ALEJANDRO ABASCAL JUNQUERA: UN JUEZ PROMESA CON ANTECEDENTES 

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ÍNDICE

BATALLA ‘SUPREMA’ DE MAGISTRADOS POR UNA PLAZA EN EL JUZGADO DEL ‘CASO VILLAREJO’

EL PODER JUDICIAL RATIFICA EL REFUERZO ENVIADO AL INSTRUCTOR DEL ‘CASO VILLAREJO’

EL CGPJ RATIFICA LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE ABASCAL EN EL CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 6 FRENTE AL RECURSO DE FREIRE

OFENSIVA CONTRA EL NOMBRAMIENTO DEL MAGISTRADO DE REFUERZO ENVIADO AL JUZGADO DEL ‘CASO VILLAREJO’

LA APM EMPLEA LA FIGURA DEL “JUEZ DIVULGADOR” PARA AYUDAR A ENTENDER LA SENTENCIA DEL “PROCÉS”

LA JUEZ DEL BORRADO DE LOS DISCOS DUROS DE BÁRCENAS SE POSTULA PARA UNA PLAZA EN LA AN

PILAR MARTÍNEZ CEYANES ELEGIDA POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA PARA OPTAR AL NUEVO CGPJ

EL SUPREMO ANULA LOS NOMBRAMIENTOS DE DOS JUECES DE LA AUDIENCIA NACIONAL

EL ORGANIZADOR DE ESTA CONFERENCIA, EL CONCESIONARIO DE BMV EN OVIEDO, EVITA EXPLICAR CUÁNTO COBRÓ LLARENA POR ESA CHARLA

EL PODER JUDICIAL CORTA EL GRIFO Y DEJA OTRA VEZ SOLO AL JUEZ QUE LLEVA PÚNICA Y ACUAMED

ALEJANDRO ABASCAL, JUEZ DE REFUERZO DE ELOY VELASCO

LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA REELIGE PRESIDENTE A JESÚS CHAMORRO GONZÁLEZ

EL COLEGIO DE MÉDICOS FELICITA A RAMÓN ABASCAL POR LA SENTENCIA QUE ANULA SU SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO

UNA SENTENCIA CONSIDERA NULA LA RESOLUCIÓN DEL SESPA DE SUSPENDER DE EMPLEO Y SUELDO AL JEFE DE UROLOGÍA DEL HUCA


 




BATALLA ‘SUPREMA’ DE MAGISTRADOS POR UNA PLAZA EN EL JUZGADO DEL ‘CASO VILLAREJO’

El alto tribunal decidirá sobre la pelea de dos jueces, que se cruzan reproches, por ocupar un puesto de instructor en la Audiencia Nacional

Acostumbrados a decidir, a los magistrados Alejandro Abascal y Rosa María Freire les tocará esta vez acatar. El Tribunal Supremo ya tiene entre sus manos la intensa batalla que ambos mantienen por ocupar una plaza de refuerzo en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que investiga causas tan mediáticas como los casos Púnica y Lezo, que cerca la corrupción del PP; y la Operación Tándem, sobre la macrotrama política, policial y empresarial que gira en torno al comisario jubilado José Manuel Villarejo. Después de que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), controlado por los conservadores, decidiera en febrero del pasado año que ocupara el puesto el primero de ellos, miembro de la también conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM); la segunda se embarcó en una guerra que ya ha dejado un buen intercambio de reproches entre sus protagonistas.

En sus escritos, Rosa María Freire, titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid e impulsora de la causa sobre la destrucción de los discos duros del extesorero Luis Bárcenas —donde el PP arremetió contra ella y llegó a pedir su recusación—, acusa al Poder Judicial de elegir a su oponente tras obviar todos los méritos que le eran “objetivamente favorables” y tras crear “un mérito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma”. Una denuncia que elevó más de tono el colectivo al que pertenece, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), que considera que el CGPJ adoptó un criterio “arbitrario” en el seno de un Consejo que “se parece a un grupo de amigos de un club de golf”.

Unas palabras que ya han encontrado respuesta de Abascal, juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este envió el pasado 7 de enero un escrito a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, donde defiende la decisión del Poder Judicial y reprocha a Freire que, según ella, “cualquier decisión que no pase por designarla se convierte en discriminatoria”. “[Las afirmaciones de Freire] se agotan en su muy personal juicio de valor sobre la superioridad de la candidata frente a cualquier consideración que se le pueda oponer”, apostilla el documento, donde también acusa a la magistrada de “atribuirse” continuamente una posición de “preferencia” frente a él.

En su decisión del pasado año, el CGPJ valoró para designar a Abascal que en 2016 ya había ocupado seis meses ese mismo puesto. Un criterio que rechaza Freire, que entonces no optó a la plaza y que recuerda que ella ostenta en la carrera el número 1.271 del escalafón, frente al 4.212 de su adversario. A lo que Abascal responde que la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional, al poner en marcha el concurso, consideró que “debía prevalecer la experiencia en el propio órgano”.

“En resumen, lo que [Freire] hace no es contrastar sus méritos con la definición de las concretas necesidades del órgano para concluir que sus méritos son mayores, sino usurpar las funciones del órgano de gobierno y establecer un cuadro de méritos que construye esas necesidades a la medida de la conveniencia de su currículo personal”, remacha el juez en su escrito del 7 de enero, donde también acusa a su oponente de insinuar que se le ha discriminado por razón de género: “Aunque parece que, en realidad, lo que plantea es una queja por el hecho de que la resolución impugnada no hubiese incluido un factor de discriminación de género a su favor”.

Otros recursos

Más allá de la disputa particular entre estos dos magistrados, su pelea ahonda en la crisis de reputación que sufre el CGPJ. Pese a que se encuentra en funciones desde diciembre de 2018, este órgano ha seguido haciendo nombramientos discrecionales —entre ellos, el de Abascal—, que dos asociaciones judiciales han decidido recurrir al Supremo: “Los cargos se están repartiendo por afinidades y no por lo único que debería contar en estos casos, que es adjudicarlos de forma objetiva e imparcial a quienes más se lo merezcan y mejor los puedan ejercer”, denunció entonces la AJFV. El Supremo ya anuló el nombramiento de Eloy Velasco y Enrique López como magistrados de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional tras las alegaciones de otros jueces.

En este contexto, tras la celebración de las últimas elecciones del pasado 10 de noviembre y la negativa del PP a sentarse con el PSOE a negociar la renovación de un CGPJ de mayoría conservadora, el presidente del órgano Carlos Lesmes anunció el mes pasado que no hará más nombramientos hasta que no se renueve.

https://elpais.com/politica/2020/02/07/actualidad/1581103175_404351.html

EL PODER JUDICIAL RATIFICA EL REFUERZO ENVIADO AL INSTRUCTOR DEL ‘CASO VILLAREJO’

La comisión permanente del CGPJ rechaza el recurso presentado contra el nombramiento del magistrado Abascal

La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha frenado la ofensiva contra el nombramiento de Alejandro Abascal como magistrado de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción número 6, que impulsa investigaciones tan relevantes como los casos Villarejo y Lezo y la Operación Púnica. El órgano ha rechazado este jueves el recurso presentado por Rosa María Freire, instructora del caso de los discos duros de Bárcenas, que también aspiraba a ocupar ese puesto y que presentó alegaciones contra la designación.

Según el escrito enviado al Consejo por Freire, adelantado por EL PAÍS, el CGPJ eligió a Abascal en 2016 obviando todos los méritos previstos para este tipo de concursos, que le eran "objetivamente favorables", y se concedió el puesto a Abascal solo porque lo ocupó durante seis meses en 2016. En esa línea, la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), que respaldó a la magistrada, denunció la "arbitrariedad" de la comisión permanente, a la que acusó de funcionar a veces como un "club de golf".

"La decisión de este jueves también es lamentable. Pese a que el recurso de nuestra compañera Rosa Freire está cargado de argumentos jurídicos, basados tanto en el texto legal como en la jurisprudencia, la Comisión Permanente ha ratificado los mismos argumentos que se enarbolaron para otorgar la plaza a Alejandro Abascal, sobre la premisa de su estancia en el órgano reforzado", ha afirmado este viernes Raimundo Prado, portavoz de la AJFV. La juez destacaba, por ejemplo, que el número escalafonal de Abascal es el 4.212, frente al 1.271 que ella ostenta.

Freire ha decidido recurrir la decisión al Supremo, que ya tuvo que anular en marzo el nombramiento de Eloy Velasco Núñez y Enrique López López como magistrados de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional. La comisión permanente del CGPJ los designó en un primer momento, pero el alto tribunal consideró que no se habían valorado correctamente los requisitos exigidos y aceptó así los recursos presentados por otros dos jueces.

https://elpais.com/politica/2020/02/07/actualidad/1581103175_404351.html

EL CGPJ RATIFICA LA COMISIÓN DE SERVICIOS DE ABASCAL EN EL CENTRAL DE INSTRUCCIÓN 6 FRENTE AL RECURSO DE FREIRE

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) desestimó hoy, por 6 votos a 2, el recurso interpuesto por la magistrada Rosa María Freire contra el acuerdo de nombramiento de su compañero, Alejandro Abascal, como refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, decisión tomada el pasado 14 de febrero de 2019.

Durante la deliberación se han recordado los principios rectores del proceso de selección establecidos por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional el 7 de febrero de 2019, el tercero de los cuales, decía: “La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional considera que la antigüedad escalafonal no debe ser criterio prioritario para la selección; estimando que sobre la misma deben prevalecer la experiencia en el propio órgano y el tiempo efectivo de ejercicio en la Jurisdicción penal en órganos similares al que ha de ser objeto de refuerzo, unido a la experiencia en instrucción de delitos competencia de la Audiencia Nacional o habitualmente conexos con los enjuiciados en la misma, así como de macro causas, en la transmisión de instrumentos de cooperación penal internacional y en materia de reconocimiento de resoluciones dictadas en la Unión Europea y extradición pasiva que son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional”.

Una ventaja que poseía Abascal, al haber desempeñado ese mismo puesto, en ese mismo Juzgado Central de Instrucción, entre marzo y diciembre de 2016, cuando era titular el magistrado Eloy Velasco.

Y que encajaba con los criterios adoptados por la Sala de Gobierno el 20 de diciembre de 2018 en la aprobación del informe sobre el borrador de Propuesta de Instrucción sobre convocatoria, tramitación, resolución y ejecución de medidas de apoyo.

Freire, actualmente titular del Juzgado de Instrucción 32 de Madrid, argumentó en su recurso que se habían obviado todos los méritos que le eran “objetivamente favorables” y que se le concedió el destino a Abascal por esa experiencia de seis meses en la Audiencia Nacional.

“Se crea un mérito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma”, escribió la magistrada.

Freire destacó en su recurso que, por ejemplo, el número escalafonal de Abascal es el 4.212, frente al 1.271 que la magistrada ostenta.

“Y el tiempo de desempeño de funciones jurisdiccionales instructoras penales es notoriamente superior en mi caso que en el del nombrado”, añadía.

Los vocales que votaron en su favor han sido la abogada Pilar Sepúlveda y el magistrado Rafael Mozo.

https://confilegal.com/20190516-el-cgpj-ratifica-la-comision-de-servicios-de-abascal-en-el-central-de-instruccion-6-frente-al-recurso-de-freire/

OFENSIVA CONTRA EL NOMBRAMIENTO DEL MAGISTRADO DE REFUERZO ENVIADO AL JUZGADO DEL ‘CASO VILLAREJO’

Un colectivo de jueces dice que pudo primar su pertenencia a una asociación conservadora

La lupa se ha colocado sobre el Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, que vive desde hace meses inmerso en la investigación de tramas tan extensas y complejas como Púnica, Lezo y el caso Villarejo. Tras la renuncia el pasado diciembre de Diego de Egea a seguir como magistrado de refuerzo en ese órgano, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombró en febrero como su sustituto al juez Alejandro Abascal, vinculado a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM). Una decisión que ha recurrido ahora la instructora Rosa María Freire, que también aspiraba a ocupar esa plaza y que es conocida, por ejemplo, por enviar al PP al banquillo por la causa abierta por la destrucción de los discos duros de Luis Bárcenas.

En un escrito presentado ante el Consejo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Freire argumenta que se han obviado todos los méritos previstos para este tipo de concursos, que le eran "objetivamente favorables", y se ha concedido el puesto a Abascal solo porque lo ocupó durante seis meses en 2016. "Se crea un mérito superlativo de idoneidad no contemplado en la norma", incide en su recurso la magistrada, que ha encontrado el respaldo de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), la segunda más numerosa del sector después de la APM y a la que pertenece la juez.

Raimundo Prado, portavoz de la AJFV, insiste en que "la ley establece una serie de baremos y estos no se han respetado": "Además, el CGPJ se ha sacado de la chistera un criterio que no existe". "Estamos hartos de esa arbitrariedad y de que las motivaciones sean cambiantes, amoldándose a determinadas personas de determinadas asociaciones", continúa el representante de la Asociación Francisco de Vitoria, que subraya que, a veces, el Consejo del Poder Judicial "se parece un poco a un grupo de amigos de un club de golf".

Freire destaca en su recurso —que ya fue admitido a trámite, según la AJFV— que, por ejemplo, el número escalafonal de Abascal es el 4.212, frente al 1.271 que la magistrada ostenta. "Y el tiempo de desempeño de funciones jurisdiccionales instructoras penales es notoriamente superior en mi caso que en el del nombrado", añade la juez en su recurso. Además, en 2017, Abascal intentó volver a ser el juez de refuerzo y, en esa ocasión, no se primó su experiencia previa, por lo que De Egea acabó ocupando el puesto.

En su resolución del pasado 14 de febrero, la comisión permanente del CGPJ destacaba en el nombramiento de Abascal "su experiencia en los juzgados centrales de instrucción de la Audiencia Nacional y en concreto en el mismo órgano a reforzar".

https://elpais.com/politica/2020/02/07/actualidad/1581103175_404351.html

LA APM EMPLEA LA FIGURA DEL “JUEZ DIVULGADOR” PARA AYUDAR A ENTENDER LA SENTENCIA DEL “PROCÉS”

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), una de las cuatro asociaciones de jueces existentes, va a emplear la figura del llamado “juez divulgador” o “juez explicador” para ayudar a los periodistas a aclarar y comprender aquellos aspectos de la sentencia del “procés” –cuya publicación previsiblemente se producirá hoy– que, por su técnica jurídica, sean importantes y relevantes.

Un papel que va a asumir el magistrado Alejandro Abascal Junquera, juez de refuerzo del Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, quien ha recibido este encargo de la Ejecutiva de la APM.

“El lenguaje profesional que empleamos en ocasiones es opaco y puede ser malinterpretado. Queremos ayudar a explicar, en un lenguaje llano y comprensible, todo lo que sea necesario y aclarar todas las dudas que puedan existir, desde un punto de vista aséptico y objetivo “, explica el magistrado Abascal Junquera.

La APM ha dirigido este servicio, vía e-mail, a los periodistas que han venido cubriendo, durante las 52 semanas que ha durado el juicio del “procés”.

“Ante la previsible próxima notificación de la sentencia pronunciada en la causa especial abierta por los hechos acaecidos en Cataluña a raíz del 1 de octubre de 2017, la Asociación Profesional de la Magistratura se pone a disposición de los medios de comunicación para, una vez sea hecha pública, atender todas las cuestiones jurídicas de interés que puedan desprenderse de la resolución del Alto Tribunal”, dice la misiva.

“Esperamos que os pueda resultar útil para poder transmitir la información más completa posible de los hechos y razonamientos jurídicos de la sentencia, así como aclarar las eventuales dudas que puedan surgir. Quedamos a vuestra entera disposición”, concluye.

No es la primera vez que la APM ofrece este tipo de asesoramiento a los medios de comunicación. A lo largo de los últimos tres años sus dos coportavoces, Celso Rodríguez Padrón –elegido recientemente presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid– y María Jesús del Barco –decana de los Juzgados de Madrid–, han cumplido esa función.

Las otras tres asociaciones también, en diferentes medidas, han asumido ese rol de “jueces divulgadores” o “explicadores” después de que el actual presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes Serrano, asumiera en su persona la figura del vocal portavoz. que funcionó entre 1980, cuando se creó el CGPJ, y 2014, cuando comenzó su mandato.

Un eufemismo, porque en realidad acabó con ella.

Una figura reclamada por jueces decanos y presidentes de audiencias provinciales

Los presidentes de 37 –de las 50– Audiencias Provinciales (AAPP) abogaron, el pasado 12 de abril, en el marco de las XIX Jornadas Nacionales de Presidentes de AAPP, celebrada en Vitoria, Álava, por la adopción de la figura del ‘juez divulgador’ o ‘juez portavoz en los órganos judiciales, siguiendo las recomendaciones de la Red de Consejos del Poder Judicial de Europa (ENCJ, por sus siglas en inglés), con el fin de poder explicar las sentencias y las decisiones judiciales de una manera comprensible para el gran público y evitar así fiascos como el del caso de «la manada».

«En línea con las recomendaciones de la Red Europea de Consejos de Justicia, debería estudiarse la oportunidad de la figura del ‘juez portavoz’ o ‘juez divulgador’, que en colaboración con los Gabinetes de Comunicación de los TSJ y con la aptitud y formación apropiada, explique a la ciudadanía, a través de los medios de comunicación, el contenido de decisiones judiciales y su fundamento en las normas y principios constitucionales. El objetivo sería fortalecer la confianza en la Administración de Justicia a través de su función divulgativa», afirman los presidentes de AAPP.

Y lo mismo hicieron antes los Jueces y Juezas Decanos en la clausura de sus XXVIII Jornadas, celebradas en octubre de 2018 en Melilla.

«En esa línea, para conseguir una mayor transparencia y claridad y favorecer el derecho a la información de todos los ciudadanos ‘proponemos que un magistrado se incorpore a todos los Gabinetes de Prensa de los Tribunales Superiores de Justicia», acordaron entonces.

Una idea que ha sido bien acogida por algunos diputados, como el socialista Juan Carlos Campo –magistrado en servicios especiales, exsecretario de Estado de Justicia y exvocal del CGPJ–, que el pasado mes de mayo declaró que los «Los jueces comunicadores serían una buena solución para la Justicia».

De acuerdo con Manuel Almenar, presidente de la APM, «en la carrera se echó mucho de menos la falta de una figura de este tipo, y de una estrategia de comunicación proactiva, cuando se conoció la sentencia de ‘la manada'”.

Las recomendaciones de la red de Consejos de Europa, un referente

Presidentes de Audiencias Provinciales y jueces decanos ven como una figura similar funciona con gran éxito en otros entes oficiales, como las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y consideran que ha llegado el momento de abandonar el silencio y asumir una función implícita en el artículo 117 de la Constitución, donde se dice que la Justicia emana del pueblo.

Un pueblo al que hay que explicarle en su idioma las decisiones de sus órganos judiciales para que las entienda.

Paradójicamente, en la gestación de las recomendaciones del ENCJ, elaboradas por un grupo de trabajo en 2012, que después recibió el respaldo unánime del Pleno de la organización, tomó parte el CGPJ en la persona de la entonces vocal Gemma Gallego y de miembros del personal técnico del Consejo.

“Todos los países deberán desarrollar y aplicar un sistema de portavocía judicial que recaiga en Jueces divulgadores (responsables de las relaciones con la prensa) y asesores de comunicación que posean amplios conocimientos sobre el sistema judicial, dotes para informar al público en un lenguaje comprensible y aptitudes sociales y mediáticas”, dice la recomendación principal que aparece en el “Proyecto ‘Poder Judicial, Sociedad y Medios de Comunicación”.

“Todos los países deberán desarrollar y aplicar un sistema de portavoces judicial que recaiga en Jueces divulgadores (responsables de las relaciones con la prensa) y asesores de comunicación que posean amplios conocimientos sobre el sistema judicial, dotes para informar al público en un lenguaje comprensible y aptitudes sociales y mediáticas“, prosigue.

“Los Jueces divulgadores y los asesores de comunicación deberán trabajar tanto a escala nacional como local (y, en algunos países, regional). Estos Jueces divulgadores deberán ser jueces que ejerzan en los tribunales y en la jurisdicción correspondiente al hecho sobre el que la prensa desea recibir información”.

El rol de “juez divulgador” fue desarrollado entre finales de los 90 y principios de la década de los 2000 en Holanda y ha sido “exportado” a buena parte de los países europeos.

https://confilegal.com/20191014-la-apm-emplea-la-figura-del-juez-comunicador-para-ayudar-a-entender-la-sentencia-del-proces/

LA JUEZ DEL BORRADO DE LOS DISCOS DUROS DE BÁRCENAS SE POSTULA PARA UNA PLAZA EN LA AN

La magistrada Rosa María Freire opta a ser juez de refuerzo del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional.

Rosa María Freire, la magistrada que instruyó el borrado de los discos duros del extesorero del Partido Popular Luis Bárcenas y Alejandro Abascal, el juez que investigó en secreto al expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González en la trama Lezo, han presentado su candidatura para ser juez de refuerzo del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, el magistrado Manuel García Castellón.

Según informan fuentes jurídicas a El Independiente, junto a Freire y Abascal también optan a esta plaza el magistrado de la Audiencia Provincial de Madrid Joaquín Delgado; el magistrado del Juzgado de lo Mercantil 10 de Barcelona, Manuel Ruiz de Lara; el ex juez decano de Denia, Joaquín Reyes; y, la titular del Juzgado de Instrucción Número 2 de Alcobendas, María Paloma Montaño.

Todas estas candidaturas serán analizadas por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional que elevará una propuesta al Consejo General del Poder Judicial, que preside Carlos Lesmes. Se da la circunstancia de que el magistrado de adscripción territorial de Madrid, Alejandro Abascal, actualmente destinado en el Juzgado de Instrucción Número 4 de Fuenlabrada, ya fue juez de refuerzo de dicho juzgado cuando lo encabezaba su anterior titular, el instructor Eloy Velasco. Este hecho le hace ser el mejor posicionado para hacerse con la nueva vacante, indican las fuentes informantes.

Freire, recusada por el PP sin éxito

Junto a Abascal se encuentra bien posicionada, la titular del Juzgado de Instrucción Número 32 de Madrid, Rosa María Freire, conocida por haber enviado al Partido Popular al banquillo de los acusados por el borrado de los discos duros de Bárcenas. En el marco de esa causa, la formación de Casado, a la desesperada, trató de recusarla sin éxito por “su evidente cercanía al PSOE”. La Audiencia de Madrid confirmó su instrucción en el caso de los discos duros en diferentes resoluciones y respaldó que el PP, su tesorera Carmen Navarro, el jefe de sistemas y el representante legal de la formación sean juzgados por la destrucción de las memorias USB de Bárcenas.

Por otro lado, junto a la designación del juez de refuerzo, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene previsto aprobar próximamente un juez de apoyo para el titular del Juzgado Número 6 de la Audiencia Nacional, instructor de los casos Villarejo, Púnica, Lezo y Acuamed. La figura de este magistrado, que no tiene función jurisdiccional, está prevista en la disposición adicional 21 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) como apoyo judicial en la instrucción de causas complejas. Según ha podido saber este medio para dicho puesto se baraja con fuerza el nombramiento del magistrado de adscripción territorial de Cataluña, Pablo Catalán.

Mientras la aprobación de la figura novedosa del juez de apoyo compete exclusivamente al Consejo, en el caso del juez de refuerzo el órgano de gobierno de los jueces debe escuchar el dictamen de la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. Dicho dictamen es preceptivo y no vinculante.

https://www.elindependiente.com/politica/2019/01/31/la-juez-los-discos-duros-barcenas-juez-investigo-secreto-gonzalez-optan-una-plaza-la-an/

PILAR MARTÍNEZ CEYANES ELEGIDA POR LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA PARA OPTAR AL NUEVO CGPJ

La decana de los juzgados de Oviedo ha resultado elegida en la circunscripción electoral formada por Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco y Castilla–León, El también asturiano Alejandro Abascal, designado por Madrid.

La Asociación Profesional de la Magistratura, mayoritaria entre jueces y magistrados, con más de 1.400 asociados, ha elegido a la magistrada ovetense Pilar Martínez Ceyanes para formar parte de los doce magistrados integrantes de la candidatura que avala esta asociación dentro del proceso de renovación de los Vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder judicial.

La decana de los juzgados de Oviedo ha resultado elegida en la circunscripción electoral formada por Asturias, Galicia, Cantabria, País Vasco y Castilla–León junto con el Decano de los jueces de Vitoria, José Luis Núñez Corral.

Pilar Martínez Ceyanes es titular del Juzgado de lo Contencioso administrativo nº 2 de Oviedo y es Decana de los Juzgados de Oviedo desde el año 2011, habiendo sido elegida por sus compañeros para dicho puesto y estando actualmente en su segundo mandato. Asimismo, es miembro electo de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Asturias por elección de los jueces y magistrados destinados en Asturias también en segundo mandato en la actualidad.

En la relación de los doce candidatos también se encuentra otro magistrado asturiano, Alejandro Abascal Junquera, que actualmente ocupa el puesto de Juez de Adscripción Territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que ha resultado designado candidato dentro de la circunscripción electoral madrileña formada en la asociación.

Se da la circunstancia que es la primera ocasión en la que dos magistrados asturianos forman parte de la candidatura en el proceso de elección de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial (12 de ellos de procedencia judicial y 8 entre otros juristas de reconocida competencia).

El próximo día 4 de diciembre de 2018 se cumplirá el plazo de cinco años que establece el artículo 568.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la renovación del Consejo General del Poder Judicial.

https://www.icaoviedo.es/Noticias/Noticias-de-la-abogacia/?codNoticia=3216

EL SUPREMO ANULA LOS NOMBRAMIENTOS DE DOS JUECES DE LA AUDIENCIA NACIONAL

El alto tribunal estima los recursos de dos magistrados que se presentaron a las plazas de la Sala de Apelación

El Tribunal Supremo ha sacudido este jueves a la Audiencia Nacional con una resolución que anula los nombramientos de dos de sus magistrados –Eloy Velasco y Enrique López- como miembros de la Sala de Apelación, el órgano encargado de revisar en segunda instancia las sentencias de las cuatro secciones penales de la Audiencia. En una resolución conocida esta tarde, el Supremo ha dejado sin efecto la designación de ambos magistrados que realizó el Consejo General del Poder Judicial en mayo de 2017. La decisión, según fuentes jurídicas, no afecta a las decisiones que Velasco y López, ambos con plaza en la Audiencia Nacional, hayan adoptado durante su etapa en la Sala de Apelación, entre ellas la revisión de la condena por el caso de la agresión a los guardias civiles de Alsasua (Navarra) o las que afectan a raperos como Pablo Hasel por enaltecimiento del terrorismo.

La Sala de lo Contencioso Administrativo del Supremo ha dado la razón a dos magistrados –Manuela Fernández de Prado, de la Audiencia Nacional, y Carlos Valle, juez de instrucción de Madrid, que también optaron a esas plazas y recurrieron el nombramiento de sus colegas tras verse relegados. Los recurrentes entendían, y ahora el Supremo les da la razón, que Velasco y López no cumplían debidamente el requisito de especialización penal que figuraba en las bases para acceder a la Sala de Apelación, que fue creada tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de octubre de 2015.

La sentencia de la que no se conoce más que la parte dispositiva, deberá aclarar si la decisión del alto tribunal obliga a realizar un nuevo concurso para la adjudicación de las plazas en la Sala de Apelación o bien las adjudica directamente a otros magistrados que se quedaron fuera del concurso en función de su puesto en el escalafón, afirman fuentes jurídicas. A la convocatoria ganada por Eloy Velasco y Enrique López concurrieron 33 magistrados. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial adjudicó las plazas con seis votos favorables y dos contrarios, los de los vocales Pilar Sepúlveda y Álvaro Cuesta.

La Ley Orgánica del Poder Judicial, en su artículo 330.7 dispone que “la provisión de plazas de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional se resolverá a favor de quienes, con más de quince años de antigüedad en la carrera, hayan prestado servicios al menos durante diez años en el orden jurisdiccional penal, prefiriéndose entre ellos a quienes ostenten la condición de especialista”.

Sin embargo, una sentencia del Supremo de julio de 2013 anuló las pruebas para el reconocimiento de la condición de especialista penal, por lo que a la hora de adjudicar las plazas el Gabinete Técnico del Consejo del Poder Judicial asimiló a la condición de especialistas a los magistrados que hubieran pasado las pruebas de selección anteriores en el orden jurisdiccional civil y penal, situación en la que de los 33 candidatos, solo estaban López y Velasco. Ambos obtuvieron la plaza “con preferencia sobre los/las peticionarios/as con mejor número de escalafón”.

Enrique López tiene su plaza en propiedad en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. De talante conservador, fue apartado del tribunal del caso Gürtel por su supuesta cercanía al Partido Popular. Este partido le aupó a un puesto de magistrado del Tribunal Constitucional al que renunció en junio de 2014 tras ser imputado por un delito contra la seguridad vial.

En cuanto a Velasco, primer juez instructor de los casos Púnica y Lezo en su etapa al frente del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, su destino tras esta decisión del Supremo es una incógnita. Fuentes jurídicas apuntan la posibilidad de que se quede en la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

https://elpais.com/politica/2019/03/28/actualidad/1553792126_920895.html

EL ORGANIZADOR DE ESTA CONFERENCIA, EL CONCESIONARIO DE BMV EN OVIEDO, EVITA EXPLICAR CUÁNTO COBRÓ LLARENA POR ESA CHARLA

Un magistrado del Supremo puede percibir entre 1.000 y 4.000 euros por su participación en uno de esos foros de debate, según fuentes jurídicas.

La presión de jueces y fiscales ha obligado al Gobierno de Pedro Sánchez a matizar su postura inicial sobre la defensa del magistrado del Tribunal Supremo que instruye el ‘procés’, Pablo Llarena, tras la demanda civil presentada por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. Mientras que el pasado jueves el Ministerio de Justicia aseguró que el Estado no asumiría la defensa de los actos «privados» de Llarena, el Ejecutivo salió con un nuevo comunicado este domingo para desdecirse de esas palabras.

«La demanda presentada en Bruselas incluye también referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena ante las que el Gobierno no puede actuar, puesto que supondría defender a un particular por afirmaciones de carácter privado ajeno a su función», decía el comunicado del Ministerio de Justicia del jueves. La demanda presentada por Puigdemont y los exconsellers en Bruselas hace referencia a unas palabras pronunciadas por el juez en una conferencia organizada por un concesionario de coches de Oviedo. Una conferencia por la que Llarena cobró, al margen de su cargo como magistrado del Supremo.

Lo cierto es que las conferencias de jueces organizadas por empresas privadas son una práctica generalizada en la magistratura. Así lo reconoce una fuente autorizada del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que asegura que no existe ninguna norma que las prohíba. Tampoco se debe pedir un permiso especial para asistir a las mismas. «Si la conferencia coincide con horario de audiencia se tramitará un permiso para poder convocar al juez sustituto», asegura el mismo portavoz del Poder Judicial a eldiario.es. Solo cuando se trate de una «actividad continuada» deberá solicitarse la compatibilidad. En esta categoría entrarían las clases en la universidad o la docencia en otro tipo de institutos, así como los trabajos de investigación científica.

Por estas charlas se paga una remuneración que tampoco se controla desde el CGPJ, aseguran estas mismas fuentes: «Eso entra dentro del acuerdo privado entre la empresa y el magistrado». Los honorarios son mayores cuanto más importante es el juez que imparte la conferencia, explican a este diario magistrados que han participado o recibido ofertas para estas charlas que organizan instituciones como puede ser una universidad, pero también empresas, bancos o medios de comunicación. Un magistrado del Supremo puede percibir entre 1.000 y 4.000 euros por su participación en uno de los foros de debate organizado por una empresa privada, afirman varias fuentes jurídicas.

Este diario ha preguntado por los honorarios del juez Llarena por sus dos charlas organizadas por concesionarios de BMW en Salamanca y Oviedo, pero se han negado a facilitar ese dato. En estas charlas también participaron el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Antonio del Moral García; el magistrado de la Sala de apelación de la Audiencia Nacional, Enrique López López, y el exmagistrado de la Audiencia Nacional, Alejandro Abascal Junquera.

La participación de jueces y fiscales en actividades remuneradas por empresas privadas no está prohibida en España, donde la regulación sobre este tipo de compatibilidades es mucho más laxa que en otros países de nuestro entorno.

Lo explicó la propia ministra Dolores Delgado durante una entrevista en Radio Nacional de España este lunes. En RNE, Delgado recordó que la idea inicial del Gobierno de no abonar la defensa de sus «actos privados» se enmarcaba -la decisión final defenderá ahora del bufete que actuará ante Bruselas- dentro de una estrategia que contempla que el asunto acabe en Estrasburgo, donde no hay tanta comprensión con esas actividades privadas de los jueces.

También en España esas conferencias son cuestionadas por algunos magistrados que, aunque reconocen que no existe una incompatibilidad legal, aluden a cuestiones deontológicas. ¿Qué pasa si una de estas charlas remuneradas pasa a ser investigada por algunos de los jueces que acudieron a los cursos o jornadas?, se preguntan algunos juristas consultados por eldiario.es. «Eso pasa sobre todo con los bancos», aseguran magistrados y fiscales a este medio.

El Gobierno de Sánchez entendió que no era competencia del Estado defender unas declaraciones del magistrado fuera de su ejercicio, a la vez que anunciaba que se personaría en la causa para defender la independencia judicial y la soberanía española. En las jornadas sobre ‘delitos económicos y responsabilidad penal de las empresas’ en las que Llarena participó el pasado mes de febrero organizadas por el concesionario de BMV en Oviedo, el juez afirmó que Oriol Junqueras y el resto de miembros del Govern en prisión «no son presos políticos». «Se trata de «comportamientos recogidos en el Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les hubiese llevado a cometerlos, tienen que ser investigados», explicó Llarena. Para los abogados del expresident el magitrado emitió «una opinión antes del juicio y fuera de los tribunales y por tanto prejuzgó».

En otras jornadas similares organizadas en Salamanca dos meses después, el magistrado ya no quiso contestar a las preguntas sobre el caso.

Para el Poder Judicial, Llarena no actuó de forma incorrecta participando en la conferencia privada y hablando de un caso que instruye ya que «lo normal es que los periodistas pregunten y que él conteste». «Lo que el magistrado no puede hacer es revelar datos de la investigación que se encuentren afectados por secreto de sumario», aseguran desde el CGPJ a este medio, que entiende que las declaraciones del magistrado de Llarena no fueron en esa línea «en ningún caso».

Otras conferencias polémicas

No es la primera vez que estas charlas generan controversia e incluso sanciones a magistrados. El juez del caso Asunta, José Antonio Vázquez Taín, fue castigado por el Tribunal Superior de Justicia gallego, una pena que ratificó el Supremo tras su intervención en un curso sobre terrorismo, seguridad ciudadana y violencia antisistema. El entonces titular del juzgado de instrucción número 2 de Santiago de Compostela aseguró que «en periodismo funciona, sale un tuit y dicen, no, los datos revelan que Asunta volaba, ojoooo, fuentes bien informadas próximas a la información bien contrastadas en la forma que, Asunta vuela».

El Supremo consideró en su sentencia que la actuación del juez que investigaba el asesinato de la niña en Santiago de Compostela fue algo más que «desafortunada y alcanzó los límites de lo claramente incorrecto: se encontraba instruyendo una causa penal por un delito especialmente grave, y con gran trascendencia social, en el que, no solo se había declarado el secreto de la instrucción sino que, además, se había decretado por él mismo la prisión de los dos progenitores de la víctima por lo que no se justifica realizar bromas de mal gusto relacionadas con ese asunto del que era Juez instructor, sobre todo cuando [la ley] le atribuye como fundamental misión, la protección y defensa de las víctimas».

Jueces de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo, audiencias provinciales y tribunales superiores cobraron de Ausbanc por impartir charlas, conferencias y asistir al denominado Foro de la Justicia que organizaba esta asociación desde 2010, antes de saber que estaba siendo investigada y de que se encarcelara a su presidente, Luis Pineda acusado de extorsionar a bancos y particulares a cambio de no dañar su imagen.

Las cantidades que percibieron los jueces oscilaban entre los 800 y 1.500 euros, además del viaje que estaba pagado. Con estas conferencias, el presidente de Ausbanc tenía como propósito estrechar vínculos y relaciones con magistrados a los que les podían caer pleitos que interponía en nombre de sus consumidores.

https://kaosenlared.net/la-polemicas-palabras-de-llarena-charlas-pagadas-por-un-concesionario-de-coches-de-lujo/


EL PODER JUDICIAL CORTA EL GRIFO Y DEJA OTRA VEZ SOLO AL JUEZ QUE LLEVA PÚNICA Y ACUAMED

La plaza de Alejandro Abascal, magistrado de apoyo de Eloy Velasco, no ha sido renovada. Un portavoz del CGPJ señala que la situación del juzgado 6 de la Audiencia ha mejorado

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido no renovar la plaza de refuerzo que tenía el juzgado de instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Eloy Velasco, que actualmente lleva causas tan mediáticas como Púnica y Acuamed (ambas salpican gravemente a cargos públicos del PP). Alejandro Abascal Junquera ha estado esta semana despidiéndose de sus compañeros, ya que ha finalizado su comisión de servicios de seis meses. Un portavoz del órgano de gobierno de los jueces ha explicado a El Confidencial que Velasco se queda sin este magistrado de apoyo, ya que la situación procesal del juzgado se ha desatascado bastante en esto seis meses. La plaza se podría haber renovado otro semestre más.

Como ya publicó El Confidencial, Velasco empezó a solicitar en septiembre de 2015 un magistrado de refuerzo que le permitiera centrarse y agilizar el centenar de casos que tenía asignados, la mitad de ellos declarados "complejos". La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional lo aprobó el 23 de noviembre de 2015 y lo tramitó el día 26, enviando al Consejo General del Poder Judicial el informe pertinente que justificaba ese refuerzo. Cuatro meses después, el 10 de marzo de 2016, la Comisión Permanente del Poder Judicial aprobaba la plaza, tras contar con el plácet presupuestario del Ministerio de Justicia (que es quien dota económicamente el nuevo puesto).
Velasco había argumentado su petición de refuerzo por la "acumulación sobrevenida de trabajo por razón de la complejidad de las causas" a su cargo y "particularmente" por el caso Púnica. En su escrito, Velasco expuso la necesidad de "impulsar y agilizar" las causas acumuladas en su juzgado. "No es tanto un problema de cantidad, sino de calidad y complejidad de los mismos". Abascal comenzó así su nuevo trabajo en junio.

En estos seis meses, las tareas se han repartido. Mientras que Abascal se ha encargado de las causas nuevas que ha entrado en el juzgado número 6 y de aquellas pequeñas instrucciones que requieren una tramitación menor, Velasco ha aprovechado para impulsar los grandes casos ya iniciados, que necesitan meses de diligencias, como son Púnica, Acuamed o algunas instrucciones sobre crimen organizado que atañen a grupos tan peligrosos como Los Ángeles del Infierno o el clan de La Camorra de Los Polverino.

En teoría Alejandro Abascal volverá a su plaza de origen, el juzgado de lo penal número 29 de Madrid

Velasco también lleva causas de terrorismo, como la de los abogados de ETA, las relaciones de la banda terrorista vasca con las FARC colombianas y varios casos de yihadismo. Sin olvidar otros asuntos de justicia universal, como la investigación del asesinato del jesuita español Ignacio Ellacuría. El accidente de un avión de la compañía Swiftair en Malí es otro de los procedimientos que se acumulan en su despacho. El Poder Judicial considera que Velasco ya ha avanzado en muchas de estas causas.

En teoría Abascal volverá a su plaza. Es juez de Adscripción Territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Está destinado en el Juzgado de lo Penal número 29 de Madrid. En su labor en la Audiencia Nacional, Abascal archivó la denuncia por la presunta financiación irregular de Podemos con fondos de Irán y Venezuela.

https://www.elconfidencial.com/espana/madrid/2016-12-25/eloy-velasco-punica-acuamed-juez-refuerzo-apoyo_1308982/


ALEJANDRO ABASCAL, JUEZ DE REFUERZO DE ELOY VELASCO

El magistrado Alejandro Abascal es el nuevo juez de refuerzo de Eloy Velasco en el Juzgado Central de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional. A partir de ahora, y por un plazo de seis meses, se dedicará a resolver todos los asuntos que entren regularmente mientras Velasco se dedica a los casos que necesitan agilización, como la Púnica.

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha acordado hoy nombrar a un magistrado en comisión de servicio con relevación de funciones como medida de refuerzo para el citado Central 6.

Alejandro Abascal contó con los votos favorables de seis de los miembros de la Permanente -el presidente Carlos Lesmes, los vocales conservadores Gerardo Martínez Tristán, Juan Martínez Moya y Nuria Díaz Abad, y los progresistas Pilar Sepúlveda y Álvaro Cuesta.

En su contra votó la progresista Mar Cabrejas. Rafael Mozo, también progresista, votó en blanco.

Abascal es juez de Adscripción Territorial en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Actualmente está destinado en el Juzgado de lo Penal 29 de Madrid -en Julián Camarillo- y era uno de los tres candidatos seleccionados por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional.

Los otros eran Coro Monreal y Juan Antonio Toro, los dos jueces de instrucción, la primera en el 34 y el segundo en el 36, ambos de Madrid.

El magistrado designado es el juez de Adscripción Territorial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Alejandro Abascal Junquera, actualmente destinado en el Juzgado de lo Penal número 29 de Madrid y que era uno de los tres candidatos preseleccionados por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. Antes fue letrado en el órgano de gobierno de los jueces.

La asignación de Abascal al Juzgado Central de Instrucción 6 tiene su origen en la solicitud que hizo Eloy Velasco el pasado 23 de octubre por la “acumulación sobrevenida de trabajo por razón de la complejidad de las causas” que se instruyen en este órgano judicial “y particularmente en relación al procedimiento DPA 85/2014 en la denominada ‘operación Púnica'”.

La Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional aprobó y convocó la comisión de servicio. Diez candidatos optaron, de los que fueron seleccionados tres. Una lista que fue remitida, como propuesta al CGPJ.

El pasado 1 de marzo, el Ministerio de Justicia emitió la preceptiva autorización económica, como había adelantado Confilegal.

https://confilegal.com/20160310-alejandro-abascal-juez-refuerzo-eloy-velasco/

LA ASOCIACIÓN PROFESIONAL DE LA MAGISTRATURA REELIGE PRESIDENTE A JESÚS CHAMORRO GONZÁLEZ

La Asociación Profesional de la Magistratura ha reelegido hoy para su presidencia a Jesús Chamorro González, presidente de la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Asturias.

Según informó la asociación de jueces en un comunicado, Chamorro fue reelegido por unanimidad de los compromisarios asistentes a su XVIII Congreso Nacional, que se ha celebrado esta semana en Valladolid.

Además, también han sido elegidos por unanimidad los miembros de su Ejecutiva Nacional. Se trata de Alejandro Abascal Junquera (juez de Arenas de San Pedro, Ávila); José Antonio Ballestero Pascual (magistrado de la Sala de lo Civil-Penal del TSJ La Coruña); Carmen Frigola Castillón (magistrada de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ Baleares); José Manuel López García de la Serrana (magistrado de la Sala Cuarta del TS); Pablo Llarena Conde (magistrado Sección 6ª Audiencia Provincial de Barcelona); Juan Ángel Moreno García (magistrado Sección 9ª Audiencia Provincial de Madrid); Edilberto Narbón Laínez (presidente Sala Contencioso-Administrativo TSJ de Valencia); Nuria Orellana Cano (magistrado Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Cádiz); María Teresa Sáez Martínez (magistrado de la Audiencia Provincial de Málaga) y María Félix Tena Aragón (magistrado, Presidente Sección 2ª Audiencia Provincial de Cáceres)

https://www.europapress.es/

EL COLEGIO DE MÉDICOS FELICITA A RAMÓN ABASCAL POR LA SENTENCIA QUE ANULA SU SUSPENSIÓN DE EMPLEO Y SUELDO

El Colegio Oficial de Médicos de Asturias ha felicitado este martes al doctor Ramón Abascal García por la sentencia del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo que declara la "nulidad radical" de la suspensión provisional de empleo y sueldo y ordena reponerle en su puesto de jefe de Servicio de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Desde el Colegio resaltan, en nota de prensa, que la sentencia considera la resolución del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) "nula de pleno derecho" y "avala en plenitud" el comportamiento del doctor Ramón Abascal.

Así, incide en que el fallo "afirma con contundencia que la Consejería de Sanidad vulneró derechos fundamentales de índole constitucional".

Por ello, recuerda que la juez condena al Sespa "a reconocerle el amparo solicitado por violación de sus derechos fundamentales, reponiéndole de inmediato en su puesto de jefe de Servicio" con idénticos derechos y obligaciones, al tiempo que tendrá que indemnizarle con 3.800 euros por daños y perjuicios.

"La sentencia deja claras las consecuencias de los comportamientos prepotentes, injustos, absurdos y caprichosos que al final tenemos que pagar todos los ciudadanos. Dada la contundencia de las Resoluciones Judiciales que remitimos y el grado máximo de la ilegalidad cometida por la Consejería, el Ilustre Colegio de Médicos de Asturias esta preparando el inicio de vía penal mediante el planteamiento de Querella Criminal por Prevaricación contra los responsables de la Consejería", dice en el escrito la presidenta del Colegio Oficial de Médicos de Asturias, Carmen Rodríguez.

https://www.20minutos.es/noticia/1695677/0/

UNA SENTENCIA CONSIDERA NULA LA RESOLUCIÓN DEL SESPA DE SUSPENDER DE EMPLEO Y SUELDO AL JEFE DE UROLOGÍA DEL HUCA

La juez del Juzgado de lo Social número 1 de Oviedo, María del Pilar Muiña, ha estimado parcialmente la demanda de amparo formulada por el doctor Ramón Abascal García contra el Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa) y declara la "nulidad radical" de la suspensión provisional de empleo y sueldo mientras dure la tramitación del expedientes disciplinario acordada por el Sespa, ordenando reponerle en su puesto de jefe de Servicio de Urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Así lo indica en la sentencia de 8 de enero, en la que señala que dicha reposición se hará con "todos los derechos y obligaciones inherentes a tal puesto en las condiciones que tenía con anterioridad a la lesión de su derecho fundamental". Igualmente, en el fallo se apunta que el facultativo tendrá derecho a percibir una indemnización de 3.800 euros "por los daños y perjuicios ocasionados".

Contra la sentencia cabe interponer recurso de suplicación ante la Sala de los Social del Tribunal Superior de Justicia del Principado de Asturias, que ha de ser anunciado en los cinco días siguientes a su notificación.

Ramón Abascal fue suspendido de empleo y sueldo por parte del Sespa, que abrió una investigación en el área de Urología por supuestas irregularidades durante la huelga médica.

https://www.lavanguardia.com/local/asturias/20130108/54358909050/una-sentencia-considera-nula-la-resolucion-del-sespa-de-suspender-de-empleo-y-sueldo-al-jefe-de.html?facet=amp

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