Despilfarros en la Xunta de MANUEL Fraga IRIBARNE

Tres contratos, tres parientes

Sólo tres profesionales firmaron con la Fundación Cidade da Cultura contratos de alta dirección en los tiempos del Ejecutivo Fraga. Y los tres tenían vínculos familiares de primer grado con altos cargos del PP. El arquitecto director de la oficina del proyecto, Alfredo Díaz Grande, está casado con Pilar Rojo, delegada provincial de Cultura en Pontevedra cuando su marido comenzó a colaborar con la fundación. El director gerente de la entidad, Ángel Currás, es hermano de Celso Currás, conselleiro de Educación (1996-2005). El cuñado de Rajoy, Manuel Fernández Balboa, completa la nómina de altos cargos.

La esposa de Grande, Pilar Rojo, sería nombrada máxima responsable autonómica de Cultura en 2003. Grande es el único de los tres altos directivos de la fundación que ya ha comparecido ante la comisión de investigación del Parlamento gallego. Lo hizo la semana pasada. Aseguró no acordarse de muchas de las cosas que le preguntaron, incluida la fecha de su contratación y el monto de sus honorarios. Justificó sus olvidos aludiendo a la fecha de inicio de su colaboración con la Cidade da Cultura. Según su versión, desde 1999 asesoró el concurso internacional para la adjudicación del proyecto. Para el Consello de Contas, el puesto que ocupaba Grande tampoco hacía necesaria la celebración de un contrato de alta dirección. Según el informe, sólo el puesto de director gerente de la entidad precisaba tal vinculación laboral.
Los lazos de Currá

El director gerente de la fundación había sido biólogo antes que gestor, biólogo y docente durante 20 años. Ángel Currás, hermano del conselleiro de Educación, tomó posesión de su cargo en noviembre de 2000. Desde 1996 había sido director económico-administrativo del proyecto de capitalidad europea de Santiago. Si bien Currás ya era el máximo responsable de la fundación cuando Balboa fue contratado, el contrato del cuñado de Rajoy lo firmó personalmente Jesús Pérez Varela. www.elpais.es 23.10.07

Una auditoría oficial destapa desfases millonarios y tratos de favor en 2003 y 2004 - El Gobierno autónomo benefició a socios de altos cargos y a empresarios cercanos al PP

Los auditores oficiales de la Administración gallega han destapado graves irregularidades en la gestión de la Xunta gobernada por el Partido Popular. Analizando las cuentas del Gobierno durante los últimos dos años de mandato de Manuel Fraga, el Consello de Contas ha detectado despilfarros millonarios en proyectos como la organización del año jacobeo o la construcción de un faraónico complejo cultural en Santiago. El informe también revela tratos de favor a socios de altos cargos del gobierno del PP, a empresarios vinculados al partido y a grandes compañías como Unión Fenosa.

El ex presidente gallego Manuel Fraga se empeñó a finales de los noventa en levantar a las afueras de Santiago un descomunal complejo cultural que sólo en gastos de mantenimiento absorbería 48 millones de euros al año. Los auditores oficiales de Galicia han revelado ahora que el proyecto, llamado Cidade da Cultura, le saldrá a las arcas públicas incluso mucho más caro de lo esperado. Lo invertido en la obra supera ya los 373 millones, el triple de lo previsto, y su utilidad está cuestionada. Las cuentas de este agujero negro fueron auditadas por un socio de varios altos cargos de Fraga.

El Consello de Contas, órgano fiscalizador de la Administración gallega, acusa al anterior Gobierno del PP de "abdicar de sus responsabilidades en la gestión prudente y planificada de los fondos públicos". Con esta actitud en el manejo del dinero de los gallegos, el equipo de Fraga provocó, por ejemplo, que los gastos de ejecución de la Cidade da Cultura se hayan triplicado en favor del autor del proyecto, el arquitecto Peter Eisenman.

Eisenman acordó con la Xunta en 2000 unos honorarios de casi 14 millones de euros, que crecerían proporcionalmente si así lo hacía el presupuesto de la obra, tal y como ocurrió. Además de estos jugosos ingresos, el arquitecto estadounidense recibió carta blanca para actuar con "total libertad presupuestaria".

Cuando en 2005 socialistas y nacionalistas tomaron las riendas de la Xunta, encomendaron a un comité de sabios la labor de enderezar en lo posible este faraónico proyecto dándole contenido a los edificios del complejo. El Consello de Contas critica también que estos asesores contratados por el bipartito gocen de competencias excesivas en las decisiones de gasto. El ejemplo más extremo es el de los expertos encargados de hacer viable una biblioteca: impulsaron la construcción de un aparcamiento para los futuros trabajadores del recinto que costará "seis veces más" que los fondos bibliográficos.

El supuesto control de las cuentas de la fundación que gestiona la construcción de este complejo ha estado en manos de una empresa que logró sustanciosos contratos del Gobierno de Fraga. El responsable de esta sociedad es una persona cercana el PP gallego. Auditores Asociados de Galicia tiene como administrador a Francisco Loimil, que ahora es socio de varios ex altos cargos de la Consellería de Cultura, el departamento del que depende la ejecución de la Cidade da Cultura. Su esposa trabaja en la fundación que dirige el proyecto.

Loimil es secretario, consejero y administrador de la empresa Comunled, SA, en la que figuran José Manuel Soto Vázquez y José María Sánchez González, ex altos cargos de la citada consejería, y Francisco Campos Freire, anterior director general de la radio y televisión autonómicas.

En Comunled aparecen directivos de grandes empresas que tuvieron también relación con la consultora que se encargó de controlar las cuentas de la Cidade da Cultura. Estas compañías patrocinaron el Xacobeo a través de Auditores Asociados de Galicia, otro de los trabajos que esta sociedad hizo para el Gobierno gallego. Por lograr patrocinadores, la compañía de Loimil le cobró a la Xunta más de 4 millones de euros, pese a que había otra empresa que ofrecía el mismo servicio por 47.996 euros. Otro organismo público, la Fundación Galega para o Deporte, le pagó a Auditores Asociados de Galicia más de un millón de euros por buscar patrocinadores, tras un concurso que, según los auditores oficiales, se diseñó a medida.

Socios de Loimil en Comunled son Ricardo Oñate Fernández, secretario general de Leche Pascual; Ángel Barutell Farinós, director de Relaciones Externas de El Corte Inglés, y Rafael Cortés Elvira, ex secretario de Estado para el Deporte en los gobiernos socialistas. También ha formado parte de esta sociedad Carlos Illa Martínez, ex director de Patrocinios y Cuentas Publicitarias de Telefónica España.

El chófer constructor del presidente de la Diputación

Los desaguisados en la gestión de los municipios también han encontrado espacio en la memoria del organismo fiscalizador. En varios folios, el Consello de Contas se extiende en los procedimientos utilizados por el Ayuntamiento de Ribadumia (gobernado por el PP) para amañar concursos que favorecieron a la empresa creada por el chófer del presidente de la Diputación de Pontevedra y concejal en esa localidad, Rafael Louzán, que también preside el PP provincial.La sociedad Pavimentos de Meaño obtuvo más de la mitad de los contratos de obra (301.578 euros) adjudicados en el Ayuntamiento durante 2003. Para ello, el gobierno local fraccionó los contratos hasta el límite legal con el fin de evitar la libre concurrencia a los concursos públicos. A través del procedimiento negociado, basta con que se presenten tres empresas a las adjudicaciones. Dos de ellas lo hicieron incumpliendo de forma flagrante las bases para que Pavimentos de Meaño se llevara los contratos.Las tres sociedades que teóricamente competían entre sí tienen claras vinculaciones. Las dos que perdieron presentaron idénticos números de teléfono y de fax y, además, la responsable que firmó las recepciones municipales de ambas compañías figura como apoderada de la tercera, Pavimentos de Meaño, que por este procedimiento se hizo con las obras. La empresa creada por el chófer del líder provincial del PP vive exclusivamente de las obras públicas. El 93% de sus ingresos en 2005 (2,4 millones) provino de contratos de la Diputación y de municipios con alcalde del PP.

Unión Fenosa recibió numerosos contratos en adjudicaciones irregulares

Unión Fenosa fue una de las más beneficiadas por el Gobierno de Manuel Fraga según una auditoría oficial de la Administración Gallega. La Xunta del PP se alió con la eléctrica para poner en marcha en 1999 una planta de incineración de basuras que, además de eliminar los residuos, generase electricidad. Según el Consello de Contas, desde aquel momento los intereses de negocio de la multinacional nacida en Galicia han primado sobre el servicio público. Sogama, la empresa de capital público creada por la Xunta y la eléctrica para gestionar las instalaciones, ha adjudicado además, millonarios contratos a filiales de Fenosa a través de procesos que, según el organismo fiscalizador, carecen de objetividad.

El consejo de administración de Sogama, en el que comparten mesa representantes del Gobierno gallego y de Fenosa, otorgó a sociedades de la eléctrica sólo en 2004 contratos valorados en más de 18 millones de euros. Este grupo empresarial se llevó de hecho casi la mitad de las adjudicaciones que la planta de basuras hizo a compañías externas. El órgano que fiscaliza las cuentas públicas en Galicia critica que Sogama optara además "de forma abusiva" por modelos de licitación que no son los más coherentes "con el principio de economicidad en el gasto público".

El Consello de Contas destapa las privilegiadas condiciones de los contratos que firmaron las empresas de Fenosa con la sociedad de capital público. Estos "pactos preferenciales", dice el informe, "pretenden blindar económicamente" a la multinacional y compensarla, incluso, por "circunstancias económicas no previstas" que para los auditores "forman parte inherente del riesgo empresarial". El contrato firmado con Soluziona, filial de la eléctrica, establecía que la planta de basuras debía asumir el coste de las huelgas que convocasen los trabajadores de la adjudicataria y pagar las mejoras laborales que ésta se viera obligada a realizar. Soluziona cobró de Sogama 5 millones de euros anuales por ocuparse del mantenimiento de una de las plantas del complejo de tratamiento de residuos.

Igualdad ficticia

Unión Fenosa Gas Comercializadora es otra de las compañías del grupo que se benefició de un contrato de la planta de basuras de la Xunta. A la filial se le encargó el suministro de gas natural al complejo en un procedimiento de concurrencia que, según el Consello de Contas, fue "una mera ficción". Sogama eligió a esta empresa porque ofrecía el servicio con un precio estable. Cobró por ello 21 millones y, pese a lo acordado, acabó subiéndole la tarifa al complejo un 30%.

Los auditores oficiales creen que los representantes de Fenosa en el consejo de administración de la empresa pública han podido incurrir en una "colisión de intereses", ya que ni siquiera se abstuvieron en las votaciones en las que se decidió otorgar contratos millonarios a las filiales de la eléctrica.

El conselleiro maior de Contas dice que el informe conlleva "responsabilidades"

El recién nombrado conselleiro maior del Consello de Contas, Antonio López, aseguró ayer que el último informe fiscalizador de este órgano relativo al año 2004 "puede derivar en responsabilidades" para la administración anterior presidida por Manuel Fraga. López, que no formaba parte del órgano consultivo que redactó el dictamen, quiso diferenciar entre los "distintos niveles de incumplimientos" de la Xunta gobernada por el Partido Popular. "Los informes ponen de manifiesto ciertas irregularidades, pero no podemos hacer una iguala absoluta entre irregularidades -ya sean presupuestarias, de contratación o de eficacia del gasto- con actuaciones delictivas, aunque hay algunas que podrían derivar en responsabilidades, claro que sí", advirtió el conselleiro maior.

En una entrevista en la Cadena SER, el máximo responsable de la institución se felicitó por la acogida que ha tenido el informe y recordó que pese a "haber dado mucho que hablar", en esta ocasión se ha asumido como un "trabajo serio" porque "nadie ha intentado matar al mensajero".

López, que tomará posesión de su cargo en septiembre, afirmó que el Consello está "asentado y bien valorado", aunque admitió que la institución debería hacer un esfuerzo para que los informes publicados se acerquen al período de gobierno que es objeto de fiscalización. "Estoy seguro de que algo se pueden acortar los tiempos", apuntó, "pero los informes nunca podrán ser inmediatos". Explicó que las instituciones auditadas tienen un plazo de entre siete y diez meses después del cierre del ejercicio para presentar la documentación y que entonces comienza el trabajo del Consello de Contas que consiste en "borradores, análisis definitivos y publicación".

Cuando concluyen estos trámites, los organismos o gobiernos auditados deben todavía realizar alegaciones, por eso el informe final puede demorarse unos dos años. El conselleiro maior admitió como inevitable que las conclusiones sobre los dos últimos años de gestión de un gobierno lleguen cuando hayan pasado las elecciones y probablemente con un nuevo ejecutivo en el poder.

En cualquier caso, reiteró que el organismo que preside no es el "único control del gasto público" y apeló a los servicios de intervención de las distintas instituciones para garantizar "el alto nivel de control que hay sobre los medios públicos". Entre las disfunciones admitidas por Antonio López está además el bajo cumplimiento de rendición de cuentas de determinados responsables políticos. "Aunque no todos son casos de rebeldía e incumplimiento puro y duro, hay 88 ayuntamientos y entidades supramunicipales" que no presentan sus números al Consello.

El responsable de Contas certificó que existen "incumplimientos deliberados" y abogó por buscar fórmulas para colaborar con los pequeños municipios que carecen de medios personales y técnicos que le permitan "hacer frente a este deber".

López anticipó que apostará por el uso de las nuevas tecnologías para incrementar la productividad del organismo y anunció cambios al frente de las distintas áreas de responsabilidad en el Consello de Contas.