El caso de Zamora
Los acontecimientos del caso Zamora también se inician con las elecciones municipales de 1987. En ellas obtienen la mayoría en la Diputación provincial el PSOE y el CDS, que tenían un pacto de gobierno mutuo. El Partido no obstante obtiene la Presidencia de la Diputación- dicen- que "comprando" a un tránsfuga del PSOE, José Luis Antorrena, elegido en una lista alternativa a la presentada por la Ejecutiva de Zamora, y para consolidar su situación en la Diputación Provincial se lanza a una política de adjudicaciones de obras a empresarios amigos por procedimientos como mínimo irregulares, y de contrataciones masivas de familiares y afiliados del PP. Presuntamente parte de la financiación obtenida por las adjudicaciones pudo servir para financiar la compra del voto del tránsfuga. Es de destacar que el "regenerador" de SE no hizo ninguna crítica, sino que amparó y protegió la compraventa de la Diputación de Zamora.
El problema surge cuándo en 1997 el Presidente de la Diputación Provincial de Zamora, un tal Antolín Martín, enfrentado a la mayoría del Partido de Zamora y apoyado en ASAJA, destituye a dos vicepresidentes del ala oficial del Partido, y escinde al Grupo Popular en la Diputación. Para legitimar su actitud denuncia a los antiguos responsables, y busca apoyo en algunos de los constructores perjudicados, uno de los cuales en particular denuncia que ha pagado comisiones directamente al propio Aznar (Eduardo Corrales).
Al hilo de esta situación, se constituye en la Diputación Provincial de Zamora una Comisión de investigación que aflora numerosas irregularidades : adjudicaciones a dedo, sin publicidad, casi siempre a favor de los mismos constructores, con oficios "en blanco" para ser rellenados con posterioridad a la realización de las obras, reformados dudosos, etc. La denuncia de Corrales mientras tanto comienza a tramitarse por un juzgado de Zamora por parte de la Fiscalía de Zamora con apoyo de la fiscalía Anticorrupción y se han ido incorporado al procedimiento denuncias anteriores archivadas en su día (un ex-vicepresidente de la Diputación afirmó haber cobrado comisiones para el PP y luego se retractó). El dato más significativo de todas las contrataciones de obras "bajo sospecha" está en la coincidencia de promotores que coinciden siempre con el mismo perfil: militantes del Partido (muchos con gran influencia en el partido), empresarios bien relacionados con el gobierno regional y con gran influencia en las decisiones del Partido provincial.
Iniciadas las diligencias, con la astucia que nos caracteriza maniobramos en la oscuridad para encubrir el asunto, consiguiendo que los diputados que apoyaban a Antolín vuelvan a la disciplina del partido y le destituyan. La Comisión de investigación se cierra en la Diputación Provincial. Por su parte el Partido realiza una investigación cara a la galería exculpatoria, y se intenta echar tierra al proceso. No obstante, las investigaciones judiciales siguieron su curso. Por su parte el Grupo Socialista de la Diputación presentó una querella que afecta a varios parlamentarios nacionales del PP que en vista del éxito y ante la hipótesis nada descartable de tener que declarar " voluntariamente " decidieron dimitir de sus escaños del Congreso y Senado .Gracias a esta hábil maniobra, el asuntillo ha vuelto al Juzgado de Zamora. En esa estamos. Veremos dijo un ciego.
