TELMO MARTÍN GONZÁLEZ  ,  EL SOSPECHOSO AMIGO DE MARIANO & FEIJOO

LAS NOTICIAS, TAL CUAL

LA ALCALDESA DE SANXENXO SALE DEL JUZGADO IMPUTADA POR PREVARICACIÓN Y COHECHO

Catalina González (PP) sostiene que no tiene "ninguna duda" sobre la legalidad de sus actos

Excargos de urbanismo de Sanxenxo se niegan a declarar


La alcaldesa de Sanxenxo (Pontevedra), Catalina González (PP), ha salido este mediodía de los juzgados de Cambados tras declarar ante el juez que investiga un caso de presunta corrupción urbanística con una imputación por prevaricación, cohecho y tráfico de influencias.

La regidora está implicada en un sumario en el que se investiga la concesión de varias licencias en el municipio desde 2006 y en el que también está acusada la secretaria general de Urbanismo de la Xunta y exgerente de Urbanismo de Sanxenxo, Encarnación Rivas. Rivas está imputada por prevaricación urbanística, aunque el instructor ha advertido que estudia añadir el delito de cohecho.

González ha asegurado no tener "ninguna duda" con respecto a la legalidad de sus actos, informa Europa Press. La regidora del PP ha contestado durante tres horas a las preguntas que le ha realizado el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Cambados que instruye la causa. Tras prestar declaración, la regidora ha explicado que contestó a todas las preguntas realizadas por el juez Juan Manuel Hermo, "intentando aclarar todas ellas hasta donde yo tenía conocimiento", ha sostenido, para luego manifestar que está "tranquila y animada".

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/29/galicia/1385738462_660298.html


 EL JUEZ IMPUTA A LA JEFA DE URBANISMO PREVARICACIÓN “QUE PUEDE SER COHECHO”

Rivas aprobó una licencia que luego dio pie a una orden judicial de derribo
Excargos de urbanismo de Sanxenxo se niegan a declarar

La secretaria general de Ordenación do Territorio e Urbanismo de la Xunta, Encarnación Rivas, declaró ayer como imputada por un presunto delito de prevaricación urbanística en la supuesta trama de corrupción en el Ayuntamiento de Sanxenxo en la que también están implicadas otras 12 personas, entre ellas la actual alcaldesa del municipio pontevedrés, la popular Catalina González. Aunque Rivas fue citada por una presunta prevaricación en su etapa de directora de la Gerencia de Urbanismo, entre 2004 y 2006, cuando era regidor Telmo Martín, el instructor ha advertido que esta acusación “podría dar lugar a un delito de cohecho”, según confirmaron fuentes judiciales a través del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

La posible ampliación de la imputación de la que fue máxima responsable del urbanismo en Sanxenxo a un delito de cohecho viene a complicar aún más el caso que comenzó como una de tantas investigaciones que se han abierto en los juzgados de Cambados por supuestas ilegalidades urbanísticas contra políticos y técnicos que han desfilado por este ayuntamiento. El interrogatorio de la secretaria general de Urbanismo de la Xunta duró tres horas para aclarar, entre otras, las irregularidades apreciadas en la licencia concedida a la promotora Construcciones Balboa y Chan, SL, que levantó un bloque de viviendas en la calle Progreso de Sanxenxo y que supuestamente contó con todos los informes favorables de Rivas.

El edificio se construyó pero dio lugar a una denuncia y orden de derribo hace tres años que todavía no se ha ejecutado. La sentencia firme del TSXG, que confirmó una anterior de un juzgado de primera instancia de Pontevedra, ordenó en 2010 la demolición del edificio desestimando todos los recursos interpuestos por la promotora para intentar salvar el inmueble.

La licencia se concedió en 2006, meses antes de que Rivas abandonara la Gerencia de Urbanismo y después de encajar varias modificaciones por las que se le permitió a la promotora construir un edificio de dos bloques. Este permiso se otorgó pese a que uno de los inmuebles carecía de vial de acceso y el paso se tenía que hacer a través del otro bloque que da a la calle Progreso. La carencia y la posterior solución técnica del edificio fueron el centro del litigio que acabó en orden de derribo, ya que, según el fallo, incumplía las normas urbanísticas contempladas en el Plan General de Ordenación de Sanxenxo, cuya redacción estuvo dirigida también por Encarnación Rivas, licenciada en arquitectura.

La imputación de la secretaria general de Urbanismo sorprendió en medios políticos y del propio gobierno municipal en Sanxenxo, hacia el que se dirigían las denuncias de al menos cinco expedientes presentados en la Fiscalía y en los que se pone el acento en las presuntas arbitrariedades que presiden la concesión de licencias. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, no dudó ayer en expresar públicamente su confianza en su alto cargo imputada, aunque se afanó en puntualizar que “los directores generales no forman parte del Gobierno sino el presidente y los conselleiros”. Feijóo elogió la trayectoria de su jefa de Urbanismo. “Estaremos muy atentos a esa llamada [judicial] a la directora general, de la que tenemos el mejor concepto tanto en su labor anterior como en su actual etapa en el Gobierno gallego”, añadió el presidente.

Después de la secretaria general le tocó el turno en los juzgados a Soledad Leiro, exasesora jurídica de la Gerencia de Urbanismo de Sanxenxo que abandonó este departamento municipal el pasado año, junto a otros cuatro técnicos que fueron destituidos por el Ayuntamiento por falta de trabajo. Mañana está previsto que declare la alcaldesa, Catalina González, en relación a otros tres expedientes urbanísticos denunciados en el juzgado de Cambados. La regidora, del PP, comparecerá ante el juez Juan Manuel Hermo en calidad de imputada por tres delitos: prevaricación, cohecho impropio y tráfico de influencias.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/11/28/galicia/1385664279_447781.html

EL SUPREMO INVESTIGA A TELMO MARTÍN POR RECALIFICAR UNA FINCA DE SU EMPRESA

El tribunal decidirá si el diputado del PP delinquió cuando era alcalde de Sanxenxo

La Sección Segunda del Tribunal Supremo investiga al diputado popular en el Congreso Telmo Martín por los presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias en la recalificación de unos terrenos cuando era alcalde de Sanxenxo. La parcela fue vendida posteriormente por la promotora Construcuatro, de la que Martín era accionista, a otra empresa vinculada a la familia del exconselleiro José Cuiña y en ella se levantó una urbanización de viviendas de lujo.

Lo que comenzó como una denuncia presentada por una asociación de vecinos de Sanxenxo por delito ecológico —la urbanización ocupaba el espacio de servidumbre del regato de un río y provocaba continuas inundaciones— derivó seis años después en esta investigación. Telmo Martín ya no era regidor de Sanxenxo sino diputado en el Congreso y, por tanto, político aforado, lo que ha obligado a inhibirse al juzgado instructor de Cambados.

El caso que se incoó en 2006 estuvo salpicado por una serie de incidentes, como la paralización de la instrucción durante varios años después de que la Audiencia Provincial de Pontevedra revocase el auto de archivo del juez de Cambados y ordenara ampliar las investigaciones que apuntaban al que fuera regidor de Sanxenxo. En aquel momento, Telmo Martín era portavoz del PP en el Ayuntamiento de Pontevedra. Se tardó tres años en reactivar el caso y, cuando por fin se hizo, las diligencias judiciales habían desaparecido del juzgado de Cambados. En mayo pasado, varios días después de celebrarse el auto de reconstrucción, un funcionario encontró los legajos en una estantería del archivo judicial donde se habían buscado sin éxito. Para entonces Telmo Martín ya había tomado posesión de su escaño en el Congreso de los Diputados, logrado en las elecciones generales del 20 de noviembre de 2011.

El juzgado de Cambados remitió la causa al Tribunal Supremo después de apreciar indicios de la posible imputación del político, que se sustancian en un informe preliminar del Ministerio Fiscal. En junio, después de la reconstrucción de las diligencias, el juzgado solicitó varias pruebas documentales, cumpliendo así el auto de la Audiencia Provincial de Pontevedra. El Supremo continuará ahora con la investigación que afecta al político aforado y en la que intervendrá como ponente el magistrado Carlos Granados, según indicaron fuentes judiciales. Mientras, el juzgado de Cambados seguirá instruyendo la causa por delito medioambiental que se abrió a instancias de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo contra la promotora Construziona Galicia, SL, la firma de la familia Cuiña que edificó la urbanización Illas Atlánticas.

El entonces juez de Cambados había acordado el archivo de la causa ambiental en 2008 porque los informes periciales del Seprona no fueron concluyentes para imputar a la promotora un delito contra los recursos naturales o el medio ambiente. En el recurso contra el auto de archivo, el abogado de los vecinos había denunciado la posible vulneración de las normas esenciales del proceso, “alegando una situación de indefensión”, porque se había acordado el sobreseimiento sin que les hubiesen dado traslado de las últimas diligencias practicadas por el juzgado. El letrado de los vecinos también se quejó a la Audiencia de que el juzgado había hecho caso omiso a un escrito con fecha 14 de diciembre de 2007 en el que ponían en conocimiento del instructor “nuevos hechos” de los que tuvieron conocimiento a través de las diligencias practicadas previamente y por ello solicitaban nuevas pruebas.

Los “nuevos hechos” hacían referencia a las posibles responsabilidades penales del entonces alcalde Telmo Martín en la venta de los terrenos por parte de Construcuatro (en la que poseía el 33% de las acciones) a Construziona Galicia por 2,78 millones de euros, así como en la previa recalificación de la parcela por el Ayuntamiento que él presidía. La propiedad en cuestión era un humedal al borde de una duna, terrenos adquiridos como rústicos y luego recalificados en primera línea de playa, donde hoy se levanta la urbanización de 96 viviendas. La parcela está inventariada en al catálogo de zonas húmedas de Galicia elaborado por la Consellería de Medio Ambiente.

La Sala, presidida por el magistrado Xosé Xoán Barreiro, estimó el recurso del colectivo vecinal y acordó la nulidad de las actuaciones a partir de la providencia con fecha 26 de agosto de 2007, a efecto de que el juzgado le diese traslado a las partes de las últimas diligencias practicadas para que pudieran conocerlas. En el mismo auto también ordenó que se iniciara la investigación que habían solicitado los vecinos “por si de las mismas pudieran derivarse responsabilidades penales” de Telmo Martín, hechos que se remontan a 2004. Sin embargo, desde el 9 de junio de 2009, cuando se dicta el auto, el juzgado de Cambados no practicó ninguna prueba nueva para aclarar la actuación del entonces alcalde y luego se dio por perdida la causa. El fiscal del caso pidió su reconstrucción pero el proceso siguió paralizado, coincidiendo con el traslado del juez y de que el abogado de los vecinos fuese elegido concejal por el BNG en el Ayuntamiento de Pontevedra y no volviera a insistir en sus reclamaciones judiciales.

El Supremo se encargará ahora de para aclarar si Telmo Martín, que acumula varias denuncias por asuntos urbanísticos, ha incurrido en alguna actuación delictiva o si los hechos que se investigan ya han prescrito.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/12/14/galicia/1355503813_678733.html

LA XUNTA SE ENREDA CON TELMO MARTÍN

El pleito por el ‘perdón’ de tres millones a Construcuatro se basa en que el edificio de Silgar carece del preceptivo permiso sectorial del Gobierno gallego

Los únicos informes conocidos de técnicos de la Xunta sobre el edificio de Construcuatro en la playa de Silgar, en Sanxenxo, son los del expediente sancionador, y nadie ha cuestionado su rigor. A la empresa de Telmo Martín —alcalde entonces de la localidad—, según concluyó, le correspondía pagar una sanción de tres y pico millones de euros y reponer la legalidad urbanística. Luego irrumpieron como en comedia de enredo Cristina Paz-Curbera y Llovet, técnica de la Demarcación de Costas de Pontevedra, y Enrique López Veiga, a la sazón conselleiro de Pesca y ahora senador. López Veiga condonó aquella sanción con el aval de un informe de Paz-Curbera y aun exponiendo en su resolución que no era de su competencia concluir el expediente, que ya es enredo. Tuvieron que pasar cinco años para que el Tribunal Supremo lo desenredara.

En una sentencia de medio folio, el alto tribunal dictaminó en junio de 2011 que, efectivamente, por la cuantía de la sanción, solo el Consello de la Xunta podía retirar la multa al constructor y dirigente del PP. El expediente volvió, pues, al momento en que sus técnicos formularon la propuesta de sanción. El Consello de la Xunta de Feijóo, sin embargo, con nuevos "informes técnicos" que hurta al Parlamento, según afloró en su último debate, aprobó en septiembre "convalidar" el sobreseimiento que resolvió López Veiga —más enredo— y condonar así la sanción a Construcuatro.

"Fue una carallada", sostiene Paz-Curbera. Las esquinas de la fachada del edificio de Construcuatro, en primera línea de la playa de Silgar, distan 18,20 y 17.81 metros respectivamente de la línea del dominio público marítimo terrestre. Tendrían que estar a 20 metros, como ordena la Ley de Costas (1988) y lo hacían las normas subsidiarias del urbanismo local (1990). Pero el edificio creció sin que los vigilantes de Costas, contra lo habitual en otros casos, realizaran ningún informe sobre la obra, pese a lo visible y emblemático del lugar. Hasta que la asociación ecologista Salvemos Pontevedra denunció la infracción.

En Sanxenxo gobernaba Telmo Martín (1999-2007) y al enredo se suman los dos organismos hermanados con competencias en la disciplina urbanística del litoral, la Demarcación de Costas, dependiente del Ministerio de Medio Ambiente, y el Servicio de Usos do Litoral, de la Consellería de Pesca. El primero lo dirigía José Antonio Rueda Crespo, padre del actual conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda, y su tía Paloma era la delegada de Pesca en Pontevedra. Esta coincidencia cobra relieve por el empeño personal del conselleiro Rueda en promover de nuevo a Paz-Curbera para la jefatura de Costas, que ya desempeñó después de su padre.

En la Demarcación de Costas Paz-Curbera es responsable desde 1999 del servicio de Dominio Público, cargo que compatibilizó con la jefatura provincial de Costas (2004-2009) y en el que no ha cesado tras recuncar en esa jefatura en abril pasado.

En Sanxenxo el deslinde de Costas comenzó en 1998 y 14 años después aún no ha concluído, lo que también contribuye a enredos. En la exposición inicial del plan general aprobado por el Ayuntamiento en 2003, por ejemplo, en los planos de la Dirección General de Costas la línea de protección partía en dos el chalet de la propia Paz-Curbera; en los definitivos del plan, sin embargo, lo salvan con una extraña parábola hasta el límite de la piscina.

En 2005, en el "informe aclaratorio" para López Veiga sobre el edificio de Silgar, Paz-Curbera alude a las arduas dificultades encontradas para fijar la línea de protección en la zona y atribuye a un hipotético "error de grafiado" de los propios planos de Costas la indución a la infracción de Construcuatro. Pero en la tramitación del expediente sancionador, según técnicos de Costas consultados, no existe ningún acto ni resolución administrativa de Costas o de Usos do Litoral que, basándose en supuestos planos erróneos, determinara la infracción de la construcción. El "error" que descubre Paz-Curbera remite a que "en un primer momento" la línea se marcó, absurdamente, a 19 metros, distancia que, por lo demás, también invade el edificio.

Este enredo, con todo, a día de hoy se vuelve irrelevante. El Tribunal Superior de Xustiza ha admitido a trámite el contencioso de Salvemos Pontevedra contra el acuerdo de condonar la sanción a Construcuatro porque su edificio invade la zona de protección "careciendo de la preceptiva autorización sectorial de la Xunta", el quid de la cuestión, ya que Construcuatro ni siquiera llegó a pedirla. Por esta "carallada", en fin, "el pobre Telmo Martín" está siendo víctima de "una canallada", según Paz-Curbera, o de una "persecución inadmisible" por parte de la oposición, según el conselleiro Agustín Hernández. Para enredar lo obvio.

Otra vara de medir para un vecino de Vigo

José Ramón Quiroga, pequeño empresario constructor, decidió hacerse casa en una parcela familiar de San Miguel de Oia, en Vigo, sin licencia municipal, con solo unas garantías de que el terreno sería recalificado por el plan general de urbanismo, cuya aprobación se hacía en 2006 inminente. En septiembre de ese año, el Seprona le paralizó la obra por encontrarse a unos 50 metros del mar, "dentro de la zona de servidumbre de Costas, que es de 100 metros". La denuncia se tramitó al Servicio Provincial de Costas, que a su vez la remitió en diciembre a la Delegación Provincial de Protección do Litoral de la Xunta, en un expediente sancionador que paralizó la instrucción penal paralela por un delito contra la ordenación del territorio.

Después de más tres años de calvario judicial, Quiroga pactó una pena rebajada con la fiscalía: seis meses de prisión, inhabilitación profesional, multa, demolición de lo construido y devolución del suelo a su estado anterior, rasantes incluidas. En enero de 2010 la sentencia estaba plenamente ejecutada y, un año después, en febrero de 2011, el Servicio de Costas de Pontevedra comunicó a Quiroga su "rectificación de un manifiesto error de hecho": el linde de protección en la zona de marras, donde él se hacía la casa, estaba a 20 metros del mar, y no a 100 metros, por haberlo aprobado así la Dirección General de Costas en enero de aquel 2006, ocho meses antes de la denuncia del Seprona. Cristina Paz-Curbera, responsable de Dominio Público y del propio Servicio Provincial de Costas, según parece, no se enteró. Tampoco la fiscalía.

Quiroga atribuye a Costas, por error o negligencia, la responsabilidad de su quebranto, que cifra en 194.636 euros y quiere reclamar al Ministerio de Medio Ambiente. Para ello necesita el número del expediente que le abrió Paz-Curbera con la denuncia del Seprona, pero que esta, pidiendo tiempo para su aterrizaje en la jefatura provincial, se niega a facilitarle. El "error" fue reconocido de oficio por el anterior jefe de Costas, Cristóbal Fernández. Pero Quiroga ya ha tenido que recurrir al juzgado para no perder, por silencio administrativo, los derechos que reclama.

DESAPARECEN DEL JUZGADO LAS DILIGENCIAS DE UN CASO CONTRA TELMO MARTÍN

  • La investigación abarca una recalificación a favor del entonces alcalde de Sanxenxo

  • La denuncia vecinal incluye otro presunto delito contra el medio ambiente

Todo el soporte en papel de unas diligencias abiertas en 2006 en el juzgado número 2 de Cambados se ha esfumado. Son unos 200 folios de instrucción en torno a una denuncia de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo, en Sanxenxo, contra la construcción de una urbanización de pisos de lujo, Illas Atlánticas, que promovió la empresa Construziona Galicia, SL y que sustanció el Seprona en un informe preliminar.

La denuncia se había judicializado por un supuesto delito contra el medio ambiente por parte de Construziona, promotora vinculada a la familia del exconselleiro de Política Territorial, José Cuiña. Pero meses después, la acusación particular amplió la denuncia por hechos que aparecían en la misma causa y que podrían derivar en la imputación del ahora diputado en el Congreso del PP Telmo Martín por presunto delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y/o tráfico de influencias cuando era alcalde de Sanxenxo. En el punto de mira está de nuevo la empresa Construcuatro, de la que Martín poseía el 33% de las acciones, y que vendió los terrenos a la promotora Construziona por 2,78 millones.

La Audiencia impidió en 2009 que el juez cerrara el caso en falso

Desde junio de 2009 la causa sufrió un colapso. La absoluta paralización de las diligencias coincide en el tiempo con un auto de la Audiencia de Pontevedra en el que se revoca el archivo provisional que, a petición del fiscal, dictó el que fuera juez instructor, Juan Carlos Carballal y se le requiere que siga investigando, algo que no se hizo. Transcurridos tres años, las diligencias siguieron aparcadas, desoyendo las indicaciones de la Audiencia, sin que se hubiera registrado ninguna nueva actuación judicial. Pero lo más llamativo es que tampoco la parte denunciante representada por el abogado Vicente García Legísima presentó queja o reclamación por ello. El letrado salió elegido concejal por el BNG en Pontevedra en las pasadas elecciones.

Nadie sabe desde hace cuánto tiempo estas diligencias se encuentran en paradero desconocido. Hay constancia de que el fiscal del caso encargado de los delitos urbanísticos, David Lafuente, advirtió el extravío de la causa a finales del pasado año. Luego el juez Carballal fue trasladado a Vigo en marzo y tomó posesión el nuevo titular, que fue informado de lo que estaba ocurriendo. Se comprobó que ni un solo papel de todo lo instruido pudo ser recuperado y que los legajos, sorprendentemente, están perdidos.

El ahora diputado del PP recalificó su terreno y lo vendió por 2,78 millones

La desaparición del procedimiento ha causado perplejidad en medios judiciales y de la fiscalía de Pontevedra consultados y nadie se ha atrevido a dar una explicación convincente de por qué unos documentos que tendrían que estar custodiados en el juzgado han acabado en paradero desconocido. Un hecho insólito que cobra mayor relevancia al tratarse de un caso que podría salpicar a un político y con un largo historial por denuncias urbanísticas, algunas finalmente archivadas. Pero, además, la deriva que tomó el procedimiento en la fase de instrucción apunta a un absoluto desinterés de todas las partes pese a las inequívocas consignas que dio la Audiencia de Pontevedra para que a la investigación no se le diera carpetazo.

La denuncia que presentaron en el juzgado los vecinos consideraba ilegal la construcción el edificio Illas Atlánticas porque los terrenos ocupaban el espacio de servidumbre del río Baltar. El juez llegó a paralizar las obras dos meses a raíz del informe del Seprona, aunque en agosto de 2008 decidió archivar el caso y desestimar la apelación de los vecinos.

La promoción, de lujo, la ejecutó una empresa de la familia de José Cuiña

El juez instructor alegó que “de lo actuado no resultaba debidamente justificada la perpetración del delito contra los recursos naturales y el medio ambiente que había dado lugar a la formación de la causa”, una resolución que no cuestionó la Audiencia. Sin embargo, en su recurso de reforma el abogado de la acusación se quejó ante la Audiencia de que el archivo se había acordado sin que se les hubiese dado traslado de un informe de la Xunta y del resultado del exhorto remitido al juzgado de Vigo en el que se comunicaba que la bióloga designada como perito judicial no aceptaba el cargo. También alegó que el auto del juez desestimando el recurso de apelación no entraba a valorar un escrito presentado el 14 de diciembre de 2007 en el que se ponían en conocimiento del instructor y de la fiscalía “hechos nuevos de los que se tuvo noticia a través de las diligencias de instrucción que podrían derivar en responsabilidades penales” contra Martín y otras personas. Y ahí sí les dio la razón la Audiencia.

“Tiene razón la parte apelante al considerar que antes de dictarse el auto de sobreseimiento se le debió dar traslado de las últimas diligencias practicadas para que pudiera instruirse e interesar lo que a su derecho le conviniere, no compartiendo los argumentos de la resolución \[del juez\] debido a que la notificación de ésta, por fuerza, se tuvo que producir al menos simultáneamente a la del auto”, esgrime el 5 de junio de 2009 la Sección Segunda que preside el magistrado José Juan Barreiro Prado. La Sala considera que “se han infringido normas esenciales del procedimiento, derivándose de tal infracción una situación de indefensión para la parte denunciante”, y declara la nulidad de todo lo actuado a partir del auto de archivo del juez.

Pero además, y en relación al escrito presentado en el que se aportan nuevas pruebas, la Audiencia le requiere al juzgado que siga investigando “por si de los mismos se derivasen responsabilidades penales, delitos de naturaleza distinta a los que dieron lugar a la incoación de las diligencias y sobre las que no se pronuncia el juez instructor”.

Polémica recalificación y venta de terrenos

Siendo alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín recalificó un humedal al borde de la duna de Baltar, unos terrenos en primera línea de playa que su empresa adquirió como rústicos y que pudo revender luego como urbanizables a la empresa de la familia Cuiña. En ellos se levanta hoy la urbanización Illas Atlánticas, cuya construcción motivó la apertura de las diligencias perdidas en Cambados.

Por las fincas inscritas como rústicas Construcuatro pagó 595.000 euros. Una vez calificadas como suelo urbano, en 2004 la empresa del alcalde las vendió por 2,78 millones de euros a la constructora de Ramón y Eladio Cuiña, hermanos del exconselleiro, donde construyeron 96 viviendas. La parcela está inventariada en el catálogo de zonas húmedas de Galicia elaborado por la Consellería de Medio Ambiente y linda con los terrenos de la antigua fábrica de Conservas Peña, hoy también propiedad de Construziona y parte fundamental del solar de la urbanización.

La titularidad de los terrenos de la conservera Peña fue reclamada sin éxito en los tribunales por los vecinos. La finca pasó a manos de Conservas Portonovo, que en los noventa suscribió un convenio con el Ayuntamiento para recalificar el solar a condición de que instalaran la factoría en otra parcela y recuperaran a los trabajadores. Pero la empresa nunca cumplió su parte del trato.

En 1999 Telmo Martín accedió a la alcaldía de Sanxenxo y sucedió al frente de la agrupación local del PP a José Manuel Otero. Se inició la redacción del PXOM que finalmente recalificaría la parcela. Paralelamente, Construcuatro fue adquiriendo fincas junto a la conservera. Entonces, Otero, el antecesor de Martín al frente del PP, entró en el accionariado de la fábrica, amplió el objeto social de la empresa a la promoción inmobiliaria y se hizo con más suelo del que ahora ocupa la urbanización Illas Atlánticas. El asunto provocó una encendida pelea política que se cortó de cuajo. El entonces portavoz socialista, Pepe Aguín, presentó una moción para revocar la licencia municipal de Illas Atlánticas pero terminó retirándola para trabajar como gerente de Nauta, empresa municipal creada por Martín y que este presidió hasta que dejó la alcaldía

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/11/galicia/1336759277_118671.html

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/21/galicia/1340308568_939838.html

EL SUPREMO DECIDIRÁ SI MARTÍN COMETIÓ DELITO CUANDO ERA ALCALDE DE SANXENXO

El ahora diputado recalificó unos terrenos de su promotora que la empresa vendió luego como urbanizables

El juzgado de Cambados y la fiscalía acordaron remitir al Tribunal Supremo la causa incoada en 2006 por un delito medioambiental contra los promotores del edificio Illas Atlánticas de Sanxenxo y que podría derivar en la posible imputación del diputado Telmo Martín, alcalde de la localidad pontevedresa cuando ocurrieron los hechos. La investigación se refiere a la venta de parte de los terrenos donde se levantó el inmueble por parte de la empresa Construcuatro, de la que era accionista, y que habían sido recalificados antes por parte del Ayuntamiento que presidía Martín.

La remisión de las diligencias al alto tribunal se produce al ser el órgano competente para investigar y en su caso juzgar al político, aforado desde que en las pasadas elecciones obtuviese un escaño en el Congreso de los Diputados por la lista del PP en Pontevedra. Martín abandonó recientemente el cargo de portavoz de la oposición en el Ayuntamiento de Pontevedra, al que se incorporó tras dejar la alcaldía de Sanxenxo. El Supremo proseguirá con la investigación que afecta al diputado mientras en Cambados se continuará instruyendo la causa por delito medioambiental. El caso se abrió a raíz de una denuncia de la Asociación de Vecinos San Cristóbal de Portonovo contra la promotora Construziona Galicia, SL, ya que el edificio ocupó el espacio de servidumbre de un regato del río Baltar, lo que originó continuos desbordamientos y conllevó la paralización de las obras.

Sin embargo, y a petición del fiscal del caso, David de Lafuente, el entonces juez de Cambados, Juan Carlos Carballal, había acordado el archivo del caso en agosto de 2008 porque en los informes periciales no se hallaron pruebas del delito contra los recursos naturales o el medio ambiente, auto que, en fase de apelación de los denunciantes, fue revocado por la Sección Segunda de la Audiencia de Pontevedra un año después.

En el recurso, el abogado de los vecinos había denunciado la posible vulneración de las normas esenciales del proceso, "alegando una situación de indefensión" porque se había acordado el sobreseimiento sin que les hubiesen dado traslado de las últimas diligencias practicadas por el juzgado. Los denunciantes se quejaron a la Audiencia de que el juzgado había hecho caso omiso a un escrito con fecha de 14 de diciembre de 2007 en el que ponían en conocimiento del instructor nuevos hechos de los que tuvieron conocimiento a través de las diligencias practicadas previamente y solicitaban nuevas pruebas.

Causa reactivada en mayo

Casi tres años después de que la Audiencia de Pontevedra ordenara la investigación sobre Martín, el pasado 9 de mayo se celebraba en el juzgado número 2 de Cambados el acto de reconstrucción de las diligencias en presencia del nuevo juez, el fiscal, la secretaria y el abogado de la acusación particular. Pero una semana después, buscando otros asuntos, un funcionario encontró los legajos en un anaquel del archivo donde se había inspeccionado varias veces. El inesperado hallazgo ha permitido reactivar el caso en tiempo récord.

Aunque gracias a la aplicación informática Minerva las diligencias estaban a salvo, la reconstrucción tendría que hacerse folio a folio ya que solo el soporte en papel tiene validez en la Administración de justicia. Una parte ya se había recuperado a través del abogado de los vecinos de Portonovo.

Antes de dictar el auto de inhibición a favor del Supremo, el nuevo juez instructor ordenó la práctica de nuevas indagaciones, pruebas documentales que habían requerido los vecinos y que no se llegaron a incorporar a la causa. También el fiscal ha redactado su informe de conclusiones.

Se referían los vecinos a las posibles responsabilidades penales del entonces alcalde Telmo Martín en la venta de los terrenos por parte de Construcuatro (empresa de la que el ahora diputado poseía el 33% de las acciones) a Construziona, promotora vinculada a la familia del exconselleiro José Cuiña, por 2,78 millones de euros, así como la recalificación previa de la parcela por parte del Ayuntamiento que presidía Martín. La parcela en cuestión era un humedal al borde de una duna, terrenos adquiridos como rústicos y luego recalificados en primera línea de playa, donde hoy se levanta la urbanización de 96 viviendas. La parcela está inventariado en al catálogo de zonas húmedas de Galicia.

La Audiencia estimó el recurso interpuesto por el representante legal de los vecinos y ordenó que se iniciaran la investigación por si "pudieran derivarse responsabilidades penales" de Martín, presuntos delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios y tráfico de influencias, hechos que se remontan a 2004. Pero desde el auto de la Audiencia de Pontevedra el juzgado de Cambados no practicó ninguna prueba nueva. La causa estuvo paralizada hasta que en noviembre de 2011 se dio incluso por perdida al no aparecer los legajos en ninguna de las dependencias judiciales. El fiscal del caso pidió su reconstrucción, pero el caso ya había dado un giro, ya que Martín accedió a un escaño en el Congreso en noviembre pasado y se convirtió en aforado. El Supremo tendrá que retomar la investigación, resolver si hubo una actuación delictiva y si ha prescrito dado el tiempo transcurrido.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/12/galicia/1339529166_870103.html

HERNÁNDEZ ATRIBUYE A TÉCNICOS LA CONDONACIÓN DE UNA MULTA A MARTÍN

El PSOE promete llevar al tema al próximo pleno, el BNG critica que se aplique el urbanismo a la carta en el Gobierno gallego

El Gobierno gallego empezando por su presidente, Alberto Núñez Feijóo, intenta hacer ver que cuando perdonó una multa de tres millones de euros —el pasado 24 de septiembre en el Consello de la Xunta y sin informar a la prensa— a la promotora que fundó su diputado y exalcalde Telmo Martín solo sigue instrucciones del Tribunal Supremo. Ayer, en el Parlamento, fue el conselleiro de Medio Ambiente y Territorio, Agustín Hernández, quien se apuntó a esa tesis.

En realidad lo que dictaminó el Tribunal Supremo en sentencia firme fue que el exconselleiro y desde ayer senador por designación autonómica, Enrique López Veiga, no era competente para dictar una resolución en 2005 que condonó una sanción de tres millones de euros a la firma Construcuatro, participada por Telmo Martín y cuyas acciones maneja ahora su esposa, por la construcción de un edificio que invade el dominio público en primera línea de la playa de Silgar, en el municipio pontevedrés.

El fallo del alto tribunal no prejuzga sobre si la Xunta debía o no sancionar a la firma de Martín, sino que establece que, en caso de adoptar esa decisión política, el órgano competente para hacerlo debía ser el Consello de la Xunta. Y eso fue lo que le recordó ayer a Hernández el diputado socialista Isamel Regó, quien le reprochó que el Gobierno lleve semanas negándole a la Cámara el expediente de la resolución.

Rego recordó que la propuesta del funcionario instructor del expediente en 2005 proponía seguir adelante con la multa y preguntó algo más: ¿Sobreseyó la Xunta solo la multa o también la reposición de la legalidad urbanística? ¿Va a seguir disfrutando la promotora de esos metros de más que se vendían a 6.000 euros el metro a los pies de la playa de Sanxenxo? En su doble intervención ante el Pleno, Hernández dejó esas dos incógnitas en el aire. Subrayó, como repite el presidente Feijóo, que el perdón a la inmobiliaria de Martín fue "a propuesta de la dirección de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística [cuya directora fue nombrada por él mismo] y previo informe de la asesoría jurídica para dar cumplimiento a la sentencia y habló de una "persecución inadmisible a Martín". El PSOE promete llevar al tema al próximo pleno, el BNG critica que se aplique el urbanismo a la carta en el Gobierno gallego y el PP asegura que todo es una cortina de humo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/galicia/1339617547_900287.html

AGUSTÍN HERNÁNDEZ VE INADMISIBLE LA "PERSECUCIÓN" A TELMO MARTÍN

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas dice que la Xunta actuó conforme a derecho con Construcuatro

El conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Agustín Hernández, ha mantenido este miércoles que la Xunta "actuó conforme a derecho" basándose en informes de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU) y de la Asesoría Xurídica para sobreseer el expediente abierto contra Construcuatro por invadir el dominio público marítimo-terrestre con una edificación en el paseo de Silgar, en Sanxenxo (Pontevedra).

Dicho esto, interpelado por el diputado socialista Ismael Rego en el pleno del Parlamento, ha considerado las críticas de la oposición sobre el sobreseimiento del expediente abierto por Costas del Estado y la correspondiente condonación de la multa (unos 3,5 millones de euros) al diputado popular Telmo Martín --uno de los propietarios de Construcuatro-- "una persecución inadmisible".

Todo ello, después de que el veterano parlamentario acusase de paso al PP de "premiar" al exconselleiro de Pesca Enrique López Veiga con un puesto en el Senado por designación autonómica, ya que "fue quien sobreseyó el expediente a sabiendas de que no tenía competencia para hacerlo", sino que correspondía al Consello de la Xunta. Lo ha dicho apoyándose en "una sentencia en firme" del Tribunal Supremo, que remarca que el expediente fue "sobreseído indebidamente". "Seguro que no tuvo agallas para llevárselo a Manuel Fraga", ha razonado Rego, quien ha criticado que el actual Consello de la Xunta sí haya optado por suspender este caso. "Llueve sobre mojado", ha lamento.

Finalmente, se ha interesado por el expediente de reposición de la legalidad urbanística, aunque no obtuvo datos del conselleiro a este respecto. En lo que sí ha hecho hincapié es que el edificio levantado por Construcuatro se hizo conforme a una licencia "de primera ocupación". "No pidió una licencia para un retejado y después hizo un pazo", ha replicado, en relación con las acusaciones sobre la vivienda del líder del PSdeG, Pachi Vázquez. Por su parte, la representante del BNG en el debate, Carme da Silva, ha advertido de que la sociedad "percibe" que las normas urbanísticas "se adaptan" para ajustarse a las necesidades de quien tiene que aplicarlas o "se saltan". "Se actúa en función de quién es el aludido", ha sostenido, poniendo como ejemplo de este tipo de políticas el municipio lucense de Barreiros.

"Hay que resolver y transparentar las normas urbanísticas", ha defendido la nacionalista, quien ha recordado que la jefa provincial de Costas del Estado en Pontevedra, Cristina Paz-Curbera y Llovet, juzgó "una canallada" la sanción impuesta al "pobre Telmo" Martín dado que existía "un error de grafiado" en los planos. "Será pobre de espíritu", ha ironizado.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/galicia/1339610644_755303.html

LA JEFA DE COSTAS TACHA DE "CANALLADA" UNA SANCIÓN A LA EMPRESA DE TELMO MARTÍN

Paz Curbera, reincorporada a su cargo en abril tras abandonarlo en 2009, se sumó ayer a la tesis de la constructora conforme la cual el "pobre de Telmo" fue perseguido por su afiliación política

"Lo de Construcuatro fue una carallada, yo no quiero hablar de esto, porque fue una canallada", lanzó ayer Cristina Paz Curbera, jefe de la Demarcación de Costas de Pontevedra, respecto al proceso que llevó a la constructora de la que Telmo Martín es socio cerca de tener que afrontar una multa de tres millones de euros por invadir el dominio público con un edifico en primera línea del paseo de Silgar, en Sanxenxo. Pese a que la Xunta del PP ha intercedido en dos ocasiones para evitar la sanción a la empresa, Paz Curbera, reincorporada a su cargo en abril tras abandonarlo en 2009, se sumó ayer a la tesis de la constructora conforme la cual el "pobre de Telmo" fue perseguido por su afiliación política.

"Se cebaron con él y no tenían razón", insistió la jefa provincial tras una visita a la delegación de la Xunta en Pontevedra. Allí ofreció una nueva interpretación sobre el origen del informe de deslinde firmado por ella tras el encargo del entonces conselleiro Enrique López Veiga para dar carpetazo —sin tener competencia para ello, como después rubricó el Supremo— a la propuesta de sanción de los técnicos de su propio departamento, los primeros en proponer la multa de tres millones a Construcuatro basándose en los planos. "Nos dimos cuenta por casualidad de que la casa estaba a 19 metros y no a 20. Metimos la pata los de Costas, la empresa que hizo el deslinde, que grafió mal la protección, yo lo tengo demostrado", aseguró.

La jefa de Costas adujo que todo el paseo de Silgar tiene el mismo problema que el edificio de Construcuatro, "pero claro, como es Telmo, todo el mundo contra el pobre Telmo. O el que fuera, da igual el alcalde que fuera". Dice la jefa de Costas que tal ilegalidad colectiva tendría fácil arreglo a través de un "estudio para la homogeneización de la fachada marítima".

El archivo decretado por López Veiga en 2005 lo levantó Salvemos Pontevedra en sucesivas resoluciones del Tribunal Superior de Xustiza y el Supremo. Este último remitió al Consello da Xunta —el verdadero competente para resolver— el expediente. El Gobierno de Feijóo reiteró el archivo el pasado noviembre. La asociación ecologista ha recurrido la decisión. También tiene pendiente otro pleito contra la propia Paz Curbera por una casa que esta construyó en Sanxenxo. La ONG entiende que está en zona de protección. Ella lo niega.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/05/galicia/1338929272_820317.html

TELMO MARTÍN: “ME SIENTO PERSEGUIDO POR RAZONES QUE SON MENTIRA” 

El diputado asume la tesis de Louzán en su adiós al Ayuntamiento de Pontevedra

El exalcalde de Sanxenxo asegura que en los medios “se habla mucho” 

Tras dos intentos frustrados de alcanzar la alcaldía, Telmo Martín finalizó ayer formalmente su etapa en la política local de Pontevedra con la renuncia a su acta de concejal en el pleno municipal. El exalcalde de Sanxenxo pasará a desempeñar en exclusiva su papel de diputado en el Congreso por el PP en medio de la polémica por la benevolencia de la Xunta con la empresa constructora de la que hasta el pasado diciembre fue consejero. “Me siento perseguido”, aseguró respecto al asunto al término de la sesión. 

La tesis de la persecución a Martín la enunció la semana pasada el presidente de la Diputación, Rafael Louzán, y a ella se ciñó el edil saliente ante las preguntas sobre el perdón de la Xunta a la multa de tres millones de euros a Construcuatro por invadir el dominio público en el edificio de Sanxenxo, en el que el propio Martín tiene un piso. “Quiero ratificar las palabras que dijo Louzán. Me siento perseguido por razones que son mentira, pero no me preocupo. Lo llevo dentro de lo que es la labor política y no me afecta”, apuntó, y dijo confiar en que “en algún momento todo quedará claro”. Martín no dio detalles sobre tales mentiras pero opuso, como ya hiciera en el caso de los cobros probados de sobreprecios ilegales en las viviendas de Construcuatro en Navia (Vigo), que nunca ha sido llamado a declarar por ningún juzgado y que en los medios “se habla mucho”. 

Lores y Louro agradecen a Martín su “trato exquisito” 

Su despedida en el pleno se desarrolló con cordialidad. Los choques entre Martín y el alcalde, el nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores, habían sido sonados en los cuatro años y medio en que compartieron asiento en la corporación, con un estallido final en enero del año pasado, también en un pleno, en el que el regidor le dedicó una ristra de epítetos poco amistosos: animal carroñero, vengativo, ruin, falso, cobarde y narcisista entre ellos. Aunque Lores se disculpó con posterioridad, las relaciones nunca fueron cordiales, hasta el punto de que nacionalistas y socialistas acordaron, hace ahora un año, aprobar una moción para reprobarlo como líder de la oposición. A pesar de eso, Martín se despidió agradeciendo a su rival político el “trato exquisito que tuvo siempre, al margen de los debates”. “Le deseo el mayor éxito como diputado y que sea feliz”, contestó Lores. “Si pone todas las mañas podrá ser un diputado útil para la provincia”, le espetó por su parte el portavoz del PSOE, Antón Louro. 

Martín dijo sentirse orgulloso de su paso por la ciudad. “Es un orgullo haber contribuido desde 2007 a enderezar el rumbo de Pontevedra”, presumió, y señaló su aterrizaje en la ciudad del Lérez como un antes y un después en la política local. “La ciudad vivía de espaldas al río, y ahora se está viendo que tiene que ser el epicentro”. También señaló a su sustituto en la corporación, Jacobo Moreira. “El PP tiene un grupo muy cohesionado con un portavoz que lo va a hacer maravillosamente bien”, defendió. 

Durante la etapa que ahora se cierra se operó también el cambio de postura del PP respecto a la permanencia de la fábrica de celulosas en la ría, que pasó a rechazar, y el nuevo hospital para la ciudad. Este último tema ocupó parte del pleno. El bipartito local acordó llevar ante el Tribunal Superior de Xustiza el decreto de incidencia supramunicipal de la obra, a la que PSOE y BNG han declarado la guerra por el modelo de financiación elegido para llevarla a cabo, basado en el sistema de colaboración público-privada. El pleito añadirá probablemente nuevos retrasos a una infraestructura estancada, con una dotación presupuestaria testimonial en las cuentas de la Xunta para 2012 y con el estudio para las expropiaciones todavía por presentar. 

www.elpais.es 24.04.12 

 EL GOBIERNO ASCIENDE A LA FUNCIONARIA DEL INFORME EXCULPATORIO A CONSTRUCUATRO 

  • La nueva jefa de Costas de Pontevedra posee un chalé frente al mar en zona protegida
  • Paz Curbera firmó el plano que permitió archivar una multa de tres millones a Construcuatro

Cristina Paz Curbera es, otra vez, jefa de Costas en la provincia de Pontevedra. El Gobierno de Mariano Rajoy ha desoído el fuerte rechazo que provocaba su nombramiento y, aunque con retraso, ha repuesto a la funcionaria en un cargo que ocupó entre 2005 y 2007. Paz Curbera es la autora del controvertido informe en el que se basó en 2005 el exconselleiro Enrique López Veiga y, recientemente, la Xunta de Feijóo, para perdonaruna multa de tres millones de euros a Construcuatro, de la que en aquel momento era socio y consejero delegado el diputado del PP Telmo Martín. 

Paz Curbera también es conocida por poseer un chalé frente al mar en zona de protección. La directora de la demarcación de Costas se construyó en 1999 la casa, de 450 metros cuadrados y sobre una finca de 2.500, sobre unos terrenos de Sanxenxo que las normas urbanísticas de la época calificaban de “suelo no urbanizable”. Pero Telmo Martín, a la sazón alcalde de esa localidad, aprovechó el Plan General de 2003 para recalificarlos como urbanizables y desplazar el límite de servidumbre de protección justo hasta la fachada del chalé. Para ello, obtuvo un informe favorable de la demarcación de Costas, en la que Paz ya ejercía como jefa del servicio de Gestión del Dominio Público Marítimo Terrestre. 

Dos años después, la intervención del Servicio de Costas resultó crucial para resolver uno de los principales problemas que se encontró Telmo Martín mientras compaginó la alcaldía con la actividad inmobiliaria. Un edificio que Construcuatro, de la que Martín poseía el 33%, edificó en la selecta playa de Silgar, en Sanxenxo, invadía dos metros la zona de servidumbre y contaba con un piso más de los permitidos. La Xunta le abrió un expediente que el entonces conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, archivó al aparecer un plano distinto aportado por Costas, en el que la invasión se reducía a un metro. La “discrepancia” entre planos justificó al archivo, lo que libró a la inmobiliaria de Martín de la demolición y de una multa de tres millones. 

www.elpais.es 24.04.12

FEIJÓO ‘PERDONA’ UNA MULTA DE TRES MILLONES A LA FIRMA DE TELMO MARTÍN 

La Xunta revocó la sanción propuesta por el técnico que instruyó el expediente 

El Consello da Xunta del pasado 24 de noviembre acordó perdonar una sanción de 3.055.841 euros a la empresa Construcuatro, de la que en aquel momento era socio y consejero delegado Telmo Martín, ahora diputado del PP en el Congreso y antes alcalde de Sanxenxo, por la construcción en este municipio de un edificio de seis plantas que invade el dominio público de la playa de Silgar. La Xunta silenció ese acuerdo en la referencia pública de los adoptados en esa sesión del Consello. La decisión ignora la propuesta de sanción de tres millones del técnico que instruyó el expediente, en 2005, y da por bueno otro informe solicitado a mayores de Cristina Paz-Curbera y Llovet, a la sazón jefa del servicio de Gestión de Dominio Público y luego de la Demarcación de Costas de Pontevedra, cargo al que está previsto que vuelva la próxima semana. 

La Xunta, para oficializar el perdón de los más tres millones de euros a la constructora de la que fue socio Telmo Martín hasta hace unos meses, convalidó en noviembre una resolución del conselleiro de Pesca e Asuntos Marítimos \[Enrique López Veiga\] de 18 de febrero de 2005, días antes de que el PP perdiera las elecciones autonómicas, y que fue recurrida en los tribunales. La resolución del expediente abierto a Construcuatro era competencia del Consello de la Xunta y no del conselleiro, sentenció el Tribunal Supremo en firme el pasado mes de junio. El conselleiro lo anticipaba ya en los fundamentos de su propia resolución, que no obstante determinó el sobreimiento “del expediente sancionador”. El Gobierno que preside Alberto Núñez Feijóo acordó “convalidar la resolución \[de López Veiga\] y acordar así el sobreseimiento del citado expediente seguido contra Construcuatro SA por la realización de obras en la zona de servidumbre de protección marítima en Sanxenxo”. 

La obra es un edificio residencial de seis plantas a pie de la glamurosa playa de Silgar y en el que el propio Telmo Martín se reservó un piso con dos terrazas. Invade entre uno y 2,69 metros el dominio público desde la línea de playa, que debería ser, como establece la Ley de Costas, de 20 metros. Fue denunciado por la ONG Salvemos Pontevedra y el instructor, dependiente entonces de la Consellería de Pesca que presidía López Veiga, formuló “los hechos imputados, los preceptos infringidos, los preceptos sancionadores y la posible sanción” que fueron comunicadas a las partes. Tras recibir sus alegaciones, propuso la sanción. 

Pero López Veiga recabó un “informe aclaratorio” de la Demarcación de Costas de Pontevedra, que a la sazón dirigía José Antonio Rueda Crespo, exsenador del PP y exvicepresidente de la Diputación de Pontevedra, fallecido el pasado mes de enero. Era el padre del actual conselleiro de Presidencia y secretario general del partido en Galicia, Alfonso Rueda. El trámite se realizó con sorprendente celeridad. 

El Gobierno gallego ocultó el acuerdo en la referencia pública del Consello 

Paz-Curbera, subordinada de Rueda Crespo, realizó el informe, atribuyendo la invasión de Construcuatro del dominio público a “un error en el grafiado” de los planos, ya que la servidumbre de protección, dice Paz-Curbera, “en un primer momento se marcó a 19 metros cuando su correcta medición en este tramo es de 20 metros”. 

Pero no se entiende por qué se grafiaron 19 metros en lugar de 20, cuando la Ley de Costas es taxativa en ese sentido. Además, según fuentes consultadas por este periódico, cuando se incoa un deslinde, se facilita una línea de dominio público y una línea de servidumbre de protección —20 metros en zonas urbanas y 100 metros en los demás casos— que se comunican, entre otros organismos, al Ayuntamiento correspondiente y a la Xunta. Esas líneas dan la plena validez legal hasta que se aprueba el deslinde definitivo. Cualquier otro plano que se utilice entre la incoación y la aprobación definitiva del deslinde carece de validez legal, nadie puede esgrimirlos como planos de deslinde. Los de Sanxenxo están aún sin aprobar, aunque el deslinde fue incoado ya en 1998.

Por lo demás, la línea de dominio público de la playa de Silgar fue siempre la misma. La constructora pudo fácilmente medir sus lindes y comprobar si cumplían el mandato legal. “Con o sin errores, con o sin planos, las referencias estaban claras y las distancias también”, aseguran los expertos. López Veiga, sin embargo, a la vista del informe de Paz-Curbera y pese a reconocer que la imposición de multas de más de 601.000 euros correspondía al Consello da Xunta y no a él, sobreseyó el expediente sancionador “por presuntas obras abusivas en la zona de servidumbre de protección”. 

Los sucesivos recursos de las partes, contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia y de casación ante el Tribunal Supremo, confirmaron que el órgano competente para resolver el expediente sancionador era el Consello da Xunta, que lo oficializó en noviembre como se dice, a la chita callando y sin pronunciarse sobre la reposición de la legalidad urbanística que también, tras rebatir las alegaciones de Construcuatro, requería el instructor en su propuesta de resolución: imponer la sanción “y ordenar la vuelta de los terrenos donde se ejecutaron las obras a su primitivo estado”. 

El edificio de seis plantas invade el dominio público de la playa de Silgar 

Multa en Vigo y más enjuagues en Sanxenxo 

La Xunta tiene pendiente de ejecutar otra sanción a la empresa Construcuatro de 3,7 millones de euros, de los que 1,23 millones corresponden a la devolución de los sobreprecios que cobró a compradores de pisos protegidos en un edificio que construyó en el polígono vigués de Navia, y 2,47 millones, el doble de las cantidades indebidamente cobradas, por la sanción mínima que procedía aplicar. La empresa ha presentado recurso de alzada y, cuando la Xunta lo resuelva, si confirma la sanción, aún le queda la vía contencioso-administrativa. 

Telmo Martín fue consejero delegado de la constructora hasta el 23 de diciembre pasado, fecha en la que le reemplazó en el cargo, como en otras de sus empresas, su mujer, María Dolores Táboas Carballal. Él ha abandonado la política local —renunció a su acta de concejal de Pontevedra— para dedicarse intensamente al Congreso, donde consiguió escaño en las elecciones de noviembre y figura como el diputado más rico, con un patrimonio declarado de 21,5 millones de euros. 

www.elpais.es 15.04.12

TELMO MARTÍN RENUNCIA COMO EDIL Y DEJARÁ DE LIDERAR EL PP EN PONTEVEDRA 

Se da un tiempo para seguir de presidente local “hasta que el partido mande” 

El portavoz del PP de Pontevedra y dos veces candidato a la alcaldía, Telmo Martín, abandonará su cargo en la corporación municipal tras el próximo pleno, según anunció ayer en rueda de prensa. Le sustituirá su número dos, Jacobo Moreira, que compatibilizará el puesto con el de diputado en el Parlamento autónomo. La salida de Martín, que continuará temporalmente “hasta que el partido mande” como líder oficial del PP local, la había avanzado él mismo la noche electoral del 22 de mayo de 2011, cuando el recuento de votos evidenció que el desmoronamiento del PSOE no le sería suficiente para alcanzar la mayoría absoluta que había rozado en 2007. Desde entonces había ido delegando funciones en sus compañeros de grupo, hasta llegar a ausentarse del pleno de los presupuestos para asistir al funeral de un compañero de partido. 

Tras asegurarse un puesto de salida en la lista de los populares para el Congreso por la provincia de Pontevedra, Martín reconoció ayer que ambos cargos “son algo incompatibles”. “Seguiré trabajando por Pontevedra desde el Congreso, aunque habrá que esperar un poco por los proyectos porque lo que más preocupa a nivel nacional es la crisis”, admitió. Dijo sentirse “contento y orgulloso” de su paso por la ciudad del Lérez, de la que destacó la apuesta “que no tiene vuelta atrás” por la construcción del hospital único de Monte Carrasco, en el limbo presupuestario. En su haber está también el giro de 180 grados en la postura de los populares respecto a la ubicación de la fábrica de celulosas junto a la ría, que antes defendían y ahora repudian, o la polémica por el cobro de sobreprecios ilegales en viviendas públicas por parte de una constructora de la que era socio. 

Fichaje de Feijóo 

En los últimos meses de campaña trató sin éxito de reeditar a escala local la estrategia de desgaste del bipartito a cuenta de un pretendido exceso en el coste del mobiliario municipal, y llevó al juzgado a un concejal por una concesión irregular de obras en la que el juez vio una chapuza, pero no un delito. PSOE y BNG se aliaron para reprobarlo oficialmente en un pleno en abril. El fichaje de Martín fue una decisión personal del líder del PP gallego y hoy presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. En el verano de 2006, cansado de las guerras intestinas de los populares pontevedreses se fue a buscar a Sanxenxo, segunda residencia de destacados militantes de la ciudad, a un hombre hecho a sí mismo que había ganado reputación y contactos entre los veraneantes más ilustres de la villa. 

El supuesto milagro económico de Sanxenxo propició que Feijóo decidiera ficharlo

Constructor y alcalde al mismo tiempo, Martín disfrutaba de la bonanza económica que el boom del ladrillo dejaba en licencias a las arcas municipales de su Ayuntamiento y también en la cuenta de resultados de la promotora de la que era socio y de su empresa de materiales de construcción. Fruto de esa época de las vacas gordas revocó la concesión del puerto deportivo de Sanxenxo a una empresa privada para que volviese a propiedad municipal. Aquel presunto milagro económico avaló su candidatura en Pontevedra ante Feijóo, pero el sector más tradicional de la ciudad nunca dejó de ver en él a un recién llegado. En su primer intento le faltaron unos cuantos centenares de votos para la mayoría absoluta. Cuatro años más tarde, pinchada ya la burbuja inmobiliaria, ni siquiera fue ya primera fuerza en mayo de 2011. 

www.elpais.es  26.03.2012

EL SUPREMO DECLARA ILEGAL UN EDIFICIO DE LA PROMOTORA DE TELMO MARTÍN 

La creatividad administrativa de Enrique López Veiga, conselleiro de Pesca en dos gobiernos de Manuel Fraga, salvó a Construcuatro en 2005 del derribo de uno de sus proyectos estrella en Sanxenxo. La promotora de la que es socio el entonces alcalde popular de la localidad, Telmo Martín, hoy presidente del PP de Pontevedra, había levantado un lujoso edificio de seis plantas junto a la playa de Silgar, famosa por la concentración de veraneantes y el elevado precio de la vivienda. Allí se reservó un piso de dos terrazas el propio Martín. El problema es que la obra no respetó los 20 metros legales de separación mínima de la costa. La ONG Salvemos Pontevedra lo denunció y la propia consellería empezó a tramitar un expediente sancionador, que propuso imponer una multa de 3,05 millones de euros y la demolición del inmueble. 

El informe no llegó al Consello de la Xunta, competente para resolverlo, porque López Veiga lo paralizó. Salvemos Pontevedra llevó el asunto al Tribunal Superior de Xustiza, que anuló el acto del conselleiro en una sentencia que ratifica ahora el Supremo. El primer fallo obligaba a retrotraer el expediente al momento de la propuesta de sanción, lo que en la práctica significa que la Xunta debe decidir qué hacer con el inmueble. La resolución del Supremo, fechada el 22 de julio, hace suyos los argumentos del Superior. 

López Veiga se extralimitó en sus funciones al archivar un expediente sobre el que le correspondía responder al Consello de la Xunta, para lo que se refugió en una supuesta contradicción en los deslindes. Los técnicos de su departamento constataron que el inmueble superaba en más de dos metros la distancia legal con la playa, pero el conselleiro encargó otro estudio al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. Este determinó que la invasión de la servidumbre era menor -en torno a un metro- lo que sirvió a López Veiga para dar carpetazo al expediente. La jefa de Costas era entonces Cristina de Paz, también con casa junto al mar en Sanxenxo y contra la que pleitea Salvemos Pontevedra. 

El Supremo rechaza los argumentos de Construcuatro para tumbar la resolución del Superior. La supuesta vulneración de las leyes administrativas la despacha como argumento "artificioso". La empresa alegaba que el acto del conselleiro no era radicalmente nulo sino subsanable. El Supremo le quita importancia y alega que la sentencia previa no se basa en esa distinción y añade que en cualquier caso el acto no se corrigió, y "debe ser expulsado del ordenamiento jurídico y anulado". 

www.elpais.es 11.08.11

SANXENXO GASTA 900.000 EUROS EN PLEITOS DESDE 2006

Un asesor de la Xunta y de infractores urbanísticos cobró 345.000 euros

El desparramado crecimiento urbanístico de Sanxenxo ha dado pie en los últimos años a que al Ayuntamiento del turístico municipio pontevedrés haya tenido que destinar una buena parte de sus fondos a afrontar gastos judiciales. Entre 2006 y 2009 las facturas municipales por pleitos y asesorías jurídicas alcanzaron los 900.000 euros, de los cuales más de la tercera parte corresponden a los gastos generados por la Xerencia de Urbanismo.

  • El Ayuntamiento dice que los juicios vienen de la época de Telmo Martín

  • El gran beneficiado es José Luis Narbón, ex director de Urbanismo

Tan frenética actividad en los juzgados ha supuesto una constante fuente de ingresos para los despachos con los que habitualmente colabora el Gobierno local, según datos de la intervención municipal. Entre ellos, destaca el bufete de José Luis Narbón, ex director general de Urbanismo entre 1990 y 1997 a las órdenes de José Cuiña, a la sazón conselleiro de Ordenación do Territorio. Narbón, que ha vuelto a tener un papel destacado en el diseño de los planes urbanísticos del Gobierno autónomo tras la vuelta del PP al poder en 2009, cobró unos 345.000 euros entre los pagos que recibió a su nombre y los que registró a través de su bufete, Urbagalex.

Desde el Ayuntamiento de Sanxenxo, un portavoz asegura que la hinchazón en las facturas es consecuencia directa de los pleitos suscitados a raíz de la aprobación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) de la villa en 2003. Entonces aún era alcalde el constructor Telmo Martín, que se prepara ahora para su segundo asalto electoral al Gobierno de la capital provincial.

En los años a que se refieren los informes, los gastos municipales aumentaron progresivamente. En 2006 fueron 131.000 euros que subieron ligeramente al año siguiente hasta los 176.000, para dispararse en 2008 a los 327.000. El año pasado la factura se redujo un tanto, pero se mantuvo, con 267.000, por encima de los dos primeros.

Narbón se distinguió, durante la etapa del bipartito, por defender promociones inmobiliarias en A Guarda y Oia, siempre contra el criterio de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística. Tras la llegada de Agustín Hernández a la Consellería de Territorio, el departamento le encargó, en cambio, un "estudio sobre el panorama del derecho urbanístico español" por el que recibirá 67.000 euros que la Xunta enmarca en los "trabajos previos" a la redacción de una nueva ley gallega del suelo.

Los pagos del Ayuntamiento a Narbón, a título personal o a través de su empresa, arrojan una media de 86.500 euros al año entre 2006 y 2009. Se trata de una cantidad muy similar a la que recibirá este año -84.600- a raíz de un convenio firmado el pasado marzo por la alcaldesa, Catalina Gómez, según el cual el abogado se compromete a ejercer las labores de asistencia jurídica, emisión de dictámenes y asesoría general.

Desde el Gobierno local aseguran, por otra parte, que Narbón fue contratado en 2007 por un periodo de tres años como asesor, un compromiso que se ratificó de nuevo este año. Este acuerdo, se limita a un sueldo mensual de 700 euros en su primera redacción y de 1.000 tras su renovación. Todos los demás abonos, insisten, son resultado de los pleitos que Narbón le llevó al Ayuntamiento.

www.elpais.es 20.12.10

LA XUNTA RETRASA LA SANCIÓN A LA CONSTRUCTORA DE TELMO MARTÍN

Medio Ambiente solicita nuevas pruebas que pueden cambiar el expediente

La ley obligó al conselleiro de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras, Agustín Hernández, a reabrir el expediente a Construcuatro por el cobro de sobreprecios en viviendas protegidas en Vigo, pero la sanción está lejos de hacerse efectiva. Según los anteriores responsables de la Consellería de Vivenda, que abrió el proceso administrativo contra la promotora del líder del PP de Pontevedra, Telmo Martín, las diligencias se habían agotado y la sanción estaba lista para su ejecución. Construcuatro tendría que pagar una multa de un millón de euros, devolver las comisiones ilegales y quedar inhabilitada para edificar vivienda protegida durante seis años. Pero no será así de momento.

El Gobierno bipartito suspendió el expediente a Construcuatro en abril de 2008, tras la apertura por un juzgado de Vigo de actuaciones judiciales, incompatibles legalmente con las administrativas. Una vez archivada la causa penal -en la que se corroboró el pago de sobreprecios, aunque no se demostró la concurrencia de delitos-, la Xunta levantó la suspensión. Ahora bien, el departamento que dirige Agustín Hernández, amigo personal de Telmo Martín, ha decidido solicitar nuevas pruebas, que retrasarán e incluso podrían modificar los resultados del expediente.

El Instituto Galego de Vivenda e Solo determinó antes del cambio de Gobierno en Galicia la existencia de infracción, consistente en la percepción de sobreprecios en un edificio de la urbanización viguesa de Navia, tipificada como muy grave en la Lei de Vivenda de Galicia. Según los anteriores responsables de la consellería, sólo restaba comunicárselo a los afectados y ejecutar la sanción.

La hoja de ruta de Medio Ambiente es otra. De momento, solicitará al juzgado el informe pericial emitido por el inspector de Hacienda, así como los documentos de contabilidad de la empresa, en los que se recogen los sobreprecios. Además, volverá a remitir el acuerdo de incoación del expediente, que se remonta a octubre de 2007, a 11 de los 87 propietarios compradores afectados, de los que no cuenta con acuse de recibo. Esta decisión supone la apertura de otro período de 15 días para la aportación de documentación, pero sobre todo abre la posibilidad de que se presenten nuevas pruebas, y por lo tanto se revise la existencia de la infracción.

Pero no se terminan ahí las pruebas adicionales que la Consellería de Medio Ambiente, de la que depende el IGVS, quiere estudiar, a pesar de que el cobro de "sobreprecio, prima o cantidad en concepto de compraventa o arrendamiento en las viviendas de protección oficial" está tipificada en la ley como la más grave de las posibles infracciones. Después de la aportación de documentos por los 11 afectados que restan por hacerlo, la Xunta "abrirá período de prueba", en el que incluirá las declaraciones realizadas por Construcuatro en el curso de las acciones judiciales. La consellería incorporará como prueba "todo el documento contenido en las actuaciones judiciales que, si es el caso, acredite el presunto pago de sobreprecios".

Sólo después de examinar toda esta documentación, procederá Medio Ambiente a redactar la propuesta de resolución. Según los anteriores responsables de la Consellería de Vivenda, se trata de diligencias innecesarias que demorarán e incluso modificarán la tipificación de la infracción, con el objetivo de evitar la sanción a Construcuatro. La empresa, de la que Telmo Martín posee el 33%, cobró sobreprecios al menos a 32 compradores, que pagaron hasta 33.000 euros más para no perder los pisos protegidos. Según el informe policial que encargó el juzgado, el dinero lo repartía la empresa con un intermediario.

A la espera de disculpas

Tanto en primera instancia como en la Audiencia Provincial, las dos sentencias sobre el caso Construcuatro dan por probada la existencia de sobreprecios. La resolución considera que no hubo "coacción de relevancia penal", por lo que absolvió a los imputados. Lo justificó así; "Todos los afectados accedieron a la entrega de las cantidades solicitadas en el breve período de tiempo que se les daba para ello, alegando que les interesaba adquirir las viviendas a ese precio, tal y como estaba el mercado". De no acceder a pagar el sobreprecio, los afectados se quedaban sin las viviendas protegidas, lo que no impide a la sala que juzgó el caso destacar la inexistencia de "cualquier tipo de fuerza o intimidación".

Telmo Martín se sintió reforzado por la sentencia. "Espero que aquellas personas que con un interés político intentaron difamarme, manchar mi nombre, ahora reconozcan que yo no cometí ningún delito: que lo digan", retó el dirigente del PP. Lejos de recibir disculpas, deberá afrontar el expediente administrativo, aunque demorado. La sentencia de la Audiencia Provincial constató que los sobreprecios, acordados como "mejoras" no efectuadas, no figuraban en la escritura pública ni en el contrato de compraventa, pero sí en los libros de contabilidad.

www.elpais.es 29.03.10

HERNÁNDEZ REABRE EL EXPEDIENTE A TELMO MARTÍN POR SOBREPRECIOS EN VIGO 

Al conselleiro de Medio Ambiente, Agustín Hernández, no le ha quedado otro remedio que tomar una decisión probablemente dolorosa: expedientar a su compañero de partido y amigo personal, Telmo Martín, por el presunto cobro de sobreprecios en viviendas sociales de Navia, en Vigo. Una vez confirmado el archivo de la causa judicial, al no encontrar la Audiencia Provincial de Pontevedra materia penal en el caso, la Xunta ha levantado la suspensión de la causa administrativa contra Construcuatro, que puede acabar en una multa de un millón de euros, la devolución de las comisiones ilegales y la inhabilitación para edificar vivienda protegida durante seis años. 

Fue la Consellería de Vivenda, entonces dirigida por la nacionalista Teresa Táboas, la que abrió en septiembre de 2007 el expediente a Construcuatro, la inmobiliaria que pertenece en un 33% al presidente local del Partido Popular de Pontevedra. La razón era la investigación abierta por un juzgado de Vigo, basada en las denuncias de 32 compradores de viviendas que pagaron hasta 33.000 euros de más para hacerse con los pisos protegidos. Pero las propias indagaciones judiciales, que pasaron después a la Audiencia Provincial, obligaron a Vivenda a "suspender" el expediente en julio de 2008. 

A pesar de que el caso fue archivado en primera instancia, el anterior Gobierno vio en la investigación judicial un respaldo a favor de aplicar la máxima sanción a Construcuatro. Esta opinión se sustenta en que el auto incluía entre los hechos probados y avalados por las pruebas practicadas el cobro de sobreprecios, aunque descarta delitos penales por considerar que no medió violencia, amenaza o engaño. 

También el auto que dictó posteriormente la Audiencia Provincial constató que, aunque los sobreprecios, acordados como "mejoras" no efectuadas, no figuraban en la escritura pública ni en el contrato de compraventa, sí aparecían en los libros de contabilidad y facturas de la constructora. Sin embargo, la resolución reza: "Todos los afectados accedieron a la entrega de las cantidades solicitadas en el breve período de tiempo que se les daba para ello, alegando que les interesaba adquirir las viviendas a ese precio, tal y como estaba el mercado". Y descarta "cualquier tipo de fuerza o intimidación que haga considerar la existencia de coacción de relevancia penal". 

Pero las consideraciones de tipo penal tendrán poca relevancia en el expediente administrativo, que se basa en si hubo o no sobreprecios, tal y como se desprende de la investigación judicial. Así, el informe policial encargado por el juzgado de instrucción señala que, de las conversaciones grabadas, "se deduce claramente que esa cantidad de dinero negro sería repartida entre el intermediario, José García Tilve, y Construcuatro, de manera que la empresa se llevaría unos 20.000 euros por la venta de cada piso". Esa cantidad, sumada a lo recabado por el intermediario, supondría un 20% del total del precio oficial de los pisos de Construcuatro en Navia, ubicados en el número 25 de la calle Teixugueira. 

De concretarse las propuestas de sanciones, no sería la primera vez que la Administración autonómica multa a una inmobiliaria y le impide construir vivienda protegida. Ocurrió con la sociedad Vigolar, que también cobró sobreprecios en el mismo polígono vigués de Navia. 

(www.elpais.com, 02/03/10)

CONSTRUCUATRO SE EXPONE A UNA MULTA MILLONARIA Y A 6 AÑOS DE INHABILITACIÓN 

El juez ha dictado que en el cobro de sobreprecios en el polígono de viviendas de San Paio de Navia (Vigo) no existió delito penal por parte de Construcuatro, la promotora en la que participa como socio el ex alcalde de Sanxenxo Telmo Martín, pero en su sentencia considera probado que requirió a los denunciantes pagos en dinero negro. Vivenda entiende, en ese sentido, que el fallo bastará para resolver, cuando se cierre la vía judicial, el expediente sancionador que abrió en octubre del 2007 por las denuncias de 21 propietarios. De acuerdo con la ley en vigor, que tipifica el caso como infracción muy grave, la firma del actual presidente del PP en Pontevedra se expone a una multa que rondará los 2 millones de euros (entre la sanción y la devolución de las cantidades indebidamente cobradas) y a seis años de inhabilitación para construir pisos protegidos. 

El importe de la sanción procede de una estimación realizada a partir de las cantidades que Vivenda, y ahora también el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo, considera indebidamente cobradas a los denunciantes. En principio, el expediente de la consellería afecta a 21 adjudicatarios, que pagaron entre 12.000 y 42.000 euros en dinero negro. Vivenda calcula que la constructora de Martín tendría que devolver unos 600.000 euros, que se sumarían a una sanción por el doble de esa cantidad (1,2 millones), con lo que el importe total se aproximaría a los 2 millones de euros. 

El departamento que dirige la nacionalista Teresa Táboas es consciente de que la inmobiliaria agotará la vía judicial, para defender sus intereses y también para ganar tiempo ante la aplicación del expediente sancionador por parte de Vivenda. 

La consellería sostiene que este tipo de prácticas fraudulentas en el mercado de los pisos de precio tasado ya no es posible desde la puesta en marcha del Rexistro de Demandantes de Vivenda Protexida, porque ahora es la propia Administración la que le comunica a las empresas constructoras la lista de adjudicatarios de las viviendas, lo que les impide exigir esos pagos. 

Construcuatro se librará del endurecimiento del régimen sancionador que introducirá la futura Lei de Vivenda, que actualizará al marco en vigor desde el 2002. El proyecto de ley que la Xunta aprobó en julio, y que se encuentra en la recta final de su tramitación parlamentaria con la previsión de Vivenda de que la Cámara debata su aprobación en diciembre, eleva la sanción por infracciones graves de 60.001 euros a un millón. Y, en el caso concreto de «a percepción de sobreprezos, primas ou cantidades distintas ao prezo na transmisión ou arrendamento de vivendas protexidas», la nueva norma ampliará la multa que ahora es el doble de los pagos cobrados indebidamente hasta cinco veces ese importe. 

En cambio, la próxima legislación no regulará la prohibición de que los cargos municipales puedan ejercer la promoción inmobiliaria, como pretendía la conselleira nacionalista con la inclusión de un artículo específico en el borrador inicial del texto. La propuesta de Táboas de que los alcaldes no pudieran compatibilizar esa función con actividades inmobiliarias en los municipios que gobiernan, una idea inspirada precisamente por la intención de evitar más casos como el de la promotora en la que participa el ex regidor de Sanxenxo, tuvo que ser retirada a instancia de la Consellería de Presidencia, que dirige el socialista Méndez Romeu, que alegó que esa pretensión colisionaba con la norma que regula la Administración local. En el texto enviado al Parlamento, la restricción inicial dejó paso a una cláusula descafeinada que se limita a incidir en el deber ético de los alcaldes 

(www.lavozdegalicia.es, 27/11/08)

UNA SENTENCIA ACTIVA EL DERRIBO DE UN EDIFICIO DE TELMO MARTÍN EN SANXENXO 

La intervención directa del entonces conselleiro de Pesca, Enrique López Veiga, del PP, impidió en febrero de 2005 que se ejecutara una orden de derribo y una multa de 3 millones de euros contra la inmobiliaria Construcuatro por invadir la zona de servidumbre marítimo-terrestre en Sanxenxo. Tres años después, el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG) ha anulado la resolución del ex conselleiro y activado la sanción contra la empresa de la que posee el 33% Telmo Martín, alcalde de Sanxenxo cuando se construyó el edificio y actual presidente local del PP de Pontevedra. 

La sentencia es consecuencia del recurso de una asociación ecologista, Salvemos Pontevedra, contra el sobreseimiento del expediente. La misma organización había denunciado a Pesca, entonces con las competencias de Costas, las obras abusivas en la servidumbre de protección en el paseo de Silgar, donde Construcuatro levantaba un edificio con licencia para sótano, planta baja, cuatro pisos y áticos. En realidad, según figura en el Registro de la Propiedad y constataron funcionarios de Pesca, el edificio cuenta con una planta más de las autorizadas por el Ayuntamiento. 

El expediente realizado por el Servicio de Usos del Litoral de la consellería dejaba poco lugar a dudas. Consideraba como hechos probados que el edificio no respetaba los 20 metros preceptivos de zona de servidumbre, sino una distancia de "entre 17,81 y 18,20 metros de la ribera del mar". También constataba que las obras carecían de autorización en materia de Costas de la comunidad autónoma. Como el valor de lo construido ascendía a 12,2 millones de euros, se le imponía una multa de 3,05 millones, con un recargo de 305.584 euros mensuales mientras no se ejecutara la demolición para devolver los terrenos en los que se ejecutaron las obras a su primitivo estado. 

El expediente de multa y demolición debería haber sido trasladado al Consello de la Xunta, que es el órgano competente para dictar una resolución de esas características, según confirma la sentencia del tribunal gallego. En vez de ello, el conselleiro acordó de oficio, y "como medida complementaria", solicitar nuevos informes al Servicio de Costas del Ministerio de Medio Ambiente. En esos informes se estimaba que la invasión de la servidumbre no era de hasta 2,12 metros, sino de un metro. Fue suficiente para que López Veiga apelara a la existencia de "planos de deslinde contradictorios" para decretar el sobreseimiento del expediente.

El TSXG estima el recurso de Salvemos Pontevedra, por considerar probado que la resolución que impugna había sido dictada "por un órgano incompetente". La sentencia precisa que la instancia apropiada para archivar el caso sólo podría haber sido el Consello de la Xunta, la única competente para resoluciones en las que la multa supere los 500.000 euros. "Parece clara la necesidad de respetar la atribución competencial normativamente atribuida al Consello de la Xunta", precisa el fallo judicial.(www.elpais.com, 28/02/08)

Dos agentes inculpan ante la juez a Construcuatro por sobreprecios

La promotora de Telmo Martín fijaba las cantidades y las recogía el día del pago

Construcuatro, la promotora inmobiliaria de la que es consejero delegado el dirigente del PP Telmo Martín, fijaba las cantidades (de 12.000 a 42.000 euros, en función de la planta a que perteneciera el piso comprado) y el mismo día en que era pagado el sobreprecio por el comprador, otro responsable de la empresa, José Manuel Torres, acudía a Vigo para hacerse con la cantidad que los clientes habían pagado en metálico, sin recibir ningún justificante.

Dos intermediarios, José Luis Veiga y Purificación Justo, confirmaron lo habitual de esa práctica en su declaración ante la juez que instruye el caso del cobro de sobreprecios por pisos protegidos edificados por Construcuatro en el polígono vigués de Navia. A otro intermediario, Fernando Silva, le fue aplazada su declaración tras aducir el miércoles su abogado que acababa de llegar de viaje y que no había podido estudiar las diligencias. Los tres y José Tilve, a quien se tomó declaración hace un año, habrían sido los intermediarios de Construcuatro en el cobro de los sobreprecios. Veiga y Silva son agentes inmobiliarios. Purificación Justo no está titulada, aunque ha mantenido relaciones profesionales con Construcuatro a través de una oficina propia que no está catalogada como inmobiliaria. Tilve, que ha negado sus tareas de intermediario contra notables evidencias, es un empleado de Citroën que creyó encontrar una oportunidad de negocio en sus gestiones para la constructora.

Por el cobro de los sobreprecios, Purificación Justo reconoció percibir para sí 600 euros de cada comprador. José Luis Veiga, a quien se permitió abandonar las dependencias del juzgado hurtando la presencia de periodistas, declaró no haber cobrado nada por esa gestión concreta, que enmarcó en el conjunto de otras que su agencia inmobiliaria realizaba para Construcuatro, en Navia y en otras promociones, por las que percibiría un 2% del precio de las ventas.

Algunos de los compradores reclamaron un recibo o una factura que certificara su pago en efectivo, ya que la recuperación del dinero se les señaló inviable. Construcuatro tenía para ellos respuesta.

"Que abandonen la vivienda", era la contestación que Construcuatro transmitía a los intermediarios para que se la hicieran saber a los compradores mosqueados.

Tanto Veiga como Justo declararon que interpretaban los sobreprecios marcados por Construcuatro como el pago de mejoras en los pisos, lo que Antonio Salceda, abogado de una veintena de afectados por los pagos, desmintió. "No sólo no se realizaron esas mejoras, sino que en muchos casos tampoco los materiales empleados en la construcción cumplen la memoria de calidad", afirmó Salceda. "También se ha dicho que las mejoras no se realizaban en el interior de las viviendas, sino en el exterior, en las fachadas, lo que resulta aun más absurdo", añadió.

Todos los procedimientos de cobro de los sobreprecios por parte de Construcuatro están sembrados de advertencias contra quienes los pagaron, bien directamente en sus oficinas de Pontevedra o a los intermediarios que seguían sus instrucciones. El "recaudador" de Construcuatro, Torres, prevenido sobre el momento en que el comprador iba a efectuar el pago, solía esperar en una cafetería hasta que el comprador abandonara las oficinas de los intermediarios, momento en que él acudía para recibir la cantidad pagada y cobrada siempre en metálico.

La empresa constructora ha presentado declaración en Hacienda del ingreso de los sobreprecios, según cree el abogado Antonio Salceda, que aún no ha podido comprobarlo. "En caso de que sea así", afirmó ayer, "la ha presentado después de abrirse el procedimiento judicial, con lo que evita incurrir en delito fiscal. Pero si tenemos en cuenta que a quienes reclamaban facturas o recibís no se les facilitaron, es muy probable que en esa misma gestión se hayan destruido pruebas sobre el caso", añadió.

El 'caso Construcuatro'

- Sobreprecios de entre 12.000 y 42.000 euros. Treinta clientes de Construcuatro admitieron haber pagado cantidades de dinero a varios intermediarios, que decían actuar en nombre de la promotora, para acceder a un piso protegido. Fuentes de la investigación cifran el fraude en 3 millones de euros.- Grabaciones judiciales. El juzgado de Instrucción número 2 de Vigo tiene en su poder dos grabaciones de voz que prueban el chantaje de un intermediario a dos clientes. La investigación de momento no ha derivado en imputaciones penales.- Pagos en Construcuatro. Varios compradores en el edificio Castelao de Navia declararon ante la Consellería de Vivenda haber realizado pagos en las oficinas de la constructora, a la que la Xunta prevé sancionar con un millón de euros de multa. www.elpais.es 11.01.08

La juez investiga la contabilidad de la promotora de Telmo Martín

La titular del juzgado de Instrucción número 2 de Vigo tiene en su poder desde la pasada semana libros de contabilidad y declaraciones de IVA y del impuesto de sociedades de Construcuatro, la promotora de la que es accionista y consejero delegado el presidente local del PP de Pontevedra. La documentación fue solicitada por la jueza para indagar si hay algún rastro del presunto cobro de sobreprecios por viviendas de protección oficial que Construcuatro edificó en el polígono vigués de San Paio de Navia.

Según explicaron fuentes jurídicas, los 200 folios de documentación que está examinando la jueza se refieren a la liquidación de impuestos y las anotaciones contables correspondientes a la venta de pisos protegidos en el edificio del número 25 de la calle Teixugueiras de Navia. En ese inmueble, Construcuatro vendió 82 pisos protegidos. Varios propietarios denunciaron en su día, y posteriormente ratificaron ante la jueza y los inspectores de la Consellería de Vivenda, que intermediarios que decían actuar en nombre de la promotora de Telmo Martín les exigieron el pago de comisiones de entre 14.000 y 42.000 euros para acceder a los pisos, cuyo precio está oficialmente tasado.

Nuevas declaraciones

La jueza ha llamado a declarar para esta semana a tres de esos intermediarios, José Luis Veiga y Jesús Fernando Silva Portela, representantes de dos agencias inmobiliarias viguesas que gestionaron la venta de pisos, así como Purificación Justo Pérez. Veiga y Silva ya reconocieron ante la Consellería de Vivenda que se incrementó el precio de algunos pisos, pero lo atribuyeron a mejoras en los materiales. De un cuarto intermediario, José Tilve, hay conversaciones grabadas con autorización judicial en las que amenaza a los compradores con dejarles sin piso si no abonan un sobreprecio. En una de las conversaciones, Tilve ofrece a un cliente un número de cuenta bancaria de Construcuatro para que formalice el ingreso. Sin embargo, el intermediario ha negado los hechos en sus declaraciones a la Consellería de Vivenda, que tiene un expediente abierto a Construcuatro por este motivo. www.elpais.es 07.01.08

Dos agencias culpan a Construcuatro por cobrar sobreprecios

Las comisiones se justificaban por mejoras en las viviendas protegidas

Junto al relato de los propietarios del edificio Castelao, en Vigo, y las cintas de las dos conversaciones grabadas con micrófono oculto a un intermediario que revelan la existencia de las comisiones ilegales, la causa abierta en el juzgado vigués contra la promotora Construcuatro por el cobro de sobreprecios en pisos protegidos contiene ya la versión que los responsables de las inmobiliarias Veiga y Silva -que participaron en la compraventa de los inmuebles- ofrecieron a la Consellería de Vivenda.

En las respuestas al cuestionario planteado por el instructor de la consellería, los propietarios de las dos agencias negaron haber percibido, ni siquiera reclamado, sobreprecios a cambio de vender las viviendas de protección oficial y trasladaron la responsabilidad a la promotora en la que el presidente del PP en Pontevedra, Telmo Martín, figura como consejero delegado y copropietario. El primero en comparecer, José Luis Veiga Rodríguez, dueño de la inmobiliaria Veiga, señaló que los inmuebles, en cuyo traspaso negó haber participado, se vendían "al precio que fijan por metro cuadrado los planes estatales de vivienda". Dicho esto, Veiga admitió que "el importe de los pisos variaba en función de la altura", una práctica prohibida por la legislación que constituye al mismo tiempo una evidencia del cobro de comisiones ilegales en el edificio de San Paio de Navia.

No fue la única contradicción en su testimonio que han advertido los investigadores. A preguntas de los responsables de Vivenda, Veiga, a quien varios compradores habían identificado como la persona que les vendió los pisos, rechazó haber "prestado servicios a Construcuatro", si bien reconoció: "Algunas personas interesadas me pidieron que los recomendase a Construcuatro para que les vendiese los pisos". Según él mismo admite, ese trámite lo realizó ante el "señor Torres", en referencia a José Manuel Torres García, copropietario de la promotora y a quien al menos dos compradores acusan de haberles cobrado en mano distintas cantidades en dinero negro.

Según su relato, Veiga no percibió ni un euro por esa gestión. Tampoco cobró, según se deduce de sus palabras, por "prestar un despacho de su agencia para que Construcuatro pudiera cerrar las operaciones en Vigo sin obligar a sus clientes a desplazarse a la sede de su oficina en Pontevedra".Cuestionado sobre si en algún momento recibió dinero por encima del precio tasado, el propietario de la inmobiliaria Veiga señaló: "No lo hice pero me consta que algunos clientes solicitaban algunas mejoras y le pagaban [a Construcuatro] por ellas" . La supuesta realización de obras no incluidas en la memoria es también el hilo argumental del segundo declarante.

En su testimonio en la consellería, que también figura en las diligencias judiciales, el representante de la agencia Silva eludió cualquier responsabilidad. Jesús Fernando Silva Portela, que se presentó como "agente de la propiedad inmobiliaria", asumió su papel como intermediario pero negó haber cobrado o exigido comisiones ilegales. "Construcuatro me pidió que actuara como mediador de unas viviendas que tenían una mejoras muy buenas", señaló. Esa diferencia de calidades respecto a la memoria inicial fueron las que, según Silva, explicarían los sobreprecios, que él negó haber cobrado "porque ese tema se trataba directamente en Construcuatro".

Preguntado sobre el importe que solicitaba a los compradores, el representante de la inmobiliaria Silva respondió que "el que fijaba la ley". A continuación añadió un matiz significativo: "A todos los clientes les dije el precio oficial. No obstante les advertí que debían hablar con Construcuatro porque había mejoras que estaban a la vista cuyo pago debían negociar con ellos".

Silva negó hacer recibido ningún sobre con dinero y señaló que eran los responsables de la promotora los que acudían a buscarlo a sus oficinas. "Yo no podía coger dinero sin firmar", concluye. Esta declaración contrasta con la de varios compradores de los pisos, quienes denunciaron que la promotora y una persona llamada "señor Veiga" ofrecieron camuflar las comisiones facilitando facturas falsas por obras no realizadas.

www.elpais.es  19.11.07

Un socio del líder del PP de Pontevedra cobró en mano dinero negro

Veinticuatro propietarios de pisos protegidos en el edificio Castelao de Vigo han reconocido haber pagado sobreprecios de entre 12.000 y 46.000 euros a Construcuatro y a dos agencias inmobiliarias de Vigo, según consta en la documentación que figura en las diligencias previas que instruye la titular del Juzgado número 2 de Vigo.

En sus testimonios algunos compradores reconocen haber "pagado dinero negro en mano a José Manuel Torres", copropietario de la empresa Construcuatro, junto al presidente del PP local de Pontevedra, Telmo Martín y a un tercer socio, Eugenio Sobral.

"Ingresé 18.000 euros a través de una transferencia bancaria a Construcuatro porque esa cantidad formaba parte del precio oficial del piso, pero los otros 33.000 euros [de la comisión ilegal] se los entregué en un sobre a José Manuel Torres de Construcuatro". Es una de las últimas declaraciones de compradores de viviendas en el edificio Castelao de Navia que la juez tiene sobre la mesa en la que se acusa a uno de los copropietarios de Construcuatro, José Manuel Torres García, de cobrar personalmente los sobreprecios a cambio de formalizar los contratos para los pisos de protección oficial.

El nombre de José Manuel Torres, propietario de un tercio de las acciones de la empresa constructora, aparece en otras dos declaraciones de los 24 compradores que han reconocido haber pagado sobreprecios, que la promotora les exigió como requisito indispensable para venderles el piso de protección oficial que se les había adjudicado.Según recoge el expediente abierto por la Consellería de Vivenda y que ya ha sido incorporado por la juez a las diligencias previas, otros dos vecinos del edificio Castelao aseguraron haber entregado en la inmobiliaria Silva -una de las dos, junto a la agencia Veiga, que actuaron de intermediarias de la empresa Construcuatro- 32.000 y 35.500 euros, respectivamente, en dinero negro. Ambos denunciantes afirmaron que fue el personal de la agencia quien les explicó que los pagos debían hacerse de ese modo, "porque así lo había decidido el señor Torres, apoderado de Construcuatro".

El resultado de los cuestionarios realizados por el departamento de Teresa Táboas a los propietarios de los pisos constituye, según fuentes cercanas a la investigación, la principal prueba del fraude, junto a las dos grabaciones autorizadas por la juez que desvelan el cobro de sobreprecios por parte de un tercer intermediario, P.T.

De la palabra de los compradores de los pisos que sí han querido hablar -casi la mitad de los 87 propietarios de viviendas en el edificio Castelao- se deriva que al menos 24 desembolsaron distintas cantidades en dinero B que oscilan entre los 12.000 y los 46.000 euros. Un porcentaje significativo reconoció los pagos, pero eludió detallar el importe y también el nombre de los intermediarios a los que les fueron entregados los sobres.

Un tercer grupo de compradores, aproximadamente la mitad, ha negado tajantemente el pago de sobreprecios. Fuentes próximas al caso no descartan que la empresa y los intermediarios hubieran liberado de las comisiones a una parte de compradores del edificio Castelao. Eso explicaría en parte el reducido número de denuncias (de momento sólo dos en la vía penal, aunque el abogado de la acusación anuncia que pronto serán 30). A ellas hay que añadir los 24 escritos del expediente administrativo, también en manos de la juez, que instruyó la Consellería de Vivenda.

La documentación aportada por este departamento al juzgado detalla que la inmobiliaria viguesa Silva habría percibido al menos 167.000 euros en comisiones ilegales de manos de seis compradores de viviendas en el edificio Castelao. Otra agencia de la misma ciudad, Veiga, que también medió en el negocio, ingresó otros 70.000 euros en comisiones ilegales a cambio de vender tres pisos protegidos. Según figura en la documentación del juzgado, la promotora Construcuatro, bien en sus oficinas de Pontevedra o bien a través de sus empleados o cargos directivos, habría recibido directamente 90.000 euros además de un alto porcentaje de los cobros realizados por sus agentes.

 

www.elpais.es 22.10.07

"Billetes en bolsas para entregar en una cafetería"

El dosier en poder de la juez que investiga el caso es un relatorio en primera persona firmado por 24 compradores de pisos protegidos en el que se explayan sobre los métodos utilizados por la promotora para percibir las comisiones ilegales y evidencia que el pago de sobreprecios fue en muchos casos la única salida para acceder a una vivienda en el edificio Castelao.

Tal y como dejaron patente las grabaciones de voz autorizadas por la juez cuyo contenido publicó este diario, en las que un intermediario exigía comisiones ilegales a dos clientes de la promotora, el expediente instruido por Vivenda constata amenazas y extorsiones por parte de las agencias que mediaron en la compraventa. Además pone al descubierto la connivencia entre dos inmobiliarias viguesas, Silva y Veiga, y Construcuatro a la hora de ejecutar el fraude. En uno de los escritos un propietario afirma haber escuchado de su vendedor la fórmula para repartir los 33.000 euros de la comisión: 18.000 para Construcuatro y 15.000 para el encargado de cerrar la venta.

El relato de otro comprador reconoce que acudió a una cafetería "con 19.300 euros en billetes metidos en una bolsa de plástico" que entregó a un intermediario y asegura que sólo unos minutos después ambos acudieron a las oficinas de Construcuatro en Pontevedra donde rubricaron los contratos. Un tercer cliente afirma haber abonado 31.500 euros de sobreprecio a la inmobiliaria Silva y añade que, previamente, el personal de Construcuatro en Pontevedra le corroboró que la agencia actuaba en representación de la promotora.www.elpais.es 22.10.07

"42.000 euros en negro"

En la misma agencia otro comprador se vio "obligado" a abonar "42.000 euros en B". "Me dijeron que si lo quería, bien, y que de lo contrario tenían 20 aspirantes en la lista", añade. Y hubo un cliente a quien se le reclamaron en el momento de la compra 12.000 euros como anticipo, que nunca figuraron en la contabilidad oficial. Además son legión los vecinos del edificio Castelao que admiten haber recibido negativas cada vez que solicitaron facturas de las cantidades entregadas.

Por este mismo caso, la Consellería de Vivenda propuso ya una sanción de un millón de euros a Construcuatro además de obligarle a devolver las cantidades cobradas al margen del valor de la vivienda pública y una inhabilitación por seis años para edificar pisos protegidos en Galicia. De momento, la vía administrativa y la judicial siguen caminos complementarios, si bien cualquier condena en los tribunales invalidaría la sanción propuesta por el Gobierno gallego.www.elpais.es 22.10.07

La promotora intentó camuflar el fraude con facturas falsas de obras inexistentes

Los tratos cerrados en la sede de Construcuatro y la entrega de las viviendas no impidieron que los intermediarios y la promotora siguiesen llamando a los compradores una vez ocupados los pisos. En junio, con la investigación judicial en marcha, los representantes de la constructora intentaron camuflar los sobreprecios. Así consta en el expediente que figura en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo al que ha tenido acceso EL PAÍS. "Me propusieron disfrazar los cobros con facturas de mobiliario y mejoras en el piso que no habían hecho, y lo rechacé", asegura un propietario. El resto de declaraciones corroboran que no es un caso aislado.

Otro de los vecinos admite que tres meses después de firmar las escrituras, el gerente de la inmobiliaria, "el señor Veiga", le llamó para ofrecerle recibos de obras no acometidas en su piso para "camuflar" las comisiones ilegales. Los clientes que trataron con Construcuatro recibieron llamadas parecidas. Según sus testimonios, ninguno de ellos aceptó la propuesta. De confirmarse la existencia de facturas falsas los representantes de las inmobiliarias y Construcuatro estarían incurriendo en otro delito, falsificación de documentos, además de los supuestos de los que actualmente se les acusa, fraude fiscal y estafa.

www.elpais.es 22.10.07

TELMO Y LOS GENOVESES 

Es casi imposible tener perspectiva serena sobre política y políticos, porque lo que hacen nos afecta a todos. Y eso sin contar con que España es un país terriblemente faccional, apasionado y partidista. Un faccionalismo de banderías, divisor, que en principio nos es extraño, pero que cada día la derecha de la madrileña calle Génova nos trae más a Galicia. Así que, implicados y obcecados, olvidamos completamente que los políticos son como los demás. 

Es cierto, tienen ambición, pero ¿quién no la tiene? Todos ambicionamos conseguir un afecto, o retenerlo; conseguir un trabajo, un puesto, un reconocimiento... No son distintos a los demás mortales. Son personas con familia, amigos, sentimientos, perros y gatos... ¿Y, acaso, si los pinchásemos no sangrarían como cualquiera? En el juego de poder, los políticos son guerreros que luchan, pero los guerreros también sufren. Si recordamos eso podremos ver con perspectiva el sufrimiento de algunos políticos y así, comprendiendo al ser humano que va bajo la armadura violenta, los respetaremos más. No debemos desearle a un político lo que no deseamos para nosotros. 

En ese sentido, aunque estemos en radical y absoluto desacuerdo con sus posturas políticas, aunque nos enfaden, debemos guardar cierta consideración para las carreras protagonizadas por Mariano Rajoy y Alberto Núñez Feijoo. A ambos les tocó una suerte semejante, aunque quizá tengan finales distintos: recibieron una herencia maldita. A ambos les fue prometida una herencia opulenta pero, luego de un proceso de discusión familiar lleno de incertidumbres, incidentes y litigios, y cuando finalmente llegó el momento de recibir la herencia, les fue arrebatada por alguien ajeno a la familia. Además, de la familia enemiga. Cómo no sentirse estafado, humillado y herido. Es muy difícil para cualquiera sobreponerse psicológicamente. ¿Cuántas personas en esa situación serían capaces de aceptarlo y reconocer a quien finalmente heredó como gobernante legítimo? Y ahí hay que ponerle un positivo al Núñez Feijoo: encajó algo tan duro de un modo pasable. 

Pero eso no quita que su situación sea un verdadero tormento que sólo él conoce, atrapado entre lo viejo y lo nuevo, entre las ataduras de un pasado que no desaparece y la búsqueda de algún futuro posible. Ahí está Telmo Martín, un hombre joven que en realidad es un político viejo. Un resto de lo que fue el PP en Galicia, corrupción descarada, desvergonzada y sin límites. La más vieja Galicia, la que nos dejó en herencia tantos desastres y caos en todos los ámbitos, el urbanismo, Reganosa, la Cidade da Cultura, dos superpuertos adosados, la destrucción del natural..., que está costando tanto ordenar y racionalizar. medio natural, que está costando tanto ordenar y racionalizar. 

El PP gallego nació de la victoria de Alianza Popular sobre la UCD, aquel intento frágil, fugaz y fracasado de civilizar a la derecha española. Aquella AP de Manuel Fraga se levantó sobre el apoyo de verdaderos campeones de la economía "informal", contra bando y marea: Terito, el Patriarca, Ligero, Bea Gondar, Nené Barral...El fracaso y descomposición de la UCD gallega hizo que todos los conseguidores cayesen en la cazuela de Fraga Iribarne y, reunidas al fin todas las viejas estructuras heredadas del Régimen, resultó el PP gallego: una estructura densa y extensa que penetró el territorio y la sociedad, la economía, la ideología y hasta la imaginería y los símbolos. Nuestra derecha no se levantó sobre una clase industrial o financiera, no sobre el empresariado industrial y financiero catalán o vasco, sino sobre un estadio económico anterior, aventureros sin escrúpulos que burlan las leyes para imponer su ley a sus vecinos. 

Y para imponer sus precios. Leemos con pasmo que el señor Telmo Martín dice que lo que publicó este periódico, las pruebas de la extorsión a los compradores de viviendas sociales y del fraude fiscal es "el precio de estar en política". Ahora estamos conociendo que el precio de estar en política en esta derecha gallega son los euros negros conseguidos con chantaje a las familias más humildes. Núñez Feijóo está emparedado entre la calle Génova y sus abanderados y el pasado, pero alguien debe dimitir, o él o Telmo. 

Al Pacino protagonizó El precio del poder, al menos aquel personaje no disimulaba ni se metía en política. También protagonizó Atrapado por su pasado. Todo está en el cine. 

www.elpais.es 14.10.07 SUSO DE TORO

Vivenda asegura que la sanción a Construcuatro sigue adelante

La Consellería de Vivenda seguirá adelante con el expediente de sanción a la inmobiliaria Construcuatro, de la que el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, es consejero delegado, por presunto fraude en la venta de viviendas protegidas en el polígono vigués de Navia. El departamento de Teresa Táboas, que no ha recibido notificación del juzgado que investiga el caso para que lo archive, niega haber descartado la existencia de intermediarios en el presunto cobro de los sobreprecios.

La consellería no ha recibido notificación alguna del Juzgado número 2 de Vigo, que instruye el caso abierto por el presunto cobro de sobreprecios en la compraventa de vivienda protegida contra la promotora del edificio de Teixugueiras, 25 y contra dos agencias inmobiliarias viguesas. El departamento que dirige Táboas sigue adelante, por lo tanto, con el expediente de sanción, que fuentes de la consellería aseguran que desembocará en una multa de un millón de euros a la empresa de Telmo Martín, dadas las pruebas contra Construcuatro.

Vivenda cuenta para culminar el expediente con un plazo máximo de seis meses. La penal y la administrativa son dos vías complementarias "que se pueden llevar en paralelo" hasta que el juzgado califique los hechos, precisó ayer la consellería en un comunicado. La sanción, no obstante, no se podrá ejecutar hasta que se produzca la resolución judicial, dada la prioridad de la vía penal frente a la administrativa.

Pero mientras eso no ocurra, Vivenda seguirá trabajando en el expediente "con total normalidad". La consellería asegura mantener una "total colaboración con el juzgado de instrucción número 2 de Vigo", al que remitirá todo el expediente que obra en su poder. Pero niega el departamento que dirige Táboas que la juez haya solicitado ningún informe a la Delegación de Vivenda, y que desde esa consellería se remitiese contestación alguna al juzgado en la que se excluyera la existencia de intermediarios en la compraventa de pisos protegidos.

El comunicado de la consellería denuncia la existencia de "personas vinculadas a la denuncia judicial presentada por dos presuntos afectados" por el cobro de los sobreprecios, "que están más interesadas en entorpecer la labor" de la consellería "que en aclarar" el presunto fraude y sancionar a los responsables. En todo caso, el asunto "trasciende a los directamente afectados", incluidos los denunciantes, "porque se trata de viviendas construidas en suelo adquirido y urbanizado con recursos públicos".

El presidente de la Xunta, Emilio Pérez Touriño, subrayó ayer la vertiente política del caso, e invitó al presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, a "actuar en consecuencia". Tras presidir el Cosnello de la Xunta, Touriño aseguró confiar en la justicia, y añadió: "Iba a decir que también confío en que Feijóo actúe en consecuencia, pero la verdad es que tengo pocas esperanzas".

www.elpais.es 12.10.07

FEIJÓO DESVINCULA LOS NEGOCIOS DE TELMO MARTÍN DE SU ACTIVIDAD POLÍTICA 

El presidente del PP en Galicia, Alberto Núñez Feijóo, se mostró ayer favorable a una "investigación sin límites" en el caso del presunto cobro de sobreprecios en vivienda protegida que realizó la promotora Construcuatro, de la que participa el presidente del PP en Pontevedra, Telmo Martín. "Lo que me sorprende es que la Consellería de Vivenda esté tardando tanto tiempo, dado que los afectados llevan hablando desde hace tiempo", sostiene.

Feijóo no aclaró en qué podrían afectar las denuncias a Construcuatro a la política de vivienda del PP gallego e insistió en investigar primero "y luego hablar". "No estamos dispuestos a condenar a personas que de momento ni fueron imputados", contestó al ser preguntado sobre si su partido piensa iniciar una investigación interna sobre la posible implicación de Telmo Martín. A pesar de reclamar el pasado mes de septiembre la dimisión de la conselleira de Política Territorial, María José Caride, por irregularidades denunciadas por el PP sobre la concesión de la Vía do Barbanza, el presidente del PP gallego considera "abrumadora" la diferencia a la hora de pedir responsabilidades a Martín. "Hay que plantearse qué tiene que ver como persona el señor Telmo Martín en este asunto, además de lo que tenga que ver la empresa en la que participa", argumentó. "Una cosa son las actuaciones en el ámbito político y otra cuestión son actuaciones en el ámbito mercantil".

El responsable del PP sostiene que el caso no afectará a la imagen del partido porque, explicó, cada vez que hay denuncias sobre un dirigente del PP quedan archivadas, "como en el caso concreto del presidente local de Pontevedra". "Cada vez que hubo denuncias el político ganó las elecciones limpiamente en las urnas", argumentó.

El secretario de Organización del PSdeG, Ricardo Varela, recriminó ayer a Feijóo que no haya adoptado ninguna medida con respecto a Martín,. Varela asegura que, independientemente de las repercusiones de tipo judicial, "está perfectamente contrastado que hay un responsable político que tiene una empresa que cobró sobreprecios". "Esto tiene que tener una asunción de responsabilidades inmediatas tanto en el ámbito personal como en la organización del Partido Popular", subrayó. Varela sostiene que se está "ratificando" que el PP "es el primero de la fila para pedir responsabilidades y el último de la fila para asumirlas cuando le corresponde".

 (www.elpais.com, 10/10/07)

TELMO MARTÍN: "ES EL PRECIO A PAGAR POR ESTAR EN POLÍTICA" 

El PP sostiene que no tomará medidas internas ni entrará en "juicios paralelos" 

El recién elegido presidente del Partido Popular en Pontevedra, Telmo Martín, se mostró ayer seguro de que "no hay nada de nada" respecto al presunto cobro de partidas en dinero negro en vivienda protegida que realizó la constructora Construcuatro, de la que es consejero delegado y posee el 33%. Martín sostiene que tiene que pasar "por este trance porque es el precio que hay que pagar por estar en política" y recalca que nada "saldría a la luz" si no fuese socio de Construcuatro. 

El presidente del PP pontevedrés aseguró "estar tranquilo y preparado para aguantar cualquier cosa" y que hablará cuando concluya el expediente anunciado ayer por la Consellería de Vivenda, según declaró ayer a Radio Pontevedra. Martín lamentó que se esté haciendo "un juicio paralelo de lo que va a ocurrir" y que no se respete la separación de poderes. 

En la misma línea de defensa se situó el Partido Popular que, en palabras de su secretario general, Alfonso Rueda, indicó, preguntado si el PP tiene pensado tomar medidas al respecto, que el partido no apoya ni "hará juicios políticos paralelos" y de Telmo Martín "menos que nadie". Rueda recordó que el nuevo presidente -"elegido con el 98% de los votos" el pasado fin de semana- del PP en Pontevedra "ni siquiera está imputado y advirtió que "hay que dejar actuar a la justicia". "Telmo anunció que daría explicaciones en su momento", recalcó. 

Desde la dirección nacional del PP, su secretario general, Ángel Acebes, se mostró "seguro" de que el partido en Galicia actuará "como siempre con absoluta diligencia y transparencia" ante cualquier denuncia. 

El portavoz del grupo parlamentario del PSdeG, Ismael Rego, indicó que este "escándalo de primera magnitud" apunta a que la Xunta "en la que estaba Feijóo" se encontraba rodeada de "señores de guante blanco". "Es un robo de los recursos públicos a las familias más necesitadas de un grupo de espabilados con información privilegiada", sostiene el portavoz del grupo socialista. "Por lo que se demuestra en la cinta había gente que utilizaba la política de vivienda para estafar", insistió y "con el nivel de relación entre Feijóo y Martín no cabe duda de que fuera un conocedor privilegiado". Rego recalcó que algunas tramas urbanísticas como la de Nigrán provienen de la provincia de Pontevedra "y del entorno de Rajoy, Feijóo, Telmo y Louzán". 

Rego reclamó una explicación del entonces máximo responsable de la vivienda en Galicia y destacó como necesario que comience "a asumir alguna responsabilidad". "Va a ser difícil que Feijóo salga impune, porque ya van siendo muchas cosas", argumentó. 

El grupo parlamentario del BNG acusó al PP de "tener varias varas de medir según si los casos afectan a un militante del PP o no". Carlos Aymerich, portavoz de los nacionalistas en el Parlamento, sostiene que no le "reclaman nada" al PP, con relación a la ausencia de medidas tomadas desde el partido conservador, "porque detrás de Telmo tendrían que ir muchos más. Algunos se retratan con las medidas que toman", concluyó. 

Aymerich acusó a Feijóo de no actuar en este tipo de casos "que todos sabemos que pasan" mientras fue el responsable de la Consellería de Política Territorial, de la que dependía la vivienda en Galicia. 

EL PAÍS 9 OCT 2007 

NOMBRADO CON EL RESPALDO DE RAJOY

Telmo Martín fue investido presidente del PP de Pontevedra el sábado después de obtener el 97% de los votos en el congreso local al que se presentó como único candidato. A su proclamación asistió el presidente nacional del partido, el pontevedrés Mariano Rajoy, que evitó pronunciarse sobre los escándalos que salpican a la empresa del dirigente pontevedrés.

www.elpais.es  09.10.07

" LLEVA EL DINERO 'B' A LA OFICINA DE LA EMPRESA " 

La segunda de las cintas que recogen las negociaciones entre el intermediario que se encargaba de captar los clientes para Construcuatro y uno de sus compradores prueba que la promotora, de la que el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, es consejero delegado, ingresaba la mayor parte de las comisiones ilegales exigidas a cambio de vender viviendas de protección oficial en el edificio Castelao del barrio vigués de Navia. 

Durante la conversación que fue grabada con la autorización de la juez y bajo supervisión de agentes del Cuerpo Nacional de Policía, P.T., el mediador de Construcuatro, el mismo que aparecía en la primera de las cintas cuyo contenido trascribió ayer este diario, reconoce que más de un tercio de las comisiones ilegales iban a parar a su hijo. El intermediario percibió un importe de 32.000 euros en dinero negro, que, según sus palabras, se repartieron Construcuatro (20.000) y su hijo (12.000). El cliente tuvo que pagar otros 200 euros aparte en concepto de lámparas halógenas. Esta es la transcripción del contenido de la cinta de voz al que ha tenido acceso EL PAÍS y de la que se eliminan los datos personales del cliente y de la sucursal bancaria que tramitaba algunos pagos. 

P.T. Buenos días. 

Comprador. Buenos días, vengo del banco y aún tengo que ir al notario a firmar el préstamo. 

P.T. ¿Cómo quedó el tema? ¿Tú cuál es el que quieres? ¿ Quieres para adelante y arriba? 

C. Yo quería el sexto, que es el que vi, pero bueno... 

P.T. No, no... si... no se le puede hacer frente al sexto... ¿Yo te di los papeles esos? 

C. Sí, me dio los precios y eso, con el sexto y la documentación que hay que aportar. 

P.T. En el banco hay que tener cuidado de no hablar nada del dinero B. 

C. Ah, nada, ¡claro! 

P.T. Ni hacer comentarios, ni nombres de empresa, ni nada. 

C. Ay, eso no, claro, 

P.T. Porque a veces por una cosita de nada la vamos joder, que al final no queda en nada, pero es un rollo y se mete uno en un tinglado del carallo. 

C. Sí, claro. 

P.T. (Ruido de papeles). El sexto, el séptimo, compara la diferencia. Ahora los precios son todos más o menos igual. 

C. Sí, el sexto es el que me dio a mí. 

P.T. Sí, es que varía, mira, ves, el B tiene tres metros más. 

C. Eso es lo de la documentación, que me volví loco para juntar todo eso, menos mal que el del banco me hizo un préstamo, que si no, no había forma. 

P.T. Si, no es fácil. No es fácil 

C. Le tuve que pedir un préstamo sin justificar nada. 

P.T. Para comprar el despacho, para comprar los muebles 

C. Pero ellos te piden factura, que yo no les presento nada, al final el del banco quiere justificarlo de alguna manera (...) 

P.T. Hay diferencias así de precios de garaje, porque algunos tienen la bodega más grande, porque al hacer la división horizontal, designaron ellos y decidieron poner el lote completo. 

C. Si, claro. 

P.T. Esto es el precio del piso, la hipoteca serían 99.000 euros. 

C. Si, casi 100.000. Hay que hacer la reserva este mes ya. 

P.T. Me voy a enterar, porque yo sé que uno que fue allá. 

C. A Pontevedra 

P.T. Sí, uno que fue con la idea de hacer la reserva y de dar los 20.400 euros al firmar la compraventa. 

C. Sí 

P.T. Le dio 1.000 y el resto lo agregó a la hipoteca 

C. ¿Los 20.000? 

P.T. Si. A lo mejor a ti te interesaría... 

C. Está bien que los 20.000 de la firma vayan con la hipoteca. 

P.T. Me dijeron que había que negociarlo. 

C. Yo tengo que pedir el 100%, ya hablé con él, presentando un aval no hay problema.

P.T. Porque esto si se hace ya el martes... 

C. Hasta el jueves no podría, trabajo el miércoles. 

P.T. Es igual. Quedo contigo el jueves por la tarde. 

C. Porque después de entregar lo de la reserva ya avisarán para hacer lo próximo. 

P.T. Si es así, se hace la firma del contrato y compraventa a la vez. 

C. Yo, al banco los 20.000 euros ya los pedí con la hipoteca y en principio no hay problema. 

P.T. Lo que urge es hacerlo cuanto antes. Te quedarías con el sexto. 

C. Hombre, yo en principio sí. Vamos a hacer cuentas, a ver cómo nos sale. ¿ Habló con su hijo? 

P.T.: Sí, los 12.000. 

C. ¿No hay forma de 10.000? 

P.T. No. Bueno es que hay gente de palabra, me caíste simpático, muy formal pero el también tiene que hacer su vida. 

C. ¿12.000? ¿Y el sexto, cuánto era para la empresa? 

P.T. Ah! ¿El B? 

C. Sí, el B. Mire ahí cuánto es. 

P.T. A ver, 24.265. 

C. ¿Subió el tema? 

P.T. Y el tercero son 18.000. 

C. Me quedo con el tercero, no me queda otra. 

P.T. Son 2.000 euros que suben cada uno. 

P.T. Fue lo que te dije, sube en dinero B 1.265 euros pero baja en A. 

C. El problema es que éstos los puedo justificar en el banco y los otros no. 

P.T. Yo te agencio el tercero. 

C. Porque el sexto, en 20.000 ni de broma. ¿No? 

P.T. ¿Y si consiguiese el cuarto? 

C. ¿El cuarto por 20.000? Más 12.000 de su hijo, 32.000. Yo ahora junto 29.000. ¿Habría posibilidad de entregarle cuando el banco me pueda dar justificados los 3.000 restantes? Yo junté 29.000 entre la hipoteca, lo que me prestó hasta la señora del piso donde estoy de alquiler... porque eso después lo saco de la cuenta vivienda, ¿entiende? 

P.T. Claro, ese problema lo tiene también mi hijo. 

C. Porque ahora me hizo un préstamo puente y después puedo sacar de la cuenta vivienda. 

P.T. Yo si te puedo... 

C. ¿El cuarto, por 20.000? Y 12.000 para su hijo, yo se lo acepto ya, pero bueno le tengo que dar esos 3.000 euros, cuando pueda firmar la hipoteca. 

P.T. Vamos a ver.

C. Vale 

P.T. Además, el cuarto tiene halógenos. Son 200 euros más por unos halógenos que le puso el que se iba a quedar con él. 

C. Le doy los 20.000 euros para la empresa y 8.000 para usted o los reparte a su manera y después los 4.000 cuando la hipoteca. Eso, yo le doy ahí, que esto es para la empresa, 20.000. 

P.T. Sí porque a la empresa hay que... 

C. Hay que dárselos. 

P.T. No se puede... 

C. O sea que a la empresa hay que darle los 20.000. 

P.T. No se puede andar a jugar con... 

C. Pues se los daría a usted. 

P.T. Aunque se fíen de mí, pero no se fían de ti. 

C. Claro

P.T. No te conocen de nada. 

C. O sea que entonces, ¿haría eso, no? Si acepto, claro. 

P.T. Mira, yo tengo posibilidades del cuarto, son 20.000 y reservo el cuarto. 

C. Y quedamos el jueves. 

P.T. Para allá hay que llevarle 20.300. 

C. ¿Redondeamos en 20.000? 

P.T. No, no, no. 

C. 20.200, ¡joder! Es que no baja ni un céntimo. 

P.T. Yo no voy a andar con rebajas. Tienen gente esperando 

C. Pues yo el jueves llevaría lo de la empresa, más 8.000 para usted y los otro 4.000 cuando pueda sacar de la cuenta vivienda. Porque pedir más ya no pido, junté 19.000 entre la señora del piso, mi novia y 9.000 del banco que me hizo un préstamo, porque ya llegué allí desesperado. 

P.T. Y yo, que te quité 3.000. 

C. Claro, es que si no... 

P.T. ¡Estás teniendo suerte, eh! 

C. Si no, era imposible 

P.T. Yo hice eso sin hablar con él para nada y mira él no está de acuerdo, pero bueno, como tiene que adaptarse a lo que yo... 

C. Es que yo más ya no podía, fui al banco desesperado. 

P.T. Sólo faltaba que fueras a atracarlo. 

C. Sí. Tengo que atracar un banco para comprar un piso... 

P.T. Lo que me tienes que pagar son los halógenos 

C. Vale, ¿Cuánto es? 

P.T. Doscientos. Es que yo tengo que dar el dinero al del piso. 

C. Se los pago con los 4.000.

P.T. Y es una cosa buena, porque no tienes que andar escabichando ahí, haciendo obra. 

C. Claro están puestos ya. 

P.T. Están hechos. 

C. Perfecto, me quedo con el cuarto así ya no doy más vueltas. Cuento con eso, 28.000. Estos dos son aparte y después, le doy 4.200, lo de los halógenos. 

P.T. Allí no te hacen papeleo ninguno mientras no entregues los 2.000 y tal, tú le llevas para el en B, 20.265 euros en un sobre. 

C. Eso es lo que le llevo, en efectivo tiene que ser, ¿no?, en billetes.

P.T. Sí,sí. 

C. Vale, ¿ y en Pontevedra el sitio ese donde queda, es la oficina de ellos, de la empresa? 

P.T. Sí, detrás del Gobierno Civil, casi enfrente del ayuntamiento. 

C. El Ayuntamiento, sí, donde está la Alameda.La sede de Construcuatro en el primero piso del número 10 de la calle Prudencio Landín, detrás de la Subdelegación del Gobierno]. 

P.T. Bueno, yo voy contigo. 

C. Usted va conmigo. 

P.T. Además, solo no puedes ir, que no te conocen de nada.

C. Claro.

www.elpais.es 09.10.07

La Xunta multará a la promotora del líder del PP de Pontevedra

Construcuatro deberá pagar un millón de euros y devolver los sobreprecios de los pisos

La Consejería de Vivienda de la Xunta sancionará a Construcuatro, la promotora en la que el recién nombrado presidente del PP en Pontevedra, Telmo Martín, ejerce como consejero delegado, con una multa de al menos un millón de euros por cobrar sobreprecios en la venta de pisos protegidos. El expediente exige la devolución de las comisiones ilegales y podría conllevar la inhabilitación de la promotora para edificar viviendas protegidas durante seis años.

El Gobierno gallego ha propuesto una sanción mínima a Construcuatro de un millón de euros, además de obligar a la promotora a devolver las comisiones ilegales cobradas a los compradores por los 96 pisos de protección oficial edificados en el barrio vigués de Navia, que de momento el Gobierno gallego cifra en otro millón de euros. El expediente sancionador de la Consejería de Vivienda tiene su origen en una denuncia de tres particulares que aseguraron haber sido coaccionados y amenazados por intermediarios de la promotora -de la que el presidente del PP de Pontevedra es consejero delegado- para reclamar entregas en dinero negro al margen del precio que la ley fija para las viviendas protegidas.

Después de entrevistar a la mayoría de residentes del edificio promovido por Construcuatro, la Xunta concluye que al menos 21 de los 95 propietarios pagaron comisiones ilegales que oscilan entre los 12.000 y los 42.000 euros. Según los declarantes, la entrega del dinero en B se efectuaba antes de firmar los contratos de compraventa y no constaba en la documentación que la constructora enviaba a la consejería.

Los 21 compradores aseguran haber sido obligados a pagar las comisiones bajo la amenaza de no venderles los pisos y añaden que Construcuatro se negó a entregar recibos de las cantidades aportadas. Además de proponer una multa mínima de un millón de euros, el expediente abierto por la Xunta solicita a Construcuatro la devolución de los 978.800 euros que sus clientes afirman haber abonado en dinero negro.

Esta cifra no incluye todos los sobreprecios cobrados, ya que muchos de los propietarios se han negado a concretar ante la consejería las cantidades abonadas en dinero negro. Fuentes de la Xunta han confirmado a EL PAÍS que la multa económica podría verse incrementada cuando hayan declarado todos los vecinos del edificio.

El Gobierno regional recuerda que el expediente sancionador podría concluir además con inhabilitación de la promotora para construir vivienda pública durante seis años, algo que ya ocurrió a la sociedad Vigolar, que también cobró sobreprecios en el mismo polígono.

El caso de Construcuatro lo estudia además el juzgado de Instrucción número 2 de Vigo donde ya se han presentado dos denuncias por la vía penal. El abogado que aglutina a una veintena de propietarios en el mismo edificio anunció ayer que a final de semana se personarán otros 20 afectados que acusan a Construcuatro de un doble delito de estafa y fraude fiscal.

El presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, aseguró ayer que las denuncias por los sobreprecios "son el precio que hay que pagar por estar en política" y añadió que "este caso no vería la luz" si él no fuese consejero delegado de Construcuatro.

 www.elpais.es 09.10.07

" SI NO PAGAS 20.000 EUROS EN 'B' ESTE MES, OLVÍDATE DEL PISO"

Dos grabaciones de voz autorizadas por una juez de Vigo, a las que ha tenido acceso EL PAÍS, prueban que la promotora Construcuatro, de la que el presidente del PP de Pontevedra, Telmo Martín, es consejero delegado, percibió distintas cantidades en dinero negro -20.400 euros de un comprador y 24.265 de otro- a cambio de venderles viviendas protegidas. Las cintas evidencian además las amenazas de los intermediarios a los clientes. "Si no pagas este mes, olvídate del piso", advierte uno de los mediadores que también percibió 8.000 euros por la venta.

Las 24 denuncias presentadas en el Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo presentadas por clientes de la promotora Construcuatro se acompañan de una potente carga documental. La juez tiene la transcripción de dos conversaciones, grabadas bajo su consentimiento, que corroboran que la mayor parte del dinero negro cobrado a los compradores iba a la empresa en la que el presidente del PP en Pontevedra, Telmo Martín, figura como consejero delegado y de la que posee el 33% de las acciones. El intermediario exige sobreprecios de entre 20.000 y 32.000 euros. En este último caso, explica que 24.000 euros eran para la promotora y 8.000 para él. Lo que sigue es el extracto de una de las conversaciones, entre P. T., el mediador, y uno de los compradores.

P. T. Esto corre prisa.

C. Ya, pero el del banco me dijo que este mes no se puede.

P. T. Si no puede ser este mes, luego olvídate del piso.

C. Son ellos, se me dijo que no se podía escriturar este mes.

P. T. Espera, vamos a ver deja de escriturar. Una cosa es escriturar y otra cosa es lo que hay que hacer ahora. ¿Tú sabes lo que hay que hacer ahora?

C. Sí, supongo que entregar la pasta.

P. T. No es entregar la pasta solamente. Mira lo que hay que hacer es el contrato reserva y el contrato compraventa. (...) Mira, este es el precio del piso, lo que pueden dar de hipoteca más o menos, y queda esto, mil euros para la reserva y 2.400 en la firma de la compraventa.

C. ¿Y los 21.000 euros del B, los entregamos en Pontevedra?

 P. T. Sí, los del B en Pontevedra. Eso voy yo contigo, tú no conoces, ni te conoce nadie.

C. Déjame un papel, quiero hacer una anotación.

P. T. Mira aquí tienes, qué datos quieres, este es el número de cuenta de Construcuatro en... [cita el nombre de una entidad bancaria y a continuación dicta los dígitos de la cuenta].

C. Vale. Este es de Construcuatro.

P. T. Sí, es de Construcuatro. Es donde hay que ingresar los 20.400 euros.

C. ¿Cómo hacemos la semana que viene? ¿Quedamos para ir a Pontevedra [a la sede de Construcuatro]?

P. T. Sí, yo voy a ir con mi hijo el martes.

C. Yo el martes no tendré la disponibilidad del dinero.

 P. T. Si no tienes el dinero, ese día se puede hacer el contrato reserva con 1.000 euros. Y después ya se le entrega lo otro.

C. Estoy apurado de dinero.

 P. T. Ya, tú y todos. Mi hijo también y tiene una cuenta de ahorro vivienda.

C. Si hubiera sabido antes lo de los 21.000 euros hubiera actuado de otra manera.

P. T. El problema del dinero es el problema de todos, lo tienes tú, mi hijo, el otro...

C. Yo el problema lo tengo cuando de un día para otro me dicen que hay que sacar de debajo de las piedras 22.000 euros. Yo cobro una nómina.

 P. T. Tendrás que pedirlo.

C. Voy a ir al banco ahora.

P. T. No le hables del dinero en B para nada.

C. No, yo no le hablo del dinero en B, yo le digo que necesito ese dinero.

 P. T. A ver si se puede arreglar la hipoteca. El asunto es el dinero B, sabes cuánto paga mi hijo en dinero B: 30.000 euros.

C. Es una barbaridad.

P. T. Sube 2.000 euros por cada altura. Ya te dije que los pisos iban a subir.

C. Me decías que iban a subir pero no de esta manera.

P. T. Hay un dinero que subió pero es baratísimo. Ayer estuve viendo otros de 35 millones y dos habitaciones.

 C. Si eso ya lo hablamos.

P. T. Pues hay que molestar a los amigos y a los suegros, la familia está para ayudar.

 (www.elpais.com, 08/10/07)

UN PROMOTOR HECHO A SÍ MISMO QUE SE COSTEÓ DE SU BOLSILLO LA CAMPAÑA ELECTORAL 

"El corazón me pide hablar, pero la cabeza y los abogados me recomiendan que no lo haga". Esa frase lacónica es toda la explicación que ha ofrecido Telmo Martín después de que su empresa apareciese implicada en el cobro de comisiones ilegales. El escándalo de los sobreprecios es el último disgusto que el ladrillo ha propiciado al recién nombrado presidente del PP en Pontevedra y ex alcalde de Sanxenxo, un político hecho a sí mismo y "sin cargas económicas", como acostumbra a repetir, que no halló problema para simultanear los cargos de consejero delegado en la promotora y el de alcalde en la localidad turística por excelencia de Galicia -Rajoy veranea allí desde niño- donde Construcuatro tenía importantes intereses urbanísticos. Martín fue elegido presidente, a pesar de que el asunto de los sobreprecios lleva ya un largo recorrido en los juzgados y los medios de comunicación. 

Su álbum institucional incluye fotos junto al Rey, y otras personalidades habituales del Club Náutico de Sanxenxo. Tras ocho años como alcalde promotor, Martín, obtuvo un importante respaldo en Pontevedra, que le dejó a las puertas de la mayoría absoluta gracias a lo que los dirigentes del PP bautizaron como efecto Telmo. La campaña la pagó de su bolsillo. Durante su etapa de regidor, elaboró un Plan General que recalificó un humedal a la empresa en la que posee un 33%. "Siendo honrado todo se puede compatibilizar", responde a la pregunta por la confluencia de negocios y política. 

(www.elpais.com, 08/10/07)

RAJOY RESPALDARÁ A TELMO MARTÍN COMO LÍDER DEL PP DE PONTEVEDRA 

El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, asistirá el próximo sábado al congreso local del partido en Pontevedra, en un gesto de claro respaldo a la designación de Telmo Martín como nuevo líder local. Rajoy y el presidente regional del partido, Alberto Núñez Feijóo, estarán presentes, junto a 700 compromisarios, en una asamblea convocada expresamente para consagrar el liderazgo de Martín, ex alcalde de Sanxenxo y actual portavoz municipal del PP en Pontevedra tras encabezar la lista de los populares en la ciudad en las elecciones municipales del pasado mayo. 

En el congreso, que se celebrará bajo el lema Pontevedra ten futuro, se elegirá también un nuevo comité ejecutivo. La cita pontevedresa es la primera de una sucesión de congresos locales del PP en algunas de las principales ciudades gallegas. 

Martín ya ejercía de hecho el liderazgo local del partido desde que logró ser la lista más votada en las elecciones municipales. Ahora asumirá la presidencia en plena controversia por la implicación de la empresa Construcuatro, de la que es consejero delegado, en el cobro de sobreprecios en dinero negro por la venta de viviendas de protección oficial en el barrio vigués de Navia. Martín no ha querido pronunciarse sobre el caso alegando que así se lo ha recomendado su abogado. 

(www.elpais.com, 03/10/07)

TELMO MARTÍN CALLA SOBRE CONSTRUCUATRO "POR RECOMENDACIÓN DE LOS ABOGADOS" 

La repercusión mediática derivada de las denuncias presentadas contra Construcuatro por el presunto cobro de sobreprecios en las viviendas de Protección Oficial de Navia (Vigo) obligó ayer al portavoz municipal del PP en Pontevedra y socio de la promotora, Telmo Martín, a comparecer ante los medios. "El corazón, sinceramente, me pediría hablar ahora mismo, pero la cabeza y los abogados me recomiendan que no lo haga", dijo. 

Martín, quien no quiso confirmar si la empresa de la que es consejero delegado cobró comisiones ilegales a cambio de vender viviendas de Protección Oficial en Vigo, recordó que en los últimos tres años ha sido objeto, en varias ocasiones, de "acusaciones muy graves" vinculadas también a Construcuatro y ya entonces se mantuvo "callado y muy tranquilito". "Tuve que aguantar estoicamente lo que se decía de mí durante todo un año", aseveró, "hasta que pudieron comprobar que era todo una falacia". Ahora, mantiene, "no hay nada de nada, son temas todos interesados y una estrategia". 

El ex alcalde de Sanxenxo afirmó estar "tranquilo y seguro del resultado final de las investigaciones del juez", pero no será hasta que éstas concluyan cuando desvele "por qué salió esto en estos momentos y de dónde viene". El líder del PP pontevedrés, que posee el 33% del capital de Construcuatro, se resistió a entrar "en el fondo del asunto" porque, de este modo, "estaría siguiéndole el juego a quienes pretenden suplantar el papel que le corresponde a los jueces". Lo que no aclaró es a quiénes se refería, si a los medios de comunicación que se han hecho eco de la investigación que lleva a cabo la Consellería de Vivenda y el Juzgado número 2 de Vigo o a los más de 20 denunciantes afectados por el presunto fraude. "Vamos a dejar que la justicia haga su trabajo y después tendremos tiempo de hablar", reiteró, ya que de haber tenido algún motivo de preocupación "no estaría ahora aquí y ya habría hablado hace días". 

"Posición económica cómoda" 

Para Telmo Martín "lo más importante es el honor, porque por encima de los partidos están los ciudadanos y eso en España se lleva muy mal". Y añadió que "la mayoría de los diputados son funcionarios" y que sería bueno para la democracia que esto cambiase, momento que aprovechó para destacar que Mariano Rajoy, líder del PP, "hizo muy bien en ganar la plaza de registrador de la propiedad para dedicarse a la política". "Un político como yo, que es empresario, primero tiene que ponerse en una situación económica cómoda para que no lo traguen, porque si no me comerían por todos lados. Ustedes imaginen que estuviera lleno de hipotecas y arruinado, tendría que andar a quitar", declaró. 

"Lo triste de todo es que yo quería hablar de los 100 días de gobierno en Pontevedra, que es lo que les interesa a los ciudadanos", concluyó el portavoz del PP.

(www.elpais.com, 02/10/07)

CATALINA GONZÁLEZ: LA NUEVA JESÚS GIL DE LA POLÍTICA 

Dicen de ella que es la nueva Jesús Gil de la política. Nada más ser elegida alcaldesa se puso un sueldo de casi 80.000 euros brutos anuales. En la actualidad está en inmersa en un juicio por la construcción de más de 300 viviendas en la costa. Se llama Catalina González Bea y es alcaldesa por el Partido Popular de la localidad gallega de Sanxenxo. Según publica el semanario Interviú esta semana, la edil del Partido Popular es conocida, aparte de por sus más que dudosas decisiones en materia de Urbanismo, por ser comparada por los vecinos de la localidad gallega de Sanxenxo con la zarina rusa “Catalina la grande”.

78.400 euros

Catalina González apenas lleva un año en el cargo. Fue designada sucesora por el anterior alcalde de la localidad gallega, Telmo Martín. En las pasadas elecciones autonómicas y municipales consiguió obtener mayoría absoluta en las urnas. Poco tiempo después se produjo el escándalo: Catalina se puso un sueldo de 78.400 euros brutos anuales.

Urbanizaciones
Aún así, y gracias a las presiones del Partido Popular regional, González se vio obligada a bajarse el sueldo a 64.000. Pero el verdadero problema no son los modos despóticos de los que González hace uso para gobernar, y ni siquiera su elevado salario; sino, que tal y como afirma el líder local del BNG, el verdadero problema es que la alcaldesa popular quiere llenar “Sanxenxo de urbanizaciones que lleguen hasta el mar”.
Sentido común

“Quieren llenar Sanxenxo de urbanizaciones hasta el mar, sin sostenibilidad ni sentido común. Se ha aprobado la construcción de casi 3.000 viviendas en la línea de costa. Aquí están posicionadas todas las grandes constructoras” afirma para la revista Interviú el líder del BNG en Sanxenxo, Roberto Fernández Flores.

Impacto Ambienal

Hace poco más de un mes, la Xunta de Galicia, a través de Medio Ambiente, ha llevado al Ayuntamiento de Sanxenxo a los tribunales por no parar la construcción de 199 chalés en las playas de Montalvo y Major y 134 en la zona de Telleiro-Noalla. Aún así, y pese a que ninguno de estos proyectos contaban con ningún estudio previo de impacto ambiental, la alcaldesa ha decidido seguir adelante con la construcción de estas chalés.

Marbella
En definitiva, y lamentablemente, con actuaciones como estas, (y como la de construir un complejo de campos de golf en medio de 200.000 metros cuadrados de pinares y ríos), la alcaldesa del Partido Popular parece seguir trabajando para que su localidad sea comparada con Marbella y ella misma, con el ya fallecido Jesús Gil y Gil. (www.elplural.com, 02/10/07)

" Entregué 30.000 euros en negro en la sede de Construcuatro a un empleado "

"Unos días antes de escriturar la compra en el notario, me citaron en la sede de Construcuatro, en Pontevedra, para que entregara los 30.000 euros que habíamos apalabrado en una cita anterior, y así hicimos". Pedro Brites, un manipulador de pescado de 31 años, evoca el proceso que le llevó a pagar en negro la citada cantidad como condición para hacerse con el piso que había elegido, un noveno, del edificio Castelao, en el polígono vigués de Navia, construido por Construcuatro, empresa de la que Telmo Martín, portavoz del PP en Pontevedra, posee el 33%. "Como yo, todos", afirma.

El edificio Castelao fue el primero que se construyó en el polígono de Navia, donde está previsto edificar 8.000 viviendas protegidas. No ocupa la parcela que inicialmente le fue asignada a la constructora de Telmo Martín, en la que sólo podría construir 46 viviendas. Al estar ésta ocupada por una colonia gitana, cuyo desalojo se presentaba problemático, Construcuatro pudo ejercer sus derechos constructivos en la primera línea de la calle Teixugueiras, la principal de polígono. Aquí pudo ganar alturas y ampliar la promoción a 96 viviendas. Hace dos años que el edificio Castelao está acabado.

"Nos interesó el sitio y pasamos por la oficina de Construcuatro en Vigo. Allí nos metieron en la lista de peticionarios y quedaron en avisarnos con lo que fuera", recuerda Pedro Brites. "El año pasado nos llegaron rumores de que no les interesaba vender las viviendas, que iban a dedicar todo a alquiler".

En diciembre, sin embargo, Brites y su esposa reciben de Construcuatro aviso de que está abierto el proceso de venta. "De repente les entró mucha prisa. Nos dijeron que teníamos que formalizar la compra antes de fin de año, para entregarnos el piso en marzo, y a nosotros nos puso realmente contentos, porque pudimos elegir piso y el precio nos pareció excelente, 23,5 millones de pesetas".

Unos días después, "cuando ya estábamos con los dientes largos", Pedro Brites es convocado de nuevo a la sede pontevedresa de Construcuatro. "Me dicen que la Xunta no les deja vender a lo que les gustaría y que con el precio que nos han dado, la empresa pierde dinero, de manera que, si seguíamos interesados en el piso, tendríamos que aportar una cantidad a mayores y en negro". Exactamente, en su caso, novena planta y con mucha luz, serían 30.000 euros.

La tarifa en negro se fijaba en función de la planta en que se ubicara el piso -a más altura, más cantidad- y de la luz exterior que recibiera. Brites conoce algunos casos de vecinos que pagaron 41.000 euros, "pero creo que se debe a que pagaron no a la empresa, sino a intermediarios que aumentaron su parte".

El 26 de diciembre, unos días antes de escriturar la compraventa en el notario, Pedro Brites entregó sus 30.000 euros a un empleado de Construcuatro en la sede de la empresa en Pontevedra. "Pagamos porque el piso sigue siendo barato para los precios de mercado en Vigo; en total estamos hablando de 30 millones de pesetas por 90 metros cuadrados, que no lo encuentras en ningún sitio de la ciudad".

Cuando en marzo pudieron ocupar la vivienda les decepcionó un poco. "Estaba sin los acabados, todo con el yeso y escayola a la vista, los armarios sin cajoneras..." La constructora no asumió mayor obra sobre lo ya realizado, ni en su casa ni en ninguna otra, y tampoco se ha prestado a subsanar deficiencias ostensibles en muchas viviendas, singularmente humedades, que ahora los compradores reclaman.

A Pedro Brites y su esposa volvió a encendérseles el piloto rojo en mayo. El mismo empleado de Construcuatro que le había atendido en las anteriores ocasiones, le citó a otra entrevista, pero esta vez no en las oficinas de la constructora, sino en el peaje de Pontevedra de la autopista AP-9. "Allí me dice que les han denunciado, pero que yo no tendré problema ya que 27.000 de mis 30.000 euros ya estaban blanqueados. ¡Y a mí, qué!, le digo. Pretendía que yo, si me llamaba el juez, declarara que los 30.000 euros eran para pagar mejoras en el piso, cuando ni siquiera nos arreglaban las humedades. Yo diría la verdad, eso le dije".

Nadie convocó ninguna reunión de comunidad: hay compradores vinculados a la constructora que actuarían de chivatos. Pero el buzoneo y otras prácticas semiclandestinas pusieron en danza a los vecinos. A las dos denuncias iniciales, que pusieron en marcha la investigación judicial, se sumaron otras dos, y los cuatro fueron quienes agitaron el cotarro. Ahora son 22 los denunciantes, "pero se sumarán más".

Sólo están sin vender los ocho áticos y hay bastantes pisos aún sin ocupar. Los denunciantes descartan la menor intencionalidad política en su proceder, aunque deploran las respuestas de Vivenda a sus demandas. Subrayan la precariedad económica de muchas de las familias que han pagado el sobreprecio. Brites, sin cargas familiares y la ayuda de su mujer, se siente un privilegiado: gana limpios 800 euros al mes y paga de hipoteca menos de 500 euros.

www.elpais.es 29.09.07

PONTEVEDRA : GRABACIONES AUTORIZADAS POR LA JUEZ PRUEBAN LOS COBROS ILEGALES DE LA PROMOTORA DE TELMO MARTÍN

Veinte familias más han presentado denuncia contra la promotora Construcuatro por cobrar sobreprecios de entre 19.000 y 46.000 euros a cambio de vender viviendas de Protección Oficial en un edificio de Vigo. La juez que instruye el caso tiene en su poder varias grabaciones de voz realizadas por la policía que probarían los cobros ilegales por parte de un intermediario de la constructora, en la que Telmo Martín, portavoz del PP en Pontevedra, posee el 33% de las acciones. el fraude se cifra en 3 millones euros.

El número 25 de la calle Teixugueiras en el polígono vigués de Navia, alberga 92 viviendas, de las que 83 ya han sido vendidas por la promotora Construcuatro. Las otras 9, reservadas a familias numerosas, todavía continúan a la venta. Se trata de una promoción de pisos de protección autonómica que la constructora desarrolló después de adquirir a precio reducido una parcela urbanizada por la Xunta de Galicia.

De momento, más de 20 familias que compraron pisos en el edificio están tramitando a través de un bufete de abogados de Vigo otras tantas denuncias ante el juzgado. En ellas reconocen que varios intermediarios, en nombre de Construcuatro, les cobraron sobreprecios de entre 19.000 y 46.000 euros. Fuentes próximas a la investigación calculan que las comisiones ilegales podrían alcanzar tres millones de euros sólo por las ventas en ese edificio.

El caso lo estudia desde diciembre la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Vigo a raíz de la denuncia de dos de los compradores. La juez, que ha decretado el secreto de sumario, autorizó unas grabaciones de voz bajo supervisión de la policía que probarían, según han confirmado fuentes cercanas a la investigación, el cobro de los sobreprecios por parte de uno de los intermediarios en las operaciones, J.T. que de momento figura como el único imputado en el proceso. El cobro de las comisiones fue exigido a las familias por al menos tres intermediarios -un particular y dos agencias inmobiliarias-a través de pagos parciales y siempre en dinero negro, que no debía reflejarse en el documento de la compraventa. Las mismas fuentes aseguran que los pagos realizados oscilaron entre los 19.000 y los 46.000 euros, si bien otros testigos han constatado que los intermediarios llegaron a reclamar a varios interesados más de 60.000 euros, que no fueron abonados.

En muchos casos se realizaron cobros a los compradores sin que la constructora -de la que el portavoz del PP en Pontevedra y ex alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, posee el 33%- les explicase el concepto de la operación. Estas cantidades abonadas en dinero negro no formaban parte del precio oficial de las viviendas, tasado por ley, y que va desde 104.000 hasta 146.000 euros, más 21.000 por el garaje y el trastero. En las oficinas de la delegación de la Consellería de Vivenda en Pontevedra constan además dos escritos de sendas familias que reconocieron haber pagado 19.000 y 33.000 euros de sobreprecio, respectivamente y que llevaron al departamento de Teresa Taboas. que todavía no se ha personado como acusación, a abrir un expediente informativo.

Las denuncias las tramita un bufete de Vigo, que ya aglutina a unos veinte compradores, y atribuyen a la constructora un doble delito de estafa inmobiliaria y contra la Hacienda Pública. La defensa no descarta exigir responsabilidades además a la Consellería de Vivenda, a la que atribuyen "falta de diligencia" a la hora de tramitar las denuncias presentadas en su delegación de Pontevedra a principios de diciembre.

www.elpais.com, 28/09/07

GALLARDÓN AVALA A LOS CANDIDATOS DEL PP EN VIGO Y PONTEVEDRA 

Corina Porro y Telmo Martín, modelos para el alcalde madrileño 

Las analogías de Vigo hace tiempo que se decantan preferentemente como "la Barcelona de Galicia". Ayer fueron reventadas por la mayor proximidad, paralelismos y coincidencias con Madrid que Corina Porro y los dos Albertos que la escoltaron, Ruiz Gallardón y Núñez Feijóo, alcalde de Madrid y el presidente del PP gallego, respectivamente, glosaron con desparpajo. El cosmopolitismo de ambas, el compañerismo de sus policías locales, generado en el 11-M y reconocido en Vigo con la entrega a la de Madrid del Salacot de Honor y, en fin, la "más que afinidad, la identidad de propuestas con Corina", dijo Ruiz Gallardón. 

La más concreta de la alcaldesa de Vigo remitió a "la movida" de los años ochenta: "Quiero pedirte, Alberto, que volvamos a revivir aquella experiencia a través de otro gran concierto, este verano en Vigo". Los madrileños están invitados ya "a conocer nuestro mar" ahora y al posible reencuentro de las dos ciudades en 2009 con motivo del Desafío Atlántico de Grandes Veleros. 

La campaña de las municipales invade las calles viguesas "Creo que es mucho lo que podemos hacer", respondió Ruiz Gallardón, tras señalar que el futuro es de las ciudades y de las redes que establezcan entre ellas. En este contexto, "el liderazgo es fundamental", añadió, y el de Corina en Vigo, "un modelo". 

Los dos Albertos se fueron luego a Pontevedra, donde los esperaba una comitiva de fuste: Telmo Martín, Rafael Louzán, Dolores Pan, Teresa Pedrosa, Pilar Rojo y Ana Pastor. Aquí la idea recurrente fue la del paralelismo existente entre el candidato popular, Telmo Martín, y el alcalde madrileño como políticos valientes, ambiciosos y arriesgados. 

Telmo Martín señaló a Gallardón como "el ejemplo a seguir", máxime cuando la transformación del Manzanares y la M-30 promovida en Madrid es "muy similar al bulevar Lérez-Ría" que él propone para Pontevedra, pese a la incredulidad y escepticismo que ha suscitado. "Es fabuloso, absolutamente viable y realizable en los plazos fijados", sentenció Gallardón desde su "experiencia". "No hay que abandonar la utopía, sino gestionarla". 

Luego se fueron todos a pasear, firmar autógrafos, tomar una caña, repartir saludos y a comer con representantes de la vida social y política de Pontevedra. En el almuerzo se proyectó un vídeo con los logros de Gallardón en Madrid. 

www.elpais.es 10.02.07

Los lucrativos negocios del candidato del PP a Pontevedra

El candidato del PP a la alcaldía de Pontevedra, Telmo Martín, multiplicó por 20 sus beneficios mientras estuvo al frente del ayuntamiento de Sanxenxo. La revista Interviú repasa la trayectoria de este político del PP, desde que era fontanero hasta convertirse en alcalde millonario. Goza de la simpatía de Mariano Rajoy, que veranea en Sanxenxo, donde su mujer tiene una casa. Martín administra una quincena de sociedades que en 2005 ingresaron 115 millones de euros. El pasado 19 de enero Telmo Martín renunció a su cargo de alcalde de Sanxenxo, tras dos legislaturas con mayoría absoluta, para ser el candidato a la alcaldía de Pontevedra. Se va con las 13.000 nuevas viviendas que contempla el Plan General de Ordenación Urbana de Sanxenxo y con muy poco suelo pendiente de recalificar. Las empresas adjudicatarias son, desde el constructor local, como Nino Mirón, presidente del Pontevedra Club de Fútbol, hasta los gigantes Acciona y Fadesa, pasando por Sedesa, vinculada a la familia del consejero valenciano del PP Juan Cotino, ex director de la Policía y Xosé Cuiña, ex consejero de Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia.

Negocios con Cuiña
En Portonovo, localidad que pertenece a Sanxenxo, en los años 2000 y 2004 la empresa Construcuatro, de la que Martín es socio, adquirió tres fincas por 600.000 euros. Según el Registro de la Propiedad, esas fincas, que sumaban 3.641 metros, eran rústicas en el momento de la compra. En 2005, la empresa de Telmo Martín se las vendió, ya recalificadas, a Construziona, una sociedad participada por Cuiña y por su familia. También participa en dicha empresa Francisco Doblas, ex concejal del Ayuntamiento de Vigo por el PP. La venta fue por 2,4 millones de euros.

De fontanero a alcalde millonario
Cuenta Interviú que a principios de los años setenta, Telmo Martín, se ganaba la vida como fontanero. Ha edificado en Sanxenxo con su empresa Construcuatro, que ha experimentado un fuerte crecimiento desde que Telmo, que posee el 33 por ciento, se convirtió en alcalde. También ha crecido la empresa que montó en 1979 con su padre, Hierros Santa Cruz SL, sobre todo gracias a los trabajos realizados para el Ministerio de Fomento mientras su titular era Francisco Álvarez Cascos.

Las ventajas de ser del PP
El PP le invitó en 1999 para que formase parte de sus filas. En 2002, Construcuatro obtuvo por la mitad de precio 5.100 metro cuadrados de edificabilidad tras una permuta con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, dependiente de Xosé Cuiña.

Constituye empresas siendo alcalde
Telmo constituyó algunas empresas más durante el ejercicio de su cargo, Grupo inmobiliario Martín Taboas SL, Grupo inmobiliario Atlántico Sur SA, Galataimar SL. En total, en 2005 las sociedades administradas por el político del PP obtuvieron unos ingresos aproximados de 115 millones de euros. En Pontevedra, Construcuatro es la empresa que más construye.

www.elplural.com 06.02.07

DE FONTANERO A ALCALDE MILLONARIO  

Ha renunciado a la alcaldía de Sanxenxo, donde poco queda por recalificar, para ser el candidato del PP a la de Pontevedra, donde su principal empresa constructora es la que más edifica. Telmo Martín, de orígenes humildes, administra una quincena de sociedades que en 2005 ingresaron 115 millones de euros.  

Los vecinos más antiguos de Meaño (Pontevedra) aún recuerdan a aquel paisano, tan buen mozo, de grandes ojos azules y cabellos rubios, montado en una moto Gilera, en la que transportaba sus aperos de fontanería. A principios de los años setenta, Telmo Martín González, nacido en 1958, se ganaba la vida como fontanero y acudía a clases nocturnas para obtener el graduado escolar. Así pasó la adolescencia el que años más tarde sería uno de los alcaldes gallegos más populares –el de Sanxenxo (Pontevedra) por el PP–, a la vez que brillante empresario. El pasado 19 de enero renunció a su cargo de alcalde, tras dos legislaturas con mayoría absoluta, para ser el candidato a la alcaldía de Pontevedra.  

Se va, pero ha dejado el pastel bien repartido. Con las 13.000 nuevas viviendas que contempla el Plan General de Ordenación Urbana de Sanxenxo –el doble de las existentes– no queda casi suelo para recalificar en la localidad. Las empresas adjudicatarias van desde el constructor local, como Nino Mirón, presidente del Pontevedra Club de Fútbol, hasta los gigantes Acciona y Fadesa, pasando por Sedesa, vinculada a la familia del consejero valenciano del PP Juan Cotino, ex director de la Policía. También le ha tocado un pedazo del pastel a Xosé Cuiña, ex consejero de Ordenación del Territorio de la Xunta de Galicia, antaño delfín de Manuel Fraga.  

Con Cuiña ha hecho Telmo buenos negocios, como el de Portonovo, localidad que pertenece a Sanxenxo. Allí, entre los años 2000 y 2004, la empresa Construcuatro, de la que Martín es socio, adquirió tres fi ncas que sumaban 3.641 metros cuadrados, por 600.000 euros. Según el Registro de la Propiedad, esas fincas eran rústicas en el momento de la compra. En 2005, la empresa de Telmo se las vendió, ya recalificadas, a Construziona, una sociedad participada por Xosé Cuiña y por su familia. También participa en dicha empresa Francisco Doblas Bermejo, ex concejal del Ayuntamiento de Vigo por el PP. La venta fue por 2,4 millones de euros. Según Juan Carlos Martínez, asesor de Martín, las fincas, en realidad, eran urbanizables desde 1990, y achaca al Registro el error en la calificación del suelo. Sea como fuere, lo cierto es que el que entonces era alcalde de Sanxenxo hizo un suculento negocio: su empresa ganó casi dos millones de euros en la operación.  

Telmo Martín es de esa clase de regidores que, sin complejos, abiertamente, deciden no renunciar a su mayor fuente de ingresos, que en este caso –como en la mayoría– es la construcción; incluso ha edificado en Sanxenxo con su empresa Construcuatro. Esta sociedad, que fue constituida en 1991, ha experimentado un fuerte crecimiento desde que Telmo, que posee el 33 por ciento, se convirtió en alcalde. En 2005 facturó 65.877.337 euros, mientras que en 1997 logró 9.149.828; en 2000 fueron 15.953.529, y en 2004 Construcuatro obtuvo unos ingresos de 27.725.978 euros.  

Antes de ser alcalde, Telmo Martín, que ha declinado hacer declaraciones para este reportaje, ya era empresario, un pequeño empresario que iba haciéndose un sitio en los negocios relacionados con el mundo del hierro. A mediados de la década de los 70, el joven Telmo emigró a Alemania, donde trabajó como ferrallista, según indica su asesor, Juan Carlos Martínez. De vuelta a Galicia, con el oficio aprendido y con ansias de prosperar, montó en 1979, con su padre y con su tío, una fábrica de hierros, Hierros Santa Cruz SL, que ha sido el buque insignia de su trayectoria empresarial. Hierros Santa Cruz también ha crecido mientras su fundador era el alcalde de la turística localidad de Sanxenxo y, sobre todo, gracias a los trabajos realizados para el Ministerio de Fomento mientras su titular era Francisco Álvarez Cascos (2000-2004). Hierros Santa Cruz fue subcontratada para algunas de las más grandes obras de la época: ampliación del aeropuerto de Barajas y diversos tramos del tren de alta velocidad, entre ellos, uno en Galicia, lo que generó acusaciones de favoritismo. La sociedad de Telmo se defendió entonces, alegando que siempre había trabajado en las obras públicas. En las memorias anuales de cuentas de Hierros Santa Cruz Santiago SL, otra empresa administrada por Telmo, en el capítulo de Transacciones con el administrador único (retribuciones y préstamos que hace a la empresa o viceversa) figura: “Esta información no se facilita por ser susceptible de causar graves perjuicios”.  

Las propiedades del alcalde  

Aunque sus empresas más rentables ya existían antes de ser alcalde, Telmo se ha dedicado a constituir algunas más durante el ejercicio de su cargo. Por ejemplo, Grupo inmobiliario Martín Taboas SL, Grupo inmobiliario Atlántico Sur SA, Galataimar SL. En total, en 2005 las sociedades administradas por el político del PP obtuvieron unos ingresos aproximados de 115 millones de euros.  

Sanxenxo, al norte de la ría de Pontevedra, es conocida como la capital turística de Galicia. Con unos 17.000 habitantes censados, en verano se alcanzan hasta los 130.000. El censo oficial de viviendas de la localidad es de 12.000, de las que 7.000 son residencias estivales. El hasta hace poco alcalde de Sanxenxo posee, desde 2005, un ático con vistas al mar, en un exclusivo edificio, y en el puerto deportivo tiene un yate. En Pontevedra, de donde quiere ser alcalde, Construcuatro es la empresa que más construye. Allí posee tres viviendas en un edificio situado en una de las mejores zonas de la ciudad. En Málaga, donde Construcuatro ya ha levantado un residencial, es dueño de un ático y dos plazas de garaje. En la localidad pontevedresa de Meaño posee dos fincas rústicas, según el Registro de la Propiedad.  

Un patrimonio considerable para un brillante hombre de negocios y un popular alcalde a la vez. En 2002, Construcuatro obtuvo por la mitad de precio 5.100 metros cuadrados de edificabilidad tras una permuta con el Instituto Gallego de Vivienda y Suelo, dependiente de Xosé Cuiña.

SanXenxo: La recalificación del verde al gris  

Lo primero que hizo Telmo Martín cuando accedió a la alcaldía de Sanxenxo, en 1999, fue hacer un nuevo Plan de Ordenación Urbana, que en sólo dos años y medio quedó aprobado. Están previstas 13.000 nuevas viviendas –el doble de las existentes–, la mayoría adjudicadas ya a diferentes empresas. Uno de los que más construyen en Sanxenxo es Nino Mirón, presidente del Pontevedra Club de Fútbol. Las constructoras Fadesa y Acciona también van a construir, en zonas privilegiadas. Un pequeño chalé adosado puede costar 600.000 euros. Sanxenxo es el municipio gallego con el suelo más caro de toda la autonomía. El hasta ahora alcalde ha sido denunciado por la asociación Salvemos Pontevedra por la operación de venta de unas parcelas de su empresa, Construcuatro, a Construziona, de Xosé Cuiña.  

http://www.interviu.es/reportajes/articulos/de-fontanero-a-alcalde-millonario 05.02.07

Telmo Martín : "Soy un ganador"

Con la sonrisa grapada en la cara y entre las lágrimas de sus admiradores, Telmo Martín dejó ayer de ser el alcalde de Sanxenxo. A partir de ahora, para el mundo de la política pasará a ser en exclusiva el candidato del PP a la alcaldía de Pontevedra, con el que el partido de Rajoy y Feijóo aspira a remover al nacionalista Miguel Anxo Fernández Lores tras ocho años de mandato. Martín dijo adiós en un pleno de guante blanco, en el que los halagos le llegaron hasta de una oposición resuelta en la despedida a tender un puente de plata al ya ex alcalde y todavía promotor.

Por toda contestación encontró Martín las tímidas protestas de un grupo de opositores ataviados con camisetas de Ronda Non, en alusión al vial proyectado por Martín y tumbado por la Xunta. También encajó algún mandoble retórico, siempre amistoso, del portavoz del BNG, Roberto Fernández Lores, hermano de quien será el principal contrincante en Pontevedra del aspirante popular. No hubo alusiones a los negocios inmobiliarios de Construcuatro, la empresa de la que Martín posee el 33%, que ganó 2,78 millones de euros con tres fincas adquiridas, recalificadas y vendidas cuando ya estaba al frente del gobierno municipal de Sanxenxo.

Como es costumbre, Telmo Martín no ocultó su condición de empresario, aunque sí obvió las referencias al sector. Se permitió hacer gala de ella. "Soy un hombre emprendedor, trabajador y, sobre todo, ganador", se confesó en un discurso improvisado, ante las casi 100 personas que presenciaron el pleno que consagró su renuncia. Su abandono, decidido para centrar sus fuerzas políticas en la consecución de la alcaldía de Pontevedra, pone fin a siete años de mandato, su primera experiencia política, de la que afirmó haber aprendido "muchísimo".

Cuando llegó a la alcaldía de Sanxenxo, recordó, carecía de cualquier experiencia política. Pasado el tiempo, reconoció sentirse "mucho más realizado como persona y como político, pero también como empresario". De cómo la política enriqueció al promotor inmobiliario Telmo Martín no dio detalles, pero sí de la rapidez con que los alcaldes pueden viajar del cero al infinito: "Hablar con el Rey y, a los dos minutos, con el señor que pide una farola en su parroquia: eso sólo pasa en la Administración local".

La portavoz socialista, Dulcinea Aguín, decidió que no era "el momento de una evaluación política", por lo que se limitó a agradecer la cordialidad del ahora candidato. Roberto Fernández Lores apuntó algún que otro "claroscuro" de la gestión de Telmo Martín, al que despidió tirando de refrán: "Que tanta gloria lleves como paz nos dejas".

www.elpais.es 17.12.06

La Diputación vendió edificabilidad a Telmo Martín a un tercio del valor de mercado

La Diputación de Pontevedra calculó en 1.900 euros el precio de venta del metro cuadrado construido en Portonovo (Sanxenxo), a través de un convenio del que se benefició una empresa del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín, del PP. Así se establece en el acuerdo firmado por Construcuatro con la institución provincial, por la que ésta traspasó los derechos de edificación de 1.460 metros cuadrados expropiados para un vial a cambio de 500.000 euros. Las inmobiliarias de Sanxenxo consultadas estiman en 6.000 euros el precio del metro construido en la zona.

El cálculo del precio final de la edificabilidad se fijó en un estudio de la Diputación que parte de un valor del metro cuadrado construido en 1.900 euros. Así, Construcuatro, de la que Telmo Martín posee el 33%, pudo recuperar la edificabilidad de la parcela expropiada a cambio de 499.451 euros. La Diputación ya había ingresado 312.319 euros en la cuenta de Construcuatro en concepto de expropiación, por lo que la empresa de Martín se quedó con los derechos de edificación en esos 1.460 metros a cambio de 168.491 euros.

La expropiación afectaba a parte de una finca de 3.610 metros cuadrados que se integraron en el Polígono de Ejecución Integral 10, en Baltar, en primera línea de la playa de Portonovo, el mismo donde Construcuatro vendió por 2,78 millones de euros tres fincas adquiridas como rústicas y después recalificadas. El destinatario final de los terrenos fue en todos los casos Construziona, empresa de Ramón y Eladio Cuiña, hermanos del ex conselleiro José Cuiña.

El convenio entre la Diputación, que preside Rafael Louzán, del PP, y Construcuatro, culmina un proceso iniciado en 2001, cuando la entidad provincial notifica la expropiación al anterior propietario de la parcela, ex concejal del PP en Pontevedra, por 1.446 euros. Finalmente, el jurado de expropiación estableció un precio de 279.358 euros más intereses de demora, en una reunión a la que no asistió ningún representante de la Diputación, "a pesar de haber sido citado formalmente", según el acta. Seis meses después, Construcuatro se hacía con la finca por 480.810 euros, con el derecho a ingresar en su cuenta 312.319 a los que ascendió la expropiación con los intereses.

Antes de vender la finca a Construziona, la Diputación aprobó el convenio con la empresa de Telmo Martín por el que cede los derechos urbanísticos del terreno expropiado, a petición de Construcuatro, y que se traspasan al resto del terreno. El Servicio de Arquitectura cifró en casi medio millón de euros el precio del aprovechamiento urbanístico, "en base a los criterios de valoración aplicados a parcelas ubicadas en la misma zona". Esas parcelas eran de Construziona, a la que también expropió la Diputación para devolverle después la edificabilidad de 865 metros cuadrados a cambio de 344.953 euros.

El portavoz del grupo parlamentario socialista, Ismael Rego, afirmó ayer que echa de menos una respuesta "contundente" del máximo responsable de los populares gallegos, Alberto Núñez Feijoo, ante los reiterados casos de supuestas irregularidades urbanísticas en los que están inmersos alcaldes del Partido Popular, .

Rego entiende que el alcalde de Sanxenxo "ya debería estar en su casa", al trascender que recalificó un humedal y lo vendió en 2,78 millones de euros. "Son muchas casualidades las que van apareciendo", comentó Rego, quien lamentó la falta de una respuesta "contundente" por parte de Núñez Feijóo y consideró el caso de Sanxenxo una cuestión "muy seria y delicada" ante la que el PP, precisó, "tendría que dar ya una respuesta".www.elpais.es 15.12.06

El alcalde de Sanxenxo recalifica su humedal y lo vende por 2,8 millones

La política y los negocios forman una rentable combinación para la economía del alcalde de Sanxenxo, Telmo Martín. Lejos de interrumpir su actividad inmobiliaria en el Ayuntamiento que preside, el regidor municipal y candidato del PP a la alcaldía de Pontevedra se ha visto favorecido por el nuevo Plan General de Ordenación Municipal, que recalificó y multiplicó el precio de fincas rústicas adquiridas por su empresa antes de que se aprobara el documento urbanístico, que después vendió por 2,78 millones de euros. Telmo Martín posee el 33% de Construcuatro, una inmobiliaria con una intensa actividad en el municipio de Sanxenxo, donde gobierna, y en el de Pontevedra, en el que aspira a hacerlo a partir del año próximo. Entre otras actividades desarrolladas en el Ayuntamiento que preside, Construcuatro adquirió entre noviembre de 2000 y febrero de 2004 tres fincas rústicas que el Plan General de Ordenación Municipal clasificó como suelo urbanizable, lo que le permitió venderlas una vez aprobado el nuevo planeamiento por 2,78 millones de euros. Diversas fuentes sitúan el precio de compra de las parcelas en torno a los 150.000 euros.

Las fincas están enclavadas en el humedal de Baltar, en Portonovo (Sanxenxo), incluido en el catálogo de zonas húmedas de Galicia elaborado por la Consellería de Medio Ambiente. Su urbanización, actualmente en marcha, supondrá la construcción de un centenar de pisos de lujo en primera línea de la playa de Portonovo, en el que pasa por ser el municipio turístico con el precio del suelo más caro de Galicia. Una vez aprobado el Plan General, en febrero de 2003, la constructora vendió los terrenos por 2,4 millones de euros más IVA (2,78 millones, en total) a una empresa con apellidos célebres en el PP: Construziona, de Ramón y Eladio Cuiña Crespo, hermanos de José Cuiña, conselleiro de Política Territorial en la Xunta de Manuel Fraga.

Los movimientos para hacerse con las parcelas comenzaron en el año 2000, unos meses después de que Telmo Martín fuese investido alcalde. El 9 de noviembre de ese año, Construcuatro adquiría 1.767 metros cuadrados de terreno de labradío. El 21 de febrero de 2001, la empresa de la que el alcalde es consejero delegado compraba otra finca de "labradío, regadío e inculto" de 758 metros cuadrados. La última de las parcelas, obtenida el 13 de febrero de 2004, con el Plan General ya aprobado, son 1.113 metros cuadrados de suelo no edificable. El 2 de diciembre de ese mismo año, Construcuatro vendía las tres fincas a la empresa de los hermanos Cuiña, a la que el alcalde Telmo Martín le dio después licencia para promover el Polígono de Ejecución Integral (PEI) 10, en el que se integraron los solares.

Martín defendió ayer la compatibilidad de su cargo con los negocios inmobiliarios. "Siendo honrado, todo se puede compatibilizar. No veo ningún problema mientras se cumplan las exigencias de la ley", declaró. Frente a las fuentes que cifran en 150.000 euros el precio de compra de las tres parcelas, Martín aseguró por escrito a este periódico que pagó por ellas un precio de casi 600.000 euros (la cuarta parte del precio de venta), y agregó que fueron adquiridas en 1999, año en que Telmo Martín tomó posesión de su cargo. El alcalde sostiene que esas parcelas y las que las rodean "son suelo urbano desde 1990", cuando se aprobaron las normas subsidiarias de planeamiento. Dichas normas no llegaron a ejecutarse nunca. Respecto a la condición de suelo rústico que figura en la escritura de venta a Construziona, una portavoz del alcalde sentenció: "Esas son cosas de los notarios".

www.elpais.es 12.12.96

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