El Juzgado de Instrucción número 3 de Ferrol absolvió ayer del delito de injurias que imputaba la directora general de Formación e Colocación de la Consellería de Traballo, Ana María Díaz, a una antigua empleada de su familia. La alto cargo de la Xunta emprendió acciones legales contra la mujer, Dolores Seco, después de ser condenada por su despido improcedente, un fallo que Díaz nunca recurrió. Pero además de absolver a la trabajadora del delito de injurias que le imputaba la directora de Traballo, el juez Alejandro Morán Llordén contradice el contenido de la sentencia firme que dictó el pasado mayo el Juzgado de lo Social número 3 de Ferrol y niega que Díaz despidiese a la mujer o la tuviese trabajando para ella como empleada doméstica.

Díaz ni se presentó al juicio por la demanda que presentó contra ella y su familia Dolores Seco, empleada sin contrato en el restaurante de los padres de la directora general y en el domicilio de un hermano suyo. Tampoco recurrió el fallo del juzgado de lo social, que concluyó que fue ella misma quien echó a la trabajadora y la condenó por despido improcedente.

Sólo después de que CIG airease el caso y la oposición reclamara su cese, Díaz abrió una batalla legal denunciando por injurias a la trabajadora. El propio presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, había exigido a la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, que Díaz lograse otra resolución judicial para probar que ella no había despedido a una trabajadora sin contrato. La directora general presentó entonces una denuncia por injurias basándose en una declaración de la antigua empleada, recogida en este diario el 5 de septiembre, en la que Dolores Seco afirmaba que Díaz "no tiene vergüenza" por negarse a dimitir pese a la condena judicial.

El auto dictado ayer por el juez Morán exculpa a Seco y establece que sus palabras no fueron "un insulto sino un juicio de valor". Pero la sentencia, que el magistrado firmó ya el mismo día de la vista, va más allá del objeto de la demanda, entra a valorar los hechos ya juzgados en la sala de lo social y contradice la sentencia firma promulgada en mayo por el juez de lo social Eloy Hernández al concluir que Seco "no fue despedida por Ana María Díaz López".

Aunque no era el objeto del juicio, el fallo añade que la trabajadora "no fue empleada doméstica" de la directora general ni tiene vinculación legal con la sociedad civil que dirigen su padre y su hermano Infante. "Dolores Seco no ha sido empleada doméstica de Ana María Díaz López" reza la sentencia. El juzgado de lo social basó su condena a Díaz en que fue ella precisamente quien "puso fin a la doble relación laboral" que empleaba a Seco sin contrato en el restaurante familiar y en el domicilio de su hermano.

En la vista celebrada el pasado martes, tanto la directora general como su madre negaron la relación de Dolores Seco y su hija, Yolanda Seijas, con el negocio familiar pese a que dos sentencias inapelables así lo establecen. Recientemente, el hermano de la directora de Traballo abonó 347.70 euros que adeudaba a Yolada Seijas por su trabajo como planchadora en el bar y empleada doméstica de Ana María Díaz en enero de 2009.

La directora general de Formación e Colocación, Ana María Díaz López, negó ayer ante un juez cualquier relación laboral con Dolores Seco, la trabajadora a la que despidió ilegalmente, según una sentencia firme dictada por el juzgado de lo Social número 2 de Ferrol. En un intento de lavar su imagen tras su condena por despido improcedente, esta alto cargo de la Xunta denunció a la ex empleada por injurias y se cerró en una defensa rocambolesca basada en la negación de su condena. En la demanda, Díaz López pide una multa de 120 euros para la mujer despedida.

La sala de Instrucción número 3 de Ferrol acogió ayer la vista por el juicio de faltas que enfrentó a la directora de Traballo, Ana María Díaz, con la mujer a la que despidió, según prueba el fallo del juez. Por ella desfilaron durante dos horas media docena de testigos además de la denunciante, Ana Díaz, y la denunciada, Dolores Seco.

La directora general negó que la mujer trabajase durante seis meses en el restaurante que regentan su padre y su hermano, "hecho probado" en el fallo del juzgado de lo Social número 2 de Ferrol. Díaz López no lo recurrió entonces pero amenazó a la trabajadora con una querella criminal que se quedó en denuncia por injurias. En el requerimiento notarial de septiembre, Ana Díaz tilda la sentencia de "errónea" y argumenta que está siendo utilizada para "socavar su honor, prestigio y actividad profesional". Acusa a la trabajadora de mentir en un juicio laboral al que ella misma no acudió, pese a estar citada, y en el que Dolores Seco no declaró porque ni siquiera fue interrogada, según fuentes de la defensa.

La condena le llegó a Ana María Díaz cuando ya era alto cargo de Traballo. Tanto ella como su superior, Beatriz Mato, desoyeron las peticiones de dimisión de PSOE y Bloque, CIG y Comisiones Obreras. Tanto este departamento como el PP retorcieron primero el fallo, lo achacaron después a un error judicial y sólo al final acataron a regañadientes su contenido sin adoptar medida alguna sobre su alto cargo.

El propio presidente, Alberto Núñez Feijoó, respaldó desde su escaño la continuidad de la directora, si bien condicionó el futuro político de Ana María Díaz al resultado del juicio de ayer, pendiente de sentencia.

La directora de Traballo sólo admite que esta mujer fue empleada doméstica de su hermano pero niega cualquier vinculación laboral de la trabajadora con el negocio familiar. Tanto la madre -que se presentó como una pensionista- como el hermano respaldaron esa tesis, contradiciendo las pruebas testificales y fotográficas presentadas y juzgadas meses atrás que situaban a Dolores Seco como empleada del restaurante que explota la familia de la directora general. "Queda claro que son ellos los que mienten", resumió el letrado de CIG, que representa a la trabajadora. Dos delegadas del sindicato testificaron que el lunes siguiente al despido se presentaron en el local buscando al propietario. Ambas declararon que fue Ana María Díaz quien salió a recibirlas y, tras presentarse como abogada, les comunicó que tanto Dolores como su hija Yolanda -las dos sin contrato- estaban despedidas.

Pertrechada tras sus abogados, la directora general rehusó ayer hacer declaraciones. Exige una multa de 20 días a razón de seis euros diarios para la trabajadora, a la que acusa de calumniarla. Una hora después del juicio, el jefe de gabinete de la conselleira de Traballo, Miguel Tellado, llamó a esta periodista cuestionando las informaciones publicadas por EL PAÍS, que tildó de "campaña lamentable y sin rigor", y para manifestar que "el juicio está ganado".

LOS POPULARES DENUNCIAN UNA PERSECUCIÓN CONTRA LA ALTO CARGO DE TRABALLO CONDENADA

Cinco meses después de que un juzgado de Ferrol la condenase por despido improcedente y la señalase como la persona que echó a una trabajadora empleada sin contrato y sin Seguridad Social en un domicilio y una empresa familiar, Ana María Díaz López continúa ejerciendo como directora general de la Consellería de Traballo. En el Parlamento, 72 diputados debatieron ayer durante casi una hora sobre si la alto cargo condenada debía seguir en la Xunta. La mayoría del PP, 37 votos, incluido el del presidente Alberto Núñez Feijóo, concluyó que sí. No se quedó en eso, el grupo parlamentario popular, a través del diputado Alberto Sueiro, denunció una "persecución" de PSOE y Bloque a la directora general para aumentar la "repercusión mediática" del caso. Habló de "cruzada, como las limpiezas de sangre de la Edad Media", y esgrimió que "los hechos", el despido de una trabajadora sin contrato, sucedieron antes de que Díaz López ingresase en la Xunta. La notificación de la condena la recibió, no obstante, cuando ya era parte del Gobierno.

En eso incidió la oposición. El diputado socialista José Tomé Roca preguntó si Traballo ha abierto un expediente a la empresa familiar de Díaz López por emplear a personal sin contrato en un restaurante. No hubo respuesta por parte del PP. Sueiro se limitó a preguntar si socialistas y nacionalistas creen que un alto cargo del Gobierno no puede "tener un fallo en toda su vida" e invitó a ambos partidos a aplicar esa doctrina en los municipios donde gobiernan.

El listado de reproches de la oposición fue interminable. El portavoz del BNG, Carlos Aymerich, recriminó a los populares que mantengan como responsable del cumplimiento de la ley a alguien que la "ha vulnerado de forma flagrante". Tomé Roca apeló directamente al presidente de la Xunta cuando entraba en el hemiciclo: "Destituya a la directora general y reponga la transparencia en la Consellería de Traballo". Sin éxito. Feijóo, como el resto de la bancada popular, apretó el botón rojo y desbarató la moción.

TRABALLO MANTIENE A LA DIRECTORA CONDENADA POR SU "CAUDAL DE ILUSIÓN"

Si lo que pretendía la oposición era cobrarse algún cese por las polémicas que salpican a los altos cargos del nuevo Gobierno, la sesión parlamentaria de ayer demostró que PSdeG y Bloque pinchan en hueso. El líder socialista, Manuel Vázquez, y el portavoz parlamentario del BNG, Carlos Aymerich, saludaron ayer al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, exigiéndole la dimisión de la directora general de Traballo, Ana María Díaz López, a quien un juzgado condenó por despido improcedente después de probar que fue ella misma quien echó a una trabajadora empleada sin contrato en un domicilio y una empresa familiar.

Lo reclamaron ambos de pasada, mientras preguntaban al presidente en el Parlamento por su política social. Feijóo no entró al trapo. Ya por la tarde, tres conselleiros distintos despejaron sin demasiados aspavientos "los escándalos" que denunciaban la oposición y demostraron que las dimisiones las venderá caras el Gobierno del PP.

Con su desparpajo habitual, la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, defendió a su alta cargo condenada desviando la responsabilidad judicial hacia la familia de Díaz López, al tiempo que eximía a ésta de cualquier culpa tras el pago de la indemnización que fijó el juzgado. Para auxiliar a su colaboradora, Mato esgrimió ayer un razonamiento nuevo: "Sé que es la primera en llegar al trabajo y no voy a renunciar a ese caudal de ilusión". Zanjó así la exigencia del diputado socialista Xosé Tomé Roca, para que la consellería depure responsabilidades. En cada iniciativa parlamentaria, la oposición aludió a los problemas judiciales de Ana María Díaz. Mato ha decidido mantenerla en el cargo y de momento el presidente de la Xunta avala su continuidad.

Tampoco puso inconveniente el conselleiro de Cultura, Roberto Varela, a las subvenciones de la Axencia Galega de Industrias Culturais cuando el hemiciclo abordó el caso Fasero. Otra interpelación de los socialistas refrescó la cronología de los hechos: la Xunta designa al músico Juan Carlos Fasero director de Agadic el 3 de julio y 20 días más tarde la agencia aprueba su convocatoria de ayudas, que reserva tres partidas (en total 18.000 euros) para la empresa Zouma Producciones del propio Fasero. El 28 de ese mes, el director de Agadic opta por deshacerse de las participaciones en la sociedad.

Con un guión calcado al de su compañera de Traballo, el titular de Cultura también optó por emprender una huida hacia adelante. Condicionó cualquier decisión sobre Fasero a que se pruebe alguna ilegalidad. "Si es así, este departamento depurará responsabilidades con toda firmeza", comprometió. No es previsible que el episodio acabe en los tribunales. De hecho, la oposición se centró en cuestionar la idoneidad de las ayudas, más teniendo en cuenta, vino a decir Concepción Burgo, que en una de las categorías sólo recibieron subvenciones seis empresas además de la de Fasero. Varela, que como presidente de Agadic, firmó esa resolución, adujo que Fasero cumplió con el plazo legal de un mes para deshacerse de la empresa. Aludió de forma confusa a que el registro mercantil cierra en agosto -todos los trámites Fasero los hizo en julio- y evitó valorar el fondo del caso.

A primera hora de la tarde por el hemiciclo había pasado también el conselleiro de Presidencia, Alfonso Rueda. Compareció en lugar del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a quien la oposición le pidió una rectificación sobre las acusaciones que vertió contra Política Territorial por la autovía del Barbanza en una querella archivada por el juez. El PP en la oposición acusó de prevaricar al Gobierno gallego. El máximo responsable de justicia del Gobierno obvió la resolución del juez - que concluyó que "no existe el menor indicio de delito"- y se centró en la exposición de hechos, que califica como "sorprendente y chocante" la adjudicación de la infraestructura.

Gondomar fue la última piedra para Rueda, quien expresó su "respeto a la autonomía local" ante la moción de censura por la que el PP recuperó el gobierno con el apoyo de tránsfugas del PSdeG y un independiente. Rueda recordó que la moción es legal y obvió el pacto antitransfugismo.

(www.elpais.com, 10/09/09)

La directora de Traballo amenaza con una querella a la mujer que despidió

Díaz López conmina a su ex empleada a que se retracte de la declaración judicial

Fue condenada por el despido improcedente de una ayudante de cocina y empleada doméstica que trabajó sin contrato ni Seguridad Social. No se presentó en el juicio ni recurrió la sentencia. Sin embargo, Ana María Díaz López, la directora general de Formación y Colocación de la Xunta condenada en mayo por un juzgado ferrolano, no ha tenido reparos en remitir un requerimiento notarial a Dolores Seco, la mujer a la que despidió, para exigirle que rectifique. De lo contrario, advierte que interpondrá contra ella una querella criminal.

Díaz López acusa a su ex empleada de mentir en el juicio y la amenaza con emprender acciones penales a menos que se retracte "afirmando o negando" la existencia de una relación laboral entre ambas. Relación que el magistrado consideró un "hecho probado" en un fallo judicial que ya es firme, dado que no fue recurrido por las partes.

En un intento más por embrollar el caso y restar importancia a la sentencia, la alto cargo de la Xunta remitió el pasado miércoles un requerimiento notarial al domicilio de Dolores Seco y de su hija, Yolanda Seijas. Ambas trabajaron en la empresa familiar registrada a nombre de Edelmiro e Infante Díaz, padre y hermano de la directora de Traballo, y fueron despedidas el mismo día. En el escrito notarial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, Díaz López califica de "errónea" la sentencia que la "condena indebidamente".La directora de Formación e Colocación de la Xunta aduce "la falsa declaración en juicio" de la persona despedida. Argumenta que el fallo judicial está siendo utilizado para "socavar su honor, prestigio y actividad profesional" y le otorga un plazo de dos días antes de demandarla por la vía penal.

"No tiene vergüenza", manifestó ayer Dolores Seco, la mujer despedida, todavía "sorprendida y enfadada" por un escrito que interpreta "como una amenaza". "Ese requerimiento no tiene sentido ni lugar", tercian desde el sindicato CIG, que asesora legalmente a madre e hija. En su réplica, Dolores Seco se reafirma en lo que declaró ante el juez, ya que no hizo "ninguna declaración falsa".

"¿Cómo puede seguir en su cargo y hablar de honor cuando ella [Ana María Díaz] mintió e incluso negó que mi madre y yo trabajásemos allí?", se preguntaba ayer Yolanda Seijas, su ex empleada de hogar durante tres meses y medio. "Quiere echarle la culpa a su madre para agarrarse al puesto", añade.

Díaz López, por su parte, se limitó ayer a señalar que todo está en manos de sus abogados y rechazó hacer comentarios. El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, defendió la continuidad de la directora en su cargo y el PP sigue amparándose primero en un "error judicial" que posteriormente rebajó a una mera confusión entre los nombres de Ana María Díaz López y su madre, Ana María López Rodríguez, que dirige la cocina del restaurante familiar donde trabajaron sin contrato Dolores Seco y su hija Yolanda como ayudante de cocina y planchadora. Además, madre e hija limpiaban en casa de Ana María Díaz y su hermano Infante. Todo, por 400 y 250 euros al mes.

Cese o dimisión

El secretario de Organización de la CIG en Ferrol, Francisco Cartelle, volvió a exigir ayer el cese o dimisión de la directora general de Formación y Colocación como "la única alternativa mínimamente digna" para zanjar la polémica e ironizó sobre una sentencia "firme y clara" en la que únicamente ven "confusión" la propia directora de Traballo condenada, la Xunta y el PP. "El único error es tener a dos trabajadoras sin contrato ni Seguridad Social infringiendo la legalidad", sostiene Cartelle.

La próxima semana, el sindicato interpondrá dos nuevas demandas relacionadas con los despidos, por impagos y vacaciones, contra la sociedad de la familia Díaz López.

www.elpais.es 05.09.09

La directora general de Formación y Colocación de la Xunta, Ana María Díaz López, compareció ayer para analizar los datos del paro y pronosticó un "otoño difícil" para la economía gallega. Es la alto cargo de Traballo a quien un juez condenó por despido improcedente después de probar que fue ella misma quien despidió a una mujer empleada sin contrato y sin seguridad social en un restautante y un domicilio familiar. La directora general mantiene su agenda en la Xunta, porque, según ella misma explicó ayer, considera "perfectamente compabible" la sentencia que la condena y sus responsabilidades políticas en la Consellería de Traballo.

Díaz López defiende la tesis -esgrimida por la propia conselleira, Beatriz Mato, y por el portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda- de que el juez confundió su nombre con el de su madre, titular del negocio de hostelería, cuando dictó sentencia sobre este caso. Sostiene esta tesis y niega entretanto que ella o el PP hablen de "errores judiciales". Ayer anunció que sus abogados trabajan ya para solicitar la revisión de un caso sobre el que pesa una sentencia firme con el ánimo de proteger su honor personal y familiar".

"Acato el fallo pero no lo comparto porque yo no despedí a nadie ni formo parte de esa sociedad mercantil", aseguró ayer la directora general en contra de lo que sustancia el auto.

En sus respuestas a la prensa admitió dos únicos errores: no haberse presentado al juicio en el que figuraba como parte demandada y no recurrir la sentencia condenatoria que recibió cuando ya había estrenado despacho en la Xunta. Por todo lo anterior, la alto cargo de Traballo no ve necesario presentar la dimisión y negó también que alguien en el Gobierno se la hubiera pedido. "No me lo pidieron, la conselleira [Beatriz Mato] me ha demostrado estos días de muy diversas maneras toda su confianza".

¿Puso su cargo a disposición de la conselleira? "No", se limitó a señalar. Díaz López dejó sin responder si también se propone seguir en el cargo en el supuesto de que su petición de aclaración no sea atendida por el juez que dictó la condena.

Sí lamentó que el episodio lo aproveche la oposición como "arma arrojadiza para intentar desgastar a la Xunta", en referencia a la pregunta parlamentaria que el PSdeG hará el martes a la titular de Traballo en el pleno del Parlamento.

Desde que se destapó la condena a la directora general, el Partido Popular, por boca de Antonio Rodríguez Miranda, y la consellería de Traballo han ido alternando las versiones sobre este caso. Primero partido y Gobierno trataron de negar que la condena afectara a la alto cargo y desviaron las culpas haciala familia de Ana María Díaz López. Luego aseguraron que hubo una confusión de nombres en la redacción del fallo. El propio presidente, Alberto Núñez Feijóo, respaldó la semana pasada a la directora general si bien no descartó pedir más información a Traballo.

TRABALLO ESPERA QUE LA JUSTICIA "ACLARE" LA SENTENCIA QUE CONDENA A SU DIRECTORA

Mato avala la honestidad de la alto cargo que despidió a una mujer sin contrato

La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, aseguró ayer que tanto la Xunta como el PP esperan "una aclaración" de la sentencia que condena a la directora general de Formación e Colocación, Ana María Díaz López, por despido improcedente después de el juez considerase probado que fue la alto cargo de Traballo quien echó a una empleada que trabajaba sin contrato en un restaurante y un domicilio de su familia. La máxima autoridad en materia laboral del Gobierno gallego, confíó en que "dentro de poco habrá una aclaración para que toda la sociedad tengan confianza en esta persona". Mato volvió a poner la mano en el fuego por "la profesionalidad y honestidad de la directora general desde antes incluso de que se incorporara a la consellería".

La última versión de la Xunta -anticipada por el PP- es que el fallo judicial confunde a Ana María Díaz López con su madre, quien ni siquiera figura entre los demandados. Así lo aseguró el número tres del partido, Antonio Rodríguez Miranda, el viernes, quien apoyó su argumento en que entre ambas personas "sólo cambia un apellido". Miranda denunció además una "caza de brujas", sin apuntar quien estaría detrás de semejante operación. "No decimos que el juez se equivocó", matizó ayer la conselleira, quien pese a todo insistió en que esa aclaración debe llegar desde el juzgado.

Entretanto, la afectada, Ana María Díaz López, mantiene su silencio una semana después de que se conociera una sentencia que ya es firme al no haber sido recurrida por ninguna de las partes. Es precisamente la directora general condenada quien tiene la potestad de pedir al juez una aclaración si considera -como el PP y la propia Mato- que el juez confundió los nombres.

El fallo cita hasta tres veces explícitamente a Ana María Díaz López y en ningún momento alude a su madre. En los hechos probados menciona el trabajo que la denunciante desempeñaba en el domicilio del hermano de la alto cargo y certifica que "fue la hermana, quien la cesa en la relación laboral de empleada del hogar". La cita es textual, el juez habla de "la hermana" que sólo puede ser Ana María Díaz López.

La teoría sobre la confusión del juez es la última a la que se ha aferrado la consellería de Traballo. Al conocer el fallo, la Consellería de Traballo y el PP negaron primero que la sentencia condenase a su alto cargo y hicieron creer que sólo afectaba a una empresa de la que la alto cargo de la Xuta no formaba parte.

Dos días más tarde, la propia conselleira aceptó la condena de su directora general pero aludió a futuras sentencias que explicarían el caso. El PP llegó a hacer público otro fallo del juez sobre un caso distinto que condena a la familia de Díaz López por un segundo despido improcedente, pero que absuelve a la directora general, en esta ocasión porque la demanda se presentaba contra un despido en la empresa de la familia. Pese a que esta demandante, según quedó probado, también trabajaba como asistenta para Ana María Díaz López, el fallo sólo alude al fin de la relación laboral en el restaurante, que era el objeto de la denuncia.

En su comparecencia ante los medios, la conselleira, confirmó "la sorpresa" que se llevó al llegar al Gobierno y encontrar una factura de 42.651 euros que, tal y como publicó ayer La Voz de Galicia, correspondía a descargas de internet realizadas por la delegada de Traballo en A Coruña con el bipartito, María Debén. "Es una salvajada y una muestra más del despilfarro del bipartito como los coches y los despachos", criticó Mato.

El Partido Popular insistió ayer en su tenaz defensa de la directora general de Formación e Colocación, Ana María Díaz López, condenada por despido improcedente en sentencia firme. El portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, alegó, durante una rueda de prensa en Santiago, que el juez propició "una confusión de nombres entre la madre de la directora general y la propia directora general" en la redacción de la sentencia. El fallo judicial, en cambio, considera demostrado que fue la alto cargo de Traballo quien personalmente puso fin a la relación laboral de la mujer empleada sin contrato y sin estar asegurada en un restaurante y un domicilio familiar. La madre de la directora general no figura, ni siquiera, como parte demandada en la denuncia que presentó la trabajadora.

"Sólo hace falta cambiar el orden de un apellido para que se dé esta confusión", insistió Miranda, quien todavía el miércoles había argumentado que la directora general de Traballo condenada no tenía "vínculo jurídico" con la empresa para la que trabajaba la empleada despedida, un bar propiedad de una sociedad registrada a nombre del padre y el hermano de la directora general, en cuya casa la mujer trabajaba también como empleada del hogar.

El portavoz del PP omitió, sin embargo, que la sentencia se refiere literalmente a Díaz López como "hermana" del responsable de la sociedad y la considera titular de la relación empresarial con la asistenta, puesto que fue la alto cargo de la Xunta quien la despidió verbalmente.

Miranda sacó a colación una segunda demanda por despido improcedente contra Díaz López, presentada por la hija de la primera demandante, y que en este caso sí absuelve a la directora de Colocación. En este caso, la empleada compaginaba el trabajo en el bar con la limpieza de la casa de Díaz López. El número tres del PP gallego entiende que esta segunda sentencia exime de responsabilidad a la alto cargo de Traballo por el primer caso, si bien el juez fundamenta esta absolución, que parte de una demanda distinta, en que la denuncia sólo alude al trabajo en el bar, y no al empleo en casa de la directora general.

La primera sentencia condenatoria la recibió Díaz López el 15 de junio, una semana después de tomar posesión de su cargo en la Xunta. Miranda alegó ayer que la alto cargol no recurrió porque "la empresa" acató la sentencia para "dar carpetazo al asunto".

El sindicato CIG que prestó asesoría legal a las dos trabajadoras, exig, que la Consellería de Traballo informe del expediente sancionador contra Díaz López al que insta el juez en la primera sentencia. El portavoz de la central nacionalista en Ferrol, Francisco Cartelle, se pregunta si será la propia directora general la que, de acuerdo con sus competencias, se encargue de resolverlo, "para continuar con esta situación surrealista".

El PSdeG elevó ayer el tiro y anunció que promoverá la reprobación de la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, en el Parlamento si no destituye de forma fulminante a la directora de Formación e Colocación de la Xunta, Ana María Díaz López. Esta alto cargo de la Xunta fue condenada por despido improcedente en una sentencia que prueba que fue ella misma quien echó a una mujer empleada sin contrato y sin estar dada de alta en la Seguridad Social como cocinera y asistenta en un bar y en un domicilio de su familia.

El diputado socialista José Tomé Roca instó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, a terciar "en este escándalo" y cumplir con la "regeneración democrática de la que tanto alardea". El parlamentario exigió la comparecencia de Mato en la Cámara para que explique "por qué considera honesta a una persona que vulnera los derechos de los trabajadores". Tomé defendió que Díaz López, está "inhabilitada" para hacer cumplir la ley y se preguntó qué ejemplo quiere dar la Xunta a los empresarios. Traballo volvió a defender la "honorabilidad" de su directora general y Comisiones Obreras, como ya había hecho CIG, exigió a Díaz López su renuncia al cargo.

Seis días de falsedades y tergiversaciones interesadas para mantener en su puesto a la directora general de Formación e Colocación de la Xunta, Ana María Díaz López, a quien el Juzgado de lo Social número 2 de Ferrol ha condenado por despido improcedente. La Consellería de Traballo -primero a través de un comunicado y luego por boca de su titular, Beatriz Mato- y el PP han intentado durante la última semana manipular una sentencia firmada por el magistrado Eloy Hernández Lafuente, que considera probado que fue la alto cargo de la Xunta quien despidió a una mujer que trabajaba sin contrato y sin estar dada de alta en la Seguridad Social, en un restaurante y en un domicilio de su familia.

En el último intento por falsear la realidad, el portavoz del PP, Antonio Rodríguez Miranda, aseguró ayer que "la sentencia afecta a una sociedad de la que esta mujer [Ana María Díaz López] ya no forma parte". "No sabemos", añadió Miranda, "qué responsabilidad tiene y por eso defenderemos su honorabilidad". El número 3 del PP gallego fue más allá y denunció "intereses por incriminar a esa mujer en una empresa con la que no tiene vínculo jurídico". El portavoz del PP invitó de paso a la prensa a comprobar esto último en el registro mercantil.

No es necesario. El auto del juez, con fecha 15 de mayo, es claro y no sólo culpa a la sociedad civil que gestiona el restaurante donde se empleaba la mujer, tal y como defiende Miranda, también condena de forma solidaria a las tres personas físicas: Ana María Díaz López, su padre y su hermano. A la alto cargo de Traballo, el juez le atribuye la "titularidad empresarial sobre la empleada del hogar", por haber sido ella, según se probó en el juicio, quien despedió verbalmente a la mujer.

En los fundamentos de derecho, el auto vuelve a citar explícitamente a Ana María Díaz López como "una de las tres personas físicas que crearon la confusión jurídica y material de esas dos relaciones laborales [en el restaurante como cocinera y el domicilio familiar como asistenta] siendo beneficiarios y organizadores de ambas".

El empeño del PP y de la Consellería de Traballo por embrollar el auto, llevó a la titular de este departamento, Beatriz Mato, a anunciar que nuevas sentencias ayudarían a explicar el caso. Lo único cierto es que el auto judicial es firme, dado que ni la directora general, ni ninguna otra de las partes ha recurrido la sentencia en los cinco días de plazo abierto por el juez. Entretanto, Díaz López sigue desempeñando un cargo entre cuyas funciones figura, según la web de la Xunta, velar por "el cumplimiento de las obligaciones de empresarios y trabajadores y la potestad sancionadora en las materias relativas al empleo y desempleo".

Mucho más que una defensa cerrada de un alto cargo a quien nombró hace unas cuantas semanas. La conselleira de Traballo, Beatriz Mato, no sólo respaldó ayer la continuidad en su puesto de la directora general de Formación e Colocación, Ana María Díaz López, a quien el juzgado de lo Social número 2 de Ferrol acaba de condenar por despido improcedente.

El juez considera probado que fue la propia directora general de Traballo quien dio la orden de echar a una empleada que trabajaba -sin contrato y sin estar dada de alta en la Seguridad Social- en un domicilio y un restaurante de la familia. La sentencia, que no ha sido recurrida por ninguna de las partes, es firme. Pero insuficiente para la máxima responsable en materia laboral del Gobierno gallego. Con solemnísimo gesto, Beatriz Mato proclamó ayer su "plena confianza en la honestidad de esta persona [Ana María Díaz López] y en su responsabilidad no sólo desde que es directora de Formación, sino incluso antes". La conselleira quiso respaldar así el papel que el alto cargo de la Xunta desempeñó en sus negocios familiares. "Sé que no hubo ninguna relación contractual entre esta persona y la demandante", concluyó.

En ese extremo Mato coincide con la sentencia que condena precisamente al alto cargo de Traballo y a la sociedad civil que integran su padre y su hermano, por no haber firmado ningún contrato ni haber dado de alta en la Seguridad Social a una mujer que, según se probó con fotografías y testimonios, trabajaba por horas como cocinera en el restaurante y completaba la jornada de asistenta en un domicilio de la familia.

Pese a los reiterados intentos de la Xunta desde la semana pasada para enmarañar una decisión judicial firme, el auto es contundente y condena de forma solidaria a Ana María Díaz López por ser ella "quien cesa [a la trabajadora] en la relación laboral de empleada del hogar". También acusa a la directora general de Traballo, junto al resto de personas físicas y la sociedad civil, de "crear confusión jurídica y material de esas dos relaciones laborales siendo beneficiarios y organizadores de ambas".

La claridad del fallo no impidió que Mato cerrase el intento de exculpar a su colaboradora con un anuncio trascendente: "Sé que esta afirmación que estoy haciendo en breve será una afirmación compartida por toda la ciudadanía". No explicó cómo ni por qué, dado que contra el auto no cabe recurso ante ninguna instancia judicial. Sorprendentemente, la conselleira anunció que "habrá otras sentencias que servirán para aclarar esta".

Ayer mismo el sindicato CIG adelantó que hay otras dos trabajadoras que han interpuesto demandas en los juzgados contra la misma alto cargo de la Xunta al que reclaman por "impago de salarios". La central nacionalista recordó además que, el pasado miércoles, la responsable de Formación y Colocación en el Gobierno gallego incumplió "su obligación legal" de acudir al acto de conciliación que como demandada tenía en el Servicio de Mediación Arbitraje y Conciliación que depende de Traballo.

La denuncia, añade el sindicato nacionalista, es de una de estas dos trabajadoras, que también prestó servicios como empleada del hogar en casa de Ana María Díaz López, al tiempo que servía en la cocina del restaurante de su padre y hermano. Todo, como en el caso de la primera denuncia, sin estar contratada ni dada de alta en la Seguridad Social. También en este caso su despido fue declarado nulo.

CIG amplió ayer la exigencia de responsabilidades y, después de escuchar las explicaciones de Beatriz Mato, exigió también su dimisión como conselleira de Traballo por haber respaldado a su subordinada. "No son las personas más indicadas para defender el cumplimiento de la ley", subraya el comunicado de la central nacionalista, que pide la intervención del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, para que aplique su prometida "regeneración democrática". La semana pasada también el PSOE reclamó el cese de la directora general de Formación e Colocación de la Xunta.

LA 'NÚMERO DOS' DE MATO EXIGIÓ DIMISIONES POR UN CASO SIMILAR EN VICEPRESIDENCIA

ra fila del Museo Pedagóxico de Galicia, la secretaria general de Familia e Benestar, Susana López Abella, ni siquiera pestañeó ayer cuando la conselleira de Traballo, Beatriz Mato, respaldó la continuidad de la directora general de Colocación e Formación de la Xunta. Ana María Díaz López, condenada por despido improcedente y a quien el juez atribuye en la sentencia el despido de una trabajadora sin contrato y que no estaba dada de alta en la Seguridad Social, seguirá así en su puesto.

Preguntada por el caso concreto, López Abella prefirió mantener silencio y aferrarse a las palabras de su jefa en la Xunta. "Ha hablado la conselleira y no tengo nada que añadir", respondió a este periódico. La actual número dos de Traballo no siempre fue tan indulgente con los altos cargos de la Xunta. Ella misma, como portavoz de servicios sociales del PP en el Parlamento, exigió durante la pasada legislatura la dimisión de Antón Losada -entonces secretario general de Relacións Institucionais- a quien acusó sin pruebas de tener una empleada de hogar trabajando en casa sin contrato. En aquel momento, marzo de 2007, no medió sentencia alguna, ni siquiera hubo denuncia, lo que no impidió a López Abella reclamar insistentemente la dimisión de Losada.

"Estamos ante una situación que por grotesca no deja de ser muy grave", insistió entonces la diputada del PP, que además promovió una iniciativa parlamentaria en defensa de las asistentas del hogar. "No se entiende", añadía López Abella, "que se ponga el zorro a cuidar de las gallinas".

Su acusación, de la que se hicieron eco algunos medios a la derecha del PP, propició que Losada acusase a esta formación de ser un "partido basura, con portavoces basura que practica la política basura". Losada explicó que la empleada sólo acudía a su casa cuatro horas diarias y que por tanto no tenía ninguna obligación legal de hacerle contrato. López Abella negó ayer que hubiese relajado sus exigencias sobre la ética en el desempeño de los cargos públicos.