NOTICIAS DE LOS GENOVESES VALENCIANOS
2007
ÍNDICE
1. EL FISCAL INVESTIGA LA RELACIONES ENTRE LAS TRAMAS DE FACTURAS FALSAS DE TERRA MÍTICA (04/01/07)
2. LOS ZAPLANISTAS TRASLADAN SU PULSO CON LOS CAMPISTAS AL CONSEJO DE LA CAM (04/01/07)
3. EL JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE ORIHUELA POR EL CASO DE LAS FACTURAS FALSAS (05/01/07)
4. EL ALCALDE DE VILA-REAL (PP) FIRMA RESOLUCIONES PESE A SU INHABILITACIÓN (10/01/07)
5. LA FIRMA QUE VENDIÓ LA FINCA AL ALCALDE DE TORREVIEJA (PP) EXIGE 41 MILLONES AL CONSISTORIO (11/01/07)
6. FAMILIARES DEL RESPONSABLE DE URBANISMO MULTIPLICAN POR 10 SU INVERSIÓN EN UNOS TERRENOS (14/01/07)
7. EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE LAS CASAS QUE OCUPAN LOS HIJOS DE DÍAZ ALPERI (16/01/07)
8. EL ALCALDE DE VILA-REAL DIMITE 50 DÍAS DESPUÉS DE SER CONDENADO POR PREVARICACIÓN (16/01/07)
9. ARCHIVADA LA QUERELLA DE ZAPLANA CONTRA LOS DIPUTADOS QUE LE IMPLICARON EN EL PRESUNTO COBRO DE COMISIONES (17/01/07)
10. LA RUEDA DE PRENSA MÁS CARA DEL MUNDO (19/01/07)
11. EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN (PP), EL INEFABLE FABRA, PASA FACTURA A CAMPS (21/01/07)
12. EL ALCALDE DE BURRIANA (PP) NIEGA TENER CUENTAS EN ANDORRA Y NO SABE SI SU ESPOSA POSEE ALGUNA (25/01/07)
13. MEDINA ADJUDICA EN LA COSTA DE ORIHUELA (PP) 1.000 VIVIENDAS A UN PROMOTOR AFÍN AL PP (26/01/07)
14. EL CONSELL SIGUE SIN RENDIR CUENTAS MEDIO AÑO DESPUÉS DE LA VISITA DEL PAPA (29/01/07)
15. LA AUDIENCIA RESUELVE QUE EL "CASO IVEX" NO HA PRESCRITO (02/02/07)
16. EL EX MINISTRO DEL PP JUAN COSTA DECLARA "NO RECORDAR" SU REUNIÓN CON FABRA (03/02/07)
17. EL ALCALDE DE ALMORADÍ (PP) ACHACA LA DELINCUENCIA A LA INMIGRACIÓN (07/02/07)
18. UNA SOCIEDAD DE LA GENERALITAT PAGÓ LOS SOBRECOSTES ILEGALES DE TERRA MÍTICA (09/02/07)
19. EL CONTRATISTA VINCULADO A ZAPLANA CENTRA LA INVESTIGACIÓN (09/02/07)
20. LA CONSEJERA DE PARTICIPACIÓN RECUERDA QUE CAMPS Y RAMBLA CONOCÍAN "EL DÍA A DÍA" DE TERRA MÍTICA (15/02/07)
21. LA CONSEJERA DE PARTICIPACIÓN RECUERDA QUE CAMPS Y RAMBLA CONOCÍAN "EL DÍA A DÍA" DE TERRA MÍTICA (15/02/07)
22. LOS HIJOS DEL EDIL DE URBANISMO DE ALTEA VENDEN PISOS DE UNA PROMOCIÓN A LA QUE DIO LUZ VERDE (16/02/07)
23. ALTEA VENDE Y DESPUÉS RECOMPRA UNA FINCA A UNA FUNDACIÓN PRÓXIMA AL PP (19/02/07)
24. LOS RECTORES SE QUEJAN AL CONSELL POR EL TRATO A FAVOR DE LA FACULTAD CATÓLICA DE MEDICINA (22/02/07)
25. EL SUPREMO PONE FIN AL INTENTO DEL PP DE PRIVATIZAR LA TELEVISIÓN PÚBLICA VALENCIANA (20/02/07)
26. PIDEN AL PP MEDIDAS URGENTES ANTE LOS EMPADRONAMIENTOS "FRAUDULENTOS" EN CASTELLÓN (20/02/07)
27. ALPERI PAGA 32.770 EUROS PARA PRESCINDIR DEL RESPONSABLE DE REVISAR EL PGOU DE ALICANTE (20/02/07)
28. LOS ZAPLANISTAS LUCHAN POR SOBREVIVIR (22/02/07)
29. CAMPS DESCALIFICA A LOS EURODIPUTADOS QUE INSPECCIONARÁN EL URBANISMO VALENCIANO (23/02/07)
30. LLEVAN AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO LA ALTERACIÓN DEL CENSO EN CASTELLÓN (24/02/07)
31. EL CONSELL NIEGA INFORMACIÓN Y EXPEDIENTES SOBRE SUBVENCIONES A ENTIDADES AFINES AL PP (26/02/07)
32. RIPOLL DICE QUE SUS DISCULPAS IBAN DIRIGIDAS A LOS AFILIADOS DEL PARTIDO POPULAR Y NO A CAMPS O ALPERI (27/02/07)
33. ABUSOS URBANÍSTICOS JUSTIFICA EL VIAJE DE LOS EUROPARLAMENTARIOS EN EL ALUVIÓN DE QUEJAS (28/02/08)
34 DIPUTADOS DEL PP COBRAN EN UN DÍA MÁS DE 1.100 € (28/02/07)
35. TERRA MÍTICA. "OCULTABAN FACTURAS EN UN CAJÓN BAJO LLAVE"(02/03/07)
36. LOS CENSOS 'HINCHADOS' SON CLAVES PARA EL FUTURO DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN (03/03/07)
37. LA JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE RIBA-ROJA Y A UN EMPRESARIO POR DELITO DE COHECHO (07/03/07)
38. EL CONSELL ADJUDICÓ EL HOSPITAL DE LLÍRIA AL MISMO EMPRESARIO AL QUE OTORGÓ 13 LICENCIAS DE TV DIGITAL (07/03/07)
39. EL FISCAL DE CASTELLÓN DESTACA LA PROLIFERACIÓN DE DENUNCIAS URBANÍSTICAS 10.03.07
40. UNA EDIL DEL PP DE BURRIANA DEJA EL CARGO POR LA ACTITUD "CACIQUIL" DE LA DIRECCIÓN 10.03.07
41. EL ALCALDE DE ORIHUELA NOMBRA A UN MAGISTRADO CABALLERO CUBIERTO (15/03/07)
42. ANTICORRUPCIÓN PIDE A HACIENDA LOS DATOS DEL PATRIMONIO DEL ALCALDE DE TORREVIEJA (16/03/07)
43. UN CONCEJAL DEL PP COMPRA SUELO UN AÑO ANTES DE ANUNCIARSE SU RECALIFICACIÓN (08/03/07)
44. LA EDIL DE HACIENDA DE ORIHUELA IGNORA EL 'AGUJERO' DE 10 MILLONES (08/03/07)
45. EL ALCALDE DE BENIDORM (PP) VOTÓ EN UN PAI EN EL QUE TIENE INTERESES (19/03/07)
46.. EL EX INTERVENTOR DE ORIHUELA ASEGURA QUE AVISÓ A UNA CONCEJALA DEL PP DE POSIBLES ANOMALÍAS (22/03/07)
47. CAMPS CONCEDE LA FACULTAD DE MEDICINA A LA CATÓLICA EN CONTRA DE LOS RECTORES (17/03/07)
48. RAMBLA JUSTIFICA LA FACULTAD CATÓLICA DE MEDICINA PORQUE "NO CUESTA DINERO" (24/03/07)
49. LOS RESPONSABLES DEL URBANISMO DE ALTEA TIENEN NEGOCIOS EN PROYECTOS QUE AUTORIZAN (26/03/07)
50. LOS EURODIPUTADOS CONSTATAN UNA FALTA DE VOLUNTAD POLÍTICA PARA LUCHAR CONTRA LOS ABUSOS URBANÍSTICOS (28/03/07)
51. BLASCO SE RESERVA PARA PUBLICIDAD EL EQUIVALENTE AL COSTE DE DOS CENTROS DE SALUD (28/03/07)
52. EL PP TACHA DE "PANFLETO" EL INFORME DE LOS EURODIPUTADOS (29/03/07)
53. LOS DISPENDIOS DE EDUARDO ZAPLANA (01/04/07)
54. LA TESORERÍA GENERAL CONCLUYE QUE 13 FIRMAS FALSAS COBRARON A TERRA MÍTICA (03/04/07)
55. CARGOS DEL PP DE CASTELLÓN BAJO EL RETRATO DE FRANCO (05/04/07)
56. LOS SOCIALISTAS DENUNCIAN UN DOCUMENTO DEL PP QUE INSTA A CANAL 9 A "HACER RUIDO" CONTRA LA OPOSICIÓN (08/04/07)
57. FABRA IRÁ EN LA LISTA DE CASTELLÓ PESE A LAS IMPUTACIONES (11/04/07)
58. UNA EX EDIL DEL PP ACUSA AL PARTIDO DE PLEGARSE AL INTERÉS DE LOS PROMOTORES (12/04/07)
59. RAJOY INTERVIENE PARA EVITAR QUE LA PUGNA POR LA LISTAS ENTRE CAMPS Y RIPOLL ROMPA EL PP (13/04/07)
60. EL ALCALDE DE BENIDORM GASTA 165.00 € AL AÑO EN ASESORES SIN COMPETENCIAS NI DESPACHO (16/04/07)
61. CAMPS BARRE A LOS ZAPLANISTAS, PREMIA A SUS AFINES Y PACTA CON FABRA EN CASTELLÓ (17/04/07)
62. CAMPS RELEGA AL DIPUTADO QUE REVELÓ SU HOMOSEXUALIDAD (17/04/07)
63. ALPERI ADJUDICA A ORTIZ EL ESTADIO DEL RICO PÉREZ POR 7,8 MILLONES (17/04/07)
64. ZAPLANA LANZA UN AVISO A CAMPS Y DE ESPAÑA INSINÚA QUE EN POLÍTICA EL ENEMIGO ESTÁ EN CASA (18/04/07)
65. LA FISCALÍA INVESTIGA CENSOS INFLADOS EN PUEBLOS DE CASTELLÓN CLAVES PARA LA REELECCIÓN DE FABRA (19/04/07)
66. EL CONSELL DA VÍA LIBRE AL 'PELOTAZO' DE MESTALLA Y A 11.459 PISOS EN CATARROJA (21/04/07)
67. CAOS URBANÍSTICO Y ALCALDE IMPUTADO EN EL PARADIGMA DE CIUDAD SOSTENIBLE DE CAMPS (25/04/07)
68. EL PP LOGRA VETAR UN VÍDEO CRÍTICO CON EL GOBIERNO VALENCIANO (27/04/07)
69. EL PP BLOQUEARÁ CASOS DE CORRUPCIÓN AL HACER PARLAMENTARIOS A DOS IMPUTADOS (29/04/07)
70. DENUNCIA DE IRREGULARIDES EN LA CONTRATA DE BASURA DE TORREVIEJA (30/04/07)
71. LA FISCALÍA ABRE DILIGENCIAS SOBRE EL CENSO INFLADO DE DOS AGUAS (03/05/07)
72. EL SUPREMO CONDENA A BARBERÁ POR NO DESTINAR A VPO UNA VENTA DE SUELO (03/05/07)
73. UNA EDIL DEL PP DE ARGELITA DICE QUE PRESENTARON 31 ALTAS AL PADRÓN PARA GANAR LA ALCALDÍA (04/05/07)
74. UN AMIGO DEL ALCALDE DE L'ALFÀS COMPRÓ SUELO EN PARALELO AL TRÁMITE DEL PGOU (04/05/07)
75. ARRESTADO UN JOVEN AL QUE DENUNCIÓ EL ALCALDE DE CALP POR CRITICARLO EN UNA WEB (05/05/07)
76. TRÁNSFUGAS CON URBANISMO AL FONDO (06/05/07)
77. EL CONSELL DA 448.000 € A LA FUNDACIÓN HUMANISMO Y DEMOCRACIA, VINCULADA AL PP (08/05/07)
78. FABRA TACHA DE "PAYASADA" LA DENUNCIA DE LOS CENSOS Y UN EDIL LE LLAMA "CHORIZO" (10/05/07)
79. EL PATRÓN DE LA F-1 VINCULA EL GRAN PREMIO DE VALENCIA A LA VICTORIA ELECTORAL DEL PP (11/05/07)
80. EL YERNO DE AZNAR, EN LOS BOXES DEL AUTOMOVILISMO (11/05/07)
81. RAJOY AVALA EL CHANTAJE DE LA FÓRMULA 1 EN VALENCIA (12/05/07)
82. LA JUEZ AUTORIZA QUE SE INVESTIGUEN CUENTAS Y CAJAS DE SEGURIDAD DE FABRA Y SU FAMILIA (17/05/07)
83. EL LÍDER DEL PP EN CASTELLÓN, IMPUTADO POR DELITO FISCAL, CUADRUPLICA SU PATRIMONIO EN CINCO AÑOS
84. CASTELLÓ AVALA EL EMPADRONAMIENTO DE 117 RUMANOS CON DERECHO A VOTO EN CÁRITAS (17/05/07)
85. LAS EMPRESAS DEL CUÑADO DE UN EDIL DE CALP LOGRARON SUBCONTRATAS POR SEIS MILLONES (17/05/07)
86. FABRA COBRÓ 841.000 € POR ASESORAR A EMPRESAS SIENDO PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN (19/05/07)
87. EL 'NÚMERO DOS' DE FABRA ACAPARA FINCAS SIN REGISTRAR QUE LE DONARON VECINOS DEL PUEBLO EN EL QUE GOBIERNA (22/05/07)
88. EL ALCALDE DE VALL D'ALBA VENDIÓ POR MÁS DE 150.000 € UNA FINCA DONADA (21/05/07)
89. UN JUEZ ANULA UN PAI EN XIXONA CON 5.500 CASAS POR SER CONTRARIO AL INTERÉS GENERAL (24/05/07)
90. FABRA GASTÓ EN 2004 EL DOBLE EN PAGAR PRÉSTAMOS DE LO QUE INGRESÓ (24/05/07)
91. LA VICTORIA EN TRES PUEBLOS DE CASTELLÓ CON CENSOS INFLADOS SE DECIDIÓ POR ESCASO MARGEN (30/05/07)
92. UNA JUEZ CONDENA AL AYUNTAMIENTO DE ALICANTE POR TRATO DE FAVOR A ORTIZ EN UNA CONTRATA (06/06/07)
93. TORREVIEJA APRUEBA 1,2 MILLONES EN FACTURAS FUERA DEL PRESUPUESTO (06/06/07)
94. EL EDIL ENCARCELADO POR CORRUPCIÓN DEJA EN EVIDENCIA AL PP AL NO RENUNCIAR AL CARGO (07/06/07)
95. EL ALCALDE DE LA VILA RECONOCE QUE HA EJERCIDO DE MÉDICO SIN TÍTULO Y DIMITE (08/06/07)
96. EL ALCALDE SALIENTE DE ORIHUELA TRATA DE APROBAR PAGOS PENDIENTES A FENOLL ANTES DE MARCHARSE (08/06/07)
97. DETENIDO POR EXTORSIÓN UN INDUSTRIAL DE ALICANTE AFÍN AL PP (31/05/07)
98. EL JUEZ IMPUTA A FENOLL, SU HIJO Y EL EDIL DEL PP UN POSIBLE DELITO ELECTORAL (11/06/07)
99. EL TSJ ANULA EL PLAN GENERAL FORESTAL EN EL QUE SE APOYAN DECENAS DE PLANES URBANÍSTICOS (11/06/07)
100. EL AUDITORIO DE MÉXICO AVALA CON DOCUMENTOS QUE EL IVEX PAGÓ 1,8 MILLONES EN
101. TABARES VIVE Y TRABAJA EN TOKIO MIENTRAS LA POLICÍA LE BUSCA PARA QUE INGRESE EN PRISIÓN (14/06/07)
102. EL ALCALDE DE LA VILA INCURRIÓ EN FALTA AL ATRIBUIRSE EL TÍTULO DE MÉDICO (14/06/07)
103. CRISIS EN SANIDAD AL NEGARSE UN DIRECTOR GENERAL A AVALAR CONCURSOS DE BLASCO (17/06/07)
104. VÍCTIMAS DEL METRO PIDEN QUE EL CONSELL RESPONDA DE UN DELITO CONTRA LA SEGURIDAD (18/06/07)
105. EL EX ALCALDE DE LA VILA ADMITE AL FISCAL QUE NO ES MÉDICO (19/06/07)
106. UN EMPRESARIO ADMITE AL JUEZ QUE FACTURAS DE SU EMPRESA EN TERRA MÍTICA SON
107. EL JUEZ TRAMITA EL ENVÍO AL TSJ DEL 'CASO ALPERI' POR TRATO DE FAVOR A ORTIZ (20/06/07)
108. LA ESPOSA DEL EX ALCALDE DE BURRIANA TIENE CUENTAS EN ANDORRA (20/06/07)
109. EL SUPREMO AFIRMA QUE EL ALCALDE DE VILA-REAL NO MERECE EL INDULTO (26/06/07)
110. LA POLICÍA COPIA LAS CINTAS QUE IMPLICAN A ZAPLANA EN COBRO DE COMISIONES (27/06/07)
111. GREENPEACE DENUNCIA LOS PLANES PARA EDIFICAR 466.000 VIVIENDAS EN EL LITORAL VALENCIANO (27/06/07)
112. LA PENÚLTIMA ADVERTENCIA DE BRUSELAS (27/06/07)
113. UNA IGLESIA PARA 'LOS MÁRTIRES DEL 36'(02/07/07)
114. EL POPULAR COTINO REDUCE EN VALENCIA LAS AYUDAS A LOS ENFERMOS MENTALES (05/07/07)
115. LA ALCALDESA DE ORIHUELA COBRARÁ 60.000 € Y TENDRÁ 20 ASESORES (05/07/07)
116. UN EX EDIL DE LA VILA DECLARA QUE FUE EL PARTIDO EL QUE LES DIJO QUE LLORCA ERA MÉDICO (05/07/07)
117. EL EX ALCALDE MURO ACEPTA UNA MULTA DE 600 € POR PREVARICACIÓN (05/07/07)
118. LA FISCALÍA PIDE LA LOCALIZACIÓN DE TABARES Y MÁS DATOS A MÉXICO SOBRE EL 'CASO IVEX' (07/07/07)
119. CALP AFRONTA UNA DEUDA DE 60 MILLONES TRAS 12 AÑOS CON EL PP (10/07/07)
120. EL PP RECHAZA DE NUEVO HACER PÚBLICOS LOS BIENES DE LOS DIPUTADOS (12/07/07)
121. UN EDIL DEL PP IMPUTADO POR EXTORSIÓN NO ASUME EL CARGO (12/07/07)
122. CAMPS Y SU GOBIERNO ARROPAN A FABRA EN SU TOMA DE POSESIÓN EN LA DIPUTACIÓN (13/07/07)
123. RIPOLL LLEGA A LA DIPUTACIÓN ARROPADO POR ZAPLANA Y PIDE LA "COMPAÑÍA" DE
124. EL PP VALENCIANO HACE SENADORA TERRITORIAL A UNA DE LAS HIJAS DE FABRA (17/07/07)
125. EL CONSTITUCIONAL RECHAZA EL RECURSO DE VALENCIA CONTRA EL ESTATUTO ANDALUZ (17/07/07)
126. RUS PROPONE "CORTAR LA MANO" A QUIEN LA META EN LA CAJA (17/07/07)
127. ANDREA FABRA: LA FAMILIA Y UNA MÁS (18/07/07)
128. INSTRUCCIÓN JUDICIAL EN VÍA MUERTA CON IMPUTADOS DEL PP (25/07/07)
129. IMPUTADAS OTRAS DOS EX ALTOS CARGOS DEL PP POR TRÁFICO DE INFLUENCIAS EN EL 'CASO FABRA' (25/07/07)
130. EL PP MANTIENE EN EL GOBIERNO VALENCIANO A UN FUGITIVO DE LA LEY (26/07/07)
131. EL LÍDER EN CASTELLÓN DE LAS JUVENTUDES DEL PP ARREMETE CONTRA FABRA Y DIMITE (27/07/07)
132. CALP HARÁ UNA AUDITORÍA PARA ESCLARECER LA DEUDA DE 60 MILLONES (28/07/07)
133. CAMPS PONE TRABAS A LA DESALADORA DE TORREVIEJA TRAS PERDER EN EL CONSTITUCIONAL (29/07/07)
134. "HAY 40 MILLONES DE EUROS EN OBRAS QUE NO CORRESPONDEN A NINGÚN CONTRATO" (03/08/07)
135. TERRA MÍTICA, UN PARQUE DE ATRACCIONES ENTRE LA RUINA ECONÓMICA Y LAS SOSPECHAS DE CORRUPCIÓN (03/08/07)
136. JULIO IGLESIAS COBRÓ DOS VECES EL CONCIERTO DEL IVEX EN MÉXICO (08/08/07)
137. LA POLICÍA DETIENE EN PARÍS A LAGIER, UNO DE LOS CONDENADOS POR EL CASO IVEX (10/08/07)
138. EL ALCALDE DE TORREVIEJA ADJUDICA POR DECRETO TRES OBRAS A LA FIRMA QUE LE COMPRÓ UNA FINCA (10/08/07)
139. EL TSJ DECLARA ILEGALES LAS OBRAS DEL NUEVO EDIFICIO DEL AYUNTAMIENTO DE CALP (25/08/07)
140. EL CONSELL RECURRE LA LEY DEL SUELO EN SINTONÍA CON ESPERANZA AGUIRRE Y EL PP (01/09/07)
141. COMUNIDAD VALENCIANA LA SECRETARIA DE VILAR DICE QUE EL CHÓFER DE FABRA RECOGÍA "SOBRES" (06/09/07)
142. IMPUTADOS POR PREVARICACIÓN SEIS EDILES Y EL DUEÑO DE MARINA D'OR (09/09/07)
143. ZAPLANA SE CONVIERTE EN UN "PROBLEMA" PARA RAJOY AL NEGARSE CAMPS A QUE
144. LA CAÍDA DE CARGOS ZAPLANISTAS OBLIGA A RIPOLL A DARLES COBIJO EN LA DIPUTACIÓN (10/09/07)
145. EL EX ALCALDE DE LA VILA JOIOSA GASTÓ 9.500 EUROS EN REGALOS NUEVE DÍAS ANTES
146. MALUENDA Y CASTELLANO VIAJARON A SUECIA A VER AL VALENCIA CF EN 2004 PAGADOS
147. EL CONSELL DEFENDIÓ CON AZNAR QUE NO HACÍA FALTA LA TRANSFERENCIA DE CERCANÍAS SINO MEJORAR EL TREN (18/09/07)
148. ABOGACÍA DEL ESTADO CALCULA EN 4,5 MILLONES DE EUROS EL DINERO DEFRAUDADO A HACIENDA EN EL 'CASO TERRAMÍTICA' (19/09/07)
149. EL PP APRUEBA 2.500 CASAS EN ORIHUELA PENDIENTES DE LA DESALADORA QUE BOICOTEA (19/09/07)
150. EL JUEZ DEL CASO DE LOS APARCAMIENTOS EN EL QUE ESTÁ IMPUTADO ALPERI VE INDICIOS DE DELITO (20/09/07)
151. EL AYUNTAMIENTO DE ORIHUELA... ¡DEL PP Y SIN BANDERA! (21/09/07)
152. BENIDORM ADJUDICA LA ZONA AZUL A UNA EMPRESA DE UN EX EDIL DEL PP (21/09/07)
153. UN IMPUTADO POR EXTORSIÓN Y EN LIBERTAD BAJO FIANZA ASUME SU ACTA DE CONCEJAL DEL PP EN ALBATERA (21/09/07)
154. LOS MILLONARIOS CHÓFERES DEL PP VALENCIANO (30/09/07)
155. EL EX ALCALDE DE GUADALEST SE LLEVABA A SU CASA INGRESOS PÚBLICOS (02/10/07)
156. EL ALCALDE DE SAN MIGUEL, IMPUTADO POR UN CONVENIO URBANÍSTICO (07/10/07)
157. LA PUGNA POR LOS CARGOS INSTITUCIONALES CENTRA LA POLÉMICA EN NUEVAS GENERACIONES DE VALENCIA (08/10/07)
158. EL PP DE CALP CONDONÓ 269.000 EUROS AL PROMOTOR DE UN POLÍGONO INDUSTRIAL (08/10/07)
159. BARBERÁ COLOCA CONSIGNAS DEL PP EN SU ARTÍCULO INSTITUCIONAL (09/10/07)
160. NUEVO RAPAPOLVO A TORREVIEJA POR EFECTUAR PAGOS IRREGULARES (09/10/07)
161. JACARILLA MULTIPLICARÁ SU POBLACIÓN POR 15 CON EL VISTO BUENO DE LA GENERALITAT (11/10/07)
162. LA EX CONSEJERA DE COOPERACIÓN DICE QUE CAMPS NO LE INFORMÓ DEL CAMBIO DE LAS PARTIDAS DE LAS ONG (12/10/07)
163. EL CONCEJAL DE HACIENDA DE CASTELLÓN (PP) CULPA A LA INMIGRACIÓN DE LAS SUBIDAS DE HASTA EL 12% EN CINCO TRIBUTOS MUNICIPALES (16/10/07)
164. EL AYUNTAMIENTO PEPERO DE CASTELLÓN GASTA MÁS DE 600.000 EUROS ANUALES EN EL SUELDO DE ASESORES "A DEDO" (17/10/07)
165. ALPERI CONFIRMA LA SUBIDA DEL IBI EN UN 4,48% Y DEL IMPUESTO DE CIRCULACIÓN EN UN 15% EN ALICANTE (17/10/07)
166. BENIDORM SUBE LOS IMPUESTOS Y ELABORA UN PLAN PARA EVITAR LA QUIEBRA ECONÓMICA (19/10/07)
167. EL TSJ ASUME LA INVESTIGACIÓN A ALPERI POR PREVARICACIÓN (20/10/07)
168. CUATRO AÑOS EN EL CARGO CON LA CORRUPCIÓN EN LOS TALONES (20/10/07)
169. DEL PICAROL AL CLUB DE TENIS VALENCIA (21/10/07)
170. LA FUNDACIÓN DEL VIAJE DEL PAPA NO HA REGISTRADO SUS CUENTAS (22/10/07)
171. EL PP DE CASTELLÓN SOMETERÁ A LA APROBACIÓN DEL PLENO EL PAGO DE 3 MILLONES EN FACTURAS SIN CONTRATO (25/10/07)
172. BIENESTAR SOCIAL GASTA EN PUBLICIDAD LA MITAD DEL DINERO PARA INSERCIÓN SOCIAL (26/10/07)
173. EL CONSELL IMPIDE A 3 DIPUTADOS DEL PSPV ENTRAR EN EL PALAU DE LES ARTS (03/11/07)
174. LA SÍNDICA ABRE UNA INVESTIGACIÓN AL CONSELL SOBRE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE LA DEPENDENCIA (06/11/07)
175. EL EX MINISTRO POSADA RECONOCE QUE JUAN COSTA ASISTIÓ A LA REUNIÓN SOBRE NARANJAX (07/11/07)
176. LA GENERALITAT MARGINA AL ZAPLANISTA RIPOLL EN EL REPARTO DE SUBVENCIONES A DIPUTACIONES (07/11/07)
177. EL 78% DE LOS ASESORES DE FABRA SON CARGOS POLÍTICOS Y FAMILIARES (09/11/07)
178. LA SÉPTIMA JUEZ DEL 'CASO FABRA' PIDE EL TRASLADO(10/11/07)
179. CELIA VILLALOBOS ADMITE ANTE LA JUEZ QUE FABRA SE INTERESABA POR LA LENTITUD DE LOS PERMISOS (10/11/07)
180. EL PP DESCALIFICA A BERNAT SORIA POR "ANDALUZ QUE HABLA CATALÁN" (11/11/07)
181. FABRA EXIGE AL JUZGADO QUE RESTRINJA LOS DATOS QUE FACILITA AL GABINETE DE PRENSA DEL TSJ (13/11/07)
182. LA GENERALITAT VALENCIANA DESVÍA 33 MILLONES DE EUROS DE FONDOS SOLIDARIOS PARA LA AMERICA’S CUP (14/11/07)
183. EL OPUS Y LA ESCUELA INFANTIL SE LLEVAN EL MISMO DINERO (14/11/07)
184. LA JUEZ CONCLUYE QUE LA SENADORA ANDREA FABRA DEBE SER INVESTIGADA POR LOS PERITOS DE HACIENDA (15/11/07)
185. EL ALCALDE DE OROPESA ADMITE HABER VIAJADO CON EL PROMOTOR DE UN PAI (16/11/07)
186. EL ALCALDE OBVIÓ EN EL PLENO DOS INFORMES CONTRA UN PLAN DE LA TRAMA URBANÍSTICA QUE DENUNCIA EL FISCAL (18/11/07)
187. ALCALDES DEL PP EN LA MARINA BAIXA SE ENFRENTAN POR EL AGUA (19/11/07)
188. LA JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE FANZARA POR MANIPULACIÓN DEL CENSO ELECTORAL (22/11/07)
189. RITA BARBERÁ DEJA EN "SUSPENSIÓN DE PAGOS" AL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA (23/11/07)
190. EL SOBRECOSTE DE LA GLORIETA DE ORIHUELA SE VERÁ EN EL TSJ (23/11/07)
191. CUANDO LA SANIDAD PÚBLICA ES UN NEGOCIO (24/11/07)
192. EL FISCAL INVESTIGA SI UN CARGO EDUCATIVO PREVARICÓ EN LA MATRÍCULA DE UN COLEGIO (25/11/07)
193. CAMPS PLANTA A DIGNIDADES DE LA IGLESIA TRAS UNA BRONCA PROTOCOLARIA (26/11/07)
194. TABACALERA, UN 'PELOTAZO' CON PRISAS (27/11/07)
195. EL PP SE OPONE A LAS DESALADORAS PERO ESTUDIARÁ CASO A CASO SI GANA RAJOY (28/11/07)
196. EL EX ALCALDE DE GUADALEST DECLARA POR FALSEDAD (29/11/07)
197. 600.000 EUROS PARA LA FUNDACIÓN DEL EX JEFE DE PRENSA DE AZNAR, INVESTIGADA POR HACIENDA (01/12/07)
198. BARBERÁ SE NIEGA A INVESTIGAR LA GRAVE INUNDACIÓN DEL PALAU DE LES ARTS (01/12/07)
199. EL TSJ ANULA EL REFORMADO DE LA ESTACIÓN DE BENIDORM (01/12/07)
200. EL JUEZ PIDE AL EDIL DE URBANISMO DE OROPESA ESCRITURAS DE SU PATRIMONIO (01/12/07)
201. EL FISCAL INVESTIGA LA CESIÓN DE LA GESTIÓN DE AGUA DE CABANES A MARINA D'OR (01/12/07)
202. EL PERITO RATIFICA A LA JUEZA QUE UNA BALIZA REPROGRAMADA HABRÍA EVITADO EL ACCIDENTE (04/12/07)
203. EL INTERVENTOR DE CASTELLÓ ADVIERTE QUE EL PRESUPUESTO LOCAL SUPERA EN 5 MILLONES EL LÍMITE LEGAL DE GASTOS (04/12/07)
204. VÍA LIBRE AL 'MANHATTAN' DE CULLERA CON LA OPOSICIÓN DEL GOBIERNO (06/12/07)
205. UNA EX ALTO CARGO ADMITE MANIOBRAS DE FABRA PARA LA FIRMA DE SU ESPOSA (11/12/07)
206. EL FISCAL AFIRMA QUE ALPERI FAVORECIÓ A ORTIZ POR AMISTAD (12/12/07)
207. EL EX CONSEJERO DEL PP CARTAGENA SE ENFRENTA A OTRO JUICIO, PENDIENTE DEL INDULTO (13/12/07)
208. RIPOLL SE SUBE EL SUELDO UN 37% Y ROZARÁ LOS 100.000 EUROS ANUALES (14/12/07)
209. RUS DECLARARÁ COMO IMPUTADO POR UNA EXPROPIACIÓN (14/12/07)
210. EL CONSELL CAMUFLA SUS ASESORES Y LOS TRANSFORMA EN FUNCIONARIOS (17/12/07)
211. EMPRESARIOS IRRITADOS CON CAMPS (19/12/07)
212. DEJA EL JUZGADO LA SÉPTIMA JUEZ DEL 'CASO FABRA' (19/12/07)
213. EL EX ALCALDE DE LA VILA FUE 10 AÑOS MÉDICO SÓLO CON UN CURSO APROBADO (19/12/07)
214. EL CUÑADO DEL EDIL ROSELLÓ ADMITE SER EL DUEÑO DE LA FIRMA DEL CASO AGUAS DE CALP (19/12/07)
215. EL PP APRUEBA EL PRESUPUESTO DE LA GENERALITAT MENOS INVERSOR (21/12/07)
216. EL CONSELL 'ESCONDE' EN SUS CAJONES 1.224 MILLONES EN FACTURAS IMPAGADAS (22/12/07)
217. LA OPACIDAD DEL CONSELL PROVOCA OTRA PREGUNTA SOBRE LA VISITA PAPAL (26/12/07)
218. LA FISCALÍA INVESTIGA SI HAY DELITO CONTRA EL PATRIMONIO EN LOS DERRIBOS DE LA TABACALERA (28/12/07)
1. EL FISCAL INVESTIGA LA RELACIONES ENTRE LAS TRAMAS DE FACTURAS FALSAS DE TERRA MÍTICA (04/01/07)
La Fiscalía de Valencia investiga la relación entre las supuestas tramas de facturas falsas detectadas en torno a Terra Mítica y a la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA). Así consta en el escrito que acompañó al expediente de la Agencia Tributaria sobre un posible fraude en la liquidación de los impuestos de Sociedades y del IVA de la SPTA por un importe de más de 1,5 millones de € y que la fiscalía entiende que podría llegar hasta los dos millones de €.
El fraude detectado por la Agencia Tributaria de Valencia en relación con la liquidación del impuesto del IVA del ejercicio 2001 de la SPTA está ya en manos de un juzgado de Alicante tras presentar el fiscal anticorrupción de Alicante la correspondiente denuncia. Al fiscal anticorrupción de Alicante le llegó tras ser derivado el expediente de Hacienda por su homólogo en Valencia.
Poco más de un folio resume los datos esenciales del supuesto fraude, en el que la fiscalía de Valencia apunta la implicación de una decena de firmas que ejecutaron 20 proyectos sospechosos. Ese escrito condensa la información sustancial del expediente de Hacienda, cerrado al límite de la prescripción de los posibles delitos y sin que la Fiscalía haya podido realizar diligencias más allá de la denuncia para no consumir los plazos legales establecidos.
En él se dice que "las mercantiles Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana (antes Sociedad Parque Temático de Alicante); Cobra, Instalaciones y Servicios, SA; Moncobra, SA; Atil Cobra, SA; Luis Batalla, SA, y la Unión Temporal de Empresas Terra Verd, integrada por la propia Terra Verd, por Constructora, Hormigones Martínez; C3-Ingeniería de la Construcción y del Medioambiente; y Gestión y Construcción de Obra están implicadas en un presunto delito contra la Hacienda Pública referido a una devolución improcedente del IVA de 2001 por un importe de 1.566.626,37 €".
La Fiscalía de Valencia entiende que esa cantidad puede ser mayor si se confirmaran supuestas irregularidades en el impuesto de sociedades y que podría afectar a otros ejercicios. Varias de esas mercantiles han sido denunciadas en la trama de facturas falsas que investiga el Juzgado de Instrucción número tres de Valencia y que implica a 20 mercantiles, entre ellas Terra Mítica Parque Temático de Benidorm, y a 32 responsables de las mismas.
Esto hizo que a pesar de la premura en la que insiste anticorrupción de Valencia que obligó a trasladar el expediente sin practicar diligencias, acordase "la obtención de copias de los antecedentes suficientes y de la documentación presentada ante esta Fiscalía relativa a la presentación irregular de una serie de facturas a la entidad Terra Mítica, por la relación que pudiera tener con las Diligencias Previas 4990/05". Estas últimas corresponden al caso Terra Mítica.
2. LOS ZAPLANISTAS TRASLADAN SU PULSO CON LOS CAMPISTAS AL CONSEJO DE LA CAM (04/01/07)
Los teléfonos echan humo. Los contactos para tratar de cerrar las candidaturas al consejo de administración de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) -se renuevan 11 de los 20 puestos- se han acelerado estos días y han trasladado el pulso entre campistas y zaplanistas al seno de la caja. Francisco Camps ha tomado la iniciativa en un proceso que ha reactivado las iras del sector zaplanista, que trata de no perder fuerza en la caja, y que amenaza con una lista alternativa. El choque coincide con la inminente elaboración de listas para las próximas elecciones autonómicas.
"Valencia desconoce lo que es Alicante". La frase, pronunciada por un representante del sector zaplanista alicantino, resumiría el enfrentamiento que se vive en el seno de la caja de ahorros. El presidente Camps ve en la renovación de parte de los órganos de gobierno de la entidad el momento definitivo para colocar sus piezas de cara al futuro. También para ir quitando otras. Mientras, los zaplanistas no están dispuestos a perder poder. Unos y otros muestran confianza en sus fuerzas. El sector zaplanista amenaza con presentar una lista de candidaturas alternativas al consejo de administración. Pese a ello, un consejero advierte de que el pacto es necesario antes del 17 de enero cuando se cierra el plazo de presentación de candidaturas. El proceso se produce en un momento en el que se están confeccionando las listas para los comicios municipales y autonómicos. Un enfrentamiento abierto dentro del PP podría salpicar a las decisiones que Camps tome desde Valencia.
Los dos bloques buscan la adhesión socialista. El PSPV acordó con el PP la lista que las Cortes nombraron por parte de la Generalitat para la asamblea general. El acuerdo afectaba, en segundo término, a la renovación del consejo de administración -donde tres personas serán propuestas por los socialistas- y de la comisión de control. En las conversaciones, también se decidió ampliar el número de vicepresidencias. El litigio de los populares se traduce en propuestas distintas. Modesto Crespo (presidente de Coepa), Manuel Pelaéz (Ecisa) o Ángel Martínez (por la territorial de Murcia) son algunos nombres que Camps tiene en la cartera. Antonio Alcalá (Vargas-Machua), Juan Espinar (asesor de José Joaquín Ripoll) o Armando Sala son parte de los deseos zaplanistas.
Y aunque los cargos se cerrarán entre el 18 de enero y la asamblea general del 2 de febrero, uno de los puntos de la pugna en el proceso es la decisión de Camps de que Modesto Crespo, presidente de Coepa y la feria de Alicante (IFA) asuma la presidencia territorial de Alicante y la vicepresidencia que ocupa Armando Sala. La decisión sobre Crespo no estaba pactada. Un empresario contextualiza los distintos cargos de Crespo en que éste ha "dado la cara" por Camps. Desde Coepa, sin embargo, explican que el anterior presidente, Joaquín Rocamora, no pudo formar parte del consejo de la CAM por incompatibilidades.
Crespo se situaría en la pole position en la carrera por sustituir a Vicente Sala. El presidente de la CAM, cuyo puesto de consejero se someterá a votación por el turno extraordinario de impositores, cumplirá en tres años la edad máxima que la ley permite para mantener su responsabilidad. Todo ello a pesar de que Sala estaría dispuesto a seguir. El Consell pretende, a cambio, situar a Armando Sala al frente de la comisión de control, cargo en el que perdería presencia pública.
3. EL JUEZ IMPUTA AL ALCALDE DE ORIHUELA POR EL CASO DE LAS FACTURAS FALSAS (05/01/07)
Los juzgados de Orihuela han acordado dos nuevas imputaciones al alcalde de la localidad, José Manuel Medina, del PP, derivadas de la denuncia general de la Fiscalía Anticorrupción de Alicante al Consistorio por corrupción urbanística y contable. El titular del Juzgado número 3 ha citado al regidor, como imputado por los supuestos delitos de falsedad y prevaricación, relacionados con el caso de las facturas falsas presentadas a cobro por la firma Necso (adjudicataria del servicio de basuras del municipio) por un importe de 240.000 € y por el pago de un extra de 180.000 € a los operarios de esa empresa para evitar una huelga en la Navidad de 2004.
José Manuel Medina está, además, imputado en la causa principal de la denuncia de la fiscalía que investiga el uso por parte del primer edil de bienes -un Rolls Royce y un chalé- propiedad de promotores locales beneficiados con adjudicaciones urbanísticas en suelo no urbanizable. Medina ya declaró en este sumario el pasado mes de agosto y admitió ante la juez, la titular del Juzgado número 4, que vivía en el chalé del promotor y que conducía el lujoso turismo del empresario.
A los pocos días de su paso por el juzgado, Medina, en la alcaldía de Orihuela desde 1996, anunció que no optaba a la reelección al cargo en los comicios municipales del próximo mes de mayo. Además del acoso judicial, en la actitud del regidor pesó la decisión del presidente regional del PP, Francisco Camps, de retirarle su apoyo.
Las dos nuevas imputaciones a Medina -el juez está pendiente de la agenda del fiscal para fijar la fecha de la comparecencia en el juzgado del alcalde- forman parte de las 15 causas en el las que el fiscal anticorrupción desglosó su denuncia general contra el Ayuntamiento. El juez ya ha interrogado por estos supuestos hechos delictivos al ex interventor de la corporación, José Manuel Espinosa. El funcionario es el testigo de cargo en la denuncia de la Fiscalía.
En su declaración ante el magistrado José Manuel Espinosa aseguró que la firma Necso presentó a cobro, basándose en un supuesto lucro cesante, tres facturas por un importe de unos 240.000 €. "Yo vi las facturas", aseveró el ex interventor. Según el funcionario, la sociedad presentó las facturas en mayo de 2002, cuando el Ayuntamiento se planteó la retirada de la adjudicación de la contrata para unificar el servicio de basuras del casco urbano y la playa.
El funcionario también declaro ante el juez que el alcalde pagó, mediante decreto, en diciembre de 2004, un extra de 180.000 € a la plantilla de Necso para evitar una huelga.
4. EL ALCALDE DE VILA-REAL (PP) FIRMA RESOLUCIONES PESE A SU INHABILITACIÓN (10/01/07)
El alcalde de Vila-real (Castellón), Manuel Vilanova (PP), condenado a 8 años de inhabilitación por prevaricación, se mantiene en su cargo. La Audiencia Provincial de Castellón, la misma que le absolvió antes de la pena del Tribunal Supremo, atendió su solicitud de suspensión de ejecución de la sentencia hasta que se resuelva su petición de indulto. La oposición ha pedido que se dictamine sobre la situación.
El alcalde sigue convocando plenos, firmando resoluciones y votando actuaciones pese a que la sentencia es firme. La apariencia de normalidad que Vilanova pretende imponer en el funcionamiento del Ayuntamiento ha provocado una situación de inseguridad jurídica. Así, PSPV, Esquerra Unida y Bloc, los tres partidos que tienen representación en el Ayuntamiento, aparte del PP, han solicitado al secretario municipal que dictamine sobre la validez de las decisiones que está tomando pese a estar condenado.
En un escrito, presentado por registro, los tres grupos solicitan al secretario que redacte un informe sobre la situación jurídica en que se encuentra el Consistorio después de la sentencia del Tribunal Supremo, y piden al secretario que explique si existe posibilidad "de acuerdo con la jurisprudencia o precedentes anteriores y atendiendo a la firmeza e imposibilidad de recurrir la sentencia, de que la inhabilitación fuera efectiva desde el mismo día en que se dictó la sentencia y, por tanto, las decisiones que se adopten pudieran ser nulas o anulables por la efectividad de la inhabilitación".
En el documento, los tres grupos han dejado además patente que el conocimiento que han tenido tanto la sentencia como la suspensión de su ejecución y la solicitud de indulto ha sido a través de los medios de comunicación, ya que el PP se ha negado a convocar una junta de portavoces para tratar la situación del alcalde.En su exposición, los concejales de la oposición (que suman 10 frente a los 11 del PP), firman su consideración de que al tratarse de una sentencia firme, "podría darse una situación de inseguridad jurídica ante la continuación del ejercicio de funciones por parte del alcalde, quien convoca los plenos, continúa dictando decretos y ejerciendo sus funciones como si nada hubiera sucedido en este Ayuntamiento".
En el escrito, los concejales incluso expresan las "dudas" que les han planteado "expertos en la materia", que se basan en el único hecho de que no hay precedentes de una situación como ésta. Aún así, añaden que dado que la sentencia es firme, "lo que hace el alcalde es pedir perdón al Gobierno", con lo que las decisiones que se tomen en los plenos que convoca, así como la validez de su voto "podrían ser recurridos por los ciudadanos que crean vulnerado algún derecho y pedir la nulidad de los actos, lo que llevaría a una inseguridad jurídica y a un aumento de la litigiosidad en este Ayuntamiento", tal como indica el escrito.
5. LA FIRMA QUE VENDIÓ LA FINCA AL ALCALDE DE TORREVIEJA (PP) EXIGE 41 MILLONES AL CONSISTORIO (11/01/07)
La familia que vendió una finca rústica al alcalde de Torrevieja, Pedro Ángel Hernández, del PP, por 180.000 € y que éste revendió más tarde por 5,4 millones, reclama seis años después al Ayuntamiento 41 millones por la expropiación de un solar en el casco urbano de la población, calificado como suelo urbano, pero de uso dotacional. La propiedad ha presentado un contencioso ante el Jurado Provincial de Expropiación. Esta parte sostiene que ha transcurrido el plazo de cinco años desde la aprobación del programa urbanístico sin hacer efectiva la expropiación.
El regidor de Torrevieja compró en 2000 una finca rústica en la vecina localidad de Almoradí por 180.000 €. El vendedor fue las mercantiles Proyectos de Cañada, SL, y Giménez Cañizares, SL. Dos años más tarde, Pedro Ángel Hernández vendió la finca a una firma del grupo inmobiliario Edén por 5,4 millones de €, extremo que le reportó al primer edil una plusvalía de 5,2 millones de €.
En el momento de la venta, y en la actualidad, los vendedores poseían dos parcelas que sumaban 15.000 m2 en el centro de Torrevieja, calificadas en el plan General de Ordenación Urbana (PGOU) como suelo urbano, aunque incluidas en una zona más amplia que el Ayuntamiento ha destinado a uso dotacional (jardines). Los propietarios de esas parcelas sostienen que el Ayuntamiento ha "ocupado" ilegalmente el suelo sin mediar un expediente de expropiación y tampoco ha desbloqueado el Programa de Actuación Urbanística previsto.
Ante esta situación, la propiedad del suelo ha presentado un contencioso ante el Jurado de Provincial de Expropiación. Los dueños de las parcelas han valorado el suelo en 41 millones de €. El Jurado Provincial dará por valida la tasación, si en el plazo de 15 días el Ayuntamiento no presenta un recurso.
Los propietarios de las parcelas basan su demanda en que ya han transcurrido cinco años desde la entrada en vigor del Programa de Actuación Urbanística sin llevar a efecto la expropiación de los terrenos, "que, con arreglo a su calificación urbanística, no sean edificables por sus propietarios, ni hayan de ser objeto de cesión obligatoria".
Los dueños del suelo denuncian la situación de bloqueo de los dos solares, al no poder disponer de ellos dados su uso dotacional público al que se encuentran afectos y al no habérseles permitido edificar. "Han transcurrido casi 20 desde la entrada en vigor del PGOU de Torrevieja y la Corporación no ha sido capaz de gestionar la adquisición de los precitados solares", argumentan los dueños del suelo.
La operación inmobiliaria del alcalde es objeto de una investigación judicial tras una denuncia del grupo municipal de EU ante la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. Hernández Mateo ya ha comparecido ante el juez como imputado por un supuesto delito de tráfico de influencias y uso de información privilegiada.
6. FAMILIARES DEL RESPONSABLE DE URBANISMO MULTIPLICAN POR 10 SU INVERSIÓN EN UNOS TERRENOS (14/01/07)
Vicente Olcina Llorca, hermano del concejal de Urbanismo e impulsor del PGOU de Orxeta, José Olcina Llorca, vendió unos terrenos calificados como no urbanizables al promotor Vicente Pastor, presidente del equipo de fútbol del Benidorm, con una "cláusula de regulación de precio" en caso de que aumentara el aprovechamiento urbanístico y fueran recalificados.
Antes de que Pastor firmara la escritura de compra, el alcalde Vicente Llinares firmó un convenio para reclasificarlos. El resultado fue que el valor de los terrenos se multiplicó por 10 en algo más de tres años. Se compraron por 500.000 € y se han vendido por 5 millones.
La finca -de 968.000 m2 - fue heredada por dos hermanas de la localidad, que la vendieron en mayo de 2003 a cuatro matrimonios (entre los que se encuentra el de Vicente Olcina y María Vicenta Lloret, que a su vez es cuñada del alcalde) por 564.951,39 €. Los terrenos fueron adquiridos el 20 de enero de 2004 por Balcón de Florida S.L., empresa de Vicente Pastor, por 2,6 millones de €, condicionando el precio de los mismos a su futura inclusión en el plan general y al aprovechamiento urbanístico que de él se obtuviera, con un incremento de 1,78 millones de € y 681.241 €, lo que incrementaría el precio total de venta hasta los 5,08 millones. Según figura en la documentación del registro de la propiedad esta revisión se producirá si "el Ayuntamiento de Orxeta aprueba el instrumento urbanístico de planeamiento que clasifique total o parcialmente las fincas objeto de la presente escritura".
La reclasificación tiene que producirse "dentro del término de los sesenta y seis meses siguientes a la fecha del otorgamiento de la escritura pública de compraventa", y concreta que la edificabilidad debe de ser "al menos, ciento noventa y tres mil metros cuadrados de techo; si la edificabilidad resultante fuera, al menos, la mitad indicada, es decir noventa y seis mil quinientos metros cuadrados de techo (...) la suma que el comprador deberá entregar será de cuatrocientos ocho mil setecientos cuarenta y cuatro €". La escritura se otorgó en Benidorm el 23 de julio de 2004 al notario de Benidorm.
El 5 de mayo de 2004 el alcalde de Orxeta, Vicente Llinares, firmó con el constructor Vicente Pastor un convenio urbanístico por el que el Ayuntamiento "asume el compromiso de impulsar el correspondiente expediente administrativo para la inclusión de 400.000 metros cuadrados de la finca descrita", con una edificabilidad de 0,20 m2/m2 de suelo. Vicente Llinares, afirmó desconocer que existiera cualquier acuerdo privado "sobre el incremento de compra entre un particular con el que no tengo nada que ver y el constructor". En cambio, admitió que "sí tengo relación con Pastor, con quien firmé un convenio que se aprobó en pleno y ha permanecido a exposición pública. No lo hemos escondido. Este convenio es legal".
Llinares se mostró tranquilo porque "tengo todas las pruebas de que cuando se incluyó esa cláusula de regularización todavía no habíamos iniciado la redacción del PGOU". El regidor indicó que fue la Generalitat la que pidió en 2003 iniciar los trámites para que cambiaran las normas subsidiarias vigentes hasta el momento por un nuevo PGOU, y fijó en esa fecha las gestiones. En la denuncia presentada por el Bloc ante el TSJ se indica que el convenio para reclasificar los terrenos se hizo cuando todavía no se había firmado la escritura pública de compraventa.
7. EL FISCAL PIDE AL JUEZ QUE INVESTIGUE LAS CASAS QUE OCUPAN LOS HIJOS DE DÍAZ ALPERI (16/01/07)
El fiscal Anticorrupción, Felipe Briones, ha pedido al juez que instruye el caso de los aparcamientos que investigue las casas que ocupan los tres hijos del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, en una una urbanización de la Playa de San Juan. Los hijos de Alperi disponen de tres bungalows que hasta hace tres meses eran propiedad de Viviendas del Mediterráneo Orvi S.L., empresa de la que el mayor contratista de la ciudad, el constructor Enrique Ortiz, tiene la mitad. Viviendas del Mediterráneo trasmitió las casas poco después de conocerse la imputación del alcalde y del empresario por el caso de los aparcamientos.
El fiscal Anticorrupción ha solicitado al juez que requiera mediante un oficio a Viviendas del Mediterráneo para que aclare la titularidad de los bungalows que ocupan los hijos de Alperi. Briones trata de esclarecer si los tres hijos del alcalde pagan por las casas. El fiscal preguntó a Alperi hace un mes, cuando compareció en el juzgado como imputado, si sus familiares habían disfrutado de algún bien del empresario y el alcalde se limitó a responder: "No, que yo sepa". También el abogado de José Luis Valdés, el dirigente vecinal, y ahora candidato a la Alcaldía por el nuevo partido Vecinos por Alicante, que denunció el caso en la Fiscalía, ha reclamado al juez que investigue si la empresa de la que Ortiz tiene un 50% ha alquilado las casas a los hijos de Alperi o si se las ha cedido. El letrado pide que Viviendas del Mediterráneo aporte los contratos de cesión o alquiler y que acredite su titularidad mediante las escrituras y recibos del IBI.. La acción popular ejercida por José Luis Valdés ha instado a que se requiera a la comunidad de propietarios a que informe sobre quién paga los recibos y si los hijos de Alperi viven en los bungalows. El abogado de Valdés también quiere información del Registro de la Propiedad, el catastro, el padrón, Aguas Municipalizadas e Iberdrola, y que la Policía Local certifique qué personas residen en las viviendas.
El juez que investiga las presuntas irregularidades en las mejoras concedidas a Ortiz tras la adjudicación de tres aparcamientos ya ha tomado declaración como imputados al constructor, al alcalde, a los ediles Sonia Castedo y Luis Concepción, y al técnico Antonio Escobedo. El magistrado también ha interrogado, como testigos, a los técnicos que informaron en contra de modificar la concesión. El abogado de Valdés ha pedido al juez que vuelvan a declarar los técnicos Lázaro López y José María Simón para que aclaren una serie de contradicciones con la edil de Urbanismo en la tramitación del expediente. El letrado también ha solicitado información sobre la vida laboral del marido de Sonia Castedo para comprobar su relación con Ortiz.
8. EL ALCALDE DE VILA-REAL DIMITE 50 DÍAS DESPUÉS DE SER CONDENADO POR PREVARICACIÓN (16/01/07)
El alcalde de Vila-real, Manuel Vilanova, del PP, dimitió ante el pleno municipal, 50 días después de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo que lo condenó a un año y medio de prisión y ocho años de inhabilitación por prevaricación. Vilanova dijo que abandona el cargo por la "presión" que los grupos de la oposición han ejercido sobre su persona y sobre el PP y no como acatamiento de la sentencia del tribunal. El Supremo ha establecido que el regidor "se situó del lado de una industria contaminante en contra de los intereses de los ciudadanos, sabiendo a ciencia cierta que vulneraba la legalidad que regula la emisión de ruidos". Según la sentencia, el alcalde de Vila-real, demostró una "reiterada conducta de pasividad y desprecio hacia los intereses de sus ciudadanos, haciendo oídos sordos a la situación que sufrían y permitiendo la actuación de la industria, a sabiendas de que actuaba contra las disposiciones legales".
Aún así, Manuel Vilanova insistió en su consideración de que el fallo es "injusto" ya que, según dijo, "los hechos se ciernen sobre un expediente administrativo abierto y resuelto" que, en cualquier caso, fue denunciado por la vía penal por los vecinos afectados. Vilanova añadió: "No quiero dar la falsa imagen de político aferrado a su cargo contra viento y marea". En una conferencia de prensa junto al presidente provincial del PP, Carlos Fabra, añadió que el mismo día que conoció la condena puso su cargo a disposición del partido, "cumpliendo así el código deontológico".
Sin embargo, la voluntad de renunciar a la alcaldía no fue aceptada por el PP. Vilanova, que ha pedido el indulto, no podrá repetir como candidato y su partido, tras resistirse a ello, ha optado por aceptar su salida de la política para dar paso al recién nombrado candidato, Juan José Rubert, que ahora será alcalde pese a que en las anteriores elecciones ocupaba el número seis en la lista. De hecho, Vilanova desveló que iba a abandonar el cargo la pasada semana y que Fabra le pidió que lo retrasara hasta para no eclipsar el acto de presentación de candidatos que el PP organizó el fin de semana en Vila-real.
Rubert acompañó al todavía alcalde en su anuncio de dimisión, al igual que ha hecho en los últimos días en todo tipo de actos más. Junto a Vilanova se encontraba también el líder del PP en Castellón, Carlos Fabra, imputado por varios delitos relacionados con el tráfico de influencias. Fabra sólo tomó la palabra cuando fue preguntado y dijo: "Siempre he estado a su lado y seguiré estándolo, puesto que ha sido un lujo tener a un alcalde como él en el PP". El líder popular destacó el apoyo que el condenado ha tenido de su partido, tanto en lo que respecta a la dirección provincial como a la dirección regional, que encabeza el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.
Dirigentes de la oposición, tanto socialistas como de Esquerra Unida y del Bloc Nacionalista Valencià, han descrito la insistencia del alcalde en seguir en la vida política como un "adelanto" de lo que prevé hacer Fabra pese a todas sus imputaciones. Para el hasta alcalde, la demora en su renuncia ha estado motivada en la "responsabilidad política y personal". Vilanova alegó que "ante el desconcierto producido por la sentencia a todos los niveles, ya que no existen precedentes que la hagan equiparable a ninguna otra sentencia por los hechos encausados, debía actuar con responsabilidad y con el asesoramiento legal necesario, y sin precipitaciones". La oposición no ha dejado de exigir su dimisión.
9. ARCHIVADA LA QUERELLA DE ZAPLANA CONTRA LOS DIPUTADOS QUE LE IMPLICARON EN EL PRESUNTO COBRO DE COMISIONES (17/01/07)
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitad Valenciana (TSJCV) ha desestimado el recurso del portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, contra el archivo de una querella que formuló contra dos diputados socialistas por un supuesto delito contra el honor. Zaplana basó su acusación en unas grabaciones que los diputados hicieron a dos empresarios del parque temático Terra Mítica que relacionaban al portavoz popular con el cobro de comisiones por trabajos no realizados en el parque.
En un auto hecho público , la Sala de lo Civil y lo Penal rechaza que se haya vulnerado el derecho al honor de Zaplana y considera que la cancelación de la querella dictada por el TSJCV fue "motivada y razonada", ya que la conducta de los dos diputados socialistas no constituye delito alguno, lo que supone un nuevo revés judicial para el dirigente del PP en el caso Terra Mítica. Los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa grabaron unas conversaciones con los empresarios Antonio Moreno y José Herrero que posteriormente utilizaron para denunciar a la Fiscalía la supuesta relación del ex presidente de la Generalitat Valenciana con el cobro de comisiones ilegales durante la construcción del parque temático Terra Mítica en Benidorm.
El portavoz del PP recurrió la denuncia y señaló que la causa se había archivado "sin agotar la investigación", lo que le dejaba en una "situación de indefensión" que vulneraba su derecho a la tutela judicial efectiva. Según Zaplana, la "verdadera intención de los querellados" era "difamar gravemente" su imagen pública, y su prestigio mediante acusaciones falsas, por lo que se querelló contra Such y Camarasa el pasado mes de diciembre. El TSJCV ha desestimado esta denuncia de Zaplana por considerar que la denuncia de los diputados "en principio, no puede ser constitutivo de delito de calumnia, salvo que se acredite que su intención no fue la de denunciar". Según el auto, "no consta" que los socialistas "conocieran la falsedad de la denuncia", por lo que su actitud no presenta ningún indicio delictivo.
10. LA RUEDA DE PRENSA MÁS CARA DEL MUNDO (19/01/07)
El IVEX gastó 6.000 € en convocar a los medios en Tokio en 1998. Las fotos que se repartieron a los periodistas de Zaplana, Julio Iglesias y el conseller Such costaron 1.330 €. El entonces presidente Eduardo Zaplana, el ex conseller Diego Such y Julio Iglesias generaron al IVEX los mismos gastos por pasear en coches de lujo alquilados al servicio de limusinas del Hotel Okura de Tokio que por sentarse en una mesa ante los periodistas. La convocatoria de la rueda de prensa costó 6.000 €. Las invitaciones al recital del cantante (marzo de 1998) salieron también por un pico: 16.150 €
Elaborar un "listado de periodistas", "introducir en el sobre" las invitaciones, acometer el "envío" de las mismas, "reconfirmar la asistencia" de los profesionales de la información y "confirmar los artículos" (esto es, elaborar el clásico resumen o recull de prensa), es poca cosa en España, pero, por lo que parece, tiene sus complicaciones en Japón. Tanto que, en marzo de 1998, el Instituto Valenciano de la Exportación (IVEX) pagó 6.000 € (776.729 yenes) por convocar una rueda de prensa que requirió de todas estas pequeñas pero complicadas tareas que desglosó como conceptos de mano de obra en la factura.
Claro que la empresa local que la organizó, la firma Nikkeisha, también
incluyó en el coste total la materia prima que utilizó. A saber: los sellos
con los que franqueó las cartas remitidas a los periodistas y las 80
fotografías que repartió a los redactores que asistieron. Un sello cuesta
hoy en Japón unos 30 céntimos de euro. El IVEX pagó 780 € por los sellos
(107.270 yenes). Claro que eso era en marzo de 1998. Desde entonces, puede
que la caída del precio del sello haya sido tan espectacular como la de las
acciones de Terra. O eso, o la organización del acto convocó a unos 2.500
periodistas. Más o menos a todos los del sudeste asiático.
Las fotografías que se repartieron tampoco fueron baratas. La empresa Sakata Inx facturó 1.330 € (183.750 yenes) por imprimir los retratos de Eduardo Zaplana, del conseller Diego Such y del cantante Julio Iglesias que se repartieron a la prensa. El formato no era tamaño puerta de armario de cocina, sino mucho más modesto. Las fotos del presidente medían 95x90 milímetros y las del conseller Such y Julio Iglesias eran pelín más holgadas, de 105x90 milímetros.
La inmensa mayoría de quienes asistieron a la conferencia de prensa eran periodistas valencianos que no necesitaban las fotos, sin contar que la Agencia Efe estaba acreditada y, en todo caso, la misión comercial a Tokio (la segunda cita del programa incluido en el contrato con Julio Iglesias), contrató a una fotógrafa nipona para que inmortalizara a los políticos valencianos y al artista. Se llamaba, la fotógrafa, Chigusa Uchiyama. Chigusa cobró 56.770 yenes (poco más de 400 €) por la jornada -el 25 de marzo- en la que siguió, cámara en mano, en su visita al Big Sight de Tokio, donde se celebró la feria Expoconsumo. El certamen contó con la participación de 154 expositores de la Comunitat Valenciana
11. EL PRESIDENTE DE LA DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN (PP), EL INEFABLE FABRA, PASA FACTURA A CAMPS (21/01/07)
Camps le ganó en 2004 a Zaplana el control del PP de la Comunidad Valenciana gracias al apoyo del presidente provincial de Castellón, Carlos Fabra. En un territorio con tres provincias, quien controla dos logra imponerse, aunque quien controla una puede crear muchos problemas. En este contexto, la necesidad de contar orgánicamente con el presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para incrementar paulatinamente sus apoyos en el seno de la organización ha condicionado la posición de Camps frente al fenómeno de la corrupción.
Fabra fue el primer alto cargo del PP imputado -por varios delitos contra la Administración pública- con Camps como presidente de la Generalitat. Sin embargo, Fabra utilizó desde el primer momento su fortaleza orgánica para mantenerse al frente de la Diputación y del PP provincial y lograr el apoyo público de Camps en sus pretensiones políticas. El ejemplo se ha extendido como la pólvora entre los cargos del PP valenciano, que esgrimen el caso Fabra para seguir al frente de sus puestos. Así, el alcalde de Orihuela, José Manuel Medina; el de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo; el de Alicante, Luis Díaz Alperi; y el de Riba-roja del Turia, Francisco Tarazona, todos ellos imputados por delitos, han seguido en sus puestos. Y todos salvo el de Orihuela repetirán en mayo como candidatos. El viernes, el alcalde de Castellón, Alberto Fabra, confirmó que Carlos Fabra repetirá en la candidatura municipal del PP.
12. EL ALCALDE DE BURRIANA (PP) NIEGA TENER CUENTAS EN ANDORRA Y NO SABE SI SU ESPOSA POSEE ALGUNA (25/01/07)
El alcalde de Burriana, Alfonso Ferrada, del PP, contestó con un "no tengo ni idea" a la pregunta de si su esposa o su suegro tienen cuentas bancarias en Andorra. El alcalde sólo afirmó con rotundidad que no existe ninguna cuenta a su nombre. La querella presentada por el PSPV local contra Alfonso Ferrada por los presuntos delitos de prevaricación, contra la ordenación del territorio, tráfico de influencias y cohecho, entre otros, incluye una lista de diligencias solicitadas por la acusación. Entre ellas, se reclama que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria investigue la existencia de cuentas en el Principado de Andorra a nombre del querellado, de su esposa o del padre de ésta.
La querella señala que una de las entidades en las que podrían existir cuentas abiertas a nombre del alcalde popular o de sus familiares es Banca Privada d'Andorra (Andbanc). El escrito solicita que, en el caso de existir, "informe de los movimientos y saldos habidos en dichas cuentas desde el año 2002 hasta la actualidad". Ferrada aseguró que él no es titular de ninguna cuenta en este paraíso fiscal. Sin embargo dijo desconocer si su esposa o su suegro son titulares de alguna cuenta en Andorra.
La querella presentada por la ejecutiva local del PSPV de Burriana arranca con la tramitación y aprobación del PAI Pedrera Port, las negociaciones que, según el texto, mantuvieron el alcalde con la empresa que resultó adjudicataria y las irregularidades detectadas en el procedimiento hasta su aprobación. Por ello la denuncia acusa a Ferrada de un delito de prevaricación. Acusa también al político del PP de un presunto delito de infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos ya que, según los socialistas, "ocultó" la existencia de una propuesta urbanística anterior y de un informe sobre la afección de zonas húmedas. "Si tales actuaciones se hubieren realizado, además, mediando dádiva o presente -como quedará acreditado en la fase de diligencias- estaríamos ante un delito de cohecho".
Las acusaciones formuladas en la querella sobre Ferrada y sobre el concejal de Urbanismo Javier Perelló, se refieren a actuaciones y decisiones urbanísticas. Sin embargo, la denuncia incluye también como imputado al concejal de Fiestas burrianense, Pedro Luis Sancerni, por un presunto delito de malversación y relata los "sucesivos encargos" efectuados a la empresa del hijo del propio edil popular así como a su cuñado. Respecto al hijo, el escrito presentado ante el juzgado de Vila-real apunta pagos por un valor de 27.000 €, mientras que los "encargos" al cuñado de Sancerni se elevan a otros 10.000 €.
13. MEDINA ADJUDICA EN LA COSTA DE ORIHUELA (PP) 1.000 VIVIENDAS A UN PROMOTOR AFÍN AL PP (26/01/07)
El Ayuntamiento de Orihuela, gobernado por el PP, ha culminado el expediente para la urbanización del último tramo de la costa aún a salvo de las edificaciones, la cala de la Mosca. El programa prevé 1.000 viviendas e incluye un puerto deportivo, pendiente de su autorización por la Dirección General de Costa. El proyecto será adjudicado al contratista Esteban Gomendio, miembro del consejo de la TV local Canal 34, afín al PP. El promotor también es socio del empresario Joaquín Grau Pomares, propietario del chalé y del Rolls que usa el alcalde, José Manuel Medina.
El programa urbanístico que se pretende ejecutar en la playa de Orihuela, a la altura de la cala de la Mosca, será llevado al pleno de la corporación para su aprobación provisional. El plan ocupará un total de 462.000 m2, de los cuales 260.000 serán edificables para levantar 1.000 viviendas. La iniciativa incluye un puerto deportivo y pese a que el proyecto aún no ha sido autorizado por la Dirección General de Costas, el promotor recoge la instalación en los folletos publicitarios para promocionar la futura urbanización.
El programa urbanístico será adjudicado a la Agrupación de Interés Urbanístico Grupo Gomendio, del empresario Esteban Gomendio López de Asiain. Este promotor integra el consejo de administración de la TV local Canal 34, medio de comunicación afín al PP. Gomendio López es, además, socio del promotor Joaquín Grau Pomares. Este empresario es el propietario de un chalé en la costa de Orihuela en el que vive, en régimen de alquiler, el alcalde Orihuela y también del Rolls Royce que usa el regidor.
El uso de esos bienes por parte de Medina es la espina dorsal de la denuncia del Fiscal anticorrupción de Alicante contra el Consistorio oriolano. La imputación del alcalde en esa causa le abocó el pasado mes de septiembre a renunciar a la reelección en el cargo en los comicios municipales del próximo mes de mayo.
La oposición califica la iniciativa de "aberración porque supone urbanizar el último tramo virgen el litoral oriolano, sin que haya demanda para nuevas viviendas", en palabras del edil de los Verdes, Monserrate Guillén. Mientras, el concejal Francisco García Ortuño, apunta hacia un "pelotazo urbanístico", "ya que son claras las relaciones entre el promotor Gomendio y el PP". "El plan estaba paralizado desde 2002 y precisamente se reactiva unos meses después de que el alcalde anuncie que no opta a la reelección por sus imputaciones judiciales", añade García Ortuño.
Por su parte, la concejal de Urbanismo, Eva Ortiz, rechazó las acusaciones de la oposición y defendió la legalidad del programa urbanístico. "Es un proyecto incluido en Plan General de Ordenación urbana desde 1998, y se trata de la segunda fase de un sector, cuya primera fase ya está ejecutada", afirmó la edil. "No es cierto que el proyecto haya estado paralizado y, ahora, se haya retomado. La propuesta entró en el Ayuntamiento en 2003 y no se le ha dado el visto bueno hasta que no hemos contado con todos los informes favorables de los técnicos, tanto del Ayuntamiento como de otras administraciones", añadió. La edil evitó pronunciarse sobre el proyecto de puerto deportivo que el promotor incluye en el programa. "No es una competencia municipal, hasta el punto que hemos obligado al urbanizador a que elimine cualquier referencia a ese proyecto [el puerto deportivo] en la propuesta que ha presentado al Ayuntamiento", añadió.
14. EL CONSELL SIGUE SIN RENDIR CUENTAS MEDIO AÑO DESPUÉS DE LA VISITA DEL PAPA (29/01/07)
Al acabar el viaje [de Benedicto XVI a Valencia] "se dará cuenta hasta del último euro", prometió el pasado mayo el vicepresidente del Consell, Víctor Campos. Seis meses después de que Valencia acogiera el V Encuentro Mundial de las Familias y fuera escenario de la visita del Papa, el Consell sigue sin explicar cuánto costó el fasto a las arcas públicas. Ni la promesa del vicepresidente Campos ni las exigencias de los partidos de la oposición han surtido efecto. Los socialistas, que han hecho una estimación, calculan que el evento pudo costar unos 60 millones de €.
La Generalitat no ha rendido cuentas. Ni lo hizo cuando la estaba preparando ni tampoco medio año después de la visita del Papa. La promesa del vicepresidente del Consell, Víctor Campos, a finales de mayo, un mes y pico antes de la celebración del Encuentro Mundial de las Familias. Interpelada una y otra vez la Generalitat por los periodistas acerca de este gasto, portavoces del Consell se han escudado en que debe ser el patronato organizador -que integran el Arzobispado de Valencia y las tres Administraciones gobernadas por el PP-, el que ofrezca los datos. "Debería de poderse saber, pero tiene que ser la fundación organizadora quien recopile los costes de las distintas Administraciones y lo haga público" explicaba el pasado noviembre el consejero de Relaciones Institucionales, Vicente Rambla.
Los grupos de la oposición insisten en que se rinda cuentas y por ello presentaron en su día una batería de preguntas en las Cortes Valencianas para conocer la cuantía del gasto. Sólo algunos departamentos respondieron a este requerimiento, como la Consejería de Sanidad, que cifró en 214.000 € su gasto en la visita papal.
La falta de explicaciones del Consell ha llevado a los socialistas a hacer sus propios cálculos. Y, en una primera estimación, calculan que la visita de Benedicto XVI habría costado unos 60 millones de €. Según el Grupo Socialista en las Cortes, el cierre al público de l"Hemisfèric y del Museo Príncipe Felipe a raíz de la visita del Pontífice costó a la Ciudad de las Artes y las Ciencias más de 900.000 €.
El PSPV, que ha realizado los cálculos tomando datos del informe de la Sindicatura de Comptes de 2005, considera que los 9 días en que permanecieron cerradas ambas instalaciones se dejó de ingresar algo más de 700.000 €, cantidad a la que se sumarían otros 198.000 por los gastos "improductivos" de personal.
La secretaria general del PP, Adela Pedrosa, respondía a los socialistas. "Con el quinto Encuentro Mundial de las Familias, la Comunidad demostró su gran capacidad para ser la alfombra roja y la plataforma desde la que mirar al mundo", dijo, tras asegurar que la capital recibió en esas fechas 1,3 millones de turistas. Esa cifra es muy superior a los 200.000 o 300.00 asistentes que se registraron en realidad, una concurrencia muy por debajo de las previsiones que tenía el Consell..
15. LA AUDIENCIA RESUELVE QUE EL "CASO IVEX" NO HA PRESCRITO (02/02/07)
La Audiencia de Valencia ha puesto fin al debate sobre la posible prescripción del delito fiscal que se investiga en el caso del Instituto Valenciano de la Exportación respecto del pago a Julio Iglesias y ha dictado un auto por el que deja claro que no ha prescrito. La Audiencia responde así a un recurso presentado por el abogado del ex director general e imputado en esta causa, José María Tabares. Desde el mismo momento en que el PSPV presentó la querella contra el consejo de administración del Ivex, Eduardo Zaplana y José María Tabares estuvo en discusión la posible prescripción del delito fiscal del que se les acusaba. La Audiencia ha dejado claro en un auto notificado el día 30 de enero que no, que ese delito no ha prescrito.
La querella se presentó en enero de 2005. En ella, se denunciaba la posible comisión de un delito fiscal, de falsificación documental, de malversación y de tráfico de influencias. Todos ellos en relación con hechos -las liquidaciones de tributos- de los años 1998 y 1999, es decir, presentados en 1999 y en 2000. El delito fiscal tiene una prescripción de cinco años. Por tanto, cabía la posibilidad de entender que efectivamente estaban prescritos y por ello el abogado de Tabares presentó recurso.
La sala ha dado una explicación doble. De una parte sobre la paralización del tiempo hacia la prescripción cuando se presenta la querella, y no cuando es admitida a trámite. Es decir, desde el momento en que se denuncia, el proceso hacia la prescripción se paraliza. Dice la sala que de no ser así caería la responsabilidad sobre los tribunales y estos responderían en función de su carga de trabajo.
El segundo argumento tiene que ver con el delito estricto. Es cierto que los pagos, ilegales o no, se realizaron en los años 1998 y 1999. Pero las autoliquidaciones tributarias son de 1999 y 2000. La sala considera que el plazo empieza a contar desde el momento en que se produce el último vencimiento legalmente establecido para hacer la declaración sobre ese ejercicio. Por tanto, concluye que no se da ninguno de los supuesto que avalaría la prescripción sino que el caso sigue vivo.
Más aún. El núcleo estaba en el delito fiscal. Es la base para todos los demás. El Juzgado de Instrucción 19, que lleva el asunto, ha cerrado además la investigación sobre él. La sala recuerda en el fallo que el ministerio fiscal incluye en su informe otros delitos a investigar, "los de malversación y falsedad documental para los que los plazos de prescripción señalados en el artículo 131 del Código Penal serían de diez años".
16. EL EX MINISTRO DEL PP JUAN COSTA DECLARA "NO RECORDAR" SU REUNIÓN CON FABRA (03/02/07)
El ex ministro de Ciencia y Tecnología por el PP Juan Costa ha declarado hoy como testigo ante el juzgado de Instrucción número 1 de Nules que investiga al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, por supuestos delitos contra la Administración Pública.
Costa ha manifestado que no recuerda nada de la supuesta reunión que mantuvo con el propio Fabra y con el entonces ministro de Agricultura, Jesús Posada, según ha informado uno de los abogados asistentes.
El ex ministro de Ciencia y Tecnología del Gobierno de Aznar, no ha recordado siquiera si existió tal reunión con Fabra y Posada ni si visitó el Ministerio de Agricultura con aquél, extremo que confirmó el propio Posada. Según explicaron desde el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJC), la declaración de Costa versó sobre el contenido de dicha reunión, mantenida en 1999, y en la que se habló, supuestamente, sobre las licencias de productos fitosanitarios de la empresa Naranjax, propiedad del empresario castellonense Vicente Vilar. Costa finalmente ha debido personarse en las dependencias judiciales, ya que no pudo acogerse al derecho de testificar por escrito al que sí se acogieron los ex ministros de Agricultura, Jesús Posada y Miguel Arias Cañete, y la ex ministra de Sanidad, Celia Villalobos. La comparecencia de Costa, al igual que la de los otros tres ex ministros, fue decretada por la Audiencia Provincial de Castellón que estimó el recurso presentado por la Unión de Consumidores.
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, está siendo investigado por supuestos delitos contra la Administración Pública y fraude fiscal. Hacienda denunció a Fabra por supuestas irregularidades en la declaración de la renta del año 1999, una investigación que la jueza del número 1 de Nules sumó a la causa abierta en 2003 referente a una supuesta falsificación en documentos y permisos para productos los fitosanitarios. La denuncia que originó estas diligencias fue presentada por el empresario Vicente Vilar ante el Ministerio de Agricultura, que la remitió a Fiscalía Anticorrupción y recayó sobre el citado juzgado, que imputó al empresario, a su ex esposa Montserrat Vives, a Fabra y a su cónyuge, Amparo Fernández.
17. EL ALCALDE DE ALMORADÍ (PP) ACHACA LA DELINCUENCIA A LA INMIGRACIÓN (07/02/07)
El alcalde de Almoradí, Antonio Ángel Hurtado (PP), aseguró en la comisión de Seguridad Ciudadana que entre el 75% y el 80% de los delitos en su localidad son cometidos por inmigrantes y los que están generando "alta alarma social", que son los robos en viviendas con sus moradores dentro o los atracos a comercios, los realizan "bandas organizadas que de países del Este y del Magreb". En la tercera sesión de comparecencias, el edil del PP aseveró que no hace de la inmigración la "bestia negra" pero advirtió que los extranjeros han aportado cosas "muy buenas" pero no toda la gente que ha venido es "buena".
En este punto, censuró la política de inmigración del Gobierno central, que describió así: "El tablacho abierto y aquí pasa todo dios; por el Estrecho con pateras, por la Junquera y por todos sitios" . Hurtado, al igual que el otro alcalde popular que compareció, el primer edil de la Vall d'Albaida, Juan José Beneyto, reclamó al Gobierno central más medios contra la delincuencia y sostuvo que la Policía Local ha tenido que suplir estas carencias. Pero fue la intervención de Beneyto la que dejó estupefacta a la oposición. El alcalde manifestó que sus vecinos y los de poblaciones limítrofes están "viviendo una situación de terror", de la que culpó a Zapatero. Joan Antoni Oltra, de EU, y Antoni Such, del PSPV, lo acusaron de ofrecer una visión "apocalíptica" de su pueblo por plegarse a la estrategia del PP. Y Such le sacó las colores al recordarle que en febrero de 2004 el PP rechazó una moción local en la que se pedía más policías alegando que no había problemas de delincuencia.
Las intervenciones políticas tuvieron su contraste con la de el presidente de la patronal hotelera de Benidorm, Pere Joan Devesa, quien subrayó que los turistas perciben a la Comunitat como un destino "seguro" y defendió que generar "alarma, cuando los fríos datos no son escalofriantes, no es bueno". "Tenemos un muy buen nivel de seguridad", aseveró . El presidente de la Asociación de Vecinos Colaborando Orihuela Costa, Christopher Poole, que intervino en inglés, lo que obligó a utilizar intérprete, defendió las patrullas ciudadanas.
18. UNA SOCIEDAD DE LA GENERALITAT PAGÓ LOS SOBRECOSTES ILEGALES DE TERRA MÍTICA (09/02/07)
La magnitud de los sobrecostes en Terra Mítica de Benidorm por obras nunca realizadas obligó a varios contratistas a devolver dinero al parque impulsado por la Generalitat Valenciana para evitar el escándalo. Un nuevo informe de la Agencia Tributaria señala que tres de los contratistas devolvieron a Terra Mítica más de 4,5 millones de € por conceptos como "error en las mediciones y falta de calidad de la obra". Los contratistas recuperaron el dinero devuelto a través, supuestamente, de una empresa pública, Parque Temático de Alicante, 100% de la Generalitat, según un informe de la Agencia Tributaria.
El informe de la Agencia Tributaria es consecuencia de cuatro denuncias anónimas (tres de ellas por duplicado) remitidas por correo a Hacienda. Las denuncias incluyen fotocopias de facturas y otros documentos contables referidos a los contratos firmados por Terra Mítica con Cobra Instalaciones, Moncobra y Atil Cobra, todas ellas pertenecientes al grupo empresarial ACS.
Además se denuncian también graves irregularidades, aunque sin aportar documentación, por parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Terra Verd -integrada por Luis Batalla SA, Hormigones Martínez SA y C-3, la ingeniería de Vicente Conesa, empreario imputado en la trama de facturas falsas de Terra Mítica-. Hacienda, tras haber requerido nueva documentación al parque temático, considera procedente la remisión de la denuncia a la Fiscalía al entender que han existido irregularidades.
La Agencia Tributaria constata que Terra Mítica realizó dos contratos con Atil Cobra. El primero de ellos tuvo una desviación del 72,4% y el segundo del 53%. A raíz de la reclamación del parque de atracciones por las desmesuradas desviaciones, Atil Cobra realizó un abono de 720.000 € (120 millones de pesetas) más IVA tras reconocer "la existencia de errores en las mediciones" en una instalación de depósitos de agua e instalaciones mecánicas. Este desembolso al parque de atracciones -que viene a coincidir con el importe de las desviaciones- se realizo antes incluso de que Atil Cobra hubiese cobrado las facturas presentadas, según constata Hacienda, y con un número de identificación fiscal que no era el suyo, sino el de la Sociedad Parque Temático de Alicante, empresa 100% de la Generalitat valenciana, que a su vez también es accionista del parque de atracciones. Además, pese al requerimiento de la Agencia Tributaria, Terra Mítica "no puede concretar" a qué facturas abonadas a Atil Cobra se referían los abonos.
Cobra Instalaciones y Servicios utilizó el mismo sistema. Primero fue contratada por Terra Mítica para instalar una montaña rusa de madera. Acto seguido se firmó un segundo contrato para modificar la atracción, al que siguió un tercero para reforzar la estructura de la montaña rusa. Finalmente, Cobra Instalaciones facturó otro monto millonario por "trabajos adicionales y administración" relacionados con el montaje de la montaña rusa.
A principios de 2001, y sin haber cobrado todavía por la montaña rusa de madera, Cobra Instalaciones abonó a Terra Mítica 850.000 €. También por "error en medición y falta de calidad de obra". También, según la denuncia, con el NIF de la empresa pública de la Generalitat. Hacienda considera verosimil la explicación del anónimo: "Según el denunciante, las críticas de los propios consejeros por los sobrecostes en el parque impulsaron a traspasar parte de los costes a la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) mediante la realización de varios contratos que justificaron esos pagos". En esas fechas, la directora general de Sociedad Parque Temático de Alicante era Gema Amor, persona de confianza de Eduardo Zaplana y actual consejera en el Gobierno valenciano.
Sin embargo, la que mayor reembolso realiza a Terra Mítica, sin haber cobrado el total de las facturas presentadas, es Moncobra SA. Casi tres millones de € abonados a Terra Mítica por conceptos como "error de cálculo". Moncobra llega a facturar a Terra Mítica por asesorar al parque en el montaje de atracciones, cuando ya esta empresa ya había cobrado anterior por este servicio. Los abonos de las contratistas a Terra Mítica se producen en el primer trimestre de 2001 por trabajos realizados, fundamentalmente, en el 2000.
La Agencia Tributaria destaca también la similitud de los abonos de las empresas del grupo Cobra con los de la UTE Terra Verd, en la que figura una firma C-3 de Vicente Conesa. Este empresario es mencionado -en una grabación realizada por un diputado socialista- por José Herrero, imputado en la trama de facturas falsas de Terra Mítica, como la persona que cobraba comisiones ilegales con el conocimiento de Zaplana.
19. EL CONTRATISTA VINCULADO A ZAPLANA CENTRA LA INVESTIGACIÓN (09/02/07)
Vicente Conesa es un imputado clave en la causa abierta por las facturas falsas en Terra Mítica. Conocido de Eduardo Zaplana desde que este último fue alcalde de Benidorm, su nombre aparece en las grabaciones que dos diputados socialistas del Parlamento valenciano realizaron a otros imputados en el caso. En esas grabaciones se señala a Conesa como la persona que cobraba comisiones ilegales de los trabajos relacionados con el parque de atracciones de Benidorm y que las trasladaba a Eduardo Zaplana.
Esas grabaciones llevaron a Zaplana a interponer una querella contra los dos diputados que fue desestimada. Fruto de esa querella, hay abierta otra investigación para esclarecer el contenido de las grabaciones. Conesa vuelve a ser, en la nueva documentación en poder del juez, un personaje clave en el proceso de licitación y ejecución de obras en Terra Mítica. El último informe de Hacienda, que explica cómo proveedores de Terra Mítica derivaron a la empresa pública SPTA sobrecostes del parque, también le dedica atención. Señala cómo Conesa llegó a ostentar la dirección facultativa del parque y cómo un mes después de ello facturó un proyecto de jardinería y riego desde su propia empresa. El contrato para sustentar esa factura se firmó después. Para ello, incluyó dos de sus empresas en la terna que obliga la ley a tener en consideración. El contrato llevó la firma de uno de sus socios.
Las supuestas irregularidades alrededor de Conesa no acaban ahí. La confusión sobre quién fue realmente responsable de las obras de jardinería hizo que la Fiscalía preguntara a Terra Mítica sobre ello a través del juzgado que lleva el caso. Sin embargo, dejó claro que el proyecto básico corrió a cargo de las firmas Global Idom y Tencnopaisajes Consulting. La ejecución de ese proyecto tuvo cuatro fases. Las dos primeras son también de Global Idom. Sobre las dos últimas no puede indicar responsable.
Terra Mítica ofreció una información adicional. Conesa fue "director de encargo" en la fase de ejecución de las obras de jardinería y esa responsabilidad que depositó en él el parque la hizo coincidir con su participación en varias empresas (C3 Ingeniería de la Construcción y del Medio Ambiente, y la Unión Temporal de Empresas Terra Verd) que optaban a la licitación de los proyectos. La gerencia de jardinería que ostentaba para el parque le daba poderes para visar la calidad de las obras. "Acompañamos copia de algunos planos en los que figuran varias iniciales, entre ellas, como director de encargo, las de V. C. F.", explicó Terra Mítica al juzgado. Esas iniciales coinciden con las de Vicente Conesa Fernández-Vitoria.
El diputado autonómico del PSPV-PSOE José Camarasa exigió al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que "ordene una investigación exhaustiva" para aclarar los pagos injustificados de Terra Mítica que, de confirmarse, "comprometerían gravemente al Consell".
20. LA CONSEJERA DE PARTICIPACIÓN RECUERDA QUE CAMPS Y RAMBLA CONOCÍAN "EL DÍA A DÍA" DE TERRA MÍTICA (15/02/07)
La consejera de Participación, Gema Amor, y ex directora general de la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) en la etapa investigada por Hacienda en relación con los sobrecostes y obras no hechas en Terra Mítica, no está dispuesta a convertirse en una paria dentro del Consell. Amor aseguró que el resto de consejeros, así como Gerardo Camps, Vicente Rambla y Miguel Navarro "conocían el día a día de la gestión" realizada en relación con Terra Mítica. Amor dijo que sólo puede deberse a "interpretaciones malintencionadas" que alguien piense que el consejero de Economía no quiso defenderla al ser interpelado por los escándalos del parque de atracciones.
El consejero de Economía, Gerardo Camps, manifestó que si se produjo alguna situación irregular durante los ejercicios 2000 y 2001 en Terra Mítica "ni era conocida, ni asumida, ni consentida por la comisión ejecutiva, el consejo de administración o la junta de accionistas". Camps evitó respaldar la gestión de Amor como directora general de la SPTA, hoy denominada Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y presidida por el propio consejero de Economía.
"Decir que el consejero de Economía recurrió a las evasivas para no respaldar la gestión relacionada con Terra Mítica sólo puede responder a malintencionadas interpretaciones", prosiguió Amor, "tanto Gerardo Camps, como Vicente Rambla [consejero de Economía en la etapa investigada por la Agencia Tributaria] conocían el día a día de la gestión, como Miguel Navarro [ex director general de Terra Mítica, imputado en el sumario que investigada el juzgado número 3 de Valencia en relación con la trama de facturas falsas]".
La consejera de Participación ya manifestó el pasado 29 de diciembre que el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "conoce perfectamente" la gestión hecha en la SPTA. Unas manifestaciones que provocaron que Camps rompiese su mutismo sobre el escándalo de Terra Mítica y la SPTA y saliese en defensa de la gestión realizada en torno al parque de atracciones de Benidorm.
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) informó de que el juzgado de instrucción número 18 será el encargado de incoar las diligencias previas de la querella por injurias y calumnias presentada por el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, contra los empresarios José Herrero y Antonio Moreno Carpio, ambos imputados en el caso Terra Mítica. La designación del juzgado se produce después de que el TSJ acordase el sobreseimiento de la querella contra los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa, contra los que también se dirigía inicialmente la querella de Zaplana. Los parlamentarios grabaron unas conversaciones con los dos empresarios imputados. Uno de ellos relacionaba a Zaplana con un supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de recibir contratas del parque de Benidorm.
Estas grabaciones forman parte igualmente del sumario que instruye el juzgado número 3 de Valencia que investiga la trama de facturas falsas de Terra Mítica y la participación de la SPTA en el pago de sobrecostes ilegales en el parque y su entorno. Dos casos unificados después de que el juez instructor de Alicante se inhibiese en favor del de Valencia en la investigación abierta por supuestos delitos de fraude fiscal, falsedad documental y malversación de caudales públicos en la empresa de la Generalitat al considerar que es parte de la misma causa. La SPTA no sólo asumió obras del entorno del parque, sino que como socio de Terra Mítica compartía miembros en los órganos de gobierno de ambas sociedades.
21. LA CONSEJERA DE PARTICIPACIÓN RECUERDA QUE CAMPS Y RAMBLA CONOCÍAN "EL DÍA A DÍA" DE TERRA MÍTICA (15/02/07)
La consejera de Participación, Gema Amor, y ex directora general de la Sociedad Parque Temático de Alicante (SPTA) en la etapa investigada por Hacienda en relación con los sobrecostes y obras no hechas en Terra Mítica, no está dispuesta a convertirse en una paria dentro del Consell.
Amor aseguró que el resto de consejeros, así como Gerardo Camps, Vicente Rambla y Miguel Navarro "conocían el día a día de la gestión" realizada en relación con Terra Mítica. Amor dijo que sólo puede deberse a "interpretaciones malintencionadas" que alguien piense que el consejero de Economía no quiso defenderla al ser interpelado por los escándalos del parque de atracciones.
El consejero de Economía, Gerardo Camps, manifestó que si se produjo alguna situación irregular durante los ejercicios 2000 y 2001 en Terra Mítica "ni era conocida, ni asumida, ni consentida por la comisión ejecutiva, el consejo de administración o la junta de accionistas". Camps evitó respaldar la gestión de Amor como directora general de la SPTA, hoy denominada Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana y presidida por el propio consejero de Economía.
"Decir que el consejero de Economía recurrió a las evasivas para no respaldar la gestión relacionada con Terra Mítica sólo puede responder a malintencionadas interpretaciones", prosiguió Amor, "tanto Gerardo Camps, como Vicente Rambla [consejero de Economía en la etapa investigada por la Agencia Tributaria] conocían el día a día de la gestión, como Miguel Navarro [ex director general de Terra Mítica, imputado en el sumario que investigada el juzgado número 3 de Valencia en relación con la trama de facturas falsas]".
La consejera de Participación ya manifestó el pasado 29 de diciembre que el propio presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "conoce perfectamente" la gestión hecha en la SPTA. Unas manifestaciones que provocaron que Camps rompiese su mutismo sobre el escándalo de Terra Mítica y la SPTA y saliese en defensa de la gestión realizada en torno al parque de atracciones de Benidorm.
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) informó de que el juzgado de instrucción número 18 será el encargado de incoar las diligencias previas de la querella por injurias y calumnias presentada por el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, contra los empresarios José Herrero y Antonio Moreno Carpio, ambos imputados en el caso Terra Mítica. La designación del juzgado se produce después de que el TSJ acordase el sobreseimiento de la querella contra los diputados socialistas Antoni Such y José Camarasa, contra los que también se dirigía inicialmente la querella de Zaplana. Los parlamentarios grabaron unas conversaciones con los dos empresarios imputados. Uno de ellos relacionaba a Zaplana con un supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de recibir contratas del parque de Benidorm.
Estas grabaciones forman parte igualmente del sumario que instruye el juzgado número 3 de Valencia que investiga la trama de facturas falsas de Terra Mítica y la participación de la SPTA en el pago de sobrecostes ilegales en el parque y su entorno. Dos casos unificados después de que el juez instructor de Alicante se inhibiese en favor del de Valencia en la investigación abierta por supuestos delitos de fraude fiscal, falsedad documental y malversación de caudales públicos en la empresa de la Generalitat al considerar que es parte de la misma causa. La SPTA no sólo asumió obras del entorno del parque, sino que como socio de Terra Mítica compartía miembros en los órganos de gobierno de ambas sociedades.
22. LOS HIJOS DEL EDIL DE URBANISMO DE ALTEA VENDEN PISOS DE UNA PROMOCIÓN A LA QUE DIO LUZ VERDE (16/02/07)
La empresa familiar del concejal de Urbanismo de Altea, Jacinto Mulet, la inmobiliaria Costamed, ha puesto a la venta en exclusiva la promoción del residencial Mascarat 57, un complejo residencial de 57 apartamentos. Mulet propuso a la comisión de Urbanismo la aprobación de la urbanización en esta zona de acantilado sobre la bahía de Altea, una de las zonas más castigadas por la presión urbanística de todo el litoral valenciano según los ecologistas, situada muy cerca del Puerto Deportivo Luis Campomanes.
Mulet defendió en comisión de Urbanismo el proyecto desarrollado por Geuber Promoción, que tras lograr los votos favorables del PP obtuvo la licencia del Ayuntamiento el 20 de abril de 2005. Un mes antes, el 14 de marzo de 2005, ya se había constituido la empresa encargada de comercializarlo, Mascarat Gestión SL, con un capital social de 3.006 euros, con dos socios, Salvador Mulet Llorens, hijo del concejal de Urbanismo, y Manuel Lencero Valle, hijo de otro conocido constructor de la zona con varios desarrollos urbanísticos en marcha. El domicilio social de Mascarat Gestión es la avenida Jaume 1, 17, el mismo que la inmobiliaria Costamed Invest S.L., la primera de las sociedades dedicadas a la "adquisición, promoción, explotación, arrendamiento y venta de inmuebles rústicos o urbanos" adquiridas por los hermanos Mulet.
El grupo municipal del Bloc ha denunciado en numerosas ocasiones "la falta de transparencia" y "los intereses urbanísticos del regidor". De hecho, la portavoz del Bloc, Paca Sevila, señaló el "desmesurado crecimiento de los negocios inmobiliarios de los hijos de Mulet, sin experiencia en el sector hasta hace muy poco tiempo". Jacinto Mulet es el número 2 del Gobierno que preside Miguel Ortiz, y ostenta la delegación de Urbanismo desde 1995.
Tras las elecciones locales de 2003 los hijos de Mulet se acercaron al negocio inmobiliario creando Costamed Invest SL, a la que se añadió a los pocos meses Costamed Asesores SL y varias firmas más con un mismo fin, como el asesoramiento y la gestión relacionada con la redacción de programas de actuación integrada, planes parciales o reparcelaciones. Las oficinas del holding familiar, asentadas principalmente en Altea, han ido creciendo por toda la comarca de la Marina Baixa. Mascarat Gestión SL ha sido la última en incorporarse al grupo.
23. ALTEA VENDE Y DESPUÉS RECOMPRA UNA FINCA A UNA FUNDACIÓN PRÓXIMA AL PP (19/02/07)
El Ayuntamiento de Altea, con mayoría absoluta del PP, ha aprobado ayudas por más de 1,2 millones a la Fundación Ciencias Sociales y Mundo Mediterráneo, entre cuyos dirigentes hay miembros de la FAES (fundación presidida por José María Aznar). El primer edil alteano, el zaplanista Miguel Ortiz, ha sido uno de los principales defensores de esta entidad "sin ánimo de lucro". Entre las ayudas entregadas por el Consistorio figura una de 600.000 euros en 2002 para adquirir una finca de 1,2 millones de euros y que tres años después ha recomprado por 1,8 millones.
Los orígenes de la fundación se sitúan en 1996, con la llegada de Ortiz a la alcaldía, pero hasta tres años después no aprobó sus estatutos. En junio de 2002 y con los votos del PP se aprobó el convenio por el que el Ayuntamiento pagaba a la fundación 600.000 euros para comprar la finca Santa Bárbara, que costaba 1,2 millones. La aportación se repartía en 10 años, a razón de 60.000 euros por año. El objetivo era convertir el emplazamiento en sede de sus actividades, y el convenio incluía el regalo a la ciudad de la ermita ubicada en la parcela, la cesión de las instalaciones para actividades municipales y el nombramiento del alcalde como copresidente de la misma. Según el Bloc, con los 60.000 euros anuales del Consistorio iba amortizando el crédito y "realizaba alguna actividad para cubrir el expediente".
Tres años después la fundación vendió la finca al Consistorio por 1,8 millones, 600.000 euros más de lo que le costó. El presidente de la fundación era el propio alcalde. Y en lugar de ser el Consistorio quien pidió el crédito fue la Empresa Pública Municipal la que negoció con Caixaltea (presidida por Jaime Sellés, concejal de Presidencia y persona de confianza del alcalde) la concesión de 2,16 millones, es decir, 360.000 euros más caro a través de un préstamo a 25 años y con cuotas de amortización de 10.200 euros al mes.
Los beneficios de la Fundación no quedan ahí. Después de comprar la finca, el alcalde renovó el convenio de 600.000 euros para que siguiera percibiendo 60.000 euros al año durante una década como subvención a las actividades. La portavoz del Bloc, Paca Sevila, calificó de "escandalosa" la situación y del "negocio redondo" de la fundación, ya que para justificar la subvención recibida "en lugar de presentar una memoria y facturas de actividades presenta como justificante la compra de un piso y dos plazas de garaje". El Bloc se pregunta si se trata de una fórmula de financiamiento ilegal del PP o de simple corrupción. Ante las denuncias formuladas, el patronazgo envió a este periódico un dossier en el que se desglosan las siete actividades previstas para 2007, por las que ha recibido 60.000 euros.
24. LOS RECTORES SE QUEJAN AL CONSELL POR EL TRATO A FAVOR DE LA FACULTAD CATÓLICA DE MEDICINA (22/02/07)
Los rectores de las universidades valencianas, de las públicas y también el de la privada Cardenal Herrera-CEU, mostraron su "queja" al Consell porque consideran "discriminatorio" el procedimiento que ha seguido al "aceptar estudiar" el proyecto de creación de una Facultad de Medicina en la Universidad Católica San Vicente Mártir.
El rector de la Universitat de València Francisco Tomás, quien actuó de portavoz de sus compañeros en el cargo en la red pública al concluir el Consejo Valenciano de Universidades en el que se trató el informe de creación de dicho centro, señaló que la Conselleria de Empresa Universidad y Ciencia está dando un "trato a favor y diferencial" hacia la institución académica del Arzobispado porque "existe un decreto del Gobierno del Estado que deja en suspenso y no permite a nadie el procedimiento de nuevas titulaciones ni de planes de estudios a la espera de concluir el proceso de la Convergencia Europea. Se ha aceptado un expediente que a nosotros se nos dijo que ni se nos ocurriera. Mientras, hemos hecho honor a la disposición de la dirección general de Universidades de posponer la petición de nuevas titulaciones" .
En similares términos se pronunció el rector de la Cardenal Herrera-CEU, Alfonso Bullón de Mendoza, quien afirmó haber sentido "sorpresa y perplejidad" cuando leyó hace unos días en el orden del día del pleno del consejo el punto sobre la futura facultad. "Todas las universidades de la Comunitat Valenciana tenemos una respuesta a las peticiones que hicimos de títulos hace un par de años en la que se nos dice que el trámite estaba cerrado" recordó. Bullón de Mendoza resaltó que "no se entiende que el mismo director general, del que tengo escrita una carta hace dos años en la que dice que se paran los trámites para poner en marcha títulos, de repente presenta un informe de nuevos títulos" .
Los rectores han pedido en la reunión, a la que no asistió el conseller Justo Nieto aunque sí su equipo, que "cualquier petición de de implantación de estudios de cualquier universidad del sistema valenciano debería ser considerada en la programación global y no como tratos individuales" explicó Tomás.
25. EL SUPREMO PONE FIN AL INTENTO DEL PP DE PRIVATIZAR LA TELEVISIÓN PÚBLICA VALENCIANA (20/02/07)
El Tribunal Supremo ha zanjado el intento del entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana de privatizar parcialmente la gestión de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). El Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el ente público en 2005 después de que los tribunales ordinarios declarasen nulos los concursos para privatizar la edición de los informativos, el suministro de contenidos y la venta de publicidad. Glòria Marcos, coordinadora general de EUPV, dijo , tras hacer pública la sentencia, que la pretensión de RTVV no tenía soporte legal.
El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado en 2005 por Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) contra la decisión de los tribunales ordinarios de anular los concursos para privatizar una parte de la gestión de Canal 9. La decisión del Supremo, subrayó Glòria Marcos, acaba con la pretensión del entonces Gobierno valenciano, que presidía Eduardo Zaplana, de "acometer una privatización encubierta y progresiva" del canal autonómico.
El Supremo basa su rechazo, explicaron los abogados Enric Bataller y Javier Trives, en que el ente RTVV es "un simple gestor del servicio público de televisión, pero no puede considerarse como una Administración que tenga confiada la interpretación y defensa de los intereses generales". Además, el tribunal argumenta que no existe motivo que justifique una casación en interés de ley -como argumentó RTVV en su recurso- porque el ente se limitó a invocar "la idea genérica y no demostrada de que la gestión privatizada de un servicio supone una mejoría del mismo respecto a la gestión directa pública". La privatización de Canal 9 -promovida por el gobierno de Zaplana y que el ahora presidente de la Generalitat, Francisco Camps, congeló a la vista de los recursos judiciales presentados contra el proceso- la acordó el consejo de administración del ente en marzo de 2003.
Concretamente, el consejo decidió ceder a la empresa privada por periodos de cinco años renovables la edición de los informativos, el suministro de los contenidos audiovisuales y la venta de espacios publicitarios d