OPINIÓN E IMAGEN

PRIVILEGIADOS

La ciudadanía en general y La Moncloa en particular, según fuentes nacionalistas, se echaron las manos a la cabeza cuando los parlamentarios vascos de PNV, PP y PSE acordaron concederse la pensión de jubilación máxima. A pesar de la situación anómala que viven los diputados en Euskadi, el proyecto, blanco de durísimas críticas, fue abortado inmediatamente, porque en política, privilegios económicos, los justos. Lo que pocos ciudadanos saben, y ningún ministro osó decir en medio de la polémica, es que ellos mismos, desde hace años, disfrutan por ley de ese privilegio.

Por Ana Pardo de Vera

El pasado 14 de febrero saltó la polémica: de forma excepcional en la Cámara de Vitoria, los nacionalistas del PNV y sus adversarios del PP se aliaban, apoyados por los socialistas de Euskadi, y acordaban otorgar la pensión de jubilación máxima (1.953,29€ ó 325.000 pesetas brutas mensuales) a aquellos parlamentarios vascos que lo hubiesen sido durante cuatro años repartidos en dos legislaturas, frente a los 35 años de cotización a la Seguridad Social, 15 de ellos en la base máxima, exigidos al resto de los ciudadanos. Poco tardó –exactamente, 24 horas– en hacerse eco de esta decisión la prensa escrita, tanto en sus primeras páginas como en sus editoriales, muy críticos con ella. El diario El Mundo lo tachó de "intolerable privilegio" y ponía como ejemplo de privilegiado al etarra y parlamentario de Batasuna Josu Ternera, mientras El País, por su parte, aunque no era tan contundente en sus ejemplos, coincidía asimismo al titular el editorial Privilegios de diputado. Ante el revuelo que se levantó en el entorno político y mediático, PP y PSE recularon y el acuerdo fue abortado: no habría pensión de jubilación máxima para los parlamentarios vascos porque el sentir general es de que estos privilegios económicos, aunque sea en el caso de personas que arriesgan diariamente sus vidas como blanco preferente de ETA, merman el prestigio de la actividad política, ya bastante devaluado a ojos de la ciudadanía.

Nadie mentó entonces, y mucho menos lo hicieron los beneficiados, que los ministros gozan de esta pensión de jubilación máxima que tantas críticas ha levantado desde el último Gobierno de la Unión de Centro Democrático (UCD), anterior al primer mandato socialista de 1982. El PSOE, cuya aceptación popular era cada vez mayor y por tanto, más grande su posibilidad de influencia en las Cortes, presentó una enmienda a la Ley de Presupuestos con la que deseaba poner fin a los privilegios de los que gozaban entonces los ex altos cargos del Gobierno –procedentes de la dictadura franquista y de la UCD–, que cesaban de su puesto de máxima responsabilidad manteniendo de por vida el sueldo casi en su totalidad. Sin embargo, y aunque en esa ocasión no fue aceptada, los socialistas no cesaron en su empeño y la enmienda fue presentada por segunda vez y aceptada tras una larga negociación entre el representante del PSOE Enrique Barón y el ministro de la UCD Fernando Abril Martorell.

Quedó así establecido por ley, y así se mantiene en la actualidad, que, durante 24 meses, ex presidentes y ex ministros recibirían el 80% de su sueldo ("pensión indemnizatoria"), compatible con otras remuneraciones, y tendrían derecho a la pensión máxima de jubilación cuya cuantía se fija en los Presupuestos Generales del Estado y que hoy está fijada en 1.953, 29€ (325.000 pesetas). Entonces, recuerda el ex ministro de Transportes, Enrique Barón, decenas de ex ministros de la época franquista presentaron un recurso ante el Tribunal Supremo contra esta iniciativa, pues consideraban que les estaban negando "derechos adquiridos". Sin embargo, el Tribunal Supremo desestimó el recurso y la norma pervive hasta hoy. Barón evoca todavía una anécdota de cuando el PSOE logró el poder y él accedió al Ministerio: "Entonces, alguna crónica periodística llegó a decir que si Barón supiera que iba a ser ministro tan pronto, se hubiese pensado lo de modificar las condiciones de cese de Altos Cargos. Y yo digo, lo haría con más razón".

Con motivo de la polémica del País Vasco y sus parlamentarios, fue el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada, el que hubo de manifestar la opinión del Gobierno sobre esta decisión de los parlamentarios vascos un día después de que se propusiera. Posada mostró su "perplejidad", aunque no por el hecho de que la resolución fuese "de posible inconstitucionalidad", sino por las repercusiones que ésta iba a tener a nivel político, que las tuvo y muy grandes, pues llegaron a frenar la iniciativa. Un portavoz oficial del ministro de Administraciones Públicas ha reiterado a El Siglo el punto de vista de Jesús Posada y preguntado por qué los diputados vascos no pueden gozar de la pensión máxima de jubilación, aun con la excepcionalidad de llevar una vida personal muy limitada por la política, y los ministros sí, el mismo portavoz aclaró que al ministro Jesús Posada, personalmente, no le afecta esta situación, puesto que "lleva cotizando a la Seguridad Social 31 años y cuando acabe esta legislatura, serán 35, por lo que le corresponde la pensión de jubilación máxima midiéndose con el mismo rasero que cualquier ciudadano".

Sin embargo, cuando los parlamentarios vascos de PNV, PP y PSE recibieron las críticas a su acuerdo de percibir la máxima pensión de jubilación, además de las que ya habían recibido de EA, IU-EB –socios de Gobierno del Partido Nacionalista Vasco– y Batasuna, que lo tacharon de injusticia desmesurada, tanto los populares vascos como los socialistas convocaron reuniones de urgencia, reconocieron su error al desconocer el alcance que tomaría la situación y renunciaron al acuerdo. El primero fue el Partido Popular, cuyo presidente, Carlos Iturgaiz, dijo entender el "malestar" que esa resolución había causado en la opinión pública y, según fuentes nacionalistas, en La Moncloa, de donde las mismas personas del entorno del Gobierno vasco sostienen que salió la orden de frenar "inmediatamente" la iniciativa, previo aviso del portavoz popular vasco en la Cámara de Vitoria, el ex ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja.

Mayor, diputado y ex ministro. Casualmente, las críticas supuestamente procedentes de La Moncloa, cuyos más altos responsables sí tienen la pensión máxima de jubilación, coincidieron en el fondo con las esgrimidas por los abertzales de Batasuna, que recordaron también que Mayor Oreja, además de su sueldo de parlamentario autonómico estará percibiendo durante dos años desde que dejó el Ministerio de Interior la retribución como ex titular de este departamento, es decir, el 80% de su sueldo de ministro.

Las razones esgrimidas por los parlamentarios vascos que apoyaron este acuerdo se basan en que disposiciones económicas como la pensión de jubilación máxima permiten, aparte de atraer a gente preparada a la actividad política, que aquellos parlamentarios a los que les ha sido muy difícil retomar la actividad que ejercían antes de la política, especialmente en el caso de los profesionales autónomos, dispongan al menos de la garantía de pensión máxima. Algún ex ministro que ha hablado con esta revista, sostiene además que la pensión máxima de jubilación es una forma de "dignificar" la política, pues de todos es sabido que es muy difícil que un ex ministro o ex parlamentario, aunque éstos con más facilidad, no cobre durante su jubilación la cuantía de la pensión máxima. "Y además, 1.953,29€ no es tanto dinero para una persona mayor de 65 años", concluye el mismo ex miembro del Gobierno.

Sin embargo, los ministros no son los únicos que, por el hecho de serlo el tiempo que sea, gozan de la pensión de jubilación máxima. También los parlamentarios de la Asamblea de Madrid se han cubierto las espaldas a partir de los 65 años, la edad de jubilación oficial en España, mediante un acuerdo firmado en julio de 2001, fuera del periodo ordinario de sesiones, y apoyado en un Real Decreto de 1999 del Ministerio de Trabajo, por el que se permite a los Parlamentos autonómicos suscribir convenios especiales con sus diputados. El acuerdo de la Asamblea de Madrid, recogido en el Reglamento de esa Cámara, establece que el Presupuesto de aquélla complete, hasta alcanzar la pensión máxima de jubilación pública acordada anualmente, la de aquellos diputados que lo hayan sido durante dos legislaturas y que no alcancen, por ejemplo en este ejercicio, los 1.953, 29€.

Este privilegio de los parlamentarios madrileños no lo tienen, ni siquiera, los diputados y los senadores nacionales, aunque intentaron llegar a un acuerdo en la pasada legislatura que permitiese acceder a la pensión máxima de jubilación a los parlamentarios que hubiesen cumplido los 65 años, que hubiesen sido elegidos al menos en dos legislaturas y que hubiesen ejercido en la Cámara al menos, cuatro años. Sin embargo, al requerir esa iniciativa un soporte legal se decidió incorporarla al Reglamento del Congreso, todavía hoy en proceso de reforma, por lo que la resolución no fructificó.

En la actualidad, las Mesas de Congreso y Senado se reúnen una vez al año para analizar las solicitudes de los ex parlamentarios jubilados o de sus viudas y a aquellos cuyos ingresos no alcanzan los 1.500€ (250.000 pesetas), el Presupuesto de las Cámaras se los complementa hasta alcanzar esta cantidad, previa presentación de su declaración de la renta, aunque son muy pocos los que disfrutan de esta ayuda.

Aparte del caso de los parlamentarios de la Asamblea de Madrid, la situación de los altos cargos de Gobierno de las comunidades autónomas, en general, se rige por el sistema ordinario de cotización de la Seguridad Social en cuanto a las pensiones. La mayor parte de los presidentes, consejeros y parlamentarios regionales, una vez finalizada la actividad pública, se reincorporan sin regímenes contributivos especiales a sus puestos profesionales anteriores u ocupan otros nuevos, tal es el caso de las comunidades de Cantabria y Aragón.

Una excepción a esta situación de normalidad es, por ejemplo, la del Gobierno vasco, que le garantiza a sus ex lehendakaris y a sus consejeros una pensión de jubilación superior a la máxima que concede la Seguridad Social española. Incluso, en el caso de los ex jefes del Ejecutivo de Euskadi, dicha pensión de jubilación asciende a más del 50% de la máxima pública en el resto del país (1.953,29€). Canarias es otra de las Comunidades Autónomas que tiene trato de favor con sus ex dirigentes, aunque en este caso, una vez finalizada la actividad pública de los altos cargos, sólo se les concede un sueldo íntegro más aparte del que les corresponde por el último mes en ejercicio del poder.

Sueldos medios, pero bien aprovechados

Aunque es de rigor que los políticos ejercientes, en especial los altos cargos, tengan unos sueldos respetables, tampoco es conveniente que éstos sean excesivos a los ojos de la ciudadanía, ya de por sí bastante escéptica con todo lo que atañe materialmente a la actividad política (coches y viviendas oficiales, dietas de desplazamiento, privilegios en materia de pensiones como los citados en este reportaje, etc.). Por ello, tratar de obtener la información sobre la cantidad exacta que reciben –o ahorran– el presidente del Gobierno, los ministros y, en general, los altos cargos estatales y autonómicos es tarea más que compleja si se quiere ir más allá del sueldo y obtener cifras sobre el concepto de dietas, el ahorro en vivienda y sus gastos, en desplazamientos, etc., aparte de la disparidad de los salarios de los responsables políticos.

Por ejemplo, de entre los altos cargos nacionales, las más privilegiadas, dos mujeres en este caso, son las presidentas del Congreso y del Senado, Luisa Fernanda Rudi y Esperanza Aguirre, que cobran alrededor de 150.000€ brutos anuales (unos 25 millones de pesetas), casi el doble que el presidente del Gobierno. José María Aznar tiene asignado un salario bruto anual de 80.060€ (13.320.863 pesetas), aunque con todos los gastos aparte; los vicepresidentes ganan unos 3.000 euros menos, exactamente 75.254€ (12.521.260 pesetas), y los ministros, poco menos, pues cobran unos 69.251€ (11.522.412 pesetas), también con importantes ahorros en gastos, pues algunos tienen incluso la vivienda habilitada en las propias instalaciones del ministerio correspondiente, tal es el caso de Juan Carlos Aparicio, ministro de Trabajo, Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, o lo fue de Jaime Mayor Oreja, que habitaba la planta alta del Ministerio de Interior del Paseo de la Castellana, que hoy, sin embargo, no es ocupada por su sustituto, el vicepresidente primero, Mariano Rajoy.

Aunque por lógica aparente no debiera ser así, hay algún presidente autonómico que cobra más que el jefe del Ejecutivo central. Así, Alberto Ruiz-Gallardón, presidente de la Comunidad Autónoma alcanza los 85.343€ (más de 14 millones de pesetas) y Jordi Pujol, aunque este salario aparece dividido en dos partes bien diferenciadas en su asignación presupuestaria, el sueldo en sí mismo y los gastos de representación, cobra,  en total, cerca de 90.000€ (unos 15 millones de pesetas). En cuanto a los menos favorecidos por su sueldo, está el presidente de Cantabria, José Joaquín Martínez Sieso, que cobra unos 48.000€ brutos anuales (alrededor de 8 millones de pesetas), mientras que los consejeros autonómicos, en general, cobran unos 50.000€ (más de 8 millones de pesetas).

Por su parte, la cuestión de los parlamentarios nacionales y autonómicos depende, en el caso de los primeros, del lugar de origen, pues si son de Madrid, cobran unos 46.000€ al año (unos 7,6 millones de pesetas) y si han de desplazarse para acudir al Congreso de los Diputados, cobran más de 56.000€ brutos al año (unas 9.500.000 pesetas), de los que la tercera parte son de las dietas que precisan para vivir en Madrid. Sin embargo, diputados y senadores son los que tienen más posibilidades de engordar su nómina, o bien presidiendo una Comisión parlamentaria, que les reporta más de 18.000€ brutos anuales (3 millones de pesetas), o bien siendo portavoz de su Grupo correspondiente en la misma, lo que le supone más 13.000€ (2.200.000 pesetas).

4.03.02


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