MARGARITA MARISCAL DE GANTE : UNA GENOVESA CON ANTECEDENTES
LAS NOTICIAS SOBRE LA SUSODICHA
EL AYUNTAMIENTO RECHAZA RECURRIR LA SENTENCIA QUE ABSUELVE A BOTELLA POR LA VENTA DE VIVIENDA PÚBLICA
EL TRIBUNAL DE CUENTAS REVOCA LA CONDENA A ANA BOTELLA POR LA VENTA MASIVA DE PISOS PROTEGIDOS A ‘FONDOS BUITRE’
BOTELLA Y 7 EXCARGOS DE MADRID, CONDENADOS A PAGAR 26 MILLONES POR MALVENDER PISOS PÚBLICOS A FONDOS BUITRES
INTERIOR EXPEDIENTA AL COMISARIO QUE INVITÓ AL TORTURADOR BILLY EL NIÑO A UN ACTO OFICIAL
EL TRIBUNAL DE CUENTAS ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DE MAROTO (PP) EN VITORIA
MARISCAL DE GANTE ASUME EL MANDO EN IBIZA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
EL PSOE CUESTIONA QUE UNA EXMINISTRA DEL PP ABSUELVA A ALONSO Y MAROTO: "CHIRRÍA" LA IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
EL TRIBUNAL DE CUENTAS ABSUELVE A ALONSO Y MAROTO POR EL ALQUILER DE VITORIA
UNA EXMINISTRA DEL PP REVISARÁ LA CONDENA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS A ALONSO Y MAROTO
EL SENADO APRUEBA A LOS SEIS CONSEJEROS QUE LE CORRESPONDE DESIGNAR EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS
EL PP PREMIA A LA EX MINISTRA MARISCAL DE GANTE CON LA VICEPRESIDENCIA DEL CONGRESOJUECES PARA LA DEMOCRACIA PIDE EL CESE DE CARDENAL Y CRITICA A MARISCAL
MARISCAL: "EL RELEVO DEL FISCAL DE ERCROS NO FUE COMO SE HA DICHO"
EL PSOE VINCULA A MARISCAL CON UN CASO DE LA EX JUEZ RAMÍREZ
LOS CESES EN CAJA DE CANTABRIA Y EL PISO DE MARGARITA MARISCAL
LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN Y SUS RELACIONES CON EL GOBIERNO DE AZNAR
MARISCAL NIEGA TRATO DE FAVOR EN LA COMPRA DE SU VIVIENDA
LA MINISTRA ES LEGIONARIO
LA MINISTRA DE JUSTICIA Y SU VIVIENDA PARTICULAR
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y LOS SECRETARIOS JUDICIALES
EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA
JUECES PARA LA DEMOCRACIA EXIGE LA DIMISIÓN DE MARISCAL DE GANTE
MARISCAL ELUDE HABLAR DEL INDULTO
MARISCAL DEFIENDE LA ACTUACIÓN DE CARDENAL EN EL 'CASO LIAÑO'
EL PSOE EXIGE A MARISCAL UNA DEPURACIÓN EN LA FISCALÍA
MARISCAL NO DESPEJA LAS DUDAS SOBRE SU REUNIÓN CON RAMÍREZ
MARÍA JOSÉ AMORÓS, JEFA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE JUSTICIA
LA MINISTRA DE JUSTICIA SOSTIENE A CARDENAL EN CONTRA DE LOS FISCALES
LOS JUECES EN EXCEDENCIA "COMERÁN POCO", SEGÚN MARISCAL
SÓLO EL PP DEFIENDE LA EXCEDENCIA RETROACTIVA DE LOS JUECES QUE REGRESEN DE LA POLÍTICA
LOS SOCIALISTAS ACUSAN A MARISCAL DE ASEGURARSE TRES AÑOS DE EXCEDENCIA
EL GOBIERNO SUSTITUYE A ÚRCULO POR UN FISCAL MUY CONSERVADOR
LA MINISTRA DE JUSTICIA RESALTA EL "GRAN PRESTIGIO" DEL FISCAL POYATOS
EL GOBIERNO CONOCÍA LA SENTENCIA CONTRA LÓPEZ-AMOR CUANDO LE ELIGIÓ COMO MÁXIMO RESPONSABLE DE RTVE
"ESTOY COMPROMETIDA CON UN NUEVO GOBIERNO CONSERVADOR"
MARGARITA MARISCAL: "SE ME HA ELEGIDO POR MI CURRÍCULO
MAGISTRAL CONSERVADORA
EL AYUNTAMIENTO RECHAZA RECURRIR LA SENTENCIA QUE ABSUELVE A BOTELLA POR LA VENTA DE VIVIENDA PÚBLICA
Más Madrid y PSOE denuncian los lazos con la exalcaldesa de una de los dos consejeros que han revocado una sentencia anterior
El Tribunal de Cuentas ha revocado la condena del pasado 27 de diciembre a la exalcaldesa de Madrid, Ana Botella, y siete ex altos cargos del Ayuntamiento por vender 1.860 viviendas públicas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) a dos fondos buitre en 2013. El Ayuntamiento, encabezado por el alcalde José Luis Martínez-Almeida (PP), ha descartado recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo, como le han pedido Más Madrid y PSOE. Los dos partidos denuncian además los lazos con la exalcaldesa de una de los dos consejeros que han votado a favor de exculpar al anterior equipo municipal del PP.
“Parece evidente que cuando los procesos penales han sido archivados, cuando la Fiscalía también se ha adherido a desestimar este asunto y cuando el propio Tribunal de Cuentas ha dictado esta sentencia revocatoria, no parece que tenga mucho sentido recurrir”, ha afirmado en una comparecencia ante la prensa la portavoz municipal, Inmaculada Sanz. Según la concejal, la sentencia “deja claro que existió un concurso público, que había una serie de informes, entre ellos el de la Intervención, que avalaba ese proceso”, como ha defendido su grupo municipal en los últimos años.
El fallo de diciembre condenó a Botella y a parte de su equipo a pagar 25,7 millones de euros por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública, al considerarles “responsable directo”. Ahora una instancia superior del mismo tribunal, ante el que los condenados presentaron un recurso, da marcha atrás en una decisión que han tomado tres consejeros, dos a favor, del PP, y uno en contra, del PSOE.
Fue el gobierno de Manuela Carmena quien presentó la demanda en noviembre de 2017, al entender que la venta de las viviendas había causado un perjuicio de 127 millones al Ayuntamiento. Ante la decisión del tribunal solo cabe recurso de amparo ante el Supremo, que debería presentar el demandante, es decir, el gobierno municipal de PP y Ciudadanos, encabezado por José Luis Martínez-Almeida y Begoña Villacís, de quien depende la EMVS.
Rita Maestre, portavoz de Ahora Madrid, considera "vergonzosa" la decisión judicial. Según la concejala, la consejera del PP Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella— debería haberse inhibido del caso, como hizo en el pasado una consejera que conocía a Marta Higueras, ex número dos de Carmena y responsable de la EMVS. "Es evidente que la exministra de Aznar no puede juzgar a Botella", ha señalado Maestre, que espera que "el gobierno del Ayuntamiento y la EMVS velen por los intereses de los madrileños y presenten un recurso de casación, cosa que deben y pueden hacer".
El PSOE se manifiesta en la misma línea. "Lamentamos esta sentencia", dice la concejal Mercedes González, que asegura que la esperaban "teniendo en cuenta que la sala de enjuiciamiento está presidida por una exministra de Aznar, que creemos que debería haberse abstenido de participar en la deliberación y en el fallo de esta sentencia, no solo porque fue ministra de Aznar, marido de Ana Botella, sino también por su conocida amistad con un consejero del Tribunal de Cuentas, llamado Manuel Aznar, cuñado a la sazón de Ana Botella".
González afirma que "los hechos están más que probados" y "son incuestionables". "Pedimos tanto a la EMVS, que es la única que puede recurrir, como a la Fiscalía, que vayan al Supremo para recurrir en casación ya que es el máximo garante del Estado de derecho en nuestro país", añade la concejal. "Es un perjuicio que consideramos que el Ayuntamiento debe recurrir esté quien esté y gobierne quien gobierne", por el daño económico generado que considera que se debe resarcir.
https://elpais.com/ccaa/2019/07/17/madrid/1563374060_383951.html
EL TRIBUNAL DE CUENTAS REVOCA LA CONDENA A ANA BOTELLA POR LA VENTA MASIVA DE PISOS PROTEGIDOS A ‘FONDOS BUITRE’
La absolución, por dos votos contra uno, la firman dos consejeros propuestos por el PP, entre ellos la exministra de Aznar Margarita Mariscal de Gante
La Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas ha revocado una sentencia condenatoria anterior y absuelve por tanto a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella (PP) y a siete miembros de su equipo por la venta en 2013 a fondos buitre de 5.315 inmuebles de protección pública de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS). Entre los inmuebles enajenados había 1.860 viviendas ocupadas por familias necesitadas. La sentencia ahora revocada condenaba a los acusados a abonar solidariamente de sus bolsillos 22,7 millones de euros.
El consejero que ha votado en contra de la absolución, Felipe García, sostiene que hay responsabilidad contable en la operación de la EMVS
La resolución ha sido adoptada por dos votos contra uno de los tres miembros que conforman la citada sala. Los dos consejeros que suman mayoría y que han votado a favor de la absolución son Margarita Mariscal de Gante —exministra de Justicia en el Gobierno de José María Aznar, marido de Ana Botella— y José Manuel Suárez Robledano. Ambos fueron nombrados consejeros del Tribunal de Cuentas a propuesta del PP, que en la misma tanda también nombró consejero a Manuel Aznar, cuñado de Botella y muy amigo de Mariscal de Gante.
El consejero que ha votado en contra de la absolución y que ha formulado un voto discrepante es Felipe García Ortiz, propuesto por el PSOE y que fue presidente de esta sección hasta hace un año. Sostiene que hubo irregularidades y responsabilidad contable en la venta de estas casas protegidas y hace especial hincapié en el aspecto social de esta operación y sus efectos perniciosos. Muchos inquilinos tuvieron que marcharse de ellas al subirle los precios del alquiler los nuevos propietarios, fondos de inversión extranjeros.
La sentencia, hecha pública este miércoles, revoca otra de la primera instancia del Tribunal de Cuentas dictada el pasado 27 de diciembre por la consejera María Antonia Lozano (propuesta por el PSOE) y que condenó a Botella y a los citados miembros de su equipo a devolver en conjunto 22,7 millones por haber realizado la operación saltándose el procedimiento (con "opacidad", "sin concurrencia" de otros interesados y "por debajo del precio de mercado"). También fueron condenados en el marco de esta operación por pagos "no justificados" a la UTE Ítaca Desarrollos Urbanos y Promociones y Desarrollos Creaciona, y por la "bajada injustificada del precio previamente pactado entre la EMVS y las empresas que adquirieron las 18 promociones de viviendas y otros inmuebles".
Estas promociones pertenecían a la EMVS, dependiente del Ayuntamiento de Madrid. La demanda ante el Tribunal de Cuentas por esta operación fue presentada en noviembre de 2017 por el Ayuntamiento de Madrid, entonces gobernado por Ahora Madrid. La presentó la entonces teniente de alcalde del Consistorio, Marta Higueras, mano derecha de Manuela Carmena, al entender que esta operación había ocasionado un perjuicio de 127 millones a las arcas municipales, sin contar los graves perjuicios causados a las familias que ocupaban tales inmuebles. Al llegar Carmena al Ayuntamiento en 2015 había tratado de anular la operación, pero legalmente no pudo. Fue cuando se decidió denunciar la situación ante el Tribunal de Cuentas.
Frente a la decisión de la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas solo cabe recurso ante el Tribunal Supremo
El fallo de primera instancia consideró que los implicados fueron responsables contables de los hechos porque eludieron "la normativa de derecho público aplicable a operaciones en las que intervinieron y provocaron una salida de fondos indebida y una venta de patrimonio público a precio injustificadamente reducido".
Tras la sentencia condenatoria, Botella y los demás afectados presentaron un recurso ante la Sala de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, órgano superior a la consejera Lozano. Y ahora han quedado absueltos. Frente a la decisión exculpatoria de la Sala de Enjuiciamiento solo cabe recurso ante el Tribunal Supremo. El fiscal jefe del Tribunal de Cuentas, Miguel Ángel Torres, no vio responsabilidad contable (perjuicio al erario público) en la operación y no se adhirió en su momento a la demanda del Gobierno municipal de Carmena.
El voto particular ve una clara responsabilidad contable en el descuento de algo más de dos millones que el Ayuntamiento rebajó del precio final y a última hora
El fiscal es el único que, en su caso, puede recurrir la absolución ante el Supremo. No es previsible que lo haga el actual Consistorio ya que, tras las últimas elecciones, este ha vuelto a las manos del PP, partido al que pertenecen los implicados y que gobierna en coalición con Ciudadanos.
En quiebra
Los dos consejeros propuestos por el PP que se han decantado por la absolución sostienen que la venta de las viviendas se atuvo a la legalidad ya que la EMVS se hallaba en quiebra y carecía de recursos para ser gestionada, y añaden que la tasación que configuró el precio de venta era correcta dada la crisis que vivía España en ese momento.
El consejero Felipe García, en su voto particular, entiende que sí existió responsabilidad contable en esta operación y que Botella, aunque no participase directamente en la decisión, era la máxima responsable de la EMVS y no fue ajena al acuerdo de enajenación de esas viviendas protegidas. También destaca que, dada la envergadura de la operación, debieron realizarse varias tasaciones, y no solo la que figura en el expediente. Y añade que, si bien es difícil dictaminar si el precio global de las viviendas se ajustó o no a los de mercado, existe una clara responsabilidad contable en el descuento de algo más de dos millones que el Ayuntamiento rebajó del precio final a última hora.
Tal descuento se hizo sin ninguna justificación ni motivación, expone García en su voto particular. También observa responsabilidad contable en otra rebaja "injustificada" de algo más de un millón de euros que hizo la EMVS a los fondos buitre por la venta, a un precio inferior al que constaba en el catastro, de otra partida de 34 casas, estas de precio libre.
Los inicialmente condenados y ahora absueltos son, aparte de Botella: Fermín Oslé, consejero delegado de la EMVS y principal implicado en la operación; cuatro miembros del equipo de Botella que estaban en la Junta de Accionistas de la EMVS —Concepción Dancausa (que luego fue delegada del Gobierno en Madrid), Paz González, Enrique Núñez y Diego Sanjuanbenito—; y dos exaltos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid vinculados a la EMVS: Dolores Navarro y Pedro del Corral, acusados de negligencia grave por permitir la venta de los inmuebles.
La sentencia condenatoria estimó probado que se vendieron 18 promociones de vivienda pública —en total, 5.315 inmuebles (incluidos garajes, otros locales y 1.860 viviendas)— por 128 millones de euros al fondo de inversión Fidere, del grupo Blackstone, operación que se hizo mediante un procedimiento ilegal. El Ayuntamiento de Carmena aportó informes que, en cambio, cifraban en 249 millones el precio de los inmuebles enajenados.
https://elpais.com/politica/2019/07/17/actualidad/1563319874_469890.html
BOTELLA Y 7 EXCARGOS DE MADRID, CONDENADOS A PAGAR 26 MILLONES POR MALVENDER PISOS PÚBLICOS A FONDOS BUITRES
La sentencia del Tribunal de Cuentas, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, condena a ocho miembros del equipo de la exalcaldesa del PP por vender por debajo del precio de mercado
La exalcaldesa de Madrid Ana Botella (Partido Popular) fue “responsable directo” de que, en octubre de 2013, el Ayuntamiento de Madrid vendiese por debajo de precio de mercado un total de 18 promociones inmobiliarias, donde había 1.860 viviendas públicas, a dos fondos buitre. Ambas empresas formaban parte del conglomerado de Blackstone, el mayor casero de España. La operación, según el dictamen de 90 páginas al que ha tenido acceso EL PAÍS, se hizo dando información privilegiada a los fondos, “sin pliegos, sin concurrencia, y sin realizar una tasación inicial”. “El precio de venta de todos estos inmuebles fue inferior al mínimo jurídicamente exigible”, concluye la sentencia, firmada el 27 de diciembre de 2018 por la sección de enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas y que condena, además de a Botella, a otros siete miembros de su equipo a abonar en total 25,7 millones de euros por el perjuicio realizado a la Hacienda Pública
La resolución hace referencia a la venta de 18 promociones inmobiliarias (un total de 5.315 inmuebles, incluyendo garajes, trasteros y otros locales), que fueron vendidos por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) en octubre de 2013 al grupo Fidere, sociedad de inversión inmobiliaria del fondo Blackstone. El Consistorio vendió todos los inmuebles por 128.500.000, un precio que el Tribunal de Cuentas no solo considera por debajo del mercado sino que también provocó “un menoscabo injustificado en el patrimonio público” de más de 22 millones de euros, pues las viviendas, según estima el Tribunal, se podían haber vendido por un total de 151.211.518 euros.
Además del perjuicio económico por haber realizado una venta a la baja, el Tribunal identifica otras irregularidades en la operación, como la ausencia de pliegos y de estudios técnicos, así como que en los concursos no se garantizó la libre participación. En definitiva, concluye que eran procesos ideados para que hubiera un beneficiado.
Tras analizar los datos, el Tribunal sentencia que tanto Botella como otros siete integrantes de su equipo cuando era alcaldesa de Madrid son responsables directos del perjuicio generado. Los condenados, además de la exalcaldesa Botella, son Fermín Oslé, exconsejero delegado del EMVS; Concepción Dancausa, exdelegada del Gobierno en Madrid; Diego Sanjuanbenito, actual viceconsejero de la Comunidad de Madrid; Pedro Corral, actual concejal municipal del PP; María Dolores Navarro Rey, concejal de Transparencia en Torrejón de Ardoz; José Enrique Núñez, que ejerce ahora de viceconsejero de Justicia en el Gobierno regional, liderado por Ángel Garrido; y Paz González, exconcejal de Urbanismo y Vivienda. Tres de los condenados ostentan actualmente cargos públicos.
Aunque la sentencia aún se puede recurrir (el tribunal da un plazo de 15 días), todos ellos han sido condenados a pagar 22.711.518 euros (unos 2,8 millones de euros cada uno) debido a que los responsables municipales eran a la vez "integrantes de la junta de accionistas de la EMVS", al ser esta una empresa mixta. A Fermín Oslé, que ostentaba el cargo de consejero delegado de la EMVS cuando se realizó la venta, el Tribunal le condena además a abonar otros tres millones de euros.
Desde la EMVS confirman que la resolución es el resultado de la denuncia por el agravio financiero, pero avisan: "Esta sentencia es solo por el delito contable, pero hay otras dos vías abiertas: la penal y la administrativa". La vía administrativa busca la nulidad de la venta realizada ya que, en base a las pruebas aportadas, fue fraudulenta.
La sentencia es el resultado de una demanda que el Ayuntamiento presentó en 2017, después de que la Cámara de Cuentas alertara en 2016 sobre las irregularidades que habían identificado en la venta. La Cámara determinó que muchos inquilinos de estas casas tenían derecho a opción de compra, pero al venderlas en bloque se les impidió ejercerlo: “La EMSV les negó la condición de interesados". La Cámara de Cuentas también consideró que, aunque la EMVS es una sociedad mercantil de titularidad municipal de gestión privada, dado su fin social y carácter público está sujeta a una normativa diferente a las empresas estrictamente privadas. Por su parte, el Consistorio reclamaba un daño patrimonial, por estas operaciones, superior a los 55 millones de euros. En esa demanda, el Ayuntamiento reclamaba la restitución en la caja municipal tras la venta realizada en octubre de 2013.
Botella recurrirá
La exalcadesa Ana Botella y los miembros de su equipo condenados por el Tribunal de Cuentas han anunciado que recurrirán la condena. Desde el PP han indicado que el anterior equipo municipal "no intervino ni directa ni indirectamente en la operación de venta de viviendas", solo "en su calidad de Junta General de Accionistas de la citada mercantil" y que su función fue la de ratificar el plan de viabilidad aprobado por el Consejo de Administración de la EMVS.
En esa época, han recordado los populares, la EMVS, con cerca de 700 empleados, atravesaba una situación complicada debido a la crisis económica y acumulaba una deuda de más de 600 millones de euros: "Si no cumplía lo establecido en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local debía aprobar un plan de viabilidad o liquidarse, lo que hubiese supuesto el despido de sus trabajadores".
https://elpais.com/politica/2018/12/28/actualidad/1545982331_650044.html
INTERIOR EXPEDIENTA AL COMISARIO QUE INVITÓ AL TORTURADOR BILLY EL NIÑO A UN ACTO OFICIAL
Podemos ha pedido la dimisión del responsable de la comisaría en la que el expolicía ha sido grabado
El Ministerio del Interior ha abierto una investigación para averiguar las razones de la presencia del inspector de la Brigada Político Social en el franquismo Antonio González Pacheco —conocido como Billy el Niño y acusado de torturas— como invitado al acto del Día de la Policía en la comisaría de Ciudad Lineal, en Madrid. La Jefatura Superior ha incoado un expediente disciplinario al comisario en cuestión, José Manuel Mariscal de Gante, hermano de la ministra de Justicia en el primer Gobierno de Aznar.
Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ultima una modificación de la normativa de condecoraciones que permitirá retirarle las medallas al mérito policial a Billy el Niño, agente ya jubilado al que el comisario de Ciudad Lineal (Madrid) invitó este jueves al acto de celebración del Día de los Ángeles Custodios, el patrón de la Policía.
“El ministerio ha constatado que la presencia de González Pacheco respondía a una invitación del jefe de la comisaría, José Manuel Mariscal de Gante, y por esa razón la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha decidido incoarle un expediente disciplinario para depurar las responsabilidades que correspondan”, rezaba la nota enviada por Interior. “En 2017, Mariscal de Gante obtuvo por concurso general de méritos la plaza de jefe de comisaría de distrito de Ciudad Lineal en Madrid, por lo que no cabe remoción en el puesto por pérdida de confianza”, explicaba.
Fuentes policiales aseguran, sin embargo, que Billy el Niño “fue invitado por un antiguo inspector jefe jubilado hace años, que desarrolló toda su carrera profesional en esa comisaría madrileña y al que conoce de compartir muchas tardes de toros en la Plaza de Ventas”.
La imagen —difundida ayer por LaSexta— llevó a Pablo Iglesias, líder de Podemos y aliado principal del Gobierno de Pedro Sánchez, a pedir la dimisión del responsable policial de la comisaría, si se confirma que fue invitado. Iglesias relató en alguna de sus comparecencias en el Congreso, con lágrimas en los ojos, muchas de las torturas llevadas a cabo por Billy El Niño —con cuatro medallas pensionadas— contra estudiantes en la Dirección General de Seguridad, ubicada en la puerta del Sol de Madrid.
Los espeluznantes testimonios de sus víctimas, surgidos en los últimos años, describen al inspector que les torturó como un tipo violento e histriónico que gozaba con el dolor que les infligió. “Sacó su arma, me encañonó y me dijo: si te pego un tiro no pasa nada”, rememoraba una víctima que sufrió sus interrogatorios en los años setenta.
Por su parte, Izquierda Unida (IU) registró una serie de preguntas dirigidas al Gobierno que persiguen aclarar si fue invitado oficialmente y “si se abre una investigación o si es posible que avance la política de reconciliación impulsada por el Ejecutivo con este tipo de situaciones”. Los relatos de las víctimas y las peticiones de la oposición han llevado al actual ministerio a “complementar” una normativa de condecoraciones preconstitucional —data de 1964— que no preveía que pudieran ser retiradas.
https://elpais.com/politica/2018/10/05/actualidad/1538743253_996707.html
EL TRIBUNAL DE CUENTAS ARCHIVA LA INVESTIGACIÓN POR PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA GESTIÓN DE MAROTO (PP) EN VITORIA
Considera que "en el momento en el que nos encontramos" no se aprecia "supuesto alguno de responsabilidad contable" en la concesión del contrato de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria a la empresa FCC
El fiscal José Ángel Serrano Ruiz señala que las "irregularidades" han sido "subsanadas" y que no se aprecia "menoscabo de fondos públicos"
El Tribunal de Cuentas del Estado ha archivado la investigación sobre las presuntas "irregularidades" en la concesión del contrato de limpieza del Ayuntamiento de Vitoria, durante la etapa como alcalde del actual vicesecretario de Política Social del PP, Javier Maroto, a la empresa FCC, al considerar que "en el momento en el que nos encontramos" no se aprecia "supuesto alguno de responsabilidad contable".
La investigación abierta en su día por el Tribunal de Cuentas se centraba en las presuntas "irregularidades" que, según la apreciación inicial del fiscal jefe del organismo fiscalizador, existían en el contrato de limpieza urbana y recogida de residuos adjudicado por el Ayuntamiento de Vitoria a la empresa FCC por un importe de 160 millones de euros.
Aquel contrato fue prorrogado el 27 de junio de 2014, con Maroto como alcalde de la capital alavesa, por un periodo de un año. El fiscal del Tribunal de Cuentas consideraba en el escrito que dio lugar a la apertura de la investigación que aquella prórroga se adoptó pese a que FCC tenían "pendientes" de ejecutar trabajos por un valor que los técnicos municipales estimaron en 820.846 euros.
A raíz del inicio de esta investigación, Maroto remitió al Tribunal de Cuentas diversa documentación para justificar que no existían trabajos pendientes de realizar por parte de la empresa.
Tras analizar la documentación remitida por el actual vicesecretario de Política Social del PP, el fiscal José Ángel Serrano Ruiz constata —a través de un escrito al que ha tenido acceso Europa Press— que "han sido realizadas todas las prestaciones contratadas".
"Irregularidades subsanadas"
De esa forma, añade que las "irregularidades" han sido "subsanadas" y que no se aprecia "menoscabo de fondos públicos", por lo que solicita el archivo de la causa.
La posición del fiscal queda ratificada a través de un auto de la consejera de la sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas Maria Antonia Lozano, que decreta el archivo de la causa "al no apreciarse, en el momento en que nos encontramos, y a la vista de la (prueba) documental obrante en las actuaciones, supuesto alguno de responsabilidad contable".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2017/08/03/tribunal_cuentas_archiva_investigacion_por_presuntas_irregularidades_gestion_maroto_vitoria_68346_1012.html
JOSÉ MANUEL MARISCAL DE GANTE ASUME EL MANDO EN IBIZA DEL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA
El nuevo comisario es hermano de la exministra de Justicia del primer gobierno de José María Aznar
El nuevo comisario de Ibiza, el inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía José Manuel Mariscal de Gante Mirón, se incorporó ayer a su puesto en la isla, tal y como estaba previsto, informó un portavoz de la comisaría ibicenca. Mariscal de Gante, madrileño de 61 años de edad, juró el cargo de comisario de Ibiza el pasado 21 de diciembre en Madrid, ciudad que ha sido su último destino como inspector jefe.
Ayer, el nuevo jefe de la Policía Nacional de Ibiza no quiso hacer declaraciones y dijo que prefería esperar a su presentación oficial ante el director insular en las Pitiusas, Roger Sales, el director del Consell de Ibiza, Vicent Torres, y el alcalde de Vila, Rafa Ruiz.
El nuevo comisario del Cuerpo Nacional de Policía procede de una destacada familia de juristas y es, además, hermano de Margarita Mariscal de Gante Mirón, que fue ministra de Justicia durante la primera legislatura del expresidente José María Aznar.
«Listón muy alto»
Mariscal de Gante sustituye al valenciano José Luis Garau, que ha sido jefe de la comisaría de Ibiza durante once meses –hasta el pasado mes de diciembre– y que, en palabras del secretario de Relaciones Institucionales y de Comunicación del sindicato Alternativa Sindical de Policía (ASI), Carlos Muñoz, «ha dejado el listón muy alto».
Muñoz asegura que Garau ha demostrado que posee «una gran capacidad de trabajo» y que ha realizado en la comisaría de Ibiza «una labor muy bien valorada por todos los escalafones de la comisaría».
El antecesor de José Luis Garau fue el madrileño José Luis Santafé, actualmente destacado en Mallorca, que fue jefe del Cuerpo Nacional de Policía en la isla durante dos años.
Santafé relevó a Julio Losada, que fue sustituido y enviado a la comisaría madrileña de Fuenlabrada. Suárez sustituyó a Estanislao Pérez, zamorano afincado en la isla desde hace más de tres décadas, que fue comisario durante casi cinco años, hasta su jubilación. Pérez había relevado al ibicenco Ángel Marí, que fue jefe de la comisaría durante casi dos décadas.
Desde que Garau abandonó la isla y hasta la llegada de Mariscal de Gante, el inspector jefe Fernando Gómez ha estado al frente de la comisaría de la isla de forma interina.
https://www.diariodeibiza.es/pitiuses-balears/2017/01/12/mariscal-gante-asume-mando-policia/889599.html
EL PSOE CUESTIONA QUE UNA EXMINISTRA DEL PP ABSUELVA A ALONSO Y MAROTO: "CHIRRÍA" LA IMPARCIALIDAD DEL TRIBUNAL DE CUENTAS
Otro de los tres magistrados, presidente de la Sala, emite un voto particular discrepante, estimando que sí existió una infracción legal La ponente de la sentencia es la exministra de Justicia del mismo partido, Margarita Mariscal de Gante
El Tribunal de Cuentas ha absuelto este miércoles al vicesecretario de Acción Sectorial del PP, Javier Maroto, y al presidente del PP vasco, Alfonso Alonso, de la condena inicial impuesta por este mismo organismo por el caso San Antonio, por la firma de un contrato público a un precio considerado muy superior al de mercado durante su etapa al frente del Gobierno municipal de Vitoria, según ha informado Europa Press.
La ponente de la sentencia ha sido la actual consejera del Tribunal de Cuentas (TCU) y antigua ministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante, que ha sido secundada por otro de los miembros de la Sala de Justicia de este organismo, integrada por tres consejeros. Por el contrario, el tercer miembro y presidente de la sala, Felipe García Ortiz, ha emitido un voto particular discrepante, al estimar que sí existió "infracción legal" en el contrato, según han informado fuentes del TCU.
Este voto particular señala que en ningún caso se justificó ni motivó la desproporción en el precio de actualización, por lo que considera que el mismo fue abusivo y existió un pago sin causa que ascendió a 189.097 euros. El presidente de la sala cree que Maroto, Alonso y el resto de los miembros de aquel Gobierno municipal deberían haber sido condenados por esta suma, estimando su recurso de forma parcial.
Maroto y Alonso fueron condenados el pasado mes de mayo por el Tribunal de Cuentas, en primera instancia, junto al resto de miembros del Gobierno municipal de Vitoria que, en 2007, firmaron un contrato público para el alquiler de unas oficinas con el empresario Gonzalo Antón.
El contrato, firmado por el Gobierno municipal del que Alonso era alcalde y Maroto concejal de Hacienda, obligaba al Ayuntamiento de la capital alavesa a pagar 7,6 millones de euros por el alquiler, durante un periodo de veinte años, de un local que Antón había comprado un año antes por 2,7 millones de euros.
El Tribunal de Cuentas apuntó en su sentencia de mayo a la "responsabilidad contable" de aquel Gobierno municipal del PP, y condenó a sus integrantes a pagar, de forma solidaria, 393.862 euros por el "perjuicio" causado a las arcas públicas de Vitoria.
La Sala de Justicia de este tribunal ha estimado el recurso de Maroto, Alonso y el resto de exconcejales del PP condenados, absolviendo a todos ellos. En esta nueva sentencia se indica que los pactos suscritos por el Ayuntamiento en el contrato entraban en el ámbito de la discrecionalidad administrativa, y que el informe de la Unidad Técnica del Ayuntamiento, que estimaba que el alquiler debía tener un coste inferior, no era vinculante.
El Tribunal de Cuentas añade que la jurisdicción contable no puede entrar en razones de oportunidad o de eficacia en el uso de los fondos públicos, ya que debe limitarse a estudiar los criterios de legalidad.
Un colectivo anticorrupción pide llevarles ante el Supremo
Por su parte, la asociación contra la corrupción Adi ha pedido al Ayuntamiento de Vitoria que recurra ante el Tribunal Supremo esta absolución para denunciar "el trato de favor" que ambos dirigentes otorgaron al empresario Gonzalo Antón durante su etapa al frente del Gobierno municipal de Vitoria.
Adi ha recordado, mediante un comunicado, que este caso "no ha terminado" con la absolución de Maroto y Alonso por el Tribunal de Cuentas, ya que sigue existiendo la posibilidad de recurrir a la vía administrativa.
Por ese motivo, ha solicitado al Ayuntamiento de Vitoria que "continúe defendiendo el interés público", que actúe con "responsabilidad"; y que recurra la sentencia ante el Supremo.
La imparcialidad "chirría"
El portavoz del PSOE en la Comisión Mixta del Tribunal de Cuentas, Antonio Hurtado, considera que el hecho de que el Tribunal haya absuelto finalmente a Alonso y Maroto pone en cuestión la imparcialidad de la institución.
Antonio Hurtado ha hecho hincapié en el hecho de que haya sido la exministra de Aznar quien haya aceptado el recurso que plantearon los dirigentes del PP y considera que, "como mínimo, suena bastante mal". "La imparcialidad queda un poco cuestionada", sostiene. "Chirría a los oídos".
https://www.infolibre.es/noticias/politica/2016/12/14/el_tribunal_cuentas_absuelve_maroto_alonso_por_caso_san_antonio_58755_1012.html
EL TRIBUNAL DE CUENTAS ABSUELVE A ALONSO Y MAROTO POR EL ALQUILER DE VITORIA
El presidente de la sala presenta un voto particular al creer que sí hubo infracción legal
El Tribunal de Cuentas ha absuelto este miércoles al exalcalde de Vitoria Alfonso Alonso y a su concejal de Hacienda en 2007, Javier Maroto, además de al resto del equipo de Gobierno, de un supuesto delito de infracción contable por la que sí fueron condenados en la primera instancia del mismo Tribunal. La ponente, la exministra de Justicia del PP Margarita Mariscal de Gante, ha logrado el apoyo de José Manuel Suárez Robledano, nombrado a propuesta de los populares, en contra del criterio del presidente de la sala, Felipe García Ortiz —que fue nombrado por el PSOE—, y les ha absuelto en apelación de la sentencia que les había condenado al pago de 393.862,31 euros por alcance a los fondos públicos.
El Ayuntamiento alquiló a mejor precio que el que recomendaban los servicios municipales y por el doble de años que pedía la propiedad, un local para los servicios municipales. El coste del alquiler ascendía en los 20 años a 7,6 millones cuando por ese precio podían haber comprado tres locales como ese. El empresario lo había comprado en 2006 por 2,7 millones.
La sentencia de instancia consideró que se produjo un daño a los fondos públicos por no haberse justificado y motivado la diferencia tan evidente entre lo que se pagó durante los ejercicios de 2009 a 2013 a través del contrato suscrito de arrendamiento en el local de la calle San Antonio número 10 y lo que determinaba el informe interno de la Unidad Técnica de Valoración de dicho Ayuntamiento.
La sentencia de en apelación estima el recurso y absuelve a los demandados porque entiende que los pactos suscritos por el Ayuntamiento en dicho contrato privado entraban en el ámbito de la discrecionalidad administrativa y porque el informe de la Unidad Técnica no era vinculante. El fallo manifiesta que la jurisdicción contable no puede entrar en razones de oportunidad o de eficacia en el uso de los fondos públicos, sino en criterios de legalidad.
El voto particular de Felipe García sí considera que existió infracción legal porque el contrato vulneró los principios de buena administración que establece el artículo 111 de la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que prohíbe pactar cláusulas contrarias a dichos principios. Y, por consiguiente, hubo daños a los fondos públicos.
García estima que dicho daño se derivó de los diferenciales de actualización del IPC de los años 2009 a 2013, ya que se llegó a pactar hasta un diferencial de +9. Según este voto, en ningún caso se justificó ni motivó esta desproporción en el precio de actualización, por lo que, según su opinión, fue abusivo y existió un pago sin causa que ascendió a 189.097,01 euros. Por ello, consideró que debió condenarse a la Junta de Gobierno Local por dicha cantidad y estimarse el recurso de forma parcial.
https://elpais.com/politica/2016/12/14/actualidad/1481721602_569911.html
UNA EXMINISTRA DEL PP REVISARÁ LA CONDENA DEL TRIBUNAL DE CUENTAS A ALONSO Y MAROTO
Margarita Mariscal de Gante tramita la ponencia que analiza el recurso de los dos exalcaldes del PP de Vitoria. La primera sentencia les obliga a pagar 393.000 euros.
La condena a pagar 393.000 euros impuesta por el Tribunal de Cuentas al exministro de Sanidad Alfonso Alonso y al vicesecretario sectorial del PP, Javier Maroto, está siendo revisada por una ministra del Gobierno del expresidente José María Aznar, según ha podido saber EL PAÍS.
Margarita Mariscal de Gante, titular de Justicia entre 1996 y 2000, es la ponente de la Sala del Tribunal de Cuentas que analiza el recurso de los dos dirigentes del PP contra el fallo del denominado caso San Antonio. El organismo fiscalizador condenó en primera instancia el pasado mayo a Alonso y Maroto por perjudicar las arcas municipales de Vitoria, donde ambos fueron alcaldes.
El caso San Antonio se remonta a 2007. El empresario y expresidente del Club Deportivo Alavés, Gonzalo Antón, adquirió entonces por 2,7 millones un local en Vitoria. Y, un año después, alquiló el inmueble al Ayuntamiento, gobernado entonces en minoría por Alonso. El Consistorio se comprometió a abonar al empresario 7,6 millones por el arrendamiento durante 20 años.
El contrato de la discordia multiplicaba por tres el precio de la compra e incluía una cláusula de blindaje. Si se rompía el acuerdo, la Corporación debía pagar 20 años íntegros de arrendamiento. La publicación de unos correos electrónicos disparó las sospechas de un presunto pacto en el precio para beneficiar al empresario desde el Ayuntamiento de Vitoria.
Mariscal de Gante debe ahora decidir si revoca o confirma la primera sentencia del Tribunal de Cuentas sobre Alonso y Maroto. El fallo, que contemplaba el pago de 393.000 euros, fue dictado por la magistrada María Antonia Lozano, consejera a propuesta de Izquierda Unida y PSOE.
La Sección de Enjuiciamiento del organismo fiscalizador, que es la encargada de decidir sobre el recurso, está compuesta también por José Manuel Suárez Robledano, consejero a propuesta del PP y exportavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y Felipe García Ortiz, que aterrizó en el Tribunal de Cuentas respaldado por el PSOE. Si se revoca, parcial o totalmente, o se mantiene el fallo de primera instancia, será una decisión de la Sala, que adopta sus resoluciones por mayoría.
La designación de Mariscal de Gante como ponente responde a “un turno estricto”, según informó un portavoz del Tribunal de Cuentas. “No existe una causa para que la exministra se abstenga en la revisión del recurso”, añaden desde este organismo.
Se da la circunstancia de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional apartó a los magistrados Enrique López y Concepción Espejel del caso Gürtel por sus relaciones con el PP. Ambos fueron aupados por este partido a un puesto de vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de gobierno de la judicatura. López, además, impartió medio centenar de conferencias en la fundación FAES, vivero ideológico del PP que pilota José María Aznar.https://elpais.com/politica/2016/11/03/actualidad/1478193641_148785.html
EL SENADO APRUEBA A LOS SEIS CONSEJEROS QUE LE CORRESPONDE DESIGNAR EN EL TRIBUNAL DE CUENTAS
Entre los miembros, está una exministra y el hermano del presidente Aznar
Hay dos consejeros que repiten pues también lo fueron en 2001
El Senado ha dado este martes luz verde a los seis miembros del Tribunal de Cuentas que le corresponde designar -los otros seis los elige el Congreso-, entre ellos la exministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, y Manuel Aznar López, hermano del primer presidente del Gobierno del PP.
A propuesta de los grupos parlamentarios, tres de los consejeros han sido elegidos a iniciativa del PP: los dos anteriores, además de Javier Medina Guijarro, y otros tres por el PSOE: Lluís Armet i Coma, Felipe García Ortiz y María Dolores Genaro.
Los seis, que ejercerán el cargo para un mandato de nueve años, han pasado el "examen" de la Cámara alta con el voto a favor de todos los grupos presentes en la comisión -faltaban el grupo vasco y el mixto- y la abstención de CiU.
Margarita Mariscal de Gante, en su comparecencia ante la comisión de Nombramientos del Senado, que ha presidido el presidente de la Cámara, Pío García Escudero, ha recordado en la exposición de su currículum su experiencia acreditada en los tres ámbitos del Estado.
En el Ejecutivo, como responsable de Justicia en el primer Gobierno de José María Aznar; en el Legislativo, por su condición de diputada en el periodo 2000-2004, y en el Judicial, por su carrera profesional como juez.
También ha contado con el visto bueno de la comisión Manuel Aznar López, exadjunto al Defensor del Pueblo, quien ha destacado entre sus méritos profesionales el haber contribuido a construir "desde los cimientos" la institución del Defensor del Pueblo.
Además, Aznar, miembro de la Real Academia de Jurisprudencia, ha realizado tareas de asesoramiento del Tribunal de Cuentas y ha mantenido una colaboración habitual con el periódico "La Vanguardia". Entre las sugerencias que ha hecho durante su comparecencia, ha abogado por la necesidad de "perfeccionar" la colaboración con el órgano fiscalizador europeo y establecer una coordinación entre el Defensor del Pueblo y el Tribunal de Cuentas.
Dos miembros que ya lo fueron anteriormente
Hay dos que repiten: Felipe García Ortiz y Lluís Armet i Coma, exsenador del PSOE. Los dos fueron nombrados por primera vez consejeros de este órgano constitucional en 2001.
García Ortiz, a preguntas del vocal socialista en la comisión, Marcelino Iglesias, se ha mostrado partidario de introducir alguna reforma en el tribunal de manera que exista una mayor coordinación con los órganos europeos, como también ha apuntado Manuel Aznar, y con las comunidades autónomas para ganar agilidad y evitar duplicidades.
También en respuesta a Iglesias, que le ha trasladado la preocupación de algunos alcaldes por el uso de la denuncia a Tribunal de Cuentas como arma electoral, el candidato ha afirmado que efectivamente existe un cierto ejercicio "abusivo" de este recurso sin que tenga ningún coste para el denunciante.
http://www.rtve.es/noticias/20120710/senado-aprueba-seis-consejeros-corresponde-designar-tribunal-cuentas/544900.shtml
EL PP PREMIA A LA EX MINISTRA MARISCAL DE GANTE CON LA VICEPRESIDENCIA DEL CONGRESO
El PP propondrá hoy en la junta de portavoces del Congreso de los Diputados la sustitución del vicepresidente primero de la Cámara, Francisco Camps, nombrado el pasado viernes delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, por la ex ministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante. El PP dispone de mayoría absoluta y por tanto el nombramiento de Mariscal de Gante es seguro y no corre ningún peligro. La diputada, que fue ministra de Justicia en la primera legislatura de José María Aznar, era hasta ahora presidenta de la comisión constitucional del Congreso.
Con la designación de Mariscal de Gante, la composición de la Mesa del Congreso quedará integrada por seis mujeres, entre ellas la presidenta, Luisa Fernanda Rudi, y sólo tres hombres.
El ya ex vicepresidente Francisco Camps presentó en la mañana de ayer su renuncia al acta de diputado del Congreso como número uno por la circunscripción de Valencia. Camps se volcará en los próximos meses en mejorar la gestión de la Delegación del Gobierno en una comunidad con altos índices de delincuencia e inmigración ilegal, para ser incluido como número tres en la lista autonómica de dentro de un año en su camino programado para suceder en su día a Eduardo Zaplana como líder del PP en esa región. Camps tomará posesión de su cargo de delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana hoy en el Ministerio del Interior en Madrid.
Debate de la nación en julio
El relevo de Camps por Mariscal de Gante se formalizará en una junta de portavoces que aprovechará para resolver la fecha del próximo debate anual sobre el estado de la nación. El portavoz del PP en el Congreso, Luis de Grandes, realizó ayer una ronda de conversaciones con sus homólogos de los demás partidos para sondearles su disposición a programar ese importante debate en las primeras semanas del mes de julio, oficialmente inhábil para las labores parlamentarias.
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, Jorge Fernández, acudirá a la cita con varias propuestas de calendario, aunque la más probable se localiza en la segunda semana de julio, entre el 9 y el 11 de ese mes.
Ni el PSOE ni los demás partidos de la oposición pondrán demasiados reparos a esta fecha, que se pospone unas semanas sobre la ya tradicional fijada en mayo o junio por la presidencia española de la Unión Europea.
Por otra parte, el ministro de Presidencia, Juan José Lucas, jurará hoy su cargo como senador autonómico por Castilla y León.
https://elpais.com/diario/2002/04/09/espana/1018303216_850215.html
JUECES PARA LA DEMOCRACIA PIDE EL CESE DE CARDENAL Y CRITICA A MARISCAL
El secretariado saliente de la asociación judicial progresista Jueces para la Democracia ha propuesto al XV congreso que se celebra desde ayer en Gijón un pronunciamiento expreso para recabar del Gobierno la destitución del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, por considerar que ha incurrido en un "apartamiento abierto y constante de las funciones constitucionales" que tiene asignadas. Otras propuestas contrarias a la reforma de la Ley de Extranjería y contra de la modificación de la Ley del Jurado serán votadas hoy. El informe de la junta saliente fue aprobado por 65 votos a favor y 18 abstenciones. Hoy se elegirá un nuevo equipo rector. En el texto se critica a la anterior ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, cuya gestión se califica de "triste y penosa", al tiempo que se presagia un cambio favorable con el actual titular, Ángel Acebes, quien participará hoy, junto al presidente del Principado, Vicente Álvarez Areces, en la clausura del congreso.
En nombre del equipo saliente, el juez Javier Martínez Lázaro ratificó el carácter "independiente, autónomo, pluralista y democrático" de la asociación, sin renunciar a la voluntad de "influir con nuestra ideas en el entorno", pero sin querer "colocarse" en ningún caso en "la órbita de partido alguno".
https://elpais.com/diario/2000/06/09/espana/960501619_850215.html
MARISCAL: "EL RELEVO DEL FISCAL DE ERCROS NO FUE COMO SE HA DICHO"
La ministra de Justicia en funciones, Margarita Mariscal de Gante, manifestó ayer que el relevo del fiscal adscrito al caso Ercros, Bartolomé Vargas, no se produjo "tal y como se ha tratado de transmitir a la opinión pública". Mariscal hizo estas declaraciones en el municipio murciano de San Javier tras firmar con el Ayuntamiento de la localidad un convenio para la construcción del nuevo edificio judicial de la ciudad.
Mariscal rehusó entrar en los argumentos del relevo del fiscal Vargas por parte del fiscal jefe de la Sala Penal del Tribunal Supremo, José Aranda. Ambos mantienen tesis contrapuestas sobre la presunta implicación del ministro Josep Piqué, ya que el primero propuso su imputación por un presunto delito de alzamiento de bienes y el segundo es contrario a esa medida. Mariscal se limitó a remitirse a "las declaraciones del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal".
La ministra adujo, no obstante, que "por el conocimiento" que tiene del tema, "ese relevo no se ha producido tal y como se ha tratado de transmitir a la opinión pública" al conocerse que el nuevo fiscal del caso propone que éste lo tramite un juzgado de Barcelona al no ver indicios contra Piqué.
Respecto a la petición de indulto para el ex juez Javier Gómez de Liaño, condenado por un delito continuado de prevaricación en el caso Sogecable y expulsado de la carrera judicial, Mariscal afirmó que "todavía hacen falta trámites esenciales, como el informe del tribunal sancionador, y que, una vez se hayan cumplido, serán remitidos al Consejo de Ministros".
Por otro lado, la ministra lamentó que los medios de comunicación publicasen la pasada semana la imagen del menor acusado de asesinar a sus padres y su hermana en Murcia, circunstancia que llevó al Ministerio Fiscal a anunciar que emprenderá acciones legales. "Solamente dos medios pusieron velos sobre su cara para tapar la imagen del menor. Es una pena que se haya olvidado que, realmente, es un menor implicado en un suceso tan trágico", agregó.
https://elpais.com/diario/2000/04/11/espana/955404025_850215.html
EL PSOE VINCULA A MARISCAL CON UN CASO DE LA EX JUEZ RAMÍREZ
El grupo socialista de Marbella solicitó el pasado viernes a la Fiscalía Anticorrupción la reapertura del caso Jotsa, que archivó la juez Pilar Ramírez en 1996. El caso se inició con una querella del PSOE, en marzo de 1995, ante la Audiencia de Málaga contra el alcalde de Marbella, Jesús Gil, por la adjudicación de una obra a dedo a esta constructora. La portavoz socialista, Isabel García Marcos, explicó ayer que tres familiares de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, ocuparon cargos directivos de la constructora en 1990. En el Registro Mercantil figuraron María Pilar, Paloma Mariscal de Gante Martínez y Eduardo Mariscal de Gante Pardo Belmonte como apoderados de la sociedad Jotsa cuando suscribió convenios con el Ayuntamiento marbellí, que les permitieron edificar en zonas calificadas como equipamiento público en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).La ministra ha pedido a García Marcos, a través de un requerimiento notarial, que aclare si realizó unas declaraciones en las que insinuaba que había ejercido algún tipo de influencia protectora sobre la ex juez Ramírez, si sugirió presiones por parte de su Ministerio sobre algunos vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que rechazaran la separación de la carrera de la ex decana y si afirmó que varios de sus familiares se habían lucrado con negocios de Jotsa con el Ayuntamiento de Marbella.
La edil socialista dijo ayer: "En el voto de los nueve miembros del CGPJ contra la expulsión de Ramírez de la carrera judicial puede haber razones extrajurídicas". Y añadió: "Han podido influir llamadas telefónicas, reuniones, sugerencias y recomendaciones por parte de personas próximas al Ministerio de Justicia".
Para García Marcos, "el asunto de Pilar Ramírez es un caso escandaloso de corrupción judicial", por lo que pregunta a Mariscal de Gante si "está ejerciendo alguna influencia protectora respecto a la ex magistrada, al no promover a través de los órganos del Ministerio Fiscal acciones penales".
https://elpais.com/diario/2000/02/24/espana/951346830_850215.htmlLOS CESES EN CAJA DE CANTABRIA Y EL PISO DE MARGARITA MARISCAL
El Consejo de Administración de Caja Cantabria, reunido con un único orden del día, denominado "alta dirección", decidió cesar en el cargo de director general a José María Pérez Álvarez. Si bien el pretexto aducido oficialmente ha sido que "acaba una etapa y empieza otra", lo cierto es que este directivo ha visto fuertemente contestada su gestión. Entre otras cosas, se distinguió por entrar en una guerra frontal con los representantes sindicales de los casi mil trabajadores de Caja Cantabria, produciendo una constante inestabilidad en la gestión de la principal entidad de ahorro regional.
Asimismo, se pusieron en duda algunas operaciones bursátiles debidas a su gestión personal. Fue el caso de la operación de compra de un paquete de acciones de Indra, con un coste total de 9.000 millones y que, a instancias de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), obligó a la entidad cántabra a efectuar una provisión de fondos de 5.636 millones para hacer frente a los riesgos de la operación. Esta cantidad inmovilizada superaba al beneficio contable de todo el año. Bajo la batuta de Pérez, Caja Cantabria pagó cada acción de Indra Sistemas a 4.100 pesetas, cuando seis meses después Caja Madrid y el Banco Zaragozano adquirieron esos mismos títulos a 1.150 pesetas.
Algún tiempo más tarde, las acciones de Indra se ofrecieron al público inversor a 1.500 pesetas. Otro de los capítulos más controvertidos de la gestión del director cesado fue también la venta de una vivienda, perteneciente al patrimonio inmobiliario de Caja Cantabria, en Madrid, a la ministra de Justicia Margarita Mariscal de Gante. El piso de la calle Valenzuela, cerca de Cibeles, en una de las zonas más caras de Madrid, tuvo una valoración pericial de 125 millones y un precio en el mercado inmobiliario de más de 200 millones. La ministra pagó solamente 22,5 millones y la propia Caja Cantabria financió la compraventa. (Enero 2000)
LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN Y SUS RELACIONES CON EL GOBIERNO DE AZNAR
El fiscal de la Fiscalía Anticorrupción, Carlos Castresana, acusa al Gobierno de "mostrar desinterés por esta fiscalía, de no dotarla de medios y de optar por un modelo de fiscalía inactiva". Durante un curso convocado por la Asociación de Periodistas de Información Económica (APIE), Castresana reconoció que este problema no es nuevo en la Administración de Justicia y auguró "problemas operativos a corto plazo en el funcionamiento" en este departamento especializado en perseguir delitos económicos si no se le dota de más medios humanos y materiales. Castresana, presidente de la Unión de Fiscales Progresistas, admitió que la Fiscalía Anticorrupción se ha podido convertir en un departamento molesto para el Estado que lo creó, y recalcó que se lucha en "total inferioridad de condiciones, ya que hay grupos y personas que pueden pagar a equipos jurídicos de bufetes muy poderosos con los que tenemos que luchar". En otro momento, el fiscal quiso denunciar que hay "disfunciones" en el área de competencia que se escapan a los órganos de este sector y quizá debieran ser analizados por otros órganos. Asimismo, reconoció que existe "un descontrol en las cuentas públicas, que debieran estar mucho más vigiladas por el Tribunal de Cuentas". Castresana no dudó en reconocer públicamente que la sociedad está indefensa ante la alta delincuencia económica, que cada día cuenta con más medios y personal profesional preparado. "En los últimos tres años no se ha presentado ninguna querella por parte de la Fiscalía General del Estado", recalcó Castresana, quien se mostró pesimista ante el futuro, que además aportará el riesgo de las operaciones por Internet. (Marzo 2000)
MARISCAL NIEGA TRATO DE FAVOR EN LA COMPRA DE SU VIVIENDA
La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, negó ayer en el Senado haber recibido un trato de favor en la compra del piso que habita en una zona céntrica de Madrid. El senador socialista Francisco Javier Rojo preguntó a Mariscal por este asunto en la sesión de control y aseguró que ha comprado su vivienda por 22,5 millones de pesetas cuando su valor es seis veces mayor gracias a Caja Cantabria, propietaria del inmueble, una entidad "que está controlada por el PP".
Mariscal explicó que Caja Cantabria decidió en 1996 vender el inmueble tras haberlo adquirido como pago de una deuda. La entidad pedía 400 millones y los inquilinos de los pisos, entre los que estaba ella, ofrecieron 412, por lo que se quedaron con él al ser la suya la mejor oferta. Así, pues, entiende que no tuvo ningún trato de favor, ya que "se ejercieron los derechos de los vecinos, sin querer que en ningún momento interviniese la ministra de Justicia". Además, dijo disponer de documentos que prueban sus afirmaciones y mostró irónicamente su esperanza de que "todos los que puedan cometer pelotazos inmobiliarios den", como ella, "todas las explicaciones necesarias".
Con la tensión en aumento, Rojo argumentó entonces que el director general de Caja Cantabria está acusado de estafa, apropiación indebida y falsedad en documento público y que precisamente su letrado es el portavoz del PP en la comisión parlamentaria de Justicia. "Así que usted", le insistió a Mariscal, "debe responder no sólo en lo jurídico, sino también en lo ético y lo político". Según Rojo, es obvio que hubo trato de favor porque el piso de la ministra, de unos 250 metros cuadrados, "está valorado en el mercado en unos 140 millones".
https://elpais.com/diario/1999/03/25/espana/922316411_850215.htmlLA MINISTRA ES LEGIONARIO
Concluye el periodo de sesiones del Congreso de los Diputados. Cunden los obligados balances sobre la actividad parlamentaria. El Gobierno, por ejemplo, anuncia triunfal que su presidente Aznar ha respondido en dos años más preguntas que su predecesor González en los 12 años anteriores. Para llegar a semejante afirmación, se oculta que fue precisamente en tiempos de González cuando se introdujo en el reglamento de la Cámara la sesión de control al Gobierno con preguntas orales al presidente, así como los debates sobre el estado de la Nación. Es decir, que ni Adolfo Suárez ni Leopoldo Calvo Sotelo, que consumieron cuatro años de Gobierno después de aprobada la Constitución, estuvieron nunca sometidos a las preguntas orales de la oposición.
Pero es igual, la misma pereza periodística que nos ha llevado al tenue periodismo de reacciones en cadena, bajo la ley del mínimo esfuerzo, evitará que algún medio nos ofrezca el trabajo de compilar esas respuestas y de analizarlas para saber qué cantidad de información encerraban. El análisis de éstas serviría para radiografiar cuáles son los asuntos que han interesado durante el periodo de sesiones a la oposición. A la socialista, a la de Izquierda Unida y a la del Grupo Mixto, así como también para fotografiar al séquito parlamentario del Gobierno constituido por los nacionalistas catalanes, vascos y canarios de CiU, PNV y CC. La partida de pimpón parlamentario ha resultado muy pobre para los espectadores. Sólo se recuerda una sesión en que los socialistas subieron a la red, incorporaron a sus preguntas la respuesta esperable de sus antagonistas y consiguieron desconcertarles. Así, antes de plantear la cuestión, ellos mismos empezaban por confesar los errores de anteriores etapas. Esa tarde querían saber el porqué de algunos nombramientos arbitrarios, pero empezaban con el yo pecador de "nosotros, que nombramos a Roldán para la Guardia Civil y directora del BOE a Carmen Salanueva, que acabó también condenada por malversación de fondos, desearíamos, sin embargo, ser informados de los criterios utilizados por el ministro equis para designar a los altos cargos y griega y zeta". El éxito fue rotundo, pero el sistema fue abandonado.
Entretanto, por azar, se difunde un escrito del Ministerio de la Presidencia fechado el 22 de junio que lleva la firma del secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José María Michavila, y va dirigido al presidente del Congreso de los Diputados. Sorprende que el registro de entrada lleve fecha de 1 de julio, como si la distancia entre Moncloa y la Carrera de San Jerónimo necesitara nueve días para ser cubierta. Pero el texto del escrito añade otras indicaciones ilustrativas sobre el momento que viven las relaciones del Gobierno con el Congreso de los Diputados. Dice que "a los efectos del artículo 190 del reglamento del Congreso de los Diputados, se traslada respuesta del Gobierno al asunto de referencia".
El asunto de referencia resulta ser una pregunta de Manuel Francisco Alcaraz Ramos, del Grupo Mixto. La pregunta literal interesa cuáles sean los "méritos apreciados en la ministra de Justicia para ser nombrada "Legionaria de Honor". La respuesta señala que "la normativa para la concesión del título de Caballero Legionario de Honor es de carácter interno de la Legión y la facultad de nombramiento recae en el general jefe de la brigada de la Legión". Y añade que "a la señora ministra de Justicia, doña Margarita Mariscal de Gante, se le ha concedido ese título al considerar la autoridad otorgante que cumplía con los requisitos recogidos en la normativa, al haber manifestado la misma un especial aprecio y consideración hacia la Legión". De donde se deduce que la ministra no ha sido nombrada Legionaria, sino Caballero Legionario de Honor, que la normativa para el nombramiento es de carácter interno y que el general jefe de la brigada de la Legión tiene la condición de general jefe del mando de la Legión. ¿Podría esta broma servir para erradicar la práctica de las condecoraciones de unos ministerios a otros?
https://elpais.com/diario/1998/07/07/espana/899762407_850215.htmlLA MINISTRA DE JUSTICIA Y SU VIVIENDA PARTICULAR
El 22 de Octubre de 1997, Caja Cantabria vendió a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal un piso de 247,55 metros cuadrados con trastero incluido, sito en la calle Valenzuela número 6 por un precio de 22,5 millones de pesetas. El piso se encuentra enfrente mismo de la Cibeles y su precio de tasación mínima, a efectos de subasta, es de 64,5 millones Además, Caja Cantabria le ofreció a la ministra de Justicia financiar la operación, concediendo a Mariscal un préstamo de 24 millones que cubría más del cien por cien del precio de coste pagadero en 20 años y a un curioso tipo de interés Mibor. La única explicación plausible para ese trato tan preferencial a la ministra, puede tener que ver con el hecho de que el director general de Caja Cantabria es leonés y esta casado con una hija de Celina Sánchez, diputada del Partido Popular por Palencia y miembro de la Comisión de Justicia en las Cortes. (Febrero 1999)
MARGARITA MARISCAL DE GANTE Y LOS SECRETARIOS JUDICIALES
La oposición al proyecto de ley de Enjuiciamiento Civil, especialmente por parte de los secretarios judiciales, paraliza cientos de juzgados en toda España. Por su parte, Jueces para la Democracia, ha vuelto a resaltar que el proyecto de ley propicia "la ausencia del juez en los actos esenciales del proceso", a la vez que "se aparta al secretario judicial, que deja de garantizar los trámites procesales". Para esta asociación, de prosperar el proyecto de ley, el proceso civil "va a ser una sucesión casi interminable de trámites escritos", así como que se va a alargar "la duración de los futuros procesos sobre la situación actual". Asimismo, esta Asociación señala que en el proyecto de ley se propone "un modelo de juez que permanece en su despacho sin celebrar las pruebas ni las comparecencias, limitándose a resolver las dudas de los funcionarios, pese a que dispone de un técnico, el secretario judicial, competente y preparado para dirigir el proceso ".
La oposición jurídica a la futura ley de Enjuiciamiento Civil ha ido ganando adeptos a medida que se ha ido conociendo. El propio Consejo General del Poder Judicial hizo un informe crítico sobre el anteproyecto y, más tarde, el Consejo General de la Abogacía, que preside Eugeni Gay, pidió la retirada del proyecto de ley, como ya había hecho Jueces para la Democracia. ( Febrero 1999)
EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y EL CONSEJO GENERAL DE LA ABOGACIA
El Consejo General de la Abogacía Española ha criticado con dureza a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, porque "no está sabiendo afrontar los problemas reales de la Justicia ", ni ha tenido en cuenta, en contra de lo que prometió hace meses, las peticiones de los abogados sobre la futura Ley de Enjuiciamiento Civil. El anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Civil, una de las más importantes reformas legales que quedan pendientes, fue muy criticado en su día por casi todos los colectivos profesionales del mundo del Derecho. El Consejo General de la Abogacía, que preside Eugenio Gay, incluso llegó a pedir su retirada total, para sustituirlo por otro texto. En marzo pasado, en Sevilla, durante el acto inaugural del VII Congreso de la Abogacía, la ministra se comprometió ante más de 1.800 abogados a prestar una «estricta atención» a las propuestas de la abogacía, porque afirmó que no era una reivindicación sectorial sino «una preocupación y un conocimiento sobre las necesidades sociales, y específicamente de la Justicia». Ahora, en cambio, la Comisión Permanente de la abogacía española ha mostrado su «preocupación y disconformidad» con la actuación del Ministerio de Justicia, y ha expresado su «inquietud» porque, «a pesar de las promesas efectuadas», no se han tenido en cuenta las propuestas que plantearon en su momento los abogados.
La Comisión Permanente del Consejo General de la Abogacía ha señalado, a través de su presidente, Eugenio Gay, que si no se tienen en cuenta las propuestas que ha planteado para mejorar el citado proyecto de ley será responsabilidad de «quienes promulguen una ley que perjudica al ciudadano, y que puede herir de muerte a la Administración de Justicia en el ámbito civil», en referencia al Ministerio de Justicia.
En opinión del Consejo General, el proyecto de ley que en la actualidad estudia el Congreso de los Diputados vulnera el derecho de todos los ciudadanos a obtener una tutela judicial efectiva y supone un menoscabo hacia el derecho de defensa. Eugenio Gay también se queja de los «continuos e injustificados retrasos» que la ministra de Justicia viene demostrando respecto del futuro Estatuto General de la Abogacía, que «continúa sin conseguir» que el Gobierno lo apruebe. (Mayo 1999)
JUECES PARA LA DEMOCRACIA EXIGE LA DIMISIÓN DE MARISCAL DE GANTE
El 14º congreso de Jueces para la Democracia, iniciado ayer en San Lorenzo de El Escorial (Madrid), aprobó la gestión del secretariado "en los objetivos perseguidos" en la negociación salarial e insistió en vincular el aumento retributivo a las reformas de la Administración de Justicia propuestas por el Consejo General del Poder Judicial. Tras un debate autocrítico, se pidió también la dimisión de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, por su "incapacidad para abordar y gestionar la reforma".
Mariscal de Gante, al ser preguntada anoche en el Club Siglo XXI por la solicitud de dimisión, aseguró: "Me parece muy bien pero no voy a dimitir". La titular de Justicia cuestionó que exista voluntad de diálogo por parte de los jueces y fiscales.
La explicación, por parte de los miembros del secretariado, de la negociación retributiva que realizan las cuatro asociaciones de jueces y las dos de fiscales fue acogida inicialmente con reticencias por parte de los congresistas, varios de los cuales recordaron que Jueces para la Democracia (JpD), como asociación progresista, nunca había puesto el acento en los salarios y sí en el servicio público a los ciudadanos.
Ricardo Bodas resaltó que es la primera vez que se negocia un alza salarial a cambio de resultados en la cantidad y la calidad del trabajo judicial y fiscal y que hasta la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que siempre planteó incrementos lineales, ha asumido ese compromiso con la productividad.
El otro negociador por JpD, Javier Martínez Lázaro, destacó que la negociación unitaria está planteando "controles con módulos de trabajo mínimo", lo que consideró novedoso en una reclamación salarial, pero estimó que "sin incremento retributivo será difícil lograrlo".
En cuanto a las medidas de presión acordadas, Garbiñe Biurrun expresó su "miedo a las concentraciones de las cúpulas judiciales y a que las salas de gobierno [dominadas por la APM] se pronuncien". Así, propuso que JpD "suspenda su participación en la mesa negociadora de las retribuciones".
"Manifiesta incapacidad"
La propuesta de Biurrun se suavizó considerablemente al intervenir otros congresistas en su redacción. El texto aprobado, con 33 votos a favor, 13 en contra y 39 abstenciones, pide "expresamente la dimisión de la ministra de Justicia", Margarita Mariscal, dada su "manifiesta incapacidad para abordar y gestionar" la reforma de la justicia.
Dadas las reticencias a la actuación del secretariado, sus miembros plantearon una especie de moción de confianza, en forma de propuesta, que fue aprobada por 69 votos favorables, ninguno en contra y 16 abstenciones. Su texto es el siguiente: "El congreso de JpD aprueba la gestión del secretariado en los objetivos perseguidos hasta la fecha en la línea de negociación con el Ministerio de Justicia. En consecuencia, el congreso mantiene la propuesta de solicitud de un aumento retributivo en el marco de la exigencia de la reforma de la Administración de Justicia, en la línea de las propuestas del Libro Blanco elaborado por el CGPJ".
La primera ponencia debatida en el congreso fue la relativa a la instrucción en el proceso penal. El magistrado Alberto Jorge Barreiro abogó por que la instrucción deben realizarla los jueces, pero desdoblados: uno, para investigar el delito; otro, para garantizar los derechos fundamentales del imputado.
https://elpais.com/diario/1999/11/12/espana/942361226_850215.htmlMARISCAL ELUDE HABLAR DEL INDULTO A GOMÉZ DE LIAÑO
La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, afirmó ayer que todavía no se ha fijado fecha para el estudio, en Consejo de Ministros, de la petición de indulto del exmagistrado Javier Gómez de Liaño. En respuesta a una pregunta realizada por el senador socialista Juan Antonio Arévalo, la ministra recordó que el Ejecutivo ejerce el derecho de gracia en casos "bastante notorios", en referencia al caso Marey. La ministra añadió que incorporará "con mucho gusto" al expediente de indulto de Liaño "el diario de sesiones de esta sesión" para que el Gobierno tenga en cuenta la opinión de Arévalo. Éste destacó que "un prevaricador, Gómez de Liaño, por medio de su abogado, a la vez diputado del PP, anunció que pediría el indulto y ejercería la acción popular contra los magistrados que le condenaron. Falta saber qué hará el Gobierno".
El exjuez Gómez de Liaño mostró su "asombro e indignación" por no haber recibido el acuerdo del Poder Judicial sobre la ejecución de la sentencia que le condena a 15 años de inhabilitación. En declaraciones a Efe, adelantó que pedirá una aclaración del acuerdo.
En otras declaraciones, calificó de "novedosa e insólita" la reunión de la Sala Segunda con el presidente del CGPJ por los insultos recibidos por dos magistrados y dijo que jamás había oído más insultos "como los provenientes del grupo Prisa" contra él.
https://elpais.com/diario/1999/11/04/espana/941670007_850215.htmlMARISCAL DEFIENDE LA ACTUACIÓN DE CARDENAL EN EL 'CASO LIAÑO'
La ministra de Justicia, Margarita Mariscal, aseguró ayer en el Senado que el actual fiscal general -Jesús Cardenal, nombrado por el PP- no es el "fiscal del Gobierno", como sucedía, según su criterio, con los anteriores Gobiernos socialistas, sino que es el fiscal "del Estado". Mariscal replicaba así a una pregunta sobre la declaración de "inocencia" de Javier Gómez de Liaño hecha por Cardenal un día antes del juicio contra el juez.
La ministra fue preguntada por el senador socialista José Antonio Marín Rite por la opinión del Ejecutivo acerca de la entrevista concedida por el fiscal general, Jesús Cardenal, a la revista Época, en la que aseguraba que el juez Gómez de Liaño "es inocente". La entrevista apareció el 13 de septiembre, un día antes de que diera comienzo en el Tribunal Supremo la vista del juicio contra Liaño. Procesado por tres delitos de prevaricación durante la instrucción del caso Sogecable, Liaño tuvo entre sus abogados a Jorge Trías, diputado del PP y presidente de la Comisión de Justicia del Congreso.
La ministra respondió que Cardenal no tiene "actuación directa" en el procedimiento contra Liaño -en realidad declaró por escrito en el juicio como testigo de la defensa- y agregó que el PSOE pretende que el fiscal "se someta a los intereses concretos de un grupo de comunicación", en referencia a Sogecable.
Marín Rite calificó de "extraordinariamente grave" que Cardenal transmitiera "una presión del Gobierno a un órgano judicial, justo cuando éste está ejerciendo su función", y acusó a Aznar de "enviar al fiscal a perseguir a una empresa por el simple hecho de que no le es afín".
Por su parte, el juez Gómez de Liaño acudió ayer a la Audiencia Nacional para causar baja como titular del juzgado central número 1. Aunque ahora habrá de tomar posesión como juez central de lo penal, seguirá suspendido de funciones hasta que se conozca la sentencia del Supremo.
https://elpais.com/diario/1999/09/30/espana/938642426_850215.htmlEL PSOE EXIGE A MARISCAL UNA DEPURACIÓN EN LA FISCALÍA
"Si la ministra de Justicia no se desmarca y no depura a algunos fiscales de la Audiencia Nacional, tendremos que concluir que es cómplice de sus actuaciones en el caso Pinochet. En septiembre la esperamos en el Parlamento". Ésta es la advertencia del portavoz adjunto de Justicia del PSOE, Álvaro Cuesta, horas después de que su grupo presentara ayer en el registro del Congreso la petición de comparecencia de la titular de Justicia, Margarita Mariscal.
La ministra tendrá que inaugurar el curso parlamentario respondiendo en comisión a las preguntas del PSOE, Izquierda Unida, Nueva Izquierda, CiU, PNV y Grupo Mixto sobre las actuaciones de la Fiscalía contra las iniciativas del magistrado Baltasar Garzón y en defensa de la libertad de Pinochet. "La extrema derecha está instalada en un sector de la fiscalía que se está distinguiendo por una nueva suerte de golpismo judicial", señala Cuesta.
La escalada de descalificaciones en el PSOE crece cada día, a pesar de que el Gobierno de José María Aznar ha tratado de involucrar a los socialistas en la solución del arbitraje amistoso que solicita el Gobierno de Chile para que Pinochet sea juzgado en aquel país y no en España. El líder de las Juventudes Socialistas, José Manuel Caballero, afirmó que "dentro del Ejecutivo hay fuerzas de carácter ultraderechista que tienen simpatías con los movimientos fascistas y con lo que representa Pinochet en Chile".
https://elpais.com/diario/1999/08/10/espana/934236004_850215.htmlMARISCAL NO DESPEJA LAS DUDAS SOBRE SU REUNIÓN CON PEDRO JOSÉ RAMÍREZ
La ministra de Justicia, Margarita Mariscal, contestó ayer con evasivas a la pregunta del senador socialista Juan Antonio Arévalo sobre si el juez Javier Gómez de Liaño se había hecho cargo del caso del vídeo sexual del director de El Mundo, Pedro J. Ramírez, tras entrevistarse con él en su ministerio el 13 de noviembre de 1997. La ministra, que admitió dicha reunión, tampoco contestó sobre el carácter secreto que tuvo el encuentro con el citado periodista. Se limitó a responder a Arévalo, de forma genérica, que el senador se refería a "invenciones" cuya pretensión es tapar "lo que va a ocurrir dentro de muy pocos días", en alusión al juicio de los GAL que se inicia el lunes.
Arévalo, en la sesión de control del Senado de ayer, aseguró que hacia las ocho de la tarde del 13 de noviembre de 1997 Mariscal recibió en su despacho a Ramírez y que su coche fue aparcado en un lugar reservado a los coches oficiales. "No se cumplieron las normas habituales y las cámaras fijas habían sido desconectadas. El sigilo se llevó a sus extremos". "¿Por qué tanto secreto para una entrevista periodística sobre las enmiendas del Senado a la Ley Orgánica del Poder Judicial?", preguntó Arévalo, en alusión a la explicación que la ministra dio a dicho encuentro en una sesión anterior del Senado. "¿Alguien puede imaginarse el interés de Ramírez por las enmiendas de la Ley del Poder Judicial en los días más calientes del vídeo?", dijo Arévalo, que se respondió: "A los cuatro días, Gómez de Liaño se hace cargo del asunto. Se quiso transformar un posible delito privado en una rama tierna del caso GAL".
Como respuesta, Mariscal manifestó que todas las acusaciones formuladas por el senador iban a ser desmentidas "punto por punto", como por ejemplo la de que no se utilizó la entrada "de costumbre". La ministra tachó a Arévalo de "mentiroso" y señaló que la forma de preguntar de los socialistas "está empezando a ser patética". "Usted tiene la costumbre de mentir y ampararse en la buena educación de esta ministra para que no le llame mentiroso en el pleno de esta Cámara", dijo.
https://elpais.com/diario/1998/05/21/espana/895701611_850215.htmlMARÍA JOSÉ AMORÓS, JEFA DEL GABINETE DE LA MINISTRA DE JUSTICIA
La jefa de gabinete de la ministra de Justicia, María José Amorós, falleció en la madrugada de ayer en Sofía (Bulgaria) de manera repentina. Amorós acompañaba a la ministra en una visita oficial a Bulgaria. El lunes pasado debía asistir a una cena oficial, pero se sintió indispuesta y se quedó descansando en la residencia del embajador de España.
Estrecha colaboradora de Margarita Mariscal de Gante desde hacía años, María José Amorós desempeñó el cargo de jefa de su gabinete desde que la titular de Justicia fue nombrada ministra. Nacida en Madrid en 1956, era licenciada en Derecho y pertenecía al cuerpo de secretarios judiciales. Estaba casada con el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Madrid, Juan Antonio Gómez Angulo, y era madre de tres hijos.-
https://elpais.com/diario/1998/04/01/agenda/891381601_850215.htmlLA MINISTRA DE JUSTICIA SOSTIENE A CARDENAL EN CONTRA DE LOS FISCALES
El fiscal general insiste en que las críticas al Gobierno fueron excesivas
Ni dimisión ni destitución. Jesús Cardenal, fiscal general del Estado, se vio ayer ratificado en el cargo por la ministra de Justicia, quien, "por el interés informativo" que ha despertado el conflicto de la Fiscalía, compareció expresamente en la conferencia de prensa del Consejo de Ministros para hacer causa común con él frente a las dos asociaciones profesionales y al fiscal jefe de la Inspección, Juan José Martínez Zato. La Asociación de Fiscales, la Unión Progresista de Fiscales y el propio Zato sostienen que Cardenal intenta coartar su libertad de expresión con la prohibición de criticar al Gobierno. Mariscal da todo el crédito a Cardenal, y además de ratificarle en el cargo por ser un "muy buen fiscal general", le ha encargado que abra una investigación para esclarecer los hechos. Cardenal sostiene que no es cierto que haya amenazado a los portavoces de la UPF y de la AF con ex-pedientarles, aunque insistió ayer en que las críticas al Gobierno tras anular la sanción a dos fiscales fueron excesivas. Zato, por el contrario, avala la versión de las asociaciones.
https://elpais.com/diario/1998/01/24/portada/885596402_850215.htmlLOS JUECES EN EXCEDENCIA "COMERÁN POCO", SEGÚN MARISCAL
La ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, declaró ayer que la remuneración que comporta la excedencia forzosa de tres años para los jueces que pasan por la política "es un sueldo muy bajo" con el que se puede "comer poco".
Un juez con categoría de magistrado viene a ganar algo más de cuatrocientas mil pesetas al mes, con todos los complementos -especialmente el de destino. Sin embargo, el sueldo base bruto es de 248.246 pesetas.
"El sueldo que cobra un juez como excedente forzoso no es en absoluto comparable con los dos años de sueldo íntegro que reciben los vocales del Consejo General del Poder Judicial" después de haber dejado su puesto o el que "puede cobrar un alto cargo público" durante los dos años posteriores a su cese, apuntó la ministra, según informa Efe.
La ministra hizo estas declaraciones en la clausura del VI congreso del Notariado español.
https://elpais.com/diario/1997/11/16/espana/879634810_850215.htmlSÓLO EL PP DEFIENDE LA EXCEDENCIA RETROACTIVA DE LOS JUECES QUE REGRESEN DE LA POLÍTICA
El PP se quedó ayer solo en la defensa de una enmienda que concede carácter de retroactividad a la excedencia forzosa de tres años para los jueces que se dediquen a la política o se presenten en una lista electoral. La enmienda, votada en el Senado, donde el PP dispone de mayoría absoluta, salió adelante sólo con sus votos, 108, frente a los 87 del PSOE, CiU, PNV e IU. Previsiblemente, a su regreso al Congreso, donde los populares carecen de mayoría absoluta, caerá la enmienda, y con ella la retroactividad de la excedencia forzosa. La retroactividad que defiende el PP afectaría a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, que anunció su intención de acogerse a ella cuando cese en su cargo.
El pleno del Senado aprobó ayer la remisión al Congreso, para su aprobación definitiva, de la ley que regulará las condiciones del regreso a la carrera judicial de los jueces que desempeñan cargos políticos. a ley precisa que los jueces que se dediquen a la política o, incluso, se limiten a presentarse en unas listas electorales, dispondrán de una excedencia forzosa de tres años, con todos sus derechos económicos y que e contabilizarán como años en ejercicio, cuando decidan regresar a la carrera judicial. Este aspecto fundamental del proyecto de ley cuenta con la oposición del PSOE.
También salió aprobada, con la mayoría del PP, una enmienda de este partido que da a la norma carácter de retroactividad, esto es, que puede aplicarse a los jueces que en este momento ejercen la actividad política, como es el caso de la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante.
Esta enmienda, que ayer suscitó un fuerte debate en el Senado tras la defensa que de ella hizo el PP, cuenta con la oposición de todos los demás partidos, incluso los aliados nacionalistas del Gobierno, CiU y PNV, con lo que, previsiblemente, será derrotada en su tramitación definitiva en el pleno del Congreso.
Joaquín Galán, senador del PSOE, denunció que la excedencia forzosa de tres años para los jueces dedicados a la política supone "un privilegio exorbitante" porque contarán con "un trienio sabático con plenitud de derechos económicos y cómputo a efectos de carrera y derechos pasivos". Galán cree que este proyecto de ley propicia que algunos jueces se introduzcan en "candidaturas puramente instrumentales" para poder acogerse a sus beneficios. Asimismo, constituye, dice, "una solución equivocada, de consecuencias presupuestarias imprevisibles".
El senador socialista propone que sea el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), máximo órgano de los jueces, el que decida sobre el futuro de los jueces dedicados a la política en el momento de su reincorporación a la carrera. Para el senador socialista Galán, la ley es aún "más escandalosa si intenta aplicarse a los que ahora están ocupando cargos políticos".
El senador del PP Esteban González Pons admitió que el carácter de retroactividad de la ley puede caer a su paso por el Congreso por la oposición de los demás grupos parlamentarios. González replicó a Galán que el PSOE se opone al carácter retroactivo de la ley para "desacreditar el gesto de la ministra de Justicia, que quiso someterse la primera al criterio marcado por la nueva ley". La retroactividad, de aplicarse, afectaría, además de la ministra de Justicia, al ex ministro de Justicia e Interior y diputado del PSOE Juan Alberto Belloch; a la ex secretaria de Estado de Justicia y diputada socialista María Teresa Fernández de la Vega, y al también diputado socialista por Albacete y magistrado Joaquín Iñiguez.
El senador de CiU Luis Capdevila se opuso a la retroactividad de la ley en nombre del "principio de la seguridad jurídica y la irretroactividad de las disposiciones tanto afecten a derechos adquiridos como a expectativas que, por lo demás, están suficientemente consolidadas". Capdevila insistió en que "aquellos jueces y magistrados que ejercen actividades políticas no deben verse perjudicados en este momento por esta modificación que la propia jurisprudencia constitucional inclusive nos manda que se respete".
La enmienda que ayer introdujo el PP en el Senado concede veinte días a los magistrados, dedicados a la política, Para que decidan sobre su futuro. El senador popular Vicente Magro anunció ayer mismo su retirada de la política y el regreso a la carrera judicial.
https://elpais.com/diario/1997/10/24/espana/877644012_850215.htmlLOS SOCIALISTAS ACUSAN A MARISCAL DE ASEGURARSE TRES AÑOS DE EXCEDENCIA
La Comisión de Justicia, del Senado ratificó ayer el informe de la ponencia que otorga retroactividad a la excedencia forzosa de tres años para los jueces que desempeñen cargos públicos o se presenten en una lista electoral. Joaquín Galán, senador socialista y portavoz de su grupo, manifestó que eso es tanto como garantizar a la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, tres años sabáticos pagados con cargo a la Administración.
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial tal y como había salido del Congreso establecía la excedencia forzosa durante tres años para jueces y magistrados que hubiesen ocupado cargos públicos o que concurriesen como candidatos en cualquier proceso electoral de ámbito municipal, autonómico o nacional.
El Grupo Socialista defendió, sin éxito, y también en el Senado, que se trata (de una medida desmesurada porque bastaría con que estos jueces fuesen trasladados a un destino distinto del que ocupaban, y porque la norma abre un portillo para posibles abusos ya que, como ayer volvió a repetir el senador Galán, basta con que un juez o magistrado se presente en una lista de independientes, en un pueblecito de escasa población y en un puesto que tenga garantizado no salir elegido para, por el contrario, asegurarse tres años de excedencia en los que seguirá cobrando sus emolumentos y se computarán a efectos de ascensos y de derechos pasivos.
Las cosas desde el punto de vista de los socialistas empeoraron ayer notablemente al aprobar el Senado una enmienda a la disposición transitoria segunda de la ley por la cual se da carácter retroactivo a esta previsión; es decir, se aplicará a los jueces y magistrados que en este momento ocupan cargos públicos.
Galán afirmó que le parece indudable que la ministra de Justicia "no quiere volver al juzgado de primera instancia" del que era titular antes de ser nombrada para el cargo. Además, Galán replicó a la intervención del portavoz del PP, Alfredo Prada:, quien argumentó que la ministra, ya que el PSOE considera la medida excesiva y restrictiva, deseaba ser la primera a la que se le aplicase.
El PSOE, por boca de Galán, entiende que lejos de desear que se le aplique una disposición perjudicial, Mariscal de Gante intenta garantizarse que no regresará al juzgado donde desempeñaba su labor
Los socialistas se oponen también a otra enmienda a la reforma de la Ley del Poder Judicial según la cual el plazo máximo de cinco años que se fija para que los presidentes de Sala del Tribunal Supremo desempeñen sus cargos empezará a computarse desde que los actuales presidentes fueron designados como tales.
El PSOE entiende que el PP trata de apartar a "presidentes de Sala incómodos" a los que se les aplicará la ley poco después de que entre en vigor, aunque el propio Galán matizó que el Consejo General del Poder Judicial tendrá un plazo de un año para proveer estos cargos.
No fue la única crítica que recibió ayer la ministra. Mientras esto sucedía, el XII Congreso de Jueces para la Democracia se iniciaba en Girona con duras reproches a la "inoperancia" de Mariscal de Gante. El portavoz de la asociación progresista, José Antonio Alonso, denunció que, "el año y medio de gobierno del Ministerio de Justicia revela una clarísima incapacidad para ofertar cualquier respuesta a los problemas de la justicia", informa Bonifacio de la Cuadra.
En otro foro judicial, la XII Asamblea de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, la ministra manifestaba que "es una evidencia que existe un síndrome de descrédito generalizado en la justicia". "Es cierto", dijo Mariscal de Gante en Benicàssim (Castellón), "que la Administración de Justicia da una imagen de desprestigio y uno de los retos del Gobierno es tratar de ponerle remedio".
La ministra compartía así la afirmación realizada por la magistrada María Tardón, portavoz nacional de la asociación Francisco de Vitoria, quien apuntó cierto desánimo y decepción por entender que la justicia es demasiado lenta, "casi catatónica". Mariscal, pese a todo, lanzó un mensaje optimista al señalar que hay varias propuestas en el Libro Blanco de la Justicia para mejorar esta imagen y que ya están en marcha, como la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
En este acto, Mariscal aludió también a la celebración del juicio contra la Mesa Nacional de Herri Batasuna. Señaló que es un juicio muy importante para el Estado de derecho, sin prejuzgar el resultado, y aseveró que las únicas presiones que los jueces del Tribunal Supremo pueden haber recibido son las del entorno abertzale. "Que se les juzgue sólo por la ley, pero con todo el peso de la ley", enfatizó, informa Yosé Yoldi.
https://elpais.com/diario/1997/10/16/espana/876952826_850215.html
EL GOBIERNO SUSTITUYE A ÚRCULO POR UN FISCAL MUY CONSERVADOR
En una decisión aparentemente salomónica el Gobierno puso fin ayer al breve pero estridente mandato de ocho meses de Juan Ortiz Úrculo como fiscal general del Estado. Poco antes de la reunión del Consejo de Ministros, el presidente José María Aznar comunicaba su decisión a la mimistra, de Justicia y le daba a conocer el nombre del futuro sucesor, Jesús Cardenal Fernández, de 67 años; fiscal jefe del Tribunal Superior del País Vasco, de talante muy conservador. El Consejo acordó igualmente la sanción de traslado forzoso de la fiscal María Dolores Márquez de Prado, como proponía Úrculo.
Políticos, jueces y fiscales dieron ayer mismo la bienvenida a Jesús Cardenal como nuevo fiscal, aunque en general manifestaban su temor a que no sea la persona adecuada -no por su ideología, sino por falta de carácter- para afrontar la grave crisis de indisciplina que vive la Audiencia Nacional. Más allá de este aspecto, Izquierda Unida afilaba de nuevo sus críticas, como lo hiciera en el caso de Luis Poyatos, y sentenciaba: "Vuelve la extrema derecha". En la memoria fiscal de 1994, Cardenal arremetió contra el "clima de pluralismo" que permitió la introducción de leyes que, a su juicio, amparan el divorcio, el aborto, la homosexualidad, los anticonceptivos y la pornografía.
El pulso de Ortiz Úrculo al Gobierno duró menos de lo previsto. Tan poco, que el propio José María Aznar ha tenido que dar marcha atrás de sus propias palabras. El lunes, al hacer balance de su primer año de Gobierno, reafirmó su confianza en el fiscal general a pesar de que éste había amenazado con dejar el cargo si Márquez de Prado no era sancionada. Ayer Aznar precipitó la destitución de Úrculo, quien se enteró de ello a través de otro fiscal que le dijo que acababa de oír la noticia por la radio.
El Gobierno también aprobó en su reunión de ayer trasladar de la Audiencia Nacional a la fiscal María Dolores Márquez de Prado.
https://elpais.com/diario/1997/05/10/portada/863215201_850215.html
LA MINISTRA DE JUSTICIA RESALTA EL "GRAN PRESTIGIO" DEL FISCAL POYATOS
La ministra de Justicia, Margarita Mariscal, afirmó ayer en el Senado que el fiscal Luis Manuel Poyatos Bernáldez, propuesto para ocupar la vacante de fiscal jefe de la Audiencia Nacional, es una persona que goza de "gran prestigio" en el ámbito judicial, lo que se demuestra, precisó, con el hecho de que el Consejo fiscal aprobase su candidatura por nueve votos contra dos. Frente a esta opinión, las asociaciones progresistas de jueces y fiscales criticaron duramente la elección por los antecedentes de Poyatos como fiscal del Tribunal de Orden Público y por su intervención en el caso Bardellino.
Margarita Mariscal afirmó que todo lo que "significa ocupar vacantes de acuerdo con los principios de mérito y capacidad es un paso adelante para cerrar cualquier crisis de la Audiencia, que ya ni existe".
Respecto a la responsabilidad de Poyatos en la puesta en libertad del jefe de la camorra, napolitana, Antonio Bardellino, en 1984, Mariscal aseguró que de todos los que participaron en ese tema "es el que menos intervención tuvo, si es que tuvo alguna".
La ministra también dijo ayer que, en su momento, no había "causa legal" para expulsar al ex juez Luis Pascual, Estevill, ahora encarcelado por cohecho, del Consejo General del Poder Judicial.
El "prestigio" del fiscal Luis Poyatos fue puesto en tela de juicio por Cristina Almeida, de Izquierda Unida, que aseguré que Poyatos fue uno de los fiscales "más duros" del Tribunal de Orden Público (TOP), en el que actuaba con "convencimiento" en la aplicación de la legislación franquista.
Almeida, que, como abogada, coincidió con Poyatos siendo éste fiscal del TOP, dijo que en este tribunal había fiscales que reclamaban penas de cárcel para estudiantes, profesionales o políticos, "pero con una cierta humanidad". "Sin embargo, él tenía una rigidez impropia para unas leyes que eran represoras. Personalmente, me parecía uno de los fiscales más duros", agregó.
A su vez, los fiscales de la propia. Audiencia lamentaron que el designado no fuese el teniente fiscal Eduardo Fungairiño, el otro candidato a jefe de la Fiscalía, que no obtuvo ni un solo voto del Consejo Fiscal.
No obstante, Fungairiño dijo a Servimedia: "Estaremos encantados de que el señor Poyatos, si el Consejo de Ministros confirma su nombramiento, venga aquí de jefe. Es un compañero de la casa y será, como siempre y como es lógico, muy bien recibido y con los brazos abiertos".
Para Fungairiño, Poyatos reúne las cualidades idóneas para ocupar la jefatura de la Fiscalía de la Audiencia, en la que, como en cualquier otra, "hay que entrar con ganas de trabajar y con el ánimo de hacerlo rápido y bien".
La reacción más contundente contra Poyatos fue la del secretariado de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), que aseguró que su trayectoria "no se ha caracterizado precisamente por la defensa de las libertades democráticas y los derechos fundamentales ni frente al crimen organizado".
Problemas agravados
Poyatos, según la UPF, "no ha acreditado méritos profesionales ni académicos para acceder a dicho cargó ni a la. categoría de fiscal de Sala del Supremo". En su criterio, los graves problemas de la Fiscalía, lejos de solucionarse, corren el riesgo de verse "seriamente incrementados"
José Antonio Alonso, portavoz de Jueces para la Democracia, dijo que su asociación no cree que el fiscal Poyatos tenga "una gran capacidad técnica y el buen sentido de la autoridad" necesarios para dirigir la fiscalía de la Audiencia.
El portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, José Luis Requero, prefirió "esperar a ver cómo desempeña su función", pero añadió que ellos "no encuentran pega alguna en sus antecedentes".
https://elpais.com/diario/1997/02/27/espana/856998011_850215.html
EL GOBIERNO CONOCÍA LA SENTENCIA CONTRA LÓPEZ-AMOR CUANDO LE ELIGIÓ COMO MÁXIMO RESPONSABLE DE RTVE
El presidente del Gobierno hizo ayer poco honor a sus promesas electorales de que sometería al Ejecutivo a un mejor control del Parlamento y respondería personalmente a las preguntas de la oposición. José María Aznar rehusó contestar a si el Gabinete conocía la condena de la Audiencia Nacional por abuso de autoridad contra Fernando López-Amor antes de nombrarle director general de RTVE. Respondió la ministra de Justicia, quien pese a admitir que el Ejecutivo conocía el fallo judicial, negó que fuese condenatorio, y aseguró que éste no supone un obstáculo para la nueva tarea y la trayectoria "intachable" de López-Amor.
Margarita Mariscal reconoció que el Ejecutivo conocía el fallo judicial contra el nuevo director general, pero argumentó que la sentencia no era condenatoria, sino "estimatoria" de un recurso interpuesto por López-Amor, y que . además, según ella, no supone un obstáculo para dirigir RTVE. La sentencia -reproducida en la columna- tiene carácter firme y condena a López-Amor por falta grave de abuso de autoridad.
El. portavoz socialista, Joaquín Almunia, acusó a la ministra de mentir al Parlamento al no admitir que López-Amor había sido condenado en sentencia firme. Y anunció que el PSOE volverá a preguntar la semana próxima al presidente del Gobierno sobre este nombramiento, no sólo porque no ha contestado todavía, sino porque no toleran que Aznar "ejerza la presidencia del Gobierno de espaldas al Parlamento".
Aznar no dio ninguna explicación o disculpa para no contestar al diputado socialista Luis Alberto Aguiriano. El vicepresidente primero, Francisco Álvarez Cascos, rehusó asistir a las cuatro de la tarde al pleno del Congreso, pese a que había estado hasta la una en la Cámara en una reunión del Grupo Popular. La pregunta de Aguiriano creó, al parecer, una situación incómoda en La Moncloa. El martes' la Secretaría de Estado para las Relaciones con las Cortes envió al Congreso la relación de los ministros que iban a contestar a cada pregunta del pleno, excepto en el caso de RTVE. Ese mismo día, por la tarde, la ministra de Justicia recibió, para sorpresa de sus colaboradores, la orden de acudir. al Congreso.
Difícil envite porque, tras admitir que el Gobierno conocía la sentencia contra el ahora director general, se escudó en que "es estimatoria del recurso interpuesto por López-Amor". La ministra silenciaba así la otra media verdad, la relevante políticamente, ya que la sentencia, además de confirmar que había prescrito una falta leve atribuida a López Amor, estimó que éste había cometido una "falta grave de abuso de autoridad" al realizar, en 1989, averiguaciones sobre datos fiscales de un adversario político. Ese veredicto de la Audiencia Nacional fue interpretado de forma curiosa por la ministra: "El señor López-Amor entendió de una forma distinta el artículo dos y el artículo decimosegundo del reglamento de tributos y fue corregido en vía judicial". Lo cual, para ella y para el Gobierno, "no significa en absoluto un obstáculo a la vida profesional intachable del hasta hace muy . poco diputado de este Congreso".
El diputado socialista fue muy cáustico respecto al hecho de que no le hubiera contestado el presidente del Gobierno: "No creo que la pregunta sea insustancial, no creo que sea insustancial el portavoz que habla. Probablemente el insustancial es otra persona", y a continuación aseguró que es indigna de dirigir RTVE una persona condenada por la Audiencia Nacional, "que ha sido capaz de cualquier cosa para que dimita, un concejal y ocupar su puesto", y que ha mentido, al tachar de caIumnia la afirmación del PSOE de que había sido condenado en sentencia firme. La portavoz de IU, Ros a Aguilar, declaró que "el presidente del Gobiemo cada vez que puede huye del Parlamento y no da la cara".
https://elpais.com/diario/1997/02/20/espana/856393227_850215.html
"ESTOY COMPROMETIDA CON UN NUEVO GOBIERNO CONSERVADOR"
Margarita Mariscal de Gante, primera ministra, de Justicia de España, aportar "orden" cree ser "innovadora" y no le molesta que le llamen "conservadora". A su juicio, las mujeres que imparten justicia actúan de modo menos distante que los hombres. Mariscal mantiene su empeño en conseguir que los jueces elijan a 12 de los 20 vocales del Consejo General del Poder Judicial.
Nacida hace 42 años en el barrio madrileño de San Bernardo, donde está ubicado el Ministerio de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, madre de dos hijas, de 19 y 16 años, tiene como misión prioritaria "desapoderar" al Ejecutivo de competencias que todavía retiene y que la ex vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) quiere entregar al órgano de gobierno de los jueces. Procedente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria y conservadora, desea cambiar la elección del consejo, a punto de ser renovado por el Parlamento.
Pregunta. ¿Qué le pedirá al Consejo del Poder Judicial?
Respuesta. Nada. En cambio, le voy a ofrecer ' una ley que desapodere al Ejecutivo de competencias que retiene y que deben atribuirse al consejo..
P. ¿Como cuáles?
R. El estatuto administrativo y disciplinario de los secretarios judiciales. También se reconsiderará la intervención del Ejecutivo en materias que afectan de manera directa al funcionamiento interno de los órganos judiciales.
P. Sobre la renovación del Poder Judicial, se atribuye al PP dependencia de la APM en la negociación de los candidatos judiciales. ¿Es así?
R. La cuestión sigue en sede parlamentaria. No puedo ni debo pronunciarme.
P. .¿Puede subsistir el delito de no prestación del servicio militar para un Gobierno que proyecta suprimir la mili?
R. Lo que subsiste es el Código Penal, que no fue votado sólo por el Gobierno y que, mientras esté en vigor, hay que aplicar.
P. Le han elogiado su iniciativa di hacer depender a la. Policía Judicial sólo de jueces y fiscales. Pero ¿acepta Interior que el poder judicial se encargue del régimen disciplinario, ascensos, cambios de destino y demás de los miembros de la policía judicial?
R. Estamos hablando los dos ministros sobre esos temas. Ésa es una de las ventajas de que Justicia e Interior estén separados, porque se puede dialogar desde las dos perspectivas.
P. Usted no parece dar prioridad a las reformas procesales para modernizar y agilizar la justicia.
R. Pero ya se está trabajando en la reforma procesal civil. En la contencioso administrativa tendremos en cuenta el proyecto de ley heredado. Para mí la clave es trabajar, más que adelantar acontecimientos.
P. Sin embargo, usted se ha apresurado a promover una ley que exija tres años de excedencia forzosa a los jueces que regresan de la política. ¿Cree que ésa es la medida más urgente para solucionar los males de la justicia?
R. No es que sea la más urgente; lo que pasa es que se trata de una medida muy concreta.
P. En el último Consejo del Poder Judicial usted fue delegada territorial para Madrid. ¿Qué hizo para mejorar su funcionamiento judicial?
R. Entre otras cosas, contribuí a la creación de 10 nuevos juzgados civiles.
P. Pero es reacia a la especialización de los juzgados civiles y a los servicios comunes.
R. Es que yo creo que han sido un fracaso. Se ha acumulado el personal, pero no se ha agilizado la administración de justicia.
P. Usted ha sido juez civil y ahora es ministra. ¿Sabe, como promedio, cuánto cuesta al Estado un juzgado o un proceso civil?
R. No tengo ni idea. Podría dar una cifra, pero prefiero decir la verdad: no lo sé.P. Según el Defensor del Pueblo, el absentismo del personal de los juzgados ha llegado al 40% en algunas ciudades. ¿Qué medidas tomará para atajarlo?
R. Si los datos se ratifican, no tenga duda de que el ministerio tomará medidas.
P. ¿Cree que el personal de los juzgados, incluidos los secretarios judiciales, debe fichar?
R. No sólo se trata de un problema de fichar, sino de un concepto general del control del horario, al que en mi departamento se, entiende que no deben ser ajenos los secretarios judiciales. Además, ésta no es una postura nueva, sino que ya, desde el CGPJ, tuve ocasión de pronunciarme al respecto y elaborar un informe, estableciendo la incorporación de los. secretarios al sistema general de control.
P. ¿También habría que incrementar la exigencia de responsabilidades a los jueces?
R. Tal vez una mejor definición de los tipos de faltas, que en la reforma de 1994 tampoco se ha: hecho.
P. Desde esta casa sólo en una ocasión se ha repercutido sobre el juez responsable la indemnización por anormal funcionamiento judicial pagada por el Estado.
R. Cuando la mayoría de los jueces tenemos un seguro es que se está pensando en la responsabilidad patrimonial que se nos puede exigir. La palabra la tiene el Servicio Jurídico del Estado, que es el mejor bufete de abogados.
P. Usted tiene claro el cambio del sistema de elección del CGPJ, para que los jueces elijan, 12 de los 20 vocales. ¿Cree que CiU y PNV apoyarán su criterio?
R. Tengo la obligación de intentarlo, porque estoy convencida de que ese sistema es mejor que el actual.
P. ¿Ya ha hecho gestiones?
R. Hablé con el presidente de CiU, Jordi Pujol.
P. ¿Y qué le contestó?
R. Me escuchó, pero no me dio una respuesta.
P. En el Poder Judicial, usted fue vocal encargada de asociaciones. ¿Puede definir con una sola palabra la orientación pública de cada una de ellas?
R. Con una palabra es muy difícil. Todas tienen algún referente político, aunque tratan de preservarse. Podría definirlas como de derecha, izquierda y centro, pero esos términos están tan superados... Llamar profesional a la APM no vale, ¿no?
P. Sería meter lo definido en la definición.
R. Yo veo a Jueces para la Democracia como la asociación cambiante, porque cada dos años suele cambiar el secretariado y se reconvierten los planteamientos asociativos. La Francisco de Vitoria la llamaría haciendo el cambio, porque tiene una ejecutiva muy renovada. La APM la veo ampliándose, en ampliación.
P. ¿Quiere decir creciente?
R. Sí, sí, creciente. Y a la Unión Judicial Independiente la veo localista, por su implantación en Madrid.
P. A usted, que perteneció a la APM, ¿le molesta que le llamen conservadora?
R. Depende de cómo me lo llamen. [Se ríe]. En este momento yo entiendo que quienes tienen que conservar son los que se han ido del Gobierno. Yo, en cambio, soy innovadora. Pero en cuanto a la denominación ideológica clásica, a mí no me molesta que me llamen conservadora si quien me lo dice cree que el conservadurismo no es malo.
P. ¿Cómo se define usted políticamente?
R. Estoy comprometida con un Gobierno conservador e intentaré sacar adelante su programa.
P. ¿Le preocupa o le estimula la presencia de socios del Opus De¡ en la Administración?
R. No me lo he planteado. Depende de lo que nos propongamos hacer. Además, es que no sé quienes son o no socios del Opus Dei.
P. ¿Qué medidas puede aportar una mujer de las que nunca se le ocurrirían a un hombre en un Ministerio de Justicia?
R. Orden [se ríe].
P. ¿Orden y mando?
R. No, no, no. Orden quiere decir compatibilizar el trabajo con el respeto a la vida privada, que la gente tenga una vida aparte del trabajo. Ese es un criterio femenino. Los hombres todo lo arreglan en las comidas y en las cenas.
P. ¿Qué aporta la mujer a la judicatura?
R. Normalidad. Si las mujeres somos un 51% de los españoles, no es lógico que hubiera campos en los que la mujer no existiera.
P. Pero ¿qué aportan las mujeres cuando juzgan?
R. Toma menos distancias. La mujer es más cercana que el hombre.
https://elpais.com/diario/1996/06/30/espana/836085606_850215.html
MARGARITA MARISCAL: "SE ME HA ELEGIDO POR MI CURRÍCULO
"Aznar me ha elegido por mi currículo". Ésta fue una de las Pocas afirmaciones que hizo ayer la nueva ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante y Mirón, en su primer contacto con los informadores, rodeada de micrófonos y cámaras, tras varios encuentros y desencuentros en la madrileña calle de San Bernardo, sede del departamento. Para responder a las preguntas invocó el programa del PP y el discurso de investidura de Aznar o se disculpó: "Es demasiado pronto".
Mariscal de Gante aseguró que "en principio, no está previsto promover" la reforma del Código Penal ni de la ley del Tribunal del Jurado. Las prioridades son "las que dijo el presidente [José María Aznar] en su discurso de investidura": reformas procesales, reestructuración de la Audiencia Nacional, designación del nuevo fiscal general del Estado entre los miembros de la carrera (a la que no pertenece al actual, Carlos Granados, que es magistrado) y agilización de la administración de justicia.
Nada aportó sobre estas prioridades, a pesar de la insistencia de los informadores. "Las reformas tienen que ser objeto de Consejo de Ministros", contestó cuando se le pidieron concreciones.
La Audiencia Nacional
De la Audiencia Nacional dijo que "es un órgano con tradición dentro del Estado de Derecho" [su padre, como juez de orden público, formó parte del órgano precursor]. Preguntada si en el futuro sólo se ocupará de terrorismo, estimó que es "demasiado pronto para pronunciarse".
De la crisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) "me van -a permitir que en este momento no hable", dijo, igual que de la gestión del ex ministro Juan Alberto Belloch o del fiscal general, Carlos Granados.
En cuanto a la renovación del Consejo, al que ha pertenecido durante más de cinco años, recordó que el cambio en el modo de elección de 12 de sus 20 vocales. (para. que los designen los jueces en lugar de las Cortes) "está en el programa del PP" y dijo que "habrá que intentarlo", aunque subrayó que hay que cumplir la legislación vigente, por lo que el próximo Consejo aún no podrá formarse por el nuevo sistema.
Ante la presencia en su toma de posesión del vicepresidente del Poder Judicial, José Luis Manzanares, y otros vocales, se le preguntó por sus colaboradores, a lo que contestó: "Me gustaría que las personas que vinieran a este ministerio fueran las primeras que se enteraran". Respecto a su propia designación por Aznar, aseguró: "Me ha elegido por mi currículo".
Manzanares: "Espléndido"
Manzanares calificó el nombramiento de "espléndido" y el presidente de la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, Ramón Rodríguez Arribas, se deshizo en elogios de la nueva ministra.
María Tardón, portavoz de la asociación moderada Francisco de Vitoria, pidió a Mariscal de Gante que "ponga orden en el caos de la Justicia", que tan bien conoce. José Antonio Alonso, portavoz de la progresista Jueces para la Democracia, expresó las diferencias con la nueva ministra y "con todo lo que ella representa", pero le deseó suerte y le dio "100 días de gracia".
https://elpais.com/diario/1996/05/07/espana/831420010_850215.html
MAGISTRAL CONSERVADORA
Margarita Mariscal de Gante y Mirón. nacida hace 42 años en Madrid, casada y con dos hijos, es una magistrada conservadora, hija y sobrina de jueces conservadores, perteneciente a la mayoritaria y conservadora Asociación, Profesional de la Magistratura (APM) y alineada con el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial. (CGPJ), al que accedió en 1990 a propuesta ,del PP, La trayectoria de la nueva ministra no aparece vinculada al ejercicio de ningún liderazgo y, según quienes la conocen, su papel es de segundona, hasta el punto de que a algunos oponentes les preocupa más que la propia biografía de la ministra, el ascendiente que sobre ella ejercen juristas como el catedrático Andrés de- la Oliva o el magistrado José Luis Manzanares.
La ministra de Justicia es hija de Jaime Mariscal de Gante, que durante el franquismo fue policía primero y juez de orden público después, y que en noviembre de 1981 convocó, junto con otros jueces y fiscales, un homenaje a Adolfo de Miguel, defensor de algunos de los acusados en la intentona golpista del 23-F. Es también sobrina de Federico Mariscal de Gante, otro juez conservador, que en 1979 llegó a ser decano de los juzgados de Madrid.
Su primer destino judicial lo desempeñó en 1980 en Aguilar de la Frontera (Córdoba), de donde pasó ;a Aranjuez (Madrid) dos años después. En 1983 accedió a un juzgado de Madrid, en 1986 ascendió a magistrada y en 1988 fue designada juez de familia. Su vocación de gobierno de los jueces la inició en 1989 en la sala de gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que presidía Clemente Auger. El 6 de noviembre de 1990, el Senado la nombró, a propuesta del PP, vocal del CGPJ, en donde se alineó con el sector conservador liderado por el vicepresidente Manzanares y mantuvo una intensa relación con De la Oliva. Entre otras decisiones polémicas,, votó contra la destitución del juez Lluís Pascual Estevill.
Como ocurrió con su antecesor en el cargo, Juan Alberto Belloch, el CGPJ ha servido a Mariscal de Gante de trampolín para ser ministra De Justicia.
https://elpais.com/diario/1996/05/05/espana/831247208_850215.html
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