OPINIÓN E IMAGEN

¡A forrarse!

Pocas veces los especuladores de suelo han tenido el campo tan libre para forrarse como en los años de Gobierno del Partido Popular. Sobre todo en las capitales de provincia. En el PSOE no quieren desaprovechar la indignación popular por la escalada de precios de la vivienda y el equipo de Zapatero proyecta convertir la política urbanística de los alcaldes del PP en su principal arma para las municipales. El primer objetivo de esta ofensiva es Madrid, donde ya se han desatado las hostilidades: el grupo municipal socialista ha denunciado ante el fiscal la recalificación salvaje de la corona norte de la capital, al que pide que investigue un posible delito de prevaricación, mientras en las cortes regionales se ha pedido una comisión de investigación.

Por Inmaculada Sánchez

E ste no es un hogar muy apropiado para una familia". La frase, pronunciada en su día por los Aznar según cruzaron el umbral del palacio de la Moncloa dejó boquiabiertos a muchos españoles que en aquel entonces, 1996, luchaban por adquirir una vivienda. Hoy, casi siete años después, el estupor habría dejado paso a la rabia y la indignación. Sobre todo en las capitales de provincia, donde el PP, un año antes, en las municipales del 95 que abrieron la puerta de la presidencia del Gobierno a José María Aznar, había arrebatado numerosas alcaldías a un PSOE en retroceso.

Esos votantes urbanos, en las cruciales municipales de la próxima primavera, están en el punto de mira de los socialistas ya que, al margen de la suma de votos, en la que el PSOE sólo ha sido superado por el PP en el 99 y por apenas 30.000 papeletas, la imagen de la victoria o la derrota la dan las grandes ciudades. Y Madrid es la más pieza más codiciada.

Es por eso que los socialistas madrileños, que navegan en una inédita paz interna desde que asumiera su liderazgo Rafael Simancas, han puesto a la política urbanística del ayuntamiento de la capital en primera línea de su precampaña con unas iniciativas también poco vistas en el tranquilo PSOE de Rodríguez Zapatero.

La primera ha sido acudir a la justicia. Así, el pasado día 19 de noviembre Matilde Fernández, como portavoz adjunta del grupo en el consistorio, firmaba y entregaba al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid una denuncia que, por su formato y alcance, supone un salto cualitativo en las críticas que hasta ahora han hecho los socialistas al desaforado crecimiento urbanístico planificado por el equipo que lidera el alcalde Álvarez del Manzano.

La denuncia, a la que ha tenido acceso El Siglo, solicita al ministerio fiscal que investigue las actuaciones urbanísticas del ayuntamiento en el norte de Madrid y presente posterior querella ya que, "a nuestro juicio", señala el texto, "constituyen conductas tipificadas en el código penal como delitos contra la ordenación del territorio y el medio ambiente de prevaricación especial y malversación de caudales públicos". "La falta de ética pública se ha visto superada, a nuestro juicio, por ilícitos penales", añade.

Paralelamente, la semana pasada, el grupo socialista en la Asamblea de Madrid, solicitaba la creación de una comisión de investigación sobre la gestión de los conocidos PAUs –Planes de Actuación Urbanística– que crean los nuevos barrios para Madrid, básicamente en el norte pero también en el este y el sur.

La citada denuncia puede convertirse en el eje de los ataques que el equipo de Rodríguez Zapatero prepara para después de las navidades y para cuando el fuel del hundido Prestige deje de acaparar la vida política nacional. En ella se presenta la gestión del ayuntamiento madrileño como "urbanismo marbellí", en palabras de uno de los que han colaborado en la redacción de la misma, "con la única diferencia de que Jesús Gil tiene a las administraciones autonómica y central en su contra y, además, es más zafio".

El elegante Ignacio del Río, concejal de urbanismo de José María Álvarez del Manzano, remite a su fe liberal y al programa del PP cuando se le pregunta por la vía libre a la especulación que ha generado su política. En 1999 defendía su sistema en una entrevista concedida a El Siglo cuando empezaban a sonar las alarmas sobre la escalada de precios de la vivienda: "Hemos invertido más que ningún otro en políticas de recuperación del centro y hemos dicho que el mercado tiene que funcionar en las zonas de ensanche, con información para todos y sin informaciones privilegiadas. Esa sí que es nuestra filosofía", argumentaba. Hoy, sin tiempo para contestar a las preguntas puntuales de este semanario, remite a sus habituales respuestas a las críticas socialistas: la operación Chamartín, una de las más llamativas y de mayor volumen de negocio de las proyectadas y que para el PSOE supone un "crecimiento insostenible", según el concejal "generará empleo estable", tiene "una alta calidad urbanística", y garantiza "el beneficio que obtendrá la ciudad con la operación" entre zonas verdes y equipamientos.

Sin embargo, para el PSOE, lo más grave es que "se han roto las reglas de juego". "Antes se planificaba el crecimiento de una ciudad mediante un Plan General que podías compartir o no pero que tenía sus trámites y, una vez aprobado, sabías lo que había pero con el PP se han hecho modificaciones puntuales que desvirtúan todo", afirma uno de los técnicos que han redactado la denuncia. Y cita como ejemplo a Valdebebas, zona destinada a ser el segundo pulmón verde de Madrid, que ha visto reducido en un 45 % su tamaño inicial mediante recalificación quedando la que iba a llamarse "casa de campo del este" y con la que el concejal Del Río se explayó en su día hablando de las ardillas que la recorrerían en un "jardín privado para las doce mil viviendas que se autorizan", según el texto de la denuncia del PSOE.

Otro caso flagrante es la última modificación en torno a la conocida operación  Chamartín: en julio de este mismo año se ha aprobado un incremento de la edificabilidad desde el 0,6 m2/m2 establecido y consensuado en 1993 hasta el 1,05 m2/m2, nada menos que un 75 % en términos relativos.

Si para el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, las viviendas han subido de precio porque hay quien las compra, apelando al clásico sistema de la oferta y demanda, para los socialistas se trata de una cuestión de mucho más fondo.

La especulación se basa en la retención de suelo. Cuando el PP entró a gobernar el Ayuntamiento de Madrid con mayoría absoluta, en 1991, manejaba la tesis de poner a disposición del mercado mucho más suelo para vivienda con lo que los precios bajarían pero "el suelo, por mucho que haya, en  manos privadas, nunca bajará su precio", según los socialistas. "Los promotores nunca ponen a competir unos suelos contra  otros. Si se produce esa competencia, modifican la estrategia y venden primero uno y luego otro. Si un promotor tiene suelo para 1.000 viviendas, no lo pone en marcha de golpe. Promueve primero 100 viviendas y sólo cuando las tiene vendidas pone en marcha las siguientes 100".

Esta "rendición" por parte de la administración pública al mercado del suelo es la única culpable, en opinión de los socialistas, de la escalada especulativa y del caldo de cultivo del fraude, como acaba de verse en el caso de la cooperativa CPV, en cuya trampa cayeron numerosos madrileños que hoy están sin dinero y sin vivienda.

Además de todas las recalificaciones, la fórmula de gestión elegida por los sucesivos equipos de Gobierno del PP para el desarrollo de los futuros barrios no ha hecho más que empeorar la situación. En lugar del sistema de gestión público, que conlleva expropiaciones y deja a la administración el control de los consorcios creados al efecto, los populares han consagrado en Madrid el sistema privado, que pone en manos de los propietarios de suelo, reunidos en las llamadas "juntas de compensación", la urbanización de la zona, repartiendo proporcionalmente los costes y el suelo resultante urbanizado.

El concejal Del Río siempre ha contestado a esta censura de la oposición calificando de nefasta y corrupta la gestión pública frente a la más limpia y ordenada gestión privada. "No creo en los repartos desde las instituciones y si el ayuntamiento expropiaba se me pedía luego un reparto de los suelos del norte con los demás grupos políticos. Yo eso no lo voy a hacer. Me parece pervertir mi actividad política. El ayuntamiento tutela los intereses públicos quedándose con el 10% legal para vivienda protegida", afirmaba textualmente en la ya citada entrevista con El Siglo hace tres años.

Matilde Fernández, portavoz adjunta del PSOE en el ayuntamiento, sin embargo, va más allá. "En el urbanismo de esta ciudad se está haciendo una operación especulativa, pero no aislada, sino organizada, para beneficiar a unos pocos", señala.

¿Quiénes son esos pocos? La denuncia socialista está salpicada de ellos. Al trato de favor reiteradamente criticado desde la oposición que ha recibido del ayuntamiento de Madrid Florentino Pérez, presidente de la constructora ACS y del Real Madrid, se unen también otros grandes del sector como la constructora de Esther Koplowitz, FCC, o los grandes bancos, que son los mayores propietarios de suelo, especialmente el BBVA en el caso de la corona norte madrileña.

 "ACS y FCC, en los PAUs del Norte, donde gracias a que consiguen un trato de mayor privilegio para los propietarios de esos ámbitos, se quedan con la urbanización de esos PAUs, sin concurso, cobrándose en suelo, por lo que se convierten, de hecho, en los mayores propietarios de suelo del norte de Madrid", afirman desde el PSOE.

"Pasada una década habrá una serie de instituciones que serán mucho más ricas gracias a estos planes", sentencia Matilde Fernández, quien añade también el beneficio que de estas operaciones están sacando compañías privatizadas como Telefónica, a la que el ayuntamiento "vendió a mitad de precio suelos municipales en Las Tablas", según sus datos.

Los socialistas, además de unirse a las quejas de los ciudadanos en cuanto a la carestía de la vivienda, pretenden abrir un debate sobre el delito urbanístico –de ahí la petición al fiscal–. Después del alumbramiento de nuevos delitos en el código penal aprobado en 1995 el urbanismo continúa protegido por la consideración de meras irregularidades en muchas acciones que los socialistas consideran hoy punibles.

El equipo de José Luis Rodríguez Zapatero trabaja en una alternativa a la ley del suelo, que completaría su propuesta al Plan de Vivienda del Gobierno que presentó Cristina Narbona, secretaria ejecutiva de la comisión federal, el pasado octubre, denominada Acceso a la vivienda, ahora. Con ambas, el líder socialista quiere dar un aldabonazo en los primeros meses del 2003 con la vista puesta en las elecciones municipales. El Gobierno, que sabe que en este tema la realidad ha superado sus previsiones y el sentir general es fácilmente canalizable en su contra pretende, a través del ministerio de Fomento, que no le arrebate el PSOE la iniciativa política y proponer un consenso en torno a la vivienda que incluiría modificaciones en la ley del suelo. Sin embargo, la cercanía electoral hace impensable que Zapatero se embarque en nuevos pactos con el Gobierno. Ni los socialistas de Madrid, ni Trinidad Jiménez, que cuenta con que Ruiz-Gallardón también está involucrado en estas actuaciones por la responsabilidad de la Comunidad de Madrid en todos estos años, quieren dejar escapar tan fácil presa.

Los seis ‘pecados’ de Álvarez del Manzano

La denuncia ante la fiscalía presentada por el PSOE relata seis actuaciones concretas de la política urbanística del Ayuntamiento de Madrid que, en su opinión, podrían ser consideradas delictivas por no haber protegido con el rigor requerido por la ley el interés público. Estas son las actuaciones y los argumentos por los que los socialistas las consideran ilícitas:

El convenio urbanístico para la gestión del PAU Las Tablas: Según la argumentación socialista se trata de un convenio firmado con quien no tiene capacidad jurídica y en el que el ayuntamiento asume obligaciones económicas que la ley atribuye al promotor inmobiliario.

El convenio de gestión relativo a la agilización de la urbanización de las cesiones legales del mismo PAU Las Tablas: El ayuntamiento vende suelo a Telefónica en la época de Juan Villalonga por un precio bastante inferior al del mercado y firma con ella un convenio para facilitar la construcción en esta zona de una futura nueva sede central de la compañía. El nuevo equipo de César Alierta ha pospuesto la creación del gran complejo valorado en 50.000 millones de pesetas. Según los socialistas, los problemas financieros de la operadora va a ayudar a enjugarlos el patrimonio municipal ya que el suelo de Las Tablas es de la compañía y podría venderlo.

La gestión global de los PAU,s de Montecarmelo y Las Tablas: suelo retenido, concentración oligopolista del suelo en las constructoras, venta fraudulenta de viviendas, inscripciones registrales de suelo imposible, escandaloso aumento del precio de la vivienda, viviendas desprotección oficial que se venden por encima del precio permitido… en resumen; inactividad y dejación de las administraciones municipal y autonómica.

La operación Chamartín: un crecimiento considerado por el PSOE como "insostenible" para Madrid, en donde la edificabilidad asignada lo ha sido en base a un solo parámetro: la rentabilidad de los aprovechamientos urbanísticos de los privados.

La recalificación urbanística de la Ciudad Deportiva del Paseo de la Castellana: se subordina el interés general, protegido en la Constitución y la legislación vigente, al interés particular, habiendo incumplido la Administración la normativa urbanística tal y como ya ha denunciado el PSOE en el ámbito contencioso-administrativo.

El recorte drástico de una zona verde (Parque de Valdebebas) destinado en el planeamiento inicial a ser el segundo pulmón verde de la ciudad: nuevamente, el convenio de la Comunidad y el Ayuntamiento subordinan el interés general a iniciativas particulares

Especulación desorbitada

Ni el PP, que con su gestión abrió la puerta al mercado y dejó las llaves en manos de los gestores privados de suelo, esperaba que la especulación llegara a poner los precios de la vivienda a los niveles en que hoy se sitúan. Ningún partido de gobierno hubiera querido llegar a un proceso electoral con aumentos tan alarmantes. Pero ahora, es difícil dar marcha atrás.

Las cifras que han puesto en bandeja al PSOE una de sus principales armas de cara a la contienda de la primavera próxima son contundentes. Según los datos de TINSA (Tasaciones Inmobiliarias S.A.), habitualmente utilizados como referencia, la media de lo que ha crecido anualmente el precio del metro cuadrado construido en los últimos ejercicios llega al 27,33 % en la provincia de Madrid, primera del ranking nacional, seguida de Castellón, con un 21,74 %, Alicante, con un 21,49 %, Málaga, que sube un 21,08 %, Murcia, con un 20,69 % y Girona, que sube un 20,13%.

Según la misma fuente, el metro cuadrado de vivienda nueva construida en nuestro país ha pasado de 95.420 pesetas en 1991 a 193.713 en 2001. En cuanto a comunidades, es el País Vasco quien se sitúa en cabeza con unos 3.589 euros por metro cuadrado, seguida de cerca por Madrid, con un precio de 3.254 euros el metro cuadrado en la capital y de 1.538 en el resto de sus municipios

9.12.02


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