BERTÍN OSBORNE pide el voto para Aguirre  

Esperaban echar un pasodoble y les cayó además un mitin político. Los jubilados que el pasado martes asistieron a una fiesta pagada con dinero público de la Comunidad de Madrid tuvieron la oportunidad de departir con un invitado de postín, Bertín Osborne. Lo que no esperaban es que el cantante, tras bailar con la presidenta de la Comunidad, les arengara con esta frase: "Ya que sois jefes de familia, que en vuestra casa todos voten a Aguirre en las próximas elecciones, ¡así podremos seguir bailando!", según publicó el diario ADN.El incidente se produjo durante un concurso de baile celebrado en la sala Florida Park y organizado por el Servicio Regional de Bienestar Social de la Comunidad. Desde el PP se ha querido quitar hierro al asunto. Su portavoz regional, Antonio Beteta, dijo que Aguirre no hablo durante el acto y ha afirmado que Bertín Osborne lo pudo pedir "como un ciudadano cualquiera" y como "otros lo piden para el PSOE".

La oposición no comparte esta visión indulgente y ha acusado a Aguirre de utilizar dinero público con fines electoralistas. La portavoz adjunta del grupo socialista en la Asamblea, Ruth Porta, ha calificado el incidente de "inmoral" y ha pedido que el PP pague a la Comunidad la "fiestecita". Si el dinero no se devuelve, Porta ha advertido que se verán "obligados a acudir a los tribunales para que no se vuelva a repetir".

Porta ha asegurado que, "siguiendo los pasos de su íntima amiga Ana Botella", Aguirre "utilizó un acto pagado por los madrileños para hacer campaña electoral y pedir el voto", y subrayó que "utilizar el dinero de los impuestos para financiar campañas personales es malversar fondos públicos"."La Comunidad no es una propiedad más de la señora Aguirre, que sólo tiene prestado el sillón de presidenta por cuatro años", ha añadido la portavoz socialista, y ha explicado que su grupo pedirá "toda la información" sobre el asunto. A las críticas se ha unido la portavoz del grupo parlamentario de IU, Marga Ferré, que ha calificado a Osborne como "el otro gran líder de la derecha". www.elpais.es 17.11.06

El cuento de Canterbury

No le gustaría que esto se convirtiera en un circo, que en la calle se celebrara un juicio paralelo y que su nombre quedara inexorablemente unido al de defraudador fiscal. Tampoco le convence cómo se han desarrollado los hechos, y dice que la querella que se ha presentado esta semana contra él tiene dos mil errores, contradicciones y hasta fechas bailadas y que, por tanto su abogado va a pedir el archivo de las diligencias. Vamos, que no hay delito, y que lo «impresentable» es que se filtren las querellas del fiscal a la Prensa.

Es lo único que contó Bertín Osborne a los periodistas. Pero Norberto Ortiz Osborne tuvo que «cantar» durante tres horas ante el juez que instruye su caso. Las acusaciones que se han presentado contra él son graves. La fiscalía de Madrid advierte en el escrito enviado al juzgado que el cantante y presentador de televisión se desprendió de su patrimonio para eludir un eventual embargo de Hacienda, que le reclama 153 millones de pesetas por irregularidades en la declaración del IRPF y la licencia fiscal de actividades artísticas entre 1982 y 1985. Concretamente, el fiscal asegura que Bertín cometió un delito de alzamiento de bienes, ya que, al ser requerido por el fisco para que pagase la deuda, el cantante, lejos de hacerlo, vendió los dos pisos que poseía en Madrid -uno en la lujosa urbanización de La Moraleja y otro en Algete- por 70 y 51 millones de pesetas respectivamente.

Cuando Hacienda quiso hacer efectivo el embargo, se encontró con la sorpresa de que Bertín no tenía ninguna propiedad en España. Tan sólo pudo hacerse con 56.262 pesetas de sus cuentas bancarias y otras 167.952 pesetas por los derechos percibidos a través de la Sociedad General de Autores.

Pero no es lo único que le reprocha el fiscal. También se le acusa de ocultar ingresos a través de una sociedad instrumental panameña denominada Canterbury Operations S.A., que abrió filial en España en 1992.

Esta sociedad aparece como la titular en exclusiva y a nivel mundial de todos los derechos artísticos de Norberto Ortiz y es la que percibe todos los ingresos del cantante. La defensa de Bertín radica en que, según él, no percibe ningún dinero por sus trabajos en España porque «está pagando de esta forma una deuda de un millón de dólares que tiene con Canterbury, que es la que cobra sus actuaciones, limitándose esta sociedad a pagarle los gastos de alojamiento, manutención o viaje que tenga».

No es lo único que le abona. También le paga las asistentas. Al menos así se desprende de los datos a los que ha tenido acceso este diario. La única incidencia judicial que registra la filial española de Canterbury es un pleito con la que durante apenas 4 meses fue asistenta de Bertín en 1993. Angustias Ca mara Gallego confiesa que las nóminas que recibía durante este periodo iban firmadas por Canterbury.

Seguramente será uno de los argumentos del fiscal para intentar demostrar que este entramado de empresas es tan sólo una tapadera para evitar el pago al fisco y que los ingresos del cantante pasaban por varias sociedades para luego acabar en sus manos.

No queda aquí la cosa. Canterbury cedería después los derechos de representación de Bertín en España a otras dos sociedades. Primero a Limac Producciones y más tarde a Casino Producciones Artísticas. Mientras en Limac insisten en que ellos no están imputados en el caso, que tan sólo son testigos y que Hacienda ya les pidió en su día los datos correspondientes, en Casino no quieren decir nada. Jaime García Morey, representante de Bertín y administrador de Casino Producciones Artísticas, ha dado órdenes a sus empleados para que mantengan la boca cerrada. Ni siquiera confirman si el cantante continuará con la gira que tenía prevista este verano y que ya se anunció hace meses en Show Press, la revista especializada del sector.

Mientras, el cantante aseguraba esta semana que el juez no le había retirado el pasaporte, tal como pedía el fiscal, y que «es curioso que las únicas querellas que trasciendan sean la presentadas contra Norma Duval y contra mí, lo que a mí me apesta, por lo menos». Similar argumento al que utilizó hace cuatro meses la «vedette» cuando el fiscal la acusaba de lo mismo, de alzamiento de bienes para evitar un embargo de Hacienda que le requería más de 41 millones de pesetas. Era una persecución política por haber apoyado al Partido Popular, vino a decir Norma.

Apoyo al PP

Pero la situación política ha cambiado y ya no estamos con un Gobierno socialista en funciones, tal como ocurría cuando el fiscal presentó la querella contra la artista y su marido, Marc Ostarcevic. Ahora es el Partido Popular quien está en el poder y el fiscal ha procedido contra Bertín a pesar de que a éste le haya gustado aparecer en actos de apoyo público a los populares.

Al menos ésta era la reflexión que se hacían desde la oficina de Antonio Calero Torres, inculpado por el fiscal -junto al venezolano Miguel Sierralta Meza- como cooperador necesario en el alzamiento de bienes. «¿Por qué salta ahora?», se preguntaban.

Pero no son preguntas lo que necesitará el juez Miguel Fernández de Marcos, el mismo que sigue la causa contra Norma y su marido, cuando los llame a declarar la próxima semana. Los testaferros de Bertín tendrán que convencer al juez de que son inocentes de los delitos que se les imputan. Y no se trata de un juego. Sólo el delito de alzamiento de bienes está castigado en el Código Penal con penas de entre seis meses y seis años de cárcel.

Un nuevo frente judicial el que se le abre a Bertín apenas cuatro meses después de que el Tribunal Supremo zanjara definitivamente el asunto del chalé del cantante en Jerez, autorizando su derribo. Tras un pleito que duró once años y durante el que Pedro Pacheco, el alcalde que le llevó a los tribunales, acuñó la famosa frase de «la justicia es un cachondeo», es comprensible que al artista le asuste la idea de convertirse en la atracción principal de un nuevo circo.

Como Norma

No se cansó de repetir que Hacienda la perseguía por el apoyo que había prestado al Partido Popular. Fue hace cuatro meses cuando el juez admitía a trámite una querella de la Fiscalía de Madrid contra Norma Duval y su marido, Marc Ostarcevic, por un presunto delito de alzamiento de bienes para eludir pagar a Hacienda más de 41 millones. De momento, la querella está paralizada. El motivo, un escrito en el que el matrimonio Ostarcevic alega que las acusaciones del fiscal están prescritas.

www.elmundo.es Domingo, 28 de julio de 1996

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