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RODRIGO RATO INGRESA EN LA CÁRCEL DE SOTO DEL REAL Y PIDE PERDÓN
EL SUPREMO ABOCA A RODRIGO RATO A IR A PRISIÓN POR LAS ‘TARJETAS BLACK’
CASO TARJETAS BLACK. MIGUEL BLESA Y RODRIGO RATO, EN LIBERTAD POR SU COMPORTAMIENTO PROCESAL "INTACHABLE Y CABAL"
LA AUDIENCIA NACIONAL CONDENA A RATO A CUATRO AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL Y A BLESA A SEIS AÑOS
EL JUEZ RESPONSABILIZA A BLESA Y RATO DE TODO EL GASTO DE LAS TARJETAS OPACAS
RODRIGO RATO INGRESA EN LA CÁRCEL DE SOTO DEL REAL Y PIDE PERDÓN
El que fuera vicepresidente del Gobierno y presídete de Caja Madrid tiene que cumplir una condena de cuatro años y medio por las Tarjetas Black
Rodrigo Rato ya está en la cárcel. Este miércoles decía: "Mañana entro en prisión y sanseacabó", para intentar poner fin a las dudas sobre cuándo ingresaría en prisión después de que la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional rechazase suspender su entrada en prisión por la sentencia de las tarjetas Black.
Ahora, sólo 24 horas después, el que fuera uno de los hombres fuertes de José María Aznar y bautizado como el político del supuesto “milagro económico”, ha ingresado en el centro penitenciario de Soto del Real.
Estas han sido sus últimas palabras antes de cruzar las puertas de Soto del Real:
“Quiero decir que acepto mis obligaciones con la sociedad, que asumo los errores que haya podido cometer. Pido perdón a la sociedad y a aquellas personas que se hayan podido sentir decepcionadas o afectadas. En nombre mío y en el de mi familia, agradezco a todos los amigos y familiares que nos han apoyado durante estos días”.
Así, el que fuera vicepresidente del Gobierno y presidente de Caja Madrid cumplirá su condena de cuatro años y medio por un delito continuado de apropiación indebida en el uso de las tarjetas black de Caja Madrid. Para ello, ha escogido la ya bautizada cárcel de los VIP.
A su entrada, ha querido pedir perdón y dar las gracias a todos los amigos y familiares que le han acompañado en los últimos años. “Pido perdón a la sociedad y a todas aquellas personas que se hayan podido sentir afectadas”, ha dicho.
Rato, tenías hasta última hora de este jueves para ingresar en un centro penitenciario y comenzar a cumplir su condena. El popular la cumplirá en un módulo de presos comunes y podría compartir celda con un preso de confianza al ser su primera vez en la cárcel. Nada más entrar, le espera el reconocimiento médico. De ahí, pasará al módulo de ingreso donde puede pedir pasar la primera noche junto a un preso de confianza. A las 20:00 horas le darán de cenar y a las 21:00 horas se cierran las celdas, donde pasará su primera noche en prisión.
Rato pidió la suspensión de su condena mientras preparaba un recuso ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, en una providencia, el tribunal presidido por Ángela Murillo establece que "no ha lugar a la petición" formulada por Rato.
Para la Audiencia Nacional, es el Tribunal Constitucional el que debe decidir si deja en suspenso la ejecución de la condena de Rato mientras estudia su recurso, una vez lo haya presentado.
https://www.elplural.com/sociedad/tribunales/rodrigo-rato-ingresa-en-la-carcel-de-soto-del-real_205264102
EL SUPREMO ABOCA A RODRIGO RATO A IR A PRISIÓN POR LAS ‘TARJETAS BLACK’
Los jueces consideran que los directivos y consejeros dispusieron "a su antojo" del dinero de la entidad
El Tribunal Supremo ha situado este miércoles a Rodrigo Rato a las puertas de la cárcel. El alto tribunal ha mantenido la pena de cuatro años y medio de prisión que impuso la Audiencia Nacional al expresidente de Bankia por un delito continuado de apropiación indebida por el caso de las tarjetas black. Las penas para el resto de los 63 condenados oscilan entre cuatro meses y cuatro años, en función del dinero gastado. Los responsables de la entidad y los beneficiarios de la tarjeta, concluye el Supremo, dispusieron "a su antojo" del dinero de la caja para gastos personales "sin control de ninguna clase y sin reflejo fiscal". La condena ya firme impuesta a Rato implica, en principio, su ingreso en prisión en los próximos días, aunque es la Audiencia la que tiene que ejecutar el fallo.
Rodrigo Rato, el hombre que simbolizó el éxito de la España que emergía a finales de los noventa para competir con las grandes potencias del mundo; que a punto estuvo de suceder a José María Aznar para aspirar a la presidencia del Gobierno y al que se le acabó quedando pequeño la economía nacional tras alcanzar la cúpula del Fondo Monetario Internacional; el hombre que se convirtió en banquero para supuestamente sacar a flote a Caja Madrid en plena recesión, está ahora a un paso de la cárcel.
El Tribunal Supremo ha mantenido la condena de cuatro años y medio que le impuso a Rato la Audiencia Nacional por las tarjetas black, lo que aboca al expresidente de Bankia a ingresar en prisión, salvo que se concedan una serie de medidas excepcionales que pasan por un indulto o porque el Tribunal Constitucional considere que se han vulnerado sus derechos fundamentales. Rato tiene además pendiente otras causas que complican su futuro judicial. A partir del 26 de noviembre tendrá que afrontar el juicio por la salida a Bolsa de Bankia, mientras un juzgado de Madrid le investiga a él y a miembros de su entorno por blanqueo de capitales y delitos fiscales.
El alto tribunal avaló el relato que la Audiencia Nacional hizo del sistema de tarjetas de crédito opacas al fisco que funcionó en Caja Madrid y Bankia entre 2003 y 2012. Las black, según el Supremo, fueron fruto de un “plan para disponer de dinero de la caja” en beneficio propio de los máximos responsables de la entidad (primero el fallecido Miguel Blesa y luego, el exvicepresidente y exministro de Economía del PP con Aznar) y de los otros 63 exdirectivos y exconsejeros condenados. Entre todos gastaron 12,5 millones de euros. Había cargos en las tarjetas de restaurantes, supermercados, ropa interior femenina y salas de fiesta. También retiradas en metálico en cajeros.
El Supremo ha impuesto a otros 14 exdirectivos o exconsejeros condenas superiores a los dos años de cárcel, por lo que, previsiblemente, tendrán que entrar en prisión. Para el resto, con penas de entre tres meses y dos años, la Audiencia Nacional (que juzgó el caso y tiene que ejecutar la sentencia del Supremo) puede suspender el encarcelamiento, aunque decidirá caso por caso.
El tribunal ha tardado cuatro meses en revisar los recursos presentados contra la sentencia dictada el 23 de febrero de 2017 por la Audiencia Nacional. La condena más elevada (seis años de cárcel) recayó entonces en el que fuera presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2009, Miguel Blesa, fallecido en julio de 2017. Tras su muerte, el Supremo determinó que, aunque la responsabilidad penal quedaba extinguida, a sus herederos se les podía pedir que se hicieran cargo de la responsabilidad civil. El alto tribunal ha considerado responsables civiles a los dos expresidentes de la entidad, Blesa y Rato. El dinero que no devuelvan los consejeros y directivos condenados, sería responsabilidad de ellos, hasta completar los más de 12,5 millones de euros gastados con las tarjetas. Sin embargo, fuentes del entorno de Blesa confirman que sus herederas (su viuda y su hija) han renunciado a la herencia, lo que les exime del pago. El dinero recuperado irá a Bankia, heredera de Caja Madrid, y no al FROB, organismo público que rescató a la entidad en 2012.
El acusado al que más ha beneficiado la sentencia del Supremo es el ex director general de Medios, Idelfonso Sánchez Barcoj. La Audiencia Nacional le impuso una pena de dos años y medio de cárcel y el alto tribunal se la ha rebajado a un año menos un día.
Gastos sin control
El Supremo recuerda que fue bajo la etapa de Blesa cuando se creó un sistema de tarjetas de funcionamiento opaco para uso del propio presidente, miembros de algunos de sus órganos, consejo de administración y comisión de control. Las tarjetas tenían límites de disponibilidad mensuales y anuales a cargo de una cuenta de la Caja. A sus titulares no se les exigía ninguna justificación del gasto y las cantidades no quedaban reflejadas en los contratos con la entidad ni formaban parte de las retribuciones pactadas con los directivos ni de las dietas de los consejeros. Tampoco aparecían en las declaraciones de la renta de ninguno de ellos, ni en las certificaciones de haberes.
La sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Miguel Colmenero, subraya que el delito imputado distingue entre el papel de los presidentes ejecutivos, que pusieron en marcha o mantuvieron este sistema de tarjetas de funcionamiento opaco; y el de los directivos que actuaron como cooperadores necesarios del mismo delito de apropiación indebida. El acuerdo, entre el autor y los cooperadores, explican los jueces, surge de forma natural desde el momento en que el primero decide entregar nuevas tarjetas o mantener las anteriores y los segundos las reciben y deciden utilizarlas en su propio beneficio.
El delito continuado de apropiación indebida no se produce por aceptar la tarjeta sino por cada uso que se hizo de ella. Y, según los jueces, “no es posible aceptar” que los beneficiarios actuaran creyendo “que estaban actuando conforme a la ley al disponer de esa forma del dinero de la entidad”. “Ninguna persona con una formación mínima, lo que se podría identificar con el hombre medio, podría entender de forma mínimamente razonable que unas percepciones dinerarias que funcionaban con tal grado de ocultación y opacidad, también a efectos fiscales, pudieran estar justificadas en las normas aplicables”, advierte el tribunal.
Los casos más llamativos de la sentencia:
El exministro extendió un sistema “perverso en su origen”
Rodrigo Rato no creó las tarjetas black, pero las mantuvo cuando llegó a la presidencia de Caja Madrid en 2010 y las trasladó a Bankia. Lo hizo, además, según el Supremo, "conscientemente", sabiendo que era un sistema que desde que se estableció "estaba perverso en su origen y en su traslado a la práctica". La sentencia del alto tribunal coloca a Rato en la cúspide de una trama formada, según los jueces, para que los beneficiarios de la tarjeta pudieran disponer de dinero de la caja sin control alguno.
Cuando llegó a la presidencia de Caja Madrid y decidió mantener las tarjetas opacas entregadas por su antecesor, Miguel Blesa, Rato ya sabía que los directivos y consejeros de la entidad solo podían cobrar su sueldo (quienes lo tuvieran), las dietas y las indemnizaciones. "Como se consideró insuficiente, al criterio interesado de quienes las podían percibir, se decidió prescindir del camino legal, que habría conducido a solicitar un aumento de las cuantías asignadas a tales conceptos", afirman los jueces. En su lugar, los responsables de la entidad optaron por construir un sistema nuevo, "consistente en utilizar el concepto permitido de indemnizaciones pero suprimiendo la exigencia legal de justificación documental del gasto". Esta fórmula, añade el Supremo, facultaba a los titulares de las tarjetas a utilizarlas en su beneficio sin necesidad de justificar que se habían empleado en gastos indemnizables, lo cual, estaba fuera de la ley.
Durante su etapa al frente de la entidad (entre 2010 y 2012), se gastaron con estas tarjetas un total de 2,69 millones de euros. El alto tribunal considera que Rato se "aprovechó de su cargo" y actuó sabiendo que "carecía de facultades para disponer de esa forma del patrimonio sobre el que tenía serias obligaciones de cuidado". Los jueces sostienen que, dadas sus responsabilidades, experiencia y preparación para el puesto, el exministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional no podía ignorar el funcionamiento opaco de las tarjetas. A pesar de ello "mantuvo el sistema, e incluso lo amplió a otras personas", afirman los magistrados.
Rato no solo permitió y extendió el uso de tarjetas opacas, sino que también se asignó una a sí mismo y la utilizó en provecho propio. Lo hizo a pesar de que, según los jueces, debería haberse "sentido advertido de la irregularidad de la situación" por el que fuera consejero delegado Francisco Verdú, cuando este rechazó la tarjeta que se le entregó.
Según el detalle de los gastos que ya recogía la sentencia de la Audiencia Nacional, Rato pagó con su tarjeta black 99.054,59 euros: 3.600 en alcohol, 2.500 en arte, 2.172 en discotecas y clubs o 2.500 en arte.
Barcoj, el gran beneficiado por la reducción de pena
Ildefonso Sánchez Barcoj, ex director general de medios de Caja Madrid, ha sido el más beneficiado por la reducción de condena aplicada por el Tribual Supremo a algunos condenados. La Audiencia Nacional le consideró colaborador de la operativa que contribuyó a mermar "el caudal de Caja Madrid" y le impuso la tercera condena más elevada: dos años y medio de cárcel, una pena que le abocaba a ir a prisión si el alto tribunal la hubiera confirmado.
Pero el exdirectivo impugnó el fallo ante el alto tribunal y los magistrados han admitido parte de sus argumentos. El Supremo entiende que debe ser condenado por un único delito continuado de apropiación indebida y no por dos delitos (uno como cooperador necesario y otro como cómplice) por los que le condenó la Audiencia. El tribunal también le aplica la atenuante muy cualificado de reparación del daño tras comprobar que Barcoj consignó en la Audiencia el dinero que gastó con su </CF>black: 575.079 euros, la cantidad más alta de todos los usuarios de las tarjetas opacas.
Con estos nuevos criterios, el Supremo ha rebajado la pena del exdirectivo de dos años y seis meses a un año menos un día de prisión. Una reducción que puede librarle de entrar en prisión. De ser la tercera condena más alta, Barcoj es de los que salen mejor parados de la revisión del Supremo.
Rodríguez-Ponga y Rafael Spottorno, los de más alcurnia
Estanislao Rodríguez-Ponga, ex secretario de Estado de Hacienda con el PP, es uno de los personajes más notables de las black, sobre todo por su cargo y la naturaleza del delito, que se ocultó al erario público. Ha sido condenado a tres años y dos meses por gastar 255.373 euros. El Supremo es especialmente duro en la respuesta a sus recursos. Rodríguez-Ponga dice que "cuando recibió la tarjeta no tuvo tiempo de investigar su justificación" y que "siempre se sujetó al contrato".
El alto tribunal dice que "desde que comenzó a utilizar la tarjeta no pudo ignorar que las cantidades de las que disponía no aparecían por parte alguna", en referencia a la declaración de Hacienda. "Nunca se hizo ninguna anotación de lo dispuesto, no tenía que justificar el gasto y nunca se le exigieron explicaciones. Tal opacidad no podía responder a una forma de retribución organizada dentro de la ley".
Una situación similar sucede con Rafael Spottorno, último jefe de la Casa del Rey con Juan Carlos I. Spottorno cargó 223.900 euros cuando presidía la Fundación Caja Madrid. Dijo que lo hizo porque era parte de su sueldo. Ha sido condenado a dos años. El Supremo dice que lo gastado "no podía considerarse masa salarial" lo que lo convierte en ilícito.
Sindicalistas, Díaz Ferrán y López Madrid, con penas de cárcel
El consejo de administración de Caja Madrid no solo acomodaba políticos; tenía también asientos reservados para sindicatos y patronal, cuyos consejeros participaron del gasto sin control de las tarjetas de crédito opacas tanto como el resto. De Comisiones Obreras destaca el caso de Francisco Baquero, con una de las mayores condenas: tres años y dos meses de cárcel. Gastó 266.400 euros. Rodolfo Benito, también de CC OO, gastó 140.522 euros con la tarjeta black. Ha sido condenado a tres años de cárcel.
Las penas de otros tres miembros de CC OO, Juan José Azcona, Gabriel Moreno y Pedro Bedía, son iguales o inferiores a dos años y no se prevé que entren en prisión. No así Gerardo Díaz Ferrán, consejero nombrado por la patronal CEOE, condenado a dos años de cárcel pero que tiene antecedentes penales (ya cumplió cinco años y seis meses por el caso Marsans).
Había dos consejeros nombrados por la patronal CEIM, Javier López Madrid —actualmente imputado en el caso Púnica— y Arturo Fernández. Han sido condenados a seis meses menos un día. De los nombrados por UGT, Gonzalo Martín Pascual, Rafael Torres y José Ricardo Martínez, solo el primero entraría en prisión por su condena de tres años.
https://elpais.com/economia/2018/10/03/actualidad/1538565636_623040.htmlCASO TARJETAS BLACK. MIGUEL BLESA Y RODRIGO RATO, EN LIBERTAD POR SU COMPORTAMIENTO PROCESAL "INTACHABLE Y CABAL"
El tribunal rechaza adoptar medida cautelar alguna contra Rodrigo Rato y Miguel Blesa, condenados por las tarjetas black. Sostiene que no hay riesgo de destrucción de pruebas ni de fugaLa Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional basa su decisión en el comportamiento procesal "intachable" de Miguel Blesa y "absolutamente cabal" por lo que respecta a Rodrigo Rato, debido a que siempre se han sujetado al procedimiento durante el juicio oral. Es decir, han acudido cada vez que han sido llamados. El tribunal también valora "la presunción de inocencia" de ambos condenados.
Concluye en su decisión la Sala, de la que ha sido ponente la magistrada Teresa Palacios, que no existe en Miguel Blesa riesgo de destrucción u ocultación de pruebas y tampoco de sustracción a la acción de la justicia, en contra de lo que planteaba el fiscal Anticorrupción, que ha alertado del peligro porque además de los 6 años de cárcel por los que ha sido condenado por las tarjetas black, tiene otra petición de la misma Fiscalía de cuatro años de cárcel por el caso de los sobresueldos de Caja Madrid.
Además, tiene una tercera causa abierta en los juzgados de Madrid por blanqueo de capitales en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes.El tribunal también valora que Blesa tiene todos los bienes embargados, por lo que tendría dificultades para pagar la fianza de hasta 100.000 euros que pedía el fiscal para eludir la cárcel, y un "inequívoco arraigo" en España en "su condición de español, viviendo siempre en este país, careciendo de antecedentes penales, casado y con nietos, próximo a la edad de 70 años y jubilado desde el año 2014", que descarta su riesgo de fuga. Ni acepta retirar el pasaporte a Blesa y las comparecencias periódicas en el juzgado, como también reclamaba el fiscal Luzón, además de la prisión eludible bajo fianza de entre 75.000 y 100.000 euros.
En cuanto a Rodrigo Rato, solo la acusación popular de la Confederación Intersindical de Crédito pedía su ingreso en prisión incondicional o bajo fianza como alternativa, por la "elevada pena" prevista en el procedimiento que se sigue contra él en los juzgados de Madrid por blanqueo y fraude fiscal, así como por la salida a Bolsa de Bankia. Para el tribunal, ese "pronóstico de futuro", no parece que "sea mínimamente serio ni riguroso poder tenerlo en cuenta a los fines solicitados". Para el tribunal, el "comportamiento procesal" de Rato "ha sido absolutamente cabal", por lo que "no se vislumbra riesgo alguno" de fuga.La pasada semana la Audiencia Nacional condenó a Rodrigo Rato a cuatro años y medio de prisión y a seis a Miguel Blesa por ser piezas clave en el esquema que estructuró la emisión y control de las tarjetas black. La sentencia reclama que respondan “de forma solidaria” a las cantidades gastadas por los acusados, unos 12,5 millones de euros.
http://cadenaser.com/m/ser/2017/03/03/tribunales/1488540885_115464.html
LA AUDIENCIA NACIONAL CONDENA A RATO A CUATRO AÑOS Y MEDIO DE CÁRCEL Y A BLESA A SEIS AÑOS
El exdiputado de IU José Antonio Moral Santín y el exjefe de la casa real Rafael Spottorno Díaz Caro tienen penas de cuatro y dos años de reclusión en prisión, respectivamenteLos restantes acusados son condenados como colaboradores, salvo el caso del ex director general de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj, a quien se le considera colaborador y cómplice
La sentencia asegura que Blesa actuó "como si del dueño del patrimonio" de Caja Madrid se tratara, "con una única finalidad lucrativa y merece este significativo reproche"
La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional impone ha condenado a seis años de cárcel a Miguel Blesa y a cuatro y medio a Rodrigo Rato en el caso de las tarjetas black. A los dos el tribunal les considera autores del delito continuado de apropiación indebida. Los restantes acusados son condenados como colaboradores, salvo el caso del ex director General de Medios Ildefonso Sánchez Barcoj (2 años y 6 meses), a quien se le considera colaborador y cómplice de la operativa desarrollada que contribuyó a mermar el caudal de la entidad bancaria.
A los tres se les absuelve del delito de administración desleal del que venían acusados. En una sentencia de 259 folios, la Sección Cuarta se remonta al año 1988, para explicar que durante la presidencia ejecutiva de Jaime Terceiro al frente de Caja Madrid se acordó dignificar las retribuciones de los consejeros a través de una tarjeta Visa que vendría a complementar las dietas que ya recibían.
En el caso de Blesa, apunta la sentencia: "El acontecer delictivo se llevó a cabo durante un amplio periodo temporal, desde Caja Madrid en su etapa de presidente ejecutivo. Contrariar del modo en que lo efectuó los intereses que gestionaba, disponiendo como si del dueño del patrimonio de la entidad se tratara, con una única finalidad lucrativa, merece este significativo reproche penológico, así como dar entrada a la pena accesoria vinculada a la actividad bancaria, en tanto haberse valido de una entidad con aquel objeto, de la que era su máximo exponente, para irrogarle un ingente perjuicio".
Para la pena de Rato el tribunal ha barajado "idénticas circunstancias" que las tenidas en cuenta para Blesa. Que tenía una posición preeminente en Caja Madrid y Bankia, al mismo tiempo que actuó con "la idea de beneficiarse personalmente, a costa de las entidades bancarias [...], en claro perjuicio, con su comportamiento, de los intereses de una y otra. En tales condiciones, en el caso de ambos acusados, la lealtad quebrada se hace evidente, por anteponerse los fines personales a los intereses sociales, que eran los bancarios y no otros".
Otros de los condenados son el exdiputado de IU en la Asamblea de Madrid José Antonio Moral Santín, con una pena de cuatro años; por tres años y dos meses para el sindicalista Francisco Baquero Noriega, Estanislao Rodríguez-Ponga Salamanca, Antonio Romero Lázaro, Francisco José Moure y Jorge Gómez Moreno. Tres años de cárcel Rodolfo Benito Valenciano, José María de la Riva y Gonzalo Martín Pascual tienen una pena de tres años, mientras que Rubén Cruz Orive, Antonio del Rey de Viñas Sánchez-Majestad, Antonio Cámara Eguinoa, Javier de Miguel Sánchez, Ángel Eugenio Gómez del Pulgar Perales, Francisco José Pérez Fernández y Miguel Abejón Resa han sido condenados a dos años y seis meses, siendo de dos años para Gerardo Díaz Ferrán, Juan José Azcona Olondri, Pablo Abejas Juárez, Ricardo Morado Iglesias, Ramón Ferraz Ricarte, Mariano Pérez Claver, Enrique de la Torre Martínez, Juan Manuel Astorqui Portera, Carmen Contreras Gómez, Carlos Vela García, el exjefe de la casa real Rafael Spottorno Díaz Caro, Ramón Martínez Vilches, María Enedina Álvarez Gayol y José Ricardo Martínez Castro.El tribunal condena a un año y ocho meses a Carmen Cafranga Cavestany, Juan Gómez Castañeda y Cándido Cerón; y a un año y seis meses de cárcel a Carlos María Martínez Martínez, José María Arteta Vico, Santiago Javier Sánchez Carlos, Manuel José Rodríguez González y Mercedes Rojo Izquierdosiendo de un año para José Manuel Fernández Norniella, Darío Fernández Yruegas, Ricardo Romero de Tejada y Picatoste, Ramón Espinar Gallego, Alberto Recarte García Andrade, Jesús Pedroche Nieto, Ignacio de Navasqües Cobián, Luis Blasco Bosqued, Matías Amat Roca y Luis Gabarda Durán.Pedro Bedia Pérez ha sido condenado a un año y tres meses, mientras que Alejandro Couceiro, Rafael Eduardo Torres Posada y Fernando Serrano Antón tienen penas de un año y dos meses. Un año de cárcel para Gabriel Moreno Flores y José Acosta Cubero y ocho meses de cárcel para José María Buenaventura Zabala, el exministro socialista Virgilio Zapatero Gómez y el gerente del PP de Esperanza Aguirre Beltrán Gutiérrez Moliner.
Seis meses de prisión para el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández Álvarez y para Francisco Javier López Madrid, yerno del empresario Juan Miguel Villar Mir, y cuatro meses para Miguel Corsini Freese y Juan Emilio Iranzo Martín. Jorge Rábago y Juan Aracil han sido condenados a tres meses de cárcel.
Con la tarjeta black, según la sentencia, se habilitaba disponer dentro de un límite de dinero, como compensación de los esfuerzos y dedicación a la entidad.
Posteriormente en 1995, con la incorporación de nuevos consejeros, el presidente Terceiro informó de que esas Visa eran exclusivamente para gastos de representación, en el desempeño de su función de consejeros. La sentencia relata cómo una vez que el acusado Miguel Blesa se colocó al frente de la entidad, por su condición de presidente ejecutivo recibió dos tarjetas de crédito, una de empresa para gastos de representación, y otra también corporativa que se atribuyó a sí mismo, "al margen de sus retribuciones convenidas contractualmente, para dedicarla a atenciones netamente personales, en detrimento, con el uso que le dio del caudal de Caja Madrid". Acrecentaba la dieta Y él, como presidente, "propició" que a los miembros del consejo de administración y a los integrantes de la comisión de control, se les facilitase una tarjeta Visa de empresa contra la que disponer sin justificación del gasto, "viabilizando así una percepción dineraria que acrecentaba a la dieta, no obstante constarle que la única autorizada contra el patrimonio de Caja Madrid lo constituía ésta última".Los jueces describen las tarjetas de crédito entregadas, que tenían un límite máximo anual, con un tope mensual del que se informaba a los acusados en el momento de su entrega, aunque el presidente Blesa podía modificarlo y además esos límites no eran coincidentes en todos los casos. A algunos de los acusados se les facilitaba un Pin para extraer dinero en los cajeros y cuando cesaban en su puesto se procedía a dar de baja a la tarjeta, aunque en varios casos algunos de los acusados las mantuvieron activas durante varios meses de abandonar el cargo.
Como los gastos se cargaban a una cuenta de la entidad y como esas tarjetas no estaban introducidas en el producto personal que mantenían con la entidad y no tenían conocimiento del extracto de los cargos, llevaban su propia contabilidad manual. Si no agotaban el límite disponible anual, como aconteció en algún caso, el sobrante quedaba a favor de Caja Madrid. En algunos casos, dichas solicitudes de ampliación del gasto, coincidían, señalan los jueces, "con periodos de fiestas o vacacionales".
La sentencia, cuya ponente es la magistrada Teresa Palacios, indica que el montante de dinero que representaba el uso de esas tarjetas no se incluía dentro de las relaciones contractuales ni figuraba en el certificado de haberes (o recibo de haberes y certificados de retención del IRPF) que Caja Madrid facilitaba cada año para que sus directivos realizaran sus respectivas declaraciones de la renta, "lo que era perceptible por los acusados, a diferencia del importe de las dietas, cuyo montante sí que figuraba en aquel documento, junto a la correspondiente retención", siendo por ello coincidente el certificado de haberes y el borrador de la declaración tributaria que Hacienda remitía cada año a cada acusado, como contribuyente, a fin de realizar su declaración del IRPF.Todos los acusados Todos los acusados, según explica la sentencia, conociendo la previsión legal y estatutaria sobre la única percepción dineraria contra la entidad, que era la dieta y después de comprobar que la tarjeta corporativa no respondía a ello "les dieron el uso particular que tuvieron por conveniente contra el caudal de Caja Madrid, contribuyendo con su proceder a la merma del mismo propiciada por el acusado Miguel Blesa".
Los hechos probados de la sentencia describen la operativa dirigida por Blesa y después por Rato y que fue llevada a cabo por el entonces director general de Medios, Ildefonso Sánchez Barcoj.
Él comunicaba los nombres de los usuarios, los límites operativos mensuales y anuales, autorizaba las ampliaciones de esos límites y de los que dispondrían de código Pin y por esta razón el tribunal le considera no solo colaborador de un delito continuado de apropiación indebida sino también cómplice de la mecánica descrita, y de "contener bajo su control y al margen del conocimiento de terceros distintos de los usuarios de las tarjetas de las que disfrutaban los miembros de los dos órganos de gobierno además de sus presidentes, al igual que en la etapa de Bankia, que se mantuvieron el empleo de aquellas, dando de este modo cobertura a la merma del caudal de la entidad por la atención a los intereses lucrativos de sus beneficiarios".El relato de hechos de la sentencia finaliza en los años 2010 y 2012, cuando Rodrigo Rato accedió a la presidencia de Bankia.
Informado de las tarjetas en cuestión –señalan los jueces- "mantuvo la misma dinámica en todos los aspectos ya expuestos, atribuyéndose una sin amparo en su paquete retributivo, evidenciando además por las condiciones de uso, lo que no le impidió el empleo que le dio contra el caudal de la entidad, el detrimento del mismo, junto al que sabía que se originaba con las que seguía operativas de la etapa de su predecesor en el cargo". Desde junio de 2011 hasta mayo de 2012 extendió la práctica a su favor y de los acusados Fernández Norniella y Sánchez Barcoj.
De esa forma se compensaban las limitaciones legales retributivas que había marcado recientemente el Real Decreto Ley 2/2012 de 3 de febrero de aquel año, de saneamiento del sector financiero, a los administradores y directivos de las entidades de crédito que como Bankia, habían recibido apoyo financiero público para su saneamiento.Podían haber suprimido la operativa
Tanto a Rato como a Blesa el tribunal les considera actores en tanto que ostentaban "el dominio del hecho" y ellos mismos podían haber acordado "el reverso de la decisión adoptada" es decir, suprimir esa operativa.
A los demás acusados se les considera colaboradores, porque contribuyeron todos ellos a la merma del caudal de la entidad bancaria. Los jueces hacen constar el caso de uno de los directivos, en concreto Francisco Verdú, que rechazó la tarjeta "por no venir contemplada en su paquete remuneratorio".La Fiscalía había solicitado que se aplicase el atenuante simple para aquellos acusados que ingresaron las cantidades extraídas en Bankia o en el FROB y no solicitó ningún tipo de atenuante para aquellos que las consignaron judicialmente, a la espera de la sentencia. El tribunal acuerda aplicar el atenuante muy cualificado para los primeros y el atenuante simple para los que consignaron las cantidades judicialmente.
Tanto Blesa como Rato tendrán que responder de forma solidaria a todas las cantidades de las que dispusieron los acusados, que las acusaciones fijan en 12 millones pero que el Tribunal explica que se deberá descontar, en ejecución de sentencia las atribuidas al consejero fallecido, Miguel Ángel Araújo así como las cantidades que se han considerado prescritas y que por tanto no han sido sometidas a juicio oral.
El tribunal tampoco acepta la petición de Bankia de que se aplicase a Rato y Blesa el atenuante de reparación del daño porque habían devuelto una parte del dinero. El tribunal lo rechaza porque entiende que esas cantidades son muy inferiores a la propia petición de Bankia de indemnización de carácter solidario de 12 millones de euros.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/02/23/la_audiencia_nacional_condena_rato_cuatro_anos_medio_carcel_blesa_seis_anos_61602_1012.htmlEL JUEZ RESPONSABILIZA A BLESA Y RATO DE TODO EL GASTO DE LAS TARJETAS OPACAS
Impone fianzas de 16 millones al expresidente de Caja Madrid y tres al de Bankia El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu atribuyó este jueves a Miguel Blesa, expresidente de Caja Madrid, y a Rodrigo Rato, de Bankia, la plena responsabilidad por el sistema de tarjetas de crédito opacas que permitió a 83 consejeros de ambas entidades cargar 15,5 millones de euros en gastos personales a las cuentas de la caja. Tras tomar declaración como imputados por este escándalo a ambos exdirectivos, así como al ex director general de la entidad Ildefonso Sánchez Barcoj, el magistrado impuso una fianza de responsabilidad civil de 16 millones de euros para Blesa y de tres millones para Rato.
Los exdirectivos deberán depositar este dinero antes del miércoles o se les embargarán sus bienes. La fianza cubre tanto la responsabilidad civil como las posibles multas a imponer. Andreu explicó en el auto que este montante cubre el dinero cargado a las arcas de Caja Madrid, así como un 25% adicional que permite la ley por el posible ilícito. El juez les considera supuestos autores de un delito continuado de administración desleal “que sanciona a los administradores de una sociedad que realizan conductas causantes de perjuicios con abuso de las funciones propias de su cargo”.
Con su fianza, el juez Andreu fue más allá de la petición del fiscal anticorrupción Alejandro Luzón y de la acusación particular que ejerce el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que tuvo que inyectar 22.424 millones de euros de origen público para evitar la quiebra de la caja madrileña. El representante del ministerio público había solicitado una fianza civil de 15 millones para Blesa y 245.000 para Rato y el abogado del Estado que representa al FROB, se adhirió a esta solicitud.
La decisión del juez llegó después de un interrogatorio a los expresidentes, en el que intentaron defender que las tarjetas fantasma —cuya existencia no consta ni en los contratos laborales de los consejeros y directivos ni en los estatutos de la caja— eran un complemento salarial. Los imputados no pudieron explicar por qué nunca declararon este dinero a Hacienda. El juez y el fiscal nunca han creído que este dinero se destinara a gastos de representación de la entidad crediticia. Y los imputados no se molestaron en hacerles cambiar de opinión. No obstante, sus versiones difieren en aspectos esenciales. Según Blesa y Sánchez Barcoj, el dinero de plástico era un complemento retributivo “flexible” o “de libre disposición” que se sumaba a su salario oficial. Para Rato, en cambio, se trataba de un pago que formaba parte de su salario anual y que se descontaba de este.
Los tres exdirectivos dijeron que entendían que los supervisores y los diferentes órganos de la entidad conocían estos pagos Los tres exdirectivos también dijeron que entendían que los supervisores y los diferentes órganos de la entidad conocían estos pagos, aunque no pudieron dar explicaciones que convencieran al juez o al fiscal. Blesa llegó a decir que ningún organismo de Caja Madrid, como el Comité de Medios, le dio explicaciones sobre cómo se contabilizaban las tarjetas, ante lo que el fiscal, con evidente enojo, según fuentes presentes en la sala, le respondió: “Usted era el presidente y estaba allí para dar explicaciones. Estoy convencido de que tenía que saber cómo se contabilizaban las tarjetas”.
El primero en declarar fue Sánchez Barcoj, que describió a Blesa como un presidente con un poder absoluto. “Con seguridad, quién tiene tarjeta y cuánto va en la tarjeta, era decisión de Blesa”, afirmó. También comentó que él no fue el responsable de la organización de las tarjetas, ya que venía de atrás, de 1988, cuando el presidente era Jaime Terceiro. Barcoj aseguró que “las comunicaciones” sobre el otorgamiento de nuevas tarjetas las hacía el presidente, y que eran sus secretarias las que se encargaban de tramitarlas. Según el ex director general y principal usuario del medio de pago opaco —575.000 euros— “nadie declaraba ese dinero a Hacienda porque se suponía que ya lo hacía la caja”. El ejecutivo se desvinculó de la idea de las tarjetas black: “Desde luego que yo no he ideado ni las tarjetas ni nada ¿Cómo voy a decidir quién de los consejeros tenía tarjeta?”, le dijo al fiscal Luzón. Blesa, que estuvo 55 minutos declarando, coincidió en que el uso de tarjetas opacas de los consejeros era una costumbre en la entidad, y para reforzar esta tesis trajo a colación actas del consejo de Caja Madrid que se remontan al año 1988. Con estos documentos trataba de demostrar que las tarjetas opacas eran una “práctica consuetudinaria” desde los años ochenta del siglo pasado. “No pregunto por los fundamentos jurídicos de estas tarjetas. Simplemente, era costumbre”, señaló.
Las manifestaciones de Blesa, inspector de Hacienda en excedencia, que sostuvo que “se pagaban retribuciones con una tarjeta para gastar” y que “nadie” le dijo que hubiera que declarar estas cantidades, causaron el enfado del fiscal. Blesa, que estuvo 55 minutos declarando, coincidió en que el uso de tarjetas opacas de los consejeros era una costumbre en la entidad Por su parte, Rodrigo Rato, el último directivo en comparecer este jueves, siguió por una senda parecida a sus compañeros. “Entiendo que la tarjeta es parte de mi retribución para gastos personales. Para gastos de representación tenía otra”, afirmó. El exministro de Economía y ex director gerente del Fondo Monetario Internacional añadió: “No recibo ninguna información que me haga pensar que no estaba pagando impuestos (...), era algo que existía desde hace más de 15 años y no me planteé nada”.
La gran sorpresa de la declaración de Rato fue, no obstante, la pregunta que le formuló el fiscal sobre un pago de seis millones que le realizó la banca Lazard, la entidad que lideró y cobró grandes comisiones por la salida a bolsa de Bankia en julio de 2012. Rato fichó por este banco tras abandonar el FMI. El ejecutivo señaló que el dinero corresponde a unas opciones sobre acciones de 2008 que solo podían hacerse efectivas en 2011.
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