OPINIÓN E IMAGEN

El ‘pelotazo’ frena a Simancas

Demasiado dinero en juego. Rafael Simancas y su futuro gobierno habían asustado a los principales poderes económicos de Madrid. Su anunciada revisión del número de viviendas permitidas en la operación Chamartín o en los nuevos barrios de la capital, su intención de reducir el número de festivos que pueden abrir las grandes superficies además de frenar su proliferación, su declaración contra las carreteras radiales de peaje, ya en construcción, que había planificado el PP, o su promesa de cambiar la Ley del Suelo habían inquietado a unos sectores que, sólo con la revalorización de los terrenos donde Álvarez del Manzano y Ruiz-Gallardón les estaban permitiendo construir, se iban a llevar más de 20.000 millones de euros en los próximos años.

Por Inmaculada Sánchez

E l viernes día 6, cuatro días antes de que dos diputados socialistas hasta entonces desconocidos abortaran la prevista llegada a la presidencia de la Comunidad de Madrid de Rafael Simancas, otro diputado socialista de la misma Asamblea madrileña coincidía con el gerente de una importante empresa de la región. “¿No creerás que vais a gobernar finalmente?”, le dijo, y ante la sorpresa de su interlocutor añadió: “Están muy asustados y se está moviendo de todo, hasta dinero, para que, por el medio que sea, no gobierne el PSOE en la Comunidad”.

El socialista, acostumbrado a tratar a dirigentes empresariales, no dio más importancia a una conversación que enmarcó entre la broma y la exageración. Días más tarde comprendió que su conocido le había transmitido, también sin medir cabalmente su alcance, un ambiente y un rumor que circulaba en determinados despachos del mundo económico madrileño.

Otros funcionarios de la autonomía madrileña ya manejaban datos sobre el nerviosismo reinante en algunos sectores desde que el 25-M arrojó una mayoría para un pacto PSOE-IU. Según una fuente directa del servicio en el que se tramitan las licencias de construcción, éstas estaban siendo aceleradas en los últimos días ante la próxima llegada de un Gobierno de signo contrario al actual. Casualmente, la misma fuente señala al municipio serrano de La Cabrera como uno de los que más licencias había visto aprobadas recientemente. Eduardo Tamayo, uno de los diputados traidores, tiene en esta localidad terrenos o negocios, a través de su empresa Losa Morilla, según las informaciones conocidas estos días y no desmentidas por su protagonista.

“Demasiado prudente ha sido en la campaña”, dicen unos. “Se ha lanzado con la pureza del discurso y ha pisado callos innecesarios”, afirman otros. Entre estas dos afirmaciones de sendos cargos socialistas con despacho en el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid, respectivamente, circulan dentro del partido las opiniones sobre la estrategia de comunicación de Rafael Simancas, al margen de su responsabilidad sobre la presencia de los tránsfugas en su lista electoral, en lo que hay mayor coincidencia. 

Lo que es un  hecho es que el panorama de enriquecimiento especulativo que las políticas del PP habían instalado en Madrid durante sus años de gobierno suma unas cifras que nunca hubieran provocado este terremoto de intereses si correspondieran a cualquier otra autonomía del país. Según datos de analistas independientes, como TINSA (Tasaciones Inmobiliarias S.A.), la provincia de Madrid encabeza el ránking nacional de crecimiento anual de los precios de la vivienda, cercano al 30% en los últimos años.

“Pasada una década habrá una serie de instituciones que serán muchos más ricas gracias a estos planes”, había dicho a El Siglo Matilde Fernández, concejala socialista en la anterior corporación y azote de la política urbanística de Álvarez del Manzano, hace unos meses. Esos planes a los que se refiere la ex ministra se nutren del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la capital, aprobado por el PP en 1997, y que prevé la construcción de 360.000 viviendas nuevas planificando y recalificando hasta el último centímetro cuadrado del término municipal, una política de la que El Siglo ha alertado en numerosas ocasiones (Ver en el nº 364 de mayo de 1999 Madrid, capital del pelotazo,y, más recientemente, en el nº 534 ¡A forrarse! La política de vivienda del PP, eje del ataque socialista para las municipales).

A esas 360.000 viviendas, repartidas en lo que se han llamado “nuevos crecimientos de Madrid”, o PAUs (Planes de Actuación Urbanística), que alumbrarán nuevos barrios en lo que hasta ahora era el cinturón verde que rodeaba la mole de viviendas de la ciudad, hay que sumar la conocida operación Chamartín, con 24.000 viviendas nuevas previstas dentro del casco urbano, o la operación de Valdebebas, lo que iba a ser la “Casa de Campo del Este” y a la que una modificación del citado PGOU ha adjudicado la construcción de otras 12.000. En total, cerca de 400.000 viviendas cuya plusvalía media para quien ahora sea dueño de los terrenos cifra el PSOE en unos 60.000 euros por cada casa, “tirando por lo bajo y reconocida esta cifra dentro del sector inmobiliario”, en palabras de un técnico del grupo municipal. ¿De cuánto dinero, pues,  estamos hablando? De bastante más de 20.000 millones de euros, siendo prudentes y sin contar el negocio de la construcción puro y duro.

Simancas había sido muy claro en su campaña. Su promesa de cambiar la Ley del Suelo aprobada en julio de 2001 por Ruiz-Gallardón y que daba cobertura a la política urbanística desarrollada desde el Ayuntamiento tenía un objetivo: “Penalizaremos a través de la nueva ley a los promotores que retengan terrenos para lograr su revalorización durante más de un año. Nunca más se decidirán los planes urbanísticos de Madrid en los despachos de los más poderosos”, dijo en mayo.

Entre sus planes también se incluía que un 50% de las viviendas nuevas fueran de protección oficial o que una unidad de inspección publicara una lista con los datos de promotores y constructores, incluidas sanciones o sentencias condenatorias si las hubiere, para inaugurar una nueva época de transparencia en el mercado.

La capacidad de maniobra del nonato gobierno de Simancas en materia urbanística, no obstante, estaba limitado por el triunfo de Alberto Ruiz-Gallardón en el Ayuntamiento de la capital. A pesar de ello, en el equipo del candidato socialista, donde no se habían hecho falsas ilusiones sobre las posibilidades de Trinidad Jiménez, han mantenido sus mensajes aun sabiendo que todos estos planes requerirían de buenas dosis de negociación y cintura política en una cohabitación que tanto Gallardón como Simancas iban a querer utilizar como gancho de cara a las generales: Madrid es, para los grandes partidos, su escaparate básico.

Para esta difícil convivencia, Simancas y los suyos contaban con un arma fundamental que conocen bien todos los que se mueven en el mundo de lal construcción: la Comunidad debe aprobar cualquier modificación del PGOU de Madrid y algunas de las grandes empresas anunciadas en su campaña por el ya alcalde y todavía presidente en funciones requerirían  puntuales alteraciones del mismo. Por ejemplo, el que se presenta como el próximo proyecto estrella de Gallardón: el soterramiento de buena parte de la primera circunvalación de la capital, la conocida M-30, hace años absorbida por el creciente casco urbano de Madrid.

“Gallardón prometió a las grandes constructoras que las tuneladoras seguirían funcionando y cualquier cosa que suene a que pueden pararse les pone de los nervios”, apunta una fuente socialista. Este informante señala a la obra que ha sido emblema de la última legislatura de Ruiz-Gallardón en la Comunidad, la construcción del metrosur, una nueva línea circular que ha unido las principales ciudades del sur de Madrid en la mayor obra de ingeniería de Europa. La “broma”, a la que ningún alcalde del PSOE ha puesto pegas dadas las necesidades de comunicación de estos municipios, ha costado más de 900 millones de euros, a repartir entre ACS, Fomento de Construcciones y Contratas, Sacyr, OHL, Nexo, y Ferrovial, es decir, todas las grandes. “Florentino Pérez es el actual principal acreedor de la Comunidad”, ironiza un diputado socialista citando al presidente de ACS para ilustrar la dependencia del próximo Gobierno autonómico respecto de las constructoras. “Lo primero que hubiera tenido que hacer Simancas habría sido sentarse con ellas para negociar los plazos de la deuda, y ver qué les podía dar a cambio”, añade.

Posición tan ventajosa, sin embargo, no ha parecido calmar a los sectores empresariales, que seguían atisbando peligros para su futuro en un gobierno PSOE-IU en el que, además, iba a ser la coalición liderada por Gaspar Llamazares, y Fausto Fernández en Madrid, la que iba a controlar, con toda probabilidad, la crucial consejería de Vivienda de acuerdo con el pacto que estaban negociando. Otros negocios futuros también estaban en juego.

Quien iba a ser el próximo presidente de Madrid se había manifestado claramente contrario a la liberalizadora política comercial practicada por el PP hasta ahora. Ruiz-Gallardón había ido aumentando el número de festivos que pueden abrir los comercios en un año hasta los 21, cifra aplaudida desde las grandes superficies, cuyo crecimiento en la región ha sido un hecho durante los mandatos de los populares. Simancas había dicho que negociaría con todos, pero partiendo de la última cifra de festivos consensuada, es decir, 14. También había dicho que prefería “hacer escuelas a parques de ocio”, en clara referencia al permiso y aliento que el gobierno de Gallardón ha dado a la construcción de dos grandes centros de ocio y comercio en la región: el de la Warner, en el que Caja Madrid es socio destacado, y el de Xanadú, donde se ha construido la mayor pista cubierta de nieve artificial de Europa rodeada de cines, tiendas y restaurantes. “¿Cómo puede emplearse dinero público para hacer un parque de nieve en Arroyomolinos cuando a 100 metros de allí hay más de 60 niños estudiando en barracones?”, dijo Simancas en una de las más fáciles frases de su campaña.

El empuje a estos parques tampoco es ajeno a la construcción de las denominadas “radiales de peaje” de llegada a la capital y en contra de las que también se había manifestado el PSOE en la campaña. El parque de Xanadu, en concreto, lleva colapsando desde su reciente inauguración en abril, la nacional V, junto a la que se ubica, anunciando para los conductores un futuro mejor cuando se inaugure su “hermana” de pago. “Quiero negociar con el Gobierno y las constructoras para que esas radiales sean de acceso gratuito”, había sido otra de las atemorizantes frases del candidato socialista.

Y por si algún otro sector de la derecha necesitaba más alimento para su inquietud, Rafael Simancas también se había declarado partidario de dedicar todos los recursos autonómicos a la escuela pública contradiciendo el anuncio del último consejero de educación del PP, Carlos Mayor Oreja, de que Madrid sería una de las primeras autonomías en aplicar la Ley de Calidad de Pilar del Castillo y financiar el tramo de educación infantil entre 3 y 6 años en la escuela concertada. Y más: las experiencias inauguradas en determinados hospitales con gestión privada, como la Fundación Hospital Alcorcón, pasarían a mejor vida.

¿Una revolución? Para no pocos dirigentes socialistas que conocen las dificultades de la gestión y el porcentaje de los programas electorales que luego pueden llevarse a cabo, el gobierno de Simancas tampoco iba a poder poner patas arriba lo hecho por el PP, y menos con Gallardón en el ayuntamiento. El problema es que La Comunidad de Madrid, con sus millones de habitantes, situada a la cabeza del crecimiento económico del país y asumidas las transferencias de educación y sanidad, que han multiplicado su presupuesto hasta los 12.000 millones de euros, se presenta como la joya de la corona para no pocos sectores económicos en la que no se podía ceder ni un milímetro.

Así, al menos, parecieron entenderlo desde el principio quienes representan al empresariado de la región. La Confederación Empresarial Independiente de Madrid (CEIM) se ha volcado, como nunca, en contra del candidato del PSOE. Su propio presidente, Gerardo Díaz Ferrán, dueño de Viajes Marsan y de Spanair, llegó a protagonizar un incidente con Simancas del que luego hubo de disculparse: invitado por la patronal dentro de una ronda con los candidatos, su supo que había pedido a sus asociados antes de la llegada del dirigente socialista que, por cortesía, “no se levanten cuando empiecen a oír tonterías”.

Este detalle, sin embargo, sólo ilustra otros  de mayor calado. CEIM realizó en su día una encuesta previa a las elecciones en la que daba la mayoría absoluta a Esperanza Aguirre  apoyando una corriente de simpatía hacia la candidata del PP, en su última asamblea anual se escucharon explícitas alabanzas a la gestión económica de los gobiernos autonómico y central como nunca antes y en sus habituales informes de coyuntura algunos han querido ver claras intenciones de  crear un ambiente hostil a Simancas. Otras fuentes afirman que otros papeles, más atemorizadores frente al “peligro de un Gobierno socalista” habrían circulado por determinados despachos.  “La jornada de 35 horas anunciada por los socialistas de Madrid como objetivo a medio plazo es lo que más nerviosos les había puesto”, explica un dirigente sindical madrileño.

Ninguno de los consultados por El Siglo conceden credibilidad a la escena de un representante de una gran empresa con un maletín de recompensa para los diputados rebeldes y apuntan más al oscuro mundo de los intermediarios y las pequeñas empresas que circulan en torno a las sociedades con las que hacen sus negocios tanto Tamayo como José Luis Balbás, su jefe político. Sin embargo, el ambiente  hostil, el nerviosismo y las presiones contra el que iba a ser el futuro Gobierno de Madrid tienen un origen concreto y, por el momento, en él parecen encontrarse los grandes beneficiarios del escándalo

16.06.03


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