La norma limita las funciones de los agentes forestales
La polémica ley regional que impedía a los agentes forestales entrar en las fincas privadas salvo causa mayor, o sea, incendios, queda sin efecto cautelarmente. El pleno del Tribunal Constitucional ha suspendido provisionalmente la vigencia y aplicación de esta norma, atendiendo al recurso que presentó el Gobierno central el pasado 29 de octubre.
La decisión definitiva será en un plazo máximo de cinco meses
Ahora, la Comunidad tiene 15 días para presentar alegaciones y el Constitucional tomará una determinación definitiva en un máximo de cinco meses. Una cuenta atrás que acaba con una sucesión de desencuentros -incluida la entrega en Bruselas de una carta por parte de los forestales a la Comisión de Peticiones de la Unión Europea- entre sindicatos, Gobierno regional, partidos políticos y el Ministerio de Medio Ambiente, dirigido por Cristina Narbona, promotora de la impugnación.
"Es un mero acto de trámite. No se entra en el fondo del asunto, sólo en la forma", minimiza el asunto Salvador Vitoria, responsable de los servicios jurídicos del Gobierno regional. UGT, a través de Miguel Ángel Hontoria, califica la decisión de "triunfo relativo", aunque han recogido con "mucha satisfacción" la noticia porque "la ley fue un tremendo error". Hontoria niega que sea "sólo un trámite". Además, dice que hay otras "leyes básicas, como la de montes, que tienen rango superior a ésta y la contradicen".
Aún más entusiasmo mostró en su reacción Comisiones Obreras: "Esto devuelve la ilusión al cuerpo de agentes forestales, que podrán volver a trabajar en interés de todos los ciudadanos y muestra que el Gobierno regional está actuando para el interés particular en vez de para el beneficio de todos los madrileños y españoles". Izquierda Unida, a través de su portavoz en la Asamblea, Inés Sabanés, fue un poco más allá: "Es un varapalo a la prepotencia de Esperanza Aguirre sin precedentes". Tampoco Maru Menéndez, la portavoz socialista, desaprovechó la ocasión para pedir a Esperanza Aguirre "que retire definitivamente la norma".
El artículo 9 de la Ley de la Comunidad de Madrid de Medidas Urgentes de Modernización de Gobierno y la Administración se creó, en explicación oficial del Ejecutivo regional, para defender "la integridad física de los agentes" y para crear "mayor seguridad jurídica en los propietarios de las fincas".
Una exposición muy poco compartida por el cuerpo forestal, que ha mostrado su rechazo con varias manifestaciones y que siempre ha valorado la ley como un obstáculo a su trabajo y un intento de "mantener a los grandes propietarios en la impunidad".
El Gobierno regional asegura que está "satisfecho" con la resolución del Tribunal Constitucional, pues ésta le permite "presentar nuestros razonamientos, que esperamos que sean atendidos". Salvador Vitoria afirma que ya sabían que esta resolución iba a llegar "en cualquier momento" y argumenta que, salvo defecto formal, cualquier recurso gubernamental paraliza cautelarmente la norma impugnada. Es decir, que hasta el momento todo "es una mera formalidad" que no les "causa sorpresa".
www.elpais.es 24.11.07
La consejería les impide ahora pedir directamente la orden judicial para entrar en los montes
La burocracia complica aún más el trabajo de los agentes forestales. La Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno -la primera norma aprobada por el Gobierno de Esperanza Aguirre en su segundo mandato- impuso el pasado julio a los 250 agentes de la región la obligación de tener autorización judicial para entrar en los montes o terrenos forestales de titularidad privada. Ahora la Consejería de Medio Ambiente les niega también la posibilidad de que acudan directamente al juzgado de guardia para pedir esa autorización, necesaria para hacer sus labores.
La Constitución no protege la inviolabilidad de la propiedad privada", dice Nolla
Una juez se declara incompetente para autorizar la entrada a una finca forestal
Una orden interna del pasado 23 de agosto, firmada por el jefe del Cuerpo de Agentes Forestales, José Luis Monleón, informa de que la tramitación de la autorización judicial se "realiza a través de la Secretaría General Técnica". La solicitud, agrega el documento, "se canaliza a través de la Jefatura del Cuerpo, que la remite vía Dirección General del Medio Natural a la Secretaria General Técnica para su envío al juzgado correspondiente". Es decir, debe pasar antes por los cargos políticos de la consejería.
Este sistema contrasta con el utilizado por la Guardia Civil o la Policía Nacional, que tramitan la autorización a través de su unidad y no del Ministerio del Interior, del que dependen. "Es el jefe de la unidad competente, sea el de la Policía Judicial o de un cuartel de la Guardia Civil, el que con el sello y firma de la unidad pide al juzgado la autorización correspondiente", explicó ayer un portavoz del instituto armado.
La Consejería de Medio Ambiente replicó que el sistema se ha impuesto precisamente para "centralizar y agilizar" las peticiones, según un portavoz. "La Secretaría General Técnica es la encargada en la Administración de las relaciones con los tribunales", puntualizó. "Todas las peticiones que han hecho hasta ahora los forestales se han enviado a los juzgados".
Los agentes consultados consideran que esta tramitación supone dar un rodeo burocrático que les impide aún más hacer sus labores de inspección.
Por si fuera poco, un juzgado de instrucción de Alcobendas ya ha mostrado su falta de competencia para autorizar a los agentes forestales la entrada en los montes y bosques privados. Un auto del pasado 20 de agosto (tres días antes de la orden interna de la consejería), dictado por la juez María Verónica Caravantes, notifica al Cuerpo de Agentes Forestales que no tiene competencias para dar la autorización judicial de entrada a unos terrenos forestales porque éstos no son un domicilio. Los forestales habían solicitado el permiso para poder investigar las causas del incendio de una finca.
La juez argumenta que en la petición "en modo alguno consta que se pretenda la entrada en lugar cerrado, respecto del que se pudiera resultar afectado el derecho previsto en el artículo 18 de la Constitución". Este artículo protege el derecho al domicilio, que es inviolable: "Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito". El auto sostiene así que no se puede equiparar el domicilio con una propiedad privada. Además, la juez afirma que tampoco existe "procedimiento penal en curso, ni la solicitud pretende justificar su incoación de manera que no se solicita, en puridad, la práctica de una diligencia de investigación criminal".
La justificación que da la juez Caravantes ya la hizo valer en la Asamblea de Madrid el diputado socialista Modesto Nolla cuando defendió que el texto legal no se aprobara. "La Constitución protege la inviolabilidad del domicilio, no de la propiedad privada. Las fincas a las que acceden los agentes no son domicilios, salvo que consideren que es el de las águilas imperiales a las que protegen", aseveró el pasado 19 de julio.
No fue el único que se opuso a esta polémica ley, que ha levantado las protestas de organizaciones ecologistas, sindicatos, PSOE e IU. Hasta el Ministerio de Medio Ambiente ha anunciado que la recurrirá ante el Tribunal Constitucional. Pero quienes más se han quejado de la nueva norma han sido los representantes sindicales de los forestales, CC OO, UGT y el Sindicato de Agentes Forestales y Técnicos Auxiliares Medioambientales (SAFTAM).
No sólo denuncian que con la nueva ley sus labores de prevención de delitos ecológicos se ven mermados por la necesidad de una autorización judicial, sino que en agosto se querellaron contra sus responsables, el director general de Medio Natural, Miguel Allué, y el jefe del Cuerpo de Agentes Forestales, Monleón. Les acusan de "prevaricación y coacciones" por una orden interna emitida en noviembre de 2006, antes de la nueva ley regional, en la que les prohíben remitir a la justicia las denuncias de los delitos que descubran. Según dicen, esa orden anula su capacidad inspectora. www.elpais.es 01.09.07
A protestar a 'La Granjilla'
Un centenar de Agentes Forestales de la Comunidad de Madrid se han concentrado en la finca La Granjilla, propiedad de la familia de Esperanza Aguirre, para explicar los efectos "perversos" que, a su entender, tendrá el actual proyecto de Ley de Medidas Urgentes, que tramita la Asamblea y que hoy también ha sido criticado por el Ministerio de Vivienda.
El coordinador estatal de agentes gorestales de CC OO, Francisco Javier Cabezos, ha explicado que la finca, de 400 hectáreas, es de propiedad privada y tiene un monte que es terreno forestal preservado y una vivienda que "podría entenderse como el domicilio del propietario". Con este ejemplo, los agentes forestales han vuelto a poner de manifiesto su rechazo a que la futura ley les prohíba la inspección y cumplimiento de las leyes ambientales dentro de las fincas privadas, que son el 75% del territorio regional, "intentando hacer ver que se viola la intimidad doméstica".
Cabezos ha indicado que uno de los aspectos "irregulares" que han descubierto hoy al intentar acceder a La Granjilla es que se han encontrado con que "la puerta de acceso a la vía pecuaria estaba cerrada con una cadena y un candado, cuando las vías pecuarias son patrimonio de todos los ciudadanos". En el lugar, Cabezos ha señalado que con esta protesta lo que se está intentado es desbaratar la manipulación que determinados representantes del PP intentan llevar a los ciudadanos de que los agentes forestales entran "dando patadas en las fincas, en las propiedades privadas o en los domicilios, algo que es absolutamente falso".
Es un Bien de Interés Cultural
La Granjilla se integra, junto con otras grandes fincas de la zona, dentro de un área declarada el año pasado Bien de Interés Cultural (BIC)" por la Comunidad de Madrid, ha recordado Cabezos. "Sobre este área planean determinados proyectos urbanísticos que, por una queja que interpuso CC OO al Defensor del Pueblo" va a tener "el dudoso honor de figurar en la memoria anual que presenta el Defensor del Pueblo, por opacidad", ha agregado el dirigente sindical.
El coordinador Estatal de Agentes Forestales de CC OO ha dicho que también han pretendido demostrar hoy "lo que va a ocurrir" si los forestales no pueden "entrar a ver uno de los mayores núcleos de edificación de cigüeña blanca en árbol, especie protegida en la Comunidad de Madrid, ni galápagos europeos en peligro de extinción y que hay en sus estanques". A juicio de Cabezos, "nadie podrá saber si desaparecen" estas especies, junto con otras en peligro de extinción, al no existir vigilancia y control por parte de las autoridades, como tampoco podrán actuar en caso de incendio dentro de estas fincas privadas, al contemplar la ley un permiso judicial previo a una actuación.
"El sistema judicial no está para dar permisos", según Cabezos, sino que "más bien están para juzgar los delitos que se hayan cometido, y no acciones de inspección, prevención o denuncias de posibles delitos que es trabajo de la Administración". Cabezos ha vuelto a pedir a la Comunidad de Madrid la retirada de esta prohibición, "como ha rectificado al devolvernos el reconocimiento de Agentes del Orden Público", porque, a su juicio, "rectificar es signo de madurez política y es de sabios".
Aguirre niega que esté en una vía pecuaria
Esperanza Aguirre ha respondido que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya dictó una sentencia respecto a la finca en la que subraya que no está sobre ninguna vía pecuaria. "No le voy a dar una opinión, le voy a dar los hechos: el TSJM ha dictado sentencia para decir que no hay ninguna vía pecuaria", ha dicho.Según Comisiones Obreras, esta vía se sometió a un proceso de desafectación por parte del Gobierno regional para su desaparición como bien de dominio público a finales de 2003 y la sentencia del TSJM ha sido recurrida. www.elpais.es 24.07.07
El PP aprueba en solitario el dictamen de la Ley de Modernización
Unos 50 agentes forestales de la Comunidad de Madrid han montado hoy una acampada en la Plaza de España para reivindicar la potestad de acceder a las fincas privadas -que constituyen el 73% de los montes madrileños- que en su opinión les será "arrebatada" si se aprueba la Ley de Medidas Urgentes de Modernización. Impasible a la movilización, la Comisión de Presidencia e Interior de la Asamblea de Madrid ha aprobado al mismo tiempo, con los votos a favor del PP y los votos en contra del PSOE e IU, el dictamen sobre el proyecto, que además del capítulo forestal incluye numerosas medidas urbanísticas, inluida la prohibición de edificar con una altura superior a tres plantas (incluida la baja) más ático.
Al dictamen han quedado incorporadas seis enmiendas de carácter técnico y gramatical de las 49 que propuso el PSOE, ninguna de las 28 que presentó IU y las siete que aportó el PP, entre ellas la que devuelve a los agentes forestales el "carácter de autoridad" y la "consideración de Policía Administrativa Especial" que derogaba el texto del Gobierno.
La Ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid, que se aprobará definitivamente en el pleno del miércoles, 25 de julio, contiene medidas variadas en materia de urbanismo, medio ambiente, transporte e incompatibilidades de cargos públicos, y afecta a otras nueve normas legales. Incluye que los agentes forestales requerirán de autorización judicial para acceder a los montes privados, que el suelo rústico podrá destinarse a actividades deportivas, que los avances de los planes urbanísticos requerirán de un "informe de impacto territorial" y que la Comunidad podrá retirar las competencias urbanísticas a los ayuntamientos que incumplan la normativa.
"Ni en caso de ver una columna de humo"
También, prohíbe los graffitis y pintadas en la vía pública, y reserva la denominación de "consejeros" a la Administración autonómica. Esta ley ha provocado una fuerte movilización de los agentes forestales, que ya han salido dos veces a la calle para protestar. Hoy, han optado por montar una acampada en Plaza de España. Los forestales, que han montado ocho tiendas sobre el césped del céntrico enclave, consideran que la prohibición de entrar en los montes privados no beneficiará ni a los ciudadanos "que tengan un cierto aprecio por la naturaleza", ni tampoco al cuerpo, porque, según ha explicado el portavoz del sindicato SAFTAM, no podrán entrar a estos terrenos privados "ni en caso de ver una columna de humo".
"Se está tratando de modificar el sentido de la vigilancia y alejar al funcionario independiente de estas fincas", ha asegurado Palomo, quien pronosticó que "en el plazo de un año" la vigilancia de los montes de la Comunidad "estará en manos privadas", cuyas denuncias "carecen de la misma validez" que las de los forestales. Palomo, quien ha indicado que junto a él se encuentran forestales de los sindicatos SAFTAM, CC OO y UGT, ha agregado que permanecerán acampados "hasta que la policía les obligue a irse".
Además, solicitó al director del Medio Natural, Miguel Allué, y al jefe del Cuerpo de Agentes Forestales, José Luis Monleón, "que salgan a la palestra", puesto que, "aunque tienen cargos políticos son ingenieros de montes" y "no hay ningún experto que no crea que esta retirada de competencias es una barbaridad".
www.elpais.es 24.07.07
LOS FORESTALES, EN PIE DE GUERRA
Los agentes forestales de la Comunidad de Madrid ya están en pie de guerra contra el proyecto de ley de Esperanza Aguirre que les quita la consideración de «agentes de la autoridad» que les otorgaba la Ley Forestal y de Protección de la Naturaleza y que les impedirá inspeccionar los montes privados de la región, el 74% de todos los existentes.
Según denuncian, los efectos inmediatos de la norma, que el Ejecutivo de Madrid quiere aprobar con urgencia y antes de agosto, serán «la desprotección» de la mayoría de las zonas verdes de Madrid. Como destacó Miguel Angel Hontoria, de UGT, «la presidenta no está interesada en que se cumpla la Ley porque, de esta manera, las construcciones ilegales, las infracciones urbanísticas y los especuladores, que en muchos casos son sus amigos, camparán a sus anchas».
Ayer, casi la mitad de la plantilla de los agentes -más de 100- se reunieron en la Consejería de Medio Ambiente, que ahora dirige Beatriz Elorriaga, para acordar las movilizaciones que piensan llevar a cabo. Sin embargo, al equipo de la Consejería no le gustó la reunión -dijeron que no estaba autorizada- e impidió el paso a la prensa y a los responsables sindicales, a pesar de que los sindicatos habían convocado un encuentro con los medios de comunicación. Un portavoz de Medio Ambiente explicó que la asamblea de trabajadores no estaba autorizada y que la rueda de prensa, por tanto, no se podía celebrar. «Cuando los agentes empezaron a entrar en la Consejería usando la fuerza», aseguró el mismo portavoz, «se decidió llamar a la policía por seguridad».
En efecto, antes de las 13.00 horas, varias unidades de antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía se personaron en el edificio (en Princesa, 3) a petición de la Comunidad, aunque sin llegar a intervenir.
El problema de fondo, como denunció José Luis Díaz, de CCOO, es que «la Comunidad de Madrid quiere tomar al asalto el medio ambiente en la región» y los agentes «son un impedimento y un obstáculo para ello». El proyecto de ley de Medidas Urgentes de Modernización del Gobierno y la Administración de la Comunidad de Madrid modifica el artículo de la Ley Forestal que establece que los agentes forestales «tendrán consideración de agentes de la autoridad y podrán acceder a los montes o terrenos forestales, con independencia de quién sea su titular».
Hasta ahora, los guardabosques madrileños ejercían su labor preventiva y de inspección en defensa de la naturaleza en toda la región. La nueva ley dice que «los agentes forestales requerirán de autorización judicial para acceder a montes o terrenos forestales de titularidad privada». Sólo hay una excepción a esta nueva regla y es que «el acceso se produzca con ocasión de la extinción de incendios forestales». Los profesionales acordaron que realizarán varios actos de protesta que culminarán con una concentración para el jueves 25 en Sol, cuando el PP tiene previsto aprobar la norma que les despoja de autoridad.
Ante la nueva norma, las tres centrales del sector -UGT, CCOO y el Sindicato de Agentes Forestales y Técnicos Ambientales (Saftam)- han unido sus fuerzas a pesar de las discrepancias que tuvieron por problemas anteriores.
El Saftam en concreto avanzó que está estudiando acudir a los tribunales para impedir que la normativa salga adelante ya que «no se pueden cambiar leyes a base de decretos». De hecho, la propia ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya ha advertido de que el Gobierno de España podría interponer varios recursos de inconstitucionalidad contra la norma porque adolece, ha dicho, de «serios indicios de inconstitucionalidad» (ver el texto de apoyo).
Desde Medio Ambiente no supieron explicar si la nueva norma despojará de su condición de «agentes de autoridad» a los forestales. Y en cuanto a la exigencia de que tengan una orden judicial para entrar en los montes privados, dijeron que responde a que profesionales « tengan más seguridad jurídica» a la hora de hacer su trabajo.
www.elpais.com, 17/07/07