La juez que instruyó el sumario atribuye a los procesados los delitos de daños informáticos y encubrimiento. La magistrada concluye que la información contenida en los ordenadores "fue destruida a conciencia mediante el sistema de borrado más drástico, la sobrescritura" hasta un total de "35 veces y el rallado hasta su destrucción física".

La juez acusa al PP de no haber impedido la comisión del delito, que fue ejecutado como personas físicas por la tesorera, Carmen Navarro; el abogado Alberto Durán; y el informático José Manuel Moreno, quienes con su acción pretendieron "impedir que datos importantes relativos a la contabilidad paralela y otros extremos que Bárcenas podía considerar relevantes, formasen parte de la investigación" sobre la caja b del PP.

Tras varios intentos del PP por retrasar el juicio, el 14 de junio del 2019 se inicio el juicio. El encargado es el Juzgado de lo Penal número 3 de Madrid cuyo titular es el juez Eduardo Muñoz de Baena. El 04 de septiembre del 2019 se hizo publica la sentencia absolutoria a favor del PP, procesado como persona jurídica, y tres de sus empleados al considerar que no hay suficientes pruebas para condenarlos por un delito de daños informáticos y encubrimiento.

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