6 de febrero: La Audiencia Nacional abre una investigación por una supuesta trama de corrupción, diligencias que dirige el juez Baltasar Garzón.Dos funcionarios de Justicia se personan en la Conselleria de Turismo para reclamar el expediente administrativo por el que se adjudicó el diseño y montaje del expositor de la Comunitat Valenciana en FITUR a la empresa Orange Market, filial valenciana de Special Events, una de las empresas del jefe de la trama, Francisco Correa.

8 de febrero: El PPCV reconoce haber contratado "puntualmente" los servicios de Orange Market, y haberlo hecho en repetidas ocasiones al haber quedado "satisfecho" con la "perfección" de los resultados obtenidos.

9 de febrero: La consellera de Turismo, Angélica Such, afirma que Orange Market ganó por cuarto año consecutivo el concurso para el diseño, montaje y desmontaje del expositor valenciano en Fitur 2009 y otras cuatro ferias tras presentar la oferta más cara de las seis firmas que concurrieron.El Consell califica de "puramente testimonial" su relación con Orange Market, que limita al expositor valenciano en Fitur y a la Volvo Ocean Race, y niega que esa empresa trabajara en la visita del Papa a Valencia y en la Fórmula Uno.La Policía detiene en Valencia al responsable de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, por su presunta implicación en la supuesta red de corrupción ligada a cargos del PP.

10 de febrero: Garzón imputa a Álvaro Pérez y a otras 33 personas en relación con la presunta trama de corrupción relacionada con cargos del PP y tráfico de influencias destapada.El Consell anuncia la presentación de una querella contra las personas e instituciones que hayan difamado a sus altos cargos o los acusen de la comisión de un delito falso.El PPCV anuncia que ha pedido a los servicios jurídicos de su partido que elaboren un "reglamento interno de contratación de proveedores" para evitar que se vuelvan a "producir" problemas como los que han ocurrido con Orange Market.

12 de febrero: El president de la Generalitat, Francisco Camps, garantiza que la Administración autonómica funciona de manera "transparente y correcta", y reivindica que "el que la haga, que la pague", aunque añade que , "de momento, en España quienes pagan por corrupción son los socialistas".

16 de febrero: El PSPV acude, sin éxito, a la empresa pública Sociedad Gestora para la Imagen Promocional de la Comunitat Valenciana para que le entreguen las actas del consejo de administración y los contratos suscritos con Orange Market, que viene reclamando hace año y medio.

19 de febrero: Dos periódicos nacionales publican que la Fiscalía Anticorrupción implica a Camps en la trama de corrupción, debido a una frase de una imputada que alude al pago de 30.000 euros en trajes para él.Camps comparece a primera hora, acompañado de su Gobierno, para desmentir esa vinculación y anunciar acciones legales en defensa de su honor. Posteriormente, anuncia que todos los consellers acudirán a Les Corts a informar de los contratos que firman con empresas.El vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, comparece en Les Corts a petición propia y se compromete a entregar a la oposición el centenar de contratos adjudicados por la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat Valenciana, incluido el de Orange Market por valor de 445.000 euros.

5 de marzo: Garzón envía parte del "caso Gürtel" al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ante la existencia de indicios contra Francisco Camps y el portavoz del PP en Les Corts y secretario general del PPCV, Ricardo Costa.En su auto, el juez imputa también al ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.

16 de marzo: La Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV recibe las cinco cajas con la información de la Audiencia Nacional sobre el caso "Gürtel".

17 de marzo: El magistrado de la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV José Flors es nombrado ponente de la causa.

14 de abril: La Fiscalía Anticorrupción solicita al TSJCV que sea el órgano competente para tomar declaración a Camps y a Costa para esclarecer si ambos aforados recibieron "dádivas procedentes de alguno de los imputados" en la presente causa.

21 de abril: El TSJCV se declara competente para asumir las investigaciones del caso "Gürtel" en aquellos hechos que afectan a Francisco Camps, Costa, Campos y Betoret, y la Sala de lo Civil y Penal acuerda abrir diligencias previas sobre estas cuatro personas por "posible delito de cohecho".

23 de abril: El diario "El País" publica una conversación entre el presidente del Gobierno valenciano y Álvaro Pérez en la que el primero llama al segundo "amiguito del alma" y le pide quedar para "hablar de lo nuestro, que es muy bonito".Camps afirma que su supuesta implicación en el caso "Gürtel" que "es un montaje y todo es mentira" y manifiesta que "es una cuestión que está bajo secreto de sumario y lo que corresponde es que cada uno sepa cuál es su responsabilidad".

30 de abril: El president de la Generalitat asegura en su comparecencia en la sesión de control en Les Corts que "nadie" le debe "nada", y a nadie le debe "nada, excepto a los valencianos", y ha aseverado que tiene unas "ganas locas, locas" de explicar públicamente lo que hay sobre la supuesta trama de corrupción del PP, "que es nada".El Gobierno valenciano niega que Álvaro Pérez tenga "nada que ver" con la fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a esta ciudad en 2006, tal y como se desprende de una grabación que forma parte del sumario del caso "Gürtel" en la que Pérez dice a unos socios suyos que Camps podría nombrarle coordinador general de la visita papal.

04 de mayo: El TSJCV desestima la petición de nulidad de actuaciones de Garzón referidas al caso "Gürtel" formulada por el president de la Generalitat.

14 de mayo: Camps y Costa son citados a declarar como imputados el 19 de mayo por su relación con la supuesta trama de corrupción en el PP, el denominado caso "Gürtel".El magistrado instructor de la causa abierta para investigar un supuesto delito de cohecho también cita a declarar al ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret.La dirección nacional del PP respalda plenamente a Camps, quien se muestra "completamente" convencido de que el proceso judicial abierto por la supuesta trama de corrupción ligada al PP, en el que ha sido imputado por un supuesto delito de cohecho, "terminará muy pronto y, si Dios quiere, terminará muy bien".

15 de mayo: Álvaro Pérez es citado a declarar por el TSJCV el día 20 como imputado por su relación con la supuesta trama de corrupción en el PP.

16 de mayo: El líder del PP, Mariano Rajoy, expresa el "pleno, total y absoluto apoyo del partido" a Camps y a Costa.

18 de mayo: Se suspende la comparecencia ante el juez de Francisco Camps prevista para el martes 19 y se trasladada a la jornada siguiente, miércoles 20, atendiendo a la solicitud del abogado del president de la Generalitat, que ha argumentado que ha de estar ese día "presente en otra declaración señalada con anterioridad por otro órgano judicial".

19 de mayo: El ex vicepresidente del Consell Víctor Campos declara ante el magistrado instructor del caso "Gürtel" en Valencia como imputado por un supuesto delito de cohecho. A su salida afirma a los periodistas que se ha sentido "muy tranquilo" porque "todo ha ido muy bien".Costa declara también por su supuesta relación con el caso "Gürtel". A su salida del Palacio de Justicia, señala a los periodistas, como antes lo ha hecho ante el juez, que su actividad pública es "posterior" a la fecha de los "presuntos trajes" que se le imputan.El magistrado del TSJCV que instruye el caso no adopta ninguna medida cautelar sobre Campos y Costa.

20 de mayo: Camps declara como imputado ante el TSJCV por supuestamente adquirir trajes en diferentes tiendas por valor de 12.783 euros que fueron pagados por Orange Market, una de las empresas vinculadas a la trama supuestamente liderada por Francisco Correa.En segundo lugar, declara ante el juez como imputado en la causa por un supuesto delito de cohecho el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret.En tercer y último lugar, declara por estos hechos el responsable en Valencia de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez.El procedimiento abierto por un supuesto delito de cohecho que instruye el TSJCV "sigue su curso" tras la declaración de Camps, Betoret y Pérez.

21 de mayo: El sastre y ex responsable de tiendas Forever Young y Milano José Tomás, citado a declarar como testigo, asegura que "todos" los trajes que constan en el sumario de la causa fueron pagados por Pablo Crespo, secretario de organización del PP gallego hasta 1999 y en prisión desde el pasado mes de febrero por este caso.Mientras, Camps asegura en la sesión de control de Les Corts que no ha tenido "ninguna relación" con las personas que se encontraban al frente de las empresas investigadas en la causa y ha garantizado que no hubo "regalo alguno" a su persona.

26 de mayo: Un total de 35 cargos de la Generalitat que autorizaron contratos entre la Administración valenciana y Orange Market o formaron parte de las mesas de contratación testifican ante el juez del TSJCV que instruye en Valencia el caso "Gürtel".El PSPV-PSOE presenta una "personación con querella" por un delito de cohecho con el president de la Generalitat y el resto de imputados en la investigación judicial.

27 de mayo: Declaran como testigos de la causa ante el TSJCV un perito contable de la cadena de ropa de lujo Forever Young y un representante legal de Milano, empresas que supuestamente sirvieron trajes pagados por Orange Market al president de la Generalitat.

01 de junio: Tres empleados de las tiendas Milano y Forever Young de Madrid declaran como testigos ante el magistrado José Flors.Además, el tribunal admite a trámite la "personación con querella" presentada por el PSPV-PSOE por un delito de cohecho contra Francisco Camps y el resto de imputados valencianos en la investigación.Costa anuncia que su partido no recurrirá la personación del PSPV-PSOE en la investigación del caso Gürtel, porque la única finalidad de esa querella es obtener "rentabilidad política durante la campaña electoral".

02 de junio: Rajoy muestra de nuevo todo su apoyo a Camps en el multitudinario acto del PP celebrado en la plaza de toros de Valencia con motivo de las elecciones europeas del 7-J.

22 de junio: El juez José Flors requiere a diferentes sociedades que envíen la documentación solicitada por el Ministerio Fiscal y la acusación popular, ejercitada por el PSPV-PSOE.

06 de julio: El magistrado del TSJCV fija para el próximo día 15 la audiencia preliminar con jurado tras finalizar las diligencias previas y haber encontrado "suficientes indicios racionales" de delito contra los cuatro imputados en la rama valenciana del "caso Gürtel".

09 de julio.- La Fiscalía solicita al juez Flors que cite como imputados a Álvaro Pérez, "el Bigotes", Pablo Crespo y Francisco Correa, los líderes de la supuesta trama. Por otra parte, el juez acepta la renuncia formulada por Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret a comparecer en la audiencia fijada para el día 15.

10 de julio.- Costa recurre el auto.

13 de julio.- El juez declara improcedente el despido del sastre de Camps y pide una indemnización de 232.500 euros.

14 de julio.- Camps recurre el auto. Víctor Campos y Rafael Betoret también lo hacen.
- La Cadena SER hace pública una supuesta conversación mantenida entre Francisco Correa y Pablo Crespo sobre las posibilidades de negocio que ofrece la intermediación en la organización del primer GP de Europa en el circuito urbano de Valencia.

15 de julio.- El juez Flors rechaza la imputación Correa, Crespo y Álvaro Pérez, solicitada por la Fiscalía Anticorrupción, al entender que no es de su competencia. Las partes implicadas comparecen ante TSJ Comunidad Valenciana.

16 de julio.- Flors admite a trámite los recursos de apelación presentados por Camps y los otros tres imputados por un supuesto delito de cohecho.

17 de julio.- Flors no suspenderá la tramitación de la causa por cohecho contra Camps mientras se resuelve el recurso contra su imputación

03 de agosto. La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la CV, por dos votos contra uno archiva la causa contra Camps y otros

03 de agosto. El magistrado del Tribunal Superior de la Comunidad Madrid envía un requerimiento a la Generalidad para que le remita los contratos sucritos por la administración autonómica con las empresas de la trama Gürtel en esa C.A

22 de septiembre. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ordena devolver un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre Orange Market y la financiación de los actos del PP en esta Comunidad que, según estima, no guarda "relación alguna" con la vertiente valenciana del caso Gürtel. Con esta decisión, el tribunal acepta acepta el recurso del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, el secretario general del PPCV, Ricardo Costa y el ex presidente del Gobierno valenciano Víctor Campos contra otro auto del 10 de septiembre de esta misma Sala que ya rechazaba el informe aunque se incluyó en las actuaciones.

29 de septiembre. La Fiscalía recurre en casación ante el Tribunal Supremo el archivo de Camps y otros

06 octubre. El Tribunal de Justicia de Madrid ha hecho público parte del sumario de la investigación a la trama corrupta encabezada por Correa, Crespo y El Bigotes, y vinculada al Partido Popular.-

13 de octubre. Ric Costa Climent comunica que no dimite como Secretario General ni como Portavoz.

14 de octubre. Ric Costa Climent es cesado por la Dirección nacional de sus puestos de Secretario General y Portavoz del Grupo Popular

26 de octubre: Después de que un periódico publique que, según el acta del comité regional, Costa sigue siendo secretario general, Cospedal insiste en que no lo es.

29 de octubre: La dirección nacional del PP suspende cautelarmente de militancia a Ricardo Costa por su "actitud". Unas horas antes, en su primera aparición en Les Corts desde el pasado 14 de octubre, Costa lamentaba "como militante y como secretario general" que la dirección del PP no le hubiera citado al comité de derechos y garantías por su relación con el caso Gürtel

09 de noviembre. El PSPV-PSOE presenta una querella contra Camps y otros por la presunta financiación irregular del PP valenciano en relación con la trama Gürtel

15 de Febrero 2010. El TSJCV se declara no competente para analizar la querella de los socialistas contra Camps y otras 16 personas por el 'caso Gürtel' No obstante, los magistrados destacan que el informe policial en el que se apoya la querella contiene "hechos de posible significación delictiva" sobre la financiación del PP que "necesariamente se han de investigar".

Los socialistas se apoyan en el auto del TSJ para acusar en el 'caso Gürtel'

El auto del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) del pasado 15 de febrero, en el que decidía no asumir de momento la competencia para investigar a Francisco Camps y otras 16 personas por financiación ilegal del PP, ha servido de argumento a los cuatro diputados socialistas que presentaron la querella para personarse ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid como acusación popular en el caso Gürtel.

Tras el anuncio del portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, la semana pasada, los socialistas presentaron el lunes su escrito de personación ante el instructor del TSJ de Madrid, el juez Antonio Pedreira, que investiga la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa y en la que se han visto implicados dirigentes del PP como el tesorero y senador Luis Bárcenas o el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

Los socialistas aportan como documentos para apoyar su personación el auto del TSJCV, según el cual los hechos denunciados en la querella "ya son objeto del actual procedimiento tramitado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid sin perjuicio de lo que resulte del avance de la investigación", y el pronunciamiento de la fiscalía, que resalta "una identidad de objetos" entre los de las diligencias del TSJ de Madrid y "los que serían del procedimiento que se incoase como consecuencia de la querella".

Como ya adelantó Luna, que firma la personación junto a los también diputados socialistas Joaquim Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno, no era viable trasladar la querella de Valencia a Madrid, ya que no tiene sentido querellarse en Madrid contra aforados valencianos. Por eso optaron por ejercer la acusación popular.

Además, el escrito de personación reproduce literalmente los argumentos del TSJCV en el auto que defendía la investigación de las finanzas del PP, señalaba la existencia de "hechos de posible significación delictiva" y declaraba que corresponde al juez Pedreira la "investigación general del supuesto complejo delictivo", si bien "no podrá realizar actos que en sí mismos determinen la sujeción de un aforado a otro Tribunal, ya sea mediante la expresión de un juicio formal de inculpación o a través de la práctica de otras diligencias que materialmente entrañen ese mismo significado". Dicho de otra manera, los aforados valencianos deberán ser juzgados por el TSJCV, o por el Supremo, si los hay de varias comunidades.

www.elpais.es 06.03.10

Retiran una exposición fotográfica en Valencia ante la "censura política"

La Junta Directiva de la Unió de Periodstes Valencians, reunida esta tarde de urgencia, ha decidido ordenar al Museo Valenciano de la Ilustración y la Modernidad (MuVIM) la retirada inmediata de su exposición "Fragments d'un any" ante la "censura política" que se ha ejercido con ella.

Así lo ha explicado a EFE uno de los coordinadores de la exposición y miembro de la Junta Directiva de la Unió, Kai Forsterling, después de que hoy hayan conocido por parte de la dirección del museo, primero, y comprobado, después, que diez de las 91 fotos que integran la muestra han sido descolgadas esta mañana, apenas unas horas después de su inauguración.

Se trata de ocho fotografías de temática política y dos más en las que aparecen el ex presidente del Gobierno José María Aznar en su investidura como doctor honoris causa por la Universidad Cardenal Herrera-CEU y el president de la Generalitat, Francisco Camps, con el arzobispo de Valencia, Carlos Osoro.

Según Forsterling, la retirada de esas imágenes obedece a "motivos políticos" por parte del partido que gobierna la Diputación de Valencia -titular del MuVIM- y no a una decisión directa de la dirección del museo, a la que se ha informado ya de la decisión de la Junta Directiva.

No obstante, la Unió de Periodistes deja una puerta abierta para la negociación en caso de una rectificación por parte de los responsables de esta decisión, que según se insiste ha sido "política". A la reunión de esta tarde ha acudido una veintena de los 38 fotógrafos participantes, dada la premura de la convocatoria.

www.publico.es 05.03.10

EL PP RECHAZA QUE EL SÍNDIC FISCALICE LAS EMPRESAS DE LA TRAMA ´GÜRTEL´

El grupo del PP en las Corts rechazó ayer que la Sindicatura de Comptes amplíe su fiscalización sobre empresas relacionadas con la trama "Gürtel" y elabore una auditoría integral de la aplicación de la Ley de Dependencia en la Comunitat, al entender que estas iniciativas politizarían la institución.Según expuso el diputado popular José Marí en la Comisión de Economía del Parlamento valenciano, los grupos de la oposición "estarían encantados" de que la Sindicatura de Comptes "sirviera a sus intereses", pero "gracias a Dios y al Estatuto no es así".

También rechazó la petición de Compromís para que comparezcan en las Corts los presidentes de los consejos de administración de CAM y Bancaja para explicar la situación de las entidades en el actual contexto de crisis.

(www.levante-emv.com, 03/03/10)

CAMPS INICIA LA REHABILITACIÓN DE COSTA POR SU CUENTA

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ha iniciado por su cuenta el proceso para rehabilitar a Ricardo Costa, la única víctima del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana. Aunque el ex secretario general de los populares valencianos está sancionado con la suspensión de un año de militancia desde el pasado 27 de enero, su decisión de no recurrir la sanción impuesta por el PP nacional auguraba desde hace semanas su pronta rehabilitación.

Aún así, Camps no ha podido esperar a que el Comité Nacional de Garantías del PP revise la sanción impuesta a Ricardo Costa y ha decidido nombrarlo portavoz de la comisión de Desarrollo del Estatuto en el Parlamento autónomo. Un puesto que conlleva un complemento salarial de algo más de 600 euros mensuales.

"¿Por qué alguien quiere negar a Ricardo Costa lo mismo que tienen todos los diputados?", se preguntó el portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco. "Tiene derecho a no sufrir un trato diferenciado". Blasco señaló que hay diputados que no son del partido al que representan y que también están en comisiones parlamentarias.

Tras recordar que su suspensión de militancia es temporal, aseguró que Costa "tiene todo el respaldo, antes y ahora, del Grupo Parlamentario Popular" y añadió que espera que "el tema del partido se resuelva en los plazos establecidos".

Costa figuraba como diputado raso desde que los escándalos del caso Gürtel obligaron a la dirección nacional del PP a apartarlo de la secretaría general y del puesto de portavoz del Grupo Popular en las Cortes el pasado mes de octubre. La decisión de Costa de resistirse a su defenestración y recordar que había actuado siempre de acuerdo con las instrucciones de Camps y Rajoy motivó la sanción de suspensión de militancia, pendiente ahora de revisión.

La oposición también opinó sobre el asunto. El socialista Ángel Luna dijo que el PP es muy libre de dar la portavocía a quien considere oportuno, pero sugirió: "Nunca supimos los motivos por los que fue destituido ni sabemos ahora por qué lo hacen portavoz de una comisión". Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, dijo no sentirse sorprendido de que el PP "envíe a un diputado parado a una comisión que no tiene relevancia".

(www.elpais.com, 03/03/10)

EL PP DEFIENDE EL DERECHO DE COSTA AL PLUS DE 650 EUROS, QUE LE PARECE «IRRISORIO»

El portavoz del PP en las Corts y conseller de Solidaridad, Rafael Blasco, justificó ayer el nombramiento de Ricardo Costa como portavoz de la comisión de Desarrollo Estatutario en que el ex secretario general y ex síndic de su grupo destituido a raíz del caso Gürtel no tiene que estar «discriminado» y debe gozar de «los mismos derechos» que el resto de diputados. Esa designación, a pesar de que Costa sigue suspendido de militancia por el PP, le permitirá cobrar un complemento retributivo del Parlamento de 65o euros, que Blasco consideró «irrisorio».Ese sobresuelto lo perciben todos los diputados, pero para ello sus grupos deben nombrarlos para un cargo interno en la Cámara (dirección de grupo o portavoces o miembros de mesa de comisión). Como síndic, el complemento por el cargo de Costa era de 2.411 euros, que perdió al ser destituido pero, al no estar en ninguna comisión, tampoco pasó a cobrar el mínimo de los 650 euros citados.

Blasco obvió que el PP ha mantenido a Costa sin plus desde mediados de octubre y sólo ahora, cuando está cantada la resolución del comité de disciplina, adelanta su «rehabilitación» con un nombramiento que le devuelve el sobresueldo base.
El popular sostuvo que la designación «no tiene nada que ver» con el expediente y se deshizo en elogios hacia Costa. La portavocía de la comisión estatutaria, subrayó, «se corresponde con su crédito, su prestigio y su trabajo parlamentario», e incluso avaló sus ausencias a las sesiones como «justificadas».

El portavoz socialista, Ángel Luna, dijo que el PP es «muy libre» de designar a sus portavoces, mientras Víctor Sahuquillo (dirigente del PSPV) opinó que se trata de «una subvención más para que Costa no hable». El síndic de Compromís, Enric Morera, comentó que llevar a Costa a una comisión «que no tiene un papel relevante y que en casi cuatro años no ha hecho ninguna contribución para incrementar el autogobierno puede ser el lugar que le interese a Costa» porque «está en el paro político». «Es coherente que un diputado parado vaya a una comisión parada».

(www.levante-emv.com, 03/03/10)

CAMPS YA INTENTÓ OCULTAR SUS RELACIONES CON EL BIGOTES EN 2005

El caso Gürtel no se trata de un fenómeno espontáneo, sino de una trama de corrupción que se cocinó durante mucho tiempo. Aunque la atención mediática se desatara tras conocerse las investigaciones del juez Garzón, en mayo de 2005 los socialistas valencianos ya tenían la mosca detrás de la oreja. Así lo demuestra un rifirrafe parlamentario de hace casi cinco años, protagonizado por el diputado José Camarasa y al que ha tenido acceso El Plural. En ella se cuestionaba al Govern sobre la empresa Orange Market. Como se podrá ver, lo que no ha cambiado desde entonces es la censura ejercida por el gobierno de Francisco Camps.

Y es que, hasta en dos ocasiones, la Mesa de Les Corts rechazó las preguntas del socialista José Camarasa sobre Orange Market. Todavía quedaban cuatro años para que se destapara el escándalo de los trajes y los bolsos regalados, las iniciales en cuentas B o las sospechas de financiación ilegal. Pero el PP valenciano ya demostraba que no tenía intención de hacer saber sus tejemanejes con la empresa de El Bigotes.
¿Hay contratos?

“¿Ha mantenido la Generalitat Valenciana alguna relación contractual con la empresa Orange Market?”. La pregunta es del 19 de mayo de 2005 y fue presentada por el diputado socialista José Camarasa. El parlamentario también pedía saber, en caso de haber algún contrato, qué “empresas públicas y organismos” lo habían hecho, “cuál era el objeto”, “a cuánto asciende (…) cada uno de los contratos”, en qué fechas se dieron y si fueron publicados en el boletín respectivo.

Preguntas incómodas

Ninguna de esas interesantes preguntas fue jamás respondida. Al igual que sucede ahora, en plena efervescencia Gürtel, la mayoría absoluta del PP le vino de perlas a Camps para evitar preguntas incómodas. El 31 de mayo de 2005, la Mesa de Les Corts no aceptó la pregunta porque su contenido “se refiere a una persona física o jurídica que no tiene una trascendencia pública en el ámbito de la comunidad autónoma”.

Papel de oposición

Pero Camarasa no se rindió y recurrió la decisión el 21 de junio, alegando que era ilógica porque Orange Market “aparece (…) en los medios de comunicación y contrata, habitualmente, con la Generalitat”. El diputado defendió en su alegación que no buscaba conocer intimidades de ninguna persona física o jurídica, sino ejercer su papel de oposición.

Cercenando su labor

Además, en su escrito, Camarasa pregunta a la Mesa “cómo se puede acceder” a los contratos que hace el Gobierno regional si no son publicados en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana y no le dejan preguntar. Y avisa de que “de seguir esta línea, queriendo o sin querer, se estará obstruyendo, cuando no cercenando, la función básica de toda oposición”.

De nuevo, rechazada

De nada sirvieron las explicaciones dadas por Camarasa para recabar información sobre la relación que tenía la empresa de El Bigotes con el Gobierno de Camps. La Mesa, después de leer sus alegaciones, el 9 de septiembre decidía volver a rechazar sus preguntas. Ni siquiera se molestaron en cambiar la excusa: “Hace referencia a persona física o jurídica que no tiene trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad Autónoma”. Tuvieron que pasar cuatro años para que un juez viniera a responder lo que el PP valenciano intentaba ocultar.

(www.elplural.com, 02/03/10

EL PPCV COMIENZA EL RESCATE DE RICARDO COSTA

Pendiente aún de la "sentencia" interna de Génova, el PP valenciano ya ha comenzado la rehabilitación de Ricardo Costa, pese a estar suspendido de militancia.

Tampoco podía tardar mucho, según se especulaba en el propio PPCV. Costa no presentó alegaciones al Comité de Garantías de Génova, lo que fue visto por Rajoy y su entorno como un acto de disciplina. La "pena" por su ejercicio de rebeldía no ha de pasar de seis meses, lo que hace que, a efectos prácticos, sólo le queden pocos días para obtener de nuevo el carné, dado que ya han transcurrido cinco meses desde su polémica inhabilitación.

El grupo popular, por tanto, se ha avanzado, bajo la aquiescencia del propio presidente de la Generalitat -fiel defensor de Costa ante Rajoy- y ha nombrado al ex secretario general, nuevo portavoz de la comisión de Desarrollo del Estatuto de Autonomía, en sustitución de David Serra. En realidad, la comisión es de lucimiento, protocolaria. Y, paradójicamente, invisible. Se ha reunido en pocas ocasiones, pues la evidencia de que el desarrollo del Estatuto está en una desaceleración completa resulta una obviedad.

Pero eso no impide que el ex número dos plenipotenciario del PP valenciano aumente sus emolumentos mensuales en unos 650 euros. Para cobrar los complementos se ha de ser portavoz o miembro de la mesa de una comisión parlamentaria. Es decir, hay que poseer un cargo. Costa era el portavoz del grupo popular. Y cobraba el complemento correspondiente. Caído en desgracia, apartado del cargo, descalificado por la dirección del PP nacional, también se esfumó parte de su mensualidad. El PP, ahora, le devuelve una porción mínima, esos 650 euros.

(www.levante-emv.com, 02/03/10)

CAMPS DESTINA DOS MILLONES A CERRAR LA FUNDACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA

El Gobierno valenciano, que preside Francisco Camps, ha decidido liquidar la fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Y hacerlo ha costado dos millones de euros.

El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) publicó ayer varias decenas de modificaciones presupuestarias aprobadas el pasado 18 de diciembre. En ellas se incluye una "aportación a la dotación del patrimonio fundacional de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia" por importe de dos millones de euros.

Fuentes de la Consejería de Economía explicaron que con estos dos millones, procedentes de la partida de gastos diversos, la Generalitat realiza su aportación para liquidar las cuentas y extinguir la fundación que organizó la visita del Papa. Sin embargo, las mismas fuentes adujeron que, pese a la decisión, "no se ha producido ninguna transferencia de dinero". La Consejería de Economía no ofreció ninguna explicación adicional aunque, presumiblemente, la modificación de crédito tenga como objetivo enjugar una deuda de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia con algún organismo o empresa de la propia Generalitat.

La decisión de liquidar la entidad que organizó la visita del Papa tiene lugar después de que el magistrado Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, solicitara el pasado mes de noviembre información a la fundación y a Ràdio Televisió Valenciana en relación con la investigación del caso Gürtel.

La fundación que organizó la visita del Papa -que tiene por patronos a la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el arzobispado de Valencia- se gastó un total de 12,2 millones de euros en 2006. Desde entonces ha ocultado sistemáticamente con qué empresas contrató, en qué condiciones y para realizar qué tareas.

Esta entidad creada en 2005, cuyo secretario era el entonces vicepresidente del Consell Víctor Campos, decidió conceder en exclusiva la señal de televisión de la visita del Pontífice a Canal 9 y excluyó a RTVE.

El TSJ de Madrid también investiga el contrato que Canal 9 formalizó con la empresa Teconsa para montar pantallas de televisión y equipos de sonido durante la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. Según un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales, la trama corrupta que dirigía Francisco Correa logró más de un millón de euros en comisiones ilegales.

Las cuentas y la actividad de la fundación que impulsó el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con el arzobispado de Valencia se han convertido en ejemplo del oscurantismo y la falta de transparencia del Consell.

Ninguno de los patronos ha facilitado las actas de las reuniones de la fundación V Encuentro, ni información clara sobre sus aportaciones monetarias o la participación de las empresas públicas de la Generalitat.

El pasado mes de agosto abandonó su puesto como director general de RTVV Pedro García, uno de los cargos salpicados por los escándalos del caso Gürtel y relacionado con la organización de la visita del Papa. En diciembre pasado, también abandonó su puesto de alto cargo de la Administración valenciana Enrique Pérez Boada, hombre de confianza del vicepresidente tercero y destacado miembro del Opus Dei, Juan Cotino, que tuvo un papel activo en la organización del viaje del Papa a Valencia.

(www.elpais.com, 25/02/10)

ANULADO EL NOMBRAMIENTO DE PEDRO GARCÍA COMO DIRECTOR GENERAL DE RTVV

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha anulado el nombramiento en 2007 de Pedro García como director general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV), cargo que ostentaba desde 2004 y del que dimitió a finales de agosto del año pasado al verse salpicado por el caso Gürtel. La sentencia considera que la renovación de García se produjo de forma irregular.

Así lo ha anunciado hoy el portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, quien ha explicado que la sentencia es fruto de la demanda que su partido presentó en 2007 cuando García fue ratificado en el cargo eludiendo una de las convocatorias del consejo de administración", que es el órgano al que corresponde roponer un nombre. En la primera convocatoria se exige la aprobación del cargo por mayoría cualificada de dos tercios de los miembros, y si no, en el plazo de un mes se puede ratificar por mayoría simple. La primera reunión no fue convocada.

Luna, quien ha recordado que García "utilizó su situación al frente de RTVV para entablar todo tipo de relaciones bastante irregulares con los miembros de la trama Gürtel", ha destacado que el actual responsable del ente, José López Jaraba, fue nombrado siguiendo el mismo procedimiento tras la dimisión de su predecesor. Bajo la dirección en RTVV de García se firmó el contrato para la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006, con el que la trama corrupta consiguió una comisión millonaria.

(www.elpais.com, 24/02/10)

BLASCO PIDE A SUS DIPUTADOS QUE NIEGUEN EL SALUDO ´A QUIENES NOS PONEN QUERELLAS´

La querella presentada por el PSPV contra el presidente Francisco Camps, y otros 16 cargos públicos y empresarios ha hecho un daño irreparable en las relaciones institucionales entre los populares y el principal partido de la oposición. El veto al ex diputado socialista José Camarasa a la vicepresidencia de Bancaja evidenció que Camps ha hecho cruz y raya a los que, repite su entorno, lo quieren meter en la cárcel. La ruptura, además, debe llegar a las formas.

Al menos, así lo considera el portavoz del grupo popular en las Corts y conseller de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, quien ayer recomendó a los diputados que nieguen el saludo "a quienes nos ponen querellas". Blasco hizo este comentario en la reunión del grupo parlamentaria celebrada a puerta cerrada con anterioridad al pleno de las Corts. Según varios de los presentes, el síndic popular animó a los populares a ser "más duros y contundentes" con la oposición e incluso les instó a negar el saludo "a quienes nos ponen querellas y nos quieren meter en la cárcel", en clara alusión al PSPV y, en concreto, a los firmantes de la querella. La reflexión se produce 48 horas después del auto del Tribunal Superior de la Comunitat Valenciana en el que se declara incompetente para investigar la querella socialista sobre financiación irregular del PP, pero reconoce "actuaciones sospechosas" de aforados. La resolución judicial ha escocido a la cúpula popular, que esperaba el archivo de las actuaciones. Sin embargo, de cara a la galería, los populares mantienen la interpretación de que el alto tribunal valenciano ha dado carpetazo al asunto.

Pero esta semana no todas las noticias procedentes de los tribunales han sido malas. El archivo de una de la causas abiertas contra el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, dio alas ayer a quienes en el PP creen que en muchos casos se condena de antemano e injustamente a cargos públicos sólo porque un juez les impute sin tener en cuenta como evoluciona la causa. Según varios diputados presentes en la reunión, el comentario del archivo de la causa contra Fabra propició la intervención del alcalde de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo, en su día también imputado por un presunto pelotazo urbanístico. Hernández Mateo pidió más apoyo del partido "en los momentos difíciles". Blasco le tomó la palabra y propuso que la dirección del grupo envíe una carta de respaldo a todos aquellos diputados que por un motivo u otro hayan resultado inmersos en un proceso judicial.

El caso Gürtel se coló de nuevo en el primer pleno ordinario del nuevo período de sesiones y generó un pequeño rifirrafe entre la oposición y el PP. El diputado del PP César Augusto Asencio retomó la teoría de la conspiración y aseguro que sobre el caso Gürtel "no hay nada". "Los demás -añadió- son meras especulaciones de cierta policía condecorada muy oportunamente con aumento de emolumentos y una fiscalía muy bien coordinada mediáticamente".

Ha añadido que lo que hay también es "una Fiscalía muy bien coordinada mediáticamente", y que a los socialistas les molesta que lo diga porque "ese es el único caso Gürtel que queda aquí, el de ustedes y la movilización, y las cajas nocturnas", porque "no ha habido más".

(www.levante-emv.com, 18/02/10)

EL DELITO ELECTORAL PLANEA SOBRE EL PP VALENCIANO TRAS EL AUTO DEL TSJ

El auto de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), que responde a una querella presentada por cuatro diputados socialistas contra Francisco Camps y otras 16 personas, defiende la conveniencia de que el TSJ de Madrid siga investigando la financiación del PP y apunta, no sólo a la captación irregular de recursos por parte de los populares valencianos, sino también a un posible delito electoral.

La financiación irregular de un partido, en principio, no es delito, aunque pueda ser objeto de sanción por parte del Tribunal de Cuentas y genere delitos conexos como la prevaricación, el cohecho o la falsificación de documento. Sí que lo es cuando se produce en el marco de una campaña electoral. Y en el informe de la Brigada Policial de Blanqueo sobre el que se basa la querella de los socialistas se incide en la existencia de esa financiación en tres convocatorias electorales: las elecciones europeas de 2004 y las locales y autonómicas de 2007. En las dos primeras convocatorias, el PP valenciano ha señalado que el administrador era el tesorero del PP nacional, el senador Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel; pero en las autonómicas de 2007 el TSJCV revela que la administradora fue Cristina Ibáñez Vidal, que fue candidata suplente del PP por Valencia en las elecciones generales de marzo de 2008.

"La querella y el referido informe ponen de manifiesto", asegura el auto del tribunal, "unas presuntas anomalías e irregularidades económicas, contables y financieras (el informe menciona la existencia de donaciones finalistas) que de revelarse ciertas, sin perjuicio de lo ya indicado, podrían ser competencia del Tribunal de Cuentas". Lo "ya indicado" en la resolución son las "prácticas de facturación dual" que, según indica el informe policial "se realizarían, además de otros años, como en el 2006, en diversos actos para diversas campañas electorales".

El mecanismo consiste en que las cinco empresas incluidas en la querella sufragaban "alguna parte de los costes originados por los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana que se abonaban a Orange Market", la empresa de Álvaro Pérez vinculada a la trama de corrupción encabezada por Francisco Correa. "Según las conclusiones policiales", dice el auto del TSJCV, "estas empresas, que abonan actos del partido político, obtendrían como contraprestación por ello la adjudicación de contratos en las Administraciones Públicas. Se hace referencia en el mencionado informe al múltiple volumen de contratación pública que tienen dichos empresarios". Respecto del año 2007, señala el auto, "se citan múltiples actos con emisión de facturas en B y con aparentes anomalías".

El tribunal, que dedica un amplio apartado de su resolución al delito de financiación irregular de partido político, recuerda que "el Tribunal Supremo tiene declarado que en el Derecho Penal español, la financiación irregular en sí misma considerada no es delito, sino que para que lo sea debe cometerse en las campañas electorales, y cumplirse los demás requisitos del tipo. Ahora bien, ello no es óbice para que con motivo de esa irregularidad, que pudiera ser administrativa no penal, se puedan haber cometido concretas infracciones tipificadas como delictivas, tales como delitos de falsedad, fiscales u otros".

Ayer mismo, tras conocerse el auto, por el que el TSJCV se declara provisionalmente no competente para investigar la denuncia y defiende que el juez de Madrid Antonio Pedreira culmine su investigación del caso, amparada por el secreto del sumario, el portavoz del grupo parlamentario de Compromís pel País Valencià, Enric Morera, dijo que "ha quedado acreditado que el PP se extralimitó en los gastos electorales e incurrió en delito electoral" y anunció que pedirá a la Sindicatura de Comptes que actúe y denuncie el caso a la fiscalía.

El portavoz socialista, Ángel Luna, firmante de la querella con otros tres diputados, se mostró satisfecho del auto y señaló que estudiará con tranquilidad las variantes procesales, que incluyen la posibilidad de esperar a que Pedreira levante el secreto del sumario o de plantear la querella ante el TSJ de Madrid, donde se investigan los hechos.La oposición arremetió ayer contra el PP, tras conocerse el auto del TSJ que apunta a la existencia de "hechos de posible significación delictiva" en la actuación denunciada por los socialistas. El secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, de visita en L'Alfàs del Pi, declaró que "hay mucho que investigar". Según Alarte, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV ha decidido que "había mucho que investigar, sobre todo al PP de la Comunidad Valenciana", si bien "por razones procesales" considera que lo conveniente es que "lo siga haciendo el TSJ de Madrid".

Alarte ha insinuado en diversas ocasiones, la última el pasado día 6 ante el Comité Nacional de su partido, que gracias a la querella el PP de Camps ha dejado de contar con una financiación irregular que le daba ventaja. Ayer fue el secretario general del Bloc Nacionalista Valencià y portavoz parlamentario de Compromís, Enric Morera, el que aludió al "uso excesivo de dinero en actos electorales" por parte del PP, pidió la intervención del Síndic de Comptes, que en su opinión no puede convertirse en un ninot indultat, y acusó a los populares de "jugar con las cartas marcadas". También la dirigente de Iniciativa del Poble Valencià y portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, se refirió al asunto. "Se demuestra que, como hemos defendido siempre", dijo, "el tema de los trajes y de otros regalos sólo es la cortina de humo del verdadero problema de corrupción política del caso Gürtel, que esconde la financiación irregular del partido actualmente mayoritario en el País Valenciano. Es mucho más fácil ganar elecciones financiando campañas de manera ilegal que siendo honrado y cumpliendo la legalidad".

Por su parte, la coordinadora de Esquerra Unida y portavoz de su grupo parlamentario, Marga Sanz, criticó que el TSJ valenciano, pese a manifestar claramente la existencia de "indicios criminales", no se haya "atrevido a investigar". Según Sanz, eso sólo prolonga la "muerte política" del presidente Camps, al que exigió "una limpieza inmediata y profunda del PP y de la Generalitat".

El portavoz socialista, Ángel Luna, señaló que el TSJCV ha dejado "incontestablemente claro" que "hay una asociación delictiva, un entramado delictivo, una trama para delinquir aprovechando las administraciones públicas, y que el PP tiene una relación estrecha con esa trama". Luna, que aseguró que los socialistas estudiarán con detalle cualquier actuación judicial que pudieran plantear después de que el tribunal valenciano haya decidido "no asumir" la competencia para investigar la querella que presentaron porque ya se está instruyendo el caso en Madrid, destacó que el auto "no exculpa a nadie", "ni siquiera hace una mínima referencia a la falta de indicios respecto de los aforados de la Comunidad Valenciana" y añadió que el PP no debería estar "nada tranquilo".

"Exactamente igual de tranquilos" como lo han estado "siempre" aseguró que están los dirigentes del PP el portavoz parlamentario popular y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, quien interpretó que el TSJCV "ha echado al cesto de los papeles" la querella de los socialistas. Blasco mostró también su satisfacción por el hecho de que "no hay ningún cargo aforado, ni aquí ni en Madrid, que esté siendo objeto de investigación por parte de estamentos judiciales". El portavoz parlamentario de los populares añadió que, en su opinión, el tribunal "no ha tomado en consideración ninguno de los argumentos del PSPV".

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tampoco se quedó atrás: "Se han puesto las cosas en su sitio clarísimamente. No hay ninguna implicación delictiva como se ha dicho y el tema está zanjado".

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, fue más allá y pidió a los socialistas que se disculpen por "judicializar" la vida política. Un perdón que también reclamó a los socialistas el secretario general de los populares valencianos, Antonio Clemente, pero por la persecución a la que han sometido al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra.

(www.elpais.com, 17/02/10)

ANTICORRUPCIÓN RECLAMA INVESTIGAR LAS CUENTAS DEL PP VALENCIANO EN 10 BANCOS

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que reclame a casi una decena de entidades bancarias todas las cuentas que posean del PP de Valencia. Anticorrupción entiende que es necesario analizar esas cuentas para cotejarlas con las anotaciones que figuran en la doble contabilidad que llevaba la trama corrupta que dirigía Francisco Correa sobre los actos que organizaba para el PP. El objetivo es reforzar, en su caso, el contenido del informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que revela la supuesta financiación ilegal del PP, tanto a través de los pagos en dinero negro a la trama corrupta, no declarados a Hacienda, como a través de al menos cinco grandes empresas de esa comunidad. Éstas obtuvieron suculentas contratas de la Generalitat y supuestamente financiaron actos del partido de Francisco Camps mediante pagos a Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, por servicios no prestados.

El juez no se ha pronunciado aún definitivamente sobre la petición de la fiscalía por entender que el informe policial apunta como sospechosos de esa trama de financiación a altos cargos del PP de Valencia cuyo enjuiciamiento, en su caso, correspondería al Tribunal Superior de esa comunidad. Sin embargo, ese tribunal acaba de dictar una resolución que podría modificar la actual situación. Se trata de un auto relativo a la querella por financiación ilegal contra un total de 17 personas (entre empresarios y altos cargos del PP de Valencia) que interpuso el PSOE de Valencia y que está basado en el citado informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales.

El Tribunal Superior de Valencia considera en ese auto que hay que investigar los indicios delictivos que se describen en la querella del PSOE y en el informe policial y deja la investigación de este asunto en manos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Sólo introduce la salvedad de que Madrid le remita todas las actuaciones que realice al respecto en el momento en que observe la implicación de algún aforado valenciano.

No obstante, la investigación policial de la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia lleva meses en marcha, sobre todo después de que el Tribunal Superior de Valencia se negase, en julio del año pasado, a investigar el informe que le remitió la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre la supuesta financiación ilegal del PP. Entonces, el tribunal valenciano, presidido por Juan Luis de la Rúa, estaba a punto de dar carpetazo a las diligencias que instruía en ese momento contra varios altos cargos del PP valenciano por cohecho impropio, entre ellos el propio presidente, Francisco Camps, por recepción de trajes y otras dádivas de la trama corrupta Gürtel.

La Agencia Tributaria lleva meses analizando en su base de datos la información sobre los implicados de la trama corrupta valenciana para determinar si han incurrido en posibles delitos fiscales similares a los de otros imputados del Partido Popular. La investigación por parte Hacienda fue autorizada en su momento por el juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, según fuentes del citado organismo.

La supuesta financiación irregular del PP que la Brigada Policial de Blanqueos considera acreditada en documentos de las empresas de la trama corrupción y en la propia investigación abierta por este caso se canalizó básicamente a través de Orange Market, la firma que en Valencia dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los lugartenientes de Correa.

Según el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, la financiación del PP en la Comunidad Valenciana funcionaba de la siguiente forma: las empresas de la red de Correa organizaban todos los actos para el PP, pero éste sólo les pagaba una parte con factura. El resto del dinero era abonado sin declarar el gasto a Hacienda o a través de una red de empresas privadas que recibían, a cambio, adjudicaciones de la Generalitat.

(www.elpais.com, 17/02/10)

DOBLE FACTURACIÓN

La red corrupta mantenía una doble contabilidad, según se desprende de los libros incautados por la policía en registros de las empresas de Francisco Correa, el cerebro de la trama. "De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación: una real, plasmada con una factura formal emitida por Orange Market por los servicios prestados con el correspondiente IVA, que se integra bajo la denominación de Alicante y que sería la caja A; y otra sin factura y, por tanto, sin reflejo contable y sin repercutir el IVA bajo la denominación de Barcelona o caja B", señala el informe de la Brigada de Blanqueo. La policía apuntaba a Ricardo Costa, ex secretario general del PP en Valencia, como "canalizador del dinero", entre otros altos cargos del partido. Costa fue suspendido de militancia tras negarse a abandonar su cargo, como había ordenado la dirección nacional.

Entre las empresas que supuestamente pagaron dinero para el PP, el documento policial señala a la constructora Piaf; a Ortiz e Hijos y a Sedesa, propiedad de Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente de la Generalitat valenciana Juan Cotino.

(www.elpais.com, 17/02/10)

CAMPS DICE QUE TODO LO QUE PASA CON GÜRTEL ES "RUIDO EXTERIOR"

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, manifestó ayer que todo lo que pasa con el caso Gürtel es "ruido exterior que intenta distorsionar el trabajo" de su Gobierno. Camps aprovechó una intervención pública para referirse, sin mencionarlo, al caso Gürtel y al auto del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana, emitido el pasado lunes, que observa indicios de delito en la financiación del PP valenciano.

En el auto, los magistrados se inhiben -por unanimidad- para investigar la denuncia presentada por los socialistas contra Camps y otras 16 personas al considerar que es el TSJ de Madrid quien desarrolla la investigación general del caso Gürtel. En el escrito, los magistrados recuerdan que si la investigación llegase a afectar a algún aforado valenciano, la parte de la causa que se refiriese a éstos debería ser remitida al tribunal valenciano o al Supremo.

La actitud de Camps, que prefirió eludir a la prensa, contrastó ayer con la del resto de altos cargos del PP valenciano, que se prodigaron para intentar contrarrestar el fondo del auto judicial. Para ello, recurrieron a un argumentario que ignora la existencia de "hechos de posible significación delictiva" y pone el énfasis en la decisión del TSJ de no investigar la denuncia socialista, aunque omite que es porque el tribunal se declara no competente por ahora.

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, marcó el tono: "Se han puesto las cosas en su sitio clarísimamente. No hay ninguna implicación delictiva como se ha dicho y el tema está zanjado". La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, fue más allá y pidió a los socialistas que se disculpen por "judicializar" la vida política. Y el portavoz del PP en las Cortes y consejero, Rafael Blasco, remachó al considerar que el auto es un "varapalo político" para el PSPV-PSOE.

Los socialistas no ocultaron su satisfacción por la decisión judicial. El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, recalcó que el auto indica que "hay mucho que investigar". El portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, insistió en que el tribunal valenciano deja "incontestablemente claro que hay una trama para delinquir aprovechando las administraciones públicas y que el PP tiene relación estrecha con esa trama". El PSPV, dijo, no descarta personarse en otro tribunal si fuese necesario. Para Esquerra Unida, el TSJ "sólo atrasa la caída institucional de Camps". Compromís apuntó que el auto extiende sospechas sobre la limpieza de las elecciones ganadas por el PP.

(www.elpais.com, 17/02/10)

CAMPS CULPA DE SUS CUENTAS AL PP DE RAJOY

La financiación del PP valenciano, bajo sospecha a raíz de la desarticulación de la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa, ha estado bajo control de la dirección nacional del partido en el periodo investigado por la justicia, que coincide con los mandatos de José María Aznar y Mariano Rajoy. Al menos eso es lo que ha explicado el actual número dos del PP valenciano a los jueces del Tribunal Superior que instruyen una querella por financiación ilegal.

Antonio Clemente, sustituto de Ricardo Costa al frente de la secretaría general del PP valenciano, ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia un escrito en el que le comunica que esta formación no había cubierto el cargo de tesorero hasta octubre de 2008 y, mientras tanto, sometía sus ingresos y sus gastos al control de la dirección nacional del partido.

"En el periodo comprendido entre el año 2002 hasta octubre de 2008 no ha existido el cargo de tesorero del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, pese a ostentar competencias para su nombramiento, ejerciendo las funciones de tesorería desde los órganos centrales del Partido Popular, en Madrid, que son los que controlan, autorizan y fiscalizan la totalidad de las actuaciones de tesorería del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, al recibir en cada ejercicio económico la documentación contable del PPCV para su control y autorización", señala Clemente en su respuesta a los jueces.

Por si no hubiera quedado claro, el secretario general del PP valenciano explica que "en la documentación contable no tiene participación cargo alguno de la estructura regional (Presidente, Secretario General o Vicesecretarios) siendo la documentación elaborada por personal de administración que depende de los órganos centrales del PP nacional, siendo el PP nacional el único titular de las cuentas bancarias de uso ordinario del Partido Popular de la Comunidad Valenciana".

Un informe policial de la Brigada de Blanqueo basado en documentos oficiales y conversaciones intervenidas por orden judicial sostiene que el PP valenciano se financió ilegalmente durante años con la ayuda de la empresa Orange Market, la firma levantina de la trama corrupta de Correa.

Los cargos valencianos del PP aseguran que el control de los ingresos y gastos, que ahora investigan los jueces, correspondía a la dirección nacional del partido que presidía entonces José María Aznar y ahora Mariano Rajoy y cuyas cuentas gestionaron primero Álvaro Lapuerta (tesorero hasta junio de 2008) y después Luis Bárcenas (ex gerente y ex tesorero del partido, suspendido de sus funciones por este caso de corrupción que le salpica).

El informe policial intenta probar cómo los principales dirigentes del PP valenciano estaban al tanto de esas prácticas ilegales, consistentes en una doble facturación de actos del partido, una con factura e IVA y otra con dinero negro que escapaba al control del fisco -hasta seis millones de euros, según la documentación intervenida en la sede de Orange Market-. Algunas empresas contratistas de la Administración valenciana pagaban a Orange Market por servicios no prestados para financiar actos que organizaba la empresa de la trama corrupta para el partido de Francisco Camps.

Decenas de conversaciones grabadas a Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, acreditan la relación de éste con distintos responsables políticos del PP valenciano a cuenta de la financiación del partido, de las deudas que quería cobrar y de los sospechosos mecanismos para hacerlo. En esas conversaciones nunca aparecieron dirigentes del PP nacional, pese a lo que cuenta Clemente en su escrito al juez respecto al control de las cuentas por parte del aparato central del partido.

Las conclusiones de la policía llevaron a los socialistas valencianos a presentar una querella y al Tribunal Superior de Justicia de Valencia a requerir documentación a los acusados para resolver si admitía a trámite la denuncia y abría una investigación.

Clemente insiste en su respuesta a los jueces que aunque los estatutos del PP valenciano otorgan a esta formación política "plena capacidad jurídica y de obrar" para disponer de cualquiera de sus bienes o venderlos necesita "la autorización expresa del Comité Ejecutivo Nacional".

La Junta Electoral Central también ha informado al Tribunal Superior de Justicia de que el administrador único del PP para la Comunidad Valenciana en las elecciones locales de 2007 y las europeas de 2004, cuyos gastos están bajo sospecha, era Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, nombrado por Mariano Rajoy en el último congreso de esta formación y senador por Cantabria.

Bárcenas está imputado en el Tribunal Supremo por cohecho y un delito fiscal vinculado a sus relaciones con la trama corrupta de Francisco Correa. La investigación atribuye al tesorero del PP el cobro en comisiones de más de un millón de euros.

(www.elpais.com, 16/02/10)

EL TRIBUNAL DE CUENTAS TAMBIÉN DEBERÁ INVESTIGAR

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, que preside Juan Luis de la Rúa, admite en la declaración de incompetencia de la querella socialista contra Camps por el caso Gürtel que el Tribunal de Cuentas podría ser competente para investigar. Esta advertencia la realiza días después de que el Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, justificara que esta institución valenciana no haya iniciado una investigación sobre los contratos de la Generalitat con las empresas de la trama Gürtel en que, cuando se produce una actuación penal, la actividad fiscalizadora del Síndic de Comptes "debe esperar".

El Tribunal Valenciano no se dirige en ningún momento a esta institución, pero sí al Tribunal de Cuentas, cuando afirma que las irregularidades contenidas en la querella socialista "podrían ser" de su competencia. Y ello lo dice tras afirmar que la querella y el informe policial ponen de manifiesto unas "presuntas anomalías e irregularidades económicas, contables y financieras". Y señala que el informe menciona la "existencia de donaciones finalistas". Por ello, el TSJ valenciano añade que, "de revelarse ciertas" estas irregularidades contables, el Tribunal de Cuentas debería investigar.

Estas anomalías contables las expone en otro apartado del auto, cuando se refiere a la financiación irregular del PP. Concretamente, explica que el Tribunal Superior de Madrid está investigando unos delitos interconectados mediante una "aparente organización delictiva" que repite un "mismo patrón de actuación en distintos territorios", como Madrid y Valencia, aludiendo a una "trama organizada". Y añade que ello consistía en una "presunta facturación dual y en cobro en B al PP", además de una "presunta financiación irregular y la obtención de favores de las Administraciones Públicas".

(www.levante-emv.com, 16/02/10)

"ÓRGANOS CENTRALES LLEVAN LA TESORERÍA"

El nuevo secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, contestó en estos términos a la petición de información del Tribunal Superior, que instruye la querella por supuesta financiación ilegal: "Entre 2002 y 2008 las funciones de tesorería se ejercía desde los órganos centrales del Partido Popular".

Pese a esta afirmación, que consta en la documentación oficial que maneja el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, las conversaciones grabadas en la investigación de la trama corrupta vinculada al PP demuestran cómo los dirigentes valencianos de ese partido eran los responsables directos de los ingresos y gastos del mismo.

Pero la estrategia del PP que preside Francisco Camps es echar la culpa a la dirección nacional de cualquier irregularidad y dejar al margen a los principales responsables valencianos del partido: "En la documentación contable del PP de la Comunidad Valenciana no tiene participación ni el Presidente [Francisco Camps] ni el Secretario General [entonces Ricarco Costa] ni los Vicesecretarios generales", escribe Clemente.

En las conversaciones grabadas, todos estos cargos del PP aparecen implicados en las cuentas del partido.

(www.elpais.com, 16/02/10)

"EN BARCELONA NO TE PUEDO PAGAR NADA"

Entre diciembre de 2008 y febrero de 2009, Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe de Orange Market, la empresa que hacía todos los actos del PP y que recibía decenas de contratos de la Comunidad Valenciana, tenía problemas para cobrar unas deudas. Pérez hablaba intensamente con Ricardo Costa, secretario general del PP valenciano. Las conversaciones sugieren los amaños para pagar y cobrar.

Ricardo Costa. ¿Le dijiste a Rambla [vicepresidente de la Generalitat] lo que te pedí?

Álvaro Pérez. Le he dicho que tú no puedes hacer absolutamente nada. Que lo sientes y que necesitas conseguir 350 aproximadamente.

R. C. ¿Y entendió que más por ahí es complicado, no?

Á. P. Sería imposible. Se lo dije.

Conversación entre Pablo Crespo, ex número dos de la trama, y Pérez:

Á. P. Estuve con Ricardo. Cuando le enseñé papeles se pilló un rebote que te cagas. Llamó a David Serra [vicesecretario del PP]. Esta semana me va a dar... Pero se acabó. Y además, como él dice, 'yo te pagaré todo lo que ha hecho en Alicante [en referencia a pagos con factura], en Barcelona [dinero negro], no te puedo pagar nada'.

Pablo Crespo. Que pague lo de la Comunidad Valenciana.

(www.elpais.com, 16/02/10)

EL TRIBUNAL VALENCIANO VE INDICIOS DE DELITO EN LA FINANCIACIÓN DEL PP

La querella por financiación ilegal del PP presentada hace tres meses por cuatro diputados autonómicos socialistas contra el presidente valenciano, Francisco Camps, seis altos cargos de la Generalitat, cinco miembros de la trama Gürtel y cinco conocidos empresarios, contiene "hechos de posible significación delictiva". Así lo reconoce el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) en un auto que hizo público ayer la Sala de lo Penal y Civil. El tribunal decide "no asumir" por ahora, "dadas las circunstancias procesales", la competencia para instruir la querella. Considera, siguiendo la opinión de la fiscalía, que el conjunto del caso Gürtel, que investiga el juez del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira, afecta a una "organización delictiva" -la que encabezaba Francisco Correa, actualmente en prisión- cuya unidad de actuación no se puede deslindar sin menoscabar la comprensión de su funcionamiento.

En consecuencia, el TSJCV, dado que no conoce las actuaciones de Pedreira por estar sometidas a secreto del sumario, se declara no competente en este momento para investigar la querella y emplaza al TSJ de Madrid a "realizar y practicar las diligencias que estime oportunas y que se enmarquen en la investigación general del supuesto complejo delictivo". El auto define como "cualificado" el informe de la Unidad Especial de Policía contra la Criminalidad Organizada sobre el que se sustenta la querella de los diputados socialistas. Éste, en esencia, señala que cinco conocidas empresas que habitualmente contratan con la Generalitat habrían pagado facturas del PP valenciano a través de la empresa Orange Market, considerada una terminal de la trama de corrupción y dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes.

Ese mismo informe policial fue ignorado por el TSJCV (presidido por Juan Luis de la Rúa) en agosto cuando le llegó en medio de la deliberación por el caso de los trajes regalados por la red Gürtel a Camps y otros tres cargos públicos. Una imputación por cohecho que la Sala archivó, pese a la opinión contraria del juez instructor, José Flors, y el voto particular del magistrado Juan Montero. El auto de ayer no registró objeciones de ningún miembro de la Sala y tuvo a José Francisco Ceres como ponente, el mismo que en el caso de los trajes. En él se pide a la fiscalía -conocedora del "ámbito, el objeto y las circunstancias" al estar personada en la investigación del juez Pedreira en Madrid- que, "en defensa de la legalidad competencial", promueva la remisión de las actuaciones al tribunal valenciano o al Supremo cuando afecten a personas aforadas.

Los argumentos fundamentales del auto, que da por buenas como pruebas las conversaciones telefónicas aportadas al sumario, y puestas en cuestión en reiteradas ocasiones por el PP, son los siguientes:

- La investigación. La "reiteración, contundencia y argumentos" expuestos en el informe policial permiten "apuntar y valorar la necesidad de una única perspectiva judicial investigadora de todos los hechos".

- Una trama. El tribunal comparte el criterio de calificar los supuestos hechos delictivos como fruto de "una trama". Eso hace difícil separar lo que ocurrió en Madrid y en Valencia.

- Unidad de la causa. Tanto la Fiscalía Anticorrupción en Madrid, personada en la investigación del juez Pedreira, como el fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, han reiterado que convenía no romper la unidad de la causa.

- Aforados. La Sala no renuncia a investigar los hechos. Se queda a la espera de lo que haga el TSJ de Madrid, pero recuerda que la conclusión tendrá dos caminos: o volver a Valencia o ir al Supremo. Señala, además, algo que pasó inadvertido a los diputados que presentaron la querella: la administradora general del PP en las elecciones autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana fue Cristina Ibáñez Vidal, que no ha sido querellada y no es aforada.

(www.elpais.com, 16/02/10)

El TSJ de Valencia ve indicios de delito en la financiación del PP y dice que se investigue en Madrid

El tribunal se declara no competente para analizar la querella de los socialistas contra Camps y otras 16 personas por el 'caso Gürtel'

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano no investigará de momento la supuesta financiación ilegal del PP. La Sala de lo Civil y Penal ha decidido declararse no competente para investigar los hechos descritos en la querella presentada por el PSPV-PSOE contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, seis altos cargos de su gobierno y del partido, cinco presuntos miembros de la trama corrupta del caso Gürtel y cinco empresas constructoras. Los magistrados consideran que la denuncia, que se dirige contra un total de 17 personas por los delitos de falsedad, financiación ilegal de partido político, malversación, prevaricación y cohecho, no debe deslindarse de la causa que instruye el TSJ madrileño en relación con el caso, al menos mientras no afecte a un aforado valenciano. No obstante, los magistrados destacan que el informe policial en el que se apoya la querella contiene "hechos de posible significación delictiva" sobre la financiación del PP que "necesariamente se han de investigar".

Auto del TSJV en el que se declara no competente para analizar la querella de los socialistas contra Camps

DOCUMENTO (PDF - 865,45Kb) - 15-02-2010

Según señala el TSJ valenciano en una nota, los magistrados se han acogido a los argumentos de la Fiscalía, que consideró que no era el momento de investigar en Valencia la supuesta financiación ilegal del PP por la posible "duplicidad" con las pesquisas del juez del TSJ madrileño Antonio Pedreira. De hecho, el auto destaca párrafos del informe policial citado en la querella socialista que subrayan la necesidad de una "visión global" de las actividades imputadas a la organización delictiva que supuestamente encabezaba Francisco Correa, en prisión.

Los socialistas valencianos presentaron la querella el pasado noviembre a partir de un informe de la Brigada Policial de Blanqueo que recogía indicios de la supuesta financiación ilegal del PP con facturas de actos del partido que habrían pagado las empresas constructoras a través de Orange Market, filial valenciana de la trama. La empresa dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, se encargaba de la mayoría de actos del PP valenciano. La investigación policial también revela que la trama Gürtel cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales por la sonorización de los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006.

Analizado el informe policial, la Sala de lo Civil y Penal concluye que contiene "hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar", pero también que el asunto debe quedar de momento en manos del tribunal madrileño para evitar la "duplicidad" de procedimientos sobre los mismos hechos, al menos hasta que se produzca una hipotética implicación de aforados valencianos. El auto califica de "cualificado" el informe policial, que el mismo TSJ ignoró cuando llegó a la sala a finales del pasado julio, justo en plena deliberación de las diligencias abiertas a Camps y otros altos cargos por supuesto cohecho pasivo impropio por aceptar trajes de la trama. Los magistrados archivaron la causa y no analizaron el informe policial, que ha vuelto a sus manos con la querella de los socialistas.

Tras presentarse el pasado noviembre la denuncia, la Sala de lo Civil y Penal pidió información a varias instituciones y al TSJ de Madrid antes de decidir su admisión a trámite. El tribunal madrileño respondió que no podía facilitar datos del caso porque aún está bajo secreto de sumario y podía frustrarse "el final legítimo" de la investigación que desarrolla. Tras esa respuesta, los magistrados valencianos se dirigieron a los socialistas y a la Fiscalía para que se pronunciaran sobre su competencia o no para instruir la querella. El PSPV considera que sí lo es, mientras que la Fiscalía mantiene que de momento la investigación corresponde al TSJ madrileño, posición en la que se han basado los magistrados para declararse no competentes para conocer la querella.

El PP ha comparecido poco después de conocerse la decisión del TSJ valenciano. Antonio Clemente, secretario general de los populares valencianos, ha afirmado que el auto "deja claro que no hay ningún aforado valenciano en ninguna trama". Clemente ha reconocido que sólo podía hacer una valoración política, ya que no conoce aún el contenido del auto. Aún así, el PP considera que el auto "condena de manera clara la estrategia socialista para hacer daño a personas inocentes". Clemente, que ha hecho estas declaraciones acompañado del portavoz del PP en las Cortes y consejero Rafael Blasco, ha pedido la dimisión del secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte.

Frente a la interpretación del PP, el portavoz socialista en las Cortes valencianas, Ángel Luna, ha subrayado que el auto, "lejos de exculpar a nadie, resalta y destaca la gravedad de los hechos". La querella "es contundente porque los hechos son contundentes" y "la complejidad de la investigación aconseja mantenerla unida", ha afirmado Luna. La causa "puede afectar a aforados de otras comunidades", por lo que el caso puede acabar en el Tribunal Supremo y si éste no se hace cargo en el TSJ valenciano, ha advertido Luna.

www.elpais.es 15.02.10

EL PP ACUSA DE "DICTADORES" COMUNISTAS A LA OPOSICIÓN POR HABLAR DE GÜRTEL

"Hemos recibido una lección de comunismo", le dijo ayer el portavoz del PP, José Marí Olano, al Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, tras las intervenciones de las portavoces de la oposición en la Comisión de Economía de las Cortes Valencianas, que habían mostrado su desacuerdo con el hecho de que el órgano fiscalizador no haya auditado las áreas y empresas de la Generalitat afectadas por la trama de corrupción del caso Gürtel en su informe de 2008. Marí comparó la de la oposición con la actuación de la Stasi, la policía secreta de la antigua Alemania oriental, y aseguró que todo obedece a la "teoría marxista" de que "las instituciones y el Derecho son una superestructura al servicio de la dictadura del proletariado". Marí añadió que lo que quiere la oposición es que "la institución se ponga al servicio de unos cuantos que han asumido el papel de dictadores".

Queralt, que defendió el informe de la Sindicatura, en el que no se aprecian responsabilidades contables, aunque se apuntan un buen número de "salvedades", terminó su intervención con una alusión a que "en cualquier país progresivo la Administración debe flotar en un mar de ética y de transparencia, lo cual, a su vez, lleva a la eficacia y la exigencia en la gestión". La oposición le tomó la palabra y arremetió contra la opacidad del Consell y la trama de corrupción. Marga Sanz, de Esquerra Unida, se refirió a la existencia de "sociedades opacas y fundaciones de dudosa utilidad". Mireia Mollà, de Compromís, dijo que el informe de la Sindicatura se mueve en "un universo paralelo a una realidad de falta de transparencia". La portavoz socialista, Cristina Moreno, le dijo a Queralt que plantea "un mar de transparencia" cuando desde febrero pasado, en que la policía entró en la Agencia Valenciana de Turismo, y desde que fue imputado el presidente Francisco Camps, "aquí hay una marea, un chapapote maloliente" sin que la Sindicatura haya aportado "un rayo de luz".

(www.elpais.com, 12/01/10)

EL PP EXIGE QUE SE LEVANTE EL SECRETO DEL 'CASO GÜRTEL'

El PP considera "injusto" no poder acceder a las diligencias practicadas en el caso Gürtel y, por lo tanto, no saber hasta dónde y sobre quienes se ha desplegado la investigación acerca de la presunta trama de corrupción y la supuesta financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons mantuvo ayer la teoría de que el Gobierno tiene acceso a las investigaciones secretas, como "jefe político" de la Fiscalía y de la Policía que, de momento, son los únicos conocedores del total de las diligencias. Según dijo, además, el Gobierno filtra la información "con la intención de dañar", mientras el PP "que es el principal partido de la oposición", no tiene acceso a ella.

Un año después de que se realizaran los registros de la Policía Judicial en la Consejería de Turismo de la Generalitat Valenciana para buscar documentación sobre la relación del Consell con la empresa Orange Market, González Pons sostuvo que, en este caso, se ha producido unas de las "injusticias procesales más importantes de los últimos años", por lo que reclamó que se levante el secreto del sumario para "restablecer el equilibrio entre el Gobierno y la oposición en España". Pese a su reclamación, González Pons señaló que el caso Gürtel se limita a "un caso de financiación de particulares a costa del PP", y, según subrayó, la financiación del PP "se ha demostrado que está fuera de todo eso". Además, adujo que "el PPCV haría mal en no servirse, en el futuro, de la capacidad política" del ex secretario general Ricardo Costa, única víctima política de la rama valenciana del caso Gürtel.

El vicesecretario de Comunicación del PP se reunió ayer en Valencia con diputados y senadores por Valencia, junto al secretario general del PPCV, Antonio Clemente, y el propio presidente regional del PP, Francisco Camps, que salió de la sede poco antes de que comenzara la comparecencia pública de González Pons y, por tanto, cuando los fotógrafos se encontraban en la puerta del edificio.

Tras la reunión, tanto González Pons como el vicepresidente Económico del Consell, Gerardo Camps, desplegaron un rosario de críticas a los vaivenes del Gobierno en política económica y Pons acabó asegurando que el PP apoyará la negociación sobre la reforma laboral porque "España necesita que todos demos lo mejor de nosotros mismos".

(www.elpais.com, 07/02/10)

GONZÁLEZ PONS AFIRMA QUE EL PP CUENTA CON RICARDO COSTA EN EL FUTURO

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, consideró este domingo que este partido "haría mal" si en el futuro "no se sirviera de la capacidad política" del ex secretario general del PPCV y ex portavoz del grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa.

González Pons realizó estas declaraciones en la rueda de prensa en la que compareció en Valencia, acompañado del secretario general del PPCV, Antonio Clemente, y del vicepresidente económico de la Generalitat, Gerardo Camps.

Respecto a la situación en la que se encuentran Ricardo Costa y el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, --ambos suspendidos de militancia--, el vicesecretario de Comunicación del PP recordó que todavía no se conoce la decisión del Comité de Derechos y Garantías respecto de estos dos casos, por lo que "es un poco pronto para tomar una decisión".

No obstante, Esteban González Pons hizo hincapié en que Costa es "un valor del PPCV", por lo que, a su juicio, el partido "haría mal de no servirse de su capacidad política en el futuro".

(www.europapress.es, 06/02/10)

ANTICORRUPCIÓN SE OPONE A QUE DE LA RÚA DETERMINE SI HUBO FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO

La Fiscalía Anticorrupción se opone a que Juan Luis de la Rúa, presidente del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) y amigo personal de Francisco Camps, tenga el poder de determinar si el PP regional se financió ilegalmente en combinación con la trama de corrupción Gürtel.

Hace un mes, la Fiscalía pidió al juez madrileño Antonio Pedreira que reclamara la contabilidad del PP valenciano, y ayer se supo que ese ministerio público se opone a que el tribunal valenciano sea el que investigue la querella del PSOE sobre la presunta financiación irregular de los populares, según ha podido conocer Público.

Una duplicidad de procedimientos"

Una nota difundida por el TSJCV reseña el argumento oficial del fiscal superior de Valencia, de que la Sala de lo Civil y lo Penal del tribunal debe declararse incompetente "para no incurrir en una duplicidad de procedimientos". Sin embargo, fuentes cercanas al Tribunal Superior de Madrid, han asegurado que el juez Pedreira no está investigando el informe que la Policía envió, en julio, al tribunal valenciano y que Juan Luis De la Rúa habría ignorado.

La querella del PSOE valenciano

Ese informe es el que sustenta la querella interpuesta por el PSOE valenciano sobre la supuesta financiación irregular del PP. La querella se dirige contra el presidente de la Generalitat y otras 15 personas, entre ellas notables empresarios levantinos que pagaron facturas a Orange Market, la franquicia valenciana de la red que corrupta que dirigía Francisco Correa. Según la Policía, las facturas se falsificaron para ocultar que, en realidad, se correspondían con gastos del PP.

De la Rúa y su amistad con Camps

El tribunal madrileño alega el secreto sumarial para no dar información sobre el tema, aunque fuentes de la investigación admiten, según Público, que la Fiscalía ha emprendido una carrera para evitar que el caso caiga otra vez en manos de De la Rúa. Fuentes vinculadas al caso consideran que Anticorrupción está pagando ahora las consecuencias de no haber recusado a De la Rúa cuando se constató que el presidente del Tribunal valenciano no iba a abstenerse en el caso. En septiembre de 2008, Camps había proclamado públicamente cuál era la relación que mediaba entre ambos: "Tendremos -dijo Camps- que buscar en el diccionario otra palabra distinta a la de amistad que resuma y defina la íntima y sentida colaboración entre De la Rúa y el president de la Generalitat”.

(www.elplural.com, 07/02/10)

Los socialistas alegan que hay pruebas para investigar a Camps

El fiscal pide al Tribunal Superior valenciano que se declare incompetente

Hay suficientes indicios en el informe de la Brigada Policial de Blanqueo sobre el que se fundamenta la querella para que el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) investigue al presidente Francisco Camps y a otras 16 personas, entre ellas varios cargos del Gobierno valenciano y cuatro conocidos empresarios, por supuesta financiación ilegal del PP. Así lo sostienen los cuatro diputados socialistas que la presentaron. “El tribunal no puede hacer dejación de sus competencias y dejar en manos de otro tribunal la determinación de la investigación y su valoración a efectos de competencia cuando tiene en su poder auténticos principios de prueba que le impiden avocar su competencia”, alegan en el escrito de respuesta a la consulta del Tribunal Superior de Justicia valenciano sobre la competencia del tribunal tras la negativa del juez Antonio Pedreira, del Superior de Madrid, que instruye el caso Gürtel, a revelar el estado de la investigación.

“Aun cuando el TSJ de Madrid estuviera investigando los hechos, siempre y en todo caso la competencia sería del TSJCV”, señalan los socialistas en su escrito, dado que afectan a cargos aforados que sólo pueden ser juzgados por ese tribunal o por el Supremo, pero nunca por el tribunal madrileño. Y apuntan que, si fuese necesario, “en caso de conflicto sobre los hechos investigados, debería formularse una cuestión de competencia”. También apuntan los diputados que el presidente y vicepresidente de la Generalitat y otros cargos aforados son, en su opinión, responsables de los hechos, pese a que el secretario regional de los populares ha informado al Tribunal valenciano de que el PP de la Comunidad Valenciana no tiene personalidad jurídica y que las funciones de tesorería y contabilidad correspondían al PP nacional entre 2002 y 2008. El informe de la brigada policial deja claro, según los socialistas, que los querellados gestionaban y administraban de facto las cuentas del PP valenciano.

Por su parte, la fiscalía considera que el Tribunal valenciano no es, de momento, competente para investigar la querella socialista. Su argumento, elaborado por la Fiscalía Anticorrupción y firmado por el fiscal superior valenciano, Ricard Cabedo, considera que lo que corresponde es esperar la evolución de la investigación del juez Pedreira en el Tribunal de Madrid. Para la fiscalía, procede que Pedreira evalúe los indicios, señale a los supuestos responsables y se inhiba en favor del Tribunal valenciano. A su juicio, la situación en la que se encuentra el procedimiento de Madrid, bajo secreto sus tres cuartas partes, hace

www.elpais.es 06.01.10

LA FISCALÍA RECHAZA QUE EL SUPERIOR DE VALENCIA INVESTIGUE LA QUERELLA DEL PSPV-PSOE POR EL 'CASO GÜRTEL'

La Fiscalía Superior de la Comunidad Valenciana rechaza que el Tribunal Superior de Justicia de la región investigue la querella presentada por el PSPV-PSOE por supuesta financiación ilegal del PP autonómico, en la que implicaría a 17 personas, entre ellas, el presidente de la Generlitat Francisco Camps, varios altos cargos y al menos cinco grandes empresas constructoras.

La Fiscalía valenciana entrega hoy, según la Fiscalía General del Estado, el escrito en el que considera que los hechos denunciados por los socialistas están siendo investigados por el juez Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Según la Fiscalía de la Comunidad Valenciana, corresponde en este momento al juez Pedreira concluir las investigaciones que ha iniciado, valorar los indicios y, en su caso, remitir entonces al tribunal valenciano lo que considere oportuno.

Los socialistas valencianos presentaron una querella el pasado noviembre fundamentada básicamente en un informe policial en el que se recogían numerosos indicios de la existencia de financiación ilegal en el PP de la Comunidad Valenciana. Ese informe llegó a la sala de lo civil y penal del TSJ valenciano a finales de julio, justo en plena deliberación sobre las diligencias abiertas por un presunto delito de cohecho pasivo impropio a, entre otros, el presidente Camps.

El tribunal, presidido por el magistrado Juan Luis de la Rúa, a quien éste señaló como "más que amigo", decidió archivar la causa e ignorar el contenido del informe policial.

La pasada semana el TSJ valenciano, a través de una providencia, preguntó a la Fiscalía y a los socialistas si consideraban que era el tribunal competente para investigar los hechos denunciados.

Previamente, había recabado distinta información y solicitó al tribunal de Madrid que le dijera si estaba investigando los mismos hechos. El tribunal madrileño contestó que no podía darle información porque no había una causa abierta en la Comunidad Valenciana y que tomara las decisiones oportunas.

(www.elpais.com, 05/02/10)

EL TSJ DE VALENCIA PREGUNTÓ AL DE MADRID SI INVESTIGABA A RTVV POR LA VISITA DEL PAPA

El juez instructor de la querella socialista contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tenía especial interés en conocer si el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid está investigando al ex director de RTVV, Pedro García, por la adjudicación a Teconsa del contrato de sonorización de la visita del Papa para la celebración en Valencia en 2006 del V Encuentro Mundial de las Familias.

Esta es una de las preguntas que el juez Pedreira, que instruye el caso Gürtel desde la primavera pasada, se negó a responder al Alto Tribunal valenciano. Al igual que los "contretos imputados" del PP por un delito de asociación ilícita. La razón alegada es que las actuaciones siguen secretas y no las puede conocer nadie, ni siquiera las partes investigadas.

No obstante, algo deben sospechar -o temer- desde el PP valenciano cuando Pedro García deja su cargo en plenas vacaciones de verano, el pasado 29 de agosto. Justo una semana antes, el día 21, RTVV recibió una notificación del TSJ madrileño pidiéndole el contrato con Teconsa que constaba en el informe remitido por la Brigada de Blanqueo de Capitales sobre el "sistema de facturación y financiación de los actos del PP en la Comunitat Valenciana".

No olvidemos que el nombre de Pedro García ya figuraba en el auto de Garzón de 5 de marzo por el que se inhibía a favor de los TSJ de Madrid y Valencia por el caso Gürtel. El TSJ valenciano obvió su nombre al ceñir su investigación sólo al delito de cohecho por el asunto de los trajes, con la justificación de que Pedro García no es un cargo aforado. Archivó el pasado 2 de agosto.

El 11 de septiembre, RTVV remite a Madrid la documentación sobre la visita del PP, tal como desveló el actual director José López Jaraba, en la sesión de control de las Corts Valencianes del 17 de noviembre. No dijo más porque el tema está "subjudice".

Cuatro días después, cuatro diputados socialistas presentan una querella contra Camps y otros 17 altos cargos del PP y empresarios. El 25 de noviembre, el instructor de esta denuncia, José Ceres, remite un exhorto judicial al TSJ de Madrid. Su interés es conocer si el juez madrileño está investigando algunos de los hechos denunciados o mencionados en el informe policial para evitar "investigaciones simultáneas".

Por ello, la Sala inquiere al juez Pedreira si alguno de los hechos investigados "se refiere a la existencia de un delito de asociación ilícita y sus concretos imputados. Y justifica esta pregunta en que en el informe policial se hace expresa referencia a que "se trata de investigar la existencia de una organización delictiva asentada dentro de las Administraciones Públicas para la obtención de favores a la misma y que se trata de hechos interconectados".

Además, el juez valenciano le preguntó al de Madrid si sus diligencias en el caso Gürtel tienen relación o se refieren "a la supuesta financiación ilegal del PP". En ese caso, solicitaba que especificara "el concreto proceso o procesos electorales a que pueda referirse y los territorios o Comunidades Autónomas afectados".

También pregunta por las empresas que están investigando en Madrid, si se trata de Orange Market y Easy Concept, "especificando cuáles". Y añade que le señale "si aparecen los delitos supuestamente cometidos a través de las sociedades participadas por Francisco Correa". Las empresas que cita expresamente el juez valenciano son: Down Town Consulting, Orange Factory, Good & Better, Pasadena Viajes, Servimadrid, Diseño Asimétrico, Technology Consulting Management y Forever Travel Group.
Por último, pregunta si "se han dictado resoluciones judiciales en relación con los hechos y las personas" denunciadas por los socialistas valencianos. Todo ello, en vistas a delimitar el objeto y los sujetos de la querella, ya que si alguno de los denunciados o los delitos estuvieran siendo investigando en Madrid, el juez valenciano debería abstenerse para no dar lugar a "interferencias procedimentales, dada la posible interrelación entre los mismos". Ello significaría que la querella, de nuevo, quedaría reducida a los cargos aforados, principalmente, de los que sólo es competente el TSJ valenciano.

Como ya publicamos hace una semana, el juez de Madrid denegó cualquier tipo de información al estar declaradas secretas para todas las partes.

(www.levante-emv.com, 01/02/10)

EL PP NO ACTUARÁ CONTRA EL SECRETARIO GENERAL DEL PP DE VALENCIA QUE LOGRÓ UNA REBAJA EN UN JAGUAR GRACIAS A EL BIGOTES

La dirección del Partido Popular descarta tomar medidas con el secretario general del PP de Valencia (el sustituto de Ricardo Costa) por su relación con uno de los empresarios imputados en la trama Gürtel. Antonio Clemente consiguió una rebaja importante en la compra de un jaguar gracias a la mediación de Álvaro Pérez, El Bigotes.

Hace un mes y una semana que el PP dispone de un Código de Buenas Prácticas, pero no tiene "carácter retroactivo". No se va a aplicar a Clemente porque el jaguar se lo compró en verano y, además, porque conseguir un descuento por comprar un vehículo es algo frecuente. Fueron 3.200 euros de descuento en este caso, al tratarse de un coche de alta gama.

El PP no va a considerar siquiera el caso, al que no aplica matiz de anormalidad alguna. "No fue aprovecharse de nadie", aclaran desde la sede popular de la calle Génova. "Es simple amistad o contacto para conseguir una rebaja habitual", dicen.

El Código de Buenas prácticas del PP lo están firmando ya los cargos de responsabilidad en el aparato del partido y lo firmarán los cargos públicos que resulten de las próximas elecciones. Les obliga, por ejemplo, a abstenerse de cualquier conducta que, aún siendo legal, pueda dañar la imagen u honorabilidad del PP.

(www.cadenaser.com, 29/01/10)

RUS VE NORMAL QUE CLEMENTE FUERA CON ´EL BIGOTES´ A COMPRARSE UN JAGUAR

El presidente provincial del PP de Valencia, Alfonso Rus, salió ayer en defensa del secretario general del PP de la Comunitat, Antonio Clemente, al considerar "normal" que en mayo de 2008 se comprara un Jaguar después de que el gerente de Orange Market, Alvaro Pérez, conocido como "El Bigotes", se ofreciera a intermediar para conseguirle un descuento. Rus criticó que se "criminalicen" las amistades que puedan tener los cargos públicos y mantuvo que uno no es "culpable" de que una persona que conoce resulte ser "un ladrón, o mate a alguien".

El presidente de la Diputación de Valencia, propietario de un Ferrari, se pronuncio sobre la información publicada el pasado jueves por "El Mundo" sobre la adquisición del Jaguar y la existencia de una conversación grabada por la policía en el marco la investigación del caso Gürtel entre Clemente y El Bigotes, en el que este último se ofrecía a intermediar para conseguir un descuento.

Según la documentación aportada ayer por la dirección regional del PP, el 20 de mayo de 2008, el entonces portavoz adjunto del grupo popular en las Corts, entregó al concesionario una señal de 3.000 euros por la compra del Jaguar, cuyo precio final ascendió a 57.628 euros tras un descuento de algo más de 3.400 euros. Clemente, farmacéutico de profesión, ha aportado las facturas y justificantes de pago, así como una copia del préstamo que formalizó ante notario para pagar la cantidad restante. El secretario general del PP, que ayer no quiso hacer declaraciones, admite que Alvaro Pérez le acompañó un día al concesionario, aunque fuentes de su entorno mantienen que al final la compra la hizo por su cuenta y sin la mediación del ex gerente de Orange Market.

"Si fue con El Bigotes, 3.000 euros fueron pocos, yo si hubiera ido me hubieran hecho un diez por ciento de descuento", ironizó Rus, quien se mostró convencido de que Clemente "sería incapaz" de hacer algo incorrecto. "Seguro que estará preocupado, pero si fuera yo estaría preocupado porque en lugar de un diez me han hecho un cinco por ciento de descuento", insistió.

Pero ni siquiera el tono desenfadado empleado por Rus podía ayer disimular la inquietud existente en el PP y en el Consell ante un nuevo capítulo del escándalo Gürtel que, si bien carece de trascendencia legal, salpica la imagen del actual secretario general, hasta el momento uno de los pocos dirigentes del PP no "contaminados" por la trama de Correa. De hecho, el presidente Francisco Camps lo eligió hace apenas tres meses para sustituir a Ricardo Costa, la única víctima política del caso. En su decisión, Camps no sólo tuvo en cuenta su fidelidad a prueba de bomba, sino el hecho de tratarse de una persona "inmaculada" en relación con el escándalo Gürtel.

Cabe recordar que las conversaciones del caso Gürtel en las que los cabecillas de la trama hablaban de las gestiones para comprar a Costa un Infiniti hicieron mucho daño a la imagen del ex número dos del PP. Costa defendió desde el principio que pagó el coche, pero tuvo que remitir la documentación a Génova e incluso pedir perdón en público por la imagen inadecuada que, confesó, podía trasladar a la sociedad al darse el capricho de comprarse un coche de lujo en plena crisis.

Clemente, sin embargo, cuenta con el respaldo de la dirección nacional del PP, algo que Costa perdió al poco de levantarse parte del sumario y trascender su íntima relación con El Bigotes . Según ha podido saber este diario, el presidente Mariano Rajoy y la secretaria general, Maria Dolores de Cospedal, han hablado personalmente con el secretario general y le han dicho que esté tranquilo. Es más, en Génova descartan aplicar el código ético por no tener carácter retroactivo y considerar que no existió ninguna irregularidad.

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, aseguró ayer que la supuesta conversación entre Clemente y Álvaro Pérez en la que quedaban para ir al concesionario - a la que alude "El Mundo" aunque sin concretar su contenido-, de existir, se habría grabado antes del 6 agosto de 2008, fecha en la que el juez Garzón abrió las diligencias del caso Gürtel, y por lo tanto de manera ilegal. Por ello, Pons pidió explicaciones al Ministerio del Interior y a la Fiscalía General del Estado.

Rus bromeó con el hecho de que cuando habla por teléfono saluda a Rubalcaba por si lo están grabando. Con todo, en el PP muchos dudan de la existencia de la grabación y señalan a Costa y a su entorno como los muñidores de una operación que buscaría dar un aviso a Génova veinticuatro horas después de hacerse pública la sanción al ex número dos del PP. El entorno de Costa lo niega.

Aunque los populares minimizan el asunto, temen que sirva de gancho para que Gürtel acapare de nuevo la agenda política. La oposición exigió la comparecencia de Clemente en las Corts y el vicepresidente primero, Vicente Rambla, eludía pronunciarse a preguntas de los periodistas. Camps, por su parte, seguía con su viaje en New York.

(www.levante.emv.com, 29/01/10)

GONZÁLEZ PONS ELUDE LOS VÍNCULOS ENTRE EL BIGOTES Y EL NÚMERO DOS DEL PP DE VALENCIA PIDIENDO LA CABEZA DE CONDE PUMPIDO

La supuesta limpia en el PP valenciano tras la sustitución en la secretaría general de Ricardo Costa por Antonio Clemente ha quedado en entredicho después de conocerse que este último también mantiene una estrecha relación con El Bigotes, el hombre de la Gürtel en la comunidad gobernada por Camps. Una información ha revelado que Clemente incluso utilizó a El Bigotes, imputado actualmente por la trama de corrupción, para que le asesorara en la compra de un Jaguar. Sin embargo, preguntado por estos vínculos, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha puesto el foco en un presunto origen ilegal en la información asegurando que si es así "debería hacer caer al Fiscal General del Estado". También ha defendido el Jaguar de Clemente porque lo ha comprado "con su sueldo de farmacéutico". Nada sobre lo que dice el recién estrenado código etico del PP que asegura se castigarán conductas que dañan la imagen del partido. Ni un ápice de autocrítica hacia el comportamiento de su compañero de filas.

Durante una entrevista en la COPE, González Pons ha tratado de echar balones fuera a la hora de abordar la noticia que hoy publica El Mundo sobre cómo Clemente se compró un Jaguar en julio de 2008 -cuando era portavoz adjunto del PP en Les Corts- asesorado por El Bigotes. El popular apuntó que no tiene "nada que objetar" sobre la adquisición del vehículo porque es un "político de esos que no cobra en la política" y que se lo ha comprado “con su sueldo de farmacéutico”.

Las farmacias y el PP valenciano

Las farmacias vuelven a aparecer así vinculadas al ritmo de vida de determinados cargos del PP valenciano. Así, cuando interrogaron a Camps por los trajes que la trama Gürtel habría comprado para él y de los que no tenía factura, el presidente valenciano alegó que los había pagado en metálico con el dinero de la farmacia de su esposa.

González Pons arremete contra la Fiscalía por escuchas ilegales

La información del diario aludía a una investigación policial como el origen de esa constatación de las buenas relaciones entre El Bigotes y Clemente, y González Pons ha tratado de poner ahí el foco. Según el popular, "si hay una grabación policial anterior al 6 de agosto [fecha del inicio de la instrucción de la Gürtel], esa grabación es ilegal", lo que "sería gravísimo" porque la propia Fiscalía General del Estado en sus instrucciones ha dicho que "no se pueden grabar conversaciones fuera de las diligencias previas".

“Música” de “podredumbre”

Desde la cadena de los obispos, González Pons ha insistido en que la investigación a Clemente y El Bigotes “tiene una música que si se confirma se llama podredumbre” y que si es así “debería hacer caer al Fiscal General del Estado”.

“Confusión” respecto a las sanciones a Costa y Cobo

Sobre la propuesta del Comité de Derechos y Garantías del PP de sancionar con un año de suspensión de militancia al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, González Pons cree que se ha producido una "confusión" ya que no es definitivo sino “las propuestas de sanción del pliego de cargos de quien está instruyendo” el expediente.

(www.elplural.com, 28/01/10)

EL SUCESOR DE COSTA COMPRÓ UN JAGUAR CON AYUDA DE 'EL BIGOTES'

Antonio Clemente, el entonces portavoz adjunto en las Cortes Valencianas, acudió con Álvaro Pérez al concesionario en el que éste conseguía los coches. El hoy secretario general del PP valenciano admite que 'El Bigotes' se ofreció para conseguirle un descuento, que finalmente superó los 3.000 euros. Ambos mantuvieron una conversación telefónica sobre la operación cuya transcripción figura en las investigaciones policiales del 'caso Gürtel'

El sucesor de Ricardo Costa al frente de la Secretaría General del Partido Popular de la Comunidad Valenciana, Antonio Clemente, no escapó a la influencia que sobre el partido y sus dirigentes tuvo Álvaro Pérez, El Bigotes. En el verano de 2008, siendo Clemente diputado autonómico y portavoz adjunto, el gerente de Orange Market, la empresa que realizaba todos los actos del PPCV, le acompañó a comprarse un Jaguar.

Existe una conversación telefónica entre El Bigotes y Clemente sobre la compra del vehículo que consta en las investigaciones policiales. El propio Clemente ha admitido que Álvaro Pérez, que ya había adquirido más coches en ese concesionario de Valencia, se ofreció para conseguirle un descuento. La rebaja fue de 3.425 euros, que redujo el precio a 57.628 euros. El secretario general del PP ha podido acreditar que está pagando el vehículo.

La participación de Álvaro Pérez en la compra del coche de Antonio Clemente prueba de nuevo que su relación con la cúpula del PP valenciano fue tan intensa que traspasó el plano político para llegar al personal e incluso íntimo. Fue un amigo para Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y otros muchos. El Bigotes, lejos de conformarse con estos contactos de oro, intentó ganarse el favor de otros dirigentes del partido en la Comunidad Valenciana con el propósito de ampliar el control que ya ejercía en la organización. Y eso era la red Gürtel.

En julio de 2008, Clemente era portavoz adjunto del PP en las Cortes Valencianas, mano derecha de Costa en el Grupo Parlamentario y conocía a Pérez del partido. El actual secretario general ha formado parte de todas las direcciones regionales de los últimos años y es un hombre de la confianza de Camps. No era difícil que se encontraran. El Bigotes campaba a sus anchas por la sede del PP valenciano de la calle Quart como responsable exclusivo de organizar todos los actos de la formación a través de Orange Market.

Posiblemente hablaban poco por teléfono -el poder de Clemente era limitado y no adjudicaba contratos ni en la Generalitat ni en el PP-, pero lo suficiente para que el lugarteniente de Francisco Correa en Valencia se brindara a hacer de mediador y conseguirle un descuento en la compra del vehículo que pretendía adquirir. Clemente, de apariencia siempre austera, quería jubilar su viejo Saab de más de 15 años.

Según fuentes solventes consultadas por EL MUNDO, en una de las grabaciones policiales del caso Gürtel -Álvaro Pérez tenía el teléfono pinchado- El Bigotes le propone acompañarle al día siguiente para comprar el Jaguar. El secretario general del PP valenciano admite que fue al despacho de Orange Market, en la céntrica calle Colón de Valencia, a recogerle y fueron juntos a Británica de Automóviles, uno de los dos puntos de venta de Jaguar en la ciudad. El 16 de julio de 2008, Clemente compró un coche de esta marca modelo XF 2.7D Executive Ultimate B por un precio de 57.628 euros, según la documentación aportada ayer por el político a este diario.

A diferencia de Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón y ex marido de Ana Mato, a quien Correa pagó un Jaguar que luego matriculó a su nombre, Antonio Clemente ha podido demostrar documentalmente que no existe ningún otro vínculo entre Orange Market y la compra de su lujoso coche. Según Clemente, el vehículo se adquirió a precio de mercado, únicamente con un descuento de 3.425 euros, una rebaja habitual en coches de esta gama. La mediación de El Bigotes le habría resultado así poco beneficiosa pese a que en ese concesionario Pérez compró varios coches, entre ellos uno para su uso privado.

Clemente entregó 7.000 euros a cuenta por el Jaguar y solicitó un crédito a Barclays de 50.000 euros para abonar el resto. El préstamo está suscrito a nombre suyo y al de su mujer, Pilar Collado, que está al frente de la Dirección General de Cooperación de la Generalitat Valenciana. Las cuotas, pendientes hasta 2012, se amortizan todos los meses en una cuenta que el matrimonio tiene en ese mismo banco. La pareja, al margen de sus sueldos, posee una farmacia en propiedad.

En declaraciones a este diario, el dirigente popular explicó ayer que «se trata de una operación privada en la que no existe nada ilícito o ilegítimo, ni, tras aportar toda la documentación, nada que ocultar». Clemente añadió que no ha mantenido ninguna conversación que pueda implicar «irregularidad alguna o conducta impropia» dentro de sus funciones públicas.

Pero El Bigotes se ha convertido en un estigma para el PP valenciano y sólo el hecho de haberse relacionado con él supone ahora una mancha. A Ricardo Costa le costó el cargo su estrecha relación con Alvarito y la presunta participación de la trama corrupta en la adquisición de su Infiniti - un vehículo también de alta gama- conocida tras el levantamiento parcial del sumario que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Costa siempre negó que Pérez participara en la compra y defendió que lo pagó él.

Clemente había estado al margen del influjo de El Bigotes y siempre se ha presentado como un dirigente impoluto, dedicado a la política con su vida profesional solucionada.

(www.elmundo.es, 28/01/10)

CAMPS EXCLUYE DE BANCAJA AL PSPV POR EL 'CASO GÜRTEL'

El secretario general del Partido Socialista del País Valenciano (PSPV-PSOE), Jorge Alarte, acusó ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de excluir de la dirección ejecutiva de Bancaja, la tercera caja de ahorros española, a los candidatos socialistas en represalia por el caso Gürtel.

"La angustia de Camps por buscar la impunidad en el caso Gürtel se ha convertido en una amenaza para Bancaja", dijo Alarte, que argumentó que se les ha sometido a chantaje desde que decidieron presentar una querella por supuesta financiación ilegal contra el PP de Camps . "Se reclama impunidad a cambio de normalidad democrática y, como no cedemos, la orden de Camps es excluir a todos los que no piensan como él", manifestó. Alarte advirtió que la decisión no afecta sólo al PSPV-PSOE, sino que se ha dado orden de dejar fuera a la UGT y a las organizaciones de impositores y consumidores que no comulgan con su manera de hacer política.

Los socialistas, que hasta la fecha tenían dos vicepresidentes en la comisión ejecutiva de Bancaja, se quedan sin representación en el órgano que gestiona el día a día de la entidad de ahorro y se quedan con sólo dos de los 21 miembros del consejo de administración y ninguno en la dirección ejecutiva, que estará integrada únicamente por candidatos afines al PP, algo que causó un profundo malestar en Bancaja.

Su reelegido presidente, José Luis Olivas, confiaba en poder mantener la pluralidad de la comisión ejecutiva. Olivas accedió a la presidencia de Bancaja desde la presidencia de la Generalitat, cargo que ocupó algo más de un año, durante el interín entre Eduardo Zaplana y Camps.

Los socialistas emplazaron al presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, a explicar cuál es su política de cajas, si la despolitización que reclama Cristobal Montoro o el rodillo de Camps.

El PP acusó a Alarte de intentar coaccionar las votaciones del consejo de administración de Bancaja para colocar a un ex diputado de vicepresidente.

El proceso de renovación Bancaja contrasta con el de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM). En esta última, el presidente de la Diputación de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, ha optado por hacer caso omiso de las presiones de Camps.

(www.elpais.com, 15/01/10)

EL CONSELL IRÁ AL SUPREMO PARA MANTENER EL PULSO CONTRA GARZÓN POR EL CASO GÜRTEL

La decisión del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de archivar la queja presentada por el Consell contra el juez Baltasar Garzón por presuntas irregularidades en la instrucción del caso Gürtel no frenará la ofensiva judicial de la Generalitat. El Ejecutivo mantendrá el pulso contra el juez cuya investigación ha truncado la proyección política del presidente valenciano al recurrir el archivo ante el Tribunal Supremo. Así lo anunciaron ayer dos miembros del Gobierno valenciano -la portavoz Paula Sánchez de León y el vicepresidente primero Vicente Rambla- después de que Levante-EMV desveló ayer que el carpetazo al asunto dado por el órgano de gobierno de los jueces.

El Consell presentó a principios de noviembre una queja formal ante el CGPJ al entender que Garzón había vulnerado el derecho de defensa de Camps por "mutilar" una parte del sumario que le exculpaba en la causa de los trajes por la que entonces resultó imputado.

En concreto, se trata de unas conversaciones mantenidas entre los presuntos cabecillas de la trama de Francisco Correa y sus abogados en la cárcel en las que se afirmaba que el presidente valenciano se pagó sus trajes. Las fiscales que trabajaban con Garzón en las instrucción solicitaron que la parte del sumario que contenía las conversaciones grabadas por la policía en la prisión no fuera tenido en cuenta como elemento probatorio por los jueces que heredaron la causa.

Sin embargo, la Comisión Disciplinaria del CGPJ archivó la queja antes de Navidad al entender que la cuestión planteada es "un asunto jurisdiccional y no tiene potestad para entrar en ello", según confirmaron fuentes de la Generalitat y del CGPJ. De León precisó que la decisión no fue unánime, ya que hubo un voto particular que, según la portavoz, "suscribe todas las razones" del Consell. Presidencia de la Generalitat discrepa de la actuación del CGPJ al que afea que no remitiera la queja al servicio de inspección para iniciar la pertinente investigación. En este sentido, mantiene que se ha dado carpetazo a la queja sin entrar en el fondo, un reproche que también suscribe la magistrada autora del voto particular.

Esta también discrepa de la actitud del juez Garzón al entender que encausa algunas materias que no son de su competencia -entre otras, la pieza separada por las filtraciones del caso-, al tiempo que menciona las numerosas quejas que han llegado al órgano por supuestas irregularidades cometidas por Garzón en instrucciones de otras causas.

De León añadió que en el recurso contencioso-administrativo al Supremo pedirán "protección jurisdiccional" para "seguir haciendo valer nuestras razones, con la confianza plena de que, como siempre, al final las cosas se situarán en el cauce donde deben estar". Por su parte, Rambla se mostró convencido de que el recurso tiene posibilidades de prosperar porque la queja se ha archivado sin entrar en el fondo. Por otro lado, el Consell desconoce el recorrido de la denuncia que, de manera simultánea a la queja al CGPJ, presentó ante la Fiscalía General.

El vicepresidente del Poder Judicial, Fernando de Rosa, dijo que respeta "absolutamente" la decisión del Consell de recurrir y explicó que el CGPJ ya "dijo que no veía cuestión disciplinaria y que, en todo caso, quedaba abierto para que se actuara por otras vías".

(www.levante-emv.com, 15/01/10)

CAMPS BENEFICIÓ EN EL CABANYAL A FIRMAS IMPLICADAS EN GÜRTEL

Las constructoras Sedesa y Lubasa, dos de las empresas que, según un informe policial sobre el caso Gürtel, financiaron ilegalmente al PP valenciano, obtuvieron plusvalías procedentes del erario público superiores al 10% y sin arriesgar un solo euro. Lo lograron gracias a la controvertida operación urbanística de El Cabanyal, auspiciada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Según el citado informe policial, pendiente desde julio de que algún juez se decida a investigar su contenido, tanto Sedesa como Lubasa pagaron en dinero B actos del PP valenciano.

La Brigada contra el Blanqueo calcula en 539 millones de euros los contratos públicos de la Generalitat adjudicados entre 2007 y 2009 a Sedesa, propiedad de la familia del consejero valenciano Vicente Cotino. Y en más de 77 los obtenidos por Lubasa entre finales de 2006 y comienzos de 2009. Ambas niegan haber financiado al PP.

Sedesa y Lubasa pagaron en B actos del PP, sostiene el informe policial

El origen de las plusvalías captadas por Sedesa y Lubasa (a través de su filial Calviga) se remonta a 2005. Ese año, la Generalitat y el consistorio valenciano incorporaron a 11 constructoras privadas como socios constituyentes y sin concurso previo a Cabanyal 2010 SA. Participada por la Generalitat y el Ayuntamiento en un 55%, la empresa nacía así como sociedad mixta encargada de desarrollar más de 1.500 nuevas viviendas en el histórico barrio marítimo, cuya destrucción acaba de paralizar el Ministerio de Cultura.

En junio de 2008, con la crisis inmobiliaria ya desatada y la UE preparada para denunciar ante el Tribunal Europeo la entrada a dedo de capital privado en Cabanyal 2010 SA, las 11 constructoras abandonaron el barco. Pero lo hicieron no sólo recuperando todo lo invertido -7,8 millones de euros- pese a que Cabanyal 2010 SA estaba ya en pérdidas, sino obteniendo una jugosísima "compensación indemnización" cifrada en 870.000 euros: es decir, superior al 10% de la inversión inicial.

El entrecomillado anterior relativo a la compensación figura en un recién conocido informe de la Sindicatura de Comptes valenciana la Cámara de Cuentas autonómica que censura la actuación de la Generalitat y el Ayuntamiento en Cabanyal 2010 SA.

Para la indemnización, explica la Sindicatura en su informe, se tomó como referencia el IPC "más un punto". Y añade que, para justificar su decisión, la Generalitat y el Ayuntamiento aplicaron de manera indebida un precepto de los estatutos de Cabanyal 2010 SA. Esa cláusula estipula cómo recomprar las acciones en manos privadas... pero una vez transcurridos 10 años como mínimo desde la creación de la sociedad, y no tres.

El gabinete de prensa de la Generalitat rehusó ayer dar una explicación y remitió a los servicios de comunicación del Ayuntamiento de Valencia. Fuentes del consistorio valenciano aseguraron a Público que la operación se hizo "de acuerdo a ley". En relación con la amenaza de la UE de interponer demanda por la vulneración del principio de igualdad de trato en la elección de socios para Cabanyal 2010 SA, las fuentes sugirieron que la amenaza de demanda "quedó en nada". El 8 de octubre de 2009, la Comisión Europea anunció su decisión de demandar a España (las autonomías no tienen personalidad jurídica propia en la UE) por el sistema de contratación seguido por el Instituto Valenciano de Vivienda SA (IVVSA), a través del cual está representada la Generalitat en Cabanyal 2010 SA.

Según el Ayuntamiento valenciano, el informe de la Sindicatura es "opinable". No lo es, en cambio, que las constructoras dejaron el negocio como quien liquida un depósito a plazo fijo: sin riesgos y con beneficios.

Conjugando los datos del informe de la Sindicatura con los del reparto accionarial en Cabanyal 2010 SA y el precio pagado por cada acción, se alcanza una conclusión respecto a Lubasa y Sedesa: la primera se hizo con 1.856 acciones desembolsando 928.000 euros y, en 2008, se marchó con el compromiso público de reintegrarle 1.030.520 euros. En lo que concierne a Sedesa, las cuentas son estas: en 2005 se hizo con 500 acciones por 250.000 euros y, tres años más tarde, consiguió que la Generalitat y el Ayuntamiento le garantizasen 277.619 euros.

Las acciones, advierte además el informe, debieron adquirirse no a su valor nominal, que aquí era el pagado en 2005 por las constructoras, sino por su valor teórico. La Sindicatura subraya que el valor teórico de las acciones, expresión que equivale al valor real de mercado, "se encontraba por debajo del nominal en el momento de la venta, dado que la empresa había obtenido pérdidas en los ejercicios anteriores".

Este jueves, Les Corts validarán el decreto ley del Consell que permite los derribos en El Cabanyal pese a la prohibición del Ministerio de Cultura, que los considera “expolio”. La Junta de Portavoces, con mayoría del PP, se reunió ayer antes de que se reanuden las sesiones. Tras la junta, el portavoz del PSPV-PSOE, Ángel Luna, denunció que el Gobierno valenciano aplica “el estilo Berlusconi, cambiando la ley para que desaparezca la fechoría”. Por su parte, el portavoz del PP, Rafael Blasco, aseguró que Cultura pretende “humillar” a las instituciones autonómicas. Algo con lo que no está de acuerdo la portavoz adjunta de Compromís pel país valencià, Mónica Oltra, que defendió que los derribos son “un crimen” y que no dudará en ponerse “delante de las excavadoras”. El president, Francisco Camps, y la alcaldesa, Rita Barberá, se reunieron ayer en el Palau de la Generalitat junto a buena parte de sus equipos para tratar proyectos urbanísticos en Valencia durante el 2010. Alfonso Grau, teniente de alcalde, afirmó que en El Cabanyal “continúan los derribos”, aunque no supo concretar en qué calle. Por contra, los vecinos de Salvem el Cabanyal precisaron ayer que desde septiembre no se han producido demoliciones

(www.publico.es, 13/01/10)

Pedreira no pedirá por ahora las cuentas del PP valenciano

El juez esperará a que el Supremo y el TSJCV decidan sobre el asunto

Dividir la investigación de un caso de corrupción en distintos tribunales conlleva problemas, como que, en ocasiones, aspectos concretos de la causa sean difícil de saber a quién corresponden. Es lo que ocurre en el caso Gürtel con la presunta financiación irregular del PP valenciano que denunció la policía en un informe presentado el pasado 31 de julio.

Tal y como se conoció ayer, en diciembre la Fiscalía Anticorrupción pidió al instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, que reclamara las cuentas del PP valenciano para investigar si el partido se había financiado de manera irregular.

El Supremo debe revisar el archivo de la causa de los trajes de Camps

El magistrado todavía no ha decidido qué hacer. Su primera intención era dejar en manos del TSJ de la Comunidad Valenciana la investigación de este episodio del caso Gürtel, sobre todo, porque el informe policial señalaba como culpables a varios aforados, entre ellos, al ya ex secretario general del PP valenciano Ricardo Camps. Y los diputados autonómicos sólo pueden ser investigados por el Tribunal Superior de la Comunidad por la que fueron elegidos, por lo que, si el TSJ de Madrid asumiera la competencia de la investigación tarde o temprano debería inhibirse a favor del de Valencia.

Y precisamente eso es lo que quiere Anticorrupción. El Ministerio Público sostiene que el TSJM investiga la totalidad de la causa, salvo lo que corresponde al Tribunal Supremo, es decir, los aforados nacionales imputados: el senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino. Sobre todo desde que el pasado agosto el TSJCV archivara la causa abierta por los trajes que recibió el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres dirigentes del PP valenciano.

Avanzar en la investigación

Valencia puede hacer averiguaciones por la querella del PSOE

Para la Fiscalía, el TSJM debe comenzar a investigar la presunta financiación irregular del PP hasta que sea imposible avanzar sin tocar a los aforados valencianos, momento en el que se inhibiría a favor del valenciano.

Sin embargo, la situación judicial del caso es más compleja. El informe policial en cuestión fue presentado en el TSJ valenciano, el de Madrid, el Supremo y la propia Fiscalía Anticorrupción. El de Valencia, en una decisión sin precedentes, procedió a devolvérselo a la policía.

Querella del PSOE

Para remediar esta situación, el PSOE interpuso una querella el pasado 9 de noviembre ante el propio TSJCV. Antes de pronunciarse sobre su admisión, el tribunal ordenó varias diligencias, entre ellas, pedir al TSJM que le informara de las diligencias que había realizado al respecto. Pedreira todavía prepara la respuesta que debe remitir al tribunal valenciano, pero fuentes del TSJ madrileño señalaron que no impedirá la investigación en Valencia, porque él no ha hecho ninguna averiguación sobre los cinco aforados que figuran en la querella del PSOE por la financiación irregular del PP.

Según dichas fuentes, las únicas diligencias realizadas por Pedreira consistieron en reclamar a Valencia en julio los contratos que la Generalitat firmó con Orange Market y otras empresas de la trama. Nunca obtuvo respuesta. Y ha ido remitiendo al TSJCV todos los documentos de la red corrupta relacionados con la trama valenciana a medida que aparecían en las cajas que le envió en marzo el juez Baltasar Garzón.

Pedreira llegó, incluso, a enviar a Valencia los indicios existentes contra el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, y Álvaro Pérez, el Bigotes, porque consideraba "ineludible" juzgarlos junto a Camps. El TSJCV llegó incluso a recriminarle por habérselos remitido.

Y mientras tanto, el Supremo debe decidir si el archivo de la causa de los trajes fue correcta o el TSJ valenciano debió investigar lo denunciado. Si opta por este criterio, devolverá la causa a Valencia y puede que le ordene investigar también las irregularidades detectadas en la financiación del PP.

www.publico.es 09.01.10

La fiscalía pide al juez del 'caso Gürtel' que reclame las cuentas del PP de Valencia

Anticorrupción recurre al tribunal madrileño para reactivar la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del partido, destapada por la policía

La Fiscalía Anticorrupción intenta reactivar la investigación judicial sobre la posible financiación irregular del PP de la Comunidad Valenciana. Los fiscales han pedido por escrito al juez de Madrid que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que reclame la contabilidad del PP de Valencia para tratar de comprobar los indicios que avalarían la supuesta financiación ilegal del partido y que fueron destapados por la Unidad policial contra el Blanqueo del Capitales.

El Supremo tiene que decidir si reabre el caso de los regalos a Camps

La investigación policial apuntaba que la cúpula del partido en Valencia había amparado y dirigido la financiación ilegal de esta formación durante los últimos años. En concreto, señalaba al vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, y al destituido secretario regional del PP, Ricardo Costa, entre otros, como supuestos partícipes de una trama que habría permitido que empresas adjudicatarias de contratos del Gobierno regional entregaran dinero a la red Gürtel para financiar actos del partido.

Las dos fiscales de Anticorrupción han acudido al juez Pedreira para que, ante el parón de la investigación en Valencia, sea él quien ordene al PP la entrega de todos los extractos de su contabilidad relativos a los últimos años. El instructor del caso Gürtel en Madrid tiene pendiente responder a esa petición, según fuentes de la investigación, que sostienen que Pedreira no debería acceder a esa solicitud, que supondría que el Tribunal Superior de Madrid investigue un caso en el que pueden resultar implicados aforados de Valencia, por lo que sería competencia del Tribual Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Precisamente, la Sala del TSJCV recibió en noviembre una querella del Partido Socialista del País Valenciano sustentada en el exhaustivo informe de la Brigada de Blanqueo que este verano recibió el tribunal pero que no consideró oportuno investigarlo. En sus 89 folios y cinco anexos se mencionan a seis empresas valencianas que supuestamente financiaron actos del PP a través de firmas de la red de Francisco Correa, Special Events y Orange Market, esta última dirigida en Valencia por Álvaro Pérez, El Bigotes, quien además mantenía una doble contabilidad sobre el PP.

En concreto, el PSPV se querelló contra Francisco Camps, presidente de la Generalitat y del PP valenciano, cinco altos cargos del Gobierno y del PP valenciano; cinco de los cabecillas de la trama Gürtel, con Francisco Correa al frente, y cinco empresarios locales: Enrique Gimeno, presidente de FACSA (Fomento Agrícola Castellonense); Enrique Tomás Ortiz, de Ortiz e Hijos; Antonio Pons Dolf, presidente de PIAF; Luis Batalla, del grupo LUBASA; y Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, del grupo SEDESA. Los socialistas les acusan de los posibles delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad documental, delito tributario, alteración contable y financiación irregular.

La querella también se dirige contra el ex director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García por propiciar un pelotazo millonario a Correa con motivo de las adjudicaciones para retransmitir los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. La cadena adjudicó por 6,4 millones de euros la sonorización del acto a Teconsa, una empresa pantalla de la trama. Correa recibió una comisión de 957.300 euros, según la investigación policial en la que se basa la querella.

La Sala de lo Civil y Penal del TSJCV será la encargada de decidir si esa querella se convierte en una investigación judicial. La sala que debe determinarlo está presidida por Juan Luis de la Rúa, magistrado a quien públicamente Francisco Camps señaló como un "más que amigo". El tribunal de De la Rúa archivó la causa abierta contra Camps por el escándalo de los trajes y rechazó investigar el informe policial que recoge indicios de supuesta financiación irregular del PP valenciano. De la Rúa sigue de presidente del TSJV a pesar de que su mandato terminó en julio. Y el Consejo General del Poder Judicial no logra llegar a un acuerdo sobre su sucesión.

Por eso, las fiscales han recurrido al tribunal madrileño, para que no se demoren más las necesarias pesquisas que permitan apuntalar el informe de la Brigada Central de Blanqueo de Capitales. El objetivo de Anticorrupción es cotejar las cuentas del PP con la contabilidad b intervenida en Orange Market, que incluye una doble caja y la recepción de dinero de empresas como pagos por la organización de actos del PP.

Aparte de la supuesta financiación ilegal de su partido, Camps tiene otro frente judicial abierto, los regalos de trajes y dádivas que recibieron él y su familia de la trama Gürtel. Su futuro político está en manos de la Sala Penal del Tribunal Supremo, que tiene previsto resolver en los primeros meses de este año el recurso que presentó la Fiscalía Anticorrupción contra el archivo de las diligencias por cohecho impropio (el regalo de trajes) decretado el pasado tres de agosto por el TSJCV.

Si el Supremo revoca el archivo del cohecho impropio y decide que prosiga la investigación, casi inevitablemente Camps acabaría en el banquillo de los acusados. Ante un jurado popular tendría que aclarar en concepto de qué aceptó trajes por importe cercano a los 12.000 euros de manos de El Bigotes, cuyas empresas han recibido, a dedo, casi ocho millones de euros durante los mismos años en que Camps viene presidiendo el Gobierno valenciano.

El 'caso Gürtel'

- En el Tribunal Superior de Madrid. El instructor mantiene imputadas a casi 70 personas, entre ellas tres diputados regionales del PP, cuatro ex alcaldes de importantes municipios de la Comunidad, los cabecillas de la trama Gürtel

y empresarios que pagaron a éstos comisiones por sus favores ante políticos.

- En el Tribunal Supremo. Están imputados el senador del PP Luis Bárcenas (ex tesorero del partido) y el diputado Jesús Merino. Ahora tiene que decidir si los juzga por haber recibido Bárcenas de la trama alrededor de un millón de euros y en torno a 200.000 Merino

www.elpais.es 08.01.10

Los jueces no se han pronunciado aún sobre la querella del PSPV

Los socialistas denunciaron al PP hace ya dos meses

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) guarda silencio sobre la querella presentada a principios de noviembre por los socialistas por presunta financiación irregular del PP valenciano. Su único pronunciamiento, a finales de ese mismo mes, no resolvía el primer paso del trámite judicial: la competencia o no para investigar un delito en el que supuestamente están implicados altos cargos de la Generalitat.

Lo que hizo entonces el TSJCV fue anunciar la petición de información a las Cortes Valencianas, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, al Registro de Partidos, al propio PP y a la Junta Electoral Central. Quería así confirmar el aforamiento de algunos querellados, como el presidente Francisco Camps; saber si el tribunal madrileño actúa sobre la financiación; conocer el grado de autonomía y decisión del PP valenciano dentro del PP; tener certeza sobre las responsabilidades de ciertos dirigentes y acreditar que fueron en las listas de las últimas elecciones. El PP confirmó ayer que recibió la petición de información a finales de noviembre y la respondió enseguida.

El tribunal guarda silencio desde entonces. Y lo hace después de haber ignorado el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre financiación irregular del PP, al que decidió no prestar atención a finales de julio, cuando lo recibió mientras deliberaba sobre la causa abierta contra Camps por los trajes, y que finalmente decidió archivar.

El informe destapaba mecanismos para la financiación ilegal:

» Doble facturación. De cada acto ejecutado se realiza una doble facturación, una real plasmada con una factura formal emitida por Orange Market al PP valenciano por los servicios prestados con el correspondiente IVA y otra sin factura, y por tanto sin reflejo contable y sin repercutir el IVA.

» Facturas de constructoras. Hay casos en los que para pagar las facturas legales con IVA, Orange Market recurre al cambio de cliente, endosa facturas por servicios al PP a dos constructoras con contratos con la Administración valenciana.

» Cobros en 'b' para pagar a cargos del PP. Los fondos procedentes de los cobros en b derivados de los actos realizados para el PP valenciano engrosan la caja b de Orange Market. Parte de ellos llegan a la de la empresa matriz, en Madrid. Este dinero se destina al pago de los gastos propios y de las entregas de dinero que realizan supuestamente a cargos del PP como Luis Bárcenas, Jesús Merino, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda...

www.elpais.es 08.01.10

Pons: "Costa es un político con mucha valía y gran futuro"

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, considera que el ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa es un político "con mucha valía" y con un "brillante futuro" en el partido. Costa se encuentra en la actualidad suspendido de militancia de forma cautelar por el Comité de Derechos y Garantías de los populares mientras se resuelve el expediente que le abrió el partido el pasado 29 de octubre. En una entrevista, González Pons ha asegurado que Costa, además de ser "buen amigo" suyo, también es un "político joven, de mucha valía y que tiene un brillante futuro por delante".

Al ser preguntado si ese "futuro brillante" lo tendrá en el PP, el dirigente popular respondió: "Por supuesto". No obstante, al ser preguntado si eso significa que el Comité de Derechos y Garantías del PP tiene previsto exonerar a Ricardo Costa de la suspensión de militancia o de cualquier sanción, González Pons respondió que él no sabe lo que pasará.

"Sea cual sea la decisión, Ricardo Costa tiene un brillante futuro en el PP porque es un político de valía, joven, que ha demostrado que es valiente y que sabe tanto gestionar como plantar cara". La decisión del Comité de Garantías del PP se conocerá, previsiblemente, antes de que comience el mes de febrero, según los cálculos que realiza el propio órgano disciplinario popular.

Precisamente el pasado miércoles se preveía la remisión del pliego de cargos tanto a Costa como a Manuel Cobo, para que presenten las pruebas y alegaciones que consideren oportunas. Para ello tendrán un plazo de 15 días. El citado pliego de cargos se remite por correo certificado y también por internet, para que los afectados tengan tiempo suficiente para responder.

En el documento se exponen las faltas que, según los instructores, han cometido de acuerdo con los estatutos del PP. Transcurrido ese periodo, los instructores de los expedientes evaluarán toda la documentación y realizarán una última propuesta, que incluirá un planteamiento de sanción, si corresponde, ante el pleno del Comité de Derechos y Garantías del PP, que está formado por 12 miembros.

Costa se encuentra suspendido cautelarmente por su "actitud", después de realizar unas declaraciones en las que se atribuía aún la condición de secretario general cuando ya había cesado de su cargo por orden de Génova, tras unas informaciones que mostraban su cercanía a uno de los cabecillas de la trama Gürtel, Alvaro Pérez, El Bigotes.

www.elpais.es 02.01.10

El Tribunal de Cuentas valenciano no audita las empresas salpicadas por el 'caso Gürtel'

La Sindicatura de Comptes, el equivalente al Tribunal de Cuentas en la Comunidad Valenciana, no auditó en el informe correspondiente al ejercicio 2008 ninguna de las empresas públicas de la Generalitat valenciana salpicadas por el caso Gürtel. La Sindicatura entregó ayer a las Cortes valencianas un trabajo que no incluye la fiscalización de las cuentas de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica de la Comunidad Valenciana -que otorgó a Orange Market un contrato de 450.000 euros por un evento en la salida de la Volvo Ocean Race desde Alicante-; ni fiscaliza la contratación de la Agencia Valenciana de Turismo -que adjudicó el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur a la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, durante cinco años consecutivos-; ni la contratación de la Sociedad Circuito del Motor de Cheste -que participó del premio de fórmula 1 en el que Orange Market aspiraba a lograr contratos.

La Sindicatura tampoco audita entidades como la Fundación la Luz de las Imágenes, que contrató con Orange Market parte de un evento en el Club de Tenis de Valencia.

La fiscalización correspondiente al ejercicio 2008 de la Sindicatura de Comptes se inició en el primer trimestre de este año, cuando ya había estallado el caso Gürtel.

Gerardo Camps, vicepresidente económico y consejero de Hacienda del Gobierno valenciano, aseguró que la Generalitat es la institución autonómica que más rápido difunde la fiscalización de sus cuentas porque, "a diferencia de lo que dicen algunos", señaló, "aquí no se oculta nada".

La Sindicatura de Cuentas, por su parte, invocó su plan de trabajo selectivo para explicar que no todos los años se auditan todas las empresas públicas de la Generalitat.

Ángel Luna, portavoz socialista, comentó que el informe de la Sindicatura "confirma una vez más la opacidad del Gobierno de Francisco Camps en la contratación pública". "El informe", destacó Luna, "determina que dos de cada tres expedientes de contratación tienen problemas graves y muchos de ellos tienen que ver con la contratación arbitraria, con no publicar los concursos y con no justificar la contratación".

La Sindicatura seleccionó una muestra de 45 contratos públicos y detectó irregularidades en una treintena. El portavoz socialista apostilló: "La probabilidad de que sólo 30 expedientes de los 45 revisados sean irregulares es la misma que si tocara el euromillón seis semanas seguidas con una sola apuesta cada semana".

Las consideraciones generales sobre la ejecución de un presupuesto inicial de 14.100 millones de euros subrayan una caída de ingresos de mil millones y un recurso al déficit de 598 millones para cuadrar las cuentas.

www.elpais.es 24.12.09

EU reclama contratos y facturas de Orange Market

La coordinadora de EUPV y diputada autonómica, Marga Sanz, presentó el viernes a la presidenta de las Corts Valencianes un recurso en el que solicita la entrega de los contratos, adjudicaciones y facturas firmadas por la Generalitat, las consejerías y otros departamentos d con la empresa vinculada a la trama Gürtel, Orange Market, desde el mes de julio de 2005 hasta la actualidad. La presentación del recurso por parte de EUPV fue consecuencia de la "respuesta negativa" del Consell amparada en el secreto del sumario. Esquerra Unida consideró " un sumario es un conjunto de actuaciones judiciales, no los documentos ni las copias de estos que se envían para una investigación".

www.elpais.es 20.12.09

“Ha habido quienes se han prevalido del cargo para obtener beneficio”, dice el vicepresidente de los jueces, De Rosa, ex conseller de Camps

Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y amigo íntimo del presidente valenciano, Francisco Camps, se ha desmarcado de la línea mantenida por el PP sobre el caso Gürtel, y de sus propias declaraciones realizadas anteriormente, en las que incluso llegó a acusar al juez Baltasar Garzón de cometer una posible prevaricación.

En una entrevista en el diario Levante, De Rosa afirma ahora que Garzón “hizo lo que tenía que hacer” y que “su actuación fue correcta”. El ex conseller de Justicia del Gobierno de Camps considera que Gürtel no es un montaje político y sí “un hecho delictivo”. Según él, se trata de “unas personas que presuntamente han delinquido” y agrega que “hay datos suficientes para determinar que ha habido quienes se han prevalido de determinados cargos para obtener un beneficio”.

En febrero…
En febrero pasado, Fernando de la Rosa, que fue propuesto por el PP para el CGPJ, arremetió contra el juez Baltasar Garzón en la televisión autonómica Canal 9, al acusarle de "estar pasando una línea roja muy importante, que es la prevaricación" y defendió a Francisco Camps, a quien calificó como “un buen presidente de la Generalitat". La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial criticó entonces sus afirmaciones y exigió “el cese de cualquier declaración que pudiera perturbar el sereno ejercicio de la actividad jurisdiccional”.

“Nunca quise atacarle”
Ahora De Rosa insiste que si el “considerara que Garzón la voluntad de Garzón es influir en la política” le estaría deslegitimando como juez y esa no es en absoluto mi intención”. En cuanto a las manifestaciones que hizo sobre él en meses pasados afirma que “si se interpretó que dije que estaba prevaricando no fue mi intención. Nunca he querido atacarle, sólo respondí a una pregunta desde un punto de vista técnico y era que los asuntos con aforados hay que remitirlos a los órganos competentes para evitar problemas de nulidad”.

Un tema importante
A la pregunta de si la Fiscalía Anticorrupción está actuando dirigida por el Gobierno en el caso Gürtel, el vicepresidente del Consejo Genera del Poder Judicial cree “que ni Anticorrupción ni ningún fiscal esté actuando de forma ilegal a sabiendas”. Eso supondría –agrega- el mayor atentado al Estado de Derecho. Gürtel es un tema importante dentro de los asuntos judiciales españoles que espero que se resuelva pronto. El que es corrupto debe pagar y en absoluto creo que la Fiscalía actúe de forma sesgada”, aseguró.

Su propia decisión
Ante la posibilidad de que Camps, a quien considera su amigo personal, tenga que acabar sentándose en el banquillo y tal vez dimitir, De la Rosa opina que “la pena que le podría caer por el caso de los trajes es una multa sin inhabilitación por lo que la ley no le va a obligar en ningún caso a dimitir. A partir de ahí depende de su propia decisión”, según explicó.

"Se abrirá una nueva investigación"
Sin embargo, significativamente, el vicepresidente del CGPJ ve casi seguro que “se abrirá otro procedimiento y una investigación” a causa de un posible blanqueo de dinero por parte PP. “Hay un procedimiento –explica- concreto y determinado, que es el de la denuncia por los regalos de unos trajes que afecta al jefe del Consell. Y luego hay otro de presunta financiación irregular del PP, que es lo que se tiene que investigar ahora, pero nada tiene que ver una cosa con la otra porque son dos asuntos diferentes”.

Los trajes y la financiación irregular
De Rosa aclara que no sabe “si existe o no relación” entre una y otra causa. “Lo único que sé es lo que han dicho los tribunales, que en su momento incoaron un procedimiento y ahora han incoado otro. Si llegara a acreditarse que existe una conexión, pues se unirían”, concluye.

En resumen, ¿vuelco valenciano en el caso Gürtel?

www.elplural.com 20.12.09

EL PPCV MIMA A COSTA POR LO QUE SABE SOBRE GÜRTEL Y PREPARA SU REHABILITACIÓN

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa está suspendido de militancia en el partido, tras el pulso desafiante que lanzó a la dirección nacional y tras resistirse a dejar el cargo, pero no es tratado como un apestado. En absoluto.

El presidente del PP y de la Generalitat, Francisco Camps, aprovechó la tradicional comida de Navidad del grupo popular, celebrada el miércoles en un hotel de Valencia, para expresar su afecto a Ricardo Costa, a quien incluyó en la selecta terna a los que dedicó el brindis, junto con Antonio [Clemente] y Rafa [Blasco]". No habían pasado 24 horas cuando ayer, preguntado por los periodistas en los pasillos de las Corts Valencianes, el portavoz del grupo, Rafael Blasco, dedicó otro brindis, esta vez dialéctico, a Costa. Blasco afirmó ayer que su grupo "está con ganas de poner en evidencia el aprecio" que sienten por el ex número dos del PPCV y se mostró convencido de que su situación se resolverá "en breve".Fuentes del partido consideran que el grado de conocimiento que tiene Costa de todo el entramado de contrataciones con Orange Market, la franquicia valenciana de la trama Gürtel, y de las cuentas y facturas abonadas por el partido, hacen recomendable tratarlo con mucho afecto y por supuesto que sin humillarlo.

El ex secretario general del PP valenciano era el dirigente que llevaba directamente las relaciones con Álvaro Pérez "El Bigotes" en todas las contrataciones con Orange Market y apareció en múltiples grabaciones del sumario incluso en boca del cabecilla, Francisco Correa, quien lo veía como futuro presidente del Gobierno de España.

No falta tampoco quien entiende que la promesa de Camps de situarlo en un cargo de responsabilidad podría hacerse efectiva en breve. Con todo, la "situación que se va a resolver en breve" a la que se refería Blasco sería el levantamiento de la suspensión de militancia de Ricardo Costa.

Lo más sabroso de las declaraciones que ayer hizo el hombre fuerte del PP en la Cámara fue su sentencia de que se volverá "a la absoluta normalidad" cuando se resuelva una "cuestión que afecta exclusivamente a la relación del señor Costa con la dirección nacional del PP".

Porque Costa "tiene el aprecio y el respaldo" del grupo y del partido. Blasco calificó de "chafarderismo" la comparación en el trato que Costa está recibiendo por parte de la dirección regional del PP, que le ha mostrado su apoyo, y de la dirección nacional, que le suspendió de militancia el pasado 29 de octubre cuando éste se reivindicó como secretario regional, a pesar de que había sido destituido del puesto.Interrogado sobre las declaraciones del presidente Camps, en la citada comida, donde reconoció que 2009 ha sido un año duro para él y para el partido por el caso Gürtel, Blasco indicó que el jefe del Consell "aprovechó la oportunidad de la relación que tuvo con el grupo parlamentario para expresar de una manera muy sentida lo que ha sido este año".

Blasco señaló que es "objetivo reconocer" que se han pasado "unos meses difíciles como consecuencia de una campaña de difamación". El Partido Socialista, lamentó Blasco, "utiliza la infamia y la calumnia como la única forma de actuar en política, lo cual le sitúa cada vez más fuera de lo que debe de ser el debate sereno y transparente de la política, y más alejado de los intereses de los valencianos, es decir, muy cerca de la marginalidad política".

(www.levante-emv.com, 18/12/09)

LA «QUIEBRA» DE ORANGE MARKET PONE EN LA PICOTA A EMPRESAS PROVEEDORAS

Si la muerte de un ciudadano tiene lectura económica —un consumidor menos, salvo para el sector funerario—, la de cualquier empresa multiplica el efecto por cien. Si la firma que desaparece de la circulación (aunque esté viva en el registro mercantil) se llama Orange Market entonces el seísmo cobra enorme violencia. Porque Orange Market movía mucho, pero no fabricaba nada. Por eso, porque Álvaro Pérez era un intermediario e intérprete de los sueños glamourosos de sus clientes, necesitaba docenas de proveedores que le facilitaran desde currantes que descargaran el camión hasta firmas de interiorismo para crear esos escenarios cálidos que tanto ayudaron al PP a llevarse al huerto al electorado. Muchas de esas empresas son las otras víctimas del escándalo Gürtel.

Diez meses después de aquel 6 de febrero en el que Baltasar Garzón ordenó a la policía registrar las dos sedes de la empresa de El Bigotes (en las calles Conde de Salvatierra y Colón), y decretó el bloqueo de las cuentas bancarias (en el Banco Santander, BBVA o Caja Madrid, entre otras), muchas de esas firmas siguen sin cobrar los últimos trabajos que hicieron o celebran que acaban de lograr el milagro de haber ingresado las cantidades pendientes, tras reclamarlas a los administradores judiciales designados. Desde una empresa de transporte y descarga de material cuentan, como si les hubiera tocado la lotería, que han cobrado estos días 39.000 euros que tenían pendientes. A esta firma le devolvieron un pagarés, que vencía justo unos días después de reventar el caso. Era el pago por trabajos en el congreso nacional del PP celebrado en la Feria de Muestras en junio de 2008. Ha estado a punto de ir al concurso de acreedores, antigua suspensión de pagos. Sí optó por acogerse a la ley concursal la sevillana Apogee Telecomunicaciones, la firma que, según la policía judicial, canalizó 957.000 euros en comisiones para Correa a cuenta del contrato de la constructora Teconsa —que la había subcontratado— con RTVV para dar cobertura a la visita del Papa a Valencia. La suspensión de pagos no es atribuible a las deudas de las empresas Gürtel, pero en un escenario de crisis como el actual este percance ha sido la puntilla.

Una firma de logística tiene la suerte de que sólo se quedó colgada con unos 2.000 euros, pero una productora valenciana batalla, en cambio, por 70.000 euros que les adeuda Orange Market por algún servicio de alquiler de unidades móviles en mítines y congresos del PP. «Estoy seguro de que al final cobraremos pero esto es un marrón porque hemos tenido que reclamarlo judicialmente», explica su responsable, que, como casi todos los consultados por este diario prefiere el anonimato. Coinciden, eso sí, en subrayar que si había una firma solvente en el sector y fiable en los pagos era Orange Market. Las transferencias o los pagarés con vencimiento a los 90 días del servicio prestado eran las formas habituales de saldar deudas.

A otros ni siquiera les dio tiempo de presentar las facturas. Aunque en algún caso, la cantidad no era significativa. Es el caso de una empresa líder en España en animación con globos, confeti y serpentina y de parques infantiles, que ha trabajado para varios partidos y clubes de fútbol y, durante años, para empresas de Correa. Con Orange Market, para el PP valenciano o en la Copa del América. El sábado 7 de febrero puso color al bautizo de la hija de Álvaro Pérez en Barcelona, donde el ex director de RTVV Pedro García suplió como padrino a Francisco Correa, que el día anterior fue encarcelado. La factura del acto familiar era modesta y en plena marejada, el empresario tuvo el detalle de ni siquiera intentar cobrarla. Fue su regalo a Álvaro Pérez por un acontecimiento tan especial.

La congelación de las cuentas de la trama ha tenido un efecto paralizante sobre todo para las empresas, explica uno de los afectados. «Aquí ha cobrado antes que nadie la Seguridad Social, Hacienda y los trabajadores de las empresas y los últimos los proveedores», explica el empresario, de una firma de decoración. Lo cierto es que los empleados de Orange Market, que recibían a menudo bonificaciones bajo mano de la caja B, no han vivido estos meses su mejor época. Hasta el punto de que un Juzgado de lo Social de Valencia condenó esta semana a la empresa de Álvaro Pérez a indemnizar con 13.854 euros a un trabajador por despido improcedente y al que no puede readmitir porque la mercantil no tiene actividad. Son historia aquellas «gratificaciones» que cobraban algunos cuando llegaba Fitur, que eran los Reyes Magos de Orange Market, dado que por ese certamen ingresó 5,32 millones al ser adjudicataria de cinco ediciones consecutivas.

En ocasiones no era el PP ni la Generalitat el cliente al que accedían las empresas dependientes del conglomerado Gürtel sino que trabajaban para eventos particulares de los propios cabecillas. Una de esas firmas fue llamada a montar una fiesta para el suegro de Francisco Correa, el constructor Emilio Rodríguez Bugallo, imputado en el caso Malaya. El presupuesto fue bastante más elevado que el de la empresa del bautizo, dado que ascendió a 25.000 euros. Cuando se celebró la fiesta, Correa se llevaba de cine con su mujer y tenía una relación cordial con su suegro y dueño de Construcciones Salamanca. De hecho, el 16 de noviembre de 2007, el «dos» de la trama, Pablo Crespo, ordenó entregar a Bugallo 60.000 euros en negro.

Eran tiempos de vacas gordas, en especial para los reyes de Gürtel, que cobraban dádivas en blanco y en negro. También para esos otros afectados por el escándalo que simplemente hacían su trabajo y figuran en la contabilidad legal que obra en el sumario. Para aquellos que al parecer ignoraban el tinglado que se escondía detrás de aquel campechano y triunfador bigote.

(www.levante-emv.com, 14/12/09)

MEDIO CENTENAR DE FIRMAS TRABAJABAN CON EL BIGOTES

Son muchos los que se han percatado del vacío dejado por Orange Market. Desde el Quiosco Pepe o el de la Glorieta -donde adquirían la prensa- a la gasolinera Faitanar -lugar de repostaje habitual-o el Restaurante Sierra Aitana, pasando por las firmas estrictamente proveedoras, son un centenar largo las empresas de la ruta contable (la contabilidad A) de la franquicia valenciana Gürtel. Aproximadamente la mitad conforman el parque auxiliar de la factoría de eventos Orange Market.

Empresas que facturaban habitualmente con esa mercantil como ADM Discomóvil, Vía Cultural, Apogee, Management Azafatas, SPS, APQ, Bat Producciones, Creativos de Publicidad, Dinámica Media, Bansalease, Caixarenting, Mediadge, Juan Sanz Interiorismo, Dimo Stand, Transdecor, AC Estudios, TV Siete, Tecnimagen, Transfira, Tecnosat, Hooping Publicidad, Rótulos Rotfer, Milenium Light o Termigo son sólo algunas de las que se han relacionado profesionalmente con Orange Market.

Una nómina que comprende desde la grabación de vídeos (TV Siete) hasta el alquiler de coches (Bansalease), de estufas (Termigo), serigrafía, lonas o traseras (SPS) o alquiler de lámparas (Milenium). No faltaba detalle en la organización de actos varios la Generalitat, por los que Álvaro Pérez facturó más de 8,2 millones de euros, o el PP.

Varias de estas empresas están entre las que siguen esperando cobrar parte del trabajo, tras la intervención judicial del entramado societario. En la relación de las mercantiles que facturaban aparecen varias del propio conglomerado Gürtel, como Easy Concept, Down Town Consulting o Castaño Corporate. Se cruzaban facturas como fórmula para repartir beneficios, generar desgravaciones o compensar IVA, según conviniera fiscalmente.

Uno de los pendrive incautado en el piso de la calle Martínez Campos revela un mapa preciso de esta forma de operar. A diferencia de las empresas de serie A, las que han sufrido realmente los efectos de la "quiebra" de Orange Market, las de la trama aparecen también en los apuntes de caja B. Y no con cantidades anecdóticas. Por ejemplo, el 13 de enero de 2006 entra una bolsa de dinero negro con 53.700 euros, recibidos por Crespo de Easy Concept, la firma que montaba realmente el pabellón valenciano en Fitur. El mismo día, sacaron 22.920 euros de los que ingresados. Esas entradas de dinero era el que servía para comprar regalos para sobornos (como joyas), para que El Bigotes cuidará a la familia, la sanguínea, con sobres de dinero (para la madre y la hermana) o incluso para que Francisco Correa y Pablo Crespo compraran lotería del Niño en enero de 2007, en el aeropuerto de Barajas. El cabecilla gastó 660 euros y Crespo, 330.

De alguna forma se tiene que notar que ser el número uno de una banda organizada es el doble de importante que ser el dos.

(www.levante-emv.com, 14/12/09)

BLASCO ASEGURA QUE FUE UN ERROR NO QUITAR ANTES A COSTA

Rafael Blasco, portavoz del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, admitió ayer que el partido cometió errores en la crisis derivada por el caso Gürtel y debió destituir con anterioridad a su antecesor en el cargo, Ricardo Costa. "Sinceramente, hemos hecho algunas cosas mal y hemos cometido errores; prolongar más de la cuenta la presencia de Ricardo Costa en una situación de difícil encaje pudo generar en el grupo parlamentario durante un tiempo cierto desconcierto", aseveró el también consejero de Solidaridad y Ciudadanía en el transcurso de los desayunos de la agencia Efe.

Sin embargo, el portavoz popular indicó que "algunos de los errores que él mismo cometió ya se han sustanciado en términos políticos de la forma más correcta y estatutaria dentro del partido". Blasco, no obstante, tuvo palabras de agradecimiento para la labor de Costa y señaló que hizo un "papel excelente". "Y espero que en breve se arregle su situación", añadió. El consejero resaltó la, según él, unidad y cohesión del grupo popular, "no hay fisura de ninguna clase", puntualizó. También admitió que en los últimos meses había algún diputado del PP "descentrado", según él, por el grado de crispación en los debates.

En cuanto a un posible adelanto de las elecciones, Blasco recordó el mensaje lanzado por el presidente del Consell, Francisco Camps: "Ha dicho [Camps] que no es partidario de disolver las Cortes, aunque estatutariamente puede". Y añadió: "Personalmente yo no lo vería mal". Sobre el candidato del PP a la Generalitat, Blasco lanzó un aviso a navegantes: "Camps será el próximo candidato a la Generalitat en cualquiera de las circunstancias".

(www.elpais.com, 13/12/09)

La caja B Gürtel revela compras de joyas relacionadas con la contratista de la visita del Papa

Pablo Crespo, cobrador del millón en comisiones por el contrato de Canal 9, ordenó adquirir alhajas por 13.135 euros la Navidad de 2006 en la Joyería Suárez - La contabilidad vincula ese pago a Teconsa - Correa decidió compras por 11.370 euros en la joyería de la "jet set" y en las fechas del evento papal

Conscientes de que los regalos no eran un gasto sino una inversión para captar o mimar clientes, los responsables de la trama Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo o Álvaro Pérez "El Bigotes") no fueron nada rácanos a la hora de quedar bien. La abundante contabilidad de las entradas y salidas de la caja B de Orange Market y de la sede central de la red Correa en Madrid revela compras por casi 25.000 euros en la prestigiosa Joyería Suárez, el establecimiento de referencia de la "jet set", entre el 16 de junio y el 22 de diciembre de 2006, el año de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia. En uno de los apuntes contables se hace constar que la caja B ha soportado un "pago a Suárez por Teconsa" que ascendía a 13.135 euros, sin especificar exactamente el motivo de la compra de esos artículos de lujo.

Teconsa fue la empresa elegida por Canal 9 para los trabajos de sonorización e instalación de pantallas para dar cobertura a la visita papal, los días 8 y 9 de julio, y por los que cobró más de 6,4 millones de euros. La Brigada de Blanqueo de la Udef de la policía judicial denunció en un informe que la trama se embolsó 957.300 euros en comisiones a través de la sevillana Apogee Telecomunicaciones, una de las subcontratistas de Teconsa junto con la alemana Sirius Showequipment. La persona de confianza de Correa que recibió bajo mano el dinero negro, siempre según la versión policial, fue Pablo Crespo Sabaris, el número dos de la organización y ejecutor de la voluntad del jefe.

La firma de la Preysler y Abascal

En el capítulo de observaciones del citado apunte de caja B donde consta la compra navideña en Joyería Suárez figura precisamente la anotación "Indicaciones de P. Crespo", como responsable de haber supervisado la adquisición de los detalles de lujo en un establecimiento que tiene locales en Madrid, Barcelona, Bilbao y Marbella. La imagen pública de la firma es, desde hace años, nada menos que Isabel Preysler, la quintaesencia del glamour. Para presentar algunas colecciones se fichó a Adriana Abascal, la ex de Juan Villalonga -quien recurrió alguna vez a los servicios de El Bigotes- y viuda del multimillonario mexicano Emilio Azcárraga. No figuran los beneficiarios de esos regalos relacionados con Teconsa pero cabe recordar que en otro documento con el sello de Orange Market, franquicia valenciana de Correa, se daba cuenta de un listado de políticos y cargos públicos agasajados por la trama. Ahí aparecía un reloj de 2.400 euros para la entonces consellera de Turismo Milagrosa Martínez, adquirido en Joyería Suárez. La esposa y la hija del presidente Camps también recibieron, en la Navidad de 2008, joyas de regalo, según se desprendía de la transcripción de una grabación de las conversaciones entre El Bigotes y la familia Camps. El jefe del Consell explicó ante el juez que esos regalos los devolvió.

Antes de la citada compra navideña ordenada por Crespo, la propia caja B consigna al menos otras dos adquisiciones en Joyería Suárez. La primera es del 16 de junio de 2006 y asciende a 6.000 euros. En esa ocasión fue el mismísimo Francisco Correa quien dio "instrucciones" para sacar esa cantidad de dinero negro de la bolsa de la red y con esa finalidad. El 1 de agosto, Joyería Suárez hizo de nuevo caja por cuenta de Correa. Fueron 5.370 euros, un pago "autorizado por PC", se especifica en la contabilidad clandestina de Orange Market.

Paralelamente a las compras de alhajas circulaban los últimos preparativos de la visita papal con motivo del V Encuentro de las Familias y diversos gastos con cargo a la trama, pese a que, sobre el papel, nada tuvo que ver ésta con la organización. Así, el mismo 16 de junio en que se fechó una de las compras en Suárez, se produjo una entrega de 6.000 euros -curiosamente la misma cantidad- para cubrir gastos de un viaje a Italia relacionado con el evento de Valencia. El 23 de marzo, Pablo Crespo ya le había dado otros 2.000 euros a Álvaro Pérez para gastos de otro "viaje a Italia" relacionado con el Papa. Es más, la víspera del aterrizaje del avión del Santo Padre en Manises, Crespo sacó de la caja B un total de 10.000 euros para "gastos de producción visita del Papa".

Pagos clandestinos entre la red de Correa y Teconsa

El día que se supo que la trama Gürtel cobró 957.300 euros en comisiones por intermediar en el contrato de 6,4 millones de euros entre Canal 9 y Teconsa, según la versión policial, desde la cadena autonómica se subrayó que ignoraban las subcontratas de las que echó mano Teconsa, así como sus relaciones con firmas de Correa. Pues los vínculos entre la trama y Teconsa existen y van más allá de los acontecimientos relacionados con la visita papal.

Al margen de la efeméride religiosa y social, las empresas de Correa tienen un amplio rastro de relaciones con Teconsa. En la contabilidad B de Gürtel figuran varios apuntes de salidas y entradas de dinero entre la constructora y las firmas del entramado, entre abril y junio de 2007, año electoral. Por ejemplo, el 14 de junio Pablo Crespo recibe 36.000 euros "de Teconsa" y los ingresa en la caja B. Al día siguiente, está registrado un traspaso a la constructora por esa misma cantidad con la anotación añadida "Reintegro x ent. a PC 14/06/07". El concepto de primer apunte era "obras El Embrujo", una urbanización de Marbella.

Exactamente la misma mecánica (recibe el dinero Crespo y luego lo traspasa a una cuenta de Teconsa) se había seguido el 17 de abril de 2007. La cantidad de esos primeros movimientos clandestinos ascendió a 24.000 euros.

El informe de la Udef sobre el pago de comisiones se basa en parte en las anotaciones de la caja B, donde constan hasta tres entregas de dinero a Pablo Crespo, quien viajó expresamente a Sevilla. El 21 de junio recibió 88.850 euros, al día siguiente otros 256.000 euros y, en un tercer desplazamiento el 30 de junio, Crespo recogió 612.450 euros.

Un pellizco de esas cantidades se habrían ingresado en cuentas personales de Correa y otra parte (60.000 euros) fue a parar a un firma gestionada por Jacobo Gordon, el administrador de patrimoniales del cabecillla Gürtel como Castaño Corporate, que cobró otros 230.000 euros dentro de un total de otros dos millones en extras por la visita del Papa, recibidos por subcontratas y comisionistas, según uno de los informes de la policía judicial.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2009/12/08/caja-b-gurtel-revela-compras-joyas-relacionadas-contratista-visita-papa/658801.html

La ex mujer de El Bigotes posa para Interviú y cuenta cómo éste le instó a prostituirse con un político de derechas

Esther del Prado, ex mujer del presunto cabecilla de la red Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez El Bigotes, protagoniza la portada de la revista Interviú esta semana. Del Prado, presentadora, bailarina y azafata, rompió su relación con el imputado después de que éste le ofreciera prostituirse con un influyente político de derechas. Al parecer, El Bigotes estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para satisfacer a sus amiguitos, del alma, como el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, o no. Antes que al semanario, la ex mujer del supuesto corrupto había confirmado estos extremos en el programa de Telecinco La Noria.

Vea la entrevista de Esther Prado en La Noria

Tras su paso por La Noria, Del Prado ha concedido un posado y una entrevista a la revista Interviú, a la que ha contado cómo conoció a El Bigotes, un personaje que se cruzó en su vida “a finales de los ochenta” con quien mantuvo “diez meses de noviazgo y casi dos años de matrimonio”. “Yo era bailarina en el Café Berlín y él me ofreció trabajar en un espectáculo de Andrés Pajares, su tío político”, cuenta la artista. Entonces, el que llegaría a ser el cabecilla valenciano de la trama Gürtel no era más que “una especie de secretario”, convirtiéndose posteriormente en representante de artistas, incluida Del Prado.

Boda peculiar
La boda entre El Bigotes y la bailarina se celebró con inconvenientes –“diez días antes de casarnos, anulé la boda, pero Álvaro me rogó que no me echara atrás y acabé casándome”, admite ella-, pero con invitados de lujo como la musa del PP, Norma Duval, y su entonces marido, Marc Ostarcevic. También acudieron al enlace Andrés Pajares y Chonchi Alonso, tíos del novio. Del Prado resume su enlace como un evento con muchos “invitados de postín” y pocos amigos. “Había empresarios con los que él trabajaba, gente de la hostelería y del mundo de la farándula”, explica.

Prostitución con un político de derechas
La ruptura de la pareja se produjo en 1992, cuando el entonces marido invitó a su mujer prostituirse, poco después de posar en una revista. “Me ofrecieron un cheque en blanco para que yo pusiera la cifra”, cuenta. El compromiso era “pasar con esa persona un mes. No podía conocerlo hasta estar embarcados. Luego me quisieron convencer dándome su nombre, pero jamás diré quién es. Lo confieso, tengo miedo”. Preguntada por más detalles acerca del personaje y del intermediario de la transacción, un conocido periodista, Del Prado da más detalles sin precisar. El primero “era una persona influyente, un político”, “de derechas, “maduro pero no mayor, casado y padre de familia”, actualmente dedicado a los negocios. Del segundo, se limita a decir que era “un hombre de radio de toda la vida”.

Perfil de El Bigotes
“Me molestó que, cómo mínimo, Álvaro no se cabreara. Él no me coaccionó, pero pensó que yo podía caer en la tentación”, evidencia. Antes de llegar a este extremo, relata también los problemas de su ex esposo, a quien “le gustaba vivir por encima de sus posibilidades” con el dinero. Del Prado también traza un perfil de su ex marido. “Carece de estudios, pero su carisma le hace llegar adonde se proponga, tiene don de gentes y es muy listo. Cuando yo le conocí, no tenía bigote, y cuando se lo dejó me pareció espantoso, pero me dijo: ‘Algún día me conocerán por este bigote’”. En su opinión, al presunto cerebro valenciano de la red Gürtel, “más que el dinero le mueve el poder”. La última vez que Álvaro Pérez y su ex mujer coincidieron, “hace ocho años en un centro comercial”, este le contó que era el asesor de imagen de Aznar” y que la profesión de actriz “era de putas y de maricones”. Así las cosas, Del Prado dice que no se sorprendió al ver a El Bigotes en televisión como uno de los imputados en el gigantesco escándalo de corrupción.

www.elplural.com 08.12.09

Enrique Pérez Boada se convirtió ayer en el segundo alto cargo de la Generalitat relacionado con la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, cuya organización es objeto de una investigación judicial, que deja su puesto. Pérez Boada, que fue comisionado de la Generalitat para el quinto Encuentro Mundial de la Familia, explicó que antes de Navidad dejará la dirección del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), en la que lleva desde 2003.

Aunque Pérez Boada atribuyó su marcha a una decisión profesional, se produce pocas semanas después de hacerse público que el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, requirió a la Generalitat toda la información sobre la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia y sobre la organización del viaje papal, en el que la trama de corrupción liderada por Francisco Correa obtuvo ganancias.

Ya el pasado 28 de agosto, el director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, dimitió sin más explicaciones. Posteriormente se ha sabido, gracias a un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales, que la red corrupta cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales de la sonorización y montaje de pantallas para la visita de Benedicto XVI contratadas por RTVV.

La dimisión de Pedro García cobró una nueva luz cuando su sucesor al frente de RTVV, José López Jaraba, explicó en las Cortes, que el 11 de septiembre, como responsable en funciones de la empresa autonómica de radiotelevisión, envió al juez Pedreira el contrato que había solicitado con la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros del que la trama de corrupción, según la policía, logró fraudulentamente más de un millón.

Tras esa revelación, fue la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, quien explicó que la Generalitat había tenido que enviar al juez información sobre la organización de la visita del Papa y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, formada por la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el arzobispado de Valencia, una entidad que nunca ha explicado sus gastos ni el origen de su financiación.

Pérez Boada, que ya era director del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), tuvo, junto a otros miembros del Opus Dei y militantes del PP, un papel relevante en la organización de la visita como comisionado de la Generalitat, bajo la supervisión de Juan Cotino, ahora vicepresidente tercero del Consell.

El director del IVF asume las tareas de supervisión de todas las entidades financieras que operan en la Comunidad Valenciana y dispone de información privilegiada sobre la situación real de los balances, entre otras, de las dos grandes cajas de ahorro valencianas.

Su marcha coincide con la decisión del presidente de la Generalitat de impulsar personalmente una fusión entre Bancaja y Caja Mediterráneo (CAM), la tercera y cuarta cajas de ahorro de España.

El presidente de la Generalitat y su vicepresidente económico, Gerardo Camps, han sugerido que esa fusión debería acordarse antes del próximo verano para poder optar a las ayudas que ofrece el Fondo de Reestructuración y Ordenación Bancaria (FROB) que gestiona el Banco de España. El FROB está diseñado para aliviar el peso de los activos más dudosos que acumulan bancos y cajas de ahorro.

Pérez Boada, que aseguró desconocer quién le relevará en el cargo, deja a su sucesor una patata caliente en todo lo relativo a la tutela desde la Generalitat de un eventual proceso de fusión entre Bancaja y CAM.

El todavía director del IVF, que fue padre de su segundo hijo hace unos días, insistió en atribuir su salida a razones familiares. "La política es efímera", sentenció.

Sobresalto para el presidente de la Generalitat en la localidad alicantina de Petrer. Lo que iba a ser una visita como tantas otras, se tornó inesperadamente ayer en una situación incómoda. Un grupo de alrededor de diez jóvenes que portaban un cartel en el que se podía leer "Antifascistas del País Valenciano" protagonizaron por la mañana una pitada dirigida al presidente del Consell, que en esos momentos inauguraba las dependencias municipales y la plaza del Derrocat de esta localidad del Vinalopó Mitjà. Y con gritos de "Camps dimisión", "cohecho" y "corrupto", el grupo optó por seguir a la comitiva oficial que presidía el jefe del Consell durante el recorrido que se realizó por las distintas dependencias municipales motivo de la visita.

La de ayer es la segunda ocasión en la que el presidente Camps es increpado en la calle durante las últimas semanas. A mediados del pasado mes de noviembre, un joven llamó a Camps "ladrón", "corrupto" y "desgraciado" cuando el presidente del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) salía de un comité de dirección del partido en Valencia. En aquella ocasión, Camps se encaró al joven en la calle y le pidió aclaraciones mientras intentaba hablar con él sin éxito. "¿Por qué me dices eso?", o "no, no, ven y cuéntamelo", reclamaba Camps durante los metros que siguió al joven, mientras éste ignoraba la llamada y se alejaba de la zona.

Ayer en Petrer, sin embargo, el presidente de la Generalitat optó por saludar con la mano al grupo que le increpaba en plena calle y a renglón seguido continuó la visita que le había llevado a la población como si nada hubiera ocurrido, según explicaron diversos testigos.

El episodio fue un aviso para navegantes y el acto público que estaba previsto inicialmente en la plaza del Derrocat terminó por trasladarse al interior del Ayuntamiento de la localidad, donde finalmente el presidente Camps y el alcalde de Petrer, Pascual Díaz, realizaron sus intervenciones ante los presentes. Allí, el presidente de la Generalitat habló del Plan Confianza, al que no dudó en considerar "la mayor inversión de la historia para todos los municipios".

Las excelentes relaciones comerciales que mantiene el alcalde de La Nucia, Bernabé Cano, del PP, con los empresarios que tienen intereses urbanísticos en la localidad llegan hasta el extremo de compartir con ellos la propiedad de la práctica totalidad de un bloque de apartamentos frente al Club Náutico de Altea en el que incluso ha llegado a comprar una vivienda la madre del regidor. Ángela García Sáiz compró, casi al mismo tiempo que su hijo adquiría dos apartamentos, un piso con plaza de garaje en la finca donde también son propietarios de otras cinco viviendas Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme a través de diferentes sociedades.

Ambos tienen cargos en las empresas que ostentan la condición de agente urbanizador de los planes urbanísticos de la Serreta y Pie de Monte, en La Nucia, además de haber sido agraciados con unas permutas de suelo que les permitieron doblar su valor en menos de un año, con un beneficio de más de 17 millones de euros.

La promotora a la que Cano y su madre compraron casas en Altea es la sociedad Rotja 2000, Promociones SA, que tiene como administradores a Gerardo Martínez Riquelme y a José Ignacio de la Serna. Este último también tiene intereses en La Nucia y es el propietario de un chalé en el municipio conocido como "el Choco", donde diferentes empresarios y políticos de la comarca y algunos imputados en la trama Gürtel han acudido a celebraciones en las que no faltó el componente sexual.

La madre de Cano ha invertido 303.502 euros en comprar al contado un piso de 72 metros cuadrados útiles, aunque, como en el caso de su hijo, la notaría que escrituró la vivienda anotó que 87.396 euros, pagados en tres plazos entre marzo de 2004 y diciembre de 2005, no habían sido acreditados, es decir, que no aportó los justificantes de un ingreso en efectivo y dos transferencias por ese importe ante la fedataria pública María Dolores Signes Verdera, que está obligada a advertirlo en la escritura pública.

Bernabé Cano tampoco ha acreditado hasta ahora el pago de 215.302,78 euros por la compra de dos pisos en el mismo edificio, uno de ellos un ático dúplex de 247 metros con 116 útiles. El alcalde nuciero compró por 823.000 euros las dos viviendas, según figura en las escrituras, aunque diversas fuentes del sector inmobiliario han confirmado que sólo el precio del ático de su propiedad ya valía en el momento de comprarlo más de un millón de euros.

Cano ha justificado el origen del dinero con una relación de cuentas bancarias de la familia y dos donaciones de su madre, pero no ha mostrado los justificantes de un ingreso en metálico y tres transferencias bancarias que les sirvieron para pagar un ático escriturado en casi 470.000 euros al contado.

Otras cinco de las 12 viviendas del inmueble están escrituradas a nombre de las sociedades limitadas Zentimar, Gothouse, Spass Gestión y R&S Noción, vinculadas a Antonio Rocamora y Gerardo Martínez Riquelme, ambos con intereses urbanísticos en La Nucia. Una de las empresas de estos dos empresarios -Saga Bonperal, SL- ya urbanizó en 2002 el sector La Favara, que era propiedad de la madre y el tío de Bernabé Cano. Allí se construyeron 400 viviendas, otros tantos garajes y decenas de locales comerciales.

La relación de Rocamora y Riquelme con Cano ha continuado en el tiempo con fluidez. El 8 de junio de 2005 le compraron a Dragados a través de la sociedad Gestrumar 10 parcelas en los PAI de la Serreta y Pie de Monte con una superficie total de 362.866 metros. Dragados había permutado el mismo día al consistorio ese suelo a cambio de tres obras municipales. En menos de un año Gestrumar obtuvo unas plusvalías de 17.210.000 euros con la venta de 9 de las 10 parcelas, y aún se quedó la más grande, de más de 115.000 metros, en Pie de Monte.

Esta operación les sirvió para tener el peso necesario en las empresas que obtuvieron la condición de agente urbanizador de ambos planes urbanísticos. Figuran con diferentes cargos en Cases del Pinar, SL, empresa liderada por Andrés Ballester para urbanizar la Serreta, de 2,7 millones de metros en los que se pretende construir 3.884 viviendas y un campo de golf, y Montemar la Nucia, SL, la concesionaria de la urbanización Pie de Monte. Allí está aprobada la construcción de casi 400.000 metros de techo en menos de un millón de metros de suelo.

Las últimas informaciones referidas a las propiedades del alcalde de La Nucia ya indujeron al vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, a solicitar públicamente que Bernabé Cano diera explicaciones públicas, aunque no lo ha hecho. Cano fue elegido el 9 de noviembre presidente del PP de La Nucia.

Allí estuvo la alcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, en representación del presidente provincial José Joaquín Ripoll. Cano no hizo esta vez en su discurso alusión alguna a Camps, con quien estuvo tan identificado en otros tiempos, y se deshizo en elogios hacia la dirección provincial alicantina, en un cambio de rumbo político evidente. El alcalde de La Nucia sigue siendo diputado provincial de Deportes.

EL PP EN EL ESPEJO DE LA CORRUPCIÓN

La batalla de la transparencia suscita en el PP reacciones contradictorias. Ayer mismo, el consejo de dirección de los populares valencianos eludió cualquier acuse de recibo sobre la propuesta del líder nacional del partido, Mariano Rajoy, de implantar 50 medidas contra la corrupción. Se hizo eco, eso sí, de los ataques de Esteban González Pons contra la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega -el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, abundó en el argumento de que supuestamente "mintió a la opinión pública valenciana"-, pero no de la indicación del vicesecretario nacional de Comunicación del PP en el sentido de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los diputados autonómicos habrán de hacer públicas sus declaraciones de bienes.

Como es lógico, no pasó desapercibido el asunto a la oposición. Si el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, ya adelantó el sábado que asumía las medidas propuestas por Rajoy y le emplazaba a añadir otros aspectos relacionados con el control del urbanismo o la televisión autonómica (hoy intervendrá en la tertulia matutina Bon dia Comunitat Valenciana, de Canal 9, el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, ignorado durante mucho tiempo), ayer mismo movió ficha el grupo parlamentario.

La diputada Carmen Ninet presentó una propuesta de resolución para que se hagan públicas las declaraciones de bienes y actividades de todos los diputados, del presidente de la Generalitat, de los miembros del Consell y de otros altos cargos. "Lo hemos planteado dos veces, en dos legislaturas y han dicho que no", explicó Ninet. "La última vez que lo rechazaron era portavoz parlamentario el señor González Pons".

Tras recordar que los diputados socialistas hicieron públicas sus declaraciones a través de la página web del PSPV y que posteriormente hizo lo mismo Jorge Alarte, Ninet aseguró que su grupo tiene la intención de plantear todo tipo de iniciativas en las Cortes Valencianas relacionadas con las medidas propuestas por Rajoy. "Aquí fue diputado Carlos Fabra", señaló Ninet, "y no hemos visto nunca su declaración de bienes". Precisamente en alusión a Fabra, la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol destacó lo contradictorio que resulta que el PP hable de "dignificar la vida pública" mientras un imputado en tráfico de influencias y fraude fiscal como Fabra mantiene su cargo público.

Los socialistas, explicó Carmen Ninet, van a hacer de la exigencia de transparencia el eje de su política, ante los escándalos de corrupción que afectan al PP y al Consell, con el presidente Francisco Camps en primer término. "Vamos a presentar iniciativas sucesivas sobre las 50 medidas de Rajoy", anunció la diputada.

Tras hacerse pública la propuesta del PSPV, el secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, emitió un comunicado en el que criticó a los diputados socialistas porque sus declaraciones de bienes, "sorprendentemente, han desaparecido de su página web" y los acusó de "haberse opuesto a que se investiguen públicamente las cuentas de los partidos políticos", en alusión a la negativa del PSPV a convertir su propuesta de investigar las contrataciones de la trama de corrupción de Francisco Correa y Álvaro Pérez con la Generalitat en una comisión sobre la financiación de todas las formaciones políticas.

Según Clemente, "Camps hizo pública su declaración de bienes el pasado mes de abril, mientras la vicepresidenta De la Vega publicó en el Boletín Oficial del Estado unos datos ininteligibles". La "declaración de bienes" de Camps mencionada por el secretario general de su partido fue una breve nota de prensa que nadie consideró un documento formal.

UNA PROPOSICIÓN NO DE LEY

Los socialistas presentaron ayer en las Cortes una proposición no de ley que, prácticamente con toda probabilidad, no se debatirá hasta el próximo periodo de sesiones, a partir de febrero. La iniciativa incluye dos puntos.

- Hacer públicas las declaraciones de bienes y actividades de todas las diputadas y diputados, tanto en el Boletín Oficial de las Cortes como en la página web del Parlamento autonómico.

-Instar al Consell de la Generalitat a "hacer públicas las declaraciones de bienes y de actividades de todos y cada uno de los cargos de la administración autonómica valenciana, así como las de los altos directivos de las empresas públicas y de los organismos públicos dependientes

(www.elpais.com, 24/11/09)

PROMOTORES LIGADOS AL ALCALDE INVIRTIERON EN LA NUCIA 19 MILLONES PARA UN PELOTAZO CON CORREA

"Tengo un tema gordo en Valencia, con un PAI prácticamente cerrado, el tío pide 1.000 kilos más. Compramos a 10.000 y vendemos a 20.000. Ganamos 12.000 kilos. Un empresario pone el 50% y yo otro 50%. De mi 50% yo reparto con Ramón Blanco, con Álvaro [Pérez, "El Bigotes"], con Pablo [Crespo] y con el alcalde [Bernabé Cano]. Hay un tema medioambiental que lo desbloqueo yo". Al cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, le cuadraban las cuentas de la lechera expresadas en esta grabación del sumario Gürtel.

De la mano del empresario José Luis Ulibarri -cuya empresa Mediamed se llevó 13 licencias de TDT del Consell- estaba a punto de comprar el PAI Pie de Monte y hacer un negocio de 72 millones de euros. Pero las negociaciones, a base de presionar a los propietarios, descarrilaron a última hora. En ese primer envite, uno de los negociadores, en representación de Correa, era Jacobo Gordon, amigo del yerno de Aznar, Alejandro Agag. Pero hubo un segundo intento, que sí fraguó. El que protagonizaron, a través de la sociedad Inerzia Sociedad de Gestión, S. L., Gerardo Martínez Riquelme y Antonio Rocamora, personas estrechamente vinculadas al alcalde de la Nucia, Bernabé Cano. Según documentación a la que ha tenido acceso este diario, Inerzia invirtió 19 millones de euros en la adquisición del 66% de Montemar la Nucia, la urbanizadora del PAI Pie de Monte, uno de los dos grandes proyectos urbanísticos del municipio de la Marina Baixa, junto con La Serreta.

En su declaración judicial, Gordon explicó que lo único que Inerzia firmó fue una opción de compra con los propietarios, entre ellos el promotor Francisco Murcia Puchades, quien tras estallar el escándalo Gürtel declaró que Correa lo había presionado para que vendiera con la amenaza de que si no lo hacía el PAI -bloqueado por insuficiencia hídrica- no saldría adelante. "Lo mandé a la mierda", declaró Murcia Puchades.

Los empresarios dieron la cara, pero del intento de hacer negocio no había dimitido Correa. Los dos promotores iban de la mano de Correa y de Álvaro Pérez, el Bigotes, residente vacacional en la Nucia y también íntimo amigo del alcalde, Bernabé Cano. Fuentes conocedoras de la operación explicaron que Inerzia pretendía ceder un tercio del PAI a la firma Hator Consulting cuando el proyecto (aprobado en septiembre de 2004 por el consistorio) fuera desbloqueado, cosa que no ha sucedido. La consultora Hator es una de las sociedades más activas de la trama Gürtel en cuestión de negocios del sector del hormigón. El administrador único es Pablo Crespo -número dos de la organización-, quien sucedió en el cargo a Ramón Blanco Balín.

Los dos gestionaban también Castaño Corporate, la firma que, como contó Levante-EMV, blanqueó 756.240 euros en una parcela de 12.000 metros en el PAI del Algar tras cobrar comisiones vinculadas al contrato de Canal 9 y Teconsa por la visita del Papa.

Martínez Riquelme y Rocamora son algo más que amigos de Cano. A través de Saga Bonperal, S. L., estos dos promotores urbanizaron diez parcelas a nombre de la madre -Ángeles García Sáiz- y tío -Gabriel García Sáiz- del alcalde Cano. La familia era la propietaria de los terrenos del sector la Favara y el ayuntamiento les otorgó, el 7 de octubre de 2002, la condición de agente urbanizador. Dos meses después, Saga Bonperal asumió el desarrollo del proyecto tras pagar más de 3 millones de euros por 10.551 metros y, posteriormente, adquirió otras siete parcelas de parecido tamaño. En la propiedad de Inerzia participaba también la firma Gestrumar 2001 SL, también de Martínez Riquelme y Rocamora.

La inversión en Pie de Monte se ha tragado las ganancias que dieron estos empresarios, vía Gestrumar 2001, en una permuta de suelo que propició Bernabé Cano en 2005. El ayuntamiento adjudicó a Dragados, por concurso, nueve parcelas municipales en el PAI la Serreta por un importe de 16,7 millones a cambio de la construcción de la Casa de Cultura, el auditorio e infraestructuras complementarias. El 8 de junio, Dragados escrituró los terrenos. Y ese mismo día en la misma notaría, Dragados vendió a Gestrumar 2001 las parcelas sin incrementar un céntimo el precio. Meses después, la sociedad de los amigos del alcalde revendió a Iberdrola y Capital Golf, S. L., nueve de estos bienes inmuebles por más de 34 millones. El pelotazo superó los 17 millones.

Gestrumar se quedó la parcela más grande, tasada en 4,3 millones, y esta es una de las razones por las que Martínez Riquelme y Rocamora son también urbanizadores del PAI de la Serreta, un proyecto de 2,8 millones de metros y 3.884 casas con campo de golf, de cuya sociedad gestora -Cases del Pinar- son consejero delegado y vicepresidente, respectivamente.

(www.levante-emv.com, 24/11/09)

DÚPLEX A TOCATEJA Y ´UN POLLO DE PUTA MADRE CON TÍAS´

Los vínculos de Bernabé Cano con Gerardo Martínez Riquelme son estrechos. Cano adquirió en 2003 y 2005 sendas viviendas, en primera línea de mar en Altea, a la sociedad Rotja 2000 Promociones, S. L., uno de cuyos administradores es ese promotor. Según los diarios madrileños El País y El Mundo, Cano pagó al contado 470.000 euros que costó el ático dúplex de 247 metros construidos a la escritura. Después abonó 106.000 euros por transferencia por el piso, de 312.000 euros. Según El Mundo, Cano sólo tiene una hipoteca de 180.000 euros por los dos inmuebles.

Este constructor es uno de los que montaron el "txoco" o club gastronómico en el que se celebraron fiestas sexuales durante las negociaciones de los PAI en las que participaron Correa, el alcalde y Jacobo Gordon, entre otros. En la transcripción policial de las cintas, Correa explica que se ha hecho "íntimo amigo del alcalde", que tiene un "choco montado allí de la hostia (...) que se lo han montado unos amigos constructores de la zona, que son muy sanos y campechanos". Correa cuenta que "cerraron un restaurante y luego montaron un pollo de puta madre con tías". Después describe una fiesta en el "choco". Entre otros invitaron a "Pedrito, de Canal Nou" [sic]. "Estaba Jacobo, que está negociando técnicamente el tema urbanístico", comenta Correa, que cuenta detalles: "Todos estaban allí en pelotas, cada uno con una tía".

Por otra parte, el instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, impuso ayer una fianza de 750.000 euros al diputado de Madrid Alfonso Bosch y de 650.000 euros a Felisa Jordán, ex administradora de Easy Concept, la sociedad que montaba el pabellón valenciano en Fitur. Jordán elaboraba las ofertas que presentaba Orange Market en el concurso de Fitur, que se llevó durante cinco ediciones consecutivas. El juez quiere asegurar las responsabilidades económicas de ambos imputados.

(www.levante-emv.com, 24/11/09)

DE LA RÚA ENCARA OTRA VEZ EL 'CASO GÜRTEL' ESTA SEMANA

La piedra que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) empujó laboriosamente en verano para librar del banquillo a Francisco Camps por el caso Gürtel ha vuelto a caer monte abajo. Juan Luis de la Rúa, jefe interino del tribunal en espera de relevo y el juez a quien el presidente de la Generalitat definió como "más que amigo", ha topado de nuevo con el caso.

De la Rúa tendrá que sentarse esta semana con otros cuatro magistrados para decidir si admite o no la querella planteada por el PSOE contra Camps y otros 16 posibles implicados en la presunta financiación irregular del PP. Entre ellos figuran cuatro diputados: Ricardo Costa, ex número dos del PP valenciano; Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat; David Serra, vicesecretario de Organización regional del partido; y la tesorera, Yolanda García. Fuentes del tribunal valenciano confirmaron el viernes que las deliberaciones comenzarán el martes o el jueves, los días en que la sala celebra sus reuniones semanales. Los socialistas confían en una decisión rápida, pero nadie puede asegurar con certeza cuánto tardarán los magistrados valencianos en determinar, primero, si son competentes para investigar los hechos denunciados y, después, si esos hechos presentan visos de delito. Si el tribunal lo cree oportuno, adoptará ambas decisiones en la misma sesión.

A diferencia de lo ocurrido con el caso de los trajes, la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJCV no se enfrenta ahora a la tarea de dilucidar si, al aceptar regalos de la trama corrupta, el presidente de la Generalitat y líder del PP valenciano cometió un delito de cohecho impropio, la modalidad más leve de soborno.

Encara algo mucho más grave: la querella del PSOE clava sus cimientos en el demoledor informe donde la Brigada de Blanqueo de la Policía destapó numerosos indicios de que el PP valenciano se había financiado ilegalmente gracias a una relación simbiótica con la trama corrupta y su principal marca valenciana, Orange Market, organizadora de los actos del PP y que recibió más de siete millones de euros en contratos de la Comunidad, entre ellos los relativos a la organización de los stands para ferias de turismo. Al frente de Orange Market, el hombre de confianza de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes.

La Policía describe cómo funcionaba el reparto de papeles en el PP. Se confeccionaban, dice el informe, "facturas ad hoc con conceptos acordados al efecto entre Ricardo Costa y Álvaro Pérez. David Serra participa eliminando determinados conceptos, preparando los talones y fijando con Álvaro Pérez la cifra global de abono, y Yolanda García, librando los fondos a indicaciones de Ricardo Costa con conocimiento de la emisión de una factura por conceptos ficticios".

Tanto de Costa como de Serra y García, el informe aporta numerosos indicios que adquieren casi el rango de pruebas. En lo que concierne a Camps y Rambla, parece menos clara su participación directa: el informe no incluye ninguna conversación en la que participe alguno de los dos, aunque sí referencias indirectas a que conocían lo que estaba sucediendo. Incluso hay alusiones directas de Álvaro Pérez a la posibilidad de enviarle mensajes a Camps a través de su mujer, Isabel Bas, dependiendo de "la cara que pusiera Vicente [Rambla]" en una de las reuniones que El Bigotes decía mantener con él para pedirle contratos y dinero.

El Bigotes pactaba con la tesorera del partido qué concepto había que anotar en una factura, discutía amigablemente con Costa, Ric, sobre cómo desbloquear la deuda del PP con Orange Market y pedía con absoluta normalidad a Rambla que favoreciera a la empresa con contratos.

Pérez también escuchaba a David Serra contarle cómo el "presi", Camps, estaba al tanto "de todo". El 2 de febrero de este año, cuatro días antes de que Baltasar Garzón cortara los primeros hilos de la red corrupta, El Bigotes adoptaba precauciones telefónicas.

No las suficientes como para evitar que la Policía descifrara la conversación que a las cinco de la tarde de ese día mantuvo con Pablo Crespo, secretario de Organización del PP gallego entre 1995 y 1999 y número dos de la Gürtel. "Álvaro comenta se lee en la transcripción policial que le ha dicho Ricardo que le iba a pagar todo lo que se ha hecho en Alicante, que en Barcelona no le podía pagar nada". Alicante, dinero A, declarable a Hacienda; Barcelona, dinero B, negro.

El código empleado por la trama sale a flote en el informe, que dibuja un escenario de colaboración amplísima de la trama con el PP valenciano. Un ejemplo: en la contabilidad B hay una anotación que dice "PP B (incluidos alcaldes)".

En la financiación del PP valenciano también tuvieron un papel destacado las contribuciones, camufladas mediante facturas falsas, de empresarios que luego y siempre según los investigadores se vieron recompensados con millonarias adjudicaciones. El informe consigna un dato que ya mencionaba Garzón en uno de sus autos: que la factoría Correa entregó al PP valenciano 420.000 euros en 2002.

"Existe dice el informe una financiación de actos del PP por parte de empresarios [que] tienen contratos vigentes, prestan servicios y realizan obras para las administraciones obtenidos como contraprestación a los favores realizados para la formación política". Los agentes de la Brigada de Blanqueo cifran en 837,7 millones de euros la cuantía total de las adjudicaciones obtenidas en la Comunidad Valenciana por los cinco empresarios que hicieron "aportaciones" al PP: Enrique Ortiz, Enrique Gimeno, Vicente Cotino, Antonio Pons y Luis Batalla.

Las empresas del grupo Sedesa, propiedad de familiares del consejero de Urbanismo de la Generalitat, Juan Cotino, lograron 539 millones en contratos y, según la Policía, pagaron supuestas facturas "encubiertas" por 130.000 euros. Las de Enrique Ortiz, un relevante promotor inmobiliario que prosperó de la mano del ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi, obtuvieron adjudicaciones por 205,2 millones y, como mínimo, abonaron facturas por 115.884 euros.

El informe policial, el mismo que señala como implicados a los integrantes del núcleo duro del PP valenciano, llegó a manos de De la Rúa el 31 de julio, tres días antes de que su tribunal diera carpetazo a la acusación de cohecho impropio y exculpara tanto a Camps como a sus tres correligionarios entonces imputados: Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

El tribunal valenciano, el único con potestad para investigar y juzgar a los aforados (los diputados autonómicos), desdeñó las revelaciones policiales. Lo hizo con el doble argumento de que nadie había pedido a la Policía que elaborase ningún informe y de que, en todo caso, ya obraba una copia en poder del Tribunal Superior de Madrid, que investiga el grueso del caso.

La situación de Camps ha empeorado ostensiblemente desde julio. El dossier policial ha resquebrajado su imagen de impecable presidente a quien un juez dudaría en arruinarle la carrera por un par de chaquetas. El informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, que ni es el único ni el último, traza un retrato poliédrico de la relación amistoso-empresarial que mantenían la cúpula del PP valenciano y los dos principales lugartenientes de Correa en Valencia, El Bigotes y Crespo.

Hace diez días, el mismo hombre que a las preguntas relativas al caso Gürtel solía responder con una parrafada sobre su felicidad como militante del PP perdió los nervios en un debate parlamentario. "A usted le encantaría coger una camioneta, venirse a mi casa de madrugada y que a la mañana siguiente yo apareciese boca abajo en una cuneta", espetó Camps al portavoz socialista, Ángel Luna. La deliberada evocación de los terroríficos paseos de la Guerra Civil ni siquiera fue subliminal.

Para cuando Camps se remontó a 1936, del informe policial ya se conocían algunos extractos clave. Charlas comprometedoras, e-mails que muestran que la red endosó a boyantes empresarios locales facturas que en realidad se correspondían con actos del PP y un detallado análisis de la contabilidad secreta de la red de Correa: todo eso consta en sus 99 páginas y en sus cinco anexos, cuyo contenido y alcance intenta desacreditar ahora el PP con su ataque al sistema de vigilancia Sitel, comprado por Mariano Rajoy en 2001, cuando era ministro del Interior.

Como ponente es decir, como responsable de proponer qué se hace con la querella y de dirigir la eventual instrucción que la admisión de la querella entrañaría, el tribunal ha designado a José Francisco Ceres. Magistrado de talante conservador, Ceres fue uno de los jueces que avaló el cerrojazo al caso de los trajes. Alineado con De la Rúa, Ceres también validó la resolución de la sala por la que acordaba no ya prescindir del informe policial sino excluirlo de la documentación obrante en el sumario de los trajes, sobre cuya reapertura deberá pronunciarse el Supremo a instancias de la Fiscalía y el PSOE.

Si el tribunal evita nuevas fintas y admite la querella de los socialistas, será Ceres quien interrogue a Ricardo Costa. Defenestrado a trancas y barrancas por orden de Rajoy, es Costa el que peor parado sale en el informe de la Brigada de Blanqueo. De hecho, su caída en desgracia y su posterior suspensión como militante del PP fueron causa directa del contenido del dossier policial.

Tomadas por separado, las charlas telefónicas intervenidas por la Policía a El Bigotes, a quien Camps llamaba "amiguito del alma", resultan bastante esclarecedoras de hasta qué punto la trama había establecido una alianza estratégica con el PP valenciano.

Cruzadas con los datos de la contabilidad secreta de la red y con el intercambio de mails entre empleados de Orange Market y de la asesoría del imputado Ramón Blanco Balín, considerado el blanqueador de la trama, las conversaciones pierden ambigüedad y ganan relevancia. Y ya no se habla de trajes, sino de dinero.

(www.publico.es, 23/11/09)

CUATRO ESCENARIOS PARA CINCO MAGISTRADOS

Cuestión de competencia

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana es el único con jurisdicción para encausar a aforados autonómicos. En principio, y al haber aforados en la querella, el tribunal valenciano debe declararse competente.

La sombra de Madrid

Pero la sala que preside De la Rúa puede alegar, como ya hizo cuando desechó el informe policial, que los delitos que denuncia la querella del PSOE ya se están investigando en Madrid. De hecho, el tribunal valenciano se negó a encausar en el procedimiento de los trajes a los cabecillas de la trama corrupta. El argumento, refutado por la Fiscalía y el PSOE sin éxito práctico hasta la fecha, fue que todos ellos estaban ya imputados en la causa de Madrid.

El peso de los indicios

Otra de las hipótesis es que el tribunal acepte la querella, pero sólo en lo relativo a algunos posibles implicados y no a otros. El informe aporta pruebas más contundentes en lo que se refiere, por ejemplo, a Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García que en lo que concierne a Camps o a Vicente Rambla. Pero, aun en el supuesto de que Camps quedara inicialmente fuera, una investigación que afectase a la cúpula del PP valenciano tendría consecuencias dramáticas para el presidente de la Generalitat.

No pasa nada

Quienes conocen el caso creen que la hipótesis menos verosímil –pero no descartable– sería la de que el tribunal alegase que el informe policial no ofrece suficientes indicios racionales para investigar si hubo delito.

(www.publico.es, 23/11/09)

UNA SALA DE MAYORÍA CONSERVADORA

Juan Luis de la Rúa. El amigo interino

Presidente del tribunal desde 1999, el nombre de Juan Luis de la Rúa está ya indisolublemente ligado al de Camps, quien lo definió como “más que amigo”. Está en situación de interinidad. Se ha presentado a la reelección, pero sus posibilidades son remotas. En el Poder Judicial (CGPJ) ya nadie le defiende.

José Flors. Primer intento

Flors también se adscribe al ala conservadora de la magistratura, pero su instrucción del ‘caso de los trajes’ le granjeó un amplio respeto. Quiso sentar a Camps en el banquillo por cohecho impropio.

J. Francisco Ceres. El ponente

Ceres suscribió todas las decisiones impulsadas por De la Rúa en el ‘caso de los trajes’. Si se admite la querella del PSOE, será previsiblemente el instructor.

Juan Montero. Voto particular

Fue el único miembro de la sala que se opuso al cerrojazo del caso de los trajes. En febrero, Montero exoneró de corrupción y sin practicar diligencias al ex alcalde de Alicante.

Juan Climent. La incógnita

En teoría, es el único magistrado progresista de la sala. Con el ‘caso de los trajes’, estaba de vacaciones. Se le considera cercano a Rafael Blasco, consejero de Camps y ex militante del PSOE, partido que le expulsó por presunta corrupción.

(www.publico.es, 23/11/09)

PONS CONTRADICE AL CONSELL Y DICE QUE NO RECURRIRÁ GÜRTEL POR SITEL

El vicesecretario de Comunicación del PP nacional, Esteban González Pons, enmendó ayer la plana al Consell de Francisco Camps. Si la portavoz Paula Sánchez de León advertía el pasado viernes que pedirán la nulidad del caso Gürtel si se demuestra que las grabaciones del presidente Camps con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, se realizaron de manera ilegal con el sistema Sitel, ayer el portavoz nacional del PP aseguró que la única pretensión de su partido con respecto a Sitel es que se regule por ley orgánica. "Puedo asegurarles que el PP no tiene ninguna intención de recurrir el caso Gürtel por Sitel", dijo rotundo González Pons.

El dirigente popular insistió en que su partido quiere que se depuren todas las responsabilidades: "Si el caso Gürtel tiene al final que hacernos algún daño, también tiene que servirnos para limpiarnos, por eso somos los primeros interesados en que ni por Sitel ni por sital, el caso Gürtel acabe siendo anulado", agregó. González Pons fue el primero en su partido en tachar de "ilegal e inconstitucional" el llamado Sistema de Interceptación de Comunicaciones (Sitel), contratado en 2001 por Mariano Rajoy cuando era ministro del Interior.

El vicesecretario de Comunicación del PP anunció además que la Audiencia de Madrid ha confirmado la desestimación de la demanda presentada en 2008 por la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, contra él por vulnerar el derecho al honor.La vicepresidenta demandó en enero de 2008 a Esteban González Pons, entonces portavoz del PP en las Cortes Valencianas y cabeza de lista al Congreso de los Diputados por Valencia, por un supuesto atentado contra su honor y dignidad.

El origen de la demanda fueron unas declaraciones efectuadas por González Pons, en las que acusó a De la Vega de empadronarse de forma fraudulenta en Beneixida, localidad de la que procede su familia. Además insinuó que se había beneficiado de un pelotazo urbanístico tras la reclasificación de unos terrenos que la familia de De la Vega tiene en el municipio. La vicepresidenta perdió la demanda en primera instancia y apeló la desestimación del caso. La Audiencia Provincial de Madrid tumbó hace unos días el recurso y confirmó el primer fallo. "Le he ganado el juicio y la apelación y por ello el tribunal le obliga a pagar las costas", subrayó el dirigente popular. "David ha vencido a Goliat", ironizó el dirigente popular que pidió a la vicepresidenta que pida disculpas y presente su dimisión.

El tribunal reconoce que alguna de las expresiones de González Pons "carecían de rigor y de la precisión que hubiese sido deseable, pero ello no deja de ser usual en las contiendas políticas". Fuentes próximas a la vicepresidenta anunciaron ayer que el proceso judicial sigue adelante y se recurrirá el caso ante el Tribunal Supremo.

El vicesecretario de Comunicación, que compareció en la sede del PP junto al secretario general valenciano, Antonio Clemente, aseguró, por otro lado, que una vez se consensúen las 50 medidas propuestas por Rajoy para la regeneración política, todos los diputados de España deberán hacer pública su declaración de bienes y patrimonio, también el presidente Francisco Camps y el resto de parlamentarios autonómicos. Camps ofreció hace unos meses un resumen de sus bienes pero no hizo público el documento oficial como si lo publicaron los diputados socialistas con su secretario general a la cabeza, Jorge Alarte.

Antonio Clemente, secretario del PP valenciano, ironizó acerca de la elección esta semana de la socialista Leire Pajín como senadora territorial por las Cortes Valencianas. "Los socialistas verán cumplida su máxima preocupación", dijo. El dirigente acusó a Alarte y al portavoz parlamentario Ángel Luna de judicializar la vida política valenciana.

(www.elpais.com, 23/11/09)

El PP, la trama, el arzobispo y la fundación

Quién era quién en la organización de la visita papal que investiga el juez

Con una concepción confesional de las relaciones de la Iglesia y las instituciones civiles, se constituyó el 21 de enero de 2005 en el Palau de la Generalitat la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, encargada de organizar la visita del Papa a Valencia, en julio de 2006. Esa fundación, que otorgó a Canal 9 la exclusividad de la imágenes del evento que después aprovechó la trama corrupta de Francisco Correa y Álvaro Pérez para obtener más de un millón de euros en comisiones ilegales, está siendo investigada por el jeuz Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, instructor del caso Gürtel.

La fundación, eclesiástica y a la vez civil, presidida por el tándem que formaban el jefe del Consell, Francisco Camps, y el arzobispo Agustín García Gascó, fue opaca en su funcionamiento e incorporó a una serie de figuras políticas y eclesiásticas del catolicismo más conservador.La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia fue creada por la Generalitat, el Arzobispado, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia. Era vicepresidenta la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, miembro fundador el presidente de la Diputación, Fernando Giner, presidente ejecutivo el obispo Esteban Escudero y secretario, el entonces vicepresidente del Consell Víctor Campos, implicado también en el caso Gürtel.

En esa primera reunión fueron designados dos comisionados para la coordinación del encuentro y la visita papal, ambos miembros del Opus Dei, Enrique Pérez Boada, también militante del PP y director del Institut Valencià de Finances (el banco de la Generalitat) y Antonio Corbí, secretario del arzobispo de Valencia. Tras la sesión fundacional Camps ya destacó la gran oportunidad para la "proyección puramente interior de nuestras propias familias". Barberá dijo: "Supone una gran confianza en las instituciones valencianas", Y el arzobispo García Gasco agradeció la "unión de todas las instituciones". Desde el inicio, se consagraba un maridaje entre Iglesia y poder civil con una abrumadora mayoría de destacados militantes del PP. Por si fuera poco, se reforzó la línea dura incorporando a Juan A. Reig, entonces obispo de Cartagena.

Dependientes de la fundación se crearon oficinas y áreas de trabajo, a cuyo organigrama, que se mantuvo en secreto, ha tenido acceso EL PAÍS. Esas áreas fueron ocupadas por destacados miembros del Opus Dei y militantes del PP, como Javier Arnal en comunicación, delegado en Castellón de Ràdio Televisió Valenciana, cuyo director general, Pedro García es otro de los implicados en la trama Gürtel; Manuel Lacomba, en acreditaciones; Francisco Borrás, en alojamiento, o el concejal Miguel Domínguez como responsable de seguridad. De infraestructuras se encargó José Selva; de congresos, el obispo auxiliar Enrique Benavent; de promoción pastoral, monseñor Salvador Giménez; de voluntariado, Luís Cervera; de arquitectura, Juan Pablo Mas; de logística, Antonio Puig, y de liturgia, el canónigo Jaime Sancho. Todos ellos fueron coordinados por el verdadero hombre fuerte del evento, el vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino. Llama la atención que se responsabilizase al concejal Domínguez de la seguridad y la policía y a Enrique Guillén del Ejército, invadiendo las competencias del Gobierno de España. Como secretaria general se designó a Henar Molinero, relacionada a la vez con la Curia y la Presidencia de la Generalitat, donde desempeña una subsecretaría. En la misma secretaría se integró Enrique Gómez. Por el contrario, se evitó cuidadosamente incorporar a ningún representante del Gobierno español, como el director general de la policía o el delegado del Gobierno, a fin de coordinar mejor los múltiples y delicados aspectos del viaje papal. Para el arzobispo García Gasco el Gobierno español había que excluirlo porque "ridiculiza, insulta e infunde miedo" a los católicos. Para acentuar el maridaje del PP y la Iglesia de Valencia, las sesiones y las ruedas de prensa se celebraron en el Palau de la Generalitat.

Contrasta esta forma de actuar con la del arzobispo Miguel Roca con motivo de la visita a Valencia del Papa Juan Pablo II el 8 de noviembre de 1982. Constituyó una Comisión Diocesana cuyo objetivo era la organización técnica y la "conveniente preparación espiritual, catequética y sacramental", a fin de que la visita papal "fuera fecunda en frutos espirituales", presidida por el vicario general Vicente Ferrando, e integrada por diez vocales, dos vicarios episcopales, el secretario de la curia, el rector del Seminario, un religioso de la FERE y cuatro seglares "católicos valencianos, nada significados políticamente, pero eficaces", un médico, un militar y dos economistas; de ellos dependía una simple oficina de prensa encargada a profesionales del periodismo. La discreción presidió los actos y el arzobispo Roca buscó en medios católicos la financiación de los gastos, de alrededor de 10 millones de pesetas, unos 60.000 euros.

www.elpais.es 22.11.09

El juez investiga a la Iglesia y a Camps tras el pelotazo de la visita del Papa

La trama Gürtel logró un millón en comisiones ilegales, según la policía

El magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, investiga la posible relación de la trama corrupta con la fundación auspiciada por la Iglesia y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que gestionó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.

La Generalitat pedirá la nulidad del caso si se grabó ilegalmente con Sitel

La consejera portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, reconoció ayer que "el juez ha requerido la documentación sobre la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia". Esta entidad está integrada por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento -administrados por el PP- y el Arzobispado de Valencia a partes iguales.

La fundación, en la que actuaba entonces de secretario el vicepresidente del Consell Víctor Campos -que figuró en la misma causa que Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret por recibir trajes de la trama que dirigía Francisco Correa-, se gastó en 2006 un total de 12,2 millones de euros sin que se sepa cómo, con quién y para qué. El Gobierno valenciano se ha negado sistemáticamente a dar explicaciones sobre el gasto realizado en la fundación que organizó el viaje del Papa a Valencia.

El juez Pedreira también investiga el contrato que Canal 9 realizó con la firma Teconsa para montar el equipo de sonido y las pantallas en Valencia durante la visita del Pontífice. Un contrato mediante el que la trama corrupta que dirigía Francisco Correa obtuvo más de un millón de euros en comisiones ilegales, según un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales. El actual director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), José López Jaraba, desveló el pasado martes que el 11 de septiembre remitió toda la documentación que había solicitado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La fundación auspiciada por el arzobispado de Valencia y Camps acordó ceder a Canal 9 la gestión íntegra de la señal de televisión del viaje del Papa.

El Arzobispado de Valencia, donde está la oficina de la Fundación V Encuentro, no aclaró si el juez Pedreira también les ha requerido documentación.

Por otra parte, la portavoz del Gobierno valenciano advirtió que pedirán la nulidad del caso Gürtel si se demuestra que las grabaciones del presidente Camps con el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez El Bigotes, se realizaron de manera ilegal con el sistema Sitel.

"Si fuera motivo para suspender, por supuesto que pediríamos la nulidad de las actuaciones. Entendemos que no están suficientemente garantizados los derechos fundamentales con la forma en que [Sitel] se está aplicando", dijo Sánchez de León.

www.elpais.es 21.11.09

El Gobierno de Camps reconoce que pretende usar Sitel para invalidar Gürtel

El Consell valenciano ha asegurado que pedirá la nulidad del proceso que investiga el caso Gürtel si se comprueba que en las grabaciones telefónicas al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se utilizó el sistema Sitel. Así lo ha hecho la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, que alegó que el uso de ese sistema “vulneraría los derechos fundamentales". Hasta ahora, desde el PP insistían en la ilegalidad de SITEL pero cuidándose de relacionarlo con el proceso judicial de la Gürtel, incluso ayer el responsable de comunicación del partido, Esteban González Pons, insistía en que no quería que se anulara “porque eso dejaría una nube de sospecha injusta e innecesaria”.

Sánchez de León abordó en rueda de prensa la postura de la Generalitat valenciana ante una posible ilegalidad en el uso de SITEL, el sistema por el cual la policía puede intervenir teléfonos con autorización judicial. “Si fuera motivo para suspender, por supuesto que pediríamos la suspensión, la nulidad de actuaciones", explicó, añadiendo que en cualquier caso "no es una cuestión sobre la que en este momento pueda pronunciarme todavía".

“No hay suficiente regulación”

La portavoz del Consell entiende que "no hay una suficiente regulación" en torno a Sitel ni "están suficientemente garantizados los derechos fundamentales” no respecto al sistema en sí sino “con la forma en que se está aplicando". También en relación a la Gürtel, confirmó que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha solicitado a documentos a la Generalitat sobre algunos de sus organismos, como la fundación V Encuentro, que se encargó de organizar la visita del Papa a Valencia en 2006.

El PP negaba relación

Las declaraciones de Sánchez de León contrastan con la postura oficial mantenida por el PP hasta ahora, y que pasaba por reclamar una ley órganica para regular lo que consideran un sistema ilegal pero también por presentar sus ataques a Sitel como independientes de sus problemas con la Gürtel. El propio vicesecretario de comunicación del PP, Esteban González Pons, declaró ayer que “no queremos que se anule el juicio del caso Gürtel por culpa de SITEL, porque eso dejaría una nube de sospecha injusta e innecesaria”.

www.elplural.com 20.11.09

Ceres tendrá que presentar un informe sobre la admisión o no, y será votado por la sala, que preside Juan Luis de la Rúa, a quien el propio Camps señaló públicamente como "más que amigo" y que permanece en su cargo en situación de prórroga dado que aún no se ha resuelto el concurso para la renovación de la presidencia que ocupa desde hace más de diez años.

El magistrado Ceres, que ocupó responsabilidades en la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), tiene su nombramiento recurrido, por segunda vez. El Tribunal Supremo ya estimó en una ocasión la impugnación presentada por varios magistrados que concursaron a su misma plaza y entendieron que su elección no estaba fundamentada dado la diferencia curricular y de méritos. El Supremo obligó al TSJ a volver a pronunciarse y éste ratificó el nombramiento, que ha vuelto a ser recurrido y está pendiente de resolución.

Ceres tuvo ayer la primera aproximación formal con la querella presentada por cuatro diputados socialistas: la ratificación de la misma. Ángel Luna, Joaquín Puig, Carmen Ninet y Cristina Moreno firmaron ante él y la secretaria de la sala de Lo Civil y Penal. La querella va dirigida contra dirigente el presidente Camps; el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, los diputados Ricardo Costa, David Serra y Yolanda García; los cabecillas de la trama Gürtel Francisco Correa y Álvaro Pérez; y las constructoras valencianas Lubasa, Facsa, Sedesa, Grupo Piaf y Ortiz e Hijos.

Los socialistas, en base al informe policial que el propio TSJ valenciano rechazó considerar cuando deliberaba sobre los trajes de Camps, presentan la querella contra un total de 17 personas por delitos de cohecho, malversación, financiación irregular, prevaricación, alteración contable y delito fiscal. Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes valencianas, afirmó tras el trámite: "Hemos cumplido con nuestra obligación". Y expresó su confianza en que "los jueces entiendan este tema de la misma forma y abran un procedimiento penal contra los querellados".

LA RED GÜRTEL PREPARÓ UN AÑO ANTES EL NEGOCIO QUE OBTUVO DEL VIAJE DEL PAPA

Un año antes de la visita del Papa a Valencia, que se produjo los días 8 y 9 de julio de 2006, la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa ya estuvo estudiando sobre el terreno la instalación de pantallas y la sonorización para el acontecimiento, una actividad que Ràdio Televisió Valenciana -cuyo director general, Pedro García, era amigo de Álvaro Pérez-, tras obtener en exclusiva los derechos de emisión, otorgaría meses después, mediante contrato negociado sin publicidad, a la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros y de la que la red de corrupción acabaría cobrando más de un millón en comisiones ilegales, según un informe de la policía.

Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, se afanó en los preparativos con grandes expectativas, según fuentes que participaron en la organización de la visita, ya que las Administraciones valencianas gobernadas por el PP anunciaron el V Encuentro Mundial de la Familia como un evento que reuniría en Valencia a más de dos millones de asistentes. Cifras muy hinchadas para una reunión que se quedó en la octava parte, ya que concentró a unas 250.000 personas.

Orange Market, la empresa valenciana de la trama, comenzó a contactar con proveedores, a hacer localizaciones junto al Jardín del Turia y a preparar las actividades. Sin embargo, a mediados de 2005, la prensa local, en especial el diario Levante-EMV, publicó que los responsables de la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, eran socios de la empresa Special Events, una firma vinculada también a las actividades del PP en otras comunidades autónomas, y que trabajaba en paraísos fiscales. Desde entonces, Orange Market pasó a un segundo plano.

Y asumió protagonismo en la organización la empresa Trasgos, autora del logotipo del acontecimiento. De hecho, el director de la sociedad, Antonio Puig, participó en la visita que el enviado del Vaticano, el cardenal Antonio López Trujillo, hizo en julio de 2005 a Valencia para inspeccionar varios de los escenarios del viaje del Pontífice y recibir información sobre los preparativos. Sin embargo, Trasgos también tuvo que dar un paso atrás, ya que el comisionado para el Encuentro Mundial de la Familia, Enrique Pérez Boada, había sido consejero de la firma desde finales de 2003 a inicios de 2004. Pérez Boada, director entonces y ahora, del Instituto Valenciano de Finanzas, el banco de la Generalitat, era la cabeza visible de un equipo vinculado a Juan Cotino, entonces consejero de Bienestar Social, quien se hizo cargo desde el Gobierno que preside Francisco Camps, de la logística del acontecimiento.

Para ello se creó la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, integrada por la Generalitat, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento y el Arzobispado, una entidad opaca que se ha negado a facilitar el destino de los fondos públicos que ha manejado. Se sabe que gastó hasta 12,2 millones de euros, según las cuentas de aquel ejercicio. Pero eso sólo es una parte del coste que tuvo el acontecimiento.

El equipo formado al amparo de Cotino, constituido en buena medida por miembros o simpatizantes del Opus Dei, incluía, entre otros, a Henar Molinero, que fue secretaria general de la Fundación V Encuentro y ahora es subdirectora de organización del área de Análisis y Seguimiento en Presidencia de la Generalitat; Javier Jiménez, profesor de Derecho en la Universitat de València, que fue gerente y coordinador del V Encuentro Mundial de la Familia, y José Vicente Herrera, que fue subdelegado del Gobierno en Valencia en la época de Aznar, asesor de Cotino cuando era director general de la Policía y director de la Sociedad de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios. Herrera ejerció de jefe de seguridad del V Encuentro Mundial de la Familia y, posteriormente, como director de Seguridad y Operaciones de la Copa del América.

Fuentes próximas a los preparativos de la visita han asegurado a este periódico que el propio Francisco Correa asistió, aunque sin revelar su identidad, por lo menos a una de las primeras reuniones sobre los eventos, antes de que Orange Market pasara a una posición más discreta. En las conversaciones grabadas por la policía, dirigentes de la trama aluden a la visita del Papa y al papel relevante reservado en su organización a Álvaro Pérez.

El PP rechazó en las Cortes Valencianas reclamar la comparecencia de Álvaro Pérez, El Bigotes, ex gerente de Orange Market, para que explicara su intermediación en las actividades para la organización por parte de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia de los actos del Papa en Valencia. El diputado socialista José Camarasa dijo que Pérez debería explicar una participación de la trama Gürtel en la organización por la que habría obtenido "jugosos beneficios". Camarasa reclamó explicaciones del "pelotazo" de la trama en la adjudicación por Canal 9 de la sonorización de los actos. La diputada del PP Asunción Quinzá rechazó la propuesta porque los socialistas buscan "rédito político", y alegó que se trata de una cuestión "sub iudice".

Hasta hace unos días, el PP sostenía que no había investigación judicial alguna en marcha sobre el escándalo, pero el actual director de Ràdio Televisió Valenciana, José López Jaraba, reveló el martes que el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, reclamó el contrato de Canal 9 con la constructora Teconsa por el que la trama cobró comisiones ilegales. El propio secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, exigió ayer que el presidente Camps comparezca en el Parlamento para explicar "qué investigación, qué informaciones han sido requeridas y en qué situación judicial se encuentra".

"Hemos cumplido con nuestra obligación", aseguró ayer el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, después de acudir al Tribunal Superior de Justicia valenciano a ratificar la querella que él y otros tres diputados han presentado contra Camps, varios cargos de su Gobierno y cinco empresas por financiación ilegal del PP. El informe sobre la admisión a trámite le ha tocado al magistrado José Francisco Ceres, que firmó el sobreseimiento del caso de los trajes que afectaba a Camps. La decisión deberá tomarla, en todo caso, el pleno de la Sala de Lo Civil y Penal.

UNA FIRMA DE CORREA INVIRTIÓ 756.240 EUROS EN UN PAI TRAS COBRAR COMISIÓN POR LOS ACTOS DEL PAPA

Para la trama Gürtel el cemento fue un medio y un fin. Promotoras y constructoras pagaron comisiones a la red a cambio de concesiones en ayuntamientos cuyos políticos eran comprados por Correa (Madrid) o abonaron a Orange Market facturas de servicios que en realidad fueron prestados al PP (Comunitat Valenciana). Pero, además, el urbanismo fue también un punto de destino, una inversión para blanquear parte del dinero negro utilizando sociedades patrimoniales gestionadas y a nombre de testaferros, pero bajo el paraguas del imperio mafioso de Correa, según Garzón y la Udef. Una de esas firmas pantalla es Castaño Corporate. El 19 de julio de 2006, esa sociedad compró un terreno de 12.605 metros en la Nucia (Marina Baixa) por 756.240 euros. La elección de la Nucia responde a la estrecha relación de Álvaro Pérez "El Bigotes", con el alcalde popular Bernabé Cano, quien dio contratos a la trama y ha aparecido en diversas grabaciones vinculado a los intentos de Correa de pegar un pelotazo en el municipio.

La finca rústica, de matorral y olivos, se escrituró en la notaría de Ángel Puras, en Madrid, apenas dos semanas después de que esa firma ingresara 230.000 euros a cuenta del negocio que generó el contrato de la constructora Teconsa con Canal 9 para dar cobertura (sonorización, instalación de pantallas y servicios audiovisuales) a los actos de la visita del Papa a Valencia.

Teconsa subcontrató a otras tres firmas, entre ellas la sevillana Apogee Telecomunicaciones. Mientras Valencia vivía consternada por el accidente del metro que segó la vida a 43 personas y aguardaba la llegada de Benedicto XVI, el número dos de la trama, Pablo Crespo, recogió en Sevilla dinero negro de comisiones por haber intercedido ante el anterior director general de RTVV, Pedro García, para lograr ese contrato para Teconsa y el resto de empresas, siempre según los informes policiales. El apunte de 230.000 euros para Castaño Corporate -dedicada a la compra-venta de inmuebles, que nada tiene que ver con luces y sonido- está en la contabilidad B incautada.

El administrador único de esa empresa es Jacobo Gordon, amigo y testigo de la boda de Alejandro Agag con la hija de Aznar. Los dos apoderados de esa sociedad son Pablo Crespo y Ramón Blanco Balín, el número dos y el tres de la organización. Esto es, el hombre que ejecutaba las órdenes de Correa y el ingeniero financiero que diseñó el entramado societario internacional para la generación y blanqueo de capitales.

Al poco de su adquisición, los terrenos pasaron a ser urbanizables. Tal día como hoy, el 20 de noviembre de 2006, la comisión territorial de urbanismo de Alicante aprobó el PAI del Algar, que prevé 2.501 viviendas y del que forma parte la parcela de Castaño Corporate. El pasado mes de junio, el TSJ valenciano bloqueó el proyecto por no garantizar la suficiencia hídrica, por lo mismo que se paralizaron los otros dos PAI de la Nucia: la Serreta y Pie de Monte. El primero logró finalmente luz verde en los tribunales. El ayuntamiento avaló el Plan del Algar, como los otros dos, y de hecho está intentando desatascarlo por la vía judicial. Gordon llevó las negociaciones de esa operación como también los contactos con los propietarios de los PAI Pie de Monte y la Serreta, donde Correa pretendía comprar, desbloquear -gracias a sus conexiones con terminales políticas- y revender. El pelotazo no salió, pero las negociaciones resultaron de lo más divertidas según las grabaciones incorporadas al sumario del TSJ de Madrid. El amigo de Agag, el alcalde Cano, Correa y algún empresario "se lo montaron de puta madre con tías en un restaurante que cerraron" en Valencia. Entre las comisionistas de la visita del Papa figura otra firma administrada por Gordon: Parque Logístico Montalbo, que cobró 60.000 euros.Castaño Corporate compró los terrenos a los administradores de la firma inmobiliaria Henk & kathy Invest SL, radicada en la Nucia.

El Tribunal Supremo (TS) prorrogó ayer por cuarta vez el secreto de las actuaciones en el caso Gürtel, lo que significa que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso a las mismas. Lo acordó en un auto el magistrado instructor del caso en el TS, Francisco Monterde, quien el 17 de agosto prorrogó por primera vez el secreto de estas actuaciones.

Monterde alegó que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto. Entre ellas, el instructor señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une, añadía, la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el TSJ de Madrid, del que procede esta causa especial, y donde las actuaciones también están "declaradas secretas". Recordó que la prórroga del secreto de actuaciones está en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El Constitucional dijo que tal laguna no impide al juez proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario "si el plazo ha resultado insuficiente para hacer efectiva plenamente esa protección"El TS acordó en junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM, Antonio Pedreira. efe Madrid

ULIBARRI PODRÍA INCURRIR EN UN DELITO DE ALZAMIENTO DE BIENES POR VENDER SU TELEVISIÓN EN VALENCIA

Tal y como estaba previsto, el pasado miércoles el empresario leonés José Luis Ulibarri, imputado en la trama de corrupción de la operación Gürtel, se deshizo de todas sus acciones en la Televisión Municipal de Valencia (TMV) de la que era accionista mayoritario. La operación no ha estado exenta de polémica, ya que el comprador del 84 por ciento de los títulos, la empresa 123 Comunicaciones, se creó el pasado 6 de noviembre, aún no consta en el Registro Mercantil y se desconoce quién está detrás de ella. Además, al estar Ulibarri imputado por la Justicia, podría estar incurriendo en un delito de alzamiento de bienes, ya que no puede desprenderse de sus posesiones sin una autorización judicial previa.

Desde este miércoles, el empresario José Luis Ulibarri ya no tiene ninguna acción en la Televisión Municipal de Valencia (TMV), de la que antes poseía a través de su empresa Producciones Digitales Audiovisuales de Alicante el 84 por ciento. Según recoge Levante, el consejo de administración de la televisión del Ayuntamiento de Rita Barberá dio su visto bueno a la venta de acciones, a pesar de las reticencias y dudas de los consejeros socialistas Juan Soto y Mercedes Caballero.

Y es que, según advirtieron durante la reunión en la que se formalizó el traspaso de títulos, Ulibarri podría incurrir con esta venta en un delito de alzamiento de bienes estipulado en el artículo 257 del Código Penal. El empresario leonés está imputado en la trama de corrupción de la Operación Gürtel y su investigación judicial continúa abierta, por lo que no le está permitido desprenderse de ninguno de sus bienes sin previa autorización judicial.

Por este motivo, Soto y Caballero recordaron al presidente del consejo de administración y primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, a través de una carta que debe poner en conocimiento de la autoridad judicial la transmisión de acciones que autorizó el consejo por si pudiera ser constitutiva de delito.

¿Qué es 123 Comunicaciones?

Por otra parte, la polémica durante la reunión se extendió al comprador de las acciones de Ulibarri, que se convierte ahora en el principal propietario de la deficitaria cadena. Soto y Caballero se opusieron a la venta al desconocer quién está detrás de la empresa compradora, 123 Comunicaciones, que fue creada hace solo unos días, el pasado 6 de noviembre.

Grau se negó a dar ninguna información sobre esta entidad y alegó que es lícito vender acciones a un comprador anónimo. El presidente del consejo dijo desconocer más datos sobre la sociedad, pero destacó que se trata de un “acuerdo privado entre empresas” y que aseguró sentirse seguro de la “seriedad” del proyecto.

Sin embargo, la empresa ni siquiera está aún inscrita en el Registro Mercantil, ni posee un domicilio social propio, sino que tiene su sede provisional en el despacho del abogado que gestiona las cuestiones legales de TMV. Además, se desconoce cuál es el objeto social de la entidad, la experiencia que tiene en el sector de las TDT o su solvencia económica. Por todo ello, Soto destacó que la operación “es una temeridad, sobre todo después de que Ulibarri haya salido por piernas”.

El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el denominado caso Gürtel, ha puesto la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa, actualmente en prisión, bajo control de dos administradores judiciales que, además, se han hecho cargo de la intervención de pagos urgentes de la sociedad. De esta manera, Álvaro Pérez, imputado en la investigación de la trama corrupta, ha perdido la condición de presidente y consejero de Orange Market.

El pasado día 7 de octubre se inscribió en el registro el cambio en Orange Market, empresa en la que, sin embargo, continúa como apoderado Cándido Herrero, también imputado en la investigación que inició el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y que ha llegado a poner en serios apuros al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, salpicado por sus estrechas relaciones con Álvaro Pérez y por los regalos de trajes que habría aceptado. Los administradores judiciales designados por Pedreira también se han hecho cargo de otras empresas de la trama, como Easy Concept, Good and Better, Servimadrid Integral o Diseño Asimétrico.

Orange Market y su responsable, Álvaro Pérez, están implicados en el cobro de más de un millón de euros en comisiones ilegales por el montaje de pantallas y altavoces para la visita del Papa a Valencia en 2006, en el que aprovecharon un contrato sin publicidad firmado por Ràdio Televisió Valenciana, según un informe policial que investiga también el juez Pedreira. Los socialistas calificaron ayer a Canal 9 de "tentáculo importante de la trama de corrupción" a través de su portavoz adjunta en las Cortes, Carmen Ninet.La diputada del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas se hizo eco de la revelación que realizó el martes el nuevo director general de RTVV, José López Jaraba, en una comisión parlamentaria. López Jaraba explicó que había remitido al TSJ de Madrid el contrato de los actos para la sonorización e instalación de pantallas en los actos de la visita del Papa, por 6,4 millones de euros. Carmen Ninet añadió: "Se han visto obligados a entregar esos contratos importantísimos porque han tenido que acatar la petición del juez".

Por otra parte, el empresario leonés José Luis Ulibarri, también imputado en la trama de corrupción, ha abandonado la presidencia y el cargo de consejero de Mediamed Comunicación Digital, empresa que gestiona 13 de las concesiones de emisoras de televisión digital terrestre otorgadas por el Consell que preside Francisco Camps. El pasado día 30 de septiembre, la sociedad Mogar Media asumió la presidencia y el cargo de consejero que ocupaba Ulibarri junto a la Fundación Cardenal Herrera y Antonio Beaumont. Mogar Media pertenece a Andrés Selma Magdalena. Ulibarri habría vendido a Selma su participación en Mediamed, sociedad en la que poseía el 50% de las acciones.

Ayer mismo, Ulibarri consiguió la autorización del consejo de administración de la televisión digital municipal de Valencia para desprenderse de una parte de su patrimonio: el 85% de las acciones de la empresa. Las acciones se valoran en 1.125.000 euros. La venta de las acciones de la televisión digital municipal de Valencia fue aprobada ayer por la mayoría del PP en el órgano y contó con la oposición de los miembros propuestos por el PSPV-PSOE.

La sociedad de Ulibarri, Plataforma Audiovisuales Digitales Alicante, es la que se desprende de su mayoritaria participación en la televisión digital municipal de Valencia. La compradora es 123 Comunicaciones. Esta mercantil se constituyó el pasado día 6 de noviembre, por lo que no está aún en el Registro Mercantil. Juan Soto, representante socialista en el consejo de administración del organismo autónomo, explicó ayer que "no se ha podido verificar no sólo quién o quiénes forman esa mercantil sino su trayectoria profesional, su solvencia económica y su capacidad para hacer frente a la responsabilidad que se deriva de esa compra".

Sobre Ulibarri, el juez que instruye en Madrid el procedimiento por la trama Gürtel no ha dictado medidas cautelares. Sin embargo, fuentes de la oposición socialista en el Ayuntamiento que preside Rita Barberá se preguntaban ayer si la actuación municipal no habría contribuido a una programada liquidación del patrimonio por parte de Ulibarri, a quien, en el caso de que se pruebe su implicación en la trama Gürtel, se le podrían exigir responsabilidades económicas importantes.

COSTA SE MUESTRA DISPUESTO A RECTIFICAR Y PIDE VOLVER A LA MILITANCIA DEL PP

Casi un mes después, la rocambolesca historia de Ricardo Costa está lejos de quedar cerrada. El ex secretario general del PP valenciano, hasta hace bien poco mano derecha de Francisco Camps y su principal cortafuegos, ya que fue el encargado de tratar de explicar el escándalo del caso Gürtel mientras el presidente guardaba silencio, compareció ayer al fin ante el Comité de Garantías del PP.

Costa llevaba semanas, desde que la dirección decidió suspenderle cautelarmente de militancia, reclamando audiencia. Ayer se la concedieron. Y la aprovechó para mostrarse durante la hora que duró la reunión dispuesto a rectificar las palabras que motivaron su expulsión, eso de "yo, como secretario general"... El que fuera mano derecha de Camps y fiel apoyo de Rajoy durante la época previa al congreso de Valencia, lo que le llevó a enfrentarse con su hermano Juan, sólo tiene un objetivo: recuperar la militancia que tenía desde los 16 años.

Costa insistió, según fuentes del PP, en que él no tenía ninguna intención de establecer ningún pulso con la dirección nacional. Lo que pretendía era reclamar que se reivindique su gestión como secretario general, una vez que dejó voluntariamente de ejercer sus funciones, y que no se pusiera en duda su honradez. Sin embargo, su declaración se interpretó inmediatamente como una indisciplina grave, por arrogarse un puesto, el de secretario general, que no le correspondía, según la dirección nacional.

En realidad, Costa nunca fue destituido. Camps evitó que se votara su destitución y trasladó a Rajoy una versión falsa de lo que había ocurrido dentro del Comité Ejecutivo regional en el que Costa se ofreció a dejar de ejercer las funciones de secretario general.

Costa insistió ante el Comité, según fuentes del PP, en que está dispuesto a matizar, rectificar o aclarar cualquier malentendido por esas declaraciones que supusieron su expulsión. Además, evitó hacer declaraciones para no alimentar la polémica.

Aún así, la situación es complicada para el ex secretario general valenciano. Su reincorporación a la militancia depende de Rajoy, que esta misma semana defendió en público su "honradez", pero sobre todo de Dolores de Cospedal.

Por mucho que el PP insista en que el Comité de Garantías es un órgano independiente, todos los dirigentes consultados insisten en que está directamente controlado por la secretaria general. Y ella está enfrentada abiertamente a Costa, con quien ha entrado en contradicción varias veces en distintas ruedas de prensa, hasta el punto de que sus palabras "como secretario general" del PP valenciano se interpretaron como una desautorización de Cospedal, lo que provocó su fulminante suspensión de militancia.

En realidad, esta drástica decisión vino precedida de una tensa negociación entre Camps y Rajoy. El valenciano, que al final dejó caer a Costa, intentó recuperarlo y hacerlo consejero de la Generalitat. Cuando lo consultó con Rajoy, Cospedal vetó esa posibilidad.

En la dirección ha sentado además muy mal la carta que Costa ha enviado a los principales dirigentes, en la que reclamaba un trato justo para él, una persona, dice, siempre fiel a Camps y al propio Rajoy. A partir de ahora, Costa, que sigue siendo diputado del PP, puede ser readmitido o, más probable, puede continuar la tramitación de su expediente disciplinario. Fuentes de la dirección insisten en que, después del caos de las últimas semanas, Rajoy y especialmente Cospedal quieren ofrecer gestos de autoridad, y es difícil que sean indulgentes, aunque la decisión aún no está tomada.

El Comité tiene también pendiente el expediente de Manuel Cobo, suspendido de militancia como Costa, aunque él no ha dejado sus cargos como vicealcalde de Madrid y portavoz municipal.

Rafael Blasco, portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, está empeñado en centrar el discurso del PP. Ayer, se reunió con los diputados del Grupo Popular y les pidió dos cosas: que dejen atrás la polémica por el nombramiento de Leire Pajín como senadora territorial -tras meses de bloqueo- y que no entren al trapo en el asunto de la querella interpuesta por el PSPV contra varios altos cargos y cinco constructoras por supuesta financiación irregular del PP. Luego les indicó que la decisión de no replicar a las diputadas de Compromís Mònica Oltra y Mireia Mollà, para hacerles el vacío, quedaba revocada. "Es una nueva etapa", sentenció Blasco.

El consejero bicéfalo instó a los diputados populares a responder con contundencia en la confrontación con los socialistas pero, sobre todo, a hablar en positivo de la gestión del Consell. Y ahora toca hablar de los presupuestos de la Generalitat para 2010, que se tramitan en las Cortes Valencianas.

Sin embargo, los esfuerzos de Blasco por trasladar una imagen moderada del PP han caído hasta ahora en saco roto. Los patinazos del Consell se han llevado por delante los esfuerzos del portavoz consejero.

El estreno no pudo ser peor. Rafael Blasco se presentó como portavoz en la tribuna de las Cortes la semana pasada. Y lo hizo con un alegato al parlamentarismo, entendido como el intento de llegar a acuerdos desde la discrepancia. "Recalcar [mi] voluntad de llegar a acuerdos con los grupos de la oposición, de poner por delante el diálogo y el entendimiento y que sepan que tendrán una mano tendida, mía y del grupo parlamentario, porque el parlamentarismo es concordia desde la discrepancia", dijo Blasco. Las palabras del portavoz popular se convirtieron en un brindis al sol tan sólo 20 minutos después. El presidente de la Generalitat, en la réplica a la pregunta sobre el caso Gürtel formulada por el portavoz socialista, acusó a Ángel Luna de querer matarlo.

El portavoz popular salió rápidamente en defensa del presidente y justificó el exabrupto del paseíllo por las provocaciones socialistas. ¿Cree usted que Camps debería pedir disculpas? le preguntaron a Blasco. "No", fue la respuesta contundente. Horas más tarde, el jefe del Consell pedía disculpas y volvía a poner de manifiesto la descoordinación con el nuevo portavoz parlamentario.

Sólo tres días después, Blasco terció en la polémica por el bloqueo de la elección como senadora de Leire Pajín, secretaria de Organización del PSOE. El consejero de Ciudadanía acusó a los socialistas de ser los responsables de la demora, de seis meses, por no presentar los papeles correctamente. Y luego aseguró que, gracias al PP, Pajín podría ser elegida en el siguiente periodo de sesiones, que se inicia en febrero. 24 horas después, Blasco volvió a ser desmentido por Camps, que ordenó, presionado por Madrid, desbloquear cuanto antes el nombramiento, que tendrá lugar finalmente el próximo día 25.

Las apelaciones al centrismo, además, se han visto puestas en entredicho por dos episodios desafortunados adicionales. Primero, la foto de Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, a bordo de un Ferrari. "Me lo pasé bomba", dijo Barberá. Segundo, un vídeo en el que el presidente de la Generalitat se encara con un joven que lo llama corrupto.

Aún así, Blasco está empeñado en lo que considera que es una cuestión crucial: moderar la imagen del PP y evitar la imagen de un Consell atrincherado frente a los escándalos del caso Gürtel.

"El 11 de septiembre, yo mismo, como director en funciones, remití toda la información al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que nos la había solicitado", explicó ayer José López Jaraba, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), en su primera comparecencia en las Cortes Valencianas tras la dimisión de su predecesor, Pedro Garcia.

Era una justificación para no atender la exigencia socialista de que aportara la documentación sobre el contrato de Canal 9 con la empresa Teconsa para la sonorización y la instalación de pantallas durante la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Un contrato del que la trama de corrupción de Francisco Correa habría obtenido más de un millón de euros en comisiones ilegales, según un informe de la Brigada Policial contra el Blanqueo de Capitales.

De esa manera, López Jaraba reveló que el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, está investigando la contratación y se negó a explicar el expediente más allá de confirmar que se adjudicó mediante un concurso negociado sin publicidad al que concurrieron siete ofertas. La diputada socialista Núria Espí, que arremetió contra el anterior director general de RTVV, Pedro García, amigo de Álvaro Pérez, jefe de la trama en Valencia, y dimitido hace unos meses, reclamó información y recordó que Canal 9 pagó 6,4 millones de euros por un trabajo que, en realidad, costó la mitad.

La revelación del director general de RTVV, que se escudó en la confidencialidad a que obligan los contratos a las empresas que se rigen por el derecho privado, como es el caso del grupo audiovisual, y en el secreto del sumario decretado por el juez, para no ofrecer detalles, contradice todo el discurso sostenido por el PP valenciano en los últimos meses en el sentido de que no hay ninguna investigación judicial abierta sobre los escándalos de corrupción que afectan a la Generalitat.

Los grupos de la oposición aludieron reiteradamente al caso de la visita del Papa. Núria Espí, cuyo grupo había solicitado la comparecencia, le preguntó, sin obtener respuesta, qué medidas adoptará para esclarecer lo ocurrido tras haberse demostrado que "se ha utilizado una empresa pública para que hicieran negocio unos cuantos".

Enric Morera, de Compromís pel País Valencià, le recriminó el flaco favor que se le hizo al Papa al permitir que se enredara "una pandilla de delincuentes" en la organización de los actos. Y Marga Sanz, de Esquerra Unida, denunció "un pelotazo increíble" del que se aprovecharon "unos señores corruptos".

En una larga sesión de la comisión parlamentaria, López Jaraba, que había solicitado una comparecencia para hacerlo, explicó ayer sus intenciones al frente de RTVV, con reiteradas alusiones a la "austeridad" y al anuncio de crear la figura de un defensor de la audiencia, como existe en Canal Sur, de poner en marcha desconexiones de Canal 9 en Castellón y Alicante y de convertir Si Ràdio en una cadena de información durante 24 horas.

Sin embargo, fue la manipulación informativa la que centró el debate. López Jaraba se enrocó en que la cadena pública cumple los criterios de "objetividad, veracidad e imparcialidad" que marca la Ley de Creación de RTVV, "aunque hay posiciones interesadas en desprestigiar a nuestros periodistas".

Toda la oposición criticó la manipulación, aunque los socialistas, por boca de Núria Espí, de Carmen Ninet y de Vicent Sarrià, explicitaron que no están dispuestos a dar al nuevo director general ni el más mínimo margen. "Tras la defensa numantina que ha hecho aquí de la línea de manipulación obscena de un medio público", le dijo Ninet, "está claro que hará lo mismo que sus predecesores".

Tanto Ninet como Marga Sanz, de EU, y Enric Morera, de Compromís, pusieron en duda un cambio de intenciones cuando siguen en cargos directivos dos figuras del equipo de Pedro García como Lola Johnson y Lluís Motes, una en Canal 9 y el otro en Ràdio Nou. López Jaraba consideró "desalentadoras" las "descalificaciones personales a compañeros".

SUBCONTRATISTAS DE LA VISITA DEL PAPA Y UNA FIRMA DE CORREA CONTABILIZARON 2 MILLONES EN EXTRAS

Si las cifras de feligreses que asistieron al V Encuentro Mundial de las Familias, que motivó la visita del Papa a Valencia el 8 y 9 de julio de 2006, fueron motivo de controversia, las del coste del montaje audiovisual de esos actos siguen siendo un misterio que se va descifran?do a plazos. Diez días antes del evento, el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, recogió en Sevilla 957.300 euros en comisiones por el contrato de sonorización e instalación de pantallas para la visita de Benedicto XVI.

La mano derecha de Francisco Correa, cabecilla de la red corrupta, ingresó ese dinero en la caja B de la organización en Madrid, según consta en uno de los informes de la policía judicial. La comisión se percibió como premio a la trama por haber intermediado ante RTVV para que diera la cobertura audiovisual a la constructora Teconsa por 6,4 millones de euros.

Esa sociedad subcontrató posteriormente a Apogee Telecomunicaciones -la que presuntamente intervino en el pago de la comisión- y a la alemana Sirius Showequipment, entre otras, para que se encargaran de la prestación efectiva de los servicios. Ese millón de euros no es el único apunte heterodoxo hallado en los registros del piso franco de la organización en la calle Serrano.

La contabilidad de la trama revela diversos apuntes por "Extras del acto del Papa", en los que aparecen varias de las subcontratistas. En total suman 2,2 millones de euros, al margen de los citados 6,4 que pagó Canal 9 a Teconsa. Entre las mercantiles que aparecen con extras destacan la propia Apogee Telecomunicaciones (con dos apuntes por 363.000 y 644.690 euros), Montenegro Producciones, que figura con un millón en extras, y la patrimonial Castaño Corporate, como receptora de 230.000 euros.

Esta última firma es una de las sociedades patrimoniales utilizadas por Correa para blanquear dinero a través de las inversiones inmobiliarias y las ampliaciones de capital, según la policía judicial. Inversiones Kintamani, Osiris Patrimonial, Cresva o Caroki son otras sociedades que servían como lavadoras de dinero B logrado, entre otros, por los actos organizados al PP valenciano, según la Brigada de Blanqueo de la Udef.

En el consejo de administración de Castaño Corporate no figuraba Correa, pero sí Ramón Blanco Balín, el ingeniero financiero de todo el entramado internacional Gürtel. El inspector de Hacienda en excedencia aparece en otras cinco sociedades, a veces con Pablo Crespo, también apoderado de Castaño Corporate. El administrador único de esa firma es Jacobo Gordon, amigo de la infancia de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar.

Gordon gestionaba esa empresa, como otras muchas relacionadas con el sector inmobiliario, entre ellas la Sociedad Parque Logístico Montalbo, dedicada a la gestión del suelo. Esta última aparece en la contabilidad B incautada como beneficiaria de una gratificación de 60.000 euros que la trama otorgó con cargo a la comisión de casi un millón. También se destinaron 15.500 euros a comprar un Jeep.

EL NUEVO DIRECTOR DE CANAL 9 CONFIRMA QUE EL TSJM INVESTIGA LOS CONTRATOS DE LA GÜRTEL EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

El nuevo director del Canal 9, José López Jaraba, que sustituye a Pedro García, vinculado con la trama Gürtel, compareció ayer ante Les Corts ante las peticiones de la oposición de que aclarase los contratos que el ente público valenciano hizo con Teconsa durante la visita del Papa a Valencia en 2006, por los que la trama de Francisco Correa se habría embolsado cerca de un millón de euros.

Como ya es habitual en la Cámara regional, López Jaraba se negó a dar ningún dato sobre la adjudicación, aunque justificó su silencio asegurando que la información está en manos del juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que la tiene bajo secreto de sumario.

Aunque el PP ha reiterado en los últimos meses que no hay ninguna investigación judicial abierta sobre los escándalos de corrupción relacionados con la trama Gürtel que afectan a la Generalitat valenciana, el nuevo director de Canal 9, José López Jaraba, desmintió esta versión al reconocer que el juez instructor del caso en el TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, tiene en su poder la documentación sobre los contratos que la radiotelevisión pública valenciana hizo con Teconsa de cara a la visita del Papa a Valencia en 2006.

En su primera comparecencia en Les Corts como sustituto Pedro García -gran amigo de El Bigotes, el hombre fuerte de la Gürtel en Valencia- López Jaraba se negó a informar sobre estos contratos alegando que se encuentran bajo secreto de sumario. “El 11 de septiembre, yo mismo, como director en funciones, remití toda la información al TSJM, que nos la había solicitado”, explicó, y matizó que no puede “vulnerar la ley” filtrando información que está e manos de la justicia. Cuando el juez decrete el levantamiento del secreto de sumario “aparecerá la información que se envió” sobre el polémico contrato, añadió.

Según dijo, “hubo un requerimiento judicial del instructor de Madrid y se envió al juez, y esa documentación está bajo secreto de sumario”. “Me están ustedes pidiendo, señorías, que incumpla la ley (…). Yo no puedo librar esa documentación en esta Cámara porque la tiene el juez instructor y está bajo secreto de sumario. Yo no puedo librar esa información aquí ni en ningún sitio”, insistió.

López Jaraba comparecía ante la Cámara regional a petición de los grupos de la oposición, que le exigieron reiteradamente que explicara por qué pagó a Teconsa, según se desprende de los informes de la Brigada de Blanqueo de la Policía, 6,4 millones de euros por la retransmisión de la visita del Papa, cuando se calcula que los costes eran de la mitad de ese presupuesto. Según los datos recogidos en el sumario, cerca de un millón de euros habrían ido a parar a las empresas de Francisco Correa en forma de comisiones.

El nuevo director de Canal 9 apuntó a este respecto que la televisión autonómica “pagó a Teconsa por unos servicios y Teconsa es quien paga las comisiones, por lo tanto, quien tiene que ser investigado por estas comisiones es Teconsa”. Además, aseguró que la constructora fue la única de las siete empresas que se presentaron al concurso de adjudicación que ofrecía recoger tanto el sonido como la imagen de los actos.

Para la portavoz adjunta del PSPV en Les Corts, Carmen Ninet, el “lapsus” de López Jaraba al confirmar este proceso judicial vino a confirmar que Canal 9 es “un tentáculo importante en la trama de corrupción Gürtel”, y supone “una muestra más de las mentiras que hasta ahora ha contado el PP”.

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa ha acudido a la sede nacional del partido para comparecer ante el instructor de su expediente en el Comité de Derechos y Garantías y defender su honor y su gestión.

Fuentes del PP valenciano han informado de que ésta será la intención con la que acuda Costa ante el órgano disciplinario del PP a tenor de sus declaraciones más recientes y de sus manifestaciones en los órganos del partido en la comunidad autónoma, donde siempre ha defendido su honor y su gestión como número dos de la formación.

Sin embargo, el Comité de Derechos y Garantías de los populares no abrió expediente disciplinario a Costa por haber detectado irregularidades en su gestión como secretario territorial, sino por haber declarado que se consideraba en posesión de su cargo a pesar de que la dirección nacional le había dado por cesado.

Con todo, Costa ya ha enviado a su instructor profusa documentación sobre sus decisiones como secretario general del PP valenciano y su patrimonio personal

El presidente del PPCV y de la Generalitat, Francisco Camps, se encaró ayer en plena calle, ante la sede regional de los populares, con un joven con aspecto de alternativo que le llamó "ladrón", "corrupto" y "desgraciado", y le soltó que "no representas a nadie". "No, no, ven y cuéntamelo", repetía Camps mientras seguía al increpante durante varios metros para que éste le explicara los insultos. No lo consiguió y, finalmente, el jefe del Consell se introdujo en su coche oficial.

El incidente sucedió pasadas las 11 de la mañana. Camps, quien en contra de lo habitual acudió ayer al comité de dirección del PPCV, se encontró a la salida de la reunión con un joven que le llamó "ladrón". Entonces, el jefe del Consell se encaró con él. "¿Por qué me dices eso?", le preguntó mientras seguía por la calle al increpante, que se marchaba. "No, no, ven y cuéntamelo", le insistía el presidente. "Claro, ahí delante de Canal 9, que son los únicos a los que habláis", le respondió el joven. "No, dímelo, por favor", repetía Camps. "Toda España sabe que eres un corrupto", le soltó el joven. "¿Pero qué, qué es lo que sabe toda España?", inquiría el jefe del Consell. "No representas a nadie, ni a Valencia ni a nadie. ¡Desgraciado!", le gritó a lo lejos. "A ti, desde luego, no", replicó Camps. "¡Qué valiente!", le comentó alguien que parecía su guardaespaldas, mientras Camps añade: "¡Qué barbaridad!" "¡Sin gente no eres nadie!", aún se oyó a lo lejos.

En la rueda de prensa, el secretario general, Antonio Clemente, y el vicesecretario, José Ciscar, no pudieron sugerir ni una sola aportación desde el PPCV a las medidas contra la corrupción de Rajoy. Clemente sí que dejó claro que se oponen a que el IRPF y el patrimonio de los políticos sea público, una medida que los populares celebraron cuando los ministros difundieron el suyo. El número dos tampoco contestó a si son partidarios de que se cree un registro de regalos institucionales. Sí avanzó que espera reunirse esta semana con los barones provinciales, Ripoll (Alicante), Rus (Valencia) y Fabra (Castelló).

En la rueda de prensa se presentó un mapa de los casos de supuesta corrupción urbanística de alcaldes y concejales del PP denunciados por los socialistas y que han sido archivados. Ciscar destacó que el PPCV en la Comunitat "no tiene ningún alcalde condenado por corrupción urbanística" y lamentó que el PSPV "no puede decir lo mismo". El popular consideró que lo más prioritario es la crisis y, en ese contexto, instó a "investigar por qué los sindicatos van de la mano de Zapatero" y todavía no han hecho una huelga general cuando, si gobernara el PP, habría hecho, "no una, sino tres".

El Partido Popular ha suspendido de militancia a una "persona honrada". Es la conclusión que se puede concluir después de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, haya calificado de esta manera a Ricardo Costa en un chat en el diario ABC.

El ex secretario general del PP valenciano, no fue suspendido pues por su su relación con el caso Gürtel. Rajoy ha agradecido su trabajo al ex secretario general del PP valenciano y ha aclarado que fue suspendido por "razones puramente políticas", por "unas declaraciones hechas en público que nunca debería haber hecho".

Así ha tratado de justificar el líder de los populares el diferente trato que ha recibido Costa respecto al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.

"Yo creo que Costa es una persona honrada, y así quiero que se sepa públicamente", ha subrayado Rajoy después de aclarar que no se le ha suspendido por "nada que afecte a su honorabilidad".

Rajoy no descarta, por tanto, la vuelta de Costa, ya que asegura que tiene "una buena opinión" de su trabajo; un trabajo que el presidente Popular espera "que pueda seguir haciendo en el futuro".

Preguntado sobre si se plantea exigir la dimisión de Camps si hubiera nuevas revelaciones en Valencia sobre el 'caso Gürtel', ha recalcado que el PP siempre exige a sus dirigentes que "adecúen sus comportamentos a las leyes", aunque ha añadido que hay que ver cada caso en concreto.

Para Rajoy no hay ningún problema con la trama Gürtel en Valencia. "De momento, en Valencia no hay ni siquiera un sumario abierto ni ninguna acusación salvo las que hace el PSOE", ha apostillado, un mensaje que choca con la propuesta que realizó hace unos días de hacer un código ético contra la corrupción en el PP "más exigente que el recogido en las leyes".

La Agencia Tributaria ha destapado una sospechosa retirada de fondos en billetes de 500 euros por parte de la constructora leonesa Teconsa, imputada en el caso Gürtel, en los meses inmediatamente posteriores a la visita del Papa a Valencia, en julio de 2006.

Teconsa logró que la televisión pública valenciana le adjudicara el contrato para montar la sonorización de los actos del Papa en Valencia por 6,4 millones y subcontrató esos trabajos por 3,1 millones de euros a tres empresas especializadas en ese tipo de servicios, en los que no tenía ninguna experiencia.

El director general de la televisión autonómica era Pedro García, que dimitió hace dos meses y que mantenía estrechos vínculos con algunos de los jefes de la red corrupta, entre ellos Álvaro Pérez, El Bigotes, que según la investigación regaló trajes por valor de varios miles de euros a García. El Tribunal de Cuentas valenciano también encontró múltiples anomalías en el contrato de los 6,4 millones de euros adjudicados a Teconsa.

La constructora leonesa, según la Oficina Nacional de Investigación del Fraude, que depende de la Agencia Tributaria, retiró de sus cuentas 893.000 euros en dos operaciones registradas en octubre y diciembre de ese mismo año.

La empresa Teconsa fue al banco a retirar estas cantidades para su uso propio, por lo que la Agencia Tributaria ignora el destino final que dio a esos fondos retirados en billetes de 500 euros.

"Sería necesario investigar el destino final que se da a esos fondos", escriben los inspectores de Hacienda encargados de la investigación. "No parece razonable", agregan, "el manejo de efectivo en cantidades tan elevadas existiendo hoy en día alternativas mucho más seguras para efectuar pagos".

Un informe policial, que forma parte del sumario del caso Gürtel, sostiene que Teconsa intervino en la adjudicación del contrato millonario de la visita del Papa como una empresa pantalla de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. Y que esta red cobró, por su intermediación, al menos 900.000 euros, una cantidad similar a la que retiró Teconsa de sus cuentas en los meses inmediatamente posteriores al cobro de los servicios por la visita del Papa a Valencia.

La investigación judicial descubrió en uno de los pisos que la trama corrupta tenía en Madrid documentación oficial que acreditaba su participación en todas las gestiones de Teconsa para conseguir el contrato de 6,4 millones de euros relacionado con la visita de Benedicto XVI a Valencia.

La red corrupta guardaba documentación de la firma constructora leonesa y de las empresas a las que se subcontrató la prestación del servicio de sonorización de los actos de la visita del Papa.

Además, las intervenciones de las comunicaciones telefónicas también pudieron acreditar la estrecha relación que mantenían el jefe de la red Gürtel, Francisco Correa, y el responsable de Teconsa, José Luis Martínez Parra, una de las personas que efectuó retiradas de efectivo en billetes de 500 euros.

La investigación de las supuestas comisiones ilegales pagadas en relación con el contrato de la visita del Papa sigue abierta y se ha solicitado, tanto a Teconsa como a la televisión pública valenciana, distinta documentación para reconstruir lo ocurrido en torno al sospechoso contrato.

Los servicios prestados para la sonorización de la visita del Papa costaron 3,1 millones, pero Teconsa cobró 6,4 millones por ellos. En el camino, la red Gürtel se quedó con, al menos, 900.000 euros.

La Agencia Tributaria recibió el 13 de mayo pasado el encargo judicial de investigar si las personas implicadas en la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa aparecían en el listado de operaciones con billetes de 500 euros.

Los inspectores de Hacienda requirieron a las entidades financieras información sobre este caso y que les facilitaran la identificación "de las personas intervinientes tanto a los que aportaron billetes de 500 euros como a los que retiraron fondos".

La Agencia Tributaria sólo pidió información de aquellos días de los años 2004, 2005, 2006 y 2007 en los que se produjo un relevante movimiento de fondos. Y por relevante entendía transportes de efectivo "iguales o superiores a 600 billetes de 500 euros -300.000 euros-, y la identidad de las personas que intervinieron en operaciones a partir de 100.000 euros".

En el caso de Teconsa, una de las empresas investigadas por su vinculación con la red que dirigía Francisco Correa, la Agencia Tributaria detectó en los cuatro ejercicios analizados movimientos de grandes cantidades de dinero retiradas de las cuentas de la constructora leonesa en billetes de 500.

Cuando la Agencia Tributaria arrancó su investigación, en el sumario sólo aparecía una vinculación clara de Teconsa con la red corrupta a través del pago de una supuesta comisión ilegal de 120.000 euros por la adjudicación de la construcción de una carretera en Castilla y León. De esa investigación, la policía ha deducido que entre las personas que cobraron comisiones, además de la red corrupta de Correa, están el presidente del Parlamento castellano-leonés y ex consejero de Obras Públicas, José Luis Fernández Santiago, y el ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas.

Un informe policial de septiembre pasado precisaba que las siglas aparecidas en la caja b de la red corrupta, donde se podía leer "Toti", corresponden al apodo con el que se conoce al presidente de las Cortes de Castilla y León entre sus paisanos.

Hacienda detectó que, entre 2004 y 2007, Teconsa sacó de los bancos casi siete millones de euros en billetes de 500. De ellos, casi 900.000 euros correspondían al ejercicio de 2006, en el que, según la investigación judicial, la constructora leonesa, experta en la construcción de carreteras y edificios, había logrado un suculento contrato para sonorizar los actos de la visita del Papa.

Al final del informe de la Agencia Tributaria, remitido al Tribunal Supremo, donde se estudia la implicación del ex tesorero y senador del PP Luis Bárcenas, la Oficina Nacional de Investigación del Fraude advierte que "se ha iniciado una actuación inspectora sobre estas operaciones de movimiento de efectivo" de Teconsa.

Gürtel contra los 'pretorianos'

El PP intenta implicar en la trama de corrupción catalana al PSPV - La reacción socialista deja en evidencia la actitud de los populares

Precisamente el día antes de que Mariano Rajoy dé comienzo a una convención política en la que quiere pasar página, Francisco Camps le aguó la fiesta. El presidente de la Generalitat valenciana, cuyo estado anímico preocupa a muchos dirigentes del PP, perdió los papeles en la última sesión de control de las Cortes de este año. Camps llegó a acusar al portavoz socialista, Ángel Luna, de querer matarlo. El grosor de la acusación fue tal, que la oposición afirma ya que el presidente valenciano no está capacitado para seguir en su cargo. "A usted le encantaría coger una camioneta y venirse de madrugada a mi casa y que, por la mañana, apareciese yo boca abajo en una cuneta", soltó Camps en un estado de crispación evidente. Casi diez horas después, se disculpó.

La afirmación fue aplaudida por la gran mayoría de la bancada popular, aunque el estupor y el disgusto afloraron en el rostro de varios diputados del PP. Contrariamente a lo que es habitual, ningún parlamentario salió a despedir al presidente una vez terminada su comparecencia.

"En la anterior sesión de control le hablaba de enajenación política; tras su declaración casi tendría que plantear el adjetivo que le puse al sustantivo", replicó Luna. El portavoz socialista acusó a Camps de estar "de los nervios" tras la querella presentada por el PSPV-PSOE por supuesta financiación irregular del PP. Todo el debate quedó eclipsado por la acusación de Camps contra Luna de que, si pudiese, le daría el paseo.

La acusación abrió el debate sobre la factura que el caso Gürtel empieza a pasar al presidente valenciano y que se produce justo cuando el PP se prepara para celebrar una convención política pacífica, y cuando el foco público se centraba en el Gobierno por su gestión de la crisis por el secuestro del Alakrana.

"Camps no está capacitado para seguir como presidente", aseguró el portavoz adjunto socialista, Joaquim Puig, que tachó las afirmaciones de Camps de "propias de la mafia". "Hacen falta elecciones y que ningún implicado en el caso Gürtel sea candidato", explicó la portavoz de Compromís, Mònica Oltra. Para la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, las manifestaciones de Camps "son la muestra palpable de la pérdida de sentido común del presidente del Consell". "Ha sido un espectáculo vergonzoso que demuestra que Camps está incapacitado", dijo.

Casi diez horas después, el presidente rectificó: "Me gustaría pedir disculpas si he herido la sensibilidad de alguien, que entiendo que pueda ser así, por la frase que esta mañana, en el calor del debate parlamentario, pueda haber dicho. De igual manera, me encantaría que los socialistas pidiesen perdón públicamente por la cantidad de insultos y de infamias que me han proferido a mi persona".

- 8 de julio, en un acto público. "Quedan uno o dos escaloncitos y esta cuestión absurda [el caso Gürtel] será pasado". "La fuerza de la democracia (...) se llevará por delante esta cuestión".

- 5 de octubre, a los periodistas. "Nos apoyamos todos, que eso es lo importante, ¿no? Estamos todos contentísimos. Fraga es muy feliz. Nos apoyamos todos. Eso es muy bonito".

- 22 de octubre. Cortes valencianas. "Los socialistas dejarán el Gobierno por dos G: GAL y Gürtel. Este caso les arrastrará".

- 3 de noviembre. Comité Ejecutivo Nacional del PP. "Cuando estaba mal y sufría, pensaba en ti y me animaba. Mariano, eres mi escudo".

- 12 de noviembre. Cortes valencianas. "A usted le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta".

"Me gustaría pedir disculpas si he herido la sensibilidad de alguien, que entiendo que pueda ser así, por la frase que esta mañana , en el calor del debate parlamentario, pueda haber dicho". El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pidió esta tarde "disculpas" por las declaraciones realizadas en la sesión de control en las Corts Valencianes, en la que estimó que al portavoz del PSPV, Angel Luna, "le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y, a la mañana siguiente, aparecer yo boca abajo en una cuneta". Unas declaraciones que indignaron a los socialistas.

Pero pidió disculpas de una manera un tanto sui generis: "De igual manera, me encantaría que los socialistas pidiesen perdón públicamente por la cantidad de insultos y de infamias que me han proferido a mi persona y al PP durante estos meses", agregó el jefe del Consell, quien destacó que "el debate político tiene que enmarcarse en el entorno que corresponde".

Camps se pronunció así en declaraciones a los medios de comunicación antes de participar en la gala 'Valencianos en la Onda', tras ser preguntado por las afirmaciones hacia el portavozdel PSPV con las finalizó su exposición en la sesión de control celebrada en las Corts, en la que criticó la querella que los socialistas valencianos han presentado por financiación ilegal y otros seis delitos a raíz del caso Gürtel contra 17 personas, entre ellas el propio jefe del Consell, altos cargos 'populares' y varias empresas.

"A mí no me duelen prendas en absoluto por pedir las disculpas que correspondan, creo que todo el mundo que me conoce sabe perfectmente que he oído las cosas más duras durante estos meses y he estado siempre callado y en donde me corresponde", continuó.

Camps insistió, no obstante, en que le "gustaría" que "los socialistas, los de la Comunitat Valenciana y los de España, que tantas cosas han dicho de mi y de mi partido durante estos meses, apuntó, hiciesen exactamente lo mismo y que, a partir de ahora, comenzásemos una época y una etapa completamente diferente". "Creo que seria muy bueno para todos", sentenció.

Por último, el presidente de la Generalitat indicó que, en su opinión, "es bueno reconocer en ciertas circunstancias qué es lo que puede haber ocurrido, y también es bueno pedir que los demás estén a la altura de las circunstancias y sepan también pedir perdón y pedir disculpas", concluyó.

Las palabras de Francisco Camps tronaron ayer entre las filas conservadoras. A sus compañeros de partido les sorprendió la reacción del presidente de la Generalitat valenciana, quien acusó al portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, de desear su muerte .

En estos últimos meses, algunos habían visto a Camps ya tremendamente afectado por el caso Gürtel. Pero lo de ayer fue, según dirigentes del PP, algo "desmedido". Muchos se confesaron "muy preocupados" por su estabilidad emocional.

En el partido admiten que está "mal" y creen que todo lo que ha ocurrido le está pasando "una importante factura". Hay quien cree que no supo encarar desde el principio el tema de los trajes, otros le reprochan que no pusiera distancia con su "amiguito del alma" Álvaro Pérez, El Bigotes, y algunos piensan que ha quedado "irremediablemente tocado" al mentir a la dirección nacional sobre la destitución de su mano derecha, Ricardo Costa. Para la mayoría, esta combinación de elementos agitados en la coctelera del PP valenciano tenía que acabar explotando inevitablemente.

Varios diputados conservadores se mostraron ayer "estupefactos". Opinan que Camps "perdió los nervios" y que tendría que haber pedido disculpas de inmediato. Algo que hizo, finalmente, a última hora de la tarde. Rajoy no se pronunció sobre este asunto. Y, en esta ocasión, su silencio valía más que mil palabras porque siempre que Camps se ha tambaleado, él se ha lanzado al rescate. Esta vez le dejó solo. En el PP piensan que la relación entre ambos se ha deteriorado bastante.

El líder del PP, que acudió a un acto con agricultores en Ciudad Real, prefirió centrarse en otros temas. Así, anunció que propondrá a Zapatero un acuerdo para defender el "campo español" en la Unión Europea. Y prometió que si llega al Gobierno, reactivará el Plan Hidrológico Nacional.

Los colaboradores de Rajoy afirmaban ayer que este no le había dado instrucciones a Camps para que rectificara y que si lo había hecho, era porque habría "reflexionado" y visto que se había "equivocado". Algunos de los que rodean a Rajoy opinan que el político valenciano está "fuera de la realidad" desde hace tiempo.

Pero también hubo quien quiso socorrer a Camps. "La presión está siendo muy fuerte y nos están insultando todos los días", explicaban ayer desde el PP valenciano. Desde su círculo insisten en que llevan meses "aguantando frases muy duras" y recuerdan que a Camps le recitaron en el Parlamento autonómico el artículo del Código Civil que habla sobre "la incapacidad".

También denuncian que, en una comisión, la diputada de Compromís, Mónica Oltra, llamó "asesinos y torturadores" a los antepadados del PP, y que la misma parlamentaria se presentó con una camiseta con la cara de Camps estampada bajo el lema "Se busca. Sólo vivo".

"No está loco dice la gente de Camps. Es que le están machacando continuamente, todo el día pidiendo su cabeza". Y aseguran que en la Comunidad Valenciana es imposible hablar de otra cosa que no sea la trama corrupta de Francisco Correa y El Bigotes.

La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, ha dicho hoy que la "metáfora" que ayer usó el presidente valenciano, Francisco Camps, en la sesión de control en Les Corts "no es en absoluto afortunada", pero ha destacado sus disculpas al ver que se había "equivocado".

En una entrevista en TV3 recogida por Efe, la dirigente del PP se ha referido así a la respuesta de Camps al portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, al que dijo que "le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta".

Preguntada por si Camps había usado un símil propio de la Guerra Civil, ha comentado que la frase no tenía "nada que ver" con eso y que la "intención" de Camps no era "ofender, sino defenderse".

Ha añadido que horas más tarde pidió perdón, un gesto que "por desgracia no es frecuente" en un presidente autonómico, ha destacado.

Asimismo, la dirigente del PP ha lamentado que los socialistas valencianos no adopten un tono "constructivo", y ha afirmado: "Más vale que se dedicaran a apoyar y echar un mano ante la crisis".

A preguntas sobre los últimos conflictos internos en el PP, Sáenz de Santamaría ha asegurado que "todo el mundo" debería hacer "un ejercicio de responsabilidad".

Ha asegurado que los dirigentes de su partido son "referente fundamental" para millones de españoles, y ha defendido "poner los intereses de la gente por encima" de los personales.

Respecto a las informaciones periodísticas que aseguran que la mayoría de miembros del Constitucional no avalan cuestiones clave del Estatut, la dirigente ha evitado entrar en valoraciones, y ha confiado en que la sentencia llegue "cuanto antes", según ha asegurado en declaraciones a Rac-1 recogidas por Efe.

Sáenz de Santamaría ha vuelto a justificar el recurso del PP al Estatut, ha alertado del "peligro de deslegitimar las instituciones" y se ha preguntado por qué el presidente catalán, José Montilla, no pide explicaciones a los presidentes de Aragón y Baleares por sus respectivos recursos al texto.

EL PP DISUADE A COSTA DE IR A LA CONVENCIÓN DE RAJOY Y EL DIPUTADO ´PLANTA´ A CAMPS

El ex número dos del PPCV Ricardo Costa no asistió ayer al pleno en el que Camps debía someterse a la sesión de control. En el pleno anterior, el 30 de octubre, el ex secretario general y ex portavoz popular aprovechó para acercarse a saludar a Camps, quien no le secundó en el intento de abrazo. Ayer, fuentes del entorno apuntaban que el diputado estaba enfermo. Sin embargo, el miércoles sí asistió a la sesión con normalidad. Otras fuentes aseguraban que su ausencia fue su forma de expresar su malestar con el presidente.

A esto se añade que el partido lo ha disuadido de asistir a la convención de este fin de semana en Barcelona, con la presencia de Mariano Rajoy. El popular tenía intención de ir pero le han recordado que está suspendido de militancia. Su presencia le crearía un problema a Rajoy.

Ricardo Costa sigue esperando a que el Comité de Derechos y Garantías lo cite a comparecer para defenderse. Su entorno espera que lo llamen la próxima semana. Sin embargo, el comité que preside Alfonso Fernández Mañueco, según fuentes, no tiene interés en darle audiencia. Es más, indicaron que sería suficiente con enviarle un pliego de cargos para que presente alegaciones. También dejaron claro que la documentación sobre su patrimonio que ha remitido "no tiene nada que ver" con el expediente, que es por el desafío a Génova que supuso la rueda de prensa. Ayer, en su primera pregunta a Camps como portavoz del PP, el conseller Rafael Blasco aprovechó para hacer un reconocimiento a los síndicos que le han precedido, entre ellos, a Costa. También tendió la mano al PSPV para llegar a acuerdos.

La corrupción, o mejor dicho, la negativa cerrada a asumir cualquier responsabilidad por ella, ha llevado a una auténtica apertura de hostilidades en las Cortes Valencianas. La última sesión de control parlamentario de 2009 al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se convirtió ayer en una guerra a muerte.

El propio presidente se vio sobrepasado por la tensión de la exigencia de explicaciones por los escándalos relacionados con el caso Gürtel que le implican personalmente y que reiteraron todos los grupos de la oposición. Y convirtió en una barbaridad dialéctica, con la acusación al portavoz socialista, Ángel Luna, de desear matarlo, la táctica del PP de negar la existencia misma de corrupción alguna y contraatacar a los socialistas con dureza.

Si hace unos días el presidente de la Diputación de Valencia y del PP provincial, Alfonso Rus, dejó clara la consigna cuando exclamó "¡A por ellos!", a lo que Luna respondió que, pese a no ser muy alto, hace tiempo que no teme a los "matones de discoteca", ayer el flamante portavoz parlamentario del PP, a la par que consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, se vio en la tesitura de defender ante los micrófonos de la SER que la grave acusación de Camps en el pleno -por la que horas después el presidente se disculpó- es "la respuesta adecuada al nivel de crispación, de tensión y de ofensas a una persona honesta como el presidente Camps y a un gobierno honesto y transparente".

Blasco reiteró el argumento de que no hay pruebas "sustanciadas en clave judicial" y el portavoz socialista, también ante los mismos micrófonos, explicó que la opacidad del Consell les ha llevado a recurrir a los juzgados, con una querella basada en la investigación de la Brigada Policial de Blanqueo de Capitales. "Camps está literalmente de los nervios", dijo Luna, "por no aceptar la realidad de que ha tenido relaciones muy estrechas con una trama de corrupción que no puede explicar", una trama que ha hecho desaparecer "mucho dinero de todos los valencianos".

Pero si Blasco se empeñó ayer en mantener una apariencia de normalidad en la radio en las relaciones entre el Consell y la oposición, en las Cortes Valencianas el PP y la oposición han roto todos los puentes.Camps se negó ayer a reconocer la legitimidad de los portavoces de la oposición. El presidente pidió explicaciones al socialista Ángel Luna y a la portavoz de Compromís, Mònica Oltra, por ocupar sus respectivas portavocías sin haber sido candidatos a la Presidencia de la Generalitat. Un argumento que causó estupor, incluso, en las filas del PP, que en lo que va de legislatura ya ha tenido tres portavoces parlamentarios distintos.

Luna echó por tierra todos los cambios realizados por Camps en la cúpula del PP y en el grupo parlamentario popular. "Es un movimiento defensivo. Su único proyecto político es resistir", dijo el portavoz socialista, que preguntó a Camps si sigue sólo por la prerrogativa de ser juzgado por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en vez de por un juzgado ordinario.

"Cuando se esconde tras una querella [presentada por el PSPV por supuesta financiación ilegal del PP] y el insulto, es que no tiene nada que decir a los ciudadanos", replicó Camps, que llegó a acusar al portavoz socialista de poner en peligro los 10.000 puestos de trabajo de las empresas que han sido denunciadas por haber financiado, supuestamente, de manera ilegal a los populares. Luna, lejos de perder la compostura tras ser acusado por Camps de querer matarlo, utilizó las repreguntas para mantener sus acusaciones de opacidad y corrupción.

El presidente valenciano, visiblemente nervioso, asumió personalmente todas las réplicas para negar todas las acusaciones socialistas (aunque a primera hora de la noche pidió disculpas por acusar a Luna de desear su muerte). Mònica Oltra tampoco contribuyó a serenar el ánimo de Camps. "¿Si no tiene nada que ocultar por qué han destituido Costa?", dijo la portavoz de Compromís. Oltra acusó al presidente de llevar la política al ridículo. "Gürtel lo representa usted por mucho que cambie las sillas en el PP", sentenció.

Para Camps, el caso Gürtel es "un hilo abierto, no se sabe bien por quién" para que los populares pierdan el Gobierno. El presidente insistió en que no hay ningún imputado valenciano, ninguna irregularidad detectada y que las encuestas les dan mayoría.

La querella presentada por el PSPV ha sacado de sus casillas a los populares valencianos, quienes han visto como una vez más el caso Gürtel hace saltar por los aires su hoja de ruta. En esta ocasión, sin embargo, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no piensa quedarse esperando a que la tormenta escampe y ha ordenado a los suyos guerra total contra los socialistas. En concreto, el líder de los populares valencianos ha pedido al partido y al Consell que endurezcan su discurso contra el PSPV y saquen a la luz los supuestos trapos sucios de los socialistas en los ayuntamientos donde gobiernan.

El contraataque se hará en todos los frentes: Corts, Consell y, sobre todo, en el partido. Para coordinar la estrategia,el presidente Camps mantuvo la misma tarde del lunes una reunión con sus primeros espadas en los tres ámbitos. En concreto, recibieron instrucciones el portavoz del grupo popular en las Corts, Rafael Blasco; el vicepresidente primero, Vicente Rambla, y el secretario general del PPCV, Antonio Clemente. Los tres, y cada uno en su terreno, tienen el mandato directo del jefe del Consell de tratar de mantener a raya a los socialistas en su estrategia de deteriorar al PP a cuenta del caso Gürtel.

Así las cosas, el PPCV convocó ayer una rueda de prensa para seguir arrojando dudas sobre la contratación en el Ayuntamiento de Gandia con la empresa Proinosa, implicada en el caso Pretoria que ha destapado la corrupción urbanística en varios municipios de Cataluña. El portavoz del PP en Gandia, Arturo Torró, compareció junto con Antonio Clemente, el secretario provincial de Valencia, Vicente Betoret, y el secretario de Economía del PPCV, José Marí. Torró no aportó datos nuevos sobre los ya ofrecidos el día anterior, pero sí expresó sus sospechas de que este asunto sea "una forma de financiación ilegal del PSPV".

En su intervención, Clemente dejó claro que los populares guardan más munición contra los socialistas y que esta se hará llegar por entregas. Así, envió una "cariñosa advertencia" al PSPV al asegurar que lo de Gandia "no es más que la punta del iceberg". Dijo tener "información de que hay muchos más presuntos casos de corrupción en ayuntamientos importantes gobernados por el PSPV de Alicante y Valencia que pone en tela de juicio la honradez de muchos representantes socialistas". El dirigente popular, sin embargo, no entró en detalles e indicó que la información se daría "conforme se fuera asimilando". Los populares han puesto a trabajar a sus representantes en los Ayuntamientos para sacar a la luz todas aquellas contrataciones que puedan resultar sospechosas al margen de la consistencia de las denuncias.

De momento, el PP, a pesar de las acusaciones, no tiene previsto ir a los tribunales. Según Clemente prefieren "no tirarse a la piscina" y, a diferencia del PSPV, actuar "con seriedad y criterio". Eso sí, los populares anunciaron medidas jurídicas en el caso de que se desprenda de la querella socialista elementos constitutivos del delito de "acusación o denuncia falsa". Según Marí, el documento jurídico está plagado de inconsistencias.

Además de poner en marcha el ventilador, Clemente endureció las críticas hacia líder del PSPV, Jorge Alarte, al que acusó de "cobardía política" por no firmar la querella, al tiempo que denunció que el PSPV "ha dado un salto cualitativo muy peligroso" al incluir a cinco empresas respetables. Y advirtió medidas contundentes en el terreno jurídico y político para defender el honor del presidente. A lo largo del día se sucedieron los comunicados en contra del PSPV.

Aunque Clemente no lo dijo abiertamente, los populares dan prácticamente por rotas sus relaciones con el PSPV: el rodillo en la elección de los representantes de las cajas y el aplazamiento hasta febrero de la elección de Leire Pajín son las consecuencias a corto plazo de la ofensiva judicial de los socialistas.

El PP valenciano se financió con donaciones procedentes de empresas beneficiadas por la Generalitat en los procesos de adjudicación de contratos públicos. Francisco Camps, presidente de la Generalitat, estaba al corriente de todo. Éste es el núcleo argumental de la querella presentada ayer por los socialistas valencianos contra el propio Camps, cinco altos cargos del Gobierno y del PP valenciano, cinco de los cabecillas de la trama Gürtel, con Francisco Correa al frente, y cinco constructores locales.

Los socialistas les acusan de los posibles delitos de cohecho, malversación, prevaricación, falsedad documental, delito tributario, alteración contable y financiación irregular.

La querella también se dirige contra el ex director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García por propiciar un pelotazo millonario a Correa con motivo de las adjudicaciones para retransmitir los actos de la visita del Papa a Valencia en 2006. Canal 9 adjudicó por 6,4 millones de euros la sonorización el acto a Teconsa, una empresa pantalla de la trama. Correa recibió una comisión de 957.300 euros, según la investigación policial en la que se basa la querella.

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) será la encargada de decidir si esa querella se convierte en una investigación judicial. La sala que debe determinarlo está presidida por Juan Luis de la Rúa, magistrado a quien públicamente Francisco Camps señaló como un "más que amigo". De la Rúa archivó la causa abierta contra Camps por el escándalo de los trajes y rechazó investigar el informe policial que recoge indicios de una supuesta financiación irregular del PP valenciano.

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas y uno de los cuatro firmantes de la querella, Ángel Luna, explicó ayer que la investigación que instan "permitirá demostrar la estrecha vinculación de la cúpula del Consell y del PP con una gigantesca trama de corrupción internacional". Según su relato de los hechos, Camps estaba al corriente de los hechos y es el responsable "a quien se acude en última instancia para resolver los problemas derivados de las deudas, los pagos o los cobros".

El ya ex secretario general del PP, Ricardo Costa, era "responsable de canalizar los pagos en B a Orange Market, SL", y el vicepresidente del Consell, Vicente Rambla, "tendría como función controlar las adjudicaciones de la Administración pública valenciana a las empresas del grupo Francisco Correa, entre las que está Orange Market, así como la financiación de empresarios".

Según la querella, que se apoya en el informe de la Unidad contra el Blanqueo de Dinero (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, las constructoras se hacían cargo de facturas que Orange Market giraba por actos del PP valenciano. La investigación señala a Facsa, Lubasa, Enrique Ortiz e Hijos, Sedesa -vinculada a la familia del vicepresidente del Consell, Juan Cotino- y al Grupo Piaf.

La facturación de Orange Market al PP se realizó bajo una doble facturación, una real identificada como Alicante y otra opaca bajo la denominación Barcelona (inicial de b). Según la querella, la operativa seguida consistía en que una factura emitida por el PP valenciano la transformaban, por ejemplo, en otra emitida a la sociedad Enrique Ortiz e Hijos. Esta mercantil sería la que pagaba realmente el acto del partido. O bien, se giraba una factura al PP de Castellón, luego se cambiaba por otra emitida a Facsa y ésta efectuaba el desembolso del evento del partido.

En el documento se hace referencia a que en el anexo 1 del informe de la UDEF se da cuenta de un correo electrónico enviado desde Orange Market en el que hay una petición de cambio de cliente, del PP a Enrique Ortiz e Hijos. Y corroborándolo aparecen facturas emitidas por Orange Market en las que inicialmente estaba como cliente el PP, que se cambian por el citado empresario.

Las empresas denunciadas "han sido adjudicatarias de contratos por la administración pública valenciana en compensación de los favores realizados para la formación política del PP, sufragando actos políticos", sostiene la querella. Estas empresas han sido beneficiarias de contratos públicos por parte de la Generalitat de alrededor de 1.000 millones.

La investigación no está cerrada. Ángel Luna advirtió de que existe documentación que no ha sido analizada "por tanto, no es descabellado pensar que asistiremos a la descripción de más hechos delictivos".

La patronal autonómica Cierval salió por la tarde en defensa de la honorabilidad de los empresarios valencianos. A este respecto, Ángel Luna reconoció que pudieron ejercerse presiones sobre los empresarios, pero agregó que "también hay que saber soportarlas". El vicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, retó a los socialistas a que "citen con pruebas una sola adjudicación irregular de la Generalitat".

Después de la respuesta ofrecida por Mariano Rajoy en el Comité Ejecutivo, la dirección nacional del PP está convencida de que la estrategia política sobre el caso Gürtel está reenfocada con claridad. Sin embargo, todos los dirigentes de la calle Génova consultados admiten que lo que más les preocupa ahora no es la política, sino la justicia.

El entorno de Rajoy, explican estos dirigentes, está especialmente preocupado por Francisco Camps. Creen que su agonía, o al menos su personal vía crucis político, aún está muy lejos de acabar. Lo que más inquieta en este momento es el Tribunal Supremo, ante el cual está recurrida por la fiscalía la decisión del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana -por dos votos a uno- de absolver a Camps en el caso de los trajes.

En Génova dan por hecho que el Supremo admitirá a trámite en las próximas semanas el recurso. La decisión final del tribunal se espera para después de Navidades, aunque nadie lo tiene del todo claro.

En cualquier caso, todos los dirigentes consultados asumen que si el Supremo le diera la razón a la fiscalía y aceptara el recurso, Camps, al que todos ven ya muy tocado, estaría acabado. Aún así, Rajoy sigue defendiéndolo incluso en privado.

El otro frente que ahora se abre, y que también ha centrado las conversaciones internas de las últimas semanas, es el de la posible financiación irregular del PP valenciano, que también implica a Camps, amigo muy cercano del cabecilla de la red en Valencia, Álvaro Pérez. Muchos dirigentes temen en privado que el caso siga adelante y sea admitido a trámite por el mismo tribunal que absolvió a Camps por los trajes. Las pruebas acumuladas, admiten, hacen muy difícil que se rechace estudiarlo.

Algunos dirigentes se quedaron ayer sorprendidos al comprobar que, cuando el juez José Flors le preguntó en mayo qué le debía Álvaro Pérez, Camps contestara "todos los valencianos me deben mucho". Muy pocas personas conocían el contenido exacto de la declaración judicial de Camps, que se ha mantenido en secreto, y algunos se sorprendieron ayer de que no hubiera preparado una respuesta más convincente.

El otro frente abierto está en Madrid. Casi 33.000 de los 50.000 folios del sumario principal del caso Gürtel siguen declarados secretos. Los populares temen que en cualquier momento se hagan públicos y eso afecte a más dirigentes. Algunos incluso señalan en privado el temor de que se haga en estos días, lo que destrozaría la convención política programada este fin de semana en Barcelona, con la que Rajoy pretende relanzar su alternativa. Hay muchos dirigentes preocupados por lo que pueda aparecer en la parte del sumario relativa a Pasadena Viajes, la agencia de Francisco Correa, que hizo los viajes oficiales del partido en los noventa y también los viajes privados de los principales dirigentes de la época.

José María Aznar, presidente de honor del PP, que era el jefe del partido cuando Correa hacía todo en la calle Génova, ha evitado hasta ahora darse por aludido. Ayer, al hacerse cargo de la cátedra de Ética Política en la Universidad Católica de Murcia, sentenció: "Se debe exigir que quienes ocupan cargos de responsabilidad acrediten algo más que su presunción de inocencia". "Es esencial que los partidos pongan el máximo celo en detectar" a los corruptos, sentenció. Pero ni una mención expresa a Correa, padrino en la boda de su hija.

- Tribunal Supremo. Decidirá en las próximas semanas sobre el recurso del fiscal contra el archivo del caso de los trajes de Camps.

- Superior de Valencia. Debe tramitar la denuncia de los socialistas sobre posible financiación ilegal del PP.

- Superior de Madrid. Buena parte del sumario aún está declarada secreta. El juez Pedreira puede abrirla en cualquier momento.

AUTO TSJCV 15.02.10 : " Hechos de posible significación delictiva "
QUERELLA PSPV-PSOE CONTRA CAMPS Y OTROS. FINANCIACIÓN PP .09.11.09
DECLARACIÓN MARIANO RAJOY SOBRE CASO GÜRTEL. 15.10.09
COMUNICADO PP ACLARANDO SU POSICIÓN AL COMUNICADO DE RIC.13.10.09
COMUNICADO DE RIC COSTA CLIMENT ACLARANDO SU POSICIÓN CASO GURTEL.13.10.09
RECURSO CASACIÓN DEL PSOE AL TRIBUNAL SUPREMO ARCHIVO TSJCV. 24.09.09
LAS 16 PRUEBAS DEL DELITO
RECURSO DE CASACIÓN DE LA FISCALÍA AL TRIBUNAL SUPREMO ARCHIVO TSJCV. 29.09.09
EXTRACTO DE CONVERSACIONES GENOVESAS EN LA INTIMIDAD. OCTUBRE 2009
AUTO AMIGO DEL TSJCV SOBRE INFORME POLICÍA Y LA FINANCIACIÓN DEL PP.22.09.09
45 CONTRATOS ADJUDICADOS A LA TRAMA EN CUESTIÓN
AUTO ARCHIVO DE LOS JUECES AMIGOS DE ALMA Y TOGA.01.08.09
RECURSO DEL PIADOSO DE CAMPS. 13.07.09
AUTO DE LA SALA DE LO PENAL. TSJCV. CAMPS AL BANQUILLO. 06.07.09
EL ESPEJO ROTO DE CAMPS. EL PAÍS. 12.07.09

Los socialistas se apoyan en el auto del TSJ para acusar en el 'caso Gürtel'

Retiran una exposición fotográfica en Valencia ante la "censura política"

El TSJ de Valencia ve indicios de delito en la financiación del PP y dice que se investigue en Madrid

El tribunal se declara no competente para analizar la querella de los socialistas contra Camps y otras 16 personas por el 'caso Gürtel'

Auto del TSJV en el que se declara no competente para analizar la querella de los socialistas contra Camps

DOCUMENTO (PDF - 865,45Kb) - 15-02-2010

Los socialistas alegan que hay pruebas para investigar a Camps

El fiscal pide al Tribunal Superior valenciano que se declare incompetente

Pedreira no pedirá por ahora las cuentas del PP valenciano

Avanzar en la investigación

Querella del PSOE

La fiscalía pide al juez del 'caso Gürtel' que reclame las cuentas del PP de Valencia

Anticorrupción recurre al tribunal madrileño para reactivar la investigación sobre la supuesta financiación ilegal del partido, destapada por la policía

El 'caso Gürtel'

Los jueces no se han pronunciado aún sobre la querella del PSPV

Los socialistas denunciaron al PP hace ya dos meses

www.elpais.es 08.01.10

Pons: "Costa es un político con mucha valía y gran futuro"

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