.

El pasado 18 de enero el concejal de Seguridad, Pedro Calvo, firmaba el decreto que hacía oficial la adjudicación de la gestión de los parquímetros. Una de las tres zonas adjudicadas fue asignada a una sociedad creada conjuntamente entre Sufi e Hixienes.

La sociedad Setex, que no resultó escogida, reconoce sentirse decepcionada, según contó ayer su presidente, Jaime López de Aguilar.

Setex gestiona, junto con Sufi, una de las zonas de aparcamientos que salieron a concurso en 2002. "Fue Sufi la que no quiso ir en esta ocasión con nosotros", explica López de Aguilar.

El presidente de Setex reconoce que está estudiando presentar un recurso ante el Tribunal Contencioso Administrativo. "Quedan pocos días para presentar un recurso y aún tenemos que decidirlo", aclara

Casares, una meteórica carrera en el PP gallego  

La carrera política de Juan Manuel Casares González ha sido tan meteórica que a los 40 años ya ha pasado a engrosar la nómina de los retirados forzosos. Las luchas intestinas del PP gallego le dejaron fuera de las listas a las elecciones autonómicas del pasado junio, a pesar de que en la legislatura anterior había sido el portavoz adjunto del grupo parlamentario popular. Casares fue arrastrado por el declive de su protector político, Xosé Cuiña, antiguo número dos de Manuel Fraga en el PP gallego. Era diputado autonómico desde 1993, cuando fue elegido con 28 años.

Casares nació en León el 26 de septiembre de 1965. Su familia fundó en Vigo en 1971 la empresa Limpiezas Faro, que en los últimos años ha dirigido su hermano Miguel Ángel. Juan Manuel se volcó en la política desde muy joven y fue presidente regional de Nuevas Generaciones del PP. En esa época el líder nacional de las juventudes populares era el ahora edil madrileño Pedro Calvo, con quien Casares presumía de mantener magníficas relaciones. La presencia de Calvo en actos de las Nuevas Generaciones gallegas era frecuente entonces. Casares fue subiendo peldaños en el partido, sobre todo cuando se situó entre el grupo de fieles a Cuiña, quien dirigía la organización regional del PP y la consejería de Política Territorial y Obras Públicas de la Xunta. El joven diputado acabó ejerciendo como portavoz del grupo popular en los temas referidos a ese departamento y fue también secretario de Acción Electoral de la ejecutiva del PP gallego.

Como las actividades de Limpiezas Faro eran bien conocidas e incluían contratas con la Administración, Casares siempre se declaró al margen del negocio familiar, que fue ampliándose en los últimos años. En 1999, cuando él ya se había especializado en los asuntos de infraestructuras en el Parlamento autónomo, su hermano Miguel Ángel diversificó las actividades empresariales y fundó la sociedad Ingenierías Medioambientales y de Recuperación, dedicada a "servicios técnicos de ingeniería, arquitectura y urbanismo".

En 2002 creó otra firma, Faro Noroeste de Servicios, dentro del sector de la limpieza, en el que el grupo ya venía actuando a través de su sociedad original y de otra, Hixiene S.L, creada en 1991. Tras dejar la política, Juan Manuel Casares fue nombrado a principios del presente año apoderado de estas dos últimas sociedades. Publicado en El País.09.03.06

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