CASO EMARSA : la cloaca del pp
Se investiga un agujero económico de al menos 17 millones de euros por el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia tras numerosas irregularidades cometidas entre los años 2004 y 2010 en la extinta Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima. Esta era una empresa instrumental creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios cercanos dedicada a depurar el caudal de las cloacas antes de liberarlo al mar, destinarlo al riego o a alimentar el parque natural de L'Albufera. Gestionaba la planta de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España. Emarsa dependía, a su vez, de la Emshi, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, en la que están representados diversos Ayuntamientos y que controla, en la práctica, el Consistorio de Valencia. Se financiaba con el canon de saneamiento que los vecinos de Valencia y de otros 18 pueblos cercanos pagan con la factura del agua. La aportación directa de fondos a Emarsa, sin embargo, la hacía en su mayor parte la Generalitat a través de su empresa Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales). Epsar estaba adscrita en la época investigada a Medio Ambiente. Dependió por tanto de los consejeros Rafael Blasco, Esteban González Pons, José Ramón García Antón y Juan Cotino. Según la Agencia Tributaria Emarsa defraudó 2,4 millones de euros a Hacienda entre los años 2006 y 2009.Hasta el momento hay 27 imputados. La alcaldesa de Valencia Rita Barberá se ha visto reiteradamente citada por testigos e imputados que la atribuyen aceptar costosos regalos a cargo de la entidadLAS NOTICIAS
LOS SAQUEADORES DE EMARSA, AL BANQUILLO
Tras cuatro años y un mes de investigación, el juicio por el saqueo de 31 millones de euros en la depuradora de Emarsa, ubicada en Pinedo (Valencia), sienta a partir de mañana en el banquillo a 24 imputados y obligará a declarar a 200 testigos durante 7 meses de sesiones.
Una de las primeras macrocausas por corrupción «made in Valencia», el «Caso Emarsa», sienta a partir de mañana a los 24 imputados por el saqueo de la depuradora de Pinedo. Los magistrados de la sección Primera de la Audiencia de Valencia, Jesús María Huerta Garicano, Luis Carlos Presencia Rubio y Juan Beneyto Mengó analizarán durante los próximos siete meses los 450 tomos (291 de documentos) y dos expedientes electrónicos que suman los casi 200.000 folios que conforman sólo la causa principal del Caso Emarsa. Además existen otras 11 piezas separadas que investigan, y ya cuentan con condena en dos casos, los alzamientos de bienes y blanqueo de capitales cometidos por una docena de encausados.
Además de los 24 imputados por el saqueo de Emarsa, por la Sala Tirant lo Blanch de la Ciutat de la Justicia (donde se celebrarán las vistas y acaba de finalizar el juicio de Terra Mítica), también desfilarán 200 testigos que incluyen a exalcaldes, exconsellers y exdiputados de la comarca de l'Horta, que han formado parte del consejo de administración de la empresa.
Aunque la sombra de la suspensión planea sobre el primer macrojuicio por corrupción que se celebra en Valencia. La Fiscalía y la mayoría de imputados solicitaron a la sección primera de la Audiencia de Valencia que suspendiera el inicio de las sesiones, hasta que llegara a Valencia Jorge Ignacio Roca Samper, considerado el «cerebro» del saqueo, tras ser detenido en Moldavia el pasado 11 de junio. El empresario huido se encontraba en paradero desconocido desde abril de 2010, un año antes de que se conociera el agujero económico en la empresa pública, por lo que nunca se le ha podido tomar declaración.
Sin embargo, la Audiencia de Valencia decidió continuar con el calendario previsto porque «no hay elementos que permitan conocer, ni siquiera de forma aproximada, la fecha en que pueda hacerse efectiva la extradición de Jorge Ignacio Roca Samper, por lo que al faltar ese dato esencial no resulta posible valorar y decidir sobre la petición de suspensión deducida», justificaron en un auto los magistrados de la sección primera. Cuando se inicie el macrojuicio «las partes podrán reproducir la petición», recomendaron.
Durante los tres primeros días de vistas, dedicados a debatir cuestiones previas del macrojuicio, también podría reducirse el número de imputados ya que la Fiscalía y algunas defensas han llegado a acuerdos para que al menos media docena de encausados admitan los hechos y, a cambio de devolver el dinero defraudado, obtengan una reducción de las penas previstas para ellos.
Entre los acusados que se sentarán en el banquillo figura el ex vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, el exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta, y los antiguos cargos de la Entidad pública de saneamiento de aguas residuales (Epsar), Jose Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, que se enfrentan a penas de cárcel de 12 a 14 años.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2015/11/01/saqueadores-emarsa-banquillo/1335346.html?utm_medium=rs
EL JUEZ CONCLUYE QUE ´UNA TRAMA ORGANIZADA´ DE POLÍTICOS Y TÉCNICOS SAQUEÓ EMARSA
El magistrado cierra la instrucción con 25 personas procesadas y fija el fraude en la depuradora de Pinedo en 23,8 millones - Señala a Cuesta, Crespo, Morenilla, Bernácer y Arnal como urdidores de un plan para enriquecerse
El caso Emarsa se encamina hacia su juicio tras casi cuatro años de investigaciones judiciales. Ayer, el magistrado Vicente Ríos cerró la instrucción de la pieza principal, quedan otras 11, con el procesamiento de 25 personas y con un fraude probado de no menos de 23.766.765,50 euros. El juez concluye que «una trama organizada» de políticos y técnicos de la Generalitat y empresas públicas «diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan de actuación con la finalidad de obtener todos ellos un beneficio patrimonial ilícito a costa de los fondos públicos».
El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, Vicente Ríos, da un plazo de diez días hábiles a la fiscalía y a las partes para que soliciten la apertura de juicio o el archivo de la causa.
Según el juez, los cabecillas de la «trama organizada» son el exgerete de Emarsa, Esteban Cuesta; el exdirector financiero, Enrique Arnal; el presidente de la extinta empresa pública y exalcalde de Manises, Enrique Crespo; el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Espsar), José Juan Morenilla; y el exjefe de Explotaciones de esta entidad dependiente de la Generalitat, Ignacio Bernácer. Para el juez, entre el 21 de julio de 2004 y el 26 de julio de 2010, estas cinco personas y «previo concierto» se valieron «de la posición de dominio y control que les otorgaban sus puestos en Emarsa y la Epsar» para obtener «cuantiosos fondos públicos» para la financiación de la depuradora de Pinedo «para la realización de obras de mantenimiento y mejora de la planta, así como ingresos por la prestación de servicios». Los cinco, añade en su auto de procesamiento de 1.029 páginas, «diseñaron y ejecutaron de manera continuada un plan de actuación con la finalidad de obtener todos ellos un beneficio patrimonial ilícito a costa de los fondos públicos».
Los demás imputados tienen todos relación directa con estos cinco imputados y se los investiga, entre otras cosas, por haber colaborado con ellos en la presunta perpetración de los delitos y en el pago y cobro de comisiones. El juez procesa a estas 25 personas por malversación, prevaricación, falsedad en documento público y mercantil, cohecho y blanqueo de capitales. El delito contra la Hacienda Pública ha sido archivado al entender el juez que los imputados no intentaron defraudar a la Agencia Tributaria y que el conflicto con el fisco fue por una mala interpretación de la ley. De esta manera el magistrado retira un embargo de 2,2 millones a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), antigua propietaria de la depuradora de Pinedo y acusación particular.
Según el juez, el fraude a través de hinchar facturas por el tratamiento de lodos supone 13,05 millones. Este dinero se obtuvo gracias al desvío de fondos a firmas del empresario fugado Jorge Ignacio Roca, que cobraba 42 euros por tonelada tratada cuando pagaba 18 a un contratista. Este dinero lo percibían los imputados a través de comisiones extraídas en cajeros automáticos y repartidas por Cuesta, según el juez. Otros procesados por esta causa son los empresarios José Luis y Enrique Sena y Vicente Ros y el técnico de Emarsa Adolfo Polo.
El otro gran fraude se realizó a través de los proveedores informáticos y las reformas en la planta. Hasta 7,2 millones. Los procesados son Sebastián García Martínez, informático de la depuradora, y su hermana Mari Paz. Otro millón desviado se le imputa al procesado Daniel Calzada. Estos pagaban regalos y obras en sus casas a Arnal y Cuesta, según el juez.
Juan Carlos Gimeno, José Antonio Arnal, Juan Manuel García García, Ana María Solaz, Leonor Moreno, Luis Botella y Rafael Quiles han sido procesados por presuntamente cobrar por diferente servicios que no se habrían prestado. Entre todos superan el millón. El hermano de Cuesta, José Ramón, está también procesado.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/06/05/juez-concluye-trama-organizada-politicos/1121295.htmlEL EXGERENTE DE EMARSA INGRESÓ 180.000 EUROS A SU MUJER EN SEIS AÑOS
El juez rechaza bajarle la fianza de 400.000 euros
Un día después de que el ex gerente de Emarsa Esteban Cuesta desvelase cómo repartía el dinero saqueado de la depuradora con los principales imputados de la trama, el juez instructor del caso, Vicente Ríos, ha rechazado rebajar la fianza de 400.000 euros que impuso a su esposa Cristina Segarra.
El instructor argumenta en un auto —exposición razonada— que el patrimonio de la mujer de Cuesta experimentó un “importante incremento” en el periodo investigado (2004-2010). Y aporta una tesis de peso para justificar su negativa. El exgerente transfirió 180.000 euros a su cónyuge durante seis años. El juez Ríos ya apuntó cuando fijó la fianza a Segarra sus sospechas de que Cuesta desvió “cuantiosos fondos” a su mujer, con la que se casó en régimen económico de separación de bienes. El instructor indicó que Segarra compró en 2005 un solar en Benimàmet que vendió un año después por 150.000 euros y que también adquirió una vivienda en Valencia tasada en 502.856 euros, aunque se escrituró en 275.970 euros.
El portavoz del PSPV-PSOE en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (EMSHI), Ramón Marí, denunció ayer “calculadas maniobras dilatorias” de los cabecillas de la trama vinculados al PP. “La investigación realizada por el juez y por la fiscal ha confirmado la gran mayoría de las sospechas que teníamos los socialistas cuando denunciamos el caso en octubre de 2010. El PP y algunos de los imputados se han dedicado a poner trabas a la investigación”, afirmó el socialista en un comunicado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/06/valencia/1391720461_252748.htmlLA AUDIENCIA NACIONAL INVESTIGARÁ UNO DE LOS DELITOS DE BLANQUEO DEL ‘CASO EMARSA’
• El juez instructor remite la pieza separada que afecta al empresario huido Jorge Roca.
• El magistrado sospecha que se llevó 10 millones de euros de la planta depuradora
La causa penal abierta por el saqueo de la depuradora de Pinedo, la sociedad pública Emarsa a la que sus responsables cargaron toda clase de excesos hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, saltó ayer a la Audiencia Nacional. El juez Vicente Ríos, que instruye el caso, decidió remitir una de las piezas separadas a los juzgados centrales. Se trata de uno de los tres delitos de blanqueo de capitales presuntamente cometidos que la fiscal había solicitado que fueran enviados a la Audiencia.
Los hechos investigados afectan a Jorge Ignacio Roca, uno de los personajes investigados más pintorescos en un caso en el que no escasean, que se encuentra huido de la justicia desde hace un año y medio. El juez calculó en el auto conocido ayer que Roca se embolsó hasta 10 millones de euros entre 2004 y 2010 de la depuradora mediante uno de los sistemas más habituales en la causa: facturar por nada. Las empresas de Roca, según la investigación, eran contratadas para encargarse del tratamiento de los lodos de la depuradora y cobraban por ello 42 euros por tonelada. Tales firmas, con nombres y sedes sociales de por sí llamativos, no hacían nada más que subcontratar los trabajos a otra empresa que los realizaba por 18 euros la tonelada.
El enorme sobrecoste sirvió, según han reconocido varios imputados en la causa, para repartir suculentas comisiones entre responsables de la planta, de su propietaria (la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) y del organismo de la Generalitat encargado del saneamiento de aguas (Epsar).
La pieza separada enviada a la Audiencia Nacional incluye también como imputada a la mujer de Roca, María Águila Aladrén, que es la única entre la treintena de imputados en el caso que está en prisión preventiva por riesgo de fuga. Uno de los argumentos señalados por el juez para recurrir a la Audiencia es que el supuesto blanqueo se habría efectuado en Francia, gracias a la supuesta colaboración de Aladrén.
La esposa de Roca constituyó allí una sociedad, llamada Lot Monopoly que según el juez tenía la “finalidad de recibir en sus cuentas el dinero que le era transferido desde las entidades administradas por Roca Samper y que él mismo había obtenido” mediante el fraude de Emarsa.
Aladrén admitió ante el juez haber efectuado transferencias desde la empresa francesa a otras ubicadas en Malta, país con un pobre historial de colaboración en delitos fiscales. La colaboración de Aladrén en el delito de blanqueo habría continuado después de abrirse la causa penal y de que fuera imposible para la policía localizar a su marido. La mujer explicó que Roca le envió un teléfono móvil por correo desde el que le trasladó las instrucciones para vender los bienes comprados en Francia con la empresa Lot Monopoly y enviar el dinero obtenido a distintas cuentas bancarias. Aladrén admitió haberlo llevado a cabo.
La pista del dinero condujo finalmente a transferencias realizadas desde una empresa de Roca domiciliada en Malta a personas de nacionalidad china. El magistrado llega a la conclusión de que, aunque el monumental fraude del que se acusa al empresario fue cometido en España, el proceso de blanquear el dinero obtenido con él tuvo lugar fuera de España, considerando en línea con el ministerio público que el órgano adecuado para investigarlo es la Audiencia Nacional.
El imputado misterioso
El juez Vicente Ríos, que instruye el caso Emarsa, activó una orden de detención internacional contra Jorge Ignacio Roca Samper en enero de 2012, después de haberlo buscado intensamente en España al considerarlo una pieza clave en el saqueo de la depuradora. De los 25 millones de euros que, según el juez, fue defraudado, más de 10 se los habría llegado Roca.
El magistrado mandó a la cárcel a su esposa en septiembre pasado por haberle ayudado presuntamente a blanquear. También imputó a su madre, María del Carmen Samper, que en su declaración ante el juez lo repudió hasta el punto de afirmar que su único error fue “haberlo parido”. Y ha seguido su rastro por Francia, Malta, Rumanía y Pakistán, de momento sin éxito.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/26/valencia/1372259040_230691.htmlEL EXGERENTE DE EMARSA REVELA QUE DIO 100.000 EUROS AL PP DE VALENCIA
Esteban Cuesta sitúa al PP en la lista de beneficiarios del saqueo de la empresa
Un concejal de Rita Barberá destinó el dinero a pagar un homenaje a los afiliados del partido
El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Valencia, Silvestre Senent, recibió 100.000 euros de Emarsa, según la confesión voluntaria que Esteban Cuesta, el exgerente de la empresa metropolitana liquidada en 2010 con un agujero de 11 millones de euros, entregó este jueves en el Juzgado de Instrucción número 15. Entre los años 2005 y 2009, Senent recibió este dinero fraccionado en "cinco o seis" pagos de 20.000 euros que le fueron entregados a través de Santos Peral, secretario general del PP en el distrito de Patraix, en Valencia, y también empleado de Emarsa. Este dinero, según Cuesta, se habría destinado al "pago del homenaje a los afiliados al PP en el restaurante Alameda Palace" de Valencia.
"El señor Senent llamaba directamente a Santos Peral para que preparara el dinero, se lo entregaba y luego, pasado bastante tiempo desde la realización del evento, me pasaban la factura para su firma. Según todos ellos era práctica habitual de antes de mi llegada", explica Cuesta. Durante ese tiempo, Senent era secretario general del partido en Valencia, cargo que abandonó, tras 20 años, a mediados de enero de 2013.
La autoconfesión de Cuesta, que está imputado por estafa, malversación de caudales, administración desleal, falsedad en documento mercantil, cohecho y delitos societarios en el marco de su actividad en la depuradora de Pinedo, sitúa al PP en la lista de beneficiarios del saqueo de Emarsa. Cuesta explica en su escrito que el concejal de Hacienda del Gobierno de Rita Barberá protegía a uno de los personajes más turbios de la trama, el responsable de informática Sebastián García Martínez, Chanín.
En 2004, el entonces gerente de Emarsa planeó despedirle, según su relato, pero tuvo que desistir por esta razón: "Me dijeron que era intocable, que lo protegía Silvestre Senent". El actual teniente de alcalde de Valencia presidió Emarsa antes de la llegada al cargo, en 2002, de Enrique Crespo, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, también imputado.
No es la primera vez que las sombras de sospechas se proyectan sobre Senent. El exconcejal del PP y exdirector de calidad de Emarsa, Juan Carlos Gimeno, también imputado en el caso Emarsa, aseguró en su tercera declaración ante el juez instructor, que el concejal de Hacienda obtuvo diversos regalos de Emarsa: relojes, cheques regalo de unos grandes almacenes, ordenadores o teléfonos a cuenta de la extinta entidad metropolitana encargada de la gestión de la depuradora de Pinedo. También la que fuera secretaria del gerente de Emarsa durante siete años, Marisol Gálvez, afirmó en una declaración que, según su información, Emarsa también regaló ordenadores a la asesora de Senent, María Dolores Cubells. Gálvez declaró asimismo como testigo que en dos ocasiones llevó regalos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pagados por la depuradora. Fueron dos bolsos de la marca de lujo Loewe que ella mismo se encargó de comprar los bolsos y llevarlos al Ayuntamiento.
Cuesta, que fue presidente de la agrupación local de Poblats de l’Oest del PP y alcalde pedáneo de Benimàmet por nombramiento de Rita Barberá, refiere en su escrito que cuando se hizo cargo de la gerencia de Emarsa, tras una reunión con el presidente de Emarsa, Enrique Crespo, se le explicó el patrón que debía seguir: "Unas empresas van a realizar las tareas de verdad y otras facturarán por la diferencia". Un informe elaborado por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que era propietaria de Emarsa, comparó la producción y facturación de residuos de la planta en esa etapa, así como los datos proporcionados por la unión temporal de empresas que gestiona ahora la depuradora, y el resultado es que entonces se producía hasta "dos y tres veces" más lodo que ahora. Lo que, traducido por la acusación popular, significa que las cifras de producción de residuos se hinchaban para poder pagar más por servicios ficticios. Varios testigos han admitido que la sociedad pagaba 42 euros por tonelada de lodo al empresario José Ignacio Roca, sobre el que pesa una orden de busca y captura internacional, quien subcontrataba a otra empresa (Notec) que lo hacía por 18 euros.
El exgerente Cuesta reconoce que la diferencia se la repartían entre Roca, Notec y "por partes iguales", él, Crespo, José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, estos últimos responsables de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), un órgano de la Generalitat encargado del control de las depuradoras. Como ya habían declarado dos imputados previamente y ahora ha admitido el exgerente, Cuesta recibía el dinero y se encargaba de darles su parte a los otros tres implicados. Entre los cuatro, llegaron a percibir 180.000 euros al mes. Primero, la entrega se hacía en cajas de zapatos. Posteriormente, Roca depuró la técnica y la distribución de dinero se hacían mediante tarjetas de crédito vinculadas a cuentas del empresario prófugo de la justicia, desde las que Cuesta, Crespo, Bernácer y Morenilla iban haciendo retiradas de efectivo, según ha ratificado ahora el exgerente.
Tras conocer la autoconfesión de Cuesta, el concejal Senent ha negado que recibiera dinero para financiar las cenas de militantes. "Cuando se han organizado cenas, cada uno, yo el primero, ha pagado el tiquet, y están todos los militantes del partido para saberlo, o sea que eso no es verdad y es mentira".
El PSPV, Compromís y EU han exigido este viernes al PP una explicación sobre las declaraciones del exgerente de Emarsa. Tanto el PSPV como Compromís han anunciado que pedirán a la fiscalía que investigue la posible financiación irregular del PP local.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/01/valencia/1362142088_598826.htmlUNA TESTIGO DECLARA QUE LLEVÓ A BARBERÁ BOLSOS DE LOEWE PAGADOS POR EMARSA
La ex secretaria afirma que el exgerente presumía de sus negocios con la hermana de Camps
La secretaria del gerente de Emarsa durante siete años, Marisol Gálvez, declaró este miércoles como testigo que en dos ocasiones llevó regalos a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, pagados por la depuradora metropolitana, que fue liquidada en 2010 con un agujero de 11 millones de euros tras sufrir un colosal saqueo. En concreto, Gálvez aseguró que le llevó dos bolsos de la marca de lujo Loewe, cuyos modelos le eran indicados previamente. Gálvez señaló que se encargó de comprar los bolsos y llevarlos al Ayuntamiento, “pero los dejaba a la atención de la alcaldesa en el arquito de la policía y ni siquiera pasaba”, afirmó.
La exsecretaria declaró que lo hizo dos años y al siguiente el entonces gerente de Emarsa e imputado en la causa, Esteban Cuesta, le dijo que a partir de entonces se encargaría Ignacio Martínez. Este era jefe de compras de la empresa pública y sigue siendo secretario general del PP en el distrito de Trànsits de la ciudad de Valencia.
Gálvez aseguró que el exgerente de Emarsa, imputado por malversación, delitos societarios y estafa, entre otros delitos, le aseguró que tenía negocios en el sector del mármol con Estrella Camps, hermana del expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Y que el desembarco en Emarsa de uno de los personajes más turbios de la trama que saqueó la depuradora, Sebastián García Martínez, Chanín, fue gracias al actual concejal de Hacienda de Rita Barberá, Silvestre Senent. Este fue a su vez, antes de 2004 (cuando empieza el periodo que está investigando el juez), presidente de Emarsa. La testigo afirmó que, según su información, la sociedad pública también regaló “ordenadores” a la asesora de Senent, María Dolores Cubells.
La exsecretaria, que en línea con las extraordinarias circunstancias que envuelven Emarsa, ganaba 60.000 euros al año pese a haber estudiado hasta segundo de BUP, afirmó que en tres ocasiones una compañera de la depuradora le contó, en presencia de otros empleados, el reparto de 1.000 euros de sobresueldos “sin justificar” a varios responsables, aparentemente de forma regular. Entre ellos: Ignacio Martínez, Santos Peral, jefe de contabilidad y también secretario general del PP en el distrito de Patraix de Valencia y Enrique Arnal, jefe financiero. La testigo aseguró que poco antes de ser liquidada, Cuesta, Chanín, Arnal y Peral, sacaron montones de carpetas de Emarsa y los cargaron en el maletero de un coche.
Drogas, prostitutas y procesiones
Frecuentes desapariciones del gerente adicto a las drogas. Gran afición de su sucesor por cargar viajes con prostitutas a la sociedad. Sobresueldos en dinero negro, yates, coches de lujo, lingotes de oro caballos, salarios de 60.000 euros para secretarias que no habían pasado de segundo de BUP y sustracciones masivas de documentos contables. La declaración de la testigo Marisol Gálvez, secretaria durante siete años de los gerentes de Emarsa, la depuradora de Valencia quebrada tras sufrir un vaciado de al menos 25 millones de euros, ha confirmado el total descontrol en la empresa.
La testigo ha asegurado que llevó al Ayuntamiento de Valencia bolsos de Loewe pagados por la sociedad pública para la alcaldesa, Rita Barberá. Y ha dejado en una difícil situación a su actual concejal de Hacienda, el también expresidente de Emarsa, Silvestre Senent, señalado por Gálvez como receptor de regalos y padrino de uno de los principales autores presuntamente del saqueo, Sebastián García Martínez, alias Chanín.
Senent dejó la presidencia del PP de Valencia ciudad, sobre cuyos cargos se sitúa la autoridad de Barberá, hace unas semanas, aunque fue nombrado presidente de honor y presidente del comité electoral. En ese congreso fueron confirmados otros dos cargos del partido en la ciudad a los que ahora Gálvez ha implicado ante el juez en graves irregularidades: Ignacio Martínez y Santos Peral, jefes de compras y contabildad respectivamente en Emarsa y secretarios generales del PP en los distritos de Trànists y Patraix.
Ambos se suman a Chanín, que ocupaba un cargo menor del partido en la ciudad y que era, por extraño que parezca, a la vez responsable de informática de Emarsa y proveedor de productos y servicios para la misma. Ello le permitió presuntamente pagar precios descabellados por material informático (entre ellos, 149 ratones en apenas seis meses, en un centro de trabajo que solo contaba con 30 ordenadores), además de facturar por trabajos de construcción falsos.
La nueva testigo ha revelado que Chanín entró en la sociedad pública de la mano de Senent. Aunque quien realmente tenía "mucho vínculo" con el hombre encargado del dinero de Rita Barberá, ha añadido la exsecretaria, era su mujer, era Asunción Pestíñez, esposa de Chanín y también empleada de Emarsa. La testigo aseguró que el matrimonio participó en la desaparición de cajas de documentos de la sociedad pública supuestamente relacionados con el saqueo.
La última y esencial pieza que une el escándalo con el PP de Valencia es Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, a quien a pesar de haber admitido ante el juez numerosas fechorías, Barberá mantuvo como presidente del PP en el distrito de Poblados del Oeste de Valencia, lo que obligó a la dirección regional del partido a puentearla para suspenderlo de militancia.
Contra Cuesta, enfermero sin ninguna experiencia para dirigir una de las mayores depuradoras de España, se acumulan evidencias de que aceptó comisiones por adjudicar obras y servicios y que cargó todo tipo de gastos impropios a la depuradora (como viajes y escapadas a hoteles de lujo con prostitutas a las que él presentó ante el juez como traductoras rumanas). La testigo, ella misma afiliada al PP, aseguró este miércoles que, además, destinó dinero y recursos personales de la sociedad pública a engrandecer las fiestas (y de paso su influencia social) en el principal barrio de Valencia que integraba su distrito, Benimàmet, organizando desde los castillos de fuegos artificiales a procesiones religiosas.
Barberá aún no ha explicado su apoyo a Cuesta, ni nada más que tenga que ver con Emarsa. Tampoco lo ha hecho su concejal de Hacienda, que presidió la sociedad pública en una etapa que cada vez resulta más parecida a la del saqueo, y durante la que nunca auditó a la sociedad pública.
La testigo ha declarado que el gerente en la época de Senent, Miguel García Besó, concejal popular en el Ayuntamiento de Alaquàs ya fallecido, que decidió contratarla como secretaria tras conocerla en un bar de Valencia, tenía graves problemas de adicción a las drogas, pasaba semanas sin aparecer por la depuradora y era por tanto incapaz de gestionar la sociedad pública, que tenía un presupuesto anual superior a los 10 millones de euros, provenientes de la tasa que los vecinos de Valencia y su área metropolitana pagan regularmente con la factura del agua.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/20/valencia/1361391252_260890.html
EL JUEZ ACORRALA AL EXGERENTE DE EMARSA AL INTERROGARLO POR SOBORNOS
Cuatro proveedores de la depuradora entregaron 180.000 euros a su hermano
Cuesta dice que fue por cortar árboles, cuidar caballos y hacer trabajos agrícolas
Esteban Cuesta, enfermero en ejercicio, excargo del PP en la ciudad de Valencia, a quien sin ninguna formación económica se le puso al frente de Emarsa, la sociedad que gestionaba la depuradora de Valencia y manejó cerca de 100 millones de euros entre 2004 y 2010, cuando fue liquidada con un agujero de 17 millones, lleva tiempo imputado por varios delitos: administración desleal, estafa, malversación de fondos públicos, delitos contra la Hacienda pública y falsedad en documento mercantil. El juez instructor del caso Emarsa, Vicente Ríos, lo imputó además en octubre por aceptar sobornos. El magistrado lo sometió este jueves a un nuevo interrogatorio al respecto, en el que Cuesta ofreció respuestas más bien chocantes.
El juez sospecha que tres empresas que facturaron varios millones de euros a Emarsa, Proemisa, Prodaemi e Ivem, pagaron comisiones al entonces gerente a través de una sociedad que habían constituido sus hermanos. Las empresas proveedoras pagaron 150.000 euros a Exae, creada por José Ramón y Luisa Cuesta en su pueblo de Albacete, Casas Ibáñez. El magistrado cree que esas operaciones fueron ficticias, entre otras cosas porque la empresa de los familiares de Cuesta solo tenían un empleado y era uno de los hermanos.
El instructor preguntó ayer al exgerente si sabía cómo se puso en contacto Proemisa, que en esos años facturó 12 millones de euros a Emarsa, con la empresa de su hermano. "[El dueño de la empresa] me dijo que necesitaba un agricultor con maquinaria propia y yo le di el número de teléfono de mi hermano y ya no sé nada más", respondió Cuesta. El juez le hizo ver que en los datos de vida labora de su hermano no consta que haya sido nunca agricultor, pero sí empleado de Feria Valencia. El exgerente insistió en que su hermano siempre ha trabajado en el campo, incluso en el periodo en que, además, lo hacía en la feria. Proemisa pagó 40.117 euros a la sociedad de los Cuesta.
El magistrado le interrogó a continuación sobre cómo se había puesto en contacto Prodaemi con la empresa de su hermano. "[Su dueño] me preguntó si sabía de alguien que cortaba árboles y realizaba tareas de desbrozar y yo también le di el teléfono de mi hermano y no sé más, y no he hecho ningún seguimiento", respondió el exgerente. Prodaemi pagó a la sociedad de los Cuesta 89.886 euros.
El exresponsable de la depuradora no supo explicar, en cambio, cómo el tercer proveedor de Emarsa sospechoso de pagarle sobornos, Ivem, llegó a ponerse en contacto con la sociedad de sus familiares, a la que pagó 20.000 euros. Pero sí admitió que su hermano le hizo "algún comentario general" sobre que tenía negocios con Proemisa y Prodaemi.
Las sorprendentes respuestas de Cuesta continuaron al preguntarle el juez explicaciones sobre otro supuesto delito de cohecho: las mordidas que habría recibido de Sebastián García Martínez, conocido como Chanín, un personaje único del caso Emarsa. García Martínez fue durante años simultáneamente responsable de Emarsa (área de informática) y proveedor de la misma. Tras parecer atrapado por los inverosímiles suministros y servicios que teóricamente había prestado a la depuradora, confesó al juez el sistema corrupto que imperaba en la planta y aseguró haberle pagado a Cuesta sobornos por 1,8 millones de euros a lo largo de los años entre efectivo, obras en su casa, y regalos de muebles y electrodomésticos.
El juez le preguntó este jueves al exgerente si podía explicar por qué Chanín hizo ingresos 29 ingresos de 1.000 euros en la cuenta bancaria de su hermano. Cuesta respondió que Chanín tenía en Casas Ibáñez dos caballos que cuidaba su hermano, y que también tenía a su disposición una habitación en la que guardaba la ropa de montar.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/14/valencia/1360869096_816118.htmlEL JUEZ INVESTIGA LOS REGALOS DE NAVIDAD REALIZADOS POR EMARSA DE 2004 A 2008
La sociedad pública gastó decenas de miles de euros en joyas y otros obsequios
La nueva documentación puede revelar quiénes fueron los destinatarios de los presentes
El juez instructor del caso Emarsa, que investiga el saqueo sufrido por la sociedad pública que gestionaba la depuradora de Valencia, acordó en un auto conocido este martes integrar en la causa seis apartados de documentación que llevan por título “Regalos Navidad” y el año al que hacen referencia, desde 2004 a 2008. El magistrado Vicente Ríos rechazó el recurso presentado por uno de los principales imputados, el exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde popular de Manises, Enrique Crespo, que había solicitado mantener fuera de la investigación parte de la documentación intervenida en Emarsa.
Los nuevos documentos pueden deparar sorpresas. La sociedad gastó decenas de miles de euros en la adquisición de los productos más extravagantes tratándose de una planta depuradora de aguas residuales; desde joyas hasta accesorios de automóvil. Y han trascendido indicios de regalos a distintos cargos públicos, como la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y su vicealcalde Alfonso Grau (en concreto, un jamón cinco jotas).
La referencia al obsequio a Grau se halló en una anotación de la agenda del exgerente de Emarsa y excargo del PP en la ciudad de Valencia, Esteban Cuesta. En el caso de Barberá, se trató de una carta de agradecimiento tras la aparente recepción del presente. La nueva remesa de regalos parece tener, sin embargo, un carácter más amplio. Ya se conoce, porque al inicio de la investigación fueron trascendiendo las facturas, que Emarsa compró bolígrafos de lujo, aparatos electrónicos, lotería y artículos de bebé, además de viajes de placer con todos los gastos pagados a distintos lugares del mundo y comidas en cenas en restaurantes caros y marisquerías. La novedad es que quizá ahora se conozcan también destinatarios de los mismos ajenos al personal de la planta depuradora.
El juez instructor también reafirmó la incorporación de las agendas de Crespo y Cuesta a la causa, después de que el primero hubiera reclamado la devolución de los “efectos recogidos y que de manera irregular han estado bajo del control de la entidad Emshi”. En la sopa de siglas que también es este caso, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), constituida por una asamblea de municipios del área metropolitana de Valenciana, era propietaria de Emarsa. Y el presidente de Emshi (durante años Crespo) lo era a su vez de Emarsa.
El magistrado admitió en su momento dejar fuera de la causa parte de la documentación recogida por la Emshi y atribuida a Cuesta al considerar que podía invadir su intimidad y que no arrojaba luz a la investigación. En el caso de Crespo, en cambio, el juez rechaza su petición señalando, de entrada, que la petición no había sido realizada por el cauce legal apropiado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/08/valencia/1357674206_720697.html
EMARSA AGASAJÓ A UN CENTENAR DE POLÍTICOS CON JAMONES Y CAJAS DE VINO
La depuradora envió regalos a Barberá, Camps, Rus, consejeros y alcaldes
En vez de agua para todos, Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo en Valencia, decidió repartir jamones y vino para todos. Así se desprende de la lista de regalos que manejaron los responsables de Emarsa en la etapa en la que el alcalde de Manises Enrique Crespo fue presidente del consejo de administración y Esteban Cuesta, gerente.
La lista de regalos de Navidad de la empresa Emarsa incluye a un centenar de políticos a los que se agasajó, entre otras dádivas, con cajas de vino y jamones. El juez instructor del caso Emarsa, que investiga el saqueo de la sociedad pública, ha incluido en la investigación documentación que lleva por título “Regalos Navidad” de varios años, principalmente entre 2005 y 2007.
Según las investigaciones, Emarsa gastó decenas de miles de euros en la adquisición de productos (vino, jamones 5J, iPod, relojes, objetos de marcas de lujo y décimos de lotería) que, según el juez Vicente Ríos, tienen difícil justificación en la contabilidad de una empresa pública dedicada a la depuración.
Entre los supuestos receptores de las atenciones de Emarsa están la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el expresidente de la Generalitat Francisco Camps. En la lista publicada figuran concejales del Ayuntamiento de Valencia como Silvestre Senent, al que se apuntó como receptor de un jamón; Vicente Aleixandre (botellas de vino), Alfonso Novo y Ramón Isidro.
El PSPV acusa al PP de confundir el dinero público con sus intereses
Desde Emarsa también se enviaron presuntamente regalos a consejeros del Gobierno valenciano, como el de Sanidad, Manuel Cervera y la de Industria Belén Juste. En las listas de los agasajados también figuran otros altos cargos, como el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, donde Crespo ocupaba una vicepresidencia, y la práctica totalidad de alcaldes de la comarca de L’Horta, incluida la entonces alcaldesa de Torrent, María José Catalá.
La empresa de la depuradora tampoco se olvidó en Navidad de los familiares de sus empleados o conocidos, como se deduce de una lista en la que figuran, por ejemplo, Carlos Cuesta, hermano del gerente, Esteban Cuesta –ambos están imputados en el caso—, o Estrella Camps, hermana del expresidente de la Generalitat. El hermano de Enrique Crespo, también imputado por ayudar supuestamente a esconder el dinero ganado en la lotería, recibió cuatro jamones y cuatro cajas de vino. Entre los agasajados por la depuradora figuran el actor Pepe Sancho, que es nacido en Manises, y otros destinatarios residentes en provincias como Orense y Alicante.
Los destinatarios eran clasificados con la etiqueta de especial, súper VIP o no VIP.
EU reclama una comisión de investigación en Valencia
El concejal socialista Pedro Sánchez en el Ayuntamiento de Valencia aseguró este jueves que la lista de regalos de Emarsa demuestra que el PP “confundió el dinero público con sus intereses privados y de partido”. “Poco a poco se va descubriendo por qué el PP no quiso responder a las preguntas del grupo municipal socialista sobre los regalos que recibieron los miembros del Gobierno local, la fecha y la cuantía de los mismos”, argumentó. “El supuesto saqueo sirvió para pagar comidas y regalos de dirigentes del PP de Valencia”, dijo.
El portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis, reclamó una comisión de investigación municipal para aclarar el grado de conocimiento del equipo de gobierno del PP, especialmente tras el cierre en falso de la comisión de investigación de las Cortes.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/02/07/valencia/1360232322_134269.html
EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA SELLA SUS PUERTAS AL ESCÁNDALO DE EMARSA
El gobierno de Barberá veta la comisión de investigación que pide la oposición
El saqueo de Emarsa es un caso metropolitano, no es responsabilidad del Ayuntamiento de Valencia, sostuvo ayer contra viento y marea el gobierno local en el pleno municipal. La mayoría popular dio al traste con la solicitud del Grupo Socialista de crear una comisión que investigue lo sucedido y depure, si procede, a los responsables políticos del desaguisado. De nada sirvió que la oposición al completo —se unió Compromís y EUPV— apoyara la moción socialista. Llegó el PP y la aplastó como si se tratara de una mosca molesta.
“Necesitamos saber si este Ayuntamiento está libre de las salpicaduras de este escándalo”, dijo el concejal socialista Pedro M. Sánchez en defensa de la moción. El concejal enumeró los nexos de unión entre el Consistorio, el PP de Valencia y la depuradora para llegar a la conclusión de que el organigrama del PP local era prácticamente calcado al de la empresa que ahora investigan los tribunales.
Concejales del Gobierno local como Silvestre Senent, José Vicente Jurado, Ramón Isidro o Maria Àngels Ramon-Llin estuvieron al frente de la empresa o en el consejo. “Nombraron a Esteban Cuesta \[imputado del caso\], alcalde pedáneo de Benimàmet del PP, y muchos otros cargos de la empresa, incluso proveedores, eran militantes o dirigentes del PP”, cargó Sánchez. “De aquella mala gestión, viene este supuesto saqueo de dinero público”, añadió. La sociedad se liquidó con un agujero económico de 17 millones de euros y el juez instructor del caso ha estimado el saqueo en al menos 25 millones. Enrique Crespo, exalcalde de Manises por el PP, es el principal imputado.
Amadeu Sanchis, portavoz municipal de EUPV, añadió que con la que está cayendo en España en torno a la corrupción es de “urgencia democrática” constituir la comisión. El concejal de Compromís, Joan Ribó, mostró su apoyo pero no entró al debate “porque no es un buen día para tratar el tema”. La alcaldesa Rita Barberá delegó la presidencia del pleno en Alfonso Grau por el fallecimiento de su madre.
Casos de sinvergüenzas los hay en su partido, en el mío y en todos
De la réplica a la oposición se encargó la concejal delegada de Medio Ambiente, Maria Àngels Ramon-Llin. “La mejor comisión es la investigación judicial que está en curso”, dijo. La edil reprochó a Sánchez su ligereza y su interpretación “tan subjetiva” de lo sucedido. “Dice que el caso Emarsa es el caso del PP de Valencia. Bueno, eso es lo que usted quiere que sea, no lo que es”, aseveró la edil de gobierno. Ramón-Llin se escudó en que el PP es el primero que busca aclaraciones y por eso denunció el caso a los tribunales.
“Si solo se trata de responsabilidades judiciales, ¿por qué el PP ha consentido en las Cortes una comisión de investigación sobre Emarsa y aquí no es posible?”, contraatacó Sánchez.
“No los nombró ni el PP ni el Ayuntamiento \[a los directivos de Emarsa\]. Es un tema metropolitano y ustedes votaron al gerente. Desgraciadamente, casos de sinvergüenzas los hay en su partido, en el mío y en todos, y el que no lo tiene es porque no ha gobernado”, concluyó Ramon-Llin.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/25/valencia/1359143510_659663.html
EL JUEZ DE EMARSA INVESTIGA EL PATRIMONIO DEL HERMANO DE CRESPO
Vicente Ríos incorpora a la causa una información remitida por la Policía de Andorra
El titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, encargado de investigar un agujero económico de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo, ha ordenado incorporar a la causa un informe de Hacienda sobre el patrimonio del hermano de Enrique Crespo —expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación— tras recibir unos documentos de la Policía de Andorra.
El magistrado decidió pedir a la Agencia Estatal de la Agencia Tributaria (AEAT) las cuentas y patrimonio de Carlos Crespo con base en un informe de la Policía de Andorra de 16 de agosto de 2012, a la información facilitada por las Sociedades de Gestión de Patrimonios, por Notarios y Cámara de Notarios y por las entidades bancarias. También solicitó la misma información respecto a María del Carmen Samper, la madre del empresario fugado, Jorge Ignacio Roca.
Al respecto, AEAT remitió la documentación solicitada respecto a lo que constaba en las bases de datos de la Administración Tributaria y la obtenida de los distintos Registros de Propiedad.
Así, el magistrado ha ordenado unir a la causa instruida un informe sobre los bienes y derechos de los que ha sido titular Carlos Crespo Calatrava durante el periodo comprendido entre los años 2004 a 2010, ambos inclusive, así como las declaraciones de IRPF presentadas por el mismo durante dicho periodo.
Junto a esta medida, el juez acuerda, en otra providencia, solicitar a una entidad bancaria un extracto completo de las cuentas en las que aparece como autorizado Roca y como titular la exmujer de este, María Aladren, o la hija de la pareja.
Asimismo, el magistrado le pide a esta entidad que le remita el contrato de apertura de estas cuentas bancarias para que informe si Roca, su expareja o su hija tienen o han tenido alguna tarjeta de crédito o de débito asociadas, y si dicha cuenta en la actualidad se encuentra cancelada.
En otra resolución, el juez acuerda remitir al servicio de Interpol Argel, tras requerírselo esta entidad, una copia del auto de fecha 9 de enero de 2012, por el que se acuerda la busca, detención y puesta a disposición del juzgado de Jorge Ignacio Roca.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/28/valencia/1348828378_604564.htmlGIMENO DECLARA QUE EMARSA PAGÓ “TRES O CUATRO” BOLSOS A BARBERÁ
El exconcejal de Valencia relata pagos de comidas del PP y regalos al edil Silvestre Senent
A medida que desfilan los imputados delante del juez Viente Ríos para dar su versión sobre el saqueo de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, parece claro que el caso Emarsa salpica cada vez más arriba en el Ayuntamiento de Valencia. Juan Carlos Gimeno, exconcejal tanto del Ayuntamientos de Valencia como del de Paterna y portavoz del PP en la Diputación de Valencia, imputado además en la causa por haber facturado como proveedor a la empresa pública, declaró ayer que Emarsa pagó gastos de partido, en concreto comidas del PP, entregó numerosos regalos al edil popular Silvestre Senent (presidente de Emarsa entre 1997 y 2002) y hasta fue generosa con la alcaldesa Rita Barberá.
Gimeno, preguntado por Ríos sobre si sabía algo sobre la compra de un bolso a Barberá, declaró que la alcaldesa no recibió “uno sino tres o cuatro” y hasta apuntó que la “persona encargada de comprarlos”, con “dinero de Emarsa”, era María Dolores Cubells, “asesora del anterior presidente” de la empresa pública (Senent, del que aún es su asesora), y que fue vicesecretaria de organización del PP en Valencia.
La alcaldesa ya apareció en el sumario del caso Gürtel por haber recibido como regalo un bolso de Louis Vuitton. Y tras escucharse en el juicio por cohecho impropio contra el expresidente de la Generalitat Francisco Camps las conversaciones en las que Álvaro Pérez, El Bigotes, decía que iba a regalarle uno de estos complementos de lujo, llegó a asegurar: “Un bolso de Louis Vuitton es un regalo absolutamente habitual”. Y añadió: “Todos los políticos y funcionarios de este país reciben regalos. Ya está bien de tanta hipocresía. Yo misma he recibido regalos de los medios de comunicación”.
En su interrogatorio, el magistrado Ríos, encargado de investigar desde el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia del saqueo de al menos 25 millones de euros de Emarsa, preguntó reiteradamente sobre los pagos irregulares a dirigentes de la empresa y cargos del PP. Y Gimeno explicó que estuvo “en almuerzos y conversaciones” en las que había oído hablar “de la existencia de un cajero junto a la Emshi y otro junto a la diputación del que se extraía dinero de Emarsa”. En concreto, explicó que las extracciones se hacían con una tarjeta de Jorge Ignacio Roca, un empresario considerado uno de los principales imputados y que está en paradero desconocido desde que estalló el caso. Y hasta apuntó que “se sacaban 1.500 euros diarios”.
También aseguró que desde Emarsa se obsequió a Senent con cheques regalo de El Corte Inglés, además de con ordenadores y teléfonos. Y añadió que “los relojes eran para Sebastián García, para [Enrique] Crespo y para Senent”, en referencia al empresario y exjefe de informática de Emarsa, al expresidente de la empresa pública y al edil popular.
"De un cajero junto a la Emshi se extraía el dinero de Emarsa. Hasta 1.500 euros diarios"
Respecto a que Sebastián García, alias Chanín, se le conocía en Emarsa como “vicegerente”, Gimeno explicó que el también imputado “mantenía la vinculación con el partido [el PP], asistía a las reuniones periódicas” y hasta negoció para “que se hicieran pagos para comidas o reuniones del propio partido”.
Por otra parte, el concejal del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Valencia Pedro Miguel Sánchez exigió que Barberá y Senent comparezcan “inmediatamente” y expliquen “si contaron con financiación ilegal para las campañas del PP en la ciudad”.
Sánchez denunció el hecho de que “Barberá se vaya corriendo cada vez que le pregunten por Emarsa, cuando ahora sabemos que no fue uno, sino tres o cuatro los bolsos de marca que le regalaron con el dinero de todos. Se benefició personalmente y, según los nuevos testimonios, políticamente”.
El dirigente socialista remarcó en un comunicado que sus “peores sospechas sobre dónde ha ido el dinero robado de Emarsa empiezan a confirmarse”. Y añadió: “No sólo se pagaron con el dinero que pagamos en el recibo del agua regalos de lujo para Rita Barberá y sus concejales, sino que además se pagaron actos del partido”.
Desde el Ayuntamiento de Valencia, el concejal Miquel Domínguez tachó las declaraciones de Gimeno de “calumniosas, falaces y vergonzosas” y criticó al PSPV por hacerse eco de ellas “sin ningún fundamento, sin tener pruebas de nada y fiándose de una filtración sobre lo que dice una persona que está imputada”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/09/valencia/1341860182_929872.html
EL TRIBUNAL DE CUENTAS ADMITE UNA DEMANDA CONTRA CUESTA, ARNAL Y CRESPO
La Emshi reclama a los altos cargos de Emarsa más de 27 millones de euros
El Tribunal de Cuentas ha admitido la demanda por responsabilidad contable presentada por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos de Valencia (Emshi) contra Esteban Cuesta, Enrique Arnal y Enrique Crespo, máximos responsables de la extinta Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, a quienes se les reclama 27 millones de euros.
En un decreto fechado el pasado 14 de junio se admite a trámite la citada demanda contra el exgerente, el ex director financiero y el expresidente de la empresa, cuya gestión está siendo investigada también por la vía penal.
La demanda de "reintegro por alcance" presentada por la Emshi explica que, en su labor de liquidadora única de Emarsa, realizó actividades fiscalizadoras dirigidas a conocer "la verdadera situación de la entidad", lo cual permitió hallar numerosas anomalías que podrían ser supuestos de responsabilidad contable e incluso penal.
Se advierte al Tribunal de Cuentas de que hay abiertas diligencias penales en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, dedicado en exclusiva a investigar el supuesto desvío de fondos públicos por parte de los gestores de la depuradora, en una causa en la que se encuentran imputadas 32 personas.
El Tribunal de Cuentas se declara competente para tramitar una demanda formulada por la Emshi
Esta instrucción se desarrolla, según la denuncia presentada por la Emshi, "al objeto de esclarecer si hubo un concierto para obtener de forma continuada un beneficio ilícito a costa de los fondos que Emarsa disponía para ejercer su actividad".
Asimismo, expone que, pese a las dificultades encontradas a la hora de reconstruir la facturación de los últimos años, por encontrarse desaparecidos muchos justificantes de pagos, la contabilidad refleja "numerosas anomalías".
En el escrito de denuncia enumera las irregularidades detectadas en los contratos suscritos entre Emarsa y diversas mercantiles, la mayor parte de cuyos propietarios también se encuentran imputados en la causa.
Así, se considera que Emarsa pagó de forma indebida 2,8 millones de euros a Construcciones y Reformas Rocafort; más de 846.000 euros a Mantenimientos Valmasmark por obras que al parecer no se ejecutaron y que estaban referenciadas en edificios inexistentes, y más de 3,7 millones a Microprocesadores Valencia y Sofitec Informática.
También se denuncian los 188.000 euros facturados a Emarsa por Arrima Centre d'Estudis, propiedad del hermano de Enrique Arnal, o los 118.000 facturados por Management de Azafatas, propiedad de su mujer.
Las cuantías más importantes son las que facturaron, siempre según el escrito de denuncia, cuatro empresas de Jorge Roca, actualmente en paradero desconocido y sobre quien pesa una orden de búsqueda internacional.
Sus firmas, dedicadas al tratamiento de lodos, cobraron de Emarsa más de 19 millones de euros entre 2005 y 2010, pese a que hay evidencias, según las mismas fuentes, de que en realidad no se realizaba ningún tratamento de lodos o ése no se concluía, no se vertían de forma regular y no se efectuaban los pertinentes análisis.
Igualmente, se denuncian como ilícitos compras efectuadas en grandes almacenes o tiendas de lujo y viajes, muchas de ellas imputadas como gastos de representación, por considerar que no eran propios de una empresa sin actividad comercial.
El total de lo gastado "injustamente", concluye el escrito de denuncia, asciende a 27.689.129,90 euros.
El Tribunal de Cuentas no aprecia falta de jurisdicción ni competencia objetiva ni territorial para conocer el asunto y por tanto considera procedente admitir a trámite la demanda, que se sustanciará en juicio ordinario.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/28/valencia/1340902724_335768.html
LA FISCAL SOLICITA 13,7 MILLONES DE FIANZA PARA DOS EXCARGOS DEL CONSELL
Juan José Morenilla e Ignacio Bernácer supervisaban Emarsa desde la entidad de la Generalitat
Una imputada dice que la empresa metropolitana le hizo encubrir el sueldo de una edil del PP
Un alto cargo vinculado a Emarsa compró 22 propiedades en 10 años
El juez ahonda en los cursos de formación de Emarsa
La fiscal del caso Emarsa ha solicitado una fianza de 13,7 millones para los dos excargos de la Generalitat imputados en la causa: José Juan Morenilla, que fue hasta el verano pasado gerente de la Entidad de Saneamiento (Epsar), e Ignacio Bernácer, recientemente destituido por el Consell como jefe de explotación de la misma sociedad pública. Epsar tenía entre sus misiones financiar —a través del canon que los vecinos de Valencia y los municipios de su entorno pagan con la factura del agua— y supervisar la gestión de las depuradoras de la comunidad autónoma. Ambos cargos, según sospecha el juez Vicente Ríos y sostienen las acusaciones, se dedicaron, en cambio, a orquestar el principal de los muchos saqueos que sufrió la depuradora de Pinedo que gestionaba Emarsa.
Dos testigos han declarado que Morenilla y Bernácer fijaron desde la entidad de la Generalitat precios desproporcionados por el tratamiento de los lodos de la planta que debía pagar Emarsa. Y que se embolsaron parte de ese sobrecoste, que el empresario huido de la justicia, Jorge Roca, les entregaba a ellos y a otros dos imputados a razón de 180.000 euros al mes.
El ministerio público también ha solicitado al juez que se investigue el patrimonio de los dos excargos, así como el de sus familiares directos: esposa o pareja de hecho, padres y hermanos.
La fianza solicitada por la fiscal pretende cubrir la eventual responsabilidad civil a la que se pueden enfrentar ambos imputados en el caso de ser condenados. El juez ya dictó hace meses una fianza solidaria global para los imputados de 25 millones de euros, la cantidad en la que el magistrado estimó "prudencialmente" la magnitud del dinero público saqueado en Emarsa.
Ante la resistencia de buena parte de los imputados a poner a disposición del juzgado fondos o dinero suficiente como para cubrir sus fianzas, el instructor ha decretado varios embargos. El último se conoció ayer y afecta a José Luis Sena, socio de Notec, otra de las firmas relacionadas con el tratamiento de los lodos de Emarsa. El juez le embargó la mitad indivisa de una casa así como sus participaciones en ocho sociedades. Todo ello será insuficiente, con casi toda seguridad, para alcanzar la fianza de 2,7 millones de euros que le impuso el instructor.
El juez rechazó igualmente el recurso que contra su fianza, de 25 millones de euros, había interpuesto Enrique Crespo, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP. Sí aceptó, en cambio, como le pedía Crespo, levantar el embargo sobre una de las cuentas bancarias que habían sido intervenidas por el juzgado, para que el exalcalde pueda mantener en ella la domiciliación de los recibos del agua, la luz y las contribuciones.
El caso Emarsa prosiguió, por otra parte, en el juzgado con la declaración de otra de las imputadas, Eva Marsal. La empresa de Marsal, entonces pareja del exdirector financiero de Emarsa, Enrique Arnal, facturó 117.926 a la sociedad pública. La imputada afirmó que la sociedad pública utilizó a su firma, Management de Azafatas y Servicios (Grupo Mas), para encubrir la contratación de la portavoz del PP en Benetússer, Marisol Giner.
La exedil popular es una de las cuatro personas que, según declaró ante el juez el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, estuvieron cobrando de la empresa pública a pesar de que solo aparecían por la planta depuradora el día que había que cobrar. Marsal sostuvo que aceptó a costear su contrato porque era la condición que le impuso la sociedad pública para poder encargarse de la presencia de Emarsa en la Expo 2008 de Zaragoza.
Marsal, que solo aceptó responder a preguntas de su letrado, afirmó que su implicación en la causa de corrupción ha llevado a su empresa a la quiebra. Y trató de distanciarse de las irregularidades cometidas en Emarsa. Según afirmó, de todas la cuestiones administrativas, contables y financieras se ocupó Arnal.
La imputada afirmó igualmente que Emarsa también utilizó a su empresa para la adquisición de entradas para el Open 500 de Tenis y el premio de Fórmula 1 de Valencia.
www.elpais.es 19.04.12
EL JUEZ IMPUTA A DOS ALTOS CARGOS DE LAS DEPURADORAS DE LA GENERALITAT
Vicente Ríos pide que se averigüe el patrimonio de Juan José Morenilla e Ignacio Bernácer
El magistrado atiende la solicitud del fiscal, la acusación particular y el letrado de la Generalitat
La Generalitat pide imputar a uno de sus cargos por el saqueo de Emarsa
El juez Vicente Ríos que investiga el saqueo de Emarsa, la sociedad que depuraba el agua de Valencia, elevó ayer la implicación de cargos públicos a la Generalitat. El instructor dictó la imputación de José Juan Morenilla, que fue hasta 2010 gerente de Epsar, la empresa del Gobierno autonómico responsable de financiar y vigilar a las depuradoras valencianas. Y de Ignacio Bernácer, que sigue siendo director de explotación de la misma. Su imputación fue solicitada inicialmente por los socialistas, petición a la que se sumó la fiscalía y el resto de acusaciones. En un ejemplo de las dificultades a las que se enfrenta el Consell por el continuo avance de causas judiciales ligadas a la corrupción, la imputación de Bernácer fue solicitada por el mismo abogado de la Generalitat. Es decir, por la Administración que sigue pagándole la nómina y que ayer no anunció medidas al respecto.
El juez basa su decisión en dos elementos. De un lado, Morenilla y Bernácer formaron parte de la comisión que estableció año tras año el precio que Emarsa debía pagar por el tratamiento de lodos. Éste alcanzó los 46 euros por tonelada de fango cuando, según ha desvelado la investigación, el coste real era de solo 18 euros. Para inflar el precio se utilizaba a una empresa intermedia. "La empresa encargada de gestionar los lodos", señala el juez en su auto reproduciendo los argumentos de la fiscal, "era Adobs Organics, y la empresa encargada de facturar a Emarsa, sin realizar más función que la de intermediación fue Etwas Eigenlich". Esa limitada actividad le permitía, sin embargo, doblar el precio.
La información era remitida semestralmente a la Consejería de Medio Ambiente de la que depende Epsar. Y la fiscal considera por ello que "no es posible creer que los responsables de Epsar no tuviesen conocimiento de que las empresas que facturaban a Emarsa por la gestión de lodos no eran las que realizaban el servicio realmente".
Tanto Etwas como todo un abanico de empresas que la sucedieron en dicha función de mera intermediación eran de Jorge Ignacio Roca, imputado en la causa y huido de la justicia. Todas ellas "aparecen en Emarsa como por arte de magia, desaparecen de la misma manera y la única huella que dejan es la facturación de 16,9 millones de euros \[a Emarsa\] por un servicio que no han prestado", continúa el juez en línea con la fiscal.
La sospecha de adónde fue a parar ese exorbitante sobrecoste es el segundo motivo que ha llevado al instructor a ampliar la investigación a Morenilla y Bernácer. Dos imputados declararon ante el juez que los dos directivos recibían cada mes una parte del dinero que el empresario de lodos entregaba a los responsables de Emarsa, y que habría alcanzado los 180.000 euros mensuales. Al principio, afirmaron estos dos imputados, Enrique Arnal y Sebastián García, Roca entregaba el dinero en cajas de cartón y más adelante a través de tarjetas de crédito a nombre de sus empresas que los imputados sacaban en cajeros.
Los otros dos beneficiarios habrían sido Enrique Crespo, dimitido vicepresidente de la Diputación de Valencia, y Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa. Cuesta corroboró en parte dicha versión al declarar que extrajo 60.000 euros con las tarjetas de Roca y le entregó la mitad a Morenilla "en su oficina o en algunas cafeterías de Valencia".
El portavoz socialista en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, Ramón Marí, consideró ayer "una prueba de la implicación del PP" en el caso el hecho de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra mantenga en su puesto a Bernácer "a pesar de los numerosos indicios" que existen contra él.
www.elpais.es 12.04.12
UN ALTO CARGO VINCULADO A EMARSA COMPRÓ 22 PROPIEDADES EN 10 AÑOS
Morenilla era gerente de Epsar, el ente dela Generalitat que dirigía las depuradoras
Emarsa pagó 3.000 euros en noches de hotel con traductoras rumanas
José Juan Morenilla, que fue hasta el verano pasado gerente de Epsar, la entidad de la Generalitat de la que dependían las depuradoras valencianas, entre ellas Emarsa, adquirió entre 2000 y 2009, junto a su mujer y dos sociedades administradas por ésta, 22 propiedades. La relación de compras comprende tres viviendas, cinco plazas de garaje, un solar, una finca y 12 parcelas agrícolas.
Morenilla ha sido acusado por dos imputados en el caso Emarsa de ser uno de los cuatro cargos públicos que se repartían cada mes 180.000 euros del pillaje de la depuradora de Valencia. Un tercer imputado también ha declarado que se lucró del desfalco. Morenilla dejó Epsar en julio pasado y empezó a trabajar en Facsa, una de las empresas investigadas en el caso Gürtel por la supuesta financiación ilegal del PP. Facsa, además, había recibido en los años anteriores 30 millones de euros en contratos de Epsar. La fiscal del caso Emarsa ha adelantado que pedirá la imputación de Morenilla.
La información sobre el intenso ritmo comprador de Morenilla y su esposa ha sido aportada por el PSPV-PSOE al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que investiga el saqueo de Emarsa. Los socialistas habían denunciado ante la fiscalía a Morenilla y a su mujer, María Dolores Murillo, porque las sociedades de ésta parecían registrar sospechosos movimientos económicos a pesar de contar con una aparentemente "reducida actividad" y "escaso o ningún personal". Fiscalía abrió diligencias de investigación, que ha remitido ahora al juez instructor del caso Emarsa, Vicente Ríos.
Las compras del matrimonio se iniciaron en el año 2000 con la adquisición de 12 parcelas en el municipio valenciano de L’Énova que el registro de la propiedad describe como "huertos de naranjos", salvo una, que califica como "monte". A continuación, bien personalmente o bien a través de las empresas Agromática del Este, SA, y Agromática del Este, SL, la pareja compró una vivienda y un garaje en Candanchú (Huesca), famosa por su estación de esquí. Una casa, una finca rústica y un garaje en Meliana. Un solar en Foios. Una plaza de aparcamiento en Nàquera. Y un dúplex y dos plazas de garaje en la urbanización Almadrava, junto al mar, en Dénia.
Dos imputados, Enrique Arnal y Sebastián García Martínez, han declarado ante el juez que Morenilla; Ignacio Bernácer, que sigue siendo director de explotación de Epsar; Enrique Crespo, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, y Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, se repartían 180.000 euros al mes que les entregaba, primero en cajas de cartón y luego mediante tarjetas de crédito, el empresario de lodos Jorge Ignacio Roca, que facturó a Emarsa 17 millones y se encuentra hoy huido de la justicia. El propio Cuesta confirmó parcialmente esa acusación.
‘Cultura Emarsa’
Algún imputado ha utilizado ante el juez la expresión cultura Emarsa para referirse a la normalidad con la que se contemplaba (o practicaba) la corrupción en la sociedad pública que depuraba el agua de Valencia, vinculada a través de muchos de sus cargos con el Partido Popular. El último ejemplo lo ha ofrecido esta semana ante el instructor Adolfo Polo, que era el jefe de Medio Ambiente de la planta de Pinedo durante la etapa investigada. Polo, que acabó de declarar el viernes, admitió que durante años se dedicó a trabajar por la mañana en Emarsa y por las tardes en una empresa que facturaba a la sociedad por el tratamiento de lodos, el área de la depuradora que él debía vigilar desde su cargo público.
Polo admitió que al frente de dicha empresa, Iris, figuraba su mujer, pero solo en funciones de testaferro, porque aparecer él directamente habría dado "mala imagen". Su caso es un ejemplo de la complejidad de las tramas que exprimieron Emarsa hasta la quiebra: Iris actuó como subcontrata de varias firmas que contrataban con Emarsa. Y Polo facturó al mismo tiempo a Iris (su propia empresa) a través de otras firmas que había constituido, una de ellas con su esposa.
www.elpais.es 12.04.12
CAMPS LE DIJO A CRESPO QUE CONTRATARA A CUESTA COMO GERENTE DE EMARSA
El exgerente trabó relación con los Camps desde antes de su nombramiento en la sociedad
Una de las incógnitas del saqueo de Emarsa, la empresa que se dedicaba a depurar el agua de Valencia, es cómo llegó a la gerencia Esteban Cuesta, enfermero de profesión, sin ninguna experiencia en gestión empresarial que, según confesó al juez, antes de llegar al cargo no había visto "un pagaré" en su vida. En su lacónica declaración judicial de la semana pasada, Enrique Crespo, expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises con el PP, apuntó, sin embargo, que Cuesta había conseguido el puesto gracias a sus contactos dentro del PP, la formación que controlaba la empresa pública y a la que pertenecían buena parte de los imputados.
El contacto del exgerente, a quien el juez le ha impuesto una fianza de responsabilidad civil de 25 millones de euros, fue el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, que le dijo a Crespo que contratara al enfermero, según confirman fuentes políticas.
Ya se sabía que Cuesta había trabado relación con los Camps desde antes de su nombramiento como gerente, en 2004, porque la mujer de Cuesta se encargaba de cuidar a los hijos del expresidente. El enfermero había sido nombrado años antes alcalde pedáneo de Benimàmet por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y era al mismo tiempo presidente del PP en el distrito de Pedanías del Oeste de la ciudad.
El exgerente de Emarsa fue el primero en implicar a Crespo, a quien el juez también le ha impuesto una fianza solidaria de 25 millones, en el caso. Después lo hicieron otros dos exresponsables de la planta, que aseguraron que Crespo era uno de los que se repartía cada mes 180.000 euros del dinero estafado a la sociedad pública mediante una trama en torno al tratamiento de los lodos. Cuesta también dijo que fue Crespo quien lo buscó para el cargo, algo que el exalcalde de Manises negó ante el juez. "Fue él quien se me acercó en un acto del partido y se ofreció para sustituir al entonces gerente, que acarreaba una grave enfermedad. Le dije que era un tema del partido, y que como todo tema de partido, tendría que buscarse apoyos para tener opción al nombramiento", afirmó Crespo según fuentes conocedoras de su declaración.
04.04.12COTINO ORDENÓ PAGAR 16 MILLONES A EMARSA TRAS ACORDARLO CUATRO IMPLICADOS
Los socialistas consideran “ilegal” el acuerdo en el que se basó la orden
El PP quiere investigar Emarsa sin llamar a los responsables del saqueo
El consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda ordenó en mayo de 2010, en su condición de presidente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), que se abonase 16,3 millones de euros a Emarsa, la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo. El consejero era entonces Juan Cotino, hoy presidente de las Cortes Valencianas. La cifra, exactamente igual a la que se pagó en 2009, fue establecida en una reunión celebrada en febrero por la comisión de seguimiento del convenio entre la Epsar y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), de la que Emarsa era una sociedad instrumental. En otras palabras, Cotino autorizó que un organismo de la Generalitat pagara a la empresa de depuración de aguas del área metropolitana de Valencia 16,3 millones para el tratamiento y aplicación agrícola de los lodos.
En la reunión de la comisión que estableció la cifra, además de un técnico del departamento de explotaciones de la Epsar, participaron José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, gerente y jefe del departamento de explotación de la entidad de saneamiento dependiente de la Generalitat, respectivamente; Enrique Crespo, como presidente de la Emshi, y Esteban Cuesta, como gerente de Emarsa. Crespo y Cuesta son los principales imputados del caso Emarsa, en el que el juez Vicente Ríos investiga un fraude de más de 25 millones de euros, mientras que de Morenilla y Bernácer ha pedido su imputación la fiscalía.
Los socialistas revelaron este martes el documento firmado por Cotino para resaltar gráficamente su responsabilidad política en el caso. Hoy se reúne la comisión de investigación de Emarsa en las Cortes Valencianas para acordar las solicitudes de comparecencia y, mientras los grupos de la oposición piden que acudan Cotino, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y varios de sus concejales, así como una buena parte de los imputados, el PP limita a siete las comparecencias, con Morenilla como único nombre de los implicados en el caso.
Pero los socialistas no se limitaron a reforzar su presión sobre el alcance político del escándalo de Emarsa, sino que calificaron de “falso e ilegal” el acuerdo adoptado por la comisión de seguimiento, en la que era su décima reunión, de acuerdo con el acta, desde que se suscribió el convenio en 2004. La diputada Carmen Martínez, portavoz del PSPV-PSOE en la comisión de investigación, señaló que Cotino asegura expresamente en su resolución que la comisión de seguimiento “estaba formada por los miembros requeridos en el convenio” para darle validez al cálculo de lo que debía pagar la Epsar a la depuradora de Pinedo. Sin embargo, añadió Martínez, “es mentira, porque no estaban todos los miembros, como demuestra el acta de la reunión a la que hemos tenido acceso”. Se refería a que no estaba en la reunión de la comisión un técnico de la Emshi, como se preveía en el convenio para considerar válidos los acuerdos.
La diputada socialista recordó que dos de las personas de la comisión de seguimiento, Crespo y Cuesta, “están imputadas por nueve delitos de corrupción y contra la hacienda pública, y las otras dos han sido acusadas ante el juez por varios dirigentes de Emarsa de diseñar estos convenios para defraudar y repartirse mensualmente 180.000 euros en comisiones ilegales por el tratamiento de lodos”.
Tras recordar que Morenilla, como gerente de la Epsar, que presidía Cotino, estaba “a sus órdenes directas”, Martínez reclamó que se incluya la comparecencia del actual presidente de la Cámara en la relación que hoy ha de aprobar la comisión parlamentaria de investigación del caso Emarsa.
www.elpais.es 14.03.12
BARBERÁ Y CRESPO NO COMPARECERÁN EN LAS CORTS POR EMARSA
El PP rechaza la lista presentada por la oposición, que incluía además a Juan Cotino - Compromís propone dejar de acudir a la comisión por ser una "burla"
El PP ha votado hoy en contra de que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, el presidente de Les Corts y exconseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, y el expresidente de Emarsa Enrique Crespo, entre otros, comparezcan en la comisión parlamentaria de investigación del caso Emarsa en Les Corts.
La mayoría absoluta del PP argumenta su rechazo a la lista conjunta de comparecencias presentada por la oposición -PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida- en que, aparte de ser "grotesca" y extensa, solo pretende desgastar al PP y al Gobierno valenciano en un asunto protagonizado por "una banda de facinerosos y bandoleros", según la diputada Alicia de Miguel, que ya investiga la Justicia.
La oposición ha coincidido en censurar la propuesta popular de comparecencias al entender que no se citará a los verdaderos responsables del "saqueo" de al menos 25 millones de euros de la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, tanto empresariales como sobre todo políticos.
El PP, según De Miguel, ampliará las comparecencias ante esta comisión si así se deriva de lo aportado en sede parlamentaria por las siete personas que pasarán próximamente por ella, entre ellas el exvicepresidente de Emarsa a propuesta del PSPV Ramón Marí, el exconsejero por el PP en esa empresa pública Manuel Corredera y el exgerente de la entidad pública EPSAR Juan José Morenilla.
También acudirán el exconsejero en Emarsa por EU Joan Antoni Pérez, el representante de EPSAR Enrique Albors, así como el secretario general y el interventor de la empresa metropolitana de servicios hidráulicos Emshi José Antonio Martínez y Francisco Pastor, respectivamente.
La oposición había pedido que comparecieran Barberá y miembros de su equipo de gobierno (Jorge Bellver, Silvestre Senent, Juan Vicente Jurado y María Ángels Ramón Llin), además de Cotino y cuatro "presuntas traductoras rumanas".
El listado de 67 comparecencias de la oposición incluía también a la consellera de Agricultura, los gerentes de El Corte Inglés, de Loewe y de Produccions Ageiron SL, respectivamente, así como los exdirectivos de Emarsa Enrique Crespo, Esteban Cuesta, Manuel Corredera, Enrique Arnal o Juan Carlos Gimeno.
La diputada del PSPV Carmen Martínez ha dicho que el president de la Generalitat, Alberto Fabra, ha "insultado" hoy tanto a Les Corts Valencianes como a los ciudadanos, intentando hacer creer que se investigará un asunto marcado por "regalos, viajes, prostitución, billetes en cajas de cartón y operaciones de estética" en un "saqueo" que, según ha dicho, alcanzará los 40 millones de euros.
Según Martínez, Fabra supera a Francisco Camps en la cuestión de la corrupción por haber montado "un sainete vergonzoso" como esta comisión, en la que no comparecerán Barberá, que "controlaba el 48 % de la junta de accionistas de Emarsa", ni Cotino, como presidente de EPSAR en su etapa como conseller, al igual que Crespo -"el Dioni valenciano", según le ha llamado por el riesgo de fuga-, Cuesta y otros responsables.
Mónica Oltra (Compromís) ha tachado de "intolerable" que el PP quiera burlarse de la Cámara y de los contribuyentes con esta comisión, por lo que propondrá a su grupo que no participe más en ella para no "legitimar" la "operación de maquillaje" en que los populares, a su juicio, pretenden convertirla.
Para Marga Sanz (EU), esta comisión se cerrará "en falso" mientras no comparezcan los verdaderos responsables políticos y empresariales de la supuesta trama de corrupción en el entorno de Emarsa.
www.levante-emv.com 14.03.12
EL JUEZ DEL 'CASO EMARSA' EMBARGA VIVIENDAS A DOS DE LOS IMPUTADOS
El instructor cita a Crespo para decidir si le retira el pasaporte
El magistrado imputa a dos personas más por el saqueo de la depuradora de Pinedo
El juez Vicente Ríos, que investiga el caso Emarsa, el fraude en la sociedad pública que gestionaba la depuradora de Valencia, que puede alcanzar al menos 25 millones de euros, ha iniciado el embargo de los bienes de los imputados. El instructor ha decretado el embargo de un piso, valorado en 300.000 euros del exconcejal del PP en los ayuntamientos de Valencia y Paterna y exportavoz del mismo partido en la Diputación de Valencia, Juan Carlos Gimeno. También ha dictado el embargo de una vivienda de Eva María Marsal, valorada en 100.000 euros. Marsal es la administradora de Grupo Mas, una de las empresas investigadas por el pillaje y es, además, pareja de uno de los principales imputados en la causa, el exdirector financiero y exedil de Unión Valenciana en Moncada, Enrique Arnal.
El juez ha acordado igualmente citar para este miércoles a Enrique Crespo, expresidente de Emarsa, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP, con el objeto de decidir si le aplica las medidas cautelares solicitadas por la acusación popular que representa el PSPV-PSOE. La acusación había solicitado que el juez dejara a Crespo en situación de libertad provisional, lo que implicaría la retirada de pasaporte y la obligación de comparecer en el juzgado semanalmente. El juez ya le impuso a Crespo una fianza solidaria de 25 millones de euros, que está por resolver después de que el expolítico recurriera. Las dos viviendas embargadas hoy por el juez forman parte de esa misma fianza global contra los imputadas fijada por el instructor.
El instructor ha decidido, por último, imputar a otras dos personas en el caso. Se trata de los administradores de las constructoras Acra y Orba, Oleksander Kurales y Nina Kurales respectivamente. Acra facturó 60.280 euros a Emarsa en 2006 y Orba, 68.930 euros el mismo año. El juez sospecha de que la facturación fue por servicios ficticios, como ocurrió en esa misma época con otras cuatro empresas de la construcción que también trabajaban teóricamente en las instalaciones de Emarsa. Acra y Orba iniciaron su relación comercial con la sociedad metropolitana sin que mediara expediente de contratación y sin que conste ni siquiera la existencia de un contrato.
El instructor cree, además, que ambas sociedades están relacionadas con Daniel Calzada, otro empresario imputado. Los únicos clientes distintos de Emarsa que tanto Acra como Orba tuvieron en el año 2006 fueron precisamente las empresas de Daniel Calzada: Rehabilita Aqua y Llar Calzada. Las cuatro identificaban a Emarsa con el mismo número de cliente. La sociedad pública abonaba los pagos el mismo día a las cuatro firmas. Y todas ellas emitieron a Emarsa "presupuestos, mediciones y certificaciones" que adjuntaban a las facturas "formalmente idénticos". Las cuatro recogían también un descuento del 3% en concepto de pronto pago.
La fiscalía pide imputar a dos cargos de la Generalitat
La fiscal del caso Emarsa ha solicitado la imputación de dos directivos de Epsar, la empresa pública de la Generalitat de la que dependen las depuradoras valencianas. Se trata del exgerente de Epsar, José Juan Morenilla, que dejó el puesto en verano para entrar a trabajar en Facsa, una de las firmas implicadas en la causa de financiación ilegal del PP valenciano del caso Gürtel. Y del que sigue siendo director de explotación de Epsar, Ignacio Bernácer.
Dos imputados han declarado ante el juez que Morenilla y Bernácer se repartían cada mes 180.000 euros del saqueo de la depuradora de Valencia. El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, afirmó por su parte que entregó 30.000 euros en efectivo a Morenilla que le habían sido entregados previamente por Jorge Ignacio Roca, empresario de lodos que defraudó presuntamente a Emarsa por un importe superior a los 12 millones de euros y se encuentra fugado de la justicia. El juez también ha pedido a la fiscal jefe de la Audiencia de Valencia que le remita la investigación abierta por supuestas irregularidades en la empresa de la mujer de Morenilla, por si fuera oportuno unirlas al caso Emarsa. Las pesquisas se iniciaron con una denuncia del PSPV-PSOE.
Morenilla y Bernácer han negado los hechos en los medios de comunicación y han solicitado al juez permiso para querellarse por calumnias contra los dos imputados que declararon que se repartían mensualmente los 180.000 euros: Enrique Arnal y Sebastián García Martínez.
La fiscal y las acusaciones se han opuesto a que se les permita querellarse. Lo más llamativo es que entre quienes se oponen se encuentra el abogado de la Generalitat, la administración para la que sigue trabajando Bernácer como directivo.
www.elpais.es 12.03.12
¿BARBERÁ, RESPONSABLE DE EMARSA?
El PSPV da 10 razones para vincular a la alcaldesa de Valencia con el saqueo
Barberá se revuelve contra Oltra al preguntar por el saqueo de Emarsa
El gerente de Emarsa implica en el saqueo al Ayuntamiento y a la Generalitat
El PSPV ha elaborado un decálogo para explicar porqué la alcaldesa de Valencia es la responsable política del saqueo de Emarsa. Según este argumentario, Rita Barberá no puede llamarse a andana en el escándalo de la estación depuradora de la ciudad y otros 16 municipios porque, entre otras razones, ya era la alcaldesa de Valencia cuando se construyó la misma. Controlaba el 48% de los votos de la Junta general de la empresa pública a través de una concejal delegada que se sentaba en el Consejo de Administración de Emarsa, en el que el PP ocupaba 14 de los 18 puestos, haciendo posible la elección de Enrique Crespo como presidente gracias a la mayoría de los populares en la entidad metropolitana. Los socialistas responsabilizan directamente a Barberá de que el exalcalde de Manises, y no otro, fuera el presidente de Emarsa.
El PSPV recuerda que en el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Valencia figuran dos concejales, Silvestre Senent y Juan Vicente Jurado, que presidieron la depuradora. También acusa a la alcaldesa de nombrar a Esteban Cuesta gerente de Emarsa, pese a no tener otra experiencia que la de ser alcalde pedáneo de Benimàmet-Beniferri. En opinión del concejal socialista Pedro Sánchez, Barberá nombró a Sebastián García jefe de informática y proveedor de la depuradora. García representaba al PP en la Junta Municipal de Trànsits. Del mismo modo, altos dirigentes de la empresa pública como Ignacio Martínez y Santos Peral ostentan cargos del PP en Valencia. Y, por último, el PSPV echa en falta que Barberá nunca haya criticado la gestión llevada a cabo por sus concejales o la gente que ella nombró en la depuradora. La conclusión de este argumentario es que la alcaldesa debe comparecer en la comisión que investigará en las Cortes Valencianas el escándalo de Emarsa.
El decálogo ha sido calificado por Miquel Domínguez, concejal de Relaciones con los medios de comunicación de “simple panfleto repleto de difamaciones para difundir una enorme mentira”.
www.elpais.es 12.03.12
"EN EMARSA EXISTÍA UN TALLER QUE HACÍA FALSAS FACTURAS EN CANTIDAD OBSCENA"
Imputado un exconcejal del PP del Ayuntamiento de Valencia
Un supuesto método de estafa muy grosero
Después de narrar durante seis páginas una nueva palada de aparentes prácticas corruptas en Emarsa, la sociedad de depuración de Valencia que fue saqueada hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) concluye: "En definitiva, parece como si en Emarsa existiera un taller o laboratorio de expedir contratos y facturas en cantidad tal que los errores al final surgen de manera casi obscena".
La afirmación, que figura en un auto conocido ayer que aumenta el número de implicados en el saqueo de Emarsa, con la imputación del exconcejal del PP de Valencia Juan Carlos Gimeno, es llamativa por varios motivos. La Emshi está y estaba en manos del PP. La preside actualmente Arturo Ros, alcalde de Tavernes Blanques, y la controla en realidad el Ayuntamiento de Valencia, que tiene casi la mitad de los votos en una asamblea que el Partido Popular domina de forma abrumadora. Hasta este verano, Enrique Crespo, alcalde de Manises, presidía la Emshi, lo que lo convertía automáticamente en presidente de Emarsa. Hoy Crespo (del PP) está acusado por la Emshi (controlada por el PP) de malversación, estafa y delitos societarios.
Los imputados actuaron con "absoluto descaro", según la Emshi
Barberá mantiene a Cuesta como cargo del PP pese al saqueo de Emarsa El juez imputa a otro empresario en el 'caso Emarsa' El exgerente cargó a Emarsa 3.788 euros por ocho noches de hotel con cuatro mujeres rumanas El juez Vicente Ríos, que ya imputó a Crespo, fue ayer más lejos: consideró que existen "motivos bastantes para creer" que Crespo, Gimeno, Esteban Cuesta (exgerente de Emarsa y dirigente del PP de Valencia) y Enrique Arnal (exdirectivo de Emarsa y exedil de Unión Valenciana) se confabularon para saquear la sociedad pública.
El último capítulo de la cloaca de Emarsa (su cometido era depurar las aguas residuales de Valencia) tiene un nombre familiar para los periodistas que cubrieron la actualidad valenciana en los años ochenta y noventa: Juan Carlos Gimeno, exedil y exdiputado provincial del PP. En 1983, después de que la estatua de Franco fuera retirada de la plaza del Ayuntamiento (entonces plaza del País Valenciano) Gimeno se acercó al lugar a depositar una corona de flores en memoria del dictador. Su nombre apareció vinculado en el caso Naseiro, y también fue polémica su actuación en el escándalo de escuchas ilegales a las que fue sometida la expresidenta socialista de la Diputación de Valencia Clementina Ródenas en 1994. Gimeno trabajó en Emarsa, como responsable ambiental, entre 1997 y 2004. El mismo día que dejó la sociedad, con un finiquito de 71.129 euros, firmó supuestamente un contrato con Emarsa que suscribieron también Cuesta y Crespo. El juez Vicente Ríos destaca que había creado su empresa solo ocho días antes y que ni siquiera le había dado tiempo a inscribirla en el Registro Mercantil. El juez manifiesta en el auto sus sospechas: "Se suscitan serias dudas acerca de la autenticidad de ese contrato".
La Emshi, controlada por el PP, es mucho más dura: "Simultáneamente a la finalización de la relación laboral con Emarsa y al cobro del finiquito, el querellado constituyó la empresa y firmó un contrato de prestación de servicios con Emarsa. O lo que es lo mismo, este nuevo querellado planificó con los responsables de Emarsa su conversión en sociedad como nueva fuente de emisión de facturas de la empresa".
El aparentemente falso contrato de 2004, del que la Emshi no tiene ningún registro, es casi idéntico a otro firmado supuestamente entre Gimeno y Emarsa en 2008. El juez considera que ello "sugiere que ambos documentos se confeccionaron en unidad de acto". Las falsificaciones, destaca el juez, parecen muy chapuceras (ver arriba).
El supuesto contrato de 2004 es importante porque el 9 de junio de 2011, con Emarsa ya disuelta meses antes, Gimeno presentó una reclamación en la que exigía 355.000 euros a Emshi como indemnización por haber roto el contrato que tenía con Emarsa. Para alcanzar esa cantidad, señala la Emshi, el exconcejal del Ayuntamiento de Valencia utilizaba la cláusula indemnizatoria recogida en el aparentemente falso contrato de 2004 pero calculaba el importe sobre la base de otro contrato, suscrito supuestamente en 2010, en el que no se preveía indemnización pero Emarsa pagaba más... Ello, afirma la Emshi, "da idea nuevamente del absoluto descaro en la manera de actuar de los querellados".
Gimeno también presentó al cobro un pagaré por importe de 9.722 euros emitido en junio de 2010 que vencía en septiembre de 2010. La Emshi vuelve a expresar sus sospechas, que el juez avala, de que en la recta final de la existencia de Emarsa, disuelta en esas mismas fechas, la máquina de emitir facturas falsas fue puesta a trabajar a pleno rendimiento, que la sociedad fue exprimida hasta el último día: "Hay que señalar que en el procedimiento ha resultado coincidente que las distintas empresas que se investigan tenían pagarés emitidos en fecha próxima a la disolución de Emarsa y con vencimiento en el momento de disolución de la empresa, mientras que los numerosos proveedores de Emarsa cuyas facturas estaban pendientes de pago y referidas a actividades corrientes de la empresa no tenían pagarés con dichas características".
Un supuesto método de estafa muy grosero
- Entre la avaricia y la chapuza. El saqueo de Emarsa, que pagó cantidades millonarias por servicios y suministros inverosímiles, reúne ambas características. Por la cantidad aparentemente defraudada (solo las primeras empresas investigadas facturaron 30 millones a la sociedad de depuración, y no dejan de aparecer nuevas firmas sospechosas) y por la muy rudimentaria forma en que se realizaba. Si no fuera tan grave, dice la Emshi, "provocaría cierta hilaridad".
- Papel reciclado. Lo normal es que una empresa redacte una factura y la presente al cobro a otra. En el caso de las que presentaba la empresa de Juan Carlos Gimeno, exedil del PP, sin embargo, se da un hecho extraordinario. En la cara de atrás de dos de las facturas que presentó a Emarsa "hay impreso nada menos que una previsión de tesorería, que se deduce que es de Emarsa", destaca el juez.
- El despacho de Arnal. Lo anterior lleva a la Emshi a concluir: "Nos encontramos ante una evidencia clara de que dichas facturas, y otras muchas seguramente, fueron elaboradas por la propia Emarsa y, en concreto, en el departamento de Enrique Arnal (ex director financiero y exedil de Unión Valenciana), imputado en la misma causa".
- A piñón fijo. Muchas de las facturas y contratos investigados por parecer falsos llevan la misma fecha. O tienen el mismo objeto y duración. O se pasan facturas por conceptos vagos. O, lo que es peor, se pasan facturas "cuyo concepto es: 'concepto por determinar".
www.elpais.es 09.03.12
EL JUEZ DEL 'CASO EMARSA' PIDE A HACIENDA DATOS DE PAGOS DE VIAJES BENIMÀMET
La agencia facturó a la depuradora miles de euros por servicios no prestados
Los documentos de la investigación judicial alcanzan ya los 50 tomos
Los documentos reunidos en la instrucción de la pieza principal del caso Emarsa, que investiga el saqueo de la empresa de depuración de Valencia, han alcanzado ya los 50 tomos, según hace constar en una providencia el juez instructor Vicente Ríos.
En es diligencia, Ríos informa de que la declaración de Sebastián García, exjefe de informática de Emarsa y administrador de una empresa que prestó servicios a la depuradora, se producirá el viernes a las 9.30. El imputado ha hecho saber que únicamente responderá a las preguntas de su abogado. Además, el magistrado solicita a los funcionarios de la Agencia Tributaria que le informen sobre los ingresos y pagos efectuados por la entidad Viajes Benimàmet, SL a Emarsa.
La agencia de viajes facturó a Emarsa entre 2004 y 2010 unos 329.000 euros -según se especifica en varios informes-. De este total, la agencia facturó alrededor de 60.000 euros por un servicio que no fue prestado, y cuyo concepto eran entradas para el Gran Premio de la Fórmula 1 y para el Valencia Open 500. También cobró por noches en hoteles en los que no se llegó a hospedar nadie.
A finales de enero, las diligencias de instrucción de este caso, que lleva en exclusiva el Juzgado número 15 de Valencia, acumulaban 131 tomos en soporte papel, 43 de ellos relativos a la pieza principal y otros 88 de documentos, con cerca de 38.000 folios impresos y miles más en CD anexos. El Consejo General del Poder Judicial aprobó en noviembre la llegada a este juzgado de un nuevo juez de apoyo, tal y como solicitó su titular a través de la Sala de Gobierno.
Las acusaciones de Arnal
El jefe de Explotación de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR), Ignacio Bernácer, y el gerente en funciones de EPSAR Juan José Morenilla, han negado las acusaciones que realizó en el ex director financiero de Emarsa, Enrique Arnal, en su declaración sobre el caso Emarsa.
El exdirectivo de Emarsa y exconcejal de Moncada Enrique Arnal, implicó el pasado viernes a Bernácer y Morenilla ante el juez como responsables de la trama de corrupción en la depuradora de Pinedo, junto al expresidente de esta entidad Enrique Crespo. Según consta en su declaración escrita como imputado, Arnal aseguró que el gerente en funciones de EPSAR Juan José Morenilla y el director de Explotación, Ignacio Bernácer, "desviaban" todos los meses hasta 180.000 euros desde 2005. Arnal afirmó que "ingeniaron una estructura para fijar un precio muy superior al de mercado" en la gestión de lodos que les permitió repartirse el excedente.
En un comunicado, Bernácer ha afirmado que "Arnal quiere aparecer como víctima de una conspiración en la que él, presuntamente, ha participado, como reconoce". "Quiero pensar que las declaraciones y las falsedades vertidas sobre mi persona responden a una estrategia de defensa, porque son todas falsas Evidentemente nunca me he beneficiado económicamente de la empresa Emarsa ni he participado en ningún plan preconcebido o trama para lucrarme", ha señalado.
El técnico de la Generalitat asegura que su expediente en la institución donde trabaja desde hace 20 años está "impoluto" y ha afirmado que "Arnal fue despedido” cuando la EPSAR asumió la gestión de las instalaciones de Pinedo tras declararse el cierre de Emarsa con un agujero de al menos 17 millones de euros.
"Fue entonces cuando él perdió esas prebendas que él reconoce haber percibido ilegalmente de Emarsa y perdió una retribución salarial de más de 95.000 euros anuales, según se ha publicado y figura en documentos de Emarsa", ha afirmado Bernácer. Asimismo, ha negado "relación alguna en las actividades fraudulentas investigadas" y ha anunciado que una vez su abogado estudie toda la documentación con la declaración íntegra emprenderá "todas las acciones judiciales que consideré oportunas".
Igualmente, Juan José Morenilla ha negado las afirmaciones de Arnal y ha anunciado que "tales difamaciones tendrán cumplida respuesta en los tribunales".
www.elpais.es 27.02.12
“LOS CABECILLAS DE LA TRAMA DE EMARSA SE REPARTÍAN CADA MES 180.000 EUROS”
El director financiero de la depuradora afirma que el saqueo de la sociedad estaba planificado
Enrique Arnal apunta como responsables de la trama a Enrique Crespo y José Juan Morenilla
Enrique Arnal, director financiero de Emarsa desde 1996 hasta su liquidación por quiebra en 2010, afirmó el viernes, en su declaración como imputado en la causa, que el saqueo de la sociedad pública de depuración de Valencia estuvo perfectamente organizado y permitió “enriquecerse de forma desmedida” a sus cabecillas. Arnal señaló como beneficiarios de la rapiña a Enrique Crespo, exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP; Esteban Cuesta, exgerente y alcalde pedáneo de Valencia, nombrado por Rita Barberá; Jorge Roca, empresario de lodos prófugo de la justicia, y a José Juan Morenilla e Ignacio Bernácer, responsables de la empresa de la Generalitat que financiaba a todas depuradoras valencianas, la Epsar.
Los cinco “ingeniaron una estructura para que, fijando un precio muy superior al del mercado [por el tratamiento de lodos que pagaba Emarsa] les quedase el resto para repartir entre ellos”, afirmó Arnal en una larguísima declaración-confesión que presentó por escrito en el juzgado de instrucción número 15 de Valencia.
Arnal afirmó que ese sistema les permitió repartirse “hasta 180.000 euros mensuales” que inicialmente “llegaba en efectivo en cajas de cartón y posteriormente a través de tarjetas de crédito”. Las cajas de cartón las hacía llegar Jorge Roca, el empresario de tratamiento de lodos que, según Arnal, “sobrefacturaba” a Emarsa en connivencia con sus gestores y posteriormente les entregaba su parte del pillaje.
Las tarjetas de crédito también estaban a nombre de Roca, pero sus “beneficiarios” eran Crespo, Morenilla, Bernácer y Cuesta, que las utilizaban “para ir sacando el dinero obtenido de forma fraudulenta”, contó Arnal.
"El dinero llegaba en cajas de cartón y luego en tarjetas de crédito"
El exdirector financiero, que fue concejal de Unión Valenciana en el Ayuntamiento de Moncada, admitió “errores” por haber aceptado electrodomésticos, ordenadores y viajes de ocio pagados por Emarsa. Arnal reconoció igualmente que algunas de las empresas investigadas por el saqueo hicieron reformas gratis en su casa.
Arnal implicó a los cuatro cargos públicos, pero diferenció el papel que tenía cada uno de ellos en la supuesta trama. Según su versión, los líderes del pillaje fueron el exvicepresidente de la Diputación de Valencia, y los directivos de Epsar Morenilla y Bernácer.
Al primero, Enrique Crespo, “solamente le hacía falta Esteban Cuesta para no ensuciarse las manos”, declaró Arnal. Según su versión, Crespo eligió como gerente de Emarsa a Cuesta para poder utilizarlo como una “marioneta” y evitar que su firma figurase en los centenares de contratos y facturas irregulares que constituyen la principal prueba en la causa del colosal saqueo de dinero público, que según la “prudente” estimación del juez instructor Vicente Ríos alcanzó al menos los 25 millones de euros.
“Crespo busca un perfil concreto que no sabe nada del mundo empresarial y muchos menos del submundo de los lodos. Cuesta es practicante o ATS en Benimàmet y reúne determinadas cualidades que no pasa por alto Enrique Crespo: echado para delante, poco reflexivo, buena presencia, valiente y ambicioso”, afirmó Arnal. “Es imposible que Cuesta fuera el cerebro del fraude”, agregó, “puesto que no sabía ni en qué consistía el tratamiento de lodos, ni el precio, ni nada”.
Arnal presentó su declaración-confesión en el juzgado por escrito
Según Arnal, el fraude de los lodos, el más importante económicamente de cuantos sufrió la empresa pública, fue una práctica habitual en Emarsa desde que él entró a trabajar en los años noventa. Ese plazo temporal incluye la época en que el gerente de Emarsa era Miguel García y el presidente de la sociedad pública, Silvestre Senent, entonces y ahora el concejal de Hacienda de Rita Barberá en el Ayuntamiento de Valencia. Las empresas de lodos siempre cobraban las primeras, dijo Arnal. Y el cambio de unas empresas encargadas del tratamiento de los residuos de la planta por otras eran prácticamente automáticas cuando cambiaba el presidente de la sociedad.
El exdirector financiero afirmó que los dos convenios que Emarsa firmó con Epsar, en 2002 y 2004, cuando esta empresa pública de la Generalitat estaba presidida por el exconsejero José Ramón García Antón, fueron diseñadas como “instrumentos del fraude”. Y que el sistema se mantuvo hasta el final de Emarsa, cuando Epsar dependía del entonces consejero y hoy presidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino. El método que Epsar habría utilizado con Emarsa, según Arnal, era siempre el mismo: “Más financiación y más compromisos de pago para Emarsa, pero nunca para enjugar su déficit estructural, sino para defraudar mediante contratos otorgados a dedo”.
La relación entre Crespo y su hombre de confianza, Cuesta, fue deteriorándose a medida que la situación patrimonial de Emarsa se iba degradando. En 2010, meses antes de la liquidación de Emarsa, Crespo “decidió responsabilizar de todos los males a Cuesta, desvinculándose de la gestión de la sociedad”. Y, siempre según Arnal, en ese momento “Cuesta explotó y dijo que si caía él, Enrique Crespo iría detrás”.
La versión de Arnal coincide, al menos, con una parte de los hechos. Crespo puso de gerente de una de las mayores depuradoras de España a una persona sin ninguna experiencia. Cuando su inminente quiebra fue denunciada por los socialistas, Crespo, que era presidente de Emarsa y de su matriz, la entidad metropolitana Emshi, presentó una denuncia contra Cuesta y otros directivos por la estafa. En su declaración ante el juez, el exgerente afirmó que al mismo tiempo Crespo se ofreció a pagarle el abogado. Cuesta no aceptó y afirmó ante el juez de instrucción que Crespo había sido el motor de las casi incontables irregularidades cometidas en Emarsa. Su declaración llevó a la imputación de Crespo y, pasadas unas semanas, a verse forzado a dimitir de la vicepresidencia de la Diputación de Valencia y de la alcaldía de Manises.
Arnal ha sido el imputado que más ha desgranado la supuesta trama. Como todos los demás, sin embargo, y pese a reconocer haber aceptado “regalos” y “favores”, el exdirector financiero ha intentado exculparse de las acusaciones más graves.
www.elpais.es 25-02-12
ENRIQUE CRESPO DIMITE Y DEJA EL PP POR EL CASO EMARSA
El alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación, imputado por el saqueo de la depuradora de Pinedo, renuncia para defender su "inocencia"
Enrique Crespo tira la toalla. El alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, ha dimitido de sus cargos por el escándalo de Emarsa, en el que está imputado por un agujero económico durante su gestión al frente de la depuradora de Pinedo, empresa pública ya extinta.
Crespo, quien ha anunciado su renuncia en una rueda de prensa convocada de forma urgente este mediodía, ha asegurado que dimite para defender su inocencia y no perjudicar la imagen de su ciudad. Además, ha pedido la baja de militancia en el Partido Popular.
El ya exalcalde también ha dimitido como diputado provincial, decisión que ya ha comunicado al presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, al que ha dicho que no quiere que se "utilice" a la corporación provincial ni al Ayuntamiento de Manises ni al partido "para sacar rentabilidad política".
Además, ha explicado ante los periodistas que su baja del PP y su dimisión de los cargos públicos es voluntaria, "sin presiones y con libertad", y que no se la ha reclamado el presidente regional del partido, Alberto Fabra.
Crespo fue presidente hasta 2010 de la empresa pública Emarsa, cuya gestión podría haber ocasionado un agujero económico de al menos 25 millones de euros, aunque otras fuentes próximas al caso elevan dicha cantidad hasta los 40 millones.
El juez considera además que existen indicios de que Crespo y otros tres imputados fueron coautores de cuatro delitos contra la Hacienda Pública. Vicente Ríos solicitó el pasado lunes una fianza de 25 millones de euros a Crespo y otros 13 imputados en el caso. El magistrado cree que el capital defraudado puede alcanzar los 22 millones de euros y que la estafa a Hacienda sumaría otros tres, aunque otras fuentes próximas al caso lo elevan hasta los 40 millones.
Sobre esta investigación, Crespo ha afirmado que le ha supuesto "más de un año de sufrimiento" en el que no se ha podido "defender de acusaciones que se dan por ciertas" y de "filtraciones" que tenían "el ánimo de afectar" su imagen y la de las instituciones que representaba.Además, ha criticado que todas las informaciones sobre el caso Emarsa se hayan "focalizado" en él, que se ha encontrado en una situación "de indefensión total".
El exalcalde ha reiterado que es "totalmente inocente", que no se enteró de las "irregularidades" que se producían en la empresa pública y que si bien él fue quien como presidente propuso al gerente Esteban Cuesta, contratarlo fue una decisión "de todo el consejo de administración".
Por otra parte, ha señalado que le parece "extraño" que el juez instructor todavía no le haya llamado a declarar como imputado en la investigación, ya que si lo hubiera hecho podría haber cambiado su decisión de dimitir y pedir la baja en el PP.
Crespo ha explicado que quiere tener ocasión de defenderse ante ciertas informaciones que se "dan por veraces" y que le han causado "un daño impresionante".
Por ejemplo, ha aportado información acerca de un ingreso desde Suiza que detectó el juez de 360.000 euros a una cuenta bancaria del exalcalde, y que según Crespo corresponde a la venta de un inmueble a un ciudadano con residencia en Suiza.
También ha aludido a un informe de la Agencia Tributaria para el juez del caso Emarsa en el que se dice que Crespo tienen 480.000 euros en bonos patrióticos de la Generalitat Valenciana cuando, según el exvicepresidente provincial, la cantidad exacta es de 48.000 euros.
El primer teniente de alcalde del Ayuntamiento de Manises, Francisco Izquierdo, sucederá a Crespo en el cargo de alcalde y en el de presidente del PP del municipiowww.levante-emv.com 02.01.12
FIANZA DE 25 MILLONES EN EL CASO POR EL SAQUEO DE EMARSA
El juez fija garantías al expresidente y otros 13 imputados
El desfalco cometido en la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales de Valencia (Emarsa) entre 2004 y 2010 supera los 25 millones de euros. Así lo estima provisionalmente el juez instructor del caso, Vicente Ríos, en un auto que hizo público ayer. El cálculo supera los 17 millones de agujero con los que se disolvió la sociedad pública hace un año y no llega ni a los 30 millones en que la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), de la que dependía Emarsa, evaluó la rapiña, ni a los 40 millones que calculan los socialistas, personados como acusación popular.
De momento, la cifra ha servido para aplicar medidas cautelares a 14 de los 27 imputados en el caso Emarsa. El juez ha fijado en 25 millones las garantías patrimoniales a los dos imputados más relevantes, el expresidente de la empresa pública, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, del PP, y el exgerente Esteban Cuesta.
"La falta de determinación de las sumas presuntamente malversadas", dice el juez Ríos, "no debe impedir que se fijen, ya desde este momento procesal, las medidas procedentes para asegurar las responsabilidades pecuniarias que en definitiva puedan declararse pertinentes". Por eso establece "prudencialmente" lo saqueado en 25 millones de euros.
Esta cifra provisional sirve para imponer fianzas, conjunta y solidariamente, de 25 millones a Crespo y Cuesta, y de otras cantidades al resto, hasta 14 imputados, también conjunta y solidariamente con los dos primeros. Así, la fianza es de 22 millones para Enrique Arnal, que fue director financiero de Emarsa; de 13,7 millones para Adolfo Polo, jefe de Medio Ambiente de la depuradora de Pinedo; y de cifras que oscilan entre 11 millones y 100.000 euros al resto de imputados.
El juez, que advierte que las fianzas pueden traducirse en embargos, impone otra, igualmente conjunta y solidaria, de tres millones a Crespo, Cuesta y los empresarios Jorge Ignacio Roca y José Luis Sena, por fraude fiscal.
www.elpais.es 31.01.12
EL IMPUTADO DE EMARSA EN BUSCA Y CAPTURA TIENE TRES EMPRESAS SIN PATRIMONIO ALGUNO
El imputado en el caso Emarsa que está en busca y captura, Jorge Ignacio Roca Samper, que cobró de la empresa pública, a través de tres sociedades, 14,6 millones de euros por supuestos tratamientos de lodos de la depuradora de Pinedo, carece de patrimonio alguno pese a ser propietario de esas tres empresas, que a su vez carecen de bienes y de actividad. Roca es, junto al expresidente de la sociedad pública y alcalde de Manises, Enrique Crespo, el exgerente Esteban Cuesta y el empresario José Luis Sena Gimeno, uno de los cuatro imputados en el saqueo de la depuradora metropolitana de Valencia para los que el abogado del Estado reclama una fianza de tres millones de euros con objeto de cubrir responsabilidades civiles por supuesto delito fiscal.
El informe sobre los patrimonios de los cuatro que la Agencia Tributaria remitió el pasado diciembre al juzgado revela que de dos de las sociedades de Roca Samper, en paradero desconocido y con una orden de detención europea emitida por el juez que lleva el caso Emarsa, se registraron salidas de divisas a otros países. También indica que Crespo posee acciones y bonos por valor de 561.763 euros. Crespo, que es vicepresidente de la Diputación de Valencia y tuvo en 2010 unos ingresos de 122.809 euros, procedentes de la Corporación provincial, el Ayuntamiento de Manises y la propia Emarsa, recibió en agosto pasado una entrada de divisas de Suiza por valor de 360.000 euros.
Por lo que se refiere a Cuesta, gerente de Emarsa en los años en que se produjo el saqueo de la empresa, en 2010 ingresó 62.000 euros como directivo de la empresa y posee una vivienda y tres plazas de garaje. Sena Gimeno, a su vez, es administrador de tres empresas, en las que tiene participación. Una de ellas, Noves Técnicques Ecològiques, SL (Notec), es titular de propiedades rústicas en Benaguasil y Requena. Notec supuestamente facturó falsos servicios a Emarsa. Según declaró el exgerente, le fue impuesta desde una empresa pública de la Generalitat.
www.elpais.es 20.01.12
HACIENDA RECLAMA TRES MILLONES DE FIANZA PARA CUATRO IMPLICADOS EN EMARSA
La Agencia Tributaria ha solicitado al juez que investiga el saqueo de Emarsa que imponga una fianza de tres millones de euros al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia con el PP, Enrique Crespo; al exgerente de la sociedad pública y exalcalde pedáneo de Valencia, también con el PP, Esteban Cuesta y a dos de los empresarios imputados en la causa.
Hacienda, a través del abogado del Estado, considera necesaria la fianza "para cubrir las responsabilidades civiles que se desprenden de la denuncia formulada por el ministerio fiscal" relativas a un supuesto delito fiscal "que ascendería a la nada desdeñable cifra de 2,4 millones de euros".
El abogado del Estado solicita que, en caso de que los imputados no aporten la fianza de forma solidaria, se proceda a embargar sus bienes por idéntico valor. La Agencia Tributaria dispone de un listado de las propiedades de Crespo, Cuesta y de los empresarios de lodos Jorge Roca (que lleva meses en paradero desconocido) y José Luis Sena Gimeno.
Hacienda basa su petición en "los indicios racionales de criminalidad" que obran en la causa. Emarsa, la sociedad pública que depuraba el agua de Valencia, fue saqueada hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros.El juez instructor Vicente Ríos estrechó, por su parte, el cerco sobre Enrique Crespo, que además de sus cargos en Manises y la Diputación de Valencia fue presidente y consejero delegado de Emarsa durante el periodo del saqueo que está siendo investigado. Y a quien el exgerente Esteban Cuesta ha señalado como máximo responsable de la rapiña, extremo que el político del PP volvió a negar ayer.
El juez ordena indagar el patrimonio de su exmujer y de sus tres hijos menores: "Existen sospechas, a tenor de las investigaciones patrimoniales hasta ahora realizadas, para considerar que el dinero presuntamente malversado ha sido no sólo objeto de transformación en otros bienes o derechos con el fin de proceder a la ocultación del mismo, sino que se ha procedido al desvío del dinero o de los bienes y derechos mencionados a favor de personas que están íntimamente relacionadas con cada uno de los imputados, y que no han tenido participación directa en los hechos, pudiendo haber participado a título lucrativo de los efectos del delito".
Mujer e hijos
Al instructor no le cuadra el inventario de bienes realizado por Hacienda y el que el propio alcalde de Manises hizo público el año pasado. Y sospecha del proceso de liquidación de la sociedad de gananciales que tenía con su mujer y de las donaciones que hizo a favor de sus hijos a principios de 2010, cuando la situación patrimonial de Emarsa la abocaba ya a la quiebra.
El juez también insiste en esclarecer el asunto de los décimos del segundo premio del sorteo de Lotería de Navidad. El PP de Manises, que preside Crespo, repartió cerca de 100 millones de euros de dicho premio. Su valedor, Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, mostró sin empacho a los medios cinco décimos, premiados con 625.000 euros, y afirmó a los medios: "Al que realmente le ha tocado bastante más es al alcalde de Manises, que fue el que me los vendió".
El juez ordenó a Crespo comunicar cuántos décimos premiados tenía. El alcalde de Manises respondió que solo uno. El instructor requiere ahora a los medios de comunicación que aporten todas las grabaciones que tengan sobre el asunto. Y cita a Rus a declarar como testigo. El líder del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, señaló por su parte que el PP ha aceptado una comisión de investigación en Emarsa porque, a diferencia de los casos Gürtel o Brugal, forma parte de su lucha interna.
www.elpais.es 19.01.12
UN EXEDIL IMPUTADO EN EL 'CASO EMARSA' CULPA AL PP DEL SAQUEO
Gimeno: "Se hacía así porque alguien decía que se hiciera así"
Juan Carlos Gimeno, uno de los proveedores imputados en el caso Emarsa por cobrar supuestamente trabajos que no realizó, tiró ayer de la manta y responsabilizó al PP de una gestión que ha permitido el saqueo de la sociedad pública. Gimeno, exportavoz popular en el Ayuntamiento de Valencia, convocó una rueda de prensa para defenderse de las acusaciones.
"Todo el mundo [en Emarsa] sabía que las cosas se hacían así porque alguien decía que se hicieran así", cargó sin desvelar ningún nombre.
Gimeno pidió que se investigue la gestión de Emarsa desde 1991, año en que llegó a la alcaldía de Valencia el PP con el apoyo de Unión Valenciana, de la mano de Rita Barberá, o se dejarán "en el tintero pufos importantes que pueden explicar el resultado final". El juez instructor, Vicente Ríos, investiga un agujero económico de al menos 17 millones de euros en la ahora extinta Emarsa. En el caso hay 28 imputados.
Gimeno, empleado de Emarsa desde 1997 a 2004 y a partir de entonces proveedor de servicios de la misma, explicó que en la empresa se cumplían dos axiomas: "Casi todos los proveedores eran militantes del PP o muy cercanos y todos los empleados de Emarsa eran militantes del PP". El empresario se quejó de que solo se esté investigando a algunos de estos proveedores y pidió que se fiscalice a todos. Mucho dinero salía por las puertas cada día, describió en alusión al número de empleados de la sociedad pública y a las desorbitadas remuneraciones que recibían. "Casi tres millones de euros al año se pagaban para mantener estómagos agradecidos del PP", comentó.
El exedil y ahora empresario fue imputado en el caso hace nueve semanas, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia estimara la ampliación de la querella interpuesta por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), consorcio público, con mayoría del PP, del que dependía Emarsa. Gimeno negó, como ha manifestado la Emshi, que firmara cinco contratos diferentes con Emarsa. "Es falso", dijo rotundo ante los periodistas."Tiene que salir todo y entenderse la totalidad de lo ocurrido desde 1991 hasta 2012", dijo Juan Carlos Gimeno, que aseguró que "queda mucho lodo por salir" y que Emarsa se ha convertido en la lavadora con la que se quieren tapar las vergüenzas de otros sitios.
Para hacerse entender, el exportavoz del PP en el Consistorio valenciano a finales de los años ochenta repasó qué gerentes colocó el PP en Emarsa desde 1991 hasta la actualidad. "El primero es Vicente Úbeda, un vendedor de paellas y amigo mío", que está en uno de los puestos de fuera del Mercado Central. Al segundo, ya fallecido, se le conocía como el "ausente", dijo, por lo poco que frecuentaba la empresa, y del tercero afirmó: "Ya sabéis quién es, el enfermero". Así se refirió a Esteban Cuesta, último gerente de la depuradora de Emarsa y uno de los principales imputados.
Gimeno no dio nombres de quién o quiénes eran conocedores de lo que sucedía en la depuradora. "Hay bolsos, carteras y ordenadores que todos sabían a quién iban dirigidos", agregó, negándose a proporcionar su identidad pese a la insistencia de los periodistas. Sí reconoció el exedil popular que ha tenido la oportunidad de ver un documento, que se presentará al juez instructor, donde alguien "agradece la recepción de estos regalos".
El empresario acusó a la Emshi, presidida por un alcalde del PP y donde Valencia es el Ayuntamiento con más peso, de endosarle contratos que nunca firmó como proveedor de Emarsa. La Emshi le imputa ahora la firma de hasta cinco contratos diferentes en 2004, 2005, 2008, 2009 y 2010 con diferentes empresas vinculadas a su persona. "Es falso", se defendió. "Yo solo firmé uno, el 21 de octubre de 2004, de 12 años de duración y por 3.500 euros mensuales". El empresario insistió en que la acusación contra su persona es un montaje.
Antes de su relación mercantil, Gimeno trabajó como empleado para Emarsa desde 1997 hasta 2004, año en que externalizó sus servicios a la depuradora a través de empresas como el Instituto Empresa del Mediterráneo, Sanitar y otras dos firmas más. "El chapapote es tal que me incluyen empresas que ni me corresponden, como el Club de la Calidad y el Club de la Innovación. No tienen nada que ver conmigo", agregó.
Gimeno ha explicado que todos los trabajos que Emarsa contrató con sus empresas se hicieron, se han entregado y "no hay duplicidad de facturas". Los trabajos se entregaron y la Emshi se los pagó a Gimeno, según relató, en mayo de 2011. Eso le llevó al siguiente comentario referido a la Emshi: "O están muy tontos o mienten mucho". Un informe de la Agencia Tributaria concluye que algunos de los trabajos facturados por diferentes proveedores a Emarsa -también Gimeno- no se hicieron. En otros casos, se hincharon facturas o se pasaron al cobro por servicios inexistentes.
El exedil asegura que prestará toda su cooperación al juez para que se aclare "todo".
www.elpais.es 13.01.12
GIMENO: ´EL PP ESTÁ DETRÁS DE TODO LO QUE SE HACÍA EN EMARSA´
El exedil de Valencia y Paterna, imputado en el caso, pide que se investigue desde 1991 o se dejarán "en el tintero pufos importantes que pueden explicar el resultado final"
El empresario y exedil del PP Juan Carlos Gimeno, imputado en el caso Emarsa, ha defendido hoy que se investigue la gestión de la depuradora de Valencia desde 1991 o se dejarán "en el tintero pufos importantes que pueden explicar el resultado final" de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales.
Gimeno fue imputado en el caso hace nueve semanas, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia estimara la ampliación de la querella interpuesta por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) en relación con los contratos habidos entre Emarsa y dos sociedades del exedil.
En rueda de prensa, Gimeno, que además de concejal en Valencia y Paterna fue diputado provincial, ha reivindicado que como responsable de los sistemas de gestión de Emarsa desde 1997 conoce "bastante bien" lo que ha ocurrido allí, y ha aseverado que "todo el mundo" de dentro y de fuera "sabía que las cosas se hacían así porque alguien decía que se hicieran así".
Preguntado sobre quién era ese "alguien", ha afirmado que hay "bolsos", "carteras" y "ordenadores" que todos sabían a quién iban dirigidos, y ha desvelado que "hay por ahí un documento interesante que se va a presentar, donde alguien agradece la recepción de algunos regalos", si bien sólo ha querido precisar que se trata de un cargo público."Tiene que necesariamente salir todo" y entenderse la totalidad de lo ocurrido desde 1991 -cuando el PP llegó al Gobierno municipal de Valencia- hasta 2010, ha dicho Gimeno, quien ha asegurado que "queda mucho lodo por salir" y ha considerado que Emarsa es "la lavadora" con la que se quieren "tapar otras vergüenzas de otros sitios".
Ha explicado que todos los empleados de Emarsa desde 1991 eran cargos del PP, y que casi todos los proveedores eran militantes o próximos al partido, y ha añadido que "casi 3 millones de euros al año se pagaban para mantener estómagos agradecidos del PP".
Respecto a su imputación, ha asegurado que se basa en documentación aportada por el Emshi que es "falsa", por lo que tendrá que responder de ello quien la ha presentado, ya que según ha dicho se han aportado contratos y facturas falsificados, y ha defendido que todos los trabajos de sus empresas fueron realizados y aportados.
Según Gimeno, en 1997 entró en Emarsa sin pasar ningún proceso de selección, y en 2004, tras sufrir un accidente, le ofrecieron el despido y externalizar sus servicios, por lo que en octubre de ese año firmó un contrato con Emarsa por 12 años y 3.500 euros al mes.
Durante siete años, ha dicho, ha prestado sus servicios en Emarsa a través de las empresas Instituto de Empresa del Mediterráneo (para asesorar sobre calidad, medio ambiente y prevención de riesgos laborales), Adecua (consultoría de referencia que implanta sistemas de gestión), Sanitar (para el desarrollo de planes de accesibilidad y de programas informáticos) y Dos Grados (comunicación).
Gimeno ha criticado que la han tomado con él y "el chapapote" ha llegado a "límites desproporcionados" que afectan a su integridad profesional, personal y familiar; ha explicado que está escribiendo un libro sobre la comunicación en tiempos de crisis con el ejemplo de Emarsa, y ha dicho que hoy da estas explicaciones porque el sábado le operan de cáncer.
www.levante-emv.com 12.’1.12
EL JUEZ INVESTIGA UN PAGO DE 360.000 € PROCEDENTE DE SUIZA A ENRIQUE CRESPO
Hacienda denuncia que Emarsa defraudó 2,4 millones con una trama de facturas - El juzgado acumula a la acusa una denuncia de Fiscalía por delitos contra Hacienda, contable y falsedad
El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha detectado un ingreso de 360.000 euros desde Suiza en una cuenta bancaria del alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo (PP), imputado por diferentes delitos relacionados con la gestión de la empresa pública Emarsa.
El instructor alude a esta transferencia en un auto hecho público hoy en el que añade tres nuevos delitos a la causa después de que Hacienda haya denunciado un fraude fiscal de 2,4 millones de euros por parte de la citada empresa pública a través de una trama de facturación irregular.
En esta investigación se solicitó un informe patrimonial de los dos principales imputados de la causa, Enrique Crespo y Esteban Cuesta, que fueron presidente y gerente de Emarsa, respectivamente.
Según señala el juez, la entidad financiera Bankia ha informado recientemente de una entrada de 360.000 euros procedente de Suiza y registrada en agosto del pasado año, cuyo beneficiario es el actual alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, operación financiera que será investigada.En un comunicado, Crespo ha asegurado que esa cantidad corresponde a la venta de un inmueble a un ciudadano con residencia en Suiza y que dicho importe, del que es beneficiario, "nada tiene que ver con Emarsa ni con los hechos que se investigan sobre este caso". Crespo ha precisado que el ingreso se cobró mediante un cheque bancario de la oficina principal de Banesto, por un importe de 360.000 euros.
Ha aclarado que no se produjo "ninguna transferencia en divisas", ya que esta operación es causa de la venta de un inmueble a un ciudadano con residencia en Suiza, según consta en la escritura de compraventa realizada ante notario con fecha del 2 de agosto de 2011.
Finalmente, Crespo ha expresado su "total y decidida voluntad de colaborar con la justicia", y ha asegurado que para ello aportará "toda la documentación que sea precisa" y dará al juez instructor "cuantas explicaciones sean necesarias para que se esclarezca lo ocurrido en Emarsa".
FRAUDE FISCAL DE 2.4 MILLONESPor otra parte, Emarsa defraudó 2,4 millones de euros a Hacienda entre los años 2006 y 2009 a través de una trama de facturación ilegal, según denuncia un informe elaborado por la Agencia Tributaria.
Este informe ha sido añadido a la causa por estafa y malversación abierta contra los responsables de esta empresa pública en el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, cuyo titular, a la vista de los nuevos datos, ha decidido ampliarla por posible fraude fiscal, falsedad y delito contable, y ha imputado a otras 8 personas, con lo que el número total asciende a 28.
Según los datos de Hacienda, la trama de facturación se desarrolló a través de tres vías: la retirada y gestión de lodos, la entrega de bienes o prestación de servicios inexistentes y el cómputo de gastos que no son fiscalmente deducibles, como viajes y regalos, que no tienen relación directa con su actividad.
La "parte fundamental de la trama" se desarrolló en la retirada y gestión de lodos y desbastes, y sus principales actores fueron tres empresas domiciliadas en Barcelona (Erwinin SL, Printergreen SL y Zonday SL), que además facturaron a unos precios "muy superiores" a los de sector.
El informe de la Agencia Tributaria señala que, entre 2006 y 2009, Erwinin facturó 10,7 millones de euros a Emarsa "sin realizar trabajo adicional alguno".Estas tres citadas empresas, unidas a Notec SL e Iris Tractmens SL, se interpusieron entre las que realmente prestaban los servicios y construyeron un entramado de facturación recíproca que finalmente generaba gastos "ficticios" sobre Emarsa y repercutían en las devoluciones de IVA que percibía.
Según concluye el informe, el transporte de lodo lo realizaba realmente la empresa Hispavas SL, mientras que su gestión la llevaba a cabo Adobs Organics SL: "Todo lo demás es sobrefacturación consentida y propiciada desde Emarsa".
Adobs Orgánics facturaba cobraba 18 euros por cada tonelada de lodo gestionada, y las sociedades "intermedias o interpuestas" se lo cobraban a 44 euros a Emarsa.
Ninguna de estas empresas, la mayoría de las cuales está a nombre del imputado Jorge Roca Samper, tenía medios materiales humanos o financieros para llevar a cabo estas supuestas actividades.
En la segunda vía de facturación irregular, la de entregas de bienes o prestaciones de servicios que no han sido acreditados, participó al menos una decena de empresa, con un papel destacado de Microprocesadores Valencia, Sofitec, Construcciones y Reformas Rocafort e Instituto Empresa del Mediterráneo.Entre todas las implicadas facturaron a Emarsa cerca de siete millones de euros entre 2006 y 2009, según detalla el informe del inspector de Hacienda.
La falta de acreditación de los bienes y servicios "convierten las facturas en irregulares", lo que hace que Emarsa genere gastos ficticios que repercuten sobre las cuotas del IVA de forma ilegal.
Por último, la empresa pública computó como gastos deducibles facturas correspondientes a regalos, viajes o comidas en restaurantes, pero éstos, según ha detectado Hacienda, no tenían relación con su actividad.En 2006, la facturación por estos conceptos fue de 84.417 euros; en 2007 fue de 150.842 euros; en 2008 de 168.999 euros y en 2009 ascendió a 196.284 euros.
Englobando estas tres vías, se estima que Emarsa dejó de ingresar 597.986 euros en 2006; 810.881 en 2007; 573.481 en 2008 y 422.895 euros en 2009, cantidades que suman un posible fraude de 2.405.244 euros.
Ante este nuevo informe de la Agencia Tributaria y la denuncia presentada por el Ministerio Fiscal, el instructor de la causa ha decido ampliar el objeto de la misma a cuatro delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable y otro continuado de falsedad mercantil.
Además eleva el número de imputados a 28 y ordena que se investigue el patrimonio de la mayoría de ellos.CRESPO SE NIEGA A ACLARAR SU GESTIÓN EN EMARSA ANTES DE IR ANTE EL JUEZ
El PP de Manises rechaza la dimisión del alcalde que exige toda la oposición
"¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!". El pleno del Ayuntamiento de Manises arrancó ayer mediodía con un sonoro recibimiento al alcalde, Enrique Crespo, por parte de las decenas de vecinos que abarrotaban el salón municipal. Los tres grupos de la oposición forzaron la sesión para exigir la dimisión de Crespo, su reprobación o, al menos, alguna explicación sobre su papel como presidente de Emarsa, la empresa metropolitana de gestión de aguas residuales de Valencia, clausurada con un agujero de 17 millones de euros.
Esteban Cuesta, gerente de Emarsa, y Crespo, ambos del PP, están imputados en la investigación judicial abierta sobre el saqueo de la empresa que gestionaba depuradora.
Crespo se negó a dar ninguna explicación sobre sus responsabilidades al frente de Emarsa alegando que primero debe declarar ante el juez que instruye la causa. "Estoy deseoso de ir a declarar para aclarar todo lo que he sabido como presidente del consejo, pero antes de declarar ante el juez no puedo esclarecer nada", dijo.
El alcalde de Manises invocó su presunción de inocencia y se negó a dimitir. Durante su último turno, el público replicó cada palabra de su intervención. "Agradezco el apoyo de mi grupo", arrancó. "¿Las rumanas también te querían?", se mofó un vecino en alusión a las facturas de hotel que Emarsa pagó para cuatro jóvenes de nacionalidad rumana contratadas como traductoras.
"No voy a tomar en consideración el argumento del portavoz socialista que exige mi dimisión por estar imputado. El ahora exministro de Fomento...", siguió el alcalde. "Un respeto, hombre, un respeto", se oyó entre el público. "...un ministro que pasa por muchas gasolineras...". "Pero, ¿dimites o no?". Crespo dio verosimilitud al diálogo cuando respondió: "Defiendo mi presunción de inocencia". "Los santos inocentes son mañana", replicó el coro.
El alcalde guardó las formas pero disparó en todas direcciones. Citó incluso al exportavoz socialista en las Cortes Valencianas Ángel Luna, quien fue imputado por esgrimir supuestos documentos del sumario abierto al expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Luna fue juzgado y absuelto. "Lunáticos nos vamos a volver todos", interrumpió un vecino.La amplia mayoría que disfruta el PP en Manises, con 12 concejales frente a cinco socialistas, dos de Esquerra Unida y dos de la Asociación Progresista de Manises-Compromís, se pronunció contra la dimisión de Crespo. Cientos de manos se alzaron entre el público para apoyar la dimisión.
Crespo asumió la presidencia de Emarsa en junio de 2004, entonces era una empresa con beneficios. Pero en 2010, la Empresa Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que también presidía Crespo, tuvo que clausurar la empresa que gestionaba depuradora.
La investigación judicial del saqueo de Emarsa ha puesto a la luz pagos de servicios inexistentes, traslados de lodos en cantidades inverosímiles, pagos de joyas, artículos de lujo e incluso de noches de hotel para jóvenes traductoras.
Crespo soportó el rosario de detalles que desgranaron los portavoces de la oposición. "De beneficios a 17 millones en pérdidas", espetó Manuel Gutiérrez, de Esquerra Unida, "¿es esta su manera de gestionar lo público? ¿O estamos hablando de posible financiación irregular del PP?".
Crespo extendió la responsabilidad sobre el conjunto del consejo de la empresa metropolitana, compuesto por 13 representantes del PP, cuatro socialistas y uno de Esquerra Unida. "Todos éramos igual de responsables, simplemente me tocó ser presidente". Su argumento desató risas entre el público. "Un consejo es un órgano de gobierno, allí no hay oposición, todos son gobierno", insistió Crespo.
El socialista Juan Carlos Santiago le acusó de poner en marcha el ventilador para lanzar "la mierda" sobre todo el mundo. "Decoro, por favor", le recriminó Crespo.
Los portavoces de la oposición airearon las facturas pagadas por Emarsa durante las fiestas de Fallas en un restaurante de Manises. "Cenas para 18 personas a un precio medio de 150 euros por cubierto", detalló Jesús Borrás, de Compromís. También recordaron el caso de una antigua jefa de prensa del Ayuntamiento de Manises que cobraba puntualmente de Emarsa por unos servicios que estaban contratados con otra empresa. El propio Crespo, como presidente de Emshi, aclaró por escrito que no había ninguna prueba documental de los servicios que su antigua jefa de prensa hubiera prestado para Emarsa.
"Con independencia de que haya robado o no, ha demostrado que es incapaz de gestionar la cosa pública", apuntó el portavoz socialista, "esperamos que sus propios compañeros del PP le reprueben, si no serán corresponsables de su gestión al frente de Emarsa".
Nada más lejos de la realidad. Francisco Izquierdo, portavoz del PP, aseguró que su grupo municipal "está orgullosísimo" de la gestión de Crespo, una exageración que fue recibida con pitos, risas y gritos por los vecinos.
El portavoz socialista concluyó: "El alcalde no se va porque ha perdido los décimos de la lotería". El PP de Manises repartió 100 millones de euros en el sorteo de la lotería de Navidad al distribuir 796 décimos del segundo premio. Crespo celebró el premio en la Diputación de Valencia. Pero cuando fue requerido por el juez para aclarar cuánto había ganado, dijo que solo tenía un décimo.
www.elpais.es 28.12.11
"EL ALCALDE HA PERDIDO LA LOTERÍA Y NO SE VA"
Los socialistas ironizan sobre la negativa a dejar el cargo del regidor de Manises, imputado en el 'caso Emarsa'
"¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera!". El pleno del Ayuntamiento de Manises (Valencia) arrancó a mediodía con un sonoro recibimiento al alcalde, Enrique Crespo, por parte de las decenas de vecinos que abarrotaban el salón municipal. Los tres grupos de la oposición forzaron la sesión para exigir la dimisión de Crespo, su reprobación o, al menos, alguna explicación sobre su papel como presidente de Emarsa, la empresa metropolitana de gestión de aguas residuales de Valencia clausurada con un agujero de 17 millones de euros. Esteban Cuesta, gerente de Emarsa, y Crespo, ambos del PP, están imputados en la investigación judicial abierta sobre el saqueo de la depuradora.
Enrique Crespo está acusado por el saqueo de una empresa pública
El PP dice sentirse "orgullosísimo" de la gestión de su compañero
Crespo invocó su presunción de inocencia y se negó a dimitir. Durante su última intervención, el público replicó cada palabra del alcalde. "Agradezco el apoyo de mi grupo", arrancó. "¿Las rumanas también te querían?", se mofó un vecino en alusión a las facturas de hotel que Emarsa pagó para cuatro jóvenes de nacionalidad rumana contratadas como traductoras.
"No voy a tomar en consideración el argumento del portavoz socialista que exige mi dimisión por estar imputado. El ahora exministro de Fomento...", siguió el alcalde. "Un respeto, hombre, un respeto", se oyó entre el público. "... Un ministro que pasa por muchas gasolineras...". "Pero ¿dimites o no?". Crespo dio verosimilitud al diálogo cuando respondió: "Defiendo mi presunción de inocencia". "Los santos inocentes son mañana", replicó el coro.
El alcalde guardó las formas pero disparó en todas direcciones. Citó incluso al exportavoz socialista en las Cortes Valencianas Ángel Luna, quien fue imputado por esgrimir supuestos documentos del sumario abierto al expresidente de la Generalitat Francisco Camps. Luna fue juzgado y absuelto. "Lunáticos nos vamos a volver todos", interrumpió un vecino.
La amplia mayoría que disfruta el PP en Manises, con 12 ediles frente a cinco socialistas, dos de Esquerra Unida y dos de la Asociación Progresista de Manises-Compromís, se pronunció contra la dimisión de Crespo. Cientos de manos se alzaron entre el público para apoyar la dimisión.
Crespo asumió la presidencia de Emarsa en junio de 2004, entonces era una empresa con beneficios. En 2010, la Empresa Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), que también presidía Crespo, tuvo que clausurar Emarsa. La investigación judicial del saqueo de Emarsa ha puesto a la luz pagos de servicios inexistentes, traslados de lodos en cantidades inverosímiles, pagos de joyas, artículos de lujo e incluso de noches de hotel para jóvenes traductoras.
Crespo soportó el rosario de detalles que desgranaron los portavoces de la oposición. "De beneficios a 17 millones en pérdidas", espetó Manuel Gutiérrez, de Esquerra Unida, "¿es esta su manera de gestionar lo público? ¿O estamos hablando de posible financiación irregular del PP?".
Crespo extendió la responsabilidad sobre el conjunto del consejo de la empresa metropolitana, compuesto por 13 representantes del PP, cuatro socialistas y uno de Esquerra Unida. "Todos éramos igual de responsables, simplemente me tocó ser presidente". Su argumento desató risas entre el público. Crespo se negó a dar explicaciones alegando que primero debe declarar ante el juez que instruye la causa. "Estoy deseoso de ir a declarar para aclarar todo lo que he sabido como presidente del consejo, pero antes de declarar ante el juez no puedo esclarecer nada", dijo.
"Esperamos que sus propios compañeros del PP le reprueben, si no serán corresponsables de su gestión al frente de Emarsa", apuntó el portavoz socialista Juan Carlos Santiago.
Nada más lejos de la realidad. Francisco Izquierdo, portavoz del PP, aseguró que su grupo municipal "está orgullosísimo" de la gestión de Crespo, una exageración que fue recibida con pitos, risas y gritos.
El portavoz socialista concluyó: "El alcalde no se va porque ha perdido los décimos de la lotería". El PP de Manises repartió 100 millones de euros en el sorteo de la lotería de Navidad. Crespo fue uno de los agraciados con ese segundo premio, el 53404, pero cuando fue requerido por el juez para aclarar cuánto ganó, dijo que él solo tenía un décimo de los 796 que repartió el PP.
www.elpais.es 28.12.11
AL ALCALDE DE MANISES SE LE ATRAGANTA EL PREMIO DE LA LOTERÍA
Los socialistas denunciarán a Enrique Crespo por alzamiento de bienes
Los socialistas valencianos anunciaron ayer una denuncia contra Enrique Crespo (PP), alcalde de Manises y expresidente de la empresa pública Emarsa, por un delito de alzamiento de bienes. "Queremos que se investigue si el alcalde de Manises ha regalado décimos premiados a familiares o amigos para no responder patrimonialmente por la estafa de la que se le acusa y por la que puede ser condenado", apuntó Ramón Marí, portavoz socialista en la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos de Valencia, propietaria de Emarsa.
Crespo sostiene ante el juez que solo posee un décimo del número 53404
Crespo dio botes de alegría el pasado jueves cuando, poco después del mediodía, se cantó el segundo premio del sorteo extraordinario de lotería de Navidad. El PP de Manises había comprado 796 décimos del número 53404, a los que les corresponden casi cien millones de euros. Crespo departía en ese momento con Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, quien exhibió ante un buen número de periodistas cinco décimos del número premiado, que suponían unos 625.000 euros. ¿Cuántos décimos tenía Crespo? "Bastantes más", aseguró Rus.
El alcalde de Manises se convirtió en foco de atención de la recepción que se celebraba en la Diputación de Valencia con motivo de las fiestas navideñas. Crespo, que también es vicepresidente de la Diputación, era esquivado por todos desde que el pasado octubre fuera imputado como supuesto responsable del saqueo de la empresa pública Emarsa, la entidad que gestionaba la depuradora de aguas residuales del área de Valencia y que fue clausurada con un agujero de 17 millones de euros, que la acusación particular eleva a 40.
El juez Vicente Ríos, que imputó a Crespo en octubre por el saqueo de Emarsa, dictó una providencia para que el alcalde de Manises aclarara en el juzgado, antes de las dos de la tarde del 23 de diciembre, si tenía décimos del número 53404, cuántos y dónde los había depositado. El requerimiento del juez respondía a una "medida cautelar", según fuentes judiciales. Cuando fue imputado, el juez ya ordenó practicar las diligencias necesarias para establecer el patrimonio de Crespo.
Un representante del alcalde de Manises aseguró al juez a mediodía que Crespo tenía un décimo del número 53404, concretamente la fracción sexta de la serie 57.
El juez emitió un segundo requerimiento para que Crespo aclarara, antes de las diez de la noche, si además del décimo en cuestión tenía talonarios de las papeletas que vendió el PP de Manises con participaciones de 2,40 euros en el número premiado. El representante de Crespo reiteró tras la segunda citación que el alcalde solo posee un décimo del número agraciado, pero ninguna papeleta del PP.
El juez todavía no se ha pronunciado. Y ahora tendrá que analizar la denuncia socialista.
www.elpais.es 27.12.11
EL JUEZ PIDE AL ALCALDE DE MANISES LOS DÉCIMOS DE LOTERÍA QUE LE HAN TOCADO
Crespo rectifica y afirma que solo tiene un boleto del segundo premio
El magistrado Vicente Ríos, titular del juzgado de instrucción número 15 de Valencia, exigió el jueves al alcalde de Manises, Enrique Crespo, que aclare cuántos décimos posee del segundo premio del sorteo de Navidad de la Lotería Nacional; que especifique de qué fracciones y series; y qué detalle dónde los ha depositado.
Enrique Crespo está imputado por el saqueo de la empresa Emarsa
Crespo está imputado en la causa abierta por el saqueo de la empresa Emarsa, la sociedad pública que gestionaba la depuradora de aguas residuales del área metropolitana de Valencia y que fue clausurada hace poco más de un año con un agujero de 17 millones de euros. Crespo era presidente de Emarsa cuando la empresa contrató toda una serie de servicios inverosímiles que arruinaron la sociedad.
Sorprende la celeridad del juez, que dictó la providencia el mismo día 22, el mismo día del sorteo. Fuentes de Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana apuntan que se trata de "una medida cautelar" destinada a hacer frente a las posibles responsabilidades civiles del alcalde de Manises en el caso. Cuando el juez imputó a Crespo en octubre pasado, ya ordenó "practicar cuantas diligencias fueran necesarias para la averiguación de su patrimonio".
El jueves, el alcalde de Manises disfrutó de lo lindo del segundo premio de la lotería de Navidad. La Diputación Provincial de Valencia celebraba una recepción navideña para periodistas y el presidente, Alfonso Rus, detalló cómo Crespo empezó a "pegar botes" cuando el número 53404 fue agraciado con un premio de 125.000 euros por décimo. "¡Nos ha tocado! ¡Nos ha tocado!". Rus exhibió sin ningún pudor cinco décimos del número, un premio de 625.000 euros.
¿Cuántos décimos tenía Crespo? El propio alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia declaró: "No lo sé, bastantes más que el presidente [de la Diputación]".
Ayer, sin embargo, un representante de Crespo se personó en el juzgado antes de la hora indicada para explicar que el alcalde de Manises apenas tenía un décimo del segundo premio.
El juez emitió de inmediato un segundo requerimiento para que Crespo aclarara, antes de las diez de la noche, si además de la fracción sexta de la serie 57 del número 53404 "es poseedor de participaciones de otros décimos" del mismo número. En la misma providencia, el juez solicita al gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que incorpore a la causa "cuantas informaciones se han publicado en medios de comunicación respecto al premio obtenido por el señor Crespo".
La agrupación local del PP de Manises compró 796 décimos del número 53404. Buena parte la distribuyó en papeletas que se vendían a tres euros y daban derecho a una participación de 2,40 euros en el número.
Los militantes vendieron las papeletas. Crespo ofrecía décimos a sus compañeros en la Diputación de Valencia o el Ayuntamiento de Manises. Al menos cuatro diputados provinciales del PP le compraron décimos, además de varios empleados de la Diputación.
Los socialistas de Valencia, que ejercen como acusación particular en la investigación del saqueo de Emarsa, anunciaron que "estudian emprender acciones legales" contra el alcalde de Manises por haber informado al juez de que solo posee un décimo premiado, cuando el jueves "presumía de tener más de seis".
www.elpais.es 24.12.11
EL JUEZ INVESTIGA SI EL EXCONCEJAL DEL PP GIMENO SAQUEÓ EMARSA Y FALSIFICÓ PAPELES
El exconcejal del PP de Valencia Juan Carlos Gimeno será investigado dentro del caso Emarsa. Así lo establece el juez Vicente Ríos en un auto que desestima su recurso presentado contra el auto del 7 de noviembre que aceptaba la ampliación de la querella interpuesta por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi).
El socialista Marí pide la destitución del vicepresidente de la Diputación
La Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), propiedad al 100% de la Emshi, centra una investigación del juzgado de instrucción número 15 de Valencia en la que se busca aclarar las maniobras que llevaron a la empresa que gestionaba la depuradora del área metropolitana de Valencia a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros. El expresidente de la Emshi y de la propia Emarsa, Enrique Crespo, alcalde de Manises por el PP y vicepresidente de la Diputación de Valencia, y el exgerente Esteban Cuesta, que fue miembro de la dirección del PP de la ciudad de Valencia, forman parte de los 18 imputados hasta ahora en el caso.
De acuerdo con los datos que ha revelado la investigación, Gimeno trabajó para Emarsa como directivo encargado de gestión ambiental entre 1997 y 2004. Cuando fue despedido, tras cobrar un finiquito de 71.000 euros, creó varias empresas y fundaciones que facturaron a la empresa pública más de 700.000 euros y, aun así, reclama a la depuradora 335.211 euros.
El juez recuerda en su auto, fechado el día 13 de diciembre, que no obra en los archivos de la empresa ningún contrato sucrito en 2004 entre Emarsa y la sociedad Instituto de Empresa del Mediterráneo, SL, que Gimeno esgrime para justificar su reclamación, y sí, en cambio, otros de 2009 y 2010 que, como apunta el titular del juzgado número 15, podrían convertir esa reclamación, presentada en junio de 2011, cuando el caso ya había estallado, en "un delito intentado de estafa agravada por la cuantía de la defraudación pretendida".Las dudas sobre la realización efectiva de los trabajos facturados por Juan Carlos Gimeno desde sus diversas empresas a Emarsa y las numerosas irregularidades en la documentación en la que se sustentan llevan al juez a concluir que "existen motivos bastantes para investigar si el señor Gimeno, por medio de Instituto de Empresa del Mediterráneo, SL, se concertó con otras personas ya imputadas en la presente causa -Cuesta Anguix, Arnal Llorens e incluso Crespo Calatrava, a la vista de los documentos aportados- para obtener un beneficio ilícito a costa de la sociedad Emarsa, facturando a la misma por servicios no prestados o por precio superior a su valor".
El instructor del caso Emarsa, por tanto, incluye a Gimeno con el exgerente Cuesta, el exdirector financiero Arnal y el expresidente Crespo, en el mecanismo de fraude sostenido que saqueó la empresa pública hasta generar un desfalco que podría superar los 30 millones de euros. Algo que, según el juez, "deberá ser investigado al objeto de conocer el exacto alcance de las relaciones comerciales entabladas por empresas administradas por el imputado y Emarsa y determinar si los servicios facturados fueron efectivamente prestados, ajustándose la facturación a los mismos".
La complejidad del caso Emarsa, en el que están pendientes de declarar 36 testigos, ha exigido que se adscriba un juez de refuerzo al juzgado. Entre las nuevas informaciones del sumario, una providencia del juez Vicente Ríos del pasado 12 de diciembre recoge, por ejemplo, nuevos casos de servicios duplicados y de justificación de cursos que no se realizaron, entre otras cosas porque uno de ellos tendría que haberse impartido cuando ya no había personal activo en Emarsa, dado que se había liquidado la sociedad.
El escándalo de la depuradora metropolitana de Valencia, en el que están implicados cargos del PP, llevó al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, a anunciar la creación de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Esa propuesta del PP, que se ha acumulado a la que presentaron antes los socialistas, será debatida en el pleno que celebrará la Cámara el próximo lunes.
Ayer mismo, el portavoz socialista en la Emshi, el alcalde de Albal Ramón Marí, volvió a reclamar la dimisión de Enrique Crespo como vicepresidente de la Diputación. "Con lo que ya sabemos del caso Emarsa", dijo Marí, "es un insulto a los valencianos y las valencianas que Alfonso Rus y Rita Barberá mantengan a Enrique Crespo en su puesto de alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación. La dirección del PP, de la que ellos forman parte, está encubriendo al principal responsable de la depuradora de Pinedo pese a todo lo que sabemos que sucedió bajo su mandato en la depuradora". Crespo, a su vez, volvió a acusar a Marí de haber estado "al tanto" de todas las decisiones tomadas en Emarsa porque era vicepresidente primero. Los socialistas, que denunciaron las irregularidades, son acusación popular en el caso.
www.elpais.es 16.12.11
EMARSA, COLOSAL SAQUEO DE DINERO PÚBLICO
La quiebra de una empresa metropolitana de Valencia destapa el pillaje de cargos del PP - Los directivos cargaron a Emarsa todo tipo de extravagancias
Bajo las anodinas siglas de Emarsa (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales Sociedad Anónima) se esconde la historia de un colosal saqueo de dinero público. Emarsa, empresa instrumental creada por el Ayuntamiento de Valencia y otros 17 municipios cercanos, se dedicaba a depurar el caudal de las cloacas antes de liberarlo al mar, destinarlo al riego o a alimentar el parque natural de L'Albufera. Gestionaba la planta de Pinedo, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España. Y se financiaba con el canon de saneamiento que los vecinos de Valencia y su área metropolitana pagan con la factura del agua.
La sociedad costeó la compra de joyas, relojes y otros artículos de lujo
La empresa pagó millones de euros por suministros y servicios falsos
En julio de 2010, el PP, que controlaba la sociedad desde los años noventa, decidió liquidarla al encontrarse en situación de quiebra. La disolución reveló la existencia de un agujero de 17 millones de euros. La investigación judicial, que abarca el periodo de 2004 a 2010 y cuenta ya con 16 imputados por malversación, estafa continuada y delitos societarios, ha destapado que los gestores de Emarsa pagaron cantidades millonarias por servicios y suministros inexistentes. El fraude total podría superar los 30 millones. Mientras, los directivos disfrutaban a su costa de toda clase de extravagancias.
Compraban, con fondos de la sociedad, joyas, bolsos de Loewe, relojes, bolígrafos Montblanc, prendas de vestir en Armani, dispositivos electrónicos (ipods, libros electrónicos, ordenadores portátiles), accesorios de automóvil, mil euros de lotería cada año. Cargaban el alquiler de vehículos de lujo y circuitos de spa. Hacían viajes de placer con sus familias, a París, Nueva York, Johannesburgo y más destinos alojándose a gastos pagados en hoteles de cuatro y cinco estrellas. Se hospedaban en establecimientos de similar categoría, en la misma Comunidad Valenciana, acompañados de teóricas traductoras rumanas. Siempre por cuenta de Emarsa.
Fueron capaces de gastarse 92.443 euros en un año en asadores, marisquerías y restaurantes con estrellas michelín. Y aún así, en los 23.000 folios del sumario pueden encontrarse facturas de 7,5 euros de tabaco o de compras en el supermercado.
En un momento de las más de 50 horas que lleva declaradas ante el juez, el exgerente Esteban Cuesta contó cómo funcionaban las cosas. El entonces presidente de Emarsa y hoy todavía vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises con el PP, Enrique Crespo, también imputado, iba a su despacho, le entregaba unas facturas de Loewe y le daba la orden de acercarse al establecimiento a pagarlas. Entre compras, viajes y banquetes, los responsables de Emarsa se gastaron en seis años casi un millón de euros, según la abundante documentación de que dispone el juez Vicente Ríos.
El instructor cuenta con multitud de indicios de que el auténtico pillaje se produjo, sin embargo, mediante el pago de suministros y servicios falsos. Algunos, inverosímiles: Emarsa pagó, por ejemplo, por reparaciones en los digestores (tanques para depurar el agua) número cuatro, cinco y seis, cuando en la planta solo había dos. Y lo hizo a empresas administradas por tres hermanos, María Paz, Víctor Manuel y Sebastián García Martínez, este último a su vez jefe de departamento de la depuradora. Contrató cursos de formación por 188.000 euros, la mayoría por Internet y sin control de asistencia.
Adquirió teóricamente, en poco más de seis meses, 164 teclados; 149 ratones; 155 fuentes de alimentación; 141 licencias antivirus y 79 monitores, aunque en Emarsa solo había 32 puestos de trabajo informatizados. El proveedor, el propio Sebastián García Martínez, actuaba, de hecho, como director de informática en la planta y a veces firmaba en su nombre como recibido y conforme las partidas que él mismo vendía... Así hasta 35 empresas ahora investigadas que facturaron a Emarsa 40,3 millones de euros.
La sociedad estaba controlada por una asamblea metropolitana en la que el Ayuntamiento de Valencia tiene el 45% de los votos y el PP goza de amplia mayoría. Trabajar en Emarsa era una canonjía (nueve empleados ganaban más que el presidente del Gobierno) y la empresa fue llenándose de cargos de segunda y tercera fila del partido y de sus socios de Unión Valenciana. El propio Cuesta, a quien Rita Barberá nombró alcalde pedáneo, se mantuvo como dirigente local del PP de Valencia hasta pocos días antes del 20-N.
La seguridad de que nadie les controlaba llevó a los directivos a ser muy poco cuidadosos. Entre las facturas pagadas a las empresas investigadas algunas tienen por detrás "impreso nada menos que una previsión de tesorería" de la propia Emarsa, ha destacado el juez. Otras, de distintos proveedores sospechosos, están escritas al principio en letras negras, que cambian a mitad a color verde, naranja o rosa. Como si al taller de fabricación de falsas facturas se le hubiera acabado la tinta.
Corruptelas de Emarsa: detalles de un pillaje
- 1. Gastos a costa de la sociedad pública. Los directivos cargaron a Emarsa decenas de miles de euros por la compra de joyas, bolsos de Loewe, bolígrafos Montblanc, accesorios de automóvil, décimos de lotería (mil euros al año), ipods, ropa, cestos de bebé, circuitos de spa, alquiler vehículos de lujo...
- 2. Viajes pagados. Dirigentes de la sociedad viajaron a París, Nueva York, Johannesburgo, Marrakech, Estocolmo, Andorra... En varios casos, los directivos se desplazaban con sus familias y Emarsa también pagaba los hoteles.
- 3. Comidas. Los directivos cargaron 300.000 euros en comidas a Emarsa entre 2005 y 2010. Sólo en 2009, ya en plena crisis, las facturas por comidas en marisquerías y restaurantes de alto nivel ascendieron a 92.443 euros.
- 4. Lodos (toneladas). Las empresas de tratamiento y transporte de lodos facturaron más toneladas de las que generaba la planta. Por este concepto, Emarsa pagó más de 20 millones de euros entre 2004 y 2010.
- 5. Camiones ultrarrápidos. Los camiones de transporte de lodo iban y volvían a la planta en tiempos imposibles. Supuestamente un camión salía de la planta de Valencia, llegaba a Requena (a 68 kilómetros), descargaba, volvía a la planta, cargaba y volvía a estar listo para partir en menos de 15 minutos.
- 6. Obras. Emarsa pagó 4,2 millones de euros a dos empresas que administraba la misma persona, tenía la sede en su casa y apenas tenía trabajadores. Las empresas facturaron, por ejemplo, por reparaciones en maquinaria que no existía o por pintar fachadas de edificios que, por sus características, no se podían pintar.
- 7. Partidas informáticas. Emarsa compró en menos de un año 164 teclados, 149 ratones o 141 licencias antivirus cuando solo tenía 32 puestos de trabajo informatizados. El proveedor, hermano de la empresaria que hacía las obras y reparaciones, que facturó 4,5 millones mediante dos empresas, actuaba a la vez como jefe de informática de Emarsa. En algunos casos firmaba en representación de la sociedad como recibido y conforme los suministros que él mismo vendía.
- 8. Violación de las normas de contratación. La mayor parte de los contratos investigados incumplían los principios de publicidad y concurrencia. El caso más sangrante es el del proveedor informático que admitió al juez que una de sus dos empresas facturó 1,8 millones a Emarsa sin contrato, "con un acuerdo verbal".
- 9. Oídos sordos a los auditores. Las auditorías de la firma Mazars advirtieron seis años seguidos (2004-2010) sobre las irregularidades en las formas de contratación. El presidente de Emarsa, Enrique Crespo, hizo caso omiso y afirmó ante el consejo que no detectaban problemas importantes. Crespo también rechazó la propuesta de que para acordar contratos y disposición de fondos hiciera falta al menos la intervención de dos responsables con firma mancomunada.
- 10. Empleados que solo iban a cobrar. El exgerente Esteban Cuesta ha admitido al juez que contrató por indicación de Crespo a cuatro personas que solo iban por la planta a cobrar. Uno (Luis Botella) es el concejal de Urbanismo del PP de Moncada; otra (Marisol Giner) era la exportavoz del PP de Benetússer.
- 11. La Generalitat inyectó el triple de fondos. Durante el periodo investigado (2004-2010), el Gobierno valenciano casi triplicó los fondos destinados a Emarsa (de 6,4 millones de euros en 2004 a 18,4 millones en 2009), mientras la cantidad de agua depurada sólo aumentaba un 6,5%.
- 12. Ingresos en metálico. El gerente Esteban Cuesta ingresó en sus cuentas 251.000 euros en efectivo entre 2005 y 2009.
www.elpais.es 28.11.11
DOS CONSELLERS VALIDARON LAS CUENTAS DE EMARSA DURANTE LOS AÑOS DEL SAQUEO
Los costes en la depuradora de Pinedo se triplicaron entre 2004 y 2010 cuando García Antón y Cotino presidieron la Epsar, entidad supervisora de las cuentas. El acuerdo entre la Generalitat y la entidad metropolitana sólo permitía aumentar los gastos según el IPC
Los gestores de Emarsa entre 2004 y 2010, ahora imputados por delitos de estafa y malversación de caudales públicos, fueron multiplicando el gasto de la depuradora de Pinedo hasta acabar con un agujero de 17 millones de euros y la liquidación de la empresa pública sin que sus supervisores, la Conselleria de Infraestructuras primero y la de Medio Ambiente después, modificaran ni una sola coma de las cuentas que todos los años le presentaban. José Ramón García Antón y Juan Cotino, validaron unos números que crecieron un 200 % en seis años.
Así, según el convenio entre la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar) y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), propietaria de Emarsa, correspondía al presidente de la Epsar, el conseller responsable de Agua de turno, validar las cuentas. De hecho, en los diferentes documentos que investiga el juez y en poder de este periódico se demuestra como hasta dos comisiones mixtas, en las que había técnicos de la Generalitat y de Emarsa, debían velar por que el dinero público que se invertía en la depuradora se gastara correctamente.
De hecho, el convenio rubricado entre la Epsar y la Emshi sólo permitía un aumento de su presupuesto acorde con la subida del IPC (también en los sueldos de los trabajadores). La realidad es que los costes por tratar agua se incrementaron casi un 200 % al pasar de 7,8 millones a 19,5 en seis años.El primer convenio firmado por un conseller y la directiva imputada por estafa lo rubricó el fallecido José Ramón García Antón, en aquella época titular de Infraestructuras, cartera de la que dependió la gestión del agua hasta 2007. En ese documento, sellado el 26 de febrero de 2004, la Generalitat se comprometía a aportar 7.794.997,25 euros, aunque finalmente abonó casi 10.
Este convenio nombraba una comisión de seguimiento para supervisar los gastos e ir actualizando los costes cada año, según fuera aumentando o disminuyendo el IPC. Este departamento estaba formado por dos responsables de la Epsar, siempre José Juan Morenilla e Ignacio Bernacer, y uno de la Emshi, que solía ser su presidente Enrique Crespo. El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, también acudía pero, como marcaba el propio acuerdo entre instituciones, no tenía voto en la comisión.
Según este documento oficial, la comisión de seguimiento acordaba una propuesta definitiva de gastos que debía «aprobar» el presidente del Consejo de Administración de la Epsar, en este caso el conseller de turno. José Ramón García Antón hasta 2009 y, tras su fallecimiento, Juan Cotino, que asumió la cartera de Medio Ambiente hasta 2011, aunque en junio de 2010 fue cuando se liquidó Emarsa con un agujero de 17 millones de euros.
Durante los años de García Antón como presidente y con José Juan Morenilla como gerente, las aportaciones de la Epsar casi se triplicaron hasta llegar a los 20 millones en 2008. Con Cotino, un año después y con Morenilla en la gerencia consiguieron rebajar los gastos en 1,5 millones de euros. A mitad de 2010 y tras la denuncia del PSPV se reveló que la empresa pública tenía una deuda de 17 millones pese a las inyecciones de capital aportadas por la Epsar y aprobadas por los consellers.
InspecciónSegún el mismo convenio, que se fue renovando en años sucesivos, la Epsar «podrá inspeccionar, en cualquier momento, y con aviso para la existencia en su caso, de los técnicos del centro, las obras e instalaciones y los elementos de tipo administrativo, contable o de cualquier otra índole que estime necesario o conveniente para la mayor eficiencia de su gestión, relativos al servicio de depuración de aguas». Es más, se ampliaba a la Emshi la posibilidad de cursar directrices para el mejor funcionamiento «tanto técnico como administrativo». En caso de mal funcionamiento, ambas instituciones podían haber retirado la financiación a Emarsa en caso de haber detectado irregularidades contables o excesos injustificados en el gasto.
Es decir, la Epsar, según el convenio, podía y debía haber actuado como supervisor. Vendría a ser como la función del Banco de España con las cajas intervenidas, un supervisor al que el PP le está exigiendo responsabilidades por los agujeros en las cuentas, más ahora que han recibido dinero público a través del FROB.
Uno de los empresarios que viajó a Rumanía niega tratos con Emarsa
La consultora Coserex niega que su filial en Rumanía haya tenido algún tipo de relación comercial, empresarial o de cualquier índole con Emarsa, ni con las personas o empresas relacionadas con el caso que se está investigando en el juzgado de Instrucción número 15 de Valencia. La entidad aclaró que la consultoría no es propiedad de Antonio José Arnal, hermano del exdirector financiero de Emarsa e imputado en el procedimiento, sino que su director y administrador único es Juan Manuel García, socio de Arnal en otras empresas.
Además, explicó que su filial de Rumanía no tuvo «ni la más mínima» relación con Emarsa, ni con las firmas o personas relacionadas con el caso, más allá de haber viajado en cinco ocasiones para asistir a reuniones para el análisis de proyectos que nunca llegaron a ver la luz. Sobre los viajes, Coserex no recibió ningún honorario y, por lo tanto, asumió los costes, dijeron. Aseguran haber aportado toda la documentación al juez.www.levante-emv.com 28.11.11
EMARSA SE GASTÓ 62.380 EUROS EN ENTRADAS VIP PARA EL OPEN DE TENIS Y LA FÓRMULA 1
La depuradora de Pinedo adquirió tiques para las carreras de 2008 y el campeonato de tenis de 2009
El juez que instruye el saqueo de la depuradora de Pinedo reveló ayer nuevas facturas poco habituales en una empresa pública de tratamiento de aguas. El magistrado que instruye la causa preguntó al exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, por el destino de 66 entradas "Global Premium" para el Open de Tenis de Valencia de 2009 valoradas en 350 euros cada una. Además, también inquirió sobre otras 21, esta vez para el palco VIP del Gran Premio de Fórmula 1 de 2008, que costaron 39.280 euros.
Estas entradas, que tienen un coste superior a los 62.000 euros en dos años, fueron adquiridas por Viajes Benimàmet, una subcontrata habitual de la depuradora y la que contrataba todos los viajes que se realizaban abonados por la empresa pública. Cuesta aseguró no saber nada sobre estos tiques y al ser preguntado sobre si es cierto que le indicase al administrador de esta entidad que confeccionara facturas para que las entradas a los grandes eventos aparecieran como gastos de alojamiento o de desplazamiento contestó que "no".
Nuevo imputado, y van 16Por su parte, el juez acordó ayer imputar a Antonio Arnal, hermano de Enrique Arnal, exdirector financiero de Emarsa -también imputado-, para que explique el cobro de 188.358,98 euros en cursos supuestamente impartidos entre 2005 y 2009, según consta en un auto facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). Antonio Arnal también fue uno de los empresarios que viajó a Rumanía a costa de la depuradora de Pinedo.
De esta manera, el magistrado ha estimado la petición formulada por el ministerio fiscal y por la acusación particular de citar como imputado a Antonio Arnal, administrador único de la mercantil Arrima Centre d'Estudis, SL, desde el año 2006, para que explique los cursos impartidos a miembros de Emarsa durante varios ejercicios.Según declaró Antonio Arnal al juzgado, en fecha 26 de octubre, Arrima ya trabajaba con Emarsa desde 2001, y en 2004 quiso continuar las relaciones entre ambas entidades ya que no había impartido ningún curso ese año. Entonces, su hermano Enrique, a la sazón de director financiero, le presentó al exgerente, Esteban Cuesta, para que hablaran.
Tras ello, en enero de 2005, Cuesta firmó un contrato con Juan Manuel -administrador de Arrima-, por el que le encargaba a esta entidad la gestión e impartición de los cursos de formación continua que en cada ejercicio se establecieran prioritarios para sus empleados.
El juez indica que si las circunstancias que rodean la contratación de Arrima por Emarsa "llaman la atención", resulta "igualmente llamativo" el tipo y número de cursos supuestamente impartidos a los empleados de una empresa "cuya actividad es la explotación de la estación depuradora de aguas ubicada en Pinedo", puntualiza. Así, entiende que existen indicios de que estos cursos no se impartieron.Asimismo al magistrado le constan dos viajes de Arnal a Bucarest. El primero de ellos fue con su hermano Enrique, abonado con fondos de Emarsa, respecto del que el exgerente de la entidad no supo dar razón porque desconocía que el recién imputado lo hubiera realizado. En el otro acudió junto a otros empresarios. Sobre las facturas de esta firma, Cuesta dijo ayer que su firma estaba falsificada
www.levante-emv.com 22-11.11
EMARSA PAGÓ VUELOS Y HOTELES DE LUJO A OCHO TRADUCTORAS Y EMPRESARIAS DE RUMANÍA
Las mujeres volaron a Bucarest y Bolonia a costa de la depuradora de Pinedo - El exgerente de la empresa pública asegura que en algunos casos compartía hotel como muestra de atención a las visitas, ya que tenían negocios con la planta
Las decenas de viajes que costeó la saqueada depuradora de Pinedo empiezan a aclararse conforme avanzan las pesquisas del juez instructor. Ayer, en la octava jornada de declaración del exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, el magistrado mostró las identidades de las personas que se alojaron en hoteles de lujo de Benicàssim y Alicante. Según explicó Cuesta, se trataba de empresarias y traductoras que venían de Rumanía para conversar sobre los proyectos que los directivos de la planta y varios empresarios ajenos a ésta tenían en el país centroeuropeo. La empresa extinta pagó todos los gastos, incluidos los billetes de avión que, según revela el sumario, están a nombre de hasta ocho mujeres diferentes.
El juez reveló que Esteban Cuesta se alojó desde el 27 al 29 de agosto de 2009 en un balneario de Benicàssim junto a tres mujeres, que aparecen también en las facturas de billetes de avión en poder de este periódico. Se trata de Lilica M. N., Alina P, y Catalina Alina P. y sobre ellas dijo Cuesta que eran empresarias que venían a Valencia a tratar sobre los negocios de Rumanía. De Lilica M. N., con quien Cuesta se alojó también en un hotel de lujo de Alicante en otras dos ocasiones, aseguró que era la persona que realizaba tareas de traducción para Emarsa, aunque reconoció que no tenía contrato en la depuradora.
Meses antes, concretamente los días 20 y 21 de marzo, otra mujer, Ionel Tania S., se alojó con Esteban Cuesta en el mismo hotel de lujo de Alicante a costa de la depuradora de Pinedo, según le reveló el juez. Sobre esta mujer manifestó que no recordaba su nombre pero que era uno de los contactos que venía del país centroeuropeo. Ese mismo día 21 y hasta el 23 Cuesta estuvo en el mismo hotel esta vez con Lilica M. N., según el exgerente, su traductora en los negocios en Rumanía. Cuesta regresó con su traductora al hotel de lujo de Alicante, siempre según las revelaciones del juez, los días 11 y 12 de septiembre de 2009 y del 22 al 24 de enero de 2010 con un coste para Emarsa de unos 2.000 euros. Con ella también realizó un viaje a Bucarest.
El juez inquirió a Cuesta sobre por qué los tratos para los negocios de Rumanía se realizaban en hoteles de Alicante y Benicàssim y no en las dependencias de la depuradora en Pinedo. El exgerente, según ha podido saber este periódico, manifestó que "venían responsables de empresas y políticos de Rumanía a visitar las instalaciones de Emarsa y a Feria Valencia". "Se hospedaban en hoteles y nosotros les atendíamos", dijo.Hoteles en Málaga o Lanzarote
Las identidades de las personas que se han alojado en hoteles de Benicàssim y Alicante han trascendido gracias a la colaboración de los establecimientos. De momento, sólo han contestado a la petición judicial hoteleros de estos municipios pero, según las facturas en poder de este periódico y que están siendo investigadas, durante los últimos años la depuradora de Pinedo pagó alojamientos a petición de Esteban Cuesta y del exdirector financiero, Enrique Arnal, en hoteles de Lanzarote, Las Palmas, Barcelona, Bilbao, Toledo, Málaga, Tortosa o Valencia.
Además, a las cuatro empresarias y traductoras que viajaron y se alojaron a costa de Emarsa hay que añadir otras cuatro, también de nacionalidad rumana a las que la depuradora pagó, al menos, viajes entre Valencia y Bucarest. En dos de estos casos, volaron también a Bolonia con empresarios y directivos de la empresa pública entre marzo y abril de 2009. Pero los viajes que abonó la extinta Emarsa no fueron sólo por España y Rumanía. En el sumario hay facturas de desplazamientos a París, Estocolmo, Moscú, Casablanca, Marrakech o Lisboa. La depuradora pagó un vuelo a Johannesburgo al hijo de Arnal.www.levante-emv.com 25.11.11
DAR DE COMER A 80 EMPLEADOS COSTABA LO MISMO QUE A 16 CONSEJEROS
El juez de instrucción también preguntó ayer al exgerente de la depuradora de Pinedo Esteban Cuesta por los elevados gastos que afrontaban Emarsa cuando llegaban las diferentes festividades. Así, la extinta empresa pública pagó 5.125 euros en un restaurante por una comida el 26 de mayo de 2005 para 80 personas, que también incluía salón de juegos, pádel, squash, circuitos Spa y hasta palas y bolas de pádel.
Al respecto, Cuesta señaló que en la empresa había dos comidas, en Navidad y en verano, y que lo de jugar al pádel "se ha hecho desde años inmemoriales" y "se han organizado hasta cursos de parchís". El magistrado instructor le preguntó también por otra factura al mismo restaurante en diciembre de 2005 por valor de 3.865 euros y aseguró que ésta la desconocía.
Cabe recordar que el propio Cuesta explicó a Levante-EMV que las comidas de Navidad a las que acudía el consejo de administración costaban entre 5.000 y 6.000 euros, más o menos lo que se pagaba por la de los 80 trabajadores. Eso sí, a estas comilonas, que se celebraban en marisquerías del Palmar, acudían entre 16 y 18 personas.Como ya contó este periódico, en esta comida los consejeros eran agasajados con regalos, cestas de Navidad y jamones. El presidente de Emarsa, el también alcalde de Manises, Enrique Crespo, regalaba también una cerámica de un conocido artista de su municipio y un décimo de loterías acabado en 69. Ese día, los consejeros recibían sus emolumentos por el consejo de administración al que habían acudido por la mañana y que ascendían a 500 euros brutos.
Por otra parte, el juez también enseñó otros pagos de la depuradora en los mejores años de Emarsa. En 2006 también se facturaron 39.283,26 euros en lotes de Navidad. En 2005 se facturaron otros 5.316 euros para cajas de Navidad, y al ser preguntado por si consideraba que este gasto era asumible, respondió que "se consideraba como una cosa normal que se tenía que hacer".
www.levante-emv.com 25.11.11
CAMPS TRIPLICÓ EL DINERO DESTINADO A EMARSA EN LOS AÑOS DEL SAQUEO
El agua depurada en ese periodo por el ente público solo aumentó un 6,5% - Los cargos del PP imputados por corrupción manejaron 115 millones
Algo extraño ocurrió en la Generalitat durante los años en que Emarsa, la sociedad pública de depuración del agua de Valencia controlada por el PP, fue saqueada de forma masiva hasta llevarla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros. Durante el periodo investigado por el juez, del año 2004 al 2010, la aportación del Gobierno valenciano a Emarsa se multiplicó casi por tres. Pasó de 6,4 millones de euros en 2004 a 18,4 millones en 2009. El volumen de agua depurada, el principal elemento que podría explicar ese aumento de la inyección económica de la Generalitat, en cambio, apenas creció un 6,5%.
El Consell financiaba a Emarsa a través de su entidad de saneamiento Epsar
El ente dependió de Blasco, González Pons, García Antón y Cotino
El dinero que manejaba Emarsa provenía de la factura del agua que pagan los vecinos de Valencia y de otros 18 pueblos cercanos. La aportación directa de fondos a Emarsa, sin embargo, la hacía en su mayor parte la Generalitat a través de su empresa Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales). El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, dirigente local del PP de Valencia hasta que fue suspendido el 11 de noviembre, declaró ante el juez que el gerente de Epsar, José Juan Morenilla, le impuso contratar y pagar precios muy por encima de los del mercado a una empresa, Notec, cuyo dueño está ahora imputado en el caso por estafa y delitos societarios. Epsar estaba adscrita en la época investigada a Medio Ambiente. Dependió por tanto de los consejeros Rafael Blasco, Esteban González Pons (hoy cabeza de lista del PP por Valencia), José Ramón García Antón y Juan Cotino.
Emarsa es objeto ahora de una investigación judicial dirigida por el juez Vicente Ríos que ha destapado que en esos años la sociedad pública pagó cantidades millonarias por servicios y suministros que resultan sospechosos o simplemente inverosímiles. Obras de reparación en maquinaria y edificios que nunca existieron. Camiones cargados de lodo que salían de la planta de Pinedo (Valencia) rumbo a Requena y a los 11 minutos, supuestamente, habían llegado a su destino, descargado, vuelto a la depuradora y estaban listos para partir (y cobrar) de nuevo. Partidas de 164 teclados, en menos de un año, para una sociedad pública que solo tenía 32 puestos informatizados.
La investigación también ha revelado que los directivos cargaban a Emarsa la compra de artículos de lujo (joyas, productos de Louis Vuitton), accesorios de automóvil, facturas de marisquerías, viajes de placer con la familia, y décimos de lotería por valor de miles de euros.
La contribución económica de la Generalitat se multiplicó por tres en ese periodo y los gastos de la depuradora de Pinedo que gestionaba Emarsa, la mayor de la Comunidad Valenciana y una de las más grandes de España, se dispararon en una proporción similar: de 8,7 millones en 2003 a 19,5 millones en 2009.
El coste por depurar el metro cúbico de agua experimentó un aumento cercano al 200%: de 0,064 a 0,155 euros. Todos los datos provienen de las auditorías de Emarsa, que elaboraba la firma Mazars.
En la época del saqueo, que se extendió incluso mientras el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo (entonces presidente de Emarsa y ahora imputado en la causa), procedía a la liquidación por quiebra de la sociedad, se implantaron unos métodos supuestamente más sofisticados del proceso de depuración. Uno de ellos, consistente en mejorar el tratamiento de los lodos, es ahora objeto de investigación porque la fiscal y el juez creen que se estuvo pagando por él a una empresa cuando en realidad no se aplicaba.
La empresa en cuestión era Notec, la misma que, según Cuesta y otro exdirectivo de Emarsa imputado en la causa, les fue impuesta por Epsar, es decir, por la Generalitat. El juez ha imputado al administrador de Notec, José Luis Sena, y le ha retirado el pasaporte por riesgo de fuga.
La justificación de que las mejoras tecnológicas fueron las responsables del encarecimiento de los gastos de Emarsa se encuentra, además, con un obstáculo adicional. La unión de empresas que se hizo con la explotación de la planta de Pinedo una vez desaparecida Emarsa, a finales del año pasado, se comprometió a hacer el mismo trabajo prácticamente por la mitad de precio.
Desde 2002, cuando Crespo se hizo con la presidencia de Emarsa, hasta 2009, un año antes de desaparecer, los directivos de la sociedad pública imputados por malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios, manejaron 115 millones de euros.
La misteriosa conexión rumana
Una de las muchas líneas de investigación que están en marcha en torno al saqueo de Emarsa es la extraña conexión rumana. Emarsa costeó más de 60 viajes a la capital de Rumanía, Bucarest, a los dirigentes de la planta, a algunos de los empresarios implicados supuestamente en la rapiña y a varias personas más, la mayoría mujeres, con nombres y apellidos rumanos. El exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, y uno de los empresarios que viajaron, Sebastián García, han declarado que el objetivo era participar en depuradoras rumanas, aunque con contradicciones entre ambas versiones. El juez no ha creído ninguna de las dos.
El portavoz socialista en la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), Ramón Marí, destacó ayer que los viajes no figuraban "en ningún acta del consejo de administración de Emarsa, ni se solicitó autorización alguna a la junta de gobierno de Emshi para realizar ninguna actividad comercial ni de ningún tipo en este país del este". Marí instó a los alcaldes de Manises, Enrique Crespo, y Valencia, Rita Barberá, a explicar "los oscuros negocios" de los directivos en Rumanía. Marí destacó que los cinco empresarios que viajaron con ellos a Bucarest a gastos pagados, facturaron 45 millones de euros a Emarsa. Uno de los rumanos que más viajó a costa de Emarsa, Lauren Dragomir, añadió Marí, se dedica a la construcción y es socio de uno de los empresarios imputados, José Luis Sena, administrador de Notec.
www.elpais.es 17.11.11
EL PP REGIONAL ACTÚA EN EL 'CASO EMARSA' ANTE LA APATÍA DE BARBERÁ
Clemente suspende de militancia al exgerente imputado Esteban Cuesta
La dirección regional del PP se hartó de esperar y ayer movió ficha ante la pasividad de la cúpula de su partido en la ciudad de Valencia y la apatía de su cabeza visible, Rita Barberá. Antonio Clemente, secretario general del PP valenciano, anunció a media mañana que suspendía cautelarmente de militancia a Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, imputado por graves delitos de malversación de fondos, estafa continuada y delitos societarios. El caso Emarsa estalló hace más de un año, tiempo en el que Cuesta ha permanecido como presidente de los populares en el distrito de Poblats de l'Oest pese a que cada día se conocían nuevos datos acerca del saqueo llevado a cabo en la sociedad pública dedicada a la depuración de aguas de Valencia y su área metropolitana. El PP local se cruzó de brazos con Cuesta y al final ha intervenido la dirección regional.
El momento ha sido de lo más inoportuno para el PP de Valencia. Anteayer, Barberá, a preguntas de los periodistas, reconoció implícitamente sentirse afectada por la trascendencia del caso pero se escudó en que carecía de cargos orgánicos en la plana local del PP para suspender a Cuesta. Una respuesta que sonó a excusa en una regidora con todo el ascendiente sobre su partido y que presume de dirigirse de tú a tú a Mariano Rajoy, presidente del PP nacional y candidato a la presidencia del Gobierno.
Silencio en el 'cap i casal'
El secretario general del PP de Valencia ciudad y concejal de Urbanismo de Barberá, Jorge Bellver, quedaba ayer en evidencia tras conocerse el anuncio de Clemente: solo unas horas antes había asegurado que esperaría a que actuase la justicia antes de apartar al exgerente de Emarsa de su cargo y militancia. Ambos quedaron en evidencia con la fulminante decisión de Clemente.
La vicepresidenta del Consell Paula Sánchez de León mostró su respeto por la decisión adoptada por Clemente. "Ha sido para salvaguardar la honestidad y la integridad", que "es lo que caracteriza y lo que representa la mayoría de este partido", dijo.
En Consistorio recibió con silencio la decisión de la dirección regional. Preguntada al respecto, la alcaldesa se encogió de hombros y dijo, según testigos, que Antonio Clemente ya había hablado.
Los grupos de la oposición, que llevan meses exigiendo al Gobierno local que actúe, le echaron en cara que no tomara cartas en el asunto. El portavoz socialista Joan Calabuig tildó de inaceptables las declaraciones realizadas el jueves por Barberá y le pidió que diera la cara. "La principal responsabilidad política", añadió Calabuig, "en la gestión de Emarsa corresponde al Ayuntamiento, que tiene el control mayoritario de la asamblea. Es evidente que no puede plantearlo como un tema que no tenga nada que ver con ella". Según Calabuig, la alcaldesa no puede esconderse detrás de sus "compañeros de partido esperando que tomen las decisiones por ella". Compromís, a través la edil Consol Castillo, instó a la alcaldesa a pedir responsabilidades a los miembros de su partido implicados en el caso Emarsa.
La suspensión de militancia de Esteban Cuesta llegó el mismo día en que el juez instructor, Vicente Ríos, adoptaba medidas cautelares contra cuatro de los principales imputados, para limitar el riesgo de fuga. El juez retiró el pasaporte a Cuesta, a Enrique Arnal (exdirector financiero de Emarsa y exedil de Unión Valenciana en Moncada), y a dos de los empresarios acusados de participar en el saqueo, Sebastián García y José Luis Sena. Los cuatro tendrán que personarse semanalmente en el juzgado. En la causa también está imputado Enrique Crespo, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, a quien el PP mantiene todos sus cargos.El juez Vicente Ríos dejó a cuatro de los imputados en situación de libertad provisional. Aparte de la retirada de pasaporte y la obligación de presentarse semanalmente, el instructor aún debe decidir si les impone las fianzas que solicitó la acusación particular representada por la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), propietaria de Emarsa hasta que ésta fue liquidada por quiebra. La Emshi, controlada por el Ayuntamiento de Valencia, ha solicitado que Arnal y Cuesta paguen fianzas de 30 millones de euros. De acordarse ese importe, o incluso otro mucho menor, ambos entrarían en la cárcel: aún en el caso de tenerlo, muy pocas personas pueden justificar ante la justicia disponer de tal cantidad de dinero.
El juez basa las medidas cautelares en el hecho de que el avance de la investigación ha reforzado los indicios sobre la "decisiva participación" de los acusados en el saqueo de la sociedad pública; en las largas penas de prisión a las que se enfrentan, y en "la probable existencia de intereses económicos de los imputados en el extranjero".
¿Dónde está el dinero?
Ríos destaca los continuos viajes que los directivos de Emarsa, sus proveedores y también otras personas ajenas a la empresa, sobre todo mujeres con nombres y apellidos rumanos, hicieron al extranjero, especialmente a Bucarest, a costa de la sociedad pública.
Los imputados han declarado que viajaban con frecuencia a Rumanía porque tenían entre manos un proyecto para poner en marcha allí una depuradora. Una explicación que no ha convencido ni a la fiscal ni al juez, dado que Emarsa no estaba habilitada legalmente para hacer nada parecido. El instructor sospecha que esas relaciones exteriores estaban fundadas, en realidad, "en motivos profesionales distintos de la actividad desarrollada por la entidad pública".
El juez plantea en el auto, a continuación, la cuestión clave: "A pesar de las abultadas facturaciones hechas por estas empresas a Emarsa, queda por establecer el destino dado por los administradores de las mismas, ahora imputados, al dinero proveniente de la sociedad Emarsa, que suma millones de euros". Buena parte del saqueo de Emarsa se produjo a través del tratamiento de lodos. Dos de los imputados han dicho que la empresa que se ocupaba de ello fue impuesta a Emarsa por otra sociedad pública de la Generalitat, Epsar, que además habría ordenado pagarle precios desorbitados.
www.elpais.es 12.11.11
EMARSA PAGÓ VIAJES A RUMANÍA A EMPRESARIOS Y PARTICULARES AJENOS A LA DEPURADORA DE PINEDO
La empresa pública se gastó al menos 77.000 euros desde finales de 2006 a 2010 en billetes de avión y alojamientos en hoteles de Bucarest - Un hombre y cuatro mujeres con nombres y apellidos rumanos volaron a costa de la planta valenciana
Emarsa pagó decenas de viajes a empresarios y particulares ajenos a la depuradora de Pinedo durante diciembre de 2006 y junio de 2010. Según la documentación que obra en poder del juez que investiga un agujero de 17 millones de euros en la empresa pública, Emarsa abonó hasta 91 facturas por billetes de avión y alojamientos en hoteles de Bucarest por más de 77.000 euros según ha comprobado Levante-EMV.
Los destinos y las personas que hicieron uso de los billetes de avión y alojamientos en Rumanía pagados por Emarsa han podido ser conocidos gracias a la documentación aportada por el propietario de Viajes Benimàmet, Tomás Benlloch, quien organizó todos los viajes de la depuradora y que hasta la fecha no se podían conocer al no aparecer el concepto de las facturas. Tras solicitarlo el juez, el empresario adjuntó a cada documento el nombre del hotel y la ciudad donde se realizaba el viaje, además de la persona que lo encargaba.
En el caso de Bucarest hay identificadas más de una docena de personas diferentes, la mayoría ajenas a la depuradora y de manera repetida. Según explicó al juez el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, los viajes a Rumanía se justifican como negocios de la planta para conseguir financiación externa al dinero público. Cuesta dijo que pretendían conseguir la gestión de una depuradora en el país centroeuropeo.A Rumanía viajó, según las anotaciones en cada factura, además de Esteban Cuesta, el exdirector financiero, Enrique Arnal, y el jefe de Informática, Sebastián García. Todos imputados por el juez. Además, en varias ocasiones les acompañaron contratistas de la depuradora de Pinedo. El propietario de la firma de lodos Notec, José Luis Sena, y Antonio Arnal, propietario de la empresa que organizó cursos de formación para la depuradora. Ambos también están imputados por varios delitos.
La persona que más viajó fue, según las anotaciones del propietario de viajes Benimàmet, Lauren Dragomir. Cuesta aseguró que Dragomir era el enlace de Emarsa en Rumanía y quien tenía que abrir el negocio de la depuradora en el país centroeuropeo. Hasta 50 facturas de viajes en avión y alojamientos están a su nombre.
De las fechas de las facturas en poder de este periódico se desprende que Dragomir viajaba en un primer momento y días después era una expedición de españoles la que se sumaba. En unas ocasiones Cuesta y Arnal y en otras les acompañaban los empresarios de lodos y cursos. El primer viaje se realizó desde el 21 al 24 de noviembre de 2006. Viajaron seis personas y costó más de 4.500 euros. El último viaje pagado por la depuradora según la documentación en poder de este periódico data de mediados de junio de 2010 con el escándalo a punto de estallar. L. Negrut fue la persona a nombre de quien se pagó el billete.
Pero Negrut no fue la única persona ajena a la depuradora cuyo nombre aparece en las facturas. Según las anotaciones de Tomás Benlloch, cuatro mujeres con apellidos rumanos también viajaron a costa de la depuradora. Se trata de Nicoleta Violeta Mihac, Alina Pascal, Cristina Generau y Catalina Alina Pascal. Una persona llamada L. Saffer, Juan Manuel García y Manuel Díaz, también acompañaron en alguna ocasión a Cuesta y Arnal en sus viajes y alojamientos en el Hotel Ramada Majestic de Bucarest. En algunos casos estos viajes pasaron por Moscú o Milán.
www.levante-emv.com 02.11.11
EMARSA PAGÓ UN VIAJE A JOHANNESBURGO AL HIJO DEL DIRECTOR FINANCIERO
El propietario de Viajes Benimàmet revela al juez decenas de desplazamientos por el mundo encargados por Cuesta y Arnal a cuenta de la depuradora
Emarsa era una empresa pública de depuración de aguas pero a tenor de los viajes que encargaban sus directivos podría tratarse de cualquier multinacional. Según los centenares de facturas que obran en el sumario de la investigación judicial por el agujero de 17 millones en la depuradora de Pinedo y a los que ha accedido Levante-EMV, Emarsa pagó billetes de avión y hoteles a petición del exdirector financiero, Enrique Arnal, y el exgerente, Esteban Cuesta, a destinos como Johannesburgo, Nueva York, Moscú, Casablanca o Marrakech.
Los destinos han podido ser conocidos gracias a la documentación aportada por el propietario de Viajes Benimàmet, Tomás Benlloch, quien organizó todos los viajes de la depuradora y que hasta la fecha no se podían conocer al no aparecer el concepto de las facturas. Tras solicitarlo el juez, el empresario adjuntó a cada documento el nombre del hotel y la ciudad donde se realizaba el viaje, además de la persona que lo encargaba.
Entre los destinos por todo el mundo, decenas por España y Europa, llama la atención un billete de avión de ida y vuelta desde el 16 de julio al 18 de agosto de 2009 a Johannesburgo, Sudáfrica, para una persona y valorado en 1.190 euros. Según consta en una anotación en la factura, el usuario fue un hijo del director financiero. Otra de las destinaciones más lejanas fue Nueva York, también solicitado por Enrique Arnal, aunque esta vez a su nombre.
Entre los destinos internacionales que aparecen en las anotaciones de las facturas desde el año 2006 al 2009 se encuentran Casablanca, Marrakech, Bologna, París, Estocolmo, Munich, Lisboa o Bucarest. Todos solicitados por Cuesta y Arnal, aunque según declaraciones del propio exgerente, con distintos motivos, en algunos casos por trabajo y en otros por placer.
Así, en su declaración del pasado jueves 27 de octubre, Cuesta reconoció que se fue con su familia de viaje a París a costa de la depuradora. Allí, curiosamente coincidió con Enrique Arnal, quien también había viajado con su familia con los gastos pagados por Emarsa. A Munich, Bucarest, Estocolmo o Lisboa viajaron cargos de la depuradora como el jede de Medioambiente, Adolfo Polo, o el jefe de Informática, Sebastián García Martínez, según las anotaciones en las facturas. Estos viajes fueron justificados por el exgerente como de trabajo. Polo y García, junto a Cuesta y Arnal, están imputados por el saqueo de Emarsa.
En algunos de estos destinos también se les pagó viajes a empresarios que facturaban a la empresa, como el propietario de Notec, José Luis Sena, también imputado, y personal totalmente ajeno a la depuradora, como varias personas de nacionalidad rumana. Bucarest y Bologna fueron los destinos más recurridos en estos casos, según la documentación en poder del juez.Parador de Tortosa
España también fue un destino muy solicitado por Cuesta y Arnal, según las aportaciones del propietario de Viajes Benimàmet. Existen facturas de hoteles en Lanzarote, las Palmas, Formentera, Ibiza, Bilbao, Ávila, Barcelona, Madrid, Segovia, Toledo, Murcia y Málaga. Todos los alojamientos de más de tres estrellas y hasta una factura del parador nacional de Tortosa. Las fechas de estancia en estos destinos nunca superan los cuatro días.
En hoteles de la Comunitat Valenciana también solicitaron alojamiento. El propietario de Viajes Benimàmet señaló facturas de hoteles en Castelló, Alicante, Benidorm y hasta Valencia. El hotel más solicitado es el emblemático Bali de Benidorm, donde existen media docena de estancias. Cuesta siempre ha asegurado en sus declaraciones que en estos casos eran viajes de trabajo.El juez reclama ya el refuerzo para seguir con las declaraciones
El caso Emarsa se complica por momentos ante la gran cantidad de documentación que ha generado y las nuevas líneas de investigación y el número de personas sobre el que hay que indagar. El Consejo General del Poder Judicial aprobó hace varias semanas un juez de refuerzo para el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia con el fin de que el magistrado Vicente Ríos Segarra quedara liberado para investigar el saqueo de la depuradora de Pinedo.
El pasado jueves 27 de octubre Ríos Segarra cerró la ronda de declaraciones a la espera de que llegue el juez de refuerzo. De hecho, no fijó ninguna fecha para el interrogatorio del abogado de la defensa de Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa y principal imputado. Se encomendó a la disponibilidad del instructor que, de momento, tiene también que lidiar con todos los casos que hay en su juzgado. Cuesta lleva más de 30 horas de declaración y todavía deben acudir los otros 13 imputados y media docena de testigos. Además, en las declaraciones del exgerente se han abierto varios frentes que en breve tendrá que investigar. sergi pitarch valenciawww.levante-emv.com 01.11.11
EMARSA, LA CLOACA DEL PP
La sociedad pública de depuración fue saqueada hasta llevarla a la quiebra
El saqueo de Emarsa, la sociedad que depuraba las aguas residuales de Valencia, se ha convertido, por la magnitud del vaciado de fondos públicos y por la zafiedad con que se llevó a cabo, en el mayor caso de corrupción destapado en la ciudad en las últimas décadas. Las estimaciones sobre el desfalco, que el proceso judicial deberá determinar, oscilan entre 17 y 40 millones de euros.
- El dinero rapiñado venía de la tasa que los vecinos pagan en la factura del agua
- El exgerente apunta al alcalde de Mislata como 'cerebro' del vaciado de fondos
La factura del agua que pagan los hogares de Valencia y otros 18 pueblos cercanos incluye una cantidad destinada al "canon de saneamiento". De ahí provenía el dinero rapiñado. Y de ahí saldrán los 17 millones de euros necesarios para taponar el agujero con que la empresa fue liquidada en 2010 por el PP, el partido que ha controlado el negocio los últimos 16 años.
La investigación que dirige el juez Víctor Ríos, titular del juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, ha revelado que la sociedad de depuración costeó viajes de placer a directivos y sus familias, pagó relojes, joyas, iPod, accesorios de automóvil, bolígrafos Montblanc, bolsos y cazadoras de Loewe. Mucho más gravoso económicamente, Emarsa abonó 30 millones de euros a las empresas inicialmente investigadas por servicios y suministros inverosímiles. El tratamiento de más toneladas de lodos de las que generaba la planta de Pinedo y a un precio muy superior al del mercado. Reparaciones en edificios y maquinaria que nunca existieron. Teóricas partidas de 174 teclados y 149 ratones para una empresa con solo 30 puestos de trabajo informatizados. Facturas de mano de obra que habrían exigido a los supuestos albañiles jornadas laborales de más de 20 horas durante meses enteros... El saqueo corrió en paralelo al desmoronamiento patrimonial de la sociedad, según ha constatado el juez: Emarsa fue exprimida por sus responsables hasta llevarla a la quiebra.
Hasta hace unos días el principal protagonista del escándalo era Esteban Cuesta. Un enfermero a quien la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, nombró alcalde pedáneo de Benimàmet. Y a quien aún hoy, tras haber sido imputado por malversación, estafa continuada y delitos societarios y haber reconocido ante el juez buena parte de las irregularidades, Barberá lo mantiene como dirigente local del Partido Popular de Valencia.
Desde que Cuesta empezó a hablar ante el juez la presión se ha trasladado, sin embargo, hacia quien fuese su jefe, el expresidente y ex consejero delegado de Emarsa, Enrique Crespo, que es actualmente alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, también del PP. El exgerente ha señalado a Crespo como cerebro del saqueo. El que decidía con qué empresas contratar. Cuándo pagar. A quién enchufar en la planta (incluidas cuatro personas que nunca aparecían por allí). Qué artículos de lujo había que adquirir por cuenta de la sociedad y quiénes los recibían.
Crespo, imputado esta semana por los mismos supuestos delitos, ha negado los hechos y ha acusado a Cuesta de intentar salvar el cuello implicándolo con falsedades. Eso no explica, sin embargo, por qué nombró gerente a Cuesta, un hombre que, en palabras del juez, "carecía de la preparación exigible para administrar y gestionar una empresa de la naturaleza de Emarsa". Por qué vetó aumentar los controles sobre la sociedad. Por qué desoyó seis años seguidos las advertencias de los auditores sobre las irregularidades. O por qué cargó a Emarsa, en cuatro días, 3.780 euros en comidas y cenas que, según el dueño del restaurante de Manises eran en realidad banquetes falleros para 20 comensales.
Las declaraciones de Cuesta han salpicado a otros cargos del PP en Valencia y Montcada que, o bien eran al mismo tiempo directivos de la depuradora o bien cobraron un salario sin ir nunca por allí. Ha abierto una nueva vía de investigación al indicar que la entidad de saneamiento de la Generalitat, Epsar, que controlaba y financiaba a la depuradora, impuso a la empresa de tratamiento de lodos ahora investigada, estableciendo un precio por tonelada desorbitado. Y ha advertido que el sistema corrupto ya funcionaba antes de que él y Crespo empezaran a trabajar allí. Los anteriores presidentes de Emarsa fueron Silvestre Senent y Vicente Jurado, hoy concejales del equipo de gobierno de Rita Barberá.
El rastro que apunta a la Generalitat
El PP, que controlaba Emarsa desde los años 90 gracias fundamentalmente al peso que el Ayuntamiento de Valencia tiene en sus órganos de gestión, disolvió la sociedad pública el año pasado cuando su situación económica era ya terminal y la oposición socialista había puesto sobre la mesa las sospechas de irregularidades. Emarsa se encargaba de gestionar la planta de Pinedo, la mayor depuradora valenciana y una de las más grandes de España, cuya gestión ha sido concedida ahora al sector privado.
La planta recoge las aguas residuales de Valencia y parte de los municipios de su área metropolitana. Al día, es capaz de tratar unos 350.000 metros cúbicos. Buena parte va de allí directamente al mar. Otra, sometida a un proceso terciario, abastece a L'Albufera y permite reutilizarla para el riego.
La explotación de la planta la sufragan los usuarios: en una factura de 40 euros, nueve van al llamado canon de saneamiento. Esa tasa es recaudada por Epsar, la entidad de la Generalitat que reparte los fondos a las depuradoras y, según fuentes del sector, conoce bien su funcionamiento. Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa ha afirmado que el exgerente de Epsar, José Juan Morenilla, le impuso contratar a una de las firmas ahora investigadas por estafa y que, además, estableció que se le pagase un precio muy por encima de los del mercado por tratar los lodos. Morenilla abandonó Epsar en julio y fue contratado por Facsa, empresa de Castellón cuyos administradores están acusados de financiar ilegalmente al PP en el caso Gürtel.
Un dirigente del PP implica a varios cargos en las irregularidades de la entidad
Exgerente de Emarsa. Esteban cuesta, dirigente del PP de Valencia, imputado por malversación, estafa y delitos societarios ha implicado en el caso a varios cargos del partido en su declaración ante el juez.
Alcalde de Manises. Enrique Crespo, que es también vicepresidente de la Diputación de Valencia, del PP, fue según cuesta el instigador de la mayor parte de las ilegalidades cometidas en Emarsa. El juez lo ha imputado.
Secretario General del PP en el distrito de Patraix (valencia): santos peral era el jefe de contabilidad de Emarsa. Cuesta ha contado al juez que los contratos y las facturas investigadas que él firmaba eran preparados por el departamento financiero y por el que dirigía peral.
Secretario General del PP en el distrito de Transits (valencia). Ignacio Martínez, jefe de compras de Emarsa. Según Cuesta, el día que empezó a trabajar en Emarsa sin tener ninguna formación para ello, en su despacho le esperaban Crespo y Martínez. Ambos le habrían dicho que no podía hacer cambios en el funcionamiento de la sociedad y que debía mantener a sus directivos.
Concejal de urbanismo de Montcada. Luis Botella, edil del PP y abogado de profesión, fue según Cuesta uno de los cuatro enchufados que Crespo le ordenó contratar y que solo se pasaban por la planta el día que tenían que cobrar.
Exconcejal de Montcada: Enrique Arnal, director financiero de emarsa, también imputado, llevaba en la sociedad desde mediados de los 90. Cuesta le ha señalado como responsable de redactar los contratos irregulares.
Exgerente de la entidad de saneamiento del consell. José Juan Morenilla impuso, según cuesta, a una de las empresas ahora investigadas y fijó que se le pagaran precios desorbitados.
www.elpais.es 30.10.11
EL JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE MANISES POR ESTAFA Y MALVERSACIÓN EN EMARSA
El juez Vicente Ríos ha decidido imputar al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, del PP, por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios en el marco del saqueo que sufrió Emarsa, la sociedad pública dedicada a la depuración del agua de Valencia, entidad que él presidía, según adelantó ayer Europa Press citando fuentes del caso. Según las mismas fuentes, el juez ya había tomado la decisión pero la notificación no se produciría hasta hoy o mañana. Crespo avaló la noticia en un comunicado en el que volvía a ofrecerse a colaborar con la justicia "cuando y cuanto sea preciso".
El futuro judicial de Crespo era complicado desde que Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, dirigente local del PP en Valencia y ya imputado en la causa, empezó a declarar ante el juez el 7 de octubre. Cuesta responsabilizó a Crespo de ser el instigador del saqueo de Emarsa, que fue disuelta el año pasado por el PP con un agujero de 17 millones de euros después de pagar cantidades millonarias por servicios y suministros falsos. El exgerente responsabilizó a Crespo de imponerle la contratación de empresas ahora investigadas y de cargar la compra de artículos de lujo a las arcas de la sociedad pública.
Fue Crespo quien colocó a Cuesta al frente de la gestión de Emarsa tras acceder a la presidencia de la entidad en 2004. Esa elección ya planteaba en sí misma algunas dudas. El exgerente, enfermero de profesión, admitió ante el juez que cuando lo nombraron no sabía nada sobre depuración de agua y que su experiencia como organizador era limitada. También contó que Crespo le explicó, al llegar a su nuevo despacho, que no podía tocar a ninguno de los cargos directivos de la entidad. En otras palabras, debía dejar que el sistema siguiera funcionando como hasta entonces.
A medida que avanzaba su declaración (que duró más de 24 horas repartidas en varias jornadas), Cuesta fue implicando más a Crespo. El exgerente afirmó que el alcalde de Manises le decía con quién contratar; le daba órdenes de pagar a las firmas ahora investigadas cuando había retrasos, y le impuso la contratación de cuatro personas (tres vinculadas a Manises y la cuarta, concejal del PP en Moncada) que nunca trabajaron para Emarsa y solo pasaban por allí para cobrar. Cuesta también declaró que era el vicepresidente de la Diputación quien elegía y a veces compraba personalmente los artículos de lujo (de marcas como Loewe o Montblanc) que se abonaban con dinero de la sociedad pública. A la vista de esas declaraciones, la fiscal del caso pidió al juez la imputación de Crespo.
Faltas a la verdad
El alcalde de Manises insistió en su inocencia y su confianza en la justicia. La imputación, afirmó, "será la mejor manera de defenderme de las reiteradas faltas a la verdad que el exgerente de Emarsa, Esteban Cuesta, profiere en cada una de sus declaraciones". "Que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que han cometido las presuntas irregularidades y constantemente lanzan injurias y calumnias hacia mi persona de forma tan grave", agregó.
El portavoz socialista en la Entidad de Metropolitana de Servicios Hidráulicos, Ramón Marín, consideró que el alcalde de Manises "ha sido por acción u omisión el principal responsable del saqueo de la depuradora". "Son dirigentes de su propio partido en la ciudad de Valencia, como Esteban Cuesta, los que sin ser desautorizados le están señalando directamente todos los días como el responsable de lo sucedido en [la planta de] Pinedo". "Hace tiempo que tendría que haber dimitido", concluyó Marín.
www.elpais.es 26.10.11
EL ALCALDE DE MANISES SOSLAYÓ SEIS AÑOS LAS IRREGULARIDADES DE EMARSA
Crespo se hizo con poderes casi absolutos en la sociedad saqueada
El juez Víctor Ríos dejó ayer en una posición muy delicada a Enrique Crespo, alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, del PP. El juez confirmó la imputación de Crespo en la causa que investiga el saqueo de Emarsa, la empresa pública de depuración del agua que el Partido Popular liquidó el año pasado con un agujero de 17 millones de euros después de haber pagado cantidades millonarias por suministros y servicios imposibles.
Ríos analizó, en un duro auto, las sospechosas decisiones que Crespo adoptó en su condición de presidente y consejero delegado de Emarsa entre 2004 y 2010. El alcalde de Manises desoyó seis años seguidos las advertencias sobre irregularidades en la contratación de Emarsa detectadas por los auditores. Logró, de un consejo de administración controlado ampliamente por su partido, que le fueran concedidos poderes casi ilimitados sobre la sociedad. Aseguró al consejo que la empresa pública no estaba mal presupuestariamente siete meses antes de que quebrara. Eligió como gerente de Emarsa a Esteban Cuesta quien, según la descripción que hace el juez, reúne varias de las características de un hombre de paja: "Carecía de la preparación exigible para administrar y gestionar una empresa de la naturaleza de Emarsa"; su nombramiento, "además, no fue seguido de medida alguna para reforzar su preparación".Cuesta, también imputado en la causa, enfermero y dirigente local del PP de Valencia, "no solo carecía de experiencia profesional en la gestión y administración de empresas sino que, según refiere, hasta la fecha de su designación como gerente de Emarsa ni tan siquiera había visto un simple pagaré", agrega el juez.
A pesar de ello, el alcalde de Manises consiguió que el consejo de administración de Emarsa le concediera a Cuesta, igual que había logrado para sí mismo, "amplísimas facultades". Y a pesar de ello, el también vicepresidente de la Diputación de Valencia se opuso a que estrechara el control sobre su gestión.
El juez reproduce un acta del consejo de administración de la sociedad en la que el portavoz socialista Ramón Marí reclamó "que para la concertación de contratos y disposición de fondos se requiera la intervención de al menos dos responsables con la firma mancomunada". "La exigencia de al menos dos firmas es una práctica recomendada por los auditores y está muy extendida no solo en las Administraciones públicas sino también en las empresas privadas", añadió Marí. El presidente respondió: "Si la facultad conferida por este consejo al gerente se ajusta a derecho, no cabe debate al respecto".
Según ha declarado el exgerente ante el juez, Crespo controló en todo momento la gestión de Emarsa, y fue él quien le indicó que contratase con las empresas ahora investigadas por estafar a la sociedad, quien elegía los artículos de lujo que se cargaron a su cuenta y quien le ordenó meter en plantilla a cuatro personas que solo iban por allí para cobrar.
El propio juez llega a una conclusión parecida: "El mismo [Crespo] ha sido conocedor en todo momento de la situación de la entidad. Las auditorías, las actas del consejo, los convenios suscritos y las declaraciones del señor Cuesta así lo ponen de manifiesto". La "lógica consecuencia" de todo ello, concluye Ríos, es imputar al alcalde de Manises por malversación en caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios.
Los socialistas y Esquerra Unida exigieron que Crespo presentase su dimisión como alcalde y vicepresidente de la Diputación o que fuese destituido por el PP. Crespo se defendió solicitando a su vez la dimisión del portavoz socialista Ramón Marí, del que dijo que "tenía los mismos poderes y funciones" que él en Emarsa.
www.elpais.es 27.10.11
EL JUEZ IDENTIFICA LA PRIMERA TRAMA DEL SAQUEO DE EMARSA
Ríos imputa a otras cuatro personas en el caso de la depuradora de Valencia
El juez Vicente Ríos, instructor del caso Emarsa, identificó ayer una primera trama en el saqueo de la sociedad pública de depuración del agua de Valencia, disuelta el año pasado por el PP con un agujero de 17 millones de euros, e imputó a otras cuatro personas. La investigación ha puesto de manifiesto hasta ahora que Emarsa pagó cantidades millonarias por suministros y servicios inverosímiles en un variado ámbito de actividades: tratamiento de lodos, transporte, material de oficina, dispositivos electrónicos y obras. A cuenta de la empresa pública se pagaron, además, artículos de lujo, viajes privados y salarios de personas que no llegaron a poner un pie en sus instalaciones ni a realizar ningún trabajo.
Actuaron de forma coordinada para lograr un beneficio ilícito, según el auto
El titular del juzgado número 15 de Valencia delimitó ayer en un auto una primera red de empresas que supuestamente participó en el saqueo a través de contratos de mantenimiento y albañilería. Se trata de Construcciones Rocafort y Mantenimientos Valmarks, controladas por los hermanos García Martínez. El juez destaca que existen indicios racionales de que las personas vinculadas a ambas empresas actuaron "coordinadamente con el objetivo de obtener un beneficio ilícito mediante la facturación a Emarsa, de manera continuada, durante años, de múltiples trabajos no realizados en la Edar (planta) de Pinedo; mediante la inclusión en las facturas de suministros de material y medios que proporcionaba la propia Emarsa, y mediante la facturación de un número de horas de mano de obra incompatible a todas luces con el más que exiguo número de trabajadores de las empresas".
"Todo ello", prosigue Ríos, "sin que por la gerencia de la empresa se opusiera reparo alguno al pago de las numerosísimas facturas". El gerente al que se refiere el juez es Esteban Cuesta, imputado por malversación, estafa y delitos societarios, que sigue siendo dirigente del PP de Valencia y que en sus declaraciones ha señalado al alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, también del PP, como instigador de las irregularidades.
Entre los nuevos imputados figura Javier García Martínez, hermano de los ya acusados María Paz, Víctor Manuel y Sebastián, que trabaja, además, como jefe de informática en Emarsa. Los otros tres nuevos imputados están vinculados a las mismas dos empresas de construcción.
www.elpais.es 20.10.11
EL PP MANTIENE SU SILENCIO SOBRE LOS IMPLICADOS EN EL 'CASO EMARSA'
Pons: "Es un asunto que debe resolver el juez. Y el fiscal no lo es"
"El caso Emarsa es un asunto que deberá resolver el juez y la fiscalía no es el juez". El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, no pudo ser más lacónico ni mostrarse más distante cuando ayer, en Oliva, se le preguntó si el PP pensaba adoptar medidas contra dos militantes de su partido: Enrique Crespo, alcalde de Manises y vicepresidente segundo de la Diputación de Valencia, y Esteban Cuesta, exalcalde pedáneo con Rita Barberá y que preside el PP de Benimàmet.
Dos dirigentes del PSPV reclaman la expulsión de Cuesta y Crespo del partido
La fiscal del caso pidió el pasado viernes que se imputara a Crespo, presidente de Emarsa, empresa que gestionaba la depuradora de Valencia, por los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios.
Cuesta, exgerente de la empresa, acusó ante el juez a Enrique Crespo de ser el instigador para contratar con empresas ahora investigadas, de ordenarle el pago a proveedores investigados cuando se producían retrasos, y de elegir personalmente de los catálogos los artículos de lujo, relojes, joyas, aparatos eléctricos y accesorios de automóvil que se cargaban a las cuentas de la empresa. La justicia investiga el saqueo de Emarsa, presuntamente por parte de los directivos de la depuradora, lo que condujo a la empresa pública a la quiebra con un agujero de 17 millones.
Pese a la gravedad de las acusaciones, el PP ha optado por mirar a otro lado. Por el contrario, los socialistas no están dispuestos a retirar el foco de unos hechos graves que afectan a las arcas públicas. Ayer tanto el concejal por el PSPV del Ayuntamiento de Valencia Pedro Sánchez, como el secretario de Organización de la provincia, Rafael García, urgieron a la alcaldesa, Rita Barberá, y al presidente de la Diputación, Alfonso Rus, a que expulsaran del PP a Crespo y a Cuesta.
García se preguntó cómo "dos dirigentes del PP que han tenido y tienen todavía importantes responsabilidades orgánicas están protagonizando un espectáculo sin precedentes, acusándose sin rubor de ser los responsables del saqueo a una simple depuradora que el PP ha convertido en cloaca".
El concejal Sánchez acusó a la alcaldesa de Valencia de "escurrir el bulto "en el caso Emarsa, a pesar de que la investigación ha puesto en el disparadero nombres de dirigentes del PP de la ciudad y de su Gobierno". Sánchez citó a otros políticos del PP que no están siendo investigados, pero que tuvieron responsabilidades en la depuradora, como los concejales Silvestre Senent y Juan Vicente Jurado y los presidentes de las agrupaciones de Trànsits y de Patraix, Ignacio Martínez y Santos Peral, respectivamente.
Los dos cargos socialistas señalaron que el agujero de la empresa puede alcanzar los 40 millones y recordaron que los delitos de estafa y malversación a los que se enfrentan los implicados acarrean penas de cárcel.
Rafael García interpeló directamente a Alfonso Rus, presidente provincial del PP, reclamándole "una acción contundente". "Podría abrir expediente temporal a los dos militantes hasta que la justicia lo resuelva, no decantándose por ninguno de ellos", sugirió. El secretario de Organización del PSPV de Valencia emplazó a Rus a que ponga orden en su partido y expulse "a Esteban Cuesta o a Enrique Crespo".
www.elpais.es 16.10.11
LA FISCALÍA ACUSA AL ALCALDE DE MANISES DE MALVERSACIÓN Y ESTAFA CONTINUADA
El fiscal pide imputarlo por el saqueo de Emarsa, la depuradora de Valencia
El saqueo de Emarsa, la sociedad pública dedicada a la depuración del agua de Valencia, que pagó importes millonarios por falsos servicios y suministros mientras sus dirigentes cargaban a sus arcas la compra de artículos de lujo y viajes privados hasta conducirla a la quiebra con un agujero de 17 millones de euros, que tendrán que asumir los ciudadanos, podría dar un cualitativo salto político. La fiscal del caso pidió ayer la imputación del vicepresidente segundo de la Diputación de Valencia y alcalde de Manises con el PP, Enrique Crespo por los supuestos delitos de malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios.
El ministerio público tomó la decisión a la luz de las declaraciones que desde hace una semana lleva realizando ante el juez Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, exalcalde pedáneo en el equipo de la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que sigue siendo dirigente local del PP. Desde que estalló el escándalo el vicepresidente de la Diputación ha intentando alejarse del mismo afirmando que desconocía el día a día de Emarsa. Las declaraciones de Cuesta han ido minando, sin embargo, su posición.
El exgerente ha asegurado ante el juez que Crespo no solo estaba al tanto de todas las supuestas irregularidades (se reunían una media de seis veces al mes en despachos oficiales y cafeterías), sino que era él, en su calidad de presidente de Emarsa, quien le instaba a contratar con las empresas ahora investigadas por estafa; le ordenaba adelantar el pago a los proveedores investigados cuando se producían retrasos; elegía personalmente de los catálogos los artículos de lujo, relojes, joyas, aparatos electrónicos y accesorios de automóvil que se cargaban a Emarsa, y en ocasiones era el propio alcalde de Manises quien adquiría los productos y le daba las facturas con la orden de pasar a abonarlos por establecimientos como Loewe.
"Mi postura era de fidelidad y de acatar lo que me decía mi presidente", declaró el exgerente ante el juez, incluso cuando ello implicaba firmar facturas supuestamente irregulares. Esa lealtad hacia Crespo incluyó, según afirmó Cuesta, la contratación de cuatro personas en Emarsa. Según la investigación, dichos fichajes cobraban de la sociedad pública a pesar de no poner nunca un pie en sus instalaciones ni realizar ningún trabajo conocido para el ente de depuración.
Uno de esos enchufados fue, según afirmó Cuesta, Luis Botella, abogado y concejal de Urbanismo en Moncada con el PP, a quien se considera la mano derecha en el municipio de Juan José Medina, alcalde de Moncada y vicepresidente primero de la Diputación de Valencia.
Crespo se defiende
Desde que Cuesta empezó a hablar ante el juez, hace ocho días, Crespo ha ido negando el contenido de las declaraciones mediante comunicados en los que acusaba al exgerente de intentar salvarse a sí mismo implicando a otros con falsedades. El vicepresidente de la Diputación de Valencia (cargo en el que el presidente Alfonso Rus lo reafirmó en julio, a pesar del escándalo) volvió a defenderse ayer, aunque en otro tono: "Como así he venido haciendo, muestro mi voluntad de colaborar con la justicia cuanto sea preciso y, en caso que el juez instructor del caso estime conveniente que acuda a prestar declaración en calidad de imputado, esta será la mejor manera de defenderme ante la ley con todos los garantes que pone a disposición de los ciudadanos la justicia".
El también alcalde de Manises confió en "que todo el peso de la ley caiga sobre aquellos que han cometido las presuntas irregularidades y a diario lanzan injurias y calumnias hacia mi persona de forma tan grave". La oposición lo vio de forma muy distinta.El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, señaló que Emarsa era "la certificación de que donde gobierna o ha gobernado el PP siempre aflora la corrupción"; "[Alberto] Fabra no puede ser el presidente que protege a los presuntos corruptos de su partido", añadió. El secretario general del PSPV-PSOE reclamó al presidente de la Generalitat que "tome decisiones y actúe sobre la corrupción". El grupo municipal de Esquerra Unida en Manises reclamó la dimisión de Enrique Crespo como alcalde: "Crespo tiene el derecho de defenderse a título particular de los graves hechos que se le puedan imputar, pero debe hacerlo sin manchar el cargo que ocupa ni el nombre del pueblo de Manises".
Al juzgado que investiga el caso Emarsa, el número 15 de Valencia, se le acumula el trabajo. El primer imputado llamado a declarar lo ha hecho ya durante 18 horas y continuará el lunes. Las citaciones para el resto de imputados (por el momento, otros dos directivos de Emarsa y tres empresarios) y testigos se alargarán durante todo el mes. El titular del juzgado pidió un juez de refuerzo y la Sala de Gobierno del Tribunal Superior Superior de Justicia (TSJ) valenciano acordó ayer trasladar la petición al Consejo General del Poder Judicial.
PP de Valencia
El exgerente de la sociedad de depuración señaló, durante su declaración del jueves ante el juez, los nombres de otras dos personas que intervenían de forma destacada en la marcha de Emarsa. Se trata de Santos Peral, que actuaba como jefe de contabilidad y es al mismo tiempo secretario general del PP en el barrio de Patraix, en Valencia. Y de Ignacio Martínez, jefe de compras de la empresa pública y a la vez secretario general del PP en el distrito de Trànsits, también en Valencia.
Víctor Manuel García Martínez, uno de los tres hermanos imputados por estafar de forma continuada a Emarsa cobrándole servicios y materiales inexistentes, afirmó ayer ante el juez que pese a figurar en el Registro Mercantil como administrador de una de las empresas investigadas, Sofitec, en realidad nunca actuó como tal. Víctor Manuel, albañil de profesión, afirmó que aceptó el cargo "por hacerle un favor" a su hermano Salvador García Martínez. Este compaginó el cargo de jefe de informática de Emarsa con el de proveedor informático de la sociedad pública. En siete años, le facturó 4,5 millones de euros.
www.elpais.es 15.10-11
RITA BARBERÁ INTENTA ALEJARSE DEL SAQUEO DE EMARSA
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, trató ayer de marcar distancias con el saqueo de Emarsa, la empresa pública de depuración del agua de la ciudad y su área metropolitana. Según la investigación judicial en marcha, la sociedad pagó decenas de millones de euros por falsos servicios y suministros inexistentes; y sus responsables, vinculados al PP, cargaron a Emarsa sus compras de artículos de lujo, viajes de ocio privados y cenas multitudinarias. Cuando la empresa pública fue disuelta, el año pasado, dejó un agujero de 17 millones de euros. Barberá fue ayer escueta ante los periodistas: "Está habiendo declaraciones ante el juez y será lo que diga el juez. Yo no tengo absolutamente nada que decir".
El problema es que quien ha declarado hasta ahora ante el juez es Esteban Cuesta, exgerente de Emarsa, imputado por malversación de caudales públicos, que sigue siendo presidente del PP del distrito de Poblats de l'Oest de Valencia. Y el poder que Barberá ejerce sobre el partido en la ciudad es prácticamente absoluto.
Cuesta ha señalado como responsable principal del saqueo en la sociedad pública a Enrique Crespo, alcalde de Manises del PP, vicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente de Emarsa. Pero en su declaración el exgerente también ha asegurado que algunas de las empresas investigadas ahora por estafa continuada a la sociedad de depuración de aguas ya estaban contratadas por Emarsa antes de que él y Crespo empezaran a dirigir Emarsa, en 2004.
Control de Valencia
Los dos presidentes anteriores de la empresa pública fueron Vicente Jurado y Silvestre Senent, hombres de total confianza de Barberá, que siguen formando parte de su equipo de Gobierno. Jurado, como concejal de iluminación y fuentes ornamentales; y Senent, como concejal de Hacienda. Ello no es sorprendente porque el Ayuntamiento de Valencia dispone del 45% de los votos en la Emshi, la entidad pública que controló Emarsa hasta que esta fue disuelta. Sumados al resto de municipios gobernados por el PP, el partido domina el 77% de los votos.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, instó a Barberá a "depurar responsabilidades" y dijo que la alcaldesa es "el común denominador en las sospechas sobre la gestión de las empresas públicas". Los socialistas de Manises lamentaron, por su parte, que Crespo haya convertido al municipio "en el epicentro de un nuevo caso de corrupción".
www.elpais.es 12.10.11
EL EXGERENTE DE EMARSA IMPLICA AL ALCALDE DE MANISES: "LO SABÍA TODO"
Cuesta dice ante el juez que Enrique Crespo le instaba a pagar y a contratar con los empresarios ahora imputados por estafa
El exgerente de Emarsa y exalcalde pedáneo de Benimàmet con el PP, Esteban Cuesta, declaró ayer ante el juez que investiga el supuesto saqueo de la empresa pública, dedicada a la depuración del agua del área metropolitana de Valencia. En el caso Emarsa están imputados, además de Cuesta, otros dos directivos de la sociedad así como seis empresarios que presuntamente cobraron decenas de millones de euros por servicios que en realidad nunca prestaron y por suministros que no llegaron a entregar. Cuesta, según fuentes conocedoras de su declaración, afirmó ante el juez que Enrique Crespo, expresidente de Emarsa y alcalde de Manises, del PP, "tenía conocimiento de todos los contratos" ahora investigados.
Según las facturas, un obrero habría trabajado todo un mes 21 horas al día
Cuesta aseguró que se reunía una media de seis veces al mes con Crespo y que en esos encuentros le mantenía al tanto de los contratos. En ocasiones, afirmó el exgerente, era el propio alcalde de Manises quien le instaba a pagar a las empresas ahora bajo sospecha cuando se producían retrasos. Los empresarios, precisó Cuesta, se quejaban a Crespo y a continuación este le daba al exgerente la orden de que les pagara.
No solo eso. Según Cuesta, fue el mismo alcalde de Manises el que le dio indicaciones para contratar con una de las empresas investigadas, Viajes Benimàmet. Crespo acusó a Cuesta de faltar a la verdad y dijo que su declaración no le sorprendía.
Viajes Benimàmet facturó a Emarsa 300.000 euros entre 2006 y 2010. Algunas facturas revelan lo que parece un poco elaborado sistema de estafa. En 2009 la firma cobró a Emarsa exactamente por los mismos supuestos viajes que ya le había cobrado en 2005: el 7º Congreso de Calidad, la 1ª Cumbre de Excelencia... El exgerente no pudo, según las fuentes consultadas, dar una explicación coherente. Ni tampoco de cómo fue posible que en solo seis meses Emarsa comprara 174 teclados de ordenador cuando solo tenía 30 puestos de trabajo informatizados.Las empresas de informática Microprocesadores Valencia y Sofitec suministraron igualmente a Emarsa, entre enero y julio de 2010, 149 ratones de ordenador, 141 licencias antivirus, 140 placas base, 105 altavoces, 79 monitores, 71 discos duros internos y 49 discos duros externos. El administrador de ambas empresas, que facturaron 4,5 millones de euros (748 millones de pesetas) a la empresa pública en los seis años en que estuvo gestionada por Cuesta y presidida por Crespo, es Sebastián García Martínez, imputado en el caso.
En una muestra del aparente descontrol en el que se hundió Emarsa, Sebastián García Martínez actuaba al mismo tiempo como jefe del departamento de informática de la sociedad pública. Era el encargado, entre otras cosas, de verificar que el material pagado efectivamente llegaba a las instalaciones de Emarsa, según declaró ayer Cuesta ante el juez.
El exgerente reconoció que la situación era "extraña" porque Sebastián García Martínez figuraba en la web de Emarsa como jefe de informática, y actuaba como tal, pero no llegó a estar en nómina de la sociedad.
Cuesta reconoció también que durante dos años, de 2004 a 2006, estuvo cobrando al mismo tiempo como alcalde pedáneo de Benimàmet, cargo en el que le nombró la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a pesar de que su contrato como gerente de Emarsa le exigía exclusividad. Cuesta afirmó que fue él quien solicitó cesar como alcalde pedáneo en una carta remitida a Barberá.
Una hermana de Sebastián García Martínez, María Paz, también imputada, administraba otras dos empresas de mantenimiento y reformas que facturaron 4,2 millones de euros a Emarsa. El juez interrogó al exgerente sobre la sorprendente circunstancia de que buena parte de los trabajos que ambas firmas cobraron figuran como realizados en edificios y maquinaria que nunca han existido. Y por el hecho de que una de las empresas cobró en enero de 2010 910 horas de mano de obra. El problema es que según la investigación el trabajo fue realizado por solo dos empleados. De modo que, descontados los días festivos, los dos obreros tendrían que haber trabajado ese mes unas 21 horas al día para que las cuentas cuadrasen.
El juez continuará el lunes interrogando al exgerente de la sociedad pública.
El escándalo de la empresa pública de depuración del agua de Valencia
- Emarsa. Era la empresa pública dedicada a sanear el agua del área metropolitana de Valencia.
- Controlada por Valencia. Emarsa dependía, a su vez, de la Emshi, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos, en la que están representados diversos Ayuntamientos y que controla, en la práctica, el Consistorio de Valencia.
- Más sueldo que Zapatero. Nueve directivos de Emarsa cobraban en 2010 bastante más de 78.200 euros al año, que es el salario del presidente del Gobierno.
- Agujero de 17 millones. Cuando las primeras sospechas de irregularidades saltaron a la luz, Enrique Crespo, alcalde de Manises y presidente de la sociedad pública, optó por disolverla debido a su mala situación económica. La disolución dejó un agujero de 17 millones de euros.
- Denuncia a la fiscalía. Los socialistas llevaron la gestión de Emarsa a la fiscalía. Entre otras cosas por haber violado los "principios de publicidad y competencia" en la contratación.
- Millones por nada. La investigación reveló que la sociedad había pagado decenas de millones de euros por servicios y trabajos que nunca se realizaron.
- Seis imputados. El juez ha imputado a tres dirigentes de Emarsa y seis empresarios por malversación y estafa. Esas seis empresas facturaron a Emarsa 30 millones.
www.elpais.es 08.10.11
EL ALCALDE DE MANISES CARGÓ ARTÍCULOS DE LUJO A EMARSA, SEGÚN EL GERENTE
Cuesta acusa a Crespo de decidir con quién y cómo contratar
El exgerente de Emarsa, la sociedad dedicada a la depuración del agua de Valencia, declaró ayer ante el juez que el alcalde de Manises y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, del PP, compraba artículos de lujo y le ordenaba que pasara a abonarlos por el establecimiento a cargo de la empresa pública. "En ocasiones venía con la factura y me decía que me acercara a tal sitio a pagar", afirmó ayer el exgerente, Esteban Cuesta, según fuentes conocedoras de su declaración.
La empresa pública, que fue disuelta por el Partido Popular con un agujero de 17 millones, gastó decenas de miles euros en comercios como Loewe y en marcas como Mont Blanc. En El Corte Inglés, la sociedad adquirió entre 2006 y 2009 relojes, accesorios de automóvil, artículos de fotografía, teléfonos y regalos de Navidad. Según afirmó ayer el exgerente, todas esas compras se realizaban por indicación del alcalde de Manises: "Tenía catálogos de las marcas y era él quien elegía los regalos".
La investigación del caso Emarsa, en el que están imputados tres directivos de la sociedad pública y seis empresarios por malversación de caudales públicos, estafa continuada y delitos societarios, ha destapado que la sociedad pública pagó supuestamente decenas de millones de euros por servicios inexistentes y por suministros que nunca llegaron a la planta de Pinedo que gestionaba.
Desde que el viernes empezó a declarar ante el juez, el exgerente ha apuntado a Crespo, que fue presidente de Emarsa desde 2004 hasta su disolución en 2010, como responsable de las supuestas irregularidades. El año pasado, en su declaración ante el fiscal, el alcalde de Manises afirmó que no conocía el día a día de la gestión de Emarsa. Ayer fue más contundente: "No me van a amedrentar las mentiras, calumnias y falsas acusaciones lanzadas por un imputado que probablemente utiliza la única estrategia de defensa que le es posible, basada en constantes y reiteradas faltas a la verdad que niego rotundamente".Frente a la relación formal que Crespo dijo al fiscal que mantenía con Cuesta, ceñida a las periódicas reuniones que se celebraban con motivo del consejo de administración de la sociedad, el exgerente dibujó ayer un panorama bien distinto. Las reuniones eran numerosas, unas seis al mes. Y eran muy flexibles. En ocasiones Crespo lo citaba en su despacho de la alcaldía de Manises; otras veces en su despacho de la Diputación de Valencia, y otras "en cualquier cafetería" de la ciudad.
Fue Crespo, siempre según Cuesta, quien le instó a contratar con Construcciones y Reformas Rocafort, Mantenimientos Valmasrk, Microprocesadores Valencia, Sofitec Informática y Viajes Benimàmet, todas ellas investigadas ahora por haber facturado servicios y suministros inverosímiles a la sociedad pública. Y fue también Crespo quien le instó a contratar una caja de seguridad en Bankinter para guardar "importantes documentos".
El enfrentamiento entre el expresidente y el exgerente de Emarsa tiene algo de fratricida. Porque Cuesta, aunque con un peso mucho menor que Crespo, también forma parte del Partido Popular, y según las fuentes consultadas ayer sigue siendo presidente de la agrupación local del PP en Poblats del Oest, Valencia.
Según afirmó Cuesta ante el juez, Crespo no solo decidía con qué empresas había que firmar acuerdos, sino que también bajaba al detalle de señalar a qué personas contratar. Fue el alcalde de Manises por ejemplo, afirmó, quien decidió que había que requerir los servicios de Producciones Ageiron, que facturó a Emarsa 58.400 euros en dos años por suministrar bolígrafos, sacapuntas, bolsas y otros artículos con el logotipo de Emarsa.
Y que también contaban con el visto bueno de Crespo las decisiones de contratar con las empresas Arrima, que cobró 157.000 euros a la sociedad pública por dar cursos de formación que excedían, aparentemente, el número y perfil de la plantilla de Emarsa; y Mas Azafatas (118.000 euros), que básicamente proveía servicios de azafatas en las ferias a las que asistía la empresa. Arrima era administrada por el hermano del director financiero de Emarsa, Enrique Arnal (también imputado). Y Mas Azafatas, por la pareja del mismo director financiero.
El exgerente de Emarsa, enfermero de profesión, llegó al cargo de la sociedad pública por decisión política en un ámbito, el de la depuración del área metropolitana de Valencia, que lleva años controlado cómodamente por el PP y, especialmente, por el Ayuntamiento de Valencia que gobierna Rita Barberá, que dispone de casi el 50% de los votos en la Emshi, la sociedad pública de la que dependía Emarsa.
Cuesta reconoció ayer que cuando fue nombrado no tenía ninguna formación ni sabía cómo funcionaba una depuradora. Su paso por la gerencia de Emarsa coincidió, sin embargo, con una buena época económica. Entre 2005 y 2009, según reconoció ante el juez, hizo pequeños pero numerosos ingresos en efectivo en su cuenta que superaron los 251.000 euros. El exgerente lo atribuyó a la venta de un terreno, de un piso y a la devolución de dinero por parte de familiares
Los números de Emarsa
- Empresas investigadas. Las seis empresas bajo sospecha por facturar a la sociedad pública servicios y suministros falsos cobraron 32 millones de euros en los seis años en los que Esteban Cuesta fue gerente y Enrique Crespo, presidente.
- Agujero. En el momento de su disolución, decidida cuando saltaron las sospechas sobre la gestión, la empresa pública de depuración de agua dejó un agujero de 17 millones de euros.
- Artículos de lujo y regalos. Emarsa gastó en tres años 12.000 euros en artículos de Loewe y 76.000 en compras de relojes, accesorios de automóvil, ordenadores personales...
- Órdenes. Según declaró ayer el exgerente, era el alcalde de Manises y presidente de Emarsa quien elegía los obsequios.
www.elpais.es 11.10.11
EMARSA PAGÓ CENAS Y COMIDAS FALLERAS CELEBRADAS EN MANISES
La empresa pública, presidida por el alcalde, es investigada por estafa
Emarsa, la empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, ahora liquidada, dio mucho de sí en gastos que no correspondían a trabajo alguno. De hecho, su gestión está inmersa en una investigación judicial como consecuencia de una querella presentada, cuando empezaron a hacerse públicas las irregularidades el verano pasado, por la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), de la que dependía. En Emarsa, cuyo gerente, Esteban Cuesta, y director de Finanzas, Enrique Arnal, están imputados por estafa, malversación y administración desleal, se pagaron transportes de lodos inexistentes, equipos informáticos no suministrados y facturas de mantenimientos y de obras nunca realizados. La empresa también pagó viajes, azafatas, cursos de formación y voluminosas facturas en restaurantes.
"No se han inventado las facturas. Son gastos de Fallas". El propietario del restaurante de Manises que cobró 3.780 euros en siete facturas entre los días 10 y 13 de marzo de 2008 a la Empresa Metropolitana de Aguas de Valencia, SA (Emarsa) reconoció ayer a preguntas de este diario que sirvió comidas y cenas por encargo de la Junta Local Fallera, como ocurre desde hace años, y que la facturación de los gastos suele partirse a la hora de distribuir su pago entre "empresas que se supone que son colaboradoras".
Las facturas corresponden a servicios de comidas y cenas de 12 a 25 personas y están fechadas entre el 10 y el 13 de marzo, jornadas previas a los días oficiales de las celebraciones falleras. José María Maya, propietario del restaurante Pepe, señaló que hace tiempo que trabaja para la Junta Local Fallera en los días de las fiestas. "Don Pedro, su hija Paqui, que es la concejal de festejos, y el alcalde son los que se encargan", explicó.
El presidente ejecutivo de la Junta Local Fallera de Manises es Pedro Montoro y la concejal de Fiestas, Paqui Montoro. El alcalde de la localidad y presidente nato de la Junta Local Fallera es Enrique Crespo, del PP, presidente de la Emshi y también de Emarsa, la empresa investigada por un fraude que podría superar los 30 millones de euros. Crespo, en tanto que presidente de la Emshi, es el promotor de la querella contra los dos ex directivos de Emarsa. Una querella cuya ampliación frenó el pasado mes de enero porque el documento preparado por el equipo de abogados pedía prisión preventiva para el gerente y el director financiero. El director gerente, Esteban Cuesta, es miembro de la dirección local del PP en Valencia, que controla la alcaldesa Rita Barberá, y Arnal fue concejal en Moncada por Unión Valenciana. La ampliación de querella frenada por Crespo añadía entre los implicados a un concejal del PP de Albuixec, José Alcácer, cuya empresa aparece implicada en el supuesto falseamiento de transportes de lodos de la depuradora a campos de cultivo en Requena y otras localidades.
Los socialistas, que habían llevado el caso de Emarsa a la Fiscalía Anticorrupción antes de que la mayoría del PP en la entidad metropolitana optara en noviembre por presentar la querella, solicitaron personarse en la investigación judicial como acusación particular. El titular del juzgado número 15 de Valencia lo rechazó por cuestiones formales al admitir a trámite la querella el pasado día 14 de enero. Sin embargo, los socialistas tuvieron noticia ayer de que sí que ha sido admitida finalmente su personación, pero en calidad de acusación popular.
De acuerdo con lo manifestado por Crespo, la Emshi prepara otro documento de ampliación de querella, que ha sido encargado a un letrado distinto. La investigación interna de la gestión de Emarsa realizada por personal de la entidad metropolitana ha revelado una gran cantidad de irregularidades, sobrecostes y facturaciones de trabajos inexistentes.
La Generalitat ha dejado la gestión de la depuradora de Pinedo, que da servicio a los municipios del área metropolitana de Valencia, en manos de una empresa concesionaria por 13,5 millones de euros anuales, nueve millones menos de los que costaba con la empresa pública Emarsa.
www.elpais.es 12.02.11
Crespo admite que Gimeno recibió 300.000 euros de Emarsa "por nada"
Los socialistas acusan al presidente de Emshi de "tapar su nefasta gestión"
El ex portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia Juan Carlos Gimeno cobró más de 300.000 euros de Emarsa "por nada". Lo denunció hace unas semanas el portavoz socialista en el Emshi, Ramón Marí, pero ahora existe confirmación por escrito. Y quien lo reconoce es el propio presidente de la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y alcalde de Manises, Enrique Crespo, quien reconoce que "no se tiene constancia de trabajos efectuados" por la empresa propiedad de Gimeno, el Instituto de Empresa del Mediterráneo, SL. Este dirigente fue uno de los altos cargos de la depuradora de Pinedo en la época en la que presidía la Entidad Metropolitana el concejal Silvestre Senent, como jefe de Calidad. Pero a partir de 2005, ya fuera de Emarsa, se convirtió en proveedor externo y ha facturado a través de su empresa más de 300.000 euros.
· Emarsa pagó por trabajos desconocidos a un asesor del PP provincial
· Crespo califica de esperpéntica y vergonzosa la actitud del PSPV
La respuesta está incluida en una carta que Crespo envió el pasado 3 de diciembre al portavoz socialista en contestación a su demanda de información contable. "Crespo niega al Grupo Socialista las facturas que delatan su nefasta gestión al frente de Emarsa", insistió Marí. Los socialistas llevan solicitando desde el 11 de octubre fotocopias de las facturas llegadas después de la liquidación provisional de cuentas, de las de servicios técnicos y jurídicos y de las emitidas por Emarsa desde 2004 a 2010.
Entre estas facturas están algunas de las abonadas a empresas vinculadas al PP, que habrían cobrado más de 5,5 millones de euros de Emarsa desde que Crespo tomó las riendas de la depuradora.
Junto a los pagos a la empresa del ex portavoz del PP en el Consistorio, aparecen otros al primer teniente de alcalde de Montcada y asesor jurídico del PP provincial, Luis Botella de las Heras -115.000 euros por trabajos también desconocidos-, y a dos asesoras del Ayuntamiento de Manises que, en palabras de Marí, "solo iban a cobrar pero se desconoce su tarea". El consejero socialista en el Emshi solicitó el 13 de septiembre copia de las facturas de la periodista -asesora de Crespo en el Consistorio de Manises-, y tres meses después y tras múltiples denuncias, ha obtenido la negativa. En su misiva a Marí, Crespo le dice que la oposición "no tiene derecho a tener de forma indiscriminada y abusiva todas las fotocopias que se soliciten".
"Como ha pasado con Gürtel, el señor Crespo ha optado por obligarnos a acudir a los tribunales para poder acceder a la documentación solicitada", se quejó Marí. El portavoz socialista entiende que el presidente de la Emshi "se ha autoinculpado" con la carta del 3 de diciembre y "ha demostrado que ha llegado al fin de su carrera política sin madurez suficiente para asumir responsabilidades". Crespo, por su parte, acusó al socialista de mentir "más que Pinocho" pues, según explicó, la Emshi solo posee la documentación contable de Emarsa y por eso no le constan los papeles de la empresa de Gimeno. Según Crespo, esos documentos son "no contables" y la Emshi no los tiene, como tampoco tiene "otras certificaciones de calidad".
www.elpais.es 14.12.10
Crespo oculta el contrato de dos asesoras en Emarsa
Los socialistas llevan semanas sin recibir contestación alguna del presidente del ente metropolitano del agua (Emshi) y alcalde de Manises, Enrique Crespo, a la petición de información sobre dos asesoras "que contrató en la depuradora de Pinedo y que nunca trabajaron allí".
Según el portavoz socialista en el Emshi, Ramón Marí, una periodista y una abogada cobraron 88.000 y 65.000 euros, respectivamente, "sin haber pisado nunca las instalaciones de la depuradora" -gestionada hasta hace poco por Emarsa- y "con el único aval de haber sido personal de confianza del alcalde de Manises". Marí ha pedido en reiteradas ocasiones las facturas de los trabajos de estas dos asesoras de Crespo, pero desde el 15 de octubre no les están suministrando documentos. "Crespo ha impuesto la ley del silencio", según Marí.
El socialista recordó cómo Crespo reconoció en la asamblea general de la Emshi del pasado 28 de noviembre que conocía a ambas asesoras, "pero fue incapaz de explicar por qué se les pagó ni tampoco asumir su responsabilidad por haberlo hecho", enfatizó.
www.elpais.es 07.12.10
DIEZ FIRMAS VINCULADAS A CARGOS DEL PP FACTURARON 5,5 MILLONES A EMARSA
Rita Barberá, que tenía la mayoría en Emarsa, no tiene "nada" que decir
El dinero de la depuradora de Pinedo no sirvió solo para pagar bolsos de lujo, viajes de fin de año y vacaciones estivales. La investigación interna ha permitido constatar que Emarsa -la empresa pública controlada por el PP que gestionó la depuradora de Pinedo hasta el pasado verano- pagó hasta 5,5 millones de euros a una decena de empresas relacionadas con cargos populares entre los años 2004 y 2010. Estas cantidades figuran en la contabilidad de Emarsa. Según el portavoz socialista, Ramon Marí, los pagos no especifican los trabajos realizados o se sustentan en contratos y adjudicaciones irregulares.
Crespo dice que si el PSPV mantiene las denuncias tendrá problemas judiciales
El ente metropolitano del agua (Emshi), que preside el popular Enrique Crespo, que también presidía Emarsa, insistió ayer en que pondrá a disposición judicial todas las facturas y los informes de la antigua gestora de la depuradora de Pinedo y reclamó a los socialistas que aguarden a que concluya la investigación antes de "difamar" al PP. El ente metropolitano, presionado por la decisión de los socialistas de denunciar ante la fiscalía las graves irregularidades halladas en la depuradora, presentó el pasado 3 de noviembre una querella por estafa continuada, malversación de caudales públicos y delito societario contra el gerente de la depuradora, Esteban Cuesta -que preside una agrupación del PP en Valencia- y el director financiero, Enrique Arnal, ex concejal de Moncada.La documentación de la depuradora de Pinedo consultada por los socialistas indica que unos familiares del alcalde de Moncada y vicepresidente de la Diputación de Valencia, Juan José Medina, y su primer teniente de alcalde, Luis Botella, figuran entre los proveedores de Emarsa.
Gea Manuel, SL, facturó desde el año 2004 algo más de 1,66 millones de euros por trabajos de electricidad para la depuradora de Pinedo sin que conste expediente de contratación, según el socialista Ramon Marí. La mayor facturación, 360.000 euros, se realizó en el año 2006, aunque trabajaron ininterrumpidamente para Emarsa desde 2004. La facturación del primer teniente de alcalde de Moncada, también del PP, se inició un año después y se prolongó hasta este año. En total, cobró casi 115.000 euros por trabajos que no se han especificado.
Los socialistas insistieron ayer en que otras dos personas de confianza del presidente de Emarsa y alcalde de Manises, Enrique Crespo, también fueron contratadas por la depuradora: una periodista, que desde 2006 hasta 2010 cobró como autónoma 88.000 euros -unos 24.000 euros anuales-, y una abogada de familia, que en el mismo periodo facturó 65.000 euros. Ambas habían sido asesoras de Crespo en el Ayuntamiento.
Además de estas facturaciones hay que añadir las de Hispavas, SL, firma del concejal del PP de Albuixech José Alcácer y de su mujer, que facturaron en el citado periodo un total de tres millones de euros por el traslado de lodos, sin que los socialistas tengan constancia de que existiese un expediente de contratación.
Las facturaciones vinculadas a personas próximas a cargos del PP la completan el Instituto de Empresas del Mediterráneo, relacionado con el ex concejal popular de Valencia Juan Carlos Gimeno, que facturó 304.000 euros desde 2005 por trabajos sin especificar, y las de las empresas de familiares de Enrique Arnal, el director financiero de la depuradora de Pinedo ahora denunciado.
Entre las firmas próximas a Arnal que facturaron a la depuradora de Pinedo está el grupo Mas -empresa de su mujer que facturó 113.000 euros en 2008 y 2009-, Arrima -empresa de un hermano que entre 2004 y 2009 facturó 190.000 euros- y Técnicas de Gestión y Comunicación -también de un hermano y que facturó más de 15.000 euros- por servicios de formación, azafatas y comunicación.
"El PP debe tomar medidas y depurar responsabilidades. Los que mandaban en Emarsa estaban vinculados al PP, los que firmaron el pago de facturas estaban vinculados al PP y los que cobraron más de 5,5 millones de euros estaban vinculados al PP", afirmó ayer el socialista Ramon Marí, que añadió: "Los vecinos de Valencia y de los otros 51 municipios [a los que presta servicio la depuradora de Pinedo] no tienen por qué pagar lo que hayan hecho los ladrones, voten o no al PP".
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que disponía de la mayoría de los votos (45%) en la empresa que gestionaba la depuradora de Pinedo, se negó ayer a hablar del tema. "A mí me preocupa cualquier caso de una mala gestión, pero está en los jueces todo, no tengo nada que añadir". "Es un tema del que no voy a hablar, no tengo nada que añadir", sentenció.
Enrique Crespo criticó a los socialistas por "difamar gratuitamente a expensas como se está de una investigación judicial". El presidente de Emarsa amenazó al socialista Ramon Marí con que tendrá "serios problemas judiciales si no demuestra toda la sarta de mentiras, tramas, corruptelas e infundios que va lanzando contra el PP". Crespo no desmintió, sin embargo, los datos facilitados por los socialistas respecto a los contratos a empresas cercanas al PP.
El alcalde de Manises argumentó que el PSPV sabe que el ente metropolitano tiene en marcha una ampliación de la querella presentada en el juzgado número 15 de valencia contra el gerente y director financiero de la depuradora.
Facturas polémicas
- Moncada. Gea Manuel, SL, firma de familiares del alcalde de Moncada, Juan José Medina, facturó desde 2004 1,66 millones de euros por trabajos eléctricos. Del primer teniente de alcalde de Moncada también constan facturas por importe de 115.000 euros por trabajos no especificados.
- Albuixech. Hispavas, SL, firma del edil popular José Alcácer y su mujer, presentaron facturas por importe de tres millones entre 2004 y 2010 por el traslado de lodos.
- Valencia. La firma vinculada al ex edil del PP de Valencia Juan Carlos Gimeno facturó 305.000 euros desde el año 2005.
- Manises. Dos personas de confianza del alcalde fueron contratadas a partir de 2006 y facturaron en conjunto 153.000 euros
www.elpais.es 03.12.10
Los gestores de lodos de Emarsa justificaban facturas de vertidos en parcelas inexistentes .
Un concejal del PP de Albuixech se encarga del transporte de residuos de la depuradora y ha facturado 320.000 euros
Las dos empresas que se encargaban de la gestión de los lodos de la depuradora de Pinedo y que ahora están denunciadas en el juzgado justificaron facturas de vertidos de fangos en parcelas que no existían, según concluye un informe encargado por la propia Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) tras el estallido del escándalo en la gestión de Emarsa. El informe, que que está fechado el pasado 26 de noviembre, revela que Notec SL y Printergreen cobraban a la depuradora por verter lodos en campos en los que nuca se se depositó nada, según los propietarios de los terrenos entrevistados por los técnicos de la entidad metropolitana. El presunto fraude podría ser de miles de toneladas solo entre enero y junio de 2010, plazo de tiempo sobre el que se ha investigado.
Los técnicos de Emarsa tomaron como referencia el listado de parcelas donde supuestamente Pintergreen y Notec SL habían depositado los lodos procedentes de Emarsa y por los que cobraban. En uno de los campos, en Camporrobles, Printergreen tenía facturados el vertido de 355,57 toneladas. Tras entrevistar a su propietario, éste aseguró que "nunca han puesto lodos en sus campos".Además, en el cuestionario, se le mostraron nombres de supuestos propietarios de terrenos en su pueblo y "no reconocía ninguno de los nombres".
En otra de las entrevistas realizada por los técnicos, esta vez en una parcela de Requena, el propietario asegura que en 2010 se habían vertido en los meses de enero, febrero y mitad de marzo. Desde esa fecha está prohibido por una ordenanza municipal. En este caso, Printergreen asegura haber vertido lodos en abril y junio, algo imposible porque está prohibido y además porque el propio propietario lo niega. En estas parcelas la firma radicada en Barcelona facturó 3.514 toneladas de fangos de la depuradora. Por su parte, Notec facturó en el mes de marzo, un total 1.427 toneladas.
Printergreen, según el PSPV una empresa fantasma, y Notec SL, una firma de venta de coches, están denunciadas por la Emshi tras el informe para liquidación de la auditora que ya revelaba irregularidades de este tipo. Entre las dos han facturado más de 3 millones de euros en los años años en que trabajarán para Emarsa. Según fuentes de la entidad metropolitana esta investigación de los técnicos de la Emshi será incorporada a la denuncia. Por su parte, Notec pide una indemnización de 24 millones de euros por la rescisión del contrato "blindado" que tenía con Emarsa para el tratamiento de lodos.
Los lodos no se secan
Pero al parecer, las supuestas irregularidades en la facturación de los lodos no han sido las únicas detectadas en este informe de la Emshi. Según los testimonios recogidos por los técnicos, los lodos no pasarían por el proceso obligatorio de secado con el peligro que eso supone para el medio ambiente. En la mayoría de casos, la empresa que cobraba más de 50 euros por tonelada en la gestión no escampaba los lodos por el campo y era el propio agricultor el que lo debía hacer.
En estos momentos, la gestión de los fangos de la depuradora de Pinedo la realiza una UTE capitaneada por Aguas de Valencia. Eso sí, el transporte se contrata a través de Emarsa directamente y ha recaído en 2010 en Hispavás, la empresa de José Alcácer García, un concejal del PP de Albuixech. En lo que llevamos de año ha facturado 321.086 euros. Según el PSPV, su mujer, Francisca Ruiz, quien según el registro mercantil está dada de alta como autónoma transportista, habría facturado a la depuradora de Pinedo hasta 2.668.511 euros desde 2004.
Pero pese a la rescisión del contrato con las dos empresas denunciadas, la UTE que actualmente gestiona los lodos de la depuradora tampoco realiza en su totalidad el proceso de secado de los lodos que gestiona, según ha podido saber Levante-EMV y comprobar "in situ" tras un seguimiento. Campos de Requena, la Font de la Figuera y Moixent son los que están recibiendo ahora los fangos de Emarsa.
Los tres denunciados, desaparecidos o de baja
Tres de los cinco denunciados por el agujero de Emarsa se encuentran en paradero desconocido o de baja laboral. Así, el que fuera gerente de la empresa que gestiona la depuradora, Esteban Cuesta, hace días que ya no coge el teléfono. Ni muchos de sus más allegados pueden contactar con él. Por su parte, Enrique Arnal, el director financiero, ha enviado a la depuradora un parte de baja laboral por depresión. El tercero de los denunciados, Sebastián García Martínez, quien tenía el contrato de mantenimiento informático por el que cobró cantidades elevadísimas, nada más estallar el asunto se marcho de viaje a China. Fuentes conocedoras del caso afirman que ya ha llegado. s. pitarch valencia
www.levante-emv.com 03.12.10
© Copyright. 1998 - 2015.
www.losgenoveses.net . Ningún derecho
reservado. Aquí es todo de gratis y sin comisiones
( Página diseñada para
ver con Explorer 8 o
superior a 1024 x 768 píxeles )
