LA NOTICIA DEL DÍA

EL FISCAL SOSTIENE QUE BARBERÁ FAVORECIÓ LOS INTERESES DEL VALENCIA 

La Fiscalía de Valencia sostiene que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, y dos concejales favorecieron los intereses del Valencia CF en la permuta del solar sobre el que se levanta el nuevo estadio, en la avenida de las Cortes Valencianas. 

La junta de gobierno local aprobó esta operación por 45 millones de euros, cuando un informe de la Agencia Tributaria en manos de la fiscalía eleva la tasación de los 80.000 metros cuadrados del citado solar hasta los 75 millones. Los 30 millones de euros de diferencia a favor del club son producto en buena medida de una decisión posterior, adoptada por Barberá y los ediles Alfonso Grau y Jorge Bellver, que permitió, entre otras cosas, la construcción de un hotel en la parcela. El precio no se revisó al alza a pesar de la mejora. Así se lo ha trasladado el fiscal Vicente Torres, que investiga una denuncia de dos representantes vecinales del barrio de Benicalap, al fiscal superior, Ricard Cabedo, quien, por el contrario, entiende que no hay pruebas de ello. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, decidirá. 

El Valencia CF y el Ayuntamiento de Valencia alcanzaron un acuerdo por el que el solar de la avenida de las Cortes Valencianas pasaba de uso deportivo público a privado. Se hicieron entonces tres tasaciones para que el Valencia CF compensase a la ciudad por este solar. La Universidad Politécnica estimó su valor en 33 millones de euros, y otros dos informes privados elevaron esta cantidad hasta los 43 y 45 millones de euros, respectivamente. Las partes acordaron que el valor más ajustado era el de 45 millones. A cambio, el club entregaría 19 parcelas dispersas por la ciudad de Valencia -valoradas en 28 millones de euros- y otros 17 millones de euros en metálico. Toda la tramitación de la operación pasó por Jorge Bellver, edil de Urbanismo, y Alfonso Grau, titular de Grandes Proyectos, además de la alcaldesa. 

La Fiscalía de Valencia considera que la permuta fue claramente perjudicial para los intereses del Ayuntamiento y favorable a los intereses de un particular. Y pretende investigación la actuación de Barberá, aforada al ser diputada autonómica. La decisión compete por tanto a la Fiscalía Superior. 

El convenio suscrito en diciembre de 2005 entre la alcaldesa y el club establecía que el solar se recalificaría para su uso terciario. Pero ese compromiso tuvo que modificarse.El convenio entre la alcaldesa y el entonces presidente del club, Juan Soler, suscrito en diciembre de 2005, pretendía que los más de 80.000 metros cuadrados de solar -considerado en el PGOU de Valencia para uso deportivo público- fueran recalificados a uso terciario, aunque sin alterar su edificabilidad. Cuando se aprobó el expediente de modificación en el consistorio, las protestas de los vecinos y la oposición cerrada de los socialistas consiguieron que el gobierno local de Barberá lo dejara en suelo deportivo de uso privado. Un destino que, según las normas urbanísticas, impedía o "prohibía", según recordó ayer el concejal Rafael Rubio, el uso hotelero. 

Arrancó entonces toda la maquinaria de valoraciones, tasaciones y tramitación de la permuta. Con posterioridad, en 2008, el equipo de Barberá modificó el PGOU para permitir solo en ese solar el uso hotelero. Lo denunció entonces el concejal socialista Vicente González Móstoles. Así el campo de fútbol consumirá la mitad de la edificabilidad prevista en la parcela -unos 40.000 metros- y el resto lo absorberá el complejo hotelero. 

El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento valenciano, Alfonso Grau, visiblemente enfadado, tuvo que comparecer ayer para dar explicaciones sobre la permuta de solares. Grau negó que el Ayuntamiento haya querido beneficiar al club de fútbol y cargó contra los socialistas. El teniente de alcalde dijo que el PSOE y "quienes lo corean andan enloquecidos por implicar a la alcaldesa Barberá y al equipo de gobierno en alguna irregularidad". El edil se negó, sin embargo, a valorar el informe de la Agencia Tributaria, que eleva en 30 millones de euros los beneficios que habría debido ingresar la ciudad por esta permuta y que se ahorró el Valencia. Grau amenazó con presentar una denuncia ante la fiscalía "para ver de dónde han sacado la información los medios de comunicación". No explicó, sin embargo, por qué la permuta no se ha llevado a cabo casi cuatro años después de suscribirse el convenio con el club de fútbol. 

Por su parte, el concejal socialista González Móstoles manifestó que, aunque el PSPV no coincide con la cantidad en la que la Agencia Tributaria ha tasado el terreno -los socialistas apuntaban a más de 100 millones de euros, mientras que la fiscalía lo valora en 30-, sí que comparten el "fondo" del asunto. Según Móstoles, lo que comparten con la fiscalía "es que es un procedimiento irregular". 

Fuentes del Valencia CF achacaron ayer a razones burocráticas el retraso en la formalización de la permuta. También admitieron que están pendientes de pagar los 17 millones de euros. 

Otras fuentes, estas municipales, agregaron que el Valencia CF ya trasladó por escrito al Ayuntamiento de la ciudad -concretamente en julio de 2007- que las 19 parcelas previstas en la permuta estaban disponibles. En concreto, la sociedad Belnave, SL, vinculada, según estas fuentes, al club deportivo, fue la que se encargó de comprarlas. La mayoría de ellas son parcelas de campo o huerta y, al parecer, el consistorio no las aceptó ni las registró porque planteaban problemas. Concretamente, tenían problemas de lindes o estaban atravesadas por acequias, y en esas circunstancias el Ayuntamiento no estaba dispuesto a registrarlas. Han pasado dos años desde aquello y nada se sabe. La exigencia de pagar los 17 millones de euros coincide además con un momento en que la situación económica del Valencia CF es delicada. 

Grau ha insistido en más de una ocasión en que el solar donde se levanta el nuevo estadio es todavía de titularidad municipal y que si el club no cumple, la ciudad tendrá "un estadio de fútbol gratis". 

(www.elpais.com, 23/06/09)

La alcaldesa popular de Valencia, Rita Barberá, aceptó una tasación del club sólo por el valor del estadio de 45.300.000 euros, cuando lo que valen en realidad, gracias a las dos recalificaciones realizadas que permiten el uso de los terrenos para oficinas, comercial y hostelero, asciende a casi 75 millones. O sea, 29,5 millones menos.

"Trato de favor"
Tras una denuncia vecinal por este "trato de favor", la Fiscalía de Valencia ha estimado que hay indicios de criminalidad y considera responsables de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a la alcaldesa, Rita Barberá; al concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, y al concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, que estuvieron presentes en las recalificaciones. Según el informe del fiscal, los tres participaron en este convenio "a sabiendas" de que el terreno estaba siendo infravalorado, para favorecer al club de fútbol en detrimento del interés general de los ciudadanos, según el diario Levante.

Investigada desde hace seis meses
La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación criminal hace más de seis meses, tras la denuncia de la asociación de vecinos "Cercle Obert" de Benicalap, sobre el "trato de favor" que se le estaba dando al Valencia CF, entonces bajo la presidencia de Juan Soler ,conocido constructor para levantar el nuevo estadio del Mestalla.

Terreno de uso deportivo público
El 20 de diciembre de 2005, el Ayuntamiento de Valencia ratificó la permuta sobre los terrenos del nuevo Mestalla, por la que cedería al Valencia CF un solar de 80.000 metros cuadrados en la Avenida de las Cortes Valencianas, que estaba calificado como de uso deportivo público, a cambio de 19 solares aún por determinar y 17 millones de euros que el club debería entregar.

Modificaron el Plan de Ordenación
Para ello, el Ayuntamiento -que aún no ha recibido los solares ni el dinero- modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recalificando el terreno en uso deportivo privado. La Fiscalía destaca que en este primer momento ya se incurrió en prevaricación y en malversación de caudales públicos, ya que se aprobó "sin establecer los terrenos que se iban a dar a cambio" y, por tanto, se desconocía su valor.

La tasación del juez
Durante la investigación, el fiscal encargado del caso tomó declaración a varios técnicos del Ayuntamiento, pidió documentación y encargó una tasación de los terrenos. Fue ésta la prueba definitiva del "trato de favor" por parte del gobierno de Valencia con el club de fútbol, que esuna sociedad anónima privada con ánimo de lucro, en detrimento del interés general de los valencianos.

La tasación de Barberá
El fiscal comenzó a encontrar indicios de delito cuando comprobó que el Ayuntamiento había aceptado que el Valencia CF encargara la tasación a Gesval y que presentara justo dos meses antes, en junio de 2007, una valoración de los terrenos por 45.300.000 euros, "sin tener en cuenta los usos comercial y de oficinas" que incluían el proyecto del nuevo Mestalla. A esta tasación acompañaba dos más, una de una empresa privada y otra de la Universidad Politécnica del Valencia, que el Equipo de Rita Barberá desestimó.

Uso hotelero del terreno
Aún más, el Ayuntamiento de Valencia volvió a aprobar una segunda recalificación, en mayo de 2008, que provocó la segunda denuncia de los vecinos, en la que "se permite el uso hotelero" en los terrenos, y que supone una modificación importante en la tasación, que, sin embargo, no se traduce en un cambio en el contrato.

www.elplural.com 21.06.09

El ayuntamiento cedió al Valencia los terrenos del Mestalla por casi 30 millones menos de su valor

A 29,5 millones de euros asciende la diferencia entre el valor real de los terrenos cedidos por el ayuntamiento al Valencia CF para la construcción del nuevo estadio del Mestalla y los solares más la cantidad pactada que recibirá a cambio el consistorio con motivo de la permuta aprobada en el Pleno municipal tras las recalificación de los terrenos en dos ocasiones. La alcaldesa Rita Barberá aceptó una tasación del club sólo por el valor del estadio de 45.300.000 euros que no incluyen los usos de aprovechamiento, cuando lo que valen en realidad con las dos recalificaciones que permiten el uso para oficinas, comercial y hostelero asciende a casi 75 millones.Tras una denuncia vecinal por este "trato de favor", la Fiscalía de Valencia ha estimado que hay indicios de criminalidad y considera responsables de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos a la alcaldesa Rita Barberá; al concejal de Grandes Proyectos, Alfonso Grau, y al concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, presentes en las recalificaciones. Según el informe del fiscal, los tres participaron en este convenio "a sabiendas" de que estaba siendo infravalorado para favorecer al club de fútbol en detrimento del interés general de los ciudadanos.

Denuncia de los vecinos

La Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia abrió diligencias de investigación criminal hace más de seis meses tras la denuncia de la asociación de vecinos "Cercle Obert" de Benicalap, sobre el "trato de favor" que se le estaba dando al Valencia CF, entonces bajo la presidencia de Juan Soler -conocido constructor- para levantar el nuevo estadio del Mestalla.

Los vecinos de la zona reclamaban que se conservara el "uso público de estos terrenos tal y como fueron reservados en el Plan General de Ordenación Urbana, para equipamientos públicos". En su denuncia señalaban también que "Benicalap, Campanar, Beniferri, Marchalenes, Zaidia y Torrefiel carecían de zonas deportivas públicas o centros sociales y juveniles para el desarrollo de todos los valencianos".

El 20 de diciembre de 2005, el Ayuntamiento de Valencia ratificó la permuta sobre los terrenos del nuevo Mestalla, por la que cedería al Valencia CF un solar de 80.000 metros cuadrados en la Avenida de las Cortes Valencianas que estaba calificada como de uso deportivo público, a cambio de 19 solares aún por determinar y 17 millones de euros que el club debería entregar.

Para ello, el ayuntamiento -que aún no ha recibido los solares ni el dinero- modificó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recalificando el terreno en uso deportivo privado. La Fiscalía destaca que en este primer momento ya se incurrió en prevaricación y en malversación de caudales públicos, ya que se aprobó "sin establecer los terrenos que se iban a dar a cambio" y, por tanto, se desconocía su valor.

A lo largo de la investigación, el fiscal encargado del caso tomó declaración a varios técnicos del ayuntamiento, pidió documentación y encargó una pericial basada en la tasación de los terrenos. Fue ésta la prueba definitiva del "trato de favor" por parte del Ayuntamiento de Valencia con el club de fútbol -una sociedad anónima privada con ánimo de lucro- en detrimento del interés general de todos los valencianos.

La prueba de cargo es la valoración de los terrenos en la Avenida Cortes Valencianas que el ayuntamiento permutó por siete solares del Valencia CF más 17 millones de euros en metálico, de los que el consistorio aún no ha recibido nada pese a que el estadio se comenzó a construir el 1 de agosto de 2007 y ya se encuentra a medio levantar.

Indicios tras la tasación

El fiscal comenzó a encontrar indicios de delito cuando comprobó que el ayuntamiento había aceptado que el Valencia CF encargara la tasación a Gesval y que presentara justo dos meses antes, en junio de 2007, una valoración de los terrenos por 45.300.000 euros, "sin tener en cuenta los usos comercial y de oficinas" que incluían el proyecto del nuevo Mestalla. A esta tasación acompañaba dos más, una de una empresa privada y otra de la Universidad Politécnica del Valencia, que se desestimaron. Hay que recordar que poco antes, el 23 de febrero de ese mismo año, el pleno del ayuntamiento había aprobado la primera recalificación de los terrenos. En ésta se aprobó el "uso compatible en la parcela para aprovechamiento comercial y de oficinas". Pero, además, el Ayuntamiento de Valencia volvió a aprobar una segunda recalificación en mayo de 2008 -la que provocó la segunda denuncia de los vecinos- en la que "se permite el uso hotelero", lo que supone una modificación de la tasación que no se traduce en un cambio en el contrato de permuta.

www.levante-emv.com 21.06.09

El caso está a la espera en Madrid

Esta tasación "a la baja" sin tener en cuenta los tres usos aprobados con las dos recalificaciones y sin saber de dónde sacará el dinero -17 millones de euros en metálico- un club en bancarrota y en desbandada es lo que ha permitido a la Fiscalía concluir que había indicios de delito, trámite previo a la denuncia ante el juzgado. Como la alcaldesa Rita Barberá es, además, diputada autonómica y, por tanto, cargo aforado, el órgano competente para enjuiciar es el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Ello obligó a la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia a remitir las diligencias de investigación al Fiscal Superior, Ricard Cabedo, con el visto bueno de la Fiscal Jefa, Teresa Gisbert, ya que recaería en aquél la causa. No obstante, Cabedo no estimó indicios de delito y remitió a su vez las diligencias a la Fiscalía General del Estado para que sea Cándido Conde-Pumpido quien decida. El caso se encuentra a la espera de este trámite en Madrid.

www.levante-emv.com 21.06.09

El PSPV pide a Barberá que aclare la posible irregularidad

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, ha pedido hoy que la alcaldesa, Rita Barberá, aclare las posibles irregularidades en la permuta del solar del nuevo Mestalla, tras conocerse hoy el informe de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia que apunta a podría ser constitutiva de delito.

El Ayuntamiento de Valencia cedió el solar del nuevo estadio del Valencia por casi 30 millones menos de su valor, ya que mientras que Hacienda cifra en 75 millones de euros el valor del terreno, la permuta se cerró por 45.

Además, en esas informaciones también se recoge que la Fiscalía de la audiencia Provincial de Valencia ve indicios de delito contra los responsables del Consistorio por "malversación y prevaricación".

Alborch, a través de un comunicado, ha instado a Barberá a dar "explicaciones y actuar con una transparencia que muchas veces falta en una ciudad, en la que a menudo se confunden los intereses públicos y los privados".

La portavoz del grupo municipal socialista estima que esta posible irregularidad se enmarca dentro de otras actuaciones similares del Consistorio, ya que cree que "demasiados casos relacionados con el urbanismo y el Ayuntamiento han acabado en los tribunales".

Alborch ha asegurado que su demanda "no es una crítica al Valencia CF ni a su afición", sino que se centra en "el equipo de gobierno y el Partido Popular", al que recuerda que, de haber "escuchado a vecinos y oposición, no habría generado estas sospechas ni habría conducido a la situación de parálisis -de las obras del estadio-".

En opinión de la edil socialista, la presumible actuación con el solar del nuevo estadio es "consecuencia de que el equipo de gobierno no siempre da prioridad al interés general y gobierna de espaldas a los intereses de la ciudad y a los deseos de la ciudadanía".

En ese mismo sentido, el coordinador de EUPV en Valencia, Amadeu Sanchis, también ha pedido explicaciones a Rita Barberá y su equipo de gobierno sobre las diligencias abiertas contra ellos por parte de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Valencia.

Sanchis cree que el Ayuntamiento debe responder por "el trato de favor al Valencia CF en la recalificación del suelo de uso deportivo público a uso deportivo privado", así como por "las diligencias abiertas por malversación de dinero público y prevaricación".

www.levante-emv.com 21.06.09

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