CASO GÜRTEL  : BÁRCENAS & CAMPS

 QUIEN ES QUIEN

MARIANO RAJOY. Presidente del PP. Según ha declarado "No tengo claro que conozca a Correa" aunque no está seguro, "es probable" que le conociera y haya saludado durante la época en la que Correa trabajó para el PP nacional. Sin embargo conviene recordar que cuando Rajoy fue director de la campaña de Aznar para las generales de 1996 y para las de 2000, mantuvo reuniones habituales con el hoy detenido. Además hay quien resalta que en la etapa anterior a esas dos convocatorias electorales, Rajoy era vicesecretario de Organización, el área a la que justamente corresponde la preparación de actos y eventos.  La portavoz oficial del líder del PP, Carmen Martínez Castro, reconoció recientemente que Correa intentó chantajear en 2003 a Rajoy con una grabación en la que, durante una convención, se le escuchaba decir sobre Manuel Fraga "el viejo está gagá". Sobre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps Rajoy ha defendido que es "inaceptable" lo que se ha hecho con él: "Me ha dicho que las acusaciones son falsas y yo le creo". 

FRANCISCO ÁLVAREZ CASCOS. Ex Secretario General del PP. Ex Ministro de Fomento. Durante su mandato y a través de AENA (Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea) se adjudico entre 2000 y 2004 cerca de cinco millones de euros en contratos a diversas empresas de la red que investiga Garzón. Siempre se trataba del mismo tipo de trabajo: la organización, montaje y desmontaje de puestos en distintas ferias de turismo en España y Europa.

Luis Bárcenas GUTIÉRREZ. Es senador por Cantabria y desde el 2008 era tesorero nacional del PP.  52 años. Dimite del cargo en Julio 2009. El 5 de Agosto el Tribunal Supremo solicita al Senado el suplicatorio para poder proceder contra el senador por los delitos de cohecho y fraude fiscal. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ha hallado indicios sólidos de delito fiscal tras un informe de la Agencia Tributaria .Es la persona que más tiempo lleva trabajando en la sede de Génova primero como gerente y, desde el pasado junio, como tesorero nacional. Llegó a la Alianza Popular de Manuel Fraga de la mano de Ángel Sanchís y trabajó con el entonces tesorero Rosendo Naseiro. Bárcenas sobrevivió a ambos cuando estalló el llamado caso Naseiro en 1990 y a los dos sólo les libró del banquillo la anulación de las cintas que originaron la investigación. De hecho, en las cintas anuladas Bárcenas era mencionado de forma colateral por algunos de los implicados en el escándalo, que estalló nada más llegar José María Aznar a la dirección del partido. Bárcenas ha trabajado de forma directa con los diferentes secretarios generales del partido, desde Jorge Verstrynge y Alberto Ruiz-Gallardón hasta Francisco Álvarez-Cascos, Ángel Acebes, Javier Arenas y Dolores de Cospedal. Con Arenas mantiene una estrecha amistad. Con Rajoy trabajó directamente cuando éste era vicesecretario, y en las campañas electorales que ha dirigido. Su tarea consiste, precisamente, en controlar hasta el último euro con el que se financia el PP. En esa labor tuvo relación estrecha con Francisco Correa, imputado como presunto jefe de la trama. En el Congreso del partido de 2004, Rajoy intentó ascenderle de gerente a tesorero, pero Álvaro Lapuerta se resistió. De hecho, unos meses antes Rajoy se había encargado de incluirle en las listas para protegerle como aforado. Pese a ser de Huelva, le incluyó por Cantabria al Senado, la única circunscripción en la que había hueco. Aparece en algunas grabaciones realizadas al principal implicado en la trama de corrupción, Francisco Correa, en diciembre de 2007, se escucha a éste decir en relación con el entonces gerente y hoy tesorero del PP: "A Bárcenas yo le he llevado, yo, vamos a sumarlo, 1.000 millones de pesetas, yo Paco Correa, a Génova y a su casa".Bárcenas tachó en su momento esa afirmación de "absolutamente falsa y calumniosa".  Transcripción cinta : :

Interlocutor: Hemos hablado muy poco, no, no de verdad.
Correa: Yo te he dicho a ti y a Juanjo el dinero que yo le he dado a Bárcenas 20 veces".
Interlocutor: Te digo yo que no, te prometo yo que no Paco, que tengo buena memoria para esas cosas. De Bárcenas hemos hablado muy poco.
Correa: Yo a Bárcenas le he llevado, yo he hecho con él un día...vamos a sumar, 1.000 millones de pesetas. Yo, Paco Correa, le he llevado a Génova y a su casa.
Interlocutor: ¿En gastos?
Correa: Gastos... En obras, en obras, éste no se andaba con pollas. Yo a ti te lo comento, yo acaso... Líquidos, yo sé cómo lo tiene, yo sé como lo saca de España... [Ruido de fondo] En paraísos fiscales.
Interlocutor: Qué cabrón, es por lo que te tienen tanto miedo, tío. Lo sabes todo. Los tienes pillados a todos.
Correa: Ya, pero yo no voy a cantar, ya lo sabes.
Interlocutor: Ya lo sé.

El 29 de Julio presenta su dimisión como Tesorero. Deja sus responsabilidades "por lealtad" al partido y a su líder, Mariano Rajoy, y de común acuerdo con él.  Días después la Sala Segunda ha acordado solicitar al Senado autorización para dirigir contra el procedimiento penal abierto en el alto tribunal por delitos de cohecho (soborno) y contra la Hacienda pública. 

Rosalía Iglesias Villar, esposa de Luis Bárcenas,aparece en documentos vinculados a la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que fueron incautados por orden judicial en bufetes de abogados. Iglesias Villar, según esos documentos, participó como inversora en la sociedad inmobiliaria Proyecto Twain Jones para construir 16 viviendas de lujo en la localidad de Majadahonda (Madrid).Iglesias Villar, sin ingresos conocidos, según los informes de la Agencia Tributaria, está imputada en el caso Gürtel debido a que no ha podido justificar el millón de euros que poseía en una cuenta de Caja Madrid.

JESÚS MERINO : Ex vicepresidente, con Juan José Lucas al frente, de la Junta de Castilla y León  y ahora diputado nacional por Segovia y ex miembro de la dirección del grupo parlamentario; El 5 de Agosto el Tribunal Supremo solicita al Congreso el suplicatorio para poder proceder contra el diputado por los delitos de cohecho y fraude fiscal. La Fiscalía Anticorrupción ha hallado indicios sólidos de delito fiscal tras un informe de la Agencia Tributaria .En los documentos requisados a la trama corrupta figura al menos un pago de 50.000 euros asignado a "Jesús Merino" y otras entregas de dinero que suman 170.000 euros a "J. M.", siglas que, según la investigación policial, corresponderían al mismo parlamentario popular. Merino es un veterano dirigente muy conocido en la sede central del PP, en la calle Génova de Madrid. Unos años después de abandonar la vicepresidencia de la Junta de Castilla y León, en 2002 fue nombrado -en la época de Javier Arenas como secretario general- responsable de Política Autonómica del PP. En aquellos años, en la dirección del partido coincidieron algunas de las personas implicadas ahora en el caso Gürtel: Francisco Camps era secretario de Estudios y Programas; y Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo (Madrid) era, como secretario de Política Electoral, el responsable de la organización de los actos del partido y el que tenía mayor vinculación personal con Correa, cabecilla de la trama.. 

Gerardo Galeote. Eurodiputado .Según Garzón, habría recibido de la red dirigida por Francisco Correa tres coches de lujo “bien directamente, o bien a través de su esposa, Lourdes Semprún”. Así consta en el auto que el magistrado remitió al Tribunal Superior de Madrid (TSJM), un escrito que precisa las fechas y calidad de los regalos: un Mercedes Benz -en 2000- y dos Land Rover -entre 2004 y 2005-. Según Garzón, Galeote habría percibido 652.310 de la red, y podría haber cometido delitos contra la Administración Pública, de asociación ilícita, cohecho y blanqueo de dinero.  

ANA MATO. Vicesecretaria de Organización y Electoral del PP. Diputada. Cuando Francisco Correa regaló en diciembre de 1999 un Jaguar a Jesús Sepúlveda cuando éste era senador del PP por Murcia, se encontraba casado con Ana Mato y era un hombre de confianza del entonces presidente, José María Aznar, hasta el punto de que era secretario nacional del Área Electoral. Sepúlveda, junto a su ex mujer, se marchó a Valladolid en 1987, cuando José María Aznar y el PP ganaron las elecciones en Castilla y León. El ejerció como gerente del partido en esa comunidad autónoma y ella se convirtió en la jefa de Gabinete del presidente de la Junta. Sobre el Jaguar Mato ha respondido con un “no me consta nada” y que será él quien “dará las explicaciones pertinentes”.

ÁLVARO DE LA CRUZ. Ex jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos y ex Secretario general de la FEMP. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) adjudicó a la empresa Special Events, pieza clave de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa, la celebración de sus asambleas generales de 1999 y 2003 por un monto total de más de 800.000 euros. Por su parte, la caja B de Correa apunta un pago de 30.000 euros que está siendo investigado. Álvaro de la Cruz se dedica al mundo de la Seguridad con su empresa Serygur. De la Cruz reconoció en enero pasado al diario El Mundo que Luis Bárcenas, tesorero del PP y presuntamente implicado en el caso de corrupción -recibió 1,3 millones de la red, según un auto del juez Baltasar Garzón-, intermedió a su favor ante la Comunidad de Madrid en varios concursos de seguridad. "Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur. Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar a Alfredo Prada [entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid]. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad", declaró entonces De la Cruz. Su empresa consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros. Sin embargo, el contrato que generó más polémica interna fue el de la seguridad de la sede del Gobierno autonómico en la Puerta del Sol. Al llegar el equipo de Esperanza Aguirre, que sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón, la empresa de De la Cruz temió perder el contrato, que debía renovarse. Entonces entró en liza el ex concejal del PP en Madrid Ignacio del Río, socio de De la Cruz en esta empresa. Entre los dos, y con el apoyo de Bárcenas, trataron de convencer al entorno de Aguirre para que renovara el contrato. Fracasaron, y Serygur perdió ese suculento pastel de seguridad. 

José Luis Peñas. ex concejal del Ayuntamiento de Majadahonda. Es una de las personas que han facilitado al juzgado información, grabaciones, para la operación Gürtel.  En el año 2005, junto con otro concejal Juan José Moreno, provocó una grave crisis en el Ayuntamiento de Majadahonda, una localidad en la que el PP arrasa en todas las elecciones. Lo que sigue, resume el contenido principal de la declaración más amplia de José Luis Peñas que consta en el sumario, efectuada ante la Fiscalía Anticorrupción en mayo de 2008.

- El origen de una amistad. "Conocí a Francisco Correa a través de su mujer [que trabajó como jefa de gabinete del alcalde de Majadahonda cuando el denunciante formaba parte de ese equipo de gobierno]. Correa se dedica a organizar eventos para ayuntamientos dirigidos por el PP y para el propio PP. También se dedica a la actividad inmobiliaria mediante la compra y venta de terrenos. Aunque no esté en los registros oficiales como administrador, es él quien controla la actividad de las empresas. En mi presencia, Correa ha revelado la capacidad que tiene para reclamar la contabilidad o las facturas de algunas de estas empresas".

- Los motivos de la denuncia. "Estoy desencantado del PP. Al conocer los hechos irregulares que he conocido de Paco Correa y de su entorno, tenía la opción de no denunciarlo e intentar hacer negocio con lo que sabía, o bien denunciarlo. Opté por denunciarlo, y por eso mantuvo el contacto con Correa y su entorno, pero grabando algunas conversaciones".

- Facturas falsas. "La actividad de la empresa tenía lugar en Serrano, 40, en la cuarta planta puerta izquierda. Allí se lleva la contabilidad de la empresa y hay dinero negro del que dispone Correa. En esta oficina se dirige la actividad de [las empresas de la trama] Inversiones Kintamani, Orange Market, Easy Concept y otras. La confección formal de la contabilidad y facturación se lleva a cabo por Asesoría Galher, que también les facilita facturas falsas. Esas facturas iban para Easy Concept por servicios no prestados, según supe porque me lo contó Isabel Jordan [directiva de Easy Concept]".

- Una comisión de tres millones. "El alcalde de Boadilla adjudicó suelo para viviendas de lujo a UFC [promotora propiedad del empresario José Luis Ulibarri] porque este empresario pagó tres millones de euros de comisiones a Paco Correa en el despacho del empresario en Valladolid. Correa pagó a su vez en metálico al alcalde de Boadilla. Correa suele hacer entregas de dinero en efectivo que lleva en una caja de zapatos. Ulibarri pagó a Correa y no directamente al alcalde de Boadilla porque era a quien conocía y con quien trataba profesionalmente. Y Correa, a su vez, era el que tenía relación directa con el alcalde".

- Extorsión por vídeo. "He visto unas imágenes en vídeo que me enseñó Correa donde salen el alcalde de Boadilla, [el diputado autonómico] Bosch y otro alto cargo municipal en torno a una mesa de la casa de Correa. El alcalde de Boadilla está contando dinero. Correa me dijo que hizo esta grabación para protegerse y extorsionar al alcalde de Boadilla".

- Propiedades del jefe de la trama. "Correa tiene un chalé adosado y otro piso en Sotogrande, una vivienda en Pozuelo, otra en Ibiza, varias fincas en Cádiz, un barco y cuatro coches de lujo".

- Deudas de la Comunidad de Madrid. "Correa me pidió que me pusiera en contacto con Alberto López Viejo [consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid y hombre de confianza de Esperanza Aguirre, presidenta regional, a la que montaba los actos institucionales contratando a las empresas de Correa] para cobrar una deuda de dos millones de euros a la Comunidad. Me dijo que amenazara a López Viejo con que si no pagaban iba a contar que la Comunidad de Madrid había pagado facturas por servicios no prestados para financiar actos del PP. Correa quería que yo fuera en condición de letrado pero cuando supo que me quedaba una asignatura de la carrera de Derecho, me dijo que se lo iba a pensar".

Eius Abogados. Despacho en el que trabaja el ex Ministro de Justicia y ex Diputado, José Mª Michavila. Tras conocerse su relación con la trama el pasado 28 de agosto presentó la dimisión como Diputado por Valencia. El bufete tiene sucursales en Madrid, Barcelona, Valencia, Londres y Miami, aparece relacionado con actuaciones vinculadas a la trama de corrupción que investiga Garzón y tiene nexos con algunos imputados y con las administraciones públicas bajo sospecha. Así, los letrado de las Cortes Alberto Dorrego y Andrés Jiménez Díaz, socios de Michavila, asesoran al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y han intervenido a favor de las empresas de José Luis Ulibarri, imputado en el caso, para que la Generalitat valenciana otorgara 13 licencias de TDT a su empresa, Mediamed. El despacho facturó a la firma Mediamed al menos 150.000 euros por labores de asesoramiento legal y mercantil .Ambos tienen concedida una compatibilidad genérica para ejercer el derecho sin que puedan vulnerar  el estatuto de funcionarios de las Cortes que impide en su artículo 62 "la elaboración de informes o dictámenes para las administraciones públicas".Dorrego es secretario del consejo de Cabanyal 2010 y vicesecretario de Comunitat Valenciana d'Inversions, ambas empresas públicas de Valencia. La ley les impide "el desempeño por sí o persona interpuesta de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas". Está adscrito como letrado a la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso En el despacho de Michavila trabaja también José Marí Olano, ex Subsecretario de Trabajo con Eduardo Zaplana y que llegó al Ministerio de Administraciones Públicas con Francisco Camps. Ahora es el portavoz de economía del PP en las Cortes valencianas. Marí asesora, a través de Eius, a Andrés Selma, promotor socio de Ulibarri en Mediamed, en operaciones urbanísticas. Otro caso es el del letrado Francisco Javier González Sánchez que fue nombrado en 2007 director técnico jurídico del entonces alcalde Boadilla, imputado y recién dimitido. Cuando cesó en 2008 fue sustituido por Carlos Ruiz Cabrera, vinculado también al despacho. Michavila, además, conoce desde hace más de 20 años a uno de los imputados, Jesús Calvo. Éste era gerente de la Universidad Complutense de Madrid y él secretario general. Michavila es amigo personal y vecino de Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, cuyo cuñado, Miguel Hernán Manovel, es secretario del consejo de una empresa de Ulibarri investigada por Garzón. Además, la actividad del bufete se extiende a múltiples ayuntamientos de Madrid, con relaciones muy estrechas con el urbanismo de esas localidades. Con el ayuntamiento de Pozuelo, el despacho  tiene una doble relación: ha firmado multitud de contratos de asistencia jurídica y asesoramiento y, además, uno de sus letrados compatibilizó en 2006 la pertenencia al bufete con la función de asesor en el Área de Urbanismo. Francisco José Rodríguez García simultaneó su actividad en Eius con un contrato como personal laboral de apoyo al área de Urbanismo del consistorio de esa localidad. Ocupó ese cargo dentro de la Oficina de Apoyo al Plan General Urbanístico de Pozuelo desde mediados de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006, cuando pasó a ser asesor del alcalde. La web del despacho, ahora borrada, aseguraba que este letrado se incorporó en 2006 a Eius. Ahora ya no pertenece al bufete, pero tiene cargo de consejero del alcalde de Pozuelo desde 2007 y su llegada al ayuntamiento coincide con la contratación del bufete en diversos pleitos para representar al consistorio. Sepúlveda es un histórico dirigente del PP próximo a José María Aznar. El regidor es amigo de Michavila, residente en ese municipio, y de Francisco Correa, vecino también de Pozuelo y presunto cerebro de la trama que investiga el juez Garzón. Entre los contratos de Eius con Pozuelo destaca uno firmado en 2006 por el cual el despacho redactaba los estatutos de las empresas públicas del ayuntamiento. Eius cobró 27.000 euros por ese trabajo. Otro caso es el de un largo pleito por la denuncia de unos vecinos sobre el uso de una zona verde. La última sentencia fue de diciembre de 2008 y fue condenado el consistorio. En esos litigios intervino el socio-director del despacho, Alberto Dorrego,.También el presidente del CEU, Alfredo Dagnino Guerra, es uno de los socios de Eius Abogados,

francisco Enrique camps Ortiz. Imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la C.Valenciana y posteriormente - 3 de Agosto 2009 -  la Sala de lo Penal de ese mismo Tribunal decide archivar la causa . Presidente de la Generalitat Valenciana, desde mayo de 2003 y Presidente Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana desde abril de 2004.Licenciado en Derecho, casado y con tres hijos, Según Garzón está implicado en la trama valenciana. Se le atribuye recibir en especie trajes a la medida por un importe de 12.783 €. Las facturas de los trajes de Camps se pagaron en su totalidad, según los datos facilitados al juez por la empresa Forever Young, con transferencias bancarias y cheques de las firmas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico del entramado de Correa. Según las declaraciones del sastre José Tomás, Francisco Camps es "destinatario de otras compras efectuadas durante 2008 cuyo pago se efectuó mediante transferencia de 4.040 euros de la empresa Orange Market -documento 31 de la causa- a cuyo nombre se realizó la factura -documento 30-". El presidente Camps todavía no ha aportado facturas que demuestren que él pagó de su bolsillo los trajes. Según el auto de Garzón, constan dos pedidos en Milano a nombre de Francisco Camps. El primero tiene fecha de 24 de enero (un día antes de la inauguración de Fitur) y el segundo de 26 de enero. Francisco Camps estuvo en Madrid el 26 de enero porque se celebraba el día de la Comunitat Valenciana. El juez precisa que, según la investigación policial, el pedido del día 26 de enero corresponde a dos trajes a medida de Camps que pagó la concesionaria del stand de Fitur por 1.400 euros. Camps  telefoneó , al menos en ocho ocasiones al sastre . Las llamadas se produjeron cuando el sastre José Tomás declaraba ante la policía antes de pasar a disposición del juez Baltasar Garzón. Se ha inhibido a favor del TSJ de la C.Valenciana. Según alguna versión periodística en el año 2000 Camps trabajaba en la sede central del PP, en el número 13 de la calle Génova de Madrid. Colaboraba con Ana Mato en al área sectorial, antes de ser nombrado secretario de Estudios y Programas. Allí es cuando el ahora presidente de la Generalitat  trabó relaciones con Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de Orange Market, la rama valenciana de la supuesta trama corrupta investigada por varios delitos En el año 2003, las empresas de Correa, que había estado en las campañas electorales de Aznar en 1996 y en 2000, comenzaron a perder predicamento en la dirección del PP. En ese momento, 2003, Camps se hizo con la presidencia de la Generalitat, lo que coincide en el tiempo con el asentamiento de el Bigotes en Valencia, donde montó Orange Market. Camps asistió a la boda del El Bigotes en marzo de 2008. El banquete se celebró en las instalaciones de la Copa del América. Entre los invitados estuvieron también el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y el portavoz parlamentario y secretario regional del PP, Ricardo Costa.

ISABEL BAS. Esposa de Francisco Camps. Copropietaria de la mitad de la farmacia que posee en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Bas decidió vender la farmacia que tenía en la localidad valenciana de El Puig en 2003 para estar más cerca de Francisco Camps durante la campaña electoral que le llevaría al gobierno de la Generalitat. Luego decidió adquirir una nueva en el centro de Valencia y compró el 50% de una farmacia en la Plaza del Ayuntamiento. Se lo vendió Jose Miguel Escrig Navarro, actual subsecretario de la Conselleria de Ecomomía, Hacienda y Enpleo, es decir, 'número dos' del departamento que dirige Gerardo Camps. Antes fue director general de Presupuestos. La otra mitad del negocio corresponde a una íntima amiga suya, la mujer de José Luis López Guardiola, un abogado y profesor en la Universitat de València, que entró como asesor en 1997 en la Conselleria de Educación cuando Camps era el titular y que luego fue asesor en Presidencia. En 2007 fue nombrado consejero delegado de Ciegsa, una de las empresas de la Generalitat más polémicas. Es además primo de la actual consellera de Justicia y portavoz del Consell, Paula Sánchez de León Guardiola. Ciegsa es una empresa pública que se encarga de la construcción de colegios e institutos. Cuando Camps llegó a la Generalitat la deuda de la firma era de 1.000 millones de euros y ahora supera los 2.500 millones.

RITA BARBERA. ex Presidenta de la FEMP y actual alcaldesa de Valencia. Diputada regional. Durante su mandato en la FEMP, a través Álvaro de la Cruz, su hombre de confianza, sugerido por Cascos, se contrataron los servicios de empresas ligadas a la trama Gürtel por un importe no inferior a 800 mil €. La alcaldesa no ha negado recibir regalos de los propietarios de esas empresas adjudicatarias en forma de bolsos de Vuitton y algun que otro detalle más.

Orange Market. CONTRATOS CON LA GENERALITAD

- Consejería de Presidencia. La empresa se adjudicó con el ex consejero Esteban González Pons la Guía de la Comunicación. Con Vicente Rambla, logró por 445.000 euros la fiesta de inauguración de la Volvo Ocean Race. 

- Consejería de Turismo. Adjudicación de los pabellones de Fitur entre 2005 y 2009, por un importe global que ronda los 5,5 millones de euros. 

- Consejería de Medio Ambiente. A través de Vaersa.  Empresa pública del Gobierno de Camps. Orange Market fue la adjudicataria a dedo una campaña sobre el uso del contenedor amarillo por 138.678 euros se hizo por procedimiento negociado sin publicidad. Sobre el papel se consultaron tres firmas. En realidad, eran la misma con tres caretas: la citada Orange Market, Easy Concept (entonces llamada Down Town Consulting) y Boomerangdrive. Las dos primeras están en el centro de la trama investigada. Las tres tenían al mismo administrador único, Luis de Miguel Pérez. Las ofertas supuestamente presentadas no pasaron por el registro de entrada ni estaban en el expediente cuando el Síndic hizo el informe. No se levantaron actas de la apertura de ofertas ni de decisión de ninguna mesa de contratación. Pliego de condiciones no hubo, por lo que no constaba ni plazo de presentación ni criterios de valoración técnica de las ofertas. ¿Qué se publicó en el DOCV? Nada. ¿Cómo se justificó la adjudicación, entonces? Solamente en la experiencia que acumulaba la empresa. Que llevaba funcionando desde el 24 de julio de 2003. Puestos a comparar, una de las otras tarjetas de visita que presentó Luis de Miguel Pérez-concretamente Boomerangdrive- tenía más edad, dado que esa otra firma nació el 8 de octubre de 2002. A Orange Market tampoco se le pidió ningún aval, como es preceptivo. Ni siquiera el DNI que figuraba en el contrato se correspondía con el del representante legal de la empresa. Una de las mayores irregularidades fue cobrar el 50% del contrato (69.310 euros) y no devolver esa cantidad pese a que la campaña nunca se hizo. Sobre toda esta ristra de anomalías, el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, no ha dicho nada en las Corts. El informe de la Sindicatura de Comptes de 2004 puso de manifiesto numerosas irregularidades en los contratos de esta empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), de la Conselleria de Medio Ambiente, entonces dirigida por Rafael Blasco.

- Consejería de Bienestar Social. Dos actos de una de sus fundaciones por cerca de 32.000 euros. 

- Consejería de Cultura. Un contrato de 100.000 euros en el décimo aniversario de Castelló Cultural. 

- Feria Valencia. La empresa Orange Market que preside Álvaro Pérez, El Bigotes, se encargó de trabajos relacionados con la web de Feria Valencia y con el diseño de folletos institucionales. Pero el contrato más sustancioso para Orange Market fue por su cuantía -unos 800.000 euros un plan de marketing para Hábitat elaborado a iniciativa del director general, Carlos Vargas. El comité organizador de Hábitat tuvo la primera noticia de la campaña en una reunión convocada en junio de 2008 por Vargas, en la que Álvaro Pérez distribuyó entre los organizadores un material gráfico que a algunos de los presentes les pareció pretencioso por su coste, pero pobre en diseño. Belén Juste, directora de la institución ferial entre los años 2000 y 2006 y consejera de Industria y Comercio del Gobierno de Camps desde 2007, habló de Orange Market en un acto donde le preguntaron sobre posibles vinculaciones de esta empresa con el departamento que dirige. Juste negó cualquier relación de la consejería con Orange Market, pero añadió: "No puedo ni debo hacer ninguna valoración porque es una empresa estupenda".La empresa de Álvaro Pérez organizó en Feria Valencia los congresos regionales del PP en 2002, y en 2008. En el congreso nacional del año pasado tuvo un encargo menor. El recinto ferial ha albergado numerosos actos del PP, entre ellos una convención en 2005 bajo el lema, Imagina más Comunidad; dos mítines con Mariano Rajoy en 2006 y 2007, y un acto de precampaña ese mismo año.

- Fundación Agua y Progreso. Contrato de 13.502 euros para un acto de la campaña Agua para todos con Special Events, la empresa madre de Orange Market. 

- RTVV. Un servicio de transporte y montaje de mesas por 2.178 euros. 

- Otros encargos. Orange Market trabajó para el Open de Tenis en Valencia e hizo un vídeo del hospital Clínico. 

Sociedad para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat. Adjudicó a Orange Market, sociedad presidida por Álvaro Pérez,la cabalgata con la que se festejó la salida desde Alicante de la vuelta al mundo a vela. Según el contrato, el 20 de agosto de 2008 la sociedad de la Generalitat acordó contratar la fiesta, el 1 de septiembre invitó a tres empresas a presentar ofertas, entre ellas Orange Market-. La empresa de Álvaro Pérez entregó su propuesta el 9 de septiembre y tres días después, el 12, se quedó con un contrato valorado en 445.000 euros más IVA. Los plazos fueron más que ajustados porque la fiesta de inauguración se celebró solo siete días después de la adjudicación del contrato. 

RICARDO COSTA CLIMENT, Imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la C.Valenciana y posteriormente - 3 de Agosto 2009 -  la Sala de lo Penal de ese mismo Tribunal decide archivar la causa. Dimite y/o es cesado como Secretario General del PP en valencia y Portavoz de los genoveses en el Parlamento de esa C.A.tras conocerse sus conversaciones con El Bigotes y sus implicaciones en la trama. Pertenece al denominado Clan Costa. Es socio de una asesoría en Castellón, que medió en la compra de una de las empresas del caso Fabra.Ocupa el cargo de Diputado de las Cortes Valencianas y el de Secretario General del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Según Garzón está implicado en la trama valenciana.Se le atribuye recibir en especie trajes a la medida por un importe de 7.325 €.  El magistrado, recurriendo al documento 71, sostiene que los trajes de Costa los pagaron las empresas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico.Garzón incide en que los hechos relacionados con las conductas de Camps y Costa se apoyan en datos e indicios como "facturas, listas de clientes (de Forever Young), patronajes y declaraciones policiales y judiciales". Costa contrató la mayoría de los eventos del partido y del grupo parlamentario con Orange Market. Recibió como regalo de El Bigotes una maleta de Loewe valorada en. 1.100 E

JOSÉ VÍCTOR CAMPOS GUINOT. Imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la C.Valenciana y posteriormente - 3 de Agosto 2009 -  la Sala de lo Penal de ese mismo Tribunal decide archivar la causa .Ex Vicepresidente de la Generalitat Valenciana y ex Consejero de Justicia y Administraciones Públicas. Dimitió en el año 2007.Ex secretario de Organización del PP en la C. Valenciana. Representó la cuota del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en el Gobierno valenciano en la anterior legislatura. Ocupó los puestos de consejero de Justicia, primero, y vicepresidente, después. Dimitió en 2007 para dedicarse a los negocios. Como vicepresidente participó en la organización de la visita del Papa y los contactos para llevar la fórmula 1 a Valencia. Fabra lo repescó en octubre pasado para el PP provincial de Castellón. Según Garzón está implicado en la trama valenciana. Se le atribuye recibir en especie trajes a la medida por un importe de 4.850 €.  Ha solicitado la baja voluntaria como militante del PP
RAFAEL BETORET PARREÑO, Imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la C.Valenciana y posteriormente - 3 de Agosto 2009 -  la Sala de lo Penal de ese mismo Tribunal decide archivar la causa .Concuñado de Carlos Fabra, Betoret accedió al puesto de jefe de gabinete de la Consejería de Turismo con Milagrosa Martínez en la primera legislatura de Camps. En 2005, con Betoret ya en este puesto, Orange Market obtuvo el primer concurso para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Al ser nombrada Milagrosa Martínez presidenta de las Cortes en 2007, Betoret pasó a jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.

David Serra.ex secretario autonómico de Deportes Recibió como regalo de El Bigotes unos gemelos de 100 euros. Vicesecretario de Organización del PP regional y portavoz adjunto en las Cortes valencianas. Hombre de confianza de Costa en la gestión diaria del partido. Según la policía, participaba en la decisión de los conceptos por los que facturaba Orange Market, preparaba los cheques y fijaba el cómputo total.

Yolanda García Santos, ex jefa del gabinete del ex consejero de Cultura Alejandro Font de Mora y actual diputada autonómica. Recibió como regalo de El Bigotes un bolso de 290 euros. Tesorera regional del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y diputada autonómica por Alicante. El informe policial sobre financiación ilegal indica que libraba los fondos a indicación de Costa con conocimiento de que las facturas que le cobraban al PP eran por conceptos ficticios.

Vicente Rambla. Vicepresidente primero del Consell y consejero de Industria y Comercio. Hasta el pasado agosto presidía la empresa pública Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat. Desde esta empresa se adjudicó a Orange Market parte de los eventos de las regatas Volvo Ocean Race por 450.000 euros.

Pedro García. Director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y ex jefe de prensa del presidente  Camps. No está imputado .Aparece en el auto de Garzón en tanto que  fue obsequiado con trajes.Recibió como regalo de El Bigotes una bufanda de CH. 180 E. El pasado 28 de Agosto presentó su dimisión como D.G de RTVV

BERNABÉ CANO. Alcalde de La Nucia. Grabadas comprometidas conversaciones de algunos imputados en la trama corrupta sobre negocios inmobiliarios en La Nucia. A Francisco Correa lo grabaron contando el negocio que iban a hacer con el PAI Pie de Monte (casi 400.000 metros de techo en menos de un millón de metros de suelo), del que acabarían repartiéndose 72 millones de euros.Las malas compañías de las que se rodeó el alcalde -desde que en 2002 contratara a Special Events para organizar en La Nucia la gala de los premios periodísticos Luis del Olmo- han acabado siendo su perdición. Que se sepa hasta hoy, con Cano se han relacionado Francisco Correa, Jacobo Gordon, Álvaro Pérez (del que reconoció su íntima amistad) o Pablo Crespo, que incluso tenía un barco en el Club Náutico de Altea. Su empecinamiento por invertir en La Nucia fue más que evidente. Y ahora los cuatro amigos de Cano están imputados en el caso Gürtel y los planes urbanísticos paralizados.

Esteban González Pons. Vicesecretario de Comunicación del PP . En relación con un negocio urbanístico que gestionaba en La Nucía (Alicante) y topaba con restricciones legales, Correa manifestó a fines de 2006: "Lo desbloqueo yo con el contacto, con el hijoputa de Esteban González Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo en Valencia". 

Ana Michavila. Hermana del ex Ministro de Justicia, José Mª. Es Jefa de gabinete de Camps. Recibió como regalo de El Bigotes un Portafolios de CH. 220 E. Dimite del cargo el pasado 17 de Octubre

EMPRESAS VALENCIANA CITADAS POR LA POLICÍA Y PRESUNTAMENTE IMPLICADAS FINANCIACIÓN PP

Cuatro de las principales empresas valencianas de la construcción son señaladas en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía por haber financiado ilegalmente al PP con la cobertura de Orange Market, compañía de la trama corrupta del caso Gürtel. Se trata de las castellonenses Lubasa y Facsa, de la alicantina Ortiz e Hijos y de la valenciana Sedesa. A ellas se añade Piaf, una concesionaria de menor entidad. Facsa, Lubasa y Sedesa desmintieron ayer su relación con la trama.

El administrador de Servicios de Excavaciones, SA, (Sedesa) es Vicente Cotino Escrivà, sobrino de Juan Cotino, vicepresidente con Francisco Camps. Según cálculos de la oposición socialista, Sedesa ha facturado al Gobierno valenciano en 10 años más de 830 millones. Vicente Cotino llevó en su avión privado al ex director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, dimitido hace un mes, a una fiesta en Marraquech en diciembre de 2007 con unos amigos entre los que estaba Álvaro Pérez, jefe de Orange Market.

Sedesa y Ortiz comparten negocio en el ámbito de las residencias de ancianos, a través de Savia, firma que recibió 15,9 millones del Ejecutivo autonómico en 2007. Ortiz, por su parte, es el urbanizador del plan Rabassa, que prevé construir en Alicante 13.503 viviendas sobre 3,6 millones de metros cuadrados.

Lubasa explota la mayoría de los aparcamientos subterráneos de Castellón. Además, participa en la construcción del futuro aeropuerto y del circuito de Fórmula 1. Su propietario, Luis Batalla, fue condenado por un fraude fiscal de 2,2 millones. La condena le inhabilita para contratar con la Administración, pero el grupo presenta otras empresas a los concursos.

Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), cuyo responsable es Enrique Gimeno, es concesionaria del suministro de agua potable de la mayoría de municipios de Castellón. Una de sus últimas actuaciones fue la construcción de la ciudad deportiva del Castellón C. F., a cambio de la recalificación de los terrenos.

Finalmente, Piaf es la concesionaria del servicio de mantenimiento de edificios de la Diputación y del Ayuntamiento de Castellón, contratos que le reportan más de un millón de euros anuales, aunque facturó al margen de estos contratos, entre 2008 y 2009, más de 10 millones al ayuntamiento y 1,3 millones a la diputación. Su responsable, Antonio Pons Dols, fue socio de Víctor Campos, imputado con Camps, Costa y Betoret por los regalos de la trama Gürtel.

 PARTIDO POPULAR C. VALENCIANA. Según  Garzón "En la contabilidad B de Serrano [la calle donde tenía su sede principal la red corrupta] aparece una hoja de ingresos y su distribución con un apunte de fecha 18 de diciembre de 2002. En dicho apunte figura una cantidad de 1.000.000 euros sin constar la procedencia de la misma. Dentro de la distribución de esa cantidad y como primer concepto aparece 'PP VLC', con una cantidad asociada de 420.000 euros"."El dinero recibido, 420.000 euros, se distribuyó para algo relacionado con el PP de Valencia. A partir de los datos anteriores se puede afirmar, de acuerdo con la información policial suministrada, que:

1. Consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponde 420.000 euros hacia el Partido Popular de Valencia.

2. No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas de Francisco Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones.

3. Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa. Este extremo está pendiente de investigación".

En el pen drive intervenido al contable aparece un archivo con el nombre Congreso regional de Valencia, desde septiembre de 2002 a enero de 2003, conteniendo los siguientes apuntes:

El 10 de diciembre de 2002 cobro en A por valor de 90.181 euros y cuatro cobros en B en efectivo por un importe de 150.421 euros recibidos en efectivo".

[El Congreso al que se refiere es el X Congreso regional del PP que se celebró en Valencia el 28 de septiembre de 2002].

"El pago por los gastos de organización del congreso del Partido Popular en Valencia facturados por Orange Market y abonados por el Partido Popular valenciano se realizó, aparentemente, con dinero de procedencia A y B fuera del control fiscal y en efectivo".

Las relaciones de la trama de empresas de Correa con el PP valenciano fueron denunciadas por sendos informes del Tribunal de Cuentas en las últimas elecciones autonómicas. Los auditores públicos se quejaron en las conclusiones de su informe de que las empresas de Correa no entregaron al Tribunal de Cuentas las facturas que permitían justificar los gastos que el PP declaró durante la campaña electoral en la Comunidad Valenciana.

Milagrosa Martínez, ex consejera de Turismo y actual presidenta de las Cortes valencianas. Recibió como regalo de El Bigotes un reloj de 2.400 euros de una acreditada joyería de Madrid.

Juan Cotino, consejero de Bienestar Social del Gobierno valenciano y vicepresidente tercero del Gobierno de Camps. Recibió como regalo de El Bigotes  un chaquetón de unos 300 euros.

Adela Pedrosa, ex secretaria general del PP valenciano y actual alcaldesa de Elda. Recibió como regalo de El Bigotes un pañuelo de 140 euros

Yolanda García Santos, ex jefa del gabinete del ex consejero de Cultura Alejandro Font de Mora y actual diputada autonómica. Recibió como regalo de El Bigotes un bolso de 290 euros

Alejandro Font de Mora, ex consejero de Cultura y actual consejero de Educación. Recibió como regalo de El Bigotes una corbata de 452 euros

Jorge Bellver, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia. Recibió como regalo de El Bigotes unos gemelos de 100 euros.

Enrique Pérez Boada, director general del Instituto Valenciano de Finanzas. Recibió como regalo de El Bigotes unos gemelos de 100 euros

César Sánchez, ex asesor de Camps. Actual diputado autonómico. Recibió como regalo de El Bigotes unos gemelos de 100 euros

Isabel Bas. Esposa de Francisco Camps. Recibió como regalo de El Bigotes un bolso de Loewe. 780 E

Hijo de Camps. Recibió como regalo de El Bigotes un Robot juguete Aibo. 1.800 E

Víctor Campos. 'Vicepresident' valenciano. Recibió como regalo de El Bigotes corbata de Hermés. 115 E

Lourdes Soriano. Mujer de Pedro García. Recibió como regalo de El Bigotes un bolso de CH. 290 E

Nuria Romeral. Secretaria regional de Comunicación. Recibió como regalo de El Bigotes un Portadocumentos de CH. 230 E

JUAN LUÍS DE LA RUA. Presidente del TSJCV. Se le atribuye una amistas manifiesta con el Pte Camps. En un acto publico el 19 de septiembre del año 2008, en la toma de posesión de la nueva consellera de Justicia Paula Sánchez de León. Camps pronunció la siguiente frase : «Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a ˝amistad˝ que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat». Muestra de esa amistad es también la presencia de De la Rúa en un acto electoral del PP. Fue en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue el invitado estrella de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) es la que deberá juzgar, en caso de que haya imputación y posterior acusación, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a cualquier otro miembro electo de Les Corts Esta Sala está formada por cinco magistrados. Tres de ellos han sido elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Son los jueces de carrera Juan Luis de la Rúa, José Flor y José Ceres. Los dos restantes fueron elegidos por los partidos más representativos en Les Corts. Se trata de dos catedráticos de la Universitat de València, Juan Montero (PP) y Juan Climent (PSOE).De los jueces de carrera, Juan Luis de la Rúa y José Ceres pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mientras que José Flors es de «Francisco de Vitoria, de carácter más moderado y progresista.

José Flors Matíes. Juez de la La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que deberá juzgar, en caso de que haya imputación y posterior acusación, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a cualquier otro miembro electo de Les Corts. Aficionado a la música y la montaña .Pertenece a la Asociación Francisco de Vitoria. 60 años. Lleva más de 30 vistiendo la toga, desde el Juzgado de Instrucción número dos de Valencia en sus inicios hasta la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).Dirige la Revista jurídica y ha firmado decenas de análisis sobre leyes y códigos del ordenamiento español. Hace un año frustró las intenciones de Eduardo Zaplana cuando éste se querelló contra dos diputados autonómicos y dos empresarios por unas grabaciones que le vinculaban al cobro de comisiones ilegales en Terra Mítica. Y hace 11 años instruyó una causa contra el entonces consejero popular Luis Fernando Cartagena por supuesto delito fiscal en las cesiones de crédito del Santander. Mucho antes, en 1986, llevó ante un tribunal al juez Guillermo Forteza, que acabaría expulsado de la carrera. Está casado y tiene dos hijos.

Fernando de Rosa. Vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces. Fue hasta hace cinco meses conseller de Justicia a las órdenes de Camps. El 20 de febrero atacó duramente al juez Garzón, acusándolo de rozar la prevaricación en la instrucción del caso Gürtel. Ese mismo día, había mantenido una reunión con su antiguo jefe.

Ricard Cabedo, Fiscal Jefe de la Comunitat Valenciana.Tras su llegada a Valencia hace cuatro años fue recibido por una salva de ataques a su persona y a su cargo por parte del PP valenciano. Precisamente, uno de los investigados, Ricardo Costa, calificó al Fiscal Superior cuando fue nombrado como «árbitro comprado del Gobierno de Zapatero».

ESPERANZA AGUIRRE. Presidenta del PP en la Comunidad de Madrid y Presidenta del Gobierno de la CAM. Sobre la trama en Madrid ha declarado que "Los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no pueden relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid". (...) "López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular.....Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid...Ha organizado los actos de la Comunidad".También ha acusado a Garzón de aceptar regalos de cuantía superior a los que, según el último auto del magistrado , presuntamente recibió el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. "Aquello de lo que se acusa a Camps -ha manifestado Aguirre en una entrevista en la cadena Cope- es inferior en cuantía a los regalos que ha aceptado el juez Garzón". La presidente madrileña ha dicho además tener la impresión de que el magistrado "ya ha hecho todo el daño mediático que quería hacer contra el PP".

COMUNIDAD DE MADRID. El consejero de Economía Antonio Beteta admitió la existencia de 183 contratos por un importe total de 2.138.351 euros, a repartir entre las empresas Diseño Asimétrico (48 contratos), Easy Concept (7), Good and Better (8), Servimadrid Integral (34) Marketing Quality Management (86). La inmensa mayoría de los contratos fueron aprobados por el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, que trabajó hasta con cuatro sociedades diferentes de la red del empresario encarcelado, para no ser descubierto. En 2004 el Ejecutivo regional pagó 341.426,33 euros a una sola empresa de la trama: Easy Concept. Un año después, la cantidad facturada ascendió a 788.570 euros, sin embargo ya no fue una sola compañía la elegida. Easy Concept se llevó 238.357 euros, un 30% del total, pero fueron beneficiadas, además, dos nuevas sociedades: Servimadrid, que cobró un 56% de lo facturado, y Good and Better (un 13,5%). En 2006 con pagos de hasta 846.192 euros, que fueron a parar de nuevo a Servimadrid. Ese año, aparece en la contabilidad una nueva sociedad: Diseño Asimétrico, que en los ejercicios siguientes: 2007, 2008 y 2009, se convierte en la principal beneficiada de los contratos de López Viejo: un 54% de los mismos el primer año, un 57% el segundo y un 93% el tercero.

AYUNTAMIENTO DE MADRID : Adjudicó siete contratos a la empresa Special Events en los años 1996, 1999, 2001, 2004 y 2005 (3), los tres primeros con José María Álvarez del Manzano en la Alcaldía y los cuatro últimos ya durante el primer mandato municipal de Alberto Ruiz-Gallardón. 

Alberto López Viejo . Miembro del Comité Ejecutivo y de la Junta Directiva regional del PP. Diputado autonómico. Deja el GPP para pasarse al GMixto. Esperanza Aguirre le cesó al frente de la consejería de Deportes. Está acusado de adjudicación irregular de contratos. En una de las grabaciones de la investigación Francisco Correa reconocía que López Viejo recibía comisiones de cada acto que organizaba para el Partido Popular. “Alberto se lleva una parte de cada acto que se hacía, aquí un kilo, aquí medio”, afirma literalmente el jefe de la trama en estas grabaciones. Junto a él trabajaba su amigo Pedro Rodríguez Pendás. López Viejo sugería fraccionar los costes de los servicios para que no superaran la cantidad de 12.000 euros, que obligaría a realizar un concurso público para evitar la adjudicación a dedo. El juez instructor del caso Gürtel le ha impuesto una fianza de 750.000 euros al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. La fianza impuesta por el juez no es para eludir prisión, sino por las responsabilidades civiles derivadas del supuesto soborno.

Arturo González Panero, Imputado. ex alcalde del PP en Boadilla del Monte. " El albondiguilla " Dejó el cargo obligado por su partido. Sobre él recaen múltiples sospechas de trato de favor a la red de Correa. Los supuestos corruptos hablan mucho sobre este alto cargo en sus conversaciones. Isabel Jordán, administradora de una de las sociedades de la red, asegura que el alcalde se irá en la próxima legislatura porque ha hecho mucho dinero, pero, al mismo tiempo, le intentan presionar con supuestos vídeos comprometedores. "Si le doy la cinta que tengo del Albondiguilla [mote con el que se refieren al alcalde], se caga, pero voy también al trullo". Y alardea de sobornos: "Ahora no voy a tener para pagar al Albondiguilla", ironiza Correa.. El magistrado instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)  le ha imputado por seis delitos y le ha impuesto una fianza, 1,8 millones de euros., La fianza no es para eludir la cárcel, sino para afrontar en el futuro posibles responsabilidades económicas. Pedreira atribuye a Panero -que se negó a declarar- delitos de tráfico de influencias, cohecho y evasión de capitales, entre otros. El secretario general del PP de Madrid y consejero de Justicia, Francisco Granados, calificó de "sorprendente" la fianza fijada por Pedreira y reiteró su "confianza en la justicia". 

Elena Cerezo. Es jefa de Gabinete del Ayuntamiento de Boadilla del Monte desde el año 2003, cuando fue nombrada por El Albondiguilla. Mujer de  David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid (y número cuatro de Aguirre)

GINÉS LÓPEZ RODRÍGUEZ- Imputado. Ex Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Arganda del Rey ( Madrid ) desde 2003. Dimite tras conocerse sus implicaciones; Presidente del Partido Popular de Arganda del Rey desde 1990, y Miembro del Comité Ejecutivo Regional del PP de Madrid. En la  organización se le conoce por el apodo de “El gafitas”.

TOMÁS MARTÍN MORALES, Ex Vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, cobró al menos 378.172 euros por intervenir a favor de diversas adjudicaciones de ese Ayuntamiento, según el auto. Martín Morales, miembro del comité ejecutivo del PP de Boadilla y persona de confianza del ex alcalde Arturo González Panero (también imputado), participó, sostiene Garzón, en la adjudicación directa de contratos a Down Town Consulting, SL, actual Easy Concept Comunicación, SL. También en la adjudicación directa de una parcela a la empresa UFC, propiedad de José Luis Ulibarri, tras la intervención de Francisco Correa, entre otras.

JESÚS SEPÚLVEDA RECIO, Ex Alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.000 habitantes) desde 2003, presidente del PP local y miembro del comité ejecutivo del PP regional. Ex senador por Murcia. Dimite como Alcalde al conocerse sus implicaciones y los regalos recibidos. Sepúlveda "aparece en la contabilidad B del grupo empresarial investigado", dice el auto de Garzón. A veces son cantidades "entregadas en sobre a JS" pero también hay, por ejemplo, un "ingreso en cuenta en el BBVA, por cuenta de PC" -a quien el juez identifica como Paco Correa- "para cancelar una factura de Pasadena Viajes con cargo a Jesús Sepúlveda". "La cantidad total que resultaría a favor de Jesús Sepúlveda sería de 422.992 euros", resume Garzón. Y añade: "Previamente a que el señor Sepúlveda fuera alcalde de Pozuelo era una de las personas que organizaban los eventos del PP y ofertó a Francisco Correa que fuera su empresa Special Events la que llevara esos eventos. Una vez que Jesús Sepúlveda ganó las elecciones en Pozuelo el grupo empresarial investigado empezó a hacer eventos para ese municipio".Ex marido de Ana Mato. Según El Mundo Francisco Correa Sánchez (F. C. S.) y su empresa Travel Group pagaron el 17 de diciembre de 1999 a la sociedad madrileña Auto Capital 8.663.700 pesetas por un vehículo de la marca Jaguar, modelo S.Type 4.0 V8 con el número de chasis 46575.  Ese vehículo, con idéntico número de chasis, fue matriculado cinco días después, el 22 de diciembre de 1999, en la Jefatura de Tráfico de Madrid por un ciudadano que tiene por número de DNI el mismo que el ex alcalde de Pozuelo y ex senador del PP Jesús Sepúlveda Recio.  Los 8.666.700 pesetas (52.190 euros) fueron desembolsados a Auto Capital, concesionario de la marca Jaguar en Madrid, mediante un talón al portador del Banco Santander -sucursal de la calle de Velázquez, 89- contra una cuenta corriente cuyos últimos tres números son 215. Esa documentación no está incorporada a las Diligencias Previas 275/2008 que abrió Garzón contra Jesús Sepúlveda y otros. Sepúlveda, junto a su ex mujer, se marchó a Valladolid en 1987, cuando José María Aznar y el PP ganaron las elecciones en Castilla y León. El ejerció como gerente del partido en esa comunidad autónoma y ella se convirtió en la jefa de Gabinete del presidente de la Junta.  

Guillermo Ortega, Imputado. 41 años, llegó a la alcaldía de Majadahonda cuando Ricardo Romero de Tejada dejó el municipio en mayo de 2001 para ser secretario general del PP de Madrid. En 2005, el PP le obligó a dimitir por un escándalo urbanístico, pero le colocaron como gerente del Mercado Puerta de Toledo. Ahora dimite también de este cargo por sus implicaciones con la trama de corrupción. Durante su mandato contrató a la empresa Special Events, vinculada a Francisco Correa. por más de dos millones. Su jefa de gabinete fue María del Carmen Rodríguez, detenida y puesta en libertad con cargos. Correa no siente, precisamente, aprecio por él. "Mi mujer compró un piso de la Rata , le costó 54 millones al cerebro de mosquito". Ortega aprobó contratos con Special Events, la principal empresa de la trama de corrupción por más de 125.000 euros.El actual primer edil, Narciso de Foxá (PP), reconoció que durante el mandato de Ortega "hubo una serie de prácticas irregulares" que tanto él como varios concejales populares conocieron en su momento y que trasladaron a la dirección regional del partido. Aseguró que estas prácticas, con las que no todo el grupo popular estaba de acuerdo, eran un motivo de disensión en el PP local. 

José Galeote. Padre de Guillermo y Ricardo Galeote. Ex concejal del PP en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte desde 1995 a 2003. Luego trabajó como asesor del Alcalde y de Asuntos Institucionales. En la actualidad, José Galeote sigue siendo consejero de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla. Acompañó a Arturo González Panero y Francisco Correa a Miami Beach, lugar donde el ex regidor de Boadilla pudo haber adquirido varias propiedades. Imputado. Figura en la contabilidad de la caja B de la sede de la empresa Special Events, en la calle de Serrano. Por ejemplo, hay un apunte de marzo de 2002 de 111.206 euros entregados a José Galeote cuando era edil de Boadilla, puesto en el que se mantuvo 12 años.El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira le ha impuesto una fianza de un millón de euros. El ex concejal y padre del eurodiputado Gerardo Galeote recibió supuestamente 600.000 euros de la trama. El juez le acusa de seis delitos genéricos al resto de implicados en la trama corrupta de empresas dirigidas por Francisco Correa que salpican al PP, como son cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. 

Ricardo Galeote QUECEDO . Concejal de la localidad malagueña de Estepona. Hermano del eurodiputado Guillermo galeote. Ha sido número dos del partido y ocupó un cargo de confianza en el consistorio entre 1999 y 2003 con dos gobiernos distintos. Como concejal de la localidad malagueña, contrató con las sociedades Special Events SL y Viajes Pasadena SL, del empresario Francisco Correa, 53.227,58 euros y 69.735,39 euros en concepto de billetes de avión y tren así como alojamientos en hoteles para Fitur.

María José García Pelayo . Ex alcaldesa de Jerez .La ahora parlamentaria andaluza adjudicó siendo alcaldesa en enero de 2004 los contratos de servicios para la presencia de Jerez en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (Fitur) a las sociedades Special Events y Down Town Consulting (actualmente Easy Concept) por valor de 202.172 euros sin contar con la aprobación del Consejo Rector del Instituto de Promoción y Desarrollo de la Ciudad (IPDC) que García Pelayo presidía en calidad de alcaldesa. La interventora municipal advirtió por escrito que el órgano "competente para la aprobación" de los contratos "es el Consejo" del IPDC. A pesar de los escritos de la interventora, García Pelayo optó por adjudicar los trabajos a Special Events y Down Town Consulting por resolución de presidencia. 

José Javier Nombela Olmo. Ejerce desde 2007 como asesor del concejal presidente del distrito de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín . Ex presidente de Nuevas Generaciones del PP en ese distrito. Estuvo ligado a Easy Concept y Special Events. 

Alfonso Bosch TEJEDOR .El magistrado instructor del 'Caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha imputado seis delitos a este diputado del PP en la Asamblea de Madrid , el primer aforado formalmente imputado en esta causa, que se ha negado a declarar ante el juez. Los delitos que se imputan a Bosch son: cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental. Fue integrante del equipo de confianza de presidencia del Gobierno durante los mandatos de Aznar. Diputado de la Asamblea y ex gerente de la EMV de Boadilla. Recibió sobornos por valor de 250.000 euros para favorecer intereses de Correa. Es, además, secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre. Según Garzón Bosch "tuvo un papel destacado en las operaciones inmobiliarias que Francisco Correa ha realizado en dicho municipio...Como este último [el propio diputado regional] reconoce en las intervenciones telefónicas, él se encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística denunciadas en los medios de comunicación"

Benjamín Martín VASCO .Diputado y ex presidente de la comisión de los espías. Cobró 437.160 euros por favorecer intereses de Correa. Además, en la cuenta B de la trama figuran otros 230.000 de gastos por su boda. El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, le ha impuesto una fianza de 955.000 euros al que imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad. La cantidad pretende asegurar las responsabilidades pecuniarias que se deriven de la investigación.

CARLOS CLEMENTE AGUADO, ex asesor del ex Ministro de Justicia , Jose Mª Michavila. De su mano inicio en 2002 su carrera política. Ambos trabajan ahora en la órbita de la cantante colombiana Shakira. Ambos profesan una fe religiosa muy viva, cercana a los Legionarios de Cristo. Fue viceconsejero de Inmigración de Madrid hasta el 23 de octubre de 2008 y, según el juez, recibió al menos 16.000 euros de la trama en 2006, mientras ocupaba su cargo. Uno de los pagos está reflejado en la cuenta B y el otro ha sido desvelado por la empresaria Isabel Jordán. En el auto no consta a cambio de qué recibió ese dinero. Fue diputado en la Comunidad de Madrid y Director de Inmigración, Cooperación al desarrollo y Voluntariado entre 2003 y 2005.Es Técnico Superior de Administradores de la Universidad Rey Juan Carlos y Máster en Estudios Políticos Aplicados. En Bogotá, la capital de ese país, reside actualmente Carlos Clemente con su familia

Juan Carlos Bárcenas GUTIÉRREZ. Hermano del senador y tesorero popular, Luis Bárcenas. Según Garzón , en su calidad de consejero de la empresa Sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo de Alarcón (Sumpasa), otorgó contratos millonarios a la constructora Hispánica, que  recibió adjudicaciones por más de 4,5 millones de euros a través de un contrato para la ejecución de 60 Viviendas de Protección en Camino Alcorcón, en Pozuelo. Además, la constructora consiguió la concesión del plan de acondicionamiento de local para oficinas centrales de la Sociedad Urbanística Municipal de Pozuelo de Alarcón (Sumpasa), presupuestado en 212.790 euros, Juan Carlos Bárcenas figura como consejero de Sumpasa desde 2007, En uno de los autos del caso Gürtel, el juez Baltasar Garzón asegura que Constructora Hispánica fue beneficiaria de contratos millonarios en los Ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda y Pozuelo. En el primero de estos tres consistorios se investiga la adjudicación del contrato de las obras del 'Parque del Deporte y la Salud de Boadilla del Monte', una de las inversiones más importantes de ese municipio, que asciende a 30 millones de euros. Hispánica también fue escogida por varias consejerías de la Comunidad de Madrid, otro de los focos de atención de la Operación Gürtel. Durante 2007, por el procedimiento de concurso ordinario, la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid le adjudicó, a través de la empresa pública Arpegio, las obras de la pista de atletismo y un campo de fútbol en una parcela municipal de Paracuellos del Jarama, por algo más de un millón de euros. Hispánica fue la encargada de realizar las obras de la variante de la polémica carretera comarcal M-501 a su paso por Pelayos de la Presa, por una cantidad cercana al millón de euros, contrato que le adjudicó la Consejería de Transportes e Infraestructuras . Igualmente, la constructora consiguió, por parte de Arpegio nuevamente, las obras de la estación de bombeo y nuevo colector entre el margen derecho de la nacional VI y la línea de ferrocarril Madrid-Irún, por un importe total de 2,1 millones. Pero sin lugar a dudas el mejor contrato de todo lo obtuvo en la Costa del Sol y en concreto en Marbella. En junio de 2007 la Constructora Hispánica, a través de la UTE formada con la sociedad Inabensa, se hizo con las obras de ampliación del Hospital Costa del Sol con un presupuesto base inicial de 48,4 millones de euros. Según Eco Diario, la constructora Hispánica se ha embolsado en prácticamente un año un total casi 40 millones de euros en obras adjudicadas desde los Ayuntamientos madrileños que actualmente están implicados en la Operación Gürtel. A esta cantidad hay que añadir los 48,4 millones de ampliación del Hospital del Sol de Marbella.

EMPRESAS RELACIONADAS CON EL PP MADRILEÑO. Diez millones de euros en comisiones ilegales pagadas durante los últimos años por siete constructores y contratistas a cambio de adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación de servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP.

- Gonzalo Naranjo (Sufisa). "Ha tenido entre 2001 y 2007, y aún hoy sigue teniendo, una estrecha vinculación con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares [todos en Madrid y gobernados ahora por el PP], así como con municipios de otras autonomías como Castilla y León. En compañía de la sociedad Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la estación de bombeo y estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la obra costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal es el Canal de Isabel II (que dirige el Gobierno de la Comunidad de Madrid)".En los libros de contabilidad de la red Gürtel, la policía halló unas entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de Sufisa". La policía sostiene que entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente local del PP.

- Enrique Carrasco (FCC). Esta empresa logró en 2001 la gestión de la limpieza, mantenimiento, conservación y reparación del arbolado urbano de Boadilla por ocho años, con posibilidad de dos prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002, según la documentación incautada, Enrique Carrasco, trabajador de FCC, pagó 105.000 euros en comisiones que se repartieron Correa, Álvaro Pérez y los dirigentes del PP Gerardo Galeote (GG) y Luis Bárcenas (LB).

- Plácido Vázquez (asesorías e inmobiliarias). El nombre de este empresario vinculado a cuatro empresas (Persontrade y Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de inmuebles; y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en los apuntes de cobro de comisiones ilegales que hizo el contable de Correa. La policía cree que Plácido Vázquez actuó de intermediario en la adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas formada por SUFI y FCC para la gestión de las basuras por 12 años -"de gran envergadura de medios y costes de adjudicación", según los investigadores-. Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez habría entregado 1,7 millones de euros a la red delictiva para que Correa repartiera el dinero entre dirigentes del PP como José Galeote (ex concejal en Boadilla del Monte) o Luis Bárcenas, según los documentos incautados a la banda de Correa.

- Constructora Hispánica. El recuento realizado por los policías que han investigado el caso Gürtel apunta seis pagos que suman 4.192.000 euros de Constructora Hispánica a la trama corrupta entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004. Sería, según el informe policial, la constructora que más ha enriquecido a la trama corrupta con mucha diferencia respecto al resto. La policía señala que Alfonso García Pozuelo, presidente de Constructora Hispánica, aparece en los apuntes de la contabilidad b (en dinero negro) de las empresas de Francisco Correa.

J. García Mármol. Ex gerente de Special Events y Pasadena Viajes. Además es psicólogo del Ayuntamiento de Arganda.

Guillermo Pariente. Fue asesor del ex concejal de Vivienda del Ayto de Madrid, Sigfrido Herráez y ahora era un director general de la EMVS. Correa habla de él tras recibir una llamada: "Guillermo Pariente, que quiere hacer negocios conmigo en Ciudad Real". Pariente fue nombrado el 22 de enero  y destituido sólo tres semanas después, el 13 de febrero. Procedía de la gerencia de la EMV de Ciudad Real, pero antes había estado en el Ayuntamiento de Madrid: entre 2003 y 2005 fue el hombre de confianza del entonces concejal de Vivienda, Sigfrido Herráez.En esa época, dicha concejalía amañó un concurso público para favorecer a Special Events, una de las empresas de Francisco Correa. Los documentos de puntuación fueron manipulados para que la empresa de Correa pasara de ser la quinta clasificada a la segunda y pudiera obtener el contrato de 153.000 euros tras la descalificación de la primera. El Gobierno municipal ha abierto ahora una investigación y lo ha denunciado en el juzgado de guardia. La marcha de Herráez en 2005 propició también la de su jefe de gabinete, Guillermo Pariente.

Antonio Cámara Fue ayudante y secretario de Aznar y tras perder las elecciones en 2004, Correa le contrató como trabajador de su empresa Special Events y ha seguido en ella hasta principios de año. Actualmente forma parte del Consejo de Caja Madrid. Pertenece al sector que defiende los intereses de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, frente a del alcalde de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón.

GEMA MATAMOROS. Concejal de Educación del municipio de La Rozas. Este Ayuntamiento contrató entre 2002 y 2003 a Special Events, para organizar los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de 2002 y 2003. Esta edil es la esposa del ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega, imputado por el juez Garzón. Matamoros troceó los contratos de Special Events por importes inferiores a 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso público. La edil aprobó el gasto de "urgencia". Según consta en un acta municipal, "hubo que ordenarlo sin disponer del tiempo imprescindible para poder realizar cualquier tipo de tramitación". En el curso de 2002, Special Events emitió seis contratos por importe de 24.040 euros, todos con la misma fecha. Los conceptos de las facturas dejan claro que tenían el mismo objetivo: decoración, escenario, sonido, speaker-conductor de ceremonia, exhibición de vuelo de paramotores y personal técnico del acto de inauguración. El interventor municipal advirtió en 2002 de esta irregularidad. 

Francisco Correa Sánchez. Alias Don Vito . Nació en Casablanca (Marruecos), donde sus padres tenían una fábrica de calzado. Hizo la mili en la Legión y trabajó como botones en un banco. Años después entró en Viajes Meliá. Presunto cabecilla de la trama de corrupción ,Según Garzón da instrucciones para realizar dádivas a funcionarios públicos con el fin de obtener un provecho económico para él y el grupo que dirige o para conseguir la paralización de procedimientos sancionadores que afectan a su patrimonio».  Fue uno de los testigos de la boda de Agag, Posee numerosas sociedades , la mayoría, en paraísos fiscales. Tras Special Events y Pasadena Viajes se crearon otras con nombres ingleses  Orange Market (ha participado en todo tipo de actos deportivos, como la Copa América de vela y en temas de la Comunidad Valenciana en Fitur), Down Town Consulting (trabajó para la CAM), TCM (ha facturado importantes cantidades para el Ayuntamiento de Majadahonda), Good and Better (se benefició de actos organizados por la Consejería de Empleo y Mujer de la CAM), Rialgrenn (fue la principal organizadora de eventos del PP en Andalucía), Booemerangdrive, Cresva y otras. Ficha a Antonio Cámara. A través de este último, organizador y jefe de gabinete del ex presidente del Gobierno José María Aznar, Correa une sus lazos al yerno de éste, Alejandro Agag, a quien Cámara, en su día, llevó personalmente a la sede de Génova y presentó a Aznar.

Álvaro Pérez Alonso : "El bigotes". Centraba su actividad en la Comunidad Valenciana tras haber tenido un aterrizaje triunfal: el gran mitin de Mestalla de 1996, que organizaron Special Events y Jesús Sánchez Carrascosa, asesor de Eduardo Zaplana. El era un trabajador más, pero participó en el mayor acto electoral celebrado hasta la fecha por un partido, que abarrotó las gradas y el terreno de juego con 55.000 seguidores. Pérez trabajaba como asesor externo de José María Aznar en Génova.  Fue entonces cuando el actual presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, vio por primera vez al hoy investigado por Baltasar Garzón. Los siguientes encuentros se produjeron en los congresos nacionales del PP de 1999 y 2002. En 1999, Special Events organiza parte de la campaña electoral de Zaplana a la Generalitat y percibe por ello 10 millones de pesetas. Es la tercera firma en facturación (Media Estrategia cobra 22,3 y Grupo Cencal, 13,3). En conversaciones grabadas por la policía queda acreditada su amistad con Camps :

Camps. Feliz Navidad, amiguito del alma. Oye... que te sigo queriendo mucho.

Á. Y yo también... tenía que haberte llamado, te quería haber llamado, para contarte todo, cómo fue, para decirte que tienes un amigo maravilloso, Romero, y que el otro es un tipo excepcional, ¿eh?

C. Ya, ya lo sé, pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo.

Á. Bueno, qué... contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale?

C. Perdona, ¿durante muchos años? No, hijo de puta, durante toda tu vida. Ja, ja...

Francisco Javier Pérez Alonso. Aunque la cara visible de Orange Market es Álvaro Pérez Alonso, el representante oficial de la empresa para todas esas gestiones publicitarias era su hermano, Francisco Javier , entonces administrador único de la empresa y de otras tres sociedades vinculadas a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP en Galicia, detenido por orden del juez Garzón, y a Ramón Balín Blanco, también imputado en la misma investigación. Ofrecía un domicilio social, en el número 133 de la calle de Guzmán el Bueno, en Madrid, distinto del de Orange Market en Valencia, era también administrador único de Easy Concept Comunicación, SL; de Caroki, SL, y de Good and Better, SL, todas ellas empresas de la trama que investiga el juez de la Audiencia Nacional. Pero Francisco Javier Pérez Alonso dejó sus cargos en las cuatro sociedades hace poco y casi simultáneamente, entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre del año pasado. El denominador común de todas estas empresas, aparte de que sus consejos de administración agrupan a más de una decena de los 37 imputados por Garzón, es la vinculación al ex secretario de organización del PP en Galicia Pablo Crespo Sabaris, bien personalmente, bien a través de Hator Consulting, SA, empresa que comparte con Juan Ramón Balín Blanco y cuyo domicilio social estuvo precisamente en la calle de Guzmán el Bueno, número 133, en Madrid. 

Pablo Crespo Sabaris. Ex secretario de Organización del PP gallego.Actuaba como gerente y consejero delegado de las empresas. Según Garzón, «lleva la dirección y el control del funcionamiento de las empresas de eventos, [...] es el consejero delegado de las empresas; recibe las ofertas de proyectos económicos, concierta las reuniones preparatorias y organiza las reuniones de otros miembros del grupo y supervisa la gestión financiera». En definitiva, Crespo «es el responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa». Crespo es responsable de la gestión del patrimonio personal de Correa y "codiseña con éste la estrategia de ocultación de fondos del mismo". 

Alejando Agag. Yerno de José Mº Aznar. Agag lidera la cabeza de los que tienen más amigos entre imputados  e implicados. Algunos de sus amigos  acudieron a su boda con Ana Aznar, hija del ex presidente del Gobierno José María Aznar . Al menos tres de esos amigos han caído en la red de supuesta corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón. El cabecilla de la trama, Francisco Correa, fue uno de los testigos de la boda de Agag, Se ha conocido que asistió junto con su mujer al palco reservado para Correa en los Master de Tenis en Madrid en el año 2004. Otro testigo de la boda, también amigo y, además, ex socio de Alejandro Agag en alguna empresa, está imputado por Garzón. Se trata del empresario Jacobo Gordon. Por último, Alberto López Viejo, consejero de Deportes de la Comunidad de Madrid  también fue uno de los invitados a la boda.

Jacobo Gordon Levenfeld. Imputado. Fue socio de Alejandro Agag, yerno de José María Aznar. En las grabaciones, aparece reiteradamente. Correa alardea de hacer gimnasia con él. Presuntamente, comparte un fondo de inversión con varios de los imputados de la trama, según los indicios de los denunciantes. En las grabaciones aportadas al sumario, Correa alude a una promoción impulsada junto con Gordon en Majadahonda por la que pagaron un precio "desorbitado". Correa, en otra grabación, recibe una llamada donde le preguntan si ha hablado con Jacobo del "tema valenciano". El cabecilla de la trama comenta en otra conversación la "desastrosa" gestión de Gordón en algunos negocios hasta el punto de llevar a la ruina a algunos fondos de inversión que comparten. "Jacobo, todo el verano con Aznar y no es capaz de pedirle que nos eche una mano para desbloquear la licencia. No ha hecho nada". 

José Luis Urribarri. Imputado. Nacido en Burgos hace 54 años, es el presidente de Begar Construcciones y Contratas, SA, una empresa de obras que entre abril de 2004 y octubre de 2008 ha resultado adjudicataria de obras por 32.946.195 euros en tres consejerías (Transportes, Educación y Justicia) del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre. También recibió el encargo, junto a otras seis empresas, de construir el hospital Infanta Leonor de Vallecas. Juntas formaron una empresa (hospital de Vallecas, SA), que recibe 15,4 millones de euros de canon anual por el centro hospitalario. Su negocio más conocido en Valencia es Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales adjudicadas por el Gobierno que preside Francisco Camps (PP). Begar también ha logrado en Valencia dos aparcamientos y un colector de la Generalitat. El Gobierno valenciano le concedió con la constructora Ocide la obra del hospital de Lliria por 25 millones. El trato de Correa con Ulibarri es casi íntimo. "Os traigo a Ulibarri y se sienta con vosotros dos; soy amigo de los dos; le he vendido mi barco a Ulibarri, en la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarlo". 

José Tomás GARCÍA. Sastre de Milano y Forever Young . Segú sus declaraciones ante el juez Garzón : "La secretaria de [Ricardo] Costa me llamaba, me encargaba los trajes, me preguntaba cuánto había que pagar y, luego, venía Álvaro Pérez y pagaba. Si el dinero era suyo o no, eso, a mí, ya no me compete". Era también el sastre del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del secretario general del PP, Ricardo Costa. Ambos figuran en el auto del juez Baltasar Garzón, junto a dos imputados, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, que también se hicieron trajes con Tomás.El auto del juez Garzón explica que en la relación de pagos a cuenta de Orange Market en Milano "consta un pedido de fecha 26/01/2006 por un importe de 2.400 euros a nombre del señor Costa que corresponde a tres trajes a medida". Y añade: "Se abonan junto con otros pedidos mediante dos talones de 10.672 y 16.936 euros declarados por la tienda el día 15/09/06 e ingresado en Barclays el día 20/09/06 con cargo a Orange Market".Y en cuanto a la compra de trajes en Forever Young señala que el nombre de Costa figura relacionada con una cantidad de 4.925 euros. "Su nombre", añade el juez en referencia a Costa, "figura en varias hojas del listado de encargos de sastrería donde constan las medidas de esta persona" y que hacen mención a "un traje (americana pantalón) y a dos pantalones, así como a otros pedidos de prendas". El auto resume que Costa gastó en ambas tiendas madrileñas un total de 7.325 euros -2.400 en Milano y 4.925 en Forever Young. Por lo que respecta a Francisco Camps, el juez detalla compras por valor de 4.700 en Milano y de 8.083 euros en Forever Young, también pagados por empresas de la trama de corrupción de la que forma parte El Bigotes. También aparecen como beneficiarios de trajes Víctor Campos y Rafael Betoret, que desde el día que se hizo público el auto del juez de la Audiencia Nacional han guardado un silencio absoluto.

Antoine Sánchez. Primo de Correa . Es una «pieza clave» en la estrategia de ocultar al verdadero jefe de la trama, que le hacía figurar como titular de las empresas. Que Sánchez era una fachada lo demuestra que Correa pagase «todos los gastos» que generaba: teléfonos, viajes, manutención, regalos... Pese a todo, su relevancia en la trama es menor, lo que se traduce que sólo le imputa blanqueo de dinero y falsedad. 

Enrique Carrasco y Alfonso García Pozuelo. Imputados. Empresarios. Estos dos nombres aparecen escritos en los documentos de contabilidad requisados por agentes policiales en el curso de la operación judicial contra la trama de corrupción masiva que dirigía Francisco Correa. Sus nombres figuran vinculados al supuesto pago de comisiones ilegales, que se reparten entre los miembros de la trama y dirigentes políticos del Partido Popular. En los registros contables de la trama corrupta, incorporados al sumario, figura un supuesto pago por parte de Enrique Carrasco a la trama corrupta de 17.500.000 pesetas (105.000 euros) de los que 4,5 millones (27.000 euros) fueron supuestamente a parar al bolsillo de Luis Bárcenas, identificado en los documentos que obran en el sumario del caso como L. B.Por su parte, Alfonso García Pozuelo, otro de los nuevos imputados, es presidente de la Constructora Hispánica y pagó, según la investigación judicial, 925.000 euros a la red que dirigía Francisco Correa. Éste, a su vez, derivó 270.000 euros a "L. B.", supuestamente Luis Bárcenas.Según el informe de la Agencia Tributaria incorporado al sumario, la empresa justificaba los pagos de esas cantidades al entramado Gürtel a través de facturas falsas que a su vez realizaban otras firmas sin personal ni estructura o ilocalizables. Constructora Hispánica también optó en marzo de este año a la construcción del edificio que acogerá la futura sede de los grupos políticos en las Corts valencianas. La firma también era una habitual en las contrataciones del Ministerio de Fomento en la época en que Álvarez Cascos dirigía ese departamento del Gobierno de Aznar. También recibió 51 millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat Valenciana entre 1999 y 2002. Constructora Hispánica recibió el grueso de las adjudicaciones del Gobierno valenciano en los últimos años de Eduardo Zaplana como jefe del Consell. Desde 2002, fecha en la que el ex presidente se marchó a Madrid como ministro de José María Aznar, el Consell sólo ha firmado con Constructora Hispánica dos contratos, ambos de la Conselleria de Infraestructuras por valor de 3,4 millones.Entre los supuestos receptores del dinero que salió de Constructora Hispánica en dirección a las firmas de Correa estaría el senador Bárcenas, imputado por el Tribunal Supremo. El mayor de los contratos recibidos en la Comunitat Valenciana por Constructora Hispánica en estos años fue el de la construcción del Centro de Investigación para la Promoción de la Salud Pública, ubicado en la Avenida de Cataluña, y que fue adjudicado en septiembre de 2002 por 25,9 millones. Durante su construcción el edificio sufrió el derrumbe de parte de su estructura. El accidente, ocurrido en julio de 2005, causó dos heridos y obligó a rediseñar el edificio.Ese mismo año la empresa se hizo con el contrato para construir el centro de salud de Natzaret por 4,1 millones y meses antes logró el de la rehabilitación del antiguo hospital Peset para centro de media estancia y atención a enfermos crónicos y larga estancia por 14,9 millones.

José Luis Izquierdo López. Imputado. Contable empresas de Correa. En el auto de Garzón se indica que en la memoria portátil de su ordenador intervenida aparecen los cobros realizados por el décimo congreso regional del PP, celebrado a finales de septiembre de 2002 en el recinto de Feria Valencia. La memoria portátil incluye dos apuntes . Uno realizado correctamente por importe de 90.151 euros y otros cuatro, que suman 150.412 euros, en dinero B (fuera del control fiscal) abonados en efectivo y referidos al décimo Congreso del PP de la Comunidad Valenciana. En marzo del 2009, Izquierdo declaró que algunos apuntes de la caja B -en dinero negro- de la presunta red de corrupción, que él controlaba personalmente, correspondían a supuestos pagos al PP de Valencia, según figura en un informe del sumario al que ha tenido acceso EL PAÍS. La dirección de los populares valencianos niega tales pagos. El contable Izquierdo aclaró a la policía un apunte donde se reflejaba una entrada de fondos de origen desconocido por un millón de euros y una salida de 420.000 a PPVLC, y afirmó que esta última cantidad correspondía a un pago para "algo relacionado con el Partido Popular de Valencia".La investigación, según figura en el informe incorporado al sumario, considera que "no existe ninguna lógica en el traspaso de 420.000 euros de la trama corrupta hacía el PP de Valencia, ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas por Francisco Correa se deriva a una formación política que no debería participar en este tipo de operaciones". Los investigadores sospechan que la entrega de dinero de Correa al Partido Popular valenciano "podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa".

Carmen Rodríguez Quijano. Imputada. Ex mujer de Correa Imputadae, ex jefa de gabinete del ex alcalde popular de Majadahonda, figura en Pasadena Viajes, Special Events, Construcciones Salamanca, Construcciones Roquiconsa y 25 Alfileres Torrent (tejidos al por mayor). Ha aclarado al juez que el único sueldo que recibe es el de una empresa de su padre, Construcciones Salamanca. El padre de María del Carmen Rodríguez es el constructor Emilio Rodríguez Bugallo, detenido en la operación Malaya de Marbella.Sobre su relación con Correa, Rodríguez ha tratado de desvincularse de las actividades de su marido y ha explicado que mantienen separación de bienes, que ya no conviven y que está en trámites de separación. "La relación personal es inexistente", ha asegurado, porque llevan cuatro años "sin tratarse". A preguntas del juez sobre otro de los implicados en el escándalo de corrupción, Antoine Sánchez, detenido desde el viernes, Rodríguez ha dicho que es primo de Correa. La imputada ha asegurado además que no tiene bienes en ningún paraiso fiscal.

Felisa Isabel Jordan Goncet Imputada. figura en Uno más Cuatro Comunicación, Good and Better, e Easy Concept. La imputada que actuaba a las órdenes de Correa, desvela en una de las cintas: "Incluso he pagado una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps. Tengo yo la factura, yo la he pagado".

Alejandro Rodríguez,.Presidente de la Federación Valenciana de Televisión Sobre Ulibarri ha declarado al diario Levante que. "Él ya sabía que le iban a adjudicar las 13 licencias de TDT porque me lo dijo a mí. ¿Cómo lo sabía él de una forma tan fehaciente?", se pregunta Rodríguez, que preside la federación que aglutina a las tres asociaciones provinciales y a un centenar de empresarios. En aquellos años Ulibarri no se escondía. "Él iba diciendo que ya lo tenía claro y que quien no le vendiera a él la emisora de televisión se iba a quedar sin concesión y se iba a comer los equipos con patatas", aseguró Rodríguez .

José Ramón Blanco Balín. Imputado. Conocido en medios judiciales como el “inspector blanqueador”, la historia de Blanco Balín se remonta a la década de los 70, cuando comenzó su amistad con el joven José María Aznar, inspector de Hacienda como él, con el que por aquellas fechas escribió un libro de texto para el Centro de Estudios Financieros. Fue su larga amistad con el ex presidente Aznar lo que le colocó, en el mismo año de su victoria electoral, en 1996, en el consejo de administración de Repsol YPF, hasta llegar a ocupar el puesto de vicepresidente en el año 2000 y luego el de consejero delegado. Y de ahí su salto a algunas de las firmas más poderosas del país, como Gas Natural, Barclays, Banco Zaragozano, NH o Ercros. Blanco Balín aparece en el Registro Mercantil como administrador, socio o apoderado de más de 40 empresas, según constató Europa Press. Su nombre estuvo entre los posibles sustitutos del ex ministro Miguel Boyer al frente de la Compañía Logística de Hidrocarburos (CLH), pero no consiguió el cargo.Blanco Balín llegó a formar parte de los consejos de administración de al menos seis de las compañías de Correa, como Orange Market, Hator Consulting, Osiris Patrimonial e Inversiones Kintimani, convirtiéndose en el “gran blanqueador” no solo de la trama Gürtel, sino que también desde su propia empresa R. Blanco Asesores Fiscales SL, ubicada en la calle Guzmán el Bueno, 133, de Madrid, como asesor fiscal, se especializó presuntamente en facilitar la fuga de capitales a paraísos fiscales, como el Principado de Liechtenstein. Esta maniobra fue descubierta en una operación policial que todavía hoy sigue siendo investigada por la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, y en la que están implicados 200 ciudadanos españoles. Como administrador único de las compañías Rústicas MBS, S.L y Artas Consultoría consiguió jugosas adjudicaciones en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, donde la trama Gürtel se cebó con la anuencia del alcalde Arturo González Panero, entre ellas la concesión, por diez años, de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de esa localidad. Desde su cargo de consejero en la empresa Teconsa consiguió importantes adjudicaciones de las Empresas Públicas de Vivienda de los Ayuntamientos de Boadilla, Arganda del Rey y Majadahonda, y presuntamente pagó comisiones a la trama Correa para lograr que la Junta de las Comunidades de Castilla y Castilla y León le adjudicaran la construcción de la autovía de Olleros. Por cierto, la sede social de Teconsa en Madrid está ubicada en Serrano, 45, justo al frente de la oficina principal de las empresas de Correa, en la misma calle, en el número 40. Una información de El País daba cuenta de un fax intervenido a Correa procedente de la Consejería de Fomento de Castilla y León, en el que se informaba de la adjudicación a Teconsa de la construcción de la autovía de Olleros, y en el que figuraba la anotación manuscrita de la cantidad de 73.650 euros, equivalente al 3% de la concesión, o lo que es lo mismo, la comisión a cambio de la adjudicación. Este dato le incluyó en la lista de los más de 100 imputados del caso Gürtel. Fue sancionado por la CNMV

Guillermo Martínez-Lluch. Imputado. Director de la sucursal en Miami de Bancaja.

Pablo Collado Serra. Imputado. Ha desempeñado un papel relevante en el mundo empresarial mallorquín. Con 22 años montó su primera empresa, una correduría de seguros; después abrió una sociedad mercantil dedicada a la distribución de ropa femenina que luego cerró y más tarde levantó una consultora de comercio internacional. De forma paralela ocupó el cargo de presidente de la asociación Joves Empresaris de Balears y, más tarde, con 30 años, encabezó la Confederación Española de Jóvenes Empresarios, incluida en la CEOE. Su salto a la Administración autonómica lo dio en julio de 2004 de la mano del ex presidente del Govern Jaume Matas, quien le nombró director gerente de la Fundación Para el Desarrollo Sostenible de Balears, encargada de distribuir la conocida Tarjeta Verde, que debe servir para financiar proyectos medioambientales en sustitución de la ecotasa. Fue director general de la Fundación Balear Sostenible en el Gobierno de Jaume Matas, del PP. Collado fue consejero delegado de la empresa Easy Concept, una de las entidades investigadas por Garzón.

María Victoria Romero Párraga. Imputada. Relacionada con Deadline Events, empresa vinculada a Orange Market que, por contrato con el Metro de Madrid, de la Comunidad, realizó un polémico anuncio en el que se mofaban de un seguidor del Atlético de Madrid. Socia fundadora de Special Events y Pasadena Viajes. 

Jesús Calvo Soria. Imputado. Ex gerente de la Universidad Complutense. Participó en la logística de la moción de censura de un partido local, el PP y un tránsfuga que derrocó al alcalde socialista de Bormujos (Sevilla) en 2005. 

Manuel Delgado Solís. Imputado. Abogado. Es consejero de Unión Fenosa, ACS y ha estado vinculado a Cajamadrid. 

Luis de Miguel Pérez. Imputado. abogado de Madrid con fuerte vinculaciones con el presidente de Special Events, el ex diputado autonómico gallego Pablo Crespo. De Miguel desarrolla una frenética actividad empresarial, a tenor del elevado número de sociedades en las que figura en el Registro Mercantil. El letrado, cuyo bufete (De Miguel & Abogados) ofrece servicios a empresas en materia de fiscalidad, administra otras dos firmas con Pablo Crespo: Spinaker 2000 y Gestión de Equipamientos Deportivos. Pero también figura como presidente de las promotoras inmobiliarias La Herreria de los Chorros y Desarrollos Inmobiliarios Fuente Marcela. Además es vicepresidente de Dragon Gas y consejero delegado de Alinvest-Ko. Esta última mercantil está participada al 100% por Artoal SA, con sede en Luxemburgo, un país conocido por sus ventajas fiscales. De Miguel administra otras sociedades domiciliadas en Madrid como Sa Sterling, Soluci, Guadalmina La Garza, Catalina de Erauso, Celvic 2000 o Kuhrway SL. Sólo Orange Market tiene sede social en Valencia.

Fernando Torres Manso. Imputado. Fue apoderado de Special Events;

María Victoria Romero Párraga. Imputada. Accionista de Special Events y de Pasadena Viajes

Luis de Miguel Pérez. Ha tenido cargos en la administración de  Special Events , Pasadena Viajes y de Easy Concept. 

Cándido Herrero Martínez. Imputado

Guillermo García Coello Imputado

Joaquín García Mármol Imputado .

José Antonio (Pepechu), empleado del despacho de Manuel Delgado Imputado

Juan Pérez Mora Imputado

Pablo Ignacio Gallo Alcántara Criado Imputado

Carlos Ignacio Hernández Montiel Imputado

Juan Antonio, empleado del despacho R. Blanco-Guillamot Imputado

Juan Manuel Jiménez Bravo

Andrés Bernabé Nieto. Imputado. Chófer de Correa

David Luis Cerezo. Imputado

Paula Seco de Herrera López. Imputado

Mónica Magariños Pérez. Imputada

Carmen Luis Cerezo. Imputada

Antonio Herrero González Imputado

Carmen, empleado del despacho R. Blanco-Guillamot Imputado

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