LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA VALENCIANA 

 

 2011

EL JUEZ IDENTIFICA A OTRA FUENTE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO

La policía localiza a los empresarios que Gürtel llamaba Príncipe y Cantante

La investigación sobre la financiación ilegal del PP se encontraba en punto muerto desde el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana asumió el caso y se declaró competente para instruir el caso. Sin embargo, el juez que instruye la causa, Francisco José Ceres, está ahondando en las pesquisas después de recibir el informe que requirió a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y que identifica a El Cantante y El Príncipe, dos personajes que aparecían en los apuntes contables de la trama y que, supuestamente, habrían efectuado "pagos opacos por cuenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a Orange Market".

La novena empresa involucrada también es adjudicataria de la Generalitat

Su identificación elevaría a nueve, según la policía, el número de empresarios incluidos en la causa y sobre los que también pesa la acusación de pagar facturas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en las que salió elegido presidente Francisco Camps) y 2008 (nacionales, en las que perdió Mariano Rajoy). Todos los empresarios implicados pertenecen al sector de la construcción, que salía en aquellos años de la era del boom del ladrillo, que fue especialmente intenso en la Comunidad Valenciana por la permisiva legislación en la materia.

En su informe, la policía sostiene que El Cantante, que "presuntamente abonó a Orange 199.520 euros" es Rafael Martínez Berna que, tal como indican, ha ocupado distintos puestos directivos del grupo Vallalba. Este conglomerado empresarial ya figuraba en el listado de empresas que habrían aportado, indirectamente, financiación al PP, por lo que Martínez Berna ya figura en la causa como imputado. El empresario presidió hasta hace unos meses la patronal de Alicante. Su dimisión fue atribuida por distintas fuentes a su implicación en el caso de corrupción.

En cuanto a El Príncipe, el escrito de la Udef sostiene que se corresponde con una persona que ostenta un cargo directivo en la sociedad Cyes y "cuyo nombre de pila coincidiría con el del sucesor de la corona española". Según la investigación, este habría abonado 200.000 euros a la misma sociedad de la trama, Orange Market, después de que esta realizara diversos trabajos durante dos de las campañas electorales, la autonómica de 2007 y la de las generales de 2008. En cualquier caso, el juez ha solicitado a la policía que "investigue la persona a quien concretamente pudiera referirse" en su informe, con el fin de comunicarle la causa judicial en la que está involucrado.

El informe que realizó Hacienda sobre el caso de financiación ilegal del PP valenciano se basó en la documentación intervenida en los registros efectuados en las sedes de las empresas corruptas de Gürtel.

Según este informe, por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e incluidos en una cuenta que la trama llamaba "Barcelona".

Otros 872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se contabilizaron en otra cuenta que llamó "Alicante" y que sí fue declarada al fisco. Y es que Orange Market, la empresa cabecera del PP de Valencia que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía una doble contabilidad. Al PP le cobraba muchas veces en B y otras en A, según Hacienda, que sostiene que la empresa de El Bigotes recibió en 2007, también en dinero negro, de El Príncipe y El Cantante.

En la causa por financiación ilegal ya estaban imputados los gestores del grupo Enrique Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa, Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste y Constructora Hormigones Martínez. Todas ellas adjudicatarias de contratos millonarios de obra pública por parte del Gobierno autonómico que presidía Francisco Camps. En la página web de Cyes, la última empresa incluida en la causa, la constructora destaca las obras realizadas tanto para la Generalitat como para el Ayuntamiento de Valencia.

Junto a los empresarios figuran imputados en la causa la cúpula del PP que presidía Camps (incluido Ricardo Costa), así como varios miembros destacados de su Gobierno.

www.elpais.es 20.01.12

EL JUEZ EXIGE AL PP VALENCIANO SEÑALAR A LOS AUTORES DE SU FINANCIACIÓN ILEGAL

El instructor requiere que presenten una querella si quieren ser parte del caso

El juez que instruye la causa por financiación ilegal del PP valenciano ha rechazado el intento del Partido Popular de personarse en el proceso como acusación sin presentar querella contra nadie en concreto, ni mencionar los delitos que presuntamente cometieron, ni dónde tuvieron lugar. El magistrado José Ceres ha rechazado, en un auto conocido ayer, el recurso presentado por el partido, y exige que especifique a los responsables que presuntamente cometieron los delitos que se investigan. El PP ha recurrido la decisión a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano.

La formación trata de evitar el trago de acusar a la cúpula de Camps

El PP logró personarse como acusación en el procedimiento original de Gürtel que instruía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y que ahora ha vuelto a la Audiencia Nacional. La actuación del PP como acusación -en una causa que investiga un vasto caso de corrupción vinculado a esa misma formación política- ha estado marcada por la insistente presentación de recursos, que han dificultado el avance del procedimiento. Han sido tantas las demoras causadas que hasta el entonces instructor de la causa, Antonio Pedreira, instó al partido en julio de 2010 a terminar con la "batalla campal" de informes y contrainformes que había desatado.

El magistrado de Valencia José Ceres recuerda en su auto que la querella que el PP "de la Comunidad de Madrid" presentó en su día en la causa troncal de Gürtel, y con la que pretendía darse por personado también en Valencia, iba dirigida únicamente contra Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el lugarteniente de la trama, Pablo Crespo. Y se limitaba solo a los supuestos delitos de "administración desleal, injurias, calumnias y denuncias falsas".

"No se menciona nada relacionado con los hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana", indica el juez. "Ni aparece mención de persona alguna, aforada o no, con intervención en hechos ocurridos en la Comunidad Valenciana, no citándose ni mencionándose en momento alguno en el escrito de querella siquiera a la sociedad Orange Market [que administraba Álvaro Pérez El Bigotes], que es la protagonista principal de los hechos", agrega Ceres.

El, de momento, infructuoso objetivo del PP era personarse como acusación para tener acceso directo a la causa sin pasar el mal trago de tener que querellarse contra las cúpulas del PP valenciano y de la Generalitat que presidía, en ambos casos, Francisco Camps. En la causa por financiación ilegal están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat), David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV), Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional) y otros.

La causa incluye una pieza separada por delitos contra la Administración Pública: cohecho y prevaricación en la adjudicación a la trama de contratos de Fitur por importe de seis millones de euros. En ella están imputados Rambla, Milagrosa Martínez (exconsejera y expresidenta de las Cortes Valencianas) y Rafael Betoret (exjefe de gabinete en Turismo), ya condenado en el caso de los trajes.

www.elpais.es 17.01.12

EL JUEZ IMPUTA EN GÜRTEL A OTROS TRES ALTOS CARGOS DE LA GENERALITAT

El magistrado cree que pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de contratos a 'El Bigotes'

El juez José Ceres ha imputado a otros tres altos cargos de la Generalitat en el grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel que instruye en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Se trata de Dora Ibars, directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la Generalitat; Isaac Vidal, jefe de área de Mercados y Comunicación en la Agencia Valenciana de Turismo, y Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la misma agencia del Gobierno autonómico.

El magistrado cree, "dada la documentación e informes incorporados hasta la fecha a las presentes diligencias", que los tres pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación a Orange Market, la sociedad de la trama corrupta que administraba Álvaro Pérez, El Bigotes, de los contratos de organización y montaje del pabellón valenciano en la madrileña feria de Fitur.

La red que lideraba Francisco Correa obtuvo casi cinco millones de euros por la adjudicación del pabellón de la Generalitat cinco años seguidos, de 2005 y 2009. La investigación ha revelado que, en unos casos, los miembros de la trama mafiosa conocían las bases oficiales de la adjudicación semanas antes de que fueran publicadas, lo que les permitía elaborar propuestas ganadoras frente al resto de competidores. Y en otros, que la oferta de Orange Market se alzaba con los cuantiosos contratos a pesar de no reunir los requisitos o hacer la oferta más cara.

En la enrevesada trayectoria procesal del caso Gürtel, el TSJ valenciano decidió asumir, por separado, la competencia de dos de sus ramales. El primero es el que sentará en el banquillo el próximo 12 de diciembre al expresidente Francisco Camps y al ex secretario general del PP regional Ricardo Costa por haber aceptado supuestamente dádivas de la trama.

El segundo, en el que han sido imputados los tres nuevos altos cargos, contiene la aparentemente irregular concesión de los contratos de Fitur y, al mismo tiempo, la financiación ilegal del PP (delito electoral), que habría incluido la falsificación en documento mercantil.

En esta segunda y central vertiente del caso Gürtel valenciano ya estaban imputados buena parte de la plana mayor del PP regional y del Gobierno de Camps: Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat); David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV); Yolanda García (tesorera del PPCV); Cristina Ibáñez (administradora del PPCV); Luis Bárcenas (extesorero del PP); Milagrosa Martínez (expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsejera de Turismo); Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de Turismo) y, de nuevo, Costa.

En la providencia que comunica las nuevas imputaciones, que lleva fecha de 11 de noviembre, el magistrado indica que El Bigotes y Cándido Herrero (empleado de la trama) hablan sobre Dora Ibars en una conversación telefónica que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2008 y que fue intervenida por la policía. De su contenido, concluye el juez, "y sin perjuicio de lo que resulte, se puede inferir un no descartable grado de conocimiento o participación en los hechos relativos a una negociación previa que pudiera, en su caso, posibilitar una ventaja o facilitación del direccionamiento de la contratación administrativa mencionada [adjudicación de Fitur] a favor de Orange Market".

El magistrado señala, respecto a Isaac Vidal y Jorge Guarro, que ambos participaron en la elaboración de los pliegos de condiciones del concurso, estableciendo "criterios de adjudicación de influencia decisiva". Al mismo tiempo, participaron en la mesa de contratación que elegía entre las ofertas presentadas; y emitieron informes que fueron "determinantes para la propuesta" que dicha mesa elevó a la Agencia Valenciana de Turismo, sobre la base de la cual se adjudicaron los contratos a Orange Market.

El juez pide en la misma resolución a Presidencia de la Generalitat y a la Consejería de Turismo que amplíen la información sobre cómo se formaban las mesas de contratación investigadas y qué criterio se utilizaba para elegir a sus integrantes.

www.elpais.es 18.11.11

CAMPS OCULTÓ UNA LICITACIÓN DE 500.000 EUROS EN BENEFICIO DE LA 'GÜRTEL'

Orange Market no tuvo competidores para organizar la Volvo Ocean Race

El Govern del expresident valenciano Francisco Camps ocultó la existencia de un contrato público de medio millón de euros para conseguir así que sólo la trama Gürtel optara al mismo. Se trata de la organización de la ceremonia de inauguración de la Volvo Ocean Race o Vuelta al Mundo a Vela, que en octubre de 2008 salió desde Alicante. Orange Market, la filial de la trama en Valencia, consiguió el contrato después de que la empresa pública encargada de otorgarlo redujera la exigencia que marca la ley de publicidad y libre concurrencia a sólo tres días de exposición en una web que no es la habitual para este tipo de anuncios.

Así lo muestra la documentación que, tras dos años y medio de espera y continuas peticiones, fue proporcionada el pasado lunes a EUPV, la marca autonómica de IU. Hasta ahora, se conocía que la Generalitat había privilegiado presuntamente a la trama a través del trasvase de información, el amaño de procesos de selección o el troceamiento de grandes contratos en pequeñas facturas. El contrato exhibido por EUPV muestra que la ocultación de licitaciones fue otra de las técnicas supuestamente utilizadas.

EUPV recibe facturas de la trama tras dos años de peticiones y esperas

Orange Market recibió el encargo de organizar la ceremonia de inauguración por 445.000 euros. Lo llamativo es que, pese a que el Govern valenciano anunció la celebración de este evento en esta ciudad ya en junio de 2006, los trámites para la adjudicación del contrato no se iniciaron hasta el 20 de agosto del año 2008, un mes y dos días antes de la fecha señalada para el inicio de los fastos.

La tardanza sirvió de excusa para las prisas en la contratación que, a su vez, beneficiaron a Orange Market. La empresa pública que otorgó el contrato, la desaparecida Societat de Promoció Estratègica de la Comunitat Valenciana, redujo a su mínima expresión los requisitos de publicidad, transparencia, libre concurrencia y no discriminación que la ley exige para la contratación pública. Así, la manera elegida para encontrar a la empresa adecuada fue seleccionar a tres posibles candidatos y pedirles directamente una oferta. De los tres elegidos, sólo Orange Market accedió a participar en el concurso. A falta de otras opciones, la filial de la trama Gürtel se hizo con el contrato.

Este procedimiento podía resultar ilegal, ya que la ley obliga a garantizar la libre concurrencia. Tal vez por ello la Societat de Promoció Estratègica añadió al proceso una nueva fase. Decidió publicitar el anuncio de la adjudicación, pero sólo lo hizo durante tres días laborables. Además, el lugar elegido para exponer la oferta no fue el que las empresas interesadas habrían esperado, esto es, el perfil del contratante. En la documentación a la que EUPV ha tenido acceso, la Societat de Promoció Estratègica argumenta que su web "no se encontraba operativa". Se opta entonces por exhibir el anuncio en la web del evento, "Alicante 2008, Vuelta al Mundo a Vela". El resultado es que ninguna empresa presentó oferta alguna.

Hay contratos menores troceados para evitar el concurso público

Libre de competidores, Orange Market se hizo con el contrato. La firma se produjo el 12 de septiembre, sólo diez días antes de la celebración de la ceremonia de inauguración, que tuvo lugar el 22 de septiembre en el puerto de Alicante. La rapidez con la que la empresa adjudicataria organizó un evento de tales dimensiones, uno de los proyectos estrella de la Generalitat, sorprendió el lunes a EUPV: "¿Puede una empresa montar en diez días (desde la adjudicación del contrato) un "sarao" de 445.000 euros? Orange Market sí", comentó en su cuenta de Twitter el diputado Ignacio Blanco.

El sumario del caso Gürtel muestra que el presunto trato de favor a Orange Market fue habitual. En 2005, la empresa consiguió el contrato de montaje del stand del País Valencià en la feria de turismo Fitur gracias a la información privilegiada que le llegó desde correos electrónicos de la Conselleria de Turisme, según un informe policial. Tres altos cargos de los gobiernos de Camps entre ellos, su último vicepresidente Vicente Rambla están siendo investigados por presunta prevaricación y cohecho en relación a este asunto. El Tribunal Superior de Justicia valenciano investiga, además, la posible financiación ilegal del PP gracias a la intermediación de Orange Market.

La trama recibió el encargo de un gran evento diez días antes de la cita 

La documentación recibida por EUPV muestra que Orange Market también se benefició de una larga lista de pequeños contratos que, al ser de cuantía inferior a 12.000 euros, no precisan de concurso ni publicidad previa. En cinco ocasiones, la empresa organizó eventos en los que el importe de sus servicios superó esa cantidad, pero la Generalitat troceó el gasto total en varios contratos. De esta forma se eludió la libre concurrencia.

En la documentación también abundan las facturas incompletas, en las que se cobran elevadas cantidades por conceptos que no están suficientemente precisados. Una de ellas recoge el cobro de 5.452 euros a la Conselleria de Educació por el "diseño de la página web", sin detallar cuál. En otra ocasión se cita la "creatividad" como uno de los conceptos de un contrato de 163.181 euros

www.publico.es 05.10.11

LA OPOSICIÓN YA TIENE LOS CONTRATOS DEL TRATO DE FAVOR DE CAMPS A LA RED GÜRTEL

Los encargos a la empresa que dirigía El Bigotes suman siete millones de euros

Los documentos a los que ayer tuvieron acceso los diputados de Esquerra Unida del País Valencià, tras haberlo solicitado en las Cortes Valencianas, ratifican que la Administración que presidía Francisco Camps otorgó a la empresa Orange Market contratos por un valor cercano a los siete millones de euros entre 2004 y 2009. En total fueron una veintena de adjudicaciones (algunas troceadas en varios contratos para no superar el límite y evitar el concurso público) a la sociedad que hacía de cabeza visible de la red Gürtel en Valencia. Al margen de estos, la Administración autonómica adjudicó a la misma empresa los concursos para la creación de los expositores de la Feria de Turismo, Fitur, durante cinco años. La empresa cobró de la Generalitat Valenciana que presidía Francisco Camps más de siete millones de euros.

Los parlamentarios constatan que hubo fraccionamientos de contratos

Los papeles revelan la "connivencia con una empresa corrupta", dice EUPV

El Consell facilitó copia de la documentación a los diputados

Presidencia acusa a la oposición de falta de seriedad porque los datos se conocían

La mayoría de los contratos son menores, es decir, se realizaron sin pasar por el trámite del concurso o el procedimiento negociado, como destacaron ayer en sus primeras declaraciones los parlamentarios que los consultaron. El informe de la Unidad de Auxilio Judicial realizado en 2010 ya expuso que en varias ocasiones hubo un fraccionamiento en el pago "con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación, por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia". Este es el caso, por ejemplo, del Congreso de Software libre celebrado en Castellón en 2005 y adjudicado por la Consejería de Educación. Orange Market presentó hasta cuatro facturas que, en total, ascienden a un total de más de 48.000 euros. Por separado, ninguna suma más de 12.000 euros. Aún así, la sociedad no tuvo reparos en utilizar el mismo concepto en, al menos, dos de las facturas por el "alquiler, transporte y montaje moqueta en 22 stands".

También se fragmentaron los pagos por el servicio que prestó Orange Market a la vicepresidencia del Gobierno valenciano y a la consejería de Justicia en un acto celebrado en 2007. Por una parte facturó 11.000 euros por el "montaje y desmontaje del acto" y, por otra, otros 8.000 por el "material audiovisual y personal técnico" del mismo.

Entre los "encargos" hechos por la Generalitat Valenciana a Orange Market aparecen cosas tan diversas como un millar de carteras porta documentos y serigrafiadas con motivo del Congreso Familia y Escuela, celebrado en noviembre de 2006, que costaron a las arcas públicas 9.860 euros. Para ese mismo evento la sociedad que encabezaba Álvaro Pérez, El Bigotes, presentó otra factura por 1.972 euros por otro millar de "receptores de radio y sus pilas".

Además de los contratos menores hay otros que se adjudicaron tras un procedimiento negociado, que se realiza tras la solicitud de tres presupuestos a firmas diferentes para posteriormente elegir el mejor. Es el caso de un contrato de Vaersa, por un valor de 120.000 euros. Pero también en este, el informe pericial sostiene que hubo irregularidades, ya que las otras dos empresas a las que se pidieron ofertas formaban parte de la trama. "Dadas las relaciones que existen entre ellas y la falta de independencia real, se habrían vulnerado los principios de publicidad y concurrencia", recoge el informe. Los documentos, dijo el diputado autonómico de Esquerra Unida Ignacio Blanco, revelan la "connivencia de la Generalitat con una empresa que solo se puede calificar de corrupta". Blanco, junto a la coordinadora de la formación, Marga Sanz, y al también diputado Lluís Torró, pudieron consultar y después llevarse fotocopiados 134 folios de documentación sobre las relaciones de la Administración valenciana con la empresa Orange Market entre 2005 y 2009. La documentación, que había sido reiteradamente solicitada sin éxito, como reconoció el diputado tras dedicar unas horas a su estudio, está toda contenida en el sumario del caso Gürtel, pero viene a confirmar por primera vez de manera oficial, desde la propia Generalitat, la extensa relación contractual con la terminal valenciana de la trama de corrupción que dirigía Álvaro Pérez por cuenta del cabecilla de la red, Francisco Correa.

Hasta ahora, los contratos con la trama solo habían salido de los archivos de la Generalitat por orden judicial y el expresidente valenciano Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, había impedido facilitar cualquier información a la oposición. Ayer, en las oficinas de la Consejería de Presidencia, los diputados de Esquerra Unida no tuvieron acceso a las actas de las mesas de contratación, como destacó el propio Blanco. Pese a ello, "los documentos confirman lo que ya sospechábamos de las estrechas relaciones de Orange Market con el PP y de cómo se utilizó la Administración para contratar a 'amiguitos del alma", comentó el diputado.

Desde la Consejería de Presidencia, que dirige la vicepresidenta de la Generalitat, Paula Sánchez de León, se acusó a Esquerra Unida de hacer "demagogia" y de "falta de seriedad" porque toda la documentación entregada a los diputados "en su momento fue facilitada a los tribunales y forma parte de un sumario judicial que es público". El Gobierno de Fabra ha empezado también a responder por escrito a peticiones de información formuladas por la oposición, aunque las respuestas todavía no han llegado a los solicitantes en su tramitación en las Cortes.

www.elpais.es 04.10.11

EL PSOE EXIGE A RAJOY QUE ACLARE QUIÉN LE FINANCIÓ EN 2008 

"El entramado de su campaña electoral huele que apesta"  

Los socialistas exigen al líder del PP, Mariano Rajoy, que explique "quién o quiénes" financiaron los actos en Valencia de la campaña del PP para las elecciones del 9 de marzo de 2008, en la que él participó y dio mítines. La Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia por delito electoral ante el Tribunal Superior de Madrid (Véase EL PAÍS de ayer) contra 16 personas -entre ellas, cuatro diputados del PP valenciano y cinco empresarios contratistas de esa comunidad- en relación con los actos de las elecciones generales de 2008. Los preparativos y escenarios desde los que Rajoy dio sus mítines en Valencia fueron montados por la red Gürtel, la trama corrupta vinculada al PP y, según Anticorrupción, los gastos fueron pagados en parte por empresas adjudicatarias de contratas del Gobierno valenciano. Tanto Rajoy como su partido permanecieron ayer mudos frente a estas acusaciones. 

La corrupción ya afecta al 25% de los diputados del PP de Valencia

Los populares guardan silencio ante las acusaciones de la Fiscalía 

Antonio Hernando, vicecoordinador de la campaña de Alfredo Pérez Rubalcaba para el próximo 20-N, señaló ayer: "Antes de que empiece una nueva campaña electoral, Mariano Rajoy debe dar explicaciones (...) Debe decir cómo se financió esa campaña, quién o quiénes pusieron dinero para pagar actos de campaña y quién era el administrador electoral a quien él nombró siendo candidato. Ya no se trata", añadió Hernando, "de tres trajes, sino de algo mucho más grave y sucio, como es la financiación ilegal de una campaña electoral". 

En este momento, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia investiga un supuesto delito electoral cometido en la campaña de 2007, en la que el PP se hizo con mayoría absoluta en el Parlamento valenciano. Es previsible que el Superior de Madrid remita esta nueva denuncia de la Fiscalía, para su acumulación, a su homónimo valenciano.

Según informes de Hacienda y de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la Policía, el PP de Valencia pudo financiarse ilegalmente en ambas campañas. ¿Cómo? Al menos cinco grandes empresas de esa comunidad -Facsa, Sedesa, Piaf, Lubasa y Enrique Ortiz e Hijos; el patrón de esta última también está implicado en el caso Brugal- abonaron presuntamente a la empresa corrupta Orange Market gran parte de los actos electorales que esta firma preparó para el PP de Valencia. Orange Market habría camuflado esos pagos con facturas falsas por servicios no prestados a esas empresas, y con el dinero se habría cobrado los actos que hacía para el PP. Orange Market era la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, "el amiguito del alma" del expresidente valenciano Francisco Camps, quien dimitió el pasado julio acusado de recibir regalos de trajes y joyas de la red Gürtel. 

Hernando, que califica estos hechos de "muy graves", señala: "En 2008, Rajoy fue el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, participó en una campaña electoral que se pudo financiar ilegalmente, con dinero oscuro (...)". "Todo ese entramado de financiación, corrupción, favores, contratos públicos, huele que apesta", destaca Hernando, y añade: "El señor Rajoy debe una explicación a los electores y a los militantes que le votaron y que participaron en sus actos, sin saber cómo se pagaban y de dónde procedía el dinero". Según Hernando, Rajoy "debería saber que un candidato debe dar explicaciones" si se descubre que el acto en el que interviene -"un gran mitin, bien organizado, con publicidad, con un escenario impresionante, y lleno de gente que ha viajado en autobuses"- ha sido "pagado con dinero sucio". 

Además, el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Cortes valencianas, Francisco Toledo, pidió al actual presidente de Valencia, Alberto Fabra, que "tome una decisión" sobre "los cuatro diputados valencianos acusados de nuevos delitos por Anticorrupción". Toledo señaló: "De los 55 diputados del PP, un total de 14, el 25%, están imputados o implicados en graves casos de corrupción, y el candidato nacional del PP mira hacia otro lado". Y cifra "en más de un millón de euros la cantidad que el PP pudo obtener" ilícitamente "por actos en los que participó Rajoy" en 2008. 

www.elpais.es 16.08.11 

"VENTAJISMO ELECTORAL" 

La diputada y coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Marga Sanz, lamentó ayer que el PP tuviese "ventaja" en las elecciones de 2008 gracias a una supuesta financiación ilegal, por lo que ha pedido que se investiguen las denuncias presentadas por la Fiscalía Anticorrupción ante el Tribunal Superior de Madrid. 

Sanz explicó que la denuncia indica que al menos un millón de euros provenientes del PP valenciano y de empresas contratistas de la Generalitat fueron a parar a los actos electorales de la campaña de Mariano Rajoy en 2008. "Es absolutamente antidemocrático e ilegal que la derecha se presente a las elecciones con una ventaja económica de al menos un millón de euros", dijo. 

Sanz añadió: "A pesar del maquillaje que está aplicando ahora Alberto Fabra [actual presidente de la Comunidad Valenciana], el PP valenciano es un partido berlusconiano". Y se preguntó: "¿Cómo se explica si no que abonara en su momento 405.450 euros con fondos opacos? ¿De dónde sacaban los conservadores valencianos casi medio millón de euros opacos?". 

www.elpais.es 16.08.11

EL PSOE PIDE DECISIONES POR LOS CUATRO DIPUTADOS INVESTIGADOS POR DELITO ELECTORAL 

El PSOE pide explicaciones al líder del Partido Popular sobre la campaña electoral de 2008. "Antes de que empiece una nueva campaña electoral, Mariano Rajoy debe dar explicaciones respecto a la campaña electoral del 2008", ha declarado el vicecoordinador de la campaña socialista, Antonio Hernando. "Rajoy debe decir cómo se financió esa campaña, quién o quiénes pusieron dinero para pagar actos de campaña y quién era el Administrador electoral a quien él nombró siendo candidato. Ya no se trata de tres trajes sino de algo mucho más grave y sucio como es la financiación ilegal de una campaña electoral", ha añadido. 

El líder del PP "debe una explicación a los electores y a los militantes que le votaron y que participaron en sus actos, sin saber cómo se pagaban y de dónde procedía el dinero", ha remarcado Hernando. "Debería saber que cuando un candidato va un gran mitin, bien organizado, con muchos medios y mucha publicidad, con un escenario impresionante, y que está lleno de gente que ha viajado en autobuses, si se descubre que todo ese montaje ha sido pagado con dinero sucio tiene que dar explicaciones, es lo mínimo que se le puede exigir a un candidato que se vuelve a presentar a las elecciones", ha insistido. 

La presencia en el Congreso de los cuatro diputados valencianos acusados de delitos electorales es "una burla" a los ciudadanos, según el portavoz adjunto del grupo socialista en el Parlamento autónomo, Francisco Toledo, que ha exigido a Mariano Rajoy y al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "tomen una decisión" al respecto. 

Ya no se trata de tres trajes sino de algo mucho más grave 

"De los 55 diputados del PP un total de 14, el 25%, están imputados o implicados en graves casos de corrupción, y el candidato nacional del PP mira hacia otro lado", ha señalado Toledo, que se ha referido a la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción de 16 personas por actos electorales de Rajoy de 2008. 

Los socialistas valencianos critican que, mientras "el Tribunal Superior de Justicia Valenciano ya investiga la presunta financiación ilegal del PP en los comicios autonómicos de 2007", los nuevos indicios "cifran en más de un millón de euros la cantidad que el partido pudo obtener por el mismo sistema ilícito para actos en los que participó Rajoy en su última campaña". Por ello, creen que el líder popular debe "salir inmediatamente de su plácido escondite vacacional y dar la cara" ya que la investigación "le afecta directamente y pone en tela de juicio su propia campaña electoral y la ética de su partido".  

El hecho de que Rajoy pudiera haberse beneficiado de Gürtel puede explicar por qué encubrió durante más de dos años a Camps 

"El hecho de que Rajoy pudiera haberse beneficiado de Gürtel directamente puede explicar por qué encubrió durante más de dos años a Francisco Camps", ha añadido el diputado socialista, que considera que el Partido Popular "ha instaurado en la Comunitat Valenciana un sistema generalizado de corrupción y el caso de los trajes solo era la punta del iceberg". 

Si Alberto Fabra "continúa negando la realidad y comete los mismos errores que cometió Camps", su destino será el mismo, ha señalado Toledo, que dice que el caso Gürtel "no está muerto, está más vivo que nunca y solo acabará cuando todo esté investigado y juzgado". 

Izquierda Unida, por su parte, ha tildado de "antidemocrático" que el PP concurra a las elecciones "con una ventaja de un millón de euros". La portavoz de en las Cortes valencianas, Marga Sanz, ha añadido que, "a pesar del maquillaje que está aplicando ahora Alberto Fabra, el PP valenciano es un partido berlusconiano". "¿Cómo se explica si no que abonara en su momento 405.450 euros con fondos opacos? ¿De dónde sacaban los conservadores valencianos casi medio millón de euros opacos?", se ha preguntado. 

www.elpais.es 15.08.11 

ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA A 16 PERSONAS POR ACTOS ELECTORALES DE RAJOY DE 2008 

La Fiscalía Anticorrupción acusa a cuatro diputados del PP, cinco empresas y la cúpula de la red Gürtel 

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra 16 personas por supuesto delito electoral relacionado con las elecciones del 9 de marzo de 2008. La denuncia, remitida a las partes del caso Gürtel, afecta a cuatro diputados del PP valenciano, cinco empresarios de esa comunidad, todos ellos contratistas de la Administración autonómica y seis miembros de la red corrupta. 

El delito que Anticorrupción atribuye a estas personas viene recogido en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General: “Los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán castigados con la pena de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000 pesetas”. 

El relato de Anticorrupción, que ya ha presentado otros escritos por idénticos delitos relacionados con campañas electorales municipales y autonómicas en Valencia, se refiere a la supuesta financiación ilegal de actos en los que participó Mariano Rajoy durante su campaña como candidato a la presidencia del Gobierno en 2008. Rajoy perdió esas elecciones a las que se presentaba como número 1 de su partido por segunda vez. 

El escrito de la fiscalía, de 12 folios, incorpora crónicas periodísticas de dos mítines de Rajoy en Valencia y Alicante que supuestamente fueron pagados por contratistas de la Generalitat Valenciana y ejecutados por Orange Market, la empresa de la red Gürtel que se encargaba de los actos del PP en esa comunidad y, a la vez, recibía decenas de contratos del Gobierno de de Francisco Camps. 

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia tiene abierta una causa por este mismo motivo que afecta a la campaña de 2007, donde el PP ganó por mayoría absoluta las elecciones autonómicas. El juez que instruye el caso ha pedido informes al Tribunal de Cuentas sobre los gastos e ingresos del PP en aquel año. 

Ahora, la Fiscalía Anticorrupción pide que el Tribunal Superior de Valencia se haga cargo de este caso y relata las averiguaciones de la policía con documentación incautada en la sede de Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel que dirigía Álvaro Pérez, el Bigotes, que se hizo muy amigo del expresidente Francisco Camps tras establecerse en esa comunidad a partir de 2005. La operativa que relata la Fiscalía Anticorrupción consistiría en que al menos cinco empresas —Facsa, Sedesa, Lubasa , Piaf y Enrique Ortiz e Hijos— pagaron actos electorales que convocó el PP durante la campaña de las generales de 2008. 

Estas empresas ingresaban el dinero para esos actos en las cuentas de Orange Market, la sociedad que montaba los escenarios de los distintos mítines del PP. 

Para camuflar esta financiación ilegal de la actividad electoral del PP en la Comunidad Valenciana, Orange Market emitía facturas por servicios no prestados a las empresas contratistas que pagaban realmente los gastos de los mítines que Rajoy daba en Valencia.

Anticorrupción describe así los supuestos hechos delictivos: “Los servicios electorales contratados por el PP eran abonados por personas distintas al verdadero deudor o con fondos opacos. Para encubrir los pagos de los servicios prestados al Partido Popular de la Comunidad Valenciana por entidades distintas del deudor, se habrían emitido facturas por Orange Market a las sociedades pagadoras a sabiendas de que no respondían a operaciones realmente mantenidas entre ellas”. 

La Fiscalía Anticorrupción señala en su escrito a los empresarios Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Ortiz (de la sociedad del mismo nombre) y a las firmas PIAF, Lubasa y Sedesa como pagadores de cantidades de dinero a Orange Market que en realidad encubrían la financiación de actos electorales del PP, en alguno de los cuales el protagonista principal era Mariano Rajoy, que presentaba su candidatura a la presidencia del Gobierno. 

Un millón de euros en dinero opaco o de otros 

El PP hizo actos electorales durante la campaña de las generales de 2008 por valor de casi 1,8 millones de euros en la Comunidad de Valencia, pero al menos un millón fueron pagados con dinero opaco del propio PP o con dinero de cinco empresas contratistas de la Administración autonómica valenciana. 

En la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se recuerda que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia había decidido no investigar este presunto delito electoral sobre actos del PP en 2008 y si otros delitos relacionados con las mismas prácticas (falsedad en documento mercantil). 

El Tribunal Valenciano aducía que de lo investigado no se podía concluir que existiera ese delito electoral en 2008. Anticorrupción señala ahora: “Esa objeción ha quedado superada por el informe de la Agencia Tributaria emitido el 8 de julio de 2011 que expone que el importe de los servicios prestados por Orange Market (la filial valenciana de la red corrupta) en 2008 al Partido Popular de la Comunidad Valenciana habría ascendido a 1,78 millones de euros mientras que solo le facturó 612.322 euros. El resto de la deuda de esa formación política, más de un millón de euros, “parece haber sido abonada, al menos en parte, por el propio partido con fondos opacos (405.450 euros) así como por las empresas (Piaf, Sedesa, Lubasa, Enrique Ortiz y Facsa)”, según explica el escrito de la Fiscalía Anticorrupción. 

El fiscal sostiene en su argumentación jurídica que la Agencia Tributaria ha logrado demostrar que estos pagos irregulares corresponden a “actos de campaña vinculados a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008”. 

Anticorrupción detalla en el documento remitido al Tribunal Superior de Justicia de Madrid de dónde saca esta conclusión: “Esto se infiere del propio concepto que se refleja en el archivo (incautado en la sede de Orange Market) con fechas de 22 de febrero a 9 de marzo de 2008 (en plena campaña electoral) con los nombres “acto IFA Alicante”, “cierre de campaña”, “plaza de toros”. La Fiscalía ilustra sus afirmaciones con recortes de prensa: “Alguno de esos actos pueden localizarse en publicaciones de esas fechas”, de las que se aportan fotocopias en el escrito. 

www.elpais.es 15.08.11

FABRA ASEGURA QUE GÜRTEL "HA QUEDADO ATRÁS" Y APELA A NO "HURGAR EN EL PASADO" 

El presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, se pronunció ayer, por primera vez desde su designación, sobre el caso Gürtel y la dimisión de su predecesor en ambos cargos, Francisco Camps, por su implicación en ese asunto de corrupción. A pesar de que Camps será juzgado en otoño tras ser acusado de recibir regalos de la trama corrupta, el nuevo titular del Consell, en una entrevista concedida a Europa Press, afirma que el caso Gürtel "ha quedado atrás" y apela a "no hurgar en el pasado". 

Fabra pretende así dar por zanjado un asunto que afecta de lleno al partido y al Gobierno que preside, así como al grupo parlamentario de las Cortes Valencianas, donde los escaños de la bancada popular dan cobijo a numerosos imputados en este y en otros casos de corrupción.

Con su dimisión, Camps tomó "una decisión valiente, difícil de ver en el panorama político español", sostiene Fabra, para "evitar que alguien pudiera poner en tela de juicio su honorabilidad, la de la institución o la del partido". Respecto a la posibilidad de que el juicio a Camps por el caso de los trajes pueda distorsionar la campaña electoral de los comicios generales del 20 de noviembre, Fabra afirma que la dimisión de Camps ha dejado a algunos "con el pie cambiado" porque "era el único argumento político que usaban estos años". Y añade: "Ahora ya no saben de qué hablar y algunos intentarán alargar, estirar esta situación". A pesar de ello, el titular del Consell se muestra convencido de que la Comunidad Valenciana "ha dado un paso" y ha dejado la situación "atrás, que ya no existe". 

La decisión de dimitir "es muy difícil de tomar, sobre todo cuando estás convencido de que eres inocente", dice Alberto Fabra, y merece "el reconocimiento de todos".Sobre las recientes declaraciones del presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, quien dijo que el exjefe del Consell podría volver a la primera línea de la política, Alberto Fabra afirma en la entrevista que la política "necesita grandes políticos" y subraya que Camps "lo es", al tiempo que se muestra convencido de que "saldrá absuelto y será declarado inocente". En opinión del actual presidente del Consell, "la política no puede desaprovecharlo en estos momentos de extremas dificultades", porque es "uno de los mejores". 

Las reacciones a las declaraciones de Fabra no se hicieron esperar. La portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas Carmen Ninet, recomendó a Fabra que "asuma la realidad de su partido, ya que su antecesor también empezó negándola y tuvo que irse ante la mentira". Y le advirtió de que "se topará de bruces con la realidad cuando acepte que uno de cada cuatro de los diputados de su partido están implicados en casos de corrupción", para considerar acto seguido "intolerable" que el PP valenciano "haya estado utilizando las Cortes para aforar a los cargos que tenían pendiente un desfile por distintos tribunales". Hasta que eso no suceda, afirmó Ninet, "continuaremos sin saber qué piensa hacer un Fabra que cada vez se parece más a Rajoy, porque dice mucho, una cosa y la contraria, pero no hace nada". 

Crisis interna 

En la entrevista concedida a Europa Press, el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, se refiere también a la crisis interna de su partido y afirma que las voces críticas han sido más "sobre las formas que sobre el fondo", al tiempo que niega que en el PP existan "familias". 

Preguntado sobre si abrirá la puerta del partido a los militantes que se han ido en los últimos años, Fabra señala que "aquellas personas que han ido contra el partido lo van a tener difícil porque han demostrado que no están dispuestas a sumar". En este capítulo no incluye al expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll, que ha demostrado que es "un activo del partido", según Fabra, quien añade que hay que contar con las personas "válidas". "Ripoll ha tenido prestigio allá donde ha estado y seguro que tendrá un espacio donde seguir generando oportunidades y defender el proyecto de todos los valencianos en el lugar que le corresponde", subraya Fabra. 

www.elpais.es 14.08.11

LA JUSTICIA RATIFICA LA IMPUTACIÓN DE LA CÚPULA DE CAMPS POR CORRUPCIÓN

El día que Francisco Camps fue investido de nuevo presidente de la Generalitat valenciana, los jueces le recordaron que los numerosos problemas judiciales con los que cerró la pasada legislatura permanecen intactos. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ratificó, en un auto fechado el martes y hecho público ayer, su decisión de encausar por graves delitos de corrupción vinculados a la trama Gürtel a la cúpula del PP regional y a figuras clave de su Gobierno, incluidos su vicepresidente primero, Vicente Rambla, y la expresidenta de las Cortes Milagrosa Martínez.

La Sala Civil y Penal rechazó los recursos de las partes y confirmó la imputación por financiación ilegal (delito electoral) y falsificación en documento mercantil de Rambla, Ricardo Costa (diputado y ex secretario general del PPCV, cuyo nombre suena para integrar el nuevo Ejecutivo de Camps), David Serra (vicesecretario del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV), Cristina Ibáñez (administradora del PP valenciano) y Luis Bárcenas (extesorero nacional del PP).

Los jueces imputan esos mismos dos delitos a los cabecillas de la red mafiosa y a los gestores de ocho constructoras que presuntamente sufragaron ilegalmente actos electorales del PP.

Empresas implicadas

Entre las empresas figuran la de Enrique Ortiz (imputado a su vez en el caso Brugal y por amañar supuestamente el urbanismo de Alicante en connivencia con la alcaldesa y diputada, Sonia Castedo) y el Grupo Sedesa, propiedad del vicepresidente tercero del Consell y nuevo presidente de las Cortes, Juan Cotino.

El TSJV se reafirmó igualmente en la imputación por cohecho y prevaricación de Rambla, Martínez y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo, a punto de sentarse en el banquillo con Camps en la causa de los trajes) por la adjudicación a la trama del montaje de un pabellón en Fitur cinco años seguidos. El auto contiene un voto particular del magistrado Juan Montero, contrario a la imputación de Rambla y Martínez por cohecho y prevaricación.

La sala mantiene el criterio de asumir los supuestos delitos en los que hay aforados. El resto de hechos aparentemente criminales (la visita del Papa, por ejemplo) son remitidos para ser enjuiciados junto al grueso del caso Gürtel, que previsiblemente acabará en la Audiencia Nacional. Frente a los recursos, especialmente los del PP y Álvaro Pérez, El Bigotes, que alegaban defectos de tramitación, el tribunal entiende "que las circunstancias y vicisitudes procesales que relataban no era impedimento del deber que a esta sala asistía" de asumir la competencia de la inhibición dictada por el juez Antonio Pedreira.

www.elpais.es 17.06.11

EL TSJ OBLIGA AL CONSELL A INFORMAR A LA OPOSICIÓN DE CONTRATOS CON GÜRTEL

Compromís vio rechazadas 1.508 peticiones de documentación

El Gobierno que preside Francisco Camps está obligado a entregar a la oposición la documentación que solicitó sobre los contratos de las diferentes consejerías con empresas de la trama Gürtel entre los años 2003 y 2008. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en respuesta a un recurso contencioso-administrativo de la Coalició Compromís. Según la sentencia, la comunicación del vicepresidente segundo del Consell y consejero de Economía y Hacienda, Gerardo Camps, del 15 de septiembre de 2009, en la que rechazaba aportar la documentación requerida sobre contratos de la Generalitat con la trama Gürtel porque estaba afectada por el secreto del sumario, es "contraria a la Constitución, viniendo obligado a facilitar la información en los términos solicitados".

"Los que iban a morir te saludan", exclama Mireia Mollà en alusión al PP

La diputada de Compromís Mònica Oltra, que fue también la letrada que presentó el recurso, explicó ayer que la sentencia señala que fue inconstitucional la denegación por parte del vicepresidente Económico, Gerardo Camps, de la documentación solicitada por su formación. Compromís pretendía conocer los contratos menores establecidos por la Generalitat con una decena de empresas de la red de corrupción que dirigía Francisco Correa, entre ellas Orange Market, la sociedad que gestionaba Álvaro Pérez, pero también otras como Down Town Consulting, Easy Concept, Boomerang Drive, Special Events o Pasadena Viajes.

"Con esta sentencia, el Consell tiene que contestar", explicó la diputada electa Mònica Oltra, que añadió que la legislatura todavía está viva hasta el jueves, día de la constitución de las nuevas Cortes. Si el Consell no lo hace, Compromís, como anunció su portavoz, Enric Morera, volverá a presentar la solicitud de documentación, que ahora cuenta con el aval del Tribunal Superior de Justicia. "El PP no va a poder salirse por peteneras", comentó Oltra, que recordó las cinco sentencias del Tribunal Constitucional que ha acumulado la Mesa de las Cortes Valencianas, controlada por el PP, esta última legislatura por vulnerar los derechos de los diputados al impedir la tramitación de iniciativas en muchos casos relacionadas con el caso Gürtel.Según explicó Mònica Oltra, cuando empezaron a producirse las sentencias del Tribunal Constitucional por vulnerar derechos de los diputados por la inadmisión de propuestas molestas, lo que hizo el PP fue admitir a trámite las iniciativas pero contestar cosas distintas a las que la oposición solicitaba o rechazar las peticiones de documentación. En el caso de las 1.508 solicitudes de documentación recurridas por Compromís, el vicepresidente y consejero de Economía, Gerardo Camps, se escudó en que la investigación del caso Gürtel estaba bajo secreto de sumario. El TSJCV, sin embargo, considera que incurrió en una ilegalidad al denegar los documentos. "Siendo el fundamento de la información solicitada el control parlamentario del Gobierno y la causa invocada en la negativa carente de legitimidad, la conclusión ha de ser declarativa de la vulneración constitucional postulada", señala la sentencia del TSJCV.

"Tenemos la férrea voluntad de seguir defendiendo los derechos de los valencianos", señaló Oltra durante la rueda de prensa de presentación de los componentes del nuevo grupo parlamentario de Compromís en las Cortes Valencianas. La diputada señaló que la sentencia del TSJCV, en la que se recoge que el control del Gobierno es una función parlamentaria "básica" que está "garantizada por la Constitución", va a "marcar la legislatura", ya que a partir de ahora el Consell no podrá esquivar las peticiones de información que formule la oposición.

"No ha sido casual", advirtió Oltra sobre la sentencia, que recordó que es uno más de los frutos del trabajo desarrollado por el grupo de Compromís. Su portavoz, Enric Morera, expresó el sentir de los diputados de la coalición al afirmar. "El PP tendrá que soportarnos cuatro años más pero los ciudadanos estarán contentos de ver que podemos trabajar por una alternativa a las políticas de derecha y antivalencianas". La diputada Mireia Mollà fue más expresiva aún. "Los que iban a morir te saludan", exclamó al inicio de su intervención, en referencia a las numerosas veces que tanto el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, como el portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, y otros diputados del PP, dieron a su grupo por amortizado tras las elecciones del 22 de mayo.

El grupo parlamentario de Compromís, que estuvo la pasada legislatura, tras la ruptura con Esquerra Unida, integrado por cuatro diputados, contará en el mandato que se abrirá mañana con seis diputados. A Enric Morera, Mònica Oltra, Josep Maria Pañella y Mireia Mollà, se unen Fran Ferri y Juan Ponce. Los temas de juventud en el caso de Ferri y los relacionados con el medio ambiente y la sostenibilidad, en el caso de Ponce, serán los asuntos que centrarán la atención de los dos nuevos parlamentarios de la coalición valencianista, de izquierdas y ecologista.

www.elpais.es 08.06.11

EL TRIBUNAL DE VALENCIA ABRE CAUSA POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS

Los jueces asumen la competencia de la inhibición dictada por el juez Antonio Pedreira

El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJV) se ha declarado competente hoy para investigar el grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel. Como adelantó la semana pasada este diario, la Sala Civil y Penal del tribunal ha avalado los múltiples indicios que constaban en la inhibición dictada por el juez instructor de la causa en Madrid, Antonio Pedreira, que indican que la cúpula del PP valenciano y los principales cargos del Gobierno de Francisco Camps cometieron presuntamente graves delitos de corrupción: delito electoral (financiación ilegal de campañas electorales), cohecho y prevaricación durante la prolongada relación que mantuvieron con la trama dirigida por Francisco Correa, que tenía en Valencia como máximo representante a Álvaro Pérez, El Bigotes.

La decisión del tribunal desvela la secuencia completa de la aparentemente vasta cadena corrupta que forjó la red en la Comunidad Valenciana al amparo del PP regional y la Generalitat. Los procesos judiciales estaban limitados hasta ahora formalmente a los regalos de prendas de vestir a los principales cargos públicos autonómicos, entre ellos Camps, que está a punto de ser juzgado por ello. Según la investigación que ahora avala el TSJV, la red utilizaba la entrega de dádivas como una forma de engrasar la maquinaria corrupta: ganarse la confianza y el favor de los responsables de las Administraciones ante las cuales concurrían para obtener contratos.

La decisión del TSJ supone abrir varios procedimientos contra los numerosos altos cargos implicados en el caso. Los aforados serán encausados por el tribunal y los no aforados, como Pedro García, exdirector de Canal 9 y exresponsable de Comunicación en Presidencia de l Generalitat, en distintos juzgados, incluidos los de Madrid, donde se instruye el grueso del proceso.

www.elpais.es 25.11.11

EL PSOE PIDE QUE CAMPS NO TOME POSESIÓN COMO PRESIDENTE

Los socialistas pasan a la acción en el caso Gürtel y piden que Francisco Camps no tome posesión como presidente valenciano tras conocer el auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el que se acepta la competencia para investigar a la cúpula del Gobierno valenciano y del PP valenciano por financiación ilegal, cohecho y prevaricación.

Durante cuatro años, la empresa Orange Market, perteneciente a la red corrupta que dirigía Francisco Correa, recibió decenas de contratos sin concurso de las distintas consejerías del Gobierno de Francisco Camps y durante esos cuatro años ganó el concurso por casi un millón de euros anuales para montar el pabellón valenciano de Fitur en Madrid. La investigación ha detectado múltiples anomalías en ese concurso que adjudicó la consejería de Turismo cuyos máximos responsables recibieron regalos caros de la red corrupta.

A la vez, la investigación del caso Gürtel también detectó que numerosos actos electorales del PP eran financiados por empresas privadas que, a su vez, recibían numerosos contratos del Gobierno valenciano. Y que esas empresas privadas pagaban los actos electorales del PP a Orange Market, la empresa de la red Gürtel, como si se tratara de otros servicios que en realidad no existieron.

La investigación judicial también ha descubierto que, en muchos casos, el PP pagaba por actos electorales sin declarar esos desembolsos de dinero a Hacienda. Todas estas irregularidades, que ponen bajo sospecha a numerosos cargos del PP valenciano y del Gobierno de Camps, serán investigadas ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

La portavoz del PSOE, Elena Valenciano, declaró: “Camps no debe tomar posesión nuevamente como presidente de la Generalitat Valenciana. Sino lo hace él, debe obligarle Rajoy porque la decisión del TSJV demuestra que la implicación de Camps en Gürtel es por algo más que un par de trajes”.

El PP quiere seguir gobernando

Antes de conocer la decisión del TSJCV, pero adelantándose a la que, probablemente, sea la decisión del PP, la consejera portavoz de la Generalitat, Paula Sánchez de León, ha rechazado “rotundamente” que la posibilidad de que se abra juicio oral al presidente del Gobierno valenciano signifique que no pueda seguir gobernando. “Niego rotundamente que sentarse en el banquillo equivalga a que el presidente no pueda seguir gobernando porque así se lo han pedido los ciudadanos”, ha aseverado. Sánchez de León realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a RNE y ha recalcado que “sentarse en un banquillo no significa en absoluto ser culpable” sino que es “una consecuencia de la judicialización de la política que se ha producido”. “Y una vez se inicia un proceso, éste tiene un principio y un fin y tenemos que esperar a que llegue”, ha indicado.

Tras conocer el auto, Sánchez de León ha reclamado un “escrupuloso” respeto a la presunción de inocencia de los cargos públicos a los que se va a investigar. La portavoz del Ejecutivo autonómico ha trasladado “el respeto rotundo del Consell a la labor jurisdiccional” y ha mostrado su confianza en que el Poder Judicial “velará por el secreto de las actuaciones judiciales”.

Honorabilidad "fuera de toda duda"

El PP ha emitido un comunicado en el que reduce el auto hecho público por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a una cuestión “estrictamente competencial”. El escrito precisa que “únicamente se declara competente para investigar, pero ni juzga ni imputa a nadie”. Además, aprovecha para “dejar claro y fuera de toda duda”, tal como señala, “la honorabilidad de todas aquellas personas a las que se refiere el auto” y recuerda que las cuentas del partido están "debidamente" auditadas tanto interna como externamente y por el Tribunal de Cuentas

www.elpais.es 25.11.11

EL TSJ VALENCIANO DA EL PRIMER PASO PARA IMPUTAR POR CORRUPCIÓN A LA CÚPULA DEL PP DE CAMPS

La asunción de la investigación de los supuestos delitos de prevaricación, cohecho, financiación ilegal y delitos fiscales podría producirse antes de las elecciones del 22 de mayo

El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha dado hoy el primer paso para asumir el grueso de la investigación de la vertiente valenciana del caso Gürtel. En ella figuran múltiples indicios de que la cúpula del PP valenciano y los principales cargos del Gobierno de Francisco Camps cometieron los delitos de prevaricación, cohecho, financiación ilegal (delitos electorales) y delitos fiscales con motivo de la estrecha relación y los numerosos negocios que mantuvieron durante años con la trama corrupta.

La Sala Civil y Penal del TSJ ha solicitado la acreditación de "la actual condición de aforadas de dichas personas por su pertenencia a la Diputación Permanente", una vez que las Cortes Valencianas han sido disueltas por la convocatoria de las elecciones del 22 de mayo. Un paso imprescindible para proceder a asumir la competencia de la investigación de los supuestos delitos, que se deriva de la segunda inhibición dictada por el juez instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, a favor del tribunal valenciano.

Son miembros de la Diputación Permanente, y por tanto deben acreditar su actual condición de aforados: David Serra (vicesecretario del PPCV, diputado, candidato); Yolanda García (tesorera del PPCV, diputada, candidata); Ricardo Costa (exsecretario general del PPCV, diputado, portavoz parlamentario de Economía, candidato, que ya está imputado en la causa de los trajes) y Milagrosa Martínez (Presidenta de las Cortes Valencianas, exconsejera de Turismo, candidata).

En la inhibición a que se refieren los cinco magistrados que forman la Sala Civil y Penal, figuran también como presuntos autores de graves delitos de corrupción Vicente Rambla (vicepresidente de la Generalitat y candidato); Cristina Ibáñez (administradora del PPCV); Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional); Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, responsable de protocolo en la Diputación de Valencia, también imputado en el caso de los trajes), y Pedro García (exdirector de Canal 9 y exsecretario de Comunicación de Presidencia de la Generalitat).

En la inhibición se hace referencia igualmente a diversos funcionarios y cargos con altas responsabilidades en distintas consejerías de la Generalitat, que habrían adjudicado directamente contratos a dedo a las empresas de la trama o los habrían parcelado en contratos menores para burlar los controles legales. Y se señala que algunas de dichas adjudicaciones precisaban la autorización del Gabinete del presidente Camps.

Los plazos, señalan fuentes jurídicas, van a ir muy justos: no se puede descartar que la asunción de la competencia y por tanto la imputación de los altos cargos mencionados se produzca antes de las elecciones del 22 de mayo, pero también podría tener lugar poco después. Lo que la decisión anuncia, en todo caso, es que el tribunal tomará la decisión en breve, con lo que ello significa en el contexto de los ritmos judiciales.

Si la decisión se anuncia antes de las elecciones, las listas del PP valenciano serían aún más difíciles de digerir, al aumentar de cinco a nueve el número de candidatos imputados por corrupción.

Llegue antes o después de los comicios, la asunción de la investigación por parte del TSJ, que es a lo que todo apunta, completará la secuencia judicial de la corrupción masiva que la red Gürtel presuntamente desarrolló en Valencia al calor del PP y el Ejecutivo autonómicos, ambos presididos por Camps.

Según la investigación, apoyada en declaraciones de testigos, registros en oficinas y propiedades de la trama, intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la red, informes de la policía, la Guardia Civil, la Agencia Tributaria, la Intervención General de la Administración del Estado y la Dirección General del Notariado, la red dirigida por Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, logró unos ocho millones de euros en adjudicaciones de la Generalitat. La red saqueó los fondos públicos destinados a cubrir la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Las empresas de la trama, siempre según la investigación, participaron en la financiación ilegal de las últimas campañas electorales del PP sirviendo del vehículo a los fondos que aportaban ocho constructoras valencianas.

Y, para engrasar esa maquinaria corrupta, se hincharon a hacer regalos (joyas, relojes, artículos de lujo, prendas de vestir e incluso un automóvil) a altos cargos del Gobierno valenciano y del PP. La trama apuntaba todas esas dádivas en sus libros, pero los investigadores sólo han podido confirmar la "realidad" de los mismos en aquellos casos en los que, además, ha podido hallar otros medios de pruebas, como facturas y declaraciones de testigos en los comercios. En esta última situación se encuentra el propio presidente Camps, a quien la Fiscalía Anticorrupción considera sobradamente acreditado que la trama Gürtel entregó, "al menos" 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por valor de 14.021 euros de la trama Gürtel entre los años 2005 y 2008.

www.elpais.es 06.05.11

EL PP INTENTA EVITAR QUE CAMPS SEA JUZGADO CON CORREA Y EL BIGOTES

En Madrid, el partido es acusación mientras que en Valencia tiene imputados

El Partido Popular ha presentado un recurso contra la decisión de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano de aceptar que Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, imputados por aceptar regalos de la trama Gürtel, sean juzgados con quienes presuntamente les hicieron esos obsequios: los cabecillas de la red corrupta Francisco Correa; Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo.

El resto de partes tiene hasta mañana para presentar alegaciones. La respuesta del tribunal se conocerá seguramente la semana que viene. Fuentes jurídicas consideran poco probable que el recurso sea atendido, dado que se presenta ante los mismos magistrados que tomaron la decisión. El PP, autor del recurso, se halla en una posición judicial extraña: en Madrid, donde se instruye el grueso del caso Gürtel, está personado como acusación; mientras que en Valencia, Camps, su candidato en las elecciones del 22 de mayo, figura como acusado.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, presidido por Pilar de la Oliva, aceptó juzgar juntos a los presuntos sobornadores y a los presuntos sobornados, pero dejó al juez instructor del caso de los trajes, José Flors, plena libertad para decidir lo que estimara procedente.

Una posibilidad consiste en que la acusación contra el presidente valenciano por cohecho impropio (solo aceptar regalos) se convierta en otra por cohecho (aceptar dádivas y a cambio adoptar decisiones injustas o ilegales). Según la investigación, la Generalitat adjudicó a dedo contratos por cerca de ocho millones de euros a la trama. Dicho escenario agravaría la situación judicial de Camps (el cohecho lleva aparejada cárcel), pero demoraría la apertura de juicio hasta después de las elecciones.

Otra posibilidad, que las fuentes consultadas consideran más probable, es que el juez, que tiene prácticamente lista la apertura de juicio oral contra Camps por cohecho impropio, no cambie la acusación contra él y derive a otro procedimiento el enjuiciamiento de los cabecillas de la trama, a quienes podría acompañar alguno de los imputados en el caso de los trajes que no está aforado, como Campos o Betoret. Este último intervino directamente en la adjudicación de contratos bajo sospecha a la trama, según subrayó la Fiscalía Anticorrupción. Si fuera así, el juez podría enviar a Camps al banquillo antes de las elecciones. Y ello no impediría, agregan las fuentes, que el presidente pudiera ser imputado más adelante por prevaricación y financiación ilegal.

www.elpais.es 05.05.11

EL CONSELL PAGÓ 600.000 EUROS A LA GÜRTEL CON CORREA YA EN PRISIÓN

El abono se hizo un mes después de que Camps declarara ante el juez Flors

El Consell pagó 606.100 euros a la trama Gürtel en julio de 2009, con la cúpula de la red corrupta en prisión y apenas un mes después de que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, compareciera en la sede del Tribunal Superior de Justicia valenciano para declarar ante el juez José Flors por aceptar regalos de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes.

La Generalitat, a la que los proveedores reclaman pagos por facturas de hace dos años, abonó con extraordinaria rapidez la minuta relativa al stand de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 a Orange Market, una de las empresas de la trama, a la que según la investigación el Consell adjudicó a dedo contratos por más de ocho millones de euros. La factura fue registrada en la Agencia Valenciana de Turismo el 1 de junio de 2009. En un mes, el 2 de julio, se libró el pago. La celeridad en el abono destaca si se tiene en cuenta que los 606.000 euros se pagaron a la empresa que administraba El Bigotes. Es decir, el Consell pagó 100 millones de las antiguas pesetas cinco meses después del desmantelamiento de la trama Gürtel, la red acusada de corromper a cargos públicos, financiar ilegalmente al PP y blanquear dinero en paraísos fiscales.

El PSPV mostró ayer la factura para contrastarla con los impagos de la Generalitat a sus proveedores legales.El portavoz del Grupo Socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, compareció ayer ante los medios para desglosar los problemas financieros de la Generalitat Valenciana. Según las cifras que mostró, los compromisos de pago del Consell se elevan actualmente a más de 50.000 millones de euros (8,3 billones de las antiguas pesetas). "Es el sueldo de todos los valencianos durante un año, tanto de los trabajadores del sector público como los del privado", explicó Luna, "tendríamos que estar todos sin cobrar durante un año para pagar lo que debe la Generalitat".

Luna empleó estos datos para destacar la gravedad del problema de la deuda a los proveedores y para minimizar la importancia de los 633 millones que el PP valenciano reclama al Gobierno central del fondo de competitividad. De hecho, esa cifra solo supone el 1,26% de los referidos 50.000 millones.

Para ver la evolución de la deuda basta analizar los datos disponibles de los últimos años. En 1995, cuando Eduardo Zaplana ganó las elecciones, el PP acusó a los socialistas de haber generado un inmenso agujero económico que heredaban del Consell de Joan Lerma. Y según cifras del Banco de España, en septiembre de 1995, ya con Zaplana instalado en el Palau de la Generalitat, la deuda autonómica, incluidas las empresas y organismos dependientes, se elevaba a 420.000 millones de pesetas (2.253 millones de euros). Es decir, en 16 años de gobierno del PP la deuda se ha multiplicado por 20.

Para llegar a la cifra de un cinco y diez ceros que esgrimió en rojo el portavoz socialista, Luna desglosó varias partidas. La más gruesa fue la de los compromisos de pago con cargo a los ejercicios futuros según las cuentas de la Generalitat de 2009, que sumaban 32.101 millones de euros. Luego sumó los compromisos no reconocidos a finales de 2009 según el informe del Síndic de Comptes de aquel ejercicio, por un total de 3.000 millones de euros. Luego añadió las deudas no reconocidas, lo que denominó "facturas escondidas en el cajón", que según el Síndic se elevan a otros 3.000 millones. Luego sumó otros 5.000 millones en concepto de previsión de incremento de compromisos de 2010, que reconoció que era una estimación a la baja -"vamos a ser benévolos"- basada en los 7.000 de 2009. Y por último incluyó otros 9.600 millones de las empresas públicas según el presupuesto de 2011. Es decir, Luna aseguró que solo ha usado las cifras públicas reconocidas y reconocibles, sin entrar en "las cláusulas de confidencialidad que están ahora tan de moda en los contratos públicos".

Para dar datos más técnicos, el portavoz socialista también habló del fondo de maniobra de la Generalitat (que compara el activo a corto plazo con las deudas a corto plazo). Un parámetro que ha pasado de un saldo negativo en 2005 de 3.071 millones de euros a los 7.906 de 2009.

Luna también abordó la reciente emisión, en apenas unas semanas, de deuda pública del Consell por 1.200 millones de euros, el 90% de lo consignado en los presupuestos para todo 2011 (en total 1.328 millones). "A partir del 22 de mayo no cobrará nadie o tardará un año en cobrar", aseguró Luna, para añadir que esta situación no la va a arreglar quien la ha ocultado y quien no da la cara, en referencia a Camps: "No sé si tiene dolor de corazón por los que no cobran pero desde luego no tiene propósito de enmienda".

Tras las manifestaciones de Luna, el secretario del grupo parlamentario popular en las Cortes, David Serra, acusó al socialista de "desear la quiebra financiera de la Comunidad para que así Alarte pueda conseguir algún voto". Y añadió: "Es triste que un socialista anteponga los intereses electorales al progreso de toda una comunidad".

Orange Market no esperó para cobrar

- Estalla Gürtel. Correa y El Bigotes, detenidos el 9 de febrero de 2009.

- Camps en el TSJ. El presidente declara ante Flors el 20 de mayo.

- Fitur. La factura de 606.100 euros llega a Turismo el 1 de junio.

- El cobro. La consejería paga el 2 de julio.

- Otros proveedores Todavía hay pagos pendientes desde 2009.

www.elpais.es 29.04.11

 EL TRIBUNAL ACEPTA JUZGAR A CAMPS Y LA CÚPULA DE GÜRTEL JUNTOS POR COHECHO

La Sala Civil y Penal deja en manos del magistrado Flors la decisión de unir las acusaciones - El juez podría abrir otra causa para enjuiciar a los jefes de la red

Las fructíferas relaciones que, según múltiples informes policiales y de la fiscalía, mantuvieron el Gobierno y el PP valencianos con la trama Gürtel prometen darle nuevos quebraderos de cabeza al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, posiblemente antes de las elecciones del 22 de mayo. La primera de esas novedades se conoció ayer. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dictó un auto en el que acepta la inhibición decretada hace semanas por su homónimo de Madrid para que los cabecillas de la red corrupta puedan compartir banquillo de los acusados por los regalos de los trajes con Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Lo que se haga al final dependerá del juez que tramita el caso de los trajes, José Flors, en cuyas manos han dejado sus colegas del tribunal valenciano la decisión de si se juzga a Camps y los otros altos cargos junto a los jefes de la trama Gürtel (Correa, Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes) u opta porque unos y otros sean juzgados por separado y con delitos distintos.

La resolución que adopte Flors tendrá consecuencias importantes. Podría implicar que la imputación de Camps y del resto de acusados por cohecho pasivo impropio (aceptar los regalos sin hacer nada a cambio) se transformara en otra causa por cohecho propio y se juzgue a todos bajo esa premisa. De esto cabría colegir que las dádivas que Camps, Costa, Betoret y Camps recibieron lo fueron a cambio de los favores y contratas a dedo (por importe de unos 8 millones de euros) que la Administración dio a la red mafiosa que dirigía Correa en Madrid y el Bigotes en Valencia.

Fuentes jurídicas no creen que Flors vaya a detener ahora el sumario de los trajes, que tiene ultimado y casi listo para juicio ante un jurado popular, para incorporar en él a los jefes de Gürtel. Ven más factible que abra otro procedimiento contra los cabecillas de la trama.

Si es así, antes de las elecciones de mayo, Flors sometería a Camps y los demás políticos imputados a una vistilla, a la que obligatoriamente tendrían que asistir, como paso previo a los preparativos del juicio ante el jurado popular. El auto dictado ayer por el TSJCV, que contiene un voto particular del juez Juan Montero, opuesto a la asunción de la competencia, subraya: "Procede acceder a la inhibición planteada declarando la competencia de este Tribunal para el conocimiento de las conductas realizadas por las personas que presuntamente entregaron las prendas de vestir a las personas respecto de las cuales se sigue el presente procedimiento del Tribunal del Jurado sobre cohecho pasivo impropio, decidiendo el ilustrísimo magistrado instructor con plena libertad de criterio, lo que estime procedente de estos nuevos hechos".

Las "particulares" circunstancias del caso Gürtel, cuya investigación se sigue simultáneamente por tribunales de distintas comunidades, llevan a la Sala a considerar que ambas opciones -mantener tal cual la actual causa contra Camps y los otros altos cargos y abrir otra contra los jefes de Gürtel, o bien juzgarles a todos en un único proceso- "resultan jurídicamente defendibles".

El TSJCV debe decidir también en los próximos días si asume la competencia de la segunda inhibición dictada por Pedreira. En ella están implicados otros siete miembros de las cúpulas del PP y el Gobierno valencianos por supuesta financiación ilegal, cohecho, prevaricación, falsedad y delitos fiscales.

www.elpais.es 27.04.11

ESCENARIOS Y PLAZOS A LA SOMBRA DE LAS ELECCIONES

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha dejado "plena libertad de criterio" al instructor del caso de los trajes, José Flors, sobre si el presidente de Valencia, Francisco Camps, debe ser juzgado, o no, junto a los jefes de la trama Gürtel. Flors tiene varias opciones. Una de ellas -y, a la vista de los pasos que ha dado Flors en los dos años que lleva investigando el caso, es la más probable- es que opte por no incluir a los cabecillas de Gürtel en el caso de los trajes.

- Primera opción: el juez no acumula los casos. Si Flors rechaza sentar en el mismo banquillo a los supuestos sobornadores (los cabecillas de Gürtel) y a los supuestos sobornados (los políticos), la audiencia preliminar por el caso de los trajes se celebrará en los próximos días o semanas (antes de las elecciones de mayo, aunque el juicio sería en otoño). Este supuesto, indican fuentes jurídicas, implicaría que Flors se inhibiera a favor de un tribunal ordinario respecto al enjuiciamiento de la cúpula de Gürtel (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes), ya que, al no ser aforados, pueden ser juzgados por un tribunal normal. En ese caso, Camps y los otros imputados asistirían a ese otro juicio como testigos.

- Segunda opción: el juez sí acumula ambos procesos. Si el juez Flors se inclinara por acumular ambos procesos podría transformar la actual imputación de Camps por cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que recibe dádivas en función de su cargo, aunque sea a cambio de nada) en otra por cohecho activo, que implica que los regalos se dieron a cambio de un trato de favor del Gobierno de Camps hacia la red. El cohecho pasivo se castiga con penas de multa; el activo o propio, con la cárcel. Si hay acumulación, la causa de los trajes se retrotraería a una fase anterior y es posible que los nuevos encartados, los jefes de Gürtel, pidan nuevas pruebas, que dilatarían la causa y pospondrían el juicio. Si todo sigue como está, el juicio contra Camps se celebraría el próximo otoño.

- Tercera opción: nueva imputación. El juez Flors podría igualmente, señalan fuentes jurídicas, sentar a sobornados y sobornadores en el banquillo manteniendo la imputación por cohecho impropio contra los primeros y la del propio contra los jefes de Gürtel. Y también cabe la opción de que abra dos procesos y modifique la situación y acusación que pesa sobre algún implicado. Por ejemplo, Betoret, quien sí dio contratos a la red como cargo público.

www.elpais.es 27.04.11

LUNA: "A EFECTOS PENALES EL PRESIDENTE ESTÁ EN LA TRAMA"

Todos los partidos de la oposición en la Comunidad Valenciana coincidieron en señalar que el auto del Tribunal Superior de Justicia era muy explícito a la hora de vincular a Francisco Camps con la trama Gürtel. Una opinión que no era compartida en la Generalitat, desde donde se insistía en que el auto no añadía nada nuevo a la situación procesal del presidente valenciano.

Ángel Luna, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes, aseguró que la decisión de la Sala de lo Civil y Penal ponía de manifiesto "con meridiana claridad que, a efectos penales, Camps está en la red Gürtel. Y esto no es un montaje del Partido Socialista ni de ningún aparato extraño del Estado", dijo Luna, quien añadió: "Han sido muchos jueces y dos tribunales superiores de justicia los que están apreciando los indicios reforzados de que Camps ha cometido un delito de cohecho".

En una línea similar se pronunció la coordinadora y candidata a la presidencia de la Generalitat por Esquerra Unida, Marga Sanz: "Cada vez es más evidente la lógica que vincula el presunto delito de cohecho pasivo por el que está imputado Camps con el soborno activo por parte de quienes le ofrecían los regalos". Según Esquerra Unida, el auto del TSJ "cierra el círculo jurídico, al evidenciar la existencia de conexiones entre la trama corrupta y los responsables políticos que, supuestamente, les daban cobertura". Enric Morera, candidato por Compromís, pidió la dimisión del presidente y su retirada como candidato del PP. La causa "no es solo por tres trajes, como han querido hacer creer desde el PP; la cosa es más complicada y va más allá".

Desde la Generalitat se insistió en que no hay cambios en la situación procesal de Camps y se hizo hincapié en el voto particular efectuado por el magistrado Juan Montero.

www.elpais.es 27.04.11

CAMPS PIERDE SU ÚLTIMO RECURSO PARA EVITAR EL JUICIO

El juez Flors decidirá si lo envía al banquillo por cohecho

Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana, perdió ayer las últimas apelaciones para evitar ser juzgado en la causa de los trajes. La decisión de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano deja las manos libres al juez instructor, José Flors, para decidir si lo sienta en el banquillo por cohecho impropio: haber recibido regalos de la trama Gürtel. La red de corrupción, según consta en la investigación, halló en Valencia un fértil lugar donde hacer negocios al calor del Ejecutivo autonómico y el PP regional, presididos ambos por Camps. Las pruebas acumuladas por la policía señalan que el entramado de empresas de Francisco Correa consiguió contratos millonarios adjudicados irregularmente por la Generalitat y que, simultáneamente, participó en la financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular.

La desestimación de las apelaciones despeja la convocatoria de la audiencia preliminar, el acto que precede a la decisión de abrir el juicio. Todo apunta, sin embargo, a que Flors esperará al resultado de las dos inhibiciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor del de Valencia. En ellas figuran implicados otros siete altos cargos de las cúpulas del PP y el Gobierno regional en supuestos delitos de corrupción.

La decisión de la sala sobre las inhibiciones parece inminente, lo que refuerza la idea de que la vista preliminar tendrá lugar antes de las elecciones del 22 de mayo, en las que Camps vuelve a ser candidato. Una vez celebrada esa audiencia, Flors dispondrá de tres días para decidir si sienta a Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Rafael Betoret en el banquillo de los acusados.

En las apelaciones rechazadas ayer, las defensas del presidente valenciano y de su exvicepresidente Campos habían solicitado la práctica de dos diligencias que habrían demorado el procedimiento. Por un lado, pedían averiguar si en el grueso de la causa, que se instruye en Madrid, existían más grabaciones en las que aparecieran los cabecillas de la trama: Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Por otro, solicitaban la declaración testifical de Cándido Herrero, gerente de Orange Market; Flors había aceptado que lo hiciera en la vista preliminar, pero las defensas consideraban imprescindible que declarase antes.

La sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano respaldó ayer al juez. Respecto a las diligencias sobre las grabaciones, considera que "no se dirigen a contrastar una fuente de prueba cierta sino que, de alguna forma, no puede negarse que tienen un cierto carácter incierto e indefinido". "El instructor", añade la sala en su auto, "permitió el acceso de las partes a todas las conversaciones telefónicas que figuraban en este tribunal; solicitaron las adiciones que estimaron pertinentes respecto de la selección que en su día realizó el instructor que fueron admitidas, y en consecuencia se ampliaron las mismas al interés de las partes, sin que en dicho momento, se solicitaran las diligencias que actualmente se pretenden".

La sala también fue contundente respecto a la declaración de Cándido Herrero: "El Instructor no entra en el carácter o no de imprescindible de la diligencia, sino que considera que la declaración testifical interesada puede practicarse en la audiencia preliminar, y eso resulta indiscutible, no lo cuestiona la parte recurrente, y no cabe considerarlo un criterio personal del instructor sino que es el criterio legalmente establecido".

www.elpais.es 21.04.11

' AQUÍ, NO ES NADA", AFIRMA RAFAEL BLASCO

"El caso Gürtel, aquí no es nada", aseguró tajante el jueves el consejero de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco. "El caso Gürtel no tiene absolutamente ninguna incidencia en la Comunidad Valenciana".

Entrevistado por Manel Fuentes para Catalunya Ràdio, Blasco se hizo un lío al responder primero que catalán y valenciano son "una lengua común con sus particularidades perfectamente diferenciadas" y añadir después que no, que se trata de lenguas parecidas y que los valencianos "estamos orgullosos de una lengua propia, que es el valenciano".

También respondió al cierre de emisiones de TV-3 que el Consell estaría "encantando" de que pudiera verse la televisión de Cataluña, pero echó la culpa al Gobierno de España por no otorgar un tercer multiplex y dijo que Acció Cultural del País Valencià tendrá que pagar la multa que le ha impuesto la Generalitat porque se trata de una sanción por "haber emitido ilegalmente".

Blasco reiteró que la imputación del presidente Francisco Camps es un asunto sólo de "tres trajes", que nadie ha podido demostrar que se los hayan regalado y que se trata de una "parafernalia mediático-política absolutamente desproporcionada".

www.elpais.es 22.04.11

EL CONSELL ELUDE ACLARAR LA REUNIÓN DE CAMPS Y RAMBLA CON UN JEFE DE GÜRTEL

Sánchez de León pide un debate electoral a cuatro pero no confirma a su candidato

El Consell evitó aclarar ayer si el presidente Francisco Camps y el vicepresidente Vicente Rambla se reunieron con Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, y cuántas veces lo hicieron. En la rueda de prensa tras el pleno del Consell, la portavoz Paula Sánchez de León dijo no tener "ninguna constancia", salvo por lo que ve y oye a través de los medios de comunicación, de "informaciones que constan en no sé dónde y luego se publican, de reuniones secretas y no secretas, con tramas ni con nadie". "La agenda de Camps es pública y se reúne con quien haga falta para desarrollar su trabajo día a día", añadió.

La portavoz dice que ni les "inquieta" ni les "preocupa" el juicio al presidente

"El PP solo se preocupa del PP y por trabajar para que siga ganando elecciones como ha hecho hasta ahora", dijo Sánchez de León en respuesta a una pregunta sobre la anotación contenida en la agenda de Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel, de una reunión en otoño de 2006 con altos cargos del PP en la que se habló de ayudar económicamente a un partido de disidentes para perjudicar a los socialistas. En la anotación de la reunión, que obra entre los documentos de la instrucción del caso Gürtel, figuran "Ana, Víctor, Rambla, Ricardo y el Presi". La portavoz puso "la mano en el fuego" por que todas las reuniones y actuaciones de Camps y Rambla se guiaron por el objetivo de "servir con honestidad e integridad a los intereses de la Comunidad".

En relación con la decisión del juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors, que instruye el caso de los trajes, en el que está imputado Camps, de convocar la audiencia previa al señalamiento de juicio en cuanto se resuelva la aceptación o no de la parte del sumario sobre la red de corrupción procedente del TSJ de Madrid, Sánchez de León aseguró: "Ni nos inquieta, ni nos preocupa, ni nos alegra". Según la portavoz, es "un paso más" dentro de un "larguísimo procedimiento".

Sánchez de León, que también es coordinadora de la campaña electoral del PP valenciano, se refirió a los debates entre candidatos. "Alarte está siendo excluyente", dijo sobre la propuesta del candidato socialista de un cara a cara en Canal 9 como el que ha anunciado TVE. Según Sánchez de León, habría que hacer debates más amplios, con las cuatro fuerzas parlamentarias. Sin embargo, no quiso confirmar que el presidente en funciones y candidato del PP, Francisco Camps, esté dispuesto a participar en ellos.

La suspensión de emisiones de TV-3 en territorio valenciano volvió a planear sobre la habitual comparecencia de Sánchez de León tras el pleno del Consell. Una información publicada ayer por el diario Levante revelaba que la Generalitat reconoció en el caso de una emisora que difunde espacios dedicados al tarot, que no tiene competencias para sancionar a empresas que gestionan repetidores, mientras que sí lo ha hecho con Acció Cultural del País Valencià, entidad propietaria de los reemisores de TV-3. Sánchez de León dijo que el Consell siempre actúa "de acuerdo con la legalidad vigente y con el respaldo de una sentencia judicial", aunque no acabó de concretar en qué se diferencian un caso y el otro. "El debate es jurídico y no político", añadió la portavoz, que reclamó la concesión de un nuevo multiplex por parte del Gobierno y reconoció que el tema de TV-3 puede ser uno de los asuntos que se traten, entre otros, en la reunión que Camps y el presidente catalán, Artur Mas, tienen prevista para el próximo día 20.

La incógnita de la hernia

El presidente en funciones de la Generalitat, Francisco Camps, padece una hernia discal que limita sus actividades públicas. Según Paula Sánchez de León, hace unos días los médicos le infiltraron por tercera vez en busca de un alivio. No le impidió su estado asistir la noche del jueves al partido de baloncesto entre el Power Electronics Valencia y el Real Madrid. "Hay que esperar a ver cómo va reaccionando", dijo la portavoz del Consell, que no quiso aventurar si habrá de ser intervenido quirúrgicamente. En medios de la Generalitat se baraja que Camps pueda decidir operarse, si no hay mejoría, la semana que viene o la otra. La convalecencia podría mantenerle ausente de buena parte de la campaña electoral y de algunas decisiones judiciales sobre su imputación que se prevén inminentes. Una periodista preguntó cuándo comparecerá Camps en rueda de prensa para dar explicaciones del caso Gürtel. La portavoz respondió que "comparece en rueda de prensa diariamente, en sus actos públicos, y aparece ante la prensa para contar las cosas que tiene que contar".

www.elpais.es 09.04.11

LA TRAMA SUPO DE LA VISITA DEL PAPA ANTES DEL ANUNCIO OFICIAL

La red de Francisco Correa y sus secuaces tenían tal poder dentro de la Generalitat de Francisco Camps que fueron conocedores, de manera extraoficial, de la visita del Papa a Valencia, en 2006, antes de que el Vaticano confirmase la noticia, según constatan las anotaciones del 'número dos' de la trama, Pablo Crespo.

Crespo escribió en su agenda: “Papa. Está confirmado (en 2 semanas, público)” en una lista de apuntes que no está fechada, pero que aparece en la página inmediatamente posterior a otra donde quedó constancia de una reunión fijada “para el 07-11″ de 2005. Cuatro páginas más adelante, figura la fecha “viernes 18″. No fue hasta el 18 de noviembre de 2005 cuando el entonces portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro, confirmó el viaje de Benedicto XVI, según precisa Público.

Casi 3 millones por intermediar

La trama corrupta, a través, de su satélite en Valencia Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez (El Bigotes), consiguió el contrato para la cobertura televisiva de la estancia del Papa, que reportó a la empresa de Correa casi tres millones de euros en comisiones por su intermediación.

Canal 9 se saltó el contrato público

La televisión pública valenciana contrató por 6,4 millones el alquiler de pantallas para los multitudinarios actos de Benedicto XVI durante su visita, el 8 y 9 de julio de 2006, pasando por alto la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que obliga a adjudicar los contratos de gran cuantía mediante concurso público, salvo razones de urgencia. El entonces director de Canal 9, Pedro García, recibió presuntamente medio millón de euros en comisiones por adjudicar el trabajo a la empresa Teconsa, para la que la trama actuó como intermediaria.

El proyecto ya estaba trazado

Canal 9 no inició el concurso para la cobertura de la visita del Papal hasta el 6 de abril de 2006, pero para esa fecha el número dos de Correa, Pablo Crespo, ya tenía planteado el proyecto. Un apunte del 9 de febrero de 2006 refleja las negociaciones con la empresa Apogee, que sería subcontratista de la constructora Teconsa. “Pacto transparente”, dice la primera nota situada bajo el nombre de Oscar Fragio, administrador de Apogee. “Asunto Wolfgang”, añade otra en referencia al ingeniero Wolfgang Neumann, cuyos servicios requirió la trama como experto en sonido. A continuación, Pablo Crespo escribió datos sobre el operativo para la cobertura televisiva: “2 pantallas gigantes 80 m2 c.u.”. Y debajo: “40 ” “”[pantallas] 6X4″ y “8 “”[pantallas] 4X3″.

www.elplural.com 13.04.11

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia absuelve a Ángel Luna de encubrimiento

Los magistrados reducen a mera "hipótesis" la acusación del PP.-El portavoz socialista se sentó en el banquillo acusado por los populares tras mostrar un informe de la trama Gürtel en el Parlamento

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha absuelto al portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, del delito de encubrimiento del que le acusaba el PP a raíz de un debate parlamentario en el que mostró un informe sobre el negocio multimillonario que logró la trama Gürtel con ocasión de la visita del Papa a Valencia en 2006. El tribunal reduce a una mera "hipótesis" la acusación sostenida por el PP. Los magistrados consideran que la versión de los hechos ofrecida por los populares es "razonable", pero "no la única posible a la vista de la prueba practicada, de la que no se desprende la imposibilidad ni la inconsistencia de la justificación dada por el acusado". Es decir, que siendo ambas versiones igualmente "razonables" y al no haberse aportado ninguna prueba que permita inclinarse a un lado o al otro, debe primar la presunción de inocencia.

Los populares denunciaron a Luna por supuesta revelación de secretos, ya que ese informe estaba bajo secreto de sumario, aunque ya había sido publicado por EL PAÍS y otros medios. El juez instructor de la denuncia, Juan Montero, desechó la acusación de revelación de secretos, por ser materialmente imposible que lo realizara (el diputado no era abogado, procurador, juez, fiscal ni tampoco parte, como exige el tipo penal) pero mantuvo vivo el procedimiento al considerar que Luna podía haber encubierto a la persona que le facilitó el documento.

El portavoz socialista, tanto en la instrucción como en el juicio que se celebró el pasado 5 de abril, declaró que el informe le llegó de manera anónima, que se lo encontró en su despacho y que posteriormente le perdió la pista porque se aceptó la personación del PSPV-PSOE en el caso Gürtel y ello le permitió tener acceso a ese y al resto de documentos integrados en el sumario por vía telemática.

El ministerio público, representado por el teniente fiscal de la Comunidad Valenciana, Gonzalo López Ebri, se opuso desde el principio a la continuación de la causa. El PP pedía dos años y nueve meses de inhabilitación para Ángel Luna, y una multa de 26.250 euros, mientras que la fiscalía pidió su absolución. El fiscal concluyó su intervención en el juicio "desde la esperanza de que este proceso vea su fin con una sentencia absolutoria que ponga fin a la posibilidad de que, en un Estado de derecho, sea la hipótesis un medio válido para destruir la presunción de inocencia, ni del acusado ni de nadie". El fiscal consideró que se acusaba a Luna de un "delito de imposible cumplimiento" y puso el ejemplo de un asesinato: "¿Conocen a algún encubridor que exhiba el cadáver ante 99 personas [en alusión a los diputados] antes de ocultarlo?".

Luna, que ha destacado por su denuncia constante a las implicaciones de la Generalitat en el caso Gürtel, declaró que el juicio era consecuencia del empeño de su grupo "de romper el binomio opacidad-impunidad". Paradójicamente, el portavoz socialista ha sido el primero en sentarse en el banquillo por el caso Gürtel, pese a que no está relacionado con la trama corrupta. Esta causa ahora cerrada con una absolución deja aún más en evidencia la situación judicial de Francisco Camps, presidente de la Generalitat y candidato en las elecciones del 22 de mayo, que está pendiente de que se decida su juicio por un supuesto delito de cohecho por aceptar regalos de la trama Gürtel, y a quien la Fiscalía Anticorrupción pide que también sea juzgado por otros delitos de corrupción.

La cultura de la corrupción

El portavoz socialista ha conocido su absolución en la sede del partido en Valencia. Luna ha declarado que está "contento y satisfecho". En declaraciones a Efe, Luna ha dicho que su absolución representa el "fracaso" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, así como del líder del PP, Mariano Rajoy, y de la "cultura de la corrupción" en la Comunidad Valenciana. "Más que por el hecho de la absolución, por que haya fracasado la cultura de la corrupción en la Comunidad Valenciana", ha remarcado.

Para Luna, con esta sentencia ha triunfado "la guerra contra la corrupción" de quienes intentan "levantar la voz exigiendo explicaciones de los que gobiernan aquí y a quienes están en Madrid".

www.elpais.es 12.04.11
 

LA AGENDA DEL ´DOS´ DE GÜRTEL PRUEBA QUE EL PSD FUE CREADO POR EL PPCV

Álvaro Pérez "El Bigotes" había amortizado ya los 540 euros que le costó el cacharro de contar dinero que compró el 17 de octubre de 2005. El entramado que dirigía Correa tenía, desde abril de 2004, su capital financiera en Valencia. Orange Market se convirtió en la principal fuente de ingresos a las cajas A y B de Madrid, gracias a los contratos que le llovieron de la Generalitat y del PP valenciano. Corría el otoño de 2006 y el grupo Correa había echado ya tantas raíces en la cocina de la Generalitat que la cúpula Gürtel hasta participaba en reuniones de estrategia política.

Así se desprende de una anotación en la página 124 de la agenda de Pablo Crespo, el número dos de la trama: "Nuevo Partido Político con gente del PSOE de buen cartel. Es un montaje de ellos. Necesitan ayuda económica. Ricardo protesta". En el dietario de quien fue secretario de organización del PP gallego, se anotaron las palabras "Ricardo. Reunión" y los participantes: "Ana, Víctor, Rambla, Ricardo, Presi". No consta ninguna fecha en esta hoja de la agenda, contenida en el sumario y de la que ayer informó el diario "Público". La página anterior marca 10 de octubre y la siguiente, 10 de noviembre. El 4 y 5 de noviembre, el Hotel las Arenas (un cinco estrellas) acogió la convención bautismal del Partido Social Demócrata (PSD), de la que dieron fe 355 delegados y 67 invitados.

La formación, que no escatimó en gastos -la sede se ubicó en la calle Colón de Valencia-, fue impulsada desde la Federación de Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova) y la Fundación Central Ciudadana, una plataforma de entidades culturales, de mayores y consumidores que, con Francisco Camps en el Palau, ha recibido unos 12 millones de euros en subvenciones para cursos de formación e inserción laboral, entre otros. Central Ciudadana adeuda 217.000 euros al Consell por ayudas no justificadas, que ha de devolver. A menudo, certificaban gastos con facturas de empresas de dirigentes del entramado de forma irregular, según denunció el Servef. El PSD y esa trama asociativa compartían dirigentes. Como Ana Mª Rodríguez, candidata a alcaldesa de Alicante y presidenta de Favcova, o Fernando Piera, primer líder del partido y número dos de la entidad vecinal. El listado de ex del PSPV en el partido segunda marca del PP es amplio. Piera, Ernest Fenollosa (exalcalde de la Vall d'Uixó) o José Luis Morales (exalcalde de Mislata) son algunos. También había ocupado cargos en el PSPV Carlos Ruiz, alma mater de Favcova. El presidente de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, lo colocó, en marzo de 2009, de asesor de Bomberos, meses después de que el PSD propició mociones de censura en Dénia y Calp, que destronaron a alcaldes socialistas.

El tinglado de cooperación

El germen del PSD es el PSI, creado en Alzira en 1993 por los blasquistas, cuando Rafael Blasco -quien, desde Bienestar Social subvencionó al entramado asociativo-fue expulsado del PSOE. Su sobrina, Gisela Blasco, ha liderado el PSD en la Ribera. Un ex compañero de Bernardo Blasco -hermano del conseller- en Unió Valenciana como Adolfo Soler también estuvo en el PSD. Y en la Fundación Entre Pueblos (ahora Hemisferio), el corazón del entramado de entidades y ONG que han recibido unos 4 millones de euros de Solidaridad y Ciudadanía y han dedicado una parte de ese dinero a pagar servicios a firmas de sus propios dirigentes. Como la consultora Dinamiz-e, de Soler. Su compañera en UV Amparo Picó sucedió a Piera al frente del PSD. Ayer, se presentó como candidata del Centro Democrático Liberal (CDL) a la Generalitat. En el CDL también han recalado algunos exsocialistas de renombre, como el exalcalde de Benetússer, José Enrique Aguar.

En la parte superior de la página de la agenda de Crespo aparece un número de cuenta. En principio es un asunto al margen de la citada reunión. Fue abierta en una sucursal de Caixa Nova en Pontevedra, ciudad en la que Crespo guardaba documentos sobre la financiación del PP gallego. El líder del PSPV, Jorge Alarte, expresó ayer su "perplejidad e indignación" ante el "sabotaje electoral que practica el PP con dinero público".

www.levante-emv.com 08.04.11

CAMPS MANTIENE EN LAS CANDIDATURAS A LOS IMPLICADOS EN LA TRAMA

El imputado Fabra comunica que la lista de Castellón incluye a Costa y Rambla

A la vista del apoyo sin fisuras del presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, a Francisco Camps como candidato a la presidencia de la Generalitat valenciana, aunque se siente en el banquillo acusado de cohecho impropio, el PP valenciano ha decidido que lo que es bueno para uno es bueno para todos.

  • La cúpula del PP está molesta por el anuncio del dirigente castellonense

  • Otros implicados en la trama corrupta pueden concurrir en la lista por Alicante

El vicepresidente primero del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y el ex secretario general del PP regional y exportavoz parlamentario Ricardo Costa, ambos implicados en el caso Gürtel, ocuparán puestos de elección segura en la candidatura por Castellón a las Cortes valencianas.

Rambla, a quien la Fiscalía Anticorrupción implica en dos supuestos delitos electorales por financiación ilegal del PP valenciano en las autonómicas de 2007 y las generales de 2008, figurará en el puesto número cuatro de la candidatura por Castellón. Costa, que está imputado con Camps en la causa de los trajes y también está implicado en los mismos supuestos delitos que Rambla, ocupará el número siete. Ambos son puestos de elección segura.

La candidatura íntegra del PP a las Cortes valencianas por la circunscripción de Castellón la desveló ayer el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, antes de que fuese aprobada por el Comité Electoral Regional y ratificada por Génova.

El anuncio de Fabra, cuya maniobra causó malestar en el seno del PP, supuso una demostración de fuerza del presidente provincial de Castellón. Carlos Fabra, que está imputado por delito fiscal y contra la Administración pública, ha anunciado que no repetirá como presidente de la Diputación, pero que continuará al frente del partido en la provincia de Castellón.

La decisión de Fabra de marcar su territorio político y exhibir su autonomía frente a la dirección regional del PP fue interpretada como una respuesta a la decisión de Camps de anunciar, de improviso, el martes por la noche que el cabeza de lista por Castellón sería el alcalde de la capital, Alberto Fabra.

El presidente de la Diputación de Castellón ni siquiera quiso disimular ayer que el alcalde no era el candidato que él había propuesto. Preguntado por si Alberto Fabra era el cabeza de lista que tenía en mente, el presidente de la Diputación de Castellón respondió: "Es el cabeza de lista que hay". "No era la única opción", prosiguió Carlos Fabra, "aunque nos ha parecido conveniente mantener los criterios del presidente del partido".

El número uno de la lista por la circunscripción de Alicante será la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, mientras que la lista por Valencia la encabezará el propio Camps con la alcaldesa Rita Barberá de número dos. Fuentes del Partido Popular indicaron que el presidente valenciano pretende minimizar el deterioro de su imagen con el tirón de los alcaldes.

Las candidaturas autonómicas íntegras del PP para Alicante y Valencia se desvelarán, probablemente, antes del viernes. En el PP dan por seguro que en la lista de Alicante también figurarán en puestos de salida la presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez; el vicesecretario de organización regional, David Serra, y la tesorera del PP, Yolanda García, implicados en el caso Gürtel.

www.elpais.es 07.04.11

LUNA: "CONFÍO EN SER ABSUELTO, PERO A CAMPS LE QUEDA MUCHO BANQUILLO"

El PSPV pide la suspensión de 'Bon Dia' en Canal 9 por ser "mítines del PP"

La situación judicial del portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, no es la misma que la del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Uno se sentó ya en el banquillo, el otro está cerca. Ángel Luna declaró ayer en Alicante que su "horizonte es de una sentencia inmediata", que confía en que sea "absolutoria", pero que "el de Camps es de mucho banquillo por delante".

Una contertulia de RTVV llama "sinvergüenza" al portavoz socialista

Martín: "Castedo sigue a Alperi, huye de Alicante y quiere estar aforada"

Los socialistas, una vez más, cerraron filas en torno a Luna. El secretario del PSPV, Jorge Alarte, y la candidata a la alcaldía de Alicante, Elena Martín coincidieron en que "todos los socialistas somos Ángel Luna". Alarte tildó de "duro varapalo" para Camps el auto del juez Flors que le acerca al banquillo y rechaza sus alegaciones ya que supone "el desmontaje de la tesis del líder regional del PP".

Por su lado, Elena Martín no alcanzó a entender cómo es posible que "una persona que defiende la democracia y pregunta en las Cortes por el dinero público sea el primero en sentarse en el banquillo y los presuntos delincuentes no lo hayan hecho". Luna aseguró haber "aguantado estoicamente y respetado la actuación de los jueces, y no como Camps, que despotrica de todos y piensa que hay una gran confabulación contra él".

Los socialistas se mostraron indignados con el nivel y el contenido de la tertulia del programa Bon Dia Comunitat Valenciana, de Canal 9. Los intervinientes, según el PSPV, se explayaron en críticas e insultos al portavoz socialista. Una de las contertulias, Rocío Casanova, dijo: "El tema de los trajes no sé si será verdad o no, pero mostrar un documento que está bajo secreto de sumario es saltarse el Estado de derecho". Luego llamó "sinvergüenza" a Luna porque "jactarse de machacar a Camps y luego cometer ese delito de sacar un documento, es una tomadura de pelo".

Horas más tarde la portavoz del comité electoral del PSPV, Carmen Ninet, exigió la suspensión "inmediata" del programa y la sección de debate que incluye por considerarlos "mítines del PP". Los socialistas presentaron una denuncia ante la Junta Electoral porque en el programa del martes "una vez más no se informó en las noticias de Canal 9 de que el juez Flors había rechazado las alegaciones del presidente de la Generalitat". La televisión valenciana dedicó más tiempo "a la comparecencia de Luna que a todo el caso Gürtel".

Los socialistas aprovecharon su comparencia ante la prensa en Alicante, en el paseo de la Explanada, para valorar la inclusión de la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo como cabeza de lista del PP por Alicante a las Cortes Valencianas. "Sigue la estela de su mentor, Luis Díaz Alperi, abandonar Alicante y sobre todo estar aforada", dijo la candidata socialista Elena Martín, que auguró que las listas del PP estarán "llenas" de personas "envueltas en casos de corrupción". Martín tildó de "huida" la designación de Castedo que "le importa poco la ciudad y mucho estar aforada". El secretario de los socialistas, Jorge Alarte, mucho más parco en palabras, se limitó a comentar que "todo es lo mismo, son Camps, forman parte de un proyecto fracasado" y tildó a Castedo de "copia mala de Alperi".

Martín también criticó el rechazo de la alcaldesa a debatir con ella. La alcaldesa contestó el martes que no pensaba discutir con la candidata socialista: "Si quiere darse a conocer que ponga más vallas, pero no lo hará [discutir] conmigo". Ayer Martín insistió en debatir "donde quiera, como quiera y a la hora que quiera, Castedo no es la importante, ni yo tampoco, son los alicantinos los importantes", resumió la candidata socialista. Por otro lado, el PSPV ha propuesto a José Luis Chover como candidato a la alcaldía de Sagunto y ha abierto expediente disciplinario a Manuel Carbó por faltas muy graves que comportarán su suspensión de militancia.

www.elpais.es 07.04.11

EL FISCAL DICE EN EL JUICIO A LUNA: "NO SE PUEDE CONDENAR POR UNA HIPÓTESIS"

El PP pide inhabilitar al portavoz socialista por no entregar un informe de Gürtel

El primer juicio relacionado con el caso Gürtel sentó ayer en el banquillo a Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes Valencianas, que se ha destacado por pedir explicaciones al presidente Francisco Camps por la aparente connivencia de su Gobierno con la red corrupta. El motivo: Luna enseñó, durante un debate parlamentario con Camps, un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que detallaba cómo la trama sacó tajada (tres millones de euros en pocos días) de la visita de Benedicto XVI a Valencia a través de un contrato del canal autonómico, Canal 9. Uno de los episodios que Anticorrupción quiere unir a la causa de los trajes.

El documento estaba bajo secreto de sumario. El PP lo denunció por revelación de secretos y el juez Juan Montero, del Tribunal Superior de Justicia valenciano, archivó la acusación pero decidió seguir la causa por encubrimiento. El magistrado consideró inverosímil la versión de Luna de cómo encontró el informe (en un sobre sin remitente en su despacho en las Cortes) y su declaración de que no sabía dónde estaba después de habérselo reclamado reiteradamente.

El abogado del PP -que pide dos años y nueve meses de inhabilitación y una multa de 26.250 euros- preguntó a quién le contó Luna que lo había encontrado; qué forma tenía; con qué frecuencia se trasladan documentos entre las sedes del PSPV-PSOE, qué hubiese pasado si el sobre hubiese contenido una bomba... El letrado no citó, en cambio, ninguna prueba que desvirtuara la versión de Luna. Tampoco fueron aportadas durante la instrucción.

El fiscal concluyó su intervención "desde la esperanza de que este proceso vea su fin con una sentencia absolutoria que ponga fin a la posibilidad de que, en un Estado de derecho, sea la hipótesis un medio válido para destruir la presunción de inocencia, ni del acusado ni de nadie". El fiscal consideró que se acusaba a Luna de un "delito de imposible cumplimiento" y puso el ejemplo de un asesinato: "¿Conocen a algún encubridor que exhiba el cadáver ante 99 personas [en alusión a los diputados] antes de ocultarlo?"

La defensa apeló a la inviolabilidad parlamentaria sin la que los diputados no podrían ejercer su función de control al Gobierno. Luna declaró que el juicio es consecuencia del empeño de su grupo "de romper el binomio opacidad-impunidad". El caso quedó visto para sentencia.

www.elpais.es 06.04.11

LA FUNDACIÓN QUE MONTÓ LA VISITA DEL PAPA DEBÍA TRES MILLONES EN 2008

La entidad recibió en 2007 donaciones por valor de 350.000 euros

La Fundación V Encuentro Mundial de las Familia -la entidad constituida por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia para organizar la visita de Benedicto XVI- adeudaba a principios de 2008 tres millones de euros por los gastos realizados en el evento.

El coste del evento superó los 25 millones, según los datos conocidos

Así consta en la última documentación depositada en el registro de fundaciones de la Generalitat valenciana, correspondiente al cierre del ejercicio de 2007. La documentación relativa a 2008 y las anualidades posteriores sigue sin estar accesible pese a tratarse de un registro público. El gasto realizado por las Administraciones valencianas en este evento de carácter confesional sigue sin estar claro cinco años después de la visita del Pontífice a Valencia en julio de 2006.

La última memoria accesible de la fundación indica que a primeros de 2008 se debían todavía 2.993.185 euros, prácticamente la misma cantidad con la que se había cerrado el ejercicio de 2006 en el que tuvo lugar la visita de Benedicto XVI. La fundación que seguía operativa y con un trabajador empleado mantenía viva con Bancaja una póliza de crédito de medio millón de euros de la que había dispuesto un total de 396.255 euros.

De acuerdo con la escasa documentación disponible en el registro, en 2007 la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia ingresó 345.655 de donaciones declaradas -sin especificar si estas procedieron de Administraciones públicas o personas privadas y otros 52.988 euros de donaciones anónimas de particulares. En total, casi 400.000 euros que permitieron afrontar los gastos de funcionamiento -fundamentalmente el pago de facturas pendientes- y presentar un balance positivo de algo más de 37.000 euros para reducir ligeramente por debajo de los tres millones la deuda arrastrada del ejercicio de 2006.

El registro de fundaciones de la Generalitat ya alertó en las cuentas de 2006 de la entidad que montó la visita del Papa que la falta de liquidez comprometía el pago de las deudas y la continuidad de la propia Fundación V Encuentro. De hecho, a finales de 2009 el Consell tuvo que inyectar dos millones de euros a la citada entidad.La memoria abreviada de 2007 de la Fundación de la visita del Papa advierte de que sus compromisos económicos cuentan con el respaldo de las instituciones gobernadas por el PP. "La fundación", relata la memoria, "goza del total apoyo económico y financiero de los componentes del patronato". "El fondo de maniobra negativo", prosigue el documento, "se califica como transitorio, como prueba que se ha atendido en tiempo y forma los pagos comprometidos por la fundación". "Esta situación no compromete los pagos futuros, ni la continuidad de la fundación", sentencia. La elevada deuda contraida es la razón de que la Generalitat no haya podido extinguir todavía una fundación que se creó para un evento puntual, la visita pastoral de Benedicto XVI a Valencia entre el 8 y el 9 de julio de 2006.

A través de las modificaciones de crédito publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) se supo en febrero del año pasado que el Consell había destinado dos millones de euros a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, con la intención de liquidar buena parte de las deudas.

El pasado mes de junio el portavoz de Compromís, Enric Morera, preguntó al Consell si había realizado algún donativo al Vaticano para que viniese el Papa a Valencia y, en caso afirmativo, por qué cantidad y a través de que mecanismo. El vicepresidente económico, Gerardo Camps, se limitó a señalar que en la contabilidad de 2006 de la Fundación V Encuentro no aparece ningún donativo público y remitió a la oposición a las cuentas depositadas en el registro de fundaciones. En su respuesta, Gerardo Camps aseguró que ya estaban disponibles en el registro de fundaciones las cuentas de 2006,2007 y 2008, así como que en breve estarían disponibles las correspondientes a 2009. Sin embargo, en el registro de fundaciones la última memoria disponible es la de 2007.

La documentación del registro permite comprobar que en 2006 la fundación incluyó 2,1 millones de donaciones declaradas sin especificar. Una cantidad que en 2007 fue de poco más de 345.000 euros. Este concepto es distinto del utilizado para contabilizar las donaciones anónimas efectuadas por los fieles, que figuran en 2005, 2006 y 2007.

Así, en el último ejercicio disponible en el registro, 2007, la fundación que organizó la visita del Papa recaudó donaciones por importe de 52.988,60 euros (33.817,60 de entidades y 19.171 de particulares). Nada que ver con la cifra obtenida el año de la visita del Pontífice, 2006, en el que la fundación obtuvo 436.381,57 euros de donaciones (212.017,28 de entidades y 204.927,51 de particulares a los que se añadieron 19.436,78 euros de la Diputación de Valencia). En 2005, el año de constitución de la fundación los donativos solo fueron de 315 euros.

Casi un lustro después de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, el gasto público realizado por la Generalitat sigue siendo un secreto. Sin embargo, los datos conocidos a raíz de la investigación judicial del caso Gürtel que realiza el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como la escasa y dispersa información aportada por las propias Administraciones implicadas y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia permiten empezar a acotar el gasto realizado en el citado evento.

El coste conocido del evento superó los 25 millones de euros, procedentes en su gran mayoría de los presupuestos públicos de la Generalitat, que desembolsó el dinero de manera directa o a través de empresas públicas como Ràdio Televisió Valenciana. Las donaciones de los feligreses para sufragar este evento confesional apenas alcanzaron los 500.000 euros, según se desprende de las propias memorias de la fundación.

Lo que se sabe de las cuentas del viaje del Benedicto XVI a Valencia

- La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia: La entidad creada por la Generalitat y el Arzobispado junto a la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia en 2005 para organizar la visita del Papa gastó más de 12 millones de euros en el evento, aunque solo consiguió ingresar 9 millones por distintos conceptos. Cuatro procedentes de cuotas, presumiblemente de los miembros del patronato. Un total de 2,6 millones procedentes de convenios de colaboración, supuestamente grandes empresas que contribuyeron con bienes o servicios, y otros 2,1 de donaciones declaradas, presumiblemente por firmas que contribuyeron con dinero. Otros 500.000 euros fueron donaciones anónimas de feligreses.

- El Consell: Aseguró en febrero de 2007, a través del vicepresidente Víctor Campos, que solo había gastado 1,9 millones de euros en el evento. Nunca se especificó el gasto, ni se ha explicado cuánto dinero se destinó al evento a través de las empresas públicas de la Generalitat. En las respuestas parlamentarias remitidas con posterioridad a la oposición la Generalitat solo admitió haber gastado 214.000 euros en recursos sanitarios, 10.417 euros en carteles y trípticos, 9.969 euros en viajes, 11.948 euros en un estudio de demanda para analizar la asistencia y 1.566 euros en un curso de formación turística para voluntarios. El 18 de diciembre de 2009, el Consell aprobó una modificación presupuestaria de dos millones de euros para pagar parte de las deudas pendientes de la fundación V Encuentro

- Ràdio Televisió Valenciana: Canal 9 y Ràdio 9 gastaron cerca de 11 millones de euros en la retransmisión íntegra de la visita del Papa a Valencia. De esta cantidad, RTVV destinó 6,4 millones a la sonorización, de los cuales 3,3 se los repartieron supuestamente la empresa Teconsa y la trama corrupta del caso Gürtel.

- La Diputación de Valencia: En 2006 realizaron una donación específica de 19.436,78 euros. La Corporación provincial admitió en octubre de 2009 haber gastado 300.000 euros en sillas, dípticos, la confección de un DVD sobre la visita papal y un busto del Pontífice.

- El Ayuntamiento de Valencia: Fue la primera de las tres instituciones gobernadas por el PP que ofreció una cantidad y cifró el gasto municipal del evento en 2,36 millones de euros.

- El arzobispado: Solo consta una aportación de 10.000 euros para la constitución de la fundación. La misma cantidad que aportaron los otros tres patronos. A este dinero hay que añadir las donaciones de los feligreses.

www.elpais.es 04.04.11

EL JUEZ RECHAZA LAS ALEGACIONES DE CAMPS Y CONVOCA EL ACTO PREVIO A SENTARLO EN EL BANQUILLO

El magistrado admite la prueba sobre la supuesta destrucción de pruebas en Forever Young para encubrir al presidente valenciano después de que Trillo se reuniera con el dueño de la tienda

El juez ha dictado un duro auto para la defensa del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, que lo sitúa a las puertas del juicio por cohecho impropio, al haber recibido supuestamente trajes y regalos por valor de miles de euros de la trama Gürtel. Unos hechos que el presidente siempre ha negado y que el ministerio fiscal quiere juzgar conjuntamente con otros siete delitos de corrupción.

El magistrado José Flors desestima la mayor parte de las alegaciones de las defensas de Camps y los otros tres acusados contra la instrucción, y convoca la audiencia que precede inmediatamente (puede dictarla en el mismo acto) a la apertura o no de juicio oral.

El juez acepta, no obstante, que la fecha de la vista se señale una vez resueltas las apelaciones a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Se trata básicamente de recursos contra denegación de diligencias dilatorias, una táctica que el juez critica en el auto.

Dado el número de pruebas que figuran en la causa y a la vista de los pasos dados por el instructor, fuentes jurídicas consideran que lo más probable es que Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret sean juzgados por los trajes. A menos que su situación judicial empeore porque el tribunal atienda la petición de Anticorrupción, que quiere sentarlos en el banquillo por más delitos. Entre ellos: cohecho propio, prevaricación y financiación ilegal de las campañas electorales de 2007 y 2008.

El ministerio público ha pedido unir las causas para preservar la visión completa del caso y no seguir troceando el mayor caso de corrupción de la historia democrática, esparcido ya por cuatro comunidades autónomas. Anticorrupción considera que los supuestos delitos están íntimamente conectados porque los regalos, la adjudicación irregular de contratos en multitud de departamentos de la Administración valenciana, y la financiación ilegal del PP por parte de grandes constructoras son diferentes fragmentos de una misma e intensa relación.

El fiscal ha pedido imputar a otros siete miembros de las cúpulas del PP y la Administración autonómica, incluidos Vicente Rambla, vicepresidente primero de la Generalitat, y la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, a quienes los miembros de la red se referían como El cadete y La Perla en las grabaciones intervenidas por la policía.

El juez abre otra preocupación para Camps y el PP al avalar la prueba aportada por Anticorrupción, que apunta a que la contabilidad de la tienda Forever Young fue manipulada para eliminar el rastro de algunos de los trajes de Camps. La destrucción de pruebas habría tenido lugar después de que Federico Trillo, estratega judicial del PP en el caso Gürtel, se reuniera con el propietario del establecimiento.

Los peritos de Hacienda que examinaron la contabilidad del caso el año pasado ya indicaron que los registros parecían haber sido alterados.

La teoría, apoyada en correos electrónicos y extractos de ficheros informáticos, fue aportada por el abogado del sastre José Tomás. La fiscalía la hizo suya y el juez la admite ahora y convoca al sastre, al informático de la tienda y a la responsable que supuestamente le transmitió a este la orden a la vista preliminar.

El acto deberá celebrarse en un plazo corto (la ley dice que el más cercano posible) después de que la sala resuelva las apelaciones, referidas a cuestiones menores, según consideran fuentes jurídicas. El argumento de fondo con el que la sala archivó el caso hace dos años, en este preciso momento procesal, fue corregido con dureza por el Tribunal Supremo, de modo que no es probable que se repita.

Ahora, además, tampoco preside la sala, José Luis de la Rúa, de quien Camps decía que era más que un amigo, sino Pilar de la Oliva, más propensa a limitar al terreno institucional las relaciones entre los poderes del Estado.

www.elpais.es 05.04.11

ANTICORRUPCIÓN PIDE IMPUTAR A CAMPS Y SU CÚPULA POR SEIS DELITOS DE CORRUPCIÓN

El fiscal señala al vicepresidente Rambla y a la presidenta de las Cortes Valencianas

El caso Gürtel está a punto de estallar en la Comunidad Valenciana, y la onda expansiva amenaza a la plana mayor de la Generalitat y el PP valenciano. El anticipo se conoció ayer, con la presentación por la Fiscalía Anticorrupción de las alegaciones sobre una de las dos inhibiciones del juez instructor en Madrid, Antonio Pedreira, a favor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. El ministerio público ha solicitado al tribunal la imputación de 11 cargos populares por delitos relacionados con la corrupción. Empezando por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los otros tres imputados en el caso de los trajes, a quienes quiere sentar en el banquillo por un delito de cohecho propio (en vez de impropio), que se castiga con penas de prisión e inhabilitación.

La fiscalía punta a 11 altos cargos e indica que hay más implicados

Anticorrupción ha solicitado igualmente la imputación del vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla por dos supuestos de financiación ilegal (técnicamente delito electoral), en los comicios de 2007 y 2008. A la presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, por delitos contra la Administración pública en las adjudicaciones a la trama. Al vicesecretario de Organización del PPCV y diputado, David Serra, por delitos electorales. A Yolanda García, tesorera del PPCV y diputada, por delitos electorales. A Ricardo Costa, ex secretario general del PP y portavoz parlamentario de economía, por cohecho y delitos electorales. A Pedro García, ex director general de Canal 9, por delitos contra la Administración pública en la adjudicación del contrato de cobertura de la visita del Papa a Valencia, y por cohecho. Al exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, por cohecho. A Rafael Betoret, jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, por delitos contra la Administración Pública y cohecho. Y a Luis Bárcenas, extesorero del PP nacional, y Cristina Ibáñez, administradora general del PPCV, por financiación ilegal.

La fiscalía quiere acumular los supuestos delitos de las dos inhibiciones dictadas por Pedreira y el caso de los trajes para celebrar un único proceso que juzgue las actividades de la trama en Valencia y la aparente connivencia de la Generalitat. Y ello porque unos y otros delitos "se atribuyen, en parte, a unas mismas personas; guardan evidente analogía entre sí, y se enmarcan dentro de una misma estrategia empresarial", consistente en "la entrega de dádivas a cargos públicos al objeto de conseguir un trato de favor tanto en la contratación pública como en el ámbito de las formaciones políticas, coincidiendo en algún caso responsabilidades en uno y otro ámbito en una misma persona".El ministerio público solicita imputar también a seis miembros de la trama: los cabecillas Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes, así como a Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y Mónica Magariños. Y a los empresarios del sector de la construcción que supuestamente se dedicaron a financiar, utilizando como vehículo a la sociedad de la red Orange Market, los macroactos electorales del PP. En el año 2007, cuando Camps ganó las elecciones, y en 2008, cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, se presentó sin éxito a presidir el Gobierno.

A dos de los constructores los menciona por sus nombres. Se trata de Enrique Ortiz, dueño de Enrique Ortiz e Hijos, imputado también el caso Brugal, la trama de basura de Alicante que también afecta al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. Y de Enrique Gimeno, presidente de FACSA. Respecto a los demás, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Delincuencia Organizada los menciona como los "gestores efectivos": Grupo Sedesa (que en aquel momento estaba dirigida por la familia de Juan Cotino, vicepresidente tercero de la Generalitat, consejero de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda y ex director general de la Policía); Pavimentos del Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez, Piaf y Lubasa.

La mecánica de la supuesta financiación ilegal funcionaba, tal y como figura en la investigación del caso, a cuatro bandas. Orange Market, la empresa que dirigía en Valencia El Bigotes, preparaba los actos electorales del PP. Las constructoras supuestamente abonaban su coste a la trama corrupta. Y el Consell premiaba a estas empresas colaboradoras con adjudicaciones millonarias de obras públicas.

Durante casi dos años, la vasta vertiente valenciana del caso Gürtel ha permanecido prácticamente dormida. En gran medida por la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, presidido entonces por Juan Luis de la Rúa, de archivar en 2009 la causa de los trajes con una interpretación del delito de cohecho pasivo impropio que incurría en error de ley, según estableció el Tribunal Supremo en la dura corrección con la que reabrió el caso en mayo pasado.

Aquella decisión del tribunal valenciano no solo ha demorado durante dos años la causa de los trajes (que vuelve a estar ahora prácticamente donde estaba entonces) sino que se adoptó cuando acababa de llegar a Valencia la primera inhibición de Pedreira, que abría la posibilidad de enjuiciar a Camps, Costa, Campos y Betoret por cohecho propio, dejándola en una especie de limbo.

Una vez reabierto (e instruido) el caso de los trajes; superadas las cuestiones de competencia sobre las dos inhibiciones dictadas por Pedreira, y resueltos los recursos que presentaron en el Tribunal Superior de Madrid miembros de la trama y del PP (que en la causa principal de Gürtel está personado como acusación), el tribunal valenciano debe decidir ahora si, como solicita la fiscalía, une todos los delitos en un solo proceso, acumula solo algunos de ellos, o retoma las instrucciones de forma aislada.

Es probable, por tanto, que el tribunal ordene la suspensión del caso de los trajes para acumularlo con otros delitos. Esa decisión implicaría retrasar durante meses la apertura de juicio oral contra Camps. Pero supondría que el presidente y los otros tres imputados por cohecho pasivo impropio estarían imputados por un delito más grave, penado con cárcel de uno a seis años según su modalidad.

En las alegaciones conocidas ayer, la fiscalía recuerda que aparte de los 11 cargos a los que menciona explícitamente, existen indicios de que el número de miembros de la Generalitat implicados sería mayor. "En relación con la contratación con la Generalitat valenciana [con las empresas de la trama] y las personas que habrían podido participar en las mismas, conviene destacar que las irregularidades detectadas por la Intervención General del Estado se produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de diversas consejerías, así como que en alguno de los casos era preceptiva la autorización por el gabinete del presidente". "Habrían participado", prosigue, "los distintos cargos que intervinieron en la contratación, cuya concreta identificación queda parcialmente pendiente de investigar".

Anticorrupción dedica un apartado especialmente amplio al exdirector de Canal 9, que era al mismo tiempo un estrecho colaborador de Camps y amigo íntimo de El Bigotes. Para celebrar el cumpleaños de Pedro García, Álvaro Pérez le preparó una fiesta sorpresa en Marraquech, a la que se trasladaron en el avión privado de Vicente Cotino, responsable del Grupo Sedesa, para quien la fiscalía parece solicitar la imputación, aunque sin referirse a él por su nombre.

El ministerio público se detiene en la adjudicación de la cobertura de Canal 9 durante la visita del Papa a Valencia en 2006, que atribuye directamente a Pedro García "como director general de ese ente con una empresa cercana a Francisco Correa". Se trata de Teconsa, la firma del sector de la construcción que obtuvo el contrato de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía de la cobertura, a pesar de no tener experiencia en el sector, por un importe de 7,4 millones de euros. La trama, según la investigación, logró embolsarse en pocos días tres millones de euros. Y Francisco Correa habría destinado parte de ese dinero a comprar su chalé de Ibiza.

"En toda la contratación llevada a cabo por la Televisión Valenciana con motivo de la citada visita [del Papa] se han detectado numerosas irregularidades, conforme expone la unidad de auxilio judicial de la Intervención General de la Administración del Estado en informe de 7 de octubre de 2010", señala la fiscalía.

Precisamente por esgrimir durante un debate parlamentario con Camps otro informe, en este caso de la Brigada de Blanqueo de Capitales, que detallaba cómo la red Gürtel sacó tajada de la breve estancia de Benedicto XVI en Valencia, el portavoz parlamentario Ángel Luna se sentará el martes en el banquillo. Después de que Luna mostrara el documento en la Cámara, el PP le denunció por revelación de secretos, ya que el informe se hallaba bajo secreto de sumario. El juez Juan Montero sobreseyó esa acusación, pero decidió enviar a Luna a juicio por un supuesto encubrimiento: entorpecer la identificación de quien le hizo llegar el documento.

Después de la recepción de las dos inhibiciones de Madrid y de las alegaciones presentadas por el ministerio público, la situación judicial del presidente Camps y del resto de implicados, la mayoría de ellos confirmados como candidatos a las elecciones autonómicas del 22 de mayo, se complica sobremanera. Aunque a corto plazo puede suponer incluso un respiro (si los nuevos delitos se acumulan con el caso de los trajes, la instrucción judicial se demorará durante meses), a medio plazo el caso Gürtel está llamado a marcar la nueva legislatura como ya ha marcado la segunda parte de la actual. Si las encuestas aciertan y el Partido Popular gana las próximas elecciones, la sombra de la actividad judicial afectaría no solo al presidente sino a un buen número de diputados.

Y no se tratará de trajes. La financiación ilegal, por ejemplo, está castigada en la Ley Electoral con penas de uno a cuatro años de cárcel.

Cargos del PP implicados en la rama valenciana de Gürtel

- Francisco Camps. El presidente de la Generalitat está imputado por cohecho impropio en el caso de los trajes pero la fiscalía apunta que la "valoración conjunta" con los supuestos delitos electorales y de tráfico de influencias puede agravar el tipo de su imputación. La fiscalía recuerda que los regalos a Pedro García, relacionados con las comisiones ilegales en RTVV, se compraron en los mismos establecimientos que los de Camps y los otros tres imputados por los trajes. También señala que, en las contrataciones irregulares de la Generalitat con la trama Gürtel, "en algunos casos era preceptiva la autorización por el Gabinete del Presidente."

- Milagrosa Martínez. La actual presidenta de las Cortes Valencianas era consejera de Turismo cuando en 2005 le otorgó a Orange Market, terminal valenciana de la trama, el primer contrato para el pabellón valenciano en Fitur. La Fiscalía Anticorrupción considera que su participación "deberá ser investigada por el tribunal". Martínez recibió regalos de la red de corrupción, como un reloj de lujo.

- Vicente Rambla. El vicepresidente primero del Consell figura implicado en los supuestos delitos electorales por la financiación ilegal del PP valenciano en las campañas municipal y autonómica de 2007 y de las elecciones generales de 2008.

- Ricardo Costa. El ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico está imputado con Camps en el caso de los trajes, que está a punto de ser enviado a juicio por el juez instructor, José Flors. Costa también sería responsable, según la Fiscalía Anticorrupción, de los supuestos delitos electorales cometidos por el PP valenciano en complicidad con la trama Gürtel y ocho empresarios, a quienes el ministerio público también pide imputar.

- David Serra. El diputado autonómico y vicesecretario de Organización del PP valenciano habría participado, según la Fiscalía Anticorrupción, en los delitos electorales cometidos en 2007 y 2008 por la financiación irregular de las campañas del partido a través de la red Gürtel.

- Yolanda García. La diputada autonómica es tesorera del PP valenciano y está implicada, según el escrito presentado por la fiscalía especial ante al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en los supuestos delitos electorales de los años 2007 y 2008.

- Pedro García. El ex director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que dimitió en agosto de 2010 tras hacerse públicas las irregularidades en el canal autonómico, habría cometido, según la Fiscalía Anticorrupción, un delito contra la Administración pública. El escrito se refiere al contrato que RTVV adjudicó a la empresa Teconsa para la instalación de pantallas de vídeo y sonorización en la visita del Papa a Valencia en 2006. La adjudicación fue por un importe de 7,5 millones de euros y la trama habría obtenido 3,3 millones en comisiones ilegales, de los que una parte habría ido a parar al propio García. Según el ministerio público, a Pedro García le fueron regaladas prendas de vestir por parte de la trama de la misma manera que a Francisco Camps. Entre la información recogida en el sumario, hay un informe policial sobre el regalo a Pedro García de un automóvil por parte de la trama Gürtel.

- Víctor Campos. El exvicepresidente del Consell está imputado formalmente por el juez Flors en el caso de los trajes junto al presidente Camps, Ricardo Costa y Rafael Betoret. A Campos le reclama la fiscalía la multa de menor cuantía, 34.250 euros, frente a 42.00 que pide para Camps, Costa y Betoret.

- Rafael Betoret. el ex jefe de gabinete de Milagrosa Martínez como consejera de Turismo, en la actualidad responsable de protocolo de la Diputación de Valencia, habría intervenido en la contratación de Orange Market para los pabellones valencianos en los certámenes de Fitur. Es también uno de los cuatro imputados por el juez Flors por los regalos de prendas de vestir recibidos de la trama corrupta.

- Luis Bárcenas. El exsenador y extesorero nacional del PP, que dimitió a causa del escándalo generado por el caso Gürtel, está involucrado en los delitos electorales del PP valenciano de las campañas de 2007 y 2008, según la Fiscalía Anticorrupción. Bárcenas era el responsable legal de las campañas, debido a la estructura centralizada del PP.

- Cristina Ibáñez. Era la apoderada del PP en Valencia en la campañas electorales en las que la investigación ha aportado indicios de financiación ilegal.

- El "cantante" y el "príncipe". La investigación no ha podido aclarar hasta ahora la identidad de dos personas que figuran con esos apodos en los apuntes contables de la trama y que supuestamente habrían efectuado "pagos opacos por cuenta del PP de la Comunidad Valenciana a Orange Market".

- Más imputados. Además de los cargos del PP, la fiscalía pide la imputación de seis miembros de la trama. Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y Mónica Magariños. También implica a ocho empresarios valencianos.

www.elpais.es 02.04.11

LA FUNDACIÓN QUE MONTÓ LA VISITA DEL PAPA DEBÍA TRES MILLONES EN 2008

La entidad recibió en 2007 donaciones por valor de 350.000 euros

La Fundación V Encuentro Mundial de las Familia -la entidad constituida por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia para organizar la visita de Benedicto XVI- adeudaba a principios de 2008 tres millones de euros por los gastos realizados en el evento.

El coste del evento superó los 25 millones, según los datos conocidos

Así consta en la última documentación depositada en el registro de fundaciones de la Generalitat valenciana, correspondiente al cierre del ejercicio de 2007. La documentación relativa a 2008 y las anualidades posteriores sigue sin estar accesible pese a tratarse de un registro público. El gasto realizado por las Administraciones valencianas en este evento de carácter confesional sigue sin estar claro cinco años después de la visita del Pontífice a Valencia en julio de 2006.

La última memoria accesible de la fundación indica que a primeros de 2008 se debían todavía 2.993.185 euros, prácticamente la misma cantidad con la que se había cerrado el ejercicio de 2006 en el que tuvo lugar la visita de Benedicto XVI. La fundación que seguía operativa y con un trabajador empleado mantenía viva con Bancaja una póliza de crédito de medio millón de euros de la que había dispuesto un total de 396.255 euros.

De acuerdo con la escasa documentación disponible en el registro, en 2007 la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia ingresó 345.655 de donaciones declaradas -sin especificar si estas procedieron de Administraciones públicas o personas privadas y otros 52.988 euros de donaciones anónimas de particulares. En total, casi 400.000 euros que permitieron afrontar los gastos de funcionamiento -fundamentalmente el pago de facturas pendientes- y presentar un balance positivo de algo más de 37.000 euros para reducir ligeramente por debajo de los tres millones la deuda arrastrada del ejercicio de 2006.

El registro de fundaciones de la Generalitat ya alertó en las cuentas de 2006 de la entidad que montó la visita del Papa que la falta de liquidez comprometía el pago de las deudas y la continuidad de la propia Fundación V Encuentro. De hecho, a finales de 2009 el Consell tuvo que inyectar dos millones de euros a la citada entidad.La memoria abreviada de 2007 de la Fundación de la visita del Papa advierte de que sus compromisos económicos cuentan con el respaldo de las instituciones gobernadas por el PP. "La fundación", relata la memoria, "goza del total apoyo económico y financiero de los componentes del patronato". "El fondo de maniobra negativo", prosigue el documento, "se califica como transitorio, como prueba que se ha atendido en tiempo y forma los pagos comprometidos por la fundación". "Esta situación no compromete los pagos futuros, ni la continuidad de la fundación", sentencia. La elevada deuda contraida es la razón de que la Generalitat no haya podido extinguir todavía una fundación que se creó para un evento puntual, la visita pastoral de Benedicto XVI a Valencia entre el 8 y el 9 de julio de 2006.

A través de las modificaciones de crédito publicadas en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) se supo en febrero del año pasado que el Consell había destinado dos millones de euros a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, con la intención de liquidar buena parte de las deudas.

El pasado mes de junio el portavoz de Compromís, Enric Morera, preguntó al Consell si había realizado algún donativo al Vaticano para que viniese el Papa a Valencia y, en caso afirmativo, por qué cantidad y a través de que mecanismo. El vicepresidente económico, Gerardo Camps, se limitó a señalar que en la contabilidad de 2006 de la Fundación V Encuentro no aparece ningún donativo público y remitió a la oposición a las cuentas depositadas en el registro de fundaciones. En su respuesta, Gerardo Camps aseguró que ya estaban disponibles en el registro de fundaciones las cuentas de 2006,2007 y 2008, así como que en breve estarían disponibles las correspondientes a 2009. Sin embargo, en el registro de fundaciones la última memoria disponible es la de 2007.

La documentación del registro permite comprobar que en 2006 la fundación incluyó 2,1 millones de donaciones declaradas sin especificar. Una cantidad que en 2007 fue de poco más de 345.000 euros. Este concepto es distinto del utilizado para contabilizar las donaciones anónimas efectuadas por los fieles, que figuran en 2005, 2006 y 2007.

Así, en el último ejercicio disponible en el registro, 2007, la fundación que organizó la visita del Papa recaudó donaciones por importe de 52.988,60 euros (33.817,60 de entidades y 19.171 de particulares). Nada que ver con la cifra obtenida el año de la visita del Pontífice, 2006, en el que la fundación obtuvo 436.381,57 euros de donaciones (212.017,28 de entidades y 204.927,51 de particulares a los que se añadieron 19.436,78 euros de la Diputación de Valencia). En 2005, el año de constitución de la fundación los donativos solo fueron de 315 euros.

Casi un lustro después de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, el gasto público realizado por la Generalitat sigue siendo un secreto. Sin embargo, los datos conocidos a raíz de la investigación judicial del caso Gürtel que realiza el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como la escasa y dispersa información aportada por las propias Administraciones implicadas y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia permiten empezar a acotar el gasto realizado en el citado evento.

El coste conocido del evento superó los 25 millones de euros, procedentes en su gran mayoría de los presupuestos públicos de la Generalitat, que desembolsó el dinero de manera directa o a través de empresas públicas como Ràdio Televisió Valenciana. Las donaciones de los feligreses para sufragar este evento confesional apenas alcanzaron los 500.000 euros, según se desprende de las propias memorias de la fundación.

Lo que se sabe de las cuentas del viaje del Benedicto XVI a Valencia

- La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia: La entidad creada por la Generalitat y el Arzobispado junto a la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia en 2005 para organizar la visita del Papa gastó más de 12 millones de euros en el evento, aunque solo consiguió ingresar 9 millones por distintos conceptos. Cuatro procedentes de cuotas, presumiblemente de los miembros del patronato. Un total de 2,6 millones procedentes de convenios de colaboración, supuestamente grandes empresas que contribuyeron con bienes o servicios, y otros 2,1 de donaciones declaradas, presumiblemente por firmas que contribuyeron con dinero. Otros 500.000 euros fueron donaciones anónimas de feligreses.

- El Consell: Aseguró en febrero de 2007, a través del vicepresidente Víctor Campos, que solo había gastado 1,9 millones de euros en el evento. Nunca se especificó el gasto, ni se ha explicado cuánto dinero se destinó al evento a través de las empresas públicas de la Generalitat. En las respuestas parlamentarias remitidas con posterioridad a la oposición la Generalitat solo admitió haber gastado 214.000 euros en recursos sanitarios, 10.417 euros en carteles y trípticos, 9.969 euros en viajes, 11.948 euros en un estudio de demanda para analizar la asistencia y 1.566 euros en un curso de formación turística para voluntarios. El 18 de diciembre de 2009, el Consell aprobó una modificación presupuestaria de dos millones de euros para pagar parte de las deudas pendientes de la fundación V Encuentro

- Ràdio Televisió Valenciana: Canal 9 y Ràdio 9 gastaron cerca de 11 millones de euros en la retransmisión íntegra de la visita del Papa a Valencia. De esta cantidad, RTVV destinó 6,4 millones a la sonorización, de los cuales 3,3 se los repartieron supuestamente la empresa Teconsa y la trama corrupta del caso Gürtel.

- La Diputación de Valencia: En 2006 realizaron una donación específica de 19.436,78 euros. La Corporación provincial admitió en octubre de 2009 haber gastado 300.000 euros en sillas, dípticos, la confección de un DVD sobre la visita papal y un busto del Pontífice.

- El Ayuntamiento de Valencia: Fue la primera de las tres instituciones gobernadas por el PP que ofreció una cantidad y cifró el gasto municipal del evento en 2,36 millones de euros.

- El arzobispado: Solo consta una aportación de 10.000 euros para la constitución de la fundación. La misma cantidad que aportaron los otros tres patronos. A este dinero hay que añadir las donaciones de los feligreses.

www.elpais.es 04.04.11

EL CONSELL ADUCE QUE LA FISCALÍA SOLO INCLUYE A CAMPS POR RAZONES POLÍTICAS

El PP reclama la comparecencia del fiscal general del Estado en el Congreso

"Es evidente que Camps no tiene nada que ver, ni nunca ha tenido nada que ver en esto [el caso Gürtel]. Su inclusión [en el sumario judicial] ha obedecido única y exclusivamente a razones políticas, nunca jurídicas". La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, hizo ayer una cerrada defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, tras conocer que no aparece explícitamente mencionado en el último escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción al TSJ de la Comunidad Valenciana. En este escrito, la fiscalía pide al tribunal que acepte instruir la parte relativa a la financiación irregular del PP valenciano del caso Gürtel, tal y como propone el instructor del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira.

La portavoz niega los indicios de financiación irregular en el PP

La alegría duró poco porque a través de la misma agencia de noticias que adelantó que la Fiscalía Anticorrupción excluía a Camps en su escrito, el ministerio público dejó claro que el presidente de la Generalitat no queda excluido de las posibles personas que podrían haber incurrido en supuestos delitos electorales, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda y la Administración pública relacionados con el caso Gürtel.

Pese a ello, el entorno del presidente de la Generalitat no cambió el argumentario inicial. A mediodía de ayer la explicación al escrito de la Fiscalía Anticorrupción era que no había tenido "más remedio que cambiar la postura por la propia inconsistencia, no solo de la inclusión de Camps, sino de la propia acusación que se hace". Tras la aclaración de la Fiscalía Anticorrupción, el argumento era que alguien en fiscalía había cometido el error de no mencionar a Camps y desde instancias gubernamentales se había dado orden de rectificar. En cualquier caso, el PP insistió durante todo el día de ayer en el argumento de la consejera portavoz: "No ha habido ningún tipo de financiación ilegal y la contabilidad está absolutamente contrastada y auditada".

El PP decidió acompañar sus argumentos con una petición en el Congreso de los Diputados para que comparezca el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que explique "detalladamente por qué está persiguiendo al PP utilizando las herramientas del Estado". "Exigimos que [Conde-Pumpido] no intente torcer la actuación de sus fiscales", indicaron en el PP.

Camps, que ayer no contaba con agenda oficial, remitió una nota y unas fotos de su visita a unas rehabilitaciones realizadas en el Centre del Carme de Valencia, pero evitó cualquier referencia relacionada con Gürtel.

En medio de la expectación generada por el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, fuentes del PP reconocieron la existencia de un cierto malestar por la decisión de Camps de cerrar filas en torno a su figura mientras se ignoraba al resto de altos cargos del partido que sí son mencionados en el escrito del ministerio fiscal. Unos cargos entre los que figuran la presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez; el vicepresidente primero, Vicente Rambla; o el vicesecretario de Organización del PP regional, David Serra.

www.elpais.es 02.04.11

EL TSJ RECHAZA EL INTENTO DEL PP DE DILATAR EL JUICIO A LUNA

El Partido Popular, interesado en retrasar las causas judiciales relacionadas con la trama Gürtel que afectan al presidente Francisco Camps y a numerosos altos cargos populares, tampoco parece tener prisa en el caso judicial que afecta al portavoz parlamentario socialista Ángel Luna.

El diputado será juzgado el martes por un supuesto delito de encubrimiento. El PP lo denunció después de que mostrara en las Cortes un informe policial que señalaba cómo la trama corrupta sacó tajada de la visita del Papa gracias a un contrato de Canal 9. El informe estaba bajo secreto de sumario. El PP denunció a Luna, primero por revelación y luego por encubrimiento.

El abogado del PP pidió el martes al Tribunal Superior de Justicia valenciano que se transcribieran todas las declaraciones de la fase de instrucción que están en soporte audiovisual y el TSJ lo rechazó. Aceptó, en cambio, la solicitud de que sea llamado a declarar el líder socialista valenciano Jorge Alarte. Y también de que se averigüe si algún juzgado de Madrid (porque allí remitió sus sospechas el juez instructor) está investigando la hipotética revelación de secretos.

www.elpais.es 01.04.11

CORREA GASTÓ EL DINERO DE LA VISITA DEL PAPA PARA ESPECULAR EN LA NUCIA

La policía considera acreditado que la trama corrupta del caso Gürtel destinó parte del dinero logrado con la visita del Papa a Valencia en 2006 a la compra de una finca en La Nucia (Alicante) con la que, una vez recalificada, pretendía obtener más de un millón de euros.

Así lo afirman los investigadores policiales en un informe, adelantado hace semanas por EL PAÍS, que explica que la trama pretendía realizar negocios inmobiliarios en La Nucia. Bien mediante la adquisición de este terreno para su posterior venta recalificado, o mediante la adquisición de participaciones del PAI (Programa de Actuación Integrada) Pie de Monte para ceder posteriormente el derecho urbanizador a otra sociedad de la red.

En concreto, el informe indica que la compra de esta parcela de secano de 12.000 metros cuadrados de terreno yermo estaba destinada a la especulación inmobiliaria.

El número dos de la red, Pablo Crespo, había calculado que el beneficio ascendería a 1.134.360 euros o a 1.890.600 euros, según la documentación incautada en 2009 en una caja de seguridad. No obstante, la operación no llegó a realizarse por la paralización de varios proyectos urbanísticos en La Nucia a causa de la falta de agua existente.

Cobertura para la red

El informe de la UDEF, fechado el pasado 2 de marzo y que ya está en poder del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, analiza también la "operativa de blanqueo" de capitales realizada con este negocio.

Así, como ya explicó este periódico, el informe confirma que la compra de la finca se financió con los fondos que Teconsa recibió de RTVV por retransmitir la visita del Papa. En concreto, 600.000 euros fueron entregados por Apogee Telecomunicaciones, SA, a través de una factura ficticia que Wild Electronics emitió a Teconsa, mientras otros 230.000 euros fueron entregados por medio de una factura que emitió Castaño Corporate a la misma sociedad. En la operación de la trama, Castaño Corporate -cuyo administrador único es Jacobo Gordon, también imputado en el

caso Gürtel- fue la que formalmente compró la finca por 756.240 euros y dio cobertura a la trama. Correa, que era amigo del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano (PP) intentó especular con otros proyectos. En el PAI Pie de Monte, Correa intentó que la urbanización se le adjudicase a la constructora Begar de José Luis Ulibarri, otro de los imputados en el caso Gürtel.

www.elpais.es 23.03.11

EL TSJ RECHAZA EL RECURSO DE LUNA Y LO JUZGARÁ POR ENCUBRIMIENTO

La sala desestima las apelaciones sin entrar en el fondo del asunto

Ángel Luna, portavoz parlamentario socialista, distinguido en los últimos dos años por denunciar la connivencia del Gobierno valenciano con la trama Gürtel, será paradójicamente el primero que se siente en el banquillo por unos hechos relacionados con el caso. El juez Juan Montero, tras una denuncia interpuesta por el PP, le abrió juicio oral el 11 de marzo por un supuesto delito de encubrimiento: obstaculizar la identificación de la persona que le hizo llegar un informe policial, que estaba bajo secreto de sumario, en el que se detallaba cómo la trama corrupta se embolsó tres millones de euros con la visita del Papa a Valencia en el año 2006 gracias a un contrato de la televisión pública valenciana, Canal 9. Luna esgrimió ese documento en un debate parlamentario con el presidente Francisco Camps el 24 de marzo de 2010 y siempre ha afirmado que le llegó de forma anónima.

El tipo de proceso impide analizar la consistencia de la acusación

La sala indica que los hechos pueden interpretarse de forma distinta

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimó ayer, sin entrar en el fondo del asunto, las apelaciones que tanto el diputado como el ministerio público presentaron contra la previa decisión del magistrado de continuar el procedimiento. De ese modo, y dado que contra la apertura de juicio oral dictada por Montero no cabe recurso, Luna será juzgado probablemente en abril. La sentencia podría conocerse ese mismo mes o a principios de mayo.

El auto que rechaza las apelaciones, del que ha sido ponente el juez José Flors, el mismo que mantiene imputado a Camps por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio, subraya que dadas las características del procedimiento abreviado que se sigue contra Luna, la Sala Civil y Penal no podía entrar a analizar la fortaleza o debilidad de los indicios (pruebas no hay) de la acusación contra el portavoz socialista.

"Lo que no resulta posible al tribunal de apelación es realizar un examen directo del resultado de las diligencias practicadas para extraer unas propias conclusiones que sustituyan la valoración indiciaria de los hechos racionalmente realizada por el instructor por otra diferente que pudiera considerarse preferible", señala el auto.

"Se trata solo", prosigue, "de analizar si la imputación en la que se basa la decisión de continuar el procedimiento por los trámites de la preparación del juicio se halla razonablemente fundada". Tras su limitado examen, la sala considera que la conclusión de Montero "no es algo que se aparte completamente de la lógica, ni resulta absurda, irracional o arbitraria".En otro fragmento, referido al razonamiento realizado por el juez instructor, la sala señala: "Cierto es que, a partir de esos mismos antecedentes, interpretados de modo diferente, podría llegarse a una conclusión distinta, pero esa posibilidad no convierte, sin más en absurda o irrazonable, ni tampoco esencialmente imposible aquella otra alternativa (la de Montero); y ya hemos dicho al respecto que en el ámbito de este recurso no le es dado a este tribunal sustituir las valoraciones del magistrado instructor, salvo casos de manifiesta irracionalidad".

Es decir, ese es el grado de exigencia sobre la solidez de la acusación que se exige en esta fase del procedimiento. Pero la sala advierte que la exigencia en el juicio será superior: "No hay que olvidar tampoco que el Tribunal Supremo tiene declarado sobre este particular que el grado de certeza en la fijación de los datos del hecho y el de valoración de la tipicidad penal para garantizar la razonabilidad de la continuación del procedimiento, no es el mismo que se necesita para decidir, en el acto del juicio, sobre la condena (o) la absolución, en cuyo acto debe tomarse en consideración en todo caso el principio in dubio". El principio legal In dubio pro reo establece que en caso de duda, por ejemplo por no existir suficientes pruebas, debe fallarse a favor del acusado.

El apunte es importante al relacionarlo con lo que se ha aportado hasta ahora en el procedimiento. Y en concreto, con el hecho de que en la instrucción no figura ninguna prueba que desvirtúe la versión de Luna.

El relato de hechos es conocido. Hace ahora un año, en un debate en las Cortes con Camps, Luna mostró un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que explicaba cómo la trama Gürtel se había lucrado con la visita del Papa a través de un contrato de Canal 9. La televisión pública valenciana estaba dirigida entonces por Pedro García, estrecho colaborador de Camps y amigo íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes, que ejercía como delegado de la red corrupta en Valencia.

El contenido del informe había sido publicado meses antes en EL PAÍS y también en otros medios, pero se encontraba bajo secreto de sumario. El PP presentó una denuncia por revelación de secretos que el juez Montero archivó porque no había, dijo, nada que la sostuviera. El magistrado decidió seguir la investigación, sin embargo, por un supuesto delito de encubrimiento. La actuación del portavoz socialista, consideró el juez, impedía averiguar quién había efectuado la filtración.

La versión de Luna también es conocida. Afirma que encontró el informe en un sobre sin remitente en la mesa de su despacho en las Cortes; que en el momento en el que lo mostró no sabía que estaba bajo secreto de sumario; y que después de enseñarlo se despreocupó de él porque, tras ser aceptada su personación como acusación en el caso Gürtel, el 7 de mayo de 2010, pasó a tener acceso informático a todo el sumario. Por ello, agregó, cuando Montero le reclamó el documento, el 20 de diciembre, hacía tiempo que se había despreocupado de él.

A pesar de que en el procedimiento el PP no ha aportado ninguna prueba contra esa versión, Montero consideró que el socialista sí sabía que el informe era secreto o lo supo poco después; que era consciente de que quien se lo hizo llegar había cometido un delito (o que en cualquier caso alguien lo cometió en su momento); que su explicación de cómo lo recibió no es razonable; y tiene el documento pero no lo quiere entregar, y por tanto lo está ocultando.

Un razonamiento al que llegó, básicamente, con un indicio: Luna indagó, antes de declarar ante Montero, si los sobres que llegan a las Cortes pasan siempre por registro de entrada. Según Luna, lo hizo para tener la máxima información para responder ante el juez. A Montero, en cambio, le resultó lo bastante sospechoso como para enviarlo al banquillo.

www.elpais.es 25.03.11

EL JUEZ ABRE JUICIO CONTRA LUNA POR ENCUBRIMIENTO

El portavoz socialista: "Camps no me va a callar con querellas"

El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano Juan Montero dictó ayer apertura de juicio oral contra el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, por un supuesto delito de encubrimiento.

El 24 de marzo de 2010, en la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas, Luna mostró un informe policial que revelaba el modo en que la trama Gürtel se lucró, gracias a un contrato de la televisión pública autonómica, Canal 9, con la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. El documento se encontraba bajo secreto de sumario. El PP lo denunció por revelación de secretos. La acusación fue archivada por Montero tras constatar que no existía ningún indicio que la sostuviera, y envió a los juzgados de Madrid las sospechas para que se indagaran allí. El magistrado decidió seguir la instrucción contra Luna, sin embargo, por encubrimiento, a pesar de que el ministerio fiscal había solicitado el sobreseimiento libre.

Montero no le cree

El diputado socialista ha declarado ante el juez que el informe le llegó de forma anónima; que no sabía que estaba declarado secreto y que desconoce dónde está porque se despreocupó de él. El juez no le creyó, y en su auto de ayer señaló: "Existen indicios de criminalidad", "indicios que deben llevar a que el proceso prosiga, pues en este momento de la causa no cabe afirmar, y con efectos de cosa juzgada, que los hechos no sean constitutivos de delito".

El portavoz del PSPV respondió afirmando que el presidente Francisco Camps pretendía "ejemplarizar en el castigo para conseguir una sociedad sumisa"; "por muchas querellas que me ponga, no me va a callar". El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, respaldó a Luna, lo confirmó en su puesto, donde seguirá salvo que lo establezca una sentencia, supuesto, dijo, "que no ocurrirá". Alarte también predijo que en 2012 "los actuales dirigentes del PP habrán salido de la vida política a causa de los procedimientos judiciales por corrupción".

El portavoz del PP, Rafael Blasco, celebró que el juez hubiera encontrado "indicios suficientes contra su manera de actuar". Y el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, añadió que "la naranja podrida está en el cesto del PSPV".

EL PAÍS - Madrid - 12/03/2011

EL TRIBUNAL RECHAZA OTRO INTENTO DE CAMPS DE DILATAR EL CASO DE LOS TRAJES

La sala insta a la fiscalía a solicitar la acumulación de delitos más adelante

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano rechazó ayer un nuevo intento de Francisco Camps, presidente de la Generalitat, de dilatar la causa de los trajes, en la que está imputado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio junto a tres altos cargos del PP y el Gobierno autonómico por aceptar regalos de la trama Gürtel valorados en miles de euros.

La estrategia de los acusados y especialmente de Camps desde que se inició la investigación en 2009 ha consistido en solicitar diligencias y plantear recursos sin cesar para ralentizar la marcha del procedimiento.

En el desestimado ayer, el presidente valenciano había pedido suspender el trámite de presentación de escritos de conclusiones de las partes (ya los han entregado la Fiscalía Anticorrupción, los socialistas y el propio Camps) para que dos peritos hicieran "aclaraciones" y ratificaran sus informes, que están incorporados al sumario. La sala respalda ahora al juez instructor del caso, José Flors, que ya había indicado que esa diligencia se efectuaría en la audiencia preliminar. Ese acto se celebrará probablemente a principios de abril, una vez que todas las partes hayan presentado sus escritos de conclusiones. Y precederá a la decisión del magistrado de abrir o no juicio oral contra Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

El presidente de la Generalitat (que ayer suspendió su agenda por problemas lumbares) también solicitaba que se suspendiera la causa hasta que la sala no hubiese resuelto los recursos contra las decisiones de Flors que han presentado las defensas. La Sala Civil y Penal también rechazó ese argumento atendiendo a lo que establece la Ley del Jurado. Tal suspensión podría decretarse, argumenta en su auto, en la propia audiencia preliminar, si para entonces todavía quedase algún recurso pendiente. Fuentes judiciales apuntaron a que la apelación y las dos quejas presentadas por los abogados defensores que aún debe ver la sala estarán con bastante probabilidad resueltos para cuando tenga lugar la audiencia preliminar.

La Sala Civil y Penal desestimó igualmente un recurso de fiscalía en el que pedía suspender la causa hasta que se resolvieran las dos inhibiciones del tribunal superior madrileño en favor del valenciano. Debido a los recursos planteados en Madrid, recuerda el TSJ valenciano, este tribunal todavía no tiene por planteada las inhibiciones. Y el momento oportuno para decretar la suspensión pedida por la fiscalía, agrega la sala, sería tras la celebración de la audiencia preliminar.

www.elpais.es 15.03.11

EL SUPERIOR DE MADRID ANALIZA SI SE JUZGA AL JEFE DE GÜRTEL JUNTO A CAMPS

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolverá previsiblemente esta semana varios recursos presentados contra la decisión que adoptó el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, para que los cabecillas de la trama fueran juzgados junto al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, en el asunto del regalo de los trajes. Pedreira dictó hace meses un auto en el que señaló que tanto Francisco Correa como su número dos, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, el Bigotes, debían ser enjuiciados junto a Camps por ser ellos quienes le sobornaron con trajes y joyas a él y otros altos cargos.

La Sala de lo Penal de Madrid (integrada por los magistrados Francisco Vieira, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro) deberá decidir si anula el auto de Pedreira, lo ratifica o bien envía la causa a Valencia para que sean sus colegas los que tomen allí la decisión.

La Fiscalía Anticorrupción es partidaria de que Camps y los otros tres imputados en la causa de los trajes (Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos) se sienten en el banquillo junto a los responsables de Gürtel por la conexión entre los donantes de los regalos y los que aparecen como receptores. La Fiscalía pide para Camps en este asunto, por cohecho pasivo, una multa de 41.250 euros. Y es partidaria de que el caso del regalo de los trajes, que ya ha instruido el juez de Valencia José Flors, quede paralizado hasta que se decidida si se une con las diligencias sobre financiación ilegal del PP de Valencia que también ha destapado el caso Gürtel.

Desglose

La causa del regalo de los trajes a Camps está ahora, de hecho, desglosada de la de la presunta financiación ilegal, consistente en que grandes empresas valencianas sufragaron actos del PP a través de la empresa Gürtel Orange Market, que dirigía el Bigotes.

El juez Pedreira también acordó remitir a Valencia el tema de la financiación ilegal y estableció que entre los implicados podía haber aforados, entre ellos, Camps. La decisión de Pedreira fue recurrida por el PP, personado en la causa, curiosamente, como acusación particular, lo que obligó a intervenir a la citada Sala Penal de Madrid, la cual decidió que fuera su homónimo de Valencia la que decidiera qué hacer con el asunto de la financiación ilegal y, en su caso, a quién imputar.

www.elpais.es 14.03.11

FERIA VALENCIA FACTURÓ AL CONSELL EN 2008 UN ACTO DEL PP EUROPEO

La institución ferial consignó a Economía un adeudo de 10.874 euros

Feria Valencia facturó a la Consejería de Economía en 2008 el alquiler del espacio utilizado por el Partido Popular Europeo en el Comité de las Regiones de la UE. Los populares europeos se reunieron en Valencia en mayo de 2008 invitados por el PP y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para debatir sobre el cambio climático. El encuentro se tradujo en un dictamen que incluyó el informe a favor de la política de trasvases impulsado por el Consell y aprobado semanas antes por el Comité de Regiones de la Unión Europea.

La información a la que ha tenido acceso este periódico revela la existencia de un apunte identificado con el número de referencia 3030011080 y la leyenda EPP (siglas del Partido Popular Europeo) Group in the Comite regions-espacio. El apunte está referenciado a una factura emitida a la sede de la secretaría autonómica de Empleo.

En la factura de Feria Valencia se detallan diferentes conceptos habituales en la celebración esta clase de encuentros, aunque el coste principal es el alquiler del espacio, valorado en 7.185 euros. El importe conjunto del cargo consignado se eleva a 9.374 euros que, con el IVA, alcanza una cifra global de 10.874 euros con cuatro céntimos.

No consta que la Consejería de Economía abonase el citado cargo. Fuentes del departamento que dirige Gerardo Camps explicaron que necesitaban más tiempo para verificar si se les remitió hace más de dos años un cargo por el citado concepto y cantidad.

La institución ferial de Valencia mantiene una política de estricta confidencialidad y no hace comentarios sobre ninguno de sus clientes, ni presentes, ni pasados. "No podemos decir nada", insisten.

La dirección regional del PP negó que hubiese participado en la organización de la reunión y apuntó que lo habitual es que, tratándose de un encuentro europeo, sea el Partido Popular Europeo el que asuma el coste del evento.

El encuentro del grupo del Partido Popular Europeo en Valencia contó con el presidente del Comité de Regiones, Luc van der Brande, el presidente del grupo popular en este organismo, Isidoro Gottardo, y el propio Camps, entre otros.El año 2008 no fue malo para Orange Market. La firma de Francisco Correa -que dirigía en Valencia Álvaro Pérez El Bigotes- siguió trabajando para sus dos principales clientes: el PP y Feria Valencia, tras ser reelegido Francisco Camps.

Según la documentación incautada por la policía y que figura en el sumario del caso Gürtel, Orange Market cobró 1.670 euros por sus trabajos en la jornada del PP europeo celebrada el 23 de mayo de 2008 en Feria Valencia.

En la misma documentación requisada por la policía e incorporada al sumario del caso Gürtel, que instruye el juez Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, se da la coincidencia de que Orange Market emitió con fecha 23 de mayo -el mismo día que tuvo lugar la jornada del PP europeo- tres facturas a nombre de Feria Valencia. Las facturas, con el IVA incorporado, son por importe de 10.864,56 euros; 3.343,91 euros y 13.789,50 euros y figuraban como pendientes de cobro.

La investigación judicial del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana se ha centrado hasta ahora en las relaciones de Orange Market y la trama corrupta con el PP, la Generalitat y las empresas constructoras que, supuestamente, financiaron de manera irregular a los populares valencianos.

Feria Valencia, según declaró en su día el propio Álvaro Pérez, era uno de los clientes principales de Orange Market. En 2008 Orange Market consiguió un contrato directo por parte de la institución ferial para elaborar un plan de marketing para el certamen Hábitat presupuestado en 800.000 euros. Según la documentación conocida hasta ahora, tan solo en ese ejercicio, la firma de Álvaro Pérez facturó a Feria Valencia un total de 1.438.400 euros.

Feria Valencia, que está presidida por Alberto Catalá desde hace más de una década, mantiene una estricta política de confidencialidad que ha impedido saber con exactitud cuántos contratos tuvo la institución con Orange Market, por qué prestaciones y con qué importes.

La institución ferial, cuyas cuentas anuales correspondientes a 2008 fueron auditadas favorablemente por la consultoría Deloitte, no ha rendido nunca cuentas a la Sindicatura de Comptes. Entre las particularidades que presenta la contabilidad de Feria Valencia es que hasta 2008, cuando se aprobó la modificación, los cierres de ejercicio se cerraban el 31 de agosto en vez del 31 de diciembre, lo que provocaba que las distintas anualidades no coincidiesen con el año natural. Este cambio hizo que, finalmente, el ejercicio 2008 solo incluyese el periodo transcurrido entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre.

Un reciente informe de la Sindicatura, el órgano que audita las cuentas de las entidades públicas de la Comunidad Valenciana, se queja del vacío legal que permite que sociedades mercantiles, fundaciones o asociaciones participadas mayoritariamente por entidades locales -como es el caso de Feria Valencia, una entidad sin ánimo de lucro controlada por el Ayuntamiento y la Generalitat- eludan presentar sus cuentas pese a su carácter público.

www.elpais.es 14.03.11

EL JUEZ ABRE JUICIO CONTRA LUNA POR ENCUBRIMIENTO

El portavoz socialista: "Camps no me va a callar con querellas"

El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano Juan Montero dictó ayer apertura de juicio oral contra el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, por un supuesto delito de encubrimiento.

El 24 de marzo de 2010, en la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas, Luna mostró un informe policial que revelaba el modo en que la trama Gürtel se lucró, gracias a un contrato de la televisión pública autonómica, Canal 9, con la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. El documento se encontraba bajo secreto de sumario. El PP lo denunció por revelación de secretos. La acusación fue archivada por Montero tras constatar que no existía ningún indicio que la sostuviera, y envió a los juzgados de Madrid las sospechas para que se indagaran allí. El magistrado decidió seguir la instrucción contra Luna, sin embargo, por encubrimiento, a pesar de que el ministerio fiscal había solicitado el sobreseimiento libre.

Montero no le cree

El diputado socialista ha declarado ante el juez que el informe le llegó de forma anónima; que no sabía que estaba declarado secreto y que desconoce dónde está porque se despreocupó de él. El juez no le creyó, y en su auto de ayer señaló: "Existen indicios de criminalidad", "indicios que deben llevar a que el proceso prosiga, pues en este momento de la causa no cabe afirmar, y con efectos de cosa juzgada, que los hechos no sean constitutivos de delito".

El portavoz del PSPV respondió afirmando que el presidente Francisco Camps pretendía "ejemplarizar en el castigo para conseguir una sociedad sumisa"; "por muchas querellas que me ponga, no me va a callar". El líder de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, respaldó a Luna, lo confirmó en su puesto, donde seguirá salvo que lo establezca una sentencia, supuesto, dijo, "que no ocurrirá". Alarte también predijo que en 2012 "los actuales dirigentes del PP habrán salido de la vida política a causa de los procedimientos judiciales por corrupción".

El portavoz del PP, Rafael Blasco, celebró que el juez hubiera encontrado "indicios suficientes contra su manera de actuar". Y el secretario general del PPCV, Antonio Clemente, añadió que "la naranja podrida está en el cesto del PSPV".

EL PAÍS - Madrid - 12/03/2011

LA POLICÍA CERCA AL CONSTRUCTOR QUE SE ENRIQUECIÓ CON CORREA EN LA VISITA PAPAL

Los agentes piden la imputación del dueño de Teconsa por su relación con Gürtel

La policía estrecha el cerco sobre uno de los mayores y más rápidos negocios hechos por la red corrupta que dirigía Francisco Correa en la Comunidad Valenciana.

La visita de dos días del Papa a Valencia en 2006 sirvió a la trama Gürtel para intermediar en un contrato de siete millones de euros -más de la mitad fueron beneficios- que la televisión autonómica Canal Nou -dirigida entonces por Pedro García, un amigo de la red corrupta-, adjudicó a la constructora leonesa Teconsa. Los dueños de esta constructora eran, a su vez, amigos de Francisco Correa, con el que mantuvieron conversaciones comprometedoras que se han incorporado al sumario judicial del caso.

El contrato multimillonario que adjudicó Canal Nou consistía en poner altavoces y pantallas de televisión por diversas zonas de la ciudad de Valencia coincidentes con el recorrido previsto en la visita del Papa. Teconsa, experta en hacer carreteras y obras públicas pero sin ninguna experiencia en sonorización e instalación de pantallas de televisión en la calle, subcontrató los trabajos con empresas que, a su vez, eran clientes habituales de la red Gürtel.

La constructora leonesa pagó a las subcontratistas del servicio tres millones de euros y ganó casi cuatro millones. Un negocio redondo que el empresario leonés repartió con Francisco Correa y su red corrupta, que había amañado junto a Pedro García, según la investigación, el concurso de la visita del Papa de Canal Nou.

La policía ha seguido el rastro del dinero y se ha encontrado con que Teconsa derivó parte de sus ganancias en el contrato valenciano a una cuenta de Special Events (empresa de Francisco Correa) a través de dos ingresos de 200.000 euros cada uno. Posteriormente, Correa se pagó las obras de reforma de su vivienda en Ibiza, que le hace Teconsa, mediante transferencias de dinero desde la cuenta de Special Events. Esta empresa paga a Teconsa por las obras con dinero que previamente había ingresado de la propia Teconsa por el reparto de los beneficios de la visita del Papa. Todo queda en familia.

El sumario del caso Gürtel incorpora ya un informe con todas las pruebas de este presunto tráfico ilegal de dinero. Ese informe sirve de base a la policía para pedir al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso, la "imputación de José Luis Martínez Parra como administrador de Teconsa" por su participación en la adjudicación del contrato público "realizado de manera ilícita con la Radio Televisión Valenciana con motivo de la organización de la visita del Papa".

La policía sostiene que Teconsa fue utilizada por la red corrupta como "sociedad pantalla" para así "solapar la realización real del acto por la organización de Francisco Correa y facilitando a este la ocultación de los fondos recibidos, cobrando por ello una comisión de 200.000 euros".

El informe policial también da cuenta de la misma operativa con la constructora Begar, que supuestamente pagó un millón de euros a Correa por intermediar en un concurso de suelo en Boadilla del Monte (Madrid).

Los investigadores concluyen igualmente que Correa defraudó al fisco al menos 450.000 euros que pagó en Suiza como parte del precio de compra de su vivienda en Ibiza. La policía pide al juez que ponga en conocimiento de la Agencia Tributaria este supuesto fraude fiscal.

EL PAÍS - Madrid - 12/03/2011

CAMPS INSISTE SIN APORTAR PRUEBAS EN QUE SE PAGÓ TRAJES Y AMERICANAS

Admite ahora que conoció a El Bigotes en 2002 en contra de lo que dijo en 2009

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, imputado por un supuesto delito de cohecho continuado por aceptar regalos de la trama Gürtel, negó en su escrito de defensa, presentado el viernes y conocido ayer, haber recibido obsequios de la red corrupta. Camps repitió los mismos argumentos que hace dos años, cuando se inició la investigación judicial: los pocos trajes y prendas de vestir que se llevó de las tiendas Milano y Forever Young los pagó de su bolsillo salvo en un caso, en el que al no llevar suficiente metálico encima para comprar una americana rebajada se lo pidió prestado a un escolta. Como hace dos años, el presidente valenciano no aportó pruebas de descargo: se limitó básicamente a destacar supuestas contradicciones en la acusación.

El sastre: "Miente porque jamás ha pagado un euro ni se ha preocupado"

Frente a él se alzan, en cambio, numerosas pruebas. Las declaraciones del sastre José Tomás y de la cajera de Milano. Los tíquets de caja y los inventarios semestrales de pagos pendientes de ese mismo establecimiento. Los tíquets generados para la cancelación de pagos pendientes. Las hojas de sastrería rellenadas en Forever Young y enviadas a Satsgor, la empresa que realmente confeccionaba las prendas. El abono por parte de la trama de la deuda que generaban en las tiendas esos artículos. El conocimiento general de los empleados de Milano sobre cómo se suministraban los trajes a los imputados (además de Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret) y otros elementos incriminatorios.

Argumentos de sobra como para que los 11 jueces que hasta ahora han participado en la causa considerasen suficientemente acreditado (en el grado propio de la instrucción de una causa) que recibió los regalos. Así lo hizo incluso la sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano presidida por Juan Luis de la Rúa, que en 2009 archivó el caso al considerar que recibir obsequios sin una contrapartida por parte de los receptores no era delito. Una interpretación que vaciaba de sentido el delito de cohecho pasivo impropio y que fue duramente corregida por el Tribunal Supremo en mayo pasado al reabrir la causa.

Camps, para quien la fiscalía pide una multa de 41.250 euros y los socialistas tres años de prisión, sostiene en su escrito que, en total, adquirió cuatro trajes, una americana y unos zapatos en Forever Young entre 2007 y 2008. Considera incongruente que, entre las muchas otras prendas que las acusaciones mantienen que recibió, se contabilicen cuatro trajes que habrían sido devueltos y que aún así la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV-PSOE los sigan considerando obsequios. Y añade que a principios de 2007, al recoger tres de las prendas, las pagó en efectivo, "abono que se realizó a D. José Tomás".

El sastre le respondió ayer: "Si el señor Camps ha dicho eso y lo mantiene en sede judicial me querellaré contra él por calumnias e injurias porque es falso y en el futuro se demostrarán más cosas que le inculparán todavía más, porque jamás ha pagado un euro ni se ha preocupado. En Milano devolvió cuatro trajes que estaban mal, pero tres americanas de tejido Loro Piana se las quedó y como se le habían quedado anchas se las arreglé en Forever Young, porque decía que eran muy marcadas. Y luego me llamó para decirme: 'Qué éxito".

La defensa del presidente valenciano afirma que el informe de la Agencia Tributaria no respalda la versión de las acusaciones. Y niega que la Generalitat adjudicara irregularmente decenas de contratos a la trama.

Camps sí admite, por primera vez desde que estalló el caso, que conoce a Álvaro Pérez, El Bigotes, a pesar de que en mayo de 2009 lo negó dos veces en las Cortes Valencianas. La relación se inició en 2002 porque Pérez realizaba eventos para el PP y se circunscribió "exclusivamente" a ese ámbito, dice el presidente valenciano, a pesar de que en las conversaciones grabadas por la policía Camps llamaba a El Bigotes "amiguito del alma".

www.elpais.es 09.03.11

"LA NUMBER ONE DE LAS FALTONAS TRAE IDEAS DE XARRADES DE CAFÉ"

 El presidente valenciano, Francisco Camps, que se muestra cada vez más crecido desde que el PP le confirmara como candidato para las próximas elecciones autonómicas, ha hecho gala de su chulería en las Corts, ayer, durante la sesión de control, al mofarse de una diputada de Compromis, a la que acusó de improvisar, a partir de ideas sacadas de una charla en un café. “Es una especie de miscelánea, usted abre aquí un abanico de ideas y de propuestas que se ve que comenta en algún café con algún amigo y viene aquí, vamos a ver campeón, hay que decir todo esto, coges de aquí y de allá, es como xarrades de café, bueno usted es la número uno de las faltonas, la número uno, la number one”, afirmó el dirigente popular. Previamente la había saludado irónicamente diciendo lo mucho que se alegraba de oír su "dulce voz"

 Compromís cuestionó los anuncios de austeridad de Camps, que ayer afirmó que reducirá las consejerías de 13 a 10, “cuando gane en mayo”, siguiendo una directriz de Mariano Rajoy. La portavoz de Economía de la formación, Mireia Mollà, preguntó al president si considera el plan de austeridad del líder del PP " tan válido como su código ético, que tuvieron que romper porque lo incumplió sistemáticamente". Por su parte, la portavoz adjunta de la coalición, Mónica Oltra, le reprochó que se "pasee en Ferrari" mientras la renta per cápita media de los valencianos "se ha desplomado 13 puntos", lo que "nos ha situado en la España pobre".

El portavoz de Compromís, Enric Morera, recriminó a Camps que se jacte de su promesa de disminuir el número de consejerías cuando "tiene 300 asesores y 15.000 personas enchufadas a dedo" porque "este clientelismo le da mucha fuerza".

www.publico.es 04.03.11

CAMPS NO ESTARÁ EN LAS VALLAS ELECTORALES DEL PP PARA EL 22-M

Luna afirma que es un candidato "vergonzante" y por eso no quiere carteles

La sesión de control parlamentario al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ofreció ayer signos propios del agotamiento de la legislatura. Dos años de escándalos relacionados con el caso Gürtel y de preguntas semanales sin respuestas claras tiñeron ayer de ambiente preelectoral el penúltimo de los controles semanales al jefe del Consell.

El jefe del Consell promete que si gana reducirá a diez las consejerías

En este clima, el jefe del Consell intentó ayer argumentar por qué no piensa poner su imagen en las vallas electorales. Camps explicó que no recurrirá a las vallas "por austeridad" y porque es "el presidente con mayor aceptación de la historia". El jefe del Consell, que eludió sus problemas con la justicia y el enorme desgaste de imagen provocado por el caso Gürtel, completó su discurso con una crítica feroz a las vallas del candidato socialista a la Generalitat, Jorge Alarte -una naranja podrida que da paso a una sana con el lema "otro camino es posible"-, que tachó de nuevo "ataque a la Comunidad Valenciana".

[La afirmación de Camps fue aplaudida horas más tarde por el presidente del sindicato agrario AVA-Asaja, Cristóbal Aguado, que pidió la retirada de los carteles porque dan una mala imagen del sector citrícola].

Las razones de austeridad no convencieron al portavoz socialista, Ángel Luna, que aseguró que Camps "es un candidato vergonzante y por eso no quiere carteles". "Aspira a ver si algún incauto vota sin saber que es usted el de los trajes, el de la corrupción y el que se va a presentar a las elecciones", afirmó el portavoz socialista.

En su alocución, Luna se quejó de las "amenazas" del PP para amedrentar a la oposición y se quejó del recorte de subvenciones a los grupos políticos. Camps evitó entrar en los planteamientos de Luna y se centró en descalificar al portavoz socialista y el proyecto político que representa, a los que volvió a situar en el lado "oscuro".

La tensión con el grupo parlamentario de Compromís todavía fue mayor. Su portavoz, Enric Morera, interrogó a Camps por las razones por las que mantiene gastos millonarios en grandes eventos mientras el desempleo sigue creciendo y hay más de medio millón de parados.

Para el presidente del Consell, la intervención de Morera tuvo la altura de una charla de café. Lo que provocó la intervención de Mònica Oltra, de Compromís, que acusó de "faltón" a Camps. El presidente replicó que "para faltona ella, que era la número uno" y la diputada remachó el clavito con "¡y usted un corrupto!".

Tras el desfase, Camps intentó reconducir su discurso y anunció que si gana las elecciones reducirá el número de consejerías a 10 -ahora son 13-, pero que no lo ha hecho antes porque su actual proyecto "era de legislatura". "Cuando haya otra legislatura, habrá otro proyecto", sentenció. Promesa que no convenció a los diputados de Compromís, que reprocharon a Camps que pague masters de tenis, la fórmula 1 y se pasee en Ferrari mientras hay más de 200.000 parados valencianos sin prestaciones.

Por otra parte, en el pleno de ayer, el PP rechazó una proposición de Compromis, votada por toda la oposición, para promocionar el valenciano en la Administración de la Generalitat.

Las respuestas de Camps en sede parlamentaria en el 'caso Gürtel'

- Sobre El Bigotes: "Yo tengo la suerte de saludar a muchas personas a lo largo del año porque soy el presidente de la Generalitat y hay un montón de actos y actividades". (12/2/2009).

- Sobre los contratos: "Todas las filtraciones aparecidas en los medios de comunicación, todas, han sido rebatidas por su orden. Ni PAI, ni oficinas, ni adjudicaciones a no sé qué tipo de actividades". (19/2/2009).

- Sobre su imputación: "¿Cree de verdad que yo puedo ser imputado por lo que se dice estos días? ¿Cree que hay alguna duda respecto a mi responsabilidad y mis acciones? (19/2/2009).

- Sobre la financiación irregular: "Se sabrá toda la verdad, absolutamente toda, toda, y aquí no ha pasado absolutamente nada. La Administración autonómica valenciana es la más transparente de Europa, de toda Europa. La financiación del PP es absolutamente transparente". (30/4/2009).

- Sobre la trama corrupta: "Ni tramas, ni adjudicaciones que no se correspondan con la legalidad. Esa es la realidad incontestable, por mucho que les duela. Se habló de tramas y se habló de adjudicaciones y de financiaciones irregulares. Y de eso, nada de nada. (...) En cualquier caso, el procedimiento continúa y lo que es importante es que queda clarísimo que no hay ninguna trama". (30/4/2009).

- Sobre su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia: "Tengo unas ganas locas, locas, de explicar publicamente todo lo que hay que es nada. Pero todo tiene que ir con los pasos que corresponde" (30/4/2009).

- Sobre los trajes: "Yo estoy tranquilo. Lo dije hace muchos meses. No hay nada que ocultar, nada. (...) A esa cuestión ya he contestado con absoluta claridad. No hay ninguna duda respecto a esa cuestión, ninguna. (14/5/2009)

- Sobre la insistencia de Luna: "A usted le encantaría coger una camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca abajo en una cuneta". (12/11/2009).

www.elpais.es 04.03.11

LA FISCALÍA PIDE JUZGAR A CAMPS JUNTO A CORREA Y EL BIGOTES

La Fiscalía Anticorrupción quiere sentar a los cabecillas de la trama Gürtel en el mismo banquillo que al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa por cohecho que se sigue contra él y otros tres altos cargos en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. No tiene sentido, argumenta Anticorrupción, juzgar por separado a quienes supuestamente aceptaron trajes y otros regalos y a quienes supuestamente pagaron esos sobornos: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes.

El juez del TSJ madrileño Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel, se ha inhibido dos veces (en 2009 y el año pasado) a favor del TSJ valenciano: para que sea este tribunal el que juzgue a los sobornadores; y para que investigue el resto de delitos que afectan a la cúpula del Gobierno y del PP valencianos. El Partido Popular (que en la causa central de Madrid está personado como acusación) recurrió ambas inhibiciones, que debe resolver la Sala Civil y Penal del TSJ madrileño. La fiscalía pide ahora a la sala que respalde la decisión de Pedreira.

Abogado de la trama

Mientras, en Valencia, continúa el procedimiento por cohecho contra Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Después de que la fiscalía y el PSPV-PSOE hayan presentado sus escritos de acusación, a final de esta semana deberá entregar su escrito de conclusiones el presidente valenciano. A continuación, contarán con su propio plazo de cinco días hábiles para presentar sus escritos de defensa los otros tres procesados. Uno de ellos, Betoret, ha cambiado de abogado, según informó ayer la Cadena Ser. El elegido por el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y hoy responsable de protocolo de la Diputación de Valencia es Ignacio Peláez.

El letrado lo es al mismo tiempo de José Luis Ulibarri, empresario leonés dueño de Teconsa e imputado en el caso Gürtel. Peláez es también el abogado que se querelló contra el juez Baltasar Garzón por haber intervenido en prisión conversaciones entre los cabecillas de la trama y sus abogados. Aunque Ulibarri no estaba en la cárcel, Peláez se entrevistó con Correa y Crespo, según dijo, para coordinar la defensa de su cliente. Antes de pasar al sector privado, el abogado fue fiscal de la Audiencia Nacional.

www.elpais.es 01.03.11

ALARTE ACUSÓ EN LA NORIA A PONS DE HABER FIRMADO CONTRATOS PARA LA GÜRTEL

El 75% de 6.220 personas que participaron en la encuesta de La Noria consideró que Mariano Rajoy erró al nominar a Francisco Camps como candidato del PP a las autonómicas de mayo. El sondeo revela que los ciudadanos no solo ven en él al president de los trajes, sino al político al que cinco jueces del Tribunal Supremo, por unanimidad, han decidido que hay que seguir investigando por sus más que dudosas adjudicaciones a la trama Gürtel. Unos contratos de los que el secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, responsabilizó, también, en el programa de Telecinco, a Esteban González Pons, actual vicesecretario de Comunicación del PP y anteriormente consejero de la Generalitat valenciana desde 2003 hasta 2007.  

Jorge Alarte recordó durante su intervención en La Noria, este sábado, que las sospechas sobre Camps no se limitan a tres o cuatro trajes. “Para la visita del Papa, a través de la Radio Televisión Valenciana se concedieron 14 millones de euros de forma irregular, hay un sumario que el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha enviado al Tribunal Supremo, en el que los trajes son sólo la punta del iceberg”, precisó.


Isabel Durán y sus viajes semanales a Valencia

Alarte refutó así la defensa apasionada de Francisco Camps hecha por Isabel Durán, ante quien el líder socialista manifestó su sorpresa por su desinformación, a pesar de que, según aseguró, acude todas las semanas a la Televisión Valenciana. “Usted también sabe, -precisó Alarte a Durán-, porque va allí todas las semanas, que detrás de los trajes hay, además de los 14 millones ya mencionados, 6 ó 7 millones más de contratos públicos irregulares de varios departamentos de la Generalitat, en manos de la trama”.

El relevo de González Pons

El dirigente socialista desveló que la dirección de La Noria contaba para este sábado con la presencia de Esteban González Pons, quien finalmente fue sustituido por decisión de su partido por la diputada valenciana Alicia de Miguel. “Él sabrá por qué no quiere venir aquí a defender a Camps y su candidatura. Sin embargo, a mí me encantaría debatir con Camps aquí o donde hiciera falta”, afirmó Alarte, que se mostró muy satisfecho de estar en “un espacio de pluralidad y libertad informativa”, algo que, según dijo, es difícil de encontrar en la Radio Televisión Valenciana.

Durán, "la portavoz del PP"

En una defensa enardecida de Camps, que llevó a María Antonia Iglesias a considerar más digna de una “portavoz política que de una periodista”, Durán lamentó que se lleve dos años “crucificando” al presidente valenciano “por una historia de trajes que es un montaje, una operación tan de diseño y gigantesca. Lo que no pueden ganar en las urnas lo están intentando ganar a costa del honor de un presidente”, sostuvo la presentadora del programa “DBT”, de la Televisión valenciana.

También Camps lo llama montaje

El director de ELPLURAL.COM, Enric Sopena, precisó a Durán que “el Sr. Camps ha utilizado tus mismas expresiones para decir que todo es un montaje, pues que demuestre que lo es, porque está poniendo en cuestión el Estado de derecho”.

El compulsivo mentiroso y su cariño por El Bigotes

Sopena puso en evidencia que el presidente valenciano es un “compulsivo mentiroso”, que cuando le preguntaron si conocía al cabecilla de la Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez (El Bigotes), respondió con un ‘no’. Sin embargo, prosiguió Sopena, "luego nos enteramos por las grabaciones del caso que en una llamada telefónica Camps [en referencia a la grabación fechada en el 24 de diciembre de 2008 incluida en el sumario], le dijo a El Bigotes: ‘Feliz Navidad, amiguito del alma, a lo que Pérez contestó: te sigo queriendo mucho. Ya lo sé, pero sobre todo quería decirte que te quiero yo un huevo’, respondió el presidente valenciano. Estos no se conocían, pues si se llegan a conocer, se van a la cama juntos”, ironizó el director de ELPLURAL.COM.

El problema es Rajoy

Para Maria Antonia iglesias, “el problema no es Camps, es que estamos ante una persona que quiere ser presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no tiene coraje para imponer su decisión en el partido. Hace lo mismo que con el tema de la crisis y el boicot a las medidas económicas, mirar para otro lado para ver si no le pilla el toro. Todos saben que no puede ver a Camps, pero le tiene miedo, por lo que pueda decir”.

Nadie se vende por unos trajes

La diputada popular Alicia de Miguel –que sustituyó a Pons- defendió que Francisco Camps es el candidato que el PP quiere y que su proyecto político es apoyado por la ciudadanía. En su opinión, “aunque le pese al PSOE, el Sr. Camps tiene 20 años de intachable vida política y el sentido común nos dice que no se vende nadie por tres o cuatro trajes”, replicó.

Round entre Iglesias y Durán, y el momento en el que Alarte acusa a Pons

González Pons también firmó contratos para la Gürtel

Jorge Alarte cerró la tertulia política de La Noria con broche de oro: “El 62% de los valencianos piensa que Camps es poco de fiar. El PP quiere perpetuarse en el poder a través de la manipulación de la televisión pública. El Sr. Rajoy es el responsable político de la corrupción y si quita a Camps tendría que quitarlos a todos. Esteban González Pons firmó contratos para la trama Gürtel y también usted, Alicia de Miguel.

www.elplural.com 28.02.11

EL SUPERIOR DE VALENCIA TRAMITA EN TIEMPO RÉCORD LA QUERELLA DEL PP CONTRA EL AZOTE DE CAMPS 

La estrategia de acoso y derribo del PP contra el azote de Francisco Camps, el portavoz del PSOE valenciano en Les Corts, Ángel Luna, está a punto de conseguir que el dirigente socialista se siente en el banquillo por un supuesto delito de encubrimiento, al negarse a revelar quién le facilitó un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre el lucro de la trama Gürtel a costa de la visita del Papa en 2006.  

Curiosamente, la investigación sobre Luna, iniciada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) hace cuatro meses a raíz de una denuncia del PP ante un juzgado ordinario ha avanzado con pasos agigantados, si se compara con lo recorrido por el proceso abierto contra el presidente valenciano, Francisco Camps, en abril de 2009.

Una pena más severa que la que enfrenta Camps

El delito de encubrimiento que se intenta achacar a Luna conlleva penas mucho más severas, de seis meses a tres años de cárcel, que a la que se enfrenta Francisco Camps por haber aceptado, presuntamente, sobornos por parte de los cabecillas de la trama Gürtel.  El instructor del caso, Juan Montero, ha dado diez días a las acusaciones para que pidan el sobreseimiento, la apertura de juicio o nuevas diligencias. El dirigente socialista ya ha anunciado que recurrirá el auto de Montero ante la Sala del TSJCV. 

El primer presunto delito

El juez Juan Montero comenzó sus investigaciones después de que la Sala Civil y Penal del TSJCV se declarase competente para investigar al dirigente socialista por revelación de secretos, un delito que, según pudo comprobar a posteriori el juez, no era atribuible a Luna al no ser funcionario ni estar personado en el caso Gürtel cuando enseñó el informe, según apunta Público.

El segundo delito

El juez, lejos de sobreseer el caso, adujo un delito distinto, el de encubrimiento, y sostiene que Ángel Luna conocía el carácter secreto del informe, cuyo contenido ha sido superado con creces por las informaciones posteriores hechas públicas a partir de datos policiales que atestiguan que la red Gürtel se agenció tres millones de euros por los contratos de Canal 9 para la cobertura de la visita del Papa a Valencia.

El bloqueo del TSJCV

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha rechazado investigar hasta el momento otros posibles delitos contra el presidente Francisco Camps diferentes al presunto cohecho impropio que se le imputa, por el asunto de los trajes. Continúan en el limbo otras presuntas fechorías apuntadas por informes policiales, como que el PP valenciano pudo ocultar 2,5 millones al fisco en 2007; que la Generalitat concedió contratos públicos cuestionables a la trama por un total de 14 millones de euros, y que empresarios afines pagaron en 2008 a una empresa del entramado Gürtel, Orange Market, 846.000 euros en negro.


www.elplural.com 24.02.11

RAJOY CONFIRMA A CAMPS Y PONE EN JUEGO SU CAMPAÑA Y LA DE LOS BARONES

Desconcierto en el PP porque puede ser el único candidato procesado de España

Una pregunta recorría ayer todas las conversaciones internas del PP: ¿por qué? A media mañana se confirmaron los temores de la mayoría del partido. El Comité Electoral Nacional remató la jugada que se venía gestando desde hace semanas y confirmó como candidato al Gobierno de la Comunidad Valenciana a Francisco Camps, junto al resto de presidentes autonómicos. Lo hizo una semana antes de lo previsto, para lo cual forzó a todos a convocar con urgencia comités regionales, incluidos algunos que, como Luisa Fernanda Rudi, ya habían tenido un acto de proclamación con Mariano Rajoy y toda la cúpula en mayo de 2010. Camps nunca ha tenido nada parecido, y más bien parece que no lo tendrá.

Aunque todos daban por hecho que esto sucedería, nadie se lo explicaba. Por qué arriesga tanto Rajoy, se preguntaban todos.

El caso Gürtel trasciende con mucho a Camps. Todos los dirigentes, y Rajoy en especial, saben ya que el juicio por los trajes regalados llegará muy probablemente en otoño, cuando el líder ya esté lanzando su precampaña a las elecciones generales de 2012. Además, los dirigentes mejor informados temen que la otra causa judicial, sobre presunta financiación ilegal, malversación y contratos irregulares, se una a la de los trajes más o menos por entonces.

Solo había una manera de evitar que el caso explotara en las manos de Rajoy en el peor momento: sacando a Camps de la candidatura. Entonces ¿por qué arriesgar? Aparentemente, la decisión debería ser fácil. Camps ya lleva ocho años de presidente, se le podría encontrar en el PP un puesto importante, hay un relevo posible -Alberto Fabra- y el partido está fuerte en la Comunidad Valenciana. Es decir, el PP ganaría con casi cualquier candidato.

Entones ¿por qué arriesgar no solo la campaña del líder sino la de los demás barones autonómicos, que verán cómo los periodistas les preguntan durante su periplo electoral por este asunto? Ahí empiezan las especulaciones sin certezas. Los más próximos, los defensores de Rajoy, sostienen que se debe a dos cuestiones: por una parte la lealtad a quien le apoyó en 2008, cuando "le faltaba la peseta para el duro", en definición de Alfonso Rus, y por otro la dificultad de destituir a un líder que garantiza, según las encuestas, un apoyo muy por encima del 50%. Se ha intentado todo para que Camps dimitiera, señalan, pero si él no quiere es muy difícil echarle sin generar un cataclismo en Valencia de consecuencias imprevisibles. Aunque la situación no es comparable, Rajoy ya ha tenido problemas en el pasado en tres autonomías: Navarra, Baleares y, sobre todo, Asturias.

El resto de dirigentes sigue sin entender el riesgo, que consideran excesivo. Rajoy sabe que esta decisión cuenta con la oposición de muchos barones regionales, que no quieren en su campaña problemas como los que tuvieron Alberto Núñez Feijóo o Antonio Basagoiti en las elecciones gallegas y vascas, que coincidieron con el inicio del caso Gürtel.

La dirección nacional ha vivido en una contradicción permanente. Por un lado, todos deseaban que la investigación judicial acabara pronto para poder forzar la dimisión de Camps. Por otro, Federico Trillo dirigía la estrategia de recursos para dilatar el proceso. Al final, ganó este último. Camps argumenta que su juicio no llegará antes de las elecciones. Sin embargo, casi seguro se producirá la señalación, en abril, con lo que no irá como imputado sino como procesado por cohecho. Sería así no sólo el único imputado del caso Gürtel que no dimite, sino el único candidato procesado de toda España.

www.elpais.es 25.02.11

EL PSOE PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA CAMPS POR EL 'CASO GÜRTEL'

El escrito de acusación estima que ha incurrido en cohecho propio y solicita prisión y ocho años de inhabilitación para el presidente valenciano

Los socialistas valencianos, personados como acusación particular en el caso de los regalos de la red Gürtel al presidente valenciano, Francisco Camps, y a otros altos cargos de la Generalitat y el PP regional han presentado su escrito de acusación en el que piden tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para el líder popular.

El escrito de acusación plantea que los trajes y demás objetos recibidos por Camps (por un valor de 14.000 euros a los largo de tres años en distintas épocas) no son un caso de cohecho impropio (recibir dádivas en función del cargo que ostenta) sino de cohecho propio (recibirlas a cambio de adjudicar contratos).

La red Gürtel comenzó a hacer regalos a Camps, a su esposa y a sus hijos a raíz de que la empresa valenciana de la trama corrupta, Orange Market, consiguiera millonarios contratos de la Administración valenciana. En los cinco años de actividad de esta empresa, el Gobierno que presidía Francisco Camps le adjudicó cerca de 50 contratos, la inmensa mayoría a dedo, sin concurso y saltándose toda la normativa sobre contratación administrativa. Tomando como base esta evidencia, el PSOE pide la pena mayor contemplada en el código penal para este tipo de conductas.

El escrito de los socialistas solicita, igualmente, otras dos penas alternativas. Una de ellas, la de que Camps y los otros tres imputados hubieran cometido un delito de cohecho pasivo impropio al aceptar los regalos de la trama corrupta. Para ese supuesto el PSOE solicita unas penas mayores que las pedidas por la fiscalía: 49.500 euros para Camps y el mismo importe para los otros tres imputados: Ricardo Costa (ex secretario general del PP regional), Víctor Campos (exvicepresidente de la Generalitat) y Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo).

Los socialistas plantean por último y de forma alternativa que el comportamiento de los imputados sea constitutivo de una tercera forma de cohecho, recogida en el artículo 425.1 del Código Penal vigente en el momento de los hechos: "La autoridad o funcionario público que solicitare dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, incurrirá en la pena de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o cargo público por tiempo de seis meses a tres años". En este supuesto, el PSPV-PSOE solicita que les sean impuestas a los cuatro acusados las penas de suspensión para empleo o cargo público de dos años. Y además: para Camps, una multa de 46.074 euros; para Campos, 40.497 euros; para Costa, 21.975 euros, y para Betoret, 16.587 euros.

El escrito pide también, de forma accesoria, "el decomiso de los efectos provenientes del delito de cohecho, concretando de las prendas (trajes, abrigos, zapatos, chaqué, corbatas, americanas, esmoquin y pantalones), y en el caso de que no fuera posible, el comiso de otros bienes por su valor equivalente".

Ahora solo faltan las alegaciones del propio Camps y de los otros tres cargos del PP imputados para que el juez José Flors, que instruye la causa, decida si abre juicio oral con jurado popular que, según todas las previsiones, se celebraría entre septiembre y octubre de este año.

www.elpais.es 22.02.11

RAJOY TRANQUILIZA A CAMPS Y PROMETE QUE LE CONFIRMARÁ ANTES DE 15 DÍAS

El PP quiere minimizar conflictos antes de la convención autonómica de Mallorca

 

Todavía va a tener que sufrir un poco más, pero al menos ya tiene un horizonte temporal: 15 días. Es eso, o un poco menos, lo que tendrá que esperar Francisco Camps para ser designado oficialmente candidato del PP a las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana. Aún no hay fecha para reunir al Comité Electoral Nacional, explicó ayer Dolores de Cospedal, la secretaria general, pero será antes de la convención autonómica que se celebrará el 4 y 5 de marzo en Palma de Mallorca. Una cita para la que se quieren evitar los conflictos internos.

El presidente de la Generalitat valenciana lleva semanas presionando a la dirección nacional para que adelante su nombramiento. El hecho de que siga formalmente en el aire -aunque todas las fuentes de la dirección insisten en que la decisión está tomada y será candidato- ha generado una enorme preocupación en el entorno de Camps. Tanto que Alfonso Rus, presidente del PP valenciano, llegó a exigir que se adelante y a insinuar que si no se ha hecho aún es porque Cospedal está presionando a Mariano Rajoy.

Rus ya había recordado que Camps apoyó a Rajoy tras la derrota de 2008, "cuando le faltaba la peseta para el duro". El sábado remató: "Hombre, cerremos ya el tema. Lo único que reivindicamos, que no es nada, es que lo hagan [la confirmación] lo antes posible". "A la Cospedal le dicen la dama de hierro, la fuerte. El fuerte es el presidente y él es el que marca los tiempos", remató Rus.

Estas palabras sentaron mal en la dirección nacional, harta de presiones. En principio querían retrasar el nombramiento hasta finales de marzo, a la espera de cualquier novedad judicial -ganar tiempo es siempre la estrategia favorita de Rajoy-, pero han concluido, según varios dirigentes, que es imposible llegar a la convención de Mallorca sin el asunto resuelto. Eso anularía cualquier mensaje que se quiera trasladar allí sobre el programa marco de las elecciones autonómicas del 22 de mayo.

Cospedal insistió en que no piensa anunciar la fecha del comité porque lo considera "una cuestión interna que no interesa a los ciudadanos". Sin embargo, sí se comprometió a que tenga lugar antes de la reunión de Mallorca.

La secretaria general trató en todo momento de restar relevancia a este asunto, aunque es la cuestión que centra las conversaciones internas. Eso sí, siempre en pasillos, porque ayer se reunió el Comité Ejecutivo y ningún dirigente hizo mención al asunto, ni siquiera para apoyar al valenciano. Camps, de nuevo, no acudió a la reunión, al contrario que otros presidentes como Alberto Núñez Feijóo (Galicia) o Ramón Luis Valcárcel (Murcia). Cospedal insistió en que si el valenciano no ha sido confirmado hasta ahora es "por un tema de tiempos y de plazos". Tampoco lo han sido otros presidentes autonómicos, explicó.

Sin embargo, nadie en el PP oculta que este retraso, que han hecho extensivo a todos los presidentes autonómicos para que no se notara tanto el motivo, solo obedece a una cuestión: las dudas de Rajoy en los últimos meses por el horizonte judicial de Camps.

Lo confirmará, aseguran, pero sin entusiasmo ni grandes actos de adhesión, porque él no quiere dimitir, como desearía la cúpula nacional, y el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por un presunto delito de cohecho -por su relación con la trama Gürtel- tendrá lugar en otoño, tras las elecciones.

www.elpais.es 22.02.11

JUECES Y FISCALES PROGRESISTAS DEFIENDEN A LOS INVESTIGADORES

Las cúpulas nacionales de Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales consideran que existe una escalada de "ataques directos mediáticos organizados" que se desarrollan "con fines no legítimos", contra los fiscales, jueces y cuerpos de seguridad que investigan los casos de corrupción en España. En un manifiesto presentado ayer en Mallorca concluyen que con ello se pretende "perturbar el normal desarrollo de las investigaciones y coartar la independencia y la autonomía" de los instructores, acusadores e investigadores, a un nivel inédito.

Entienden que cuando las investigaciones judiciales se desarrollan en "determinados estamentos del poder público, económico o social" surgen operaciones de "descalificación y deslegitimación" que causan "un daño personal e institucional irreparable". El fiscal Emilio Sánchez y la jueza María Calvo mostraron así el apoyo a sus compañeros y a los policías y guardias civiles aludidos por descalificaciones e invasiones de su intimidad que se lanzan desde distintos frentes, a veces sin distinción ideológica ni partidista, y que han arreciado estos días con las nuevas acciones judiciales contra el presidente valenciano, Francisco Camps, en el caso Gürtel.

www.elpais.es 22.02.11

EL PP RECURRE A LA DESESPERADA PARA EVITAR MÁS DAÑOS A CAMPS EN VALENCIA

Pide que se revoque un auto de Pedreira que agravaba los delitos del presidente

En un intento desesperado por reducir daños en el proceso judicial que está a punto de sentar en el banquillo por cohecho impropio a Francisco Camps, presidente valenciano, el PP presentó la semana pasada un recurso de apelación. Con él pretende que la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid revoque la decisión adoptada hace año y medio por el juez Antonio Pedreira de enviar parte de la causa a Valencia, que incluía indicios de otros delitos graves contra cargos del PP. Pedreira rechazó en diciembre de 2010 un primer recurso, de reforma, sobre este asunto.

La estrategia dilatoria de Trillo beneficia a Camps, pero no a Rajoy

El PP alega en su recurso que el envío a Valencia le obliga a pagar un procurador

Si prosperase, Camps habría salvado otra situación apurada y la causa entraría en una senda imposible de prever, dado que las pruebas con delitos más graves que el de cohecho regresarían al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que no puede juzgar a Camps por ser presidente de otra comunidad autónoma.

No es la primera vez que el PP intenta entorpecer el proceso. De hecho, ha recurrido prácticamente cada movimiento de Pedreira, siempre para tratar de beneficiar a Camps. La estrategia, dirigida por Federico Trillo, responsable de Justicia del PP, en plena coordinación con los abogados de Camps, consiste en dilatar el proceso para que no culmine antes de las elecciones autonómicas. Así, Camps podrá decir que las urnas le han absuelto, y a partir de ahí tomar cualquier decisión.

Este tipo de estrategia, aunque da sus frutos -no habrá juicio antes de las elecciones-, tiene molestos a muchos dirigentes. Los retrasos benefician a Camps, pero no a Mariano Rajoy. De seguir así, tendrá que enfrentarse a la precampaña de las generales de 2012 con Camps sentado en el banquillo y el caso Gürtel en un momento judicial de máxima actualidad. Pero Trillo no ha recibido contraorden de Rajoy y mantiene su estrategia dilatoria.

El PP argumenta en su escrito que el traslado de una parte de la causa al tribunal valenciano "dificulta la acción popular" que está realizando y aclara que recurre para "defender el nombre y la honorabilidad" de este partido político, "dado que el Estado no está sabiendo velar porque no se produzcan las interesadas filtraciones a la prensa que se vienen produciendo desde 2009". Los populares ya han recibido varios avisos tanto de los fiscales como del juez de que están utilizando su personación en la causa de forma torticera. Están allí como acusación popular, esto es como supuestos ofendidos, pero actúan como una defensa más con recursos a cualquier movimiento del juez.

En su enésimo recurso, el PP entiende que la decisión del juez les obliga a incorporarse como parte "a otro proceso ya iniciado", esto es, en Valencia. El PP alega con tono de reproche que de acordarse la inhibición se verá obligado "a desplazarse a otra ciudad, a contratar al menos a otro procurador y a asumir el resto de perjuicios evidentes que de manera natural se deducen de todo cambio de esta naturaleza".

Además, sostiene el PP que la escisión de una parte de la causa y su atribución a un órgano distinto provocará "una mayor demora en la tramitación de los procedimientos, un riesgo de duplicidad de las diligencias que se practiquen y, lo que es más grave, un peligro de que se pueda romper la continencia de la causa, al tratarse de actuaciones que forman parte de un proceder similar y que tiene a unas mismas personas como presuntos autores".

El PP pide ahora que se revoque la inhibición acordada en julio de 2009 por el juez Antonio Pedreira para que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia instruyera nuevas pruebas, además del regalo de trajes, contra Camps y su Gobierno. El Tribunal Supremo ya determinó por unanimidad el 12 de mayo de 2010 que el juez valenciano José Flors podía seguir adelante con el caso por cohecho impropio.

El PP tiene ahora otra preocupación: la causa por cohecho propio, malversación y financiación ilegal que deriva de contundentes informes policiales. El Tribunal Superior de Valencia debe decidir en breve si acepta a trámite el asunto, después de meses de dilaciones también con recursos del PP. Los populares creen que el tribunal valenciano decidirá enviarlo al Supremo para que sea este quien decida si debe ser el tribunal madrileño o el valenciano quien lo investigue, lo que supondría una dilación más y un nuevo éxito de la estrategia de Trillo.

Fuentes judiciales creen sin embargo que el Tribunal valenciano sí aceptará la competencia y designará al juez José Ceres como instructor. La instrucción, pues, se iniciaría antes de las elecciones del 22 de mayo. En los informes de la policía y de la Inspección del Estado hay indicios de que al menos cuatro constructoras que recibían contratos multimillonarios de la Generalitat pagaron actos del PP valenciano. Además, hay contratos públicos -muchos de ellos irregulares- con la red Gürtel por valor de siete millones de euros y una presunta comisión ilegal de al menos un millón de euros en la visita del Papa.

ACEPTAR AHORA EL DELITO O SENTARSE EN EL BANQUILLO EN OCTUBRE

Francisco Camps puede asumir el delito de cohecho impropio por aceptar trajes de la trama Gürtel y pagar la multa que lleva aparejada ese delito -con lo que evitaría el paseillo judicial-, o sentarse en el banquillo. En este caso, el juicio se celebraría en septiembre u octubre, calculan fuentes del Tribunal Superior de Valencia. Aceptar el delito y pagar la multa (que la fiscalía cifra en 41.250 euros) lo puede hacer en cualquier momento. Pero en el estado actual del proceso, si no hay aceptación del delito, Camps y los otros tres imputados (Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos), están abocados a sentarse en el banquillo.

¿Qué pasos quedan? El fiscal ya ha presentado su escrito de acusación, el PSOE lo hará entre hoy y mañana, y las defensas, sucesivamente, tienen cada una cinco días. Todos los escritos estarán listos a comienzos de abril. Hecho esto, el juez José Flors deberá convocar una audiencia preliminar "de forma inmediata", previsiblemente en la primera quincena de abril. Inmediatamente después, tiene que decidir si abre juicio oral (contra esta decisión no cabe recurso) o archiva el asunto (en cuyo caso sí cabe recurso).

Selección del jurado

El juicio con jurado lo presidiría, por riguroso orden de reparto de causas, el magistrado Juan Climent, que ha estado al margen de los recursos y, por tanto, no se ha contaminado para celebrar el juicio. Entonces hay que seleccionar a los nueve jurados, más dos suplentes, que tienen que juzgar a Camps. Se convoca a cuarenta personas como posibles jurados. Cada dos años, del censo se extraen al azar varios miles de personas como candidatas a los juicios con jurado previstos. De ellas, y sin que repitan, para cada juicio se cita a unas cuarenta.

Después hay que fijar la fecha del juicio. En el Tribunal Superior de Valencia se da por hecho que el juicio con jurado no se celebraría hasta, al menos, septiembre. El día del juicio tienen que comparecer, de los 40 jurados inicialmente convocados, y hecha una primera purga, en torno a 26 candidatos. Antes del juicio, los abogados de las partes entrevistan a los candidatos y cada uno de ellos puede recusar a varios. Finalmente, tienen que quedar 11, nueve titulares y dos suplentes, que serán los que emitan veredicto.

La pena la estipula el presidente del tribunal en función de los hechos probados que fije el jurado. El cohecho se halla entre los delitos cuyo conocimiento corresponde al Tribunal del Jurado.

www.elpais.es 21.02.11

FLORS TUMBA OTRO INTENTO DE DEMORAR EL CASO DE LOS TRAJES

Al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, le quedan cada vez menos recursos para retrasar el caso de los trajes, en el que está imputado junto a otros tres altos cargos del Consell y el PP regional por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio. El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano José Flors, instructor de la causa, ha rechazado, según se supo ayer, una nueva petición de suspender el procedimiento. El abogado de Camps había solicitado la comparecencia de varios peritos a fin de pedirles aclaraciones.

El magistrado recordó en su auto que según la Ley del Tribunal del Jurado esa diligencia deberá realizarse en la audiencia preliminar, el acto que precede a la decisión del juez de abrir o no juicio oral. Flors hizo hincapié en lo genérico de la solicitud: "No se concretó ningún extremo que debiera ser aclarado, ni se especificó cuál fuera la razón de necesidad por la que debiera alterarse la normal previsión normativa y resultara ineludible proceder a esas no precisadas aclaraciones con anterioridad a aquel momento".

www.elpais.es 19.02.11

LUNA REPITE ANTE EL JUEZ QUE NO TIENE EL INFORME DE GÜRTEL

Ángel Luna, portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, volvió a declarar ayer en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano por haber mostrado en las Cortes, en marzo pasado, un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que señalaba cómo la trama Gürtel logró beneficios millonarios de la retransmisión de la visita del Papa en Canal 9. El documento estaba entonces bajo secreto de sumario, y el Partido Popular lo denunció. En diciembre, Luna declaró ante el magistrado del TSJ Juan Montero como presunto autor de un delito de revelación de secretos. La acusación fue posteriormente desestimada por el juez que, sin embargo, volvió a citar a Luna ayer para investigar si había cometido un delito de encubrimiento.

La causa por encubrimiento no parece tener mucho recorrido

El portavoz socialista repitió ante el juez que no tiene en su poder el informe (sobre el que se levantó el secreto hace meses) y que desconoce quién se lo hizo llegar. A la salida del tribunal, Luna declaró que su preocupación seguía siendo "el fondo del asunto": cómo logró la trama Gürtel hacerse con tres millones de euros de Canal 9, "de los que 500.000 euros presuntamente están en el bolsillo de Pedro García", exdirector general de la televisión pública valenciana.

El abogado del PP, Jorge Carbó, calificó las explicaciones de Luna ante el juez de "inverosímiles", lamentó que se mantuviera "enrocado" en su postura y dejó abierta la petición de nuevas diligencias.

La causa no parece que vaya a tener, sin embargo, gran recorrido. Según las fuentes jurídicas consultadas, es difícil encajar los hechos en el delito de encubrimiento. Sería necesario probar, en primer lugar, que el diputado del PSPV sabía que al hacerle llegar el informe alguien estaba cometiendo un delito. El portavoz socialista siempre ha manifestado que no sabía que el informe tuviera carácter secreto, y por tanto aún menos que alguien cometiera un delito al enviárselo. Y que cuando lo enseñó a las Cortes el documento había sido desvelado por varios medios (el primero, EL PAÍS, el 16 de octubre de 2010). Y ninguna prueba aportada a la causa ha debilitado esa versión.

Para ser encubridor, además de conocer el delito, Luna tendría que haber ocultado, alterado o inutilizado "el cuerpo, los efectos o los instrumentos de un delito, para impedir su descubrimiento". Y lo que hizo el diputado socialista fue más bien lo contrario a ocultar, alterar o inutilizar el cuerpo del delito (es decir, el informe de la policía): lo enseñó ante decenas de parlamentarios, cámaras fotográficas y de televisión.

www.elpais.es 19.02.11

"LA MULTA QUE PIDE LA FISCALÍA PARA CAMPS LE CONDENA AL HAMBRE"

El ministerio público ha solicitado una sanción de 41.250 euros

Los populares valencianos parecen no salir de la confusión en la que los ha sumido la petición de la fiscalía de solicitar una pena de multa por importe de 41.250 euros para Francisco Camps por un supuesto delito continuado de cohecho pasivo impropio.

Los populares recurren al conflicto vasco para cuestionar la justicia

Las conclusiones de la fiscalía -y la decisión del juez que instruye el caso de los trajes, José Flors, de dar por finalizada la investigación- han empañado el proceso oficial de designación del presidente de la Generalitat como candidato del PP y han evidenciado la tensión que preside las relaciones entre Génova y los populares valencianos.

Ayer, los principales cargos del Consell y del PP intentaron desviar la atención del caso de los trajes y de la situación judicial del jefe del Consell, aunque en algunos casos rozaron el esperpento.

El portavoz de Economía del PP en las Cortes Valencianas, José Marí, compareció para hablar de la denuncia que tienen interpuesta contra el portavoz socialista, Ángel Luna, por exhibir en el pleno un informe del caso Gürtel. Sin embargo, al ser preguntado por las conclusiones de la fiscalía en el caso de los trajes, Marí tachó de "desproporcionada, elevadísima y disparatada" la pena de multa -250 euros diarios durante 15 meses y 15 días por haber por haber recibido, supuestamente 14.021 euros en ropa y calzado- solicitada a Camps. "Esta multa le condena al hambre, ya que supone prácticamente el doble de sus ingresos netos diarios [como presidente de la Generalitat], afirmó Marí.José Marí señaló que, en su opinión, con la citada petición de multa a Camps, "la fiscalía se salta la ley a la torera". "Entendería que esta multa la pidiese la acusación particular, pero no el ministerio fiscal", prosiguió el popular, "me da la impresión personal de que este escrito de la fiscalía ha sido redactado, no con la intención de convencer a los jueces, sino a los telediarios".

Las críticas del PP al proceso judicial fueron respondidas por la asociación Jueces para la Democracia, que tachó de "irresponsable" a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por reclamar un debate sobre la independencia judicial a raíz de la imputación de Camps.

"Sería exigible que la clase política asumiera la condena explícita de los abusos de poder que se hayan podido cometer, si es que se han cometido, y no dirigiera sus ataques a las personas que asumen funciones judiciales, menos aún con cuestionamientos generales del poder judicial", indicó la asociación de jueces progresistas.

El posicionamiento de Jueces para la Democracia obligó a replicar al portavoz de campaña del PP de Valencia ciudad, el edil Alfonso Novo, que salió en defensa de la alcaldesa. Novo insistió en la idea de que en el caso Gürtel "se han venido produciendo una serie de actuaciones que aconsejan abrir el debate sobre la situación de la justicia". Sin embargo, el concejal popular derivó el debate sobre la justicia hacia el conflicto vasco. "Algo falla cuando desde determinados procesos judiciales o político-judiciales, como el de Sortu [el partido de la izquierda radical vasca] se dice que la legalización de ese partido variará si los jueces que tengan que resolver esta causa son progresistas o no conservadores".

El vicepresidente tercero del Consell, Juan Cotino, fue más allá al intentar colocar el foco sobre el Gobierno. Cotino insinuó que tras el caso Faisán puede esconderse la financiación del Ejecutivo presidido por José Luis Rodríguez Zapatero a ETA durante la tregua previa al atentado de la T-4 en Barajas. Cotino, en una entrevista a Ràdio 9, dejó entrever que gente vinculada al PSOE y el PNV llevaron dinero al citado bar donde la banda terrorista realizaba sus transacciones monetarias.

Sin embargo, el presidente de la Generalitat no pudo evitar ser interpelado por su nominación oficial como candidato del PP. Preguntado por si tiene prisa, el jefe del Consell replicó: "Aquí los ciudadanos de lo que tienen prisa es de que Zapatero convoque las elecciones generales y se vaya a su casa".

En Valencia, el presidente del PP provincial y de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, también trajo a colación el caso Faisán, pero no rehuyó hablar de la situación de Camps. "El PP nacional lo ratificará", dijo Rus, que insistió en que "todos los días no se puede decir que Paco es el mejor"

"Cuando a [Mariano] Rajoy le faltaba la peseta para el duro", dijo Rus en referencia al congreso de Valencia en el que Juan Costa amenazaba con presentar candidatura alternativa, "el primero que dio un paso adelante fue Paco", explicó el presidente provincial del PP. "Alguno [en el PP] no estará de acuerdo con la designación, traidores siempre hay, pero no he escuchado a nadie decir que Camps no será el candidato", manifestó Rus, que recalcó que el jefe del Consell no ha plantado cara a la dirección nacional del PP.

www.elpais.es 17.02.11

RAJOY BARAJÓ RELEVAR A CAMPS Y AHORA LE HARÁ ESPERAR PARA DESIGNARLE

La cúpula evita confirmarle para mostrar distancia pero su salida está descartada

de Mariano Rajoy a la hora de resolver los problemas internos, que consiste en alargar al máximo la decisión y debilitar así políticamente a los afectados, cada vez más ansiosos, provocó ayer una nueva jornada de confusión sobre el futuro de Francisco Camps. Todos los portavoces del PP nacional (en particular Soraya Sáenz de Santamaría y Javier Arenas) y en Valencia (Rita Barberá) se pusieron de acuerdo para lanzar un mensaje: Camps será el candidato. Eso sí, desde Génova insistían en que no hay fecha para su confirmación, y no se va a adelantar, como él quería.

Pero detrás de la versión oficial en público hay mucha cocina política y una importante tensión interna. Es cierto que la reunión del comité electoral regional que, de forma apresurada, se convocó en la tarde del lunes para proponer a Camps, fue autorizada por Génova. Ana Mato, responsable de organización, habló con Camps y le dio el níhil óbstat. Pero no fue "a instancias" de la dirección nacional, como ayer decía Sáenz de Santamaría. Fue por presiones de Camps, que lleva semanas pidiendo que le confirmen -llama constante y casi obsesivamente a todos los dirigentes- y volvió a hacerlo el lunes. Sin éxito. Solo logró que le dejaran organizar su autoproclamación en Valencia, sin validez legal hasta que no la confirmen en Madrid. Y sigue sin haber fecha para eso, aunque Rajoy, presionado por Camps y por el interés de los medios, podría decidir hacerlo en la primera semana de marzo.¿Qué está pasando en realidad? Dado su estilo de gobierno, nadie sabe realmente qué está pensando Rajoy. Pero de diversas conversaciones en las últimas horas con dirigentes clave se puede concluir un análisis que coincide. La idea de que Camps no fuera el candidato ha estado encima de la mesa del líder mucho tiempo, explican. Frustrada la operación Barberá, porque ella no quiere ser la sustituta, se tenía preparado ya incluso el nombre de Alberto Fabra, alcalde de Castellón. Sin embargo, ese plan tenía una condición: que fuera el propio Camps el que dejara paso. Porque Rajoy no quería echarlo directamente.

Ahora todos están ya convencidos de que Camps no se irá. Él quiere, dicen, ganar las elecciones para decir que los votantes le han absuelto, y a partir de ahí poder pensar en una retirada digna.

Además, en la cúpula ya están casi completamente seguros de que el juicio por cohecho, su gran temor, no llegará hasta después de las elecciones. La señalización de juicio sí puede llegar antes, a finales de marzo o principios o mediados de abril. Pero mientras él no se siente en el banquillo, la foto más temida, y dada la escasa fuerza de la oposición en la Comunidad Valenciana, Rajoy y los suyos piensan que puede aguantar.

Así que el escenario ha cambiado, sostienen varios dirigentes. Ya no está encima de la mesa cambiar -salvo que Rajoy sorprenda a todos- y está asumido, aunque no le guste a casi nadie, que Camps será el candidato.

Eso sí, Rajoy sigue queriendo mantener las distancias. Tanto sus gestos públicos cuando se ven como su decisión de no ir a Valencia salvo en las insalvables Fallas lo evidencian. Para mostrar esa distancia, para mantenerle más controlado desde Génova, y de paso para ganar tiempo por si hay algún imprevisto, Rajoy está alargando todo lo posible la confirmación de su candidatura. Esto es, será candidato, pero tendrá que esperar. Y sufrir.

www.elpais.es 16.02.11

UN DISCURSO HIPERBÓLICO

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, volvió a exhibir ayer su lado más hiperbólico, alimentado por las declaraciones de apoyo del PP nacional. "Soy el candidato más respaldado de todos los candidatos de la historia de las democracias occidentales en todo el mundo", aseguró.

Camps presumió de tener el respaldo mayoritario de los valencianos y "el cariño y el respaldo constantes" de sus compañeros del PP, "de Mariano Rajoy, de la secretaria general María Dolores de Cospedal, de portavoces parlamentarios, de presidentes regionales o de alcaldes". En un acto para hablar del corredor mediterráneo, Camps se avino a responder ayer a varias preguntas de los periodistas. Tras ser propuesto por el comité electoral del PP regional como candidato a la reelección, el presidente de la Generalitat vaticinó: "Tendré la oportunidad y la enorme suerte de presidir el Gobierno valenciano mientras que al frente del Ejecutivo central estará Rajoy, como un amigo y una persona de la que he sido leal y fiel colaborador".

El jefe del Gobierno valenciano aseguró no tener ninguna duda de que volverá a revalidar su mayoría electoral pese a los problemas judiciales.

www.elpais.es 16.02.11

LA DISCRECIÓN QUE PIDIÓ GÉNOVA ACABA EN ESTRÉPITO

La nominación de Camps pone de relieve la tensión en el PP entre Madrid y Valencia

El procedimiento para designar candidato a Francisco Camps se planteó el pasado lunes con sumo cuidado. Casi como si se tratase del traslado de un valioso jarrón chino. Y acabó como si este hubiese rodado por los suelos, con gran estrépito, lo que obligó ayer a dirigentes populares de todo cargo y condición a intentar dar una explicación coherente que salvase la figura de Camps y la jerarquía de Génova sobre el partido en Valencia. Ello no evitó, sin embargo, el estupor y el malestar de muchos cuadros populares que consideran que el proceso de nominación de Camps se ha iniciado de manera "chapucera".

El lunes a primera hora de la tarde, la vicesecretaria de Organización del PP nacional, Ana Mato, telefoneó a Camps al Palau de la Generalitat y le pidió que pusiese en marcha el procedimiento para su nominación oficial como candidato, inicialmente previsto para el 5 de mayo en Mallorca. Mato reclamó de Camps discreción, consciente de la grave situación judicial en que se halla y de su ansiedad por ser proclamado oficialmente.

Dicho y hecho. Tras acabar la conversación con Mato, Camps llamó a las 16.30 al presidente del comité electoral del PP regional, el senador Pedro Agramunt, y le pidió que reuniese de urgencia a los otros ocho miembros que integran este órgano, para proponer oficialmente a Génova su nominación como candidato. El grado de secretismo acordado fue de tal intensidad, que se decidió no informar a la mayoría de altos cargos del PP valenciano, algunos de los cuales -como el consejero y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, entre otros- se enteraron por la prensa de que estaba convocado el comité electoral a las ocho de la tarde en la sede regional.

A esa hora, los integrantes del comité electoral del PP valenciano -a excepción del parlamentario Ignacio Gil Lázaro, que no pudo acudir- ya estaban listos para firmar el acta en la que figuraba Camps como único candidato posible. No hubo ni discusiones, ni debate, conscientes todos de que el futuro de Camps está en manos de Rajoy. Apenas 15 minutos después, la dirección valenciana del PP lanzó los comunicados preparados poco antes, tanto el de designación como candidato, como los escritos de apoyo por parte de cargos públicos afines a Camps. Mientras, Agramunt y el secretario del comité electoral, Vicente Rambla, verbalizaron el acuerdo ante las cámaras a la puerta de la sede del PP.

Sin embargo, el tono imperativo utilizado en la nota de designación del candidato, las reticencias de Génova a poner en marcha la claque, y el secretismo utilizado por Camps, contribuyeron a levantar una enorme polvareda política que ha puesto de relieve la enorme tensión existente en el PP entre Madrid y Valencia. Tanta que ayer, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y otros cargos valencianos tuvieron que asegurar en público que no hay "ningún desafío, ningún reto, ni ninguna presión" a la dirección nacional del PP.

www.elpais.es 16.02.11

BLASCO SE AFERRA A QUE EL JUICIO POR COHECHO A CAMPS "ES UNA HIPÓTESIS, NO UN HECHO REAL"

Que el presidente de la Generalitat tenga que sentarse en el banquillo de los acusados es "una hipótesis; no un hecho real", dado que "no se ha planteado todavía", alegó ayer el portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, al término de la Junta de Portavoces en las Cortes Valencianas. Para restar trascendencia a la situación judicial de Francisco Camps, Blasco descalificó la actuación de la fiscalía y trató de reducir el supuesto cohecho continuado del que se acusa al jefe del Consell a una cuestión "tonta y banal".

"Estamos convencidos de que acabará en archivo en el momento correspondiente", llegó a decir el portavoz popular sobre la investigación que afecta a Camps, aseguró que la acusación de la fiscalía "no empaña la honradez del presidente" y añadió que su apoyo social y electoral tiene "mayor peso político y moral que cualquier iniciativa judicial que esté sin probar".

"Camps será el candidato en la Comunidad Valenciana", vaticinó Blasco, que descartó cualquier falta de sintonía con la dirección nacional del PP y con su presidente, Mariano Rajoy. A la pregunta de si el Grupo Popular en las Cortes mantiene lo que dijo Camps en el hemiciclo, es decir, que se pagó los trajes, o resta importancia al hecho de haber recibido regalos, Blasco respondió que la acusación es infundada -"se trata de una acusación más política que judicial", dijo textualmente-, pero también calificó de "insignificante" la imputación. "Yo no aceptaría de una trama de corrupción ningún tipo de regalo", exclamó Blasco al responder si le parece digno que un presidente acepte que le regalen 11 trajes, cinco americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas. "Pero no está demostrada esa acusación", puntualizó enseguida el portavoz popular, que insistió en reducir el caso a un problema sobre los recibos de "dos trajes" y tildó de "insustancial" la multa de 41.000 euros que solicita la fiscalía por cohecho pasivo impropio.

www.elpais.es 16.02.11

 

LOS TRAJES, SÓLO LA PUNTA DEL ICEBERG VALENCIANO 

La investigación ha destapado graves delitos de corrupción 

Las airadas protestas del PP por el trato "injusto" a Francisco Camps tropiezan con un hecho: que los hallazgos de la investigación judicial indican que la red Gürtel no se tejió en Valencia con el hilo de los trajes regalados al president, sino con una madeja mucho más enmarañada. Y en ella había presunta financiación ilegal, presunta prevaricación por el amaño de contratos y el consiguiente y presunto saqueo de las arcas públicas. Tanto la Policía como Hacienda y, sobre todo, el juez que instruye la parte principal del caso, Antonio Pedreira, consideran involucrada a la plana mayor de Camps. Pedreira se inhibió de seguir investigando esa línea precisamente porque los indicios apuntan a aforados a quienes sólo puede investigar el Tribunal Superior de Justicia valenciano. 

01. La financiación: 2,5 millones ocultos 

La primera alerta sobre financiación ilegal llegó a través de un informe de la Brigada de Blanqueo en julio de 2009, aunque el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) despreció su contenido. La segunda revelación, clave, fue hecha por Hacienda en mayo de 2010: el PP valenciano, constata un informe de esa fecha, ocultó al fisco 2,5 millones en las elecciones de 2007. Lo hizo, mantiene la Agencia Tributaria, gracias a la colaboración de Orange Market, capitaneada por Álvaro Pérez, el Bigotes, el "amiguito del alma" de Camps. 

Además, una parte de la doble campaña autonómica y local de aquel año fue pagada por "terceros", advertía Hacienda. Un posterior informe policial, fechado en julio de 2010, reveló cómo el PP valenciano y tres de las empresas con más contratos públicos en Valencia Sedesa, Lubasa y Ortiz pagaron a Orange Market 846.000 euros en negro durante 2008. El reparto de costes fue paritario: una mitad la abonó el PP; otra, los empresarios, según la Policía. El objetivo, se lee en el informe, era minorar la deuda electoral contraída con Orange Market. Sedesa propiedad de la familia del vicepresidente Juan Cotino, Lubasa y Ortiz pagaron "siguiendo indicaciones" de los responsables del partido, conscientes de que ayudar al PP entrañaría "contrapartidas". 

02. El amaño: 14 millones en contratos 

En apenas cinco años, la trama obtuvo no menos de 14 millones en contratos públicos de la Generalitat y otros entes públicos dependientes gracias, según el juez Pedreira, a "reiteradas irregularidades". Entre esas anomalías, el magistrado destaca las adjudicaciones a Orange Market, consecutivas durante cinco años, del stand de la Generalitat en Fitur. Y las destaca "tanto por su precio como por la gravedad de las irregularidades cometidas". En 2009, la oferta de Fitur fue la más cara. Pero volvió a ganar. Además, Orange Market se benefició del fraccionamiento de contratos, lo que le garantizaba la adjudicación directa de servicios.  

03. El saqueo: tres millones de Canal 9 

En ese cómputo de 14 millones figuran los siete adjudicados por la Generalitat. Pero, también, el contrato adjudicado a Teconsa investigada en el caso por Canal 9 para organizar en 2006 la cobertura de la visita del Papa. El contrato se cifró en 6,4 millones, de los que la red se repartió casi tres millones en comisiones, según la Policía.  

www.publico.es 15.02.11 

GONZÁLEZ PONS PONDRÍA "LAS DOS MANOS EN EL FUEGO" POR CAMPS 

Mientras Génova elude nombrar a Francisco Camps candidato oficial del PP para las próximas elecciones autonómicas, las manifestaciones públicas en apoyo al presidente valenciano de dirigentes del PP crecen. Este martes, el vicesecretario de Comunicación, Esteban González Pons, ha defendido la inocencia del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y ha asegurado que pondría "las dos manos en el fuego" por él.  

En una entrevista de Catalunya Ràdio ha aclarado que su designación como candidato, al igual que el resto, está a la espera de que el Comité Electoral Nacional lo ratifique, eso sí, no hay fecha para ello. Pons ha afirmado que "Camps es el candidato del Partido Popular a la presidencia de la Generalitat" valenciana, después de que ayer el comité electoral regional lo propusiera como candidato a la presidencia.  

Convencidos de su inocencia

Preguntado por la imputación del presidente valenciano en el caso Gürtel, ha subrayado: "Estamos convencidos de su inocencia", y ha manifestado que el hecho de que se le esté investigando no influirá en su designación como candidato. "Tomar una decisión en contra de esta convicción (de que es inocente) es arriesgarnos mucho a ser injustos", ha dicho.

Total, por cuatro trajes...

Siguiendo la línea argumental marcada por el PP, Pons ha restado importancia al proceso judicial y ha recordado que "está imputado porque le han regalado cuatro trajes y cuatro corbatas", a lo que ha agregado: "No creo que nadie considere creíble que por cuatro trajes y cuatro corbatas se venda un presidente de la Generalitat valenciana".

Desafío de Camps

Sin embargo, pese a las continuas muestras de apoyo de dirigentes nacionales, Camps no parece estar muy convencido de que será finalmente el candidato y anoche, intentó forzar de nuevo su nominación convocando al comité electoral del PP de la Comunitat Valenciana (PPCV), que aprobó por unanimidad que sería la cabeza de lista para el 22-M.

¿Buena sintonía?

Las aclaraciones del presidente del comité electoral del PPCV, Pedro Agramunt, y su secretario, Vicente Rambla, de que todo se había hecho en "plena sintonía" con Génova no han convencido a nadie. Tampoco las de Soraya Sáenz de Santamaría, portavoz del Grupo Popular en el Congreso, quien ha explicado que la reunión en Valencia se convocó "a instancias" de la dirección nacional del PP. Esta coordinación y buena sintonía, sin embargo, no les lleva a incorporar en el orden del día del Comité Electoral Nacional la nominación de Camps y acabar así con las especulaciones.

www.elplural.com 15.02.11

CAMPS SE AUTOPROCLAMA CANDIDATO PARA FORZAR QUE RAJOY LO CONFIRME

El valenciano desafía a la dirección del PP, pero Génova retrasa su proclamación

Francisco Camps lleva semanas pidiendo a la dirección nacional que le confirme como candidato. Solo puede hacerlo el Comité Electoral Nacional, presidido por Miguel Arias Cañete, que Génova retrasa una y otra vez. Y en Valencia la idea sobre la desconfianza de Mariano Rajoy en Camps se instala cada vez más.

Hasta ahora, el presidente valenciano presionaba discretamente, según confirman varias fuentes de la dirección. Y siempre recibía un no por respuesta. Pero ayer pasó de la presión discreta a un desafío público en toda regla. Camps se indignó después de que en la habitual rueda de prensa de los lunes Dolores de Cospedal, la secretaria general, muy distanciada del valenciano, insistiera en que "no hay fecha" para la proclamación de este y otros presidentes autonómicos, y explicara sin embargo que sí está previsto que se reúna el Comité Electoral Nacional esta semana solo para nombrarla precisamente a ella como candidata a Castilla-La Mancha. Cospedal tiene organizado un gran acto el sábado con Rajoy y quiere que el comité la confirme antes.

Camps estalló en cólera ante lo que entendía una injusticia. ¿Por qué se confirma a otros y a él no, que es uno de los pocos que lo está reclamando? Según diversas fuentes, llamó a Génova de nuevo para presionar y sobre todo decidió lanzar su desafío: convocó de urgencia para las ocho de la tarde de ayer un Comité Electoral de la Comunidad Valenciana para que le propusiese como candidato. Legalmente no sirve de nada, es un brindis al sol, pero es un claro gesto de presión.

Todos los dirigentes coinciden en que Rajoy no confirma aún a Camps porque está esperando a ver qué sucede en el proceso por cohecho impropio que el valenciano tiene pendiente. Y que puede estallar en plena campaña. Eso dispara los temores en el campismo: aunque Rajoy insista en que no contempla otra opción que su candidatura, lo cierto es que aún no es oficialmente candidato.

El desafío de Camps generó un enorme malestar en la calle Génova y la dirección contestó de forma tajante a través de sus portavoces oficiales: sigue sin haber fecha para confirmar a Camps y otros presidentes autonómicos, y esta semana -previsiblemente miércoles o jueves- se reunirá el Comité Electoral Nacional solo para nombrar a Cospedal. Camps no estará ahí, aunque se empeñe.

Rajoy ya no quiere a Camps pero tampoco va a echarlo. Le gustaría que dimitiera, insisten en su entorno. Pero él no se va a ir porque quiere que las urnas de alguna manera le absuelvan, siguiendo la doctrina de Carlos Fabra. Así que la situación está bloqueada. Aún así, fuentes de la dirección dan por hecho que Camps irá y que se confirmará su candidatura antes del 5 de marzo, fecha de la convención autonómica en Mallorca. No será esta semana, pero será, explican.

En cualquier caso el tono del comunicado del PPCV demuestra el nivel del desafío. "El Comité Electoral Nacional deberá ratificar la propuesta elevada por el PPCV. Camps encabezará por tercera vez la lista", señala.

Vicente Rambla, vicepresidente de la Generalitat, vaticinó que Camps ganará con dos tercios de los votos valencianos, aseguró que todo se había hecho de acuerdo con la dirección nacional y que la candidatura será confirmada "cuando tenga a bien ratificar la propuesta el Comité Electoral Nacional". Pero no será tan pronto como Camps quería.

www.elpais.es 15.02.11

BARBERÁ DUDA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y COSPEDAL HABLA DE "ATAQUE POLÍTICO"

Rita Barberá, alcaldesa de Valencia, se ha convertido desde que estalló el caso Gürtel en uno de los grandes apoyos del presidente valenciano, Francisco Camps. Ayer, igual que otros colegas del PP, volvió a defenderlo y se mostró orgullosa de abrir un debate sobre la independencia judicial: "Es el mejor servicio que he hecho a España desde que estoy en política", subrayó, para después afirmar que "la transición no ha pasado por el poder judicial".

A la vista de las críticas de la asociación Jueces para la Democracia, que ha pedido a la regidora respeto a los tribunales, Barberá negó que cuestione la imparcialidad de jueces y fiscales. "Dije que la mayoría de jueces y fiscales eran imparciales e independientes pero que podría haber algunos que no", recordó. Y aclaró que, si todos los días se debate sobre el poder ejecutivo y legislativo, "¿por qué no se va a poder hacer lo mismo con el judicial?".

Barberá insistió en que los jueces son "personas, no aquellos antiguos jueces que parecían intocables". "Son unas personas que militan o han militado en partidos políticos, que se han presentado a elecciones... Y [los ciudadanos] lo tienen que saber", afirmó.

Esta ofensiva contra la justicia precisamente cuando Camps está a punto de sentarse en el banquillo -después de que cinco jueces del Tribunal Supremo dictaminaran por unanimidad que había caso- fue respaldada por la dirección nacional del PP. Dolores de Cospedal, la secretaria general del partido, apoyó a Barberá -aunque dijo que sólo se refería a fiscales y no a jueces, algo que no era cierto- y aseguró que Camps está siendo víctima de un "ataque político en toda regla". Insistió en que hay doble rasero en la fiscalía porque, mientras se pide el enjuiciamiento de Camps, en otros casos que el PP ve más graves, como el de los ERE andaluces, la fiscalía no hace nada.

El portavoz parlamentario del PSOE, José Antonio Alonso, calificó de "terrorífico" que el PP cargue contra las instituciones para "amparar" a Camps ante la acusación de la fiscalía, que en su escrito pide 41.250 euros de multa al presidente valenciano por supuesto cohecho impropio.

www.elpais.es 15.02.11

UNA CARRERA CONTRA LOS JUECES

Deprisa y corriendo fue designado ayer Francisco Camps por los suyos, mientras los primeros espadas del PP valenciano arremetían contra jueces y fiscales. El 25 de enero saltó por los aires el calendario que manejaba el presidente de la Generalitat, confiado en dilatar, al menos hasta la disolución de las Cortes valencianas, la instrucción del caso de los trajes, ramificación del caso Gürtel que le afecta de lleno.

En esa fecha, el juez José Flors declaró concluida la instrucción sobre Camps y otros tres altos cargos del PP. Comenzó entonces la cuenta atrás para la apertura de juicio oral. El segundo revés se produjo el viernes, cuando la fiscalía concluyó que 11 trajes, cinco americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas regalados por la trama Gürtel suponen un delito continuado de cohecho pasivo impropio. Ese mismo día, el TSJ rechazó recursos que intentaban frenar el procedimiento.

Camps se ha visto obligado a improvisar una estrategia para que Rajoy lo proclame oficialmente candidato. El nerviosismo cunde en la sede nacional del PP, donde hay temor a que la convención autonómica salte por los aires. También en la sede valenciana, donde aumentan las dudas sobre Rajoy y se teme una campaña electoral centrada en los problemas judiciales.

Camps mantuvo ayer un solo acto, de carácter protocolario, en su agenda pública. En su defensa salió la caballería. El vicepresidente del Consell Vicente Rambla dijo que "no es justo" el proceso al que está sometido. Y el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, aseguró que el Gobierno de España "ha teledirigido de manera descarada a la fiscalía contra la soberanía popular de los valencianos".

www.elpais.es 15.02.11

COSPEDAL DEFIENDE A CAMPS Y ACUSA A LA FISCALÍA "DE SER UN ARMA DE ATAQUE POLÍTICO EN TODA REGLA"

Destacados dirigentes del partido vuelven a arremeter contra la justicia como respuesta a la petición fiscal de que el presidente valenciano se siente en el banquillo  

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido hoy en que el Gobierno utiliza la fiscalía "como un arma de ataque político en toda regla" contra su partido. La número dos de Mariano Rajoy se ha sumado así a las declaraciones de los últimos días de varios dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana, que han arremetido no solo contra el Ministerio Público sino también contra los jueces.

"Camps es un magnífico presidente de la Generalitat Valenciana"

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha insistido hoy en que el Gobierno utiliza la Fiscalía ?como un arma de ataque político? contra su partido. La número dos de Mariano Rajoy se ha sumado así a las declaraciones de los últimos días de varios dirigentes del PP de la Comunidad Valenciana, que han arremetido no solo contra el Ministerio Público sino también contra los jueces. - AGENCIA ATLAS

Cospedal ha rechazado responder en varias ocasiones y a distintos medios si el presidente valenciano, Francisco Camps, será el candidato del PP en las elecciones autonómicas de mayo, después de que la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana pidiera para el presidente de la Generalitat una multa de 41.250 euros por un delito continuado de cohecho impropio pasivo.

El líder regional respondió a la petición de la fiscalía con un acto en el que fue aclamado por su partido. Hoy, sin embargo, Cospedal se ha negado ha confirmar si Camps será el cabeza de lista el próximo 22 de mayo y ante la pregunta de si preferiría que fuera él mismo el que tomara la decisión de retirarse ha asegurado que no sabe "que está en su mente" pero ha reiterado el mantra que se oye en Génova desde que surgieron las relaciones del PPCV y el caso Camps: "Es un magnífico presidente del PP en Valencia".

La respuesta de Cospedal ha venido precedida de la de otros líderes del PP de Valencia. El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, ha acusado hoy a la Justicia "de no ser justa con Camps". Según Rambla, "la Justicia debemos pretender que sea justa y en este caso creo que no es justo lo que está ocurriendo con el presidente Camps". Sin embargo, preguntado por qué es lo que se está haciendo de manera injusta con Camps, Rambla no ha respondido porque se había explicado "suficientemente".

Otro vicepresidente de la Generalitat, el tercero, aseguró en su blog el pasado sábado que "la fiscalía de Rubalcaba presiona al TSJ contra Camps" ya que "acusa sin pruebas". "Volvemos a la manipulación, a la mentira, a la falsedad", zanja Juan Cotino.

Finalmente, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, aprovechó una entrevista con la agencia Efe para arremeter contra los jueces. Una entrevista que se realizó antes de que la Fiscalía remitiera al juez su escrito, pese a que la agencia fue distribuida el pasado sábado.

En ella, Barberá pidió plantear "un debate sobre la independencia de la justicia, que es un poder del Estado de derecho como lo es el Poder Legislativo o el Ejecutivo". "¿Por qué no puede abrirse un debate sobre la realidad del Poder Judicial?".

La asociación Jueces para la Democracia acusó a Barberá tras conocer las declaraciones de "sugerir que los magistrados instructores de los citados procedimientos (Gürtel y Bellver) no actúan con independencia de criterio y que podrían tener otros intereses". Además, sigue la nota, "resulta sorprendente constatar que nos encontramos ante unas autoridades que aplauden la acción de la justicia cuando ésta les da la razón y luego califican de forma poco respetuosa sus actuaciones cuando creen que no resultan beneficiados".

www.elpais.es 14.02.11

JUECES PARA LA DEMOCRACIA PIDEN A BARBERÁ QUE RESPETE A LOS TRIBUNALES

La alcaldesa insiste en pedir un debate sobre la justiciaJpD cree que las declaraciones de Barberá "evidencian su malestar partidista"

Jueces para la Democracia emitió ayer un duro comunicado sobre las manifestaciones realizadas por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, en las que solicitaba un debate sobre la independencia de la Justicia. La alcaldesa hizo estas declaraciones el miércoles a la agencia Efe, antes de que se conociera que la Fiscalía fuera a solicitar la apertura de un juicio por cohecho al presidente de la Generalitat, Francisco Camps. Efe no dio a conocer esa parte del contenido de la entrevista hasta el pasado sábado, coincidiendo con un acto del PP, pero ayer Barberá se reafirmó en su petición.

En el PP se procuraba ayer distinguir su posición crítica con los fiscales de la que mantienen con los jueces. Pero la alcaldesa de Valencia volvió a insistir en la posibilidad de plantear "un debate sobre la independencia de la justicia, que es un poder del Estado de derecho como lo es el Poder Legislativo o el Ejecutivo". "¿Por qué no puede abrirse un debate sobre la realidad del Poder Judicial?". Rita Barberá fue ayer más comedida que en sus declaraciones iniciales, en las que se había mostrado "profundamente sorprendida por la evolución judicial" del caso Gürtel y también por el que pesa sobre su concejal de Urbanismo, Jorge Bellver. "Son una muestra", dijo entonces, para que se piense "en darle una vuelta a la independencia de la justicia", ya que aunque hay "jueces y fiscales profundamente independientes, a lo mejor no lo son todos".

Estas manifestaciones, reiteradas ayer con algo de sordina, fueron las que motivaron la nota de Jueces para la Democracia (JpD), "pues llega [Barberá] a sugerir que los magistrados instructores de los citados procedimientos (Gürtel y Bellver) no actúan con independencia de criterio y que podrían tener otros intereses".

JpD asegura que las resoluciones judiciales pueden ser cuestionadas, "pero las críticas deben expresarse con alegaciones jurídicas motivadas y no con descalificaciones hacia los jueces que solo evidencia el malestar partidista de quien las emite". Además, sigue la nota, "resulta sorprendente constatar que nos encontramos ante unas autoridades que aplauden la acción de la justicia cuando ésta les da la razón y luego califican de forma poco respetuosa sus actuaciones cuando creen que no resultan beneficiados".

Jueces para la Democracia opina que "determinados ataques a la actuación judicial no pueden enmarcarse en la aportación de argumentos constructivos, sino que más bien parecen intentar socavar la credibilidad social de nuestros tribunales". JpD finaliza su nota haciendo constar su preocupación por la falta de acatamiento de las resoluciones judiciales y reclamando una mayor responsabilidad por parte de "las autoridades valencianas" e instando a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y al Consejo General del Poder Judicial a intervenir "para recodar el respeto que se debe al principio de separación de poderes como elemento esencial de un Estado democrático".

Por su parte, los socialistas denunciaron que el único objetivo de las declaraciones de la alcaldesa era "distraer a la opinión pública para que no se hable de la petición de la Fiscalía Anticorrupción" contra Camps.

La portavoz en el Ayuntamiento de Valencia, Carmen Alborch, lamentó que "la alcaldesa, de nuevo, invoca el Estado de derecho cuando su actuación coincide con sus intereses, pero no cuando le perjudican".

Contundente, el portavoz de Compromís en las Cortes Valencianas, Enric Morera, tras mostrar su respaldo a la nota de JpD, aseguró que el "PP valenciano, con total seguridad, asumió gran parte del coste de la organización del congreso nacional o los actos de las elecciones generales de 2008. Aquí se pagaron los gastos y ni Rajoy ni Bárcenas pidieron las facturas ni nos las han enseñado. Por ese motivo Camps tiene cogido a Rajoy de la mano; si se lo lleva por delante se llevará también a Rajoy en su caída. El presunto delito por falsear la contabilidad de las elecciones generales prescribe a los tres años. Faltan unas pocas semanas. Ése es el principal problema para Rajoy: Que Camps tire de la manta y lo meta de lleno en Gürtel".

www.elpais.es 14.02.11

EL PP VALENCIANO RESPONDE AL FISCAL CON UN ACTO DE ACLAMACIÓN A CAMPS

González Pons: "Le persiguen porque dicen que le han regalado cuatro corbatas"

ayer a Francisco Camps en un multitudinario acto de aclamación de candidatos municipales en Alzira, a 35 kilómetros de Valencia, como respuesta a la Fiscalía Anticorrupción. El ministerio público pidió el viernes una multa de 41.250 euros para el presidente de la Generalitat valenciana por un supuesto delito continuado de cohecho impropio por aceptar regalos por valor de 14.021 euros de varias empresas de la trama Gürtel a cambio de decenas de contratos públicos.

El presidente del Gobierno valenciano augura una victoria electoral "épica"

Un millar largo de militantes populares aclamó al presidente valenciano cuando minutos después de las diez de la mañana entró en una sala de fiestas para compartir un almuerzo con sus compañeros de partido. Los periodistas que se acercaron al líder del PP en la Comunidad Valenciana cuando entraba en la sala para preguntarle sobre la solicitud del fiscal al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana solo obtuvieron una respuesta: "Todos somos conscientes de que estamos ante un éxito electoral sin precedentes, que demuestra que los valencianos quieren que el PP siga gobernando en la Comunidad Valenciana y en la inmensa mayoría de los ayuntamientos". A cada pregunta, la misma respuesta: "Estamos ante un éxito sin precedentes".

Los militantes de la organización provincial del PP de Valencia se tomaron una hora para almorzar. Ensalada, montaditos de lomo, agua y vino. No hubo café. Camps ocupó la mesa presidencial con cinco consejeros de su Gobierno, el presidente provincial del partido y su compañero Esteban González Pons, vicesecretario de Comunicación de la dirección nacional del PP.

Los primeros oradores insistieron en la honradez de Camps y solicitaron aplausos al presidente "por lo que está sufriendo". Nadie tuvo que hacer explícita la supuesta conspiración de todas las instituciones del Estado para derrocar al presidente valenciano. El auditorio ya la tenía asumida. Pero González Pons quiso aclarar algunos extremos: "Con los fiscales, los españoles no somos todos iguales ante la ley. No veréis a los fiscales impulsar actuaciones judiciales ante casos como los 10 millones de euros dados a la empresa donde trabaja la hija de Chaves ni sobre las obras adjudicadas por el tesorero del PSOE en el ministerio de José Blanco, ni los ERE de lujo de Andalucía. Aquí, total, por el regalo de cuatro corbatas te persiguen, pero si eres de Andalucía no lo hacen. Este no es el país que yo quiero".

En el arranque de su intervención, González Pons dio pie al discurso de Camps: "El PP es el único partido que puede decir que es de la Comunidad Valenciana".

El presidente de la Generalitat subió a la tribuna con tono exultante: "Valencia está orgullosa de ser Valencia y de ser del PP. Estamos convencidos de que hemos hecho la mejor gestión que nunca se ha hecho en la Comunidad Valenciana. Hemos hecho de esta tierra una tierra amable, abierta y potente". Camps auguró "una victoria épica el 22 de mayo" y evitó cualquier mención sobre sus problemas judiciales. Apenas deslizó: "Zapatero ha intentado ganar bajo todo tipo de artimañas esta tierra, porque sabe que si no gana en la Comunidad Valenciana no gana en España. Pero nosotros dijimos no, por aquí no pasarás. Y Rajoy ganará en la Comunidad Valenciana y en toda España".

El presidente valenciano insistió en presentar las próximas elecciones municipales y autonómicas como la antesala del relevo de José Luis Rodríguez Zapatero como presidente del Gobierno: "Este partido ha contribuido a parar a Zapatero, le quedan pocos meses. Hoy, más que nunca, todos nuestros compatriotas saben que en Valencia comenzó el éxito de una nueva manera de entender España".

Camps recurrió a la identificación de su proyecto con los intereses de la Comunidad Valenciana en el resto de su discurso, una dimensión regionalista que es tónica habitual en sus intervenciones: "Yo sé qué queremos, cómo queréis que sea la Comunidad Valenciana, porque somos de aquí, de esta tierra. Somos las líneas que dicta el corazón de los valencianos. Por eso somos un proyecto indestructible. Por eso estamos más fuertes que nunca".

www.elpais.es 13.02.11

LA FINANCIACIÓN ILEGAL, EN EL LIMBO

El caso Gürtel no son solo los regalos de trajes a altos cargos del PP valenciano por parte de la trama que dirigía Francisco Correa. La policía tiene acreditados delitos de financiación ilegal del PP de Valencia a través de pagos que hacían a Correa potentes empresas de esa comunidad (adjudicatarias de jugosas contratas del Gobierno de Francisco Camps) para saldar deudas del partido con la red Gürtel que, a su vez, organizaban los actos electorales. Hacienda ya señaló que el PP de Valencia le ocultó gastos por importe de 2,5 millones. El juez Pedreira se inhibió a favor de Valencia de todo el asunto de la financiación ilegal, dado que entre los implicados estaría la cúpula del PP de esta comunidad (la mayoría, aforados). Pero el Tribunal Superior de Valencia aún no ha dicho si acepta investigar este asunto porque la inhibición está recurrida y no es firme. Fuentes jurídicas creen que Valencia se declarará incompetente y devolverá el asunto a Pedreira, quien, en ese caso, la elevaría al Tribunal Supremo para que dictamine quién debe investigarla. La causa, pues, sigue en el limbo.

www.elpais.es 12.02.11

EL PP TACHA DE "DESPROPORCIÓN" LA PENA QUE PIDE LA FISCALÍA

El Partido Popular se movió ayer con extrema cautela tras conocer las conclusiones provisionales de la Fiscalía Anticorrupción en el caso de los trajes en el que se halla imputado Francisco Camps. El presidente de la Generalitat -de regreso a Valencia de un viaje oficial a Berlín con escala en Madrid- logró que Génova saliese en su defensa con una declaración en la que se volvió a descalificar la actuación de la fiscalía, se reiteró la confianza en la inocencia de Camps y se tachó de "desproporcionada" la pena de multa solicitada por el supuesto delito continuado de cohecho pasivo impropio.

En Valencia, la dirección regional del PP reforzó, poco después, el pronunciamiento de Génova al insistir en que "todo el partido" en la Comunidad Valenciana respalda a Camps como candidato a la reelección. Las mismas fuentes indicaron también que la fiscalía ha fracasado en su intento de vincular el caso de los trajes a la financiación irregular del partido.

www.elpais.es 12.02.11

EL FISCAL ACUSA A CAMPS DE UN DELITO CONTINUADO DE COHECHO POR ACEPTAR REGALOS POR VALOR DE 14.021 EUROS

El ministerio público pide para él una multa de 5 meses y 15 días a razón de 250 euros diarios por los presentes que recibió de la trama Gürtel

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este viernes ante el magistrado instructor de la causa de los trajes en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), José Flors, su escrito de conclusiones provisionales, en el que acusa al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de un delito continuado de cohecho. Por este delito solicita una multa de cinco meses y 15 días, a razón de 250 euros diarios, es decir, un total de 41.250 euros. El fiscal considera que Camps, en atención a su cargo de presidente de la Generalitat Valenciana, recibió regalos de la trama Gürtel por valor de 14.021,5 euros.

 Documento: Texto íntegro del escrito de la fiscalía

El fiscal subraya que los regalos eran adquiridos en establecimientos de las firmas Milano Difusión, SA y Forever Young abiertos al público en Madrid, y se facturaban, según los casos, a las sociedades Easy Concept Comunicación, SL; Diseño Asimétrico, SL; Good & Better, SL; Servimadrid Integral, SL y Orange Market, SL, todas ellas vinculadas a Francisco Correa Sánchez y gestionadas por Pablo Crespo Sabaris, las cuales pagaban las correspondientes facturas y tickets de caja, "bien en efectivo, o mediante transferencia o entrega de cheques".

Tanto Camps, como los otros tres imputados en el caso,"aceptaron esos regalos sabedores de que les eran entregados en reiterada consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa Sánchez, Álvaro Pérez Alonso y Pablo Crespo Sabaris", cabecillas de la red corrupta,"mantenían importantes intereses económicos".

Orange Market, la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, logró contratos por más de 16 millones de euros del Gobierno valenciano y del partido entre 2004 y 2009, cuando estalló el escándalo.

La fiscalía pide pide la apertura del juicio oral contra Camps y contra el ex vicepresidente del Consell Víctor Camps; el jefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, y el ex secretario general del PP valenciano y diputado Ricardo Costa.

Estos son, según la fiscalía, los regalos recibidos por Camps: entre finales de 2005 y septiembre de 2006, cinco trajes y tres americanas por importe de 5.600 euros adquiridos en Milano Difusión, SA; entre finales de 2006 y julio de 2007, cinco trajes y tres pares de zapatos por importe de 5.393,5 euros adquiridos en Forever Young. Además, a finales de 2007 recibió cuatro corbatas por importe de 348 euros adquiridas también en esa tienda, y con anterioridad al 8 de octubre de 2008, dos trajes, una americana y dos pares de zapatos por importe de 2.680 euros.

Para Ricardo Costa y Rafael Betoret,la fiscalía pide la misma pena de multa que para Camps. En cambio, en el caso de Víctor Campos solicita cuatro meses y 20 días.Según la fiscalía, el ex secretario general del PP valenciano recibió regalos por valor de 7.325 euros; Víctor Campos, por valor de 5.529 euros, y Rafael Betoret, por un importe de 13.499.

La fiscalía vuelve a solicitar igualmente la suspensión del procedimiento en tanto no se resuelva por parte del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano las inhibiciones acordadas por el juez Antonio Pedreira del TSJ de Madrid, para remitir a Valencia la instrucción de nuevos delitos (cohecho propio, financiación ilegal, delitos electorales y contra la Hacienda Pública) contra las cúpulas del Gobierno y el PP valencianos, en los que también estaría implicado Camps.

El juez Flors ya concluyó hace más de un año que había indicios suficientes para juzgar a Camps y al resto de imputados. Sin embargo, el TSJCV archivó la causa en una polémica resolución que fue anulada por el Tribunal Supremo en mayo del año pasado. A finales de enero pasado, Flors dio de nuevo por concluida la instrucción del proceso y abrió el plazo para que las partes presentasen sus conclusiones antes de decidir si cierra el caso de los trajes o abre el juicio oral. Tras la Fiscalía Anticorrupción, le corresponde ahora el turno a la acusación del PSPV-PSOE y después entregarán sus escritos las defensas.

Recursos rechazados

El proceso contra Camps se acelera a pocos meses de las elecciones autonómicas y municipales y con su confirmación formal como candidato aún pendiente. Hoy mismo, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano ha desestimado el recurso planteado por la defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para intentar dilatar la marcha de la causa que se sigue contra él por un presunto delito de cohecho pasivo impropio: haber recibido en función de su cargo trajes y diversos regalos valorados en miles de euros durante varios años de parte de la trama corrupta Gürtel. En la causa están imputados también Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, que ocupan u ocuparon puestos de alta responsabilidad en el Gobierno valenciano y el PP regional.

El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) instructor del caso, José Flors, ha desestimado igualmente dos recursos presentados ante él por las defensas con el objetivo evidente de retrasar la marcha del procedimiento, que ha entrado en su recta final. Flors decidirá, una vez concluya el término dado a las partes para que fijen su posición (entre principios y mediados de marzo) si abre juicio oral. Es decir, si sienta en el banquillo a Camps para que sea juzgado por un jurado popular. Hasta llegar a ese punto es probable, sin embargo, que la sala del TSJ valenciano tenga que volver a pronunciarse, dado el intenso ritmo de petición de diligencias y presentación de recursos que están manteniendo las defensas en esta última fase.

La Sala Civil y Penal del TSJ desestima, en su auto emitido hoy, la petición de Camps (del día 8 de febrero) de que se incorpore al procedimiento unas grabaciones realizadas en prisión a Pablo Crespo, número dos de la trama Gürtel. La defensa del presidente valenciano consideraba que dichas cintas serían beneficiosas para su representado. Las grabaciones fueron, sin embargo, declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el grueso del caso Gürtel.

"No se debe olvidar que la petición de la parte recurrente se centra en una determinada conversación y en un detalle específico de la misma, por entender que una y otro favorecen al imputado Sr. Camps Ortiz, pero que si llegara a admitir que ese extremo concreto sí tiene valor probatorio en este procedimiento tendría que llegarse a la conclusión de que ese valor debería atribuirse, sin duda, a la conversación íntegra, y, luego, la coherencia tendría que llegar a atribuir valor probatorio a todas las conversaciones intervenidas", argumenta la Sala Civil y Penal del TSJ de Valencia.

El juez instructor ha desestimado, por otra parte, otros dos recursos interpuestos por Camps. Uno, contra la decisión del magistrado de dar por concluida la instrucción. Y el segundo, contra la solicitud de la defensa de que declarase Cándido Herrero. El juez Flors recuerda al respecto que dicha declaración testifical puede realizarse directamente en el acto de audiencia preliminar. En ese mismo acto o dentro de los tres días posteriores, Flors deberá decidir sobre la apertura de juicio oral.

www.elpais.es 11.02.11

LAS CLAVES DEL ESCRITO DE ACUSACIÓN DEL FISCAL

El escrito presentado hoy por la fiscalía describe pormenorizadamente cómo la trama Gürtel agasajaba a "funcionarios públicos y autoridades con importantes responsabilidades en altas instituciones y organismos de la Comunidad Valenciana" para favorecer a sus intereses. Este es el modus operandi que describe el fiscal.

Los agasajados

El auto cita a cuatro: el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps; el jefe de Gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo, Rafael Betoret; el diputado de las Cortes valencianas Ricardo Costa y el vicepresidente y secretario del Consell de la Generalitat valenciana, José Víctor Campos.

Los regalos

Francisco Camps: Según el auto, recibió al menos, los siguientes regalos: 12 trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por un importe total de 14.021 euros.

Rafael Betoret: en atención a su cargo, recibió, al menos, cuatro americanas, 11 trajes, dos abrigos, y un pantalón. Todo por un valor de 13.499 euros.

Ricardo Costa: el auto asegura que recibió de la red Gürtel, al menos, cuatro trajes y seis pantalones por un importe total de 7.325 euros.

José Víctor Campos: en atención a su cargo fue agasajado con al menos dos trajes, dos pantalones, una americana y un chaqué por un importe total de 5.529 euros.

Los agasajados los recibían, bien en su domicilio, bien en Valencia. Previamente, se les habían ido a tomar medidas para calcular sus tallas.

Regalos e intereses económicos

Los cuatro agasajados, asegura el fiscal, "aceptaron esos regalos sabedores de que les eran entregados en reiterada consideración al cargo público que ejercían y desde el que podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa Sánchez (cabecilla de la red Gürtel), Álvaro Pérez y Pablo Crespo mantenían importantes intereses económicos".

Dónde se compraban

Los regalos eran adquiridos en establecimientos de las firmas Milano Difusión S.A. y Forever Young en Madrid y se facturaban a las sociedades Easy Concept Comunicacion SL, Diseño Asimétrico SL, Good&Better SL, Servimadrid Integral SL y Orange Market SL, "todas ellas vinculadas a Francisco Correa Sánchez y gestionadas por Pablo Crespo Sabaris". Se pagaba en efectivo, en cheques o mediante transferencia.

El presunto delito

El fiscal considera a los acusados como autores de cuatro delitos continuados de cohecho.

Las penas

Francisco Camps: multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros

Ricardo Costa: multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros

Rafael Betoret: multa de cinco meses y 15 días con una cuota diaria de 250 euros

José Víctor Campos: multa de cuatro meses y 20 días y una cuota diaria de 250 euros

www.elpais.es 11.02.11

EL TSJCV DESCARTA LAS GRABACIONES QUE EXCULPARÍAN A CAMPS

 

El juez rechaza incluir las conversaciones en prisión entre Crespo y su abogado donde supuestamente reconocía que Camps pagó sus trajes

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado la petición del abogado del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de incluir en la 'causa de los trajes' unas conversaciones telefónicas intervenidas a los considerados cabecillas de la 'trama Gürtel' que consideraba que beneficiaban a su cliente.

En una única resolución, la sala ha resuelto acerca de un doble recurso de apelación, que se han tramitado conjuntamente por el fondo de la cuestión debatida, según consta en un auto de fecha de este viernes, facilitado por el TSJCV. Asimismo, en otro auto, igualmente conocido este viernes y de fecha 9 de febrero, el magistrado instructor de la causa, José Flors, rechaza los recursos de los abogados de Camps y del exvicepresidente del Consell Víctor Campos contra su decisión de dar por practicadas todas las diligencias en esta causa y suspender el curso del procedimiento.

El letrado de Camps solicitó este martes en una vista celebrada a puerta cerrada en la sala de lo Civil y Penal que se tuviera en cuenta el contenido de estas escuchas -parte de las cuales descartan que empresas de la trama pagasen al presidente del Consell los trajes encargados en las tiendas de Forever Young y Milano-, después de que el magistrado instructor, José Flors, denegase su incorporación en un auto dictado el pasado mes de noviembre.

www.levante-emv.com 11.02.11

EL CASO DE CAMPS SIGUE ADELANTE AL MARGEN DE LA FINANCIACIÓN DEL PP

El TSJ espera la remisión de la parte valenciana de Gürtel mientras estudia los recursos contra la instrucción del juez Flors

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano no acumulará, por ahora, los delitos de cohecho, financiación ilegal, delito electoral y contra la Hacienda pública al caso de los trajes que se sigue contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres miembros de la cúpula del Gobierno y el PP valencianos por un presunto delito de cohecho pasivo impropio: haber recibido por razón de sus cargos regalos por valor de miles de euros a lo largo de varios años. De haberse producido la acumulación, el caso de los trajes se habría retrasado meses.

El TSJ rechaza unir los delitos como le pidió la Fiscalía Anticorrupción, porque considera que existe un impedimento procesal insuperable: el envío de esos nuevos delitos desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde se instruye el grueso del caso Gürtel, fue recurrido por el PP y por Álvaro Pérez, El Bigotes, uno de los imputados, y por lo tanto no es firme.

Paradójicamente, el PP forma parte de la causa de Madrid como acusación popular, a pesar de la petición de la fiscalía para que fuera expulsado por su implicación en el caso, al menos en la Comunidad Valenciana.

La inhibición (que es como se llama técnicamente a ese envío de delitos de Madrid a Valencia), señala el TSJ, "exige que la resolución que lo acuerde devenga el carácter de firme, así como que mientras ello no ocurra el órgano judicial que acuerde la inhibición debe seguir practicando las diligencias necesarias propias de la instrucción", señala la Sala Civil y Penal del TSJ valenciano en un auto en el que responde a la petición de fiscalía.

Cuando la Fiscalía Anticorrupción pidió la acumulación, indica el tribunal valenciano, el auto inicial de inhibición del juez instructor en Madrid, Antonio Pedreira, "no era firme, como debiera conocer el ministerio fiscal, y quizá por ello no ha insistido el instructor del TSJ de Madrid, porque el mismo había sido recurrido en reforma (es decir, ante el propio Pedreira), cuya resolución desestimatoria tuvo lugar el 14 de diciembre de 2010. Y además sigue sin devenir firme, porque por la misma parte (el PP) fue recurrido en apelación subsidiaria (ante la Sala Civil y Penal del TSJ de Madrid)". En consecuencia, afirma el TSJ valenciano, "la resolución de esta Sala no puede ser otra que la de no tener por planteada la inhibitoria al no ser firme la resolución en que se acuerda".El embrollo judicial, opinan fuentes del TSJ valenciano, tiene varias causas. La principal, porque habría resuelto los problemas actuales y los que están por llegar, fue la negativa del Tribunal Supremo a abrir un macrojuicio que englobara todo el caso Gürtel. No era una solución fácil, porque el Supremo no es un tribunal de instrucción, pero era lo único que hubiera evitado la fragmentación actual, derivada de la implicación de aforados de varias comunidades autónomas.

El apresurado archivo del caso de los trajes por parte del TSJ valenciano, presidido entonces por el juez Juan Luis de la Rúa (de quien Camps dijo que era más que un amigo), en verano de 2009, aumentó el enredo.

Coincidió casi exactamente con la primera inhibición de Pedreira. En aquella ocasión, cuando aún quedaban por abrir cajas con documentación intervenida a la trama, el juez se inhibió solamente de la implicación de los cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez), que serían la parte activa (sobornadores o regaladores) del cohecho pasivo impropio por el que están imputados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

Aquella inhibición se quedó en el limbo porque casi a la vez la sala presidida por De la Rúa cerró el caso (que más tarde reabriría el Tribunal Supremo). Si el procedimiento no existía, razona ahora en su auto el TSJ valenciano, "nada podía unirse ni resolverse en relación al mismo".

Mayor calibre

A la reapertura del caso, en mayo de 2010, le siguió una segunda inhibición de Pedreira, en este caso de un calibre mucho mayor. Pedreira hallaba indicios de hasta siete delitos que implicarían a 14 altos cargos, incluido Camps.

Con su último auto, el TSJ valenciano ha respondido a la petición de la fiscalía sobre la primera inhibición. Pero la respuesta de la sala vale igual para la solicitud de acumular los delitos derivados de la segunda inhibición que también ha realizado Anticorrupción: hasta que no sea firme no podrá pronunciarse.

El caso de los trajes siguió ayer adelante, entretanto, con la vista a puerta cerrada de uno de los recursos interpuestos por las defensas: la incorporación a la causa de unas grabaciones a Pablo Crespo realizadas en prisión y declaradas ilegales por el TSJ de Madrid. La decisión de la Sala Civil y Penal del tribunal valenciano se conocerá la semana que viene.

www.elpais.es 09.02.11

LUNA APUNTA "DELITOS GRAVES" SI SE FALSIFICARON PRUEBAS A FAVOR DE CAMPS

Los socialistas pedirán diligencias sobre el papel de Trillo en el caso de los trajes

 "Si la estrategia del señor Trillo no queda limitada a analizar qué artículos del Código Penal o qué eximentes se pueden o no aplicar, sino que además está dirigida a la manipulación de pruebas, hablaríamos de cosas extraordinariamente serias". El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, advirtió ayer de la trascendencia de una prueba aportada por las Fiscalía Anticorrupción al caso de los trajes por el que está imputado el presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El documento aportado por la fiscalía especial probaría que la contabilidad de la tienda Forever Young, donde Camps compró los trajes, fue manipulada en marzo de 2009, un mes después de estallar el escándalo, para sustituir la referencia al jefe del Consell por la de Álvaro Pérez, gerente de la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que dirigía Francisco Correa. El documento procede del abogado de José Tomás, el sastre que hizo los trajes a Camps. Días antes de que se produjera la supuesta manipulación -apoyada con archivos informáticos y correos electrónicos entre un directivo de Forever Young y el informático de la tienda- el diputado y portavoz de Justicia del PP Federico Trillo se reunió con el dueño de la cadena en sus oficinas.

"Si es cierto que se ha producido, y parece que hay algún elemento documental que así lo indica, una manipulación informática para destruir pruebas que podrían resultar determinantes para concluir que el señor Camps, como poco, ha incurrido en un cohecho pasivo impropio, estaríamos hablando de palabras mayores y de delitos extraordinariamente graves", dio Luna, que indicó: "Vamos a pedir alguna diligencia al respecto".

"Si yo fuese fiscal", comentó por su parte la portavoz del grupo Compromís, Mònica Oltra, "me preguntaría qué hacía Trillo con los propietarios de esta tienda, del mismo modo que me preguntaría por qué le regalaron los trajes a Camps, y por qué el presidente tenía tan buena relación con esa gente".

Las ventas de los trajes supuestamente regalados a Camps por una trama de corrupción que obtuvo adjudicaciones millonarias de la Generalitat y a la que se investiga por su intervención en una presunta financiación irregular del PP valenciano, se produjeron entre febrero y julio de 2008 y ascendieron a 2.680 euros.

La evolución judicial del caso, que está en puertas de que el juez instructor, José Flors, decida si sienta en el banquillo al presidente de la Generalitat, ha vuelto a poner al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en el centro de atención. La visita que la semana pasada hizo a la sede del tribunal el vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial y exconsejero de Camps, Fernando de Rosa, se ha interpretado como un elemento de presión. Ángel Luna dijo ayer al respecto que "hay visitas que se pueden evitar". El portavoz socialista señaló que alguien que como De Rosa ha tenido una relación tan cercana con Camps "debería ser extraordinariamente prudente", aunque añadió, en honor del vocal del poder Judicial por el PP, que ayer mismo por la mañana elogió en la radio la instrucción llevada a cabo por el juez Flors.

Una cuestión "banal" y una "auténtica tontería"

En opinión del portavoz parlamentario del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, lo que se reclama judicialmente al presidente de la Generalitat, imputado en un supuesto caso de cohecho pasivo impropio por haber aceptado regalos de una trama de corrupción, "es una auténtica tontería" en comparación con sus responsabilidades públicas. Según Blasco, "lo único que se pretende es demostrar si Camps guarda el tiquet de un par de trajes", lo que resulta "absolutamente banal" y obedece a "una ceremonia encaminada a descalificarlo". Blasco, que eludió responder a una pregunta sobre la implicación de Federico Trillo en la supuesta manipulación de pruebas denunciada por la fiscalía, atribuyó todo el asunto al "nerviosismo" de los socialistas ante las próximas elecciones y reiteró que Camps "continúa teniendo el apoyo de la inmensa mayoría de ciudadanos de la Comunidad Valenciana". El portavoz popular llegó a asegurar que la acusación contra el jefe del Consell no pasará de una falta.

Unos minutos antes, en la propia sala de prensa de las Cortes Valencianas, la diputada de Compromís Mònica Oltra ya había advertido contra esa tergiversación. Se trata de un delito de cohecho impropio y no de una falta. Un delito que hasta hace poco se condenaba con multa de tres a seis meses pero que en la reforma del Código Penal del año pasado ya implica penas de seis meses a un año de prisión y de uno a tres años de inhabilitación. A Camps, llegado el caso, se le aplicaría la previsión más benévola.

El presidente del Consell, mientras tanto, eludió ayer, en una visita a la feria Cevisama junto al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, el vicepresidente del Consell Vicente Rambla y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que los periodistas le preguntaran sobre el caso.

El PP se volcó en arremeter contra el socialista Ángel Luna por la investigación que el TSJ realiza sobre él, ahora por encubrimiento, tras una denuncia del PP. Blasco llegó a acusar a Luna de tener "una actitud reprobable e indigna" por mostrar en un pleno un documento del caso Gürtel que estaba bajo secreto de sumario. El propio Luna negó haber incurrido en encubrimiento, dijo que recibe mucha información anónima y que su obligación como portavoz de la oposición es denunciar casos como el desvío a la trama de corrupción de al menos tres de los 14 millones que gastó RTVV en la visita del Papa.

www.elpais.es 09.02.11

UNA PRUEBA APUNTA A QUE FOREVER YOUNG MANIPULÓ SUS CUENTAS PARA ENCUBRIR A CAMPS

El cerco judicial se estrecha sobre Francisco Camps en el caso de los trajes, la causa por cohecho pasivo impropio abierta contra el presidente valenciano por haber recibido regalos por valor de miles de euros por parte de la trama Gürtel que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. La Fiscalía Anticorrupción ha aportado al tribunal un documento que probaría que la contabilidad de la tienda Forever Young fue manipulada en marzo de 2009, tras el estallido del escándalo, para sustituir el nombre del presidente de la Generalitat por el de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado de la trama en Valencia.

"La manipulación habría consistido en sustituir el nombre del adquirente de las prendas (394 que corresponde a Francisco Camps, por 571 que corresponde a Álvaro Pérez)", señala el escrito de fiscalía. Las ventas se efectuaron entre febrero y julio de 2008 y sumaron 2.680 euros. Un importe que coincide con el que figura en una nota manuscrita dirigida a Pablo Crespo, número dos de la trama, por la compra de varias prendas destinadas a Camps, que ya está incorporada a los autos.

La fiscalía recibió la información del abogado de José Tomás, el sastre de Forever Young, que ha explicado cómo tomó medidas al presidente valenciano y le encargó trajes que fueron abonados después por la trama. Los documentos entregados por el abogado incluyen archivos informáticos y correos electrónicos cruzados entre Raquel Vázquez (mano derecha del dueño de Forever Young, Eduardo Hinojosa) y Francisco Ferre, el informático de la tienda, en el que se detallaban las ventas que debían ser manipuladas.

Las fechas son importantes. El caso estalló en febrero de 2009. Los correos para encubrir a Camps se enviaron el 21 de marzo. Pocos días antes (tras la publicación en EL PAÍS de una entrevista con José Tomás), Federico Trillo, coordinador de Justicia del PP, se reunió con el dueño de Forever Young en sus oficinas. El contacto, además de con la supuesta manipulación de la contabilidad ahora aportada, coincidió con el inicio de una intensa campaña contra el sastre en la que se destacó Hinojosa.

www.elpais.es 08.02.11

EL MAGISTRADO RECHAZA EL NUEVO INTENTO DE PARAR EL CASO DE LOS TRAJES

El juez José Flors rechazó ayer un nuevo intento de la defensa de intentar dilatar el caso de los trajes, en el que están imputados por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos del Gobierno autonómico y el PP regional. La causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ha entrado en la recta final, después de que el magistrado haya pedido a las partes que fijen su posición antes de decidir si abre juicio oral. Y los defensores de Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret han multiplicado la petición de diligencias y la presentación de recursos para frenarlo.

En el auto, Flors considera improcedente la solicitud de que se incorporen a la causa grabaciones de los principales cabecillas de la trama (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez) por ser reiterativa de lo ya realizado durante la instrucción y por asentarse "en meras hipótesis tendentes, no a una concreta averiguación, sino a una prospección respecto de algo que tal vez pudiera ser de interés del solicitante". Es decir, en perder tiempo.

www.elpais.es 08.02.11

EL TSJ SIGUE LA CAUSA CONTRA LUNA, AHORA POR ENCUBRIR

El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Juan Montero descartó ayer en un auto que el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, incurriera en un delito de revelación de secretos al exhibir en el hemiciclo un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que señalaba la relación entre el Gobierno valenciano y la trama Gürtel. No pudo incurrir en el delito porque en aquel momento (marzo de 2010) Luna no era aún parte de la causa y por tanto no estaba sometido a la obligación de custodia de un informe que se encontraba bajo secreto de sumario. Montero rechazó, sin embargo, archivar definitivamente la causa, que nació de una denuncia del PP, como le pedían la defensa y la fiscalía, y volvió a citar al diputado como imputado, en este caso, por un supuesto delito de encubrimiento.

"Lo único que se puede afirmar, y siempre con carácter indiciario propio de esta etapa del proceso penal, es que pudiera haberse cometido un delito por alguna de las personas a las que se refiere el artículo [466 del Código Penal, enmarcado en el capítulo relativo a la obstrucción a la justicia y deslealtad profesional] y que el señor Luna dispuso de un ejemplar de una actuación procesal declarada secreta". Descartada su participación inicial, el magistrado considera ahora que puede estar encubriendo a quien se lo entregó.

Luna declaró ante el juez que recibió el documento de forma anónima y que una vez que se levantó el secreto sobre las actuaciones se despreocupó de él, es decir, que no lo tiene.

Límite a la expresión

Montero dedica una parte del auto a responder a los argumentos de la defensa, que alegó la inviolabilidad que le corresponde como diputado en el ejercicio de sus funciones en el parlamento autonómico. "No todo lo que un diputado diga y especialmente haga en un acto parlamentario puede quedar cubierto por la inviolabilidad", subraya el juez. "Sería contrario a la misma esencia de la inviolabilidad, en tanto que garantía de la libertad de expresión, que dentro de la misma quedaran cubiertas todas las acciones de un diputado"; "se estaría declarando la irresponsabilidad completa y total de los parlamentarios".

El magistrado llamó a declarar en su resolución, además de a Luna, a su escolta. La fiscalía había solicitado el sobreseimiento libre por entender que los hechos no fueron constitutivos de delito.

www.elpais.es 08.02.11

ANTICORRUPCIÓN PIDE JUZGAR A CAMPS POR LOS TRAJES Y LA FINANCIACIÓN DEL PP

La decisión sobre el futuro del presidente valenciano se retrasa varias semanas

La Fiscalía Anticorrupción, que ha impulsado el proceso contra el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, cree que un posible juicio contra este debería incluir, además del regalo de trajes y otras prendas de vestir, todo lo relacionado con la contratación irregular con Orange Market y la presunta financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas contratistas de la Generalitat vinculadas a la trama corrupta. Así, Camps sería juzgado no solo por el delito de cohecho impropio, sino también por los posibles delitos acumulados tras casi dos años de investigación.

El delito imputable al líder popular sería más grave si las causas se juntan

El juez instructor del caso Gürtel en Valencia, José Flors, ha emplazado a las partes para que se pronuncien respecto a si Camps debe sentarse en el banquillo de los acusados y ser juzgado por un jurado popular, tras considerar que se habían practicado todas las diligencias necesarias y era momento de concluir el procedimiento. El plazo inicial se retrasará varias semanas, posiblemente hasta mediados de marzo.

Flors ya encontró hace más de un año indicios suficientes para llevar a juicio al presidente valenciano por haber aceptado trajes pagados por la red Gürtel, pero este recurrió ante la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia. El caso fue archivado, hasta que el Tribunal Supremo estimó el recurso de Anticorrupción y apreció que los indicios apuntaban a que Camps recibió trajes "con opacidad y de forma repetida". El caso Camps fue reabierto y devuelto al juez Flors para que siguiera instruyendo.

Anticorrupción entiende que antes de que se decida sobre el juicio a Francisco Camps deberían resolverse dos cuestiones pendientes.

La primera se refiere a que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia quiere limitar el proceso a los dirigentes del PP que han recibido los trajes, pero no a los que los han regalado, es decir, a los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Estos están imputados por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero no por el de Valencia. De abrirse juicio oral contra Camps, los jefes de la trama corrupta tendrían que declarar en Valencia en calidad de testigos, pese a que ellos fueron los presuntos promotores de la corrupción, lo que aparentemente carece de sentido. Según fuentes de Anticorrupción, el tribunal valenciano debería pronunciarse sobre la imputación de los cabecillas antes de que la fiscalía formule su escrito de acusación.

También defiende la fiscalía que el asunto de los trajes se enjuicie conjuntamente con todo lo relativo a la contratación e incluso con la financiación irregular del PP. Hace más de un año que la investigación acreditó con numerosos documentos intervenidos y con múltiples conversaciones grabadas a miembros de la trama corrupta y cargos del Gobierno de Camps, que el PP valenciano se financió ilegalmente con empresas contratistas de la Comunidad Valenciana. Estas empresas pagaban los actos del PP a través de un intermediario, la firma Orange Market, propiedad de la trama corrupta. Y mientras los jefes de la red Gürtel regalaban trajes a los dirigentes del PP valenciano, Orange Market recibía múltiples contratos de la comunidad autónoma de manera ilegal, a dedo y sin concurso.

El instructor del Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, ya se inhibió en favor de Valencia respecto de la contratación irregular y la financiación, pero el tribunal valenciano aún no ha decidido si acepta la inhibición de Pedreira. Anticorrupción entiende que el regalo de los trajes es solo una parte de los hechos, y que todo se vería de distinta manera si se enjuiciasen conjuntamente la contratación irregular y la presunta financiación ilegal del PP, presidido en Valencia por Camps.

Si se juntaran las causas, en el caso de Camps, que empezó a recibir trajes cuando Orange Market comenzó a recibir contratos de la Comunidad Valenciana, "se vería que el delito de cohecho impropio a lo mejor era un cohecho más propio", es decir, más grave desde el punto de vista penal, según las fuentes de Anticorrupción consultadas.

El Tribunal Superior de Valencia lleva más de un año sin decidirse a asumir esta causa pese a que afecta a las principales autoridades de la Comunidad Valenciana y es, por tanto, el único tribunal competente para investigar los hechos.

www.elpais.es 07.02.11

CAMPS: ´PARECE SER QUE YO CONTINUARÉ SIENDO PRESIDENTE´

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado esta mañana que desconoce el auto del magistrado instructor de la 'causa de los trajes' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Flors, en el que rechaza practicar nuevas pruebas que su defensa había solicitado relacionadas con conversaciones telefónicas intervenidas a los presuntos cabecillas de la 'trama Gürtel'.

Camps, que ha realizado estas declaraciones en Alicante, donde ha asistido en la 'Ciudad de la Luz' al homenaje al director de cine valenciano Luis García Berlanga, ha asegurado en este sentido que tiene el "soporte de la mayoría inmensa de mis conciudadanos".

Al término del acto, el jefe del Consell ha considerado una "barbaridad hablar de una cuestión que, parece ser, acaba de salir en estos momentos", en referencia a la decisión del juez Flors. El jefe del Consell ha remarcado que tiene "el soporte de la mayoría inmensa de mis conciudadanos" y que "es el PP el que continuará gobernando en la Comunitat Valenciana, y, parece ser, que yo continuaré siendo su presidente", ha agregado.

http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2011/02/07/camps-parece-continuare-presidente/780717.html

 

GÜRTEL PONE A PRUEBA EL NUEVO TSJ

El vicepresidente del CGPJ, Fernando De Rosa, exconsejero y amigo de Camps, visita el tribunal en vísperas de una decisión clave sobre el caso de los trajes

El caso de los trajes, una de las derivadas de la trama Gürtel, en la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos de las cúpulas del Consell y del PP regional, afronta semanas decisivas. El juez José Flors dio por concluida la instrucción el 27 de enero al considerar que ya se habían practicado todas las diligencias necesarias para determinar si Camps y el resto de acusados recibieron durante varios años trajes y otros regalos por valor de miles de euros de la trama corrupta, lo que supone un delito de cohecho pasivo impropio.

El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano dio por terminada la investigación y emplazó a las partes a fijar sus posiciones sobre la apertura de juicio oral. Si tras recibir los escritos, lo que se espera para mediados de marzo, el magistrado resuelve ir adelante (y los pasos que ha dado hasta ahora apuntan a que así lo hará), el presidente del Consell se sentará en el banquillo de los acusados y será juzgado por un jurado popular. La causa está sometida a fuerte presión política y mediática porque su evolución afectará a la designación de Camps como candidato a la presidencia de la Generalitat en las elecciones de mayo. En la causa también están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del PP), Víctor Campos (exvicepresidente del Consell), y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo).

Desde que se conoció la decisión de Flors, el Partido Popular se ha esforzado en transmitir que la Sala Civil y Penal del TSJ dilatará la decisión del juez basándose en los recursos presentados por las defensas contra la denegación por parte del magistrado de la práctica de más pruebas. Se trata de una seguridad similar a la que el PP exhibió en otros momentos del largo procedimiento (se abrió en marzo de 2009), que después se demostró infundada. Su principal objetivo parece ser apuntalar la muy delicada posición de Camps.

Frente a esa visión, fuentes conocedoras del caso recalcan que, aunque quisiera, la Sala tendría serios problemas para retrasar a Flors. La Ley del Jurado establece en su artículo 27 que el magistrado ordenará practicar solo las diligencias "que considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y no pudiesen practicarse directamente en la audiencia preliminar".

Flors ya consideraba que tenía suficientes argumentos para sentar a Camps en el banquillo en julio de 2009. La Sala, en aquel momento presidida por Juan Luis de la Rúa, optó, sin embargo, por archivar la causa con una argumentación que suponía vaciar de contenido el delito de cohecho pasivo impropio y que no discutía, en cambio, que el presidente valenciano hubiera recibido los regalos de la trama. La decisión recibió un sonado varapalo por parte del Tribunal Supremo, que desautorizó la decisión de la Sala y devolvió la causa a Flors en mayo de 2010.

Desde entonces y hasta el 27 de enero el juez ha sido más que generoso con la práctica de diligencias solicitadas por la defensa, a pesar de que muchas de ellas parecían tener como único objetivo demorar el procedimiento. Un ejemplo: la defensa de Camps solicitó que se incorporara a la causa una conversación grabada en prisión entre Pablo Crespo, número dos de la trama, y su abogado, porque consideran que beneficia a Camps. Flors lo rechazó porque las grabaciones habían sido declaradas ilegales por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, pero permitió que la defensa llamara a declarar a Crespo (lo hizo a través de un exhorto) y éste repitió lo mismo que en las escuchas anuladas. Pese a ello, la defensa ha seguido insistiendo y ese es uno de los recursos que la Sala tendrá que resolver el 8 de febrero y a los que se aferra el PP para adelantar que el caso volverá a retrasarse.

Las miradas vuelven a estar, sin embargo, fijas en la Sala, que ahora preside Pilar de la Oliva. En ese contexto, Fernando de Rosa, exconsejero de Justicia con de Camps y vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acudió el viernes al TSJ. Oficialmente, para ser entrevistado en sus instalaciones dado que el consejo no dispone de sede en Valencia. De Rosa aprovechó, sin embargo, para charlar con algunos magistrados. De la Rúa lo recibió con un fuerte abrazo.

En la judicatura no es ningún secreto que De Rosa es amigo de Pilar de la Oliva, la nueva presidenta del TSJ, a quien conoce desde su época en el juzgado de instrucción. Y es también de sobra conocido que De Rosa mantiene una estrecha relación de amistad con el propio Camps, a quien conoce desde los tiempos de Alianza Popular. Fernando de Rosa mantiene una relación privilegiada con el jefe del Consell, de cuyos Gobiernos ha formado parte, siempre en la Consejería de Justicia. En septiembre de 2008, De Rosa renunció para ser nombrado miembro del órgano de gobierno de los jueces a instancias del jefe del Consell y de Federico Trillo.

La estrecha relación que une al presidente de la Generalitat con De Rosa se evidenció pronto. Tras estallar el caso Gürtel en febrero de 2009, De Rosa tardó solo dos semanas en posicionarse. En una entrevista en Canal 9, el vicepresidente del CGPJ elogió la honorabilidad de Camps y advirtió que el juez Baltasar Garzón podría estar cometiendo un delito de prevaricación si no se inhibía en la investigación de la trama de corrupción que afecta al PP. Manifestaciones que le obligaron a pedir disculpas ante las críticas recibidas.

Un escándalo que se agrandó tras conocerse que Camps y De Rosa habían mantenido, al menos, dos encuentros tras estallar el caso Gürtel. El primero, en el domicilio particular del vicepresidente del CGPJ, una semana después de la detención de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado en Valencia de la trama. La segunda, en el Palau de la Generalitat tras difundirse que la Fiscalía Anticorrupción implicaba a Camps en el caso.

Desde entonces, De Rosa ha actuado de manera más prudente, aunque las relaciones con De la Rúa han sido estrechas y la Generalitat no ha dudado en agasajar al vicepresidente del CGPJ cada vez que ha podido, como cuando el pasado mes de septiembre le entregó el premio Justicia.

Pilar de la Oliva, la nueva presidenta del TSJ, sustituyó a De la Rúa al frente del TSJ en diciembre con un mensaje crítico con la corrupción y de defensa de la justicia como un servicio público que debe volcarse en solucionar los problemas de los ciudadanos y no responder a ningún otro tipo de intereses. El ritmo que ha tomado el caso de los trajes pondrá a prueba esa declaración de principios y el rechazo manifestado hacia las influencias externas. El capital de imagen con el que cuenta el tribunal valenciano no es, por ahora, muy alto, a pesar de que la sustitución de De la Rúa por De la Oliva actuó como válvula de escape para rebajar la apariencia de politización con que se marchó el expresidente.

Las fuentes consultadas afirman que Flors ha completado una instrucción muy garantista y muy difícil de atacar. Las pruebas practicadas durante la instrucción señalan que los trajes que Camps compró en una tienda de Madrid fueron abonados con fondos de las cuentas de las empresas que de la trama corrupta. La versión ofrecida por el jefe del Consell de que él pagó los trajes en metálico no ha sido avalada por ningún empleado del comercio, más bien al contrario. Y los obsequios coincidieron en el tiempo con la adjudicación por parte de la Generalitat de numerosos contratos, que no respetaron la normativa, a Orange Market, la firma de la trama que dirigía El Bigotes.

Para paralizar nuevamente la causa y desautorizar otra vez el trabajo realizado por Flors, la Sala tendría que contar con sólidos argumentos jurídicos (que los observadores cercanos no aprecian). Lo contrario situaría en el ojo del huracán a un tribunal todavía afectado por el correctivo que le aplicó el Tribunal Supremo, con la revocación por unanimidad de los cinco magistrados del archivo anterior.

Si la causa sigue su camino con normalidad, hacia mediados de marzo concluirá el plazo de cinco días dado a cada una de las partes (fiscalía y PSPV como acusaciones, y las cuatro defensas) de forma sucesiva (es decir, 30 días hábiles alargados por breves demoras procesales). Es posible que se incorporen nuevos documentos (como el que el fiscal ha pedido que el juez del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, envíe al TSJ valenciano) en la audiencia preliminar con la que concluirán los plazos dados a las partes. En ese acto, o dentro de los tres siguientes, Flors dictará un auto en el que decidirá si Camps, Costa, Campos y Betoret deben sentarse en el banquillo.

www.elpais.es 06.02.11

FERIA CONTRATÓ POR 24.500 EUROS AL MES A UNA FIRMA ASESORA CONSTITUIDA 9 DÍAS ANTES

G&B llegó de la mano de la jefa de imagen de la institución a quien Gürtel pagaba el alquiler de la casa

Feria Valencia ha presentado un ERE tras reconocer perdidas de 2,7 millones de euros.  marga ferrer

La consultora madrileña Goldberry & Bombadil (G&B), encargada desde junio de 2009 de asesorar en marketingy comunicación a Feria Valencia, fue contratada por la institución sólo nueve días después de su constitución como empresa. El administrador único de esta firma asesora, D. C. G., es también administrador de otra empresa vinculada con Feria Valencia aunque, en este caso, su cometido no tiene nada que ver con la imagen de la entidad. Se trata de Sintec, fichada el 1 de junio de 2009 para realizar una auditoría de seguridad en las instalaciones feriales por un coste de 196.000 euros, sin incluir el IVA.

Fue también el 1 de junio de 2009 cuando D. C. G. y el presidente de Feria Valencia Alberto Catalá firmaron el contrato para que G&B asesorara a la institución con el fin de posicionarla en el mercado "identificando las debilidades de la empresa, amenazas, sus fortalezas y oportunidades", según recoge el acuerdo entre ambas partes.
D. C. G. se convirtió así en la mano derecha de la actual directora de imagen de Feria Valencia, a la que, según fuentes de la institución, el empresario madrileño ya conocía al haber coincidido ambos en otra compañía. Tal como recogía ayer Levante-EMV, C. O. -responsable del marketing, comunicación y relaciones institucionales de la entidad- aparece mencionada en los informes policiales remitidos por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales al TSJ de Madrid dentro del marco de la Operación Gürtel.

Según este inf0rme, a C. O. se le atribuyen pagos mensuales procedentes de la contabilidad "b" de Orange Market de 1.000 y 2.000 euros. Entre los conceptos que justifican las entregas de dinero está el de "alquiler de casa". Diversas fuentes señalan que C. O. habría llegado a Feria Valencia en febrero de 2008 de la mano de Álvaro Pérez, gerente de Orange Market.

Por su trabajo como asesor de la directora de imagen de Feria Valencia, D. C. G. -que figura como administrador único de la consultora madrileña-, cobró 18.000 euros al mes, más IVA, durante su primer año. Según recoge el contrato, a partir de junio de 2010 empezó a cobrar 24.500 euros, y recibirá 31.000 a partir de junio de 2011 si se prorroga el acuerdo.

Extrabajadores de la feria presentaron hace dos semanas ante la Inspección Provincial de Trabajo un escrito en el que critican los derroches de la institución, que ha iniciado un Expediente de Regulación de Empelo.

Contratos, incentivos y viajes

En este informe se recoge, entre otros, el caso de Goldberry, cuya actividad supone, según los antiguos empleados, "un coste mensual muy alto para realizar trabajos que podrían haberse asumido internamente sin coste".

Pero el de G&B no sería el único caso de relación laboral con empresas proveedoras que ha acabado dañando la economía de la entidad. Es lo que ha sucedido también, según este informe, con la empresa de ingeniería Áreas, que entre 2000 y 2006 cobró 120.000 euros al mes por el mantenimiento de las instalaciones que antes se hacía con servicios internos. O el caso de Capital Energy Read, con un contrato de 93.000 euros anuales por servicios de buzz research (repercusión en internet), y de Oerreeme, que cobraba 58.000 euros al año por servicios a certámenes.

El informe también denuncia los incentivos que se pagaron hasta junio de 2010 a pesar de las perdidas de 2,7 millones de euros o los numerosos viajes de Alberto Català por asuntos personales

Compromís exigió ayer a la alcaldesa Rita Barberá, que impulse por todo esto una "depuración a fondo" de Feria Valencia.

www.levante-emv.com 06.02.11

LA OPOSICIÓN CREE QUE LAS PRUEBAS ESTRECHAN EL CERCO JUDICIAL A CAMPS

El Consell dice que el Gobierno utiliza la fiscalía para abrir la campaña electoral

"Cada día que pasa aparecen nuevos indicios documentales que le incriminan de manera irremediable", afirmó ayer el portavoz del Grupo Socialista en las Cortes, Ángel Luna. "Las nuevas pruebas estrechan todavía más el círculo judicial sobre Francisco Camps", dijo la portavoz adjunta de Compromís Mònica Oltra.

Luna pide al PP que cesen las presiones sobre la sala del TSJ

Costa está confiado en una solución positiva del caso de los trajes

La oposición se pronunció ayer de esta manera tras conocer que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, la remisión al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Valencia de un archivo informático que probaría que la trama corrupta abonó 30.000 euros a la tienda Forever Young para pagar trajes destinados al presidente de la Generalitat, Francisco Camps.

El portavoz socialista advirtió ayer a los populares que "por mucho que pretendan condicionar a la opinión pública en relación con las supuestas pruebas que le absuelven, el sumario está lleno de pruebas que le incriminan [a Camps]". Luna recalcó que lo que hace falta en estos momentos es que los populares den "más explicaciones y menos presiones" sobre el TSJ de Valencia, que ha de pronunciarse sobre los recursos presentados.

Mònica Oltra, de Compromís, argumentó: "Las pruebas son tan claras que Camps ya ha renunciado a demostrar su inocencia y su estrategia se basa en dilatar el proceso para que no se celebre el juicio antes de las elecciones autonómicas de mayo".

"Todo el mundo tiene asumido", prosiguió Oltra, "que la corrupción en el PP y en el Gobierno valenciano fue generalizada en relación con la trama Gürtel y lo más grave es que nadie, dentro del partido, haya exigido todavía responsabilidades".

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, acusó al Gobierno central de haber iniciado la campaña electoral en la Comunidad Valenciana "a través de la fiscalía".

Sánchez de León calificó la petición de la Fiscalía Anticorrupción de una nueva maniobra para perjudicar al presidente de la Generalitat en el caso de los trajes.

"Estamos viendo, una vez más, maniobras de la fiscalía y, frente a ello, lo único que puedo decir es que una falsedad, por mucho que se repita, que se recocine, o por muchos refritos que se hagan de ella nunca se convierte en una verdad", señaló la portavoz, que remachó: "Desde el Consell seguiremos defendiendo la única verdad posible".

En referencia al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, la consejera sentenció: "Se le están agotando ya los recursos, y mientras tanto se le está engordando el faisán [en referencia a la investigación de un supuesto chivatazo policial al entorno de ETA] y deshinchando el globo de ataque a la Comunidad Valenciana".

En este clima de tensión política también se pronunció ayer el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa, imputado también en el caso de los trajes que afecta a Camps.

Costa, que expresó su deseo de seguir de diputado autonómico del PP la próxima legislatura, se mostró convencido de que el caso de los trajes "terminará pronto y bien".

"Sobre temas judiciales y procesales son los abogados los que tienen que tomar las decisiones y ponen de manifiesto la estrategia de cada parte", prosiguió Costa, "pero están tranquilos y confiados en que habrá una solución positiva de este proceso". "Hemos colaborado con la justicia durante estos años y respetamos profundamente el proceso", insistió.

Con la instrucción concluida, José Flors, el magistrado que investiga el caso de los trajes, ha solicitado a las partes que realicen sus peticiones antes de decidir si fija juicio oral por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio. El próximo martes, la sala del TSJ tiene previsto reunirse para ver si acepta el recurso interpuesto por la defensa de Camps que podría retrasar los plazos.

www.elpais.es 05.02.11

'EL BIGOTES' PUSO EN FERIA A UN CARGO QUE SUBCONTRATA SU TAREA

Trabajadores despedidos cargan contra la gestión de Catalá y De Vargas

Álvaro Pérez, El Bigotes, gerente de Orange Market, la antena valenciana de la trama de empresas corruptas destapada por la investigación del caso Gürtel, se movía con mucha naturalidad por Feria Valencia. En 2008, Orange Market asumió una campaña de promoción por 800.000 euros para Hábitat, certamen que reúne cada año a los sectores del mueble, el textil y la iluminación. En el conjunto del ejercicio, Orange Market facturó a Feria Valencia 1.438.400 euros, según se desprende de la investigación judicial de la trama de empresas corruptas.

Áreas cobra unos 120.000 euros mensuales por mantener la feria

Las buenas relaciones de Álvaro Pérez con Alberto Catalá y Carlos Vargas, presidente y director general de la institución, le llevaron a colocar a la directora y la jefa de mercadotecnia de la institución. La primera dejó Feria Valencia a principios de 2009. La segunda, Cristina Olmeda, asumió la dirección de marketing y, una vez asentada, contrató un servicio de apoyo y asesoría externa a la empresa madrileña Goldberry & Bombadil. Feria Valencia pagaba 24.500 euros al mes por la asesoría hasta junio pasado, cuando la factura subió a 31.000 euros mensuales.El contrato de asesoría externa para la dirección de mercadotecnia de Feria Valencia es solo uno más de una serie que han detallado un grupo de trabajadores, despedidos de Feria Valencia hace dos semanas, en un escrito presentado a la dirección de Empleo de la Consejería de Economía. Feria Valencia tenía 319 empleados a finales de 2010 y ha despedido a 106 de todos los departamentos y categorías.

Los despedidos cargan contra la gestión de Alberto Catalá, presidente de Feria Valencia desde 1999, y de Carlos Vargas, director general desde 2006.

El contrato más oneroso que paga Feria Valencia es con la empresa Áreas, la firma de ingeniería responsable de la ampliación del recinto ferial entre 2000 y 2006. Una vez culminadas las obras, Áreas "pasó a ocuparse del mantenimiento de las instalaciones feriales que se llevaba a cabo con servicios internos, recibiendo un porcentaje de todas las contrataciones que afectan a contratos, obras suministros...", detallan los despedidos, "se estima que su remuneración ha venido siendo de unos 120.000 euros mensuales". Vargas era director general de Áreas cuando fue nombrado director general de Feria Valencia.

La entidad dispone de un departamento propio de rotulación, pero mantiene un contrato externo. Contrata por 93.000 euros anuales servicios de investigación de mercados a través de la red de Internet a la empresa Capital Energy Read. Paga 58.000 euros anuales a la sociedad Oerreeme para que cuide la reputación online de la entidad. La misma sociedad factura a Feria Valencia por servicios a determinados certámenes.

La última edición de Habitat, en septiembre, rindió un homenaje a Isidoro Álvarez, presidente de El Corte Inglés, quien visitó brevemente el certamen. Feria Valencia gastó 78.000 euros para pegar unos vinilos que reproducían la marca de El Corte Inglés en la cúpula acristalada del Centro de Eventos.

El escrito entregado a la Consejería de Economía asegura que "hasta el pasado mes de julio se repartieron importantes incentivos a los directivos de Feria Valencia". Carga directamente contra Catalá, por sus "innumerables viajes a China, Italia, Alemania, Francia, Colombia y otros países para atender asuntos personales y participaciones de su empresa en diferentes ferias y negocios propios".

También cita viajes de Catalá, Vargas, el secretario general Enrique Calomarde y la directora de mercadotecnia Cristina Olmeda a Costa Rica y Uruguay "con el supuesto motivo de conseguir asesoramiento de unas instalaciones feriales con resultados nulos y unos costes desorbitados".

Los despedidos recuerdan que la plantilla de Feria Valencia era de 184 trabajadores en 1999, cuando entró Catalá, y llegó a 319 a finales de 2010 a pesar de las jubilaciones y salidas de decenas de empleados en el mismo plazo. Durante 2010 y hasta el mes de septiembre se contrataron 14 personas.

Feria Valencia evitó ayer cualquier comentario.

www.elpais.es 05.02.11

EN CANAL 9 COMPARAN EL COHECHO DE CAMPS CON "FUMARSE UN CIGARRO EN UN BAR O HACER UN GRAFITTI" 

Entre los dos siguientes vídeos hay mucho más que casi dos años de diferencia. De una grabación a la otra se aprecia el cambio radical que está sufriendo Canal 9 en relación al caso de los trajes por el que Francisco Camps, presidente de la Generalitat, está imputado por cohecho pasivo y a punto de tener que sentarse en el banquillo. ¿Ahora se informa amplia y objetivamente del tema? No, pero ya se habla del tema en lugar de hacer piruetas orales para evitar decir la palabra “imputado”. Eso sí, en lugar de hacerlo desde los informativos y atendiendo a la obligación de servicio público de la cadena, ahora se hace desde el programa de opinión DBT, que presenta Isabel Durán, y que parece haberse convertido en el gabinete de abogados de Camps, según denuncian los sindicatos. 

“Canal 9 paga las tres nuevas abogadas de Campos. La desvergüenza continúa”. Con este mensaje, los sindicatos de Radio Televisión Valenciana alertaban ayer de la escena vivida en el último programa de DBT y remitían a su página web, donde han colgado un vídeo en el que se observa la encendida defensa que hace la presentadora, Durán, del presidente Camps y de su presunto delito, cuya sanción “es menor que fumarse un cigarro en un bar y le pillan o quien hace un grafitti”. Carmen Gurruchaga y Charo Zarzalejos son las otras dos abogadas que se suman a la presentadora, aunque Alfonso Rojo no parece quedarse a la zaga.  

www.elplural.com 03.02.11 

La Fiscalía pide el sumario de los trajes para presentar escrito de acusación contra Camps

El juez Flors acepta la petición del Ministerio Público, le entrega el contenido de la causa y le da de plazo hasta el próximo jueves para presentar el escrito de conclusiones provisionales. El presidente de la Generalitat recurre la decisión del magistrado de concluir la investigación abierta contra él, aunque según fuentes jurídicas este recurso no paraliza el proceso.

La Fiscalía Anticorrupción quiere conocer todo el sumario del asunto de los trajes que las empresas de la trama 'Gürtel' presuntamente regalaron al Presidente Camps, al coordinador de economía del PP y antiguo secretario de organización en Valencia, Ricardo Costa, y a los ex altos cargos Víctor Campos y Rafael Betoret, antes de presentar su escrito de conclusiones provisionales contra ellos.

Así se lo ha pedido al juez Flors que ha recogido el guante y le ha dado un nuevo plazo a la Fiscalía para que, una vez que haya estudiado la causa íntegra, presente el escrito el próximo jueves.

Camps recurre

Los pronósticos se han cumplido y el Presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha recurrido la decisión del juez Flors de concluir la investigación abierta contra él. Camps le pide que espere a que se resuelva el último recurso que presentó ante la sala de lo civil y penal del Tribunal de Justicia de Valencia. Fuentes jurídicas, consultadas por la SER, subrayan que este recurso ni paraliza, ni suspende la decisión de Flors.

www.cadenaser.com 02.02.11

LA FISCALÍA APORTA NUEVAS PRUEBAS CONTRA CAMPS EN EL CASO DE LOS TRAJES

La Fiscalía aporta nuevas pruebas contra Camps en el caso de los trajes

Un CD con un archivo de excel apuntaría que la trama Gürtel abonó 30.000 euros de prendas de vestir para el presidente y otros altos cargos de la Generalitat y del PP de Valencia.

La Fiscalía ha pedido al juez del tronco central del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que remita de inmediato al Tribunal Superior de Justicia de Valencia pruebas adicionales que, siempre según Anticorrupción, implicarían a Francisco Camps y a otros cargos de la comunidad en la recepción de nuevos sobornos por parte de la empresa de Francisco Correa en Valencia, Orange Market. En concreto, el Ministerio Público reclama al magistrado que envíe al instructor valenciano del «caso de los trajes», José Flors, un CD con un archivo de 'excel' que apuntaría que la trama Gürtel abonó 30.000 euros de prendas de vestir para el presidente y otros altos cargos de la Generalitat y del PP de esa comunidad. Ese archivo, desvela un documento de la Fiscalía al que ha tenido acceso este periódico, ha sido aportado dentro de un disco duro y ante notario en Madrid por Isabel Jordán, ex administradora de Easy Concept, una de las firmas que pagaron con cohechos los supuestos favores de los responsables políticos.

De ese archivo, denominado «orange isabel.xls -alicia/ALICIA/ORANGE MARKET», se infiere, según Anticorrupción, que una de las empleadas de Correa, Alicia Mínguez, dio orden de abonar esos 30.000 euros a la tienda Forever Young, donde los políticos valencianos se confeccionaban los trajes. En la causa de los trajes, que la justicia valenciana consideraba hasta ahora concluida y que sólo está pendiente de los informes finales de las partes, además de Camps figuran como imputados el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos, el ex jefe de gabinete de la consellería de Turismo, Rafael Betoret, y el ex secretario general del partido en la Comunidad Valenciana Ricardo Costa.

http://www.lavozdegalicia.es/espana/2011/02/03/00031296762185676651741.htm

RAJOY DICE QUE CAMPS ´NO ES UN CORRUPTO´

 

González Pons subraya que "ya es el candidato" y que la ratificación del Comité Electoral Nacional es un "trámite"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha expresado hoy su absoluta convicción de que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, "no es un corrupto" y ha garantizado que no va a "liquidar" su carrera política por la acusación de no haber pagado tres trajes.

Rajoy ha expresado ese respaldo a Camps en una entrevista en "Veo7", recogida por Efe, en la que ha dicho que él no ve un escenario en el que el presidente de la Generalitat tenga que sentarse en el banquillo.

Respecto a la posibilidad de que eso pueda ocurrir finalmente, ha recalcado que el juez aún no ha tomado una decisión de esas características.

"Camps no es un corrupto y tengo la absoluta convicción; no voy a liquidar la carrera política de nadie por acusarle de no haber pagado tres trajes. No lo voy a hacer", ha remachado el dirigente del PP.

Ante la pregunta de si no ser candidato del PP a la presidencia de la Generalitat supone liquidar la vida política de Camps, ha señalado: "en la práctica, sí".

El líder del Partido Popular ha defendido la necesidad de adoptar en todo momento decisiones buenas en vez de tomar decisiones rápidas que, al final, puede ser malas.

Y ha puesto como ejemplo de ello el respaldo que dio en todo momento al presidente de su partido en Canarias, José Manuel Soria, cuando, tras ser imputado, no atendió las críticas socialistas en las que le acusaban de mantenerle en su puesto y, finalmente, fue exonerado de toda responsabilidad.

"Si lo hubiera echado, se habría dicho que fui resolutivo, pero habría cometido un error monumental y un daño injusto a una persona", ha añadido.

Rajoy ha dicho que la percepción que se tenía con Soria es similar a la que ahora existe en el caso de Camps, aunque ha reconocido la repercusión mayor que hay en este último caso porque se trata del presidente de una Comunidad.

DEFENSA DE PONS

El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha asegurado este martes que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "ya es el candidato" a la Comunitat Valenciana y ha subrayado que la ratificación de su candidatura por parte del Comité Electoral Nacional es sólo un trámite. Además, ha dicho que la dirección nacional no cree que se vaya a sentar en el banquillo por el llamado 'caso de los trajes' de la trama Gürtel.

"Creemos en la inocencia de Camps, creemos que un presidente de Comunidad Autónoma no se vende por cuatro trajes y nos parecería extraordinariamente injusto que esto llevara a algún sitio. Por lo tanto, en la medida en que apostamos por su inocencia apostamos por su candidatura", ha declarado Pons en una entrevista en Punto Radio, recogida por Europa Press.

Al ser preguntado cuándo van a confirmar a Francisco Camps como cabeza de cartel para las próximas elecciones, el responsable de Comunicación ha reiterado que "ya es candidato". "Queda ser ratificado por el Comité Electoral pero es un trámite", ha añadido.

"CREEMOS EN SU INOCENCIA"

En cuanto a si el PP se puede permitir el lujo de llevar en sus listas a un candidato que se va a sentar en el banquillo, el responsable de Comunicación de los 'populares' ha señalado que consideran que eso no se va a producir. "Pensamos que eso no va a ocurrir porque creemos en su inocencia", ha reiterado.

Preguntado si 'Génova' no creía en la inocencia del ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, imputado en el 'caso Gürtel', Pons ha explicado que el Partido Popular "no apartó" a Bárcenas sino que él mismo "se apartó voluntariamente". Además, ha aprovechado para recalcar que el ex tesorero "no está imputado de ningun delito que tenga que ver con la gestión del PP".

www.elplural.com 01.02.11

EL FIN DE LA INSTRUCCIÓN DEL CASO DE LOS TRAJES COMPLICA LA CAMPAÑA DEL PP

La portavoz del Consell atribuye las decisiones judiciales a una conspiración

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, confiaba en llegar a disolver las Cortes Valencianas y convocar elecciones sin que el juez José Flors, que instruye el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel, hubiese cerrado la instrucción del sumario. La decisión de Flors de dar por concluida la instrucción de la causa abierta hace casi dos años por un supuesto delito de cohecho impropio -en la que está imputado Camps junto a Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret- ha añadido nuevas dosis de incertidumbre a su nominación como candidato y complica la campaña electoral del PP. Este es el único partido con representación parlamentaria que tiene pendiente de confirmar a todos sus candidatos, tanto autonómicos como municipales, así como la aprobación de la confección de las listas electorales.

Fuentes del PP reconocieron ayer el malestar existente en el entorno del presidente por la providencia dictada por Flors el pasado jueves, que da cinco días a la fiscalía y a la acusación particular para que se pronuncien sobre la celebración de un juicio oral por el caso de los trajes. Cargos del PP creen que si Flors fija fecha para celebrar el juicio oral con Camps como imputado, la campaña electoral se pondrá muy cuesta arriba.

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, aseguró ayer: "Ante esta judicialización y el intento de hacer daño injusto, les digo que quien crea que Camps va a desfallecer en su defensa y en sacar adelante la Comunidad Valenciana es que lo conoce bien poco". Sánchez de León recuperó ayer, otra vez, la teoría de la conspiración para justificar los escándalos que afectan a los cargos populares: "Empezaron con Camps y están terminando con el concejal [de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia, Jorge] Bellver", dijo la portavoz en referencia a la decisión de otro juez de abrir juicio oral contra el edil por un supuesto delito de prevaricación en los permisos para la construcción de un aparcamiento subterráneo.

En el mismo sentido se pronunció ayer el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, que en una entrevista a Canal 9 calificó de "patraña de acusaciones orquestada" las actuaciones judiciales en las que el presidente de la Generalitat está imputado.

Los populares arreciaron ayer las críticas contra los fiscales, la policía y los socialistas sin que se hayan planteado adoptar ninguna medida para atajar los casos de corrupción que asolan sus filas. "Estamos presenciando una campaña orquestada y con tintes electorales en una Comunidad donde el PSOE no puede ganar las elecciones y pretende coger el camino de en medio", remachó Castellano.

Al coro se sumaron voces como las del vicepresidente y consejero de Medio Ambiente, Juan Cotino, que aseguró sin explicación alguna que "las diligencias policiales del caso Camps están viciadas por una visión política".

La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, tampoco se quedó atrás y, junto a sus ediles, exhibió en el pleno municipal celebrado ayer su apoyo al concejal de Urbanismo imputado. Barberá indicó que ella hubiese firmado el mismo expediente que Bellver "con los ojos cerrados", ya que llevaba la firma del secretario general del área y del técnico. La alcaldesa no sólo achacó a los técnicos la situación del concejal popular, sino que acusó a los socialistas de someter a los funcionarios "a un temor continuado que les lleva a no querer firmar ni un papel". Junto a Bellver están imputados cuatro técnicos municipales por la concesión ilegal de la licencia para construir un aparcamiento subterráneo.

En medio de este clima, que ha obligado a la dirección nacional del PP a retrasar hasta finales de febrero la proclamación de candidatos, la tensión ha provocado las primeras escisiones locales en las filas populares. En Torrevieja, el hasta ahora vicepresidente quinto de la Diputación de Alicante Domingo Soler ha decidido abandonar el PP para presentar una candidatura independiente. El PP también tendrá que confrontar sus listas con las de otros ex populares en ciudades importantes como Elche, La Vila, Villena o Calp.

En Elche, uno de los impulsores del Foro Popular, José Manuel Olmedilla, busca apoyos entre los partidarios del defenestrado Francisco Álvarez Cascos para presentar candidatura propia. En La Vila, el ex edil del PP Pedro Alemany presentará en breve su formación Gent per la Vila. Villena Centro Democrático es la denominación elegida por el ex edil popular Juan Carlos Pedrosa para enfrentarse al partido del que fue expulsado por votar en contra del criterio de la alcaldesa Celia Lledó. En Calp, Pedro Fernández decidió dejar el PP tras los escándalos relacionados con la contrata de basuras al estallar el caso Brugal y se ha lanzado a recoger el apoyo de los descontentos para lograr representación municipal.

En Orihuela, un grupo de ex alcaldes pedáneos y de barrio han solicitado que no se vuelva a presentar a la reelección la actual alcaldesa Mónica Lorente y apuestan por el diputado autonómico Andrés Ballester, que aspira a ser cabeza de cartel. En Benidorm, las tensiones entre la presidenta local, Gema Amor, y el ex alcalde Manuel Pérez Fenoll también siguen sin cerrarse a la espera de que se confirme quién será el cartel electoral.

La alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, reconoció ayer que, probablemente, los candidatos autonómicos y los municipales de las principales ciudades serán proclamados al mismo tiempo por la dirección del PP.

www.elpais.es 29.01.11

CAMPS INSTA AL FISCAL A QUE LE EXCULPE CON LA ´DOCTRINA BONO´

                                                                                               

Exhorta a la Fiscalía a que acabe "definitivamente" con su imputación por la causa de los trajes y no evidencie "una doble vara de medir" según la militancia política

El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha instado hoy a la fiscalía a "aplicar la doctrina Bono o la doctrina Chaves" para "acabar definitivamente" con su imputación en la investigación de la rama valenciana del caso "Gürtel".

Así, ha dicho Camps, el fiscal evidenciará que no tiene "una doble vara de medir" en función de la militancia política de los implicados.

En declaraciones hechas durante la inauguración de una balsa en Museros, Camps se ha referido a la providencia dictada por el instructor del caso "Gürtel" en el TSJCV donde da cinco días a las acusaciones personadas en la investigación de un posible delito de cohecho pasivo impropio por Camps y otros cargos de la Generalitat y del PPCV para que presenten sus conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa.

Tras criticar que "una vez más" se haya enterado de novedades judiciales en esta causa por los medios de comunicación, ha añadido que el fiscal tiene en su caso todas las "opciones favorables" para pedir el archivo.

"Desde el mes de mayo las pruebas tanto testificales como documentales me han venido machaconamente dando la razón", ha apuntado.

www.levante-emv.com 27.01.11

LA CAUSA DE LOS TRAJES DE CAMPS, EN SU RECTA FINAL

 

El juez Flors concluye la investigación y da un plazo de cinco días a la partes para presentar su escrito de conclusiones provisionales - La resolución se acerca

El juez José Flors, que investiga a Francisco Camps por un presunto delito de cohecho pasivo al aceptar trajes de la trama Gürtel, ha concluido su investigación y ahora da un plazo de cinco días a las partes para que presenten su escrito de conclusiones provisionales.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, encargado de la rama valenciana del caso, da por concluida así la investigación abierta contra el presidente de la Generalitat, así como contra el ex secretario general del PPCV y diputado en las Cortes Valencianas, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos, y Rafael Betoret, el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo y responsable de Protocolo de la Diputación de Valencia. Según la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV, que presentó la denuncia, supuestamente habrían aceptado regalos de Orange Market a cambio de contratos públicos.

Así lo ha acordado en una providencia de fecha 25 de enero, contra la que cabe interponer recurso de reforma en el plazo de tres días ante el mismo magistrado instructor .

Según señala Flors en el escrito, una vez practicadas todas las diligencias que se han declarado "pertinentes" en esta fase del procedimiento a instancias de las partes, y según lo que establece la Ley del Jurado, se da traslado a ministerio fiscal y acusación popular --ejercida por el PSPV-- para que en cinco días "insten lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando, en su caso, escrito de conclusiones provisionales".

Contra esta resolución se puede presentar recurso de reforma, de acuerdo con los términos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en el plazo de tres días ante el propio instructor.



La semana pasada, el magistrado rechazó la solicitud de nuevas pruebas por parte de la defensa de Camps que, previsiblemente, recurrirá la decisión.

En cualquier caso, esta semana se conoció que los peritos de Camps han avalado que el caos contable impide saber quién pagó los trajes, apoyando así la tesis de la Agencia Tributaria al denunciar facturas falsas y alteración de la contabilidad.

www.levante-emv.com 27.01.11

LUNA CREE QUE EL JUEZ HA DADO 'UN PASO ADELANTE' PARA QUE 'SE SIENTE A CAMPS EN EL BANQUILLO'

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, ha afirmado este jueves que el juez instructor de la rama valenciana del 'caso Gürtel' ha decidido "dar un paso adelante" en la instrucción del procedimiento ante los "intentos de dilatarlo" por parte de la defensa de Francisco Camps y los otros inculpados.

Luna se ha pronunciado así en los pasillos de las Cortes sobre la providencia del magistrado José Flors que da cinco días a las acusaciones personadas en la investigación de un posible delito de cohecho pasivo impropio por el president de la Generalitat para que presenten sus conclusiones, paso previo para abrir juicio oral o archivar la causa.

El portavoz socialista, quien ha precisado que todavía no conocen la providencia, ha considerado que ante el "interés" de Camps de que "se alarguen los procesos para conseguir la nominación formal de su partido" como candidato a la reelección a la Presidencia de la Generalitat, el juez "ha querido adelantarse y dejar muy clara su voluntad de concluir cuanto antes el procedimiento".

Luna se ha mostrado convencido de que se abrirá juicio oral y el presidente estará "sentado en el banquillo", ya que en su opinión existen "pruebas suficientemente contundentes para se siente" en él, aunque ha considerado que eso "no será seguramente antes de las elecciones".

A su juicio, Camps debería haber abandonado la Presidencia de la Generalitat "hace muchos meses", porque "lo que tensa la vida política de la Comunidad es un presidente que no quiere dar ni una sola explicación de todo lo que ha pasado", no sólo "el tema de los trajes", sino de las actividades de una trama que "se ha llevado mucho millones de euros de esta Comunidad".

www.elmundo.es 27.01.11

EL PP RECHAZA MÁS PREGUNTAS SOBRE EL 'CASO GÜRTEL' Y LA VISITA DEL PAPA

El PP es reincidente. Sus representantes en la Mesa de las Cortes Valencianas, que preside la popular Milagrosa Martínez, rechazaron de nuevo ayer una pregunta escrita al director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), José López Jaraba, y otra oral en comisión a la consejera de Turismo, Belén Juste, de los socialistas con el argumento de que incluyen juicios de valor. Hasta tres sentencias del Tribunal Constitucional han condenado a las Cortes por vulnerar los derechos de los diputados esta y la pasada legislatura al impedir la tramitación de iniciativas parlamentarias sin motivo justificado.

La pregunta escrita de los socialistas había sido formulada por la vicepresidenta segunda de las Cortes, Isabel Escudero, integrante por tanto de la Mesa, y hacía referencia al caso Gürtel en relación con la retransmisión televisiva de la visita del Papa en 2006. Tras recordar que RTVV hizo un gasto de 14 millones de euros fuera de presupuesto con motivo de la visita de Benedicto XVI, Escudero explicaba cómo la investigación judicial ha revelado que se obtuvieron comisiones de los contratos, realizados sin publicidad ni transparencia, y añadía que hubo "graves consecuencias económicas por una mala gestión que implica a cargos públicos en posibles delitos". La diputada preguntaba si se ha hecho algún informe de los servicios jurídicos de RTVV "sobre posibles responsabilidades de los miembros del consejo de administración".

Escudero presentó otra decena de preguntas sobre Canal 9 que sí que fueron tramitadas ayer por la Mesa de las Cortes. La de la visita del Papa, sin embargo, fue vetada con la exigencia de que reformule los términos de su redacción.

Política de Turismo

La pregunta oral en comisión que fue rechazada también por la Mesa de las Cortes estaba planteada a la consejera de Turismo por la diputada socialista Maisa Lloret. La parlamentaria preguntaba escuetamente: "¿Va la consejería a seguir la misma política de adjudicación de contratos de forma directa y sin concurso, independientemente de su cuantía?".

La adjudicación amañada por parte de ese departamento de los pabellones valencianos en Fitur durante varios años a la trama de corrupción de la que formaba parte la empresa Orange Market y las adjudicaciones paralelas efectuadas a dedo son aspectos que se investigan en el sumario del caso Gürtel.

www.elpais.es 26.01.11

¿LA TRAMA GÜRTEL? FRANCISCO CAMPS SÓLO RESPONDE A "COSAS SERIAS"

Francisco Camps sólo responde "a cosas serias". Así se lo espetó  el president de la Generalitat valenciana a un reportero de El Intermedio (laSexta) durante la feria de turismo Fitur, que tiene lugar estos días en Madrid. Fernando González Gonzo trató desde que abordó al político del PP de sacarle una respuesta sobre la relación entre estand de su comunidad y la trama Gürtel, pero Camps sólo habló de la ciudad de Vigo —donde nación Gonzo— y de la candidata conservadora, Corina Porro.

- ¿A qué el estand es tan bonito sin necesidad de pagar lo que le pagaban cuando se lo montaba el señor Bigotes? —preguntó el reportero.

- Lo que va a ser precioso es cuando en Vigo gane la candidata del PP, que ya fue alcaldesa. Una candidata excepcional —respondió Camps, que no dejaba hablar a su interlocutor.

- President, no le voy a dejar hacer campaña en El Intermedio. ¿Por qué se han gastado tanta pasta en años anteriores en Fitur, cuando se lo montaba el Bigotes, si este año se ha visto que se puede hacer...?

Camps sigue en sus trece, no contesta a las preguntas y, finalmente, explica que él sólo responde a "cosas serias". Antes, el reportero, irónicamente, trató de preguntarle sobre Vigo para ver si así el presidente le respondía sobre la trama Gürtel. Antes, Gonzo trató de hablar con el presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, a quién le preguntó cuál era la "diferencia entre ser inocente y que el delito haya prescrito". Fabra, eludiendo la cuestión, respondió: "Usted trabaja para el PSOE".

No es la primera vez que, recientemente, Camps responde con evasivas. En Bruselas, ante las preguntas de Público sobre Cascos y el caso de los trajes, el president empleó cinco minutos para referirse a la infraestructura ferroviaria del Corredor Mediterráneo. Luego, al final de su intervención, llegó a presumir ante sus compañeros de rueda de prensa de que mofarse de los periodistas le da votos y que "dos terceras partes del parlamento valenciano van a ser del PP" en las próximas elecciones autonómicas.

www.publico.es 22.01.11

EL JUEZ FLORS CORTA EL INTENTO DE CAMPS DE GANAR TIEMPO

Un auto del juez José Flors, que instruye el caso de los trajes regalados al presidente valenciano y a otros cargos del PP por parte de la trama de corrupción del caso Gürtel, pone fin al intento de Francisco Camps de ganar tiempo antes de que el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) decida si lo convierte de imputado en procesado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio. Camps buscaba dilatar el proceso hasta las elecciones autonómicas del 22 de mayo, en las que volverá a presentarse como candidato del PP.

El juez rechaza ahora su pretensión de que se pregunte al Tribunal Superior de Justicia de Madrid si hay más conversaciones grabadas por la policía entre el número dos de la trama, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, gerente de Orange Market, la terminal valenciana de la red; así como la petición de que se reclamen y escuchen las grabaciones al cabecilla de la red, Francisco Correa. El magistrado asegura en su auto del 18 de enero que ya dispuso durante la instrucción la incorporación de las conversaciones intervenidas relativas al caso, "sin que nada se alegara entonces", y que la solicitud "se asienta en meras hipótesis tendentes, no a una concreta averiguación o contrastación de hechos determinados, sino a realizar una prospección respecto de algo que tal vez pudiera ser de interés del solicitante".

Decisiones clave

Por tanto, rechaza practicar nuevas diligencias y se dispone a convocar la vista preceptiva para decidir si abre juicio oral a Camps y a los otros imputados en el caso. Al mismo tiempo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV se prepara a decidir en breve si acepta la inhibición del juez de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel, todo lo que afecta a la supuesta financiación irregular del PP valenciano y a las contrataciones de la trama con la Generalitat valenciana.

Si la sala decidiera, no solo asumir el caso porque implica a aforados valencianos, sino sumar la investigación al caso de los trajes, Flors todavía no podría llevar a juicio a Camps, que por otra parte se vería investigado por un posible delito de cohecho más grave. Los socialistas, que son acusación particular, piden la agrupación porque entienden que los regalos a Camps forman parte de la red. El PP, que también es acusación popular, pide que no se acepte la inhibición.

www.elpais.es 22.01.11

EL PP RETOMA LA CAMPAÑA DE ACOSO CONTRA EL FISCAL CABEDO

El Consell y el PP retomaron ayer la campaña de acoso contra el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia, Ricard Cabedo, tan solo unas semanas después de arremeter contra él por su intervención a finales de noviembre en las Cortes Valencianas. Entonces los populares cargaron contra Cabedo porque no abrió de oficio una investigación contra el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, por exhibir en la Cámara un informe policial del caso Gürtel que, aunque ya se había publicado en los medios de comunicación, estaba bajo secreto de sumario.

Ayer las críticas vinieron porque el diario ABC afirmó que Cabedo se reunió en un restaurante con los policías de la brigada de blanqueo de capitales autores del informe, después de declarar en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana en el proceso abierto contra Luna tras la denuncia del PP por un posible delito de revelación de secretos.

Ricard Cabedo desmintió la información, reclamó respeto a la institución que representa y explicó que, efectivamente, fiscales y policías coincidieron en el mismo restaurante a la hora del almuerzo y se limitaron a saludarse "cumpliendo las mínimas normas de cortesía".

El PP no aguardó ni a conocer las explicaciones del fiscal jefe del TSJ. Al contrario, el portavoz de Economía de las Cortes y abogado del Estado, José Marí, y la coordinadora regional del PP y alcaldesa de Vall d'Uixó, Isabel Bonig, acusaron al fiscal y a los policías de actuar en connivencia para perjudicar al PP.

Pregunta al Gobierno

Fotografías en mano, ambos dirigentes populares anunciaron que solicitarán en el Congreso de los Diputados la comparecencia urgente del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, para que explique la situación. Además, Marí anunció que su partido interrogará al Gobierno central y cargó contra el fiscal Cabedo, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

En el mismo sentido se pronunció la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León. Para el PP los fundamentados indicios de corrupción que han aparecido con la investigación judicial del caso Gürtel no son otra cosa que un montaje orquestado por los socialistas para desgastar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a sus principales colaboradores en la cúpula del Consell y del PP, que siguen imputados por cohecho pasivo impropio.

www.elpais.es 22.01.11

LOS POLICÍAS NIEGAN HABER FILTRADO A LUNA EL INFORME DEL 'CASO GÜRTEL'

El jefe de la Brigada de Blanqueo de Capitales, un inspector y un subinspector de la misma unidad negaron ayer que la policía sea el origen de la filtración de un informe sobre el caso Gürtel que el portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna, exhibió en un pleno el pasado marzo.

Los tres agentes declararon como testigos ante el magistrado Juan Montero en la causa abierta contra el diputado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana después de que el PP acusara a Luna de un supuesto delito de revelación de secretos. Montero interrogó la semana pasada a los responsables de la seguridad de las Cortes y de la sede de los socialistas valencianos, que tampoco arrojaron luz sobre los hechos.

Los tres policías aseguraron desconocer de dónde partió la filtración. Pero reconocieron, según el abogado que representa al PP, que tampoco se ha llevado a cabo ninguna investigación interna ya que descartaron desde el principio que la revelación tuviera origen en la brigada. El motivo fue que el informe carecía del membrete distintivo de la policía.

En línea con Rubalcaba

La explicación coincide con la que Alfredo Pérez Rubalcaba, vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, expuso el 14 de enero. Rubalcaba apuntó entonces hacia el Poder Judicial como posible fuente de la revelación, argumentando que el informe filtrado no coincide con el elaborado por la Brigada de Blanqueo que figura en la causa judicial.

El documento que ha dado pie a la denuncia del PP contra Luna señala que la trama Gürtel sacó una tajada cercana al millón de euros en la cobertura que Canal 9 hizo de la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. El director de Ràdio Televisió Valenciana era, por entonces, Pedro García, amigo íntimo de Álvaro Pérez, considerado delegado de la trama Gürtel en Valencia. García dimitió en agosto de 2009, poco después de que estallara el escándalo de la trama de corrupción.

Luna declaró en diciembre ante el magistrado que recibió el informe de forma anónima y que desconocía su procedencia. Al salir del tribunal dijo que no se arrepentía de haberlo mostrado: "Volvería a hacerlo porque seguimos sin saber lo que ha costado la visita del Papa a Valencia y tenemos derecho a saberlo nosotros y los ciudadanos que pagan sus impuestos".

www.elpais.es 21.01.11

EL TSJ YA TIENE LA CAUSA CONTRA EL PP POR SU FINANCIACIÓN

El destino de la causa derivada del caso Gürtel sobre la presunta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana está más cerca de concretarse. El magistrado José Francisco Ceres, de la sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) decidirá en breve si acepta o no la inhibición propuesta por el magistrado Antonio Pedreira, instructor en el TSJ de Madrid del grueso del caso Gürtel.

Ceres ha recibido nueva documentación de Pedreira en formato digital. Es, en principio, todo lo que el magistrado de Madrid considera que debe enviar para que, como consideró en el auto, se continúe en este tribunal la instrucción iniciada por él. Pedreira se inhibió el pasado mes de mayo. En el auto, que sigue la tesis de la Fiscalía Anticorrupción, consideró la existencia de delitos cometidos por cargos públicos del PP. En concreto: cohecho, castigado con pena de prisión; delito contra la Administración Pública; delito contra la Hacienda Pública; y delito electoral. Se basó en informes de la Agencia Tributaria y la policía, en los que aparecen vinculados el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla; el ex secretario general del PP, Ricardo Costa; el vicesecretario general del PP David Serra; el ex jefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret; la diputada y tesorera del PP, Yolanda García; y Pedro García, ex director general de Ràdio Televisió Valenciana.

El PP presentó a esa decisión un recurso que el propio Pedreira rechazó el pasado julio. Fue entonces cuando la causa quedaba en manos del tribunal valenciano, que ha estado a la espera, no exenta de problemas, de que se le remitiera toda la documentación referida a los aforados valencianos.

Entre tanto, el magistrado José Flors está concluyendo las diligencias que acordó practicar en el caso de los trajes, en el que está imputado el presidente Francisco Camps por cohecho pasivo impropio. El magistrado tiene pendiente tomar declaración a un testigo y recibir del perito de Camps, al que dio una prórroga las pasadas navidades, el informe sobre la documentación contable de la causa. Después de eso, y de resolver un recurso sobre la incorporación de unas grabaciones, Flors tendrá que convocar una vista para conocer si las partes proponen más diligencias, contestarles a ello y, después, resolver sobre si hay o no juicio.

www.elpais.es 13.01.11

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