LA NOTICIA DEL DÍA

ADJUDICACIONES ILÍCITAS Y CONCESIONES VINCULAN AL ALCALDE POPULAR DE PONFERRADA CON EL IMPUTADO ULIBARRI 

Presuntos implicados

Los negocios del empresario José Luis Ulibarri con posibles irregularidades no se limitan a los investigados tras su imputación en la trama de corrupción que instruye el juez Baltasar Garzón y que salpica a empresarios y altos cargos del PP de Madrid y Valencia. En el municipio de Ponferrada (León), al menos tres sentencias han declarado ilícitas actividades de su grupo de empresas, Begar, y el trato de favor recibido por parte del Ayuntamiento. El Grupo Municipal Socialista presentará la próxima semana ante la Fiscalía Anticorrupción numerosa documentación sobre estas y otras actuaciones irregulares vinculadas con el consistorio que dirige Carlos López Riesco, alcalde del municipio y diputado nacional del PP. 

Hasta ocho sentencias del Tribunal Superior de Castilla y León implican al Ayuntamiento popular de Ponferrada (León) a través de su empresa gestora del suelo público (Pongesur) en actuaciones irregulares. Muchas de ellas están vinculadas además al Grupo Begar, el conglomerado de empresas de José Luis Ulibarri, que está imputado en la trama de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. La oposición socialista del Ayuntamiento presentará la próxima semana documentación sobre todas estas irregularidades ante la Fiscalía Anticorrupción para que el Ministerio Público estudie si debe abrir una investigación contra la gestora del suelo público municipal. 

Según el Grupo Socialista, estas resoluciones judiciales “evidencian la ilegalidad de las más importantes actuaciones urbanísticas llevadas a cabo durante los últimos años por el alcalde y diputado popular Carlos López Riesco en Ponferrada”. Además, señalan que algunas de estas actuaciones “han ido de la mano” de Ulibarri, cuyas conexiones con el consistorio incluyen “adjudicaciones de parcelas declaradas ilícitas por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León”, “cuantiosas y jugosísimas concesiones de servicios públicos”, “concursos declarados igualmente ilícitos e innumerables adjudicaciones de obras públicas”. 

En concreto, de las ocho sentencias que se llevarán ante Anticorrupción y que señalan actividades irregulares de Pongesur, tres apuntan directamente contra el empresario imputado por Garzón. La primera de ellas, dictada por el Tribunal Superior de Justicia primero (febrero de 2007) y, en sentencia firme por el Supremo después (abril de 2008), anulaba el concurso por el cual se adjudicó al Grupo Begar la construcción de un Auditorio Municipal. 

En junio de 2008 el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de León también anuló una autorización de la Junta de Gobierno municipal que permitía a la empresa Gaveras del Bierzo, incluida en Begar, la instalación en suelo rústico de una planta de hormigón.

En tercer lugar, el Tribunal Superior castellano-leonés también anuló la adjudicación y venta de parcelas del terreno conocido como La Rosaleda, donde los principales beneficiarios fueron las constructoras de Ulibarri UFC y Leocasa. En el caso de este concurso, se intuye también un posible delito fiscal dado que, aunque hubo parcelas adjudicadas a tres empresas no vinculadas con el empresario, estos terrenos nunca se registraron a su nombre, sino que se inscribieron como propiedad de UFC. Esta operación incumplía el pliego de condiciones del concurso, que no permitía transacciones comerciales de las parcelas hasta después de constituidas las escrituras públicas. De este modo, la constructora de Ulibarri se habría ahorrado pagar impuestos de transmisiones al comprárselas a sus propietarios originales. 

Al margen de las operaciones irregulares urbanísticas, el consistorio de López Riesco ha hecho numerosas concesiones y adjudicaciones a las empresas del imputado Ulibarri. De hecho, el magnate controla, casi en régimen de monopolio, la gestión del transporte urbano de Ponferrada, el mantenimiento de los parques y jardines de la localidad y la limpieza de los edificios municipales (este servicio ha modificado el contrato al menos en seis ocasiones desde que le fue concedido en 2004).

Además, al empresario se le han adjudicado en los últimos años al menos siete obras públicas, por las que sus sociedades han ingresado unos honorarios de unos quince millones y medio de euros. 

(www.elplural.com, 20/02/09)

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