La Comisión Europea ha interpuesto un recurso contra España -las instituciones europeas sólo se dirigen a los Estados miembros aunque juzguen políticas de Gobiernos regionales- ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas por estimar que la construcción de la autovía que ampliará la M-501 viola las leyes europeas de protección del medio ambiente, según confirmaron ayer fuentes comunitarias. El desdoblamiento de esta vía, conocida como carretera de los pantanos, en un tramo de 18 kilómetros entre Quijorna y Navas del Rey, es iniciativa de la Comunidad de Madrid. "Esperamos que España haga lo necesario para evitar una sentencia condenatoria, que adopte las medidas necesarias para compensar el daño ya causado", indicó Barbara Helfferich, portavoz europea de Medio Ambiente, quien detalló que la demanda fue interpuesta el pasado 18 de julio.

La Comisión Europea teme por los encinares y las cuencas del Alberche y Cofio

El proyecto para convertir en autovía esta carretera incumple a juicio del Ejecutivo comunitario dos directivas europeas: la conocida como Hábitats y la de evaluación de impacto ambiental. La infraestructura atraviesa un área incluida en la red Natura 2000 y por tanto con especiales garantías de protección ambiental, ya que según Bruselas es "extremadamente rica en biodiversidad y alberga especies endémicas". Cuando una obra atraviesa una zona así, debe presentarse una evaluación de impacto ambiental y si la Comisión Europea da el visto bueno, la construcción de la carretera debe ir acompañada de medidas compensatorias que traten de subsanar el daño ambiental causado.

De la ampliación de la carretera madrileña que une Alcorcón con San Martín de Valdeiglesias, a la Comisión Europea le preocupa especialmente el impacto que pueda causar en los encinares de la zona, así como en las cuencas de los ríos Alberche y Cofio y del río Guadarrama, clasificados como lugares de interés comunitario.

Bruselas sostiene que en el caso de la M-501 no se ha cumplido ninguno de los dos requisitos. Por un lado acusa a España de dividir la evaluación de impacto en cinco estudios, correspondientes a los distintos tramos, sin presentar una evaluación global que tenga en cuenta el daño global de la infraestructura al medio ambiente. Por otro lado, Bruselas dice que las medidas compensatorias presentadas son insuficientes en relación con el interés ecológico de la zona y que afectan tan sólo a un tramo de la carretera.

Ahora, los servicios legales de la Comisión Europea trabajan en la preparación de los documentos que deben remitir al tribunal de Luxemburgo, sin que exista un plazo de entrega. Después, habrá que esperar la sentencia, que suele demorarse una media de dos años. De resultar condenatorio, el fallo pediría que se adopten medidas compensatorias como la designación de otras zonas de protección. Si España siguiera sin cumplir, la Comisión podría pedir una multa que podría alcanzar las decenas de millones de euros. En el Tribunal europeo de Justicia de Luxemburgo recuerdan la multa de 78 millones de euros impuesta a Francia en 2005 por pescar alevines.

El eurodiputado socialista Carlos Carnero, que ha defendido en reiteradas ocasiones la ilegalidad de la carretera en Bruselas, destacó "la rapidez y contundencia con la que ha actuado la Comisión" y consideró que lo que tiene que hacer ahora el Gobierno de Esperanza Aguirre es "parar las obras".

No es la primera vez que la Comisión Europea lleva a un Estado miembro ante la justicia por incumplir la legislación comunitaria. El caso más reciente ha sido el de Polonia, en el que Bruselas ha solicitado incluso la paralización de las obras de una carretera que atraviesa el valle protegido de Rospuda, mediante medidas cautelares. "En el caso español estamos aún muy lejos de llegar a ese punto", señala Helfferich.

La Comisión Europea concedió el pasado mes de marzo un plazo de dos meses a la Comunidad de Madrid para que presentase el estudio ambiental completo de las obras y amenazó con llevar a España ante el tribunal si no cumplía. El 18 de julio la amenaza se hizo realidad.

www.elpais.es 10.08.07

"Europa no ve las cruces de los muertos en la carretera"

Las obras de desdoblamiento de 18 kilómetros de la M-501 (carretera de los pantanos), entre Quijorna y Navas del Rey, continuaban ayer a buen ritmo. En la mayor parte del trazado ya se aprecia la nueva calzada, casi terminada, cuando Bruselas decide enviar esta iniciativa del Gobierno regional a la justicia comunitaria por su impacto medioambiental. Al entrar en la zona en obras, un cartel de la Comunidad de Madrid anuncia el inicio en mayo de 2006 y el coste: 44 millones de euros. La fecha de finalización no aparece. A los alcaldes de los pueblos de los alrededores les preocupa que la decisión de Bruselas afecte a una infraestructura que consideran "indispensable" para la seguridad de sus vecinos.

Los regidores de los pueblos a los que se accede por la M-501, vía de comunicación con los pantanos de San Juan y Picadas y el valle del Tiétar y el Alberche, lucharon durante años por conseguir el desdoblamiento. Once de ellos formaron en 2005 una plataforma para reclamar una autovía a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Esgrimían, y esgrimen, la alta tasa de accidentes de tráfico que se producen en el tramo de la carretera. Algo que, según Ecologistas en Acción, se podría haber solucionado con una actuación "menos agresiva" de eliminación de puntos negros.

Alberto Ruiz-Gallardón se planteó el desdoblamiento cuando era presidente del Gobierno regional. Dio marcha tras recibir un informe del Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) sobre la influencia negativa que tendría en la fauna del lugar, la más importante de bosque mediterráneo de la Comunidad de Madrid. Además de las conclusiones del CSIC, la Consejería de Medio Ambiente realizó en 1998 una declaración de impacto ambiental desfavorable. No se volvió a hablar del proyecto hasta que llegó Aguirre en 2003. La presidenta regional lo desempolvó y lo sacó adelante.

Los alcaldes de la zona continúan apoyando la ampliación, a pesar del recurso interpuesto por la Comisión Europea contra España al considerar que la actuación viola la normativa europea. El alcalde de Navas del Rey, Jaime Peral (PP), considera que la reforma de la carretera se ha convertido en un "arma política". En su opinión, Esperanza Aguirre "se mojó", pero sólo porque los alcaldes se lo estaban pidiendo.

Para Peral la única razón de que el tema se esté discutiendo en Europa es "tratar de desprestigiar a la presidenta". "Somos nosotros los que vemos las cruces puestas en la carretera por los muertos en accidente, no Europa. Pueden salir por cualquier lado porque para ellos es algo lejano. Esperemos que su actuación no frene el desdoblamiento", añade. Peral rechaza que tras el desdoblamiento se esconda un interés inmobiliario. "Por culpa de esas especulaciones, tenemos el plan urbanístico paralizado. Nos han pillado en medio de la polémica y seguimos con unas normas de hace 28 años".

El anterior regidor de Navas del Rey, el independiente Jesús Miguel Teresa, integrante de la comisión de alcaldes que respaldaron la autovía ante Aguirre, considera que lo complicado es evitar que la actuación conlleve un crecimiento desmesurado de los pueblos. "Tenemos los mismos derechos que cualquier madrileño a transitar por vías acordes a los tiempos actuales", recuerda. Al mismo tiempo, reconoce su alto valor medioambiental.

Pablo Martín, alcalde de San Martín de Valdeiglesias (PP), pide más: "Hay que seguir la autovía, como mínimo, hasta el final de la región. Ojalá se implicaran otras administraciones y se ampliara más". Martín se basa en el volumen de tráfico que soporta la carretera en la actualidad. "Es la vía alternativa hacia Extremadura. Conecta con Plasencia, con Castilla-La Mancha y Castilla y León". Sobre la decisión de Bruselas, prefiere no opinar. "Si han acudido a Europa será porque les ampara, pero que piensen en la cantidad de muertes que se producen en esta carretera", dice.

www.elpais.es 10.08.07

La Comunidad justifica la obra por los accidentes

El águila imperial y la preservación del medio ambiente en una zona de protección de aves (ZEPA, bajo tutela de la UE) enfrentan a la Comunidad de Madrid con las instituciones europeas, el Gobierno de Zapatero y los ecologistas. El Ejecutivo regional cree que el "interés general" de la conversión en autovía de la M-501, el "alto índice de accidentes" y los "elevados niveles de contaminación" actuales son razones suficientes para que mantener el proyecto.

Un portavoz de la Comunidad de Madrid admite no tener conocimiento de que el desdoblamiento de la carretera de los pantanos esté en manos del Tribunal de Justicia Europeo. "Para nosotros eso no existe, porque no se nos ha notificado", explica el mismo portavoz, que indicó que la nueva autovía, presupuestada en 44 millones de euros, "es más sostenible y respetuosa" que la carretera actual. Una cuarta parte de los gastos se ha destinado, según el Gobierno regional, a medidas ambientales: recuperación de especies como reptiles y aves como las águilas imperiales o los cernícalos primillas; restauración de los márgenes del río Alberche; enterramiento de 20 kilómetros de líneas eléctricas; adquisición de fincas que servirán para atajar la desaparición progresiva de los hábitats de ciertas especies y dos ecotúneles que evitarán atropellos de algunos animales.

Los ecologistas se debaten entre la "tranquilidad" y la "pena". Tranquilidad porque la Unión Europea les ha dado "la razón". Pena porque el daño que ha provocado el proyecto tiene "consecuencias irreparables" en el entorno de los ríos Cofio y Alberche y "sólo fomenta el urbanismo salvaje". María Ángeles Nieto, portavoz de Ecologistas en Acción, propone una alternativa al desdoblamiento de la M-501: ensanche de arcenes, eliminación de las curvas peligrosas, construcción de rotondas en las intersecciones e inclusión de carriles de aceleración. Estas medidas formaban parte del plan alternativo propuesto por el equipo de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, cuando el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) emitió en 2000 un informe negativo por el alto impacto ambiental de las obras.

El proyecto se paralizó ese año, pero se volvió a activar en abril de 2005. "Se aprobó por narices", lamenta Nieto, que se queja de que ni los tirones de oreja del Ministerio de Medio Ambiente ni los de Bruselas sirvieron para detener las obras. Añade que la Comunidad "falseó datos" para que los índices de siniestralidad de toda la carretera aparecieran como los del tramo no desdoblado.

El Gobierno de Zapatero ha mantenido un pulso con la Comunidad desde el inicio de la obra. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, siempre mantuvo que la M-501 "incumple la normativa".