CASO GÜRTEL : LAS NOTICIAS
NOTICIAS DIVERSAS SOBRE LA TRAMA EN GENERAL
El presidente del Tribunal del 'caso Gürtel' busca micrófonos ocultos
El magistrado pide a la Policía un barrido electrónico del edificio judicial
En plena deliberación de su Sala de lo Penal sobre la legalidad de las escuchas ordenadas en la cárcel a los implicados del caso Gürtel -la más extensa trama de corrupción vinculada al PP en toda la historia de este partido-, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, ha pedido a la policía que haga un exhaustivo barrido electrónico en las instalaciones de su sede judicial con el fin de comprobar si hay micrófonos ocultos. Él y los otros dos magistrados de su Sala están deliberando en estos días si admiten los recursos de los abogados de los implicados en la trama corrupta y cree que puede haber micrófonos ocultos en los despachos judiciales.
La petición de Vieira causa perplejidad en ámbitos policiales y judiciales
El tribunal debate si anula parte de las escuchas de la red de corrupción
La deliberación de estos tres magistrados, entre los que se encuentra el propio Vieira, puede dar un vuelco a la investigación del caso Gürtel en el caso de que la Sala de lo Penal de este tribunal decida -por dos votos contra uno- anular una parte o el conjunto de las escuchas en prisión ordenadas en febrero de 2009 por el juez Garzón, primer instructor de un proceso que afecta a una decena de altos cargos del PP.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, aupado a este cargo a propuesta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, afín al PP, sospecha que alguien puede estar espiando desde fuera lo que ocurre dentro del edificio judicial. Y por esa razón, ha pedido al responsable del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid que haga un barrido electrónico del edificio del Tribunal Superior en busca de posibles micrófonos ocultos.
Vieira se ha reunido en las dos últimas semanas en al manos cuatro ocasiones con los otros dos magistrados de la Sala de lo Penal, ambos conservadores, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández de Castro, para resolver los numerosos recursos, una treintena, presentados por los abogados de los implicados en el caso Gürtel. Estos letrados pretenden que se anulen las grabaciones judiciales sobre las comunicaciones que mantuvieron con sus clientes en la cárcel de Soto del Real y que fueron ordenadas por el juez Baltasar Garzón. Tales intervenciones fueron instadas al juez por la Fiscalía Anticorrupción y revelan connivencias delictivas entre algunos letrados y sus clientes.
Según ha trascendido, en esas deliberaciones Vieira y Fernández de Castro se han mostrado partidarios de anular total o parcialmente las escuchas porque, según sostienen, contravienen el artículo de la Ley General Penitenciaria en el que se apoyó Garzón para ordenar las intervenciones puesto que ese precepto sólo permite esa actuación excepcional contra abogados si se trata de casos de terrorismo.
En contra del criterio de Viera y Fernández Castro, el juez Suárez Robledano defiende validar todas las escuchas realizadas y entiende que tienen valor probatorio y cobertura legal dentro de la investigación de la más extensa trama de corrupción que salpica a altos cargos del PP desde el caso Naseiro.
Determinados aspectos de las deliberaciones sobre las escuchas, que aún no han concluido, han trascendido a la opinión pública. Por eso, Vieira, que preside el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras ser avalado por los vocales del Poder Judicial elegidos a propuesta del PP y algunos de los elegidos por el PSOE, ha trasladado su preocupación a la policía y ha pedido un rastreo. La policía aún no ha realizado el citado barrido electrónico, una operación insólita que ha causado perplejidad tanto en ámbitos judiciales como policiales.
www.elpais.es 19.03.10
El magistrado pide un juez de apoyo y más medios
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, ha pedido a la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad que proporcione más recursos técnicos y humanos al magistrado instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira. La consejería ha aumentado la plantilla de funcionarios, según fuentes del Gobierno regional, pero no parecen ser aún suficientes dado el enorme volumen de las diligencias del caso Gürtel.
Según fuentes de la consejería, Vieira dispone de un escrito del secretario del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que éste se queja de la falta de medios técnicos y exige que, sólo para tramitar el caso Gürtel, se doble la plantilla de funcionarios y se ponga al servicio de su oficina judicial máquinas fotocopiadoras y escáneres potentes que permitan agilizar la transmisión de las diligencias a CD para ser entregados éstos a los más de 60 abogados personados en la causa. Parte de esos recursos ya se han aportado, según la Comunidad.
Secreto sumarial
Los citados medios señalan que uno de los motivos de la tardanza en levantar el sumario de este proceso se debe precisamente a esa falta de recursos, que se ha ido solventado parcialmente pero que aún dista de lo deseable. Aparte de los problemas técnicos, otro de los motivos del retraso en levantar el secreto que pesa sobre estas diligencias es la negativa de las fiscales Anticorrupción a que se hagan públicas las diligencias mientras no culminen algunas de las investigaciones en curso.
Además, Vieira también ha pedido al Consejo del Poder Judicial, según han explicado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, un juez de apoyo para el instructor Pedreira, quien en la actualidad tramita uno de los sumarios más complejos y profusos de los últimos años, con unas diligencias que se acercan a los 80.000 folios. Fuentes del Poder Judicial señalan que, si bien es posible aumentar la plantilla de secretarios a disposición de Pedreira, no es factible en estos casos añadir un juez de apoyo.
Según fuentes del Tribunal Superior, el juez Pedreira quiere levantar cuanto antes (el próximo plazo expira la semana próxima) la parte del sumario que aún sigue secreta, unos 50.000 folios. Y sólo mantener en secreto las investigaciones relacionadas con la decena de comisiones rogatorias que ya ha enviado a otros tantos países y paraísos fiscales en busca de los millones de euros que la policía cree que oculta la red de Francisco Correa en el extranjero.
www.elpais.es 19.03.10
El vicepresidente del Poder Judicial cree que habría que suspender a Garzón de forma "automática"
Fernando de Rosa anunció que se abstendrá de las deliberaciones tras ser recusado por el magistrado por ser amigo de Camps
Pese a asegurar que no existe ningún tipo de enemistad manifiesta entre él y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el vicepresidente del Consejo General del
Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha asegurado hoy que sería "sano" para la Justicia y la sociedad que el magistrado fuera apartado de sus funciones de manera cautelar y "automática" por las tres querellas contra él que estudia el Tribunal Supremo, según ha declarado hoy en Onda Cero.
De Rosa fue uno de los tres vocales recusados por Garzón para que no participaran en las deliberaciones sobre dicha suspensión. El juez de la Audiencia adujo entonces que el vicepresidente del Poder Judicial había cuestionado "continuamente" su labor instructora, lo que "le priva de objetividad de juicio" para decidir sobre la suspensión. Además, alega que Rosa tiene "amistad íntima" con uno de los interesados en la causa, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de quien dijo que era "totalmente honorable". Asimismo, Garzón asegura que existe "relación de servicio" entre ambos pues Rosa fue consejero de Justicia en el gobierno valenciano.
De Rosa negó la mayor, al igual que otra de las vocales recusadas, Margarita Robles, aunque anunció su abstención en el proceso por el bien de la independencia del Consejo.
El vicepresidente del CGPJ ha reconocido durante la entrevista que es amigo personal de Camps aunque no cree que esta circunstancia le inhabilite para actuar con objetividad e independencia con Garzón.
De Rosa ha insistido en que "lo medular" de esta causa es si el juez de la Audiencia Nacional, con tres querellas en el Supremo, "puede seguir tramitando asuntos en su Juzgado" ya que nadie puede pensar que tiene "méritos adquiridos" para que la Justicia actúe con él "de forma diferente", y ha defendido su abstención en el procedimiento contra Garzón para eliminar cualquier sombra de duda sobre su independencia y objetividad.
www.elpais.es 19.03.10
DOS MAGISTRADOS INSISTEN EN ANULAR PARTE DEL 'CASO GÜRTEL'
Continúan las discrepancias. Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid siguen sin ponerse de acuerdo sobre la legalidad de las escuchas acordadas por el juez Garzón en la cárcel de Soto del Real entre imputados del caso Gürtel y sus abogados. Los jueces volvieron a reunirse ayer y si algo queda claro luego de tres días de deliberaciones es que hay dos jueces (el presidente Francisco José Vieira y el magistrado Emilio Fernández de Castro) que son partidarios de anular esas escuchas y que hay un tercer magistrado, José Manuel Suárez Robledano, que discrepa y que, según fuentes conocedoras de las deliberaciones, entiende que las grabaciones ordenadas por Garzón tienen cobertura legal porque algunos de los abogados actuaron en connivencia con sus clientes para ocultar los millones de euros que la trama corrupta tiene en paraísos fiscales. Las autoridades suizas, por ejemplo, han acreditado que el cabecilla de la red y su número dos, Francisco Correa y Pablo Crespo, respectivamente, ocultaban un total de 21 millones de euros.
Según las citadas fuentes, los tres magistrados volverán a reunirse el lunes. De momento, los dos jueces partidarios de anular las escuchas llevarán el lunes al tribunal un escrito en el que fundamentan su criterio contrario al de Suárez Robledano, que hasta el momento es el ponente. Al estar en desacuerdo con ellos, la ponencia cambiará a las manos de otros de los jueces, posiblemente el propio presidente del tribunal.
Los citados medios no descartan que ambos magistrados hagan un auto en el que digan que esas escuchas son nulas e insten a los abogados a que expongan de forma individualizada y por escrito aquellas fases de la investigación o pruebas que entiendan colisionan con las escuchas que resulten anuladas.
Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS señalan que la anulación de las escuchas permitiría a los abogados de los supuestos delincuentes aferrarse a esta sentencia para seguir recurriendo y pedir la anulación de nuevas pruebas, lo que podría dilatar la causa durante años. Las grabaciones impugnadas por los abogados de los principales imputados en la red corrupta probarían la connivencia entre los cabecillas de la trama para que no fructificase, por ejemplo, la comisión rogatoria enviada por Garzón a Suiza.
(www.elpais.com, 18/03/10)
LOS PINCHAZOS, EN MANOS DE UN JUEZ QUE SE NEGÓ A INVESTIGAR A ULIBARRI
Emilio Fernández Castro, uno de los tres jueces que deben decidir si se anulan o no las escuchas en prisión a imputados del caso Gürtel, se negó en 2007 a admitir una querella sobre los manejos de dos de los principales personajes de la que terminaría siendo conocida como trama Gürtel: el entonces alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero apodado en la trama como el Albondiguilla y el empresario José Luis Ulibarri. Fuentes próximas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) creen que el magistrado no está contaminado para decidir sobre las escuchas.
Sin estudiar el fondo del asunto la oscura adjudicación de una parcela municipal a una empresa de Ulibarri, Fernández Castro dio carpetazo a la querella. No había indicios de delito, sostuvo el magistrado. La empresa adjudicataria, UFC, ni siquiera estaba inscrita en la Seguridad Social.
Dos años más tarde, el juez Baltasar Garzón citaba en dos de sus autos sobre el caso Gürtel la adjudicación de esa parcela como una de las operaciones urdidas por la red corrupta. La parcela, subrayaba el juez en un auto, se adjudicó de forma "directa" a UFC "tras la intervención de Francisco Correa", jefe del clan Gürtel.
La querella por prevaricación que Fernández de Castro se negó a admitir llevaba el sello de Ángel Galindo, concejal de oposición en el Ayuntamiento de Boadilla y abogado de José Peñas, el ex edil del PP cuya denuncia permitió a Garzón tirar del hilo de la red corrupta.
En su denuncia, Galindo desgranaba el cúmulo de irregularidades que habían rodeado la adjudicación de la parcela, destinada a albergar 139 viviendas libres: la oferta económica de UFC 35 millones era cuatro millones inferior a la más alta. Y, sobre todo, UFC era en aquel momento una empresa fantasma o infractora, como demostró su ausencia de registro en la Seguridad Social.
Tras el carpetazo dado a la querella por Fernández Castro, el querellante recurrió a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ. La inadmisión de la querella fue confirmada. Pero lo fue con el voto particular de uno de los tres miembros de la Sala: Antonio Pedreira, quien como instructor de la pieza principal del caso Gürtel revalidó en febrero las escuchas ordenadas por Garzón.
Los imputados en el caso Gürtel han convertido en prioridad lograr la nulidad de las escuchas en prisión. Sobre esos pinchazos deben pronunciarse dos tribunales: el TSJ de Madrid, que debe revalidar o revocar el auto de Pedreira por el que confirmaba la legalidad de tales escuchas; y el Tribunal Supremo, que investiga la querella interpuesta contra Garzón precisamente por José Luis Ulibarri, a quien el sumario presenta como uno de los pesos pesados de la trama.
La decisión del Tribunal Superior de Madrid está en manos de tres magistrados: José Manuel Suárez Robledano, ponente; Francisco Javier Vieira, presidente del TSJ; y Fernández de Castro.
(www.publico.es, 17/03/10)
EL VICEPRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL SE ABSTIENE EN EL PROCESO CONTRA GARZÓN
El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el conservador Fernando de Rosa, ha decidido abstenerse en la tramitación que desarrolla el órgano de gobierno de los jueces para decidir si suspende cautelarmente al juez Garzón por las querellas que tramita contra él el Tribunal Supremo. De Rosa envió ayer un escrito a la Comisión Permanente en el que justifica su decisión en el deseo de "preservar la independencia" del órgano de gobierno de los jueces, aunque añade que no existe "ninguna razón de peso" para abstenerse.
De Rosa es uno de los tres vocales del Consejo -junto con la progresista Margarita Robles y la conservadora Gemma Gallego- cuya abstención solicitó Garzón al entender que mantienen hacia él una "enemistad manifiesta". El vicepresidente del Consejo explica: "La independencia del Consejo está por encima de todo. No puede existir ni una sombra de duda sobre mi dignidad y mi honorabilidad, algo que siempre he preservado en todas las instituciones a las que he servido".
Garzón esgrimía "la amistad personal" que De Rosa, ex consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana, mantenía con el presidente valenciano, Francisco Camps, que fue imputado en el caso Gürtel. De Rosa ha señalado que este asunto nada tiene que ver con los dos procedimientos abiertos en el Consejo. La vocal Robles anunció hace días que, aunque tampoco existe motivo para apartarse del procedimiento, se abstiene para que no se ponga en duda su imparcialidad. La vocal Gallego ha difundido otro escrito en el que señala que no hay argumentos para recusarla.
Por otro lado, la Comisión Permanente del Consejo rechazó ayer el escrito de los abogados Antonio Mazón y José Luis Panea en el que pedían la recusación de otros tres vocales del Consejo por "amistad" con Garzón -los progresistas José Manuel Gómez Benítez y Miguel Carmona y el conservador Pío Aguirre-. Estos abogados se han querellado contra Garzón por los supuestos cobros que habría recibido el magistrado del banco Santander por unos cursos en la Universidad de Nueva York.
Por otra parte, la mayor asociación de abogados de Estados Unidos, American Bar Association (ABA), ha remitido al Consejo del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado una carta de apoyo a Garzón.
(www.elpais.com, 17/03/10)
EL JUEZ ACUSA AL QUERELLANTE DE LA GÜRTEL DE "GROSERAS INEXACTITUDES"
El juez Baltasar Garzón se adhirió ayer al recurso de súplica del Ministerio Fiscal contra la admisión a trámite de la querella por las escuchas de los imputados de la trama Gürtel, y acusó al abogado querellante, Ignacio Peláez, de haber incurrido en "groseras inexactitudes que desvirtúan notablemente la realidad de lo sucedido".
El defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, se adhiere "íntegramente" al recurso de la Fiscalía y en especial al extenso alegato contrario a la "inmunidad absoluta" de las conversaciones entre los presos y sus abogados.
El defensor de Garzón insiste en que las comunicaciones de los internos sólo se pueden intervenir por orden judicial, "pero no sólo en casos de terrorismo", -como sostiene el querellante- "sino en todos aquellos casos en que haya motivos para ello por estar comprometido el descubrimiento de un delito". El letrado cita en su apoyo sentencias del propio Tribunal Supremo y del Constitucional.
(www.elpais.com, 17/03/10)
GARZÓN DICE QUE EL CASO GÜRTEL NO PELIGRA AUNQUE SE ANULE PARTE DE LAS ESCUCHAS
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha presentado un recurso de súplica ante el Tribunal Supremo contra la admisión a trámite de una tercera querella contra él, en concreto la relativa a la intervención de las conversaciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en prisión. La querella, presentada por el abogado de uno de los imputados, acusa a Garzón de prevaricar al cometer un delito conta la garantía institucional de la intimidad.
La defensa del juez, además de defender la legalidad de las conversaciones, mantiene que aún en el caso de que algunas de las escuchas carecieran de interés para la causa, en modo alguno afectaría al derecho de defensa ni peligraría el resto de la investigación. Garzón argumenta que la selección del material que debe integrar la instrucción depende del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "Esto impide, por principio, -prosigue el escrito de alegaciones- toda suerte de contaminación del órgano encargado del enjuiciamiento, derivado de un supuesto conocimiento de la estrategia de defensa legítimamente hilvanada, una vez que se hubiera tomado la decisión de excluir todo lo relativo a estas cuestiones en la misma fase de instrucción", afirma.
Garzón rechaza de esta manera la doctrina del árbol envenenado a la que se acogen los abogados de los imputados, según la cual la nulidad de una prueba invalidaría todo el proceso. Tal como publicó ayer este diario, si el Tribunal Superior de Justicia aplica la jurisprudencia del Constitucional el caso Gürtel, incluida la parte que afecta a la Comunitat, no estaría en riesgo. Dos sentencias del Constitucional de 1998 y 1999 indican que la anulación de una prueba no afecta al resto del caso.
En el escrito de 17 páginas presentado por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, se adhiere al recurso en el mismo sentido que presentó la Fiscalía el pasado 1 de marzo y acusa al querellante de manipular los hechos relacionados con las intervenciones telefónicas mediante "inexactitudes y mendicidades tendentes a crear una sensación global de desprecio por el Derecho". La defensa de Garzón subraya que la ley "no declara la inmunidad absoluta de las conversaciones entre los internos de los centros penitenciarios y los abogados que les visiten", ni tampoco lo ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. "Es indudable que la práctica de diligencias ha de respetar los derechos fundamentales y, entre ellos, el derecho a la defensa, pero de ahí a asumir que las conversaciones entre un interno y un abogado son inviolables media un notable ?
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aplazó ayer por problemas de agenda la reunión que tenía prevista celebrar para retomar las deliberaciones de los 23 recursos interpuestos por los letrados defensores del caso Gürtel contra el juez Baltasar Garzón. El pasado miércoles, Francisco Javier Vieira, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández iniciaron las deliberaciones para llegar a un acuerdo sobre los recursos que podría provocar la nulidad parcial o total de las escuchas telefónicas.
Fuentes del TSJM indicaron que, una vez que la Sala llegue a un acuerdo, el ponente redactará un auto en el que se motivará la decisión alcanzada. En el caso de que se decrete la nulidad de las conversaciones, los abogados defensores podrían solicitar la nulidad de otras pruebas como declaraciones solicitadas a raíz de las intervenciones realizadas en la cárcel. Seria el caso del abogado de José Luis Ulibarri. El instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, tiene previsto levantar el secreto del sumario cuando la Sala Civil y Penal tome una decisión. No obstante, no descarta otra prórroga.
(www.levante-emv.com, 17/03/10)
CORREA Y SU 'NÚMERO DOS' GUARDABAN EN SUIZA 21 MILLONES DE LOS NEGOCIOS ILEGALES
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye una parte de la trama de corrupción vinculada al PP, tiene ya en su poder los resultados definitivos de la comisión rogatoria para investigar los fondos que supuestamente el cabecilla de la red, Francisco Correa, había sacado ilegalmente de España.
La comisión rogatoria ha permitido localizar en Suiza 21 millones de euros que reunían Francisco Correa (17 millones) y su principal colaborador, Pablo Crespo (cuatro), que fue durante un tiempo secretario de Organización del PP gallego.
Correa y Crespo permanecen en prisión desde el mes de febrero del año pasado y son considerados por los jueces que han instruido el caso y por los responsables de la Fiscalía Anticorrupción los dos cerebros de la trama que extendió la corrupción por cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León).
Los 21 millones de euros localizados por la investigación judicial en Suiza habrían sido amasados por la trama de Correa como consecuencia de negocios basados en el tráfico de influencias, el cohecho o la prevaricación con la connivencia de dirigentes políticos del PP, a juzgar por todas las pruebas que atesora la causa sobre las actividades de la red de corrupción.
Correa contrató a lo largo de su aventura empresarial a dos asesores fiscales, que le crearon sociedades en paraísos fiscales donde ingresaba el dinero logrado con sus negocios en España, basados en muchas ocasiones en la adjudicación de contratos, la recalificación de terrenos o la concesión de obras o servicios a empresas para las que intermediaba.
Además, fichó al suizo Arturo Gianfranco Fasana para gestionar sus fondos en paraísos fiscales, por lo que le cobraba un 0,3% de su cartera anual. Fasana, identificado como FAFA en los documentos incautados a la trama corrupta, ha confesado ante el juez de Madrid que investiga esta trama, Antonio Pedreira, que conoció a Correa hace ocho años y que el jefe de la red corrupta se mostró interesado en traspasar unos fondos de Mónaco a Suiza. Fasana explicó en su declaración judicial que su cliente, Francisco Correa, era muy conservador a la hora de invertir su dinero y sólo quería obligaciones de categoría AAA, que garantizan un beneficio razonable con mínimo riesgo.
En medio de la crisis económica y a sólo unos meses de ser detenido, Correa pidió consejo a Fasana para invertir cuatro millones de euros y su gestor le aconsejó el Banco Europeo de Inversiones. Además, Fasana reconoció al juez que gestionó alguna operación inmobiliaria de la red corrupta en el extranjero, como la compra de dos viviendas en Cartagena de Indias (Colombia).
Además, Fasana declaró al juez que había creado la sociedad Rutsfield, domiciliada en la Isla de Man, para que Correa pudiera hacer inversiones inmobiliarias en España a través de esta empresa. En una de esas inversiones en Majadahonda para construir viviendas de lujo participó supuestamente Luis Bárcenas, según investiga el Tribunal Supremo. La mujer de Bárcenas aparece entre las personas que participan de la sociedad inmobiliaria creada para levantar la promoción de lujo en Majadahonda. Un informe policial que ha sido remitido por el juez Garzón al Tribunal Superior de Madrid así lo acredita. Tanto la mujer de Bárcenas como el ex tesorero nacional del PP están imputados en el caso Gürtel.
El instructor del caso Gürtel en Madrid ha remitido más de una decena de comisiones rogatorias al extranjero en busca del dinero que ilícitamente acaparó la trama que dirigía Correa. Países receptores de estas comisiones rogatorias son, entre otros, Estados Unidos, Portugal, Colombia, Panamá y Reino Unido. La parte del sumario abierta revela sospechas de que Correa (como ya se ha demostrado con Suiza) ocultó en ellos fuertes sumas de dinero.
UN INVERSOR QUE HUÍA DEL RIESGO
- Deuda pública o privada. Francisco Correa, jefe de la trama corrupta, prefería inversiones seguras para el dinero que sacaba de España. Y elegía obligaciones AAA. Estas obligaciones son títulos de deuda pública o privada, que emite el Tesoro de un país o una determinada empresa o banco para financiarse.
- Máxima nota. La triple A es la máxima nota que otorgan las agencias de calificación (Moody's, S&P y Fitch): significa que la probabilidad de impago es cero, e imprime un marchamo de máxima seguridad a la deuda. Pero tiene sólo un valor indicativo: las subprime tenían esa nota, así como varios productos de Lehman Brothers, que quebró a finales de 2008.
- Obligaciones 'AAA'. Las obligaciones de deuda de EE UU, británicas y alemanas, por ejemplo, son triple A. Las españolas también, pese a que una de las tres grandes agencias le rebajó el rating en 2009. Y hay obligaciones subordinadas de algunos bancos y unas pocas empresas con la misma nota.
- Rentabilidad. Mínimo riesgo suele suponer mínima rentabilidad, pero ésta depende del emisor y del plazo. Por ejemplo, en las obligaciones a 10 años alemanas está en torno al 3%, y en las españolas es del 4%. Grecia, en plena crisis fiscal, las paga al 7%, pero no son triple A.
(www.elpais.com, 16/03/10)
LOS JURISTAS DISCREPAN SOBRE LA VALIDEZ DE LAS ESCUCHAS
Los juristas tienen opiniones dispares sobre la legalidad de las grabaciones entre los miembros de la trama corrupta de Gürtel y sus abogados. La mayoría cree que tendrían validez legal si el letrado está ayudando a blanquear dinero, aunque un ex magistrado del Constitucional considera que por encima de todo está el derecho de defensa y sí que serían anulables las escuchas.
Vicente Gimeno Sendra, ex magistrado del Tribunal Constitucional, indicó que las escuchas del caso Gürtel pueden "estar tocadas. El derecho de defensa es sagrado. Si los jueces empezaran a intervenir conversaciones entre los abogados y sus clientes sería algo impresentable. Yo en el Constitucional defendí que nunca debían intervenirse. Aquí parece que todo vale. El derecho de defensa está ahí. Si el Estado se entera de las conversaciones entre los abogados y sus defendidos ¿para qué sirve el proceso penal? Yo creo que si ha sucedido así estamos ante una violación al derecho del secreto de las comunicaciones y al derecho de defensa".
Por contra, el ex magistrado de Instrucción Luis Segovia opina que las grabaciones sí son legales. "La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al juez pinchar los teléfonos cuando tiene indicios de que se está cometiendo un delito. En caso de terrorismo ni siquiera hace falta la autorización judicial". Segovia añadió que en el caso Gürtel "hay cuatro abogados imputados por blanqueo". El ex juez lamentó que el problema de anular las escuchas es que "todas las investigaciones que se deriven de ellas también están viciadas. Es la teoría del árbol envenado. Esto puede provocar que queden impunes estos delincuentes, lo que sería un disparate".Luis Segovia recordó que a un abogado "no se le puede pinchar el teléfono si no hay indicios de criminalidad, pero se hace muchas veces. En este caso sí hay indicios de blanqueo. ¿Qué quieren los abogados? ¿la inmunidad para delinquir?" El ex magistrado añadió que lo que sí le parece grave "es que se hayan filtrado a los periódicos las conversaciones".
El abogado penalista Francisco Galiana Botella explicó que es "muy extraño que intenten anular las escuchas antes del juicio. Están condicionado la libertad del tribunal que vaya a enjuiciar el caso. Para que se pueda anular tiene que ser una vulneración escandalosa como que la policía efectúe un registro sin autorización judicial". Galiana apuntó que "si el abogado es sospechoso de cometer un delito sí están justificadas las escuchas".
El catedrático de Derecho Procesal, José María Asencio, aseguró que le parece precipitado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid "se pronuncie sobre si son nulas o no las escuchas telefónicas, cuando todavía persiste el secreto del sumario en el caso Gürtel". Asencio indicó que la normativa de la Unión Europea y también la española permiten las intervenciones para delitos de blanqueo de capitales cuando el abogado delinque.
(www.levante-emv.com, 16/03/10)
DEBATE EN EL PP SOBRE CÓMO LE AFECTARÍA LA NULIDAD DEL CASO
La época de las unanimidades en el PP acabó hace mucho tiempo. Incluso en el caso Gürtel hay división de opiniones. Federico Trillo, principal estratega de la defensa de los populares, está muy contento por la posibilidad de que todo el caso acabe en nada, según su entorno. Pero algunos dirigentes creen que la nulidad, esto es, lo mismo que pasó en los 90 con el caso Naseiro, no sería positiva para el PP.
Dolores de Cospedal fue tajante. ¿Le gustaría al PP que el caso Gürtel acabara con una nulidad?, era la pregunta. "El PP está personado en ese caso y no ha pedido la nulidad. Creo que eso responde a la pregunta", sentenció.
Sin embargo, la noticia publicada por EL PAÍS ayer, según la cual hay un dos a uno en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor de anular las escuchas realizadas en la cárcel a los máximos dirigentes de la red corrupta mientras hablaban con sus abogados, llenó de euforia a las personas más cercanas a la estrategia de defensa del PP, que lidera Trillo, según diversas fuentes del partido.
El portavoz de Justicia del PP es un histórico, uno de los pocos supervivientes de la quema de los últimos años. Con su influencia en la judicatura, como extensión del PP, lleva más de 20 años siendo el factótum del ala conservadora del mundo judicial.
Decenas de ascensos a puestos clave, especialmente en los tribunales superiores y en el Supremo, controlados durante años por la sólida mayoría del PP en el Consejo General del Poder Judicial, han pasado directa o indirectamente por sus manos.
Por eso maneja siempre información de primera mano, tiene influencia y trata de ejercerla. No en vano los presidentes de los Tribunales de Madrid y Valencia, los dos más afectados por Gürtel, fueron elegidos a propuesta de los vocales designados por el PP.
La anulación de algunas escuchas, paso previo que podría llevar a la nulidad total, sería definitiva para Trillo porque justificaría su tesis central, esto es, que el caso Gürtel nació de un complot contra el PP urdido por la fiscalía, la policía y el juez Baltasar Garzón.
Sin embargo, otros dirigentes creen que la nulidad dejaría un flanco abierto eterno para el PP, y prefieren que los tribunales lleguen hasta el final. Según el análisis que realizan en privado estos últimos, el PP ya ha sufrido el desgaste por este caso, y si no aparecen nuevos implicados, es mejor para el partido que los ya destituidos sean condenados y se cierre el círculo.
(www.elpais.com, 16/03/10)
LA JUSTICIA DELIBERA SOBRE LOS RECURSOS CONTRA LAS ESCUCHAS DE GÜRTEL
La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid retomará hoy las deliberaciones de los 23 recursos interpuestos contra las escuchas ordenadas por le juez Baltasar Garzón. Si sus recursos prosperan, podrían desarticular la trama Gürtel.
La posibilidad de que se declare ilegal parte o todas las escuchas telefónicas practicadas por Garzón entre los cabecillas de la Red Gürtel y sus abogados en prisión podría poner en peligro la totalidad del proceso en el que se investiga la trama de corrupción ligada a administraciones del PP al producirse la denominada Teoría de los frutos del árbol envenenado.
Esta teoría se fundamenta en que todos aquellos medios de prueba que, aún siendo lícitos, tienen su origen en los resultados que se obtienen a partir de una actuación ilegal, son ineficaces y, por tanto, no gozan de ninguna virtualidad en el proceso judicial. Es la misma estrategia que utilizó el PP para desactivar el Caso Naseiro , que lo implicaba presuntamente en una red de financiación ilegal en la primera época de José María Aznar, en 1990.
El pasado miércoles, Francisco Javier Vieira, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández iniciaron las deliberaciones para llegar a un acuerdo sobre los recursos que podría provocar la nulidad parcial o total de las escuchas telefónicas.
Fuentes del TSJM indicaron que, una vez que la Sala llegue a un acuerdo, el ponente redactará un auto en el que se motivará la decisión alcanzada por los magistrados.
En el caso de que se decrete la nulidad de las conversaciones, los abogados defensores podrían solicitar la nulidad de otras pruebas como declaraciones solicitadas a raíz de las intervenciones realizadas en la cárcel, en base a la citada Teoría de los frutos del árbol envenenado.
El abogado Ignacio Peláez, que defiende a José Luis Ulibarri, explicó que, en el caso de su cliente, su imputación se basa precisamente en la conversación que mantuvo en Soto del Real con Correa, Pablo Crespo y sus letrados cuando acudió en condición de abogado expresamente llamado.
"Fui a preparar mi estrategia de defensa porque se relacionaba a mi cliente con Correa y Crespo. Nunca sospechamos que se nos podía estar grabando. El contenido de la charla se utilizó para imputar a mi cliente, tal y como aparece en el atestado policial", indicó Peláez, quien adelantó que si se anulan las conversaciones, solicitará que se levanta la imputación sobre su patrocinado.
"Me da rabia que algunos medios nos critiquen por querer anular el proceso, pero la culpa es de Garzón y de las fiscales por permitir la ilegalidad de estas escuchas. La Fiscalía debe velar por la legalidad de las actuaciones, más aún cuando los abogados no podemos acceder a la causa. Si se anula, es por culpa del juez y las fiscales", aseveró.
Este mismo asunto está también en manos del Tribunal Supremo después de que haya admitido a trámite una querella interpuesta por este mismo letrado. A este querella se sumó el letrado de Francisco Correa, que participará en la causa como acusación particular.
El instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, tiene previsto levantar el secreto del sumario de las actuaciones cuando la Sala Civil y Penal tome una decisión sobre los recursos contra las comunicaciones. No obstante, no se descarta que haya una prórroga más de las diligencias.
El pasado enero, el juez Pedreira ya avaló las escuchas al desestimar los recursos interpuestos por José Luis Izquierdo y Javier Nombela Olmos en el que solicitaban la nulidad de las resoluiones dictadas por el juez Garzón referidas a la intervención de las comunicaciones telefónicas.
Los letrados alegaron en sus recursos que las intervenciones violaban lo dispuesto en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que reserva exclusivamente a los supuestos de terrorismo toda intervención de las comunicaciones entre un interno y sus abogados.
En el auto, la Sala de lo Civil y Penal criticó que "la estrategia de los recurrentes consiste en confundir la intervención de las comunicaciones a un interno como medida de régimen penitenciaria, con la intervención de esas comunicaciones como medida de investigación adoptada en un procedimiento penal, de manera que las limitaciones de una se trasmitan a la otra".
(www.publico.es, 16/03/10)
EL CASO GÜRTEL NO PELIGRA SI SE APLICA LA JURISPRUDENCIA DEL CONSTITUCIONAL
El caso Gürtel no está en peligro de nulidad, como ocurrió con el caso Naseiro si se aplica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional avalada por su entonces vicepresidente, el magistrado valenciano Tomás Vives Antón, el primero en aplicar la teoría de la desconexión de antijuridicidad. Así, aunque las escuchas realizadas en prisión a los imputados en este caso fueran declaradas ilegales, las mismas u otras pruebas conseguidas de forma independiente y legítima serían válidas.
Las primeras sentencias del Constitucional que aplican la desconexión de antijuridicidad son la 81/1998 y la 49/99, ambas con Tomás Vives como ponente. Las dos se oponen a la doctrina de los frutos del árbol envenenado, por la que una prueba nula, anula el proceso. Por el contrario, la teoría del Constitucional establece la independencia de las pruebas y su validez por sí mismas, sin contaminarse ni contaminar el proceso. En este sentido, explica un experto jurista, "en oposición a la teoría de los frutos del árbol envenenado, estas sentencias avalan las pruebas que tengan virtualidad en sí misma considerada y halladas de forma independiente a la que deriven directamente del contenido de las conversaciones" anuladas o declaradas ilegales.
Desde el pasado miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Madrid delibera si debe aplicar la doctrina medieval del árbol envenenado, tras las 23 peticiones de nulidad de las actuaciones iniciadas por el juez Garzón hace un año y encabezadas por el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. Sus abogados han pedido que se anulen todas las actuaciones en general o bien a partir del 19 de febrero, cuando ingresaron en la prisión de Soto del Real (Madrid) y el juez Garzón ordenó las escuchas de las conversaciones con sus abogados en el locutorio. Nula la prueba, nula la causa, defienden los imputados. El Tribunal Supremo así lo hizo cuando declaró nulas las escuchas obtenidas en el caso Naseiro, en el que también se investigaba una supuesta financiación ilegal del PP.
No obstante, la jurisprudencia posterior del Tribunal Constitucional habría avalado estas escuchas con la teoría de la desconexión de antijuridicidad. De esta forma, si se llega a la misma prueba por otro medio legítimo, anterior o posterior, la prueba será válida, aunque se anulen los hechos derivados de las escuchas declaradas ilegales, es decir, los frutos del árbol envenenado.
Un ejemplo sería la conversación de 24 de febrero de 2009 entre José Antonio López Rubal, Pablo Crespo y Francisco Correa. En su recurso, el abogado pretende que se anule la conversación en la que se habla de "la sociedad de los locales de Boadilla". Aplicando la teoría del Constitucional, si en un registro legal de estos locales se hallara una prueba, ésta sería legítima y perfectamente válida al tratarse de una prueba independiente de las conversaciones, incluso si éstas se anularan del proceso.
(www.levante-emv.com, 16/03/10)
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID SE INCLINA POR ANULAR LAS ESCUCHAS DEL 'CASO GÜRTEL'
El caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que afecta al PP desde el caso Naseiro y la más extensa conocida en democracia al afectar a varias comunidades y Ayuntamientos, tiene a los corruptos implicados pendientes de una resolución clave para el desarrollo de la investigación judicial. Tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han mantenido ya dos sesiones para deliberar si las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón en la cárcel entre los corruptos y sus abogados, algunos también implicados en la ocultación de fondos, son legales o hay que anularlas.
Dos de los tres jueces que deliberan sobre este asunto defienden la anulación total o parcial de las escuchas decretadas por Garzón y avaladas por el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Las grabaciones que preocupan a los corruptos y a sus abogados probarían la connivencia entre los cabecillas de la trama (Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo) estableciendo estrategias comunes, por un lado, y tratando de evitar que la justicia localizara decenas de millones de euros evadidos a paraísos fiscales.
La tensión en la Sala que delibera sobre la legalidad o no de las conversaciones es muy notable, según fuentes conocedoras de las mismas. En las dos sesiones que han celebrado hasta ahora los tres jueces hay una mayoría de dos a uno a favor de anular las escuchas, aunque no se ponen de acuerdo respecto a si hay que declarar ilegales todas las conversaciones grabadas en la cárcel con abogados o sólo algunas de ellas.
La decisión de esta Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid puede poner en la picota una instrucción que acumula ya decenas de miles de folios, cientos de pruebas y que afecta a un centenar de imputados. Los delitos cometidos por la trama corrupta han dejado fuera del juego político a cuatro alcaldes madrileños del PP, tres diputados autonómicos, entre ellos un ex consejero de Esperanza Aguirre, y han cuestionado las prácticas, muchas de ellas ilegales, de Gobiernos que colaboraron con la trama corrupta, todos ellos del PP.
Cada uno de los tres jueces que dirimen los recursos presentados por los abogados de los corruptos tiene un criterio distinto y opuesto al de los demás, si bien ya se ha conformado una mayoría de dos magistrados frente a uno que son partidarios de anular estas pruebas.
Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS señalan que la anulación de las escuchas permitiría a los abogados de los supuestos delincuentes aferrarse a esta sentencia para seguir recurriendo y pedir la anulación de nuevas pruebas, lo que podría dilatar la causa durante años.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, aupado al este cargo a propuesta de la conservadora, y afín al PP, Asociación Profesional de la Magistratura, se ha mostrado hasta ahora partidario de anular parcialmente las escuchas. Es decir, considera que el juez Baltasar Garzón se excedió cuando ordenó pinchar las comunicaciones que mantuvieron en la cárcel de Soto del Real los dos jefes de la trama con sus abogados.
Colateralmente, admitir los recursos de los abogados también afectaría tangencialmente a Garzón, sobre quien pende una querella por este motivo que presentó el abogado del constructor José Luis Ulibarri, sobre el que pesa la sospecha de haber pagado millones de euros para conseguir adjudicaciones de Gobiernos del PP. El Supremo ha admitido y está instruyendo esta causa contra Garzón.
En principio, Vieira contaría con el apoyo y el voto, para conformar una mayoría de dos contra uno y anular gran parte de las escuchas, de su colega Emilio Fernández Castro. Este magistrado se ha mostrado aún más radical que Vieira y su propósito inicial es anular casi todas las escuchas hechas desde la cárcel.
La postura discrepante la mantiene el magistrado José Manuel Suárez Robledano, también perteneciente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Su criterio pasa por convalidar todas las escuchas decretadas por Garzón y desestimar los recursos de los abogados que piden la anulación parcial o total del proceso sobre la base de la ilegalidad de estas grabaciones.
Si la deliberación sigue por los actuales derroteros, lo previsible es que al final, si hay votación, Viera y Fernández Castro apoyen la anulación de las escuchas, total o parcialmente, al sumar sus dos votos en contra del de Suárez Robledano, cuya opinión está en sintonía, por otro lado, con la ya expuesta en un auto por el actual juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, quien validó las escuchas de Garzón rechazando los recursos de los abogados de los corruptos.
Pedreira sostuvo que las escuchas eran válidas porque algunos de los abogados indagados actuaban en connivencia con sus clientes y colaboraban con ellos para, entre otras cosas, tratar de ocultar y evadir de la justicia española "muchos millones de euros" ocultos por la trama corrupta en casi una quincena de paraísos fiscales.
Según fuentes conocedoras de las deliberaciones, en este momento el nivel de colisión entre los magistrados es tal que Vieira está meditando incluso cambiar al ponente y poner otro, es decir, a él mismo o a Fernández Castro. Y es que su postura y la de Suárez Robledano, ponente en este recurso, parecen de momento irreconciliables, mientras que Fernández Castro estaría dispuesto a modificar la suya, nulidad total, y unirla a una de consenso entre ambos. A Fernández Castro no le importa que pasen semanas antes de tomar una decisión definitiva si con ello la Sala del tribunal alcanza un consenso. La deliberación, según las citadas fuentes, continuará mañana mismo.
Los jueces que quieren anular las escuchas sostienen, entre otros argumentos, que el artículo que invocó Garzón para las escuchas sólo permite intervenir las comunicaciones entre clientes y abogados en los supuestos de terrorismo. El juez Pedreira entendió, en cambio, que eran válidas porque, al margen de ese supuesto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite intervenir comunicaciones de abogados y ordenar registros de sus despachos si, como en este caso, media una orden judicial y el abogado puede ser cómplice del delito.
El sumario del caso Gürtel desvela que el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, el número dos de la trama corrupta, dio instrucciones desde la prisión de Soto del Real en relación con los fondos de la organización en Suiza, según las conclusiones de la policía extraídas de las intervenciones de comunicaciones en la cárcel.
En la parte de las escuchas, la documentación recoge varias comunicaciones, fechadas en el mes de marzo del año 2009, del cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, y de su lugarteniente, Pablo Crespo, con sus respectivos abogados.
(www.elpais.com, 15/03/10)
FINANCIACIÓN ILEGAL EN EL PP GALLEGO
El ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, admite que hubo financiación irregular ante su letrado.
Pablo Crespo. Mira una cosa, hay un dato que tengo que darte. Cuando viniste la última vez, que estaba en unas diligencias, esas diligencias pertenecían a la apertura de una caja de seguridad que tenía yo en Pontevedra, donde yo tenía la información económica de toda mi gestión como secretario de Organización del PP de Galicia durante cuatro años, cuatro ejercicios completos, entonces ahí hay una documentación ordenada por mí en su día, porque cuando yo me marché quería dejar las cosas claras.
Abogado. Seguramente.
Pablo Crespo. Pero no creo que sea un problema jurídico muy grave, salvo lo del ejercicio de 1999. ¿Cuándo prescriben ese tipo de cosas?
Abogado. Depende de lo que estemos hablando, si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral, como mucho 10 años, pero yo creo que es menos.
Pablo Crespo. (...) Yo te hablo de 1999, pero nada más. Pero bueno, les va a dar alas para...
Abogado. Seguro, seguro. Aunque hiciese 20 años de esto, EL PAÍS lo sacaría igual.
Pablo Crespo. Lo que me sorprende es que no lo saquen esta semana. (...) El lío que se puede montar es morrocotudo.
(www.elpais.com, 15/03/10)
COMISIONES ILEGALES A CONCEJALES Y ALCALDES
Francisco Correa, principal imputado en el caso Gürtel, reconoce a su abogado pagos a políticos populares madrileños.
Abogado. Esa asociación todavía no se ha establecido [...]. Ése es el debate que tenemos que dar. [...] Lo único que tenemos es la aplicación a un pen drive.
Correa. El famoso pen drive es el lío famoso, si no existiera... [...] Sin este pen drive todo esto no hubiera ocurrido (...) En un momento determinado se puede decir que ese pen drive es un montaje que ha hecho [José Luis] Izquierdo [contable de la red de sociedades corruptas] con Pepe Peñas, ahí en el pen drive tienen que aparecer los pagos a Peñas cuando era concejal de Majadahonda. Él cobraba, todos los meses le pagábamos [Peñas, ex colaborador de Correa, acabó traicionándole y presentó en 2007 la denuncia que dio origen a la investigación].
Abogado. Nosotros en ningún caso vamos a reconocer que los pagos que aquí se documentan estén asociados a una decisión administrativa.
Correa. Si me preguntan "¿Usted le ha dado el dinero a estos señores?", ¿yo qué les digo?
Abogado. Yo negaría la realidad. Que lo acrediten.
Correa. Habrá que ver qué contestan el día 18 Sepúlveda, Ginés... [ex alcaldes madrileños imputados en el caso].
Abogado. Más o menos tenemos controlados a todos. Excepto a Izquierdo.
(www.elpais.com, 15/03/10)
COSPEDAL: "NOSOTROS NO HEMOS PEDIDO LA NULIDAD DEL 'CASO GÜRTEL"
En una semana clave en el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que afecta al PP, la secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal, ha señalado esta mañana que a pesar de que su partido está personado como acusación en el proceso, no ha pedido en ningún momento la nulidad de la instrucción. La secretaria general respondía así a la pregunta de si al PP le gustaría que el caso Gürtel concluyera en una nulidad, como sucedió con el caso Naseiro en los años noventa.
Dos de los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid están a favor de que se anulen total o parcialmente algunas de las escuchas en la cárcel a implicados en la trama corrupta y abogados defensores del caso. Se espera una decisión de los magistrados en este sentido en las próximas horas.
En declaraciones a la prensa, tras la reunión del comité de dirección del partido Cospedal señaló: "Yo lo que le puedo decir es que el PP está personado como acusación y no ha pedido la nulidad". "Creo que es bastante clara nuestra posición", apostilló la secretaria general del PP.
Esas escuchas de conversaciones entre imputados en la trama corrupta -dirigida por Francisco Correa- y abogados del caso, se produjeron en prisión y fueron autorizadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y avaladas por el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en el Tribunal Superior madrileño. La intención de los presuntos corruptos encarcelados era definir una estrategia común para evitar que la justicia localice millones escondidos en paraísos fiscales.
Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS señalan que la anulación de las escuchas permitiría a los abogados de los supuestos delincuentes aferrarse a esta sentencia para seguir recurriendo y pedir la anulación de nuevas pruebas, lo que podría dilatar la causa durante años.
En el caso Gürtel están implicados ayuntamientos populares y varios representantes de ese partido. En total, hay un centenar de imputados.
(www.elpais.com, 15/03/10)
El veneno que amenaza el 'caso Gürtel'
Abogados de imputados por corrupción, el aparato del PP y magistrados quieren anular las escuchas para desactivar todo el proceso
El PP y los abogados de la red Gürtel, vinculada a ese partido, se disponen a liquidar un caso que puede estallarles en periodo electoral. El juez Baltasar Garzón está a punto de quedar despojado de funciones y cautivo de tres procedimientos penales orientados a su inhabilitación. Y el Tribunal Supremo ha autorizado que el líder de la trama corrupta, Francisco Correa, dirija la acusación contra el juez que le envió a prisión.
El Tribunal Superior de Madrid estudia las intervenciones de Garzón
La nulidad podría intentar extenderse más tarde al resto de las actuaciones
Los abogados no son inmunes a ser investigados, según Anticorrupción
Hay cuatro letrados imputados en la causa contra la trama corrupta
Para el PP y los abogados de la trama Gürtel, la vía más rápida es la nulidad de actuaciones, que tan buenos resultados les dio en el caso Naseiro: declarar nulas las escuchas ordenadas por Garzón, extender la nulidad a las del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira y, siguiendo la teoría del árbol envenenado, procurar que las ramas de éste se extiendan a toda la trama.
En la ofensiva desencadenada para liquidar las escuchas hay abiertos tres frentes, en los que trabajan activamente, junto al aparato del PP, abogados de bufetes de campanillas y hasta el Colegio de Abogados de Madrid. Mientras, en la Secretaría de Causas Especiales del Supremo sestean el recurso contra la exoneración del presidente valenciano, Francisco Camps, o la imputación del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.
- Las escuchas de Garzón. La intervención de las comunicaciones en prisión entre los principales implicados en la trama Gürtel y sus abogados, instadas por la Fiscalía Anticorrupción, ordenadas por el juez Baltasar Garzón y refrendadas por su sucesor en el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, constituyen la primera fase de la ofensiva para conseguir anular el caso Gürtel. El objetivo es que el Tribunal Superior de Madrid declare nulas esas intervenciones.
La Sala Penal del Tribunal Supremo ha enviado su mensaje al Tribunal Superior de Madrid, admitiendo a trámite por primera vez en su historia una querella contra un juez por ordenar una intervención de comunicaciones. No es sólo la tercera querella contra Garzón en apenas nueve meses. Es también la vía de acceso para que todos los implicados en la trama corrupta sienten en el banquillo y acusen al juez.
Desde el miércoles, el Tribunal Superior estudia la validez de las comunicaciones en prisión entre los presuntos corruptos de la Gürtel y sus abogados. Los defensores de los imputados en la trama se aferran a que la intervención de comunicaciones en prisión sólo es válida "con autorización judicial y en supuestos de terrorismo", tal como establece el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Sostienen que, fuera de ese supuesto, el sistema constitucional y el derecho procesal penal no autorizan a interferir "jamás" las comunicaciones de un abogado con su cliente.
Para la Fiscalía Anticorrupción esa postura llevaría a que los abogados fueran inmunes a una investigación penal, y aporta sentencias del Tribunal Supremo que autorizan a interferir el secreto profesional de los abogados cuando existen indicios de que éstos están cometiendo un delito. Anticorrupción se acoge al artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que autoriza al juez a intervenir las comunicaciones para descubrir o comprobar algún hecho importante para la causa y las que sirvan para fines delictivos. Según la fiscalía, la doctrina constitucional no impone ninguna limitación por razón del delito cuando la intervención de comunicaciones de los internos con sus abogados constituye una medida de investigación penal.
Según el fiscal, algunos de los abogados que han informado ante el Tribunal Superior de Madrid, incluso algunos de los que no han sido escuchados, pretenden que la nulidad se extienda no sólo a las comunicaciones en prisión, sino a todas las actuaciones practicadas por Garzón desde el 19 de febrero de 2009 y a todas aquellas que traigan causa de la información obtenida en esas intervenciones, incluidas las medidas cautelares. Las consecuencias serían bien rentables para los presuntos corruptos: libertad de los imputados, devolución de fianzas, alzamiento de embargos, nulidad de las imputaciones y archivo del caso Gürtel.
Si sólo se anulan las escuchas decretadas por Garzón, Anticorrupción prevé unos efectos más limitados. En la causa hay cuatro abogados imputados, pero sobre ellos hay abundantes diligencias anteriores a esas escuchas. Algunas, incluso, desde septiembre de 2005. Se trata de los titulares de bufetes Luis de Miguel, José Ramón Blanco Balín, Manuel Delgado Solís y del abogado de este último José Antonio López Rubal, al que Garzón citó nominativamente en su auto de intervención. Se trata de los despachos que diseñaron la estructura de los circuitos financieros para el blanqueo de los fondos de Francisco Correa.
A este frente se ha incorporado el Colegio de Abogados de Madrid, personado en el caso Gürtel para combatir las resoluciones de Garzón y el auto de Pedreira que las refrenda.
- Las escuchas del Sitel. El segundo frente de la ofensiva lo abrió directamente el PP al cuestionar la legalidad del Sistema Integrado de Interceptación Telefónica (Sitel), un avanzado sistema de escuchas de teléfonos móviles adquirido cuando ese partido estaba en el Gobierno; obviamente, no había previsto que lo utilizaran Anticorrupción y Garzón para desmontar la trama corrupta vinculada al propio PP.
El sistema se había venido utilizando pacíficamente hasta entonces y durante 2009 el Tribunal Supremo lo había avalado en una decena de sentencias, pasando todos los filtros tanto sobre su funcionamiento como sobre la suficiencia de su cobertura legal.
Sin embargo, a principios de febrero, en la última sentencia sobre el Sitel, dos magistrados del sector más conservador de la Sala Penal, Manuel Marchena y José Manuel Maza, que nunca antes habían puesto pegas al sistema, emitieron un voto particular discrepante, criticando la falta de garantías del aparato. Ambos justificaron después en una nota de prensa que no es que ellos hubieran cambiado de criterio, sino que en las anteriores sentencias en que habían participado nunca se había cuestionado que durante el traslado al juzgado de los DVD conteniendo las escuchas, los agentes de policía no las alterasen manipulando su contenido.
Sin embargo, en medios judiciales y en el propio Supremo no pasó inadvertido un encuentro celebrado días antes en Quintanilla de Onésimo (Valladolid), en el que coincidieron magistrados del Supremo afines al PP con algún destacado defensor de imputados en la trama Gürtel en unas jornadas de estudio patrocinadas por una editorial jurídica. El evento, recogido ampliamente por el diario Expansión, fue organizado por el ex ministro de Justicia del PP José María Michavila, y al mismo asistieron los magistrados del Supremo Manuel Marchena y Julián Sánchez Melgar, los de la Audiencia Nacional Enrique López y Eloy Velasco y el catedrático de Derecho Penal y vicedecano del Colegio de Abogados, Luis Rodríguez Ramos, defensor de varios de los implicados en la trama Gürtel, directamente o a través de abogados de su despacho.
Según el citado diario, Rodríguez Ramos urgió la reforma del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisamente el precepto sobre el que se fundamentan las escuchas en prisión avaladas por el instructor del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira. "Con el caso Gürtel como telón de fondo", detallaba Expansión, Rodríguez Ramos cargó contra ese artículo que autoriza la intervención judicial de comunicaciones porque "otorga unas facultades de discrecionalidad tan amplias al juez que no existe seguridad jurídica y no se protege el derecho a la intimidad de las comunicaciones y de los datos que resulten de estas comunicaciones".
Pero, además, la información de Expansión atribuye al magistrado Manuel Marchena unas palabras en las que queda sintetizado el voto particular discrepante que emitieron él y Maza a la última sentencia del Supremo sobre el sistema Sitel. En concreto, Marchena reflexionó acerca de la validez de la prueba electrónica si ésta no viene avalada por la firma electrónica, y señaló que "el DVD que presenta la policía o la Guardia Civil ante el juez instructor debería tener el mismo régimen jurídico probatorio que cuando se aporta en cualquier otro orden jurisdiccional por las partes o por cualquier otro fedatario público". Ésa es la idea central del voto particular discrepante del Sitel.
Ese voto contiene el embrión de la que en medios judiciales ha comenzado a denominarse doctrina Naseiro 2, y viene a suponer que los DVD con conversaciones grabadas que hubieran sido aportados al juzgado por la policía sin la salvaguarda de unos complejos requisitos de sellado electrónico e intervención de un tercero serían nulos, al no poderse acreditar que no hubieran sido manipulados desde que se extraen de la máquina hasta que se depositan ante el juez. De momento es una propuesta, pero ya ha abierto una brecha a que en su día el Supremo la pueda utilizar para liquidar las escuchas a la trama Gürtel.
- Investigaciones de policías y fiscales. Si después de la ofensiva de los abogados y la doctrina Naseiro 2 todavía quedara alguna escucha por eliminar, quizá le pudiera ser de aplicación el reciente acuerdo adoptado en sala general por la Sala Penal del Supremo que elimina las investigaciones previas de policías y fiscales sobre la identidad de portadores de teléfonos móviles. El acuerdo aún no ha sido redactado por el encargado de hacerlo, el juez Luciano Varela, aparentemente desbordado por la instrucción de la querella contra Garzón sobre la investigación del franquismo, pero por lo que se conoce los policías y fiscales no podrían haber solicitado, sin autorización judicial, las identidades ni la dirección IP de los titulares de un teléfono móvil, so pena de nulidad.
www.elpais.es 14.03.10
ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL Decano del Colegio de Abogados de Madrid : "Lo que hizo Garzón es gravísimo"
El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, afirma que las escuchas ordenadas por el juez Garzón a los imputados de la red Gürtel que están en prisión y a sus letrados son nulas porque se ordenaron de forma genérica. Sostiene que no se debió escuchar a los abogados aunque el juez buscase evidencias de que varios de ellos podían ayudar a sus clientes a blanquear dinero y han sido imputados en la causa.
“No se puede escuchar a un abogado por si comete un delito”
Pregunta. ¿Por qué se ha personado el Colegio en el caso Gürtel?
Respuesta. Tras los primeros autos de Garzón, cuando conocimos la resolución que había dictado el magistrado instructor del TSJ, pensamos que si ese criterio se consolidaba, el derecho de defensa que nosotros como abogados queríamos habría resultado transformado en uno distinto. Con el aval de la Junta, yo tomé la decisión de personarnos. Decimos en el recurso que nosotros no tenemos interés más que en esto, no en el resultado del proceso. Por tanto, los temas de nulidades no tienen que ver con nosotros.
P. No buscan nada, pero si se cargan las escuchas, están buscando un resultado: la nulidad de las actuaciones y dejar impune la conducta de unos abogados y de unos imputados en un tema de corrupción…
R. Yo como institución no puedo dejar de actuar respecto de lo que causa la lesión al derecho de defensa. Las consecuencias procesales de eso, en las que yo no entro, pueden ser muy variadas.
P. No será de su interés, pero una cosa lleva a la otra... Los abogados ¿pueden delinquir o no?
R. Yo no defenderé la actuación de un abogado que da un paso más allá de lo que es el ejercicio de su profesión. Estará sujeto a lo que tenga que estar en función de su actuación. Pero aquí no estamos hablando de esto. Estamos hablando de la intervención de comunicaciones de "cualesquiera abogados", que lo sean hoy o que estén en el futuro. Imposible vincular la autorización con la situación de un abogado, porque se extiende a todos.
P. Se determinó respecto de unos abogados…
R. Se mencionó nominativamente a uno, pero en la misma resolución se extiende a todos.
P. Entre los que están el despacho De Miguel, del que dice el fiscal que intervino "en la creación de circuitos financieros para la ocultación y expatriación de fondos", y Blanco Balín, por la "creación de nuevos circuitos financieros en Holanda, las Antillas Holandesas y Suiza".
R. Pero la orden es respecto de todos, no respecto de esos…
P. Sí, pero esos están imputados en la causa ahora mismo.
R. Se ha escuchado a abogados sin ninguna imputación.
P. Pero están imputados De Miguel, Blanco Balín, y también Manuel Delgado Solís…
R. Yo no quiero mencionar nombres… No es ese el tema.
P. Es que no es sólo un abogado. Hay cuatro imputados y parece que son esos los que nombran a los que les sustituyen.
R. No se puede cercenar así el derecho de defensa.
P. En el caso del abogado y narco Pablo Vioque, ¿está justificada la intervención porque dio instrucciones de matar a un fiscal?
R. Si yo, sin saberlo antes, a través de las intervenciones averiguo eso, aunque sea una enormidad, si lo sé porque he hecho algo que la ley no me ampara a hacer, eso no puede ser.
P. Es que no podemos desconocer el caso concreto. No es el primero que ha habido.
R. Nada de esto se ha dicho en la resolución que combatimos nosotros. Cuando se ordena algo tan grave como intervenir la comunicación personal, hay que explicitar las razones, no se puede confiar en que el órgano de instrucción ya sabe suficiente.
P. ¿Eso justifica la querella? ¿Hay que buscar la condena del juez que ordena las escuchas?
R. Es una decisión de la Junta. Lo que ha pasado es gravísimo. Tenemos que tomar la reacción más enérgica.
P. ¿La inhabilitación del juez?
R. No, no…
P. Una querella no se pone por cariño…
R. No, no. Es la depuración de las responsabilidades en que pueda haber incurrido, pero quien tiene que hacerlo, desde luego, no es el Colegio. Nosotros tenemos la obligación de reaccionar con las armas que nos da el ordenamiento jurídico.
P. ¿Y eso no es un aviso a los demás jueces?
R. Es un acto de afirmación de la importancia del derecho de defensa.
P. ¿En un caso de corrupción que vincula al PP, y da la casualidad de que hay que querellarse contra Garzón?
R. Precisamente por la independencia no puedo dejarme llevar porque es el caso que es, ni porque tiene la implicación política que tiene, ni porque afecta a un juez que ha hecho, seguro, mucho bien al país en muchas cosas.
P. Ahora que el juez está en el banquillo del Supremo, y el principal implicado, Correa, se persona. ¿Todo eso no modifica nada?
R. A día de hoy, lo que hemos hecho ha sido actuar en el seno del proceso porque allí había una actuación necesaria. ¿Qué más vayamos a hacer? Pues iremos ponderando las circunstancias.
www.elpais.es 14.03.10
Margarita Robles niega enemistad con Garzón pero no participará en la votación sobre su suspensión
La Permanente del CGPJ traslada al Pleno las alegaciones del juez y la decisión de recusar a otros dos vocales.- De Rosa dice que estudiará el documento y niega que haber sido consejero de Camps influya en su juicio
La vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles ha decidido no participar en las deliberaciones sobre la suspensión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, como él mismo había solicitado. Robles ha hecho el anuncio durante la reunión de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, que ha decidido trasladar al Pleno del próximo día 24 las alegaciones que presentó Garzón contra su posible suspensión por las causas que tiene abiertas en el Supremo.
El Poder Judicial apoya al Supremo frente a los que defienden a Garzón
La "manifiesta animadversión" de Gemma Gallego contra Garzón
Garzón pide al Poder Judicial que no le suspenda y recusa a tres vocales
Lee íntegra la nota en la que Margarita Robles anuncia que se abstendrá en la votación sobre Garzón
DOCUMENTO (PDF - 37Kb) - 09-03-2010
Robles, miembro de la asociación Jueces para la Democracia,rechaza "cualquier género de enemistad" con el juez en un escrito presentado ante el propio Consejo, aunque síreconoce que ambos coincidieron en funciones públicas. Ambos fueron secretarios de Estado cuando Juan Alberto Belloch estaba al frente del Ministerio de Justicia e Interior.
Al respecto, Robles recuerda en su nota que estima procedente la aplicación analógica al presente supuesto, de la doctrina contenida en la sentencia del TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humanos] de 6 de enero de 2010, a que se remite el magistrado Sr. Garzón, sentencia que precisamente puso al mismo de manifiesto que hubiera debido abstenerse -lo que no hizo- en la instrucción de la causa 17/1989, seguida contra personas, "con las que estuvo en contacto, en el contexto de su cargo en el Gobierno", en referencia al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.
En el escrito que presentó la semana pasada, Garzón también pidió la abstención de otros dos vocales, el vicepresidente del propio Consejo, Fernando de Rosa, y la juez Gemma Gallego.
De Rosa actuará "en conciencia"
De Rosa ha asegurado este mediodía en la cadena SER que está estudiando la documentación y en principio no cree que vaya a apartarse. En su opinión, el hecho de haber sido consejero de la Comunidad Valenciana no tiene ninguna influencia ni le quita "objetividad", de la misma manera que Garzón fue también diputado y no ha afectado en su actividad. "Voy a actuar en conciencia y defendiendo los intereses de la institución", ha afirmado De Rosa.
Preguntado por si cree que hay razones objetivas para sancionar a Garzón, De Rosa ha eludido pronunciarse directamente porque sería inmiscuirse en cuestiones futuras. "Habrá que esperar a lo que diga el Supremo", ha señalado el vicepresidente del CGPJ.
Fuentes del entorno de ambos vocales aseguran que tampoco tienen ninguna enemistad con el magistrado y que estudiarán las alegaciones. Estas fuentes aseguran que ninguno de los dos asuntos que les ha remitido el Tribunal Supremo (las querellas por la investigación sobre los crímenes del franquismo y la supuesta percepción de dinero por parte del Banco Santander) tiene que ver con ellos ni Garzón, en su escrito de recusación, hace alusión a ellos.
Sin embargo, según las mismas fuentes, no descartan por completo hacerlo para preservar el buen nombre y la imagen de imparcialidad del CGPJ.
Por otro lado, la Comisión Permanente ha decidido trasladar al Pleno del24 de marzo el escrito presentado por Garzón para que estudie sus alegaciones y si procede suspenderle o no.
Como no existen precedentes de recusación de un vocal ni la Ley Orgánica del Poder Judicial lo prevé, la Permanente ha decidido aplicar por analogía la Ley de Procedimiento Administrativo, según fuentes del CGPJ, que establece que la recusación la tiene que resolver el órgano superior.
Así, el Pleno estudiará por separado cada caso sin la presencia de los vocales, siempre que no decidan abstenerse.
www.elpais.es 09.03.10
Garzón pide al Poder Judicial que no le suspenda y recusa a tres vocales
Pincha aquí para bajarte las alegaciones integras
El juez de la Audiencia Nacional alega la amistad de Camps con el vicepresidente del Consejo
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha pedido en su escrito de alegaciones al Poder Judicial que no le suspenda de sus funciones por las tres causas contra él que estudia el Tribunal Supremo. Además, ha pedido la abstención en las deliberaciones de tres de los vocales del Consejo por las relaciones que tienen con alguno de los interesados y por "enemistad manifiesta" con él mismo.
En concreto, Garzón pide la abstención del vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, porque, en su opinión, ha cuestionado "continuamente" su labor instructora, lo que "le priva de objetividad de juicio" para decidir sobre la suspensión. Además, alega que Rosa tiene "amistad íntima" con uno de los interesados en la causa, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de quien dijo que era "totalmente honorable". Asimismo, Garzón asegura que existe "relación de servicio" entre ambos pues Rosa fue consejero de Justicia en el gobierno valenciano.
Por otro lado, Garzón solicita la abstención de la juez Gema Gallego ya que, según ha alegado, tiene enemistad manifiesta durante su labor como vocal de la Comisión Disciplinaria del Consejo. El magistrado extiende la petición a Margarita Robles para lo que alega enemistad manifiesta y recuerda que coincidió con ella en funciones públicas. Ambos fueron secretarios de Estado cuando Juan Alberto Belloch ostentaba el ministerio de Justicia e Interior.
Razones contra la suspensión
En cuanto a los motivos que Garzón alega para evitar su suspensión, el magistrado asegura en su escrito que no existe riesgo de daño para la administración de Justicia en caso de que se acuerde su continuidad. Por el contrario, asegura que su "perturbaría de una forma extremadamente grave a los magistrados que en la actualidad están tramitando aquellas mismas causas por cuya tramitación" se ve imputado.
Garzón recuerda que todas las querellas que el Supremo ha admitido contra él lo han sido en contra de la opinión jurídica del fiscal "que no advierte delito en mi comportamiento". Además, el magistrado insiste en que el fiscal "ha presentado recurso de súplica contra el auto de la admisión a trámite de la querella". Asimismo, el juez informa de que la Fiscalía "ha manifestado su oposición a que el Consejo acuerde" su suspensión porque si lo hiciera sería "efectivamente contraria a las garantías de independencia e inamovilidad de los jueces".
El magistrado recuerda en su escrito que las querellas que se han presentado contra él "se refieren a hechos de los cuales este Consejo ya ha conocido por vía de inspección sin que se haya observado en ninguno de los casos la más leve irregularidad disciplinaria ni por supuesto deducir testimonio".
Mención especial a la Gürtel
Garzón hace especial mención a la querella presentada contra él por haber ordenado grabar las conversaciones que algunos de los imputados de la trama Gürtel con sus abogados.
Al respecto, Garzón recuerda que sus resoluciones "cuentan con el aval de la Fiscalía, en particular la del Tribunal Supremo" y que "fueron refrendadas" por un auto del magistrado instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, como "conformes a derecho".
El magistrado recuerda que en este momento la Sala de lo Penal del TSJ debe decidir "en una situación delicada la confirmación o revocación de mis decisiones y las del instructor actual" que las ha ratificado. Y continúa: "Esta nueva realidad creada extramuros del proceso penal puede incidir en forma decisiva sobre la libertad de valoración e interpretación de las normas jurídicas de los magistrados que han de resolver la cuestión, bajo el riesgo latente de recibir la misma sanción y castigo que yo".
www.elpais.es 05.03.10
Fernando de Rosa y su "amistad íntima" con Camps
Garzón pide su recusación en las deliberaciones para decidir su suspensión de funciones
La "amistad íntima" y la "relación de servicio" de Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con Francisco Camps, uno de los imputados en el caso Gürtel, son dos de los motivos que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, alega para recusarlo como miembro de la comisión del CGPJ que delibera sobre su suspensión de funciones. De Rosa, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha cuestionado además "continuamente" la labor instructora del magistrado, lo que "le priva de objetividad de juicio" para decidir sobre la suspensión.
Garzón recuerda que Fernando de Rosa fue conseller de Justicia del gobierno valenciano desde 2003 hasta septiembre de 2008, cuando fue nombrado vocal del CGPJ. Es decir, De Rosa fue miembro del Gobierno de Francisco Camps, "persona de la cual se dedujeron indicios de delitos en la instrucción" que Garzón practicó en el caso Gürtel, lo que motivo su inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, dado el aforamiento del imputado.
"Este vocal, lejos de guardar la debida prudencia a la que su nuevo cargo le obligaba en declaraciones el 20 de febrero de 2009 a la televisión pública valenciana Canal 9 no tuvo reserva alguna en salir en desaforada defensa de su antiguo jefe, a quien calificó frente a las primeras noticias de su comportamiento cuestionable como persona absolutamente honorable", añade Baltasar Garzón. Fernando de Rosa insistió entonces, subraya el magistrado, en que el comportamiento de Garzón como instructor podría "pasar una línea roja que es muy importante, que es la prevaricación".
Garzón recuerda además, en alusión a "noticias de prensa", que el Gobierno valenciano, al que perteneció De Rosa, "habría presentado quejas contra" el juez ante el CGPJ "e incluso habría trabajado en la redacción de una querella" que ignora si finalmente se presentó.
www.elpais.es 05.03.10
La "manifiesta animadversión" de Gemma Gallego contra Garzón
El magistrado pide su recusación en las deliberaciones para decidir su suspensión de funciones
La vocal del CGPJ Gemma Gallego, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha exteriorizado "su manifiesta animadversión" contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, razón por la cual el magistrado pide su recusación como miembro de la comisión que delibera sobre su suspensión de funciones.
Previamente a su nombramiento como vocal de Consejo General del Poder Judicial, Gemma Gallego era la titular del Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid, al que correspondió la causa de la supuesta falsificación de un informe pericial que "una notabilísima falta de consistencia intentaba vincular la posesión de ácido bórico en poder de un implicado en los atentados del 11M con anteriores aprehensiones de esa sustancia a miembros de ETA", alega Garzón en su recusación.
Durante el transcurso de la investigación que el magistrado hizo de los hechos, imputó a los peritos "que de forma tan acrítica e irracional habían aparentado esta inexistente vinculación". Garzón recuerda que Gemma Gallego "revirtió la situación para exculpar a aquellos e imputar sin motivo" al comisario general de policía científica, y otros profesionales de la policía , que habían desestimado por insolvente aquella supuesta vinculación y que posteriormente fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid.
Dos meses después de estos hechos, Gemma Gallego fue aupada al CGPJ a propuesta del Partido Popular. "Desde entonces, y posiblemente sintiéndose desautorizada por la Audiencia, esta vocal se ha caracterizado como miembro de la comisión disciplinaria por una constante persecución" de Garzón "hasta un punto poco razonable" y que muestra, según el juez de la Audiencia Nacional, una nula disposición para afrontar de forma objetiva y serena el estudio" de la posible suspensión del magistrado.
Como ejemplos de esta animadversión, Garzón cita tres casos:
Cuando la comisión disciplinaria del CGPJ rechazó la queja interpuesta por la Generalitat valenciana contra Garzón por haber instruido el caso Gúrtel, Gemma Gallego se quedó sola para impugnar el archivo y solicitar que las actuaciones se remitieran al servicio de inspección. Esta vocal habría redactado un voto particular insinuando que el juez "tenía la costumbre de intervenir en causas cuya instrucción" no le correspondía.
En segundo lugar, Garzón recuerda que cuando la comisión disciplinaria le impuso en junio de 2009 "una sanción de 300 euros por falta leve con dos votos a favor incluso del archivo", Gemma Gallego se descolgó proponiendo contra él una desmedida sanción por falta muy grave, que se castiga con la suspensión o la expulsión de la carrera.
Por último, el magistrado señala que cuando Antonio Panea y José Luis Mazón propusieron que se le sancionara por haber pedido un permiso para ir a Perú, la comisión acordó el archivo de semejante denuncia, "huérfana de todo sentido", pese al voto en contra de Gema Gallego.
www.elpais.es 05.03.10
Margarita Robles, enemiga de Garzón desde los 90
El magistrado pide su recusación en las deliberaciones para decidir su suspensión de funciones
"Reiteradas noticias de prensa informan de la enemistad profunda que profesa" la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el juez Baltasar Garzón, según alega el magistrado en su recusación. Esta enemistad procede de la época en la que ambos fueron secretarios de Estado cuando Juan Alberto Belloch ostentaba el ministerio de Justicia e Interior.
Según Garzón "basta consultar las hemerotecas" para comprobar las "posturas encontradas con su juzgado". En concreto, el magistrado hace referencia al caso Roldán, los llamados papeles de Laos, los fondos reservados y la investigación de los GAL.
Para el magistrado, la "falta de imparcialidad se puso de manifiesto en la reunión del 8 de febrero de 2010 en la que se preparaba el orden del día de la comisión disciplinaria". Margarita Robles propuso entonces incluir el estudio de los autos del Tribunal Supremo que afectan a Garzón para analizar la posible suspensión en sus funciones que había sido rechazada con anterioridad. "Es una iniciativa personal y fuera del cauce ordinario", apunta el juez, que subraya que el propio presidente del CGPJ, Carlos Dívar, aseguró que era prematuro dictar suspensión para Garzón y que no tenía precedentes.
Margarita Robles ha mostrado además "un interés especial", alega Garzón, con la causa de la Memoria Histórica, "interés que desfigura la apariencia de imparcialidad necesaria para participar en una decisión tan relevante" como la suspensión del juez, añade el magistrado. Efectivamente, Margarita Robles, reclamó al secretariado de su asociación, Jueces para la Democracia, a la que también pertenece Luciano Varela, un comunicado de apoyo al mismo por las críticas que éste había estado recibido por atribuir a Garzón un delito de prevaricación, castigado con inhabilitación de 12 a 20 años, por querer investigar los crímenes del franquismo. No obtuvo tal apoyo.
"Coincidencia en funciones públicas"
Junto a la "enemistad manifiesta", Baltasar Garzón añade que coincidió con Margarita Robles en funciones públicas. En una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 6 de enero de 2010 sobre el caso Vera contra España, que instruyó Garzón, se señalaba que el hecho de haber coincidido el magistrado con el interesado el Ministerio del Interior -lo que Garzón asegura que no fue así pese a que el tribunal lo da por cierto- era un motivo que podría poner en cuestión la precisa apariencia de objetividad. Según señala la sentencia. "el hecho de que el juez haya ejercido una función pública y haya estado en contacto con ciertas personas en este contexto", puede justificar una queja por falta de imparcialidad-
De acuerdo con esta sentencia, Garzón recuerda que en "ese mismo contexto" coincidió con Margarita Robles por "lo que el mero hecho de nuestra mutua coincidencia en labores de Gobierno hasta que presente mi dimisión es un dato para fundar una solicitud de abstención" ya que "en esta materia incluso las apariencias pueden revestir importancia".
www.elpais.es 05.03.10
Rubalcaba cree que la red Gürtel "ataca" a Garzón para evitar que "la ley les caiga encima"
"No hay que ser un genio para entender que Correa pretende que todas las pruebas contra él se anulen", afirma Rubalcaba sobre su admisión en la causa
El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, considera que detrás de los "ataques" al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hay un intento de los cabecillas de la red Gürtel de evitar que "la ley les caiga encima" y que algunas pruebas queden fuera del sumario.
"Hay quien, como Correa, ataca a Garzón para defenderse. No hay que ser un genio para entender que pretende que todas las pruebas contra él se anulen", ha asegurado en una entrevista en TVE, tras la decisión de ayer de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de permitir al cerebro de la trama personarse en la querella contra el juez por las escuchas de las conversaciones entre los dirigentes de la red encarcelados y sus abogados.
Rubalcaba ha subrayado que respeta de forma absoluta la decisión Supremo. "Es bastante evidente que al ministro, como a cualquiera, hay decisiones que le gustan más y otras menos, que comprende más y otras menos, pero respeto absoluto", ha indicado.
La decisión del tribunal permitirá a Correa unirse al acoso contra Garzón, contra quien se han admitido, al margen de ésta, dos querellas más -por la causa contra el franquismo y los cursos de Nueva York-. Pero Rubalcaba ha expresado su confianza en que la justicia "ponga en su sitio" al cabecilla de la red.
La aceptación de la personación de Correa gana relevancia ante el inminente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre los recursos de los implicados en la trama contra la interceptación de sus conversaciones. El ministro ha destacado además el valor de la presunción de inocencia aunque ha añadido que sobre la culpabilidad de "alguna gente pocas dudas hay".
www.elpais.es 05.03.10
El Supremo admite la personación de Correa contra Garzón
El Supremo permite al cerebro de la red Gürtel sumarse al acoso a Garzón
La Sala Penal admite que Correa acuse al juez por las escuchas en prisión
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aceptó ayer la personación del principal implicado en la red Gürtel -la trama corrupta vinculada al PP-, Francisco Correa, en la querella recientemente admitida contra Baltasar Garzón por haber intervenido en prisión las comunicaciones de los principales implicados en la red y sus abogados, ante la sospecha de que éstos pudieran blanquear el patrimonio obtenido por sus clientes.
El líder de la trama podrá personarse en calidad de ofendido por las escuchas
Aunque el Supremo no facilitó la providencia que admite la personación de Correa, fuentes del alto tribunal informaron de que éste sólo puede ser tenido por parte "perjudicada u ofendida" por los supuestos delitos cometidos por el juez Baltasar Garzón.
La admisión de Correa en la causa para poder ejercer la acusación contra Garzón gana mayor proyección al recaer pocos días antes de que el Tribunal Superior de Madrid tenga que pronunciarse sobre los recursos de los implicados en la red corrupta contra la intervención de sus comunicaciones en prisión, el próximo día 10.
Las escuchas de Garzón, instadas por la Fiscalía Anticorrupción, fueron prorrogadas primero y avaladas después por el actual instructor de la causa, Antonio Pedreira. Contra ese aval de Pedreira a las escuchas se han volcado todos los abogados de los implicados en la red Gürtel, respaldados por el Colegio de Abogados de Madrid, que ha solicitado la nulidad.
El Supremo tampoco ha esperado a resolver el recurso de la Fiscalía contra la admisión a trámite de la querella contra Garzón sobre las escuchas. Esa querella, a la que ahora se ha sumado Correa, fue interpuesta por el abogado Ignacio Peláez en representación del empresario José Luis Ulibarri.
El pasado 25 de febrero, la Sala de lo Penal admitió la querella contra Garzón por un delito de prevaricación y otro de vulneración de la intimidad, en contra de la opinión del fiscal. Contra esa admisión a trámite, el teniente fiscal del Tribunal Supremo cuestionó seriamente en un recurso de súplica la conducta procesal del abogado Ignacio Peláez, al haber "ocultado interesadamente" a la Sala documentos del proceso, y haber presentado una versión "calculadamente fragmentada" de los hechos para lograr la admisión de la querella.
Aunque es muy difícil o casi imposible que prospere un recurso de súplica en una "causa especial" contra aforados, la admisión de Correa en la causa contra Garzón antes de estar resuelto el recurso del fiscal deja aún más en entredicho las escasas posibilidades de que los argumentos de la Fiscalía puedan ser tenidos en cuenta.
El fiscal alegaba que la intervención de comunicaciones ordenada por Garzón era "objetivamente necesaria" para la investigación de los hechos, y proporcionada a la gravedad de éstos, ya que iba encaminada especialmente "a investigar el delito de blanqueo de capitales que, según sólidos indicios, los imputados seguían cometiendo desde el establecimiento penitenciario".
El fiscal detalla en su recurso la participación de tres despachos de abogados en el sumario que instruye Pedreira por la presunta constitución de circuitos financieros para "ocultar, expatriar y repatriar los fondos de Francisco Correa"; por la creación de "nuevos circuitos financieros en Holanda, Antillas Holandesas y Suiza" y por "realizar gestiones para deslocalizar a Francisco Correa y hacerlo reaparecer como residente en el extranjero a fin de no tributar por las rentas obtenidas en España". También le atribuyen haber tratado de ocultar su patrimonio "mediante la interposición del ciudadano francés Antoine Sánchez como testaferro".
La admisión de Correa refuerza también la posición procesal de Peláez, cuyo defendido, el empresario José Luis Ulibarri, no fue sometido a escuchas, puesto que no llegó a ingresar en prisión. Sin embargo, Peláez fue a la cárcel a entrevistarse con los principales implicados en la trama y sus abogados para, según él, "preparar la defensa" de Ulibarri. Como Garzón había ordenado intervenir las escuchas de Correa, Crespo y Antoine Sánchez, Peláez fue escuchado. El fiscal adujo que al no haber ido a prisión a entrevistarse con su cliente preso, no estaba legitimado para actuar como acusador particular. El Supremo desechó este argumento y dio a Peláez la condición de "ofendido", posición que ahora queda reforzada por la presencia de Correa, como "ofendido o perjudicado" directamente por las escuchas.
www.elpais.es 04.03.10
"Sin ese 'pen drive' no tendrían nada"
Francisco Correa, jefe de la trama de corrupción más extensa vinculada a un partido político que se ha desarticulado en España, habló con su abogado en la cárcel y todo quedó grabado por orden del juez Baltasar Garzón.
En su conversaciones del 6 de marzo en la prisión de Soto del Real, Correa se lamenta por la existencia de un pen drive (dispositivo electrónico para almacenar información) donde su contable, José Luis Izquierdo, guardaba la contabilidad de la caja B de su red empresarial, una de las pruebas clave para desentrañar a todos los implicados en la trama.
El jefe de los corruptos habla con su abogado para buscar salidas a su apurada situación. De la conversación se desprende que Correa planea inculpar a Pablo Crespo (su número dos), a Isabel Jordán (ex directiva de una de sus empresas) y a Alberto López Viejo (ex consejero autonómico) de haberlo organizado todo a sus espaldas, o acusar al contable de mentir a la policía para salvarse a sí mismo.
Pero una y otra vez vuelve a escena el archivo USB: "Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo".
Abogado: "Aquí tenemos un problema que es el pen drive, que está expresado con toda claridad. Garzón se ha ocupado, la policía mejor dicho, de hacer cuadros de lo que cobra cada uno [...]. Para que exista delito hay que probar la relación entre los pagos realizados a determinados cargos públicos y una decisión administrativa contraria a derecho. Esa asociación todavía no se ha establecido. Ése es el debate que tenemos que dar".
Correa: "Si me preguntan '¿usted le ha dado el dinero a estos señores?', ¿yo qué les digo?".
Abogado: "Yo negaría la realidad. Que lo acrediten".
Correa: "Habrá que ver qué contestan el día 18 Sepúlveda, Ginés...[ex alcaldes madrileños imputados en el caso]".
Abogado: "Más o menos tenemos controlados a todos. Excepto a Izquierdo".
www.elpais.es 04.03.10
EL FISCAL ACUSA A UN ABOGADO DE GÜRTEL DE OCULTAR DOCUMENTOS AL SUPREMO PARA IMPUTAR A GARZÓN
La fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la admisión a trámite de la querella contra el juez Baltasar Garzón por haber ordenado las escuchas del caso Gürtel, en un escrito en el que reprocha al alto tribunal haberse fiado de la versión del abogado querellante, Ignacio Peláez, en vez de la del ministerio fiscal.
El escrito subraya las "numerosas e importantes incorrecciones" en que incurre Peláez al describir los hechos, "a pesar de tener en su poder los documentos que, de no habérselos ocultado interesadamente a la Sala" hubieran salvado esas incorrecciones.
El recurso, impecable y elaborado en un tiempo récord por el teniente fiscal del Supremo, Juan José Martín Casallo, explica que las omisiones de Peláez evidencian "la estrategia" del letrado "dirigida a cuestionar la imparcialidad" del juez Garzón con el fin de obtener la "nulidad" de las actuaciones.
El fiscal asegura que siempre se ha opuesto "frontalmente" al relato de hechos de Peláez y niega que, como dice el Supremo, no la haya cuestionado "en ningún momento". Rechaza después las "gravísimas imputaciones" contra Garzón sobre la base de haber infringido supuestamente una norma de reparto que, asegura el fiscal, "no se encontraba en vigor".
En su querella, Peláez atribuyó a las escuchas de Garzón la imputación del abogado José Antonio López Rubal por presunto blanqueo de capitales del cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa. También manifestó que Garzón había retrasado "maliciosa y tendenciosamente" la notificación de la imputación de López Rubal a Correa para "poder seguir escuchando".
El fiscal rechaza tajantemente esta versión por ser "absolutamente ajena a la realidad". Casallo demuestra que López Rubal fue imputado "diez días antes", y no después de que Garzón ordenase la primera intervención de comunicaciones. Después, asegura que Garzón "en absoluto ocultó la referida imputación, sino que le otorgó la mayor de las publicidades". Además, López Rubal, pese a conocer su imputación el 11 de febrero de 2009 siguió siendo abogado de Correa y Pablo Crespo hasta el 27 de febrero.
La fiscalía rechaza también que Garzón continuase de forma ilegal la intervención de comunicaciones, versión que califica de "tergiversada" por Peláez y "manifiestamente inveraz". El fiscal aporta 22 documentos en apoyo de su recurso.
(www.elpais.com, 02/03/10)
El fiscal mantiene que las escuchas de Garzón aportaron datos clave en la Gürtel
El Ministerio pública defiende que contaron con la autorización judicial necesaria
La fiscalía ha recurrido ante el Tribunal Supremo la admisión a trámite de la querella interpuesta contra el juez Baltasar Garzón por el abogado de uno de los imputados en el caso Gürtel argumentando que las escuchas ordenadas por el magistrado aportaron datos que fueron "clave" en la investigación.
En el recurso de súplica presentado hoy ante la Sala Segunda del Supremo, el fiscal defiende la legalidad de la intervención de las conversaciones en prisión entre varios imputados de la red Gürtel y sus abogados y solicita que se revoque la admisión a trámite de la querella del abogado Ignacio Peláez, que defiende al empresario imputado en la trama corrupta José Luis Ulibarri. La Fiscalía asegura que las escuchas contaron en todo momento con la autorización judicial necesaria y además proporcionaron datos claves sobre las actividades de blanqueo de capitales de los imputados.
Además, el Ministerio Público matiza las "incorrecciones" que -a su juicio- contiene la querella de Peláez y hace hincapié en que gracias a esas intervenciones telefónicas se supo que los imputados estaban preparando reuniones y operaciones para ocultar y reorganizar fondos ubicados en el extranjero, que a fecha de la detención no constaba que se hubieran producido.
La intervención de las comunicaciones ordenada por Garzón fue, según el fiscal, "una medida objetivamente necesaria para la investigación de los hechos y proporcionada a la gravedad de éstos", ya que iba encaminada a investigar el delito de blanqueo de capitales que, según sólidos indicios, los imputados seguían cometiendo desde la cárcel.
Los abogados participaron en la trama
Para respaldar este argumento, la fiscalía aporta al Supremo una serie de documentos del sumario del caso Gürtel y cita algunas de las conversaciones grabadas que resultaron relevantes para la investigación, entre ellas la mantenida el 18 de diciembre de 2008 por el ex secretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo y el supuesto cabecilla de la trama, Francisco Correa, que hablaron de varias reuniones que tenían pendientes.
Asimismo, el fiscal insiste en que las intervenciones también pusieron de manifiesto los indicios de participación en los hechos de distintos despachos profesionales de abogados. "Nada que ver, como se alega, con el deseo de descubrir las estrategias de defensa de los imputados, sino con la obligación de investigar y perseguir nuevos actos" delictivos fuera de la jurisdicción española y evitar que los imputados pudieran cometer varios delitos, argumenta el Ministerio Público.
Considera también "sorprendente" que el querellante solicite la nulidad de todas las actuaciones relacionadas con la intervención de comunicaciones, cuando no ha alegado nada en contra de la intervención de las comunicaciones mantenidas por los imputados con personas distintas de sus letrados.
www.elpais.es 01.03.10
LA TRAMA CORRUPTA PIDE ANULAR EL PROCESO
Un año después de la desarticulación de la más extensa trama corrupta conocida en democracia, vinculada al PP y operativa en al menos tres comunidades autónomas y varios ayuntamientos, los abogados de los principales implicados han multiplicado su ofensiva judicial para anular el proceso basándose en la supuesta ilegalidad de la intervención de las comunicaciones mantenidas en la cárcel por los abogados con sus clientes.
El Tribunal Supremo, que admitió ayer a trámite una querella contra el juez Baltasar Garzón por ordenar escuchas en prisión, y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que tiene en sus manos numerosos recursos por el mismo motivo, deberán resolver en las próximas semanas si una parte importante del caso Gürtel es anulado por escuchas ilegales.
La investigación de la trama corrupta vinculada al PP ha detectado ya, tras más de dos años de trabajos, la existencia de decenas de millones de euros sacados ilegalmente de España y no declarados al fisco por la red de empresas que dirigía Francisco Correa; la connivencia de dos decenas de dirigentes populares, muchos de ellos a sueldo del jefe corrupto, que gobernaban en instituciones que adjudicaban a dedo contratos a la trama, así como múltiples pruebas de cohechos en la actuación de altos cargos del PP. Muchos de esos cargos han sido destituidos de sus puestos y suspendidos de militancia; otros tienen su futuro hipotecado a decisiones judiciales que deberán adoptar distintos tribunales.
El Supremo admitió ayer la querella presentada contra el juez Baltasar Garzón por el abogado de José Luis Ulibarri, un constructor del que existen múltiples evidencias en el sumario relacionadas con el pago de comisiones ilegales y multimillonarias a la trama para conseguir contratos públicos. Uno de los casos que se investiga tiene que ver con el pago de tres millones de euros por lograr la adjudicación de una parcela para edificar chalés de lujo. Ganó el concurso porque prometió hacer las obras tres meses antes que su principal competidor (que ofrecía justamente tres millones de euros más por el suelo al Ayuntamiento de Boadilla del Monte). Ulibarri se quedó con la parcela pero no edificó los chalés de lujo en el plazo comprometido y por el que supuestamente ganó el concurso.
También ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, junto a otros muchos implicados, el abogado de Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de Orange Market, la empresa que hacía regalos de miles de euros a miembros del Gobierno valenciano y que recibió contratos a dedo desde el primer día que la trama corrupta abrió sucursal en la Comunidad Valenciana.
El Bigotes está imputado por diversos delitos dentro de la conocida trama de corrupción valenciana y ahora ha presentado un recurso ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde pide que se anule todo el proceso a partir de las escuchas en la cárcel, aprovechando la supuesta ilegalidad de las intervenciones autorizadas por Garzón de las conversaciones mantenidas entre los abogados y los encarcelados de la trama.
Ni El Bigotes ni el constructor Ulibarri tuvieron que ingresar en la cárcel como consecuencia de la desarticulación de la trama corrupta vinculada al PP. Sin embargo, ambos recurren a distintos tribunales con la intención de anular pruebas que pueden incriminarles.
En las conversaciones grabadas, el jefe de la trama corrupta, Francisco Correa, se lamentaba ante la existencia de un pen drive, donde se almacenaba toda la información sobre el pago de comisiones ilegales a políticos que gobernaban en municipios o comunidades autónomas. "Es que sin ese pen drive no tendrían nada. Me pongo malo", señala Correa a su abogado.
El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en Madrid, defendió en un extenso auto las escuchas ordenadas por Garzón. Las defensas de los implicados pidieron la nulidad al interpretar que las intervenciones de Garzón violaban lo dispuesto en el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, que señala lo siguiente: "Las comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente llamado en relación con asuntos penales y con los procuradores que lo representen, se celebrarán en departamentos apropiados y no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo".
En su auto, Pedreira mantuvo la legalidad de las escuchas ordenadas por Garzón: "La profesión de la abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma motivada acordar la intervención de comunicaciones".
Ahora, la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tiene en sus manos seguir adelante con la causa y avalar las pruebas logradas mediante la intervención de comunicaciones en la cárcel, o anular una parte de la instrucción que afecta a decenas de imputados, algunos de ellos, dirigentes del PP.
(www.elpais.com, 26/02/10)
EL BIGOTES: "GARZÓN CARECÍA DE INDICIOS CONTRA LOS ABOGADOS"
El recurso presentado por el abogado de Álvaro Pérez, el Bigotes, al que ha tenido acceso EL PAÍS, pide a la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que se anulen todas las pruebas resultantes de la intervención de las comunicaciones en la cárcel entre los abogados y los implicados en el caso Gürtel. El Bigotes, en su recurso, sostiene que cuando Garzón autorizó las escuchas en su resolución no explicaba "qué indicios existían en el momento en que se adopta la medida limitativa de que los letrados estaban cometiendo delito alguno o colaborando con los abogados presos en un delito de blanqueo". Y añade: "Ni se infieren tales indicios de las conversaciones con el letrado imputado ni tampoco con los letrados no imputados".
El abogado de El Bigotes, que se adhiere con su recurso a otros presentados por más implicados en la trama corrupta, asegura que el artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria restringe la posibilidad de intervenir las comunicaciones entre presos y sus abogados a casos de terrorismo. "Ahora", señala el recurso, "se nos dice que el precepto habilitante es el 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precepto que no invocó el juez instructor de la Audiencia Nacional" cuando ordenó las escuchas.
(www.elpais.com, 26/02/10)
El Supremo deja en precario a Garzón y cuestiona las escuchas a la red Gürtel
La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo admitió ayer la querella del abogado Ignacio Peláez contra el juez Baltasar Garzón por los supuestos delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, al haber ordenado el juez la intervención de las comunicaciones en prisión de los implicados en la trama corrupta Gürtel con sus abogados. La admisión de esta tercera querella contra Garzón en menos de un año y, sobre todo, la unanimidad de 11 de los 15 magistrados titulares de la Sala, de todas las tendencias, amenaza seriamente la continuidad de Garzón como juez de la Audiencia Nacional.
Garzón: "Voy a seguir trabajando por la justicia. No me voy a marchar"
Es la primera vez que se incrimina a un juez por ordenar unas escuchas
El magistrado, que se esperaba ya la decisión de la Sala, declaró a EL PAÍS: "Voy a seguir mientras pueda trabajando por la justicia. No me voy a marchar. Soy absolutamente inocente y lo voy a demostrar", remachó. De sus palabras se desprende que Garzón no va a rehuir la pelea en el Supremo, por más que esta decisión entraña que en breve será suspendido de funciones quizá durante años, y que se arriesga a que recaigan sobre él severas penas de inhabilitación como juez.
De haber optado por renunciar a su plaza en la Audiencia Nacional, perdería el fuero ante el Supremo y las tres causas que tiene abiertas pasarían a ser competencia de un tribunal superior de susticia, donde tendría muchas más posibilidades de salir indemne. En la propia Audiencia Nacional ya ha habido precedentes: los magistrados Carlos Cezón y Juan José López Ortega fueron suspendidos de funciones y sometidos a un calvario judicial por haber liberado al narcotraficante Carlos Ruiz Santamaría, El Negro, 15 días antes de su juicio. A partir del momento en que renunciaron a su plaza en la Audiencia, las acusaciones se diluyeron como por ensalmo.
La querella admitida ayer es la primera que determina la incriminación de un juez por ordenar unas escuchas telefónicas. El Supremo ha invalidado centenares de procesos por escuchas irregulares, pero nunca hasta ayer había admitido una querella contra el juez que las ordenó, aunque también se habían invalidado escuchas en prisión. El Supremo extiende, además, un manto de sospecha sobre la validez de esas escuchas, que fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción y prorrogadas y avaladas por el actual juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, y dejan en precario la actuación judicial contra toda la trama.
El ponente de la resolución, José Manuel Maza, parte de la premisa de que "las comunicaciones de presos con abogado sólo pueden intervenirse en los supuestos de terrorismo mediante orden judicial", tesis recogidas en sentencias de 1995 y 1998. No obstante, hoy se distinguen las escuchas como medida de régimen penitenciario de las acordadas para la investigación de delitos y, de hecho, se han intervenido conversaciones de presos con abogados en los casos de Marta del Castillo y del narcotraficante Pablo Vioque, sin consecuencias.
El Supremo cuestiona la hipótesis de que los abogados de los imputados en el caso Gürtel pudieran hacer de "enlace" entre los corruptos en prisión y la organización delictiva, "referida a la totalidad indiscriminada de aquéllos". Según el alto tribunal, Garzón sólo detalló la identidad de uno de esos abogados, José Antonio López Rubal (que, efectivamente, luego resultó imputado por blanqueo), lo que ofrece "un único fundamento fáctico para tan genérica e importante decisión". En suma, la Sala de lo Penal tiene "dudas" sobre "la legalidad de las resoluciones" del juez, por lo que "no excluye" la existencia de delito.
El alto tribunal considera "legitimado" a Peláez para querellarse, pese a que éste no es abogado de ninguno de los presos de la red Gürtel. Peláez defiende al empresario José Luis Ulibarri, que no fue a prisión, pero se entrevistó en la cárcel con los principales implicados de la trama, según él, para "preparar la estrategia de defensa", por lo que aparece en las grabaciones.
Sin embargo, fuentes de la defensa de Garzón subrayaron que el Supremo no ha tenido en cuenta un importante auto de 27 de marzo de 2009, en el que Garzón ordenaba segregar del procedimiento todas las escuchas que tengan relación con la "estrategia procesal de los abogados". Contra el criterio del fiscal, la Sala da a Peláez la cualidad de "ofendido por el delito", como "titular de unos bienes jurídicos conculcados por esas infracciones penales, cualquiera que fuese su relación profesional o de otro tipo".
El último argumento del fiscal, basado en el "fraude procesal" que supondría que los pronunciamientos del Tribunal Supremo pudieran vincular al Tribunal Superior de Madrid que instruye el caso Gürtel, también es rechazado. La Sala replica que lo "irregular" sería que al albur de un pronunciamiento sobre el valor atribuido a las escuchas "se pretenda excluir un pronunciamiento acerca de la existencia o no, de un delito".
www.elpais.es 26.02.10
EL 'CASO GÜRTEL' REVIENTA LA 'FONTANERÍA' DE RAJOY Y ENFRENTA A GÉNOVA CON VALENCIA
El PP insiste, con la prueba fehaciente de las encuestas, en que el caso Gürtel no tiene consecuencias electorales. En plena crisis, la gente está en otra cosa y casi nada de lo que pueda aparecer tiene efectos políticos, explican los dirigentes.
Pero lo que nadie se atreve a negar en el PP es que el caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción en este partido desde el caso Naseiro, a finales de los ochenta está teniendo inesperadas consecuencias internas. Y una de las más graves, y desconocidas, es el enfrentamiento y malestar que está generando en la llamada fontanería del partido; esto es: las estructuras del aparato de organización.
La última trifulca interna ha llegado tras la decisión del sucesor de Ricardo Costa como secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, de pasar la bola de la posible financiación irregular de este partido a Génova, la sede central. Clemente ha enviado una comunicación al Tribunal Superior valenciano en la que señala que "entre 2002 y octubre de 2008 no ha existido el cargo de tesorero del PP de la Comunidad Valenciana, ejerciendo las funciones de tesorería desde los órganos centrales del PP de Madrid, que son los que controlan, autorizan y fiscalizan la totalidad de las actuaciones".
Esta frase, que deja la pelota de la financiación en el tejado de Génova, ha provocado en los últimos días todo tipo de tensiones, conversaciones subidas de tono y cruce de mensajes agresivos entre Madrid y Valencia. Los miembros del equipo de organización del PP a nivel nacional, encabezados por el ex tesorero, Luis Bárcenas, no quieren asumir un problema que es, insisten, completamente valenciano. "Cualquiera que conozca un poco este partido, y sobre todo cualquiera que haya leído las conversaciones que se han transcrito, sabe que Génova no controlaba la financiación del PP valenciano y no sabe si ahí ha habido cosas raras o no. Se unifican criterios contables para presentar el informe del Tribunal de Cuentas, pero las relaciones con los proveedores, con las empresas o la percepción de donativos anónimos se hacían en Valencia. Ese intento de escurrir el bulto es una deslealtad total", señala un dirigente.
El más molesto con esta versión de los hechos que trata de trasladar el partido de Francisco Camps es el propio Bárcenas, al que su compañero valenciano citaba expresamente en el escrito como responsable de esas finanzas -entonces era gerente nacional, fue nombrado tesorero en 2008-. El ex tesorero sigue acudiendo con regularidad a su despacho en Génova -que no ha perdido- y comentando con todos los dirigentes que trabajan allí éste y otros asuntos.
Pero, además del enfrentamiento interno entre Génova y Valencia, lo que más preocupa en estos momentos es el conflicto interno que el caso Gürtel ha dejado en la fontanería del partido. La salida de Bárcenas, que dejó el puesto de tesorero en verano, cuando fue imputado por el Tribunal Supremo, ha alterado los equilibrios internos y ha provocado un enorme malestar con su sucesor, el gerente Cristóbal Páez.
El enfrentamiento entre Bárcenas, amigo de Francisco Álvarez Cascos y representante del PP tradicional, y Páez, un ejecutivo con poca trayectoria en el partido y apoyado por Dolores de Cospedal, la secretaria general, es total. Y este último ha tenido tantos problemas para imponer su criterio en la gestión de las finanzas del partido que directamente ha dejado de acudir a la sede.
Según confirman diversos dirigentes, el sucesor de Bárcenas sigue controlando algunas cosas por teléfono, pero no acude a la sede tras las tensiones y conflictos que se vivieron durante el mes de enero. Rajoy ha tratado sin éxito mediar, pero de momento no ha evitado que el caso Gürtel haya dejado la sede del PP mucho más revuelta de lo que las encuestas podrían indicar.
(www.elpais.com, 22/02/10)
LA QUERELLA CONTRA GARZÓN POR ESCUCHAS A LA RED GÜRTEL ES UN FRAUDE DE LEY, SEGÚN EL FISCAL
La querella del abogado Ignacio Peláez contra el juez Baltasar Garzón por haber ordenado la intervención de comunicaciones de los implicados en la trama Gürtel que se encontraban en prisión incurre en fraude de ley, según el informe remitido por la Fiscalía del Tribunal Supremo a los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo que debe decidir sobre la admisión a trámite de la querella.
La sala de admisión, integrada actualmente por el presidente de la Sala Penal, Juan Saavedra, el magistrado ponente, José Manuel Maza, y los magistrados Perfecto Andrés Ibáñez, Julián Sánchez Melgar y José Ramón Soriano, se reunió ayer pero finalmente no dio a conocer ninguna resolución sobre dicha querella, que suele notificar cuando está redactado el auto.
Ignacio Peláez era fiscal de la Audiencia Nacional antes de dedicarse a la abogacía. En diciembre presentó una querella contra su antiguo compañero, el juez Baltasar Garzón, porque éste ordenó intervenir las comunicaciones de los implicados de la trama Gürtel en prisión.
Garzón ordenó esas escuchas al existir indicios de que algunos abogados podrían estar ayudando a sus clientes a ocultar en el extranjero millones de euros obtenidos por la trama corrupta vinculada al PP. De hecho, cinco abogados están imputados por ese motivo. La fiscalía pidió esas escuchas porque entiende que están amparadas por la Ley General Penitenciaria y el juez del Tribunal Superior, Antonio Pedreira, las prorrogó primero y las avaló después en un auto extensamente razonado.
Según fuentes fiscales, Peláez no está legitimado para querellarse, puesto que ninguno de los presos preventivos con los que se entrevistó era cliente suyo. Según dichas fuentes, Peláez representa al empresario José Ulibarri, para el que Garzón no decretó prisión provisional, y por tanto, no llegó a pisar la cárcel. No obstante, Peláez se entrevistó en prisión con los principales cabecillas de la trama Gürtel, entre ellos Francisco Correa y Pedro Crespo, además de otros que tampoco eran clientes suyos, según él, para coordinar la estrategia de defensa.
La fiscalía afirma que un abogado que se entrevista con presos que no son sus clientes y que tienen sus propios letrados lo hace a título particular y en tal caso no opera el derecho de defensa. En consecuencia, el abogado no está legitimado para querellarse contra el juez puesto que las observaciones telefónicas decretadas por Garzón afectaban a presos que no eran clientes suyos.
Además, la querella incurre en fraude de ley al pretender que el Supremo anule unas pruebas de otro proceso que se instruye en el Tribunal Superior de Madrid, que está bajo secreto y además que se anulen antes de llegar a juicio. Según el informe de la fiscalía, no procede en este momento que el Supremo analice las pruebas de otro tribunal, que es el predeterminado por la ley, y por eso, lo que busca el querellante es una vía fraudulenta para obtener la nulidad de pruebas.
(www.elpais.com, 18/02/10)
REBELIÓN EN EL PP NAVARRO POR EL 'CASO GÜRTEL'
La trama Gürtel está provocando un polvorín en el PP navarro. La corriente del PP "Democracia y Libertad" ha pedido hoy la dimisión del presidente regional de los conservadores, Santiago Cervera, por su negativa a señalar a los "que desprestigian al partido", que según ellos son los responsables del caso Gürtel, "que están muy bien hospedados en Génova 13". Apuntan directamente a la cabeza del Partido Popular en España.
Los movimientos en el PP navarro llevan gestándose varios días, y Cervera ha amenazadado con expulsar a este grupo por sus críticas públicas a la dirección.
"Democracia y Libertad" considera que Cervera se cree "envuelto en la aureola del poder" para "hacer lo que le dé la gana" porque cree que los militantes son "meros borreguitos". Sin embargo afirma que en el caso de los afiliados navarros, entre los que se encuentra el delegado de esta corriente en la Comunidad Foral, Andrés Valencia, no hacen sino ejercer el derecho a la libertad de expresión recogido en la Constitución.
Por eso "Democracia y Libertad" indica a Cervera en un comunicado que es "una lástima" para el partido que una persona como él les represente como presidente del PP de Navarra y le recuerdan que hay presentadas tres demandas en los tribunales para pedir la nulidad del congreso en el que fue elegido y la de su propia elección.
"Democracia y Libertad" asegura por ello su apoyo al grupo de compañeros advertidos de un posible expediente por Cervera, un apoyo que dan "por justicia y equidad", ya que en su opinión "esta persecución" es consecuencia de que se presentara en el PP de Navarra una candidatura alternativa a la "oficialista" y eso "los demócratas no lo perdonan".
"Esos avisos de expulsiones los aprovecha usted para quitar políticamente de en medio a las personas que le molestan, que disienten, que no se doblegan ni apesebran, si le podemos llamar disentir a atreverse a presentar una candidatura contra la candidatura oficialista impuesta a dedo por los órganos del partido", concluyen.
(www.publico.es, 15/02/10)
"HAY UN PARTIDO AL QUE LA CORRUPCIÓN LE HA GUSTADO Y QUE AHORA PAGA LA DEFENSA DE LOS IMPUTADOS"
El caso Gürtel (correa, en alemán), una de las mayores tramas de corrupción política destapados en los últimos años, cumple un año: a las 10.30 del 6 de febrero de 2009, un impresionante ático de lujo de Sotogrande (Cádiz) estaba lleno de policías que habían acudido a detener a Francisco Correa Sánchez. Se lo llevaban a la Audiencia Nacional, en Madrid.
Un año después, el responsable de que el caso estallara y de que hoy lo investiguen tres tribunales distintos (el Supremo, por la implicación de políticos aforados nacionales, y los Superiores de Madrid y Valencia), el ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas, ha concedido una entrevista en Cuatro en la que ha vuelto a arremeter contra la dirección del partido en el que militó por no haber puesto coto antes a Correa y sus hombres: "Hay un partido al que la corrupción le ha gustado durante muchos años, que le paga la defensa a los imputados [en referencia al ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas], y que no sabemos si ha cogido dinero de la Gürtel".
Peñas ha criticado duramente a Mariano Rajoy por no haber sido él mismo quien llevara a Correa, el Bigotes y demás implicados ante los tribunales "cuando ha reconocido que lo sabía antes" de que él lo denunciara. En su opinión, la actitud del hoy presidente del PP le obligó a él a grabar durante dos años una serie de conversaciones que permitieron al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón iniciar la investigación.
El ex concejal ha relatado que su amistad con Correa se forjó desde su puesto en el Ayuntamiento de Majadahonda (Madrid), donde trabajaba con la mujer del empresario. La relación se estrechó a partir de 2005 y llegó un momento en que el cabecilla de la trama trató de que Peñas encabezara un partido político en el municipio de la sierra madrileña. "Fue entonces cuando comencé a ver lo que hacía realmente", ha asegurado.
El poder de Correa dentro del partido era entonces enorme, según el relato de Peña. "Yo he visto apartarse a senadores al paso de Correa en un mitin", ha recordado el ex concejal, quien ha insistido en una frase que resume cómo veía él la situación: "Decir Correa era decir Aznar".
Peñas toma la decisión de grabar sus conversaciones con Correa y denunciarlo porque, según ha comentado, "cuando hay un delito puedes elegir entre irte a casa o hacer algo". En su opinión, "la mejor forma de probar lo que veía era grabarlo y llevárselo a un juez".
El ex concejal reconoce que ha sentido miedo a lo largo de estos años pero que no se arrepiente de nada. Eso sí, su valentía tiene un límite: "He borrado conversaciones que yo no quería tener en mi casa, con contenido más grave que pagar a un alcalde con un coche. Están fuera de sumario y no voy a hablar de ello", ha explicado.
(www.elpais.com, 08/02/10)
LA VIDA ANTES DE GÜRTEL
A las 10.30 del 6 de febrero de 2009, un impresionante ático de lujo de Sotogrande (Cádiz) estaba lleno de policías que habían acudido a detener a Francisco Correa Sánchez. Se lo llevaban a la Audiencia Nacional, en Madrid. Correa estaba viviendo allí con su hija de cuatro años. A esa hora, la policía le hizo firmar un documento llamado Acta de entrega del menor. En él daba su permiso para que la niñera, una mujer filipina de 40 años, se quedara a cargo de su hija. Desde entonces está en la cárcel. A las 11.42, la agencia Efe distribuyó a toda España un teletipo con este titular: "Varios arrestos en una operación contra la corrupción urbanística en Boadilla".
Hubo una vida antes de aquel fin de semana, del que ahora se cumple un año. Regalos, comisiones y adjudicaciones amañadas hacían rodar una bola que arrastraba a unas cien personas, según el número de imputados en este año. El 23 de diciembre, Correa estaba ordenando pagar unos azulejos de Porcelanosa para una mansión en Ibiza. En el centro de esta orgía había políticos que hasta ese 6 de febrero operaron con toda naturalidad durante las últimas semanas antes de que Gürtel cambiara la cara para siempre al PP. Hoy son políticamente parias.
En diciembre de 2008, Francisco Camps, presidente valenciano, está en la cumbre de su poder. Mariano Rajoy le debe la vida como presidente del PP y se ha situado en primera fila de cualquier rumor sucesorio. Sólo tiene dos preocupaciones. Una es hacerse una foto con Barack Obama. La otra es imponerse en el reducto rebelde, el PP de Alicante. En los dos asuntos está metido Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de una empresa que organiza los actos del PP llamada Orange Market, una sucursal de Correa.
Camps y Pérez son íntimos amigos desde hace años y el presidente cuenta con él para todo. Tanto, que Pérez no da crédito cuando se entera de que Camps va a viajar a Santa Fe (Nuevo México) el 16 de diciembre para hacerse una foto con el gobernador de Nuevo México (segunda opción, tras la de Obama) sin avisarle. El 14 de diciembre, en Orihuela, a pesar de que Pérez promete mandar furgones de la policía para llevarse a los enemigos de Camps del congreso regional si hace falta, el candidato de Camps pierde. El Bigotes lleva días confesando en privado, aunque no al PP, que lo veía venir.
Pelillos a la mar. En Reyes, la familia Camps recibe unos regalos tan espectaculares de parte de Pérez que la esposa de Camps amenaza con devolver el suyo.
Mientras, Pérez le está echando una mano a otro buen amigo, Ricardo Costa, el secretario general del PP. Costa tiene el capricho de cambiar de coche. Tiene un Mercedes y quiere un todoterreno de marca Infinity, un coche de lujo que cuesta 80.000 euros y se ve muy poco en España. Pérez hace todas las gestiones para conseguirle uno igual que el de su jefe en Madrid, Pablo Crespo. Costa lo compra finalmente en enero.
A finales de ese mes, el día 22, el Diari Oficial de la Comunidad Valenciana publica que el pabellón valenciano en Fitur 2009 lo hará Orange Market por 916.000 euros. El 30 de enero, el presidente Camps se pasea por Fitur 2009 en Madrid. Lleva un traje azul marino, con un elegante corte que resalta el cuello de la camisa, y corbata oscura con rayas finas amarillas. Le preguntan por los alarmantes datos de paro en su comunidad y Camps dice que "los grandes eventos" palian la crisis.
El lunes 9 de febrero, Pérez es detenido. El 20 de mayo, Camps declara como imputado por cohecho ante el TSJPV. Hoy está fuera de la carrera sucesoria en el PP, en su partido se da por hecho que no volverá a ser presidente y el Tribunal Supremo estudia sentarlo en el banquillo. Costa fue destituido de todos sus cargos y suspendido de militancia en el PP.
Un mes antes, en el número del mes de enero de 2009 de la revista Vive Pozuelo, el alcalde, Jesús Sepúlveda, responsable de actos electorales del PP en la época de José María Aznar, firma un artículo para sus vecinos titulado El reto de un 2009 difícil. No se imagina cuánto. Su amigo Correa, que trabajaba con él en los actos del PP hace diez años y le conseguía coches de lujo, opera sin freno en la Comunidad de Madrid.
Otro alcalde, Arturo González Panero, de Boadilla del Monte, gobierna cómodamente y cobra 85.000 euros al año. En el número de febrero de la revista Boadilla Actual anuncia a sus vecinos que el pueblo acogerá una urbanización de 300 "viviendas ecológicas". Tras él, en las fotos, sonríe Esperanza Aguirre.
Panero guarda un secreto. Su antiguo amigo Correa, el principal contratista del pueblo, le chantajea. Le ha grabado cobrando comisiones. El saqueo de Boadilla es su principal negocio en Madrid.
Sin embargo, Correa se queja de que hay un tipo todavía más golfo que él. Es el consejero de Deportes, Alberto López-Viejo, mano derecha de Esperanza Aguirre. Se lleva "un pellizco" de todos los actos que se organizan en Madrid. López-Viejo no sólo contrata a su amigo, sino que lo recomienda a todo el Gobierno, porque es la referencia para las otras consejerías a la hora de organizar actos, incluidos los de Aguirre. La presidenta lo destituye el 9 de enero, tres días después de la detención de Correa, cuando apenas se conocen detalles de esa relación y el sumario es secreto.
López-Viejo y otros dos diputados del PP están expulsados del Grupo Parlamentario Popular por cobrar comisiones de Correa. Los dos alcaldes citados, junto con el de Arganda del Rey, fueron obligados a dimitir.
El 26 de noviembre de 2008, el senador Luis Bárcenas no acude a votar una moción del Grupo Mixto a primera hora de la mañana. Disciplinado y discreto, no ha faltado a ninguna de las 24 votaciones anteriores desde el inicio de la legislatura. El 17 de diciembre volvería a faltar a primera hora de la mañana. Ocupa desde hace cinco años un escaño por Cantabria, a pesar de que es de Huelva y reside en Madrid. La mayoría de sus compañeros no ha cruzado una palabra con él. Los que no tienen cargos orgánicos incluso desconocen que se sientan junto al tesorero del partido.
Tampoco saben que vive una vida de millonario. Tiene una casa enorme en una zona exclusiva de Madrid, un apartamento en la mejor urbanización de Marbella y otro en Baqueira, que disfrutará esas Navidades. Pero a finales de enero su nombre aparece en los periódicos. Desde el entorno de Esperanza Aguirre, furiosa por el caso de los espías, se le acusa de presionar para que se contrate a determinadas empresas en municipios de Madrid. El 16 de febrero, EL PAÍS publica que Correa presumía de haber llevado 1.000 millones en comisiones a Bárcenas.
Siete meses después, el Senado dio permiso al Tribunal Supremo para imputar delito fiscal y cohecho al cerebro de las finanzas del PP. Junto a él, imputó al diputado Jesús Merino, un discreto y respetado organizador del Grupo Popular en el Congreso. Estos dos son la cara amable de la historia. Bárcenas es un cargo clave de Mariano Rajoy. Merino fue un cargo clave de José María Aznar. No han caído en desgracia.
(www.elpais.com, 08/02/10)
"DECIR CORREA ERA DECIR JOSÉ MARÍA AZNAR"
El ex concejal del PP de Majadahonda y denunciante del caso 'Gürtel', José Luis Peñas, afirmó hoy que en el marco de la trama sobre presunta corrupción dirigida por Francisco Correa "decir Correa era decir Aznar" y acusó al actual líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, de haber tenido "pleno conocimiento" sobre este asunto.
"Hay un partido al que la corrupción le ha gustado bastante durante muchos años", destacó Peñas en declaraciones a Cuatro, recogidas por Europa Press, para criticar que esta formación paga además "los abogados a varios imputados de la trama", en referencia al ex tesorero nacional Luis Bárcenas.
"Un partido que quiere gobernar sin decirnos si ha cogido dinero de la trama Gürtel o no", prosiguió el ex edil. En este punto, relató que el empresario Francisco Correa era "el hombre de supercofianza" en todo lo relacionado con los mítines y la imagen del partido. "Era una persona que iba por el mundo sacando pecho", indicó Peñas, remarcando que el presunto cabecilla de la trama presumía de que el entonces presidente del Gobierno José María Aznar "estaba a su lado".
"Iba por el mundo diciendo que el hacía todo con el presidente -afirmó-. Decir Correa era decir José María Aznar". Dicho esto, cargó contra Mariano Rajoy porque, según dijo, ya notaba "algo raro" respecto a Francisco Correa y por eso decidió "apartarle" de Génova. "¿Por qué no fue al juzgado como hice yo?", preguntó, para responder: "Porque tenía que haber hablado mal de su partido y no quiso".
De este modo, denunció que Mariano Rajoy tenía "pleno conocimiento de la trama" liderada por Francisco Correa y criticó que "ahora no quiere saber nada de este tema".
El ex concejal conservador de Majadahonda destapó la trama Gürtel y, según declaró el pasado octubre ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, grabó sus conversaciones con Correa "no por venganza" contra el PP, sino porque "lo debía a los ciudadanos y porque debían conocerse los hechos".
(www.publico.es, 08/02/10)
La dimensión de la 'Gürtel' fuerza al juez a seguir actuando en secreto
El magistrado alega "el desmesurado volumen de documentación" investigada para prorrogar la medida. La instrucción se topa con obstáculos en los paraísos fiscales vinculados a la trama
Si todo marcha según lo previsto, en el plazo de un mes, el PP se quedará sin una de las principales objeciones que ha puesto a la instrucción del caso Gürtel: la supuesta indefensión que le produce el que la investigación se encuentre bajo secreto. El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira prorrogó ayer por un mes más el secreto de las actuaciones, pero su intención, transcurrido ese plazo, es levantar la medida y que las partes puedan acceder a todo el sumario, informaron fuentes del Alto Tribunal madrileño, que calcularon que la decisión se hará efectiva a principios de marzo.
Antes de navidades, se anunció que Pedreira levantaría parcialmente el secreto que pesa sobre el caso a mediados de este mes. Sin embargo, la "complejidad" y el tamaño de la causa, que ya suma 72 tomos más los de las piezas separadas especiales, le han hecho prorrogar la medida un mes más. Es lo que acaba de hacer el Tribunal Supremo, por sexta vez, respecto a los aforados nacionales de cuya investigación se encarga, el senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado del mismo partido Jesús Merino. Así se evitan "interferencias o manipulaciones" encaminadas a interferir la investigación.
El juez ve necesario trabajar en secreto para evitar "Interferencias"
En el auto de prorroga del secreto, Pedreira se justifica en el "desmesurado volumen de la documentación requerida e intervenida, así como la práctica de nuevas diligencias y ampliación de las practicadas o pendientes de practicar". Así, concluye, es "imposible" analizar "con precisión y suficiencia los datos contenidos" en el proceso que puedan afectar a personas ajenas a la causa y que deben ser retirados de las actuaciones antes de que tengan acceso las partes.
Vunerar su intimidad
No retirar estos datos sobre ciertas personas e, incluso, los relativos a las empresas no vinculadas a la investigación que aparecen circunstancialmente en el sumario, vulneraría su derecho a la intimidad.
El TSJ confía en hacer pública la totalidad del sumario en marzo
La anterior vez que se levantó el secreto, el pasado mes de octubre, se procuró retirar todos los documentos relativos al ocio de los imputados, entre los que figuraban hasta algunos episodios sexuales. La mayor polémica que se creó entonces todavía colea. Es la relativa a las transcripciones de conversaciones que mantuvieron imputados con sus abogados en la cárcel. En el DVD facilitado a las partes con 17.000 folios del sumario se incluían algunas que el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, había ordenado destruir.
Precisamente, la próxima semana está previsto que Pedreira resuelva los recursos que presentaron ante él dos abogados, uno de ellos el de José Luis Izquierdo, el contable de la trama en cuyo poder se encontró el lápiz de memoria que ha sido clave para desmantelar la trama de corrupción, al contener detalladamente quiénes habían cobrado comisiones de las empresas de Francisco Correa.
El resto de letrados, incluido el de Correa, José Antonio Choclán, prefirieron saltarse a Pedreira y recurrir directamente ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. No en vano el actual instructor del caso Gürtel ha mantenido las intervenciones acordadas en su día por Garzón.
Resolverá la próxima semana sobre la validez de las escuchas
Una vez resuelto el recurso y después de que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana se pronuncie en relación a las investigaciones hechas en Madrid sobre la supuesta financiación irregular del PP de Francisco Camps, lo que se espera para principios de la próxima semana, Pedreira fijará nuevas declaraciones de imputados. La última comparecencia se produjo el pasado 12 de enero. Fue la de la última imputada que se ha producido en el caso: la edil de Pozuelo de Alarcón (Madrid) por el PP Yolanda Estrada.
Concretar responsabilidad
Con ella el número de imputados en uno de los principales casos de corrupción destapados en los últimos tiempos se elevó a 65, aunque esta cifra podría reducirse de cara al próximo levantamiento del secreto de las actuaciones. Fuentes del TSJM señalaron que la intención de Pedreira es reducir su número como ya hizo en febrero, cuando citó a 71 personas para entregarles una copia de la parte del sumario sobre la que se había levantado el secreto; unos días después redujo la cifra de imputados a 64. El objetivo es depurar y concretar las responsabilidades de los implicados en el caso.
En el procedimiento, el juez Antonio Pedreira investiga los delitos de blanqueo de capital, defraudación fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento público, oficial y mercantil, revelación de secretos, prevaricación y tráfico de influencias.
Para esclarecer cómo operaba la trama de Correa, Pedreira cursó 15 comisiones rogatorias a distintos países, entre ellos, varios paraísos fiscales. En su auto de ayer el juez se queja de que algunos de ellos no son colaboradores, lo que ha "agravado" la dificultad que de por sí conlleva este tipo de diligencias por la variedad de leyes de cada país. "Estas circunstancias hacen que el aseguramiento de las diligencias entrañe una enorme dificultad", señala el magistrado.
www.publico.es 23.01.10
EL DENUNCIANTE DE LA GÜRTEL DECLARA AL JUEZ QUE LA TRAMA PAGÓ UN VIAJE DE RAJOY
Pasadena Viajes, una de las empresas de la trama Gürtel, pagó las vacaciones de Mariano Rajoy y su familia en Canarias después de que el PP perdiera las elecciones generales del 14 de marzo de 2004. José Luis Peñas, el ex concejal del PP que grabó al cabecilla de la trama, Francisco Correa, y denunció el escándalo de corrupción, declaró ante el magistrado Antonio Pedreira que el viaje fue un regalo del propio Correa, según le reconoció este personalmente.
Está previsto que el juez Pedreira levante en los próximos días el secreto de una segunda parte del sumario del caso Gürtel, donde es muy probable que esté la declaración de Peñas en la que asegura que el viaje de Rajoy lo pagó Correa. Se trata de una comparecencia de unas cinco horas que tuvo lugar en mayo de 2009, la segunda a la que acudió el ex concejal la primera fue ante Baltasar Garzón, citado por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La versión oficial dada por el PP es que ese viaje era un regalo del partido a Rajoy (un auto-regalo, entonces, pues Rajoy era el secretario general) para que descansara tras las elecciones generales de 2004, en las que el PP perdió el poder a favor de José Luis Rodríguez Zapatero tras una campaña agotadora física y, sobre todo, anímicamente, pues estuvo marcada por los atentados del 11-M.
Público ha preguntado al Partido Popular si abonaron el viaje y, en caso afirmativo, si pueden mostrar la factura. Un portavoz se limitó a responder de forma tajante que no tenían "nada que decir al respecto". El presidente del PP viajó a la isla de Gran Canaria junto a su mujer, Elvira Fernández, y el hijo mayor de la pareja.
Hasta las elecciones de 2004, con Aznar en la presidencia del Gobierno, Correa era el proveedor oficial del partido a nivel nacional, en lo que se refiere a viajes y organización de eventos. De hecho, el conseguidor se había adentrado años atrás en los círculos del Partido Popular gracias a una pequeña agencia de viajes que ofrecía sus servicios a unos precios inmejorables. Nadie conseguía billetes más baratos.
Poco a poco se fue ganando a varios dirigentes conservadores hasta convertirse en alguien esencial en las entrañas del partido, una de las figuras no públicas más importantes de la formación. En su despacho de la calle de Serrano, 40, en Madrid, tenía una bandera de España y otra del PP.
Un modo muy habitual de engrasar las relaciones con aquellos que le podían conceder jugosos contratos fue regalarles viajes, como hiciera con Arturo González Panero, el ex alcalde de Boadilla del Monte, al que llevó varias veces a Miami. En concreto, Pasadena Viajes solía utilizar la compañía Iberia. Compraban billetes de turista, pero un directivo de la aerolínea y concejal de Boadilla del Monte por el PP modificaba el billete para pasar a los pasajeros a primera clase ocupando plazas que quedan libres. Se trata de una medida habitual de las compañías con los grandes clientes, como era Pasadena, y más teniendo en cuenta que los pasajeros solían ser de renombre.
Después de las elecciones de 2004, Correa cayó en desgracia con Mariano Rajoy y su círculo más íntimo, que dejaron de contratarlo. El principal imputado del caso Gürtel se refugió entonces en las comunidades de Madrid y Valencia. Aunque dejó de prestar servicios al partido a nivel nacional, Correa guardaba toda la documentación de Pasadena Viajes en una nave del Polígono Ventorro del Cano, en Alcorcón (Madrid).
La policía dio con el lugar y se incautó de varias cajas que contenían cientos de facturas y otra documentación donde aparecen reflejados varios años de viajes oficiales y privados de cargos del partido, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel. Varios dirigentes acudían a Pasadena para contratar viajes personales que "no siempre se cobraban", según una fuente cercana al cabecilla de la red corrupta.
Entre los muchos agasajos, figura un viaje de novios "espectacular", según fuentes de la investigación, que Francisco Correa dio como regalo de boda a un alto cargo de la Comunidad de Madrid. Una funcionaria puso este dato en conocimiento de la policía. El juez Antonio Pedreira está investigando seis años de viajes privados de distintos dirigentes del PP realizados a través de Pasadena.
José Luis Peñas se ganó la confianza de Correa gracias a su cargo de concejal y mano derecha de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (Madrid) e imputado en el caso Gürtel.
Peñas salió del PP en el año 2005, pero mantuvo su relación con Francisco Correa a través de un nuevo partido y aprovechó su relación para grabar las conversaciones con Don Vito, que han supuesto el estallido del mayor escándalo político de los últimos años.
(www.publico.es, 22/01/10)
EL JUEZ DE GÜRTEL INVESTIGA SEIS AÑOS DE VIAJES PRIVADOS DE CARGOS DEL PP
El caso Gürtel, el mayor escándalo de corrupción ligado al PP desde 1989, cuando estalló el caso Naseiro, sigue extendiendo sus tentáculos. La minuciosidad con la que la red dirigida por Francisco Correa llevaba la cuenta de todos los regalos con los que, supuestamente, agradecía los contratos que le facilitaban los dirigentes del PP, el partido para el que hacía prácticamente todos los actos y viajes, está dando mucho trabajo a la policía pero a la vez ofrece muchísimos datos de cómo operaba la red.
El juez principal del caso, Antonio Pedreira, está analizando a través de los investigadores policiales una ingente documentación sobre viajes privados de diversos dirigentes del PP. Cuando inspeccionaron las empresas de Correa, los investigadores dieron con las señas de una nave industrial en Alcorcón (Madrid), concretamente en la calle de Arganda del polígono Ventorro del Cano. Allí estaba prácticamente toda la documentación de la actividad de Pasadena viajes, la agencia de Correa que se convirtió en la proveedora oficial del PP durante años. Pasadena organizaba todos los viajes del partido y del presidente, José María Aznar, e incluso las campañas electorales con los periodistas.
Lo más relevante de esa documentación son los viajes privados de dirigentes del PP, que aprovechaban esta agencia para contratarlos. Algunos de ellos aparecen como no pagados, esto es, como regalos de Pasadena al partido para ganarse su confianza.
Entre la documentación incautada hay una fotocopia del carné de identidad de Mariano Rajoy, el líder del PP. Uno de los últimos encargos que Pasadena tuvo con el PP, antes de que rompieran relaciones porque Correa utilizó el nombre del partido para obtener ventajas en distintas adjudicaciones en la sierra de Madrid, fue el de un viaje a Canarias que, según la versión oficial, el partido le regaló a Rajoy para que descansara después de la campaña electoral de 2004, en la que perdió frente a José Luis Rodríguez Zapatero. Ese viaje aparece como no pagado. El PP sostiene que sí se pagó, pero no aporta ninguna documentación que acredite ese hecho. En cualquier caso, portavoces oficiales del PP señalan que si Pasadena no cobró ese viaje cuando liquidó deudas con el PP, al romper la relación, es su responsabilidad, y creen que el asunto es, en cualquier caso, menor.
De las personas que, en la época en que Correa lo era todo en el PP, se encargaban de labores de organización, algunas siguen en la cúpula del partido. Además de la estructura del aparato, que apenas ha cambiado, se mantienen el propio Rajoy, que fue vicesecretario de Organización; Javier Arenas, que fue secretario general, y Ana Mato, entonces su mano derecha.
El asunto de los diversos regalos de la red a políticos del PP ha marcado el caso Gürtel. Uno de los que más regalos habría recibido sería Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y el hombre encargado por Aznar de organizar sus actos. Y otro, Luis Bárcenas, entonces gerente y ahora ex tesorero. Ambos están imputados por recibir supuestamente sobornos de la red.
En una de las conversaciones que grabó a Correa el principal testigo, José Luis Peñas, ex concejal del PP, el jefe de la red señala: "Le dije a Bárcenas: 'Por cierto, dile a tu amigo Sepúlveda que me debe el Range Rover, que eran 14 millones, me iba a pagar una obrita o algo, y no ha pagado los 14 millones, así como todos los viajes de los últimos dos años".
En el auto del Tribunal Supremo que imputa a Bárcenas, los jueces detallan que hay pruebas de un posible regalo de viajes al ex tesorero. El más significativo es un safari de lujo a Suráfrica y Zimbabue, cuyos datos han aparecido en la contabilidad B de la red, con un coste mínimo de 15.000 euros por persona.
Entre la documentación encontrada también se detalla un viaje a Venezuela de Alejandro Agag, yerno de Aznar, en compañía de Francisco Correa. El viaje, que Agag asegura haber pagado, figura consignado en la contabilidad que guardaba José Luis Izquierdo, el hombre que apuntaba en la caja B de la trama empresarial los pagos e ingresos que le decía Correa y su lugarteniente, Pablo Crespo.
En la parte del sumario que se ha hecho pública también figuran pruebas que, supuestamente, acreditarían con documentos y testimonios el pago de regalos en forma de viajes a los ex alcaldes de Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón y Boadilla del Monte, todos ellos del PP.
(www.elpais.com, 12/01/10)
SÁENZ DE SANTAMARÍA EVITA EXPLICAR LOS VIAJES PRIVADOS DEL PP FINANCIADOS POR LA TRAMA
La portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, esquiva la información publicada hoy por EL PAÍS sobre la investigación del caso Gürtel que analiza seis años de viajes privados de cargos del PP a partir de la documentación incautada a la trama corrupta. "Me suena a otras informaciones idénticas que han salido otras veces. El partido ha explicado cosas que se han apuntado antes y que no han sido así", ha indicado en una entrevista en Telecinco. "La corrupción es muy preocupante pero la mayoría de la gente que está en política es honesta. Nosotros hemos aprobado un código ético", ha añadido Sáenz de Santamaría.
Preguntada por las palabras de ayer del presidente del PP, Mariano Rajoy, en las que negaba que fuera a dimitir en caso de que se comprobara que se ha producido financiación irregular en su formación, la portavoz popular ha indicado que se está hablando de "hipótesis que no están demostradas y no pasan de una elucubración". En su opinión. Rajoy ha dejado claro que no acepta la corrupción. "Cada uno es responsable de sus actos. La corrupción afecta a todos como el caso Pretoria al PSOE", ha argumentado.
Sobre el hecho de que Rajoy aparezca entre los nombres de las facturas intervenidas en la empresa de la trama que financió viajes, Sáenz de Santamaría ha pedido prudencia y ha vuelto a la carga con el discurso de la persecución."Que se produzcan filtraciones es un desastre. Hay que manejar estas cosas con más prudencia porque hemos visto a gente esposada en telediarios y luego se ha demostrado que no han hecho nada", según la portavoz del PP. "Esa información ha salido un montón de veces y ha sido explicada con anterioridad, no es novedad, son elucubraciones. No se pueden atribuir cosas si no están probadas", ha subrayado.
Sáenz de Santamaría ha respondido a las críticas del PSOE a Rajoy por fotografiarse en los medios en un comedor social y en la cola de las oficinas del INEM. "No me imagino a Zapatero en una lista del paro porque no quiere verla. Esa cola del paro es la realidad de muchos españoles", ha asegurado la portavoz del PP, quien ha pedido al PSOE "que no encubra la realidad".
(www.elpais.com, 12/01/10)
SÁENZ DE SANTAMARÍA SIGUE ECHANDO BALONES FUERA SOBRE LAS IMPLICACIONES DEL PP EN LA GÜRTEL
El PP sigue pasando de puntillas sobre el caso Gürtel, sin llegar a aclarar apenas nada sobre sus implicaciones con las empresas de Francisco Correa. La portavoz parlamentaria de los conservadores, Soraya Sáenz de Santamaría, volvió hoy a echar balones fuera sobre los viajes privados que, presuntamente, el entramado corrupto regaló a numerosos dirigentes del partido, y se limitó a decir que las informaciones “no son nuevas” y ya han sido explicadas.
Soraya Sáenz de Santamaría, entrevistada esta mañana en el programa de Ana Rosa Quintana, en Telecinco, volvió a dar respuestas poco concretas sobre las implicaciones de su partido en la trama de corrupción de la Operación Gürtel y no dudó en restar importancia al asunto y echar balones fuera. La portavoz parlamentaria del PP aseguró que la información sobre los viajes que Correa habría regalado a miembros del partido “no es en absoluto novedad” y “ha sido perfectamente explicada” por los afectados, aunque el PP no ha presentado ningún tipo de factura, por ejemplo, del viaje que Pasadena organizó para Rajoy tras la derrota electoral de 2004.
"Hipótesis" sin demostrar
La portavoz insistió en que no se debe hablar de “hipótesis” que “en absoluto” están demostradas y que solo llevan a “elucubraciones” infundadas. “Aquí estamos adelantándonos muchísimo en hipótesis que no tienen ninguna base”, reiteró.
Rajoy no debe dimitir
Además, rechazó hablar sobre si hubo financiación irregular del PP a través de la trama, y subrayó que incluso en ese caso, Rajoy no debería dimitir, ya que “cada uno tiene que ser responsable de sus actos y de los que pueda conocer”, y el líder del PP ya ha dicho que no está afectado por esta responsabilidad.
"Una imputación no es una acusación formal"
Tampoco quiso hacer valoraciones sobre el imputado Luis Bárcenas, ex tesorero del partido, y se limitó a asegurar que “una imputación no es una acusación formal”. En este sentido, aprovechó para argumentar que la mayoría de los políticos es gente “íntegra”, por lo que conviene evitar las “penas de telediario” a las que en algunas ocasiones se les somete.
Políticos "íntegros"
No obstante, Sáenz de Santamaría apuntó que hay que ser “durísimo” con quien “haya metido la mano en la caja” e insistió en que “los partido exigimos que [sus integrantes] sean íntegros, porque a nadie nos gusta que puedan aparecer cosas así de compañeros, perjudican a todos y a al confianza de los ciudadanos en el sistema de la democracia”.
(www.elplural.com, 12/01/10)
ANTICORRUPCIÓN EXIGE EXPULSAR A LOS POPULARES DEL CASO, PERO PEDREIRA SE NIEGA
Las dos fiscales del caso Gürtel, Miriam Segura y Concha Sabadell, han exigido al juez instructor, Antonio Pedreira, que expulse al Partido Popular del procedimiento, en el que interviene como parte y en calidad de acción popular. Pedreira ha rechazado la petición al considerar que la expulsión sería desproporcionada y contraviene la Constitución.
Las fiscales quieren echar de la causa al PP (partido al que pertenecen la gran mayoría de los imputados de la trama corrupta) porque entienden que está desvirtuando la figura de la acción popular hasta el punto de que, en lugar de acusar, está sirviendo de parapeto y defensa de los imputados. Sin embargo, el juez no lo ve así y rechaza la exigencia de la fiscalía, que la considera desproporcionada porque vulneraría el precepto constitucional que avala que ciudadanos e instituciones puedan actuar como acción popular en un proceso, según fuentes de la investigación.
El primer juez instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón, rechazó la pretensión de los populares de intervenir como acusación particular en las diligencias. Pero cuando se inhibió de este asunto en favor del Tribunal Superior de Madrid, que preside Francisco Javier Vieira, el PP reiteró su intención de personarse en la causa. Pedreira aceptó la personación en calidad de acción popular, pero no como acusación particular.
El PP solicitó ser parte del procedimiento alegando que el partido es ajeno a la trama corrupta y que su imagen se ha visto deteriorada por las actividades de los implicados.
(www.elpais.com, 12/01/10)
RAJOY AFIRMA QUE NO DIMITIRÁ AUNQUE SE DEMUESTRE LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha asegurado que no dimitirá en caso de descubrirse una trama de financiación irregular en su partido, relacionada con el caso Gürtel y ha señalado que hasta donde él sabe los implicados "jamás dieron un sólo duro" a la formación. En una entrevista a la Cadena SER, el líder del principal partido de la oposición ha rechazado cualquier posibilidad de dejar el cargo por esta razón: "No, porque yo no lo he hecho; se me puede acusar de muchas cosas pero por esa vía va a ser difícil acusarme", ha añadido.
Posteriormente, en el primer acto con el que ha abierto el año tras reunirse con la dirección de su partido, el presidente del PP ha destacado que su formación "va bien" y practica "una oposición sensata" que hasta ahora se ha traducido en encuestas favorables, pero ha advertido de que habrá complicaciones y, por ello, ha pedido a los suyos "inteligencia" para "no crear dificultades gratuitas".
Preguntado en la SER por la citación de la secretaria General del PP, María Dolores de Cospedal, ante un juzgado para que ratifique las acusaciones sobre supuesto espionaje del Gobierno a miembros de su partido, Rajoy ha evitado pronunciarse directamente y ha asegurado quese ha interpuesto una denuncia que "está en los tribunales". "Ha habido un gran debate en los medios con temas como sobre Sitel. Si se vulneran derechos fundamentales hay que presentar un proyecto de ley orgánica", ha indicado. "Yo he sido ministro de Interior y ahora hay cosas que no me han gustado y que a mi no me pasaron. Ha habido personas esposadas. Yo tampoco tuve polémicas por escuchas ilegales".
Rajoy considera "demasiado dura" la sentencia de un año y nueve meses de cárcel por revelación de secretos contra los periodistas Daniel Anido, director de la SER, y Rodolfo Irago, jefe de informativos de esta cadena. Preguntado en una entrevista en esta emisora por si considera que ambos son merecedores de tal condena, Rajoy ha indicado que esa pregunta "habría que hacérsela al fiscal, que dice que sí". "Lo tendrán que decir los tribunales. En principio no parece haber proporción en la sanción que se ha impuesto. Hay un caso de proporcionalidad cuanto menos discutible", ha explicado.
Medidas económicas
Rajoy ha repasado la situación económica y ha insistido en las medidas que considera necesarias para superar la crisis y mejorar los datos de empleo. En su opinión, las tres grandes prioridades son poner en marcha una política austera de gasto público, reformar el sistema financiero y hacer unareforma laboral. Para Rajoy, debe apoyarse en algunos principios como acabar con "el monopolio del INEM", una negociación colectiva más flexible y acabar con una dualidad de los contratos que convierten a España en uno de los países con mayor tasa de temporalidad. Rajoy ha rechazado que ese nuevo tipo de contrato implique un abaratamiento del despido. "Es abaratar el despido o no. No le tengo miedo a las palabras", ha enfatizado.
Rajoy ha reclamado al Tribunal Constitucional que haga pública cuanto antes la sentencia sobre el recurso presentado contra el Estatuto de Cataluña, porque "tres años y medio (deliberando) son muchos". El líder del PP confía en que la sentencia y el resultado de las próximas elecciones autonómicas catalanas permitan cambiar el escenario en esta comunidad autónoma, con un "cambio político" que devuelva la estabilidad a la región.
El líder del principal partido de la oposición también se ha referido a la ley antihumo que prepara el Gobierno y ha asegurado que lo que quiere es que se presente la ley, porque "de momento no se sabe lo que pide el Gobierno". En su opinión, es "obligación" del Gobierno "presentar un proyecto cuando quiere algo", en lugar de "lanzar globos sonda".
(www.elpais.com, 11/01/10)
El PP cree que lo peor del 'caso Gürtel' ha pasado
El caso Gürtel y sus múltiples derivadas políticas entran en la fase clave para el PP, afectado por el mayor escándalo de corrupción desde 1989, cuando estalló el caso Naseiro. El mes de enero estará con seguridad plagado de noticias judiciales y políticas sobre el asunto. Los populares se preparan para las noticias con preocupación, puesto que el asunto es delicado, pero también optimistas. La dirección cree que ha pasado lo peor. Además asegura en privado que las encuestas favorables prueban que el asunto no tiene un coste político real.
Lo que más preocupa es la situación de Francisco Camps. Los estrategas populares que siguen más de cerca el caso están convencidos de que el Supremo admitirá a trámite el recurso de la fiscalía para que Camps se siente en el banquillo por recibir 12.000 euros en trajes, pero creen firmemente ?y tienen fuentes en el Supremo que lo avalan? que el tribunal rechazará finalmente el recurso y el presidente valenciano se salvará de ser enjuiciado.
También preocupa, desde el punto de vista mediático, el levantamiento del secreto del sumario en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y en el Supremo. En el PP se apuesta a que ambas cosas sucederán este mes. La última apertura parcial del sumario generó un enorme revuelo por las polémicas conversaciones transcritas. Para enfrentarse a esta oleada, el PP ha aprobado un nuevo código ético que el lunes será aprobado por la Junta Directiva Nacional.
También en este mes debe resolverse una derivada de Gürtel: la suspensión de militancia de Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano. La dirección tiene dos semanas para explicar a Costa por escrito de qué se le acusa.
www.elpais.es 08.01.10
EL EX EURODIPUTADO GALEOTE SE LIBRA DEL 'CASO GÜRTEL'
El ex eurodiputado Gerardo Galeote puede estar tranquilo. Los delitos que podría haber cometido a través de la trama Gürtel han prescrito, por lo que, salvo que aparezcan nuevos indicios contra él, la Fiscalía Anticorrupción no solicitará al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, su imputación en el caso. Y ello a pesar de que su nombre apareció en el procedimiento el pasado mes de febrero, cuando aún era aforado por su condición de diputado europeo, junto al del entonces tesorero del PP y senador, Luis Bárcenas.
En el auto de remisión de la causa al TSJ de Madrid, el primer instructor del caso Gürtel, Baltasar Garzón, cifró en 652.310 euros el dinero que Galeote podría haber recibido de las empresas de las que era propietario Francisco Correa. El juez precisaba que recibió dicha cantidad "directa e indirectamente", porque había indicios de que parte del dinero (24.000 euros) se destinó a la adquisión de vehículos "bien directamente o bien a través de su esposa, Lourdes Semprún".
El juez Garzón le atribuyó haber recibido de Correa 652.310 euros
El procedimiento iniciado por Garzón se fue desgajando en función de la condición de aforado de los implicados en el caso: el TSJ de Madrid se quedó con casi la totalidad de la causa, salvo lo relativo a los aforados valencianos, que se enviaron al TSJ de Valencia y lo archivó, y los aforados nacionales, que correspondieron al Tribunal Supremo.
Cuando el juez Pedreira envió la parte de la causa referida a los aforados nacionales implicados en el caso al Alto Tribunal incluía a Galeote junto a Bárcenas y el diputado del PP Jesús Merino. El Supremo aceptó la competencia para investigar a estos dos últimos por los delitos de cohecho y fraude fiscal. Galeote se salvó porque su "próxima pérdida de la condición de aforado [...] es un hecho notorio resultante del reciente proceso electoral para el Parlamento Europeo en el que no ha participado".
La Fiscalía del Tribunal Supremo no había solicitado su imputación, pero cuando Galeote dejó de estar blindado, tras constituirse la nueva Cámara europea, la Fiscalía Anticorrupción tampoco solicitó su imputación ante el TSJM. Por eso no aparece en la relación de imputados en el caso Gürtel.
Los que sí aparecen son su padre y su hermano Ricardo. El juez Pedreira impuso una fianza de un millón de euros a José Galeote, que fue concejal de Boadilla del Monte (Madrid) durante 12 años, cuando compareció ante él el pasado mes de mayo. Se le acusa de haber cobrado de la trama de corrupción 612.000 euros. Al hermano del ex eurodiputado, que era concejal del PP de Estepona (Málaga) cuando estalló el caso, se le atribuye el cobro de 42.000 euros de Correa.
Gerardo Galeote ha tenido más suerte, porque los últimos ingresos a su favor realizados por la trama aparecen fechados en 2003, lo que significa que habían transcurrido más de cinco años cuando la investigación se dirigió contra él. Por eso tanto los delitos fiscales como el cohecho imputados por el Supremo a los aforados nacionales ya habrían prescrito en su caso.
Con posterioridad a 2003, en el auto de Garzón sólo figuran un vehículo Land Rover modelo Freelander y un Land Rover Discovery Serie II. Ambos constan como transferidos a su favor el 5 de octubre de 2005 y 26 de mayo de 2004, respectivamente. Según los informes policiales, al menos este último habría sido pagado por Francisco Correa.
Los primeros ingresos que constan en la contabilidad B de la trama Gürtel a favor de Galeote se remontan a 1996.
Rajoy volvió a darle ‘trabajo’ como asesor de temas de la UE
Cuando su nombre apareció entre los de los implicados del ‘caso Gürtel’, la dirección del PP optó por excluir a Gerardo Galeote de su lista de las elecciones europeas de 2009. Aunque no se produjo su imputación formal, según insistió el PP fue el propio Galeote el que pidió no repetir como eurodiputado, cargo que ostentaba desde 2005. Meses después, el ex parlamentario ha visto confirmada la confianza del líder del partido. Gerardo Galeote se ha convertido en asesor de Mariano Rajoy en asuntos europeos.
El ex eurodiputado se ha integrado en el grupo de análisis constituido para hacer un seguimiento de la presidencia española de la UE en este primer semestre del año. La noticia se conoció el pasado martes, tan sólo dos días después de que los conservadores presentaran su nuevo código de buenas prácticas, que establece las sanciones contra los miembros del partido que sean imputados en casos de corrupción. El responsable económico del PP, Cristóbal Montoro, aseguró que la presencia del ex eurodiputado en el grupo de análisis sobre la presidencia europea no era, en absoluto, un incumplimiento del nuevo Código. “Desde luego que no lo contraviene”, afirmó el dirigente conservador, “porque no se hace un código para incumplirlo al día siguiente”, argumentó.
(www.publico.es, 08/01/10)
LA CONTABILIDAD B DE CORREA SUMA 20 MILLONES ENTRE SOBORNOS Y 'MORDIDAS'
La investigación de la trama de corrupción vinculada a Gobiernos del PP ha llegado al corazón mismo de los manejos financieros del cabecilla de la red, Francisco Correa. Un total de 105 archivos almacenados en una memoria digital y una carpeta llena de documentación que tenía en su poder el contable de la red, José Luis Izquierdo, donde apuntaba los movimientos de dinero que le ordenaban sus jefes, acreditan al menos 20 millones de euros que la trama ingresó en dinero negro y que gastó en parte en sobornos.
La información de los 105 archivos, incorporada al sumario que investiga el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, recoge numerosas anotaciones sobre sobornos a dirigentes del PP (alcaldes, diputados y un consejero de la Comunidad de Madrid), el cobro de comisiones ilegales a constructoras y promotoras a las que Correa había favorecido con sus tareas de intermediario ante Gobiernos del PP, y la facturación a este partido por actos electorales.
Además, en la carpeta con documentación escrita hallada en poder del contable aparecen consignados pagos a la trama corrupta por más de ocho millones de euros que hicieron distintos constructores, promotores y contratistas, favorecidos por concesiones de Gobiernos del PP.
Parte de ese dinero -los ocho millones corresponden sólo a dos años de actividad, entre 2002 y 2004- sirvió para pagar favores a dirigentes del PP (en el sumario se citan, entre otros, a Luis Bárcenas, ex tesorero nacional; Gerardo Galeote, ex eurodiputado; Alberto López Viejo, ex consejero madrileño, y varios ex alcaldes).
Los archivos encontrados al contable en su dispositivo de almacenamiento portátil (pen drive) prueban algunas relaciones anómalas entre la trama corrupta y el Partido Popular, según un informe policial que figura en el sumario del caso.
- Cohechos. Los archivos incautados al contable de la trama (véase el gráfico) reflejan pagos de cientos de miles de euros a Alberto López Viejo, ex consejero de Esperanza Aguirre, a Benjamín Marín Vasco (diputado autonómico), a Ginés López (ex alcalde de Arganda del Rey), a Arturo González Panero (ex alcalde de Boadilla del Monte) y a Gerardo Galeote (ex eurodiputado), entre otros.
Además, los archivos registran al menos tres cuentas abiertas por la trama corrupta a nombre de Alejandro Agag, ex eurodiputado del PP y yerno del ex presidente José María Aznar.
El contable José Luis Izquierdo declaró al juez que creía que las deudas que Agag mantenía con una de las empresas de la trama, Pasadena Viajes, habían sido canceladas. Hay un apunte de 127.000 euros por un viaje de Francisco Correa a Venezuela en mayo de 2008. En ese viaje, según la documentación incautada, estuvo presente Alejandro Agag con un gasto de 6.072 euros facturado al PP.
- Financiación ilegal. Entre los 105 archivos que guardaba el contable de la trama corrupta figura uno, al que el sumario ha dado el número 45, donde se refleja una supuesta financiación ilegal del PP valenciano.
El contable registra un movimiento de fondos de 240.000 euros, de los que 150.000 son supuestamente abonados por el PP valenciano en dinero negro. Otro de los archivos refleja un gasto de 50.000 euros en viajes para Luis Bárcenas (ex tesorero del PP) y Gerardo Galeote, pendientes de cobro por parte de la trama corrupta.
El contable apuntaba detalles nimios en las relaciones de Correa con el PP. En uno de esos detalles se daba cuenta de la negativa de Unión del Pueblo Navarro (UPN, marca electoral del PP en Navarra hasta hace un año) a pagar a la trama corrupta por un acto electoral. En los apuntes se reflejaba que lo abonaría el PP de Madrid.
(www.elpais.com, 22/12/09)
EL CONTABLE DE LA RED CORRUPTA: "CAJA B ES DINERO NEGRO"
José Luis Izquierdo, contable de la red corrupta bautizada como Gürtel, confesó al juez que llevaba una contabilidad secreta, al margen de las distintas sociedades de la red, donde apuntaba numerosos ingresos cuyo origen desconocía y pagos a políticos del PP. "Caja B es dinero negro", declaró Izquierdo al juez.
Estaba explicando las características de la contabilidad que llevaba por su cuenta de algunos negocios de Francisco Correa, aquellos que generaban dinero negro que se repartía por cajas de seguridad y que servía para pagar sobornos a políticos o para enriquecer a los jefes de la trama con la compra de inmuebles y otros bienes. "Se trata de una contabilidad opaca, independiente de las sociedades, yo soy un mero instrumento de las órdenes que me dan", declaró Izquierdo.
En una segunda confesión al juez, Izquierdo detalló ingresos millonarios procedentes de constructores y promotores inmobiliarios. El contable explicó estos ingresos sobre la documentación incautada por la policía:
15 de febrero de 2002. "Se trata de la recogida de 50 millones de pesetas (300.000 euros) en casa de Plácido Vázquez (propietario de empresas de asesoría). 45 millones se entregaron en un paquete a Correa para dárselos a José Galeote y otros cinco en un sobre a Correa".
19 de febrero de 2002. "Hay una entrega de Alfonso García Pozuelo (Constructora Hispánica) de 925.560 euros en dos cajas. Junto con la distribución del dinero en cada una de ellas hay siglas. LB interpreto que puede tratarse de Luis Bárcenas (ex tesorero nacional del PP) sin tener la certeza absoluta. GG puede tratarse de Gerardo Galeote (ex eurodiputado) sin tener la certeza absoluta".
14 de junio de 2002. "Retirada de 420.708 euros de la casa de Plácido Vázquez, de los que éste se queda con 90.708 euros, otros 120.000 van para L. B., que yo interpreto que puede tratarse de Luis Bárcenas".
6 de septiembre de 2004. "Recibimos 900.000 euros, el origen lo desconozco. 480.000 fueron para Correa; 30.000 fue para cancelar deudas de Benjamín Martín [alto cargo en Arganda del Rey] y Ginés López [alcalde]. Figura una entrega de 90.000 euros a Antonio Cámara [ex secretario de José María Aznar] que fue empleado de Special Events [empresa de la trama corrupta]".
(www.elpais.com, 22/12/09)
RAJOY APRUEBA UN CÓDIGO ÉTICO 'ANTI GÜRTEL', PERO DEFIENDE A CARLOS FABRA
Casi 11 meses ha tardado el PP en aprobar definitivamente un nuevo código ético más duro que el que promovió en 1993. Ana Mato, una persona que ha estado en los equipos de organización del PP desde que José María Aznar llegó a la cúpula del partido en 1990 se ha encargado de elaborar un texto pensado para que no vuelva a haber un caso Gürtel.
Uno de los principales problemas de este escándalo, para el PP, es que Francisco Correa llegó a ser el proveedor prácticamente único de la dirección. Para lograrlo llenó de regalos y atenciones, según consta en el sumario, a buena parte del equipo de organización del PP. Y cuando Génova rompió con él, logró los contratos casi en exclusiva del PP valenciano y allí también llenó de regalos y atenciones a sus responsables, en especial a Francisco Camps, según el auto del juez José Flors.
Con estos antecedentes, Mato presentó y sometió a votación del Comité Ejecutivo -fue aprobado por aclamación con un gran aplauso- un texto que incluye para todos los cargos del partido "la prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales". Esto supone una clarísima enmienda a la actitud de los cargos del PP que aceptaron regalos de la red Gürtel. Sin embargo, Mato se negó a concretar en qué cantidad se marca "los usos y costumbres sociales".
¿12.000 euros en trajes -lo que recibió Camps según el auto del juez Flors- es un uso social?, se le preguntó. Ella no contestó, y se limitó a señalar que la cantidad permitida la fija "el sentido común", y puso algunos ejemplos. "Unos turrones por Navidad, unas naranjas de Valencia, un vino de La Rioja, un ramo de flores, un regalo de boda, cosas que son normales, regalos no muy caros, costumbres admitidas por todo el mundo".
Para analizar el cumplimiento del código se crea la figura del "auditor interno". Mariano Rajoy ha seleccionado al veterano José Manuel Romay Beccaria, ex ministro de Sanidad. También se encargará de que los contratos del PP, que en un 90% se financia a través de subvenciones públicas, se hagan de manera similar a los de la administración: con un concurso público, al menos tres ofertas y preferencia por la más barata. Hasta ahora, el PP -y el PSOE- eligen a sus proveedores como cualquier empresa privada y no dan explicaciones a nadie de por qué los han elegido.
Aún así, en la excepción hay hueco para evadir esta norma: "En el caso de urgencia justificada, podrá hacerse la adjudicación sin convocar a la mesa". En un partido, donde muchos actos se improvisan, la urgencia es la norma. También se aprobó que habrá una auditoria externa anual que se publicará en la web del PP.
¿Qué consecuencias prácticas tendrá el código? De momento, ninguna. El partido no ha enviado siquiera una comunicación interna para que sus cargos rechacen estas Navidades los regalos demasiado caros.
El código incluye la creación de una "carta de compromisos" que firmarán todos los candidatos del PP y cargos internos, que les obliga a contarle al partido qué bienes e intereses tienen. En ella prometen "actuar públicamente de acuerdo con los principios de integridad, responsabilidad, transparencia, ejemplaridad y honradez".
Sin embargo, el PP mantiene su defensa cerrada de Carlos Fabra, el todopoderoso presidente provincial de Castellón, imputado en varios delitos de cohecho, tráfico de influencias y fraude fiscal. Fabra tiene 600.000 euros en 70 cuentas corrientes distintas que no logra justificar ante Hacienda. ¿Cumple Fabra con esa ejemplaridad de la que se habla en el código?, se le preguntó. "Nosotros creemos en la presunción de inocencia", se limitó a responder Mato, avanzando así que la aplicación del código no supondrá ningún problema para el polémico barón castellonense.
(www.elpais.com, 22/12/09)
LA POLÉMICA DE LOS REGALOS DE GÜRTEL
- Lo que dice el nuevo código ético del PP: "Prohibición de aceptar cualesquiera regalos, atenciones o liberalidades que no respondan, por su importe o causa, a los usos y costumbres sociales. Las empresas proveedoras no podrán realizar atenciones a favor de miembros del PP".
- Lo que Orange Market regaló, según el sumario, a altos cargos valencianos que siguen en sus puestos. A Francisco Camps, 12.000 euros en trajes. A Isabel Bas, esposa del presidente, un bolso de Loewe de 780 euros. Al hijo de Camps, un robot de 1.800 euros. A Milagrosa Martínez, presidenta de las Corts valencianas, un reloj de la joyería Suárez de 2.400 euros. A Juan Cotino, vicepresidente, un chaquetón de Milano de 300 euros. A Alejandro Font de Mora, consejero de Educación, una corbata de 452 euros. En Madrid hubo regalos hasta de coches.
(www.elpais.com, 22/12/09)
EL MUNDO DESCONFÍA DEL NUEVO CÓDIGO ÉTICO DEL PP Y ACUSA A RAJOY DE TENER “MIEDO” A LOS PRESUNTOS CORRUPTOS
El Mundo se ha negado a romperse las manos aplaudiendo el nuevo código ético que ayer aprobó el Partido Popular, y así lo ha expresado en un editorial en el que asegura que lo importante no es el código en sí, sino como se aplica. Aunque asegura que es una buena decisión tener este tipo de documentos en un partido político, son muchas las pegas: que lo presente Ana Mato, que una hora después de la presentación se pacte una moción de censura con dos condenados por corrupción o la falta de aplicación del código ya existente, creado por Aznar en 2003.
“Hay que señalar, en primer lugar, que nos parece correcto que los partidos incorporen este tipo de códigos que imponen unas exigencias éticas más estrictas a los cuadros de los partidos que a cualquier ciudadano, puesto que se entiende que el hecho de dedicarse a la política exige un plus de ejemplaridad”, inicia el editorial de El Mundo. Pero ahí acaban los elogios.
El error de Ana Mato
“Difícilmente puede aspirar el PP a que sus mensajes de regeneración calen en la opinión pública cuando la persona encargada de presentar este código fue Ana Mato, que todavía no ha explicado sus vínculos con la trama Gürtel y por qué aceptó determinados regalos de algún de sus miembros”, sigue el editorial, señalando directamente al Jaguar que Francisco Correa regaló al matrimonio de Ana Mato y Jesús Sepúlveda y al pago de la comunión de su hijo.
“Ya lo dice todo”
En su editorial en vídeo, Pedro J. Ramírez ya incidía ayer en este asunto, señalando que el hecho de que sea Mato la presentadora del texto, “ya lo dice todo”. “Puede que su conducta fuera intachable, pero no lo parece. Debería haber dimitido y no lo ha hecho porque la protegen Arenas y Rajoy”. Además, Pedro J, añade: “Es como lo de la Generalitat Valenciana pidiendo a los funcionarios que no acepten bolsos y jamones, cuando después de que El Bigotes regalara trajes y complementos a sus jefazos, el único que ha perdido el cargo ha sido Ricardo Costa”.
Defensa de Costa
En este extremo también incide el editorial, al señalar que Rajoy pretende que no se repita el caso Gürtel, “aunque sus buenos propósitos tendrían más credibilidad si el PP no se hubiera limitado a saldar este asunto con la cabeza de un chivo expiatorio como era Ricardo Costa, sin responsabilidad en las adjudicaciones de Correa y Álvaro Pérez”.
El miedo de Rajoy
Pero frenar un nuevo Gürtel ser difícil con este código, que es más flojo que el que Aznar impulsó en 1993. Y es que, esa ética anterior “hubiera permitido apartar antes a Luis Bárcenas, exigir explicaciones coherentes a Ana Mato, cesar a los responsables de las contrataciones de Gürtel en Valencia e incluso suspender de militancia a Carlos Fabra”. ¿Y por qué no se hizo? Según El Mundo, porque “Rajoy no ha actuado no por falta de reglamentación sino por miedo a tocar intereses sensibles o a enfrentarse con sectores poderosos del partido”.
(www.elplural.com, 22/12/09)
ANA MATO, SALPICADA POR LA 'GÜRTEL', PRESENTA EL CÓDIGO ÉTICO DEL PP...
Ana Mato y Cospedal presentan el nuevo Código Ético del PPEl Partido Popular contará con un auditor de prácticas internas, cuyo primer responsable será el ex ministro de Sanidad José María Romay Beccaría, y exigirá a sus miembros una carta de compromiso.
Tales son las dos principales novedades del Código de Buenas Prácticas que incorporará el PP a sus estatutos y que presentaron hoy su secretaria general, María Dolores de Cospedal, y su vicesecretaria de Organización y Electoral, Ana Mato, que llegó a conducir un Jaguar que la trama Gürtel regaló a su ex marido, Luis Sepúlveda, implicado en la red de corrupción.
Según explicó Mato, la Carta de Compromiso será una declaración jurada que habrá que realizar antes de acceder a una responsabilidad pública en nombre del PP o bien dentro del partido mismo. El candidato tendrá que asegurar que no existe riesgo de confusión entre su interés privado y familiar y el interés público. Además, hará una declaración de bienes ante el partido aunque el cargo no lo exija.
Igualmente, el militante que aspire al cargo tendrá que firmar un compromiso de integridad, transparencia, responsabilidad, transparencia y ejemplaridad; que comunicar cualquier acción judicial que le implique y pueda acarrear alguna sanción, y que comparecer ante el Comité de Derechos y Garantías cada vez que sea requerido.
Cospedal precisó que esta Carta de Compromiso será de firma obligatoria de ahora en adelante, pero que los miembros de la dirección la rubricarán también el próximo mes de enero.
A su vez, el Auditor de Prácticas Internas, que, según Mato, ya existe en otras empresas y países, custodiará la Carta de Compromiso de los militantes y exigirá su cumplimiento por sí mismo o en el Comité de Derechos y Garantías.
Por otra parte, la dirigente popular anunció que el PP modificará sus procedimientos de contratación, equiparándolos a los de las administraciones, por lo que se realizarán por concurrencia y con transparencia. Se constituirán mesas de contratación que adjudicarán los trabajos a las propuesta más ventajosa según varios criterios, uno de ellos el económico. Las empresas adjudicatarias no podrán realizar tareas para ningún miembro del partido.
Por otra parte, y como ya advirtió el PP al anunciar su Código de Buenas Prácticas, sus militantes no aceptarán regalos que se salgan de los usos y costumbres sociales. Finalmente, el partido se compromete a someterse a una auditoría externa cada año, que se publicará en su página web
(www.publico.es, 21/12/09)
UN IMPUTADO DEL PP HIZO EL CÓDIGO ÉTICO MUNICIPAL
El código local de buen gobierno, aprobado hace una semana por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y presentado este mediodía por Ana Mato con el objetivo de frenar la corrupción, ha nacido marcado por la paradoja.
Uno de sus cinco redactores, Luis Manuel Partida, representante del PP en la ponencia y alcalde de Villanueva de la Cañada (Madrid), está imputado por presunto soborno. Sobre Partida pende una investigación judicial desde septiembre de 2007 por el llamado caso Porto, una oscura operación urbanística que reportó cuatro millones de euros a Enrique Porto, director general de Urbanismo del Gobierno de Esperanza Aguirre entre 2004 y 2006.
Según la Fiscalía, la esposa de Partida recibió pagos que procedían de promotores con intereses en Villanueva de la Cañada y para los que Porto efectuaba trabajos privados. Fue el mismo Partida, sostiene el fiscal, "el encargado personalmente de efectuar los diversos ingresos de estas cantidades" en "sus propias cuentas corrientes".
El martes, después de que la FEMP anunciase la aprobación del código y difundiera los nombres de los comisionados de cada partido PSOE, PP, IU, CiU y PAR que habían participado en su elaboración, Público preguntó al PP sobre el asunto. "El juez le ha levantado ya la imputación", respondió primero una portavoz del PP de Madrid citando como fuente al propio Partida.
En realidad, la juez de Móstoles que instruye las diligencias del caso Porto ha levantado sólo la imputación de prevaricación urbanística, una de las cinco que pesaban sobre Partido, su esposa y Porto, entre otros. La magistrada entiende que, al computar suelo rústico protegido los llamados montes preservados para calcular los aprovechamientos urbanísticos de un sector de planeamiento, Partida no prevaricó, es decir, no adoptó una decisión injusta a sabiendas de que lo era.
Pero las restantes imputaciones siguen vigentes: cohecho (soborno), tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios y falsedad. De hecho, tanto el propio Partida como fuentes de la dirección estatal del PP terminaron por reconocer el miércoles que, en efecto, la imputación por cohecho sigue vigente. "Pero le vamos a pedir a la juez que la levante", dijo Partida, quien sostiene que su comportamiento como alcalde en sus 30 años de mandato ininterrumpido ha sido "transparente" y siempre ajustado a la ley.
El código local, de cumplimiento voluntario, señala, por ejemplo, que los ediles harán públicos sus bienes y retribuciones, algo que ya venía preceptuado por la Ley del Suelo. A la pregunta de si en Villanueva de la Cañada se hacen públicos los bienes de los munícipes, Partida respondió que no. "La Ley [del Suelo] no dice cómo hay que hacerlo, pero la próxima legislatura serán públicos", respondió.
¿Por qué el PP eligió a un imputado para sumarse a la comisión que debía articular el código local de buen gobierno? Sólo en la comisión ejecutiva de la FEMP, el máximo órgano de dirección de la federación municipalista, el PP dispone de diez representantes. Y, de esos diez, sólo pesa imputación sobre Partida.
Pero, según los conservadores, la decisión de que el alcalde de Villanueva de la Cañada se incorporase a la ponencia redactora del código de buen gobierno no fue del partido. "Lo decidió la ejecutiva de la FEMP, y por unanimidad", dice Partida. La FEMP no ha podido aclarar qué habría sucedido si el PP hubiera pedido que ese puesto lo ocupase otro alcalde de sus filas.
(www.publico.es, 21/12/09)
Bájate completo el reportaje de Interviú
EL PP Y LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS QUE CONTROLABA FACTURARON MÁS DE 26 MILLONES DE EUROS A LAS EMPRESAS DE CORREA EN LA ÚLTIMA LEGISLATURA DE AZNAR
• El PP era el principal cliente de Francisco Correa y sus hombres. Las empresas de la trama ‘Gürtel’ facturaron casi 39 millones de euros al partido y a los organismos de la Administración que controlaba, en mayor proporción durante la mayoría absoluta de Aznar.
El Partido Popular era un cliente muy rentable para Francisco Correa. Tanto que el principal imputado en la operación Gürtel facturó en los últimos siete años más de 38 millones de euros a la formación de Mariano Rajoy y a distintos organismos e instituciones públicas controlados por el PP. El grueso del dinero llegó cuando José María Aznar estaba en La Moncloa. Durante el último gobierno popular (2000-2004, con mayoría absoluta), el PP nacional entregó a Correa más de 15 millones de euros por la organización de actos, según los datos de la Agencia Tributaria. A eso hay que sumar los contratos de ayuntamientos, parlamentos y gobiernos regionales controlados durante los años de mayoría absoluta. En total, Correa recibió 26 millones de euros en cuatro años durante el último periodo de Aznar. Y eso en dinero legal. Los informes policiales señalan que algunos actos del PP fueron abonados con más de un 50 por ciento en negro.
El flujo de dinero procedente de Génova –el tesorero era Luis Bárcenas– para Correa se frenó en seco tras la salida de Aznar de la presidencia. Cayó hasta un 80 por ciento. Pero el volumen de ingresos de la red no se resintió. El holding mantuvo un torrente constante de entrada de dinero público hasta el estallido de la operación Gürtel. En los últimos dos años, eso sí, el grueso del dinero llegó desde organismos oficiales de la Comunidad Valenciana: como media, las sociedades atribuidas a Correa recibían 2,5 millones de euros al año en dinero declarado a Hacienda.
Special Events fue durante años la joya de la corona. Ella fue la encargada de organizar los principales actos del PP, varias campañas electorales y hasta la boda de la hija del ex presidente Aznar. Álvaro Pérez, el Bigotes, era el titular de la cuenta del PP y el encargado de tratar con la familia Aznar. La empresa recibió durante los años de mayoría absoluta –además de los 15 millones de euros directos de Génova– 165.000 euros del Grupo Parlamentario Popular –encabezado entonces por Eduardo Zaplana–, un millón de euros de Aena –presidida por Pedro Argüelles y José Eladio Seco en ese periodo–, 267.450 euros del Ayuntamiento de Madrid –dirigido por Alberto Ruiz Gallardón– y fundaciones de la esfera del PP, como Fundescam, presidida por Pío García Escudero, o la Fundación Popular Iberoamericana, que contrataron servicios por 700.000 euros entre ambas.
Nada se escapaba a la red de Correa. En 2001, el consejero de Agricultura de la Xunta de Galicia, Castro Gago (PP), recurrió a los servicios de Special Events. El organismo le encomendó un plan de estudio y coordinación contra el mal de las vacas locas. Special Events –sin experiencia alguna en la materia– subcontrató después varios estudios a científicos y profesionales. Y cobró su porcentaje por la mediación. Al final, la maniobra costó 1,4 millones de euros a los gallegos.
La influencia del PP en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) reportó también 728.409 euros a los hombres de Correa. En aquellas fechas, 2002 y 2003, la entidad estaba presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. La contabilidad B de la empresa, localizada por la policía, refleja un año después un supuesto pago de 30.000 euros a Álvaro de la Cruz, número dos de la FEMP. La tesis policial contempla esta partida como porcentaje para garantizar a la trama Gürtel la organización de la VII Asamblea General de la entidad. El precontrato ascendía a casi 600.000 euros.
La cuenta de Special Events se redondeó con los contratos que suscribieron con él varios alcaldes populares de la Comunidad de Madrid: Guillermo Ortega (Majadahonda), por 142.000 euros; Bonifacio de Santiago (Las Rozas), por 43.000 euros; y Ginés López Rodríguez (Arganda), por 3.000 euros. Sin embargo, el primer edil que más dinero aportó en un solo ejercicio fue Bernabé Cano, alcalde de La Nucía (Alicante), localidad de poco más de 15.000 habitantes que contrató en 2002 los servicios de Special Events por 524.435 euros. El dinero fue destinado a organizar los Premios Luis del Olmo, pero el Ayuntamiento declaró ante Hacienda el pago de una cantidad mucho menor: 184.702 euros.
Los datos de Hacienda sobre la red empresarial se remontan únicamente hasta el 2000, ya que los delitos fiscales prescriben a los cinco años. Los únicos documentos sobre la contabilidad del grupo de años anteriores a ese año se encontraron ocultos en una caja de seguridad del Banco de Santander en Pontevedra. En ellos, los agentes localizaron apuntes manuscritos sobre al menos 367 actos organizados para el PP; y dedujeron que más de la mitad del dinero por dichos actos, hasta 536.566 euros, se pagó en B.
Entre los principales proveedores aparece ante Hacienda un particular llamado Eduardo Jaussi. También imputado, Jaussi era el encargado de diseñar y construir los decorados para los actos del PP y otros organismos oficiales. El empresario facturó a Special Events 848.923 euros hasta el abandono de José María Aznar como máximo responsable popular, en 2004. La contabilidad legal de Correa muestra gastos anuales de más de 25.000 euros en una joyería y constantes transferencias entre sociedades del grupo. Otro proveedor que figura en la contabilidad de Correa es el restaurador madrileño José Luis, especializado en servicios de cáterin y que fue el encargado de elaborar el menú de la boda de Ana Aznar.
La mayoría de las sociedades del grupo presentan facturas a nombre de Pasadena Viajes, la agencia fundada por el principal imputado. La empresa organizó incluso en 2005 un viaje personal para la familia Aznar, declarado a Hacienda por Famaztella, la sociedad que aglutina los derechos de autor del matrimonio. Fue un leve apunte, ya que el grueso de su facturación se debe al Partido Popular (2.275.043 euros), la Fundación Popular Iberoamericana (415.004 euros) y el Ministerio de la Presidencia, que pagó hasta 912.405 euros a Pasadena. La empresa fue la elegida para organizar los desplazamientos diplomáticos de la cartera controlada entonces por Mariano Rajoy.
La caída de José María Aznar como presidente del Gobierno supuso un descalabro económico para los acusados, tal y como reflejan sus apuntes contables y las declaraciones de Correa. El empresario aseguró al juez Garzón que la elección de Rajoy al frente del PP y un reportaje de interviú sobre sus negocios en Madrid le cerraron las puertas de Génova. Las cuentas de Special Events se resintieron tanto que la sociedad quedó muerta. Pero los ingresos del grupo incluso crecieron. A partir de 2005, la sociedad Orange Market, encargada de organizar actos para el PP de la Comunidad Valenciana tomó el peso de la facturación. Y comenzó a requerir los servicios como proveedores de otras sociedades del grupo, lo que trasladó parte de los dividendos de nuevo a Madrid. La ruptura del grupo con el PP de la capital fue tal que incluso lo llevaron al juzgado para cobrar una deuda. Al final, el problema se resolvió con un acuerdo extrajudicial.
En 2007, la empresa Orange Market declaró unos ingresos brutos de 3,8 millones de euros. Ese mismo año, y según los informes policiales, la misma sociedad percibió otros 2,8 millones de euros en dinero negro por actos organizados para el PP. “Dicha cantidad tiene su origen en una financiación paralela del Partido Popular”, explican documentos judiciales. Con ese dinero se abonaron según la contabilidad, actos en Villarreal, vallas en el metro de Valencia, actos de campaña en Alicante e incluso mítines de Mariano Rajoy. Al año siguiente, los ingresos en B de Orange Market ascendieron, según los mismos documentos, a 3,4 millones de euros.
Las cuentas declaradas ante Hacienda muestran que la mayoría de sus ingresos oficiales procedían de la Agencia Valenciana de Turismo, con más de un millón de euros al año; la Generalitat Valenciana –presidida por Francisco Canps desde 2003–, que gastó hasta 103.094 euros, y el Partido Popular regional, que gastó 872.208 euros en los servicios de Orange Market en el año 2007.
(www.interviu.com, 14/12/09)
El abogado de Ulibarri se querella contra Garzón
Ignacio Peláez denuncia un presunto delito de prevaricación por las grabaciones en prisión de los cabecillas de la trama
El abogado Ignacio Peláez, defensor de un empresario imputado en el "caso Gürtel", ha presentado ante el Tribunal Supremo (TS) una querella contra el juez Baltasar Garzón por un presunto delito de prevaricación por ordenar la grabación de las comunicaciones en prisión de los cabecillas de la trama.
En la querella se recuerda que el 19 de febrero de 2009, el magistrado de la Audiencia Nacional dictó un auto secreto, que prorrogó el 20 de marzo, para ordenar la intervención de las comunicaciones que mantuvieran en prisión Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez con sus abogados, especialmente con José Antonio Rubal, también imputado en la causa.
El letrado querellante denuncia que Garzón autorizó de forma genérica e indiscriminada la intervención de las grabaciones de cualquier letrado, siendo "perfectamente conocedor de la ilicitud e ilegalidad que estaba cometiendo".
Peláez, que representa al empresario José Luis Uribarri, indica que Garzón continúo adelante con su actuación pese a que el Ministerio Fiscal le requirió varias veces para que corrigiera dichas conductas ante la manifiesta ilegalidad de las mismas.
En una de las comunicaciones grabadas por orden de Garzón, que trascendió una vez que el pasado mes de febrero se levantó el secreto de parte del sumario, se recoge una conversación entre Peláez y Pablo Crespo, ex secretario general del PP gallego, en la que éste dice que cree que el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, "se habrá pagado él, de su bolsillo" los trajes.
El mismo día en el que se grabó esa conversación, el pasado 6 de marzo, el letrado también mantuvo una comunicación como abogado con el presunto líder de la trama, Francisco Correa, que habló de que habían salido "unos temas nuevos" sobre el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López.
"Como consecuencia de la ilegítima intervención, se han escuchado y transcrito conversaciones que contienen nuestra estrategia de defensa", afirma la querella, en la que se considera que con la intervención de comunicaciones se ha provocado una situación de indefensión.LA FISCALÍA SUIZA INSTA EL ADMINISTRADOR DE CORREA EN EL PAÍS COLABORE CON SUS ABOGADOS
La Fiscalía de Suiza insta a Arturo Fassana, administrador de las cuentas bancarias de Correa en aquel país, a colaborar con sus abogados para defenderse de la comisión rogatoria remitida por las autoridades españolas para averiguar el origen de los fondos con los que cuenta en el país helvético.
La Justicia de Suiza tiene abierto un procedimiento sobre el 'caso Gürtel' debido a la Comisión Rogatoria que enviaron las autoridades españolas solicitando información de las cuentas bancarias que tanto Francisco Correa como su lugarteniente Pablo Crespo tienen en aquel país.
Correa designó un abogado en Suiza para que defendiera sus intereses y éste solicitó la colaboración de Arturo Fassana, el encargado de administrar estas cuentas y que también se encuentra imputado por este caso de corrupción que salpica al PP. Ante su negativa, solicitaron a la Fiscalía Suiza que se pronunciara y ya lo ha hecho.
El Ministerio Público del país helvético insta a Fassana a colaborar con la defensa de Correa para garantizar un proceso con todas las garantías que será el que determine si Suiza facilita o no información a los tribunales españoles. Fuentes jurídicas estiman que Correa podría contar con más de 20 millones de euros en las cuentas que tiene en Suiza.
(www.cadenaser.com, 26/11/09)
EL PP NO PEDIRÁ LA NULIDAD DE GÜRTEL
El Partido Popular anunció ayer su intención de bajar el tono de sus intervenciones sobre Sitel y esperará a que CiU y PNV presenten la proposición de ley que ambos partidos anunciaron el martes en el Congreso para regular las escuchas.
Ayer, no obstante, el asunto siguió dándole a los populares munición para una de las más crispadas sesiones de control al Gobierno de la legislatura. El diputado del PP Carlos Floriano preguntó al ministro del Interior si escucha todo lo que dice y ve todo lo que él hace, en referencia al enfrentamiento verbal a cuenta de Sitel en los pasillos del Congreso la pasada semana entre él y Alfredo Pérez Rubalcaba. "Si le gusta bromear sobre estos temas no está en condiciones de dirigir las Fuerzas de Seguridad del Estado", dijo Floriano.
Rubalcaba defendió la legalidad de Sitel, como ha hecho el Supremo; negó la versión del PP sobre el incidente y añadió: "Les voy a ofrecer a mis compañeros de grupo un consejo: cuando vayáis a hablar con Floriano y González Pons, nunca vayáis solos, siempre acompañados, al menos dos, y con notario". Y sentenció: "Sitel es por Gürtel", en alusión a la portavoz de la Generalitat valenciana que anunció que va a pedir la nulidad del caso.
(www.elpais.com, 26/11/09)
EL RASTREO DEL DINERO DE LA GÜRTEL ALCANZA A 10 PAÍSES
Los investigadores de la trama Gürtel comenzaron en el verano de 2008 a buscar los millones de euros que Francisco Correa y otros miembros de la red sacaron de España para ocultar su verdadera procedencia. Desde agosto del año pasado y hasta mediados de este septiembre, policías y jueces han enviado 24 comisiones rogatorias a un total de 10 países solicitando datos sobre cuentas bancarias o empresas pantalla vinculadas a los imputados.
Los destinos de estas comisiones rogatorias son paraísos fiscales ubicados en el Caribe, como las Islas Vírgenes y San Cristóbal y Nieves; otros en Europa, en el caso de Mónaco y Suiza; así como países pertenecientes a la Unión Europea Reino Unido, Países Bajos y Portugal y otros de Latinoamérica, como Colombia y Panamá.
La trama urdida por Francisco Correa y Pablo Crespo obtenía importantes beneficios de los contratos que los gobiernos autonómicos del Partido Popular en Madrid y Valencia le adjudicaban por organizar eventos y actos publicitarios. Su otra fuente de ingresos procedía de la especulación inmobiliaria, para lo que también se valían de su relación con alcaldes y concejales del partido conservador.
Ingeniería financiera
A partir de ese momento entraba en juego una complicada ingeniería financiera que permitía borrar el rastro del dinero. Esta práctica incluía la creación de múltiples sociedades por las que poner a circular su botín. Estas tienen su sede en países cuya legislación es tan laxa que facilita las operaciones opacas. Las sociedades tapadera están, a su vez, constituidas por otras sociedades de similar constitución, lo que dificulta enormemente conocer la identidad de las personas que están detrás de las mismas.
El laberíntico recorrido del dinero es tal que los investigadores han solicitado información sobre un mismo grupo de sociedades pantalla a lugares tan dispares como Países Bajos, Estados Unidos, Reino Unido, San Cristóbal y Nieves y las Islas Vírgenes.
El contenido de todas las comisiones rogatorias está incluido en los dos tercios del sumario que aún permanecen secretos. Público ha tenido acceso a algunas de ellas. En una fechada el 7 de septiembre de 2009, el juez de Madrid Antonio Pedreira cursó la petición de la Fiscalía Anticorrupción para facilitar a las autoridades suizas información complementaria que les facilitase la búsqueda de los datos que se les habían solicitado previamente. Así, la comisión rogatoria incluye el nombre, la fecha y el lugar de constitución de cinco sociedades creadas por la red en Panamá entre abril de 2005 y diciembre de 2007.
También adjunta la filiación de Francisco Correa, y la de su primo, Antoine Sánchez, al que el presunto jefe de la trama habría utilizado para desvincularse de las sociedades que la Fiscalía Anticorrupción ya investigaba. En la comisión rogatoria también aparece Pablo Crespo, aún en prisión y segundo en el escalafón de la trama; la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, imputada igualmente por Garzón; y el ex alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega. Se da la circunstancia de que Rodríguez Quijano fue jefa de Gabinete de Ortega cuando este era regidor de la localidad madrileña.
En otra de las comisiones rogatorias, el juez Garzón solicita información sobre la sociedad Bellavita Holding BV, tal como su historial, socios, capital, domicilio social, administradores, apoderados, relación de empleados, declaraciones tributarias y dirección a la que era enviada su correspondencia bancaria.
Asimismo, el magistrado pregunta si esa sociedad está domiciliada en un centro de negocios. Una respuesta negativa confirmaría que se trata de una sociedad meramenteinstrumental.
Aún queda una decena de países por los que también habría pasado el dinero de la trama de Correa y a los que ni siquiera se ha empezado a enviar los cuestionarios, algunos tan exóticos como Azerbayán, Sri Lanka o China.
Los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) son conscientes de la lentitud del proceso de las comisiones rogatorias, aunque el país objeto de la consulta pertenezca a la Unión Europea. En el caso de los paraísos fiscales o de Estados que tienen la corrupción adherida a todos sus estamentos, el éxito de las requisitorias es prácticamente nulo.
A pesar de las dificultades, la Policía y los jueces españoles han recibido ya más de 35 contestaciones a las comisiones rogatorias enviadas. Según las fuentes consultadas, muchas de ellas simplemente transmiten que han remitido a las instancias oportunas del país las peticiones de datos cursadas por los investigadores españoles.
De todos los países a los que se han pedido datos de la trama destaca Suiza, con cuatro comisiones rogatorias enviadas hasta el momento. La primera de ellas no solicitaba información sobre cuentas o sociedades sino la declaración por videoconferencia ante el juez Garzón de Arturo Gianfranco Fasana, Fafa, a quien la investigación señala como pieza clave en el desvío de dinero al exterior para su blanqueo y posterior reingreso en España.
Fafa gestionaba cuentas en Suiza con fondos pertenecientes a Francisco Correa y otros implicados en la trama de corrupción. El mismo Fasana está imputado por varios delitos, entre ellos asociación ilícita, al sospechar el juez que era miembro activo de la banda de Correa. Finalmente, la videoconferencia no tuvo lugar porque Garzón se inhibió en favor de los tribunales de Madrid y Valencia. Fasana fue detenido en el aeropuerto de Barajas dos meses después. Prestó declaración ante el juez Pedreira, quien lo dejó en libertad por colaborar "estrechamente" en la investigación.
El Supremo alarga el secreto
Precisamente ayer, el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, prorrogó por un mes más el secreto del proceso abierto contra el senador y ex tesorero del PP Luis Bárcenas y el diputado del mismo partido Jesús Merino. Se trata de la cuarta prórroga de secreto sumarial decretada por este órgano desde que decidiera asumir la investigación a los dos aforados.
Entre los motivos de la ampliación del secreto están las gestiones internacionales que están realizando los investigadores para localizar fondos de Bárcenas y Merino en el extranjero, también a través de comisiones rogatorias que habrían sido cursadas muy recientemente.
(www.publico.es, 20/11/09)
RAJOY ENCOMIENDA A COSPEDAL LA GESTIÓN DE LAS CUENTAS DEL PP
El líder del PP, Mariano Rajoy, ha encargado a su secretaria general que supervise personalmente las cuentas del partido para, en lo posible, evitar sorpresas desagradables o tentaciones como las que han quedado al descubierto con la trama Gürtel. Así, desde que se viera obligado a dimitir el extesorero Luis Bárcenas por su vinculación con el citado caso de corrupción, Dolores de Cospedal vigila de cerca cada proceso de contratación que inicia el PP y, especialmente, los pagos que conlleva, según explicaron a este diario fuentes populares.
Los conservadores –que manejan un presupuesto anual que ronda los 80 millones de euros–, han decidido también disminuir su dependencia de empresas especializadas en organización de eventos, después de las consecuncias políticas que les ha acarreado su nefasta relación comercial con Francisco Correa, máximo responsable de la red Gürtel. La explicación oficial es que, favoreciendo que sea un equipo del PP en vez de terceros los que monten grandes eventos del partido–así ha sucedido en la convención de Barcelona– se ahorra dinero y «se gana en independencia».
La dirección popular aprovechó el cónclave que celebró en Catalunya, el pasado fin de semana, para estrenar este nuevo modelo de trabajo basado en la autogestión. El área electoral del partido se encargó del diseño de la convención y hasta de la elaboración de los vídeos que allí se proyectaron, dejando en manos ajenas únicamente la producción y suministro de fondos, decorados y luz y sonido. El equipo de Rajoy, según parece, está bastante contento con el resultado obtenido en Barcelona, por lo que está decidido a que «este modo de organizar actos tenga continuidad en el tiempo, salvo cuando se trate de campañas electorales».
Para afrontar esas campañas, el PP se plantea recuperar las mesas de contratación, esto es, elegir a varios cargos de la organización que compartan con el gerente, Cristóbal Paez, la responsabilidad de seleccionar y facturar a empresas externas. Así se hizo ya en las semanas previas a las elecciones europeas, en junio, cuando el caso Gürtel y las dudas sobre la gestión del entonces tesorero Bárcenas ocupaban gran parte de las páginas de los periódicos.
Es más que probable que el código ético y de buenas prácticas que está preparando la dirección popular, y que será presentado en breve ante la opinión pública, obligue a todas las organizaciones regionales y provinciales del partido a formar este tipo de mesas cuando, en vísperas de campaña electoral o un gran acto político, haya que organizar un concurso para elegir empresas. Según el PP, Rajoy quiere imponer a los suyos unas normas de conducta basadas en los principios de «publicidad y transparencia» a la hora de contratar y, por lo tanto, de poner el dinero del partido en manos de extraños.
Ese código ético que está ultimando la vicesecretaria de organización, Ana Mato, prohibirá a los dirigentes del PP aceptar regalos de aquellas empresas que se conviertan en proveedoras del partido. Al tiempo, se baraja agrupar en un listado a aquellas compañías no consideradas aptas para trabajar con el partido, bien por haber usado las siglas populares en beneficio propio o bien por haber incumplido, en alguna ocasión, la legalidad vigente. O sea, las empresas asociadas a la trama Gürtel, esas que en los últimos años fueron favorecidas por cargos populares que, actualmente, están imputados o salpicados por la causa judicial.
Pero Mato –que está siendo asesorada por Federico Trillo, el responsable del código ético que, en tiempos de José María Aznar, elaboró el PP para contrarrestar el escándalo del caso Naseiro–, está empeñada en ir un poco más allá. Fuentes populares recalcan que se buscan fórmulas para, de ahora en adelante, forzar a todos los dirigentes conservadores a acreditar su patrimonio antes de aceptar un cargo, así como acatar solemnemente las férreas normas que piensa poner sobre la mesa Rajoy, escarmentado por el caso Gürtel. Y a esta ley interna con la que piensa dotarse el PP, hay que sumar el pacto de Estado contra la corrupción que, en las próximas horas, van a ofrecer al resto de fuerzas políticas. Todo con tal de lavar la imagen.
(www.elperiodico.com, 20/11/09)
EL SUPREMO PRORROGA POR CUARTA VEZ EL SECRETO DEL SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL'
El Tribunal Supremo ha prorrogado un mes más, y por cuarta vez, el secreto de las actuaciones en el caso 'Gürtel', en el que se investiga una supuesta trama de corrupción ligada a cargos del PP. Esta nueva prórroga significa que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso a las mismas. Así lo ha acordado en un auto el magistrado instructor del caso en Supremo, Francisco Monterde, quien el pasado 17 de agosto prorrogó por primera vez el secreto de estas actuaciones.
El magistrado alega que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto en la primera ocasión. Entre los argumentos, como en los autos de prórroga anteriores, Monterde señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une, añade, la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), del que procede esta causa especial, y donde las actuaciones también están "declaradas secretas". "Es necesario continuar manteniendo el secreto total de las actuaciones también para las partes, en los mismos términos", concluye.
También recuerda el magistrado que la prórroga del secreto de las actuaciones no está prevista como tal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, el Tribunal Constitucional ha reseñado que tal laguna no impide al juez de instrucción proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario "si el plazo ha resultado insuficiente para hacer efectiva plenamente esa protección". "Resulta inaceptable -añade- que la prórroga del plazo máximo del secreto sumarial ocasione, por sí sola y sin más condicionamiento, un resultado de indefensión".
El Tribunal Supremo acordó el pasado mes de junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP, Luis Bárcenas, y el diputado Jesús Merino, y devolver el resto de la causa al magistrado del TSJM, Antonio Pedreira.
(www.elpais.com, 19/11/09)
CORTINA PAGÓ LA EXCURSIÓN A VENEZUELA DE CORREA, AGAG Y ARRIOLA ORGANIZADA POR AZNAR
Más de 21 millones de las antiguas pesetas (unos 127.500 euros) se embolsó la agencia de viajes de Francisco Correa, Pasadena Viajes, por organizar un viaje a Venezuela para el asesor estrella de Aznar, Pedro Arriola y el entonces futuro yerno del ex presidente, Alejandro Agag. Aznar les había encargado viajar al país sudamericano para apoyar la candidatura a las elecciones de Irene Sáez, la oponente a Hugo Chávez en 1998, pero no fue el ex presidente quién pagó el viaje, y tampoco lo hizo el PP o el Gobierno: fue la petrolera Repsol quien habría respondido de los gastos.
Cuando en 1998 José María Aznar encargó a Correa que viajara a Venezuela junto a Pedro Arriola y Alejandro Agag para asesorar a la rival política de Hugo Chávez, no se olvidó de recabar también un pagador para la excursión. Según informa El confidencial, los más de 21 millones de pesetas (unos 127.500 euros) que cobró Pasadena Viajes (la agencia del presunto cerebro de la trama no salieron de las arcas del PP y tampoco de las del Estado, sino que Aznar convenció a su íntimo amigo Alfonso Cortina, entonces presidente de Repsol, para que se hiciera cargo de los costes).
Íntimo de Aznar y de Agag
Cortina no sólo era íntimo de Aznar, sino que también tenía una gran amistad con Agag a quien, en la víspera de su boda con la hija del ex presidente en septiembre de 2002 el empresario le ofreció una cena privada de despedida en su domicilio particular.
Reunión con Cortina y Blanco Balín
Según publica el digital, en la primavera del 98, antes de cerrar el viaje, Aznar se reunió con Cortina y con José Ramón Blanco Balín, ahora imputado en la Gürtel. Blanco Balín, presunto testaferro de Correa en la trama corrupta e íntimo amigo del ex presidente, era entonces presidente del comité de Auditoría del Consejo de Administración de Repsol. Aznar les persuadió de la importancia de asesorar a Irene Sáez, ya que la llegada a la presidencia de Chávez podía perjudicar a las inversiones de empresas españolas en Venezuela, entre las que se encontraba Repsol.
De petición a ordenLa petición de Aznar habría sido interpretada como una orden por Cortina y Blanco Balín, que contactaron con Correa para cerrar todos los detalles del viaje, y le abonaron los costes de la estancia que aparecen referidos en el sumario del caso Gürtel.
(www.elplural.com, 16/11/09)
LA TRAMA CORRUPTA DE CORREA INGRESÓ 3 MILLONES Y MEDIO A LA CAJA B EN DOS AÑOS
Más de un tercio de los ingresos llegaban de la Comunidad Valenciana
Los años 2006 y 2007 fueron muy productivos para la trama de corrupción que lideraba Francisco Correa. Los ingresos que registró su caja B, de acuerdo con la documentación requisada por la policía al contable de la red, José Luis Izquierdo, alcanzaron la cifra de 9,8 millones de euros. De ellos, al menos 3,5 millones eran de procedencia valenciana. En efecto, la contabilidad registra casi 2,5 millones procedentes de Valencia: 454.335 euros en 2006, en siete entregas, y poco más de dos millones de euros en 2007, en 20 entregas. Pero también apunta la entrada, en tres entregas a finales de julio de 2006, de 957.300 euros procedentes de Sevilla, donde la trama cobró la comisión ilegal conseguida por la sonorización y el montaje de pantallas para los actos de la visita del Papa a Valencia, que se produjo ese mismo mes.
El contable anotaba las entradas y salidas, que eran autorizadas por Pablo Crespo, uno de los principales personajes de la trama de corrupción, salvo cuando era el propio Francisco Correa, Don Vito en las anotaciones, quien ingresaba o retiraba fondos. La vinculación de Álvaro Pérez con el entramado corrupto vinculado a administraciones del PP resulta evidente en esas cuentas, donde hace ingresos y de donde recibe fondos. Algunos de los movimientos son sistemáticos y se anotan como "sueldo", de 6.000 euros mensuales en 2006 y de 9.000 en 2007. Otros, bastante regulares, hacen referencia a pagos a la madre y a la hermana del gerente de Orange Market e, incluso a la entrega de cantidades destinadas a la compra de apartamentos de Álvaro Pérez en Valencia y Barcelona ("a cuenta de bonus", apunta el contable). Otros movimientos de las cuentas se justifican como viajes de Pablo Crespo a Valencia o Alicante o no se especifica cuál es su destino.
La contabilidad incluye apartados propios dedicados a la cuenta de Álvaro Pérez cuando se instaló en Valencia, entre finales de 2004 y abril de 2005 (abierta con 84.000 euros de provisión de fondos del PP valenciano, según la anotación del contable), a la caja B de Orange Market, a la deuda del propio Álvaro Pérez, al detalle de pagos de Orange Market y al congreso regional del PP de 2002, que registra 90.000 euros cobrados en A y 150.000 efectuados en B. En relación con el PP, la contabilidad incluye una referencia del 26 de enero de 2006 al "acto 21/01/06". Se refiere a un mitin celebrado en la plaza de toros de Valencia en el que intervinieron Mariano Rajoy y Francisco Camps. La trama ingresó en su caja B 110.000 euros por ese acto político.
Por otra parte, la contabilidad revela la actividad de la trama alrededor de la visita del Papa. Así, el 23 de abril de 2006 se registran 2.000 euros para un viaje de Álvaro Pérez a Roma y el 7 de julio, la víspera de la llegada del pontífice, se anotan 10.000 euros entregados a Pablo Crespo para "gastos de producción de la visita del Papa".
Aún hay otra anotación, de octubre de 2007, apenas dos meses posteriores a la final de la Copa del América, que recoge una salida de 23.000 euros como "pago José Osuna / 50% presupuesto gradas Valencia". Previamente, durante las regatas, a finales de junio de ese año, la contabilidad anota una entrega de 18.000 euros en Valencia para la que Pablo Crespo envió a María del Carmen Rodríguez, la esposa del propio Correa.
www.elpais.es 09.11.09
RAJOY VIAJÓ CON LA EMPRESA DE CORREA
El presidente del PP, Mariano Rajoy, disfrutó de un viaje de tres días en Canarias con su familia tras la derrota electoral de marzo de 2004. Ese viaje lo gestionó Pasadena Viajes, la empresa de la trama de Francisco Correa que, como otras empresas de la red Gürtel, era proveedora casi en exclusiva de servicios para el PP. Según publicó ayer la web elconfidencial.com, el viaje fue un regalo para Rajoy de parte del líder de la trama, hoy en prisión incondicional. La información cita "fuentes cercanas a Correa" como origen de la información.
Un portavoz del PP nacional desmintió ayer que se tratara de un regalo de Correa. Fue, dijo, un regalo del partido a su candidato después de la tensión a la que estuvo sometido durante los meses de campaña electoral. El partido hizo el encargo a su proveedor habitual. Sin embargo, el partido no estaba ayer en condiciones de probar o asegurar con certeza que hubiera pagado el viaje. Según esta versión, pocos meses después el PP dejó de contratar con la trama corrupta de Correa. Si no se pagó sería, según la versión del PP, porque después de rotas las relaciones la agencia de viajes no reclamó el importe.
Desde que estalló el caso Gürtel, el pasado mes de febrero, Rajoy ha sostenido que él cortó con las empresas de la trama en 2004. Estas empresas, con Correa al frente, comenzaron a trabajar para el PP a principios de los noventa y acabaron convertidas en los proveedores exclusivos de todo tipo de servicios para el partid
www.elpais.es 03.1109
EL BIGOTES FACTURÓ CASI 100.000 EUROS AL PP EN EL CONGRESO DEL AÑO PASADO
La policía acredita que la trama Gürtel cobró el trabajo en 'dinero B'
Álvaro Pérez, El Bigotes, hizo negocios en el XVI Congreso Nacional que el PP celebró en Valencia en junio del año pasado. Con su empresa Orange Market, una de las que integraban la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, facturó casi 100.000 euros por dos días de trabajo relacionados con ese evento. El PP de Mariano Rajoy ha negado siempre que Correa y El Bigotes tuvieran algo que ver con el ese acto, que supuso la ratificación de Rajoy como presidente nacional.
El PP de Rajoy negó que Orange Market tuviera relación con aquel acto
La trama corrupta de Correa, que llevaba más de cinco años, según la versión oficial, sin trabajar para la dirección nacional (antes, durante diez años, había organizado todos los actos durante el mandato de José María Aznar) volvió a trabajar con el PP de Rajoy en Valencia, un feudo donde El Bigotes se había instalado en 2004. Allí se había quedado en exclusiva con casi todos los actos del PP en esa región, la organización del pabellón valenciano en Fitur y decenas de pequeños contratos de todas las consejerías del Gobierno de Francisco Camps, quien también ha salido muy salpicado en el escándalo Gürtel por su estrechísima amistad con El Bigotes.
Así, del 20 al 22 de junio de 2008 se celebró en Valencia el XVI Congreso Nacional del PP, que encumbró de nuevo a Rajoy como presidente de esta formación política con el 84% de los votos. Contrariamente a lo manifestado por Rajoy, la investigación del caso Gürtel revela que la trama de Correa hizo caja. No obstante, el montaje escenográfico del evento fue adjudicado a la firma Free Handicap, presidida por Elena Sánchez, esposa del ex ministro de Ciencia y Tecnología y diputado Juan Costa.
Entre la documentación hallada por la policía en los ordenadores de Orange Market, la empresa que dirigía El Bigotes, se encontró un archivo con una hoja de cálculo sobre los servicios facturados en 2008, que lleva el nombre de "COBROS2008bis.xls hoja octubre: Actos".
En ese archivo, según la Policía, "se hace un resumen de los actos que se realizan en 2008 presentando el coste de ellos en dos grandes partidas, una que es Deuda A y otra que es Deuda B" (ésta segunda modalidad está cobrada sin factura ni IVA, fuera de los circuitos legales del dinero).
En el apartado correspondiente a los "últimos actos", aparecen los siguientes apuntes correspondientes al Congreso Nacional:
20-06-2008. "Stand PP congreso... 24.000".
"Stand Congreso sin/presupuesto... 2.800".
21-06-2008. "Fiesta PP congreso... 20.350".
"Catering fiesta... 51.681".
Además, existe otro apunte del 11 de julio de 2008 por 3.200 euros por un vídeo de una cena de Rajoy con militantes en Castellón.
La policía sostiene que esta relación de actos, supuestamente montados por Orange Market, la empresa de El Bigotes, para el Congreso Nacional del PP, reflejan unas fechas, conceptos e importes de los que "no se ha localizado ninguna factura emitida en esas fechas y por esos importes" que les permita deducir que "esas cantidades de dinero que aparecen en esos apuntes formen parte del circuito financiero legal".
Según fuentes del PP, El Bigotes no organizó el congreso, pero la dirección nacional sí le pidió a Camps que montara una fiesta tras la elección de Rajoy, a última hora de la tarde. Y como era costumbre, Camps decidió que se encargara a la empresa de su amigo. No consta que Génova opusiera ninguna resistencia. La fiesta consistió en un stand a la entrada del recinto de la Feria de Valencia donde Rajoy y Camps, ya anocheciendo, dieron unos discursos de agradecimiento a los compromisarios, y después hubo comida y bebida para todos, una manera de evitar que, como es habitual en los congresos, la gente se fugue después de votar.
Después de esa fiesta, Camps contrató unos fuegos artificiales para celebrar la victoria de Rajoy -contra nadie, porque no hubo candidato alternativo-, pero éstos no se le encargaron a la empresa de El Bigotes.
www.elpais.es 02.11.09
LA ORDEN QUE NO LLEGÓ
El PP nacional ha mantenido desde el principio que la trama corrupta que dirigía Francisco Correa no fue contratada para ningún acto del partido durante el mandato de Rajoy. Pero al menos en Valencia, según la documentación incautada por los agentes policiales del caso Gürtel, se hizo una excepción. La trama, a través de El Bigotes, trabajó el año pasado para el XVI Congreso Nacional.
Tras destaparse el escándalo, el presidente del PP Mariano Rajoy afirmó que su partido había roto relaciones en 2003 con las empresas de la red. Y que el PP lo hizo así, según explicó el propio Rajoy, a raíz de conocer que las empresas de la trama corrupta iban "por algunos municipios del noroeste de Madrid utilizando el nombre de la dirección del partido".
Tras aflorar el caso Gürtel, que ha puesto entre las cuerdas al PP por la cantidad de altos cargos implicados, Rajoy ha explicado que la orden de no volver a contratar con Francisco Correa se la dio al tesorero, entonces Álvaro Lapuerta, y también al entonces gerente del partido, Luis Bárcenas (imputado ahora en el Tribunal Supremo por el supuesto cobro de al menos un millón de euros en comisiones ilegales de Correa). Y que les dio la orden para que éstos la trasladaran a algunas organizaciones territoriales. Aun así, ni en Madrid ni en Valencia se dieron por enterados y, de hecho, contrataron millones de euros con la trama. Los dirigentes madrileños y valencianos del PP han argumentado que la orden nunca les llegó.
El Bigotes era el hombre de Correa en Valencia, donde la trama hacía sus negocios bajo el nombre de Orange Market.
www.elpais.es 02.11.09
RAJOY VIAJÓ A CANARIAS TRAS LA DERROTA DE 2004…¡POR CORTESÍA DE CORREA!
Mariano Rajoy viajó el 19 de marzo de 2004 de Madrid a Las Palmas de Gran Canaria junto a su mujer y su hijo para pasar tres días de descanso en un hotel de lujo de la zona turística de Maspalomas. Acababa de perder las elecciones del 14-M, las primeras a las que se presentaba como líder del PP. Según el PP fue un regalo del partido como recompensa por su esfuerzo durante la campaña electoral. Del viaje se encargo Pasadena S.L., la agencia de Francisco Correa, el supuesto cerebro de la trama Gürtel y, según revela El Confidencial, el PP nunca pagó la factura. Según ha podido saber El Plural, uno de los imputados en la trama, conocedor de este asunto, lo puso en conocimiento de la Justicia.
Según un portavoz oficial del PP consultado por El Confidencial, el viaje fue encargado “probablemente por orden del tesorero o del gerente”, en referencia a Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas respectivamente, que eran los que ocupaban dichos cargos en 2004. “No sabemos si Pasadena le cobró este viaje al PP, pero si no envió la factura, el problema es de la agencia, no nuestro”, añaden esas mismas fuentes.
Ni Rajoy ni el PP pagaron
Sin embargo, ni Rajoy ni el PP pagaron esas minivacaciones. El entorno ce Correa habría confirmado al diario de Jesús Cacho que hay asientos contable que acreditarían el impago de la factura en la documentación sobre las empresas de la Gürtel que se haya en poder del juez Antonio Pedreira. Al parecer, Correa corrió con “todos los gastos de muchos viajes privados que hicieron algunos dirigentes del PP, y eso, antes o después, saldrá a relucir en el sumario”.
"A ver si se restablece del susto"
El Plural ha podido saber que efectivamente, uno de los imputados en el caso, relató ante la Justicia que Correa había abonado este viaje. Según esta fuente, Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego y número dos de la supuesta trama corrupta fue el que organizó todo. "A este h.d.p. de Rajoy le vamos a regalar un viaje, a pesar de haber perdido las elecciones, a ver si se restablece del susto", comentó a sus allegados el propio Crespo. Según las fuentes consultadas por este periódico, Rajoy no fue el único dirigente del PP que pudo beneficiarse de este tipo de obsequios y se apunta, además, que podría haber ex dirigentes del partido en su mismo caso.
Rompe con Correa pero permite que siga en Madrid y Valencia
Según Rajoy, en junio de 2004 cortó todo tipo de relaciones con las empresas de Correa cuando el entonces tesorero, Álvaro Lapuerta, le informó de que el empresario utilizaba el nombre del PP para obtener contratos. Sin embargo, permitió que la trama continuara operando en Valencia y en numerosos municipios madrileños y la propia comunidad.
www.elplural.com 02.11.09
EL PP PIDE QUE LOS PERIODISTAS QUE DESVELARON DETALLES DE 'GÜRTEL' DÉN LOS INFORMES
El PP ha registrado en el juzgado de instrucción número 1 de Madrid su escrito de ampliación de la denuncia que ya formularon el pasado 24 de julio por un presunto delito continuado de revelación de actuaciones secretas en el llamado 'caso Gürtel'. En esta ampliación, este partido solicita que los periodistas que han recibido las filtraciones aporten a la causa los informes policiales "que dicen manejar" alegando que esa documentación podría ser "tremendamente efectiva" para "identificar" a los responsables de esas filtraciones.
El Comité de Dirección del PP acordó el pasado lunes hacer esta ampliación de su denuncia argumentando que se siguen produciendo filtraciones sobre cuestiones que aparecen en la parte del sumario cuyo secreto no se ha levantado todavía, según explicó la propia secretaria general, María Dolores de Cospedal.
En su nuevo escrito, el PP incluye varios artículos publicados en el diario 'El País' sobre la trama de corrupción liderada por Francisco Correa en los que, según los 'populares', "hacen referencia expresa" a contenidos de informes policiales o a conversaciones de la causa.
Sin embargo, recalca que esos informes de los que dan cuenta los periodistas no figuran "entre los folios de las actuaciones que se hicieron públicos" el pasado 28 de septiembre de 2009 a través de un auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid levantando parte del secreto del sumario.
Por eso, el PP propone como diligencia de investigación que "se acuerde requerir a los periodistas la aportación a la causa de tales informes que dicen manejar, así como de todos los demás documentos vinculados a los que hayan tenido acceso".
Según los 'populares', esa documentación constituye "cuerpo material de los delitos objeto de denuncia" y de los mismos se podrían extraer "determinados datos (fecha de emisión, originales o copias, foliados o no, transmisión por fax, correo...) que ayudarían al total esclarecimiento de los hechos que aquí se investigan".
"La incorporación de tal documentación a requerir pudiera ser tremendamente efectiva a los fines pretendidos de localizar o identificar a los responsables de las filtraciones", dicen, para recalcar que esas filtraciones requieren una respuesta "energética y efectiva de los tribunales de justicia a fin de procurar erradicar en el menor plazo posibles tales actuaciones".
(www.elmundo.es, 29/10/09)
CORREA INVIRTIÓ EL 'BOTÍN' DE LA VISITA DEL PAPA EN NEGOCIOS CON EL EX SOCIO DE AGAG
El informe policial del caso Gürtel sobre los negocios de la trama corrupta durante los actos de la visita del Papa a Valencia -se cobró más de un millón de euros en comisiones ilegales- acredita que buena parte del dinero fue a parar a una de las sociedades de inversión inmobiliaria del líder de la red, Francisco Correa.
Jacobo Gordon, imputado en el caso Gürtel y ex socio de Alejandro Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar, es el empresario que defendía los intereses urbanísticos de Correa y con el que compartía la propiedad de varias sociedades. Entre ellas, Parque Logístico Montalvo, la sociedad a la que la trama corrupta derivó parte de los beneficios obtenidos durante la visita del Papa.
La documentación incautada por la policía a la trama corrupta acredita que Pablo Crespo, principal lugarteniente de Francisco Correa, ingresó en la caja B del grupo 951.300 euros entre el 22 y el 30 de junio de 2006. Sólo cinco días después, según la contabilidad interna de la red Gürtel, por orden de Don Vito (apodo con el que el contable José Luis Izquierdo registraba las instrucciones de Francisco Correa) se entregaron 600.000 euros a Jacobo Gordon. Dos días después, Don Vito entregó otros dos sobres por 60.000 euros a Gordon con la referencia "Montalvo".
El juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso Gürtel, interrogó en la Audiencia Nacional a Jacobo Gordon sobre estos apuntes. El imputado explicó así el significado de la referencia Montalvo: "Es la sociedad a través de la cual formalizamos opciones de compra de suelo con los propietarios". Se refería Gordon a la adquisición de terrenos para un polígono industrial situado a 50 kilómetros de Tarancón (Cuenca) y que, según su confesión ante el juez, supuso un fracaso. "Es un proyecto que lleva muerto, bueno, paralizado, casi dos años o año y medio".
Gordon formaba parte de la sociedad Parque Logístico Montalvo por el pago de una supuesta deuda de Correa. "Yo desarrollé unos trabajos para el señor Correa y por diferentes razones no salió ninguno y nunca me pagó. Yo no tenía intención de seguir haciéndole el trabajo y, entonces, en Montalvo me dijo que me pagaría en acciones. Yo tengo ahí creo que un 15% o un 10% de esa sociedad", explica Gordon.
Otro de los apuntes de la caja B de Correa recoge un pago de 200.000 euros a la sociedad inmobiliaria Castaño Corporate, también dirigida por Gordon. Esos 200.000 euros también son parte de los beneficios cosechados por el acto del Papa, en el que la red Gürtel actuó como intermediaria para que el montaje de la sonorización y equipos de vídeo se adjudicara por 6,4 millones de euros a Teconsa, una constructora leonesa con la que mantenía relaciones. Los costes de los trabajos de sonorización y montaje de pantallas de vídeo no llegaron ni a la mitad de lo que pagó por ellos la Radiotelevisión Valenciana, dirigida entonces por Pedro García, un íntimo amigo de los jefes de la red corrupta, a quien regalaban trajes de la tienda donde se vistió también el presidente valenciano, Francisco Camps.
Castaño Corporated es, según explicó Gordon al juez Garzón, una sociedad para hacer negocios urbanísticos que se creó a finales de 2005, sólo unos meses antes de la visita del Papa.
"Había una oportunidad en Getafe (Madrid)", recuerda Gordon, "con una parcela grande para hacer 300 viviendas. Hablé con una empresa, Procasa, con la que tengo cierta relación, y les interesa, pero la operación es muy grande y me dicen que están dispuestos a ir con el 50%, y me dicen que encuentre a alguien que invierta el otro 50%. Se lo comento a Correa y trae a Provinsa como inversor y, además entramos nosotros mismos con el 20%, creando una nueva sociedad que se llama Castaño".
Durante su declaración ante Garzón, Jacobo Gordon reconoció que en ocasiones Correa le llevaba dinero en efectivo: "En una ocasión, 300.000 euros o así, pero yo siempre le daba recibo. Lo llevaba a mi despacho, yo le firmaba un recibo".
(www.elpais.com, 26/10/09)
LA CÚPULA DEL PP SEÑALA A ZAPLANA
Ocho meses. Ese es el tiempo que el PP lleva buscando enemigos externos para dar respuesta al caso Gürtel. Primero fue el juez Baltasar Garzón, después el ex ministro Mariano Fernández Bermejo y su cacería, a continuación "las escuchas ilegales" de Interior y, tras eso, la "doble vara de medir" de la Fiscalía. Todo un "complot" que terminó desembocando en una nueva "teoría de la conspiración".
El 11 de febrero, Rajoy salió en Génova, rodeado por la plana mayor de su partido, para defender el honor de los suyos: "No hay una trama del PP, hay una trama contra el PP". Y algunos dirigentes conservadores creen que, a lo mejor, no hace falta salir de casa para dar con el adversario. Es otra vuelta de tuerca. Más fácil que la de aplicar medidas contundentes.
Hay quien cree que las heridas del Congreso de Valencia no han cicatrizado. Y que, aunque las elecciones gallegas y las europeas concedieron un respiro al líder del PP, los críticos siguen en pie de guerra.
Todo lo ocurrido en la Comunidad Valenciana en estas últimas semanas ha desenterrado viejos fantasmas. Para más de uno detrás de todo lo que le está ocurriendo a Francisco Camps se oculta la mano de Eduardo Zaplana, su antecesor en el cargo. Algunos recuerdan que el odio entre ambos es evidente y creen que el ex ministro no ha olvidado cómo, desde que dejó su tierra en 2002, Camps se encargó de aniquilar a sus fieles.
No sólo los campistas han sembrado las sospechas. También algún que otro miembro de la dirección nacional ha sucumbido. En las filas conservadoras cuentan que Zaplana ha mantenido reuniones con Rubalcaba y Juan Costa, hermano del ex secretario general valenciano. Y atan cabos. Dan por hecho que con el dirigente socialista habló de la situación en su partido y del informe policial que apunta a la financiación ilegal del PP valenciano. Con el segundo, orquestó la estrategia de defensa y resistencia de Ricardo Costa, que no dimitió de su cargo hasta que Rajoy se lo exigió a Camps por las malas. "No me extrañaría que estuviera enredando", comenta un diputado.
Pero Zaplana, que ahora es delegado para Europa de Telefónica, no ha querido entrar a desmentir ni a confirmar estas afirmaciones. En su círculo aseguran que está fuera de la política porque "así lo decidió" y que quiere seguir así. En cualquier caso, si esos dos encuentros se hubieran producido, responden a la "amistad" que mantiene con ellos desde hace mucho tiempo. Defienden que él está asistiendo a todo lo que está pasando no como actor sino como espectador, "dolido" por la crisis de su partido. Un dirigente que le conoce bien se ríe de lo que él califica de "delirio": "Ya sólo falta que digan que Zaplana controla a la policía de Rubalcaba".
Pero lo cierto es que en las últimas semanas ha vuelto a reaparecer y con más fuerza que nunca. El 9 de octubre, Día de la Comunidad Valenciana, asistió a una crispada celebración institucional. Allí pronunció las únicas palabras que le ha dedicado al caso Gürtel en público. "Espero que todo el mundo tenga claro que los intereses de los ciudadanos de la Comunidad Valenciana están por encima de cualquier otro interés", señaló ante los periodistas. Y expresó su deseo de que el PP actúe: "Ustedes saben perfectamente que, al margen de discrepancias, deseo fervientemente que mi partido actúe como siempre ha hecho para que sus militantes puedan seguir sintiéndose orgullosos de contar con un partido como este". Para algunos su respuesta fue diplomática, otros lo interpretaron como un toque de atención. La mayoría coincide en que, en cualquier caso, Zaplana no quiso "hacer sangre".
Poco después volvía a ser noticia por unas declaraciones sobre la reforma de la ley del aborto. Zaplana afirmó que él apuesta por "una regulación de plazos lo más limitada y pequeña posible" que permita "el derecho de una mujer a poder abortar".
Zaplana añadió que cuando su formación llegó al poder "no cambió" la Ley del Aborto porque "es normal" que un nuevo Ejecutivo "no se ponga a revisar" todo lo que hizo el anterior. Sus palabras sentaron mal en el núcleo duro del PP y también entre miembros del Grupo Popular.
El ex ministro hablaba sobre ese asunto como tertuliano. Desde que arrancó el nuevo curso político, participa en algunos coloquios de Esradio con Luis Herrero. El pasado 7 de septiembre instalaba una máxima: "Yo lógicamente no voy en estos momentos a opinar sobre mi partido. Yo siempre diré que lo que hace me parece bien, en genérico, y no entraré en detalles".
Y es que su resistencia a hablar se ha ido relajando con el tiempo. Además de mostrar abiertamente su postura sobre el aborto, también presumió hace unos días de que fue el primer presidente de una comunidad autónoma en regular las uniones de hecho.
Y también se vuelve a hablar de Zaplana porque sus fieles están aprovechando la debilidad de Camps para volver a plantarle cara. El reducto zaplanista, liderado por José Joaquín Ripoll, trata de ganar peso territorial. El presidente de la Diputación de Alicante fue uno de los primeros en exigir "medidas" para afrontar el caso Gürtel y reclamar rapidez para quitar "las manzanas podridas" en el PP.
En el partido en Valencia algunos creen que los zaplanistas quieren cobrarse su venganza. Aún recuerdan como en diciembre de 2008 los campistas presentaron una candidatura alternativa a la de Ripoll como presidente provincial. Al final éste ganó sólo por cinco votos. Por eso ahora creen que están "haciendo palmas con todo lo ocurrido".
En el PP valenciano creen que lo único bueno que puede salir de toda esta historia es que las relaciones de Zaplana en la Comunidad se normalicen porque hasta ahora estaba "vetado" por Camps. "A lo mejor ahora los empresarios vuelven a invitarle a los actos", apuntan.
(www.publico.es, 26/10/09)
Botella: “Si, yo creo que sí [la Gürtel se está convirtiendo en una pesadilla]”
“Mi hija y mi yerno están tranquilísimos. Estamos acostumbrados a las calumnias”, afirma Ana Botella, preguntada por la periodista Virginia Drake en el diario ABC en su edición de hoy. Botella se defiende así de las alusiones del sumario Gürtel respecto a miembros de su familia. Se trata de su propio esposo, el ex presidente del Gobierno, José María Aznar -quien según subraya Botella que también está “muy tranquilo”- y de Alejandro Agag.
La esposa de Aznar confirma su relación con Álvaro Pérez el Bigotes, aunque asegura que esa relación fue “muy pequeña”. Niega asimismo que se hubiera “enamorado de él en el buen sentido”, contradiciendo de este modo la declaración del número 1 de la trama, Francisco Correa. En todo caso, el Bigotes fue el principal colaborador logístico de Aznar durante su época de presidente.
La boda: volvería a ser igual
Era pues uno de sus hombres de confianza. Recuérdese que el introductor de Pérez en el ámbito Aznar-Botella fue Agag, siempre a tenor de lo que narra el sumario. Por otra parte, muchos indicios apuntan a que el Bigotes pudo ser el organizador o uno de los organizadores de la magna boda escurialense, de la que tan satisfecha se muestra en la entrevista Botella, a pesar de los numerosos invitados que ahora han sido imputados judicialmente. La madre de la entonces novia dice ahora que volvería a celebrar el matrimonio de su hija “de igual modo y en el mismo lugar”.
"Sí", una pesadilla
Afirma Botella afirma que ella y su familia están muy tranquilos. “Pero cuando se le pregunta si la trama se está convirtiendo en una pesadilla” –puntualiza la entrevistadora-, la mujer de Aznar contesta: “Pues sí, yo creo que sí”. En todo caso, Botella aprovecha una sentencia favorable respecto a una denuncia de Aznar cuando circulaba el rumor de que se habría separado de Botella por presuntas infidelidades conyugales de él, para advertir: “Quieren destruirnos”. Evidentemente no se refería Botella sólo al caso de la no probada infidelidad de su marido, sino al caso Gürtel, su pesadilla.www.elplural.com 25.10.09
FISCALES Y ABOGADOS, ENFRENTADOS POR EL 'CASO GÜRTEL'
La Asociación de Fiscales (AF), mayoritaria en la carrera fiscal, expresó ayer su apoyo a las fiscales del caso Gürtel y lamentó que se ponga en tela de juicio su actuación en la persecución de graves delitos. La asociación respondió así al anuncio del Colegio de Abogados de Madrid de que presentará una querella contra el juez Baltasar Garzón y las fiscales del caso Gürtel por la intervención de las comunicaciones mantenidas en prisión entre Francisco Correa y los demás implicados en la trama corrupta con sus letrados.
La Asociación de Fiscales lamentó que se ponga en tela de juicio "la actuación de las instituciones del Estado en la persecución de conductas presuntamente constitutivas de delitos graves, y en el intento de recuperar lo que, al parecer, pueden ser cantidades importantes de dinero defraudado a las administraciones públicas y, en definitiva, a todos los ciudadanos".
Por su parte, la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados de Madrid calificó la intervención de las conversaciones de los imputados en la trama Gürtel como "intolerable para el derecho de defensa" y se quejó a los presidentes del Poder Judicial, de la Audiencia Nacional, del Tribunal Superior de Madrid y al fiscal del Estado.
El Colegio autorizó la presentación de una querella contra el juez Baltasar Garzón y las fiscales del caso Gürtel por delitos de prevariación y quebrantamiento del secreto de las comunicaciones. Es la primera vez que el Colegio de Abogados se querella contra un juez y sólo se recuerda que ejerciera la acusación en el juicio por los asesinatos de los laboralistas de Atocha. En casos de asesinatos de abogados por ETA, como Fernando Múgica y Fernando Buesa, el decano del Colegio de Madrid, a la sazón Luis Martí Mingarro, representó a sus respectivos colegios.
(www.elpais.com, 22/10/09)
LA POLICÍA DETALLA AL MENOS 15 COBROS EN 'NEGRO' DE ERASO
El presunto comisionista Eduardo Eraso -acusado por la Policía de ser el enlace que colocaba en Suiza las comisiones irregulares cobradas por la red Gürtel- habría recibido de la trama dirigida por Francisco Correa al menos 15 entregas de dinero negro por sus servicios entre 2002 y 2005, según detalla el sumario, aunque podrían ser bastantes más. Por ese motivo está imputado por blanqueo de capitales y fraude fiscal. EL MUNDO localizó ayer a Eraso, que aseguró que las inculpaciones contra él que sostienen los informes policiales son falsas y que así lo acreditó cuando declaró ante el juez Baltasar Garzón el pasado 30 de marzo.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) argumenta en un informe fechado el 23 de marzo -una semana antes de la declaración del supuesto comisionista en la Audiencia Nacional- que «Eraso recibiría dinero directamente de las comisiones percibidas por la organización como consecuencia de la intermediación para la adjudicación de proyectos o servicios a empresas afines por parte de las distintas administraciones, que [Eraso] se encarga de remitir [los fondos] a las sociedades Rustfield o Windrate».
Rustfield y Windrate son dos de las empresas que, según la Agencia Tributaria, formarían parte de las estructuras de blanqueo diseñadas por el experto financiero Luis de Miguel para desviar los fondos obtenidos de manera ilícita por Correa.
Según la Policía, Eraso sacaba ese dinero de España a través del llamado sistema de compensación: buscaba personas con cuenta en Suiza que deseasen invertir en España y les entregaba en nuestro país los fondos en mano y en metálico, y esos inversores realizaban luego una transferencia a la cuenta que tenían abierta en Ginebra las sociedades de Correa. Por esa mediación, Eraso percibiría una comisión en metálico del 1,5%. EL MUNDO publicó ayer que, sólo en 2004, habría recibido 270.000 euros, lo que significaría que habría lavado hasta 18 millones de euros de la trama.
La sociedad Rustfield, domiciliada en Londres, pertenece a su vez a la empresa Pacsa -acrónimo, según la Policía, de Paco Correa Sánchez-, cuya sede está en el paraíso fiscal de la Isla de Nieves. Pacsa recibiría el dinero en su cuenta de Suiza y lo transferiría a Rustfield, que a continuación suscribiría ampliaciones de capital de las firmas de Correa en España Inversiones Kintamani y Caroki -que sería el acrónimo de Carmen Rodríguez Quijano, la esposa de Don Vito-.
El dinero, ya blanqueado por este sistema, se reinvertiría en propiedades en nuestro país: casas en Las Rozas de Madrid, Sanchinarro, Málaga, Marbella, Sotogrande y Tarifa, e incluso un yate.
Una estructura calcada blanquearía el dinero a través de Windrate. La sociedad matriz sería, en este caso, Fountain Lake, domiciliada también en Nieves. Los fondos fluirían de manera opaca desde la cuenta de esa empresa en Suiza hasta Windrate, con sede en Londres, que a su vez suscribiría ampliaciones de capital de las firmas de Correa en España.
Las 15 entregas de dinero detalladas en el sumario que habría recibido Eraso se reparten en una horquilla de tiempo que abarca desde abril de 2002, la primera, y septiembre de 2005, la última. Precisamente en ese mismo mes y fecha Francisco Correa dejó de trabajar con el experto financiero Luis de Miguel y comenzó a hacerlo con el ex vicepresidente de Repsol Ramón Blanco Balín.
Todos esos apuntes se contienen en el pen drive que le fue intervenido al contable de Gürtel, José Luis Izquierdo, en el registro policial del piso que la trama tenía en la calle de Serrano de Madrid. El primero se refiere a la distribución de una supuesta comisión irregular de 537.340 euros que habría realizado en abril de 2002 el constructor Alfonso García Pozuelo, presidente de Hispánica, presuntamente beneficiado por adjudicaciones en municipios controlados por Correa.
De ese dinero, se habría entregado un sobre con 120.200 euros a Eraso, y otro de 2.400 como comisión. La mayor entrega se produjo en marzo de 2004: 650.000 euros, de una supuesta comisión de 1.018.000 euros bajo la rúbrica «cobro sin referencias».
La mayoría de los apuntes se presentan con el título «envío por Eduardo Eraso» en una cuenta denominada «Barclays Rustfield».
(www.elmundo.es, 20/10/09)
EL BLANQUEADOR DE CORREA
Entre 1995 y 1996 (año de la victoria de Aznar), Francisco Correa Sánchez montó una estructura empresarial en paraísos fiscales a través del despacho de Luis de Miguel Pérez y Asociados.
El objetivo estaba muy claro: ser invisible a la Hacienda pública. En el informe de la Agencia Tributaria (4 de febrero de 2009) que figura en el sumario, se dice textualmente: «Francisco Correa no ha presentado declaración de IRPF desde 1999, no ha percibido rendimientos de ningún tipo como pudieran ser rendimientos de trabajo, de capital, mobiliarios o inmobiliarios o de actividades económicas; tampoco se advierten alteraciones patrimoniales. No consta como socio o administrador de sociedades. Únicamente figura como autorizado de las cuentas bancarias de una sociedad, FCS, Formación Comunicación y Servicios, cuyas tres primeras siglas de su denominación corresponden a las primeras letras de su nombre y apellidos. FCS es una sociedad carente de actividad económica. El señor Correa es titular desde 1999 de un piso y una plaza de parking en la calle Húmera número 46 de Madrid».
A la luz de este párrafo podemos afirmar que, efectivamente, Correa logró su objetivo: fue invisible a Hacienda durante 10 años.
Pero en esos dos lustros logró amasar una fortuna que, según fuentes cercanas a la investigación, supera los 34 millones de euros.
¿Cómo funcionaba esa red exterior? Una serie de sociedades, fundamentalmente: Kintamani, Karoki (que se corresponde también con el nombre y apellidos de su segunda mujer, Carmen Rodríguez Quijano), Osiris y Hator, radicadas en el extranjero, invertían en España en el capital de las empresas que constituyen la red de Correa. Éstas se dedicaban a organizar actos y viajes para el PP, como Special Events, Orange Market, Good and Better, Pasadena Viajes, etcétera. Además de ser las nutridoras de capital de las empresas que sí tenían actividad, dichas sociedades patrimoniales invertían en España, en Miami o Colombia en inmuebles y en objetos de lujo, como yates.
La técnica consistía en colocar unas sociedades detrás de otras para ocultar a su verdadero propietario. Osiris, por ejemplo, estaba participada mayoritariamente por la holandesa Clandon, que, a su vez, estaba participada por Lubag NV, domiciliada en Antillas Holandesas.
De esta forma, Correa no aparecía nunca como accionista de sus empresas.
La red exterior también nutría de fondos a otras sociedades (como Golden Chain, Almenara o Chalmi) que tienen cuentas en bancos suizos. Al margen del despacho de abogados español, el arquitecto de la trama es Arturo Fasana (conocido por Correa y su gente como Fafa). Fasana es un conocido gestor que, a través de Rhone Gestion, mueve fondos por un total de 2.500 millones de euros, procedentes de cuentas en Ginebra del banco Credit Suisse.
A partir de 2003, según relata el informe de la Agencia Tributaria, aparece una nueva sociedad con domicilio en Gran Bretaña: Rustfield Trading. A partir de esa fecha, otra empresa fantasma, domiciliada en Nevis (islas del Caribe) y llamada Pacsa -de nuevo a Correa le pierde el ego, ya que su denominación se corresponde con su nombre y apellidos, Francisco (Paco) Correa Sánchez-, se convierte en la cabecera de toda la red exterior oculta a Hacienda.
Detengámonos un momento en el dinero que movían estas sociedades en el extranjero. Según fuentes de toda solvencia, Kintamani tiene un patrimonio superior a 10 millones de euros (constituido por inmuebles en Las Rozas, Sanchinarro, Málaga, Marbella, Sotogrande y Tarifa). Dichos inmuebles estaban, en su mayoría, alquilados.
Karoki tiene un patrimonio de unos 4,5 millones de euros, constituido por una embarcación y una vivienda en Sotogrande.
Osiris posee un patrimonio similar, de unos cinco millones de euros, constituido por viviendas en Ibiza, Sotogrande y la embarcación Montecristo (a nombre de la sociedad gibraltareña Blue Horizon).
Hilgart Investment es, a su vez, propietaria de cuatro condominios en Miami, valorados en unos tres millones de dólares.
Hator es una pequeña sociedad, con un capital social de 100.000 euros, cuyos activos los constituyen acciones de Orange Market e Easy Concept.
Además, Correa es propietario de un apartamento en Cartagena de Indias, valorado en 500.000 dólares, y dispone de diversas cuentas en bancos domiciliados en Ginebra: dos en Merrill Lynch (de las sociedades Chami y Almenara) y otras dos en Credit Suisse. En dichas cuentas, Correa tiene unos 12 millones de euros.
Todo ese dinero procedía, según los informes de la Udef, de las comisiones que cobraba Correa en la recalificación de terrenos (sobre todo de los municipios cercanos a Madrid), y, por otro lado, del dinero negro que pagaban los empresarios para financiar los actos del PP, que se ingresaba directamente en la caja B localizada en la contabilidad secreta de sus empresas, gestionadas desde un piso de la calle de Serrano.
Así pues, el dinero negro obtenido de forma ilegal salía de España, recalaba en sociedades domiciliadas en paraísos fiscales y volvía en gran parte a España blanqueado a través de inversiones inmobiliarias.
¿Cómo se sacaba el dinero de España?
Se hacía por el sistema de compensación. Alguien quiere invertir en España desde Suiza. Correa le facilita el dinero en metálico en España y el inversor, desde su cuenta en Suiza, le transfiere la misma cantidad a Correa en otra cuenta en Suiza.
¿Quién era el encargado de hacer la compensación? Según la Policía, Eduardo Eraso Campuzano, imputado en la causa por blanqueo de dinero.
Eraso cobraba el 1,5% del dinero que compensaba y que ingresaba en las cuentas de Rustfield, manantial de Pacsa y, por tanto, de toda la red exterior de Correa.
Eraso hizo ese trabajo, al menos, desde 2002. En una anotación de la contabilidad B, con fecha 6 de septiembre de 2004, puede leerse: «270.000 euros entregar a E. Eraso». En 2005 también aparece: «Entregas a E. Eraso 30.000 euros», con la especificación: «Para transferencia a Rustfield».
Eraso pudo, según la Udef, haber transferido al extranjero de forma ilegal decenas de millones de euros en pocos años. Sólo en 2004, habría sacado de España 18 millones de euros. No está nada mal.
(www.elmundo.es, 19/10/09)
TODAS LAS CLAVES DE LA CAJA NÚMERO 52
Las investigaciones policiales y judiciales comienzan a desenredar la madeja económica montada por Correa y a contabilizar el dinero que movieron los hombres de don Vito. La caja de seguridad número 52 que tenía Pablo Crespo, socio de Francisco Correa, en Caja Madrid y en la que figuraba una serie de nombres en clave como Chiquitín, Cial, Gibr, Ibiza, Benj y Venere, empieza a arrojar luz: sobornos a políticos, barcos, residencias de lujo y millones de euros, dólares y francos suizos en el extranjero gestionados por dos testaferros.
Entre esos alias o nombres en clave figuran, según las investigaciones de los agentes de la Udef, políticos del PP, operaciones inmobiliarias y la adquisición de un barco en Italia por parte de Correa. La mayoría de esas operaciones fueron gestionadas por los testaferros del grupo en el exterior, el suizo Arturo Fasana y el norteamericano Randall Lew.
EL MUNDO publicó el pasado lunes que con las notas y apuntes encontrados en esa caja 52 la Agencia Tributaria pudo determinar el sistema que utilizaba la organización de Correa: «Una serie de sociedades constituidas en el Reino Unido y Holanda, que a su vez estaban participadas por entidades domiciliadas en las Islas del Canal y en Las Antillas Holandesas […], que se han utilizado como vehículo de entrada de fondos de las sociedades patrimoniales ubicadas en España»,
En esa caja 52 también había dos apuntes contables del Credit Suisse de Ginebra por un «valor liquidativo» de 15.421.767 euros y 6.745.872 francos suizos.
Pero las gestiones económicas realizadas por Arturo Fasana (Fafa) y Randall Lew (Ran) para Correa y sus amigos fueron más y mucho más cuantiosas. Los policías de la Udef están convencidos de que la anotación Benj. que aparece en la caja 52 corresponde al diputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco. Se da la circunstancia de que este dirigente del PP, que recientemente ha sido apartado del Grupo Popular, tiene un ingreso en sus cuentas personales en julio de 2005 de 150.000 euros; la misma cantidad y fecha que aparece en los apuntes que Crespo tenía en su caja de seguridad. La gestión de esos 150.000 euros fue realizada, según los apuntes contables, por Arturo Fasana, Fafa.
El siguiente apunte que figura en la misteriosa caja corresponde a la palabra Venere y está acompañado de una cantidad de 255.000 dólares. Se ha podido averiguar que esa cifra y ese nombre en clave corresponden al modelo de un barco de la marca Riva que Correa adquirió en Italia y al que le puso bandera inglesa para no pagar el correspondiente IVA.
El barco es un Riva modelo Venere 75, de 22 metros de eslora, con un precio de tres millones de euros. Correa puso a la venta el Venere 75, y los 255.000 dólares corresponden a uno de los pagos que efectuó el nuevo propietario, Javier T.
Las anotaciones Gibr. e Ibiza, con cantidades de 491.803 y 450.000 dólares, corresponden a una serie de desembolsos que realiza Correa desde sus cuentas y sociedades en el extranjero para la compra de propiedades en Sotogrande y en Ibiza.
Los movimientos económicos que figuran junto a la anotación Gibr. se llevaron a cabo a través de la gestión de Ran, el testaferro norteamericano, y el de Ibiza por medio del suizo Fafa.
En los informes y estudios de Hacienda también figura que Correa tiene varias propiedades en Sotogrande y dos amarres en su puerto deportivo. Con respecto al patrimonio de don Vito en Ibiza, los inspectores de Hacienda reflejan la «compra de un inmueble en Punta Grosa, cala San Vicente (Ibiza)».
Los movimientos de Correa a través de Gibraltar se hacen con la gestión de Fafa y por medio de las sociedades Kintamani y Caroki. Los agentes de la Udef llegaron a localizar diversos movimientos desde Gibraltar a España por valor de 700.000 y 135.000 euros.
Sobre las anotaciones Chiquitín y Cial que aparecían en la caja número 52 de Crespo, los agentes de la Udef y de Hacienda continúan con serias dudas. Fuentes cercanas a Correa han indicado a EL MUNDO que la anotación Chiquitín: 12.000.000, puede corresponder a fechas anteriores a la formación del Grupo Correa, y que Radin sería un gestor que Correa utilizó en su primera etapa, entre 1996 y 2000. Por lo que respecta a la anotación Cial y a la cantidad 405.256 dólares, los agentes de la Udef consultados por este periódico se inclinan por señalar que puede ser el diminutivo de Comercial y referirse a algunas de las últimas operaciones realizadas por Correa.
Fuentes próximas al entramado del grupo también han señalado a este diario que «a Correa le entró la fiebre de comprar e invertir en el extranjero después de que el PP perdiera las elecciones de marzo de 2004». A esos años y actividad puede corresponder la anotación Amp Capital…1.825.265…Fafa, que también figura en la contabilidad y notas de la caja número 52. Antes de la detención de Correa (6 de febrero de 2009), los hombres de don Vito estaban llevando a cabo inversiones en Senegal y Uruguay.
(www.elmundo.es, 19/10/09)
La fiscalía pide la libertad bajo fianza para Antoine Sánchez
El primo de Correa, imputado por un delito de blanqueo y varios de falsedad, es uno de los tres dirigentes de la trama Gürtel encarcelados
La fiscalía ha pedido libertad bajo fianza para Antoine Sánchez, uno de los tres encarcelados por la trama corrupta -junto al cabecilla, Francisco Correa, y su lugarteniente, Pablo Crespo-. Antoine Sánchez, primo de Correa, estuvo empleado en varias de sus empresas y está imputado por un delito de blanqueo y varios de falsedad.
a petición de la Fiscalía fue formulada la semana pasada al instructor encargado del caso, Antonio Pedreira, que deberá tomar una decisión en los próximos días, según han confirmado fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Anticorrupción considera que Sánchez no estaba tan implicado en el entramado empresarial de la red como los otros dos encarcelados y no se le acusa de los mismos delitos.
600.000 euros de fianza
La fiscalía pide una fianza de 600.000 euros para el número tres de la red corrupta por la falta de arraigo, dado que es de Senegal. El fiscal jefe Anticorrupción, Antonio Salinas, ha precisado que la petición de libertad se basa en las circunstancias que rodean la actuación de Sánchez dentro de la trama, el tiempo que ha transcurrido en la prisión y los delitos que se le imputan.
Desde que el pasado mes de febrero fue detenido, Sánchez permanece en la prisión de Soto del Real (Madrid). Fue administrador de la constructora Catalunya Nord Recor y de Inversiones Kintamani. Si se decreta su puesta en libertad, de la trama Gürtel sólo quedarían en la cárcel el propio Correa y el ex secretario general del PP en Galicia Pablo Crespo.
De acuerdo con los informes policiales incluidos en la parte del sumario sobre la que se ha levantado el sumario, Sánchez era uno de los testaferros de la organización y está considerado como pieza clave en la estrategia de desvinculación de Correa de las sociedades que gestionaba.
Según algunos reclusos de la prisión de Soto del Real, la relación entre los tres detenidos de la trama es bastante difícil. Antoine se siente traicionado por Correa y habla continuamente mal de Pablo Crespo, de acuerdo con el testimonio de los presos.
El Supremo prorroga otro mes el secreto del sumario
El Tribunal Supremo ha prorrogado un mes más el secreto de las actuaciones en el caso Gürtel, por lo que las partes personadas, a excepción de la Fiscalía, seguirán sin tener acceso de momento a las mismas. El magistrado instructor del caso, Francisco Monterde, lo ha comunicado hoy en un auto, después de que el pasado 17 de agosto ya prorrogara el secreto hasta el 17 de septiembre, día en el que lo volvió a extender un mes.
Monterde alega en su auto que subsisten las razones que motivaron mantener el secreto en la primera ocasión. Entre ellas, el juez señala las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando. A ello se une la situación en que se encuentra el procedimiento seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), "actuaciones declaradas secretas".
El Supremo acordó el pasado mes de junio asumir la investigación de este caso sólo en lo que se refiere a los posibles delitos cometidos por el senador del PP Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino y dev
