OPERACIÓN BRUGAL

 ripoLl EN EL YATE  DE SU AMIGO  ortiz.

LAS NOTICIAS AL DÍA 

LA JUEZ PROCESA POR CORRUPCIÓN AL EXPRESIDENTE DEL PP DE ALICANTE

La magistrada cierra la instrucción y mantiene la acusación contra José Joaquín Ripoll y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll por amañar el plan de residuos de La Vega Baja

El expresidente del PP provincial y de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll y los empresarios Enrique Ortiz —imputado también en el caso Gürtel— y Ángel Fenoll están más cerca del banquillo. La magistrada de Orihuela que instruye el denominado caso Brugal ha decidido procesar a Ripoll, Ortiz y Fenoll como supuestos autores de seis delitos relacionados con la corrupción por amañar el plan de basuras de la comarca de La Vega Baja.

Tras la investigación, que se ha prolongado durante ocho años, la juez ha decidido procesar también a la exalcaldesa de Orihuela del PP Mónica Lorente, al exportavoz socialista en la Diputación de Alicante Antonio Amorós y a otras 10 personas más entre empresarios, políticos y técnicos de la Administración. A todos ellos la juez los considera autores de los delitos de prevaricación, cohecho, fraude a la Administración, actividades prohibidas a funcionarios públicos, tráfico de influencias, revelación y recibimiento de secretos o información privilegiada de la Administración.

La instructora da un plazo de 20 días al fiscal y a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral con sus respectivas calificaciones o el sobreseimiento de la causa.

Para la magistrada, las investigaciones han permitido acreditar los indicios de "una trama organizada en torno a los empresarios Ángel Fenoll, su hijo Antonio Fenoll, Enrique Ortiz, Manuel Garriga y Rafael Gregory" para obtener información de responsables de la Diputación de Alicante, que presidía José Joaquín Ripoll, y de los ayuntamientos de Orihuela y Pilar de la Horadada a cambio de dádivas.

Según el auto de la juez, Ripoll se prestó a servir los intereses de los empresarios "a cambio de contraprestaciones". El primer objetivo de la trama, que implica a exdirigentes del PP, fue lograr la adjudicación del plan de residuos de la comarca de La Vega Baja. La investigación apunta que una vez que Fenoll y su hijo supieron, antes de hacerse pública, que la adjudicación sería para la oferta presentada por los empresarios Enrique Ortiz y Manuel Garriga, intentaron venderles a los ganadores los terrenos que habían comprado en 2007 para presentarse a la adjudicación del plan de basuras por un precio muy superior al abonado en su día.

Todo ello "con el beneplácito y teniendo en todo momento conocimiento de las gestiones realizadas" el entonces presidente del PP provincial José Joaquín Ripoll y la entonces alcaldesa de Orihuela Mónica Lorente.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/02/03/valencia/1454529122_611703.html

SONIA CASTEDO DICE EN TELEVISIÓN QUE SE HA SENTIDO INCOMPRENDIDA POR EL PP

La exalcaldesa de Alicante, imputada en dos causas, había dimitido a través de Facebook

Sonia Castedo, la exalcaldesa de Alicante imputada en dos causas judiciales, reapareció en la medianoche del sábado en la tertulia política del programa de Telecinco, Un tiempo nuevo, 18 días después de haber publicado en Facebook su dimisión y no haber acudido al pleno municipal donde se formalizó. Castedo explicó en antena que la red social es “el medio social del siglo XXI” y que “no estaba dispuesta a ser el monigote” en una rueda de prensa que no le han servido “para nada”. Afirmó que no se había llevado nada y admitió haber sentido "incomprensión, indefensión y soledad" por parte del PP.

Desde que presentara su dimisión a través de Internet el pasado 23 de diciembre, Castedo sólo se había pronunciado en las redes sociales. Frente a tres periodistas, la exregidora aprovechó para anunciar que abandona la política y ha contestado a las preguntas que no pudieron hacerle los medios alicantinos, que se acostumbraron en los meses previos a su dimisión a informar sobre ella a través de lo que decía en su cuenta de Facebook.

“He llegado a mucha más gente que en los medios de comunicación. En total aproximadamente a 18.000 personas”, dijo la exalcaldesa refiriéndose a sus amigos de la red social. Castedo calificó de “trámite” el pleno en el que se dio cuenta de su dimisión y en ello excusó la decisión de su equipo de gobierno de no dejar expresarse durante el mismo a la oposición. Obvió que cuando su antecesor y compañero de imputación en una de las causas en las que está involucrada, Luis Díaz Alperi, dimitió en su favor, sí asistió al pleno en el que incluso lloró durante su discurso. La oposición también pudo hablar.

Visiblemente nerviosa en el inicio, Castedo se definió como “políticamente incorrecta” y fue cogiendo confianza en la explicación de unos asuntos muy locales y que revisten una complejidad que no fue suficientemente abarcada durante la hora de entrevista (publicidad incluida). Imputada por cinco delitos en dos causas relacionadas con presuntos amaños del plan urbano en favor de los intereses del mayor contratista municipal, Enrique Ortiz, negó cualquiera de los delitos que se le atribuyen e hizo énfasis en que no se ha enriquecido con favores al empresario.

A Castedo se le imputan en las dos causas revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, cohecho y prevaricación. Quien ha sido la responsable del urbanismo de la ciudad de Alicante desde 2008, primero como concejal y posteriormente como alcaldesa arremetió contra el fiscal anticorrupción, Felipe Briones, del que irónicamente apuntó que “es muy justo” y aseguró que en ocasiones se ha valido de “recortes de prensa” para imputar. También acusó a la prensa de “tergiversar” sus palabras y a la oposición municipal de ser la responsable de su imputación.

A preguntas de la presentadora, Sandra Barneda, incluso dio pábulo a una teoría conspirativa contra ella y se escudó en que está imputada por únicamente firmar una documentación aprobada por los técnicos. Como en otras cuestiones obvió datos en su explicación: ella nombró al gerente de Urbanismo, Enrique Sanus, imputada junto a ella y la jefa de los servicios jurídicos del área, Isabel Campos. Y el viernes pasado, el fiscal pidió la imputación por tráfico de influencias y prevaricación del jefe de Servicio de Urbanismo por “cooperación necesaria” en el supuesto amaño del plan urbano.

La exalcaldesa, que se colocó como una víctima de la guerra sucia entre partidos, admitió que incluso ella intentó ensuciar la labor del último alcalde socialista de la ciudad y exportavoz en las Cortes valencianas, Ángel Luna, quien cuestionaba su presencia en el hemiciclo autonómico por su imputación. En las escuchas policiales, Castedo y el empresario al que supuestamente benefició, Enrique Ortiz, se escucha cómo ambos buscaron posibles irregularidades en el pasado de Luna, abogado que tras su paso por la alcaldía trabajó para Ortiz. “Si a mí me atacan, me defiendo”, aseveró.

http://politica.elpais.com/politica/2015/01/11/actualidad/1420956010_376661.html

CASTEDO DIMITE EN ALICANTE ACOSADA POR LA CORRUPCIÓN

La alcaldesa del PP se marcha tras desafiar a la dirección del partido

Miguel Valor, el concejal más veterano, asume la alcaldía de Alicante

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, anunció ayer su dimisión dos años después de ser imputada por corrupción urbanística y tras desafiar en repetidas ocasiones a la dirección del Partido Popular que, desde hace meses, reclamaba su renuncia.

Castedo recurrió ayer a su habitual desparpajo para difundir su renuncia, como alcaldesa y como concejal del Ayuntamiento de Alicante, a través de su cuenta en Facebook y antes de irse de vacaciones. En las redes sociales la ya exalcaldesa publicitó su renuncia, reiteró su inocencia y justificó su decisión “difícil y meditada durante mucho tiempo”. “Por encima de mi figura como alcaldesa”, afirmó, “está una persona que es mujer y madre de dos niñas a las que tengo que proteger. No creo que sea necesario decir nada más”.

Su situación se había hecho insostenible hace mucho tiempo, especialmente después de que el pasado mes de noviembre Castedo desafiase a la dirección nacional del PP, que le había reclamado la dimisión para evitar su presencia en un acto oficial con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en Alicante. La alcaldesa, fiel a su estilo, hizo caso omiso y se fotografió con el Rey, aunque no con Rajoy.

El vicesecretario de Organización del PP, Carlos Floriano, no ocultó su satisfacción. “Es una decisión que le va a venir bien a Castedo y que a nosotros también nos viene bien”.

Castedo está imputada en dos causas judiciales por corrupción urbanística. En el caso Brugal, desde octubre de 2012, por supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. Y en el caso Rabassa, una pieza separada de Brugal, desde el pasado mes de septiembre, por supuesta prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación de una macrourbanización de 13.500 viviendas a favor del mismo empresario, Enrique Ortiz.

La instrucción del caso y la difusión de conversaciones grabadas por orden judicial entre Castedo y el empresario Enrique Ortiz, que también está imputado en el caso Gürtel, ya llevaron a la alcaldesa de Alicante a dimitir de su escaño en las Cortes Valencianas a finales del pasado mes de abril.

Las conversaciones en las que el promotor pide a Castedo que le pinte “de azul” determinadas parcelas, en las que se habla del acceso a los estudios previos a la aprobación del PGOU e imágenes de su estrecha amistad —compartieron vacaciones en Andorra— habían hecho insostenible la situación de la alcaldesa, que está citada a declarar el 16 de enero.

El presidente valenciano, Alberto Fabra, conoció la decisión de Castedo, que ayer cumplió años, a primera hora de la mañana. El concejal de Cultura, Miguel Valor, será quien la sustituya al frente del Ayuntamiento. El futuro alcalde se enteró de que era el sucesor en la reunión navideña de Castedo con sus ediles.

Pendientes de la candidatura de Fabra

Los populares valencianos están en tensión desde hace semanas. Las dudas sobre si el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, será ratificado por el presidente Mariano Rajoy como candidato del PP a la presidencia del Gobierno valenciano han disparado las especulaciones y exteriorizado las discrepancias internas ante las malas expectativas electorales que vaticinan los sondeos.

Los presidentes provinciales —especialmente el alicantino José Ciscar y el valenciano Alfonso Rus— y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, se han negado a avalar públicamente a Fabra como candidato hasta que no se pronuncie Génova.

Los barones han llegado a proponer, en privado, que sea la actual secretaria regional del PP, Isabel Bonig, la que asuma la candidatura a la Generalitat en un intento de frenar el desplome electoral.

La preocupación, según fuentes populares, ha llevado a la dirección nacional del PP a realizar una encuesta sobre los posibles candidatos en la Comunidad Valenciana, igual que en Madrid. La consejera portavoz, María José Català; el vicepresidente del Gobierno valenciano y presidente del PP de Alicante, José Ciscar; el eurodiputado Esteban González Pons; Isabel Bonig o la propia Barberá son algunos de los nombres que se han tanteado para saber quién puede tirar de la marca PP.

Mientras, Alberto Fabra, que sustituyó tras las elecciones de 2011 al dimitido Francisco Camps, insiste en que sus opciones a la candidatura son las más sólidas y que ha hecho el trabajo que le encomendó Génova en momentos muy difíciles.

Últimas renuncias en el PP valenciano

Sonia Castedo. Alcaldesa de Alicante imputada por delitos urbanísticos. Dimitió ayer tras dejar en mayo el acta de diputada autonómica, imputada en el caso Brugal.

Juan Cotino. Dejó la presidencia de las Cortes Valencianas en octubre, pocos días antes de ser imputado en la pieza del caso Gürtel que investiga los contratos de la visita del Papa a Valencia.

David Serra. Exvicesecretario de Organización del PP valenciano, abandonó el escaño del Parlamento regional a primeros de septiembre, imputado y procesado en distintas piezas del caso Gürtel.

Lola Johnson. Consejera con Francisco Camps y con Alberto Fabra. Renunció a la secretaría autonómica de Comunicación a finales de mayo, imputada por gestión como directora de Canal 9

Luis Díaz Alperi. Exalcalde de Alicante, que promocionó a Castedo tras su marcha. Abandonó el escaño en las Cortes Valencianas en abril pasado, procesado por delito fiscal e imputado en el caso Brugal.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/23/valencia/1419335576_895374.html

LAS CONVERSACIONES ENTRE ORTIZ Y CASTEDO SOBRE IKEA: 'QUIEN TIENE UN AMIGO TIENE UN TESORO'

• El empresario forzó a la alcaldesa a que llevase Ikea al pleno para cuadrar sus planes

• En diciembre de 2009 el empresario se vio abocado a tener que devolver el dinero

• Si finalmente la Generalitat aprueba la ATE, el proyecto reportará al empresario 97 millones

Si la Generalitat Valenciana aprueba este viernes la Actuación Territorial Estratégica (ATE) que permitirá instalar la tienda de Ikea en los terrenos de Rabasa, propiedad del empresario Enrique Ortiz, se podría consumar el mayor pelotazo urbanístico-empresarial de Alicante en los últimos tiempos, una operación de casi 100 millones de euros investigada por los juzgados de Instrucción 5 y 6 de Alicante en las causas de Brugal y Rabasa.

Según las grabaciones del primer caso incorporadas al sumario del segundo, Ortiz maniobró desde el año 2008 para que la multinacional sueca se implantase en terrenos de su propiedad y así beneficiarse de la llegada del gran centro comercial. Para ello contó con la inestimable ayuda de la edil de Urbanismo y luego alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, quien, a punto de pasar el convenio por el pleno municipal para su aprobación no tuvo empacho a recodar a su empresario de referencia: «Quien tiene un amigo tiene un tesoro».

Era diciembre de 2009. Enrique Ortiz había conseguido que los suecos firmasen año y medio antes, el 4 de junio de 2008, un borrador de contrato de opción de compra de una finca suya en Rabasa. Trece días después se formalizó ese contrato por un valor de compra-venta de 66,9 millones de euros. Como ha venido revelando ELMUNDO a través de las escuchas el empresario trató de dar apariencia de legalidad a la llegada de la multinacional a través del Plan General de Ordenación Urbana que se estaba redactando en aquellos momentos. No lo consiguió porque todo parece indicar que su redactor, Jesús Quesada, se puso de perfil en el asunto. Pero gracias a Castedo (como se demuestra en las grabaciones ) consiguió sus objetivos modificando el PAI (aprobado al margen del PGOU). En diciembre de ese año la Junta de Gobierno aprobó por urgencia el Plan Rabasa y lo remitió a la Generalitat sin incluir Ikea. En abril de 2009 Sonia Castedo remite una carta a Ikea mostrando el interés de la ciudad por la implantación del centro comercial. En julio la operación pasa de los 31 millones de euros a 97 millones de euros pero se supedita el cumplimiento de contrato a las necesidades del gigante sueco. Ese mismo mes se suscribe un borrador de convenio entre el ayuntamiento, Enrique Ortiz e Ikea. Es entonces cuando comienzan los problemas para dar cumplimiento sobre plano a las necesidades que plantea el inversor.

La alcaldesa evita ser vista en compañía del constructor, pese al evidente 'colegueo': 'No quiero que vengas al despacho...no quiero que te vean allí...un sitio discretito'. Ortiz le ofrece quedar en su barco. 'Ir al barco me da un poco de mal rollo', responde la regidora.
En esa época Enrique Ortiz se muestra muy nervioso con el asunto en conversaciones con todos los agentes implicados. Los tribunales han suspendido cautelarmente el PAI de Rabasa, el original mediante el cual se iba a extender la ciudad por esa zona con más de 13.000 viviendas, y con el tiempo lo tumbarán hasta 4 veces.

Ortiz llama a Castedo: «Yo digo ésta ya se ha olvidado de mí, ya nada, ya no se acuerda de que tiene un amigo, ya nada, nada, nada...». Es en este contexto en el Castedo (que luego negará públicamente su amistad con el empresario, pese a que la reconocerá en los juzgados) le dice: «Quien tiene un amigo tiene un tesoro». A lo que el constructor le responde: Tiene un tesoro, exactamente. Oye me llamó ayer Silvan [Sylvain Laval, director de Expansión de Ikea España] , que te había llamado alguna... que te había hecho alguna llamada por si necesitabas algo, de que viniese, o que hiciese falta, que cuándo se iba a firmar eso, que tal, que cual [...] ¿va a ir el próximo [pleno]?». Castedo le responde: «Voy a mirarlo, a ver, lo tengo delante mío el convenio...». Y Ortiz se sincera con la alcaldesa: «Joder, míralo y cámbiale lo que le tengas que cambiar, pero que... llévalo al próximo, porque si no me van a matar todos, ellos y los bancos». «Yo lo miro», le tranquiliza la alcaldesa. «Míramelo por favor», insiste el empresario. Y Castedo le vuelve a tranquilizar: «No te preocupes».

Los sucesivos problemas que ha generado el PAI de Rabasa en los juzgados, los de Enrique Ortiz y Sonia Castedo a raíz de su imputación por el caso Brugal, y la necesidad del empresario de que saliese adelante para no tener que devolver el dinero cobrado han dado lugar a que la llegada de Ikea se haya tramitado en forma de ATE (actuación territorial estratégica) un instrumento urbanístico express creado por la Generalitat para agilizar los trámites en proyectos con una gran impacto económico en el ámbito provincial.

LAS CONVERSACIONES Julio de 2008. Castedo dice cómo se tiene que hacer

Ortiz conversa con la entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, del modo en que tiene que tramitarse la llegada de Ikea. En esa época el Ayuntamiento no contemplaba, supuestamente, la llegada de Ikea.
Enrique Ortiz: Tenemos que vernos, se nos ha olvidado todo lo de Ikea.
Sonia Castedo: El de Ikea.

E.O.: El alcalde se ha comprometido a que en el Plan General ya iba el cambio de sitio.

S. C.:Que no hombre que no, eso no puede ir ahora, porque el Plan General, lo de Rabasa lo contempla, pero sin ordenación territorial pormenorizada. Lo que habíamos quedado es que cuando e hiciera la aprobación definitiva de Rabasa se haría la modificación directamente.

E.O.: Pero Luis [Díaz Alperi] decía de meterlo en el Plan General.

S. C.:Pues eso es una tontería.

E.O.: Lo que sea pero háblalo con él, dile algo, porque él se ha comprometido en una serie de cosas con los de Ikea, yo la verdad. Lo que más cómodo sea, pero que esté contemplado.

S. C.:Sí acordamos hacerlo así era porque era mucho más rápido y no esperar toda la tramitación, y de hecho Rabasa va marcado, pero no va la ordenación hecha. El día que se apruebe entonces metemos la modificación, y os dijimos que la tuvieseis preparada para cuando saliese, meterla la modificación, porque eso es aprobación definitiva esa.

http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/06/20/53a3ddfe268e3ed4478b456d.html

EL PP CALIFICA DE “INAGUANTABLE” LA CONTINUIDAD DE CASTEDO EN LA ALCALDÍA

• La regidora acumula dos imputaciones relacionadas con el urbanismo

• El juez imputa a la alcaldesa de Alicante también por el plan Rabassa

• El juez reactiva la pieza del 'caso Brugal' sobre el Plan Rabassa

El PP aumenta la presión contra Sonia Castedo para que deje de ser la alcaldesa de Alicante. Su doble imputación en el caso Brugal,una por la tramitación del PGOU y otra por el Plan Rabassa, complica su futuro político. El problema es la salida y su sustitución.

En la dirección del PP confían en que Castedo dimita antes de agotar mandato porque su situación es “inaguantable”. Si eso ocurriera, algo a lo que ella no está dispuesta, se baraja que el concejal Miguel Valor, el más veterano, asumiera la vara de mando hasta que el PP eligiera a un candidato para las próximas municipales. Según varias fuentes consultadas, en el actual equipo “hay pocos candidatos”, ya que el vicealcalde, Andrés Llorens o el concejal Juan Seva están imputados en otros casos judiciales. De esta manera, se podrían lanzar otras candidaturas como la de la consejera de Bienestar Social, Asunción Sánchez Zaplana, o la diputada Macarena Montesinos.

El partido reclama la dimisión de la edil y que Valor asuma la alcaldía

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, instó a Castedo a “valorar lo que su acta significa tras su imputación” y pidió a los cargos del PP “transparencia en un momento en el que hay una desafección importante”. Fabra reiteró su compromiso de excluir a los imputados por corrupción de las listas, algo que también repitió la secretaria general del PP, Isabel Bonig, y el presidente provincial, José Ciscar. La alcaldesa optó por guardar silencio. Y la oposición exigió una vez más su dimisión, e incluso el PSPV se atrevió a pedir prisión cautelar.

Y es que Castedo lejos de quitarse causas judiciales de encima, suma una nueva. El juez que instruye la denuncia presentada por Esquerra Unida observa supuesta prevaricación y tráfico de influencias en la tramitación del Plan Rabassa a favor del constructor Enrique Ortiz.

La regidora declarará como imputada en el Juzgado de Instrucción número 6 de Alicante el próximo 27 de noviembre. El Plan Rabassa es el centro de una de la veintena de causas en las que se dividió el caso Brugal, una macroinvestigación en la que también está imputada Castedo por supuestos amaños en la tramitación del PGOU (Plan general de Alicante), sumario que instruye otro juzgado. En Rabassa también están imputados el constructor Enrique Ortiz y cuatro técnicos.

Ortiz y cuatro técnicos también declararán como imputados

El juez, Juan Carlos Cerón, ha esperado a tener en su poder el informe policial completo para abrir una primera ronda de declaraciones que abrirá Ortiz el 27 de octubre, según informó el Tribunal Superior de Justicia.

El PP y PSOE acordaron dar a Ortiz, la macrourbanización de Rabassa (13.500 viviendas) en un pleno celebrado el 26 de abril de 2005. Solo EU votó en contra en aquel pleno.

Del contenido del informe policial, según Cerón, se desprende que el Ayuntamiento pudo dar un trato de favor al constructor Ortiz durante la tramitación del Plan Rabassa, cuya ejecución fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia desde el 9 de diciembre de 2009. Pese a la suspensión del plan, el Ayuntamiento de Alicante continuó con su tramitación: en el pleno de 29 de enero de 2010 aprobó someter a exposición pública el convenio entre el Ayuntamiento y las mercantiles Viviendas Sociales del Mediterráneo, SL, e Ikea Ibérica SAU para implantar un centro comercial. Este hecho, supuestamente favorecería a Ortiz, quien tenía un contrato millonario firmado con IKEA para que la mercantil sueca se pudiera instalar en Alicante.

Cerón ha imputado además a cuatro técnicos, dos del Ayuntamiento y dos del Ministerio de Fomento: la responsable jurídica del área de Urbanismo, Isabel Campos, y Enrique Sanus, actual gerente del patronato de Urbanismo. Y el exdirector de la Unidad de Carreteras en Alicante, Enrique Peiró, y al exdirector general de Carreteras, Francisco Javier Criado, ambos dependientes del ministerio cuando gobernaba el PSOE. El magistrado pregunta también al fiscal si debe llamar como imputados al exalcalde Luis Díaz Alperi y a la secretaria autonómica de Territorio, María Ángeles Ureña.

El contrato con Ikea, la hoja de ruta de Ortiz

El informe policial sobre el supuesto amaño del Plan Rabassa realizado desde el Ayuntamiento y en favor del empresario Enrique Ortiz ha sido la guinda que ha revuelto una instrucción que estaba parada.

Las más de 800 páginas del documento elaborado por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera (UDEF) ofrecen “nuevos hallazgos” respecto a los informes previos elaborados por la misma unidad en los que se observa la connivencia entre el promotor y varios políticos del Ayuntamiento de Alicante, tanto del Partido Popular como del PSPV, para saciar sus intereses.

La UDEF interpreta y contextualiza las miles de llamadas hechas por el empresario, también el máximo contratista del Consistorio. La Policía cree que Ortiz intentó por todos los medios y a través de presiones a funcionarios que el Plan Rabassa, donde preveía construir más de 13.000 viviendas, saliera adelante como él quería, instalando además a Ikea en esta zona de la ciudad.

El informe incluye los distintos contratos firmados entre Ortiz y la multinacional sueca, así como las obligaciones adquiridas por el promotor al vender a Ikea unos terrenos que requerían del visto bueno administrativo para que se instalara allí. Para la Policía, esas obligaciones constituyen “una auténtica hoja de ruta para Enrique Tomás Ortiz y sirven para comprender la maraña de contactos y gestiones posteriores para resolver a favor suyo y de la multinacional Ikea, el compromiso legal adquirido y desvelado en este informe”.

En el contrato firmado, Ortiz se compromete a “impulsar” las iniciativas “precisas hasta obtener la autorización definitiva mediante resolución firme, por las administraciones competentes”. Ikea incluso pone fechas a cuándo deben aprobarse por parte del Ayuntamiento y otras Administraciones convenios, informes urbanísticos y proyectos. El incumplimiento del contrato, según los documentos incautados por la Policía en el despacho de Ortiz, faculta a Ikea a, por ejemplo, penalizar con 15.000 euros diarios por día de retraso en la puesta en marcha del proyecto de los suecos.

“Yo estoy enganchado con los de Ikea porque como les vendí una parcela y me dieron un dinero a cuenta, si anulo la operación les tengo que devolver el dinero”, le dice Ortiz a un especialista en centros comerciales en las escuchas. “He conseguido del Ayuntamiento que en vez de 62.000 el centro puede ser de 75.0000, 80.000 metros. Siempre te hablo de techo”, comenta al especialista sobre diversas modificaciones urbanísticas.

Según el informe, “se hace necesario resaltar que sin la venia del Ayuntamiento a través de Sonia Castedo, ante las exigencias de la multinacional bajo la intermediación del empresario investigado, no se hubiera firmado el contrato”. Es decir, si Ortiz no hubiera tenido el apoyo de Castedo —concejal de Urbanismo entonces y luego alcaldesa— nunca hubiera firmado con Ikea.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/17/valencia/1410981883_743901.html

CASTEDO INICIA EL CURSO PENDIENTE DE GÉNOVA POR SU IMPUTACIÓN EN BRUGAL

La alcaldesa de Alicante se reincorpora el lunes sin conocer su futuro

Bonig: “Castedo sabe perfectamente que es alcaldesa porque se presentó con el PP”

El otoño político en Alicante se presenta caliente. La actual alcaldesa del PP, Sonia Castedo, imputada en el caso Brugal afronta un calvario político y mediático para lograr encabezar la lista del PP en las próximas elecciones municipales.

En el partido cada día tienen más claro que será la dirección nacional del PP, y en función del resultado de las encuestas, la que decida si Castedo es la próxima candidata a la alcaldía. El presidente regional del PP, Alberto Fabra, ha marcado una línea roja que establece que los imputados en casos de corrupción no irán en las listas. Castedo, imputada en el caso Brugal por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada, está pendiente de la inminente apertura de juicio oral, y según el criterio de Fabra tendría muy difícil continuar en el cargo.

No obstante, sus colaboradores recuerdan que los criterios de Fabra y los de Génova “no suelen coincidir”, y ponen como ejemplo la petición frustrada de una mejora del sistema de financiación. “La elección de los candidatos de las capitales corresponde a la dirección nacional, y en Valencia poco tienen que decir”, recordaba un concejal afín a Castedo.

En paralelo, la defensa jurídica de la alcaldesa trabaja para intentar lograr su desimputación ya que los delitos que supuestamente se le atribuyen no se han consumado. “Ni el PGOU de Alicante está aprobado, ni el promotor Enrique Ortiz, por mucha información privilegiada que tuviera ha podido beneficiarse de ella”, aseguran.

Pero todos coinciden que si no logra su desimputación, su futuro político se complica. Los dirigentes provinciales del PP no quieren imputados en casos de corrupción en las listas, pero son conscientes del “tirón electoral” de Castedo en un momento “delicado” para el PP en el que si presentan a cualquier otro candidato la alcaldía está en el aire. Fuentes de la dirección provincial del PP recordaron que será en el mes de enero cuando se aborde la confección de las listas y en el caso de las capitales de provincia la dirección nacional del PP tendrá “la última palabra”.

La alcaldesa, que volverá el próximo lunes de sus vacaciones, ha insinuado en más de una ocasión la posibilidad de presentarse con una candidatura independiente al margen del PP para canalizar el voto de sectores afines a la fiesta de Fogueres y al Hércules y convertirse en una Gema Amor en Alicante. Sin embargo, esto forma más parte de la política ficción que de la realidad, según varias fuentes consultadas.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/08/28/valencia/1409247304_376950.html

LA ALCALDESA DEL PP IMPUTADA EN EL 'BRUGAL' DICE QUE DEJA SU ESCAÑO POR "MOTIVOS PERSONALES"

Sonia Castedo renuncia a su acta como diputada con efecto retroactivo, pero se niega a abandonar el Consistorio de Alicante. Perdiendo la condición de aforada, Castedo retrasa la apertura del juicio oral por la causa en la que está imputada

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha presentado este viernes su renuncia al escaño en el grupo popular en Les Corts "por motivos personales" y con efecto desde el pasado 30 de abril, según consta en el escrito que ha remitido a la Mesa del parlamento valenciano, y que ha sido presentado durante la mañana en el registro de la Cámara autonómica por una persona a la que Castedo, de baja por maternidad, ha autorizado.

La dirigente del PP, que en numerosas ocasiones se ha negado a dimitir de su cargo en el Consistorio, pierde así su condición de aforada y provoca un cambio en la instrucción del caso Brugal, en el que se encuentra imputada. Así, el proceso en manos del Tribunal Supèrior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) pasará a los juzgados de la capital alicantina, con las insalvables demoras que esto conlleva.

Le atribuyen delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias En este sumario, a Castedo se le atribuyen los presuntos delitos de revelación de información privilegiada, cohecho y tráfico de influencias en las supuestas ilegalidades en el diseño del PGOU a favor del constructor Enrique Ortiz, en una de las piezas separadas del caso Brugal, en la que su antecesor, Díaz Alperi, está imputado por los mismos delitos.

El grupo popular no ha confirmado, por el momento, quién será el sustituto de Castedo, si bien se especula con los nombres del alcalde de Benissa (Alicante) y diputado provincial del PP, Juan Bautista Roselló, que figuraba en el puesto 31 de la lista electoral, y el del alcalde de Lorcha (Alicante), Guillermo Moratal, el siguiente en caso de que Roselló renuncie.

Castedo no quiere los "privilegios" de ser aforada

La renuncia de la alcaldesa de Alicante al acta de diputada se esperaba desde hace meses, aunque Castedo siempre ha sostenido que la formalizaría cuando considerara que debía hacerlo y la ha justificado en que no quiere los "privilegios" que conlleva la condición de aforada.

El hecho de que otro de los imputados en la misma pieza del caso Brugal, Luis Díaz Alperi, abandonara el escaño de diputado autonómico el pasado 9 de abril implica que ya no quedan aforados en esa causa, que ahora podría ser remitida desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat (TSJCV) hasta los juzgados de Alicante.

Es la cuarta renuncia de una diputada imputada en un caso de corrupción en las filas del PP en los últimos dos meses

La renuncia de Castedo es la cuarta en las filas del PP en los últimos dos meses, todas ellas protagonizadas por diputados imputados en causas relacionadas con la corrupción, de forma que en la bancada popular quedan en estos momentos cuatro procesados en el caso Gürtel, que son Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra y Yolanda García.

El grupo popular, formado al inicio de esta legislatura por 55 parlamentarios -se quedó con uno menos al pasar el exconseller de Solidaridad Rafael Blasco, procesado en el caso Cooperación, el grupo de los no adscritos hace unos meses-, ha llegado a tener esta legislatura en su bancada diez diputados imputados en causas judiciales.

En los últimos dos meses, han renunciado al acta en Les Corts Angélica Such y Milagrosa Martínez, ambas imputadas en el caso Gürtel, y Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, imputados en una de las piezas del caso Brugal, si bien Alperi está también procesado por tres delitos contra la Hacienda Pública y cohecho impropio.

El primer imputado en abandonar el escaño fue el exalcalde de Torrevieja Pedro Hernández Mateo, quien renunció el 4 de diciembre de 2012 tras ser condenado por el Tribunal Superior de Justicia a tres años de prisión y nueve de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental en la adjudicación del servicio municipal de recogida de basuras en 2004.

Le siguieron el exconseller Rafael Blasco, las exconselleras Alicia de Miguel, Angélica Such y Milagrosa Martínez y el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi.

En total, el grupo popular ha experimentado diecisiete cambios en sus escaños desde el comienzo de esta legislatura, en junio de 2011

http://www.publico.es/politica/518107/la-alcaldesa-del-pp-imputada-en-el-brugal-dice-que-deja-su-escano-por-motivos-personales

ASÍ SE ‘COCINÓ’ IKEA EN ALICANTE

Ortiz transmitía a Castedo todas las demandas de la multinacional sueca
Ikea, sí. El plan Rabassa, ya se verá

Nuevos documentos de Brugal revelan la connivencia entre Castedo y Ortiz

Hacer negocio en el barrio alicantino de Rabassa ha sido una prioridad para el empresario Enrique Ortiz, que a través de una sociedad acumula más de la mitad del terreno. Y en ese objetivo el promotor contó con el aliento y la colaboración de la alcaldesa, Sonia Castedo. Primero fueron 12.500 viviendas, que los tribunales anularon, y luego un área comercial cuyo principal atractivo es Ikea.

Ortiz y Castedo están imputados en el caso Brugal que investiga una presunta trama de corrupción política en Alicante. El análisis detallado de los documentos aportados al juez por Esquerra Unida, si cotejamos las fechas en las que el Ayuntamiento introdujo modificaciones, desvela cómo actuaba Ortiz. El empresario proponía, y la alcaldesa ejecutaba. En medio de todas estas gestiones el exalcalde, Luis Díaz Alperi, dimitió y hubo viajes de placer y de negocios. Es la crónica de cómo se cocinó la llegada de Ikea a Rabassa.

Esquerra Unida ha aportado al juzgado de instrucción número 6 de Alicante, que instruye esta causa, un primer contrato de compraventa entre Ikea y Ortiz (febrero 2007) que hace referencia a una parcela ubicada en el PAU 1 (en la zona de Maristas-Salesianos) con un precio de 35 millones de euros.

El promotor pidió a la familia Cotino un avión privado para Castedo y Alperi
Pero un segundo contrato (junio 2008 cambia la ubicación a Rabassa, con un precio por la venta del terreno de 67 millones de euros. En esas fechas empresario, según el informe policial en el que basa EU su denuncia inicial, se sumerge en un “frenesí de contactos” para hacer valer su influencia y conseguir el informe favorable del Ministerio de Fomento, referente a los accesos. En octubre de 2008 el promotor empieza a ponerse nervioso al ver que la tramitación del Plan Rabassa no avanza porque el Gobierno, entonces presidido por los socialistas, presentó un recurso.

Ortiz llama a Alperi y éste lo calma: “Ya he hablado con Sonia [Castedo] y le he dicho que espabile”. La todavía concejal de Urbanismo, en agosto de 2008, tranquilizó al promotor al asegurar que no era necesario incluir Ikea en el PGOU, ya que “sería más rápido” una vez aprobado el Plan Rabassa modificarlo para incluirlo. La edil emplaza a Ortiz a que prepare la modificación para en ese momento: “Pum, tramitarla rápidamente”.

Uno de los informes de la policía (septiembre de 2008), según el escrito de EU, pone de relieve la “absoluta subordinación de Sonia Castedo a los intereses de Ortiz en relación con las modificaciones a las que Ikea condiciona su instalación en Rabassa”. Las llamadas y negociaciones son constantes. En esos días Alperi dimite de alcalde sin explicar claramente los motivos y cede la vara de mando a Castedo, elegida alcaldesa el 17 de septiembre de 2008.

En octubre se aprobó la exposición pública del PGOU, en el que figura en Rabassa un centro cívico. La operación atraviesa unos momentos delicados al atascarse la tramitación del Plan Rabassa y la multinacional sueca pedir una rebaja del precio del suelo, según consta en la denuncia. Alperi y Castedo por esas fechas viajaron de urgencia a Oporto (Portugal) para reunirse con los responsables de Ikea, según informan al empresario. La policía descubre que Ortiz gestionó supuestamente para su regreso desde Galicia un avión privado a través de Vicente Cotino, sobrino del actual presidente de las Cortes Valencianas, y entonces consejero de la Generalitat.

La investigación, según EU, muestra la “absoluta subordinación de Castedo a los intereses de Ortiz"

El 5 de diciembre el pleno del Ayuntamiento aprobó el texto refundido con la homologación y el plan parcial de Rabassa, aunque todavía no figura el área comercial para Ikea. El plan deberá superar los exámenes de la consejería, y requiere la firma del entonces consejero, José Ramón García Antón, antes de ser aprobada por el pleno del Ayuntamiento. Y esas Navidades, según la investigación policial, Castedo y Ortiz viajan con sus respectivas familias y amigos a Andorra.

El 14 de abril de 2009, Sonia Castedo, firma una carta dirigida a los responsables de Ikea en España manifestando el interés del Ayuntamiento en que la tienda de la multinacional sueca se instale en Alicante, asegura “ser consciente” de sus demandas urbanísticas y se compromete a firmar un convenio que “plasme” todas estas necesidades. En mayo de 2009 la Generalitat aprueba definitivamente el Plan Rabassa, pero la delegación del Gobierno recurre esa decisión alegando falta de agua.

Las negociaciones entre las partes interesadas prosiguen y el 3 de julio de ese año se firma un nuevo convenio entre los promotores e Ikea por 97 millones de euros, y unos días más tarde los promotores modifican el Plan Rabassa para dar cabida a un área comercial, se prepara un convenio entre Ikea, el Ayuntamiento y Ortiz, y el pleno del Ayuntamiento de ese mes aprueba que la multinacional sueca solo se podrá instalar en esos terrenos.

Pero las malas noticias llegarían en diciembre de 2009 cuando el TSJ suspende cautelarmente el Plan Rabassa, atendiendo el recurso del Gobierno. Pese al revés en los tribunales la alcaldesa, Sonia Castedo, por tierra mar y aire pretende rescatar la zona comercial y garantizar que Ikea se instale en Rabassa, y el 29 de enero de 2010 el Ayuntamiento somete a exposición pública la modificación del PGOU para autorizar la instalación de una tienda de la cadena sueca y un convenio entre Ikea y Viviendas Sociales del Mediterráneo. Los dos puntos cuentan con el apoyo de los 15 votos del PP y 14 en contra de la oposición.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/14/valencia/1387045130_616689.html

ORTIZ: “HAY QUE CONTENTAR AL AYUNTAMIENTO”

El juez incorpora las escuchas policiales y pide documentación a Orihuela

Los cambios introducidos en el proyecto para lograr que Ikea se instale en Rabassa coinciden también con regalos y prebendas recogidas en el sumario del caso Brugal y en la investigación de la policía. En la documentación incorporada por el juez a esta pieza figura un listado de personas a las que supuestamente Ortiz regaló tarjetas vips para poder aparcar gratis durante 24 horas en el aparcamiento de Alfonso El Sabio. En la lista figuran técnicos municipales y políticos, tanto del PP como del PSPV. El exedil de Urbanismo, José Ramón García Santos, en la época de Alperi, el actual concejal de Hacienda, Juan Seva, la técnica de Urbanismo, Isabel Campos, imputada en la pieza de Brugal del amaño del PGOU, o el ingeniero Florentino Regalado, y el exedil socialista, Luis Almarcha. En el listado también figura Miguel Peralta, exconsejero de Justicia y exalcalde de Alcoi, municipio en el Ortiz ejecutó varias obras como las del Teatro Calderón o el aparcamiento de La Rosaleda.

El sumario del caso Brugal recoge viajes y regalos que supuestamente Ortiz dio durante años a los dirigentes municipales. En una conversación interceptada por la policía con su esposa el empresario argumenta la cantidad de regalos navideños en que “a los del Ayuntamiento hay que tenerlos contentos porque hay un huevo de intereses”.

El caso Brugal, que investiga una trama político-empresarial en Alicante que supuestamente benefició durante años al promotor, se ha disgregado en 21 piezas diferentes. Una de ella es la que investiga el juzgado de instrucción número 6 de Alicante sobre la tramitación del Plan Rabassa, un macroproyecto urbanístico de Ortiz que contemplaba 12.500 viviendas y que incorporó un área comercial para albergar Ikea.

El Plan Rabassa ha sufrido en la vía administrativa varios reveses en los tribunales. El TSJ tumbó, en cuatro sentencias diferentes este proyecto. El recurso que presentó Esquerra Unida en septiembre de 2009 sigue sin resolverse, y el Ayuntamiento de Alicante ha solicitado a la sala que no dicte sentencia hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre los recursos de casación presentados por el promotor contra las sentencias que anularon el plan.

Pero la vía penal de Rabassa sigue abierta, y encara su recta final. El juez Juan Carlos Cerón, acaba de incorporar al sumario todas las escuchas telefónicas y vídeos realizados por los agentes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, que durante meses tuvieron pinchado el teléfono de Ortiz, y pide al juzgado de Orihuela la “urgente remisión” de toda una serie de expedientes incorporados al sumario del caso Brugal.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/12/14/valencia/1387046479_372311.html

CASTEDO TEME EL ‘EFECTO BRUGAL’

La alcaldesa de Alicante lanza una ofensiva para archivar la causa por el amaño del PGOU

Las acusaciones insisten en que favoreció a Enrique Ortiz

La sombra del presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante para beneficiar al constructor Enrique Ortiz hostiga desde hace tres años a la alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo. La regidora del PP quita en público hierro a su imputación por cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada. “No sé qué delitos me imputan”, responde sonriente en entrevistas. Pero su entorno advierte “preocupación” por el proceso que sigue desde septiembre de 2012 el instructor Juan Climent en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano.

La defensa de Castedo en el caso Brugal ha trazado un plan para convencer al juez de que archive la causa o que levante la imputación. El magistrado denegó tres peticiones similares en el último año. La última fue hace una semana. Ahora la estrategia coincide con el fichaje como segundo abogado del hasta hace dos años militante del PSPV y catedrático Derecho Procesal de la Universidad de Alicante José María Asencio Mellado.

La consigna es despejar la mácula de sospecha que vincula a Castedo con un presunto pelotazo urbanístico de 120 millones de euros. Y conseguirlo antes de las municipales de 2015. “Una instrucción tan larga hace mucho daño a un político. Castedo sufre cuando le llaman sinvergüenza por la calle”, argumentan. El trasfondo, según otras fuentes de su entorno, resulta menos sentimental. Apunta al interés de la regidora de concurrir limpia a las urnas. No en vano, Alberto Fabra reiteró el miércoles, en una entrevista en Nou, que las personas imputadas “no han de tener protagonismo” en las próximas elecciones municipales y autonómicas. “Puede renunciar a su escaño en las Cortes pero no a la vara municipal”, confiesa una persona próxima a la dirigente que no contempla la apertura de juicio oral. Técnicamente sería posible este escenario antes de las elecciones. Hay tiempo según fuentes jurídicas. Pero compondría la estampa de una mujer aferrada al cargo asomándose a la inhabilitación.

La edil quiere presentarse limpia a las elecciones municipales de 2015

En un escrito de 106 páginas remitido la semana pasada al TSJ, la defensa de Castedo desgrana sus argumentos. Se recurre al Supremo para cuestionar el criterio del Fiscal de usar como pilar de la acusación la transcripción de pinchazos telefónicos policiales entre mayo de 2008 y junio de 2010, la recta final de la redacción del PGOU. Conversaciones donde Ortiz llamaba “la tía más grande que he visto en mi vida” a la entonces concejal de Urbanismo por facilitarle un “tebeo”. La amistosa charla abordaba supuestamente una reserva de suelo en Alicante.

Los abogados piden la anulación —por segunda vez— de estos pinchazos. Insiste en que el redactor del PGOU, Jesús Quesada, y el arquitecto municipal, Miguel Ángel Cano, declararon que no recibieron presiones. Tilda de “ordinarias” las dos reuniones del primero con Ortiz, propietario del 70% del suelo urbanizable de Alicante. Minimiza que Castedo no haya podido justificar de modo convincente cómo pagó un viaje a Andorra con Ortiz (ante el juez dijo que con lotería de Les Fogueres). Y argumenta que “no hay indicios” del presunto cohecho de la regidora al aceptar un coche mini del promotor a cambio del supuesto trato de favor.

El documento carga contra la “lentitud" de la instrucción, las “imputaciones abstractas” y denuncia el “interés” de las acusaciones —PSPV y EU— de mantener candente el proceso. Aseguran en su entorno que arrastra la sombra de sospecha desde 2008 y que sufre la pena “del telediario”. Por el contrario, Enrique Ortiz se mantiene en silencio y no pedirá levantar la imputación. “A nosotros no nos afectan los tiempos políticos”, admite su defensa.

Fabra reiteró el miércoles que los imputados no integrarán las listas
Las acusaciones consideran ineficaz la estrategia. El abogado de EU, José Luis Romero, precisa que las escuchas telefónicas son solo una pieza. Y defiende la instrucción. “La causa no está conclusa, faltan diligencias ya acordadas. Por ejemplo, este mes ha llegado del Juzgado de Orihuela el acta de registro y los documentos intervenidos en la vivienda, la empresa y el yate de Ortiz”, dice.

El secretario general del PSPV en Alicante, Gabriel Echávarri, recuerda que "se puede condenar a una persona solo por indicios". "Tiene mucha prisa. Confía en aguantar el tirón mediático por la apertura del juicio oral, que se celebre la vista tras el verano de 2014, y, en el supuesto de ser absuelta, presentarse a las elecciones como una víctima”. Un dirigente de la oposición alicantino añade otra clave: “Es un activo del PP y tiene el aval del vicepresidente, José Ciscar. Corre contrarreloj. Teme el efecto Brugal”.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/10/17/valencia/1382033552_281134.html

EL PLENO DE ALICANTE DESPRECIA EL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL SÍNDIC

El PP evita con su mayoría recusar a Sonia Castedo por su trato con Ortiz

“El Síndic se equivoca” fue la frase más repetida este miércoles por el edil de Hacienda y portavoz popular en el Ayuntamiento de Alicante, Juan Seva. El equipo de Gobierno de Sonia Castedo dejó claro en el pleno que no está por la labor de aceptar ninguna crítica del informe de fiscalización presentado ante las Cortes por la Sindicatura de Comptes, que advirtió en abril de la existencia de irregularidades en materia municipal de gastos o contratación durante el 2011, entre otros aspectos apuntados.

Seva realizó todo un ejercicio de desdén hacia la oficina del Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, al que acusó de “sembrar la duda” y “atentar contra la autonomía administrativa” del Consistorio. Tras leer un escrito en el que se sintió levemente nervioso, no admitió las críticas del Síndic, ni las de la oposición. Y por si acaso, afirmó: “Aquí los políticos no hemos hecho absolutamente nada. Solo firmamos los informes que nos pasan los técnicos”.

La oposición, además de denunciar la “autocomplacencia” del PP, no se amedrentó. Fernando Llopis, de UPyD, criticó la ausencia de “un interventor estable” para una gestión de cobros que “da escalofríos”. Miguel Ángel Pavón, de Izquierda Unida, acusó al departamento que dirige Seva de “opacidad y descontrol” y de haber triplicado hasta los 600 euros por habitante la deuda de los alicantinos (en 1995, era de 240 euros). Y el portavoz socialista, Miguel Ángel Ull, propuso la creación de una comisión de investigación con asesoría y tutela de la Consejería de Hacienda o la Generalitat.

Y si el informe del Síndic no fue suficiente para hacer crítica interna, el sumario del caso Brugal tampoco lo fue para establecer la relación de “amistad íntima”, o no, entre la alcaldesa y el empresario Enrique Ortiz, ambos imputados en esta causa. Miguel Ángel Pavón quiso recusar a Castedo por su intervención en los acuerdos de la Junta Local en los servicios de limpieza viaria y de residuos urbanos, servicios prestados por empresas de Ortiz. La alcaldesa se ausentó del pleno durante la sesión.

Tanto IU como la bancada socialista sostuvieron que la relación entre primera edil y el empresario incumple el concepto jurídico de amistad íntima. Como explicaron, esta figura legal establece que ante cualquier relación de amistad o enemistad manifiesta un edil debe abstenerse de una votación en la que la persona en cuestión esté relacionada.

Pavón apuntó a una relación “pública y notoria”, argumento que sostuvo recordando que la base de la defensa de la alcaldesa en el caso Brugal es precisamente esa relación de amistad. “Se ve en las conversaciones recogidas”, expuso al edil en referencia a las escuchas de la policía: “Ortiz llama a Castedomimosina y ella se despide con un beso bombón. El marido de la alcaldesa está contratado como autónomo por Ortiz, y ella misma ha admitido que la mujer de Ortiz le hace regalos por su cumpleaños”.

El concejal socialista Francisco Marín ahondó en el tema: “Castedo se dirige a él como tronco, han hablado de sus domicilios particulares, han hecho dos viajes a Andorra; ella y su niñera han estado en el yate de Ortiz”. Según Marín, Ortiz desempeña un tercio de los servicios que licita el Ayuntamiento.

Para el vicealcalde, Andrés Llorens, la oposición no aportó “ningún argumento que pruebe esa amistad íntima”. Cariño o bombón, según él, son “palabrería habitual de la alcaldesa”. La recusación fue “desestimada por incierta en su fondo” y la mayoría del PP hizo el resto. PSOE e IU votaron en sentido contrario. UPyD se abstuvo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/22/valencia/1369248397_866506.html



LA OPOSICIÓN NO CEJA Y PIDE LA RECUSACIÓN DE CASTEDO

La oposición que votó hace dos días en pro de que Sonia Castedo se ausente de todas aquellas votaciones que afecten a servicios prestados al Ayuntamiento por el empresario Enrique Ortiz insiste en ello: Esquerra Unida (EU) volverá a pedir la recusación de la alcaldesa en la comisión de Hacienda prevista para hoy y el PSPV demandó este jueves a los servicios jurídicos municipales averiguar si la relación de amistad entre empresario y Castedo inhabilita a la regidora en estas votaciones.

El miércoles pasado la mayoría absoluta del PP consiguió que se descartara en el pleno municipal la recusación de la alcaldesa planteada por el edil de EU, Miguel Ángel Pavón. Según toda la oposición —salvo UPyD—, la norma jurídica de “amistad/enemistad manifiesta” obliga a los ediles a abstenerse o ausentarse en tramitaciones en las se dé una de esas dos condiciones. Ella misma reconoció su amistad con Ortiz ante el juez que instruye el caso Brugal, en el que ambos están imputados por tráfico de influencias y soborno.

Y es que, dice el edil Miguel Ángel Pavón, “no son pocas” las situaciones en las que la alcaldesa habrá de votar en decisiones que afecten a Ortiz. La primera la próxima semana cuando el pleno municipal apruebe una modificación del presupuesto consistorial. De los 950.000 euros que se utilizarán para el pago de proveedores, 550.000 irán para empresas participadas o propiedad del constructor.
La acción municipal parece ligada a la de Ortiz: el 70% del suelo municipal le pertenece; también “un tercio de las adjudicaciones del Ayuntamiento”, según apuntaron los socialistas

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/05/23/valencia/1369334245_701109.html

EL PERSONAJE CLAVE DEL CASO BRUGAL SE QUEDA ‘LA CONTRATA DEL SIGLO’ DE ALICANTE

El contratista Enrique Ortiz recibirá 435 millones de euros en 12 años por limpieza viaria y basuras

El contratista Enrique Ortiz se mueve como pez en el agua en las contratas municipales del Ayuntamiento de Alicante, presidido por Sonia Castedo, del PP. Los dos están imputados en el caso Brugal,que investiga precisamente el supuesto amaño del Plan General de Alicante para beneficiar al empresario. Mientras la causa judicial sigue su curso, el contratista sigue engordando sus negocios.

La contrata millonaria del servicio de recogida de basura y limpieza viaria, estimada en unos 435 millones para 12 años, recaerá en una UTE (unión temporal de empresas) participada por dos empresas de Ortiz (Cívica e Inusa) y otras dos firmas: Construcciones y Contratas (FCC) y Cespa. Y conseguirán la conocida como la contrata del siglo no por ser los más valorados, sino por ser los únicos que se presentaron.

Enrique Ortiz, pieza clave del caso Brugal, es el propietario del 70% del suelo urbanizable en Alicante, el mejor ejemplo es el plan Rabassa, que prevé 13.500 viviendas, pero también es el principal contratista del Ayuntamiento. Además de la recogida de basura, Ortiz renovó el año pasado el contrato de limpieza del cementerio y el del mantenimiento y limpieza de colegios y dependencias municipales, pese a ser la oferta más cara. Las empresas participadas por Ortiz se llevan uno de cada tres euros del presupuesto del Ayuntamiento de Alicante, según cálculos del PSPV.

La oposición critica el "traje a la medida de Ortiz"

La oposición municipal lamenta que la alcaldesa, Sonia Castedo, haya confeccionado “un traje a la medida” para Ortiz. El concejal Gabriel Moreno, del PSPV, cree que “las empresas ni se molestan en presentarse porque saben que irá a parar a Ortiz”. Moreno recuerda que los criterios subjetivos suponen el 45% de la valoración de la contrata. Esquerra Unida anuncia que trasladará a la Unión Europea esta adjudicación por su falta de publicada e insta a Castedo a abstenerse en la tramitación del expediente. Y el concejal de UPyD, Fernando Llopis, denuncia que desde el principio esta contrata “tenía nombres y apellidos”.

El plazo de presentación de la documentación para la contrata de basuras finalizó el martes y sólo se presentó Inusa. Fuentes de la Concejalía de Atención Urbana achacaron la falta de concurrencia a que el pliego de condiciones “estaba muy ajustado” y otras empresas que inicialmente mostraron su interés por la contrata, al final desistieron.

El presupuesto base de licitación son 265 millones de euros, sin incluir el IVA, para los próximos ocho años, con opción a dos prórrogas de otros dos años. El valor estimado de la contrata, para doce años es de 435 millones de euros.

El concejal delegado, Andrés Llorens, admite que “es una pena” que no se hayan presentado más empresas para “poder elegir” pero al mismo tiempo reconoce cierto “alivio” ya que en otras ciudades, como en Madrid, el concurso quedó desierto. El Ayuntamiento estima que si no hay defectos de forma en la documentación presentada por Inusa a finales de mayo el pleno municipal podría adjudicar definitivamente este contrato millonario.

Los técnicos municipales explican que además de las ajustadas condiciones de la contrata, las empresas interesadas debían invertir más de 150.000 euros preparando toda la documentación y la firma ganadora debía pagar a Inusa 15 millones de euros “inversiones pendientes de amortizar”. Desde octubre la empresa participada por Ortiz está asume el servicio de manera provisional, una vez que finalizó la última prórroga del contrato que se adjudicó en el año 2000. En el último pleno el PP aprobó el pago de 5,2 millones de euros a la empresa Inusa, participada por el empresario Enrique Ortiz, por la recogida de basura y limpieza en las calles de Alicante correspondiente solo a enero y febrero.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/04/10/valencia/1365582549_168682.html

CASTEDO AFIRMA QUE ACLARARÁ AL JUEZ “CUALQUIER DUDA” SOBRE EL ‘CASO BRUGAL’

La alcaldesa de Alicante declara por segunda vez como imputada en el Tribunal Superior de Justicia valenciano

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, declara esta mañana por segunda vez ante el magistrado que instruye el caso Brugal en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. La regidora, imputada en la causa que investiga el amaño del plan general urbano de la ciudad en favor del constructor Enrique Ortiz, comparece hoy a petición propia.

A su llegada al TSJ, Castedo ha afirmado que está "tranquila" y que pretende "aclarar cualquier duda" en torno a su supuesta implicación en el caso Brugal. "La documentación habla por sí sola", ha asegurado la alcaldesa, que niega cualquier irregularidad en la tramitación del plan general urbano de Alicante.

El abogado de la alcaldesa remitió en febrero un escrito al magistrado Juan Climent, que instruye el asunto en el TSJ, para pedir que se "concreten" las acusaciones contra su defendida. Castedo fue imputada en octubre de 2012 por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados del presunto amaño del plan general. Junto a ella, fue también imputado el anterior alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.

El letrado también pidió que se agilice la investigación y que se permitiera a Castedo declarar de nuevo ante el TSJ.

El magistrado respondió favorablemente a la solicitud de Castedo de declarar por segunda vez como imputada. No obstante, en un auto del pasado marzo, Climent recordó a Castedo que la concreción que solicita “se ha de establecer llegado el punto de conclusión de las diligencias previas, momento procesal que no se ha alcanzado todavía”.

El magistrado explicó que quedan diligencias pendientes respecto de Castedo y que la investigación “no se ha agotado”. Además, tomó nota de las quejas de la regidora por la prolongación de la instrucción, al tiempo que señaló que la completa investigación se ve frenada por las “muchas cuestiones que vienen planteando las partes”, incluida la propia alcaldesa.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/03/28/valencia/1364464620_572327.html

CISCAR DICE QUE SI FUERA CASTEDO DEJARÍA TODOS LOS CARGOS PÚBLICOS

El vicepresidente del Consell añade que se trata de una "decisión personal"

El vicepresidente del Consell, José Ciscar, ha admitido este viernes que si él se encontrase en la situación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, Sonia Castedo, imputada en caso Brugal, abandonaría "todos los cargos" públicos.

Ciscar se ha visto obligado a pronunciarse sobre la situación de Castedo, que también es diputada autonómica, tras difundirse las imágenes y el sonido de su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia en relación con la supuesta corrupción urbanística en el Ayuntamiento de Alicante.

En la declaración, cuyo contenido ya se había difundido, se constata la estrecha relación de Castedo con el promotor Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal y también en el caso Gürtel. Las respuestas de Sonia Castedo para explicar sus conversaciones con el constructor y los regalos que de él recibió producen, en algunos casos, sonrojo.

El portavoz del Consell y vicepresidente ha insistido en que las actas de diputado o concejal corresponden legalmente a quienes las obtienen y no a sus partidos. Ciscar ha recalcado que, pese a ello, su opción personal en caso de ser imputado sería la de dimitir. Acto seguido, ha matizado que, tras recibir la imputación, hay cargos públicos que abandonan su responsabilidad y otros no, y muchos de estos son finalmente absueltos. "Hay una ley que dice que estas decisiones son personales, y a partir de ahí ya no hacemos más especulaciones, ni dibujamos otros escenarios en algo que no depende del presidente de la Generalitat, ni del Consell", ha argumentado Ciscar, que no insistió tanto en las matizaciones en otros casos como el de Rafael Blasco, diputado y exportavoz del PP en las Cortes, imputado en el caso Cooperación.

Este viernes, el TSJ ha hecho pública una providencia en la que rechaza la petición de nulidad planteada por Ortiz en el caso Brugal por las prórrogas de las escuchas telefónicas entre 2008 y 2010.

Por otra parte, el portavoz del Consell ha anunciado que pretende elaborar un plan para redistribuir las cargas de trabajo en la Administración valenciana. Un plan que se pretende presentar en el primer trimestre del año que viene.

Según Ciscar, se trata de reorganizar el trabajo de acuerdo con la legislación vigente y contando con la participación de los sindicatos. La idea es reubicar a los funcionarios que han perdido carga de trabajo en otros puestos de atención al público o en departamentos que requieran un mayor refuerzo. "El plan no comportará ningún despido".

El diputado socialista Rafael Rubio aseguró que se trata de un nuevo "brindis al sol" del Consell, que desde agosto de 2010 no ha publicado ninguna relación de puestos de trabajo.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/11/16/valencia/1353072514_024724.html

CASTEDO ASEGURA QUE PAGÓ CON DINERO DE LA ‘FOGUERA’ LOS VIAJES A ANDORRA CON ORTIZ

La alcaldesa de Alicante asume ante el juez que es amiga de toda la vida del promotor

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, ha asegurado ante el juez Juan Climent, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que pagó con dinero de la lotería de su foguera los viajes familiares a Andorra en compañía del promotor inmobiliario Enrique Ortiz. Las dos familias pasaron dos navidades juntas en Andorra. Castedo, que declara como imputada en el caso Brugal en una pieza separada que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, ha llegado a declarar al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana (TSJCV) sobre las 8.40 horas, aproximadamente una hora y veinte minutos antes de su citación, que había sido fijada a las 10.00 horas.

Poco después de las 12.00, el juez ha decretado un receso y ha anunciado el aplazamiento sin fecha de la declaración del predecesor de Castedo en la alcadía, el también diputado autonómico, Luis Díaz Alperi.

Hasta el momento la comparecencia de Castedo ha girado en torno a los viajes a Andorra, a un viaje a Ibiza en el yate de Ortiz y sobre cómo ha pagado las facturas correspondientes.

La alcaldesa de Alicante también ha escuchado tres grabaciones de conversaciones con Ortiz en las que ha reconocido su voz y la de su marido.

Castedo ha declarado que es amiga de Ortiz de toda la vida, pero ha negado que el promotor le haya pagado ningún viaje.

Sí ha reconocido que recibió un regalo de la mujer del empresario con ocasión de su cumpleaños, el 23 de diciembre. La alcaldesa ha explicado que cambió el regalo por vales de El Corte Inglés porque ya tenía la cazadora con la que le obsequiaron.

Castedo, que ha llegado a la sede judicial acompañada por dos personas, presta declaración como imputada por los supuestos delitos de revelación de información privilegiada facilitada por autoridad, tráfico de influencias y cohecho.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/19/valencia/1350634756_697839.html

EL TSJ IMPUTA A CASTEDO Y A ALPERI POR HACER EL PGOU A MEDIDA DE ORTIZ

Los diputados están acusados de supuestos delitos de soborno, tráfico de influencias y uso de información privilegiada

  • 'Tú mandas'. Reconstrucción de las conversaciones entre Castedo y Ortiz

  • Castedo a Ortiz: "Te hemos apañado lo del Rico Pérez"

  • El promotor a Castedo: "Tengo que hablar contigo para marcarme la estrategia"

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana ha imputado a los dos alcaldes del PP de Alicante, la actual regidora Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi, por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información derivados del amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz.

El magistrado del alto tribunal Juan Climent, que instruye esta causa (una de las tres piezas clave del sumario de caso Brugal), ha citado a ambos altos cargos del PP para interrogarles el próximo día 19.

Climent, en una providencia firmada este lunes, ha asumido los argumentos del primer instructor de esta causa, Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante. Tejada observó indicios de delito en la conducta de Castedo y Alperi en el trámite de PGOU y remitió el pasado mes de julio el sumario al TSJ dada la condición de aforados de Castedo y Alperi. Ambos son diputados autonómicos.

La policía, el fiscal anticorrupción y el instructor mantienen que Castedo y Díaz Alperi redactaron el PGOU siguiendo los "deseos" del constructor Ortiz y a cambio de dádivas. En el caso de Alperi, un viaje en un jet privado a Creta; y en el de Castedo, unas vacaciones en Andorra y un coche de la marca Mini.

En su escrito de motivación razonada enviado al TSJ, el juez Tejada aseguró: "Indiciariamente resulta la percepción y/o solicitud de dádivas por parte de los aforados [Castedo y Alperi] por la comisión de un acto cuando menos injusto, pues merced a las mismas, los aforados facilitaron información que no debía ser pública relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante e incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular [Ortiz], prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés particular".

Según el juez, Castedo y Alperi adaptaron seis PAIS a los intereses de Ortiz. Y destaca que, sobre la base de información secreta, Ortiz acaparó suelo protegido para permutarlo por urbano. La policía cifró este pelotazo en 120 millones.

El sumario de Brugal está plagado de conversaciones entre Ortiz, Castedo y Alperi que demuestran la cercanía entre ellos el supuesto trasvase de información secreta. En una de esas conversaciones, Castedo dice a Ortiz: "Te hemos apañado también lo que hay en el APA 9, Lomas del Garbinet, y también lo del Rico Pérez".

En este sumario había ya 16 imputados, entre ellos, el propio promotor Ortiz, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, el abogado urbanista, José Luis Castedo, hermano de la regidora, y tres exdirectivos de Bancaja y CAM.

Castedo encajó la imputación con aparente satisfacción: "Es la única manera que tengo para defenderme", dijo, al tiempo que agradeció la diligencia del TSJ en llamarla a declarar.

Castedo y Alperi se mantienen en sus cargos de momento, aunque la regidora sí ha anunciado que dejará el acta de diputada. El PP se limitó a asegurar que les abrirá un expediente informativo. Los tres grupos de oposición (PSPV, EU y UPyD) exigieron la dimisión urgente de ambos cargos del PP.

La oposición exige la marcha de Castedo

Los tres partidos en la oposición en el Ayuntamiento de Alicante han exigido su dimisión tras conocerse la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo. "Mantenerse en el cargo es arrastrar por el fango la imagen de la ciudad. La gestión del PP al frente de Alicante desde el año 95 está bajo sospecha con una alcaldesa imputada y un exalcalde en la misma situación", ha esgrimido el secretario general de la agrupación socialista, Gabriel Echávarri.

EU, por su parte, ha solicitado la dimisión "inmediata y fulminante" de Castedo y de Alperi. La formación considera que el presidente del Consell, Alberto Fabra, "debe pedirles hoy mismo su dimisión como diputados en las Cortes Valencianas si quiere tener alguna credibilidad en la lucha contra la corrupción". EU ha solicitado la dimisión de Castedo en los últimos plenos municipales.

Unión Progreso y Democracia, finalmente, también ha insistido en que la alcaldesa debe dejar su cargo. La formación considera necesario convocar un pleno extraordinario para votar un nuevo alcalde entre los 29 concejales restantes de la corporación municipal.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/10/01/valencia/1349099563_559684.html

EL TSJ INVESTIGA A CASTEDO Y ALPERI POR EL CASO DEL PGOU DE ALICANTE

El juez Juan Climent intentará aclarar si existió trato de favor a Enrique Ortiz

Justo el mismo día en que hace cuatro años Luis Díaz Alperi anunciara su decisión de dejar la alcaldía de Alicante, facilitando así la elección de Sonia Castedo como sustituta, el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana (TSJ) decidía investigar a ambos por su presunta relación con el escándalo del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de cuya redacción se habría beneficiado el promotor Enrique Ortiz.

Castedo y Alperi por su condición de diputados autonómicos gozan de la condición de aforados y serán juzgados en el TSJ si el magistrado Juan Climent, que instruirá el caso, considera que existen suficientes indicios de delito. La causa llega al Tribunal Superior después de que el titular del juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada, que investigó inicialmente la pieza del caso Brugal vinculada al PGOU, hallara indicios por los supuestos delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos en las conductas de Castedo y Alperi.

La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) se declaró ayer competente para investigar la documentación remitida desde Alicante.

Castedo y Alperi están en la misma situación procesal que Blasco

La pieza del PGOU de Alicante es una de las tres ramas clave del caso Brugal, junto con la contrata de la basura de Orihuela a favor de Ángel Fenoll, y el supuesto soborno de Fenoll y Enrique Ortiz al expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll para adjudicarse la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja.

El Grupo Popular en las Cortes tiene ya a 11 diputados salpicados por casos de corrupción, seis de ellos imputados formalmente, tres con petición de imputación, uno procesado y otra investigada.

El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene ya a tres de sus diputados en las Cortes Valencianas a un paso de sentarse en el banquillo de los acusados. Con la decisión tomada ayer por el TSJ, Castedo y Alperi se encuentran en la misma situación procesal que el exconsejero Rafael Blasco. Los dos primeros por el caso Brugal y el tercero por un presunto fraude en las subvenciones a ONG.

No son los únicos casos de corrupción que salpican a diputados populares. El grupo del PP en las Cortes cuenta con otros seis imputados en el caso Gürtel, por la supuesta financiación ilegal del PP. También está procesado, por la contrata de basuras, el exalcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández Mateo y la exregidora de Ibi, Mayte Parra, está siendo investigada por unas comisiones ilegales en adjudicaciones de su ayuntamiento.

El caso Brugal investiga el supuesto amaño del PGOU de Alicante a favor del constructor Enrique Ortiz. En la fase previa de instrucción, el juez Manrique Tejada observó indicios en los distintos implicados de supuestos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario.

Aunque Tejada entiende que la fase de la instrucción no permite concretar el tipo de cohecho, apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de “la percepción y/o solicitud de dádivas” por parte de Castedo y Alperi al facilitar “información que no debía ser pública del PGOU”.

El auto del juez instructor de Alicante añade que “incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular —Enrique Ortiz—, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado”.

Partidos personados

El Ministerio Fiscal, Esquerra Unida y el PSPV-PSOE, partidos personados en la causa, habían solicitado al TSJ que asumiera esta pieza separada del caso Brugal, algo que rechazaron los letrados de Sonia Castedo, Díaz Alperi y Enrique Ortiz, a quien el instructor imputa los citados delitos. Tejada también desestimó los recursos presentados por los abogados urbanistas José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa) y el exedil del PSPV Javier Gutiérrez, socio del primero en el bufete Salvetti.

El supuesto trato de favor de Castedo y Alperi a Ortiz tuvo lugar en la recta final del trámite de la elaboración del PGOU, a partir de marzo de 2008 y antes de la aprobación provisional por parte del Ayuntamiento, en mayo de 2010. El planeamiento, que debe sustituir al de 1987, todavía no ha sido aprobado por la Generalitat. El juez considera que Ortiz hizo valer su amistad con los políticos implicados para conseguir datos del plan general en varios proyectos en los que tenía intereses.

La oposición, salvo el PSPV, carga contra Fabra

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, había valorado con celeridad las últimas decisiones judiciales en la que se ha visto implicada. Salvo la de ayer. La regidora decidió no pronunciarse. Castedo, que tras la petición del juzgado número 5 de Alicante, anunció en una entrevista a EL PAÍS su decisión de dimitir de diputada pero de mantenerse en la alcaldía, ayer optó por pasar a un segundo y discreto plano.

Por el contrario, la oposición salió en bloque, salvo el PSPV-PSOE de Alicante que está inmerso en su propia lucha interna, para criticar a la alcaldesa. La coordinadora de EUPV, Marga Sanz, lamentó que “sea solo la justicia quien ponga en su lugar a Castedo y a Díaz Alperi, mientras el PP los sigue protegiendo y Fabra no es capaz de hacer la depuración que toca”.

Sanz mostró su “alegría” por la decisión judicial que acerca a los dirigentes del PP al banquillo de los acusados. Sanz lamentó que el presidente del PP, Alberto Fabra, sea “débil con ellos —Díaz Alperi y Castedo— y con el resto de imputados e implicados en los casos de corrupción”. Para la portavoz de EU en Las Cortes la “falta de credibilidad ya es un emblema de la gestión de Fabra”, y recriminó que Fabra permita que tanto Castedo, como Díaz Alperi, “sigan utilizando las Corts como escudo de protección”, en referencia a su condición de aforados.

En Alicante, EU exigió el cese inmediato de Castedo y Alperi de sus cargos públicos en el Ayuntamiento de Alicante y las Cortes.

En la misma línea, la diputada de Compromís Mireia Mollà dijo que si Castedo, “continúa un día más ejerciendo sus cargos, se demostrará la absoluta debilidad del presidente de la Generalitat y del PPCV, Alberto Fabra”.

EU y Compromís coincidieron en analizar que este paso de la justicia sitúa a Castedo “a las puertas de la imputación formal”. La diputada autonómica del PSPV, Ana Barceló, a llamadas de este periódico lamentó “la imagen de corrupción” que está dando la Comunidad Valenciana. “Fabra debe tomar medidas contra esta lacra”, dijo.

El presidente del PP en Alicante, José Ciscar, defendió el derecho de la presunción de inocencia y subrayó que la decisión del TSJ no modifica la situación procesal de la alcaldesa.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/09/11/valencia/1347370133_895723.html

DESESTIMADOS LOS RECURSOS CONTRA EL ENVÍO DEL ‘CASO BRUGAL’ AL TSJ

El juez rechaza las alegaciones de varios imputados, entre ellos, el constructor Enrique Ortiz

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en una pieza separada del caso Brugal, ha desestimado los recursos presentados por el empresario Enrique Ortiz, el hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, y su socio Javier Gutiérrez -imputados en el proceso- contra el envío de la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), según fuentes judiciales.

El magistrado Manrique Tejada envió el pasado 5 de julio el sumario al TSJCV debido a la condición de aforados de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, quienes son diputados autonómicos, para los que Tejada pedía la imputación en el caso.

El sumario, además, imputa a un total de 16 personas, entre ellos el promotor Enrique Ortiz, que a cambio de regalos habría resultado favorecido con la tramitación del PGOU, así como el propio hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo y su socio de Salvetti Abogados y Consultores, SL Javier Gutiérrez.

Tanto Enrique Ortiz, como José Luis Castedo y Javier Gutiérrez están imputados por los presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho.

En el caso de Enrique Ortiz, su defensa presentó el pasado 6 de julio un recurso de reforma contra el auto de inhibición en el que exponía que "la remisión de la causa en el actual estado procesal supone, entre otras infracciones de orden legal y constitucional, dar por concluida esta parte de la instrucción sin practicar las diligencias acordadas mediante resoluciones judiciales firmes".

Este punto hacía referencia a la petición, aún por atender, del magistrado, para que le fuera entregado el material intervenido en los registros practicados en la vivienda, oficinas y en el yate del empresario.

Por su parte, el hermano de la alcaldesa y su socio alegaron en su recurso que, antes de dar traslado al TSJCV, el magistrado debería pronunciarse sobre la petición de sobreseimiento libre elevada por estos dos imputados, según han señalado fuentes cercanas al caso.

No obstante, en una resolución emitida hace unos días, el magistrado Manrique Tejada ha rechazado los distintos argumentos planteados por los imputados, al considerar que todos los trámites realizados en la instrucción se han producido en el momento procesal "oportuno".

Además, indica que el TSJCV continuará con la instrucción de la causa y se pronunciará sobre los trámites pendientes, según han explicado fuentes judiciales cercanas al caso.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/25/valencia/1343209822_635128.html

EL PP MANTIENE A CASTEDO EN LA ALCALDÍA PESE A ESTAR ACUSADA DE SOBORNO 

El magistrado le atribuye los delitos de tráfico de influencias, cohecho y revelación de secretos

Asegura que ella y su antecesor Díaz Alperi amañaron el Plan General en favor de Ortiz 

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, sigue en el cargo pese al auto del juez que la acusa de un supuesto delito de cohecho por modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor de los intereses urbanísticos del promotor Enrique Ortiz. "No piensa dimitir", han asegurado fuentes de su entorno. Tampoco la dirección de los populares valencianos ha dado hasta ahora ningún paso encaminado hacia la destitución de Castedo al frente de la alcaldía de la capital alicantina y esperará a la imputación formal de la regidora para exigirle su renuncia al cargo, como ha hecho en otros casos de supuesta corrupción en sus filas.     

La implicación de Castedo, y de su antecesor en el cargo Luis Díaz Alperi, en la mayúscula trama de corrupción políticoempresarial de la provincia de Alicante que indaga el caso Brugal, ha subido esta mañana un nuevo peldaño: Ambos han pasado de estar acusados por el fiscal Anticorrupción por los delitos de cohecho, tráfico de influencias y revelación de secretos a serlo directamente por el magistrado instructor de esta pieza del sumario y de los mismos delitos. El magistrado ha remitido la causa al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, dada la condición de aforados de ambos políticos del PP. Castedo es diputada autonómica desde mayo de 2011, y Díaz Alperi desde 2007. 

El promotor Ortiz está ya imputado en esta causa, y en otras piezas del caso Brugal, como la que indagada un supuesto soborno al exlíder del PP de Alicante José Joaquín Ripoll, por la planta de basura del Plan Zonal de la comarca de la Vega Baja (Sur de Alicante). La investigación policial y el fiscal Anticorrupción consideran a Ortiz, el empresario Ángel Fenoll y Ripoll los cabecillas de la trama corrupta. El empresario Ortiz también está imputado en la rama valenciana del caso Gürtel, que indaga una supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana.       

Ortiz acaparó suelo que iba a ser declarado parque natural para trasvasar la edificabilidad a la ciudad 

En su escrito de motivación razonada remitido esta mañana al TSJ, el titular del Juzgado número 5 de Alicante justifica el traslado de la causa por al Tribunal Superior de Justicia Valenciano por  "concurrir necesidad de imputación formal de Alperi y Castedo".  No obstante, será el alto tribunal el que decida finalmente si imputa a la regidora o a su antecesor en el cargo. " [...] Indiciariamente resulta la percepción y/o solicitud de dádivas por parte de los aforados [Castedo y Alperi], por la comisión de un acto cuando menos injusto, pues merced a las mismas, los aforados facilitaron información que no debía ser pública relativa al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante e incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular [Ortiz], prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés particular", recoge textualmente el escrito del juez. 

El supuesto trato de favor se realizó en la recta final del trámite del PGOU, a partir de marzo de 2008 y antes de la primera aprobación provisional del documento por parte del Ayuntamiento, mayo de 2010. El planeamiento aún no ha sido autorizado por la Consejería de Urbanismo del Gobierno Valenciano. El magistrado considera que Ortiz hizo valer su influencia y amistad sobre los dos alcaldes del PP para conseguir datos secretos del Plan general sobre varios proyectos en los que tenía interés, entre ellos, la remodelación del estadio Rico Pérez, donde juega el Hércules. Tanto el campo como el equipo son propiedad del promotor. 

El magistrado resalta que Ortiz, merced a esa información privilegiada, pudo acaparar suelo protegido en los zonas que iban a ser declaradas parques naturales en el nuevo PGOU  para luego trasvasar la edificabilidad a otras áreas urbanas de la ciudad. La policía cifra ese pelotazo en 120 millones de euros. Para estas operaciones inmobiliarias, Ortiz se valió de tres exdirectivos de Bancaja y la CAM, también imputados en la causa.  

El promotor supuestamente pagó un viaje a Creta al anterior regidor, Luis Díaz Alperi 

En cuanto al supuesto delito de cohecho en el que pudo incurrir Castedo, el magistrado se remite a los informes policiales, y destaca dos viajes a Andorra en 2008 supuestamente pagado por Ortiz y el regalo de un coche modelo MIni Cooper, también propiedad de Ortiz, a una amiga personal y actual asesora de la regidora. Sobre el viaje, Castedo mantiene que los pagó en metálico, pero el juez precisa: "Una vez analizada la información bancaria recibida de las entidades respecto a las personas de Sonia Castedo Ramos y Arturo Soto Viero (su marido), se llega a la conclusión de que no existe ninguna extracción de dinero en efectivo, ni extracciones de dinero a través de cajeros automáticos cuyos importes pudieran evidenciar que se extrajo de las cuentas bancarias dinero en efectivo para pagar ambos viajes". 

Los supuestos cohechos que el magistrado atribuye al exregidor y actual diputado autonómico Díaz Alperi de parte de Ortiz, son los mismos recogidos en los informes policiales, es decir, un viaje a Creta en un jet privado por valor de 45.000 euros y el pago de la cuota del hijo del alcalde (30.000 euros) en la constitución de una empresa de publicidad. 

El fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, en el escrito paralelo que ha remitido al juzgado, también mantiene la acusación a Castedo y Alperi por los delitos de revelación de secretos, cohecho y tráfico de influencias. Según el fiscal, la alcaldesa y el exalcalde condicionaron la redacción del planeamiento de la ciudad de Alicante a los intereses de Ortiz a cambio de dádivas. El ministerio público sostiene que Alperi y Castedo facilitaron datos secretos del PGOU a través del despacho de abogados, propiedad de José Luis Castedo (hermano de la regidora) y el exedil del PSPV Javier Gutiérrez. 

En este sumario, el juez  ya ha  imputado formalmente a 16 personas, de las 21 que inicialmente acusa el fiscal. Los imputados de mayor calado son el promotor Ortiz, su mujer, el redactor del PGOU, el arquitecto Jesús Quesada, y José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/05/valencia/1341472993_602760.html 

Ninguno del centenar de imputados por la trama corrupta de la basura y el urbanismo de Alicante se ha sentado todavía en el banquillo de los acusados

El pasado día 6 se cumplieron dos años de la operación policial que destapó la mayor trama de corrupción político empresarial de la provincia de Alicante vinculada al negocio de la basura y urbanismo: el caso Brugal. Los agentes de la Brigada de Blanqueo de Capitales, madrugaron, hasta el punto de que sorprendieron en pijama en su lujoso chalé al expresidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y su esposa. Ripoll y otras 18 personas, entre ellos, los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, fueron arrestados.

La policía y la Fiscalía Anticorrupción consideran a Ripoll, Ortiz y Fenoll como los muñidores de la trama. Pero ni los tres, ya formalmente imputados ni el resto del centenar de implicados en el sumario general han llegado a sentarse en el banquillo de los acusados.

La instrucción del voluminoso sumario (40.000 folios), desgajada en tres piezas centrales y una quincena de causas colaterales, ha avanzado a ritmo cansino, atrapada, unas veces, por la lluvia de recursos de las partes, y otras, por las paradójicas resoluciones del primer instructor general, el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela.

El juez llegó a anular parte de las escuchas telefónicas que le dieron pie a ordenar los arrestos y los consiguientes registros. Más adelante, la Audiencia de Alicante revocó el auto del magistrado y validó las grabaciones policiales, principal prueba de cargo de la Fiscalía Anticorrupción contra los imputados.

Los jueces han archivado siete de la veintena de causas del sumario

Durante este bienio, los distintos jueces competentes han archivado ya siete causas menores por falta de indicios racionales de criminalidad y sólo un magistrado ha decretado la apertura de juicio oral para el sumario abierto a raíz de la pistola encontrada en el despacho de Enrique Ortiz durante el registro policial de la sede de su empresa matriz, el Grupo Cívica. Por estos hechos, el fiscal solicita para el promotor un año y medio de cárcel por un supuesto delito de tenencia ilícita de armas.

La primera causa archivada, a los pocos meses de levantarse el secreto del sumario de las diligencias, fue la que implicaba al exconsejero de Economía Gerardo Camps, por supuesto trato de favor Ortiz y el corredor de rallies Miguel Ángel Fuster. A ese archivo siguió el del sumario que indagaba un supuesto desvío de fondos de adjudicaciones de la Diputación de Alicante para financiar la Fundación Hércules. El imputado más relevante en esta causa era el exdiputado provincial del PP y actual director general de la Cámara de Comercio, Carlos Mazón.

Más adelante, el Juzgado número 3 de Orihuela acordó el archivo de otras cuatros causas en las que estaban implicados alcaldes o portavoces del PP de los pueblos de Jacarilla, Pilar de la Horadada, Bigastro y Algorfa por supuestamente recibir sobornos (sobres con dinero en metálico) de Fenoll a cambio de las contratas de basuras.

Solo hay un juicio a la vista, contra Ortiz, por tenencia ilícita de armas

Las tres piezas claves del caso Brugal son el amaño de la contrata de la basura de Orihuela a favor de Ángel Fenoll; el soborno de Fenoll y Enrique Ortiz a Ripoll para obtener la adjudicación de la planta de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja; y el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor de Ortiz.

La instrucción de las dos primeras piezas ha sido la más accidentada, y está aún pendiente de culminar la fase testifical. El retraso que acumulan estos dos sumarios se debe en primer lugar a la resolución del juez San Martín de Orihuela de anular parte de las escuchas y su decisión posterior de abandonar la oficina judicial. A este juzgado acaba de llegar el sexto juez en los cinco años que se prolonga la instrucción, aunque la intención del Tribunal Superior de Justicia es que la juez de apoyo que tomó el relevo a San Martín siga la instrucción.

Por el amaño de la contrata de basura del municipio de Orihuela la juez ya ha imputado a 13 personas, entre ellas, Fenoll y tres exediles del PP. La juez acaba de imputar a otras 29 personas. La más destacada es la exalcaldesa y actual portavoz del Grupo Popular, Mónica Lorente. La juez los interrogará a partir de mediados de septiembre.

En la pieza del supuesto soborno por la contrata de la basura del plan Zonal hay ya cinco imputados (Ripoll, Fenoll, Ortiz, el empresario Rafael Gregori y el exportavoz del PSPV en la Diputación, Antonio Amorós). El fiscal ha pedido imputar a 20 personas más. La juez aún no se ha pronunciado.

Y en la causa del amaño del PGOU de Alicante, el instructor acaba de remitir el sumario al TSJ solicitando la imputación de dos aforados, los alcaldes del PP de Alicante, Sonia Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi. En este sumario el instructor ya ha interrogado como imputadas a 16 personas.

 http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/15/valencia/1342375856_579342.html

CASTEDO: “NO HAY MAYOR CONDENA QUE LA INDEFENSIÓN” 

La alcaldesa de Alicante sostiene que demostrará que las imputaciones son falsas

La también diputada autonómica asegura ser víctima de un linchamiento mediático 

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, ha remitido una nota a la agencia Efe para replicar al auto del juez que solicita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que la impute por los delitos de cohecho, revelación de secretos y tráfico de influencias. 

Castedo asegura que demostrará que "las imputaciones son falsas" y lamenta su condena mediática en los últimos dos años por no haber podido declarar ante un juez y "dar la cara". "Ya he sido condenada [por los medios] y no hay mayor condena que la indefensión", afirma. 

La alcaldesa señala que nunca pensó que "para estar tranquila debía estar imputada", pues hasta ahora no ha tenido la oportunidad de explicarse ante un juez. 

"Yo doy la cara, diré la verdad, no mi verdad, y con documentos, los mismos que ni la Fiscalía ni el Juzgado han tenido en consideración", indica la regidora alicantina. 

Castedo recuerda que en octubre del pasado año entregó a los medios de comunicación numerosos documentos oficiales relacionados con el PGOU para demostrar que no hubo irregularidad alguna en los trabajos de revisión del planeamiento urbanístico. 

Castedo reitera "la indefensión" que le ha supuesto no poder declarar ante el juez instructor, ni como testigo ni como imputada -es aforada por su condición de diputada autonómica-, mientras su nombre ha aparecido "en los medios de comunicación casi todos los días durante los dos últimos años". 

"No he tenido todavía la oportunidad de sentarme ante un juez y explicar todo punto por punto", subraya, al tiempo que se pregunta "cuántos años más" le esperan "de condena mediática y política". 

"No me voy a callar, no me voy a callar", reitera Castedo, para destacar "la necesidad" que tiene de "hablar, explicar y demostrar" que "las imputaciones son falsas". 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/07/05/valencia/1341490147_348875.html 

EL JUEZ PIDE IMPUTAR A CASTEDO Y ALPERI POR EL CASO BRUGAL 

Acusa a la alcaldesa de Alicante y a su antecesor de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho y eleva la causa al TSJ al ser aforados 

El juez que instruye la rama del caso Brugal sobre supuestas ilegalidades en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante ha enviado la causa al Tribunal Superior de Justicia valenciano y ha pedido la imputación de la alcaldesa, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos diputados. 

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, el juez ve en los diputados autonómicos Castedo y Alperi indicios de los supuestos delitos de revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho. 

En esta pieza separada del caso Brugal se investigaban supuestos amaños en el Plan General de Alicante a favor del constructor y promotor Enrique Ortiz, que es uno de los imputados. 

Además, el juez instructor, Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción 5 de Alicante, desgrana en su exposición razonada las diligencias previas seguidas contra otras 15 personas más, entre las que figuran el arquitecto del proyecto de revisión del PGOU, Jesús Quesada; el abogado y hermano de la alcaldesa, José Luis Castedo, varios empresarios y dos ex directores generales adjuntos de Bancaja. 

Sobre este grupo de personas, el juez ve indicios de delito relacionados con el aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, cohecho, tráfico de influencias, asesoramiento ilegal o revelación de información privilegiada por funcionario. 

Aunque el juez entiende que la actual fase de la instrucción "no permite la concreción del tipo de cohecho", apunta que, en función de los indicios, este delito puede darse como consecuencia de "la percepción y/o solicitud de dádivas" por parte de Castedo y Alperi al facilitar "información que no debía ser pública del PGOU". 

"Incluso procedieron a modificar el mismo en atención a los deseos manifestados por un particular -Enrique Ortiz-, prescindiendo de los intereses generales y atendiendo exclusivamente al interés privado", añade en su razonamiento el juez instructor. 

En este sentido, recuerda que el Tribunal Supremo, en materia de contratación pública, sostiene "que no se trata de identificar la injusticia del acto con la propia percepción de la dádiva, sino de constatar el hecho de que la adjudicación de una obra pública precondicionada por un acuerdo previo adoptado en función de una dádiva" constituye "un acto intrínsecamente injusto". 

En referencia a Enrique Ortiz, el juez refleja presuntos delitos de aprovechamiento de información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, tráfico de influencias y cohecho. 

Por lo que respecta al delito de tráfico de influencias que se le imputa a este empresario, el juez apunta "indicios acreditativos de la especial relación" que Ortiz mantiene con Castedo y Díaz Alperi. 

De hecho, ha incluido en el escrito la transcripción de una conversación telefónica intervenida por los efectivos policiales en mayo de 2008 en la que la entonces edil de Urbanismo y hoy alcaldesa le dice a Ortiz: "Te hemos apañado también lo de...lo que hay entre el APA 9 y Lomas de Garbinet"... "y tenemos apañado también lo del Rico Pérez", en referencia a zonas e iniciativas urbanísticas. 

La citada conversación se produjo once días antes de que el arquitecto director de la revisión del PGOU entregara en la Gerencia de Urbanismo este trabajo para su exposición al público. 

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2012/07/05/juez-pide-imputar-castedo-alperi-caso-brugal/918323.html

 29 IMPUTADOS MÁS EN EL ‘CASO BRUGAL’ POR LA CONTRATA DE LA BASURA DE ORIHUELA

  • Entre los implicados destacan los exalcaldes Mónica Lorente y José Manuel Medina, del PP

  • El fiscal pide al juez de Brugal 54 nuevas imputaciones por la basura

La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ha imputado, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a otras 29 personas por el amaño de la contrata de basura del municipio a favor del empresario Ángel Fenoll. Este sumario es una de las tres ramas principales del caso Brugal.

Entre los nuevos imputados que la magistrada ha citado a declarar, entre los meses de septiembre y octubre, destacan los exalcaldes del PP de Orihuela Mónica Lorente y José Manuel Medina, ambos del PP, y el también exregidor Francisco García Ortuño. Medina y Ortuño no ocupan en la actualidad cargo público. Lorente es la portavoz del Grupo Popular y pugna por desbancar al minoritario Gobierno del tripartito.

A Lorente, la juez le imputa los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, revelación de secretos, actividades prohibidas a autoridades y fraude; a Medina, prevaricación; y a Ortuño, cohecho, amenazas y prevaricación.

Junto a estas tres personas, la lista de imputados incluye al exinterventor municipal José Manuel Espinosa, Jorge Lorente, hermano de la exalcaldesa, Joaquín Meseguer, exjefe de gabinete de la Mónica Lorente, y seis exconcejales más del PP.

En un auto dictado el pasado día 4, la magistrada justifica las nuevas imputaciones al observar indicios delictivos "sobre su participación en los hechos bien de forma directa, bien de forma colateral, ejecutando actos de un plan preconcebido".

La magistrada también accede a la petición del fiscal de aportar a la causa el expediente de la adjudicación de la contrata y todos los pagos efectuados por el Ayuntamiento a las empresas de Fenoll desde 2003 a 2010. La juez, por último, acuerda pedir al PP y al Partido Social Democrático todas las facturas de sus gastos electorales en los comicios municipales y autonómicos de mayo de 2007.

El Ayuntamiento de Orihuela adjudicó en octubre de 2008, bajo la presidencia de Mónica Lorente, la contrata de la basura a una UTE integrada por Sufi, Liasur y Gobancast. La investigación policial y el fiscal sostienen que las dos últimas empresas son falsas y en realidad la tapadera de la que valió Fenoll para quedarse con el contrato. En este sumario ya había 11 imputados, entre ellos, tres exconcejales del PP.

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/07/valencia/1339096291_782228.html

LA ABSOLUCIÓN DE CAMPS DA AIRE A CASTEDO POR SU ACUSACIÓN EN BRUGAL

La regidora, baluarte del campismo, ve viable resistir aunque la imputen

La absolución del expresidente del Consell Francisco Camps en el caso de los trajes ha supuesto, indirectamente, un balón de oxígeno para su más destacada defensora en Alicante, la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP. La regidora está acusada por el fiscal Anticorrupción en la pieza del caso Brugal que investiga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad en favor del promotor Enrique Ortiz.

"En Madrid ya están hartos de los escándalos del PP valenciano"

Pese a que Castedo aún no está imputada en el sumario, el PP ya había tanteado el terreno para el relevo de la regidora. No obstante, la alcaldesa ha tomado ahora nuevo impulso y fuentes de su entorno ven más factible que pueda continuar en el cargo aun en el supuesto de que acabara finalmente imputada.

La imputación de Castedo en el sumario del PGOU está en manos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana, dada la condición de aforada de la regidora, que compagina este cargo con el de diputada autonómica. Esta posibilidad, dada la evolución de la instrucción del sumario (todavía en la fase testifical) se pospondrá con toda seguridad hasta después del verano.

La operación de relevo de Castedo se ha frenado a la espera del devenir político de Camps y de la resolución del inminente proceso congresual de los populares. Primero el cónclave regional y, a continuación, el provincial.

Desde mediados de junio, cuando el juez levantó el secreto del sumario del caso del PGOU y trascendió a la opinión pública la explícita connivencia entre la alcaldesa, su antecesor en el cargo y ahora diputado autonómico Luis Díaz Alperi, y el promotor Ortiz, Castedo se aprestó a defender su inocencia y a cuestionar el juicio paralelo que, según ella, se estaba haciendo desde los medios de comunicación.

El primer comentario que realizó Castedo tras la absolución de Camps fue la alusión al "juicio paralelo" que ha sufrido el expresidente durante tres años. Aunque precisó que no quería compararse con Camps sí dejó entrever que ella estaba siendo víctima de esa situación desde hacia ya un año, cuando comenzaron a filtrarse las primeras diligencias del sumario del PGOU.

Los seguidores de Castedo ponen el énfasis en que Camps, acusado, imputado y procesado, ha sido finalmente absuelto. Y también critican la fría actitud de Alberto Fabra con Camps durante el desarrollo del juicio de los trajes. Castedo, junto con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, fueron los únicos tres altos cargos del PP que arroparon a Camps con su presencia en la sala de vistas, en una de las jornadas del juicio.

La presión mediática llevó a la regidora a enrocarse a medida que pasaban las semanas y se destapaban nuevos datos del caso Brugal, como la imputación de su hermano, el abogado urbanista, José Luis Castedo, y la declaración, como testigo, de su amiga y asesora, Julia Castelló, por el supuesto regalo de un coche de la marca Mini.

En paralelo a ese aislamiento, también comenzó a diluirse su protagonismo en el equipo de gobierno en favor del concejal de Hacienda, Juan Seva.

Precisamente, fue Juan Seva el primer elegido como sustituto de Castedo al frente de la alcaldía, en una operación que contaba con el visto bueno de la dirección nacional del PP. El edil, en cambio, negó esa posibilidad y alegó que nadie le había ofrecido nada.

Fuentes del PP señalan que la intensidad del acoso interno a Castedo para que deje el cargo estará en función de la firmeza del mandato del líder nacional del PP, Mariano Rajoy, al presidente regional de los populares valencianos, Alberto Fabra, para que haga tabla rasa con la herencia del campismo y su legado de sucesivos casos de corrupción. "En Madrid están ya hartos de la Comunidad Valenciana", aseveran esas fuentes en alusión a la cascada de noticias vinculadas a escándalos que exporta la Comunidad Valenciana.

Otro elemento que destacan esas fuentes para calibrar las posibilidades de Castedo de resistir en la alcaldía de Alicante es el resultado final de la ponencia sobre nuevo código ético del partido que salga del congreso regional. Ese documento lo está elaborando el propio Alberto Fabra y no descarta plantear la posibilidad de que los cargos públicos del partido imputados tengan que dejar obligatoriamente el puesto.

Gobierno municipal tricéfalo

El monolítico respaldo del Grupo Popular del Ayuntamiento de Alicante, con el que Sonia Castedo comenzó su periplo al frente de la alcaldía, denota vías de agua en los albores del presente mandato, generadas por dos de sus hombres fuertes: Andrés Llorens, primer teniente de Alcalde, y Juan Seva, responsable del área de Hacienda y Seguridad Ciudadana.

En el fondo de esta inestabilidad del equipo de gobierno local subyace la irrupción en la opinión pública de las escuchas del caso Brugal vinculadas al supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Castedo optó por dar un paso atrás en su otrora omnipresencia y, consciente o no, delegó el peso de la gestión en Llorens y Seva.

Andrés Llorens y Juan Seva están llamados a sustituir a Castedo, en el supuesto de que finalmente resulte imputada en caso Brugal. Sendos ediles han evidenciado su disparidad de criterios en los últimos meses con motivo de la elaboración del presupuesto municipal para este año, marcado por los recortes. La alcaldesa no terció en la disputa y dejó en manos de Seva el peso de las decisiones. De esta forma, el edil de Hacienda cargó con la lluvia de críticas que acarrearon medidas como rebajar el salario a los funcionarios o subir el transporte público, con el polémico bono-oro para los pensionistas como punta de lanza de la polémica.

No obstante, y en consonancia con su estilo de gobierno, cuando la presión social llega a su cénit, Castedo reaparece para tomar la iniciativa, recular y de paso desautorizar a sus concejales. Un día antes de llevar al pleno el presupuesto, dulcificó el tijeretazo a funcionarios y pensionistas.

www.elpais.es 30.01.12

EL JUEZ CITA A DOS EMPLEADOS DEL HERMANO DE CASTEDO

El juez que investiga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante ha citado como testigos a dos empleados del despacho de Salvetti Abogados, regentado por los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. El magistrado, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, interrogará a los dos testigos el próximo día 15 de febrero.

El interrogatorio a estos dos empleados del despacho del hermano de la alcaldesa se produce a petición de una de las dos acusaciones populares personadas en la causa, la que ejerce el PSPV.

La policía y el fiscal Anticorrupción consideran al bufete Salvetti Abogados como el puente del que se valió la trama para amañar el planeamiento en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz. Además, sostienen que ambos abogados tramitaron diversas alegaciones al PGOU a sabiendas de que luego iban a ser estimadas debido a la información privilegiada que tenían del documento. La policía estima en un millón de euros el beneficio que obtuvo el despacho mediante esa actividad.

José Luis Castedo y Javier Gutiérrez ya han declarado ante el magistrado como imputados. Ambos negaron que tuvieran información privilegiada del PGOU antes de salir a exposición pública. Mientras, la alcaldesa está acusada por el fiscal de los supuestos delitos de cohecho y tráfico de influencias.

www.elpais.es 26.01.12

LA AUDIENCIA AVALA LAS ESCUCHAS DEL 'CASO BRUGAL'

Los 'pinchazos' revelaron el amaño del PGOU de Alicante- Considera que el órgano competente es del tribunal que juzgue los hechos

La Audiencia de Alicante ha dado un espaldarazo a la instrucción de sumario del caso Brugal que investiga una trama político-empresarial en torno al negocio de la basura y el urbanismo en la provincia de Alicante. La sección 1ª del alto tribunal ha dado luz verde a las escuchas telefónicas que destaparon uno de los tres pilares de la causa general: el amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor de los intereses del promotor Enrique Ortiz.

La policía y el fiscal Anticorrupción sostienen que el empresario recibió datos secretos del planeamiento de la mano de la actual alcaldesa del PP de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, a cambio de dádivas. Ambos, diputados autonómicos, están acusados por el fiscal de supuesto cohecho. En este sumario hay ya 18 imputados, entre ellos, el promotor Ortiz y su mujer, el redactor del PGOU, Jesús Quesada, y los abogados urbanistas José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. El primero es hermano de la regidora Castedo y el segundo, un exedil socialista.

En un auto difundido ayer, la sección 1ª de la Audiencia ratifica la resolución del pasado mes de octubre del instructor de la causa del PGOU, Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante. El magistrado dio por buenas las intervenciones telefónicas practicadas durante la fase de investigación y, además, observó indicios de delito en los hechos.El auto de la Audiencia de Alicante en virtud del cual avala las escuchas telefónicas que dejaron al descubierto un posible amaño del PGOU de Alicante se produce a raíz del recurso de apelación presentado por uno de los principales imputados, el promotor Enrique Ortiz. La defensa de Ortiz planteaba básicamente dos cuestiones: la nulidad de las intervenciones de los teléfonos de los investigados por la violación de derechos fundamentales y del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones y la competencia de Juzgado número 5 de Alicante para instruir la causa. La sala ha desestimado ambas peticiones.

Al recurso de apelación de Ortiz se sumaron otros imputados, como su mujer y los abogados urbanistas José Luis Castedo y Javier Gutiérrez. Estos dos últimos regentan el despacho Salvetti Abogados, creado a finales de 2008, en la recta final de la redacción del PGOU. Según la policía, desde el despacho tramitaron alegaciones, a sabiendas de que iban a ser estimadas, que les generaron un beneficio de un millón de euros.

En su recurso, la defensa de Ortiz planteaba que "las diligencias de investigación, en concreto la grabación de supuestas conversaciones telefónicas, autorizadas mediante los autos recurridos [prórrogas de las intervenciones desde el auto de junio de 2008], son diligencias de investigación obtenidas con violación de los derechos fundamentales". El objetivo de los recurrentes era la declaración de nulidad de diversos autos dictados en la fase instructora en los que sea acordaba la intervención y sucesivas prórrogas de las comunicaciones telefónicas de Enrique Ortiz, su esposa, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.

En el apartado de fundamentos jurídicos, la sala precisa, en primer término, que en procedimiento de sumario ordinario y, de acuerdo a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, "es en el acto del inicio del juicio oral, mediante el planteamiento de cuestión previa de nulidad de actuaciones por haberse producido con vulneración de derechos fundamentales, cuando debe plantearme la misma [nulidad de las escuchas]".

La sala considera que no es momento procesal para resolver la legalidad o no de las intervenciones y que tampoco procede examinar ahora la necesidad, proporcionalidad, indicios, motivación y control judicial de las escuchas. "No procede porque entendemos que el resultado de esas diligencias de investigación, será prueba o podrá serlo en la sede y lugar en que estas se practiquen", señala la Audiencia en su resolución.

"Insistimos", añade el auto, "es el órgano de enjuiciamiento el que, si se cuestiona en el plenario la legalidad de una medida limitativa de derechos fundamentales, procederá a dar validez a las diligencias de entrada y registro, intervención de la correspondencia o intervención telefónica, ya que la ratificación de estas por el juez instructor es un acto irrelevante, pues serán el Tribunal Superior de Justicia, la Audiencia o el juez de Lo Penal, en su caso, quienes deberán adoptar la decisión que estimen pertinente sobre la validez de las medidas limitativas de derechos fundamentales cuestionadas y cómo quedan afectados otros elementos de prueba obtenidos de una que es declarada prueba".

Con este auto la Audiencia avala la instrucción hasta ahora realizada por el magistrado Tejada, pero con una corrección. La sala cree que el juez, en su auto del 18 de octubre, cuando también rechazó el recurso de Ortiz sobre la nulidad de las escuchas, debió limitarse a desestimarlo porque no es momento procesal oportuno sin entrar a ratificar su legalidad.

LA BATALLA JUDICIAL DE LOS 'PINCHAZOS'

La investigación policial y judicial de la trama del caso Brugal se gestó entre marzo de 2007 y junio de 2010. En esos tres años el sumario engordó hasta llegar a los 40.000 folios. El grueso de las diligencias lo integran centenares de horas de escuchas practicadas a los cabecillas de la supuesta trama, encabezados por el exlíder del PP de Alicante José Joaquín Ripoll y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

El 6 de julio de 2010 y sobre la base de esas intervenciones telefónicas, el instructor general, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, desencadenó la operación policial que acabó por destapar la envergadura de la trama (decenas de supuestos cohechos por negocios vinculados al negocio del urbanismo y las contratas de la basura).

Pero la iniciativa del instructor (en esa fecha el magistrado Carlos San Martín) también reveló que la principal prueba de cargo de la acusación pública, encarnada por la Fiscalía Anticorrupción, era precisamente el contenido de las escuchas telefónicas.

Desde esa fecha, las defensas de los imputados (en la actualidad 56 personas en las diferentes piezas) decantaron el peso de su estrategia judicial hacia las escuchas en un intento de anularlas antes de que se consolidara la instrucción y, sobre todo, para frustrar que finalmente ninguno de los imputados llegue a sentarse en el banquillo de los acusados.

El primer arreón de las defensas contra los pinchazos fue ante el instructor general, el mencionado Carlos San Martín. Los abogados recurrieron los autos de prórroga de las intervenciones alegando vulneración de los derechos fundamentales y falta de motivación. Paradójicamente, San Martín, que había firmado algunas de las prórrogas, emitió el pasado mes de junio un auto en el que anulaba parte de las intervenciones. Y ello pese a admitir que no era el momento procesal oportuno y que el órgano competente para validar su legalidad es el juzgador de los hechos. Los beneficiados por esta resolución fueron Ripoll, Ortiz y Fenoll. La Fiscalía Anticorrupción ha apelado la resolución a la Audiencia de Alicante.

La sala que tiene que resolver este recurso de la Fiscalía al auto de San Martín es la sección 7ª con sede Elche. Fuentes de la Audiencia de Alicante han informado de que el alto tribunal ya ha remitido a la sala de Elche la resolución de la sección 1ª dictada ayer sobre esta cuestión y que avala las escuchas de la pieza del PGOU de Alicante. Si la sala de Elche se suma a los argumentos de la de Alicante revocará el auto de San Martín y validará el global de las escuchas.

www.elpais.es 19.01.12

LA ASISTENTA QUE PASÓ A ASESORA DE SONIA CASTEDO

La mujer declara en el 'caso Brugal' que pagó a Ortiz 5.000 euros por un Mini

Julia Castelló, amiga íntima de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, compareció ayer como testigo ante el juez que investiga la rama del caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en favor del promotor Enrique Ortiz. El promotor supuestamente le regaló un Mini modelo Cooper. Castelló, hasta ahora identificada en el caso Brugal como la asistenta de Castedo, negó la dádiva y también que sea la niñera de la alcaldesa. "He sido la niñera de su hija como ella de la mía", precisó. Este grado de amistad con la regidora le ha valido a Castelló integrar desde enero de 2009 la nómina de su personal de confianza. Castelló gestiona desde el gabinete de la alcaldía las entrevistas de la alcaldesa con los vecinos y el buzón de sugerencias.

Castelló es personal de confianza de la alcaldesa desde enero de 2009

El fiscal cree que Ortiz le regaló el Mini por indicación de la regidora

Julia Castelló compareció ante el magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante. Este juez instruye el supuesto amaño del PGOU de Alicante, una de las piezas de mayor relevancia del caso Brugal. El fiscal Anticorrupción mantiene que Ortiz regaló el Mini a Castelló por indicación de la alcaldesa. El ministerio público, además, sostiene que el promotor Ortiz recibió datos secretos del nuevo PGOU de la mano de Castedo y de su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi y, a cambio, el empresario los colmó de regalos.

Castelló no ocultó al magistrado su estrecha amistad con la regidora y el promotor y aportó documentación según la cual abonó 5.000 euros, en mano y en cuatro plazos, por el coche a Virgilio Ortiz, hermano del promotor y apoderado de la empresa propietaria del vehículo.

Según las escuchas del caso Brugal, y en concreto una conversación grabada entre Enrique Ortiz y su mujer [ambos están imputados en el sumario], Juliá Castelló recibió el Mini el 16 de agosto de 2009, con motivo de su cumpleaños. La asesora no negó este extremo y señaló que se trató de un regalo que le hizo su marido. Y aportó documentación (facturas, extractos bancarios y justificantes de Tráfico) para acreditar el pago del vehículo

Castelló presentó en el juzgado una factura por la compra del coche expedida por el grupo Cívica, propiedad de Ortiz, con fecha del 16 de septiembre de 2009, es decir, un mes después de recibir el Mini. El monto de la factura es de 5.000 euros (4.310,64 euros por el coche, más 689,66 en concepto de IVA). La testigo también adjuntó una cartilla de ahorros con cuatro extractos correspondientes, según ella, a cada uno de los plazos en los que abonó la factura. El primer extracto (1.500 euros) tiene fecha del 20 de agosto de 2009, cuatro días después de tener el coche. El segundo (1.000 euros), del 8 de octubre de 2010; el tercero (1.000 euros), del 18 de diciembre de 2009, y el cuarto, del 15 de enero de 2010. Castelló aseguró al juez que entregó esas cantidades de dinero en mano al hermano del promotor Enrique Ortiz.

El resto de documentación aportada por Castelló fue un justificante del pago a la gestoría que tramitó el alta del coche a su nombre en Tráfico con fecha del 21 de septiembre de 2009, por 135,66 euros, y el seguro, también a su nombre, con fecha del 9 de septiembre de 2009.

Fuentes del caso han asegurado que el instructor abrirá una investigación para verificar las pruebas documentales aportadas ayer por la asesora de la regidora.

La testigo confirmó al juez la relación de amistad que mantiene con la familia Castedo y con el promotor Ortiz. Y admitió que viajó con ellos a bordo del yate propiedad de Ortiz en agosto de 2009, unos días antes de supuestamente recibir el regalo del coche de parte del promotor.

Además de la asesora de Castedo, el juez interrogó ayer, igualmente en calidad de testigo, a Carlos Parodi, hombre de confianza de Ortiz y ahora gerente del Hércules CF. Parodi fue incluido inicialmente en el escrito de acusación del fiscal por supuestamente facilitar planos del PGOU a Ortiz antes de que el documento saliera a exposición. Ayer, el juez dictó in voce un auto de sobreseimiento provisional de su imputación.

En su declaración, Parodi negó que facilitara ningún plano del PGOU de Ortiz. El testigo sí admitió que el 28 de septiembre de 2009, y por indicación de Ortiz, se desplazó hasta el domicilio particular de Castedo, "pero fue para llevarle una relación de gastos de mantenimiento del estadio Rico Pérez", puntualizó.

Parodi dijo al juez que desconocía quién había aportado la participación del capital social de Otto Díaz, hijo del exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi en una firma de publicidad. Parodi es apoderado de esa empresa. Según el fiscal, la cuota de Otto Díaz (30.00 euros) la aportó el empresario Ortiz, por indicación del exregidor.

Otto Díaz había sido propuesto como testigo por el fiscal. No obstante, el juez ha aplazado la citación al alegar este que su testimonio podría perjudicar a su padre. Díaz Alperi, al igual que Castedo, está acusado pero no imputado en el sumario.

La instrucción de este sumario continúa el próximo lunes con el interrogatorio a otros tres testigos, todos ellos empleados de Enrique Ortiz.

www.elpais.es 11.01.12

EL TSJ REFUERZA POR DECRETO LOS JUZGADOS DE EMARSA Y BRUGAL

De la Oliva designa dos magistrados de apoyo antes del visto bueno de Justicia

La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), Pilar de La Oliva, se ha hecho eco de las demandas de los juzgados que investigan dos de los casos de corrupción de mayor envergadura -el saqueo de Emarsa y la trama de corrupción sobre la basura y urbanismo en la provincia de Alicante- y ha designado, por decreto, dos jueces de refuerzo.

De acuerdo con una nota oficial del TSJCV, hoy, lunes, se incorporará un juez de adscripción territorial (JAT) al Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia, que dirige la investigación del caso Emarsa, cuyo instructor, Vicente Ríos, ya ha imputado a 28 personas.

Y a lo largo de la semana se incorporará otro magistrado de la misma categoría al Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela. Esta oficina ha llevado la instrucción general del caso Brugal, con tres piezas principales y una veintena de ramificaciones. En la actualidad, el juzgado dirige dos de las piezas centrales de la investigación: un supuesto soborno por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja y un presunto amaño del contrato de la basura de Orihuela. La tercera causa de relevancia -un posible amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante- la instruye el Juzgado número 5 de Alicante. En el caso Brugal hay decenas de imputados y centenares de implicados. Los de mayor calado son el exlíder PP de Alicante, José Joaquín Ripoll -imputado por cinco delitos- y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo -acusada por el fiscal-

El TSJCV asegura que el pasado 14 de octubre, la sala de gobierno del alto tribunal avaló la propuesta del juez del caso Emarsa de incorporar un refuerzo. La petición fue respaldada por el Consejo General del Poder Judicial el 22 de noviembre. Sólo quedó pendiente el visto bueno del Ministerio de Justicia. "Dado que ese pronunciamiento [el de Justicia] aún no se ha producido, De la Oliva ha decidido, de acuerdo con las necesidades planteadas por el juez Ríos desplazar un JAT", señala la nota.

De La Oliva firmó el decreto para designar el JAT de caso Emarsa el pasado jueves. Ese mismo día, también, por decreto, acordó incorporar otro al Juzgado número 3 de Orihuela. Así esta oficina seguirá contando con dos jueces: el sustituto que ha asumido provisionalmente la dirección del juzgado, tras la salida de hasta ahora titular, Carlos San Martín, y el JAT.

www.elpais.es 09.01.12

UN CASO PENDIENTE DE LAS ESCUCHAS

La legalidad de las intervenciones en la investigación de Brugal, en manos de dos salas de la Audiencia de Alicante

Las partes del caso Brugal, trama corrupta vinculada a la basura y al urbanismo en la provincia de Alicante tejida sobre la base de la connivencia entre los líderes políticos del PP y empresarios, encaran el tercer año después del levantamiento del secreto de sumario con la vista puesta en dos tribunales distintos de la Audiencia de Alicante. Sendas salas tiene que pronunciarse sobre la legalidad de la principal prueba de cargo de la Fiscalía Anticorrupción: las escuchas telefónicas practicadas a los cabecillas de la red durante más de tres años, de marzo de 2007 a junio de 2010. El sentido de la resolución ambos tribunales será clave para el futuro de significados dirigentes del PP, con la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a la cabeza, y destacados empresarios, entre otros, el omnipresente promotor Enrique Ortiz.

Un juez anuló una parte de las intervenciones y otro las validó

Ripoll (imputado) y Castedo (acusada) son los principales implicados

Las escuchas telefónicas realizadas por los agentes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante durante centenares de horas a los líderes de la trama ocupan el grueso de los más de 40.000 folios del sumario.

Sobre la base de esas intervenciones, el 6 de julio de 2010 el instructor general del caso, Carlos San Martín, extitular del Juzgado número 3 de Orihuela ordenó la operación policial clave de la investigación, que incluyó 19 arrestos y otros tantos registros domiciliaros, entre ellos el del en esa fecha presidente provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz.

El levantamiento del secreto del sumario reveló una trama con una veintena de ramificaciones y dos piezas centrales: un supuesto soborno al exlíder del PP por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja por parte de los empresarios Ortiz y Fenoll; y un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor de promotor Ortiz a base de información privilegiada supuestamente facilitada por los alcaldes del PP, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi.

La instrucción del soborno del plan zonal permaneció bajo la batuta de San Martín. Sin embargo, el juez anuló el junio de 2011 algunas de las intervenciones practicadas a Ripoll, Fenoll y Ortiz. Esta resolución, junto a otra serie de errores formales (incluir en la documentación facilitada a las partes de esa causa diligencias de la pieza del PGOU aún secretas), ha empantanado la instrucción de este sumario.

Las partes, con la Fiscalía Anticorrupción a la cabeza, han apelado a la Audiencia. La sección 7ª con sede en Elche tiene ahora la última palabra. San Martín no ha podido superar la presión mediática sobre el caso Brugal y a finales del pasado mes de diciembre dejó ese juzgado, por una plaza en otra oficina judicial en Elche.

El sumario del presunto amaño del PGOU recayó en el Juzgado número 5 de Alicante. Su titular, Manrique Tejada, en un auto del pasado mes de octubre, sí dio por validas las escuchas y además observó indicios de delitos en los hechos investigados. No obstante, las defensas de los imputados, entre ellos, el promotor Ortiz y el abogado urbanista, José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de la Ciudad, han apelado a la Audiencia. La sección primera del alto tribunal será la encargada de resolver el recurso.

La instrucción de este sumario sí ha avanzado en los últimos meses. El magistrado ha interrogado a los 18 imputados, y ahora han comenzado la prueba testifical. Una vez cerrada la instrucción, siempre que la Audiencia ratifique su auto sobre la legalidad de las intervenciones, el juez deberá decidir si ve indicios de delitos en Castedo y Alperi. De resolver en sentido positivo tendrá que remitir las diligencias al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, ya que ambos son diputados autonómicos y gozan de la condición de aforados.

www.elpais.es 09.01.12

UN IMPUTADO DECLARA QUE ORTIZ TENÍA DATOS SECRETOS DEL PLAN ZONAL

Lo adjudicó Ripoll, exlíder del PP, al promotor

Luis Bracho, exgerente de la mercantil Sufi, declaró ayer ante el juez del caso Brugal que investiga un soborno al exlíder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja, que el ganador del concurso, el promotor Enrique Ortiz, tenía "alguna información privilegiada". El contrato lo adjudicó Ripoll, en su etapa al frente de la Diputación de Alicante, a una UTE integrada por Ortiz y la firma Cespa. La investigación mantiene que Ripoll logró, a cambio de la concesión, dos pisos de parte Ortiz y el industrial Ángel Fenoll, cabecilla de Brugal.

Bracho compareció ante el titular del Juzgado número 3 de Orihuela como imputado. El exdirectivo de Sufi también está imputado en otra rama de Brugal que indaga el amaño de la contrata de la basura de Orihuela. Esa contrata fue adjudicada a una UTE integrada por Sufi y otras dos firmas que, según la investigación, son una tapadera de Fenoll.

Oferta malísima

Sufi, en unión con una mercantil del Ángel Fenoll, también aspiraba a la contrata que finalmente se llevaron Ortiz y Cespa. En su declaración, Bracho confesó que tuvo "conocimiento" de que su oferta (la de Sufi y la empresa de Fenol) "era malísima" porque "en un partido de fútbol" una persona se lo comentó a su socio, Manuel Carbó, recoge textualmente la declaración.

El socio le comentó que alguien le había recomendado "que se olvidaran de la oferta", según Bracho, que no recordaba si Carbó le dijo quién le había hecho el comentario, aunque sí que era un técnico de la consejería, si bien desconocía si era "el encargado de valorar los informes". La diligencia añade que a continuación Bracho dijo que "una vez contrastado lo dicho por esa persona con la exposición pública, confirmó las sospechas de que Cespa tenía algunos conocimientos que los demás licitantes desconocían, lo cual le llevó a pensar que tenía alguna información privilegiada".

En su anterior declaración por la contrata de Orihuela, Bracho confirmó al juez que Fenoll había falsificado las empresas de la UTE. Sufi despidió a Bracho tras sus dos imputaciones.

www.elpais.es 17.12.11

CASTEDO: "LOS POLÍTICOS NO PUEDEN CONVERTIRSE EN JUECES Y FISCALES"

La alcaldesa de Alicante lamenta que la oposición buscara "el ensañamiento"

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, desplegó ayer una teoría para intentar argumentar el veto del PP a la creación de una comisión de investigación en las Cortes Valencianas sobre las presuntas irregularidades en la tramitación del PGOU de Alicante, que investiga un juzgado de Alicante. Castedo aseguró, durante el acto de inauguración del belén del Ayuntamiento, que los políticos no se pueden convertir "en abogados, fiscales y jueces" en estas comisiones. La regidora, que es también diputada autonómica, reiteró que con la propuesta de Compromís de crear esta comisión "no se pretende otra cosa" que crear una "comisión de ensañamiento" contra ella y el anterior alcalde, el también popular Luis Díaz Alperi. "Una comisión de investigación es una cosa, una de ensañamiento, otra", aclaró.

EU denuncia los recortes en el presupuesto para crear empleo

Castedo está acusada por el fiscal, dentro de la investigación del caso Brugal, de facilitar información privilegiada al promotor Enrique Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. En la misma investigación está imputado su hermano, José Luis Castedo, y el socio de este, el exedil socialista Javier Gutiérrez.

La alcaldesa de Alicante subrayó ayer que ella es "quien mejor conoce y puede defender" el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Compromís justificó su propuesta en un informe policial que asegura que el despacho de abogados del hermano de Castedo contratado por el Ayuntamiento para realizar el PGOU hacía las alegaciones de empresas privadas que ellos mismos resolvían después para el Consistorio.

La oposición reclamó que, de la misma forma que el PP ha permitido la creación de una comisión de investigación sobre Caja Mediterráneo (CAM) o ha impulsado una sobre el saqueo a la empresa pública Emarsa, permita analizar si existen responsabilidades políticas en un caso que afecta directamente a Castedo y a Díaz Alperi. En su intervención en las Cortes, Castedo dijo que la propuesta de Compromís está "plagada de mentiras", pues es "absolutamente falso" que el bufete de su hermano resolviera las alegaciones, a pesar de que los investigadores del caso lo "reiteren hasta la saciedad sin base probatoria". Castedo también calificó de "sesgada, tergiversada e interesada" la investigación judicial del PGOU.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Alicante ha recortado en 800.000 euros el presupuesto de la Agencia Local de Desarrollo, organismo que tiene por objeto fomentar la creación de empresas y de empleo o impulsar el desarrollo socioeconómico. El portavoz del grupo municipal Esquerra Unida, Miguel Ángel Pavón, denunció que el recorte presupuestario es del 30%. La decisión, que deja el presupuesto en 1,7 millones para 2012, se aprobó ayer en la reunión del consejo rector de la Agencia Local de Desarrollo y EU votó en contra. Pavón lamentó que el recorte se produzca con el paro en constante aumento.

Y en la misma línea de recortes, el Patronato de la Vivienda de Alicante también aprobó ayer un presupuesto reducido en 1,4 millones. El recorte más destacado se produce en el área de inversiones, que pasa de 1,96 millones previstos en 2010 a 4.812 euros.

www.elpais.es 03.12.11

RIPOLL CALLA ANTE EL JUEZ DEL 'CASO BRUGAL'

El exlíder del PP de Alicante se niega a declarar por el soborno de la basura

José Joaquín Ripoll, expresidenre provincial del PP de Alicante, optó ayer por el silencio en su segunda comparencia, en calidad imputado, ante el juez del caso Brugal que investiga un supuesto soborno por la contrata de la basura del plan zonal de La Vega Baja. "Aconsejado por mis abogados, me he acogido a mi derecho constitucional de no declarar", comentó el ahora presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante a la salida del Juzgado número 3 de Orihuela.

Carlos San Martín, instructor de esta pieza del sumario de Brugal, imputa al exdirigente del PP cinco delitos, entre ellos cohecho, tráfico de influencias y fraudes, vinculados al contrato de la planta de basura de La Vega Baja. La contrata la adjudicó la Diputación de Alicante en enero de 2008, con Ripoll al frente de la institución, al promotor Enrique Ortiz en unión con la firma Cespa. La policía sostiene que Ripoll otorgó el contrato a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) y que la familia Ripoll tuvo un incremento patrimonial sin justificar de 1.292.658 euros tras la adjudicación del contrato.

Ripoll justificó su negativa a declarar ante el magistrado Carlos San Martín por la cantidad de recursos que sus letrados han presentado al sumario, "más de 45, pendientes de resolver por la Audiencia de Alicante". Ese alud de recursos, aunque Ripoll evitó una referencia explícita, incluye uno en que solicita la nulidad de las escuchas telefónicas, base de la investigación de este caso que comenzó en marzo de 2007.

Parte de esas intervenciones telefónicas fueron anuladas por el propio instructor Carlos San Martín el pasado mes de junio. Este magistrado abandonará en breve este caso ya que acaba de ganar una plaza en un juzgado de Elche.

Ripoll dijo estar "tranquilo" ante su imputación y volvió a negar que su implicación en Brugal sea el motivo que le llevó a dimitir al frente del PP hace precisamente una semana. "Dimití porque no fui reelegido presidente de la Diputación", aseveró el exdirigente popular.

Por su parte la sucesora de Ripoll en la Corporación provincial, Luisa Pastor, dijo que la investigación del plan zonal "no tiene por qué dañar la imagen de la Diputación, porque Ripoll ya no ocupa ese puesto [el de presidente]".

www.elpais.es 02.12.11

LA CORRUPCIÓN DESCABEZA EL PODER POLÍTICO Y EMPRESARIAL DE ALICANTE

En dos días dimiten el líder provincial del PP y el de la patronal

Las supuestas tramas de corrupción político-empresariales que se han gestado en la provincia de Alicante en el último lustro han acabado por pasar factura al poder político, en manos del PP de manera hegemónica, y a la gran patronal alicantina, Coepa. En dos días, la cúpula de ambas organizaciones ha quedado descabezada con las dimisiones de sus líderes, José Joaquín Ripoll y Rafael Martínez Berna, respectivamente.

Ambos tenían sobre sus espaldas la pesada losa de la sombra de la corrupción. El veterano político popular, por su imputación en el sumario paradigmático de la promiscuidad entre lo público y lo privado, el caso Brugal, que indaga una red corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo. Y el empresario, por la implicación de su empresa Hormigones Martínez en la trama de amaños de contratos de obra pública.

En el plano político, la dimisión de Ripoll podría ser solo la avanzadilla de las consecuencias del voluminoso sumario de Brugal. Una pieza de esta causa indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). En este sumario hay ya 19 imputados y dos políticos de relevancia acusados por el fiscal Anticorrupción, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor Luis Díaz Alperi. Ambos son diputados autonómicos. Esta condición de aforados impide al juez instructor pronunciarse sobre su imputación.

La sospecha de la corrupción no se ha limitado al ámbito político y empresarial. El hasta hace meses emblema de las finanzas de la provincia, Caja Mediterráneo (CAM), tampoco ha salido mejor parado. Las dimisiones de Ripoll y Martínez Berna se producen cuatro meses después de la criba que el Banco de España ha hecho en la caja. Los nuevos administradores destituyeron al consejo de administración. Y la Audiencia Nacional investiga ya la gestión de la exdirectora general María Dolores Amorós.Alberto Fabra, jefe del Consell y, a su vez, líder de los populares valencianos, pactó con José Joaquín Ripoll su salida de la dirección provincial del PP de Alicante dos días después de las elecciones generales y a una semana vista de que el veterano político alicantino tenga que comparecer por segunda vez ante el juez del caso Brugal. Ayer, Fabra, preguntado por la nueva etapa que se abre en el PP alicantino tras la dimisión de Ripoll (baluarte de la defensa del poder alicantino frente a Valencia) hizo un llamamiento a la unidad. "Apuesto por todos aquellos que quieren unidad y trabajar de forma conjunta", aseguró en declaraciones a este periódico el presidente de la Generalitat tras almorzar con empresarios y políticos en Elda.

Fabra, que presidió los actos de celebración del 40º aniversario del instituto tecnológico del calzado (Inescop), el primero creado en la Comunidad Valenciana, también enfatizó el apoyo ciudadano recibido por el PP en la provincia de Alicante. "Hemos sabido responder a las necesidades de los ciudadanos, que nos han dado su masiva confianza", defendió para añadir que a partir de ahora espera "lo mismo que antes".

Y preguntado por la dimisión del presidente de la patronal alicantina, Fabra calificó la decisión de "responsable". El presidente aseguró que habló con el ya exdirigente empresarial y que éste le explicó que no quería "enturbiar" a la institución con sus asuntos. Una decisión que Fabra valora. El jefe del Ejecutivo valenciano trasladó sus mejores deseos a Martínez Berna en esta nueva etapa.

Mientras, desde el sector empresarial se siguió valorando la figura de Martínez Berna. Su dimisión, conocida por unos, prevista por otros y sorpresiva para la mayoría, termina con una etapa en la que se apaciguaron las aguas dentro de Coepa, muy encrespadas durante la presidencia de Modesto Crespo.

En el ámbito político hubo más reacciones. La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, resaltó que el empresario ha sido "un grandísimo presidente" de Coepa. "Son cuestiones personales que hay que respetar", comentó.

Y la diputada de Compromís, Mireia Mollà, pidió más transparencia en la gestión de Coepa y consideró que ésta "tiene que quedar libre de las irregularidades en las que se ha visto involucrada en los últimos tiempos".

www.elpais.es 26.11.11

EL JUEZ ESTRECHA EL CERCO A CASTEDO Y ALPERI POR EL AMAÑO DEL PGOU

La alcaldesa y el exalcalde de Alicante habrían favorecido a Ortiz

La presión política sobre la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi, ambos del PP, crece en paralelo al avance de la instrucción de la rama del caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad a favor del promotor Enrique Ortiz.

Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5, acaba de finalizar los interrogatorios, en calidad de imputados, a los 21 acusados por el fiscal Anticorrupción. Dos de los imputados que ya han declarado, un empresario y un alto cargo de Bancaja, han confirmado ante el magistrado que Ortiz les aseguró que tenía datos secretos sobre el curso de la redacción del PGOU.

En la lista del fiscal estaban incluidos Castedo y Alperi por supuesto cohecho y tráfico de influencias. Ambos son aforados por su condición de diputados autonómicos y su imputación es competencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Fuentes del caso señalan que, de hallar indicios de delito en la regidora y el exalcalde, el magistrado enviará el sumario al alto tribunal la próxima primavera.

Tejada, en un auto firmado el pasado mes de octubre, ya advirtió de que observaba indicios de delito en los hechos investigados y resaltó la "ingerencia" de cargos públicos en la elaboración del planeamiento en favor del interés privado. En esa resolución, el juez validó las escuchas telefónicas que dieron pie a la investigación. Las defensas han apelado el auto a la Audiencia de Alicante.La policía y el fiscal Anticorrupción mantienen, sobre la base de las escuchas telefónicas, que Ortiz tuvo información privilegiada del PGOU de Alicante mediante datos secretos facilitados por Castedo y Alperi. Y además apuntan al exregidor como el cabecilla que tejió la trama. En este segundo apartado, la investigación cree que el exregidor se valió del despacho Salvetti Abogados como puente para facilitar los datos secretos del Plan General al promotor. Ese despacho se constituyó a finales de 2008, en la recta final del trámite del PGOU, y es propiedad de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. Ambos están imputados en el sumario.

La instrucción de este sumario continuará las próximas semanas con la toma de declaración a los testigos y otras pruebas periciales.

En el apartado testifical, las acusaciones pedirán, entre otros, el interrogatorio a Otto Luis

Díaz González, hijo del exalcalde. De la lista de supuestas dádivas de Ortiz a Alperi a cambio del trato de favor en el PGOU, el fiscal destaca la aportación del promotor en nombre del hijo de Alperi de la cuota (30.000 euros) para la constitución de la empresa de publicidad Verass Operadores Publicitarios, S. L.

En una conversación, incluida en las escuchas, entre el hijo del excalde y Ortiz, el primero le pregunta al segundo si le va a poner el dinero como le había asegurado su padre.

El diálogo entre Otto Luis Díaz González y Enrique Ortiz transcurre así.

Otto Díaz. ¿Y decírtelo por teléfono?

Enrique Ortiz. Sí. Dímelo venga.

O. D. Vamos a ver, el tema, que, a ver, que esta semana se va a firmar el ese, se va a firmar la constitución de la sociedad, vale.

E. O. Sí.

O. D. Entonces, vamos a ver, hay que poner 30.000 euros por socio.

E. O. Sí.

O. D. Entonces, esos 30.000 euros que yo en teoría tengo que poner, ¿esos lo pones tú?

E. O. (Se ríe), hombre.

O. D. No, vamos a ver, eso me dijo mi padre, yo no sé.

E. O. Sí, sí. No te preocupes.

O. D. No coño, joder, yo esto papá, ¿esto cómo va?, y me dice, eso, de eso se encarga Enrique. Pues vale, ya se lo diré, yo qué sé.

E. O. Venga vale. No te preocupes.

O. D. Vale.

Junto al hijo de Alperi, las acusaciones también estudian interrogar como testigos a los técnicos de la Gerencia Municipal de Urbanismo degradados al inicio de los trabajos de la redacción de PGOU. Estas partes no descartan incluso llamar al arquitecto Lluís Cantallops, que inicialmente asumió la redacción del PGOU, hasta que lo despidió Alperi, en favor de Jesús Quesada, también imputado en la causa.

De la prueba pericial destaca un informe de la Agencia Tributaria sobre Salvetti Abogados y otras tres firmas vinculadas al bufete según el cual esas empresas podrían haber generado un negocio de al menos 2,5 millones entre 2007 y 2010. Salvetti Abogado mantiene que el negocio que le reportó el trámite de 19 alegaciones al PGOU rondó los 20.000 euros.

El sumario del PGOU en datos

- Imputados. El juez ya ha imputado formalmente a los acusados por el fiscal, salvo a la alcaldesa y el exalcalde de Alicante, Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, del PP. Los imputados más destacados son Enrique Ortiz y los abogados José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa) y Javier Gutiérrez, exconcejal socialista.

- Acusados. La regidora Castedo y su antecesor Luis Díaz Alperi están acusados por el fiscal y sólo pueden ser imputados por el Tribunal Superior de Justicia.

- Testigos. Las acusaciones estudian llamar como testigo al hijo del exalcalde por un supuesto regalo que recibió de Ortiz.

- Agencia Tributaria. Un informe de Hacienda recoge que el despacho del hermano de la alcaldesa y tres firmas vinculadas facturaron entre 2007 y 2010 al menos 2,5 millones de euros

www.elpais.es 28.11.11

RIPOLL DIMITE ACOSADO POR BRUGAL TRAS DIRIGIR EL PP ALICANTINO 7 AÑOS

El proceso hasta el congreso provincial lo pilotará el alcalde Altea, Miguel Ortiz

José Joaquín Ripoll, presidente provincial del PP de Alicante desde diciembre de 2004 y el imputado de mayor cargo en el caso Brugal, ha tirado la toalla. Ripoll presentó anoche por sorpresa su dimisión ante el comité ejecutivo provincial. Miguel Ortiz, alcalde de Altea y afín al dimitido, pilotará el partido hasta el congreso provincial, previsto para el próximo mes de junio.

La renuncia de Ripoll se produce cinco meses después de ser descabalgado de la presidencia de la Diputación de Alicante por la presión del otrora sector campista y a una semana vista de tener que comparecer por segunda vez ante el juez del caso Brugal. El magistrado imputa al veterano político alicantino cinco delitos, entre ellos cohecho y tráfico de influencias, vinculados a la adjudicación de la contrata de basura del Plan Zonal de La Vega Baja. La policía sostiene que, tras la concesión del contrato a Enrique Ortiz, Ripoll obtuvo 1,3 millones de euros sin justificar. Tras la dimisión, Ripoll negó que su implicación en el caso Brugal fuese el motivo de la renuncia: "Lo tenía ya meditado y pactado con el presidente regional, Alberto Fabra, cuando se cerraron las listas para las generales", dijo. Génova, que ha sopesado el desgaste del escándalo judicial, ha participado activamente en la decisión.José Joaquín Ripoll insistió anoche en que la decisión de dejar de la presidencia provincial de PP de Alicante la estaba meditando desde el pasado mes de junio, cuando fue apartado de la Diputación, y pactada con el líder regional del PP, Alberto Fabra, desde el cierre de las listas para las pasadas elecciones generales. Sin embargo, fuentes oficiales del PP aseguran que la salida de Ripoll de la dirección provincial se aceleró en las últimas 48 horas, debido a su inminente comparencia ante el juez del caso Brugal.

El acuerdo final entre Ripoll y Fabra contó con la mediación de Ana Mato, vicesecretaria nacional del PP. El pacto, según fuentes de la presidencia de Generalitat Valenciana, incluyó otra renuncia de Ripoll, que el hombre por el que apostaba para sucederle, el alcalde de Altea, Miguel Ortiz, ocupe el cargo solo "de manera provisional" hasta la celebración del cónclave provincial, que se celebrará antes de junio. Miguel Ortiz está considerado por la actual dirección regional de los populares valencianos como "un ripollista moderado".

Ripoll cosechó anoche la unanimidad del comité ejecutivo provincial a su propuesta de Miguel Ortiz para sucederle en el cargo. También este extremo estaba pactado de antemano, aunque no faltaron voces que instaron al flamante presidente provincial de Alicante a apostar por la integración. Entre ellas sobresalió la voz de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, que por primera vez acudió a una reunión del comité ejecutivo provincial. Castedo tomó la palabra y dijo: "Ortiz tiene nuestro apoyo, siempre que siga la senda de la integración. Han sido muchos años de exclusión". El alcalde de Altea era hasta ahora vicesecretario de Organización del PP provincial de Alicante, un cargo sobre el que no se adoptó ninguna decisión.

Ripoll logró colocar a Ortiz en la cúpula del PP de Alicante, con la ayuda de Ana Mato y a pesar de la oposición de Federico Trillo, candidato del PP por Alicante al Congreso en las elecciones del pasado domingo. Durante esta campaña el exministro, que ha recorrido las distintas agrupaciones del partido en la provincia, habría presionado para que, tras la dimisión de Ripoll, la alcaldesa de Elda y vicepresidenta de la Diputación, Adela Pedrosa, dirigiera una gestora hasta el congreso provincial.

Pedrosa ya fue secretaria regional del PP con Francisco Camps entre los años 2004 y 2007, cargo en el que fue sustituida por Ricardo Costa tras ser nominada como candidata a la alcaldía de Elda. Pedrosa, considerada uno de los referentes del campismo en la provincia de Alicante era uno de los nombres que también sonó en su momento para presidir la Diputación.

No obstante, las mencionadas fuentes del PP aseguran que finalmente la dirección regional descartó la opción de la gestora en favor de una sucesión por sorpresa, según prevén los estatutos de la organización, para evitar "abrir una nueva crisis" en el partido en Alicante.

La dirección regional del PP bendijo, en vivo y en directo, los acuerdos adoptados ayer por los populares alicantinos. La reunión del comité ejecutivo provincial contó con la presencia del secretario general y vicesecretario, Antonio Clemente y David Serra, respectivamente. Clemente, tras agradecer a Ripoll los trabajos prestados, lanzó el siguiente mensaje a Ortiz: "Está demostrado que un PP unido es un partido invencible".

Ripoll adornó su despedida al frente del PP resaltando los éxitos electorales del PP bajo su mandato. A renglón seguido, remarcó que meditaba su dimisión desde junio, cuando los campistas le excluyeron de la Diputación de Alicante. "Entonces dije que me tomaba un período de reflexión, porque yo creo que ambos cargos [presidente de la Diputación y del partido] han de ir ligados", señaló. "Luego llegué a la conclusión de que había terminado un ciclo en mi carrera política y que el mejor momento para dejarlo era tras las elecciones generales", insistió. El exlíder del PP rechazó que su dimisión en el puesto estuviera ligada a su acceso a la presidencia de la Autoridad Portuaria de Alicante. "No hubo ningún pacto en ese sentido".

Ripoll comentó que en los últimos meses no se ha sentido desautorizado o aislado ni por la dirección nacional ni regional del partido. "Repito, la dimisión es fruto de una reflexión. He sentido que el número uno [él] tenía que dar un paso atrás".

Por otro lado, la convocatoria de los congresos provinciales, previsiblemente, también provocará tensiones en Valencia, ya que las relaciones entre el presidente provincial Alfonso Rus y la dirección regional no han sido muy fluidas hasta ahora. Un ambiente al que no ayudan las pretensiones de Rus de entrar en el próximo Consell, según fuentes populares.

www.elpais.es 24.11.11

 ORTIZ PASÓ DATOS RESERVADOS DEL PGOU DE ALICANTE A BANCAJA

El mensaje a un directivo fue: "Compra porque se recalificará"

Juan Zurita, director adjunto de Bancaja, reconoció ayer ante el juez una conversación telefónica con el promotor Enrique Ortiz en la que este le aconsejó que comprase suelo en la zona de La Condomina de Alicante porque se iba a recalifcar con el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Zurita compareció, como imputado por uso privilegiado de información, ante el titular del Juzgado número 5, que investiga una rama del caso Brugal sobre el amaño del Plan.

Junto a Zurita, comparecieron como imputados los empresarios Vicente Pérez, Juan José Climent y Francisco Barahona. Ninguno declaró. Zurita es el segundo imputado que reconoce al juez que Ortiz tenía datos del PGOU antes de hacerse público.

Zurita respondió a las preguntas de las partes. El fiscal Anticorrupción le acusa de comprar suelo en La Condomina al empresario Aurelio González Villarejo "alentado" por Ortiz porque se iba a recalificar. La operación se rubricó el 16 de diciembre de 2008 por 8,8 millones de euros.

La conversación entre Ortiz y Zurita se produjo unos meses antes, el 23 de septiembre de 2008.

Juan Zurita: Aurelio me ha comentado que vea el tema de tu tocayo Aurelio de lo de La Condomina. Tú ahí estás con él.

Enrique Ortiz: Sí, Sí.

J. Z.: Tú ahí estarías interesado, en comprar o...

E. O.: No. Yo he buscado un grupo de inversores para que lo compren pero mientras que lo compran o no lo compran yo creo que lo que tengáis con él, deberías quedároslo vosotros, porque él ha aportado bastante dinero de recursos propios.

J. Z.: Hombre, depende del dinero que nos pida.

E. O.: No, el precio es bueno, además tiene bastantes recursos propios y os lo quedaríais vosotros para cobraros cosas que os deba [adeudaba 25,2 millones].

J. Z.: Pues yo lo voy a ver y...

E. O.: Pregúntalo y yo te doy todos los datos que quieras, porque, además, se va a recalificar en el Plan General y yo, mi consejo es que compres y le cobres.

J. Z.: Estás hablando de lo de La Condomina.

E. O.: La Condomina, sí.Carlos Bueren, abogado de Zurita, señaló que el ejecutivo de Bancaja admitió la operación, "pero se hizo después de que existiese pública información sobre los terrenos, por tanto, no hubo ninguna información privilegiada". El letrado añadió que Bancaja compró el terreno a González Villarejo en "concepto de dación de pago, es decir, para aminorar una deuda de 25,2 millones que tenía con la caja". González Villarejo está imputado en este sumario.

Las acusaciones mantienen que Zurita no negó la conversación con Ortiz y van a solicitar una tasación de los terrenos en la fecha que los compró Villarejo y cuando los revendió a Bancaja.

Por otro lado, la Agencia Tributaria ha remitido al juzgado el informe de los ingresos de las empresas del despacho Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa Sonia Castedo, y el exedil socialista Javier Gutiérrez. Según fuentes oficiales del caso, el volumen generado por las tres firmas investigadas entre 2007 y 2010 es de 2,5 millones. Esta cifra corroboraría la tesis policial del supuesto enriquecimiento de Castedo y Gutiérrez a base de elaborar alegaciones al PGOU.

Castedo y Gutiérrez están imputados en la causa. En su comparencia ante el juez, el pasado 26 de octubre, ambos rechazaron la acusación.

Con la comparencia ayer del ejecutivo de Bancaja y los tres empresarios, el juez ha concluido los interrogatorios a los imputados. Ahora, la instrucción proseguirá con la prueba testifical. En este apartado, las acusaciones prevén citar a Otto Luis Díaz González, hijo del exalcalde y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi, del PP. La investigación apunta al exregidor como el muñidor de la trama del PGOU.

www.elpais.es 22.11.11

ENRIQUE ORTIZ TUVO INFORMACIÓN PRIVILEGIADA DEL PGOU DE ALICANTE

Ramón Salvador ratifica ante el juez el contenido de una grabación

El empresario de la construcción Ramón Salvador Águeda, imputado en la pieza del caso Brugal que trata de esclarecer las supuestas irregularidades en la tramitación del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ratificó ayer la conversación recogida en la investigación en la que el promotor Enrique Ortiz le aseguraba tener información del planeamiento antes de que éste saliera a exposición pública.

Así lo aseguró tras la declaración de Salvador Águeda el abogado de Esquerra Unida, José Luis Romero. Águeda fue el único de los tres empresarios que ayer acudieron al juzgado de Instrucción número 5 de Alicante que accedió a declarar.

Salvador está imputado por un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada en relación con unos terrenos de su propiedad que forman parte del nuevo PGOU. En su declaración, el empresario ilicitano aseguró que "efectivamente se produjo" la conversación en la que Ortiz le informó de que disponía del detalle del planeamiento. La conversación telefónica a la que se refirió se mantuvo el 25 de agosto de 2008, dos meses antes de que el PGOU saliera a exposición pública. Esta es la transcripción de la primera parte de esta charla, grabada por la policía, en la que Ortiz y Salvador hablan del PGOU de Alicante:

-Salvador. ¿El plan general cómo lo ves, querido?

-Ortiz. ¿Tienes suelo por allí o qué?

-S. Sí

-O. Yo te lo puedo enseñar todo, me dices dónde lo tienes y yo te lo digo, porque si hay que hacer algo, hay que hacerlo ya.

El fiscal preguntó al empresario por su relación con Javier Gutiérrez, socio de José Luis Castedo (hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP) en Salvetti Abogados y que según la acusación diseñó a medida de Salvador un cambio de calificación de terrenos de su propiedad en el nuevo PGOU. El informe policial apunta al bufete como una de las claves del supuesto amaño del planeamiento de Alicante a favor de Ortiz. Salvador admitió conocer a Gutiérrez pero aseguró que éste jamás le dijo que colaboraba en el PGOU.En otro momento de la conversación interceptada por la policía entre Enrique Ortiz y Ramón Salvador ambos hablan de los terrenos del constructor y se refieren a Gutiérrez, socio del hermano de Castedo:

-O. Pues esa zona no sé, creo que tengo todos los planos menos esa zona, pero ¿tú te has ocupado de hablar con Javier [Gutiérrez] para que lo metieran?

-S. Claro.

-O. Ah, pues entonces estará metido.

-S. Claro, si él me dijo que sí, entonces un año.

-O. Pues ya está seguro, si él te dijo que sí, eso no hay problema.

El empresario ilicitano no respondió a las preguntas de los abogados de la acusación particular. A la salida de los juzgados, Salvador aseguró no tener nada que ocultar, criticó "el circo mediático", calificó de "tonterías" las acusaciones que apuntan a la existencia de tráfico de influencias y consideró que en España hay una "persecución política" a los promotores, lo que repercute aún más negativamente en el mercado laboral. Él mismo, aseguró, ha tenido que irse a trabajar al extranjero.

La declaración del empresario provocó la reacción de la oposición política de Alicante. La portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento, Elena Matín, defendió que tras esta ratificación realizada por Águeda ya no son solo las escuchas las que apuntan que en la tramitación del PGOU de Alicante hubo información privilegiada. Martí aseguró que la alcaldesa de Alicante "no puede eludir su responsabilidad política y posiblemente otras que podrían deducirse de las actuaciones judiciales, porque es un hecho incuestionable que ella era la responsable del área de Urbanismo cuando se filtró información privilegiada, que esta llegó a manos de Ortiz y otros empresarios interesados y al despacho de abogados urbanistas con el que presuntamente colaboraba su hermano". El PSPV recordó que los redactores del PGOU de Alicante entregaron el primer borrador del documento el 1 de julio de 2008, aunque el documento no salió a exposición pública hasta el 15 de octubre.

También EU salió al paso de esta declaración judicial. "Nos parece muy importante que gracias a esta ratificación se demostraría que Enrique Ortiz tenía la documentación del PGOU de Alicante antes de que saliera a exposición pública y cuando no tenía que contar con ella", subrayó Miguel Ángel Pavón, portavoz de EU en el Ayuntamiento de Alicante. "¿Quién se la facilitó?", agregó. El edil también confió en que no se anulen las conversaciones recogidas durante la investigación.

www.elpais.es 15.11.11

EL ALCALDE DE ABANILLA CONSINTIÓ EL VERTEDERO ILEGAL DE FENOLL

El industrial asegura en una grabación que tiene el "poder del Ayuntamiento"

Las relaciones del alcalde de la localidad murciana de Abanilla, Fernando Molina Parra, del PP, con el industrial Ángel Fenoll son más que cordiales, según recogen las escuchas del caso Brugal. El informe policial resalta la supuesta connivencia entre el regidor y el industrial, extremo que ha permitido al empresario mantener activa la planta de basura que explota en ese municipio. El Gobierno de Murcia acaba de dictar una resolución en la que decreta el cierre de la instalación por las ilegalidades acumuladas. El empresario ha desoído la orden.

El empresario ha desoído la orden de Murcia de cerrar la planta de Abanilla

Fernando Molina es el alcalde más longevo de la Región de Murcia. Ocupa el cargo de regidor de Abanilla desde el año 1987. La "estrecha amistad" entre Fenoll y Molina la manifiesta públicamente el empresario en conversaciones con terceras personas. En uno de esos diálogos llega a confesar haberle "dado cariño", entre otros, a la Guardia Civil, "para tapar posibles irregularidades en la planta de Proambiente (empresa de Fenoll con la que explota la instalación)".

Una muestra de esa relación con el alcalde de la que presume Fenoll en grabaciones con terceras personas se recoge en la conversación con una mujer llamada Josefina Candel grabada el 28 de mayo de 2008.

Ángel Fenoll. Yo... no. Temas familiares y tal. Y le dije de todo. Digo, no tenéis vergüenza. ¿Sabes? Os hundo a todos y os meto bajo tierra. No ves, Fina, que los poderes los tengo yo. Los poderes me refiero... no de la empresa. Los poderes de la empresa también, pero tengo los poderes de los Ayuntamientos y de Fernando [el alcalde]. ¿Sabes lo que te digo? Y ahí no se mueve nadie. Cierro. Y en 24 horas cierro el quiosco. ¿Sabes lo que te digo?

Fina. Sí, sí, sí.

A. F. A mí me van... pero que lo intentaron. Claro. Pero me avisó Marga. ¿Sabes lo que te digo?

F. ¿Y qué te dijo Antonio Ángel?

A. F. No me la tocan. ¿Sabes lo que te digo?

F. Ya, ya, ya.

5A. F. No me la tocan. Aparte de eso he hecho otras cosas muy gordas, ahí en la planta. ¿Sabes? Dándole cariño a estos... a la Guardia Civil... en fin... A todos esos temas. ¿Me entiendes o no?

F. Hay que ser agradecidos.

En otra de las intervenciones del teléfono de Ángel Fenoll, realizada el 14 de mayo de 2007, el industrial habla con el alcalde de Abanilla y su mujer, a su vez secretaria general del PP local, Gumersinda Díaz Ruiz. En la conversación comentan unos pasquines distribuidos en la población contrarios a la actividad de la planta. "Ambos acusan a un tal Bolo (apodo familiar del portavoz municipal del PSOE entre 2003 y 2007, José Antonio González)", precisa la diligencia policial. En esa conversación el regidor informa al empresario de las iniciativas de la oposición, en este caso del PSPV, para cerrar la instalación. "Fernando le pide a Fenoll que extreme las precauciones porque el PSOE ya ha presentado preguntas en el Ayuntamiento", recoge el informe policial.

Sobre el trasvase de información del PP de Abanilla a Fenoll acerca de los movimientos en la población contra la planta, el sumario del caso Brugal también recoge una foto en la que el exteniente de alcalde del Ayuntamiento José Tenza Lajar y la esposa del alcalde, Gumersinda Díaz Ruiz, graban una manifestación de vecinos contra el vertedero del industrial el 28 de mayo de 2005.

La Dirección General de Medio Ambiente del Gobierno murciano acordó la clausura de la planta de Abanilla el pasado 6 de octubre a raíz de una denuncia de Ecologista en Acción. El servicio de vigilancia e inspección ambiental de esa dirección general corroboró diversas anomalías en la planta, entre ellas, el vertido de residuos sin tratar y directamente al suelo natural y la construcción de un vaso de vertido sin declaración de impacto ambiental.

Fenoll ha desoído la resolución y mantiene activa la planta. La industria da servicio a 19 municipios de La Vega Baja, que generan un volumen de 300 toneladas de basuras al día.

Además, Fenoll está construyendo otro vaso para verter residuos que ha provocado un recurso del Ayuntamiento de Orihuela por entender que la nueva infraestructura invade su término municipal. El empresario, según fuentes del consistorio oriolano, no ha solicitado permiso a esta institución para realizar los trabajos.

Fenoll es considerado el cabecilla de la parte del caso Brugal que investiga una trama corrupta vinculada al negocio de la basura en la provincia de Alicante.

El industrial está imputado en dos de las piezas más destacadas de esta causa. La primera, por un supuesto amaño de la contrata de la basura de Orihuela. La investigación cree probado que Fenoll se ocultó tras dos empresas para hacerse con la contrata en unión con la mercantil Sufi. La segunda imputación está relacionada con la adjudicación de la planta de basuras del plan zonal de La Vega Baja. La investigación trata de esclarecer un supuesto soborno al líder del PP de Alicante por la contrata.

www.elpais.es 14.11.11

UN IMPUTADO EN BRUGAL VA AL JUZGADO NADA MÁS ORDENAR EL JUEZ SU ARRESTO 

Había eludido dos citas sucesivas del juez para interrogarle como imputado. Sin embargo, apenas unos minutos después de conocer que el magistrado había firmado el auto para su busca y captura se personó en la sede judicial. El protagonista de esta peripecia judicial ha sido el empresario Francisco Artacho, cuñado del exedil Juan Roselló, del PP, y según la investigación, intermediario clave en la trama de la pieza del caso Brugal que investiga un soborno por la contrata de la basura del Ayuntamiento de Calp.

Ortiz vuelve hoy al juzgado por el supuesto soborno a Ripoll por la basura

Artacho se presentó en la mañana de ayer en el juzgado número 1 de Dénia nada más conocer que el magistrado había firmado la resolución ordenando a la Guardia Civil su arresto. Artacho había sido citado para la mañana del pasado viernes. Sin embargo, no compareció alegando motivos de salud. El magistrado, sobre la base del informe del forense, rechazó el argumento del empresario y lo conminó a presentarse en el juzgado. Era la segunda vez que el imputado desoía la llamada del juez.

El juez, según informó el Tribunal Superior de Justicia, tras verificar la identidad de Francisco Artacho, decretó su libertad provisional y lo citó para declarar como imputado el próximo día 15. El magistrado acordó dejar sin efecto la orden arresto.

La policía y el fiscal Anticorrupción sostienen que el industrial Ángel Fenoll se hizo con la contrata de planta de basuras de Calp merced a un soborno de 600.000 euros a políticos y técnicos del Ayuntamiento, en esa fecha gobernado por el PP. La investigación cree probado que Artacho era el intermediario del que se valió la trama para consumar el cohecho. En este sumario abierto por cohecho y tráfico de influencias hay 11 imputados, entre ellos, Javier Morató, exalcalde del PP de Calp.

Por otro lado, el empresario Rafael Gregori se negó en la mañana de ayer a declarar ante el juez, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, que instruye otra rama del caso Brugal, en este caso un supuesto soborno por la planta de basura de la comarca de La Vega Baja al líder del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por parte de los empresarios Fenoll y Enrique Ortiz.

Gregori, al que la investigación también considera como el intermediario clave de esta supuesta trama corrupta del caso Brugal, apenas permaneció en la oficina judicial por espacio de unos 40 minutos. A la salida del juzgado, se limitó a confirmar que se había negado a declarar.

De esta forma, Gregori se ha sumado a la estrategia de otros dos imputados, el industrial Fenoll y su hijo, que también se negaron a declarar alegando la posible ilegalidad de la prueba principal del sumario, las escuchas telefónicas. El propio instructor del caso anuló el pasado mes de junio parte de las escuchas. El fiscal Anticorrupción recurrió el auto a la Audiencia de Alicante, que todavía no se ha pronunciado.

Tras Gregori, el juez interrogará, en calidad de imputado, esta mañana al empresario Enrique Ortiz. El promotor, en unión con la firma Cespa, fue el adjudicatario de la contrata. La policía sostiene que Ortiz y Fenoll entregaron a Ripoll dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) a cambio de la contrata. Ortiz también está imputado en la pieza del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad de Alicante.

El supuesto receptor de la millonaria dádiva por la contrata, José Joaquín Ripoll, está citado para el día 1 de diciembre.

www.elpais.es 08.11.11

EL INTERMEDIARIO CLAVE DEL 'CASO BRUGAL', DE NUEVO ANTE EL JUEZ

El titular de Juzgado número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, retoma esta mañana la segunda tanda de interrogatorios a los arrestados el 6 de julio de 2010 por el supuesto soborno por la adjudicación de la planta de basuras del Plan Zonal de la Baja. Según la policía y el fiscal anticorrupción, el expresidente de la Diputación y actual titular de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, adjudicó el contrato a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico, que supuestamente le entregaron los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz.

Investiga un posible soborno a Ripoll por la basura de La Vega Baja

El magistrado tomará declaración hoy al empresario de automoción Rafael Gregori, considerado por la investigación como el intermediario clave de la trama corrupta vinculada al negocio de la basura y el urbanismo que trata de esclarecer el caso Brugal. Además de esta pieza, Gregori está también imputado en el sumario del supuesto amaño de la contrata de basura del Ayuntamiento de Orihuela y en otra pieza que investiga irregularidades en la financiación de la Fundación del Hércules CF.

Para la mañana del martes, el juez ha citado el promotor alicantino Enrique Ortiz. Éste en unión con la firma Cespa fue el adjudicatario de la planta de basuras del Plan Zonal de La Vega Baja. Ortiz, además, está imputado en otra rama del caso Brugal, que investiga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante en favor de sus intereses del promotor.

Las citaciones de Gregori y Ortiz, se producen en una ronda iniciada por el industrial Angel Fenoll y su hijo, Antonio Angel, los pasados 25 y 26 de octubre. Ambos se acogieron a su derecho a no declarar hasta que se resuelva la validez de las escuchas policiales.

Una vez que pasen por el juzgado Gregori y Ortiz, posteriormente deberán declarar el empresario Angel Luis Bracho, el día 30, el expresidente de la Diputación y aún líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, 1 de diciembre. Cerrará la tanda José Candel, empleado de Ortiz, el 5 del mismo mes.

www.elpais.es 07.11.11

ORTIZ NIEGA QUE RIPOLL PIDIERA PISOS O DINERO POR LA BASURA

El constructor exculpa al expresidente de la Diputación de Alicante de beneficiarle en la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja en un alegato ante el juez

El constructor Enrique Ortiz ha negado ante el juez de la rama del Brugal que investiga la adjudicación del plan de residuos de la Vega Baja que el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll (PP), le pidiera dinero o pisos para beneficiarle en el citado concurso.

Ortiz ha comparecido durante 40 minutos ante el titular del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, y se ha limitado a leer un alegato después de rechazar contestar tanto a las preguntas del juez como del fiscal Anticorrupción y de las partes personadas.

Según ha relatado posteriormente a los periodistas uno de sus abogados, Alejandro Bas, en dicho discurso ha asegurado que es "absolutamente falso" que Ripoll, actual presidente del puerto de Alicante y del PP provincial, le pidiera "dos pisos o un millón de euros", como cree Anticorrupción.

También ha sostenido que Ripoll "jamás" le ha solicitado favor alguno "ni nada" y ha añadido que, por su parte, él tampoco le ha pedido beneficios ni le ha ofrecido nada.

En el alegato, el constructor ha negado todos los hechos delictivos que se le imputan y ha afirmado que la unión temporal de empresas (UTE) Cespa-Ortiz se hizo con la adjudicación del plan zonal de residuos porque "fue la oferta mejor valorada por todos los técnicos desde un principio", según ha dicho el letrado.

Ortiz ha querido dejar claro que no ha adquirido la finca Las Pistolas, al parecer propiedad del también imputado Ángel Fenoll y donde se preveía situar la planta de tratamiento de residuos.

Sobre el supuesto intermediario en las operaciones, el empresario Rafael Gregory, que compareció ayer ante el mismo juez, ha indicado que nunca le ha pagado cantidad alguna por ningún asunto relacionado con el plan de residuos de la Vega Baja.

Según el abogado de Ortiz, éste ha explicado al juez que desde el momento en que resultaron adjudicatarios del plan zonal eran conscientes de que la mayor parte de los municipios de la comarca eran "reacios" a albergar la planta de tratamiento por motivos políticos o de opinión pública.

Ha continuado que, por este motivo y para facilitar a la administración la ubicación del recinto, la UTE ofreció posibles lugares "en distintos sitios" de manera que la decisión fuera "menos problemática".

Ortiz, también imputado en otras ramas del Brugal, como la del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, es el cuarto imputado en declarar en la actual ronda de comparecencias dictadas por el juez de Orihuela.

Sucede al industrial oriolano Ángel Fenoll, el hijo de éste, Antonio Ángel, y el supuesto intermediario Rafael Gregory, todos los cuales se acogieron a su derecho a no declarar hasta que se resuelva la posible anulación de las escuchas policiales que iniciaron el caso.

Tras él, comparecerá el empresario Ángel Luis Bracho (30 de noviembre), el citado Ripoll (1 de diciembre) y cerrará la ronda el empresario José Candel (el 5 de ese mes).

En esta rama del Brugal, el juez San Martín investiga posibles irregularidades en la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja, que afecta a 27 municipios de distinto signo político situados al sur de la provincia.

A principios de julio de 2010, se detuvo a Ripoll, Ortiz y a nueve personas más en Orihuela, Alicante y Valencia, y se practicaron diversos registros, entre ellos en la casa y despacho del entonces presidente de la Diputación y aún líder provincial del PP.

http://www.levante-emv.com/comarcas/2011/11/08/ortiz-niega-ripoll-pidiera-pisos-o-dinero-basura/854974.html

MARTÍN ASEGURA QUE ORTIZ TENÍA EL PGOU ANTES DE SER PÚBLICO

Elena Martín, portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Alicante, aseguró ayer que el promotor Enrique Ortiz dispuso del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) antes de hacerse público. La dirigente socialista esgrimió esta tesis en una nueva entrega de la serie de preguntas que ha traslado, a través de los medios de comunición, a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, para que aclare el supuesto trato de favor al empresario en el trámite del planeamiento. Estos hechos son objeto de investigación en una de las ramas del caso Brugal. En la causa el fiscal acusa a Castedo de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información.

Una de las cinco preguntas que ayer formuló Martín a Castedo fue la siguiente: "¿Puede negar usted, señora alcaldesa, que Ortiz disponía de, al menos, un plano del nuevo PGOU antes de que fuera público, inmediatamente después de ser entregado por el señor Quesada, su redactor?". Según Martín, "es imposible" que Castedo pueda negarlo y para ello adjuntan pasajes de las escuchas recogidas en la causa.

En una de esas conversaciones intervenidas, Ortiz comenta a un empleado. "Escucha, si te pregunta alguien por si tienes el plano, sea quien sea, le dices que no. No se lo enseñes a nadie...". En otra escucha, el empresario responde a su interlocutor: "Me lo darán... me lo darán. Ya te lo daré", después de que un empleado le apuntara: "Del PGOU hay un trozo, el más importante. Pero falta un trozo que es el tema de Agua Amarga".

www.elpais.es 03.11.11

EL JUEZ CITA A DECLARAR COMO IMPUTADAS A 7 PERSONAS MÁS

Son supuestamente responsables de delitos de aprovechamiento de información privilegiada y/o de participación en cohecho

El titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, donde se instruye la pieza del denominado 'caso Brugal' relativa a presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ha acordado citar a declarar como imputadas a otras siete personas los próximos días 14 y 21 de noviembre.

El juez se refiere en su auto, facilitado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), a un dictamen de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante en el que se hacen constar una serie de supuestos delitos relacionados con el PGOU alicantino por información privilegiada y participación en delito de cohecho.

De este modo, el juez Manrique Tejada ha decidido llamar a declarar el 14 de noviembre a José Gregorio Bernabé Martínez y Ramón Salvador por el presunto delito de aprovechamiento de secreto o información privilegiada facilitada por autoridad o funcionario, así como a Aurelio González por la misma razón y, además, por supuesta participación en cohecho.

El resto de imputados --Vicente Pérez Cañas, Juan José Climent Ivars, José Francisco Javier León Barahona y Juan Zurita Marqués-- acudirán al juzgado el día 21. Todos ellos son considerados por el fiscal "supuestamente responsables" de aprovechamiento de secreto y, en el caso de Vicente Pérez, también de participación en cohecho.

www.levante-emv.com 01.11.11

EL FISCAL DE BRUGAL PIDE UNA PRUEBA CALIGRÁFICA DEL HERMANO DE CASTEDO 

El abogado declara que no hizo trabajos para Ortiz en el PGOU de Alicante  

El abogado urbanista José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su socio el exedil socialista Javier Gutiérrez, declararon ayer ante el juez que no hicieron ningún trabajo para el promotor Enrique Ortiz vinculado al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Al término del interrogatorio, el fiscal Anticorrupción pidió al juez una prueba caligráfica de los urbanistas para cotejar anotaciones manuscritas supuestamente realizadas por éstos en documentos incluidos en el sumario. 

El hermano de la alcaldesa de Alicante tilda de "infantil" el informe de la policía

Gutiérrez dice que su trabajo era "motivar" las alegaciones 

José Luis Castedo compareció, en calidad de imputado, ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante, Manrique Tejada, que instruye la rama del caso Brugal sobre un presunto amaño del planeamiento urbano en favor de los intereses del promotor Ortiz. Junto a José Luis Castedo, el magistrado también tomó declaración como imputado a su socio en el despacho Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez. El fiscal acusa a ambos de los delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información. Castedo y Gutiérrez solo respondieron a las preguntas de sus abogados y rechazaron contestar al resto de las partes personadas, el fiscal Anticorrupción y las acusaciones populares que ejercen el PSPV y EU.

El fiscal Anticorrupción y la policía mantienen que Salvetti Abogados fue el puente del que se valió el promotor Ortiz para modificar el planeamiento en función de sus interes urbanísticos en la ciudad. La investigación también señala que desde el despacho canalizaron decenas de alegaciones que fueron estimadas y que les generó un beneficio de un millón de euros. 

Al igual que su hermana, José Luis Castedo esgrimió la tesis del, en su opinión, "deficiente, erróneo e interpretativo" informe policial que implica a los dos abogados urbanistas en la supuesta trama corrupta que anidó en la recta final de la redacción del Plan General, entre marzo de 2008 y mayo de 2010. Castedo, según fuentes del caso, calificó así la investigación policial: "Es una infantilización que hace la policía de un proceso muy complejo". 

El exedil socialista Javier Gutiérrez también negó que hubiera realizado ningún trabajo para Ortiz vinculado al PGOU de Alicante. En un momento de su declaración, según fuentes del caso, Gutiérrez llegó a asegurar que "jamás" ha trabajado "para un monopolista del suelo". Enrique Ortiz posee el 70% del suelo urbanizable en el término municipal de Alicante. Gutiérrez aseguró que el objeto social del despacho Salvetti Abogados era la gestión del suelo, "aunque de manera lícita". 

Castedo y Gutiérrez sólo reconocieron una gestión para Enrique Ortiz, pero relacionada con un programa urbanístico en la población de Santa Pola. Por ese trabajo aseguraron que facturaron al empresario 60.000 euros. 

Respecto a las alegaciones al Plan General que, según el informe policial, elaboró el despacho Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez señaló que no tenían la autonomía que la investigación les atribuye para plantear su estimación, sino que era un trabajo de mera asesoría, "su motivación jurídica". Según los abogados, la competencia para estimar las alegaciones era una cuestión exclusiva de los técnicos municipales y del equipo redactor del PGOU. 

Por otro lado, Antonio Ángel Fenoll, hijo del industrial Ángel Fenoll, imitó ayer a su padre y se negó a declarar ante el titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que instruye otra rama del caso Brugal sobre un supuesto soborno al presidente del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, por la contrata de la planta de basuras del Plan Zonal de La Vega Baja. 

"Son las que son: 19 alegaciones y 11 clientes" 

En su declaración ante el juez, José Luis Castedo y Javier Gutiérrez se mostraron parcos. El grueso de su explicación para contrarrestar la acusación de la policía y el fiscal Anticorrupción en la trama del PGOU ya lo adelantaron, por escrito, la víspera de su comparencia ante el juez.

A largo de un extenso escrito (167 páginas) los abogados responden a las acusaciones y tesis del informe elaborado por la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaria de Alicante tras el registro de su despacho (Salvetti Abogados). En el escrito hacen hincapié en que solo tramitaron 19 alegaciones para 11 clientes de las 3.834 presentadas al documento. "Son las que son y no hay más. Y resulta que realizar el 0,45% de las mismas supone una trama organizada para el investigador", señalan. 

Castedo y Gutiérrez aseguran que el beneficio que obtuvieron por los trabajos relacionados con las alegaciones fue de 20.000 euros, el 2% de la facturación del despacho en 2009. La policía eleva esa cifra hasta el millón de euros. Según los abogados, la estimación de la policía es "errónea" porque atribuye todos los pagos de esos 11 clientes al concepto de elaboración de alegaciones. Según ellos, el grueso de las cantidades es por otros servicios ajenos a las alegaciones. 

Igualmente niegan, como mantiene la policía a través de datos recabados en la Agencia Tributaria, que hubieran recibido dos pagos de Enrique Ortiz (uno de 90.000 euros y otro 69.600). Los abogados aseveran que la primera factura fue anulada y la segunda era "una mera proforma que jamás ha sido emitida". 

Castedo y Gutiérrez rechazan imputación de la policía de que las personas al frente de la sociedad que realizan las alegaciones (la firma G&M Gestión del Suelo, propiedad de Gutiérrez) y las personas que las estiman "son las mismas". Gutiérrez asegura que nunca firmó un contrato con la empresa adjudicataria del PGOU, la mercantil Laboratorio de Proyectos, SL.

"No existe [el contrato] pues nunca se ha firmado", recoge el escrito. "El documento al que se refiere el investigador es un mero borrador de contrato que nunca fue suscrito por las partes", añade. 

Y, por último, recalcan que sólo "informaban jurídicamente" las alegaciones pero no se pronunciaban sobre su estimación, competencia de los técnicos municipales y el equipo redactor del PGOU. "Gutiérrez no formaba parte de ese equipo sino que era un colaborador externo del mismo".

www.elpais.es 27.10.11

EL HERMANO DE CASTEDO ALEGA AL INFORME POLICIAL ANTES DE DECLARAR

El juez cita en vano al cabecilla del 'caso Brugal', el industrial Ángel Fenoll

Los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y el exedil socialista Javier Gutiérrez, presentaron ayer en el juzgado un escrito con sus alegaciones al informe policial que ha dado pie a su imputación en la supuesta trama que amañó el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). La iniciativa de Castedo y Gutiérrez se produce un día antes de que ambos tengan que comparecer, en calidad de imputados, ante el magistrado instructor de esta pieza separada del caso Brugal, Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante.

El juez interroga hoy al familiar de la alcaldesa por la trama del PGOU

El informe de Castedo y Gutiérrez, según han confirmado fuentes oficiales del caso, ocupa 160 folios. En el escrito, los abogados intentan contrarrestar el informe de la policía tras el registro de bufete Salvetti Abogado, propiedad de Castedo y Gutiérrez. Los agentes califican este despacho como el puente de la supuesta trama corrupta vinculada al amaño del planeamiento, cuyo cabecilla sería Luis Díaz Alperi, exalcalde de la ciudad y actual diputado autonómico. El informe policial destaca que Salvetti Abogados pudo obtener un rédito de un millón de euros a base de tramitar con éxito decenas de alegaciones.

Por otra parte, el magistrado Manrique Tejada ha aceptado parcialmente un recurso presentado por José Luis Castedo y Javier Gutiérrez en el que pedían al magistrado que advirtiera a las partes personadas en la causa de que la divulgación de las diligencias del sumario a través de los medios de comunicación que puedan afectar al derecho a la intimidad y el honor se ajuste a lo establecido en el artículo 301 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Mientras, el empresario Ángel Fenoll, acusado en el sumario Brugal de ser uno de los cabecillas de la trama del negocio de la basura en La Vega Baja, se negó ayer a declarar ante el juez del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, Carlos San Martín. La de ayer era la quinta vez que comparecía por su imputación en distintas piezas del sumario principal. El juez pretendía interrogarle sobre la adjudicación de la planta de residuos del plan zonal de La Vega Baja, en el que la policía sospecha que el empresario, junto con el promotor Enrique Ortiz ofreció supuestos sobornos, al expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll.

A la salida del juzgado, Fenoll dijo: "Me he acogido a mi derecho a no declarar. No está claro que las escuchas sean legales". El empresario se refería así al auto del juez instructor del pasado mes de junio que anuló parcialmente las intervenciones policiales a los imputados, entre ellos el propio Fenoll, Ortiz y Ripoll. Esta resolución está recurrida por las partes y por el fiscal Anticorrupción. Junto a Fenoll, San Martín ha citado en esta nueva ronda de declaraciones al resto de imputados en esta pieza, entre ellos a Ripoll, que tendrá que comparecer el día 1 de diciembre, y el empresario Enrique Ortiz.

www.elpais.es 26.10.11

CASTEDO ANTE EL ESPEJO DE BRIONES

La regidora de Alicante lanza un serial para desmarcarse de la trama del PGOU

Sonia Castedo, alcaldesa de Alicante, del PP, ha optado por el contraataque. Sin esperar al veredicto del juez sobre su imputación o no, ha lanzado un serial con dos objetivos: el primero, de carácter personal, es defender su inocencia en la supuesta trama corrupta que anidó en la recta final del trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU); y el segundo, de índole corporativa, busca refutar que el Ayuntamiento (con su antecesor y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, y una oficina paralela, el bufete del hermano de Castedo) engordara con información privilegiada sobre el futuro PGOU el negocio urbanístico del promotor Enrique Ortiz.

El fiscal la acusa de favorecer al empresario a cambio de regalos

Los informes dicen que diseñó planes urbanísticos a gusto del promotor

La alcaldesa omite la acusación de dar a Ortiz información privilegiada

Considera que la investigación policial es "errónea e interpretativa"

Ni corta ni perezosa y, quizás, espoleada por la presión añadida del último aldabonazo de la investigación policial con nuevas revelaciones sobre la supuesta implicación del despacho de su hermano José Luis Castedo en la trama, la alcaldesa se ha puesto ante el espejo del fiscal Anticorrupción Felipe Briones y los informes de la Brigada de Delitos Económicos de la Comisaría de Alicante.

Castedo ha aportado documentos que, en su opinión, dejan claro que Ortiz no sacó tajada del PGOU. Esta afirmación contradice otra del empresario recogida en las escuchas del sumario del caso Brugal, en la que Ortiz cifraba el monto del pelotazo en 120 millones de euros por el método de acaparar suelo protegido para trasvasar los aprovechamientos a los futuros sectores urbanizables en los que tiene el control hegemónico.

La alcaldesa ha pasado de puntillas sobre el supuesto trasvase de datos privilegiados al empresario Ortiz, recogido en decenas de conversaciones entre ambos. Las escuchas desvelan comentarios tales como "te he apañado lo del APA-9 y lo del Rico Pérez", "tú mandas", o mensajes al redactor del PGOU, Jesús Quesada, para reunirse con Ortiz.

La estrategia de la regidora para defender ante la opinión pública su inocencia -todavía no es parte de la causa, al estar únicamente acusada por Briones y no haber sido citada a declarar por el juez- ha sido simple. En cuatro entregas a la prensa ha confrontado la acusación del fiscal y de la Policía con documentos del trámite del PGOU, en las dos fases de alegaciones y el plan provisional de mayo de 2010.

Fue la propia Castedo quien el 25 de octubre de 2010 se encargó de difundir el escrito inicial de acusación de la rama del caso Brugal que investiga el PGOU, en el que el fiscal Briones distribuyó en cuatro grandes bloques las presuntas ilegalidades cometidas por Castedo.

Información Privilegiada. Briones acusa a Castedo de facilitar información privilegiada a Ortiz sobre el trámite del PGOU. Este apartado recoge una "reunión velada" entre el promotor y la alcaldesa en la gerencia de Urbanismo, otra para entregarle un plano y una tercera para darle el plan general.

Diseño a medida. En el segundo bloque, el fiscal acusa a Castedo de "diseñar y resolver a la medida de Ortiz" aspectos relevantes del PGOU. Entre estas actuaciones, Briones resalta el "apaño" de los planes de Lomas de Garbinet, APA-9, PAU-3, el Estadio Rico Pérez y la recalificación de tres parcelas propiedad del promotor.

"Pacto velado". El tercer capítulo de la acusación del ministerio público versa monográficamente sobre el "pacto velado" entre la alcaldesa y Ortiz para reformar el Rico Pérez en beneficio del empresario.

Regalos. Briones enumera las supuestas dádivas a Castedo por parte de Ortiz, entre las que destacan el regalo de un Mini a una persona de confianza de Castedo, vacaciones en Andorra en 2008 y 2009, y un viaje a Ibiza en el yate del promotor.

La alcaldesa comenzó el pasado día 7 a desplegar su contraataque. Cada informe facilitado presenta la misma estructura: escrito introductorio y documentos del trámite de las actuaciones urbanísticas bajo sospecha y su plasmación final en el PGOU provisional. El serial tiene un nexo en común, la descalificación de la investigación policial, que es "errónea, interpretativa y valorativa", según Castedo.

Edificabilidad del APA-9. La primera entrega de Castedo versó sobre el supuesto incremento de edificabilidad en el sector APA-9. La regidora aportó documentos que indican que el plan, aprobado en 1993, sufrió modificaciones en 2003, 2004 y 2008 "sin que en ningún caso se experimentara aumento de edificabilidad".

Menos viviendas. La segunda entrega de Castedo fue para rebatir otros supuestos traje a medida al promotor Ortiz, en este caso a cuenta de dar más edificabilidad al PAU-3. La regidora mantiene que lo que ocurrió fue algo diametralmente opuesto, es decir, que con las diferentes modificaciones hubo una reducción de la densidad en esa zona, de 50 a 30 viviendas por hectárea. La regidora aprovechó esta entrega para cuestionar el conocimiento de la norma urbanística por parte de los investigadores.

Actuación transparente. El tercer capítulo fue para desmontar el pacto velado con Ortiz para la reforma del estadio Rico Pérez. Para la regidora, hay un dato significativo: La calificación del estadio y sus aledaños es en el nuevo PGOU la misma que en el de 1987, es decir, deportiva. Negó ningún pacto con Ortiz y defendió la "transparencia" del intento frustrado por reformar el campo.

Apaño obligado. En la cuarta entrega, Castedo admitió por primera vez que había hablado con Ortiz de un "apaño". Según la alcaldesa, de nuevo se produjo una mala interpretación de la Policía. En su versión, el apaño era para comunicar a Ortiz que había solucionado la modificación propuesta por el Ministerio de Fomento en los planes de Lomas de Garbinet y APA-9.

En cuanto a los supuestos regalos recibidos de Ortiz, Castedo los ha negado todos, salvo el viaje en yate.

www.elpais.es 17.10.11

EL JUEZ VALIDA LAS ESCUCHAS POLICIALES DE LAS SUPUESTAS IRREGULARIDADES DEL PGOU DE ALICANTE

Un exdirectivo de Bancaja admite que se reunió con la alcaldesa y el bufete de su hermano durante el trámite del documento

El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que instruye la rama del caso Brugal sobre un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al empresario Enrique Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), ha emitido un auto en el que valida las escuchas telefónicas realizadas por la Policía en el caso.

El magistrado Manrique Tejada ha rechazado los recursos de las defensas que pedían la anulación de las escuchas por una supuesta vulneración de los derechos fundamentales de los investigados. Según el auto, dictado el pasado 14 de octubre y comunicado a las partes ayer, el juez considera que no es el momento procesal oportuno para plantear este recurso. "El lógico e idóneo para declarar nulidades de diligencias de investigación acordadas por el juez instructor será cuando el hecho se está enjuiciando", afirma.

En esta sumario el fiscal acusa por las supuestas irregularidades en el plan general a 21 personas, entre ellas, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor en el cargo y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi. El juez ya ha imputado a nueve de los acusados, entre ellos el promotor Enrique Ortiz.

La resolución de Tejada difiere de la dictada el pasado 14 de junio por el instructor general del sumario del caso Brugal, Carlos Sanmartín, titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela, que anuló parcialmente las intervenciones telefónicas. El auto de Sanmartín ha sido recurrido por la partes, incluido el fiscal anticorrupción, ante la Audiencia de Alicante.

Por otra parte, José Cortina, exdirector territorial de Bancaja, ha admitido esta mañana ante el juez Tejada que durante la tramitación del PGOU de Alicante mantuvo reuniones con la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP; su antecesor en el cargo, Luis Díaz Alperi, y el despacho de abogados del hermano de la regidora. Cortina ha declarado como imputado por los supuestos delitos de información privilegiada y tráfico de influencias.

www.elpais.es 17.10.11

MARTÍN A CASTEDO: "¿POR QUÉ OCULTÓ SUS CITAS CON ORTIZ?"

Elena Martín, portavoz del PSPV en Ayuntamiento de Alicante, ha optado por la vía de la prensa para plantear a la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, una batería de preguntas sobre su implicación en la trama del supuesto amaño el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) a favor del promotor Enrique Ortiz.

La edil socialista asegura que la regidora favoreció al promotor

Las primeras cuestiones están relacionadas con la entrega de documentos del Plan General por parte de alcaldesa al empresario antes de la exposición pública del documento, según recoge el sumario de esta pieza separada del caso Brugal. Martín destacó el carácter secreto que Castedo otorgó a esas citas y trasladó esta pregunta a la regidora: "¿Cree usted que como concejal de Urbanismo se debía ocultar de los ciudadanos, o es que lo que iba darle al señor Ortiz [un plano] era secreto para el resto de los alicantinos?" Otras de las cuestiones que plantea Martín son estas: "¿Si el PGOU, en esta fase, no es público, cómo es posible que usted -como concejal de Urbanismo- le entregara un plano del mismo a Ortiz? ¿No es esto, señora Castedo, trabajar para los intereses particulares de un empresario en vez de trabajar para los intereses generales de la ciudad?" Martín señaló que ha acudido a esta vía ante la negativa de la regidora a crear una comisión de investigación sobre el PGOU, tanto en el Ayuntamiento como en las Cortes Valencianas.

Por otro lado, Mireia Mollà, diputada autonómica de Compromís, señaló ayer que si "Castedo no parte de la causa [sumario del PGOU] es porque el PP se encargó de convertirla en aforada".

www.elpais.es 20.10.11

EL JUEZ CITA OTRA VEZ A RIPOLL POR EL POSIBLE SOBORNO DE LA BASURA

El magistrado de Brugal imputa al líder del PP de Alicante cinco delitos

El presidente provincial del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, declarará por segunda vez ante el juez del caso Brugal que indaga un supuesto soborno por la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja, adjudicada en enero de 2008 por la Diputación. En esa fecha Ripoll ocupaba la presidencia de institución. El juez investiga un supuesto cohecho de dos pisos (o su equivalente en metálico, un millón de euros) a Ripoll por parte de los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll a cambio de la contrata.

Ripoll, actual presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, fue arrestado por esos supuestos hechos delictivos el 6 de julio de 2010. Un día después compareció ante el magistrado Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, que acordó su libertad con cargos por cinco delitos (cohecho, tráfico de Influencias, revelación de secretos, fraude y negociaciones prohibidas a los funcionarios). San Martín ha citado a Ripoll para el próximo día 1 de diciembre.

Junto a Ripoll, la policía también arrestó a Fenoll, Ortiz, el empresario de la automoción Rafael Gregori, Ángel Luis Bracho Pacheco, gerente de la firma Sufi, José Candel Martínez, empleado de Ortiz, y Antonio Ángel Fenoll. Estos siete últimos también quedaron en libertad con cargos, al igual que el líder del PP e, igualmente, tendrán que comparecer por segunda vez ante el magistrado instructor a lo largo de las próximas semanas.

La nueva tanda de interrogatorios a detenidos e imputados en esta pieza del caso Brugal se produce a instancia del fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, dado que cuando comparecieron por primera vez ante el juez el sumario era aún secreto.

Ripoll cerró la adjudicación de la contrata de la basura del Plan Zonal de La Vega Baja a primeros de enero de 2008. El contrato lo ganó Enrique Ortiz, en una UTE con la firma Cespa. Pero incluía una cláusula: la planta tenía que levantarse en una finca previamente comprada por el empresario Ángel Fenoll, industrial hegemónico en el negocio de la basura en La Vega Baja.

Un informe policial, realizado a instancias del instructor, concluye que entre enero de 2008 y junio de 2010 la familia Ripoll tuvo un incremento patrimonial sin justificar de 1.292.658 euros. "Podría considerarse que el origen de dicha cantidad, que constituye el incremento patrimonial no justificado, puede tener una relación directa con la adjudicación del plan zonal a la UTE Cespa-Ortiz y con la ubicación de la planta de gestión, que tienen como beneficiarios a Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, respectivamente, a tenor, como se ha apuntado en informes anteriores, de una posible compensación de un millón de euros a través de Rafael Gregori, en pago a los servicios prestados a Ángel Fenoll y Enrique Ortiz en relación al acuerdo de adjudicación", señala la policía.

San Martín ha citado a los imputados en el sumario del Plan Zonal cuando aún está pendiente un recurso sobre un auto suyo que anulaba parcialmente las escuchas telefónicas que dieron pie a la investigación. El magistrado consideró nulos parte de los pinchazos realizados a Ripoll, Fenoll, Ortiz y Gregori. La decisión sobre la legalidad o no de las intervenciones está en manos de la Audiencia de Alicante.

Escuchas validadas

En contra del criterio del juez oriolano, el magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, que dirige la instrucción de la rama del

caso Brugal sobre un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, sí ha validado las escuchas. Tejada observa, además, "indicios de delito" de tráfico de influencias en los hechos investigados.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo del PP, acusada por el fiscal en ese sumario, rechazó ayer que "esos posibles indicios de delito" que ve el juez recaigan sobre ella. "Claro que aprecia indicios de delito pero no especifica sobre quién", precisó. "El día que se acabe esto quiero que mi nombre quede limpio y no porque se anulen las escuchas, sino porque se demuestre que no ha habido nada", dijo.

www.elpais.es 19.10.11

EL BUFETE DEL HERMANO DE CASTEDO RECHAZA EL PELOTAZO DEL PGOU

Asegura que las plusvalías de los parques no están asignada a zonas concretas

El despacho Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, del PP, y del exedil socialista Javier Gutiérrez, rechaza el informe policial del caso Brugal que atribuye a Enrique Ortiz un pelotazo de 120 millones en virtud del supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Aducen que el informe policial omite la legislación urbanística vigente

Mantienen que Ortiz no tiene suelo protegido en la sierra de Fontcalent

Los abogados Castedo y Gutiérrez están imputados por el juez

La tesis de la policía es que Ortiz, valiéndose de información privilegiada, acaparó suelo en zonas declaradas parques naturales, especialmente Fontcalent y Agua Amarga, para luego trasvasar la edificabilidad, como contempla la ley, a áreas urbanizables, en concreto al sector Torres de la Huerta. En esa zona el promotor es el dueño hegemónico del suelo y el PGOU prevé 16.000 nuevas casas. Castedo y Gutiérrez consideran "erróneo" el informe policial primero porque la declaración de parques naturales viene determinada por ley y, segundo, porque el PGOU no asigna de antemano los aprovechamientos urbanísticos de suelo protegido a un sector urbanizable concreto.

Los argumentos con los que Castedo y Gutiérrez intentan rebatir la acusación policial están incluidos en un recurso presentado al instructor, el titular del Juzgado número 5 de Alicante, el pasado 4 de julio. Antes de esa fecha, el 14 abril, la policía había registrado el bufete. El informe policial, tras el escrutado del disco duro de los ordenadores, abundó en la tesis inicial del pelotazo a costa de los parques. Los agentes califican este despacho con el puente de la supuesta trama corrupta vinculada al amaño del planeamiento, cuyo cabecilla sería Luis Díaz Alperi, exalcalde de la ciudad y actual diputado autonómico. Este segundo informe policial, hecho público el pasado 19 de septiembre, destaca que Salvetti Abogados pudo obtener un rédito de un millón de euros a base de tramitar con éxito decenas de alegaciones.

El mencionado recurso de Castedo y Gutiérrez comienza con un rechazo frontal a las imputaciones que la policía y el fiscal les atribuye en el trámite del PGOU de Alicante para favorecer a Ortiz. "Las referidas imputaciones, atendiendo a su contenido material, se fundamentan en interpretaciones subjetivas, que se realizan omitiendo la legislación vigente y el contenido real del Plan General tramitado y aprobado", dicen.

Los abogados resaltan que desde la primera exposición pública del PGOU (17 de octubre de 2008) hasta la segunda aprobación provisional del mismo (31 de mayo de 2010) el documento de planeamiento fue público y estaba colgado en la web del Consistorio, "y por ello todos los ciudadanos pueden conocer su contenido y opinar sobre el mismo".

El escrito de los abogados urbanistas hace hincapié en las cuatro supuestas actuaciones irregulares de la trama corrupta durante el trámite del PGOU: proyecto Ciudad de la Economía, Fontcalent, Saladar de Agua Amarga y Pla de Xirau.

Sobre el proyecto de la Ciudad de la Economía (en el perímetro de protección del humedal del Saladar de Agua Amarga), la policía sostiene que la reclasificación final de ese suelo como no urbanizable protegido se hizo a instancias de los intereses de Ortiz y, que, además, los aprovechamientos urbanísticos de ese parque se habían adscrito al sector de Torres de la Huerta.

El escrito de Salvetti Abogados considera que el suelo sobre el que se asentaba la propuesta de la Ciudad de la Economía "es, por imperativo legal, suelo no urbanizable protegido". Según los abogados, El Saladar de Agua Amarga y su perímetro de afección (500 metros) está considerado suelo no urbanizable desde el 10 de septiembre de 2002, según recoge el Catálogo de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.

Los urbanistas esgrimen este extremo legislativo para concluir que "es rotundamente incierto" que la declaración de esa zona como parque natural en el documento de planeamiento aprobado provisionalmente "sea como consecuencia de beneficiar a Enrique Ortiz o alguna de sus empresas, sino que obedece pura y simplemente al cumplimiento de las exigencias de la legislación vigente".

Los abogados consideran "errónea" la conclusión de la policían de adscribir el parque natural de Agua Amarga al sector de Torres de la Huerta. "No existe una adscripción concreta de un parque natural a un sector, sino que los parques se integran en áreas de reparto que, a su vez, contienen diversos sectores, por lo que la adscripción concreta a uno dependerá de la evolución de los mismos", argumentan los abogados.

En cuanto a la sierra de Fontcalent, los abogados niegan primero la mayor, es decir, que Ortiz tenga terrenos en la zona declarada parque natural. La policía sostiene que el promotor compró en esa zona 1,7 millones de metros cuadrados. El escrito de Castedo y Gutiérrez rechaza que el Ayuntamiento declarara esa zona como parque natural por indicación de Ortiz. "El motivo de su incorporación radica en la ingente cantidad de alegaciones que solicitaron su protección", señalan. Al igual que en el caso de la Ciudad de la Economía, los abogados consideran que la policía se equivoca al adscribir este parque al sector Torres de las Huerta, "ya que en el planeamiento aprobado provisionalmente en 2010 la sierra de Fontcalent sigue manteniéndose como parque natural, estableciéndose su no adscripción a ninguna de las áreas de reparto previstas en el Plan General".

Sobre El Saladar de Agua Amarga, el informe policial recoge que la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja, puso en marcha una operación para intentar adscribir 700.000 metros cuadrados de suelo protegido a Torres de la Huerta. La policía concluye que el empresario trató de cambiar los parámetros relacionados con los porcentajes adscritos al suelo urbanizable. "Y todo ello para poder pasar de un beneficio estimado de 11 o 12 millones de euros" a 120 millones de euros, dice el informe policial.

Los abogados mantienen que el suelo de Agua Amarga "ostenta por disposición legal la condición de parque natural dentro del Plan General", y que tampoco sus aprovechamientos urbanísticos están adscritos directamente a ningún sector concreto.

Castedo y Gutiérrez señalan que el coeficiente de ponderación fijado para este parque y el resto "responde a criterios de naturaleza técnica y legislativa y no se compadece con los intereses de Enrique Ortiz". Al Saladar, el PGOU otorga un coeficiente de 0,4%, según los abogados "contrario a los intereses de Ortiz, que pretendió eliminarlos o su reducción al 0,1%". El empresario presentó alegaciones en ese sentido que fueron rechazadas por el Ayuntamiento. "Si el eje de la actuación de Ortiz era el de influir en el PGOU para adquirir suelo de parques y se llega a afirmar que lo ha conseguido, ¿qué sentido tiene que a posteriori su objetivo sea eliminar los coeficientes que le dan valor a dichos suelos?", aducen los abogados, que esgrimen los mismos argumentos en el caso del sector del Pla de Xirau.

José Luis Castedo y Javier Gutiérrez están imputados y el juez los interrogará el próximo día 26. La alcaldesa Sonia Castedo sigue en la misma situación judicial en este sumario: acusada por el fiscal.

www.elpais.es 05.10.11

CÓMO 'COLOCAR' A UN LÍDER CORRUPTO

El imputado Ripoll preside el Puerto de Alicante y el PP provincial


Puertos del Estado reconoce que la mayoría de los presidentes de las 28 autoridades portuarias españolas son de filiación política conocida, incluso con carné del partido que gobierna la comunidad autónoma que los nombra. En lugares como Canarias hasta se reparten los puertos personas afines a Coalición Canaria y el PSOE como una porción más del pacto entre ambos. De hecho, desde que en 1996 Aznar y Pujol firmaran el llamado pacto del Majestic por el que, entre otras muchas cosas, las comunidades autónomas consiguieron la gestión de los puertos, ningún ministro ha puesto objeciones a la propuesta de nombramiento portuario. Pero no hay precedente alguno de que el presidente de un puerto lo sea también del partido político que lo propone, y mucho menos de que un imputado por el juez por la supuesta comisión de cinco delitos haya accedido a un cargo de tal rango.

El Puerto de Alicante lleva varios años perdiendo dinero

Todo el mundo acudió a jalearlo en su toma de posesión

No hay precedente alguno de un presidente portuario y de partido a la vez

Ripoll esgrimió méritos y experiencia para ocupar el cargo

Es así como la semana pasada el recientemente nombrado presidente de la Autoridad Portuaria de Alicante, José Joaquín Ripoll, que también lo es del PP alicantino, pudo recibir a las puertas de la sede provincial a Alberto Fabra, presidente de la Generalitat y a la sazón del PP regional. Fabra inició la mañana del jueves pasado como jefe del Consell en La Vega Baja y la concluyó presidiendo una reunión del comité electoral de su partido en Alicante. Sin embargo, el viernes no acudió a la toma de posesión de Ripoll en la estación marítima de cruceros del puerto.

El presidente concedió más importancia a la normalización de las relaciones con el PP alicantino que a su presencia en un acto al que acudió la práctica totalidad de la sociedad civil alicantina, incluyendo al presidente de la Audiencia Provincial de Alicante, Vicente Magro, reelegido para el cargo 48 horas antes, que se las tendrá que ver tarde o temprano con el caso Brugal, en el que está imputado Ripoll por su actuación durante su etapa de presidente de la Diputación.

En su discurso ante más de 200 personas, recordó sus dos periodos de ocho años en el Gobierno valenciano y la Diputación de Alicante para dejar claro al auditorio que impulsó la primera dirección general de Puertos de la Generalitat, la fundación Feports. También recordó su presencia durante siete años en el consejo de administración del Puerto de Alicante. Es decir, sus méritos para el cargo. "Un reto en el que voy a volcar todos los conocimientos y capacidad de gestión que he ido adquiriendo a lo largo de mi vida política", dijo para intentar justificar que la Ley de Puertos del Estado, en vigor desde agosto de 2010, exige que el presidente sea designado "entre personas de reconocida competencia profesional e idoneidad". Contrariamente, la misma ley demanda que el consejo de administración nombre al director de cada puerto "entre personas con titulación superior, reconocido prestigio profesional y experiencia de, al menos, cinco años en técnicas y gestión portuaria".

Ahora Ripoll se enfrenta a un desafío más propio de la empresa privada que de la gestión de organismos o instituciones públicas. Los puertos españoles no dependen de los presupuestos del Estado, que únicamente reflejan sus inversiones anuales. Tienen total autonomía de gestión en el día a día y se financian mediante las tasas que recaudan y los ingresos por las concesiones de su suelo, con lo que pagan a los empleados, mantienen las instalaciones y ejecutan las inversiones. De hecho, hasta que se modificó la Ley de Puertos el año pasado, el peso de la gestión recaía en el director del puerto. El cargo de presidente era casi testimonial, eso sí, bien retribuido. "Si el puerto funciona bien, da igual quién sea el presidente", aseguran en Puertos del Estado, entidad dependiente del Ministerio de Fomento. Pero no es el caso de Alicante, cuyo puerto lleva varios años perdiendo dinero porque ha pasado de manejar 3,7 millones de toneladas en 2007 a 2,2 el año pasado, de 370.000 a 308.000 pasajeros y de 179.000 a 148.000 contenedores TEU en el mismo periodo.

La relación de cada Autoridad Portuaria con Fomento se limita a presentar en el segundo semestre de cada año en Madrid un plan de empresa para ese ejercicio y los tres siguientes, que deberán autofinanciarse. La propuesta se consensúa desde la lógica y entre ambos se decide su viabilidad. Lo cierto es que las inversiones en infraestructuras han caído en picado. Por la crisis, pero no solo. Puertos del Estado confirma que las grandes obras ya están finalizadas, excepto las de los puertos de La Coruña y La Granadilla, en Tenerife, aunque admite que "todos quieren tener muelles para todo y hacer de todo en su puerto".

Está por ver qué se deriva de la inédita doble condición de Ripoll los mismos días y a las mismas horas de presidente del PP y del puerto de Alicante. De momento, lo que sí ha conseguido Ripoll es que aparentemente nadie se acuerde en Alicante de las conversaciones telefónicas y los informes policiales que lo delataron como un supuesto corrupto y acuda todo el mundo a jalearlo el día de su toma de posesión. Ya ha colocado una primera hornada de gente de su confianza. Por supuesto, del PP.

www.elpais.es 03.09.11

UN PELOTAZO VERDE DE 120 MILLONES 

Trasvasar edificabilidad de suelo protegido, plan de la trama del PGOU de Alicante  

El supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante tenía un precio: 120 millones de euros. Esta cifra sería el beneficio de transferir la edificabilidad asignada a las zonas catalogadas en el planeamiento como parques naturales a otras áreas de la ciudad calificadas como urbanizables. 

Ortiz pretendía conseguir más edificabilidad en Torres de la Huerta 

Según los informes policiales recogidos en el sumario del caso Brugal que investiga las irregularidades en la tramitación del Plan General, Enrique Ortiz aspiraba a obtener más edificabilidad en el sector de Torres de la Huerta, donde era el propietario hegemónico de suelo a través de la empresa Deproinmed. Para ello diseñó un plan destinado a acaparar terreno no urbanizable en las partidas de Fontcalent y El Saladar de Aguamarga que luego debería ser incluido en el PGOU bajo la figura de parque natural. 

El informe policial asegura que "Ortiz puso en funcionamiento a todos sus técnicos y asesores para que pudieran configurar de otra manera distintos parámetros referentes a las posibilidades de los terrenos que tiene [Ortiz] en el Plan General". "Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 millones en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]", comentó Ortiz en una de las escuchas telefónicas recogidas en el sumario. 

La operación de compra de suelo en Aguamarga también se formalizó a través de la mercantil Deproinmed, participada por Ortiz y Bancaja. Y todo ello con la intención de adscribir los aprovechamientos urbanísticos de 700.000 metros cuadrados de suelo protegido de este humedal del sur de Alicante al plan parcial de Torres de la Huerta o La Condomina, donde el nuevo PGOU contempla la construcción de 16.000 viviendas. 

La segunda zona donde Ortiz puso su punto de mira fue la sierra de Fontcalent. Allí, según la Policía, compró un total de 1,7 millones de metros cuadrados. Antes, intentó concretar sin éxito la misma operación en el polígono Las Atalayas. El promotor tanteó a través de intermediarios a algunos propietarios para comprarles suelo no urbanizable, como ya publicó este periódico el pasado mes de enero. Ante la negativa de los dueños, esta zona inicialmente catalogada como parque natural fue finalmente excluída en favor de Fontcalent. 

La investigación policial concluye que Ortiz obtuvo información privilegiada del proceso de elaboración del PGOU, que supuestamente le habrían ido facilitando el exalcalde, Luis Díaz Alperi, y su sucesora, Sonia Castedo. La UDEF también cree probado que la supuesta trama corrupta utilizó al despacho Salvetti Abogados como puente entre el promotor y el Consistorio alicantino. Este bufete, propiedad de José Luis Castedo, hermano de la regidora, y del exconcejal socialista Javier Gutiérrez comenzó a operar en diciembre de 2008, antes de la exposición pública del PGOU. Desde allí, Ortiz, por indicación de Alperi, habría gestionado el grueso de las operaciones para acaparar suelo en los parques naturales. 

www.elpais.es 02.10.11 

LA FISCALÍA INVESTIGARÁ SI LA TRAMA BRUGAL ESPIÓ A BRIONES 

La junta de fiscales de Alicante analizará en su reunión del próximo día 4 el supuesto espionaje de la trama corrupta vinculada al supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad al fiscal anticorrupción, Felipe Briones. El fiscal jefe de la Audiencia de Alicante, Juan Carlos López Coig, anunció ayer que, a su juicio, los hechos no son inicialmente constitutivos de delito. 

Las últimas diligencias policiales de la rama del caso Brugal que investiga el supuesto amaño del PGOU apuntan a José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, como el muñidor de ese trabajo de espionaje. La policía halló sendos informes sobre supuestas actividades irregulares del fiscal Briones y del dirigente socialista Luna en los ordenadores intervenidos en el despacho de Salvetti Abogados, propiedad de José Luis Castedo y el exedil socialista Javier Gutiérrez. El primero incluye referencias a las actividades privadas del exregidor alicantino y el segundo, sobre la casa de Briones. 

El juez que instruye esta causa desestimó incluir los informes en el sumario, por ser ajenos a la investigación. 

www.elpais.es 02.10.11 

HACIENDA EJECUTÓ A DÍAZ ALPERI UN AVAL DE 886.032 EUROS POR MOROSO 

La Agencia Tributaria ha ejecutado un aval bancario por 886.032, 07 euros que Luis Díaz Alperi, exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP, consignó para hacer frente a deudas pendientes con el erario público derivadas de su actividad privada. El exregidor ha declinado comentar cómo gestionó la garantía, si con sus bienes o través de terceros, y, caso de haber optado por esta segunda vía, si ha devuelto las cantidades a los supuestos avalistas. 

Consignó la garantía bancaria en 2004 y el fisco la ejecutó en 2007 

Alperi presentó el aval el 17 e mayo de 2005 para hacer frente a las deudas de la inmobiliaria Champka de Promociones SL., firma constituida en 1990 de la que llegó a ser vicepresidente antes de llegar a la alcaldía en 1995. Hacienda reclamó al exalcalde un total de de 592.303,70 euros por impagos del IRPF, Impuesto de Sociedades e IVA. 

El exalcalde inició el litigio para eludir los pagos en mayo de 2001 ante el Tribunal Económico Administrativo Regional de Valencia. La batalla judicial de Alperi para evitar pagar concluyó el 26 de abril de 2007, cuando la sección 1ª de la sala tercera del Tribunal Supremo condenó finalmente al exalcalde a ingresar el dinero a Hacienda. El alto tribunal declaró la inadmisión del recurso de casación interpuesto por los abogados del entonces alcalde contra la sentencia de 23 de junio de 2005 de la sección 7ª de la Audiencia Nacional, que ya falló en contra de Alperi. El Supremo declaró firme la resolución de la Audiencia y le condenó a pagar las costas. La Agencia Tributaria ejecutó finalmente el aval el 11 de septiembre de 2007 por un importe total de 886.032,07 euros, esto es, la deuda inicial más 293.307,70 en concepto de intereses de demora. La comunicación oficial de la ejecución del aval iba notificada a nombre de Luis Díaz Alperi y dirigida a su domicilio particular. 

El exalcalde ha eludido hacer comentarios a este periódico sobre el aval y la decisión final de Hacienda de ejecutarlo. "No tengo ninguna declaración que hacer", dijo secamente. 

Su última declaración de bienes, en junio de 2011, declaró bienes no inmobiliarios por 510.000 euros y un pasivo de 210.000 euros. No declaró bienes inmuebles. Y en cuanto a su actividad privada, la declaración recoge que es consejero de Aguas de Alicante, de Emarsa, consejero general de la CAM y administrador de Andarx Bussiness SL.

La investigación del caso Brugal recoge que Alperi compró en abril de 2008 el 50% de la mercantil Andarx Bussines al promotor Antonio Solona. Al mes esta sociedad adquirió un yate por 600.000 euros. Esta embarcación y un segundo yate que tambien tiene la empresa pasaron a manos de Alperi en febrero de 2010, cuando compró el 49% de las acciones restantes por 1.502 euros. Esta firma está embargada, según el Registro Mercantil. 

Luis Díaz Alperi es, según el fiscal anticorrupción, uno de los ejes de la rama del caso Brugal que indaga un supuesto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante a favor del promotor Enrique Ortiz. El exregidor está acusado en el sumario por el fiscal, pero todavía no ha sido imputado, dada su condición de aforado. 

www.elpais.es 02.10.11

EL PGOU DE ALICANTE SE ARREGLABA EN EL BUFETE DEL HERMANO DE CASTEDO 

Todas las alegaciones tramitadas en el despacho fueron estimadas- El 90% de sus ingresos provinieron de las alegaciones al Plan General  

Salvetti Abogados, despacho del que es socio el hermano de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, tuvo una actuación decisiva en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Judicial (UDEF) incluido en el caso Brugal revela el mecanismo a través del cual se solucionaban las alegaciones al plan presentadas por particulares. 

El despacho cobró tres millones por redactar alegaciones al Plan General 

El método para arreglar los problemas, según la UDEF, tuvo su origen en la adjudicación de una subcontrata por parte de la empresa adjudicataria de la redacción del plan a la sociedad G&M, de la que es administrador el exconcejal socialista Javier Gutiérrez, quien, a su vez, es socio de José Luis Castedo en Salvetti Abogados. G&M era la responsable de evaluar las alegaciones. Según la policía, todas las presentadas por Salvetti fueron "estimadas total o parcialmente" El informe de la UDEF concluye que existen "indicios racionales suficientes" de que Gutiérrez y Castedo, "además de contestar las alegaciones a través de la sociedad G&M, redactaban para particulares y empresas la propia alegación que luego presentaban en el Ayuntamiento de Alicante, siendo remunerados por dichos servicios". 

El 90% de los ingresos de Salvetti Abogados entre los años 2008 y 2009 se deben "a distintos trabajos efectuados y cobrados" relacionados con la elaboración del planeamiento urbano. La UDEF calcula en más de tres millones de euros los ingresos que presuntamente habrían obtenido Castedo y Gutiérrez y alerta de que "no solo habría que tener en cuenta los ingresos percibidos, sino las posibilidades de cobro futuro materializadas en contratos de prestación de servicios a distintas mercantiles, que aumentan la potencialidad del cobro en varios millones de euros". 

La policía registró el despacho del hermano de la alcaldesa hace cinco meses y los documentos encontrados en sus ordenadores son la base de este nuevo informe.El completo informe, de más de 350 páginas y 47 anexos con documentos que incluyen facturas, planos, y grabaciones, establece una relación directa entre la firma Salvetti Abogados, que elaboraba las alegaciones de los afectados por el PGOU, y G&M Gestión del Suelo, la empresa que se encargaba de su aprobación, hasta concluir una "comunión de intereses entre ambos". La policía apunta algunos datos llamativos, como que G&M comparte domicilio en la calle de Castaños de Alicante con Salvetti Abogados, aunque su representante, Javier Gutiérrez, la inscribió con domicilio en la avenida de Maisonnave de la ciudad. 

La brigada policial reconoce que es "una constante" a lo largo de la documentación intervenida encontrar papel corporativo y carpetas con el logotipo de G&M y el domicilio social de Salvetti. Por eso, concluye que "queda plasmada la labor de asesoramiento" que realiza José Luis Castedo para esta sociedad, subcontratada por Laboratorios y Proyectos, de Jesús Quesada, redactor del Plan General. 

Aunque no aparece relación fiscal directa del hermano de la alcaldesa con G&M, la investigación descubrió la dirección joseluiscastedo@gmurbanismo.com y mucha más información confiscada en el registro que "corrobora la vinculación inequívoca" con Gutiérrez. Además, recuerda que Castedo se incorporó en 2004 como técnico a la Consejería de Territorio, prestando servicios jurídicos en la delegación territorial de Alicante y actuando como vocal de la comisión informativa de Urbanismo hasta el año 2008. 

La policía también destaca que el despacho del hermano de la alcaldesa empezó a "operar" el 30 de diciembre de 2008, tres meses después de que la regidora accediera al cargo tras la dimisión del exalcalde Luis Díaz Alperi. Y es llamativo que todas las alegaciones presentadas por Salvetti fueran "aceptadas o estimadas parcialmente" en los puntos que más favorecían a las pretensiones solicitadas por la sociedad G&M, ya que "las personas al frente de la sociedad que realiza las alegaciones y las que realizan las estimaciones son las mismas", concluye el informe. 

El monto que percibió el despacho Salvetti por confeccionar las alegaciones de 11 clientes podría alcanzar los tres millones de euros entre 2008 y 2009. La relación de las mismas documenta la facturación cruzada entre el bufete y sus clientes o la existencia de contratos de prestación de servicios y descubre que se aprobaron alegaciones en diferentes planes o zonas de desarrollo de la ciudad. 

En Pla Xirau, Salvetti cobró 100.000 euros por conseguir la calificación como urbanizable de dicho sector. La policía encontró un boceto de contrato por 1.115.000 euros con Gestión de Puertos Deportivos, SA, por un proyecto modificado de ejecución de la construcción de un puerto deportivo en Puertoamor tras haber confeccionado y conseguido que se estimara una alegación de la mercantil. 

Otra empresa, Inmobiliaria Jiménez de Laiglesia, SL, abonó 65.036,56 euros por la "confección y estimación" de varias alegaciones en el sector La Condomina. Fincorp Mediación pagó 116.000 euros por una serie de alegaciones, también aceptadas en el LIC de Tabarca. A Enrique Ortiz le facturaron 90.480 euros por mediar en Fontcalent a favor del promotor alicantino. Y en esa misma zona la policía tiene constancia de la facturación de al menos 232.000 euros de los 800.000 que Salvettí firmó en un contrato de prestación de servicios para la empresa Terras de l'Horta. Y hasta les pagó 250.000 euros Nau, SL, una empresa de Bancaja, como provisión de fondos por un contrato de arrendamiento de servicios. 

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía registraron el 14 de abril de este año el despacho Salvetti Abogados Consultores SL, en el marco de las investigaciones del caso Brugal. El fiscal Anticorrupción solicitó la imputación de ambos socios por mediar a favor de Ortiz en la resolución de alegaciones a la ordenación urbanística de la ciudad. El despacho, según el informe policial adjuntado al sumario, fue pieza clave para favorecer los intereses de Ortiz. 

Alegaciones redactadas por Salvetti y estimadas por G&M 

- Pla Xirau. Salvetti Abogados cobró 100.000 euros más IVA a dos sociedades vinculadas a imagen Valenciana.

- Puertoamor. La policía encontró un boceto de contrato de arrendamiento de Gestión de Puertos Deportivos, SA, que preveía el pago de 1.115.000 euros.

- El Bosqueto. Inmobiliaria Jiménez de Laiglesia, SL pagó 65.036,56 euros por una alegación en La Condomina.

- Sra. Rodríguez Montagut. Facturó 1.044 euros por una alegación desestimada.

- Dianium. Salvetti facturó 4.060 euros por una serie de alegaciones.

- Tabarca. 116.000 euros en 2008 y 66.829 en 2009 pagó Fincorp Mediación por alegaciones aceptadas en la isla de Tabarca.

- Finca San Gabriel. Por una alegación estimada cobró 1.740 euros.

- Finca Urbanova. Pedro Agulló, en representación de Bahia Gold Beach, pagó 1.450 euros por una alegación.

- El Palamó. Jesús Castelo, en representación de Nyza, pagó 3.480 euros por dos alegaciones.

- Antonio Solana. Pagó 9.416 euros por una alegación a través de la sociedad Aqrabol.

- Grupo Ortiz. 90.480 euros, más otros 69.600 en factura proforma detectada.

- Bancaja. Contrato de arrendamiento de servicios por 200.000 euros como provisión de fondos.

- Fontcalent. 1.160.309 euros en diferentes facturas y conceptos.

 www.elpais.es 20.09.11

RIPOLL DECLARA 360.119 EUROS EN BIENES PERO DEBE 312.594

El expresidente de la Diputación de Alicante y desde el pasado viernes nuevo presidente de la Autoridad Portuaria, José Joaquín Ripoll, tiene activos en bienes inmuebles por un valor catastral de 311.702 euros y otros bienes declarados por importe de 48.417 euros. En total, su patrimonio se cifra en 360.119 euros, pero también declara tener deudas por un importe de 312.594. Son cifras que refleja el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante referidas a la declaración de actividades y bienes con motivo de la finalización del anterior mandato. Ripoll declaró su pertenencia a los consejos de administración de cinco sociedades públicas y la comunidad de bienes creada para gestionar una herencia familiar, Hermanos Ripoll, investigada por la policía en el marco de las diligencias seguidas en el juzgado número 3 de Orihuela por el caso Brugal.

Por su parte, la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, declaró entre inmuebles y otros bienes un patrimonio de 95.944 euros, aunque cifra su deuda en 223.759, más del doble. El edil que más patrimonio declaró es Miguel Valor, responsable de Cultura en el Ayuntamiento. Por bienes inmuebles declara un patrimonio de 499.179 euros de valor catastral y otros bienes por 340.205. Además, no tiene deudas.

Imputado irrelevante

También ayer, el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, defendió en Valencia la capacidad y la experiencia de José Joaquín Ripoll para asumir la presidencia del Puerto de Alicante y admitió sin rubor que su imputación por cinco delitos en el caso Brugal no es "irrelevante".

Fabra hizo estas declaraciones en Valencia antes de participar en un almuerzo con la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE) tras ser preguntado sobre la conveniencia de que el Consell haya colocado a un imputado al frente de la entidad portuaria alicantina. "Creo que el que a una persona se la vea por su situación judicial no es lo relevante", dijo. "Lo importante es si ha demostrado públicamente en los puestos que ha ostentado si está preparado para poder llevar a cabo esta responsabilidad", algo que en este caso está "demostrado".

Fabra defendió el derecho de Ripoll a luchar "por demostrar su inocencia", dado que mientras la Justicia no diga que es culpable su trayectoria le hace apto para asumir el mando del Puerto de Alicante.

www.elpais.es 13.09.11

CASTEDO MANTENDRÁ EL PGOU PESE A SUS IRREGULARIDADES

Ni las sospechas que se ciernen sobre el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, un asunto que se investiga en el juzgado como ramificación del caso Brugal y que de momento tiene siete imputados, ni el contundente informe de Fomento sobre el PGOU, preceptivo y vinculante, que no admite la implantación de Ikea en el Plan Rabassa y obliga a modificar hasta una docena de planes parciales lindantes con carreteras nacionales, han conseguido allanar al Gobierno de la ciudad, que ayer rechazó una propuesta del Grupo Socialista para retrotraerlo hasta la fase anterior a la exposición pública y volverlo a redactar a través de la creación de una comisión municipal específica.

El PP también evitó que un edil diera explicaciones de las obras del Plan E

Todo lo contrario. El PP se opuso y su portavoz municipal y edil de Urbanismo, Marta García Romeu, adelantó: "Vamos a impulsarlo y continuar con el proceso por interés general". El documento ha sido informado por las diferentes Administraciones implicadas y está a expensas de su aprobación definitiva por la Consejería de Urbanismo, que lo devolverá al Consistorio para que le subsane las deficiencias que son de obligada observación.

Para Romeu, "recibir informes desfavorables es normal y habitual y ahora lo que toca es contestarlos" antes de que vuelva a ser expuesto al público por tercera vez.

El proponente de la comisión, el concejal socialista Pablo Rosser, la justificó en que "o se modifica y rectifica o [el PGOU] no se podrá aprobar". Además, "esperar la resolución judicial

es dejar años sin plan general a la ciudad". Por eso pide "revisarlo de oficio" y que la consecuencia sea la aprobación final de "un documento limpio y transparente, de todos y para todos". Rosser también apeló a que la investigación judicial abierta "crea inseguridad jurídica en los particulares", puesto que "no saben qué va a ocurrir" con el plan en el futuro.

Esquerra Unida quiere empezar desde cero, porque han pasado más de 12 años desde que se inició la tramitación del plan y lo considera "un documento fallido y muerto". Además, su portavoz, Miguel Ángel Pavón, solicita la paralización del procedimiento en marcha porque "hay sospechas de beneficiarios particulares y lo lógico sería suspender la tramitación hasta que finalice la investigación".

Romeu contestó que "el PGOU no va a dejarse llevar por intereses políticos y partidistas". Y recordó que ya "ha tenido dos exposiciones públicas", tiempo suficiente para "conocerlo y realizar alegaciones, planteamientos y enmiendas". La conclusión de la portavoz popular fue que el documento ha sido "fruto de un proceso transparente y abierto al público".

El PP también rechazó otra petición del PSPV para que el concejal de Atención Urbana, Andrés Llorens, compareciera a explicar las supuestas irregularidades que está investigando el juzgado en relación con las adjudicaciones del segundo Plan E del Gobierno. Este caso motivó la detención y posterior puesta en libertad de dos empresarios y un funcionario del Consistorio alicantino, aunque el asunto continúa bajo secreto de sumario.

El concejal socialista Gabriel Moreno acusó a Llorens de ser el responsable, aunque sea por omisión, porque "todos los expedientes llevan su firma". Pero el gobernante del PP se defendió con el argumento de que el proceso es político, dado que tiene su origen en una denuncia de la exedil socialista Carmen Sánchez Brufal a la Fiscalía Anticorrupción.

Llorens añadió que la documentación solicitada por el juez se remitió "inmediatamente" y que fue revisada por la concejalía "sin que se encontraran irregularidades". Pavón asertó que "no es normal que la policía nacional detenga a un funcionario y dos responsables de empresas con los que podría haber llegado a acuerdos prohibidos" y anunció la petición de que se cree una comisión de investigación sobre la materia.

www.elpais.es 23.07.11

DOS IMPUTADOS EN EL 'CASO BRUGAL' SE NIEGAN A DECLARAR

El fiscal los acusa en relación con el PGOU de Alicante

Bernardo Campos, empresario del sector inmobiliario y amigo del exalcalde de Alicante y actual diputado autonómico del PP, Luis Díaz Alperi, admitió ayer ante el juez que intentó hacer negocios [compra de suelo] durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, pero que descartó la operación "porque no era viable". En el mismo sentido se expresó el abogado Jorge Yacobi, supuesto representante de un grupo de inversores armenios interesados en comprar terreno en la ciudad de Alicante. Campos y Yacobi comparecieron ayer, en calidad de imputados, ante el titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, que dirige la investigación de la pieza del caso Brugal sobre un presunto trato de favor al promotor Enrique Ortiz durante la tramitación del plan general urbano de Alicante.

Ni el letrado ni el empresario accedieron a responder a las preguntas de las partes, incluido el fiscal anticorrupción. Ambos imputados se limitaron a hacer un alegato ante el magistrado en el que únicamente admitieron el intento de realizar operaciones de compra de terreno en la zona de la Condomina, donde el PGOU prevé la mayor concentración de suelo urbanizable. Los dos rechazaron tener información privilegiada sobre el desarrollo del planeamiento. En concreto, el abogado Yacobi señaló que en su "vida" había visto "a un armenio".

El fiscal anticorrupción acusa a ambos de un supuesto delito de aprovechamiento de información privilegiada. Según el ministerio público y de acuerdo con las escuchas telefónicas, Campos intentó comprar suelo en el área de La Condomina porque tenía información privilegiada sobre la futura recalificación del terreno. Sobre el letrado Yacobi, el fiscal mantiene que representaba los intereses de un grupo inversor armenio para comprar suelo en esa zona, en función de la información que el exalcalde Luis Díaz Alperi proporcionaba al empresario Enrique Ortiz.

En este sumario hay ya siete imputados, entre ellos Ortiz, su mujer y el redactor del PGOU. Alperi y la alcaldesa, Sonia Castedo, están acusados por el fiscal.

www.elpais.es 29.07.11

EL JUEZ DEL 'CASO BRUGAL' SEGUIRÁ EN ORIHUELA

Fenoll se niega a declarar por la financiación del PP

El juez del caso Brugal en Orihuela, Carlos San Martín, tendrá que continuar con la instrucción del sumario de una causa que lleva cuatro años siendo investigada y que ha dado lugar a diversas ramificaciones. San Martín había solicitado el traslado del juzgado de instrucción número 3 de Orihuela, del que es titular desde hace poco más de un año y medio, en el concurso para cubrir cinco vacantes de la provincia de Alicante que convocó el Consejo General del Poder Judicial la pasada primavera. Finalmente, no ha conseguido la plaza a la que optaba para vincularse al juzgado de lo penal número 6 de la capital alicantina y deberá seguir en su puesto.

San Martín llegó al juzgado cuando el caso estaba a punto de estallar definitivamente en diferentes piezas separadas que afectaban a otras demarcaciones territoriales. Tras haber derivado la investigación de la referida a la tramitación del Plan General de Alicante al juzgado de instrucción número 5 de la capital y el que afecta a la planta de basura de Calp al número 1 de Dénia, San Martín instruye en estos momentos la parte del caso que investiga las supuestas irregularidades en la concesión del vertedero del plan zonal de residuos de La Vega Baja, en la que se encuentran imputados, entre otros, el expresidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll.

Precisamente por la investigación de otra de las ramificaciones del caso que lleva el mismo magistrado, Fenoll estaba citado a declara ayer. Sobre él recae la acusación de haber financiado la campaña electoral del PP para los comicios municipales de 2007 en cinco localidades de La Vega Baja, a saber, Rafal, Jacarilla, Algorfa, Bigastro y Pilar de la Horadada. Entonces, las tres primeras estaban gobernadas por los populares y Fenoll tenía la concesión de la recogida de basura y las otras dos por el PSPV, donde otra empresa era tenedora de la misma contrata.

Según el informe policial que sirvió de acusación, Fenoll pagó a alcaldes y concejales del PP entre 3.000 y 9.000 en los días previos a la cita electoral. Pero en su comparecencia de ayer, el empresario se acogió a su derecho a no declarar.

www.elpais.es  26.07.11

ORTIZ GARANTIZÓ LA RECALIFICACIÓN DE SUELOS A LA CAM EN UNA OPERACIÓN

Un exdirectivo de la caja, imputado en Brugal, admite al juez el hecho

Daniel Gil, exdirector General de Inversiones Inmobiliarias de Caja Mediterráneo (CAM), admitió ayer ante el juez una empresa de la caja y otra firma del promotor Enrique Ortiz compraron suelo rústico en el paraje de Agua Amarga con la expectativa de su posterior recalificación. El ejecutivo de la caja declaró, en calidad de imputados por los supuestos delitos de tráfico de influencias y uso privilegiado de información, ante el titular del Juzgado número 5 de Alicante. Este magistrado dirige la instrucción de la pieza del sumario del caso Brugal que indaga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad.

El directivo de la CAM declaró ante el juez por espacio de una hora. Según los letrados de la acusación popular, EU y PSPV, Gil se negó a responder a las preguntas de estas partes y eludió las del fiscal anticorrupción, Felipe Briones, vinculadas con las escuchas. Sobre este punto el acusado respondió l que "no recordaba absolutamente nada".

Gil se ciñó así al guión del resto de imputados que evitan responder a cuestiones relacionadas con las intervenciones telefónicas hasta que la Audiencia no se pronuncie sobre su legalidad. Las defensas han adoptado esta estrategia a raíz de la decisión del instructor general del sumario, el titular del Juzgado número 3 de Orihuela de anular algunas de las escuchas.

Los abogados de las acusaciones populares señalaron que El directivo de la CAM admitió ante el juez una operación de compra de suelo de la entidad con Ortiz, en concreto unos 200.000 metros cuadrados en la zona de Agua Amarga. El directivo, según esas parte, "Señaló que la compra se realizó con miras a la reclasificación del suelo, pero que ese extremo lo dejaban en manos del socio tecnológico, la empresa de Ortiz".

El imputado, en cambio, rechazó disponer de información privilegiada sobre el PGOU de Alicante y también si Ortiz disponía de datos secretos facilitados por el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, del PP, o la concejal de Urbanismo y ahora regidora, Sonia Castedo.

En su escrito de acusación inicial, el fiscal acusa a Daniel Gil de disponer de información privilegiada del PGOU y en concreto sobre el proyecto denominado Ciudad de la Economía planteado en la zona Agua Amarga. Briones basa su acusación en las conversaciones, recogidas en las escuchas, entre Gil y Ortiz, en el que refieren al proyecto de la Ciudad de la Economía como "un traje a medida" para la CAM. En otro pasaje de las escuchas, Ortiz comunica al directivo de la caja que una reunión con Castedo, la regidora dio "apoyo total" al proyecto.

Según el fiscal, la operación de compra de suelo se formalizó con una trama de tres empresas: la firma Tenedora de Inversiones y Participaciones S. L., propiedad de la CAM y en cuyos órganos de administración se encontraba Gil, Camservi Obras y Servicios, propiedad de Ortiz; Dreamview, cuyos máximos accionistas son las dos primeras sociedades.

Los interrogatorios a los imputados en esta trama del PGOU de Alicante proseguirán el próximo jueves, día 28, con la declaración de un abogado y el empresario Bernardo Campos, amigo de Alperi. El juez ha interrogado como imputados al redactor del PGOU, Jesús Quesada, el empresario Ortiz y a su mujer. Castedo y Alperi aún no han sido imputados, aunque sí están acusados de supuesto cohecho por parte del fiscal.

www.elpais.es 22.07.11

UN AÑO QUE CAMBIÓ ALICANTE

El 'caso Brugal' destapó la impúdica connivencia de políticos y empresarios

Hace un año, en la madrugada del 6 de julio de 2010 esperaban, en pijama pero ya desperezados, en su chalé de Alicante a la policía. Los inquilinos de la lujosa vivienda eran el histórico líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, y su mujer Margarita de La Vega. Y los agentes, la Brigada de Blanqueo de Capitales, que se disponían a desarrollar la segunda fase del caso Brugal. Este sumario se incoó tres años antes en pos de la estela de una trama de corrupción gestada a la sombra del negocio de la basura y el urbanismo en Alicante.

En las piezas del urbanismo y la basura hay ya 36 imputados

El futuro del caso depende de si la Audiencia valida o no las escuchas

El escándalo que ha aflorado tras levantarse el secreto del voluminoso sumario (40.000 folios) ha tambaleado los cimientos del partido hegemónico en Alicante en los tres últimos lustros, el PP, y ha dejado al descubierto las ilícitas prácticas de sus dos empresarios de cabecera: el promotor Enrique Ortiz y el industrial Ángel Fenoll. Ambos controlan decenas de contratas adjudicadas por instituciones gobernadas por el PP.

La investigación sostiene que Ortiz y Fenoll han coronado sus imperios económicos a base de sobornar a los cargos del PP, bien en especies (las diligencias incluyen un torrente de regalos, desde lujosos relojes hasta viajes en jet privados) o en metálico. Ortiz optaba por los regalos; y Fenoll, por la entrega de sobres repletos de billetes.

El sumario ha puesto al descubierto la connivencia entre los empresarios y la clase política. "Tú mandas", comenta en una de las escuchas de la causa la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al promotor Ortiz; O, "¿Qué pisos quieres?", pregunta el intermediario clave de la trama, Rafael Gregori, a Ripoll.

El 6 de julio de 2010, la policía arrestó a 11 personas, incluidos Ripoll, Ortiz y Fenoll. Éste y su clan empresarial (seis personas más), ya habían sido detenidos en mayo de 2007 en la primera fase policial de Brugal.

La génesis de este escándalo está en una insólita iniciativa de Fenoll. En marzo de 2006, el industrial puso en manos del fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, un DVD que contenía un supuesto soborno por la basura de Orihuela. La grabación fue el hilo del que tiró Briones para desentrañar la que, cuatro años más tarde, se reveló como una gran madeja corrupta.

Con motivo del primer arresto de Fenoll, la policía se incautó en su empresa de centenares de grabaciones que delataban las prácticas del empresario. Fenoll, con ayuda de un detective, grababa todos los encuentros con políticos e intermediarios en los que amañaba contratas.

La investigación, dirigida por el Juzgado número 3 de Orihuela, completó las pruebas a base de escuchas telefónicas, entre marzo de 2007 y junio de 2010. El objetivo inicial de las intervenciones era el soborno de la basura de Orihuela. Pero las escuchas ofrecieron una montaña de réditos a la fiscalía y al juzgado. La trama no sólo pugnaba por ese contrato, sino también por el de la planta de basura del Plan Zonal de La Vega Baja, y otra decena de contratas en diversos municipios alicantinos.

Las escuchas destaparon que no sólo era la basura el objeto de deseo de los supuestos corruptos. El urbanismo estaba también en su punto de mira. En este apartado, destaca el supuesto trato de favor por parte de la alcaldesa de Alicante y su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi, en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Tras los arrestos de julio de 2010, el instructor general en la recta final de la investigación, Carlos San Martín, imputó a 18 personas por dos de las piezas centrales de la investigación (la basura de Orihuela y el Plan Zonal), entre ellos, Ripoll, Ortiz y Fenoll. Al primero, el juez le atribuye cinco delitos. El más destacado es un supuesto soborno de dos pisos o su equivalente en metálico -un millón de euros- por el plan zonal. La policía sostiene que Ripoll generó 1,3 millones de euros sin justificar tras adjudicar la contrata. San Martín se inhibió del resto de las piezas. La causa del PGOU de Alicante recayó en el juzgado número 5 de la capital. Su titular ha imputado a siete de los 21 acusados por el fiscal.

En este primer año desde que trascendió el contenido del sumario de caso Brugal la instrucción ha estado mediatizada por el aluvión de recursos de las defensas, con el objetivo de tumbar las escuchas. El instructor les ha abierto la puerta al anular parte de las intervenciones. El futuro del caso está ahora en manos de la Audiencia de Alicante que tendrá que validar o revocar el sorpresivo auto del juez.

Síntesis del 'caso Brugal'

- ¿Qué es el caso Brugal? Una investigación judicial sobre una supuesta trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura y del urbanismo en la provincia de Alicante.

- Origen de la Investigación. La investigación comenzó en marzo de 2006 a raíz de la denuncia de supuesto soborno por la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela por parte de Fenoll. Este entregó, en persona, un DVD que recogía el supuesto soborno (de la firma Urbaser a concejales de Orihuela, unos 200 millones de las antiguas pesetas) al fiscal anticorrupción de Alicante, Felipe Briones. La investigación judicial la ha dirigido el juzgado número 3 de Orihuela.

- ¿Qué hechos delictivos investiga? La causa general se abrió por cohecho, tráfico de influencias y fraude. El sumario tiene tres piezas centrales y una veintena de ramificaciones. La primera indaga un supuesto cohecho por la planta de basura del plan zonal de La Vega Baja, adjudicada por la Diputación de Alicante, que preside José Joaquin Ripoll. El juez sostiene que Ripoll adjudicó la contrata a cambio de dos pisos o su equivalente en metálico (un millón de euros) por parte del promotor Enrique Ortiz y el industrial Ángel Fenoll. La segunda, indaga otro soborno a ediles del PP de Orihuela por la basura de Orihuela. Y la tercera, cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información en el trámite del Plan General de Alicante

- Imputados. Entre imputados, acusados e implicados el caso Brugal afecta a más de dos centenares de personas. Por el plan zonal hay 18 imputados. El de mayor calado es el líder de PP de Alicante a quien el magistrado atribuye cinco delitos, entre ellos, los de cohecho y tráfico de influencias. Junto a Ripoll, el juez también ha imputado a los tres ediles del PP Oriolano. También están imputados Ortiz y Fenoll y otro tercer empresario del sector de la automoción de Alicante, Rafael Gregori. Por el Plan General de Alicante hay ya siete imputados, entre ellos, el redactor del PGOU, Ortiz y su mujer. El fiscal acusa a otras 14 personas, entre ellas, la alcaldesa de Alicante, del PP, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi. En otra pieza separada que investiga un soborno por la basura de Calp hay 11 imputados.

- Muñidores. La policía y el fiscal sostienen que en la trama de la basura (contrata de Orihuela y plan zonal) los cabecillas son Ripoll, Fenoll y Ortiz. Y en el caso del PGOU de Alicante, el exalcalde Alperi, Ortiz y Castedo.

- Dádivas. El modo de operar de los dos empresarios de la trama para ganarse los favores de los políticos era a base de entregas de dinero en metálico o colmándolos de lujosos regalos. La lista en este segundo apartado es kilométrica, y destaca el viaje a Creta de Alperi y una concejal del PP de Alicante en un jet de la familia del exconsejero Cotino, por 40.000 euros.

www.elpais.es 10.07.11

UN CONCEJAL DEL PP DE CALP ACUMULÓ 2,7 MILLONES TRAS ADJUDICAR LA BASURA

La policía vincula el patrimonio de Roselló a comisiones de la trama Brugal

El exedil del PP de Calp Juan Roselló inició una enfebrecida carrera por conseguir atesorar patrimonio inmobiliario tras serle adjudicado el contrato de recogida de la basura del municipio a la empresa Colsur, propiedad de Ángel Fenoll, el 24 de febrero de 1998.

El informe policial de esta pieza separada del caso Brugal sostiene que Fenoll pagó 600.000 euros a concejales y técnicos del Consistorio calpino, dinero que habría percibido mayoritariamente Roselló a través de su cuñado Francisco Artacho, quien ejerció de intermediario y comisionista.

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía está llevando a cabo un análisis patrimonial de los principales implicados en una trama donde están imputados el exalcalde Javier Morató, otros tres exconcejales populares, Fenoll y su hijo, dos técnicos municipales, el matrimonio propietario del suelo donde se construyó una planta de basura y Francisco Artacho.

El sumario que investiga esta trama político-empresarial en Calp contiene una exhaustiva relación de los bienes adquiridos por Roselló. Entre 1998 y 2008, él, su mujer, Amparo Femenía, o alguna de las dos empresas que tenían, hicieron 13 operaciones de compra en las que invirtieron 2,7 millones de euros, de los que 920.000 fueron pagados en metálico y 1,82 millones más a través de 10 préstamos hipotecarios, la mayoría a 20 años.

Lo más llamativo del recuento patrimonial familiar de Roselló es que entre febrero de 2000 y junio de 2006 adquirió cuatro adosados, una finca rústica y otra con un chalé de tres plantas por los que pagaron casi un millón de euros, de los que 780.000 fueron entregados en metálico y el resto con un préstamo hipotecario. Un pago de 312.526 euros se hizo en efectivo, "no acreditando ante el notario el cumplimiento de la declaración de este movimiento de capital".

El informe policial especifica que Roselló compró en junio de 2002 una finca con chalé de tres plantas por 631.062,71 euros, pagados una mitad en metálico y la otra con dos pagarés del mismo importe. Sin embargo, la escritura de esta adquisición no se elevó a pública hasta el 11 de marzo de 2010, casi ocho años después y, además, intervino su mujer en nombre del comprador y del vendedor de la finca. La compra la hicieron a nombre de la empresa Viajes Romar, SL, constituida por el exconcejal en 1986. Esta mercantil recibió subvenciones de la Consejería de Turismo en los años 2009, 2010 y 2011 por un importe total de 18.356 euros.

Roselló y su mujer también compraron seis coches en los 12 últimos años, el último en octubre de 2010 a nombre de Viajes Romar. Esta no fue la única mercantil con la que operaron. En noviembre de 2004 compraron la empresa dormida Explain Inmuebles, SL, con la que adquirieron una finca de 2.541 metros con chalé por 180.000 euros para luego segregar una parte con autorización del concejal de Urbanismo.

Al margen de Roselló, el informe policial señala, entre los beneficiados por las comisiones que el industrial Ángel Fenoll ofreció a cambio de la contrata de la basura, a tres excargos del PP local y dos técnicos municipales. La policía llega a esta conclusión sobre la base de las grabaciones incautadas a Fenoll con motivo de su arresto a finales de mayo de 2007. Esas grabaciones recogen, en su mayoría, conversaciones entre Fenoll y el intermediario de la trama, el empresario Francisco Artacho, cuñado del exedil Roselló, pero con una única salvedad. En una de las grabaciones hay una conversación directa entre el empresario y el exconcejal Fernando Penella, responsable del área de Hacienda en la época en la que operó la trama.

En la conversación, según la policía, Penella y Fenoll hablan sobre las deudas que el Ayuntamiento tiene con el empresario y la manera de cobrarlas por parte de este, "que incluirían diversos pagos de comisiones -en este caso de 30.000 euros- incluyendo para esta práctica la cooperación necesaria de los técnicos de pesaje como se ha visto el proceder en otras exposiciones de esta misma trama", puntualiza la diligencia policial.

Uno de los pasajes de la aludida conversación entre el exconcejal Fernando Penella y el empresario Ángel Fenoll transcurrió de esta manera:

Fernando Penella. Que nos saque a nosotros 30.000 euros, pero no es que tú los vayas a perder, si no yo ya he hablado con el técnico que es una (no se entiende) que tengo para aprobar y te lo voy a incluir, de acuerdo.

Ángel Fenoll. Sí.

F. P. A partir de enero, un millón de pesetas.

A. F. A partir de enero...

F.P. De enero de este año... ¿Me entiendes? Las cosas se pueden hacer bien porque hay que coger palo, paulatinamente hasta cumplir los primeros euros.

A. F. De acuerdo...

F. P. Pues eso es lo que quería hablar, lo que pasa que eso por teléfono a mí no.

La policía esgrime otra segunda conversación entre Penella y Fenoll en la que en un momento el exedil asegura que hablará con un tal Juan. Según las diligencias policiales, ese tal Juan sería el exconcejal Roselló. Este extremo lleva a la policía a sospechar que la trama de las comisiones relativas a la adjudicación de la basura del Ayuntamiento de Calp estaría integrada por el concesionario y propietario de la planta de compostaje, Ángel Fenoll, junto con "los ya referidos Artacho, Juan Roselló y finalmente el responsable del área de Economía y Hacienda del Consistorio calpino, Fernando Penella".

www.elpais.es 02.07.11

UN VÍDEO CAPTA EL PAGO DE SOBORNOS EN METÁLICO DE LA TRAMA DE LA BASURA DE CALP

El empresario Ángel Fenoll entrega al cuñado del edil del PP que hizo de intermediario en el amaño del contrato su primera comisión de 24.000 euros

Una de las grabaciones intervenidas por la Policía Nacional a Ángel Fenoll recoge el momento en el que este empresario del negocio de la basura entrega a Francisco Artacho, que es cuñado del exconcejal del PP de Calp, Juan Roselló, cuatro millones de pesetas (24.040 euros) en efectivo. Ese dinero correspondería a la comisión de Artacho por ejercer de "enlace" con los ediles populares de Calp y los técnicos municipales que supuestamente recibieron de Fenoll un soborno de 600.000 euros a cambio de beneficiarle con el contrato de eliminación de residuos.

El video se grabó el 3 de junio de 1998. El ayuntamiento, cuyo alcalde era entonces Javier Morató, del PP, que gobernaba con mayoría absoluta, ya había adjudicado el servicio a Colsur, la mercantil de Fenoll, pese a que su oferta económica no era la más económica. En la grabación, se observan sobre la mesa los fajos de billetes de diez mil pesetas. La escena transcurre en el despacho de Fenoll, quien sale mientras el cuñado de Roselló (con camisa blanca) y un empleado del empresario oriolano cuentan el dinero. Artacho introduce luego los fajos de billetes en su maletín. A continuación, regresa Fenoll y discute con el "intermediario" de la trama sobre su comisión y sobre la parte del soborno que ya ha abonado. El empresario parece al final confesar que, con los 24.000 euros de Artacho, ya ha pagado en comisiones más de cien mil euros (18 millones de pesetas). Lamenta que la planta de transferencia, de donde supuestamente obtuvo el resto del soborno al inflar el pesaje de basura y facturar de más al ayuntamiento, todavía no está en funcionamiento.

Tras contar los cuatro millones de pesetas en efectivo, Artacho y Fenoll conversan sobre el dinero hasta entonces aportado del supuesto soborno y el primero reclama más comisión aparte del dinero que acaba de recibir.

Francisco Artacho: ¿No puedes dar más?
Ángel Fenoll: No, no, no. No puedo dar más, Paco, ¿eh? No puedo.
Artacho: ¿No has sacado nada del leasing ni de…?
Fenoll: Me lo han tirado las cajas. Me lo ha tirado la CAM. Entonces yo ahora mismo llevo… Llevo diez millones de pesetas…
Artacho: Diez y cuatro, catorce…
Fenoll: Catorce… y cuatro…
Artacho: Sí, pero son…
Fenoll: Ya, ya… Llevo veinte… dieciocho.
Artacho: Pero esos cuatro no los nombres nunca.
Fenoll: Ya, ya…
Artacho: A mi me debes dos… que cuando estemos trabajando ya lo aclararemos. ¿No?
Fenoll: Cinco quedamos…
Artacho: ¡Tú dijiste seis! Y luego… je, je. Si me quieres dar cinco… Pues uno que me estás quitando de lo que tú dijiste, no de lo que yo dije.
Fenoll: Ya. Cuando salga todo… Ahora vamos a sacarla en marcha… Que empecemos a trabajar. A ver si…
Artacho: Pero por lo menos Ángel me podrías completar de estos cuatro hasta otros diez.
Fenoll: No, no, no. Además hasta que no empecemos yo no puedo. Ni un duro más. No puedo. Y voy a pasar la perronera, sabes.
Artacho insiste, sin embargo, en que. si no hay más comisiones, pueden surgir problemas
Artacho: Pero que tú no entiendes lo que yo te estoy diciendo. Que se pongan en contra los que llevan materiales, los técnicos…
Fenoll: No… los técnicos. Los cinco millones de pesetas… ¿…para los técnicos?
Artacho: Pero ellos quieren bastante más. No quieren eso.
Fenoll: Ya. Ellos, ¿qué?
Artacho: A ellos hay que darle otra… No es eso lo que tienen pactado los técnicos.
Fenoll: Sabes… Y vamos, vamos… Vamos a salir en marcha, sabes. Y cuando salgamos en marcha… trabajamos… Empezamos a trabajar. Ya vemos…?Vamos, creo que no daría ningún problema. No, esto no. Esto no. Yo ya no me fío de…?Pues claro…?Cuando empiezan, sabes, a dar por culo… la mierda del ayuntamiento y estoy hecho polvo… dieciocho millones de pesetas. Dieciocho justos. Diez millones… diez y cuatro, catorce. Y cuatro, dieciocho. ¿No es eso? Claro. Yo tengo que pagarlo.

El exalcalde, Roselló y otros nueve imputados

El juez de Dénia que instruye esta pieza del caso Brugal ha imputado al exalcalde del PP, Javier Morató, quien ahora es concejal de Alternativa Popular, a los exediles Juan Roselló, José Perles y Fernando Penella, a dos técnicos municipales, al matrimonio dueño del terreno alquilado irregularmente para la planta de basura, a Artacho, a Fenoll y a su hijo, Antonio Ángel Fenoll, por esta trama de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. La Policía cree que Fenoll sobornó con 600.000 euros al resto de implicados. Sospecha que Roselló negoció la cuantía del soborno.licía cree que Fenoll sobornó con 600.000 euros al resto de implicados. Sospecha que Roselló negoció la cuantía del soborno.

www.levante-emv.com 06.07.11

FENOLL: "ESE DINERO TIENE QUE ENTRAR EN LA EMPRESA Y LUEGO CONVERTIRLO EN B"

Las grabaciones de la pieza del caso Brugal que indaga un supuesto soborno del industrial Ángel Fenoll a concejales y técnicos de Calp por la contrata de la basura incluye una serie de conversaciones entre el empresario y el intermediario de la red, Francisco Artacho, cuñado del exconcejal Juan Roselló, que dejan constancia del supuesto cohecho materializado a través del pago de comisiones y el blanqueo de las cantidades abonadas.

Artacho: "Al Ayuntamiento llevamos dándole catorce"

Ángel Fenoll. (...) Porque ese dinero tiene que entrar en la empresa y luego hay que convertirlo, sabes, cómo hay que convertirlo, convertirlo en B, ¿entiendes o no? ¿Sabes lo que te digo?

Francisco Artacho. No, no, si entra en la empresa.

A. F. ¡Ah!

F. A. Pero estamos hablando que yo puedo ir, coger el dinero en el Ayuntamiento y meterlo en una empresa de la cuenta de Colsur [propiedad de Fenoll] (...)

Á. F. Tenemos que sacarlo, tenemos que convertirlo en B (...).

Las cintas también revelan las discrepancias y, a veces discusiones, entre ambos sobre las cantidades ya pagadas y cómo entregar el resto.

Ángel Fenoll. Tú date cuenta que nosotros llevamos ya, ¿cuánto llevamos desde que llevamos dándote?

Francisco Artacho. Catorce, al Ayuntamiento catorce (...)

Á. F. ¿Catorce nada más? Catorce (...)

F. A. Más lo de los terrenos.

Á. F. No, los terrenos aparte. Eso...

F. A. Luego, a mí me llevas dado cuatro (...)

En otro pasaje Artacho y Fenoll discuten porque el primero le pide más dinero y el segundo no se fía de su intermediación con el Consistorio calpino.

Ángel Fenoll. No, no. Hasta que no empecemos a trabajar yo no puedo dar más dinero. Ni un duro. Si para hacer esto... Como tú eso no se lo vas a decir, que hemos hecho...

Francisco Artacho. Yo eso no se lo voy a decir y Ángel, el día que se enteren...

Á. F. Si se enteran será porque tú lo dices.

F. A. ¿Yo qué voy a decir?

Á. F. Hombre. Coño.

F. A. Pero a ver si se te escapa en alguna vez que te llamen y digas, oye yo ya tengo puesto y tanto a Paco, sabes...

Á. F. ¿El qué?

F. A. Que te llame mi cuñado [Juan Roselló, entonces concejal del PP de Calp], y eso y tú digas, oye que yo ya tengo tanto puesto, y tanto a Paco y tanto a lo otro (...)

Á. F. Pero, ¿eso les llega a ellos o no les llega?

F. A. Si se lo dices tú, si. Si no, no.

Á. F. Je... ¿Te lo quedas?

F. A. No... ¿Esto? Esto está claro que les llega. ¿No les va a llegar? (...)

Á. F. Yo sé que te lo doy a tí, pero yo...

F. A. ¿Tú crees que me los quedo yo? Si yo estoy más mal que la hostia.

Á. F. Ya, pero como me has dicho a ver si...

F. A. ¿Qué, qué? Ahora mismo en el Ayuntamiento tú tienes catorce.

www.elpais.es 02.07.11

ALPERI Y CASTEDO CITABAN AL REDACTOR DEL PGOU EN UN RESTAURANTE

Jesús Quesada confirmó el interés en aprobar el proyecto del Rico Pérez

El redactor del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, Jesús Quesada, reconoció el pasado 30 de junio en su declaración como imputado en la pieza separada del caso Brugal que tramita el juzgado de instrucción número 5 de Alicante que tuvo "cuatro o cinco reuniones" para tratar cuestiones de la redacción del plan con el entonces alcalde, Luis Díaz Alperi, en un restaurante de la playa de La Albufereta, a las que también acudieron la concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, y la también edil Sonia Alegría. "Cosa que a mí me sorprendió", contestó Quesada al fiscal Anticorrupción, Felipe Briones.

Quesada es el único de los imputados en esta causa que se ha prestado a responder a las preguntas del fiscal, aunque eludió las de las acusaciones particulares o cualquier cuestión que hiciera referencia a las grabaciones aportadas al sumario.

Así y todo, sus respuestas añadieron algunas pistas nuevas sobre la manera de proceder del entorno favorable a sus interes que había conformado el promotor Enrique Ortiz, según la acusación.

Castedo era la única de aquellas reuniones de mesa y mantel que también formaba parte de la comisión municipal que servía como vehículo de interlocución con Quesada. Con ella se integraron José Luis Ortuño, Miguel Ángel Cano, Mª Ángeles Sierra e Isabel Campos, a la que en una de las conversaciones intervenidas Ortiz le llega a decir: "Bueno, cariño mío, pero cúrramelo, trabaja para mí un poco". El redactor del plan reconoció que algunas reuniones de la comisión eran de 11 horas y que determinadas cuestiones se tuvieron que resolver votando por falta de consenso entre ellos. En todo caso, dejó claro que se hacían copias de los planos rectificados y que muchos de ellos "se quedaban allí".

En referencia a las dos reuniones que mantuvo con Ortiz, una de ellas en la sede de la empresa del promotor, Quesada las integró en la serie de encuentros que concertó con los comerciantes de la ciudad, otros propietarios de suelo o representantes de la Universidad de Alicante. "Entonces, ¿usted hubiera ido a casa de un ciudadano normal?", preguntó Briones. "¿Qué es un ciudadano normal?", respondió el arquitecto a la gallega.

Respecto al plan para reformar el Rico Pérez, reconoció que "el Ayuntamiento tenía mucho interés en sacarlo adelante" y por eso "me pide Sonia [Castedo] que le dé una solución al problema", que Quesada no consideró nunca de su incumbencia porque el Plan de Reforma Interior y Mejora de la manzana del estadio se presentó en marzo de 2008, antes de comenzar él sus trabajos. Eso si, confirmó que el proyecto lo presentó Aligestión Integral, una empresa de Ortiz, con la firma de un ingeniero de caminos y otro agrónomo.

"Tal como está propuesto, no lo veo correcto", contestó sobre los planes de Ortiz, que pasaban por la construcción en la manzana del estadio de un edificio de 40 plantas. E hizo una propuesta que "ojalá hubieran hecho los técnicos municipales".

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, dijo ayer en referencia a su situación que no puede "estar demostrando continuamente mi inocencia". Y retó a la fiscalía, "que cobran por ello y además cobran bien", a que demuestre "la culpabilidad que tiene tanto interés en demostrar".

www.elpais.es 06.07.11

FENOLL QUISO AMAÑAR JUNTO CON ARTACHO EL CONTRATO DE LA LIMPIEZA VIARIA DE CALP

La trama pretendía conseguir la basura de otros municipios cercanos

El empresario Ángel Fenoll, líder de la trama de corrupción del caso Brugal relacionada con la recogida de basura, intentó, tras la obtención de la contrata para explotar una planta de transferencia de residuos en Calp, establecer la base de operaciones desde la que expandir su negocio, ya hegemónico en la comarca de La Vega Baja.

Así se desprende de las conversaciones que mantuvieron Fenoll y el intermediario y comisionista Francisco Artacho en el despacho del primero, grabadas por el contratista e intervenidas por la policía en el registro de su domicilio.

Fenoll trató de conseguir que el Consistorio calpino también le adjudicara por 25 años la contrata de la limpieza viaria, que estaba a punto de vencer, amañando el pliego de condiciones y que la planta de transferencia de basuras para la que obtuvo los permisos en el término municipal de la localidad recibiera los camiones de otras poblaciones cercanas. En uno de los pasajes de las cintas, se le puede escuchar tramando con Francisco Artacho, cuñado del edil calpino del PP Juan Roselló, la redacción de un pliego de condiciones a medida que le resultara favorable a Colsur, la empresa de Fenoll.

Francisco Artacho. Que lo de la limpieza nos lo quedamos.

Ángel Fenoll. Y además esos diez, tú, a ti, lo que podemos hacer también después de, oye, si tú puedes ser el delegado, quiero decir, de de Calpe, ¿me entiendes o no? (...)

F. A. Exactamente, pero sí que puede ser, ¿sabes? Ahí podemos llegar a acuerdos, y tú tienes tu... porque si eso lo sacamos, porque eso habría que sacarlo a los mismos años que tiene la planta.

A. F. Claro, a veinte o veinticinco.

F. A. Claro, a veinticinco, y tú tienes asegurado veinticinco años y el pan de tus hijos (...)

A. F. Sí te entiendo, pero entiéndeme lo que te quiero decir, para amarrarlo bien amarrado tenemos que preparar el pliego, vamos a prepararlo, vamos a preparar lo otro, vamos a preparar lo otro, que sea cuando ya estemos empezando.

En otro de los pasajes ambos hablan de las toneladas que podrían llegar a la planta de Calp cada año si conseguían trasladar los residuos de otros municipios de la Marina Alta y Baixa. Y comentan la posibilidad de conseguir cinco millones de euros anuales.

Francisco Artacho. De Calpe habrá sobre cuarenta o cincuenta creo que había.

Ángel Fenoll. Cincuenta me dijo a mí tu (no se entiende).

F. A. Cuarenta o cincuenta. Luego está Llíber, está Callosa d'En Sarriá y estaba L'Alfàs del Pi, eran los pueblos que estábamos haciendo para que...

Á. F. Son los tres y alguno más que busquemos.

F. A. Sí, todos los que busquemos, ahora cuando arranquemos tengo que cogerme todos los que hay de arriba de Dénia de todos los pueblos (no se entiende), de Dénia traerme todos los que pueda.

Á. F. Estamos hablando...

F. A. Ahí me echa un cable mi cuñado

[se refiere a Juan Roselló, concejal del PP en Calp].

Á. F. Si hablamos de ciento cincuenta toneladas, claro, ciento cincuenta toneladas valen a cuatro mil pesetas.

F. A. Cuatro mil ochocientas (no se entiende), cinco mil, son cinco. Cien toneladas serían cinco millones, ¿no?

Según la policía, Artacho era quien transportaba los fajos de billetes desde el despacho de Fenoll hasta Calp. Previamente lo convertían en dinero negro para conseguir que una parte de las cantidades facturadas mensualmente al Ayuntamiento sirvieran para abonar en mano los 600.000 euros a plazos que el empresario se comprometió a distribuir entre concejales y técnicos. Una de las estratagemas seguidas fue pasar al cobro más toneladas de basura de las realmente recogidas, para lo que necesitaron la colaboración de dos técnicos municipales, según recoge el informe de la policía.

En el registro practicado el 30 de mayo de 2007 a la mercantil Proambiente, también de Fenoll, se intervino un listado en el que aparecía José Luis Faubel, ingeniero del Ayuntamiento de Calp, al que citan Fenoll y Artacho como el técnico que debía controlar las toneladas que se pesaban.

La policía también descubrió una reunión en febrero de 2008 entre Juan Cervantes, ingeniero técnico del Ayuntamiento calpino; Antonio Ángel Fenoll, hijo de Ángel Fenoll; y su sobrino, Ginés Fenoll, que además era el encargado de la planta de transferencia de basura de Calp. Cervantes era entonces el director técnico de la concesión y el encargado de validar las toneladas que facturaba Colsur. El informe policial concluye que "resulta cuanto menos llamativa la pérdida por parte del técnico de los tickets de pesaje y otros documentos relacionados con ello" y que la reunión fue "a fin de planear una estrategia para evitar problemas y que fueran descubiertos" cometiendo irregularidades.

www.elpais.es 03.07.11

CASTEDO PAGÓ SUS VIAJES A ANDORRA CON DINERO DE ORIGEN DESCONOCIDO

La policía concluye que no se sabe quién ha abonado un coche Mini de Ortiz

El informe policial del caso Brugal que aborda el estado patrimonial de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su marido, Arturo Soto, concluye que la regidora pagó en metálico, con dinero que no fue extraído de las cuentas bancarias de su unidad familiar, los dos viajes que hizo a Andorra en compañía del promotor Enrique Ortiz y su familia. La policía asegura que los 2.672,52 euros que costaron las vacaciones de 2008 y los 1.820 de la Navidad de 2009 no se corresponden con "extracciones de dinero en efectivo, ni extracciones de dinero a través de cajeros automáticos cuyos importes pudieran evidenciar que se extrajo de las cuentas bancarias dinero en efectivo para pagar ambos viajes". Es decir, que los pagos en las dos agencias de viaje donde fueron reservadas las estancias no tienen "su reflejo contable en las cuentas bancarias analizadas".

La alcaldesa: "Llevo mi economía doméstica como me da la gana"

El objeto de la investigación era "poder descartar la recepción de posibles contraprestaciones por parte del señor Ortiz por la presunta revelación de información privilegiada sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante", pero el informe policial solo concluye que se desconoce el origen del dinero empleado por Castedo.

Lo cierto es que la regidora solicitó la factura del viaje de 2008 casi dos años después y que tanto ella (2.672,52 euros) como el promotor (7.089,46 euros) pagaron en metálico en El Corte Inglés.

En 2009 la familia de Castedo viajó en un coche de Ortiz. La reserva la hicieron ambos en otra agencia de viajes de Sant Joan, cuya propietaria declaró que Castedo volvió a pagar en efectivo 1.820 euros. El importe de Ortiz ascendió a 20.896. La documentación que figura en el sumario del caso para justificar el abono de ambos importes son sendos albaranes de la agencia con numeración correlativa y el mismo número de expediente, pero no figura el NIF de la empresa y en el caso del promotor ni siquiera recoge el número de factura.

Respecto al coche Mini que la policía cree que Ortiz regaló a Sonia Castedo poniéndolo a nombre de una tercera persona de su entorno, también concluye que ni desde las seis cuentas bancarias de la receptora del vehículo ni por los movimientos de dinero de las de la alcaldesa se puede concluir que los usufructuarios del coche lo hayan abonado al vendedor, la empresa Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras.

La regidora arremetió ayer contra el fiscal Anticorrupción. "La economía doméstica de mi casa la llevo como me da la gana, y si no tengo que hacerlo así, que a partir de ahora el fiscal me diga cómo organizarme".

www.elpais.es 23.06.11

EL CASO BRUGAL SE QUEDARÁ SIN JUEZ POR QUINTA VEZ

La presión habría obligado a Carlos San Martín a optar por otro destino justo después de anular las escuchas

Y ya van cinco. El juzgado del caso Brugal pasará por un nuevo cambio de magistrado después de que el actual, Carlos San Martín, haya solicitado el traslado a un nuevo destino judicial. La decisión se produce una semana después de que este juez resolviera anular parte de las escuchas de la investigación, una resolución que ha dejado en precario más de cuatro años de instrucción.

La marcha efectiva de San Martín no se produciría hasta el mes de septiembre, fecha en la que se resuelve el último concurso de traslados convocado la semana pasada por el Consejo General del Poder Judicial.

La decisión de Carlos San Martín era un secreto a voces desde hace tiempo y ya se especuló con la posibilidad de que el juez se pidiera un permiso de paternidad de varios meses a principios de año, aunque finalmente sólo se tomó los días que legalmente le correspondían por la baja.

San Martín llegó al juzgado de Primera Instancia número tres de Orihuela a principios de 2010, tras haber sido juez decano en San Vicente, coincidiendo con la separación de jurisdicciones en este partido judicial. Lo que en teoría iba a ser un cambio de destino a un juzgado especializado en asuntos civiles, se convirtió en un gran embrollo al conocer que en ese órgano judicial se encontraba entre los antiguos asuntos penales en trámite la mayor investigación por corrupción que se ha desarrollado en la provincia: el caso Brugal. San Martín era el quinto juez en estar al frente de este sumario en un plazo de cuatro años.

Muy crítico con la labor de sus predecesores, San Martín llegó a afirmar en un auto que la "inactividad" en la causa era "patente" hasta que él llegó y defendido que la causa debería haberse desglosado en varias piezas mucho antes y no tres años después. Tan crítico, que la semana pasada causó un gran terremoto judicial al anular parte de las escuchas autorizadas por sus compañeros por considerar que los autos no estaban suficientemente motivados.

La decisión ha dejado una gran maraña en la que ni los propios abogados saben qué escuchas son las válidas a partir de ahora. De todas maneras, el auto no es firme y ahora la Audiencia tendrá que pronunciarse sobre los recursos que previsiblemente irán presentando todas las partes.

Finalmente, todo parece indicar que San Martín no ha podido soportar la presión y ha adoptado la decisión de cambiar de destino en el concurso de traslados que convocó la semana pasada el Consejo General del Poder Judicial y ayer comunicó a la Audiencia su decisión. Entre las plazas que salen a las que puede optar están los juzgados de lo Penal de Alicante y Benidorm así como otros de Torrevieja y Dénia. El concurso se resolverá previsiblemente a finales del próximo mes de septiembre.

www.levante-emv.com 21.06.11

CASTEDO PIDIÓ LA FACTURA DE UN VIAJE EL DÍA QUE CONOCIÓ SU ACUSACIÓN EN BRUGAL

Asegura que la había pagado antes y el fiscal sostiene que fue un regalo de Ortiz

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), acusada en el sumario del caso Brugal, pidió una factura sobre un viaje de Fin de Año a Andorra, que según el fiscal, fue un regalo del promotor Enrique Ortiz, el mismo día que trascendió el escrito de acusación del ministerio público, el pasado 25 de octubre de 2010. Castedo, junto a su marido y su hija, había disfrutado de esas vacaciones entre el 28 de diciembre de 2009 y 4 enero de 2010.

"Sí, pedí la factura cuando conocí la acusación, porque antes no lo había hecho, pero evidentemente, la pagué cuando se gestionó el viaje", aseguró ayer la regidora.

Castedo está acusada junto a otras 21 personas, entre ellas su antecesor Díaz Alperi, por el fiscal de facilitar información privilegiada al promotor Enrique Ortiz durante el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El fiscal anticorrupción mantiene que, a cambio, el promotor colmó de dádivas a los cargos públicos del PP y funcionarios municipales.

En el caso de Castedo, el fiscal anticorrupción destaca el alojamiento y transporte a Andorra en las vacaciones invernales durante al menos los años 2008 y 2009 y el regalo de un turismo de la marca Mini para una persona de confianza de Sonia Castedo, "a petición de esta última".

El escrito de acusación del fiscal, a causa de una filtración del sumario, trascendió a la opinión púbica el 25 de octubre de 2010. Ese día, Castedo convocó una rueda de prensa para responder a las imputaciones y, en paralelo, exhibió las facturas de los abonos de los viajes a Andorra y del pago del Mini por parte de las personas de su confianza a las que alude el fiscal. En esa convocatoria, la alcaldesa no entregó copia de las facturas alegando que el sumario estaba bajo secreto y que lo haría tras aportarlas al juzgado.

Sin embargo, entre las múltiples pruebas autorizadas por el juez, a petición del fiscal, para completar la investigación se encuentra un exhorto a la Agencia de Viajes del Cortes Inglés, donde se gestionó el viaje, para verificar si Castedo pagó o no las vacaciones.

La respuesta de este departamento del centro comercial dice textualmente: "A nombre de los clientes y en el período indicado sólo nos consta una única factura emitida a nombre de doña Sonia Castedo Ramos, de fecha 25 de octubre de 2010 por importe de 2.672,52, incluidos los seis euros de gastos de gestión, cuya copia acompañamos, que fue pagada en efectivo".

El escrito de El Cortés Inglés señala que esa factura corresponde a los servicios de una estancia de siete días en hotel, en una habitación triple, y cena de Fin de Año para tres personas.

La respuesta del centro comercial al juez también recoge que esa estancia corresponde "a un único expediente de reserva" en el mismo hotel y para el mismo período en el que también se contratan otros servicios "a nombre de don Enrique Ortiz Selfa y doña María Carratalá Fernández [esposa de Ortiz]". El precio del paquete pagado en efectivo ascendió a 7.089,46 euros, desglosado en tres partes, una de ellas una habitación triple (dos adultos más un niño) con cena de fin de año, por 2.666,52 euros. El centro comercial completa la respuesta al juzgado con una copia del duplicado de la factura, emitida en la mencionada fecha de 25 de octubre de 2010.

Por otra parte, la consejera portavoz, Paula Sánchez de León, anunció ayer que el Consell presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que obliga al Ejecutivo de Francisco Camps a facilitar al grupo parlamentario de Compromís los contratos menores que firmaron las distintas empresas de la trama Gürtel con la Generalitat entre 2003 y 2008.

www.elpais.es 11.06.11

CASTEDO: "LO QUE DICEN LAS URNAS NO PUEDE MODIFICARSE EN OTROS SITIOS"

La sombra del 'caso Brugal' marca la constitución de la nueva corporación

 "Lo que han dicho las urnas no puede modificarse en otros lugares", aseguró ayer Sonia Castedo, del PP, en su discurso tras ser investida alcaldesa de Alicante. Esta fue la única referencia de la regidora a las demandas de la oposición, en especial del PSPV y EU, a que renunciara al acta por su acusación por cohecho en el sumario del caso Brugal a raíz de un supuesto trato de favor al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General.

Castedo respondía también a los 300 indignados que, apostados en los laterales de la plaza consistorial, se concentraron para expresar su protesta por el supuesto caso de corrupción que afecta a la alcaldesa y a otros cargos de PP. El recinto fue acordonado por la policía, tras el desalojo a primeras de la mañana de 25 indignados que pasaron la noche en la plaza.

La flamante alcaldesa, que ahora asume la vara de mando con el refrendo de las urnas [Castedo llegó al cargo en septiembre de 2008 por designación directa de su antecesor, Luis Díaz Alperi], zanjó el caso Brugal con la referida alusión. El resto de alocución fue un compromiso con los ciudadanos para salir de la crisis y crear empleo, "desde la lealtad, la honestidad y el diálogo"

La nueva oposición municipal, en cambio, optó por explícitos gestos para airear el caso Brugal. Así, los ocho ediles del PSPV añadieron al parlamento oficial de toma de posesión del acta la siguiente coletilla: "(...) Y velar por una gestión transparente y defender los derechos de los ciudadanos de Alicante". Al término de acto institucional, la cabeza de lista el PSPV, Elena Martín, abundó en ese punto y aseguró que, en su opinión, "por ética y dignidad Castedo debería haber renunciado al acta". Respecto a las propuestas de la regidora, Martín señaló que "no ha concretado nada, y sobre todo en el tema más urgente, la creación de empleo".

Los dos ediles de EU, Miguel Ángel Pavón y Ángeles Cáceres, incluyeron en su acto de toma de posesión del acta, referencias a la defensa del valenciano, del medioambiente, de los trabajadores y de los desfavorecidos. Cuando Castedo arrancó su discurso, abandonaron el salón de plenos y bajaron a la plaza para integrarse en la protesta de los indignados.

El concejal de UPyD, Fernando Llopis, aseguró que entendía el malestar de los indignados y precisó: "Es el momento de trabajar desde las instituciones".

www.elpais.es 12.06.11

EL JUEZ DE ORIHUELA ANULA PARTE DE LAS ESCUCHAS DE BRUGAL

El titular del juzgado ha considerado que los autos que las permitieron carecían de motivación o ésta era insuficiente

El titular del juzgado de primera instancia número 3 de Orihuela, Carlos San Martín, ha anulado parte de las escuchas policiales que dieron origen a la veintena de piezas separadas del caso Brugal, al creer que algunos de los autos que las avalaron carecían de motivación o que ésta era insuficiente.

A partir de la investigación de un posible cohecho en la adjudicación de la recogida de las basuras en la ciudad de Orihuela, las escuchas policiales extendieron la investigación por posibles delitos a casi una veintena de asuntos, desde el contrato del plan comarcal de residuos de la Vega Baja a la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

El auto del juez acepta parcialmente algunos de los recursos presentados, entre ellos contra el pinchazo telefónico a la esposa del presidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado, mientras que sobre el dirigente popular también acepta que se invaliden diligencias practicadas desde el 20 de noviembre de 2009.

Siempre en torno a las basuras de Orihuela o de la Vega Baja, también se deja sin efecto unas escuchas policiales al constructor Enrique Ortiz, imputado en el plan comarcal y también en la rama del PGOU.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), el auto, de 162 folios, tiene fecha de ayer y ha sido entregado esta mañana a las partes.

Paralelamente a algunas anulaciones, el juez valida otra parte sustancial de las intervenciones telefónicas que habían sido recurridas por los imputados o implicados dentro de un auto que no es firme y ante el que, según han avanzado a EFE fuentes jurídicas, es previsible que las partes recurran en apelación.

Además de aceptar algunos recursos de las defensas de Ripoll y Ortiz, se anulan otros autos sobre escuchas telefónicas a los tres exconcejales imputados de Orihuela, Antonio Rodríguez Murcia, Ginés Sánchez Larrosa y Manuel Abadía, todos del PP.

También se invalidan pinchazos a los empresarios Rafael Gregory; y Ángel Fenoll; al hijo de éste último, Antonio Ángel Fenoll; y al empleado de la empresa de Ortiz Inusa José Candel.

Además, se acepta la impugnación del reparto realizado entre varias instancias judiciales de algunas de las piezas separadas a raíz de las escuchas, como las denominadas "Las Algas", "Caminos a la planta de Proambiente", "Rafal", "Bigastro", "Algorfa", "Pilar de la Horadada", "Jacarilla" y "Callosa de Segura".

Aunque el auto se refiere a las escuchas policiales de las basuras de Orihuela y de la Vega Baja, la anulación puede tener más trascendencia porque a partir de esas intervenciones telefónicas se conocieron el resto de irregularidades que dieron lugar a la cerca de veintena de piezas separadas.

Entre los autos anulados que dieron pie a escuchas, figuran los de fecha de 16 de mayo y 16 de junio de 2008 que autorizaban pinchazos a terminales de Ángel Fenoll, al no apreciar una "motivación fáctica" que arrojara indicios para prorrogar la intervención telefónica por un supuesto delito medioambiental.

El juez defiende que las escuchas deben ser expresamente argumentadas debido a que es una "medida de hondo calado en la esfera de los derechos protegidos constitucionalmente".

De esta manera, señala que debe existir un interés expreso a partir de un supuesto delito concreto en el investigado, el cual debe ser desarrollado "cuanto menos de forma sucinta", algo que no ocurrió en varias ocasiones.

A este respecto, también anula una escucha sobre Gregory porque el auto que la avala adolece de defectos de forma "casi insalvables".

Según el auto, cuando se producen "hallazgos casuales" delictivos a partir de una escucha, hay que ponerlo en conocimiento inmediato del juez instructor para que éste examine la competencia y resuelva, pudiendo citar declaraciones para incoar una nueva causa.

En cuanto a la duración de las escuchas, que recurren varios imputados por prolongada, el juez rechaza que no haya antecedentes en la Justicia española y, muy al contrario, informa de que "éste no es el único precedente con una duración de secreto de actuaciones de tal envergadura" antes de recordar que lo conocido por los pinchazos es "excepcional".

www.levante-emv.com 14.06.11

EL JUEZ MANTIENE EL GRUESO DEL 'CASO BRUGAL' PESE A ANULAR ESCUCHAS

El magistrado suprime el 20% de las grabaciones efectuadas

El juez del caso Brugal emitió ayer un auto anulando algunas de las escuchas telefónicas efectuadas por la policía durante la investigación de una trama político-empresarial vinculada al negocio de la basura en la comarca de La Vega Baja y al Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad de Alicante. No obstante, la nulidad de estos pinchazos no afecta al grueso de la investigación, cuyo sumario ocupa unos 30.000 folios. El magistrado ha suprimido las grabaciones efectuadas a partir del 30 de noviembre de 2009, en el tramo final de la investigación. Teniendo en cuenta que las escuchas comenzaron en marzo de 2007 y concluyeron en junio de 2010, las conversaciones anuladas suponen el 20% del total.

Las grabaciones declaradas nulas por el juez afectan al presidente del PP y de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y a los empresarios Enrique Ortiz y Ángel Fenoll. El magistrado también considera no ajustadas a derecho las escuchas realizadas a tres concejales del PP del Ayuntamiento de Orihuela.

En su auto, Carlos San Martín, titular del Juzgado número 3 de Orihuela, responde de manera global a los recursos de reforma planteados por las defensas de los imputados (un total de 18 personas) en las dos piezas del sumario que son de su competencia: el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela y un presunto cohecho en la adjudicación de la planta de tratamiento de residuos del Plan Zonal de La Vega Baja, licitada por la Diputación de Alicante.

Las partes presentaron más de tres centenares de recursos y alegaciones en los que exigían la anulación de todas las escuchas por entender que no estaban suficientemente motivadas o que vulneraban derechos fundamentales. El titular del juzgado de Orihuela solo ha estimado parcialmente siete de esos recursos por entender que los autos, que en parte él mismo dictó, "carecían de suficiente motivación".

Otras alegaciones tenían que ver con la competencia territorial del caso. De hecho, el fiscal Anticorrupción presentó un recurso para que la instrucción se realizara desde un juzgado de Alicante y no en Orihuela. La Audiencia provincial todavía no se ha pronunciado sobre el mismo.

La anulación de parte de las escuchas del sumario del caso Brugal

tendrá como primera consecuencia la prolongación en el tiempo de la instrucción solo para dilucidar aspectos formales. "El auto [el firmado ayer por el juez San Martín] aboca al sumario a una prolija labor para dirimir qué parte de la investigación será finalmente legal y cuál no", señalaron ayer fuentes del caso. "Y primero habrá que delimitarlo en la forma, es decir, a base de recursos, para ver qué escuchas son válidas y cuáles no", añadieron. Y tras dilucidar ese aspecto formal, los jueces tendrán que decidir qué aspectos del contenido de las acusaciones se mantienen y cuáles no.

Las escuchas telefónicas son la prueba principal de la investigación. Las intervenciones comenzaron en marzo de 2007 y se prolongaron hasta junio de 2010. De acuerdo con el auto del juez San Martín, prácticamente el 20% de las mismas son nulas, las efectuadas a partir del 30 de noviembre de 2009, que fueron hechas al líder del PP, José Joaquín Ripoll, y al empresario Enrique Ortiz. Otras fuentes del caso resaltan una contradicción en la resolución del juez al anular esas escuchas, "cuando en fechas posteriores el propio juez firmó autos para autorizar la prórroga de la intervención del teléfono de Ortiz".

Las defensas de los imputados en el caso Brugal evitaron ayer pronunciarse sobre el alcance del auto del juez instructor. Los letrados consultados por este periódico pospusieron cualquier comentario a la lectura detallada de la resolución del magistrado, que ocupa un total de 162 folios. No obstante, todos avanzaron su intención de apelar el auto de San Martín a la Audiencia de Alicante. Del mismo criterio es la fiscalía, según confirmaron fuentes del ministerio público.

Las disposiciones más relevantes del auto del juez son las referidas a la estimación parcial de sendos recursos planteados por Ortiz y José Candell [empleado del empresario, también imputado] y por la defensa de Ripoll. Respecto al primer recurso, el magistrado declara nulas las diligencias practicadas desde el auto de 30 de noviembre de 2009. El letrado de Ortiz pedía que esa anulación fuera aún anterior, en concreto desde mayo de 2008, cuando se acordó la intervención de su teléfono en relación con la investigación sobre el plan zonal. El letrado mantenía que en ese momento al empresario Enrique Ortiz no se le podía atribuir ningún hecho delictivo porque el plan zonal se había adjudicado antes, en concreto el 3 de enero de 2008.

En cuanto al recurso del abogado de Ripoll, el juez también estima anular las diligencias practicadas desde el auto de 30 de noviembre de 2009. Y decreta la ilegalidad de las diligencias practicadas sobre el teléfono de su mujer desde el 11 de agosto de 2009 por entender que "el pinchazo" no estaba justificado en relación con los hechos investigados. La anulación de este tramo de las diligencias pueden implicar en paralelo el archivo de la pieza sobre la televisión local de Alicante, incluida en el sumario, y algunas de las supuestas dádivas recibidas por la familia Ripoll. El juez también estima parcialmente un recurso de Rafael Gregori, intermediario de la trama según la investigación, que anula las escuchas que se le practicaron desde el 23 de mayo de 2008.

Intervenciones anuladas

- Periodo de las escuchas. Las escuchas del caso Brugal incluyen desde marzo de 2007 hasta junio de 2010.

- Afectados por el auto. El juez ha declarado ilegales las escuchas practicadas a Ortiz (desde el 30 de noviembre de 2009) Ripoll (desde el 30 de noviembre de 2009), Rafael Gregori (23 de mayo de 2008); la mujer de Ripoll (desde el 11 de agosto de 2009) y tres ediles del PP (25 de enero de 2208).

- Argumentos. La intervención, según el juez, no estaba suficientemente motivada.

www.elpais.es 15.06.11

EL CLAN FENOLL Y TRES EDILES DEL PP DE ORIHUELA

El auto del instructor general del caso Brugal también declara nulas algunas de las intervenciones de teléfonos de personas implicadas en el supuesto amaño de la contrata de la basura del Ayuntamiento de Orihuela, entre ellos tres concejales del PP Esta adjudicación fue la génesis de este sumario sobre supuestas tramas de corrupción en La Vega Baja vinculadas al negocio de la basura e instigadas por el industrial Ángel Fenoll.

El empresario, precisamente, desató la investigación al llevar a la Fiscalía Anticorrupción un DVD que contenía un supuesto soborno por la contrata de basura del municipio oriolano. Esa grabación fue efectuada por Fenoll al exconcejal del Centro Liberal Renovador, Jesús Ferrández. El exconcejal, primer imputado en el sumario, también ha presentado un recurso, desestimado por el magistrado, en el que solicitaba la anulación de esa grabación. Ferrández siempre mantuvo que la cinta fue manipulada por el industrial Fenoll.

La investigación posterior desembocó en la primera operación policial del caso Brugal, en mayo de 2007. Los agentes arrestaron a Fenoll y su clan empresarial por extorsión, cohecho y tráfico de influencias.

Tras estos arrestos, prosiguió la investigación policial en función de las pruebas recabadas mediante las escuchas telefónicas. Tres años y dos meses después, en julio de 2010 se produjo la segunda operación del caso Brugal. Con motivo de esa operación, los agentes realizaron 16 arrestos, entre ellos, de nuevo al clan de Fenoll, y tres ediles del PP del Ayuntamiento de Orihuela. Los concejales detenidos, y luego imputados por cohecho y tráfico de influencias, fueron Manuel Abadía, Antonio Rodríguez Murcia y Ginés Sánchez Larrosa. La investigación sostiene que estos tres concejales, junto al hermano de la exalcaldesa Mónica Lorente, del PP, colaboraron con Fenoll para falsificar dos empresas para la concesión de la contrata de basura, adjudicada por el Ayuntamiento en octubre de 2008.

El juez estima parcialmente el recurso de los tres ediles y declara nulas las diligencias practicadas sobre ellos desde el 25 de enero de 2008. El magistrado anula las escuchas porque dimanan de otra intervención, en este caso a Antonio Ángel Fenoll Campillo, declarada ilegal. El juez anula escuchas a Ángel Fenoll desde el 16 de mayo de 2008, pero en este caso por un delito medioambiental.

Ninguno de los tres concejales fue incluido en la lista del PP para las elecciones municipales del pasado mayo.

www.elpais.es 15.06.11

“LE REGALÉ UN RELOJ A COSTA PORQUE ME PASÓ A MÍ POR LOS HUEVOS” 

El exalcalde de Alicante Luis Alperi habla con el empresario Enrique Ortiz del regalo al exsecretario del PP valenciano  

El 6 de octubre de 2009, el empresario Enrique Ortiz, vinculado a la financiación ilegal del PP en el caso Gürtel y al tráfico de influencias y el cohecho con Ayuntamientos del PP en el caso Brugal, que investiga la adjudicación de contratas de basura en la provincia de Alicante, llamó al exalcalde de esta ciudad Luis Díaz Alperi para comentar lo que aquel día publicaba la prensa en relación con un reloj de lujo que alguien había regalado al que entonces era secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa. 

En esa conversación, Ortiz, que habría favorecido al exalcalde de Alicante con regalos a cambio de tratos de favor en el Ayuntamiento, según la investigación judicial, quiere saber quién le ha regalado tan costoso reloj a Costa, que acabó dimitiendo de sus cargos en el partido forzado por la dirección nacional. El regalo es una muestra de agradecimiento de Alperi tras sus maniobras ante la cúpula del partido en Valencia para llegar a ser diputado autonómico. La conversación, grabada por orden judicial dentro de la investigación del caso Brugal el 6 de octubre de 2009, transcurrió en estos términos, recogidos así en el sumario del caso. 

Ortiz: Oye has oído la radio.

Alperi: Pues no, no suelo oír la radio.

Ortiz: Que si el regalo de un reloj a Ricardo Costa.

Alperi: ¿Y qué?

Ortiz: ¿Lo has oído, no?

Alperi: No lo he oído, pero me lo han contado. ¿Y qué?

Ortiz: ¿Pero eso es de la Copa América, no?

Alperi: Pero sea de lo que sea, es que yo no le puedo regalar un reloj a quien a mí me pase por los huevos.

Ortiz: Ya, no, es que me dicen eso, y eso es de la Copa América, que se regalaron un montón de relojes a todo el mundo por la celebración.

Alperi: No señor, eso es un reloj personal que le regalé yo a Ricardo Costa porque me paso a mí por los huevos.

Ortiz: ¿Sabes quién creo que lo ha filtrado?

Alperi: Pues no lo sé.

Ortiz: Ripoll [presidente de la Diputación provincial de Alicante, del PP].

Alperi: Pero si eso no lo ha filtrado Ripoll, si sale en las conversaciones, hombre.

Ortiz: ¿Ah, sí?

Alperi: Claro.

Ortiz: Yo te contaré algo personal de este, de Ripoll. 

Ricardo Costa asegura ahora, como ya hizo en su día, que el regalo no está vinculado al caso Gürtel. “Me lo regaló Alperi, con motivo de la Volvo Ocean Race [competición náutica que salió desde el puerto de Alicante]". “El reloj no es de oro, sino de acero. Y no cuesta 20.000 euros”, añade.  

www.elpais.es 10.06.11

SERRA A ORTIZ: "TENED ATADO LO DE LAS FACTURAS"

El dirigente del PP alertó al promotor tras estallar Gürtel  

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía nacional concluyó en un informe del caso Gürtel, fechado en abril de 2010, que la trama que tejió la red corrupta liderada por Francisco Correa financió al PP de la Comunidad Valenciana con facturas que pagaban hasta cinco empresas contratistas del Consell a cambio de adjudicaciones. Una de ellas era Ortiz e Hijos. Por este motivo, el sumario del caso Brugal, que se basa en las escuchas grabadas al teléfono de Enrique Ortiz, incluye decenas conversaciones y citas del promotor con el entonces secretario general del PP, Ricardo Costa, y su vicesecretario, David Serra, ambos diputados. Su lectura y despiece deja al descubierto la estrecha relación entre ellos, la mediación de ambos para Ortiz con miembros del Gobierno valenciano y el indicio de que, tras estallar el escándalo Gürtel, Serra intentó que el promotor pusiera en orden sus cuentas para evitar problemas con la justicia.

La policía vincula conversaciones del empresario con Serra al 'caso Gürtel'

El 11 de julio de 2009, en plena tormenta judicial y pocos días después de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, acudiera a declarar al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) por el asunto de los trajes, David Serra llamó a Ortiz, que se encontraba navegando en su yate por las islas Baleares, para advertirle de que tomara precauciones ante la posibilidad de que la investigación policial se centrara en sus cuentas. 

David Serra: Oye, no, solamente una cosita, ¿este teléfono se... podemos hablar tranquilamente?

Enrique Ortiz: Pues no lo sé.

D. S.: Nada, simplemente una cosa, todo lo de las facturas...

E. O.: ¡Ah! Bien.

D. S.: Que lo tengáis atado y pertrechado.

E. O.: Sí.

D. S.: Claro hombre, que tenga... que esté todo bien, pero que tengáis todo...

E. O.: Todo en orden.

D. S.: Todo en orden, simplemente es eso, que lo tengáis documentado todo bien.

E. O.: Vale, vale, vale...

D. S.: Simplemente era eso.

Sin embargo, las primeras advertencias entre ellos son anteriores. Solo dos días después de la detención de Francisco Correa, el 6 de febrero de 2009, se produce esta conversación:

E. O.: Le dimos al amigo este tuyo unos temas.

D. S.: Sí.

E. O.: Y con toda la movida que hay a ver si lo podía para...

D. S.: Pues bueno.

E. O.: Sabes, a ver si luego le pegas un toque y le dices, oyes, sabes, y lo arreglamos de otra manera.

D. S.: Claro, vale.

E. O.: No vaya a ser que se monte lío.

D. S.: No creo que se monte lío, porque estos, entre nosotros lo hacemos con ellos, ya lo has visto.

E. O.: Ya, ya, ya.

D. S.: Tenemos muchos, hacemos mucho trabajo con ellos y está todo correcto, todo facturado y todo contrastado, y la contabilidad perfecta. Y, por tanto, no nos preocupa en ese aspecto.

E. O.: Ya, ya. Vale.

La policía relaciona en su informe esta conversación en "el contexto del presunto escándalo de corrupción aparecido en diversos medios de comunicación", el caso Gürtel.

En otra conversación fechada en agosto de 2009 David Serra y Enrique Ortiz hablan de un envío.

E. O.: ¿Qué me cuentas?

D. S.: Nada, todo bien. Y lo que estábamos esperando, me dicen que ya ha llegado.

E. O.: ¿Ah, sí?

D. S.: Solamente eso, que ya ha llegado la cajita de naranjas a Valencia.

E. O.: ¿Y qué tal?

D. S.: Bueno, pues no sé. Ya te contaré cuando las abran.

En enero de 2009, antes de estallar Gürtel, el vicesecretario del PP valenciano intenta cerrar por teléfono una comida con Ortiz, Ricardo Costa y Vicente Llácer, otro importante promotor valenciano. El informe de la policía descubre que Serra le comenta a Ortiz lo que "tenemos pendiente del proveedor nuestro". "Creo que ya lo tienen todo pertrechado y claro", dice el político. Y añade: "Me dicen que lo que necesitarían es que les hagáis ya el pago". Cuando Ortiz responde que ya está hecho, Serra matiza que se refiere a que "les libréis el talón o los pagarés".

Las numerosas conversaciones grabadas entre ambos desvelan que Serra también medió entre Ortiz y los consejeros Vicente Rambla y Manuel Cervera. Incluso aceptó intermediar en la adjudicación de contratos.

D. S.: Ahora lo que tenemos que hacer es fijar ya un día para que nos podamos ver.

E. O.: Cuando vosotros lo digáis, lo hacemos.

D. S.: Sí.

E. O.: Para que...

D. S.: Vale.

E. O.: Para estas obritas que van a salir, coño, a ver si nos echas una mano.

D. S.: Vale, vale. Bien, ¿pues cuándo quieres que no veamos?

E. O.: Cuando tú digas. 

www.elpais.es 09.06.11 

CATALUÑA SE ARROGÓ LA REPRESENTACIÓN DEL PSPV PARA TRANQUILIZAR A ORTIZ 

El exsecretario de Finanzas del PSPV José Cataluña se arrogó la representación del PSPV para tranquilizar al promotor Enrique Ortiz tras la iniciativa de los socialistas valencianos de presentar una querella por supuesta financiación ilegal de PP. Entre los denunciados se encontraba el propio Ortiz. El exdirigente del PSPV llegó a asegurar que hablaba por indicación del secretario general del PSPV, Jorge Alarte, según recogen las grabaciones del sumario del

caso Brugal. Fuentes de la ejecutiva socialistas rechazaron esa afirmación: "Los hechos de ese día desmintieron las manifestaciones de Cataluña. El PSPV presentó una querella, fruto de la cual Ortiz quedó imputado". 

La conversación entre Cataluña y Ortiz fue grabada el 9 de noviembre de 2009. 

José Cataluña: Me he dejado a tu exempleado [en alusión al portavoz en las Cortes Valencianas del PSPV, Ángel Luna], dando una rueda de prensa anunciando que presenta una querella.

Enrique Ortiz: Qué cabrón.

J. C.: Te lo digo porque he estado hablando con el jefe y me ha dicho que os llamara para deciros que no vais como imputados, que vais como testigos.

E. O.: Ah, vale, vale.

J. C.: Que lo han modificado, para decir que el que quiera pruebas que le pregunte a estas empresas, pero no una querella del partido contra vosotros.

E. O.: Vale, entonces, no estamos como imputados, ni nada.

J. C.: Que lo sepas que, a pesar de lo que diga la prensa, me ha dicho que os llame y os lo diga.

E. O.: Vale, vale. ¿Quién te lo ha dicho?, este...

J. C.: Jorge, Jorge.

E. O.: Oye a mí me gustaría tener una reunión con él cuando sea posible.

J. C.: Pero de todas maneras primero hablamos tú y yo, un día que estés aquí hacemos un repasito de la situación.

E. O.: Yo quiero hablar, pero para dejarle claro quién soy yo, que no me vincule a mí a nadie, de rollo nada.

J. C.: Yo se lo he dejado claro.

E. O.: Decirle dónde está mi espíritu y mi corazón, habla con él y dile que tengo mucho interés, de verdad, en conocerlo personalmente. No es para pedirle nada, quiero que se me conozca y conocerlo. 

Jorge Alarte, en una entrevista concedida ayer a Radio Nacional, valoró así este pasaje de las escuchas sobre el caso Brugal: "Seguro que ahora mismo hay cientos de personas asegurando que están hablando en mi nombre". 

Mientras, por lo que respecta a Cataluña, no es la primera vez en la que su nombre aparece vinculado al caso Brugal. También hay otras escuchas en las que habla con el entorno de otro de los líderes de la trama, el industrial Ángel Fenoll 

www.elpais.es 09.06.11  

"EL RIPOLITO [RIPOLL] O PACTA O LE PONEN UNA GESTORA, Y A HACER PUÑETAS" 

El promotor Enrique Ortiz, el líder de la supuesta trama para amañar el Plan General de Alicante, siempre al tanto vicisitudes de la vida económica de la ciudad, tampoco es ajeno a los episodios internos de los partidos políticos mayoritarios. 

Una conversación de caso Brugal entre el promotor y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, grabada el 30 del de noviembre de 2009, desvela el interés del empresario por la situación interna del PP. 

Ortiz. Bueno ya hablaremos y te contaré la del Ripolito, que esa es buena.

Castedo. Esa es buena, ¿qué te ha dicho?, ¿qué quiere pactar?

O. Ya te contaré, sí, sí... pero es que yo me fui, lo hablé con él antes de irme a ver a Cotino, y jo el tío va muy fuerte. Pero Cotino ya me dijo que si no pacta y no... vamos dijo claramente que tienes que ser tú por lo civil o lo militar, y que si no hay arreglo, pues no hay problema, ponen una ejecutiva y a tomar por culo. ¿Es una ejecutiva?

C. No es una gestora.

O. Eso una gestora, y a hacer puñetas. 

El contexto de la conversación se enmarca en la guerra de los dos bandos del PP (ripollistas y campistas), que se recrudeció tras el congreso provincial del PP diciembre de 2008, ganado por Ripoll por cuatro votos más que su rival, el campista y alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll. Tras el congreso, Ripoll tenía que convocar las asambleas de las juntas locales, entre ellas, la de Alicante. Pero Ripoll no lo hizo. No obstante, Sonia Castedo tampoco mostró mucho interés en pugnar por ese cargo. Solo aspiraba a que Ripoll no boicoteara su carrera hacia la alcaldía de Alicante. La supuesta gestora con la que los campistas amenazaban a Ripoll podría ser bien para la ejecutiva provincial o la local. 

www.elpais.es 09.06.11 

´LA PODEMOS PROMOCIONAR [A CASTEDO], LA TENEMOS QUE HACER CONSELLERA, ES FÁCIL´  

El promotor Enrique Ortiz y el exalcalde Alperi conversan sobre el futuro político de la actual primer edil 

El constructor Enrique Ortiz y el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi hablan de sus relaciones con concejales del ayuntamiento y, en concreto con Sonia Castedo. En un momento dado, el empresario apunta la conveniencia de que Castedo sea consellera.

20/6/2009 - 13.08 horas

El exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi entabla una larga conversación con el empresario Enrique Ortiz.

Luis Díaz Alperi: Todo lo que esté ligado a mí, tú estás dentro el mismo plan.
Enrique Ortiz: Lo que pasa es que a mí me tiene que tragar [Sonia Castedo], a mí me tiene que tragar por huevos.
L. D. A.: Claro, efectivamente, pero...
E. O.: A mí no me puede, si pudiera seguro que...pero no creo que sea, fíjate no creo que sea tanto ella como que ella hace caso a quien se lo dice...
L. D. A.: Bueno pero que no tiene ninguna personalidad, entonces le han comido el coco y se lo ha dejado comer.
E. O.: Sí.
(...)
E. O.: Porque si hace eso se puede comer un marrón muy grande.
L. D. A.: Claro, claro, y entonces ella va a ir quitándose poco a poco como pueda, pero ese es su objetivo, vamos...
E. O.: Ya, ya, ya, lo que pasa es que unos pueden y otros no.
L. D. A.: Efectivamente.
E. O.: Otros no puede, a mí no me puede...
L. D. A.: Pero mejor que no le digas: oye, he visto a Luis jodido, tal, no se que, porque yo ayer, te acuerdas...
E. O.: No, no, no, pero yo no, no de decirle.. si es que yo no le digo nada, si es que es mejor, si ya le dije yo, que coincidimos, que es mejor no decirle nada, ni a ella ni a nadie.
L. D. A.: Efectivamente, efectivamente, bueno...
E. O.: Ella volverá, como dice la canción, volverá...
(...)
E. O.: Ya está, pero la vida da...esto da muchas vueltas, pasado mañana te necesitan para cualquier cosa y te llama y te pide y te hace y te da..
L. D. A.: Pero que es inconcebible eh...
E. O.: nada, tranquilo, tranquilo, vamos a promocionarla...
L. D. A.: No, coño, que la matan.
E. O.: No...pero no aquí, vamos a promocionarla en Valencia.
L. D. A.: Bueno, bien...
E. O.: La podemos promocionar, eh, la tenemos que hacer consellera, lo vamos a hacer, vamos a trabajar para hacerla consellera, que eso es fácil...
L. D. A.: Sí, y además es una tía que vale.
E. O.: Por eso, esa tiene dos huevos...

El piloto de rallies que le "colocó" G. Camps

El constructor Enrique Ortiz y el subdirector general de Bancaja y consejero delegado de Bancaja Habitat S. L., José Cortina, conversan el 3 de julio de 2008. Hablan de entrevistas con el conseller de Infraestructuras, Mario Flores, y sobre negocios con empresas como Aston, Siemens o Bombardier. Cortina pregunta si "habéis hablado" con Gerardo Camps. A lo que Ortiz responde: "Yo también le voy a dar un toque, porque las cosas no se queden en el aire, si alguien se encarga de hacer algo, que lo haga. Yo me lo voy a apuntar, porque tengo un íntimo amigo de él que me está haciendo patrocinar un coche que es el campeón de España de rallies..". "¿También te dedicas al deporte?", pregunta Cortina. "Hombre, es el campeón de rallies, lleva el nombre de Cívica, me lo colocó él, y entonces lo tengo todos los días...", responde Ortiz. Se refiere al piloto Miguel Fuster, de Benidorm, como Camps.

 www.levante-emv.com 09.06.11

EL JUEZ IMPUTA A ORTIZ, A SU MUJER Y AL ARQUITECTO DEL PGOU DE ALICANTE

El redactor del proyecto, Jesús Quesada, será el primero en declarar el día 30

El magistrado Manrique Tejada, titular del Juzgado número 5 de Alicante, ha acordado las primeras imputaciones por el supuesto trato de favor del Ayuntamiento de Alicante al promotor Enrique Ortiz en el trámite del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). El juez, que dirige la investigación de esta pieza separada del sumario general del caso Brugal, iniciará la ronda de interrogatorios a los imputados con el arquitecto Jesús Quesada, redactor del documento. El profesional ha sido citado para el próximo día 30. A continuación, el 4 de julio, el juez interrogará al empresario Ortiz, que tiene otra imputación en la pieza de Brugal que investiga la contrata de la planta de basura del plan zonal, y al día siguiente hará lo propio con la mujer del promotor, María Manuela Carratalá.

A lo largo del mes de julio, el magistrado tomará declaración al resto de 21 de acusados en esta causa por parte del fiscal Anticorrupción de Alicante, salvo a dos: la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y actual diputado autonómico Luis Díaz Alperi. El magistrado hace esta salvedad dada la condición de aforado del exregidor, categoría de la que también gozará en unos días la regidora, que encabezó lista autonómica del PP por Alicante.

El arquitecto Jesús Quesada preside la mercantil Laboratorios de Proyectos, SL, empresa a la que la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Alicante le adjudicó la redacción del nuevo PGOU de la ciudad. Quesada sustituyó en el cometido al arquitecto Lluís Cantallop, despedido por Alperi por discrepar del modelo de planeamiento.

En su escrito, el fiscal atribuye al redactor del PGOU los supuestos delitos de asesoramiento ilegal, revelación de información privilegiada y tráfico de influencias. El representante del ministerio público, sobre la base del informe policial, acusa a Quesada de siete supuestas infracciones penales. La primera, el 15 de mayo de 2008, cuando mantuvo una reunión "velada" en la Gerencia de Urbanismo de Ayuntamiento de Alicante con la alcaldesa (en esa fecha aún concejal de Urbanismo) y Ortiz. La segunda, prestar "auxilio" a Ortiz en el proyecto de remodelación del estadio Rico Pérez, con la anuencia de Castedo. Sobre este proyecto, según la policía, el arquitecto facilitó información en otras dos ocasiones. Las otras cuatro irregularidades son facilitar al promotor datos sobre las futuras áreas de suelo protegido para que el empresario comprara terrenos y luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a las zonas urbanizables.

El promotor Enrique Ortiz está considerado por la policía y el fiscal como el líder de esta trama sobre el PGOU. El ministerio público le atribuye los delitos de tráfico de influencias, cohecho y uso de información privilegiada vinculados a los siguientes hechos: solicitar información privilegiada del PGOU, de manera repetida, a Castedo y Alperi; influenciar, diseñar y conseguir resolver a su medida aspectos fundamentales del documento; comprar terrenos para su futura recalificación según información privilegiada, y pactar veladamente con Sonia Castedo la remodelación del Rico Pérez. A cambio de estos favores, el promotor colmó de dádivas a Castedo y al exregidor Alperi, entre ellas, un viaje a Creta en un jet privado a Alperi.

La tercera imputada en la causa es María Manuela Carratalá, esposa de Ortiz. El fiscal le acusa de los delitos de uso privilegiado de información y participación en un delito de cohecho, por apoyar a su esposo en la gestión de obtención de dinero para presuntos pagos por favores recibidos en el PGOU. En este apartado, la policía investiga si la imputada entregó a Alperi 60.000 euros para su viaje de dos semanas a Creta.

www.elpais.es 08.06.11

UN PLAN "SUCIO DESDE LA PRIMERA PÁGINA A LA ÚLTIMA"

La Coalició Compromís presentará mañana la solicitud para que se cree una comisión de investigación en las Cortes que indague sobre la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, ahora en manos de un juzgado que trata de descifrar si el promotor Enrique Ortiz se benefició de la información privilegiada que fue recabando de la alcaldesa, Sonia Castedo, entre otros.

La diputada de Compromís Mireia Mollà recordó que hasta ahora los implicados en la tramitación judicial han negado haber aceptado regalos del promotor investigado, pero no que "hayan abierto las puertas del Ayuntamiento a Ortiz". Y abogó por que la comisión del Estatuto del Diputado de las Cortes vaya más allá de su cometido habitual y "abra un debate sobre la ética y la honestidad" de los parlamentarios.

Mollà pidió a la Generalitat que rechace el PGOU de Alicante y lo devuelva. "Está sucio desde la primera página a la última", dijo la diputada.

Por su parte, Esquerra Unida (EUPV) registró ayer un escrito en la sede de la Consejería de Urbanismo de Alicante para solicitar la suspensión cautelar de la tramitación del PGOU mientras se prolongue el procedimiento judicial en marcha. El concejal electo de EUPV Miguel Ángel Pavón argumentó que el contenido del sumario "deslegitima por completo el proceso de elaboración y aprobación provisional del PGOU".

El PSPV también criticó el supuesto trato de favor de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, al constructor Ortiz. Elena Martín, cabeza de la oposición en el Ayuntamiento, pidió a Castedo "que no recoja su acta, que dé explicaciones inmediatas y asuma su responsabilidad por haber mentido descaradamente". Todo ello tras lanzarle la acusación de "haber puesto los intereses de los alicantinos y alicantinas en el comedor de un yate [de Enrique Ortiz]".

"Lo habitual"

Mientras toda la oposición salió en tromba a acusar a la regidora alicantina, el consejero de Infraestructuras, Mario Flores, se defendió de las informaciones que lo sitúan en la órbita del empresario investigado, al que supuestamente habría favorecido. Flores calificó de "habitual" el hecho de adelantar a los contratistas el resultado de los concursos antes de hacerse públicos y dijo que no tiene nada que ocultar.

Para sostener su argumento también esgrimió que parte del trabajo que desarrolla es "hablar todos los días, si es posible, con los empresarios de obra pública y con los alcaldes, y atender sus peticiones y ser lo más amable posible con ellos".

www.elpais.es 08.06.11

LAS SOSPECHAS EN TORNO A LA ALCALDESA DE ALICANTE CRECEN: RECIBIÓ UN MINI DEL PROMOTOR AL QUE HABRÍA BENEFICIADO

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a quien el presuntos cabecilla de la 'trama Brugal', Enrique Ortiz, llamaba ‘la nena’, fue presumiblemente la dirigente del PP valenciano que más se benefició de los regalos del empresario y dueño del Hércules CF. La grabación de una conversación entre este y su mujer revelan que la primera edil llegó a recibir un coche Mini Cooper en contraprestación por adjudicaciones que le beneficiaron.

¿Regalos a cambio de contratos? El 'modus operandi' de Enrique Ortiz, guarda grandes similitudes con el de los capos de la 'Gürtel'

Según las últimas revelaciones de este caso, de las que se ha hecho eco ELPLURAL.COM, el modus operandi guarda un parecido más que razonable al del caso Gürtel, en el que, según se desprende del sumario, los capos de la trama agasajaron a altos cargos del PP con el fin de conseguir contratos públicos millonarios.

El Mini Cooper azul

La investigación de la Policía revela que en el verano de 2009, un año después de que Sonia Castedo llegara a la Alcaldía de Alicante, Enrique Ortiz le regaló un Mini Cooper de color azul que este tenía en propiedad y que la alcaldesa cedió a su niñera.

Los contratos que favorecieron al empresario

Ortiz habría regalado el coche en medio de las negociaciones del proyecto del primer Ikea de la Comunidad Valenciana sobre suelo del empresario y de la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que le benefició, según el sumario de Brugal, citado por el diario El Mundo.

El coche, propiedad de Ortiz

Los investigadores comprobaron que el coche Mini Cooper aparece en las bases de datos de la Dirección General de Tráfico a nombre de la empresa Enrique Ortiz e Hijos Contratistas de Obras, pero que estaría en posesión de Julia Castelló, la niñera de la alcaldesa de Alicante y persona de su máxima confianza.

Prendas de lujo, vieja en yate y vacaciones pagadas

No fue el único regalo que Ortiz hizo a la alcaldesa. La investigación recoge una larga lista que incluye múltiples prendas de lujo, el viaje en el yate del constructor a Ibiza o las vacaciones de Navidad en Andorra junto a su familia.

La conversación entre Ortiz y su mujer

La conversación mantenida entre Ortiz y su mujer, Maleles, el 15 de agosto de 2009, grabada por la Policía como parte de la investigación, no deja lugar a dudas sobre el regalo del coche:

Ortiz, a su mujer: “Le voy a regalar a Sonia el Mini”
Maleles: “¿Se lo vas a regalar a Sonia?”
Ortiz: “Sí”
Maleles: “Hostia, qué regalo”

El empresario entonces le explica que la alcaldesa quiere cederlo a su niñera porque “le está muy agradecida” por sus servicios y la “quiere mucho”, pues está “le está criando a su hija”.

Castedo recogió personalmente el Mini

Un día después, mientras Ortiz se encontraba en Ibiza de vacaciones junto al exalcalde popular Luis Díaz Alperi, Sonia Castedo y su marido recogen personalmente el Mini.

 www.elplural.com 08.06.11

"FLORES NOS APOYA A MUERTE, ME HA DADO EL TRAMO GRANDE DEL TRANVÍA"

Las grabaciones policiales destapan la connivencia con el político

Las grabaciones del caso Brugal han destapado las cordiales relaciones entre el promotor Enrique Ortiz, imputado en ese sumario, y el consejero de Infraestructuras, Mario Flores. El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales asegura que el consejero y su familia recibieron regalos del promotor. Este extremo fue rechazado ayer en Alicante por Mario Flores.

El 25 de julio de 2008, la policía grabó una conversación de Ortiz con un amigo del consejero en la que prácticamente solo habla el constructor: "Oye, y tu amigo Mario se porta de puta madre (...). Es un tío legal que se lo está currando. Lo está haciendo para nosotros, te lo digo de verdad, nos está apoyando a muerte (...). Me ha dado los mantenimientos de las carreteras (...) que entrar ahí es supercomplicado. Y me ha dado una zona acojonante. Me ha dado el tramo más grande de tranvía, el túnel. Me ha dado, nada más entrar, la carretera de acceso allí en Valencia. Pero no comentes nada porque encima la gente piensa que no me puede ver. No sé por qué. Pero la gente cree que me llevo mal con él". El promotor todavía añade: "Pero de puta madre, de puta madre, porque en Valencia dicen, no, no, es que Mario a Ortiz no lo puede ver, ¿sabes? Y yo digo, pues mejor así".

Diez días antes, el consejero había llamado a Ortiz mientras cenaba con otro empresario alicantino. Según los investigadores, "Mario le comunica que Enrique ha sido adjudicatario de las concesiones de mantenimiento. Enrique le dice que el lunes está en Alicante y quedan para verse. Mario le pide discreción con la noticia". Pero dos minutos después, Ortiz llama a un empleado suyo para decirle: "Me acaba de llamar Mario en este momento, nos acaban de adjudicar el mantenimiento de carreteras".

Ayer, Mario Flores exhibió en Alicante la fotocopia del recibo de una empresa de mensajería con fecha 19 de enero que, según afirmó, justificaría la devolución -25 días después de haberla recibido en su domicilio- de la dádiva que le envió Ortiz. El acuse de recibo no llevaba cuño alguno ni la justificación de que se tratara de un reloj.

El consejero se mostró "sorprendido e indignado" porque "igual que la policía tiene una conversación, tendrá la otra en la que [Ortiz] me llama certificando que le he devuelto el reloj. En ningún momento le digo que me vaya a quedar el reloj y no entiendo cómo se puede interpretar por parte de la policía que yo he podido quedármelo".

También quiso dejar claro que siempre ha tenido "un especial celo" en rechazar regalos de este tipo y que actuó "correctamente".

Pero al día siguiente de haberle comunicado a Ortiz la adjudicación, se interceptó esta conversación con el empresario del Grupo Subús Antonio Arias.

Antonio Arias: Anda, vaya adjudicación que te hicieron ayer extraoficialmente.

Ortiz: ¡Qué maricón! ¿Qué estabas con él anoche?

A. A.: Sí.

O.: Me dijo que estaba en Madrid y dije, con algún amigo común está.

A. A.: Sí, bueno, oye, fenomenal.

O.: Sí, la verdad es que se está portando el tío de puta madre. Me tiene encantado.

Mario Flores es uno de los políticos a los que la investigación del caso atribuye la recepción de regalos del promotor en la Navidad de 2008. En su caso, fueron dos, un reloj y otro indeterminado del que el consejero le preguntó su utilidad. Según cita textualmente el informe policial, Flores habló con Ortiz el 25 de diciembre para decirle que "el reloj lo ha mirado, disfrutado, pero que este tipo de cosas las devuelve. Ortiz le dice que el regalo viene de quien viene y que no lo puede comparar a él con un contratista (...). El conseller también hace mención que su esposa Beatriz ha llamado a la mujer de Ortiz para agradecerle el detalle del bolso, el cual es precioso. Recordar que en primera instancia el bolso [de la marca Purificación García] iba a ser entregado a la secretaria del conseller, pero que por error lo entregó en el domicilio de Mario Flores y se produjo el equívoco. Finalmente, el conseller acepta el regalo", aunque ya le había dicho que le parecía "una barbaridad"

Previamente, Ortiz había comentado con Flores que el reloj no era ostentoso, para intentar convencerlo de que se lo quedara, añadiendo que no llegaba a un valor de 2.000 euros porque le habían hecho un descuento del 40%.

En la relación de regalos y dádivas enviados por Ortiz a finales de 2008 también aparece la alcaldesa de Villena, Celia Lledó, que habría recibido un bolso de Purificación García. La regidora también lo negó ayer "tajantemente", escudándose en que el promotor "no ha realizado ninguna obra en la ciudad, ni la plaza de toros, ni el centro comercial".

Sin embargo, la policía registró una conversación entre ambos el 13 de junio de 2008 en la que la alcaldesa pone a disposición de Ortiz información relevante poco antes de un pleno.

Celia Lledó: Te llamaba por el otro tema, por el del centro comercial, porque hoy llevamos a pleno extraordinario el convenio que hicimos con General de Galerías.

Ortiz: Sí.

C. Ll.: Hoy es el pleno a la una. Te llamo porque tengo una duda. En la moción aprobando definitivamente el convenio tenemos que como es con General de Galerías, tenemos que poner que está sujeto a que ellos obtengan la cesión del título de agente urbanizador, entonces damos un plazo para que se lleve a escritura pública, y yo he dado hasta el 19 de junio, que fue el que hablamos cuando estuvimos aquí. Pero el 19 de junio a General de Galerías le viene mal porque pensaba que era el 30 de junio con vosotros. ¿Tú de eso sabes algo?

O.: Yo de eso no sé nada. ¿Qué problema tienen, pagar?

C. Ll.: Imagino que sí. Ya me están diciendo que les dé hasta el 30.

O.: (...) No me fío de decirte nada sin hablar antes con ellos (...).

O.: Por qué no haces que llamen a José María Fuerte para que le involucren, porque está un poquito celoso porque se enteró que estuve por allí, está celoso.

C. Ll.: No me digas.

O.: No pasa nada, pero hablas y le dices que lo que diga él.

C. Ll.: Ok.

O.: Oye, de lo otro, te digo. El parking fui a verlo y ahí no sale un parking.

C. Ll.: Sí.

O.: Mandé a mi gente y no hay demanda. Solo se llenaría el día de los toros. Está muy afuera, pero se puede hacer el estudio de la obra o ver el parking en otro sitio.

C. Ll.: Vale.

O.: ¿Cuándo vais a sacar eso a concurso?

C. Ll.: Vamos a tardar por lo menos un mes.

O.: Cuando sea, me llamas.

Esta no es la única conversación grabada entre ambos. En otra anterior, la alcaldesa de Villena puso en conocimiento de Ortiz el concurso para las obras de remodelación de la plaza de toros de la ciudad, al que finalmente no concurrió.

Tras negar que recibiera regalos de Ortiz, Lledó acusó a los cuerpos de seguridad del Estado de "grabar y vigilar a cargos del PP a ver si les encontraban algo". Y de que "no lo hacían, por supuesto, por capricho personal, sino obedeciendo órdenes concretas".

www.elpais.es 07.06.11

ORTIZ: "DE PARTE DE SONIA, DARLE UN TRABAJO EN LAS OBRAS DE ZAPATERO"

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, hizo valer en reiteradas ocasiones su relación con el empresario Enrique Ortiz, según consta el sumario el caso Brugal, de cara a pedir trabajo para conocidos o amigos. En una conversación grabada por la policía el 26 de noviembre de 2008, la edil Sonia Alegría llamó de parte de la alcaldesa a Ortiz para "buscarle a una chica y a un chico una ocupación". El empresario habla con el encargado de Inusa, al que le da instrucciones para colocar a dos personas "de parte de la alcaldesa". Primero hablan de que al sobrino de Antonio Solana, otro promotor, "ni tocármelo", dice Ortiz. Al final le recuerda que "hay dos personas que la alcaldesa quiere colocar que son del partido". La policía no acaba de confirmar la identidad de los agraciados.

El marido de la alcaldesa, Arturo Soto, llama en marzo de 2009 al empresario para proponer el ascenso de una de sus trabajadoras, Julia Castelló. Acto seguido Ortiz llama al encargado de la limpieza en el campus para exigir que la trabajadora "si tiene algo de capacidad, ascenderla a encargada o lo que sea", pero el encargado recuerda las dificultades para ascender "a dedo" en la Universidad. Al final la recomendada acabó como personal de confianza de la alcaldesa. El empresario recibe la llamada de otra concejal, María Otilia García Pertusa, para pedirle "un favor" y renovarle el contrato a una empleada. Ortiz pide a la edil que hable con su hijo, empleado de confianza del empresario investigado, para "que lo solucione". El tema se soluciona y la edil envía un mensaje de móvil a Ortiz "Gracias de parte de Sonia, por el tema de la chica de limpieza. Oti".

La propia alcaldesa envía un mensaje a Ortiz (02.04.2009) "Necesito trabajo temporal de seis meses en Inusa para un chico. ¿Es posible?", y el empresario le contesta "OK", y le pide que envíe el teléfono y nombre del interesado. Ortiz habla con uno de sus encargados, al que le da todos los datos del interesado y le dice: "Le preguntas qué sabe hacer, y qué no sabe hacer, y le das un contrato de seis meses en Inusa, llámale ahora, que está con la alcaldesa", dice el empresario. La policía deduce que las peticiones de Castedo al empresario "se cumplen de manera inmediata". Castedo tiene la intención de colocar a dos auxiliares de enfermería en un hospital. El empresario admite tener cierta influencia en Torrevieja y Elche, alegando ser socio del primero y constructor del segundo, aunque no esté acabada la obra.

El 3 de julio de 2009 la alcaldesa vuelve a solicitar trabajo para una amiga como controladora en una obra adjudicada dentro del Plan E. Ortiz habla con su encargado "de parte de Sonia, para darle trabajo en las obras de Zapatero". Castedo envía en septiembre de 2009 un mensaje de texto al empresario: "Hola bocazas. Necesito saber si sería posible poner a una chica de auxiliar en algún hospital". Ortiz le llama enseguida y explica: "El único sitio donde puedo mandarla es al hospital de Torrevieja". Por último, la alcaldesa, supuestamente, también se interesa por el despido de otra trabajadora de Ortiz a quien exige que le renueven el contrato y la hagan fija.

www.elpais.es 07.06.11

23 REUNIONES, 51 LLAMADAS Y UN SOLO PLAN GENERAL

El juez pide los datos fiscales y tributarios de 29 firmas o personas

Investiga el patrimonio de Castedo, su marido y su hermano

La policía y el fiscal del caso Brugal mantienen que los dos mandatarios del Ayuntamiento de Alicante, la alcaldesa, Sonia Castedo, del PP, y su antecesor y actual diputado autonómico, Luis Díaz Alperi, redactaron el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en función del interés particular del promotor Enrique Ortiz. La investigación justifica esta afirmación en un dato: en la recta final de la elaboración del documento (entre marzo de 2008 y enero de 2010) la policía constata hasta 23 reuniones y 51 llamadas telefónicas en las que el objeto de la conversación era el nuevo planeamiento. Y en especial las actuaciones urbanísticas que más preocupan al promotor, a saber, la recalificación del campo del Rico Pérez, propiedad de una firma del empresario, y las nuevas zonas protegidas de la ciudad para acaparar suelo y luego trasvasar los aprovechamientos urbanísticos a áreas urbanizables de la ciudad. El informe policial cifra en unos 120 millones de euros el pelotazo de Ortiz con las permutas de suelo protegido por urbanizable.

Según el informe, de la Brigada Blanqueo de Dinero de la Comisaría de Alicante, la mayoría de los encuentros se celebraron en restaurantes y otros en sus respectivos domicilios particulares. En esas reuniones, siempre según la policía, tanto Castedo como Alperi proporcionaban al promotor información, a veces hasta planos, de los proyectos que le afectaban.

La regidora Castedo ha admitido reuniones con Ortiz, "aunque siempre en presencia de técnicos municipales", puntualiza. Y, además, niega que facilitara al promotor información privilegiada.

Por otro lado, el juez que dirige la investigación de esta pieza del caso Brugal, Manrique Tejada, titular del juzgado de instrucción número 5 de Alicante, ha autorizado a la policía a que investigue en Hacienda el posible incremento patrimonial de un total de 29 empresas o personas sobre las que recaen sospechas, aunque con diferente grado de implicación en la causa. La lista de los particulares investigados la encabezan la alcaldesa, Sonia Castedo; su marido, Arturo Soto, y su hermano, el abogado José Luis Castedo; el exregidor Luis Díaz Alperi y su hijo, Otto Díaz, además del promotor Enrique Ortiz y su esposa

En el mandamiento judicial que expidió el magistrado a la policía para que recabara la información necesaria, destaca la finalidad del de la alcaldesa, que es "realizar un estudio patrimonial completo de su unidad familiar para comprobar si sus gastos son asumibles con los ingresos declarados tanto en la AEAT (Agencia Tributaria) como los que reflejen sus cuentas bancarias, y poder destacar la recepción de posibles contraprestaciones por parte del señor Ortiz". La petición de datos incluye sus seis cuentas bancarias, depósitos, valores, títulos, acciones o participaciones, fondos de inversión, existencia y contenido de cajas de seguridad u otros activos, "aunque en la actualidad se encuentren cancelados". La petición se extiende desde el 1 de enero de 2007 hasta el 1 de septiembre de 2010.

Y esta ha sido la primera información que ha recibido el juzgado. Según la documentación que obra en el sumario, entre septiembre de 2009 y abril de 2010, Castedo y su marido abonaron seis cheques o pagarés por un importe conjunto de casi 45.000 euros. El juez ha cursado ya otro mandamiento para conocer su destino.

El instructor también quiere llegar a saber si Ortiz le regaló finalmente a Castedo un coche, de la marca Mini, a través de una tercera persona del entorno de la alcaldesa, que recibió oficialmente el vehículo. Por eso, también ha pedido información de las cuentas bancarias de la mujer que tiene el coche a su nombre y de su marido desde el 1 de enero de 2009.

De Manuela Carratalá, la mujer de Ortiz, también solicita toda la información de tres cuentas bancarias sobre transferencia y traspasos de dinero, "con identificación del origen y destino de las mismas, así como la información sobre cuentas en moneda extranjera o movimientos de capital con procedencia o destino a terceros países, incluso en los supuestos en que las cuentas sean puente entre otras entidades", lo que puede interpretarse como un seguimiento de posibles depósitos en el extranjero de la familia Ortiz.

Entre las empresas investigadas destacan dos del sector aeronáutico, de las que el juez también quiere conocer los datos fiscales y tributarios. Se trata de Best Fly, SL, y Executive Airlines, SL, que "pudieran estar relacionadas con presuntos pagos irregulares llevados a cabo por Enrique Ortiz a altos cargos del Ayuntamiento de Alicante por su colaboración en la obtención de información relativa al Plan General de Ordenación Urbana".

Los mandamientos judiciales se han extendido al Hércules para saber quién contrató palcos en el Rico Pérez y si la cantidad fue abonada, al objeto de saber si el exalcalde, Luis Díaz Alperi, pagó el que disfrutaba.

El juez solicita información de una agencia de viajes o la titularidad y cuentas bancarias de los hijos de Luis Díaz Alperi.

www.elpais.es 07.06.11

LA ALCALDESA DE ALICANTE AFIRMA QUE TIENE MIEDO DE RUBALCABA

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, se quejó ayer de "vivir en un Estado policial", a raíz de las conversaciones telefónicas incluidas en el sumario del caso Brugal. "No tengo ningún miedo y sé incluso que me pueden imputar por decir eso, porque te imputan por todo", dijo la regidora, quien aseguró tener "miedo" de que el cabeza de lista del PSOE sea "un personaje siniestro", en referencia al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Castedo reveló "presiones" para que algunas partes del sumario salieran antes de las elecciones. La regidora detecta un "movimiento mediático" para que se influyera en el resultado electoral, "pero no lo consiguieron y lo intentan ahora".

El sumario desvela que la alcaldesa hizo valer su relación y amistad con el empresario Enrique Ortiz para pedir trabajo para amigos y conocidos. En una de estas conversaciones, el empresario habla con uno de sus encargados y le exige: "De parte de Sonia, darle trabajo en las obras de Zapatero", en referencia a uno de los proyectos del Plan E. Pero también medió para colocar a unas enfermeras o a "gente del partido" en alguna de las empresas que supuestamente se beneficiaron de las adjudicaciones públicas en Alicante.

Esquerra Unida anunció que pedirá la creación de una comisión de investigación en el Ayuntamiento sobre el caso Brugal. El concejal electo Miguel Ángel Pavón afirmó que tanto Castedo como el exalcalde Luis Díaz Alperi diseñaron y resolvieron "a la medida" de Ortiz "aspectos relevantes" de la redacción del PGOU y recibieron "dádivas" o "pagos".

www.elpais.es 07.06.11

RUBALCABA RESPONDE: “LA ALCALDESA DEBE EXPLICAR SUS CHANCHULLOS ANTE LOS JUECES”

El vicepresidente primero y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha respondido a la alcaldesa de Alicante, la 'popular' Sonia Castedo, que "no tiene un problema" con él, sino con la Justicia y la Policía, a los que tendrá que explicar "los chanchullos que tiene o que parece que tiene".

"No tiene un problema conmigo, lo tiene con la Policía"

El vicepresidente respondía así, tras visitar la sede de la Comisaría General de Policía Científica, a las acusaciones de Sonia Castedo, una de las personas investigadas en el caso Brugal y en cuyo sumario se recogen conversaciones telefónicas intervenidas. La alcaldesa de Alicante afirmó este lunes que “vivimos en un Estado policial” y calificó de “personaje siniestro” al también ministro del Interior.

El problema lo tiene con los jueces y la Policía

“La alcaldesa de Alicante ha dicho una serie de disparates. No tiene un problema con el ministro del Interior, tiene un problema con la Policía y con los jueces y es ante los jueces ante quien debe explicar los chanchullos que tiene o que parece que tiene, si es que puede hacerlo”, ha destacado.

La estrecha relación con Enrique Ortiz

Según el contenido del sumario, cuyo secreto ha sido levantado el viernes pasado, la Fiscalía Anticorrupción considera que Castedo y el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi diseñaron y resolvieron “a la medida” del constructor Enrique Ortiz “aspectos relevantes” de la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad y, además, recibieron presuntamente “dádivas” o “pagos”.

www.elplural.com 07.06.11

El sumario señala como 'clave' de la investigación el bufete del hermano de Sonia Castedo

El sumario del caso Brugal, en lo referido al Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, refleja que un despacho de abogados, en el que figura el hermano de la alcaldesa, es de "importancia capital" en la investigación y señala que existe una relación entre el bufete y el exalcalde Luis Díaz Alperi.

En el marco de las presuntas irregularidades producidas durante la redacción del PGOU de la capital alicantina, según indica de forma textual el sumario, en éste se hace mención de "manera pormenorizada" del despacho "Salvetti Abogados y Consultores".

Este bufete es, en opinión de los investigadores, "de importancia capital" para la investigación en cuanto que es "comandado por dos personas muy influyentes" en la redacción del PGOU, en referencia a los letrados José Luis Castedo y Javier Gutiérrez.

"Influencia -señala el sumario- que en el caso de José Luis Castedo nace de su hermana" y alcaldesa de la ciudad, Sonia Castedo, "y también de su conocimiento sobre Urbanismo, puesto a disposición de los intereses de Enrique Ortiz", empresario alicantino investigado por las citadas irregularidades e imputado en otra de las piezas del caso Brugal.

La influencia de su socio y máximo responsable del despacho -Javier Gutiérrez- en la redacción del PGOU "nace de su participación en la misma como colaborador externo", añade el sumario, en el que se señala que "la razón" por la que se menciona a este despacho es "por la relación del mismo con la figura de Luis Díaz Alperi", exalcalde de la ciudad.

"Una relación laboral que como mínimo se caracterizaría por ser de trabajo por cuenta ajena y que como máximo, a falta de precisarlo, podría llegar a ser de asociación con los dos personas anteriormente" citadas, según indica el sumario.

'Yo quiero que tú ganes más'

La "verosimilitud de dicha relación se sustenta, según el sumario, por conversaciones telefónicas intervenidas y por una reunión de Díaz Alperi en el despacho de los dos letrados.

En cuanto al modo de pago que supuestamente cobraría el bufete, el sumario recoge una conversación en la que el propio Javier Gutiérrez le comenta a Ortiz que ha hablado con una tercera persona y a ésta le ha dicho: "Enrique me ha prometido, que me da por la gestión un porcentaje y un fijo en todo. Y ha dicho -la tercera persona-, si Enrique lo ha dicho vale".

En otra de las conversaciones, Gutiérrez le dice a Ortiz: "Yo quiero que tu ganes más. Yo con cada 10 que ganas tú, me conformo con 0,50, Enrique".

La Policía Judicial registró el pasado mes de abril este bufete, de cuyo interior se llevaron "diversas cajas con documentación y soportes informáticos", si bien ninguno de los dos letrados fue detenido ni interrogado.

La Fiscalía Anticorrupción afirma que la alcaldesa electa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor, Luis Díaz Alperi, ambos del PP, pudieron cometer los delitos de cohecho, información privilegiada y tráfico de influencias por beneficiar al constructor Enrique Ortiz en la elaboración del PGOU de la ciudad.

Asimismo, el fiscal ve un supuesto delito de asesoramiento ilegal, información privilegiada y tráfico de influencias en el jefe redactor del PGOU, Jesús Quesada, por participar en el favorecimiento de Ortiz, y también en dos abogados citados por ser intermediarios a través de su bufete.

www.efe.es 07.06.11

ORTIZ SABÍA QUE DÍAZ ALPERI IBA A DIMITIR 20 DÍAS ANTES DE HACERLO PÚBLICO

Ricardo Costa al empresario alicantino: "Ya has colocado a tu pupila de alcaldesa"

El empresario Enrique Ortiz tenía conocimiento de que Luis Díaz Alperi iba a dimitir como alcalde e iba a dejar a la entonces concejal de Urbanismo, Sonia Castedo, como su sucesora, más de 20 días antes de que finalmente ocurriera la dimisión, según consta en una de las conversaciones interceptadas en la investigación del caso Brugal.
Ortiz mantuvo el 21 de agosto de 2008 una conversación con Castedo, a quien se dirige como "alcaldesa", pocos días antes de viajar a Ibiza.

Ortiz le traslada a Castedo que Díaz Alperi le ha comentado que quiere "hacerlo ya ya" y que ha "hablado con Paco Camps" para decírselo. La ahora alcaldesa dice que está al tanto y que "claro que lo quiere hacer ya pero ya es dentro de unos meses".
Castedo le dice a Ortiz que tiene "el estómago encogido" por su designación como alcaldesa y se alegra de la posibilidad de que Díaz Alperi se quede "en el puerto". "A mí me vendría de puta madre, yo lo que quiero es que esté a mi lado", dice la alcaldesa, que añade que "mientras esté él" estará "tranquila".

La ahora alcaldesa dice que "no le importa" que "los palos" vayan directamente a ella. "A mí lo que me interesa es tenerlo a él ahí" porque, según dice, "él es hábil y sabe cómo lo tiene que hacer y yo ejecuto, entiendes", tal y como han "hecho hasta ahora".

La información que sobre este extremo recibe Ortiz vuelve a ponerse de manifiesto el mismo día de la dimisión, el 11 de septiembre de 2008, pocos minutos antes de que se ofreciera la rueda de prensa en la que se anunció su decisión.

Díaz Alperi llamó a Ortiz y le dijo que dentro de "un cuarto de hora doy una rueda de prensa" para dimitir porque "ya está bien". "He estado toda la mañana con Camps y estamos de acuerdo, está aquí conmigo y Ripoll y Sonia, se queda Sonia, claro", le dice el exalcalde a Ortiz, porque "evidentemente si no se queda Sonia yo no me voy".

En el informe policial también constan dos llamadas relevantes para los investigadores, una el mismo día de la dimisión, entre Ortiz y Vicente Llácer, en la que el primero informa al segundo de la dimisión de Díaz Alperi. "Bueno, dentro de un cuarto de hora dimite el alcalde de Alicante y se queda Sonia de alcaldesa", dice Ortiz. A esto le responde Llácer: "bueno, ahí tienes tus buenas acciones, eso lo habrás arreglado tú, además". Ortiz responde: "es amiga, es amiga".

La segunda llamada destacada por las investigadores es la que mantiene con Ricardo Costa al día siguiente de la dimisión. El entonces secretario general del PPCV le dice a Ortiz: "ya has colocado a tu pupila de alcaldesa".

El trozo del PGOU que faltaba

Además, las intervenciones telefónicas de la Policía han permitido determinar cuáles eran los documentos del planeamiento urbanístico de Alicante de los que disponía el empresario. El sumario apunta a que el promotor tenía un plano con los principales núcleos urbanos de Alicante, meses antes de que este documento se hiciera público. La Policía sostiene que el plano pudo haberle sido entregado por el entonces alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi.

Una de las conversaciones entre Ortiz y uno de sus empleados, Javier Llorens, es reveladora. El promotor le da instrucciones para que consulte en el plano la situación de parcelas que tienen en el término municipal. "A ver, del Plan General hay un trozo, el más importante ¿vale? pero falta un trozo que el tema de Aguamarga, de...", dice Llorens, a lo que Ortiz le contesta "me lo darán, me lo darán, ya te lo daré eso".

www.levante-emv.com 07.06.11

CASTEDO EXPLOTA POR BRUGAL: ´VIVIMOS EN UN ESTADO POLICIAL´

 

La alcaldesa de Alicante tilda a Rubalcaba de "personaje siniestro" y afirma que la pueden imputar por sus palabras porque "en este momento te imputan por todo"

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo (PP), una de las personas investigadas en el caso Brugal y en cuyo sumario se recogen conversaciones telefónicas intervenidas, ha dicho hoy que "vivimos en un Estado policial" y ha tildado de "personaje siniestro" al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

"No tengo ningún miedo y sé que, a lo mejor, me pueden imputar incluso por decir esto, pues en este momento te imputan por todo", ha criticado Castedo.

La regidora alicantina ha realizado estas declaraciones al ser preguntada por las noticias aparecidas en los medios de comunicación tras el levantamiento del secreto del sumario del caso Brugal, en lo referido a presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante.

Según el contenido del sumario, a cuyos miles de folios ha tenido acceso EFE, la Fiscalía Anticorrupción considera que Castedo y el exalcalde Luis Díaz Alperi diseñaron y resolvieron "a la medida" del constructor Enrique Ortiz "aspectos relevantes" de la redacción del PGOU y, además, que recibieron "dádivas" o "pagos".

Tras asistir al acto de recepción de un crucero turístico en el puerto de la ciudad, Castedo ha indicado que, "posiblemente", tendrá que defenderse "de delitos que no se han cometido" y ha considerado que las informaciones periodísticas relacionadas con el sumario responde al "morbo, porque al final es de lo que se trata".

En los miles de folios que constituyen el citado sumario figuran conversaciones telefónicas intervenidas, seguimientos policiales y toma de fotografías.

"Me da miedo, miedo me da, que el cabeza de lista a nivel nacional del Partido Socialista sea Rubalcaba. Creo que es un personaje absolutamente siniestro y lo digo como lo pienso", ha agregado la alcaldesa.

En este contexto ha indicado que Rubalcaba "es de lo peor que puede tener este país porque, además, durante el tiempo que él ha estado y está ha sido, creo, la crónica más negra, desde el punto de vista político, que ha tenido que sufrir este país".

Según ha dicho, "hubo presiones" para que algunas partes del sumario "salieran antes" de la última campaña electoral "y lo digo porque creo que es importante saber cómo se está moviendo todo".

A su juicio, los datos recogidos en el sumario, a través del "movimiento mediático, podrían haber influido de manera importante, por ejemplo, en lo que es el resultado de las elecciones, pero no lo consiguieron".

"Pero lo han hecho ahora y me alegro de que no lo consiguieran porque me habría parecido muy injusto que por lo intereses de algunos las repercusiones las tuvieran que sufrir otros", ha remarcado.

Tras afirmar que "el tiempo dejará a cada uno donde lo tiene que dejar", Castedo ha reiterado que no tiene "absolutamente nada que esconder" y que no le preocupa nada "estar leyendo" lo que aparece en prensa. "Sé perfectamente lo que he hecho y lo que no he hecho", ha enfatizado.

Asimismo, ha asegurado desconocer si la investigación ya ha concluido y el porqué de las interpretaciones y supuestos que en el sumario se recogen y que, según ha dicho, dan a entender supuesta información privilegiada dirigida a la consecución "de unos objetivos concretos, que son beneficios dentro del PGOU".

Sin embargo, Castedo ha recalcado que estos últimos no existen y que "cualquiera" puede comprobarlo accediendo a través de internet al documento del PGOU.

"Si no hay beneficios en el PGOU, ¿todo lo demás qué significa?", se ha preguntado la alcaldesa en alusión, según ha dicho, a un posible tráfico de influencias, información privilegiada y regalos.

"A lo mejor los regalos no tienen nada que ver con el Plan General", ha planteado la regidora, quien ha mostrado su interés por conocer el contenido de nuevos informes que en el plazo de 20 días deberán emitir los investigadores.

"Jugaré las cartas que tengo que jugar en el momento que me toque jugar", ha aseverado.

www.levante-emv.com 06.06.11

ALPERI LE PIDIÓ A ORTIZ QUE LE PRESTARA A SU CHÓFER PARA TRASLADARSE A LES CORTS DOS VECES POR SEMANA

El exalcalde le pidió el favor al empresario porque quería ahorrarse las incómodas búsquedas de aparcamiento en Valencia

La investigacion policial sobre presuntas irregularidades en el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante (PGOU) vincula las conversaciones entre el exalcalde de Alicante, Luís Díaz Alperi, y el constructor Enrique Ortiz en el marco de una relación «estrecha» y de «colaboración» mutua. Así, uno de los pinchazos telefónicos revela una comunicación que la propia policía tilda de «esclarecedora» para conocer «hasta qué punto Alperi y Ortiz tienen una relación estrecha». La citada conversación fue interceptada el día 28 de octubre de 2008. En ella, Alperi le pide a Ortiz que le deje su chófer para desplazarse a Les Corts de Valencia dos veces por semana.

El exalcalde justifica su petición en la incomodidad que le supone tener que aparcar en la ciudad del Turia para ir a sus sesiones como diputado autonómico.
La conversación fue grabada a finales de octubre, un mes y medio después del pleno que formalizó a Sonia Castedo como alcaldesa de la ciudad. El exregidor, que acostumbraba a llevar chófer y desplazarse en coche oficial, ve interesante en octubre, cuando se reactiva el periodo de sesiones de Les Corts, solicitar la colaboración de Ortiz para ver si puede prestarle a su chófer para ir a Valencia a las Cortes Valencianas.

www.levante-emv.com 06.06.11

ORTIZ INTENTÓ EN BENIDORM OBTENER EDIFICABILIDAD RECALIFICANDO SUELO

Quería incluir El Moralet en el nuevo Plan General como parque natural

Benidorm es, tras Alicante, la ciudad donde Enrique Ortiz atesora más suelo e intereses. Desde el plan parcial Armanello, de 531.000 metros y 3.741 viviendas en torres de hasta 29 alturas, hasta la concesión de la estación de autobuses de la ciudad, pasando por las parcelas que le compró a Terra Mítica para construir apartamentos turísticos de lujo.

El promotor del 'caso Brugal' se fijó en Benidorm, después de Alicante

Pero también tiene junto con otro promotor alicantino, Antonio Solana, 540.000 metros de suelo no urbanizable de especial protección en la partida conocida como El Moralet. En 2006 intentaron, con la colaboración municipal, que el Consell aprobara un concierto previo para construir 2.000 viviendas, 700 de ellas protegidas, pero dos años después el proyecto fue desestimado por la comisión territorial de Urbanismo de Alicante, que exigió tramitarlo a través de la revisión del Plan General, vigente desde 1990.

Y según desvelan las conversaciones interceptadas por la policía en la investigación del caso Brugal, a esa tarea se ufanó el promotor para ejecutar la misma operación que llevó a cabo en Alicante, por la que está imputado. Es decir, incluir su suelo en el nuevo plan general como parque natural para así poder transferir la edificabilidad a otro sector utilizando influencias políticas.

Queda claro cuando el 23 de enero de 2009 Ortiz recibe una llamada de Antonio Solana después de reunirse con el entonces alcalde de Benidorm, Manuel Pérez Fenoll, del PP.

Solana: Entonces, ¿qué te ha dicho [Fenoll]? Na, no, te ha dado largas, ¿no?

Ortiz: No, que sí, que sí, que lo quieren sacar (...) y que invitan a alguien para que sea una cosa buena y que tal y que cual, lo que me ha dicho un nombre que yo no lo conozco.

S: Pues no lo sé.

O: A ver si Pepe [Requena, una empresario que hace de intermediario para Ortiz en Benidorm] le saca a quiénes van a invitar para la realización del plan.

S: Joder, ¿y no te lo ha podido decir?

O: No, si a mí me ha dicho, me ha dicho un nombre de un tío que yo no lo conozco de nada.

El 24 de marzo de 2009, Ortiz habla con un empleado suyo sobre los plazos de la revisión del PGOU de Benidorm.

Empleado: Tramitarlo y conseguir que el Ayuntamiento te diga que sí y que la conselleria te diga que sí en condiciones normales con mucha decisión política, en 12 meses lo tienes que tener resuelto.

Ortiz: Vale, vale.

E: Ya te digo, porque aquí lo que importa es tener huevos.

O: Ya, ya, esa decisión ya está tomada. ¿Sabes a quién se le ha encargado?

E: No.

O: Pues a los mejores. Se lo van a encargar a los mejores. Ya te contaré.

Fuentes del PP aseguraron ayer que el Ayuntamiento no tramitó la revisión del PGOU, pero que Ortiz encargó a una asesoría externa un borrador de revisión que presentó en el Consistorio.

www.elpais.es 06.06.11

EL PROMOTOR A CASTEDO: "TENGO QUE HABLAR CONTIGO PARA MARCARME LA ESTRATEGIA"

Las escuchas del caso Brugal han dejado al descubierto la familiaridad con la que se trataban el promotor Enrique Ortiz y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Ambos hablaban o se citaban con una periodicidad casi diaria. El 12 de mayo, el promotor intenta concertar una visita.

Enrique Ortiz: ¿Quieres que vaya a las... a qué hora llegas a tu despacho?

Sonia Castedo: No quiero que vayas al despacho, prefiero ir yo al tuyo, fíjate.

E. O: ¡Ah! Que lo que quieres es que no me vean allí.

S. C: No, no quiero que te vean allí, claro.

E. O: Pues nada, entonces si quieres nos vemos ahora. ¿Qué vas a hacer, dónde tienes a Turi?

S. C: Turi está en casa. Pero que da igual, que mañana nos podemos ver si quieres en cualquier otro lado, si prefieres mañana me da exactamente igual.

E. O.: Es que quiero verme contigo ya, porque tengo un montón, tengo que hablar contigo para pensar qué hago, marcarme mi estrategia de todo.

En otra de las conversaciones, en este caso con un empresario alicantino, Ortiz deja clara el ansia con la que ha manejado sus negocios cuando es felicitado después de recibir una adjudicación.

Antonio Arias: Lo primero, enhorabuena, que la semana pasada me comentaron que te dieron una buena adjudicación.

Enrique Ortiz: Muchas gracias, muchas gracias.

A. A: El martes yo he estado en Valencia y me dijeron, acabo de hablar con este y en 35 millones de euros. No está mal, no.

E. O.: No está mal, no, no está mal, está bien.

A. A: Está bien, para que no te quejes tanto, coño.

E. O: No está mal, pero tengo que llorar más porque yo soy la polla insaciable.

A. A: Eso es, eso lo digo yo siempre. Enriquito es la polla insaciable.

Y se rieron de la broma.

www.elpais.es 06.06.11

RICARDO COSTA MEDIÓ PARA EL CONSTRUCTOR EN TORREVIEJA SALUD

El mismo Enrique Ortiz fijó el importe de los beneficios de la venta de su participación en Torrevieja Salud, la empresa que gestiona el hospital de esta localidad de La Vega Baja, que él mismo había construido y que está en funcionamiento desde noviembre de 2006.

"Al final son seis millones y medio, de los cuales yo le voy a tener que dar a este, Carlos Paz, un millón ochocientos mil euros", le dijo a un empleado suyo en otra de las conversaciones intervenidas por orden judicial. Y añadió que al final le quedarían cuatro millones más de lo que había puesto.

Pero Ortiz tuvo que resolver primero un litigio con Carlos Paz, otro de los pequeños accionistas de Torrevieja Salud, por un acuerdo privado entre ambos, para lo que buscó, y encontró, la mediación de Ricardo Costa y del consejero de Sanidad, Manuel Cervera.

El 27 de noviembre de 2008, Costa llamó a Ortiz para decirle que había estado hablando con el consejero y su problema con Paz se resolvería. El informe policial asegura que Costa dijo que la adjudicación del hospital fue un "apaño que se hizo porque el escenario en Torrevieja era muy complicado, viniendo el tema de Rambla [exconsejero de Sanidad]" y que "ahora la situación es mucho más favorable al haberse resuelto unos concursos, al parecer de resonancias, y que el tema se va a resolver".

En efecto, un par de meses antes, el Consell había adjudicado el nuevo concurso para la realización de las resonancias magnéticas de la sanidad pública valenciana por 497 millones de euros a una UTE participada por Carlos Paz, dueño de varias clínicas privadas, una de ellas en Benidorm.

Costa también pidió trabajo a Ortiz para un despacho de abogados que tiene con otro socio en Valencia. Para Alicante, estuvo buscando "una referencia donde no apareciera yo".

www.elpais.es 06.06.11

LA POLICÍA CONSIDERA QUE ORTIZ REALIZABA CONTRATOS FICTICIOS DE ALQUILER DE SU YATE A SEDESA

El sumario revela que Ortiz gestionó supuestamente parte del viaje de Castedo y Alperi a Oporto para negociar con Ikea

La Policía considera que el constructor, Enrique Ortiz, pudo realizar "presuntos contratos ficticios de alquiler" de su barco 'Elena' en los que utilizaba como arrendatarios a Sedesa --propiedad del empresario valenciano, Vicente Cotino, sobrino del conseller de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda de la Generalitat, Juan Cotino-- así como a personas físicas de su entorno.

Tal y como recoge uno de los informes policiales que consta en el sumario de la pieza separada del caso Brugal, cuyo secreto ha sido levantado este viernes y al que ha tenido acceso Europa Press, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) considera que Enrique Ortiz habría modificado la matrícula y el objeto-finalidad de su yate 'Elena' para realizar presuntos contratos ficticios de alquiler.

Así, en una conversación telefónica del 24 de julio de 2009, Ortiz le comunica a uno de sus trabajadores que el yate se le alquilará "a SEDESA" durante "estos 15 días", con la finalidad de que este empleado mande al capitán de la embarcación los datos de SEDESA.

El cinco de agosto de 2009 Ortiz llama a Vicente Cotino para pedirle el DNI de su mujer, y en esa conversación éste le pregunta a Ortiz, entre risas, "¿por donde estamos navegando?, si se puede saber", a lo que Ortiz le contesta que "estás en Ibiza". A continuación el empresario alicantino ofrece a Cotino una lancha durante unos días, a lo que éste contesta que está "en Coruña".

La policía hace constar en su informe que durante esa conversación Cotino pregunta a Ortiz con qué barco se ha trasladado a Ibiza, a lo que éste le contesta: "tu estás navegando con el Benetti, con el mío, conmigo" y Cotino responde: "Contigo, \u00A1ah!, estoy contigo", y después le pide que cuando pague algo por ahí, que "recoja las facturas" para que las archive", y se ríe.

ALQUILER A LOS RUSOS

Además, la policía considera en su informe que Enrique Ortiz alquiló el yate 'Elena', del 17 al 24 de julio, a unos individuos de nacionalidad rusa, a los que les cobró 108.000 euros de alquiler, 50.000 más 8.000 de IVA por un lado, y otros 50.000 sin IVA.

El encargado de recoger el pago sería el hermano de Ortiz, Virgilio Ortiz, quien le habría manifestado su temor de ir solo a cobrar, por lo que el empresario y constructor alicantino le ofrece que vaya con su chofer, a lo que Virgilio responde que "mejor, coño", puesto que "con lo que voy a recoger y todo el follón" no le gustaría "ir solo".

Así, el 17 de Julio de 2009 Virgilio Ortiz y el chofer del empresario se encuentran en el barco para cobrar por su alquiler, con "una máquina comprobar si los billetes son buenos", desde donde llaman a Ortiz para indicarle que los individuos "traen la mitad" del dinero, y que "la otra mitad se la dan al capitán".

A esto Ortiz responde que "El barco no sale si no recibe todo el dinero". Finalmente, de as conversaciones intervenidas, la policía infiere que Virgilio Ortiz recogió todo el dinero y se lo entregó a la mujer de Enrique Ortiz ese mismo día.

LOS INTERESES EN IKEA

El empresario alicantino Enrique Ortiz supuestamente gestionó parte del viaje a Oporto (Portugal) para que la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y el exalcalde, Luis Díaz Alperi, pudieran volver en avión privado tras las negociaciones con los responsables de Ikea, de las cuales, según la investigación policial, el constructor estuvo plenamente informado, ya que ambos "defendieron los intereses de Ortiz" en la implantación de la multinacional en la ciudad.

Según consta en el sumario de la pieza separada del caso Brugal, relativa al Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, tanto en los informes policiales y en diligencias previas elevadas por el fiscal al juzgado instructor, Luis Díaz Alperi presuntamente se puso en contacto con Enrique Ortiz para informarle del viaje que iba a hacer con Sonia Castedo a Oporto para negociar con los representantes de Ikea en noviembre de 2008.

Además, el exalcalde presuntamente le pide a Ortiz que les gestione la vuelta desde Santiago de Compostela. Así, Díaz Alperi le comenta: "nosotros, y cuando digo nosotros, me refiero a Sonia Castedo y yo, nos vamos a ir a Oporto (...) para darles cumplida satisfacción a los de Ikea".

Ortiz le dice que es "bueno, que hay que ir, pero que hay que apretarles un poco", a lo que Díaz Alperi responde que con la información de la que dispone "ya sabremos lo que le tenemos que decir".

Así, añade que él y Castedo han "considerado que no es conveniente" que él asista, pero le pide "conseguir un avión para esto", en concreto para la vuelta desde Santiago de Compostela, ya que tras la reunión en Oporto ambos van a Galicia. Ortiz le pregunta si su "amigo común" no puede ofrecérselo y Díaz Alperi le dice que no porque "lo tiene en Zurich".

Por ello, Ortiz le pide concreción sobre el día y le asegura que hará "la gestión". En concreto, la gestión consiste en establecer comunicación con Vicente Cotino, a quien le pide que "reserve el avión para el día 2 de noviembre", a lo que el otro accede, ya que es "uno de los apoderados de la mercantil Asedes Capital SA, que tendría como objeto social", entre otros, del arrendamiento de "todo tipo de vehículos destinados al transporte", incluidas aeronaves. Según el informe, "queda de manifiesto que el señor Ortiz habría realizado las gestiones solicitadas por el señor Díaz Alperi".

Después, el informe policial indica que el exalcalde "da traslado al empresario investigado de lo acaecido en la primera reunión con los representantes de Ikea, manifestando que las personas con las que se ha reunido (...) les habrían mostrado las instalaciones que la multinacional tiene en la ciudad lusa".

"Esa misma noche, tal y como también confirma el señor Díaz Alperi, tenían prevista una cena con los representantes de Ikea, donde se trataría más a fondo los asuntos, y en la cual, tanto el exalcalde, como la alcaldesa de la ciudad, defendieron los intereses del señor Ortiz", se asegura en el informe policial.

Según añade, "el señor Díaz Alperi tranquiliza al señor Ortiz diciéndole que les ha trasladado a los de Ikea que no e están dispuestos a que les tomen el pelo, en clara referencia a las trabas que los representantes de la multinacional están poniendo para el cierre definitivo del acuerdo", que, según le informa, será en ese mismo mes de diciembre, según el "compromiso" de los representantes de Ikea con Castedo.

El informe policial indica que queda "una vez más de manifiesto que el señor Díaz Alperi, a pesar de haber abandonado la alcaldía de la ciudad seguiría teniendo gran peso en las decisiones y negociaciones llevadas a cabo por el consistorio alicantino, siendo, junto con la actual alcaldesa, el gran valedor de los intereses urbanísticos de Ortiz en la capital alicantina".

Esta conclusión de los investigadores se basa en unas palabras de Díaz Alperi a los representantes de Ikea: "yo quiero seguridad, lo que no va a meterse la alcaldesa es en una reforma urbanística muy importante, que al final siempre tiene follones y que además coincide en que además en estos momentos la alcaldesa es quien lleva Urbanismo para luego no hacer nada vosotros".

Posteriormente, Díaz Alperi vuelve a "aparecer la figura del exalcalde, ya que como refieren los contertulios próximamente obtendrá un cargo, presumiblemente político, desde donde podrá ejercer presión para que la tienda Ikea sea instalada en Alicante", ya que uno de los responsables de la multinacional le ha trasladado a Ortiz que la consellera, entonces de Industria, y ahora de Turismo, Belén Juste, está ejerciendo "presiones" para que se instalaran en Valencia.

Según el informe, "la consellera tendría en mente la instalación de una tienda en la Comunidad Valenciana y su ubicación sería Valencia", por lo que el señor Laval --representante de Ikea-- apostaba por "dejar pasar el tiempo, mientras la multinacional negocia con la Federación del Mueble para que se rebaje la presión política".

www.levante-emv.com 05.06.11

ENRIQUE ORTIZ: ´PREFIERO ESTAR EN CASA Y QUEDARME CON TODO´

El empresario alicantino Enrique Ortiz afirmó, en una de las conversaciones interceptadas del caso Brugal, que le había dicho al que fuera conseller de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, José Ramón García Antón, que prefería "quedarse en casa y quedarse con todo", respondiendo así a la recomendación del conseller de que hiciera negocios fuera de la Comunitat Valenciana porque "no le gustaba que tuviera tanto poder".
Según consta en uno de los informes policiales dentro del sumario de la pieza separada del caso Brugal Ortiz y García Antón mantuvieron diversas conversaciones relativas a cuestiones urbanísticas, especialmente sobre el Plan Rabassa y aunque el empresario intentó invitarlo de vacaciones en su barco, el conseller rehusó.

Así, el informe hace mención a una reunión que mantuvieron ambos en Valencia, concretamente 18 de noviembre de 2008, en un restaurante, que fue vigilada por los agentes investigadores. Tras el encuentro, Enrique Ortiz le comenta por teléfono a su empleado, Luis Perea, que el conseller "le ha trasladado su temor porque no le gusta que tenga tanto poder, que lo acapare todo".

En este sentido, el empresario alicantino comenta a Luis Perea que el conseller García Antón le ha aconsejado "también que debería salir, refiriéndose a hacer negocio fuera de la Comunitat Valenciana". Según el informe, "ante ello, el señor Ortiz, según sus propias palabras, le ha replicado al conseller que prefiere quedarse en casa y quedárselo todo".

"Debemos tenerlos contentos porque hay un huevo de intereses"

En una conversación grabada el 18 de diciembre de 2008, Ortiz le dice a su mujer, después de que ésta le reprochara que era excesivo hacer un regalo por Navidad a todas las ediles del PP de Alicante, que por "regalarles un detalle posteriormente las tiene a su disposición" y añade que "a los del Ayuntamiento de Alicante tenemos que tenerlos contentos porque hay un huevo de cosas y de intereses". Según el sumario, el modus compensatorio de Ortiz es heterogéneo, desde "favorecer pecuniariamente proyectos empresariales de familiares de los cargos políticos" y "la contratación de terceras personas" a la financiación de regalos a distintos cargos políticos y el diseño de vacaciones a medida. De esta forma, Ortiz crea, según se señala textualmente, "un vínculo más cercano que le permita conseguir sus objetivos futuros". Tras conocer los datos del sumario, las fuerzas políticas de la oposición en la ciudad de Alicante, como PSOE, Esquerra Unida y Compromís, han coincidido en criticar estos hechos y han tildado los mismos de "muestrario de especulación urbanística", "escándalo mayúsculo" y "presunta trama delictiva". La edil electa de Alicante y secretaria de Organización del PSPV-PSOE, Elena Martín, instó a Castedo a no recoger su acta de concejal.

www.levante-emv.com 05.06.11

EL ESCÁNDALO DEJA A ALPERI SIN POSIBILIDAD PARA PRESIDIR LAS CORTS Y ALEJA A FENOLL DE LA ALCALDÍA

La dirección regional del PP admite un "grave daño" a la imagen del partido pero descarta pedir dimisiones a sus cargos públicos - La cúpula popular asegura contar con el compromiso de Sonia Castedo de que no se volverán a reproducir imágenes como las de los viajes con Enrique Ortiz

El nombre de Luis Díaz Alperi era uno de los que el PP tenía encima de la mesa para presidir las Corts. Pero, como apuntaron fuentes populares, las revelaciones del sumario que recoge la investigación abierta sobre el supuesto amaño del PGOU de Alicante a favor del constructor Enrique Ortiz pueden haber arruinado por completo la presión del exalcalde y, por extensión, sus opciones de convertirse en la segunda autoridad de la C. Valenciana. No es el único que sale "tocado" del embrollo. En Valencia dan por hecho que, después de levantarse el secreto de sumario, las opciones, a día de hoy ya limitadas, de Manuel Pérez Fenoll para hacerse con la Alcaldía de Benidorm -figura como receptor de un reloj de 24.000 euros que le habría regalado Ortiz, aunque el dirigente asegura haberlo devuelto-se han esfumado casi por completo.

En la cúpula regional del PP no han sentado nada bien los informes que aporta la investigación policial, especialmente, los apuntes sobre los supuestos pagos recibidos por Luis Díaz Alperi a cambio de dar trato de favor a Ortiz. Había, desde hace varios meses, un cierto temor en los despachos de la sede regional del PP. El caso Gürtel, pese a que el presidente Camps está a punto de sentarse en el banquillo y a la seguridad de que finalmente la cúpula popular acabará encausada por la financiación irregular del PP, está, desde el punto de vista de la defensa judicial, muy delimitado; pero nadie sabía, por contra, los secretos que iban a sacar a la luz los tomos de la operación Brugal -los dedicados a la tramitación del planeamiento de Alicante- que quedaban aún por conocerse.

Desde las filas populares, nadie, más allá de Antonio Clemente y para cargar contra Jorge Alarte, salió ayer a la palestra. Ni para defender, ni para justificar. Nada de nada. Es un síntoma. En el PP son conscientes de que el escenario supone un grave daño para la imagen del partido que, a pesar de su victoria el pasado 22-M, perdió 70.000 votos en la urna autonómica. No han gustado ni las revelaciones sobre las supuestas dádivas recibidas por Alperi con viajes en jet privado, el presunto regalo de tres casas para sus hijos o pagos en metálico. "El que aparece en los papeles lo tendrá que explicar", emplazó un destacado dirigente del PP. En las últimas semanas, de hecho, Alperi había movido ficha para situarse como presidente de las Corts. A cuatro días de la constitución del hemiciclo autonómico, sus opciones, al menos a priori, son inexistentes, apuntaron fuentes del PP.

A Sonia Castedo, aunque tampoco ha gustado en la cúpula regional del PP el tejemaneje de los viajes en el yate de Ortiz con salida desde Dénia para buscar discreción, sin embargo, la distancian de Alperi. En la dirección regional del PP aseguran tener el compromiso de la alcaldesa de Alicante de evitar que esas escenas, grabadas y fotografiadas por la Policía, se vuelvan a reproducir. Consideran que, en todo caso, la primera edil se vio arrastrada por una situación "de facto" heredada de la etapa de su antecesor. Junto a Alperi, en la dirección regional del PP también consideran que las revelaciones del sumario sobre el reloj con el que, supuestamente, Ortiz habría agasajado a Pérez Fenoll, exalcalde de Benidorm, alejan por completo las opciones de éste de retornar a la Alcaldía. Sumario en mano, señalan, Gema Amor-la antigua dirigente del PP que ahora tiene la llave de la Alcaldía después de liderar una candidatura independiente- tiene más argumentos que nunca para reclamar la marcha de Pérez Fenoll como condición ineludible para entrar a negociar un acuerdo estable.

Tratar de evitar una batalla campal en la Diputación

Dirigentes populares señalan que las opciones de Joaquín Ripoll, imputado por cinco graves delitos en la pieza de la operación Brugal que investiga la adjudicación del plan zonal de basuras de la Vega Baja, para seguir en la Diputación se han consolidado en las últimas horas. Así lo creen cargos próximos al dirigente provincial consultados por este periódico. A casi todos los implicados, de alguna manera, apuntan estas fuentes, los iguala la visita de rigor al yate de Ortiz, un escenario esencial de la trama. Si Génova no entra al trapo en el PP valenciano, lo lógico, señalan, es que no avale tampoco una guerra en la Diputación. En cualquier caso, en ambos bandos -campistas y ripollistas- se mostraron preocupados y sugirieron que es el momento de que Madrid empiece a pensar en poner orden.

Mario Flores asegura que devolvió el reloj a Ortiz

El conseller de Infraestructuras y Transporte, Mario Flores, negó ayer haber aceptado un reloj que Enrique Ortiz, el empresario que aparece en el epicentro de la investigación de caso Brugal, le habría regalado, según consta en la parte del sumario que se hizo pública el pasado viernes. Junto a la nota de prensa, el conseller Flores remitió un albarán de una empresa de mensajería como prueba de que, en su día, retornó al constructor el agasajo. "Tengo el justificante de envío por mensajería correspondiente a la devolución de dicho regalo", aseguró.
Flores se mostró "indignado" por la "información parcial y sesgada" que se ha hecho pública sobre regalos y conversaciones telefónicas que, en todo caso, figuran en los diferentes tomos del sumario judicial. El conseller pidió que se haga pública una "segunda llamada en la que Ortiz me reprocha haberle devuelto el reloj" y en la que el conseller aclararía que "no acepto ese tipo de regalos". "Se debe reparar el daño mediante la difusión de esa llamada. A lo largo de mi carrera no he aceptado nunca ningún regalo ostentoso ni favor de ningún tipo", cerró el conseller de Infraestructuras que aparecía, junto a otros dirigentes del PP, en una lista de receptores de una serie de agasajos que les habría realizado el promotor Enrique Ortiz.

www.levante-emv.com 05.06.11

EL 'CASO BRUGAL' REVELA EL USO DE INFORMACIÓN PRIVILEGIADA EN ALICANTE

"Me tienes que enseñar el planito", dice el empresario Ortiz. "Mañana te lo llevo", responde la actual alcaldesa

"Es un disparate, porque estamos hablando de 20.000 en el peor de los casos. Nos estamos jugando 20.000 millones de pesetas [120 millones de euros]". La aseveración pertenece al promotor Enrique Ortiz a la hora de valorar la expectativa de negocio que le reportaría el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. El empresario efectúa este cálculo en una de las múltiples conversaciones grabadas recogidas en el caso Brugal, que investiga un supuesto trato de favor del Ayuntamiento al promotor en el trámite del planeamiento urbano de la ciudad. Un sumario que destapa la connivencia entre Ortiz y dos políticos del PP, el exalcalde de Alicante Luis Díaz Alperi y la actual regidora, Sonia Castedo, entonces edil de Urbanismo.

Ortiz: "Es un disparate, hablamos de 20.000 millones de pesetas"

El jueves se levantó el secreto de sumario del caso. Y queda ahora claro que, según la policía y el fiscal Anticorrupción, que acusa a los políticos y al empresario de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y uso privilegiado de información, Ortiz se valió de información privilegiada para conseguir su propósito de moldear la redacción del PGOU a su interés personal. Una información facilitada por Castedo y por Díaz Alperi. En las conversaciones Castedo habla sin tapujos de los intereses de Ortiz en la ciudad. "Te hemos apañado lo del Hércules", le dice al empresario sobre la recalificación del estadio Rico Pérez. Y cuando el promotor le pide información sobre el futuro PGOU -"me tienes que enseñar el planito"-, la edil le contesta: "Mañana te lo llevo". La investigación sostiene que el empresario apuntaló su estrategia con un entramado que incluyó urbanistas, funcionarios y varias mercantiles.

Un eslabón destacado del entramado del Ortiz fue la sociedad Salvetti Abogados y Consultores, SLP, cuyos administradores solidarios son los abogados urbanistas José Luis Castedo, hermano de la alcaldesa, y Javier Gutiérrez, ex portavoz del Grupo Municipal Socialista en el