OPINIÓN E IMAGEN

UN PISO PARA CAMPS

LA SEGURIDAD SOCIAL MONTA EN SECRETO UNA VIVIENDA DE LUJO

Más de 300 m2, en pleno corazón del madrileño barrio de Salamanca e instalado de forma casi independiente del resto de los pisos en una finca de lujo. La Seguridad Social ha elegido uno de sus locales, le ha extirpado la Entreplanta, unida al Bajo por una escalera, ya tapiada, y ha habilitado en ella una suntuosa vivienda que, según fuentes de absoluta solvencia consultadas por esta revista, iba a ser habitada por Gerardo Camps, secretario de Estado de la Seguridad Social. Y ésta, aunque reconoce la obra que se ha realizado, insiste en que nadie, mucho menos Gerardo Camps, "va a vivir allí", pero una fuente del interior de la constructora encargada de la rehabilitación del inmueble, Construcciones Escalera, S.L., es firme: "Sin duda, ahí hay una vivienda".

Por Ana Pardo de Vera

 

Lo que se oculta, o se pretende ocultar, en un piso sito en la calle Conde de Peñalver, 14, Escalera Izquierda, entre el Bajo y la Primera planta sólo la Seguridad Social, y seguramente no en su totalidad, lo sabe. Nadie más tiene las llaves de la Entreplanta que, hasta mediados del año pasado, comunicaba con el inmenso Bajo (887,19 m2) a través de una escalera que se ha tapiado cuando comenzaron las obras. Unas obras que, por cierto, fueron paralizadas por el Ayuntamiento de Madrid, cuando la Junta Municipal de Salamanca, el barrio madrileño del inmueble, decidió investigarlas ante las reiteradas quejas de la comunidad de vecinos de la finca por el estruendo y otras molestias que la Tesorería General de la Seguridad Social, propietaria del inmueble desde febrero de 1986, estaba provocando. Así que entraron los inspectores de obras enviados por la Junta y colgaron el cartel "Precintado", prohibiendo el acceso al Bajo tanto por la enorme puerta acristalada de la calle, como por la pequeña entrada interior del portal núm. 14. Las razones son muy sencillas, según responsables del organismo municipal, "o la Seguridad Social no tenía permiso de obras o no tenía permiso de actividad [laboral o de otro tipo] o carecía de ambos". Hoy, esta institución dependiente del Ministerio de Trabajo asegura que ya tienen todas las autorizaciones en regla para continuar la habilitación, aunque la semana pasada el cartel de "Precintado" con la prohibición expresa de reanudar las obras seguía adherido a ambas puertas.

Sin embargo, el precintado decretado por el Ayuntamiento de Madrid no constituyó un impedimento para que siguiese la rehabilitación de la Entreplanta destinada a vivienda –se había tenido tiempo de tapiar la escalera e independizar la parte de arriba del local de la de abajo–, y "ya vivienda desde agosto", según fuentes de El Siglo de extraordinaria solvencia. Efectivamente, y además, una fuente Construcciones Escalera, S.L. ha confirmado el fin de la rehabilitación, asegurando que únicamente hace unos 20 días se procedió a un ajuste del suelo, puesto que éste es de tarima flotante y siempre suele precisar algún arreglo. ¿Qué se oculta tras la suntuosa puerta blindada de color azul cielo provista de cámara de seguridad para identificar al visitante? Según la Seguridad Social, lo de la vivienda "es mentira" y las obras se hicieron para "despachos". Según una persona de Construcciones Escalera, S.L, "sí que hay una zona de estudio o despacho, pero para el inquilino, porque el resto se ha habilitado para que viva alguien, alguien importante". Y se ha acondicionado con más de dos dormitorios y más de un baño y un aseo, aparte de todo lo imprescindible para una vivienda, salón, cocina,… "Todo de lujo", matizan en la constructora, lo que corrobora la cifra aproximada de dinero destinado a la obra de acondicionamiento: entre 50 y 60 millones de pesetas, incluso más, pues "fue todo tan rápido" que las facturas para dar cuenta del presupuesto total aún no están revisadas y ordenadas.

El secretismo que envuelve esta vivienda, a la que El Siglo ha pedido acceder, sin serle concedido, además de solicitar hablar con el supuesto protagonista del misterio, el secretario de Estado, Gerardo Camps, también sin éxito (ver documento de esta misma página), lo agudiza un dato tan obvio como es la superficie de la vivienda. Así, el Registro de la Propiedad (ver documentos de la página siguiente), junto a los metros cuadrados del local Bajo (887,19 m2) recoge la existencia de la entreplanta, pero que "ocupa una superficie de 161 metros 17 decímetros cuadrados [161,17 m2]", cuando, en realidad, tanto Construcciones Escalera, S.L. como la propia Seguridad Social aseguran que la entreplanta tiene una superficie de más de 300 m2. La posibilidad, entonces, pasa por haber aunado la superficie de 161,17 m2 con la entreplanta del local garaje de la finca núm. 16 de la calle Conde de Peñalver, también propiedad de la Tesorería General de la Seguridad Social y con la cual, según consta en el Registro de la Propiedad, "linda por la izquierda". Otra posibilidad hubiera sido unir la polémica entreplanta del Local 1, finca núm. 14, con la entreplanta del Local 2 de la misma finca, pero la Tesorería General de la Seguridad Social vendió este local íntegro a Inmobiliaria del Principado Rey Pelayo, S.A. en 1995 y ésta, a su vez, desde 1998, lo tiene arrendado a Banco Español de Crédito, S.A.

A pesar de todo, la idea del valor del total de inmueble (Sótano, Bajo y Entreplanta), sin rehabilitar, lo da el Valor Catrastal que figura en el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), de octubre de 2001, que alcanza los 85.924.934 pesetas, una cifra que siempre es bastante inferior a la del valor real.

La Seguridad Social, refutando involuntariamente a una fuente de la empresa Construcciones Escalera, S.L., a la cual, sin embargo, ella misma le encargó la obra de rehabilitación del inmueble, sostiene con toda rotundidad que el Bajo de éste será destinado a reuniones del Consejo del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) y en la entreplanta sólo hay, y se podrían emplear como tales, despachos destinados al personal de la administración. Para explicar el enigma del derrumbe y desaparición de la escalera que comunicaba el Bajo con la Entreplanta, la administración competente asegura que se hizo para que, en un futuro, pueda existir una doble utilidad del inmueble y la entreplanta pueda ser enajenada. Para la institución que encabeza Gerardo Camps, aunque dicha entreplanta "tenga apariencia de vivienda, no va a ser usada como tal y nadie va a vivir allí". La cuestión, que avala con sus argumentos la empresa constructora, es que este inmueble no puede parecer una vivienda, sin rehabilitación mediante encargada como tal, porque antes de las obras, cuando comunicaba con el Bajo por la desaparecida escalera, no lo era, y así figura en el Registro de la Propiedad: "(…) Está distribuida en nave de trabajo, despacho y aseos", o sea, difícilmente servible como hogar.

Fuentes oficiales de la Seguridad Social, aparte de desmentir tajantemente que su secretario de Estado vaya a establecer su domicilio particular en la entreplanta izquierda de Conde de Peñalver, 14, sostienen que éste "ya tiene su vivienda en Madrid, a la que acude de lunes a jueves, cuando el trabajo no le requiere quedarse, pasando el fin de semana en Valencia con su familia", su mujer y sus dos hijos. Sin embargo, también de forma oficial, en la Seguridad Social recuerdan que, aunque no va a ser el caso, "el secretario de Estado podría haber vivido ahí, ya que no existe una normativa que lo prohíba". Efectivamente, no existe una ley que regule el derecho a vivienda por cuenta de la Administración de los altos cargos del Gobierno del Estado, aunque, según ha podido saber esta revista de fuentes oficiales (ver La laguna legal de las casas oficiales), ningún secretario de Estado dispone de vivienda oficial y únicamente algunos ministros, aparte, claro está, del presidente del Gobierno, habitan las dependencias del Ministerio –no todos la tienen– acondicionada para vivienda.

Precisamente, ante la carencia de una normativa reguladora para tener o no vivienda a cuenta del Estado, salvando aquéllas pertenecientes a las Fuerzas de Seguridad, la diputada del Grupo Parlamentario Socialista, Mercedes Gallizo, presentó en noviembre de 2001 una serie de preguntas ante la Mesa del Congreso de los Diputados que, hasta el cierre de esta edición, no le habían sido contestadas y que, según las citadas fuentes de El Siglo, provocaron "un gran nerviosismo" en las altas esferas de la Seguridad Social, pues creyeron que la pregunta se hacía por el asunto de la supuesta vivienda de Gerardo Camps en Conde de Peñalver, aunque finalmente se quedó en una casualidad. Gallizo pretende  advertir de una situación que "todos sabemos que existe, que puede ser una tremenda injusticia y que no está regulada". En concreto, la diputada manifestó su deseo de saber si existía "un censo de viviendas propiedad de la Administración y que estén ocupadas por funcionarios públicos u otras personas", cuántas eran, "en base a qué normativa se mantiene la cesión de viviendas de titularidad pública" para uso particular o si por esta utilización, la Administración percibe "alguna cantidad en concepto de alquiler", así como la necesidad de saber "qué medidas piensa tomar el Gobierno para adecuar los efectos que produce la existencia de esta situación a la realidad de la Administración pública actual".

La laguna legal de las casas oficiales

La regulación de la asignación y el uso de las viviendas oficiales que pueden disfrutar los diferentes altos cargos del Estado es un problema antiguo y aún no resuelto. Lejos de existir una legislación genérica, en estos momentos las principales instituciones y los ministerios se autorregulan según las necesidades específicas de los titulares de cada cartera y de las propias infraestructuras de las que gozan sus sedes. Esta laguna legal ha dado lugar a diferenciaciones entre cargos del mismo rango y a problemas como el descrito en estas páginas: que un organismo público pueda sufragar una vivienda de lujo a uno de sus altos cargos sin que eso suponga ilegalidad alguna.

A este respecto, el pasado 6 de noviembre de 2001, la diputada socialista Mª de las Mercedes Gallizo realizó una pregunta parlamentaria que recogía las cuestiones más frecuentes que suelen hacerse sobre el tema: ¿existe un censo de viviendas de la Administración ocupadas por funcionarios públicos?, ¿de quiénes dependen las mismas?, ¿qué norma las regula? A la espera de que el Gobierno dé respuesta a la cuestión, El Siglo se ha planteado describir al menos el actual panorama de las viviendas de titularidad pública para altos cargos. Haciendo un rápido recorrido por los organismos e instituciones del Estado, sólo los presidentes del Congreso y del Senado y algunos ministros disponen de residencias oficiales. Aunque antiguamente algunos secretarios de Estado –por ser de fuera de Madrid–, dispusieron de este tipo de dependencias, lo cierto es que ahora –según afirman fuentes ministeriales– todos y cada uno de ellos tienen casas particulares. En lo que se refiere a los presidentes de las Cámaras y los ministros, se dan todo tipo de combinaciones: que no tengan casa oficial, que la tengan dentro del ministerio o fuera, que teniéndola no quieran utilizarla, etc.

La presidenta del Senado, Esperanza Aguirre, forma parte de esta última categoría (la casa que le corresponde por su cargo, cerca de Ciudad Universitaria, está vacía sencillamente porque no desea habitarla), mientras que su homóloga en el Congreso, la zaragozana Luisa Fernanda Rudi, decidió habitar una en el centro de la capital que el Congreso compró en la época de Félix Pons, después de consultar si podía hacerlo en un piso particular y recibir la respuesta de que por motivos de seguridad era mejor vivir en la del Congreso.

En cuanto a los distintos ministerios, cada uno tiene su propio reglamento o su propia práctica al respecto, aunque dos factores fundamentales marcan las diferencias entre unos y otros: las infraestructuras de cada ministerio y el lugar de origen de los titulares de la cartera. Hay ministerios, como Presidencia, Defensa, Interior, Hacienda, Trabajo o Agricultura que disponen de una parte destinada a vivienda (en el último de los casos, de reciente construcción). De todos ellos, sólo los titulares de Trabajo –Juan Carlos Aparicio– y de Agricultura –Miguel Arias Cañete– disfrutan de la misma. Otros, como el de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, tienen casa oficial, pero fuera del ministerio. El resto, según indican estas fuentes, no disfrutan de ninguna residencia adscrita a los organismos que dirigen.

Un caso especial es el del Ministerio de Administraciones Públicas: ministro y secretarios de Estado viven en domicilios particulares, y sin embargo, la mayoría de los delegados y subdelegados de Gobierno disfrutan de viviendas en sus respectivas sedes oficiales en cada autonomía y provincia.

La falta de legislación al respecto ha provocado varios escándalos de alcance público protagonizados por altos cargos que tras disfrutar de viviendas oficiales merced a su responsabilidad, no quisieron abandonarlas al salir del cargo. Es el caso del actual fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, que mantuvo paralizado el relevo en su anterior cargo (fiscal jefe de la Audiencia de Bilbao) no queriendo abandonar la residencia oficial que le correspondía. Lo mismo le ocurrió a un actual asesor de Aznar en La Moncloa, Alfredo Timmermans, al que, como reveló El Siglo en su momento, también le costó abandonar el piso que le tocaba como director del Colegio Mayor Universitario Diego de Covarrubias al ser elegido concejal por el Ayuntamiento de Madrid, propiciando el que su sustituto en el colegio tuviera que habitar en una de las habitaciones destinadas a estudiantes.

Por F. N. A.

Actitud torticera

La elaboración de este reportaje, lejos de contar con las facilidades que, en aras de la información veraz, deben de darse desde cualquier entidad, máxime si ésta es una Secretaría de Estado, y nada menos que de la Seguridad Social de todos, no ha contado más que con trabas y con el despliegue de una cortina de humo sobre la información solicitada. Con todos los datos en su poder, El Siglo se puso en contacto con la Secretaría de Estado de la Seguridad Social para conocer su versión y, en concreto, la del alto cargo directamente implicado en la información. La sucesión de incoherencias y contradicciones fue la siguiente:

—Respecto a si el secretario de Estado, Gerardo Camps, va a vivir en la Entreplanta izquierda de la calle Conde de Peñalver, 14, la Seguridad Social lo niega: allí no va a vivir nadie y en ese piso sólo hay despachos y salas de juntas para que se reúnan máximos responsables de esta institución, al parecer, por falta de sitios en donde hacerlo.

—Sin embargo, según una fuente de la empresa constructora que rehabilitó el inmueble y después de comprobaciones in situ, El Siglo se ratifica en sus informaciones sobre que se trata de una vivienda de lujo. Esta revista solicita entonces reiterada e infructuosamente hablar con Gerardo Camps, el supuesto futuro inquilino.

—La Seguridad Social vuelve a negar que la entreplanta sea una vivienda. Su coherente sucesión de argumentos fue: 1º. Sólo son despachos; 2º. Parece una vivienda porque es lo que era antes de la rehabilitación –falso, según el Registro de la Propiedad–, y 3º. Parece una vivienda, pero no lo ha sido, ni lo es, ni lo será.

—Ante la tajante negativa, que contradice nuestra certeza, El Siglo pide ver el piso –un bien público de la Administración del Estado– para comprobar la información. Otro "no" es la respuesta

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