OPINIÓN E IMAGEN

SEMANA NEGRA: HUELGA, OBISPOS, INMIGRANTES, INFLACIÓN, MINISTROS DESCOORDINADOS…

Dos años y tres meses después de estrenar mayoría absoluta, Aznar afronta su semana más amarga. Con la huelga general y la aplicación de los recortes derivados de la reforma de la protección del desempleo como protagonistas, su enfrentamiento con la Iglesia amenaza con agravarse si el Ejecutivo sigue adelante con su intención de endurecer la Ley de Extranjería. Mientras, dentro de su partido, el nerviosismo comienza a ser patente ante una crisis de gobierno que Aznar ya tiene perfilada y que ayudará a despejar el camino hacia la sucesión y los nombres claves para las elecciones municipales y autonómicas

Por Vera Castelló y Ana Pardo de Vera

Se le acumulan los problemas. Aznar se despide de la presidencia europea con una larga lista de conflictos sin resolver en España. El principal de ellos, su enfrentamiento con los sindicatos, que han convocado una huelga general, el 20-J, la primera de su mandato después de seis años protagonizados por la paz social. Una huelga en la que han estado de acuerdo desde el principio tanto UGT como Comisiones Obreras, este último, el sindicato que hasta el momento se había mostrado más proclive a mantener el entendimiento con el Gobierno, pero que ha encontrado en la reforma de la protección por desempleo impuesta por el Ejecutivo la vuelta de tuerca necesaria para la convocatoria de la gran movilización.

Ésta es la causa de la principal desesperación del presidente ya que, además, los sindicatos han decidido como fecha para la huelga la jornada previa a la Cumbre de Sevilla, que pondrá el broche a la presidencia semestral de la UE y que con tanto esmero había previsto. Precisamente Aznar, lejos de recapacitar en las posturas que han provocado el enfado de los trabajadores y desempleados, ha optado por arremeter contra los sindicatos, en concreto por la fecha elegida, acusándoles de ir contra España empañando su imagen justo cuando nuestro país va a estar en el foco de las miradas de toda Europa.

Pero no es ése su único gran problema. Sus relaciones con la Iglesia pasan por el peor de los momentos y amenazan con empeorar si finalmente la Conferencia Episcopal se decide a pronunciarse en contra del endurecimiento de la Ley de Extranjería que el Ejecutivo planea. Cuando todavía no se han apagado los ecos de la polémica suscitada por la pastoral de los obispos vascos sobre la Ley de Partidos y por el apoyo que este documento recibió de la Conferencia Episcopal Española, las autoridades eclesiásticas han estado a punto de abrir un nuevo frente de conflicto con el Gobierno. Una certera llamada desde La Moncloa logró que monseñor Rouco Varela paralizara la redacción de una nueva pastoral contra la Ley de Extranjería 24 horas después de que los responsables de inmigración hubieran anunciado su existencia. La llamada se producía el mismo día en que el arzobispo de Sevilla, Carlos Amigo Vallejo, mostraba en una entrevista publicada en El País su apoyo a la huelga general contra la reforma de la protección por desempleo y negaba que se trate de una huelga "injusta", como argumenta el Gobierno

Sin embargo, no es la Iglesia el único sector social contrario a la manera que tiene el Gobierno de afrontar la cuestión de la inmigración. También los empresarios estos días han arremetido contra el Ejecutivo por su forma de diseñar los contingentes de inmigrantes para 2002, unos cupos que apenas se han cubierto, pese a la necesidad de mano de obra que presentan diversos sectores.

Un clima enrarecido que no está ayudando a normalizar las últimas y contradictorias declaraciones de los miembros del Gobierno. La descoordinación demostrada por sus ministros es efectivamente otra de las cuestiones que exasperan a Aznar, que ha visto como su Gobierno ha tenido que admitir demasiadas rectificaciones y no precisamente en asuntos menores, sino en cuestiones de gran calado político. Primero, Aznar, animado por su mayoría absoluta y su cada vez más evidente talante prepotente, aprobó por la vía de urgencia de un decreto-ley la reforma que ha propiciado la convocatoria de huelga. Tan sólo unos días después, el presidente decidió tramitarlo como proyecto de Ley. Luego llegó Juan Carlos Aparicio y anunció que iba a impulsarse una Ley de Huelga, toda una provocación teniendo en cuenta la proximidad del paro general. La machada hubo de rectificarse al día siguiente con un escueto "no toca".

También Aznar sacó pecho al anunciar desde Europa un endurecimiento de la Ley de Extranjería que, rodeada de polémica, ya modificó hace un año. Las excesivas pistas dadas por el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, obligaron, de nuevo, a una rectificación, en esta ocasión en boca del titular de Interior, Mariano Rajoy, que aclaró que sólo se sopesan "pequeños toques". Pero esa no ha sido la única ocasión en la que Rajoy ha tenido que salir a la palestra para desdecir, también lo tuvo que hacer horas después de afirmar que el Gobierno pediría la ilegalización de Batasuna "en cuanto se apruebe" la reforma de la Ley de Partidos. Al final, al parecer, el Gobierno impulsará la ilegalización cuando se produzca alguna de las conductas previstas en la reforma. Parece que el encargado de coordinar las consignas populares se ha relajado en sus funciones.

Al presidente del Gobierno se le acumulan los problemas también en el ámbito puramente de la política nacional. Su distanciamiento con el PNV se ha hecho, a raíz de la Ley de Partidos, ya irrecuperable. De hecho, los sindicatos nacionalistas ELA y LAB han convocado huelga general también para el día 19. En cuanto a sus relaciones con CiU y CC, están cada vez más deterioradas. Ninguno de los dos han dado su apoyo al PP durante el trámite parlamentario de convalidación del decretazo. Rodrigo Rato estuvo hasta el último momento trabajándose a catalanes y canarios para lograr el apoyo, aunque al final sólo consiguió la abstención, siempre mejor que el voto en contra, pero significativo teniendo en cuenta que los catalanes siempre habían apoyado las sucesivas reformas laborales que se han ido planteando. Un gesto que, sin duda, tendrá sus consecuencias seguramente a la hora de rechazar las enmiendas que CiU ha presentado a la Ley Financiera, sobre todo en lo que afecta a las cajas.

Pero éstos son sólo algunos, porque Aznar tiene otros muchos frentes abiertos, empezando por el mal resultado de sus políticas económicas, que no logran contener una inflación disparada respecto a la europea y que comienzan a ser incapaces de crear empleo, tal y como demuestran los últimos datos. A esto hay que añadir la crisis diplomática con Marruecos, la incierta conclusión del diálogo con el Reino Unido sobre Gibraltar, el incremento de la tasa de delincuencia o la pugna con la judicatura por el archivo de la causa contra Arnaldo Otegi

Incertidumbres internas. Como ya todo el mundo sabe, la huelga general coincidirá con el cierre de la presidencia semestral de la UE, una ocupación que ha permitido a José María Aznar de alguna forma evadirse de los problemas que se le acumulaban en España. En España y dentro de su partido, donde comienzan a impacientarse ante una anunciada y esperada crisis de gobierno que clarificará necesariamente el panorama de la sucesión y las cabezas de lista para las municipales y autonómicas.

Sin que dentro del partido se le achaque claramente que haya abandonado sus quehaceres diarios, sí hay cierta incertidumbre en lo que respecta a la elección de candidatos. Mientras que el PSOE ya tiene decidido sus aspirantes a los principales ayuntamientos y Comunidades Autónomas, el PP va ciertamente retrasado. Aznar tiene primero que escribir en su libreta azul los nombres de los ministros entrantes y salientes para luego rellenar las casillas de los candidatos a las plazas clave, sobre todo aquéllas en las que ha de batirse más duramente con el PSOE.

Pero la presidencia europea no sólo está provocando estos retrasos. Algunos diputados del PP muestran en privado cierto nerviosismo de cara a afrontar el debate sobre el Estado de la Nación de mediados de julio. Mientras que en otras ocasiones tanto oposición como Gobierno dedicaban varias semanas a preparar el cara a cara, este año los ministros han estado ocupados en las labores derivadas de la presidencia europea que ahora acaba.

Además, el debate más importante del año tendrá lugar apenas tres semanas después del 20-J, cuando todavía estarán frescos los ecos del posible éxito de la huelga. Pero en realidad no habrá que esperar hasta el 15 de julio, fecha de inicio del debate sobre el Estado de la Nación, para sopesar en el Congreso el desgaste o fortalecimiento derivado de la huelga general, ya que Aznar comparecerá ante los diputados el 24 de julio para dar cuentas sobre el semestre comunitario. Posteriormente, lo harán, uno a uno, todos los ministros.

De cómo salga esta huelga general depende en buena medida el ambiente que reinará en los próximos meses. Hasta ahora la paz social ha acompañado los seis años de gobierno popular, pero las actuales circunstancias hacen prever un recrudecimiento de la situación. De hecho, ya hay algunas movilizaciones convocadas para el próximo otoño. Es el caso de los profesionales de la enseñanza. UGT y CC OO ya anunciaron que el inicio del próximo curso estará presidido por las protestas contra la polémica Ley de Calidad de la Enseñanza dada a luz por la ministra Pilar del Castillo

Una crisis sin agenda

Los quebraderos de cabeza del presidente del Gobierno, José María Aznar, o, más bien, los de su gabinete ministerial, no los constituyen únicamente las salidas del tono popular que se producen fuera de los muros de contención de Génova, como la pastoral de los obispos vascos o la huelga general de este jueves. También en el Palacio de La Moncloa se trabaja bajo la tensión que supone dar casi por segura una crisis de Gobierno, pero sin tener ni idea de en qué puede desembocar ésta, pues tal conocimiento constituye patrimonio exclusivo del cuaderno azul del jefe.

La espera, sin embargo, se aborda de distintas maneras en el Gobierno del PP. Los hay que la aguardan con tranquilidad e, incluso, sentido del humor y para ello aluden a la boda de Ana Aznar y Alejandro Agag, a la que algunos de los invitados acudirán con el aura de la defenestración en su más o menos elegante figura, y otros que la esperan con auténtico dramatismo, pues si la remodelación no la hace Aznar hasta el otoño, "¿cómo se piensa presentar unos Presupuestos Generales 2003 correspondientes a un Gobierno que no se sabe ni quién lo forma?", se preguntan en La Moncloa.

Los más preocupados con la operación reforma, tal vez los más temerosos con sus resultados, son partidarios y, en consecuencia, creen que Aznar obrará conforme a estos razonamientos, de que la crisis de Gobierno se haga en julio, para poder descansar sin inquietudes en agosto y saber con lo que cuenta cada uno para el curso que viene, especialmente en lo que atañe a las autonómicas y las municipales de 2003, antesala con lectura en clave de futuro de las generales del 2004 y una de las supuestas causas de la remodelación ministerial.

Sin embargo, la agenda de julio deja muy poco margen para elaborar un rediseño del Gabinete Aznar. El lunes inmediatamente posterior a la huelga del 20-J, el 24 de junio, el presidente del Gobierno tendrá que comparecer en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de los resultados de la presidencia española de la UE, que finaliza ese fin de semana con la celebración de la Cumbre de Sevilla. En días sucesivos, además, cada ministro habrá también de presentar en el hemiciclo las conclusiones del citado mandato correspondientes a sus respectivas carteras, lo que, al menos, puede llevar dos semanas de actividad parlamentaria. Lo justo para abordar los días 15 y 16 de julio el debate sobre el Estado de la Nación y las conclusiones de éste, aunque también cabría la muy remota posibilidad de que Aznar compareciese entonces con un nuevo Gobierno, pero, según fuentes del Ejecutivo, "la precipitación no es el estilo del ‘jefe’", aunque, por otro lado, reconozcan que siempre logra sorprenderles.

En cualquier caso, las apuestas para las entradas y salidas del Ejecutivo se cuecen desde hace tiempo y, sin duda, hay algunos nombres que suenan con mayor insistencia que otros. Por ejemplo, entre los ministros que pueden irse a prestar su labor como candidatos regionales del PP, se oye desde hace tiempo el nombre de Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente, como posible candidato a la presidencia de Baleares, de la que ya salió en 1999 gracias al pacto del Partido Socialista balear con el resto de formaciones políticas, algo que el PP calificó enseguida como "pacto contra natura".

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, es otro de los titulares que sonaron en su día para ocupar la candidatura del PP a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, al ser considerado, entre otras aptitudes, una buena baza generacional frente a Artur Mas, delfín oficial del president Pujol. Pero en estos momentos la marcha de Piqué a Cataluña ya no se da por tan segura entre sus propios compañeros, pues creen que en esta comunidad no tendría el tirón suficiente y tal vez sería mejor mantener a Alberto Fernández Díaz, el presidente del PP catalán, evitando, por otro lado, la nunca resultante, según las tesis del PP, bicefalia del partido. Pero no hay que olvidar al sector que aboga de forma contundente por la marcha de Piqué a Cataluña y coloca en su lugar al número dos del departamento, el secretario de Estado Miquel Nadal, que, además sostienen que se muestra encantado con esa posibilidad.

De Guindos, bien situado. Aunque esto no encaja de ninguna manera con la posibilidad, cada vez más recurrente en las quinielas, de sentar al vicepresidente segundo y ministro de Economía, Rodrigo Rato, al frente del departamento de Piqué como jefe de la Diplomacia española y permitir así que se recupere de los capones que ha recibido por parte de la oposición por el caso Gescartera, las empresas y créditos familiares o las cuentas del BBVA en la isla de Jersey. En el lugar de Rodrigo Rato los quinielistas más expertos de La Moncloa ya han sentado a uno de los hombres más eficientes de su departamento, el secretario general de Política Económica y Defensa de la Competencia, Luis de Guindos.

Pero para los partidarios de que Piqué no abandone el Gobierno, no hay problema de ubicación para el catalán en el Gabinete Aznar, pues otra de las tesis que se manejan cada vez con más fuerza –máxime tras la quemazón que sufrió con la impuesta Reforma del Desempleo– es que Juan Carlos Aparicio, ministro de Trabajo, se marchará a Castilla y León, si no como candidato a la presidencia regional, sí como futurible alcalde de Burgos, cargo que hoy ostenta Ángel Olivares, del PSOE. Y por el mismo camino, aunque en distinta dirección, ponen a andar los quinielistas al ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, que retornaría a la provincia en la que su padre fue gobernador civil franquista para tratar de hacerse con la alcaldía de Soria, en la actualidad en posesión de la socialista Eloísa Álvarez. Otra que podría acabar como candidata a una alcaldía, y no de modesto nombre, es la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés, que, amén de que se hable de la desaparición de ministra y Ministerio por constituir el gran fiasco de Aznar, podría tratar de arrebatarle en 2003 la de Barcelona al socialista Joan Clos.

Otras supuestas bazas de Aznar, aunque con menos posibilidades de serlo las constituyen el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, que se iría a Asturias como candidato a la presidencia del Principado, aunque en el PP asturiano se descarte de plano, y Esperanza Aguirre, que, a pesar de que en su día sonó con fuerza como candidata a la alcaldía de Madrid, las pocas ganas del actual regidor, José María Álvarez del Manzano, de abandonar este puesto, empiezan a debilitar las voces que mencionan a la presidenta del Senado como su suplente. Y asientan, en consecuencia, la pérdida de base de los rumores que, en su día, situaron al portavoz del Grupo Popular Vasco en el Parlamento de Vitoria, Jaime Mayor Oreja, como titular de Presidencia, sentando al actual ministro del ramo, Juan José Lucas, en el sillón presidencial de la Cámara Alta, ahora que ha sido designado senador. Sin embargo, y de ser así, Lucas estaría en este puesto solamente siete meses, hasta que las Cortes de Castilla y León se disolviesen, ya que fue allí desde donde se le designó senador. Naturalmente, está la posibilidad de la reelección. Pero no son pocos, y dentro del entorno de La Moncloa, quienes descartan, de momento, el regreso de Mayor al Gabinete Aznar, argumentando que aún ha transcurrido muy poco tiempo desde el batacazo electoral popular del 13-M y que supondría una decepción para sus seguidores.

La permanencia del ex ministro de Interior en Euskadi hace tambalearse, sin embargo, la tesis más coherente sobre la sucesión del propio Aznar, en torno a la que giran buena parte de las decisiones: la de que el presidente coloque a sus favoritos en primera línea y se habla entonces de Rato, Rajoy y Mayor. Aunque no se pueden descartar, y en las altas instancias del PP no lo hacen, al eficiente ministro de Justicia, Ángel Acebes, y a la vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio.  Y en realidad, algún ministro sólo se ha atrevido a asegurar que el sucesor será el que mejor colocado esté en el momento de la designación, probablemente en otoño de 2003, y será, eso sí, "muy conocido".

El nombre que coincide, en cambio, en todas las osadas voces que se atreven a adelantar las posibles intenciones de José María Aznar es el de la ministra de Sanidad, Celia Villalobos, dada la fatalidad de su gestión al frente de su departamento, cuya absorción por parte de la cartera de Administraciones Públicas empieza a darse por más que probable, una vez concluidas las transferencias competenciales a las Comunidades Autónomas y tras las rivalidades surgidas entre el Ministerio de Agricultura y el de Sanidad sobre a cuál de ellos correspondía la tutela de la Agencia Alimentaria, que pasaría, entonces, al de Miguel Arias Cañete, el cual, por cierto, parece que se salvaría de la quema con la única defenestración en toda regla –sin que el motivo sea una candidatura municipal o regional– de Cela Villalobos. La ex alcaldesa de Málaga –"de donde nunca debiera haber salido", apuntan incluso desde Génova– ha logrado poner su departamento patas arriba y recibir simultáneamente críticas de la oposición y de su propio partido, al negarse a acatar las medidas liberalizadoras que pretendía el Partido Popular con la reforma de la Ley General de Sanidad. Parece, pues, que Villalobos volverá a Málaga, aunque no se sabe si lo hará como cabeza de cartel o se mantendrá a su sustituto Francisco de la Torre, lo que provocaría la salida de la política de la ministra de Sanidad

"SIN EL PER, EL GOBIERNO HARÁ DE NUESTROS JÓVENES UNOS GOLFOS"

La paulatina desaparición del antiguo Plan de Empleo Agrario (PER), actualmente denominado Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agrarias (AEPSA), ha sido una de las medidas más criticadas de la reforma del desempleo del Gobierno Aznar, especialmente en las regiones de Andalucía y Extremadura, en donde el nivel de población que vive única y exclusivamente del campo es altísimo.

Basta conocer la situación de dos jornaleros que viven del subsidio que les proporciona trabajar en la temporada de recolección de la aceituna en Jaén para evaluar lo que desde el Gobierno se tilda de puerta al fraude y al clientelismo. Pero el testimonio de María del Pilar Millán Sánchez, de 30 años, casada y con tres hijos, es sólo un ejemplo de la angustia que anida ahora en un ámbito rural como el suyo, Puente de Génave (Jaén), situado en la

N-322, que une Córdoba con Valencia. Para María Pilar, que actualmente está cobrando el subsidio agrario (alrededor de 360 euros al mes) que le corresponden por haber trabajado 35 jornadas (peonadas) en la temporada de la aceituna, "lo único que va a conseguir el Gobierno con la retirada del PER es que los jóvenes que ahora podrían vivir en sus pueblos se tengan que ir", lo que supone, asimismo, una grave amenaza de despoblación en amplísimas zonas de Andalucía y Extremadura.

"Yo estoy segura de que no volveré a tener la oportunidad de cobrar ese dinero", asegura María del Pilar. Argumenta que, aunque ella ya lo haya percibido una vez –"Peor lo tienen los que intentan cobrarlos por vez primera"–, ahora con el decretazo se les ponen más dificultades para acceder al subsidio: los trabajos que les proponen están a kilómetros de distancia, mucha gente en esos pueblos no tiene ni el carné de conducir y con sólo rechazar tres ofertas ya se pierde cualquier posibilidad de recibir este subsidio. "Yo trato de contribuir al sueldo familiar porque con sólo el de mi marido no da para nada, menos si tenemos tres hijos", asegura María del Pilar.

No es la única que se expresa así. Miguel García Cárdenas, de 58 años y natural de Santisteban del Puerto, también en Jaén, ha logrado colocarse en una empresa de régimen general, pero también fue receptor del subsidio agrario cuando éste suponía unas veinte mil pesetas mensuales. Este jornalero se muestra más contundente: "Aquí no hay más actividad que el campo, que la recolección de la aceituna. Si nos quitan sus beneficios, no habrá a qué dedicarse". Explica Miguel que las empresas más cercanas están a 50 kilómetros, en Linares o en Úbeda, que la mayoría de los jóvenes no tienen carné de conducir y que, aunque así fuera o se moviesen en autobús, el sueldo se les iría en los desplazamientos. Si no se dedican a la agricultura, sentencia este ex recolector olivarero, no trabajarán en nada y "el Gobierno hará de ellos unos golfos" en sus pueblos.

17.06.02


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