OPINIÓN E IMAGEN

EL PP CONTRA CELIA: DEMASIADO ‘ROJA’  PARA ARENAS

6.05.02

La ministra de Sanidad se ha empeñado en airear sin tapujos su supuesto estigma socialdemócrata y, lo que es peor, intentar plasmarlo en la gestión de su departamento bloqueando la reforma de la Ley General que le piden en su partido. Pero el sector liberal del PP, partidario de la privatización en la sombra de la Sanidad y encabezado por un Javier Arenas indiscutiblemente fiel a los preceptos de Aznar, no va a consentirlo y ha desplegado una estrategia a varios bandos que culminaría con la caída política de la ex alcaldesa de Málaga

La calculada operación del Gobierno para privatizar la Sanidad incluye la defenestración de Celia Villalobos" y para ello, según una fuente muy cercana a este Ministerio, el sector "más liberal" del Partido Popular, con Javier Arenas a la cabeza, se ha puesto de acuerdo para desgastar a la ministra y frenar sus veleidades socialdemócratas, como la "tozudez", que según algunos populares demuestra la ministra al no admitir bajo ningún concepto la modificación de la Ley General de Sanidad, que data de 1986. En esta línea de bloqueo a Celia Villalobos estuvo la última reunión convocada por el secretario general del PP, Javier Arenas, y la coordinadora de Participación y Acción Sectorial, Ana Mato, que reunieron en el Congreso de los Diputados a parlamentarios y consejeros populares afines a Sanidad para tratar de llegar a un acuerdo sobre las directrices que deben regir la Ley de Coordinación, una norma que, cuatro meses después de la realización de las transferencias sanitarias a las comunidades autónomas y transcurridos dos meses del plazo límite que se había dado la ministra para terminarla –febrero de 2002-, todavía no ha visto la luz.

Con esta cita parlamentaria, a la que Celia Villalobos acudió, aunque se mantuvo en un segundo plano, el secretario general del PP, Javier Arenas, decidió tomar las riendas del debate sanitario sobre la Ley de Coordinación un día después de que los consejeros de Sanidad de las seis comunidades autónomas de gobierno socialista dejaran plantada a la ministra tras abandonar la reunión del Consejo Interterritorial, que conforman los consejeros de Sanidad de todas las regiones y la titular del Ministerio. El PSOE, que al fin y al cabo es oposición, mostraba así su rotundo rechazo a la intención del departamento de Sanidad de encomendar a los colegios profesionales de médicos, enfermeros y farmacéuticos la acreditación de la formación continua de los sanitarios, algo que para los socialistas debe ser competencia del Consejo Interterritorial.

"Hasta cierto punto, aunque no de forma tan contundente, es normal que el PSOE se muestre disconforme. Ya es más grave, sin embargo, que el propio PP actúe de la misma forma", observan en el entorno de Sanidad. Y es que, efectivamente, el día anterior, según constataba el diario La Razón citando fuentes del Ministerio, la titular de Sanidad invitó a los responsables regionales de su partido a celebrar un almuerzo para definir la estrategia con la que rebatirían al PSOE en el Consejo Interterritorial del día siguiente, lunes 15 de abril. La ministra, contra lo esperado, obtuvo un rotundo fracaso de convocatoria y, según el citado periódico, sólo acudieron al almuerzo los consejeros de Salud de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo; el de Cantabria, Jaime del Barrio, y el viceconsejero de la Xunta de Galicia.

¿A qué responde este afán denodado de Javier Arenas por apartar a Celia Villalobos de las funciones que le son propias como ministra de Sanidad? Para los que conocen a ambos, y certifican la tirantez de sus relaciones personales desde que la ex alcaldesa de Málaga fue nombrada ministra de Sanidad al iniciarse la segunda legislatura del PP en el Gobierno, la cuestión estriba en la diferencia de criterio a la hora de abordar la política sanitaria. Y es que las confesas directrices socialdemócratas de Celia Villalobos chocan estrepitosamente con las medidas liberalizadoras que el PP pretende que ejecute el Ministerio de Sanidad y que facilitarían la privatización del sector. Estos deseos de privatización, según la secretaria de Políticas Sociales y Migratorias de la Ejecutiva del PSOE, Consuelo Rumí, los ha dejado patentes el presidente del Gobierno, José María Aznar, cuando visitó la semana pasada el hospital de La Ribera, en la localidad valenciana de Alzira, y elogió el sistema de gestión del mismo asegurando que "marca un camino, una tendencia, una señal y un modo de resolver las cosas muy positivo para el sistema sanitario español". Para Consuelo Rumí, en cambio, "no hay mejor modelo de sanidad privada que el hospital de La Ribera, así que el señor Aznar nos ha mostrado con total claridad cuál es su elección", la sanidad privada. "Lo que el presidente no dijo –continúa Rumí– es que los trabajadores de La Ribera, con contratos privados, trabajan en condiciones muy inferiores a las de los funcionarios públicos, con sueldos mucho más bajos, con jornadas laborales imposibles… Ése es el modelo de gestión".

El Hospital de La Ribera se inauguró en 1999 y se presentó como una experiencia pionera de colaboración entre los sectores sanitarios público y privado, a través de la cual, el centro es gestionado por una empresa privada durante el periodo de la concesión. Además, el 80% de los trabajadores de este hospital valenciano tienen contrato laboral con la empresa y el 20% restantes son trabajadores dependientes de la Consejería de Sanidad de la Generalitat de Valencia, que, a su vez, paga al hospital 34.000 pesetas anuales por cada uno de los 230.000 habitantes del área de salud que atiende, una cantidad que se revisa cada año de acuerdo con el IPC.

Asimismo, se ha tildado de "privatización encubierta" la gestión futura como empresa pública perteneciente a la Comunidad de Madrid del hospital de Fuenlabrada, cuyas obras está previsto que finalicen en 2003. La oposición regional asegura que el presidente madrileño, Alberto Ruiz-Gallardón, no consultó a nadie sobre cuál debiera ser el modelo de gestión de este centro sanitario para poder ejecutar la "trampa para privatizarlo", según el alcalde de esta localidad, José Quintana. Cuatro son las fórmulas posibles de gestión: la tradicional de la Seguridad Social, la de empresa pública, la de organismo autónomo, la de fundación y la de fundación pública.

Durmiendo con tres enemigos. La situación por la que atraviesa la ministra de Sanidad no es nada placentera. De hecho, aparte de las duras críticas que Celia Villalobos tiene que soportar de la oposición, según la responsable socialista de Sanidad, Consuelo Rumí, por su "negligencia al saltarse alegremente las normas del sistema", la ex alcaldesa de Málaga batalla todos los días con los enemigos de casa, que, a decir popular, suelen ser los peores: varios miembros de la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, la Secretaría General del Partido Popular, que encabeza Javier Arenas y que tiene su ariete particular en la joven promesa del clan de Becerril y consejero de Sanidad madrileño, José Ignacio Echániz, y el delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda, que según todas las fuentes consultadas que corroboran así un secreto a voces, ansía el puesto de Celia Villalobos y "trabaja en la sombra con ahínco para desprestigiar la labor de la andaluza" y darse la posibilidad de optar, una vez más, al puesto de ministro si José María Aznar acomete la esperada "crisis de Gobierno" prevista para el mes de julio, siempre y cuando no se cumplan los intereses que fuentes muy cercanas a La Moncloa le achacan al Gobierno Aznar y que supondrían la absorción de las competencias del departamento de Sanidad por parte del Ministerio de Administraciones Públicas, ahora que el proceso de transferencias sanitarias a las comunidades autónomas ha concluido. "Eso sería una barbaridad –sostiene la responsable socialista de Políticas Sociales e Inmigración, Consuelo Rumí–. ¿Y qué harían con el Ministerio de Educación? ¿Anularlo también? Hablamos de dos derechos fundamentales de la ciudadanía".

Los rifirrafes internos que tienen lugar en el Partido Popular y en sus órganos de Gobierno, y que conciernen a asuntos sanitarios en los que la gestión de la ministra es cuestionada cada vez con mayor frecuencia, traspasan los muros de contención de la sede central de Génova o del Ministerio de Sanidad, filtrados, según apuntan desde este entorno, por el sector de Arenas, "brazo ejecutor de los designios de Aznar" o por algunos miembros populares de la comisión sanitaria del Parlamento, hartos de la inoperancia y el caos que rigen las actuaciones de Celia Villalobos. En cualquier caso, no deja de chocar que sea el partido el que se encargue de tomar las riendas en el asunto de la Ley de Coordinación de Sanidad en lugar del departamento estatal o, en ausencia probada de la eficacia de éste, del Ministerio de la Presidencia, tal y como ocurrió con el caso de las vacas locas, durante el cual, a falta de entendimiento entre los Ministerios competentes, Agricultura y Sanidad, Aznar puso al frente del problema al entonces titular de Presidencia, Mariano Rajoy.

"La situación de los parlamentarios afines a Villalobos es realmente digna de lástima", comentan desde este ámbito: la ministra de Sanidad prometió tener lista la Ley de Coordinación en febrero de 2002, dos meses después de que concluyese el proceso de transferencias a las comunidades autónomas, y a principios de mayo aún no está terminada; el PSOE presentó su propuesta para esta Ley el pasado 6 de febrero y los miembros populares de la comisión de Sanidad ya no saben qué contestar cuando les preguntan por la suya. "¿Qué van a decir? ¿Que su ministra es incapaz de conciliar a los consejeros de Sanidad de su propio signo político, que no aceptan sus propuestas socialdemócratas y abogan por la modificación de la Ley General de Sanidad?", sostienen en la oposición. Al parecer, al propio presidente de la Comisión de Sanidad, al popular Feliciano Blázquez, le hierve la sangre cada vez que comparece la ministra "porque no hay criterio por parte de ésta ni compasión por parte de la oposición; Blázquez se desespera". Por esta razón, seguramente, algunos diputados del PP que integran la comisión sanitaria, decidieron filtrar el pasado mes de marzo al diario La Razón –"vocero del sector liberal anti-Villalobos", según conocedores de estas filtraciones– un informe que estaba en su poder y que aseguraba que Villalobos sólo había cumplido "5 de las 62 promesas electorales del PP en Sanidad".

El informe, desde luego, no tiene desperdicio: La Razón sostiene que el documento al que ha tenido acceso cifra "el cumplimiento de las propuestas electorales por parte de Celia Villalobos y su equipo en un porcentaje ínfimo. De las 62 promesas de corte sanitario que formuló el PP a los ciudadanos en 2000 –continúa–, el departamento de la malagueña ha cumplido sólo cinco, aunque la autoría de tres de ellas corresponde en realidad a otros ministerios como Hacienda, Economía o Administraciones Públicas", las relativas a la suficiencia financiera del sistema de salud a través del acuerdo de financiación y una, referente a las transferencias a las comunidades autónomas, dirigidas por el ministro de Administraciones Públicas, Jesús Posada.

Pero si hay alguien que, en su propia casa, le quita el sueño a la ministra es, sin duda, el consejero de Sanidad de la Comunidad Autónoma de Madrid, José Ignacio Echániz. Los enfrentamientos entre la responsable estatal de Salud y su homólogo regional son de sobra conocidos, aunque miembros de su entorno aseguran que "Echániz sólo es la cabeza visible del cuerpo privatizador del PP, que lidera Arenas y, en último término, el presidente del Gobierno". El último enfrentamiento del consejero madrileño y la ministra de Sanidad tuvo lugar no hace mucho, el pasado martes 16 de abril, durante la reunión antes citada y que convocó Javier Arenas con la coordinación de Ana Mato para fijar las líneas de la Ley de Coordinación sanitaria que, ateniéndose a las promesas de la ministra, debería haber estado concluida el pasado mes de febrero.

Sin embargo, y José Ignacio Echániz así se lo echó en cara a la ministra, la única norma de Coordinación que vieron las Cortes fue la del PSOE, aprovechando el consejero de Sanidad este hecho para criticar la ineficacia del departamento de Villalobos. Además, Echániz le propuso a la ministra que, al mismo tiempo que se elaboraba la norma en cuestión aprovechase para solventar algunas deficiencias de la Ley General de Sanidad y la sometiese a una reforma. Pero la ministra no sólo le dio una rotunda negativa, sino que se reafirmó en su socialdemocracia practicante y negó su talante neoliberal. Además, ironizó sobre los supuestos deseos de ocupar su puesto que tiene el consejero de Madrid, tal y como se comenta por algunos mentideros políticos, asegurando que debería pedirle a Aznar que la cesase y pusiese a Echániz en su lugar.

No era la primera vez que el responsable de la salud de los madrileños emprendía una batalla dialéctica con Celia Villalobos, pues ya el día anterior a la reunión interna del PP, durante la celebración del Consejo Interterritorial que abandonaron los consejeros socialistas, José Ignacio Echániz le echó en cara a la ministra su falta de iniciativa para frenar el gasto farmacéutico, "irrespirable", en palabras del consejero madrileño y que ascendió a más del 13% durante los meses de enero y febrero de 2002, frente al incremento del 7,9% del cierre de 2001. Villalobos, secundando las razones de los responsables de la farmaindustria, alegó que el crecimiento de este gasto se debió al elevado consumo de analgésicos, antibióticos y antiinflamatorios.

Pero si la ministra de Sanidad despliega su sarcasmo con presuntas ambiciones ministeriales, en este caso, de José Ignacio Echániz, no debería perder de vista al sempiterno aspirante a trepar al sillón que ella ocupa, el mal ubicado, según creencia de un amplio sector de su propio partido, delegado del Gobierno para la Inmigración, Enrique Fernández-Miranda. Para algunas fuentes del entorno de Villalobos, el ex vicepresidente del Congreso de los Diputados sigue convencido de que es él quien debe portar la cartera de Sanidad, así que trabaja con especial énfasis en la operación contra Villalobos, para lo cual emplea todas sus influencias, las cuales se le sitúan, fundamentalmente, en el ámbito de la medicina privada. Enrique Fernández-Miranda, azote de Javier Solana durante la etapa de éste como ministro de Educación, aspiró a un puesto en el Gabinete Aznar desde que el PP ganó las primeras elecciones en 1996 y ese deseo se concretó con más fuerza en 2000 cuando sonó como posible titular de Sanidad. Sin embargo, los deseos por convertirse en ministra de Celia Villalobos, avalados por la deuda que Aznar mantenía con el marido de la entonces alcaldesa de Málaga, Pedro Arriola, por su impagable labor como asesor del PP, frustraron, al parecer, los deseos de Fernández-Miranda, que tuvo que conformarse con la delegación del Gobierno para Inmigración, que, aunque posee el rango de Secretaría de Estado, al ex vicepresidente del Congreso de los Diputados le supo a poco y, según apunta la responsable de este sector en el PSOE, Consuelo Rumí, "pocos brillos le ha reportado durante la explosión de esa Ley de Inmigración tan maravillosa que iba a ser la popular y que no ha frenado para nada dramas como la llegada en pateras de extranjeros a las costas españolas".

Trabas y más trabas. Los encontronazos de la ministra de Sanidad no se limitan, como algunos creen, al silencio que le aconsejan sus compañeros de Gabinete que mantenga en ciertas cuestiones, incluso relativas a sus propias competencias como responsable de Sanidad, después de declaraciones tan celebradas por los medios de comunicación y la opinión pública como las que sugerían hacer caldos sin espinazo de ternera durante la crisis de las vacas locas o acudir al médico de cabecera cuando uno se sienta mal en la etapa de temor generalizado a los atentados biológicos con ántrax, tras los ataques del 11-S contra las Torres Gemelas de Nueva York, entre otras.

Entonces, Celia Villalobos dejó translucir sus tirantes relaciones con el ministro de Agricultura, el también andaluz Miguel Arias Cañete -con el que, según sus allegados, ahora ni se habla-, durante la crisis de las vacas locas, el año pasado. El desencuentro entre ambos titulares fue tal que tuvo que ser Aznar quien mediase poniendo al frente de la coordinación del problema al entonces ministro de la Presidencia y "hombre para todo", Mariano Rajoy.

Sin embargo, ya anteriormente, en junio de 2000, la ministra de Sanidad se sintió ninguneada por sus compañeros de Gobierno, en concreto por los responsables de Economía y Hacienda, Rodrigo Rato y Cristóbal Montoro, cuando el Gobierno trabajó y aprobó sus medidas económicas liberalizadoras con los objetivos, según sostuvieron, de consolidar el crecimiento económico, impulsar la creación de empleo y frenar la inflación. Parte de estos decretos, sin embargo, atañían al gasto farmacéutico que debía ser reducido irremediablemente recortando los beneficios del sector en unos 240 millones de euros. Rato y Montoro elaboraron las medidas sin contar apenas con el criterio de Celia Villalobos, que en su círculo de íntimos manifestó su descontento porque no se consultara su opinión y únicamente reveló públicamente su apuesta rotunda por el consumo de medicamentos genéricos.

El último agravio a la ministra, sin embargo, le ha llegado de un departamento tan alejado del suyo como es el que gestiona Anna Birulés. Así, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha creado un Comité Asesor de Ética de la Fundación de Ciencia y Tecnología que vacía de contenido la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, dependiente del departamento de Sanidad. Y es que, como preguntó el portavoz de Sanidad del Grupo Mixto, Carlos Aymerich (BNG), el pasado 17 de abril: ¿Dónde está la delimitación de las competencias en la cuestión de los embriones congelados entre el Comité de Ética y la Comisión de Reproducción? La respuesta de Birulés, sin embargo, según fuentes parlamentarias, reforzó la idea de que ambos órganos representan esencialmente lo mismo y, en realidad, "alguien acaba de meterle un nuevo gol a la ministra Villalobos".

6.05.02


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