EL CONSTITUCIONAL MANTIENE LA SUSPENSIÓN DE LOS DERRIBOS EN EL CABANYAL

En el auto, el alto tribunal da prioridad a la conservación del patrimonio histórico y cultural que "el ordenamiento jurídico protege" y rechaza algunos de los argumentos esgrimidos por la administración valenciana, como el de los "perjuicios" que se derivarían de no ejecutar el presupuesto aprobado para la revitalización del barrio. Desde el punto de vista del TC no es "irreprable". Para el alto tribunal es prevalente la defensa del conjunto histórico del barrio valenciano, y así, estima que en la ejecución del plan urbanístico del Ayuntamiento de la capital levantina, gobernado por el PP, "es posible apreciar la existencia de un perjuicio actual y directo al interés general".

Un "perjuicio" que se derivaría del "bloqueo" de las competencias atribuidas al Estado para la preservación y protección del patrimonio cultural. El TC recuerda que "el núcleo original y central" del ensanche del Cabanyal tiene la consideración de interés cultural. "Así pues se trata de una zona que (...) es portadora de valores dignos de protección", apostilla en el auto. Y, según consta en el auto, el Constitucional cree que la ejecución del plan del Ayuntamiento valenciano "implica, cuando menos, un riesgo para la integridad del conjunto histórico" del barrio.

La decisión de los magistrados incide en la misma línea de la que adoptó el pasado mes de abril, cuando admitió el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la ley de la Generalitat valenciana que daba pie a las actuaciones de revitalización en El Cabanyal. El Ayuntamiento de Valencia pretende con este plan prolongar una avenida de la capital levantina -la Blasco Ibáñez- hasta el mar, lo que acarreaba derribar parte del inmueble del barrio, uno de los más tradicionales de la ciudad.

La Generalitat valenciana y Les Corts Valencianes formularon las consiguientes alegaciones, en ambos casos para pedir el levantaiento "inmediato" de la suspensión de los derribos.También advertía la Generalitat en sus alegaciones del "riesgo" de la paralización de obras para las que se había dotado de inversión pública, y así, señalaba que podría reclamar una indemnización por no ejecutarse las actuaciones previstas.

El Abogado del Estado presentó sus alegaciones para recalcar la preservación y defensa del patrimonio histórico "de los pueblos de España frente a la expoliación", es decir, la posible "pérdida o destrucción de todos o algunos de los valores que integran el Patrimonio Histórico Español", en este caso los del barrio de El Cabanyal.

La Generalitat valenciana insistió en que el llamado "Pepri Cabanyal" busca ante todo "la apremiante necesidad de regenerar un entorno urbano muy degradado" mediante la estructuración de las comunicaciones del barrio, "dando a Valencia una nueva salida al mar".

En el auto, el TC, tras recordar un precedente similar que afectaba a Castilla y León, considera que la normativa autonómica valenciana excede en este caso "las situaciones normales de controvrsia competencial", ya que "podría poner en cuestión, hasta eliminarla o desvirtuarla, una competencia estatal claramente" reconocida en la Constitución.

(www.publico.es, 29/07/10)

NUEVO REVÉS JUDICIAL PARA BARBERÁ EN EL CABANYAL

Rita Barberá, ha vuelto a cosechar una negativa de los jueces a su pretensión de ejecutar el plan de El Cabanyal pese a la orden de paralización del Ministerio de Cultura. La Audiencia Nacional rechazó en abril la petición municipal de dejar en suspenso la orden ministerial -que impide demoliciones y obliga a revisar el plan de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a costa de más de 450 edificios-, pero el gobierno local insistió y presentó un recurso de súplica que también ha sido desestimado.

En este segundo intento, el Ayuntamiento plantea a los magistrados de la sección séptima de lo Contencioso-Administrativo que al menos retiren la orden de paralización cautelar sobre las zonas del plan que no están incluidas en el conjunto protegido, e insisten en que no habrá perjuicios al patrimonio histórico, como alegan el Gobierno, Salvem El Cabanyal y la asociación de vecinos. Los magistrados, en el auto notificado ayer, rechazan esa posibilidad, entre otros motivos, porque implicaría "en cierto modo la estimación anticipada del recurso" contra la orden del ministerio.

La Audiencia Nacional mantiene su decisión de abril de dejar en vigor la orden de suspensión del plan, en la que destacó que era "evidente que, en otro caso, podrían producirse perjuicios irreparables" al patrimonio de El Cabanyal. De hecho, el Ayuntamiento aprovechó en abril la aprobación por el Consell de una ley autonómica en apoyo del proyecto para derribar varios inmuebles en El Cabanyal antes de que el Tribunal Constitucional admitiera un recurso del Gobierno y paralizara las actuaciones. Barberá puede recurrir en casación la denegación de su segundo recurso ante la Audiencia Nacional.

www.elpais.es 05.06.10

NUEVO REVÉS JUDICIAL A LOS PLANES DE BARBERÁ

Primero fue el Ministerio de Cultura a instancias del Tribunal Supremo. Más tarde el Tribunal Constitucional en dos ocasiones. Y ahora la Audiencia Nacional, a través de un auto fechado el 9 de abril y que trascendió ayer. Las tres instancias han puesto freno al plan del Ayuntamiento de Valencia de derruir cerca de 600 edificios de alto valor histórico en el barrio de El Cabanyal. Un proyecto que Cultura paralizó, tras calificarlo de "expolio patrimonial", el 29 de diciembre a través de una Orden que el consistorio recurrió ante la Audiencia Nacional, a la que solicitó su suspensión cautelar.

Esta última medida ha sido denegada ahora por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del tribunal a través de un auto en el que insta al equipo de Gobierno de Rita Barberá (PP) "a la suspensión inmediata de la ejecución" del plan urbanístico que prevé derruir El Cabanyal para prolongar una avenida, "en tanto se lleve a cabo una adaptación que garantice la protección de los valores histórico artísticos que motivaron la calificación como conjunto histórico".

El texto señala que, de no ser así, "podrían producirse perjuicios irreparables en dicho patrimonio histórico". Tras este auto, queda pendiente que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la totalidad del recurso presentado por el consistorio.

La decisión judicial fue recibida con enorme satisfacción por Salvem El Cabanyal, plataforma que se opone a las demoliciones. Para su portavoz, Maribel Doménech, supone "un nuevo varapalo jurídico para Barberá, que se ha declarado insumisa a la legalidad vigente". También denunció que la alcaldesa ya conocía el auto este lunes, cuando aprobó 18 licencias de derribo "que serían nulas de pleno derecho".

Barberá no se pronunció sobre este tema, aunque sí cargó contra la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, a la que conminó a presentarse "como alcaldesa de Valencia si lo que pretende es hacer un planteamiento nuevo para El Cabanyal".

(www.publico.es, 29/04/10)

BARBERÁ GASTARÁ EL DINERO DEL PLAN DE EL CABANYAL EN COMPRAR CASAS

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, anunció ayer que gastará 60 millones de euros en comprar casas de las que prevé derribar en la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez. El dinero, del plan Confianza de la Generalitat, iba a servir en un principio para urbanizar la prolongación de la avenida hasta el mar por medio de El Cabanyal. Ante la decisión del Tribunal Constitucional, el miércoles, de paralizar el plan, Barberá anunció que el Ayuntamiento acata el mandato y que no se producirán más derribos en tanto el alto tribunal decide si el recurso del Gobierno contra la ley del Consell que permitía las demoliciones es o no válido. Pero no sólo se suspenden los derribos, la primera edil avisó de que tampoco podrán rehabilitarse edificios, ejecutar los equipamientos previstos en el barrio, los jardines o los aparcamientos. Mientras tanto, el Ayuntamiento adquirirá casas para avanzar trámites a la espera de que el Constitucional decida a favor o en contra del recurso del Gobierno, y por tanto de la ley de la Generalitat que permite los derribos.

El Constitucional admitió el miércoles a trámite el recurso del Gobierno contra la ley de la Generalitat. Ésta sorteaba una orden del ministerio de Cultura que paraliza el plan del Ayuntamiento de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez afectando a una zona protegida. La ley había sustituido un decreto ley de la Generalitat que ya recurrió el Ejecutivo y admitió el alto tribunal.

Cuando el Constitucional admitió a trámite el recurso contra el decreto ley en febrero pasado, Barberá aseguró que los derribos podrían continuar fuera de la zona declarada Bien de Interés Cultural, entre las calles de Escalante y del Doctor Lluch. El plan, por tanto, seguía su curso. Ayer, sin embargo, con la ley recurrida, la primera edil espetó: "Han paralizado el PEPRI [Plan Especial de Protección y Reforma Integral] y lo que no es el PEPRI, equipamientos, jardines, aparcamientos... El PSOE lo ha paralizado todo". Barberá incluye cualquier actuación derivada del plan, incluso las que quedan fuera del ámbito de prolongación de la avenida, como colegios, jardines, equipamientos socioculturales o rehabilitaciones de casas antiguas. La alcaldesa advirtió además de que los 60 millones que el plan Confianza iba a invertir en los Poblats Maritims los dedicará a comprar casas. "Si no puedo hacer nada compraré todo lo que pueda", dijo.

La intención de Barberá de congelar cualquier actuación en El Cabanyal supone que más de 30 equipamientos se queden sin hacer. El PEPRI, además de prolongar la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar, comprende una serie de mejoras a lo largo y ancho del barrio y no sólo en la zona afectada por la supuesta futura avenida. Entre ellas, están la construcción de un colegio en la avenida de los Naranjos, varios equipamientos socioculturales en las calles del Arzobispo Company y de Vicente Guillot o en la plaza de la Iglesia de los Ángeles; la rehabilitación de edificios históricos como la antigua Casa dels Bous o el viejo cine Merp, nuevas zonas verdes en los alrededores del bulevar de Serrería o varios aparcamientos subterráneos.

La portavoz de la plataforma vecinal Salvem El Cabanyal, Maribel Domenech, criticó la forma de interpretar la decisión del Tribunal Constitucional que ha tenido la alcaldesa. "La orden del ministerio de Cultura permite perfectamente que se siga rehabilitando y actuando fuera de la zona de prolongación", afirmó. "La Casa dels Bous, por ejemplo, [con un reloj de sol antiquísmo en la fachada, muy deteriorado] podría rehabilitarse porque queda fuera del ámbito de la prolongación. Lo que impide la orden es el expolio, y rehabilitar no lo es. [La de Barberá] es una malinterpretación sesgada y malintencionada, una pataleta de una niña malcriada", concluyó.

Al margen de las obras del PEPRI, que la alcaldesa considera paralizadas, el dinero que el plan Confianza iba a invertir en el barrio, casi todo para urbanizar una futura Blasco Ibáñez prolongada, se destinará ahora a comprar casas. 60 millones de euros para comprar casas. En el acuerdo entre Ayuntamiento y Consell sobre las obras a ejecutar con la financiación del plan Confianza, había varias partidas previstas para rehabilitar algunas calles del barrio, entre ellas la avenida del Mediterráneo y las calles de la Barraca y de Pescadores. También estaba programado un aparcamiento subterráneo en el bulevar de San Pedro. El valor de estas obras superaba los siete millones de euros.

Otro de los inmuebles afectados por la paralización de las actuaciones en el barrio es el teatro El Casinet, de cuya rehabilitación se estaba encargando la empresa municipal Aumsa. Al igual que todo lo demás, las obras deberían parar. El teniente de alcalde, Alfonso Grau, explicó el miércoles que la orden del Ministerio de Cultura implica que no se pueden dar licencias de obras en todo el ámbito del PEPRI. Maribel Doménech, de Salvem, reiteró ayer: "Eso es mentira, la orden no dice nada de actuar fuera de la ampliación de la avenida".

(www.elpais.com, 16/04/10)

BARBERÁ MANTIENE SU FE EN DERRIBAR EL CABANYAL

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá (PP), sigue empeñada en derribar El Cabanyal a toda costa. La demolición de este barrio marinero, cuyo patrimonio histórico-artístico está protegido por el Ministerio de Cultura, se ha convertido en una auténtica obsesión para la conservadora.

Sólo un día después de que el Tribunal Constitucional (TC) ordenara, por segunda vez en pocas semanas, paralizar los derribos, Barberá reiteró ayer su disposición a gastar los 60 millones de euros previstos en "comprar casas" en el barrio, y poder ejecutar así su proyecto urbanístico, al menos hasta que el TC dicte su sentencia definitiva. La intención de la alcaldesa es adquirir "todas las que pueda". Sus planes pasan por tirar abajo 600 casas de antiguos pescadores para prolongar hasta el mar la avenida de Blasco Ibáñez, una de las principales arterias de la ciudad. Para ello, no dudó la semana pasada en sacar las piquetas a la calle, donde llegó a sepultar cinco inmuebles. En la refriega hubo decenas de vecinos heridos tras las cargas policiales.

Los 60 millones esgrimidos ayer por Barberá no son su único fondo para demoler. Tras la orden de Cultura dictada el pasado 29 de diciembre que catalogó el barrio como Bien de Interés Cultural (BIC), la primera edil manifestó públicamente sus intenciones de seguir adelante con las demoliciones. Para ello, destinaría 46 millones procedentes de la Generalitat a través del Plan Confianza, un conjunto de medidas extraordinarias para luchar contra la crisis económica mediante inversiones municipales.

De momento, el equipo de Gobierno local acata la decisión del TC, que ha admitido a trámite un recurso de anticonstitucionalidad presentado por el Gobierno contra una ley autonómica que permitía los derribos. El alto tribunal ha dado 15 días a las partes implicadas en el litigio para presentar sus alegaciones.

Barberá acusó ayer al Ejecutivo de "tener un rebote" con su ciudad y con la Comunitat Valenciana e insistió en que la decisión del TC "se veía venir". "Cogen todos los instrumentos a su alcance, hasta el BOE y los tribunales, para atacar", sostuvo la alcaldesa, que denunció el "uso y abuso de los instrumentos a su alcance" que emplea el Gobierno socialista, a quien acusó de actuar con "sectarismo".

Las palabras de Barberá se toparon con las críticas de la asociación de vecinos Cabanyal-Canyamelar, que las tildó de "despropósito". "Ha cambiado la estrategia municipal porque sabe que sólo le resta desviar la atención hacia otro lado", concluyeron.

(www.publico.es, 16/04/10)

EL CONSTITUCIONAL PARALIZA LOS DERRIBOS DEL CABANYAL

El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido este miércoles a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno contra la ley de la Generalitat valenciana que autoriza todas las actuaciones del Plan del Barrio del Cabanyal de Valencia, por lo que se paralizan los derribos de las viviendas. El Constitucional, cuyo pleno se reúne el miércoles y jueves, ha admitido por unanimidad de todos los magistrados el recurso interpuesto por el Ejecutivo contra la ley del Cabanyal por entender que ésta "menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado".

Según el Constitucional, la suspensión de la vigencia y aplicación de los preceptos impugnados, se produce desde el pasado 9 de abril -fecha en que se interpuso el recurso- para las partes del proceso y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para los terceros.

Asimismo, el pleno ha decidido oír a las partes sobre la posible acumulación de este recurso con el también promovido por el Gobierno contra el decreto-ley del pasado 7 de enero, del Ejecutivo valenciano de medidas de protección y revitalización del conjunto histórico de la ciudad de Valencia. Por último, el Constitucional ha decidido publicar la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana.

El Tribunal ordena dar traslado de la demanda y de los documentos presentados al Congreso de los Diputados, al Senado, al Gobierno de la Generalitat Valenciana y al presidente de las Cortes Valencianas.

La ley, aprobada el pasado mes de marzo por las Cortes Valencianas, sustituyó y derogó un decreto-ley -prácticamente idéntico a la ley, salvo aspectos puntuales- que también fue recurrido por el Gobierno.

Se trata de la segunda vez que el Tribunal Constitucional paraliza los derribos, ya que el pasado 18 de febrero decretó la suspensión de los trabajos cuando admitió a trámite el recurso del Ejecutivo contra el decreto ley que en un primer momento permitió la actuación urbanística.

(www.publico.es, 14/04/10)

CAMPS AFIRMA QUE EL GOBIERNO NO QUIERE UNA SALIDA AL MAR

Las reacciones a la decisión del alto tribunal no se hicieron esperar. El presidente Camps, de viaje en Bruselas -improvisó una expedición para entrevistarse con el presidente murciano, Ramón Luis Valcárcel, y con Aleix Vidal Quadras-, declaró que no entiende por qué al Gobierno "no le apetece" que Valencia tenga comunicación directa con el mar, cuando "ya se planificó en su momento y se previó para que pudiese llegar justo hasta donde pretenden todos los valencianos". "Nos extraña", acabó Camps, "que con los problemas que tiene en estos momentos España, como el paro y otras cuestiones tan complejas para el presente y el futuro de nuestro país, se estén preocupando por la ampliación de una calle de un barrio de Valencia".

Desde el Ayuntamiento, el primer teniente de alcalde, Alfonso Grau, insistió en que les asiste "la razón", pero admitió: "Si toca parar los derribos, paramos, hasta que se resuelva el problema".

La plataforma vecinal Salvem El Cabanyal se mostró "satisfecha" con la decisión y reclamó que se rehabilite el barrio sin destruir edificios. Faustino Villora, portavoz, aseguró que la decisión del Tribunal Constitucional "pone en evidencia" que la actuación del PP durante las demoliciones se podía haber evitado. La asociación de vecinos subrayó que una actuación más "prudente" de Barberá hubiera evitado todos los incidentes de la semana pasada.

En el mismo sentido se pronunciaron los socialistas. Carmen Alborch, portavoz municipal, saludó el anuncio del alto tribunal y pidió a la alcaldesa que "respete la legalidad, abandone la provocación, suspenda los derribos y deje de amenazar con nuevas demoliciones". El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, advirtió al PP de que no les queda "otra salida" que la rehabilitación, algo que compartieron Compromís y Esquerra Unida.

(www.elpais.com, 15/04/10)

BARBERÁ DESATA OTRA BATALLA CAMPAL EN EL CABANYAL CON UN NUEVO DERRIBO

La excavadora ganaba la esquina de la calle Francesc Eiximenis, en el barrio de El Cabanyal, en Valencia, y alrededor de medio centenar de vecinos la esperaba sentado en el suelo, impidiéndole el paso. Su intención era evitar el derribo de la sexta casa de la semana, después de que el pasado martes la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ordenara cinco demoliciones. Los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que custodiaban la excavadora llegaron, miraron y como allí nadie se apartaba, aporrearon. Sin que los que estaban sentados tuviesen tiempo siquiera de levantarse.

La Policía Local, que vigilaba el perímetro preparado para la excavadora, cargó también contra los vecinos. Un chico se miraba la mano ensangrentada, incrédulo. Un par de miembros de la plataforma Salvem el Cabanyal -que nació hace 12 años para evitar que el Consistorio abriera una gran avenida hasta el mar a costa de partir en dos el barrio y demoler 450 edificios- se aupó a la excavadora mientras recibía los golpes de la autoridad. Bombalino el payaso, actor de títeres e histórico defensor del barrio, acabó detenido junto a su hijo y una ambulancia trasladó al hospital a dos vecinos, una señora de 49 años y un chico de 29, por las contusiones de los porrazos.

El delegado del Gobierno, Ricardo Peralta, arremetió contra Barberá por persistir en unos derribos sin urgencia. "Responden sólo a su voluntad contumaz de incumplir la orden del Ministerio de Cultura intentando proteger el barrio de El Cabanyal", dijo en un comunicado.

Los comentarios de los vecinos rebosaban incredulidad. No entendían que la Policía Nacional defendiese los derribos y actuase con tal contundencia. Criticaron que un cuerpo del que esperaban apoyo, por depender del Gobierno central, acabase custodiando los derribos. Fuentes de la Delegación del Gobierno insistieron en que el Cuerpo Nacional de Policía está obligada, por ser su competencia, a asistir a la local en cuestiones de orden público. A pesar de ello, varios partidos políticos pidieron la dimisión de Peralta.

El concejal de Seguridad del Consistorio valenciano, Miguel Domínguez, llamó a los concentrados "grupo de violentos" e insistió en que los derribos de estos días están amparados por una ley autonómica y varias resoluciones judiciales.

La ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, pidió desde Córdoba tranquilidad a los vecinos. "Que tengan confianza, pues los tribunales están dándoles la razón", manifestó. Además, recordó que el Gobierno ha pedido al juez medidas cautelares ante estos derribos. El delegado del Gobierno requirió el miércoles a la alcaldesa de Valencia para que detuviera las demoliciones.

El conflicto por El Cabanyal es largo y se ha enquistado. Estalló hace más de una década cuando el Ayuntamiento de Valencia, gobernado por el PP, redactó un plan urbanístico para prolongar la avenida de Blasco Ibáñez hasta la misma playa de la capital a costa de demoler 450 edificios y desvertebrar este singular barrio marinero. Salvem, una plataforma creada por vecinos y ciudadanos contrarios a la ampliación, se organizó y ha conseguido hasta ahora paralizar el plan.

En contestación a esta resistencia, las Administraciones públicas han abandonado a su suerte un barrio que se ha degradado por la falta de inversiones y una creciente marginalidad social.

En estos años, Salvem ha perdido en los tribunales la batalla urbanística contra el plan, hasta que abrió la vía del expolio contra el patrimonio histórico, sobre la que tiene competencias el Gobierno central.

El Consistorio que preside Rita Barberá no ha estado de brazos cruzados. Conforme la marginalidad crecía en el barrio, la sociedad municipal compraba las casas a los vecinos que tiraban la toalla o cambiaban de vecindario. Que la prolongación de la avenida estuviese lejos por la batalla judicial, no ha sido un obstáculo para que el gobierno local del PP haya derribado cada vez que ha podido las casas que adquiría.

En 2009, Salvem se apuntó su primera gran victoria en los tribunales. El Supremo instó al Ministerio de Cultura a decidir si el plan suponía un expolio para el barrio y el departamento de González-Sinde concluyó que sí. El pasado 29 de diciembre paralizó con una orden el plan de la prolongación, y la Generalitat respondió con un decreto ley que la sorteaba. El Ejecutivo recurrió el decreto ante el Tribunal Constitucional y la Generalitat valenciana convirtió el decreto en ley, que entró en vigor el pasado martes. La alcaldesa valenciana se acoge a esa ley para justificar los últimos derribos.

Un largo conflicto

- 1993. El Gobierno valenciano, gobernado por el PSOE, declara una parte de El Cabanyal Bien de Interés Cultural (BIC)

- Abril de 2001. El PP aprueba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) del Cabanyal.

- 2001. Salvem El Cabanyal empieza con los recursos contra el plan y logra paralizarlo hasta 2004.

- 2008. El Ayuntamiento consigue que los tribunales validen su plan. Salvem sigue la vía del expolio.

- 2009. El Tribunal Supremo insta al Ministerio de Cultura a que diga si hay expolio. Éste suspende el plan.

- 2010. La Generalitat aprueba un decreto contra la orden, que el Gobierno recurre al Constitucional. La Generalitat convierte el decreto en ley.

(www.elpais.com, 09/04/10)

LOS HILOS DEL PP EN EL CABANYAL

Estudiantes vinculados al PP mueven hilos en Internet a favor de los partidarios de derribar parte del barrio de El Cabanyal. Así lo revela el dominio de la página web que utilizan. La Asociación Valenciana de Estudiantes Universitarios (AVEU) salió ayer al paso de una información que la vinculaba con la gestión de la página web del colectivo Sí, Volem, el grupo de vecinos de El Cabanyal que ha surgido estas últimas semanas en apoyo del plan de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio. Una información de la página periodistasvalencianos.es, que revelaba que "los cachorros del PP gestionan la web de la asociación que defiende tirar El Cabanyal", originó el desmentido de AVEU.

Sin embargo, fuentes del PSPV revelaron que, como puede comprobarse mediante una sencilla búsqueda, el administrador del dominio de Internet usado por Sí, Volem es Víctor Manuel Soriano, que se describe, en un perfil en su página personal, de la siguiente manera: "Estudiante de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos en la Universidad Politécnica de Valencia. Centro-reformista y europeísta, está afiliado al Partido Popular y NN GG de Alboraia, y es directivo de la Asociación Valenciana de Estudiantes Universitarios".

La AVEU, que mantiene su propia página web, desmintió por boca de su portavoz, Ángel Mínguez, "las informaciones aparecidas en la prensa digital que vinculaban esta asociación con la plataforma Sí, Volem, y en especial con su web y su perfil de Facebook" y atribuía la publicación de la noticia al "sector catalanista más radical que aprovecha las próximas elecciones a rector de la Universitat de València para darse notoriedad, que es además, el que nos lanza amenazas".

Los vecinos que coinciden con el proyecto de Rita Barberá han denunciado reiteradamente haber recibido amenazas en el mismo sentido. Con todo, la presencia de militantes del PP tras las iniciativas digitales del colectivo Sí, Volem es fácil de comprobar sin demasiada dificultad gracias a la tecnología de la Red.

La iniciativa Sí, Volem ha surgido como reacción a la plataforma Salvem El Cabanyal, que lleva 12 años luchando contra el plan municipal de escindir el barrio para prolongar la avenida, un plan que ahora han paralizado el Ministerio de Cultura y el Tribunal Constitucional.

(www.elpais.com, 02/03/10)

200 arquitectos plantan cara al Colegio por su informe de El Cabanyal

El informe del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana (COACV) que concluía que la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio de El Cabanyal no representaba un expolio (al contrario de lo que finalmente resolvió el Ministerio de Cultura) ha provocado gran malestar entre muchos profesionales. Ayer se hizo público un manifiesto firmado por 219 arquitectos valencianos en el que se rechazan las conclusiones del informe oficial por no haber sido sometido a debate en el seno del Colegio y por carecer de la "mínima exigencia profesional".

Consideran que el dictamen del COACV carece de la mínima exigencia profesional

"Además de ser objetable el procedimiento, el informe resultante rehuye un pronunciamiento libre y propio de nuestra cualificación profesional, inhibiéndose de su responsabilidad técnica. El informe emitido viene a decir que, como unas determinadas sentencias judiciales han avalado su legalidad, no es posible que se produzca expolio. Una argumentación discutible y que nada tiene que ver con nuestro oficio", se lee en el manifiesto.

Los firmantes consideran sorprendente que el Colegio adoptara esa postura cuando tradicionalmente se ha pronunciado sobre diversas polémicas urbanas "desde una posición por lo general celosa de su independencia y de su fundamento profesional, esgrimiendo argumentos de arquitectura, urbanismo y patrimonio, los que corresponden a su esfera de conocimiento". Y califican de "infundada y acientífica" la afirmación de que el "paseo al Mar, su proyecto y trazado, forman parte de la estructura urbana del Cabanyal-Canyamelar (...) constituyendo una traza histórica de enorme valor estructurante".

Los arquitectos adheridos al manifiesto, que pertenecen a distintas generaciones y entre los que figuran profesionales muy reconocidos, opinan que el plan es "socialmente inaceptable, además de ser económicamente inviable, urbanísticamente desaconsejable y patrimonialmente recusable. En ningún caso es real la vinculación de la prolongación del paseo con la rehabilitación del barrio; ésta es una teoría improvisada que no responde a la realidad y que no está contrastada". Y abogan por reconducir el proceso y abordar la rehabilitación del barrio "como patrimonio de sus habitantes y de la cultura de la ciudad".

El COACV tiene miles de colegiados, pero su actual presidente, Ramón Monfort, ganó en 2009 con 396 votos, 26 más que la segunda clasificada. Antes de emitir la orden en la que estableció que la ampliación suponía un expolio, el ministerio pidió informes a varias instituciones. El del COAV consideró que no lo había. El del Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España, en cambio, estimó que sí.

El Ayuntamiento, por su parte, insiste en que la decisión que tomó el Tribunal Constitucional (TC) el jueves, de suspender el decreto ley que eliminaba la protección a El Cabanyal no afecta a los derribos. La alcaldesa, Rita Barberá, interpretó que una cosa son las demoliciones y otra el decreto ley del Consell: "No podemos confundir realidad con deseos. El TC ha suspendido el decreto ley y las demás historias son puras invenciones". El Consell recurrirá la decisión del TC en las próximas dos semanas, "¿cómo no se va a hacer?", exclamó Barberá.

Con el decreto suspendido, la orden otorga protección a todo el conjunto histórico, a toda la trama, no sólo a la declarada BIC. La portavoz del PSPV en el Consistorio, Carmen Alborch, exigió al equipo de gobierno que acabe con expolio en el barrio marinero.

www.elpais.es 20.02.10

EL CONSTITUCIONAL ACEPTA EL RECURSO DEL GOBIERNO Y CONGELA EL PLAN DEL CABANYAL

El plan del Ayuntamiento de Valencia que prolonga la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar a costa del derribo de cientos de inmuebles de El Cabanyal, quedó ayer en suspenso, congelado. El Tribunal Constitucional (TC) aceptó a trámite el recurso presentado por el Gobierno español contra el decreto ley con el que el Consell quiso desproteger el barrio marinero tras la intervención del Ministerio de Cultura. No fue el único asunto valenciano que trató el Constitucional. El pleno dio curso a un segundo recurso contra una ley valenciana, la Ley de Caza donde se regula la práctica del parany.

El ministerio que dirige María Ángeles González-Sinde dictó el pasado 29 de diciembre una orden, en atención a una sentencia del Tribunal Supremo sobre El Cabanyal, en la que declaraba el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) de este conjunto histórico un expolio contra el patrimonio cultural valenciano. En un alarde de fuerza, el Consell aprobó en cuestión de horas un decreto ley para invalidar la acción del Gobierno de Rodríguez Zapatero, cuando sólo el Estado es competente, según la Constitución, para declarar si existe o no expolio. El conflicto de competencias saltó al Constitucional y amenaza con prolongarse en el tiempo. De momento, la admisión a trámite impide al consistorio durante al menos cinco meses seguir adelante con las expropiaciones y derribos en el barrio.

"Estamos contentos. Ahora sólo esperamos que el Ayuntamiento abra nuevas vías de rehabilitación y mejora del barrio en lugar de invertir en expropiaciones y derribos", dijo Maribel Doménech, portavoz de Salvem El Cabanyal. La Asociación de Vecinos del barrio pidió al consistorio que preside la alcaldesa Rita Barberá que cumpla con la orden ministerial y se ponga a trabajar en un plan que respete los valores históricos del barrio.

Vecinos a favor de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez manifestaron su hartazgo por el bloqueo que sufre desde hace años el plan municipal. "Hemos recogido más de 5.000 firmas a favor de la prolongación. Somos mayoría en el barrio", añadió Mayte Gallart.

En las filas socialistas, la suspensión del PEPRI también provocó satisfacción: "Esperamos que el Partido Popular se atenga a las reglas del Estado de derecho y detenga las demoliciones", subrayó la portavoz socialista en Valencia, Carmen Alborch. El secretario general de los socialistas, Jorge Alarte, fue más taxativo. "El Constitucional ha avalado la valentía" de la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, al "defender la protección y rehabilitación frente a los derribos". Para Esquerra Unida, a la alcaldesa ya sólo le queda "el diálogo o la dimisión", mientras Compromís anunció una enmienda a la totalidad a los planes del PP.

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso que el Gobierno interpuso el pasado día 1 contra el decreto ley del Ejecutivo valenciano que permite el derribo del barrio del Cabanyal (Valencia) y ha acordado suspender la vigencia de la norma impugnada. En una providencia notificada hoy, el pleno del Constitucional da además traslado de la demanda del Gobierno al Congreso y al Senado, así como a los presidentes del Ejecutivo y del Parlamento valencianos, "al objeto de que, en el plazo de quince días, puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que estimaren convenientes".

También, y en aplicación del artículo 161.2 de la Constitución, señala que el recurso "produce la suspensión de la vigencia y aplicación del decreto-ley impugnado" desde la fecha en la que se interpuso el mismo, el pasado día 1 "para las partes del proceso" y desde que se publique la suspensión en el Boletín Oficial del Estado para los demás.

En su recurso contra el decreto-ley 1/2010 aprobado por el Gobierno valenciano, el Ejecutivo central asegura que la norma menoscaba las competencias sobre protección contra el expolio del patrimonio histórico que corresponden al Estado y que no está justificada por la existencia de una "extraordinaria y urgente necesidad" que exige la Constitución en estos casos.

El Ejecutivo también alegaba que el decreto-ley impugnado convalida una actuación administrativa anterior -el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI)- con carácter retroactivo, por lo que se considera que infringe las exigencias de "seguridad jurídica, interdicción de la arbitrariedad" y proporción exigidos constitucionalmente.

El barrio de El Cabanyal tiene la consideración legal de Bien de Interés Cultural, con la categoría de conjunto histórico, declarado en 1993 por decreto del Gobierno Valenciano. El Plan Especial de Protección y Reforma Interior perseguía la revitalización de los barrios de El Cabanyal-Canyamelar y establecía la conexión de la Avenida de Blasco Ibáñez con el frente marino de la ciudad de Valencia.

El Ministerio de Cultura consideró el pasado mes de diciembre que el proceso de urbanización que prevé el citado plan no debería realizarse, al entender que constituye un supuesto de expolio del patrimonio histórico español, y requirió la inmediata suspensión de todas las actuaciones relacionadas con él.

Por su parte, la Generalitat aprobó el decreto-ley 1/2010 que se justifica en la competencia que le atribuye su estatuto de autonomía en materia de patrimonio histórico, artístico, monumental, arquitectónico, arqueológico y científico.

EL PP DESAFÍA AL GOBIERNO Y AVANZA EN EL DESALOJO DE LOS VECINOS DEL CABANYAL

La Generalitat y el Ayuntamiento de Valencia han hecho caso omiso del contundente dictamen del Consejo de Estado que solicita la suspensión cautelar del decreto ley del Consell que avala el plan especial del Cabanyal y avanzan con las expropiaciones en el barrio. Ayer, tras la multitudinaria manifestación del domingo contra los derribos y la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, los primeros vecinos afectados por la apertura del bulevar San Pedro comparecieron para el levantamiento de las actas de ocupación y entrega de llaves de sus casas.

El dictamen del Consejo de Estado avala el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la disposición del Consell y refuerza la orden de paralización del plan urbanístico decretada por el Ministerio de Cultura al entender que la prolongación supone expolio del barrio de pescadores declarado Bien de Interés Cultural.

La plataforma Salvem el Cabanyal llamó ayer a los vecinos afectados por las expropiaciones -un total de 24- a no hacer acto de presencia en las citaciones. La entidad advierte de que el proceso de expropiación para la apertura del bulevar San Pedro, perpendicular a la prolongación de Blasco Ibáñez, "no tiene amparo legal" porque el plan especial está paralizado por orden del Ministerio de Cultural.

El Ayuntamiento de Valencia tiene habilitado, desde ayer y hasta el miércoles, el salón de actos del retén de la Policía Local del Marítimo para atender a los expropiados. La sala estuvo abierta desde primera hora de la mañana y hasta las 17.30 horas. Pese al llamamiento de Salvem el Cabanyal, los ocho vecinos citados ayer sí se personaron, según confirmaron fuentes municipales. Otra cosa es que firmaran el acta de ocupación. Los precios que se ofrecen están muy por debajo de los de mercado -en San Pedro la Generalitat ha tasado una casa de 300 metros en 180.000 euros- y con probabilidad muchos recurrirán al Tribunal Provincial de Expropiaciones.

La presidenta de la plataforma Salvem el Cabanyal, Maribel Domínguez, explicó que Blanca Blanquer, la abogada que representa a algunos de los vecinos afectados por las expropiaciones, les ha desaconsejado acudir a las citaciones. La letrada declaró ayer a Efe que no se presentan a la cita porque hay una orden ministerial "legítima" y emitida por el Ministerio de Cultura "dentro de sus competencias" para paralizar la ejecución del Pepri. "No acudir a este acto es una cuestión de congruencia y lógica", argumentó Blanquer. La abogada y ex directora general de Urbanismo advirtió a la Generalitat que "tendrán que ir a sacar a los vecinos porque lo tienen decidido y no se van a ir de sus casas".

La representante legal de los expropiados confió ayer en que "esta semana" el Tribunal Constitucional tome una decisión que "ponga fin de una vez" a todo este conflicto. La plataforma se prepara con todo para una tensa espera. Según Doménech, la decisión final del Constitucional puede demorarse entre cinco meses y tres años.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fía el proyecto de la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez hasta el mar sobre El El Cabanyal a una victoria del PP en las elecciones generales tras dar por perdida su batalla contra el Gobierno español. La alcaldesa no hizo ayer ninguna referencia al pleito judicial, después de que el Gobierno decidiese interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional que recurre el decreto ley del Consell que desprotege urbanísticamente El Cabanyal. El recurso, que alerta del riesgo de expolio si se destruyen los 450 edificios del barrio marinero de Valencia, implica la paralización del proyecto impulsado por el PP hace más de una década y que al día de hoy sigue sin ejecutarse por la oposición vecinal.

"La garantía para hacer el proyecto es que gane el PP", dijo Barberá, que confesó que había hablado telefónicamente con Mariano Rajoy y que éste le había asegurado que si logra gobernar "tendremos al Gobierno apoyando el plan de El Cabanyal".

Barberá recurre a Rajoy después de que las dos intervenciones extraordinarias del Consell, auspiciadas por la alcaldesa, no hayan servido para contrarrestar la declaración de expolio patrimonial del Ministerio de Cultura.

La munícipe aprovechó la ocasión para descalificar la multitudinaria manifestación de vecinos que el domingo recorrió el barrio para pedir que se rehabilite la zona y se proteja el patrimonio arquitectónico. Para Barberá, tan solo se trató de una manifestación de toda la izquierda contra el PP. Los populares parecen confiar más en la fuerza de las urnas que en los tribunales para lograr su plan urbanístico.

En este contexto, el PP se esforzó por intentar desvirtuar la multitudinaria manifestación que reunió a miles de familias en favor de la rehabilitación de El Cabanyal. El secretario general del PP, Antonio Clemente, volvió a presentar la manifestación como una protesta realizada por personas de otras autonomías. La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, se refirió a la prolongación como un "empeño personal" de Rita Barberá, "que no ha invertido en el barrio desde hace mucho tiempo".

La cobertura informativa que ofreció Canal 9 de la marcha del domingo desató otra tormenta en el ente. La oposición y los sindicatos acusaron al canal autonómico de "manipulación informativa". Según CC OO, "fue un ejercicio de servilismo a las instituciones gobernadas por el PP y de menosprecio a las opiniones críticas". Dieron con ello por enterradas las promesas de pluralidad dadas por el director general de RTVV, José López Jaraba.

La Intersindical criticó el apagón informativo que los informativos hicieron de los partidos de la oposición. También UGT censuró la actuación del ente. "Una manifestación de miles de ciudadanos se escondió en el informativo, se destacaron los aspectos más irrelevantes para construir una identificación globalizadora basada en que los valencianos están con el PP, mientras que los movimientos de izquierdas son identificados con los foráneos y enemigos de los valencianos", dijeron. Amadeu Sanchís, de EU, pidió el cese de la cúpula directiva del ente "por el fracaso de la política informativa de Canal 9", que calificó "de auténtica vergüenza"

Indiferente a la batalla que se libra en los tribunales y a las miles de personas que se unieron a la manifestación del domingo, la sociedad Cabanyal 2010, encargada de ejecutar el Plan Especial de Reforma Interior (PEPRI), inició ayer el levantamiento de las actas de pago y ocupación de las casas afectadas por las licencias de derribo aprobadas a finales de 2009 por el gobierno local de Rita Barberá en las calles de San Pedro y Luis Despuig, en pleno Cabanyal-Canyamelar. Las oficinas de Cabanyal 2010 aparecieron el pasado domingo con pintadas y un cristal roto. Actos vandálicos que la plataforma Salvem El Cabanyal condenó públicamente.

El primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, asegura que una vez se levanten todas las actas de ocupación, las casas serán demolidas.

Ayer fueron citados los primeros ocho propietarios y todos acudieron a la Junta Municipal del Marítimo, según un portavoz oficial de Ayuntamiento. "No sé si han firmado o no las actas de ocupación, pero sí han acudido", agregó el portavoz. Salvem El Cabanyal aconsejó la semana pasada que los afectados no acudieran, pues el recurso anunciado por el Gobierno paralizará al menos cinco meses el PEPRI.

Alrededor de 30.000 personas, según los organizadores, y 3.000, según la policía local, han participado este mediodía en una manifestación en respuesta a las intenciones del gobierno autonómico y municipal del Partido Popular de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través del barrio del Cabanyal.

Miles de personas se manifestaron hoy por las calles de El Cabanyal (Valencia) para reclamar su rehabilitación y reivindicar un barrio "entero y vivo". Asimismo, pidieron la paralización del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI) que prevé realizar el ayuntamiento para la prolongación de la Avenida Blasco Ibáñez por esta zona.

La plataforma Salvem el Cabanyal, organizadora del acto, aseguró que la protesta había sido un "rotundo éxito", ya que cifraron la participación en unas 30.000 personas, aunque fuentes de la Policía Local apuntaron a Europa Press que habían asistido cerca de 3.000 personas. La manifestación recorrió la calle de la Reina, la calle del Mediterrani y finalizó entre las puertas del Mercado de El Cabanyal y la Plaza Creu de Canyamelar.

Al finalizar la protesta, un portavoz de Salvem el Cabanyal leyó el manifiesto de la entidad que recoge que "no se puede seguir destrozando el patrimonio". Así, después de "12 años de lucha", la entidad asevera que "no va a parar hasta que el barrio se rehabilite y se quede entero y vivo" porque Valencia "no puede perder esta parte de la memoria colectiva".

En el manifiesto, Salvem el Cabanyal agradece el respaldo de las entidades cívicas y políticas que apoyan la entidad, "todas menos uno" --matiza-- "el PP valenciano, que está enroscado en asuntos de corrupción y compromisos políticos".

Así, acusan a los 'populares' de "llevar la degradación, el dolor y la injusticia social" al barrio. En este sentido, el manifiesto asegura que, hasta ahora, El Cabanyal "nunca había sido un barrio degradado", por lo que creen "necesario un plan de rehabilitación integral que cuente con la participación de los ciudadanos" y que lleve la "prosperidad" a esta zona.

Frente a este propuesta, lamentan la "actitud antidemocrática del PP que no sabe gobernar con una democracia participativa" debido a su "proyecto especulativo innecesario". Asimismo, añaden que "no es necesario abrir Valencia al mar, porque está en el mar desde hace 100 años" y que "ninguna ciudad del mundo toleraría un expolio así a su patrimonio".

La manifestación estuvo encabezada con la pancarta 'El Cabanyal es nuestro y lo queremos entero y vivo', y otros participantes llevaron carteles como 'La lonja es la historia del pueblo y no se toca', 'Destruir es perder la identidad' o 'No tiréis la casa de mi abuelo. Yo también quiero vivir allí'.

También había algunas pancartas que hacían referencia a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y al teniente de alcalde, Alfonso Grau, como 'Basta de Rictaduras y Graulladas', 'Rita, no pasarás' y 'Rita, Rita, no me toques la casita'.

Asimismo, acudieron a apoyar la protesta numerosos políticos como la portavoz del grupo municipal socialista en el Ayuntamiento, Carmen Alborch; varios ediles socialistas; el secretario general del PSPV en la ciudad, Salvador Broseta; el portavoz de Compromís en las Corts y miembro del Bloc, Enric Morera; la diputada de Compromís e integrante de Iniciativa, Mónica Oltra; o la coordinadora general de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, entre otros.

A lo largo del recorrido, bandas de percusión animaron la protesta, mientras los participantes corearon lemas como 'Salvem el Cabanyal', 'Rehabilitación sin destrucción', o 'Rita, escucha, Valencia está en la lucha', entre otros.

La portavoz de la Plataforma de Salvem el Cabanyal, Maribel Doménech, explicó en declaraciones a los medios de comunicación que el PEPRI de El Cabanyal significa un "ataque a la cultura, a la memoria colectiva y a la identidad, porque es un barrio singular y hermosísimo digno de permanecer en el tiempo". Asimismo, consideró que la prolongación de Blasco Ibáñez "no es necesaria", ya que "ya hay cinco avenidas que dan al mar y en este momento hay proyectos que van a llevar dos nuevas salidas".

"PRÓXIMO A RESOLVERSE"

Doménech apuntó que la plataforma ciudadana se encuentra "esperanzada", porque la declaración de expolio por parte del Ministerio de Cultura "ha dado paso a una nueva situación". Al respecto, apuntó que el conflicto de El Cabanyal "está próximo a resolverse".

En este sentido, trasladó a ciudadanía que se trata de "un proceso judicial, no político". Añadió que "no hay ningún problema de competencias, ya que la competencia de decidir si había expolio o no la tenía el Ministerio de Cultura, que dictó la paralización total del proyecto".

Por su parte, la portavoz del grupo municipal socialista, Carmen Alborch, aseveró que además de apoyar al barrio, su formación respalda también "unos modos de vida, una arquitectura, un patrimonio histórico, y una lucha ciudadana que ha defendido estos valores a lo largo de mucho tiempo".

Así, la dirigente socialista coincidió en que la prolongación de Blasco Ibáñez "supone partir en dos un hermoso barrio" y en que es "innecesaria". Por ello, apostó por "rehabilitar y regenerar" el barrio, porque tiene unas "características maravillosas", como su cercanía al mar y a la zona de las universidades. De este modo, Alborch propuso la restauración de edificios para el fomento de la I+D+i y para que "pueda venir gente de las universidades a vivir aquí".

"Una nueva agresión deliberada del Gobierno que preside José Luis Rodríguez Zapatero". "Una respuesta de extrema necesidad para preservar nuestro fuero". "Otro atropello a la voluntad popular y a las instituciones legítimas". "Se ha desafiado al Ayuntamiento y al Consell". No son expresiones proferidas por dirigentes de Esquerra Republicana de Catalunya, ni de Convergència i Unió, ni del Bloque Nacionalista Galego, ni tampoco del Partido Nacionalista Vasco.

Son sólo algunas perlas de la argumentación con la que justificaron ayer el Consell, por boca de su vicepresidente Juan Cotino, y el PP valenciano, por boca de su portavoz parlamentario, el también consejero Rafael Blasco, el decretazo autonómico que ha despojado de la protección de bien de interés cultural (BIC) al barrio de El Cabanyal de Valencia, en respuesta a la orden del Ministerio de Cultura de paralizar un proyecto urbanístico que pretende que la avenida de Blasco Ibáñez lo atraviese para llegar al mar.

La Diputación Permanente de las Cortes Valencianas, con la mayoría absoluta de que disponen los populares, convalidó el decreto ley del Consell y acordó tramitarlo de urgencia como proyecto de ley. El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, despliega así otra furibunda ofensiva antigubernamental para responder al revés sufrido por una alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que, pese a ser también diputada, no se dejó ver por el Parlamento, como sí lo hizo la portavoz socialista, Carmen Alborch, junto a representantes de la plataforma Salvem el Cabanyal.

El victimismo político volvió a imponer su ley en el palacio de Benicarló, aunque todo el mundo es consciente de que las espadas quedan en alto, porque el futuro de El Cabanyal está en manos del Tribunal Supremo, que emplazó precisamente en una sentencia del pasado mes de mayo al Gobierno a pronunciarse sobre la posibilidad de que el proyecto urbanístico de Barberá incurra en expolio sobre un núcleo histórico declarado BIC por las propias Cortes Valencianas en 1993. A raíz de esa resolución judicial ha emitido el ministerio su orden de paralización.

Cotino, en su defensa del decreto ley, arremetió contra Zapatero, describió la prolongación de la avenida de Valencia al mar como "una aspiración histórica" de la ciudad, argumentó sus propósitos de regeneración y revitalización del barrio y acusó a la ministra de Cultura, Ángeles González-Sinde, de "sentenciar al Cabanyal a una muerte lenta y dolorosa" por impedir que se ejecute el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), que centra la polémica desde hace más de una década.

Blasco, que llegó a acusar a Zapatero de usar el Boletín Oficial del Estado para conseguir "lo que no le dan los votos", reiteró que el proyecto de prolongación de la avenida ha formado parte del programa electoral de Barberá y explicó la contundente reacción del Consell como "una defensa máxima de la autonomía de los valencianos" y "una barrera a los atropellos que no estamos dispuestos a seguir consintiendo". Entre esos atropellos citó la derogación del trasvase del Ebro, la financiación autonómica e, incluso, proyectos urbanísticos en núcleos históricos de la ciudad de Barcelona, como la Barceloneta o El Raval, sobre los que el Gobierno no ha intervenido.

El portavoz socialista, Ángel Luna, negó que el decreto ley pretenda defender competencias autonómicas frente al Gobierno central y sí impedir el cumplimiento de una sentencia. Tras calificar el documento de "esperpéntico y claramente inconstitucional", vaticinó que los tribunales acabarán poniendo a cada uno en su sitio, recordó que si el Ejecutivo socialista dispone del Boletín Oficial del Estado es porque lo han hecho posible los votos ciudadanos y defendió la "urgente necesidad de rehabilitar el barrio de El Cabanyal y no abandonarlo para que la gente huya de allí".

El diputado del PSPV-PSOE explicó que el decreto ley "vulnera todos los procedimientos legales para la declaración y la extinción de BIC", que prevén una participación pública, y no obedece a urgencia alguna sino a "un abuso de poder". Luna pronosticó: "Ese esperpento jurídico que han parido en una mala noche va a tener muy poca vida normativa".

"Su decretazo es una muestra de deslealtad institucional", aseguró la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, que lo calificó de "manifestación gravísima de autoritarismo". Según la diputada, la orden del ministerio supone "un revés político monumental" para el PP y para Rita Barberá.

También la portavoz de Compromís pel País Valencià, Mònica Oltra, que vestía una camiseta de Salvem el Cabanyal, arremetió contra la alcaldesa de Valencia y consideró que el PP ha cometido una "barberidad". Oltra acusó a los populares de actuar como "insumisos ante el Estado de derecho" -"¿quién nos asegura que no querrán un día prolongar la avenida del Oeste y levantar la protección del barrio de El Carme?", se preguntó-, denunció intereses económicos tras el proyecto, con una alusión directa a las empresas de la familia del propio Cotino, y auguró que la oposición ciudadana y la razón harán que el PP pierda una batalla que se ha convertido en "el talón de Aquiles de Barberá".

El salón de actos del Ateneo Marítimo del barrio valenciano de El Cabanyal se quedó ayer pequeño para albergar a los vecinos que, convocados por la plataforma Salvem El Cabanyal, se reunieron para conocer los últimos acontecimientos que afectan al lugar.

A la convocatoria acudieron numerosos vecinos afectados por el plan urbanístico municipal, que prevé derruir este antiguo barrio de pescadores declarado Bien de Interés Cultural. Tanto el Ayuntamiento como el Gobierno de la Generalitat Valenciana (ambos del PP) ya han dicho que seguirán adelante con el proyecto, a pesar de que el Ministerio de Cultura ordenó la semana pasada la paralización de las obras al considerar que hubo "expolio" sobre el patrimonio.

Los representantes de la Plataforma fueron recibidos con gritos de "salvem el Cabanyal", "rehabilitación", "Rita dimisión" o "no pasarán". Antes de empezar lareunión, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia, diferentes movimientos sociales y todos los partidos políticos con representación en Les Corts, excepto el PP, firmaron un manifiesto de apoyo a la rehabilitación de los inmuebles del barrio. Porque esta fue la postura defendida por los miembros de Salvem el Cabanyal, tal y como explicó el arquitecto Vicente Gallart.

Así, aseguró que el coste económico de la demolición de las 1.659 viviendas que prevé realizar el plan urbanístico para la ampliación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar "se calcula en unos 200 millones, únicamente para dejar un solar, mientras que una rehabilitación integral supondría una décima parte de ese coste, unos 20 millones de euros".

En la reunión también se informó a los vecinos de las actuaciones que se realizarán en el supuesto de que se inicien los derribos, tal y como se recoge en el Boletín Oficial de la Provincia. Las reacciones seguirán dos líneas: la movilización vecinal y la vía judicial, ya que los afectados acudirán a los juzgados para que se cumpla la orden de Cultura.

Pocas horas antes de la reunión, la alcaldesa Rita Barberá realizó una visita relámpago y por sorpresa, sin convocatoria previa, al barrio. Allí habló con algunos vecinos que, según la nota emitida por su gabinete de prensa, le mostraron su apoyo. "Continuará con absoluta normalidad el proceso de derribos, adecuaciones y trámites administrativos en El Cabanyal", aseguró ayer el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Valencia, Alfonso Grau. El concejal del PP recordó que fue el PSOE, en la elaboración del Plan General de Ordenación Urbana, quien consideró "irrenunciable" la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez hasta el mar.

Por su parte, el portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts, Ángel Luna, aseguró ayer, en relación a la información aparecida en Público de que el Gobierno valenciano de Francisco Camps benefició a firmas implicadas en el caso Gürtel a través de la operación urbanística en El Cabanyal, que "lamentablemente, las empresas que están relacionadas con el caso Gürtel y con las prácticas irregulares de financiación del PP en la Comunidad Valenciana aparecen en muchas actuaciones desarrolladas bajo la dirección de la Generalitat".

"Acataremos cualquier resolución judicial que se pronuncie sobre este particular", reconoció Rafael Blasco. "Al final, los tribunales pondrán a cada uno en su sitio", señaló, a su vez Ángel Luna. Los portavoces popular y socialista en las Cortes Valencianas coincidieron en que el asunto del barrio valenciano de El Cabanyal es cosa de los jueces. Sin embargo, el ruido político sigue siendo mayúsculo, después de que el PP haya decidido que la orden del Ministerio de Cultura para paralizar el proyecto de la alcaldesa Rita Barberá, que pretende que la avenida de Blasco Ibáñez atraviese el viejo núcleo de pescadores, es un "atentado e intromisión del Gobierno de España y de su presidente", como lo calificó ayer el propio Blasco.

La junta de portavoces convocó para mañana la Diputación Permanente de las Cortes, dado que no es periodo parlamentario, con el único objetivo de convalidar el decreto-ley del Consell que ha levantado de un plumazo la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de la trama de El Cabanyal, vigente desde 1993. La sugerencia del portavoz de Compromís pel País Valencià, Enric Morera, de que se llevara a un pleno ordinario en febrero no prosperó y la portavoz adjunta, Mònica Oltra, en rueda de prensa, calificó de "reacción desmesurada" de una "fuerza reaccionaria" la actuación del PP. Oltra vaticinó: "Les saldrá mal porque tienen a toda la sociedad civil, a la gente que se mueve, en contra".

Blasco describió la orden dictada por el Ministerio de Cultura, en aplicación de sus atribuciones contra las agresiones al patrimonio, como "una invasión de las competencias del autogobierno valenciano y de la autonomía municipal". Una nueva "arbitrariedad" y un nuevo intento de "humillar a los valencianos" motivan, según el portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, la decisión del Gobierno. Blasco reiteró la idea, ya esgrimida por Barberá, de que los ciudadanos han apoyado el proyecto de El Cabanyal -que ha encontrado la oposición de una plataforma vecinal y ha cosechado las críticas de urbanistas y sectores del mundo artístico y cultural- porque se contemplaba en el programa con el que los populares ganaron las elecciones e insistió en el argumento de que el Ejecutivo que preside el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, ha obviado hasta una docena de sentencias que validaban el plan municipal. "No hay duda alguna respecto de la legalidad de las actuaciones del gobierno municipal", concluyó.

"El decreto ley es esperpéntico", zanjó, por su parte el portavoz socialista, Ángel Luna, quien añadió que lo único que pretende es establecer que todo lo que ha hecho el PP es correcto. Luna dijo que el Consell actúa a la manera de Berlusconi en este tema, ya que trata de abolir mediante un decreto ley una orden ministerial que es consecuencia del emplazamiento que le hizo al Gobierno el Tribunal Supremo en una sentencia de mayo pasado sobre la existencia o no de expolio patrimonial en este caso. "No se trata de un problema de jerarquía normativa", explicó el diputado socialista, "sino de un problema de competencias". Y la competencia sobre expolio patrimonial es del Gobierno central, recordó.

En la línea que apuntó Luna, quien mostró su preocupación por que la reactivación de la empresa Cabanyal 2010 obedezca a la intención de "excitar el celo derribador" por parte del Ayuntamiento de Valencia, la portavoz de Esquerra Unida, Marga Sanz, advirtió que su grupo exigirá "responsabilidades políticas y económicas personales a quienes provoquen la destrucción de El Cabanyal".

De momento, el Ayuntamiento aumenta la presión en la calle de San Pedro, donde pretende abrir un bulevar, y ha iniciado la notificación para expropiar a vecinos afectados. En varios casos, las direcciones coinciden con licencias de derribo aprobadas por el Ayuntamiento, cuando con estas notificaciones ni siquiera termina el trámite de expropiación y de un eventual desalojo. "Intentan intimidar a la gente, como asustaviejas", dijo ayer Faustino Villora, de Salvem El Cabanyal.

La plataforma, que recurrirá las expropiaciones, celebra hoy una asamblea para analizar la situación. Los afectados lanzarán un manifiesto por el diálogo y por un plan de rehabilitación con consenso y participación ciudadana, y tratarán posibles movilizaciones para oponerse al proyecto y sus derribos. La plataforma contará en la asamblea con el apoyo de la portavoz municipal socialista, Carmen Alborch, diputados de Compromís, de Esquerra Unida, la federación de asociaciones de vecinos y una representación de otros colectivos, como Salvem El Botànic y Per L'Horta, sindicatos y grupos ecologistas.

Las constructoras Sedesa y Lubasa, dos de las empresas que, según un informe policial sobre el caso Gürtel, financiaron ilegalmente al PP valenciano, obtuvieron plusvalías procedentes del erario público superiores al 10% y sin arriesgar un solo euro. Lo lograron gracias a la controvertida operación urbanística de El Cabanyal, auspiciada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Según el citado informe policial, pendiente desde julio de que algún juez se decida a investigar su contenido, tanto Sedesa como Lubasa pagaron en dinero B actos del PP valenciano.

La Brigada contra el Blanqueo calcula en 539 millones de euros los contratos públicos de la Generalitat adjudicados entre 2007 y 2009 a Sedesa, propiedad de la familia del consejero valenciano Vicente Cotino. Y en más de 77 los obtenidos por Lubasa entre finales de 2006 y comienzos de 2009. Ambas niegan haber financiado al PP.

El origen de las plusvalías captadas por Sedesa y Lubasa (a través de su filial Calviga) se remonta a 2005. Ese año, la Generalitat y el consistorio valenciano incorporaron a 11 constructoras privadas como socios constituyentes y sin concurso previo a Cabanyal 2010 SA. Participada por la Generalitat y el Ayuntamiento en un 55%, la empresa nacía así como sociedad mixta encargada de desarrollar más de 1.500 nuevas viviendas en el histórico barrio marítimo, cuya destrucción acaba de paralizar el Ministerio de Cultura.

En junio de 2008, con la crisis inmobiliaria ya desatada y la UE preparada para denunciar ante el Tribunal Europeo la entrada a dedo de capital privado en Cabanyal 2010 SA, las 11 constructoras abandonaron el barco. Pero lo hicieron no sólo recuperando todo lo invertido -7,8 millones de euros- pese a que Cabanyal 2010 SA estaba ya en pérdidas, sino obteniendo una jugosísima "compensación indemnización" cifrada en 870.000 euros: es decir, superior al 10% de la inversión inicial.

El entrecomillado anterior relativo a la compensación figura en un recién conocido informe de la Sindicatura de Comptes valenciana la Cámara de Cuentas autonómica que censura la actuación de la Generalitat y el Ayuntamiento en Cabanyal 2010 SA.

Para la indemnización, explica la Sindicatura en su informe, se tomó como referencia el IPC "más un punto". Y añade que, para justificar su decisión, la Generalitat y el Ayuntamiento aplicaron de manera indebida un precepto de los estatutos de Cabanyal 2010 SA. Esa cláusula estipula cómo recomprar las acciones en manos privadas... pero una vez transcurridos 10 años como mínimo desde la creación de la sociedad, y no tres.

El gabinete de prensa de la Generalitat rehusó ayer dar una explicación y remitió a los servicios de comunicación del Ayuntamiento de Valencia. Fuentes del consistorio valenciano aseguraron a Público que la operación se hizo "de acuerdo a ley". En relación con la amenaza de la UE de interponer demanda por la vulneración del principio de igualdad de trato en la elección de socios para Cabanyal 2010 SA, las fuentes sugirieron que la amenaza de demanda "quedó en nada". El 8 de octubre de 2009, la Comisión Europea anunció su decisión de demandar a España (las autonomías no tienen personalidad jurídica propia en la UE) por el sistema de contratación seguido por el Instituto Valenciano de Vivienda SA (IVVSA), a través del cual está representada la Generalitat en Cabanyal 2010 SA.

Según el Ayuntamiento valenciano, el informe de la Sindicatura es "opinable". No lo es, en cambio, que las constructoras dejaron el negocio como quien liquida un depósito a plazo fijo: sin riesgos y con beneficios.

Conjugando los datos del informe de la Sindicatura con los del reparto accionarial en Cabanyal 2010 SA y el precio pagado por cada acción, se alcanza una conclusión respecto a Lubasa y Sedesa: la primera se hizo con 1.856 acciones desembolsando 928.000 euros y, en 2008, se marchó con el compromiso público de reintegrarle 1.030.520 euros. En lo que concierne a Sedesa, las cuentas son estas: en 2005 se hizo con 500 acciones por 250.000 euros y, tres años más tarde, consiguió que la Generalitat y el Ayuntamiento le garantizasen 277.619 euros.

Las acciones, advierte además el informe, debieron adquirirse no a su valor nominal, que aquí era el pagado en 2005 por las constructoras, sino por su valor teórico. La Sindicatura subraya que el valor teórico de las acciones, expresión que equivale al valor real de mercado, "se encontraba por debajo del nominal en el momento de la venta, dado que la empresa había obtenido pérdidas en los ejercicios anteriores".

Este jueves, Les Corts validarán el decreto ley del Consell que permite los derribos en El Cabanyal pese a la prohibición del Ministerio de Cultura, que los considera “expolio”. La Junta de Portavoces, con mayoría del PP, se reunió ayer antes de que se reanuden las sesiones. Tras la junta, el portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, denunció que el Gobierno valenciano aplica “el estilo Berlusconi, cambiando la ley para que desaparezca la fechoría”. Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Blasco, aseguró que Cultura pretende “humillar” a las instituciones autonómicas. Algo con lo que no está de acuerdo la portavoz adjunta de Compromís pel país valencià, Mónica Oltra, que defendió que los derribos son “un crimen” y que no dudará en ponerse “delante de las excavadoras”. El president, Francisco Camps, y la alcaldesa, Rita Barberá, se reunieron ayer en el Palau de la Generalitat junto a buena parte de sus equipos para tratar proyectos urbanísticos en Valencia durante el 2010. Alfonso Grau, teniente de alcalde, afirmó que en El Cabanyal “continúan los derribos”, aunque no supo concretar en qué calle. Por contra, los vecinos de Salvem el Cabanyal precisaron ayer que desde septiembre no se han producido demoliciones

El PP tiene prisa por convalidar en las Cortes Valencianas el decreto ley aprobado el pasado jueves por el Consell para intentar sortear la orden de suspensión del plan de El Cabanyal. La Mesa de las Cortes y la Junta de Síndics están convocadas para hoy con el único fin de tramitar el texto y convocar la Diputación Permanente a petición del portavoz del grupo parlamentario popular y consejero de Solidaridad, Rafael Blasco. El pleno en el que se debatirá el decreto ley y el PP lo validará con su mayoría absoluta se celebrará este jueves, según fuentes de las Cortes.

Los populares convertirán así el decreto en norma legislativa definitiva, aunque después aún cabe la opción de tramitarlo como proyecto de ley. Blasco pidió la semana pasada la convocatoria urgente de la Diputación Permanente para "evidenciar el apoyo" de los parlamentarios del PP al Consell y ayer insistió en que la decisión del Ministerio de Cultura de parar el plan de El Cabanyal por estimar que supone un expolio al patrimonio histórico es una "intromisión" del Gobierno en las competencias autonómicas. E incluso "un ataque a la dignidad de un pueblo que con sus votos ha avalado la prolongación de Blasco Ibáñez al mar", según el portavoz.

La oposición, por el contrario, reiteró que es el Consell el que "rompe el Estado de derecho" con un decreto hecho ad hoc para burlar la orden ministerial y ejecutar un plan que derriba más de 450 inmuebles en el barrio. Así lo expuso la diputada de Compromís en las Cortes Mònica Oltra, que auguró una "resistencia ciudadana" para ponerse "delante de las máquinas" si el Ayuntamiento de Valencia retoma los derribos en El Cabanyal.

Por su parte, el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, denunció que los cambios legislativos "a lo Berlusconi no son buenos para ninguna democracia". Para Alarte, la polémica por la orden ministerial también ha puesto de manifiesto "el fracaso y la incapacidad" de la alcaldesa, Rita Barberá, de dar una solución "positiva, participada y respetuosa" al barrio de El Cabanyal en sus 18 años de gobierno municipal.

El PSPV también denunció que en las tertulias de Ràdio Televisió Valenciana "se ha ocultado" la posición de los colectivos que "han luchado contra el expolio" del barrio y la de los grupos de la oposición. La portavoz en la comisión de control de RTVV en las Cortes, Nuria Espí, exigió la comparecencia del director del ente público, José López Jaraba.

Espí reclama que "no utilice la táctica de ocultación Gürtel en el tratamiento informativo" y ofrezca "todas las posiciones e información veraz" sobre El Cabanyal. Según destaca la diputada, se han dedicado dos emisiones de Notícies 9 Bon Dia a la polémica y en ambos casos se ha dado voz al arquitecto Alejandro Escribano, que informó a favor del proyecto, y al concejal de Urbanismo, Jorge Bellver, pero no a los socialistas del Ayuntamiento ni a vecinos opuestos al plan. Espí pide que se ponga fin a esa exclusión y a un "nuevo ejercicio detestable de manipulación informativa impropio de cualquier sociedad avanzada". La asociación de vecinos de El Cabanyal también se ha quejado por no estar presente en RTVV y por la inasistencia de los populares cuando acude Salvem El Cabanyal a otras tertulias.

El mandato del Tribunal Supremo al Ministerio de Cultura para que dictaminara si el plan de El Cabanyal supone un expolio al patrimonio histórico ha generado nuevos informes sobre la conflictiva decisión del Ayuntamiento de Valencia de prolongar la avenida de Blasco Ibáñez a través de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC). Los informes revisan los antecedentes jurídicos ya conocidos, y se pronuncian sobre el plan urbanístico y si es compatible o no con la preservación del espacio protegido por su singularidad artística e histórica.

El ministerio ha recabado nueve informes para responder a la exigencia del Supremo de analizar la denuncia de expolio de Salvem El Cabanyal. Su respuesta es que el proyecto destruiría la esencia del barrio protegido, por lo que lo suspende y exige que se modifique. El Consell ha reaccionado con un decreto ley que da vía libre al plan y los derribos en el BIC.

El primero de los informes que cita el ministerio es uno del Ayuntamiento. Encargado al arquitecto y profesor de Urbanismo de la Universidad Politécnica Vicente Colomer Sendra, el texto afirma que el proyecto aprobado en 2001 es técnicamente "de gran calidad" y que conjuga la "práctica habitual en la urbanística española contemporánea" de incluir en este tipo de planes la conservación de un entorno BIC y la reforma urbana. Para Colomer, el Ayuntamiento no contraviene la normativa de patrimonio y no altera con la prolongación a través del BIC el entramado protegido. Al contrario, el plan "mejora" las relaciones del barrio con el resto de la ciudad y es, de las alternativas estudiadas en su día, la "más adecuada para la conservación y revitalización" de la zona.

El plan afecta a una porción "mínima" del conjunto histórico y responde a un problema de "degradación urbana, arquitectónica, social y económica", destaca Colomer, que rechaza que implique un expolio.

El profesor tenía otra perspectiva sobre el problema en 2002, cuando dirigió una publicación del Colegio de Arquitectos de la Comunidad Valenciana y de la Generalitat en cuya edición digital dice que sobre el barrio "se cierne el siniestro proyecto" de la prolongación, que podría acabar "destruyéndolo por completo". Además, reclamaba la restauración de la Lonja de Pescadores, que será derribada, por pertenecer "a la memoria colectiva de los ciudadanos". Al respecto, Salvem El Cabanyal pide que Colomer, aclare las razones "técnicas" de lo que califica como "salto mortal".

En relación con la postura de la Consejería de Cultura ante el plan, que apoya la actuación urbanística, el dictamen ministerial considera "inexplicable" que tras aprobar el BIC aceptara la eliminación de seis manzanas del mismo, y que lo hiciera pese a un negativo "muy bien justificado" que ignoró.Otro de los informes ha sido remitido por el Colegio de Arquitectos de Valencia y recuerda las numerosas sentencias favorables al plan. Señala que, sobre esa base, no cabe discutir la legalidad del proyecto y hablar de expolio. Sin embargo, añade también que un concurso de ideas sobre la antigua aspiración de prolongar Blasco Ibáñez hasta el mar "habría ayudado a racionalizar" el debate y "hubiera posibilitado la valoración y análisis de un buen número de soluciones diferentes facilitando un mayor consenso social". La reducción a tres alternativas, de las que el Ayuntamiento escogió la actual, que derriba más de 450 inmuebles, "resulta errática y excesivamente simplista". Añade el colegio que el gobierno local actuó "en el ejercicio legítimo de su potestad discrecional de planeamiento", y que el plan es "de gran calidad" técnico-urbanística.

En sentido contrario se pronuncia la Subdirección General de Protección de Patrimonio Histórico del ministerio, para la que el Ayuntamiento "justifica la remodelación prácticamente total del barrio con una serie de argumentos que desvirtúan la filosofía que define El Cabanyal como BIC", reduciendo la singular trama urbana protegida a "un barrio de callejuelas y mal aireado". En la misma línea, el Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España, considera "obvia la incompatibilidad" de prolongar la avenida y preservar el conjunto histórico, por lo que concluye que sólo cabe desechar el plan o "proceder al levantamiento de la protección del barrio".

También rechaza el plan la Real Academia de la Historia, que afirma que "altera gravemente el BIC sin que se justifique en modo alguno su expolio". A la valoración negativa se suman, además, el Museo Nacional de Cerámica, el Ministerio de Vivienda, mientras que el comité español del Consejo Internacional de Monumentos y Sitios no realiza "un pronunciamiento expreso" del expolio, según el ministerio.

A partir de estos informes, el ministerio estima, entre otras cuestiones, que el plan, "lejos de encontrarse presidido por la finalidad de protección del conjunto histórico, tiene por objetivo fundamental otro tipo de fines" como "pueden ser el urbanístico, social o económico, cuya legitimidad si bien no se cuestiona, lo cierto es que pone en peligro la conservación de los valores que motivaron la protección" de El Cabanyal. La aspiración de prolongar Blasco Ibáñez "prima" sobre el resto de consideraciones, de modo que, en opinión del ministerio, las determinaciones del plan derivan en una alteración del conjunto histórico.

Varios juristas ven el decreto ley de El Cabanyal como un disparate

El pulso entre Consell y Gobierno apunta hacia el Constitucional

El conflicto en torno a la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través de El Cabanyal, que dura ya más de una década, ha rebrotado con fuerza esta semana. A la orden de paralización del plan del Ministerio de Cultura por considerarlo un expolio del patrimonio histórico del barrio, le ha seguido un decreto ley con el que el Consell pretende burlar la decisión del Gobierno y dar vía libre a los derribos. La Generalitat defiende que la orden del ministerio -en cumplimiento de un fallo del Tribunal Supremo que exigía un dictamen sobre el posible expolio- supone una invasión de su autonomía. El Consell asegura que su decreto ley, aprobado por urgencia el jueves, "prevalece" sobre la orden y autoriza así la demolición de casas dentro de la zona declarada Bien de Interés Cultural (BIC).

La degradación del barrio se ha agudizado en los últimos años
La plataforma y los vecinos insisten en que se invierta en rehabilitación
El PP sostiene que su proyecto es la solución para revitalizar la zona

Orden y decreto ley están sobre la mesa y acabarán en los tribunales. La situación jurídica que se genera es nueva y en buena medida abre caminos inexplorados. Varios juristas consultados, que piden el anonimato, no se atreven a diseñar un itinerario único. Pero sí coinciden en la sorpresa y asombro: "El decreto ley es un disparate"; "la Generalitat busca un subterfugio para no cumplir una sentencia" y "comete errores elementales en la redacción del decreto"; "el ministerio ha sido poco hábil porque el informe parece una maniobra política"; "la respuesta del Consell es propia de una dictadura, que hace la ley a capricho, sin importarle que no se ajuste a derecho, como es el caso". Estas son algunas de las afirmaciones de juristas consultados al respecto, que, además, discuten que la Generalitat haya incluido en el decreto ley una disposición que pretende devolver la situación a 1993, cuando se aprobó el BIC, y a 2001, año de la aprobación definitiva del plan de El Cabanyal. Desde entonces, entre otras cosas, se han producido derribos imposibles de ignorar ni de restituir.

Hay cosas en las que coinciden. La más elemental: que un decreto ley está por encima de una orden ministerial. Pero la discusión no está en si una norma es superior a otra. Está en quién tiene competencias sobre qué materia. La Constitución recoge que el Estado tiene competencias exclusivas en la "defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación". El ministerio afirma que el plan de El Cabanyal es un expolio. La Generalitat, lo contrario. Todo apunta que será el Tribunal Constitucional el que decida quién es competente en el asunto.Está claro que el Estado tiene competencias para proteger de un expolio. Y lo está que la Generalitat tiene en materia de protección del patrimonio. Pero es la Generalitat la que se siente invadida y propone seguir adelante a pesar de la resolución judicial y la orden ministerial. El Gobierno ya anunció el pasado viernes que estudia un posible recurso de inconstitucionalidad. Con él, tal como recoge el artículo 161 de la Carta Magna, la paralización del decreto ley sería automática durante cinco meses prorrogables por el propio tribunal. Por su parte, el Ayuntamiento y la Generalitat preparan recursos contra la orden ante la Audiencia Nacional y por un conflicto de competencias ante el Constitucional.

Los juristas consultados ven varios argumentos para un recurso gubernamental ante el Constitucional. El más obvio es que la Generalitat aprueba una ley -el decreto pasará a ser ley en un plazo máximo de un mes- tratando de legislar sobre una materia de la que no es competente.

Pero hay más. El Consell ha optado por un decreto ley, que se suele utilizar para decisiones que son urgentes y de necesidad, como lo serían unas inundaciones, un devastador incendio o un terremoto. El decreto ley no está previsto para cuestiones ordinarias como ésta, según ha establecido por diversos motivos el Constitucional en varias sentencias.

Hay algún motivo más. Varios juristas señalan que el hecho mismo de dictar una norma como el decreto ley para evitar cumplir una orden ministerial que emana de una sentencia del Tribunal Supremo vulnera la Constitución. "Es obligado cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de los jueces y tribunales, así como prestar la colaboración requerida por éstos en el curso del proceso y en la ejecución de lo resuelto", afirma el artículo 118.

Es cierto, por otra parte, que hay juristas que discuten la cuestión de las competencias en contra del Estado. Interpretan que el sentido de la competencia del expolio no es el literal; es más laxo y se refiere más a una alteración incluso de ubicación de un bien de una singularidad extraordinaria y con una protección superior. El Ministerio de Cultura no lo entiende así. Es excepcional la orden ministerial porque lo es que un poder público supuestamente cometa un expolio. Un antecedente parecido ocurrió con un retablo visigodo en la provincia de Toledo, a cuyo rescate también salió Cultura.

Pero, ¿qué pasa mientras se aclara la disputa en los tribunales? La Generalitat se propone validar el decreto ley a través de la comisión permanente de las Cortes y el Ayuntamiento quiere proseguir los derribos en áreas del plan. Como hasta ahora, los afectados tienen la opción de recurrir las demoliciones en los juzgados. El Estado podría pedir a la Policía que evite la actuación por incumplir una orden ministerial resultado del fallo de un tribunal.

Más allá del debate jurídico, la paralización del plan por parte del Ministerio de Cultura se presenta al Consell como una oportunidad para afilar su perfil de víctima frente al Gobierno central. Sin dinero y ni iniciativa política por el impacto del escándalo del caso Gürtel, la paralización del plan ha permitido al PP enfatizar la "valencianofobia" de Rodríguez Zapatero, según el término acuñado por el portavoz parlamentario de los populares, Rafael Blasco.

La apuesta hacia el adversario es fuerte. La Generalitat sólo ha aprobado otro decreto ley para la vivienda y nunca ha adoptado una medida legislativa tan claramente dirigida a sortear una disposición gubernamental. Pero, además, la acción salda deudas internas. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha sido el más firme apoyo de Francisco Camps durante su calvario judicial por aceptar regalos de la trama corrupta Gürtel. Ahora Camps le devuelve el favor cambiando la legalidad para que el proyecto estrella de la alcaldesa siga adelante.

Y mientras arrecia esta tormenta política, El Cabanyal aguarda expectante el desenlace de la nueva situación. Y sigue en pie, de momento. El hecho de que la prolongación de la avenida de Blasco Ibáñez a través del BIC no se haya ejecutado desde que se aprobó en 2001 se debe, en buena medida, al tesón de la plataforma ciudadana Salvem El Cabanyal, que desde el barrio ha combatido el proyecto en los tribunales y cuya denuncia por expolio ha desembocado esta semana en el dictamen del ministerio. Su posición, secundada por una asociación de vecinos que no se cansa de denunciar la degradación urbana y social de El Cabanyal, ha concitado a lo largo de la última década numerosos apoyos del mundo del arte y la cultura, de arquitectos y urbanistas, y cuenta con el respaldo de la oposición socialista en el consistorio y de otros partidos de la izquierda.

La decisión del gobierno municipal del PP de prolongar Blasco Ibáñez hizo surgir las primeras protestas vecinales ya en 1996. Pronto se recogieron varios miles de firmas en contra de todas las opciones que implicaran derribos en el singular entramado urbano de El Cabanyal. El PP las desechó y apostó por una avenida de 48 metros de ancho -más los que ocupan los nuevos edificios en sus laterales- que implicará el derribo de más de 450 inmuebles (unas 1.650 viviendas), una parte de ellas en el BIC. La movilización acabó por desbordar a la asociación de vecinos de El Cabanyal-Canyamelar y desembocó en la creación de la plataforma Salvem El Cabanyal en 1998, a la que se sumaron vecinos y comerciantes del barrio, con apoyo de la oposición del PP.

Arrancó con la celebración de tres cenas populares en el barrio y desde entonces no ha dejado de plantear iniciativas contra el plan. Entre ellas destaca la edición anual de Portes Obertes, en la que los vecinos que participan muestran sus casas y las abren a la exposición de obras de arte. "La cultura ha sido una vía importante para visualizar el problema del barrio y resaltar su vertiente de conjunto histórico", recuerda Maribel Doménech, portavoz de la plataforma. Portes Obertes, entre otras actividades, también ha sido el vehículo para pedir el apoyo de músicos como Enrique Morente, que cerró con su actuación la edición de este año, o de escritores como José Luis Sampedro y Fernando Delgado, que participaron en 2007, y de Manuel Vicent, que colaboró en una exposición del fotoperiodista Agustí Centelles.

"Somos un movimiento no jerárquico, muy dinámico que siempre ha sido una esponja, que ha ido sumando gente e ideas para hacer cosas", afirma Faustino Villora, miembro de Salvem El Cabanyal desde el principio (como Doménech) y su voz más visible durante años. Importante ha sido destacar la defensa del conjunto histórico de El Cabanyal, pero "la visión social siempre ha ido por delante", asegura Villora. La defensa de la gente que no lo quiere abandonar, en muchos casos con pocos recursos o de avanzada edad.

Especialmente desde que el barrio empezó a deslizarse por la pendiente de la degradación urbanística y económica, y de las drogas en muchas esquinas. Una situación que ha dividido al barrio, en el que conviven vecinos contrarios al plan con los que defienden que la situación no puede seguir así, como una mujer que preguntaba esta semana a los periodistas: "¿Usted cree que se puede vivir con lo que hay aquí?". Los problemas se han agudizado en los últimos años, apunta Vicente Gallart, vicepresidente de la asociación de vecinos, que coincide con la plataforma en que el Ayuntamiento ha permitido y hasta provocado esa degradación mientras esperaba la bendición de los tribunales para desarrollar el plan. La asociación ha puesto el acento estos años en exigir la rehabilitación e inversiones para mejorar el barrio. También ha denunciado que el convenio firmado con el Ministerio de Vivienda para dar ayudas a la rehabilitación no se cumple. "Hemos intentado tender la mano y nos hemos reunido con el Ayuntamiento, pero no han cumplido sus compromisos", asegura Gallart.

El Ayuntamiento insiste en que la prolongación de Blasco Ibáñez hasta el mar es una antigua aspiración de la ciudad que permitirá revitalizar la zona. "El plan va a seguir adelante", ha subrayado la alcaldesa, que exhibe la fuerza de los votos y de la mayoría absoluta del PP para rechazar las críticas de la asociación y de Salvem El Cabanyal. De la mano del nuevo decreto ley, anuncia que ahora impulsará el plan aprobado en 2001, pero que hasta ahora apenas se ha desarrollado -de los más de 300 millones que cuesta la operación, se han invertido 46,4-. Más allá de la polémica prolongación, cuyas obras no se han iniciado estos años a la espera de una resolución judicial definitiva, el plan prevé dotaciones socioculturales, deportivas, zonas verdes y viviendas nuevas que no se han construido. Y una promesa de amplia regeneración urbana y económica que tampoco se ha cumplido, si bien el Ayuntamiento ha rehabilitado dos museos y un teatro, y ha renovado calles, entre otras actuaciones. Además, ha comprado una cuarta parte de las más de 1.600 viviendas que quiere demoler. Barberá mantiene su convicción de que la prolongación y su plan son la solución para el barrio.

"Con la paralización [por la orden ministerial] el barrio seguirá sufriendo una degeneración y degradación", opina también Alejandro Escribano, arquitecto y autor del principal informe en el que se basó el Tribunal Superior de Justicia para dar vía libre al plan en 2004.

Barberá esgrime a favor de su plan esa y otra decena de sentencias favorables, entre ellas la que confirmó ese fallo en el Supremo. Sin embargo, el mismo tribunal reabrió el caso para que se determinara si el proyecto supone un expolio, una cuestión que se había tratado genéricamente, pero que tenía pendiente de cerrar el procedimiento de Cultura que tanta polémica ha generado esta semana. La ministra, Ángeles González-Sinde, destacó ayer que hay formas de regenerar un barrio "sin necesidad de demoler bienes culturales" y criticó el proceder del Consell. El ministerio considera que el plan es "incompatible" con la preservación del patrimonio histórico y exige que se cambie. En esa línea se sitúan también las iniciativas del grupo municipal socialista. Su portavoz, Carmen Alborch, ha pedido un plan que respete la singularidad del barrio.

Las dos posturas frente al proyecto están tan alejadas como hace una década. El Ayuntamiento seguirá con su ejecución, y Salvem El Cabanyal intentará parar los derribos.

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