CASO GÜRTEL : CAMPS + EL
BIGOTES = PICASSENT
AÑO 2011
“De
la cacería ya hay dos fuera, Bermejo y Garzón, pero que se
tienten la ropa quienes han actuado mal porque vamos a ir
contra los que han roto el Estado de derecho”
( Camps dixit. 12.05.10 )
”Yo voy a
apoyar a Camps y va a ser el candidato del PP a las próximas elecciones en
Valencia porque comprenderá que eso de los tres trajes, yo no me lo creo.
Hay gente a la que le gusta y gente a la que no le gusta, pero le he dicho
lo que pienso” (…) La Justicia “puede decir lo que quiera” porque el 12 de
mayo “no le van a condenar” ( Mariano Rajoy.06.05.10 )
LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA
VALENCIANA 2011
EL JUEZ
IDENTIFICA A OTRA FUENTE DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
La policía
localiza a los empresarios que Gürtel llamaba Príncipe y Cantante
La
investigación sobre la financiación ilegal del PP se encontraba en punto
muerto desde el pasado mes de julio, cuando el Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana asumió el caso y se declaró competente para
instruir el caso. Sin embargo, el juez que instruye la causa, Francisco José
Ceres, está ahondando en las pesquisas después de recibir el informe que
requirió a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) de la policía y
que identifica a El Cantante y El Príncipe, dos personajes que aparecían en
los apuntes contables de la trama y que, supuestamente, habrían efectuado
"pagos opacos por cuenta del Partido Popular de la Comunidad Valenciana a
Orange Market".
La
novena empresa involucrada también es adjudicataria de la Generalitat
Su
identificación elevaría a nueve, según la policía, el número de empresarios
incluidos en la causa y sobre los que también pesa la acusación de pagar
facturas a la trama Gürtel por trabajos efectuados realmente para el PP
valenciano en el marco de las campañas electorales de 2007 (autonómicas, en
las que salió elegido presidente Francisco Camps) y 2008 (nacionales, en las
que perdió Mariano Rajoy). Todos los empresarios implicados pertenecen al
sector de la construcción, que salía en aquellos años de la era del boomdel ladrillo, que fue especialmente intenso en la Comunidad
Valenciana por la permisiva legislación en la materia.
En su
informe, la policía sostiene que El Cantante, que "presuntamente abonó a
Orange 199.520 euros" es Rafael Martínez Berna que, tal como indican, ha
ocupado distintos puestos directivos del grupo Vallalba. Este conglomerado
empresarial ya figuraba en el listado de empresas que habrían aportado,
indirectamente, financiación al PP, por lo que Martínez Berna ya figura en
la causa como imputado. El empresario presidió hasta hace unos meses la
patronal de Alicante. Su dimisión fue atribuida por distintas fuentes a su
implicación en el caso de corrupción.
En cuanto a
El Príncipe, el escrito de la Udef sostiene que se corresponde con una
persona que ostenta un cargo directivo en la sociedad Cyes y "cuyo nombre de
pila coincidiría con el del sucesor de la corona española". Según la
investigación, este habría abonado 200.000 euros a la misma sociedad de la
trama, Orange Market, después de que esta realizara diversos trabajos
durante dos de las campañas electorales, la autonómica de 2007 y la de las
generales de 2008. En cualquier caso, el juez ha solicitado a la policía que
"investigue la persona a quien concretamente pudiera referirse" en su
informe, con el fin de comunicarle la causa judicial en la que está
involucrado.
El informe
que realizó Hacienda sobre el caso de financiación ilegal del PP valenciano
se basó en la documentación intervenida en los registros efectuados en las
sedes de las empresas corruptas de Gürtel.
Según este
informe, por los actos electorales del PP, Orange Market percibió en 2007 un
total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero B e
incluidos en una cuenta que la trama llamaba "Barcelona".
Otros
872.208 euros de los ingresos que ese año registró Orange Market se
contabilizaron en otra cuenta que llamó "Alicante" y que sí fue declarada al
fisco. Y es que Orange Market, la empresa cabecera del PP de Valencia que
dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, tenía una doble contabilidad. Al PP
le cobraba muchas veces en B y otras en A, según Hacienda, que sostiene que
la empresa de El Bigotes recibió en 2007, también en dinero negro, de El
Príncipe y El Cantante.
En la causa
por financiación ilegal ya estaban imputados los gestores del grupo Enrique
Ortiz (implicado también en el caso Brugal), Sedesa (propiedad de la
familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino), Lubasa,
Facsa, Piaf, Pavimentos del Suroeste y Constructora Hormigones Martínez.
Todas ellas adjudicatarias de contratos millonarios de obra pública por
parte del Gobierno autonómico que presidía Francisco Camps. En la página web
de Cyes, la última empresa incluida en la causa, la constructora destaca las
obras realizadas tanto para la Generalitat como para el Ayuntamiento de
Valencia.
Junto a los
empresarios figuran imputados en la causa la cúpula del PP que presidía
Camps (incluido Ricardo Costa), así como varios miembros destacados de su
Gobierno.
EL JUEZ EXIGE AL PP VALENCIANO SEÑALAR A LOS
AUTORES DE SU FINANCIACIÓN ILEGAL
El instructor requiere que presenten una querella
si quieren ser parte del caso
El juez que instruye la causa por financiación ilegal del PP
valenciano ha rechazado el intento del Partido Popular de personarse en el
proceso como acusación sin presentar querella contra nadie en concreto, ni
mencionar los delitos que presuntamente cometieron, ni dónde tuvieron lugar.
El magistrado José Ceres ha rechazado, en un auto conocido ayer, el recurso
presentado por el partido, y exige que especifique a los responsables que
presuntamente cometieron los delitos que se investigan. El PP ha recurrido
la decisión a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia
valenciano.
La formación trata de evitar el trago de acusar a
la cúpula de Camps
El PP logró personarse como acusación en el procedimiento
original de Gürtel que instruía el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y
que ahora ha vuelto a la Audiencia Nacional. La actuación del PP como
acusación -en una causa que investiga un vasto caso de corrupción vinculado
a esa misma formación política- ha estado marcada por la insistente
presentación de recursos, que han dificultado el avance del procedimiento.
Han sido tantas las demoras causadas que hasta el entonces instructor de la
causa, Antonio Pedreira, instó al partido en julio de 2010 a terminar con la
"batalla campal" de informes y contrainformes que había desatado.
El magistrado de Valencia José Ceres recuerda en su auto que
la querella que el PP "de la Comunidad de Madrid" presentó en su día en la
causa troncal de Gürtel, y con la que pretendía darse por personado también
en Valencia, iba dirigida únicamente contra Francisco Correa, su primo
Antoine Sánchez y el lugarteniente de la trama, Pablo Crespo. Y se limitaba
solo a los supuestos delitos de "administración desleal, injurias, calumnias
y denuncias falsas".
"No se menciona nada relacionado con los hechos ocurridos en
la Comunidad Valenciana", indica el juez. "Ni aparece mención de persona
alguna, aforada o no, con intervención en hechos ocurridos en la Comunidad
Valenciana, no citándose ni mencionándose en momento alguno en el escrito de
querella siquiera a la sociedad Orange Market [que administraba Álvaro Pérez
El Bigotes], que es la protagonista principal de los hechos", agrega
Ceres.
El, de momento, infructuoso objetivo del PP era personarse
como acusación para tener acceso directo a la causa sin pasar el mal trago
de tener que querellarse contra las cúpulas del PP valenciano y de la
Generalitat que presidía, en ambos casos, Francisco Camps. En la causa por
financiación ilegal están imputados Ricardo Costa (ex secretario general del
PPCV), Vicente Rambla (exvicepresidente de la Generalitat), David Serra
(vicesecretario de Organización del PPCV), Yolanda García (tesorera del PPCV),
Luis Bárcenas (extesorero del PP nacional) y otros.
La causa incluye una pieza separada por delitos contra la
Administración Pública: cohecho y prevaricación en la adjudicación a la
trama de contratos de Fitur por importe de seis millones de euros. En ella
están imputados Rambla, Milagrosa Martínez (exconsejera y expresidenta de
las Cortes Valencianas) y Rafael Betoret (exjefe de gabinete en Turismo), ya
condenado en el caso de los trajes.
EL JUEZ IMPUTA EN GÜRTEL A OTROS TRES ALTOS CARGOS DE LA
GENERALITAT
El magistrado cree que pudieron cometer los delitos de
cohecho y prevaricación en la adjudicación de contratos a 'El Bigotes'
El juez José Ceres ha imputado a otros tres altos cargos
de la Generalitat en el grueso de la vertiente valenciana del caso Gürtel
que instruye en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Se trata de Dora
Ibars, directora general de Promoción Institucional en Presidencia de la
Generalitat; Isaac Vidal, jefe de área de Mercados y Comunicación en la
Agencia Valenciana de Turismo, y Jorge Guarro, jefe del servicio de
Promoción de la misma agencia del Gobierno autonómico.
El magistrado cree, "dada la documentación e informes
incorporados hasta la fecha a las presentes diligencias", que los tres
pudieron cometer los delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación a
Orange Market, la sociedad de la trama corrupta que administraba Álvaro
Pérez, El Bigotes, de los contratos de organización y montaje del
pabellón valenciano en la madrileña feria de Fitur.
La red que lideraba Francisco Correa obtuvo casi cinco
millones de euros por la adjudicación del pabellón de la Generalitat cinco
años seguidos, de 2005 y 2009. La investigación ha revelado que, en unos
casos, los miembros de la trama mafiosa conocían las bases oficiales de la
adjudicación semanas antes de que fueran publicadas, lo que les permitía
elaborar propuestas ganadoras frente al resto de competidores. Y en otros,
que la oferta de Orange Market se alzaba con los cuantiosos contratos a
pesar de no reunir los requisitos o hacer la oferta más cara.
En la enrevesada trayectoria procesal del caso Gürtel,
el TSJ valenciano decidió asumir, por separado, la competencia de dos de sus
ramales. El primero es el que sentará en el banquillo el próximo 12 de
diciembre al expresidente Francisco Camps y al ex secretario general del PP
regional Ricardo Costa por haber aceptado supuestamente dádivas de la trama.
El segundo, en el que han sido imputados los tres nuevos
altos cargos, contiene la aparentemente irregular concesión de los contratos
de Fitur y, al mismo tiempo, la financiación ilegal del PP (delito
electoral), que habría incluido la falsificación en documento mercantil.
En esta segunda y central vertiente del caso Gürtel
valenciano ya estaban imputados buena parte de la plana mayor del PP
regional y del Gobierno de Camps: Vicente Rambla (exvicepresidente de la
Generalitat); David Serra (vicesecretario de Organización del PPCV); Yolanda
García (tesorera del PPCV); Cristina Ibáñez (administradora del PPCV); Luis
Bárcenas (extesorero del PP); Milagrosa Martínez (expresidenta de las Cortes
Valencianas y exconsejera de Turismo); Rafael Betoret (ex jefe de gabinete
de Turismo) y, de nuevo, Costa.
En la providencia que comunica las nuevas imputaciones,
que lleva fecha de 11 de noviembre, el magistrado indica que El Bigotes y
Cándido Herrero (empleado de la trama) hablan sobre Dora Ibars en una
conversación telefónica que tuvo lugar el 28 de diciembre de 2008 y que fue
intervenida por la policía. De su contenido, concluye el juez, "y sin
perjuicio de lo que resulte, se puede inferir un no descartable grado de
conocimiento o participación en los hechos relativos a una negociación
previa que pudiera, en su caso, posibilitar una ventaja o facilitación del
direccionamiento de la contratación administrativa mencionada [adjudicación
de Fitur] a favor de Orange Market".
El magistrado señala, respecto a Isaac Vidal y Jorge
Guarro, que ambos participaron en la elaboración de los pliegos de
condiciones del concurso, estableciendo "criterios de adjudicación de
influencia decisiva". Al mismo tiempo, participaron en la mesa de
contratación que elegía entre las ofertas presentadas; y emitieron informes
que fueron "determinantes para la propuesta" que dicha mesa elevó a la
Agencia Valenciana de Turismo, sobre la base de la cual se adjudicaron los
contratos a Orange Market.
El juez pide en la misma resolución a Presidencia de la
Generalitat y a la Consejería de Turismo que amplíen la información sobre
cómo se formaban las mesas de contratación investigadas y qué criterio se
utilizaba para elegir a sus integrantes.
www.elpais.es 18.11.11
CAMPS OCULTÓ UNA LICITACIÓN DE 500.000 EUROS EN BENEFICIO DE LA 'GÜRTEL'
Orange Market no tuvo competidores para organizar
la Volvo Ocean Race
El Govern del expresident valenciano Francisco Camps ocultó la
existencia de un contrato público de medio millón de euros para conseguir
así que sólo la tramaGürtel optara al mismo. Se trata de la
organización de la ceremonia de inauguración de la Volvo Ocean Race o Vuelta
al Mundo a Vela, que en octubre de 2008 salió desde Alicante. Orange Market,
la filial de la trama en Valencia, consiguió el contrato después de que la
empresa pública encargada de otorgarlo redujera la exigencia que marca la
ley de publicidad y libre concurrencia a sólo tres días de exposición en una
web que no es la habitual para este tipo de anuncios.
Así lo muestra la documentación que, tras dos años y medio de
espera y continuas peticiones, fue proporcionada el pasado lunes a EUPV, la
marca autonómica de IU. Hasta ahora, se conocía que la Generalitat había
privilegiado presuntamente a la trama a través del trasvase de información,
el amaño de procesos de selección o el troceamiento de grandes contratos en
pequeñas facturas. El contrato exhibido por EUPV muestra que la ocultación
de licitaciones fue otra de las técnicas supuestamente utilizadas.
EUPV recibe facturas de la trama tras dos años de peticiones y
esperas
Orange Market recibió el encargo de organizar la ceremonia
de inauguración por 445.000 euros. Lo llamativo es que, pese a que el
Govern valenciano anunció la celebración de este evento en esta ciudad ya en
junio de 2006, los trámites para la adjudicación del contrato no se
iniciaron hasta el 20 de agosto del año 2008, un mes y dos días antes de la
fecha señalada para el inicio de los fastos.
La tardanza sirvió de excusa para las prisas en la
contratación que, a su vez, beneficiaron a Orange Market. La empresa pública
que otorgó el contrato, la desaparecida Societat de Promoció Estratègica de
la Comunitat Valenciana, redujo a su mínima expresión los requisitos de
publicidad, transparencia, libre concurrencia y no discriminación que la ley
exige para la contratación pública. Así, la manera elegida para encontrar a
la empresa adecuada fue seleccionar a tres posibles candidatos y pedirles
directamente una oferta. De los tres elegidos, sólo Orange Market accedió a
participar en el concurso. A falta de otras opciones, la filial de la
trama Gürtel se hizo con el contrato.
Este procedimiento podía resultar ilegal, ya que la ley obliga
a garantizar la libre concurrencia. Tal vez por ello la Societat de Promoció
Estratègica añadió al proceso una nueva fase. Decidió publicitar el anuncio
de la adjudicación, pero sólo lo hizo durante tres días laborables. Además,
el lugar elegido para exponer la oferta no fue el que las empresas
interesadas habrían esperado, esto es, el perfil del contratante. En la
documentación a la que EUPV ha tenido acceso, la Societat de Promoció
Estratègica argumenta que su web "no se encontraba operativa". Se
opta entonces por exhibir el anuncio en la web del evento, "Alicante 2008,
Vuelta al Mundo a Vela". El resultado es que ninguna empresa presentó oferta
alguna.
Hay contratos menores troceados para evitar el concurso
público
Libre de competidores, Orange Market se hizo con el contrato.
La firma se produjo el 12 de septiembre, sólo diez días antes de la
celebración de la ceremonia de inauguración, que tuvo lugar el 22 de
septiembre en el puerto de Alicante. La rapidez con la que la empresa
adjudicataria organizó un evento de tales dimensiones, uno de los proyectos
estrella de la Generalitat, sorprendió el lunes a EUPV: "¿Puede una
empresa montar en diez días (desde la adjudicación del contrato) un "sarao"
de 445.000 euros? Orange Market sí", comentó en su cuenta de Twitter el
diputado Ignacio Blanco.
El sumario del caso Gürtel muestra que el presunto
trato de favor a Orange Market fue habitual. En 2005, la empresa consiguió
el contrato de montaje del stand del País Valencià en la feria de turismo
Fitur gracias a la información privilegiada que le llegó desde correos
electrónicos de la Conselleria de Turisme, según un informe policial. Tres
altos cargos de los gobiernos de Camps entre ellos, su último vicepresidente
Vicente Rambla están siendo investigados por presunta prevaricación y
cohecho en relación a este asunto. El Tribunal Superior de Justicia
valenciano investiga, además, la posible financiación ilegal del PP gracias
a la intermediación de Orange Market.
La trama recibió el encargo de un gran evento diez días antes
de la cita
La documentación recibida por EUPV muestra que Orange Market
también se benefició de una larga lista de pequeños contratos que, al ser de
cuantía inferior a 12.000 euros, no precisan de concurso ni publicidad
previa. En cinco ocasiones, la empresa organizó eventos en los que el
importe de sus servicios superó esa cantidad, pero la Generalitat troceó el
gasto total en varios contratos. De esta forma se eludió la libre
concurrencia.
En la documentación también abundan las facturas incompletas,
en las que se cobran elevadas cantidades por conceptos que no están
suficientemente precisados. Una de ellas recoge el cobro de 5.452 euros a la
Conselleria de Educació por el "diseño de la página web", sin
detallar cuál. En otra ocasión se cita la "creatividad" como uno de los
conceptos de un contrato de 163.181 euros
LA OPOSICIÓN YA TIENE LOS CONTRATOS DEL TRATO DE
FAVOR DE CAMPS A LA RED GÜRTEL
Los encargos a la empresa que dirigía El Bigotes
suman siete millones de euros
Los documentos a los que ayer tuvieron acceso los diputados de
Esquerra Unida del País Valencià, tras haberlo solicitado en las Cortes
Valencianas, ratifican que la Administración que presidía Francisco Camps
otorgó a la empresa Orange Market contratos por un valor cercano a los siete
millones de euros entre 2004 y 2009. En total fueron una veintena de
adjudicaciones (algunas troceadas en varios contratos para no superar el
límite y evitar el concurso público) a la sociedad que hacía de cabeza
visible de la red Gürtel en Valencia. Al margen de estos, la Administración
autonómica adjudicó a la misma empresa los concursos para la creación de los
expositores de la Feria de Turismo, Fitur, durante cinco años. La empresa
cobró de la Generalitat Valenciana que presidía Francisco Camps más de siete
millones de euros.
Los parlamentarios constatan que hubo
fraccionamientos de contratos
Los papeles revelan la "connivencia con una
empresa corrupta", dice EUPV
El Consell facilitó copia de la documentación a
los diputados
Presidencia acusa a la oposición de falta de
seriedad porque los datos se conocían
La mayoría de los contratos son menores, es decir, se
realizaron sin pasar por el trámite del concurso o el procedimiento
negociado, como destacaron ayer en sus primeras declaraciones los
parlamentarios que los consultaron. El informe de la Unidad de Auxilio
Judicial realizado en 2010 ya expuso que en varias ocasiones hubo un
fraccionamiento en el pago "con el fin de no utilizar otros procedimientos
de contratación, por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y
concurrencia". Este es el caso, por ejemplo, del Congreso de Software libre
celebrado en Castellón en 2005 y adjudicado por la Consejería de Educación.
Orange Market presentó hasta cuatro facturas que, en total, ascienden a un
total de más de 48.000 euros. Por separado, ninguna suma más de 12.000
euros. Aún así, la sociedad no tuvo reparos en utilizar el mismo concepto
en, al menos, dos de las facturas por el "alquiler, transporte y montaje
moqueta en 22 stands".
También se fragmentaron los pagos por el servicio que prestó
Orange Market a la vicepresidencia del Gobierno valenciano y a la consejería
de Justicia en un acto celebrado en 2007. Por una parte facturó 11.000 euros
por el "montaje y desmontaje del acto" y, por otra, otros 8.000 por el
"material audiovisual y personal técnico" del mismo.
Entre los "encargos" hechos por la Generalitat Valenciana a
Orange Market aparecen cosas tan diversas como un millar de carteras porta
documentos y serigrafiadas con motivo del Congreso Familia y Escuela,
celebrado en noviembre de 2006, que costaron a las arcas públicas 9.860
euros. Para ese mismo evento la sociedad que encabezaba Álvaro Pérez, El
Bigotes, presentó otra factura por 1.972 euros por otro millar de
"receptores de radio y sus pilas".
Además de los contratos menores hay otros que se adjudicaron
tras un procedimiento negociado, que se realiza tras la solicitud de tres
presupuestos a firmas diferentes para posteriormente elegir el mejor. Es el
caso de un contrato de Vaersa, por un valor de 120.000 euros. Pero también
en este, el informe pericial sostiene que hubo irregularidades, ya que las
otras dos empresas a las que se pidieron ofertas formaban parte de la trama.
"Dadas las relaciones que existen entre ellas y la falta de independencia
real, se habrían vulnerado los principios de publicidad y concurrencia",
recoge el informe. Los documentos, dijo el diputado autonómico de Esquerra
Unida Ignacio Blanco, revelan la "connivencia de la Generalitat con una
empresa que solo se puede calificar de corrupta". Blanco, junto a la
coordinadora de la formación, Marga Sanz, y al también diputado Lluís Torró,
pudieron consultar y después llevarse fotocopiados 134 folios de
documentación sobre las relaciones de la Administración valenciana con la
empresa Orange Market entre 2005 y 2009. La documentación, que había sido
reiteradamente solicitada sin éxito, como reconoció el diputado tras dedicar
unas horas a su estudio, está toda contenida en el sumario del caso
Gürtel, pero viene a confirmar por primera vez de manera oficial, desde
la propia Generalitat, la extensa relación contractual con la terminal
valenciana de la trama de corrupción que dirigía Álvaro Pérez por cuenta del
cabecilla de la red, Francisco Correa.
Hasta ahora, los contratos con la trama solo habían salido de
los archivos de la Generalitat por orden judicial y el expresidente
valenciano Francisco Camps, imputado en el caso Gürtel, había
impedido facilitar cualquier información a la oposición. Ayer, en las
oficinas de la Consejería de Presidencia, los diputados de Esquerra Unida no
tuvieron acceso a las actas de las mesas de contratación, como destacó el
propio Blanco. Pese a ello, "los documentos confirman lo que ya
sospechábamos de las estrechas relaciones de Orange Market con el PP y de
cómo se utilizó la Administración para contratar a 'amiguitos del alma",
comentó el diputado.
Desde la Consejería de Presidencia, que dirige la
vicepresidenta de la Generalitat, Paula Sánchez de León, se acusó a Esquerra
Unida de hacer "demagogia" y de "falta de seriedad" porque toda la
documentación entregada a los diputados "en su momento fue facilitada a los
tribunales y forma parte de un sumario judicial que es público". El Gobierno
de Fabra ha empezado también a responder por escrito a peticiones de
información formuladas por la oposición, aunque las respuestas todavía no
han llegado a los solicitantes en su tramitación en las Cortes.
EL PSOE EXIGE A RAJOY QUE ACLARE QUIÉN LE FINANCIÓ EN 2008
"El entramado de su campaña electoral huele que apesta"
Los socialistas exigen al líder del PP, Mariano Rajoy, que explique "quién o
quiénes" financiaron los actos en Valencia de la campaña del PP para las
elecciones del 9 de marzo de 2008, en la que él participó y dio mítines. La
Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia por delito electoral ante el
Tribunal Superior de Madrid (Véase EL PAÍS de ayer) contra 16 personas
-entre ellas, cuatro diputados del PP valenciano y cinco empresarios
contratistas de esa comunidad- en relación con los actos de las elecciones
generales de 2008. Los preparativos y escenarios desde los que Rajoy dio sus
mítines en Valencia fueron montados por la red Gürtel, la trama corrupta
vinculada al PP y, según Anticorrupción, los gastos fueron pagados en parte
por empresas adjudicatarias de contratas del Gobierno valenciano. Tanto
Rajoy como su partido permanecieron ayer mudos frente a estas acusaciones.
La corrupción ya afecta al 25% de los diputados del PP de Valencia
Los populares guardan silencio ante las acusaciones de la Fiscalía
Antonio Hernando, vicecoordinador de la campaña de Alfredo Pérez Rubalcaba
para el próximo 20-N, señaló ayer: "Antes de que empiece una nueva campaña
electoral, Mariano Rajoy debe dar explicaciones (...) Debe decir cómo se
financió esa campaña, quién o quiénes pusieron dinero para pagar actos de
campaña y quién era el administrador electoral a quien él nombró siendo
candidato. Ya no se trata", añadió Hernando, "de tres trajes, sino de algo
mucho más grave y sucio, como es la financiación ilegal de una campaña
electoral".
En este momento, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia investiga un
supuesto delito electoral cometido en la campaña de 2007, en la que el PP se
hizo con mayoría absoluta en el Parlamento valenciano. Es previsible que el
Superior de Madrid remita esta nueva denuncia de la Fiscalía, para su
acumulación, a su homónimo valenciano.
Según informes de Hacienda y de la Unidad de Blanqueo de Capitales de la
Policía, el PP de Valencia pudo financiarse ilegalmente en ambas campañas.
¿Cómo? Al menos cinco grandes empresas de esa comunidad -Facsa, Sedesa, Piaf,
Lubasa y Enrique Ortiz e Hijos; el patrón de esta última también está
implicado en el caso Brugal- abonaron presuntamente a la empresa
corrupta Orange Market gran parte de los actos electorales que esta firma
preparó para el PP de Valencia. Orange Market habría camuflado esos pagos
con facturas falsas por servicios no prestados a esas empresas, y con el
dinero se habría cobrado los actos que hacía para el PP. Orange Market era
la empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, "el amiguito del
alma" del expresidente valenciano Francisco Camps, quien dimitió el pasado
julio acusado de recibir regalos de trajes y joyas de la red Gürtel.
Hernando, que califica estos hechos de "muy graves", señala: "En 2008, Rajoy
fue el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, participó en una
campaña electoral que se pudo financiar ilegalmente, con dinero oscuro
(...)". "Todo ese entramado de financiación, corrupción, favores, contratos
públicos, huele que apesta", destaca Hernando, y añade: "El señor Rajoy debe
una explicación a los electores y a los militantes que le votaron y que
participaron en sus actos, sin saber cómo se pagaban y de dónde procedía el
dinero". Según Hernando, Rajoy "debería saber que un candidato debe dar
explicaciones" si se descubre que el acto en el que interviene -"un gran
mitin, bien organizado, con publicidad, con un escenario impresionante, y
lleno de gente que ha viajado en autobuses"- ha sido "pagado con dinero
sucio".
Además, el portavoz adjunto del grupo parlamentario socialista en las Cortes
valencianas, Francisco Toledo, pidió al actual presidente de Valencia,
Alberto Fabra, que "tome una decisión" sobre "los cuatro diputados
valencianos acusados de nuevos delitos por Anticorrupción". Toledo señaló:
"De los 55 diputados del PP, un total de 14, el 25%, están imputados o
implicados en graves casos de corrupción, y el candidato nacional del PP
mira hacia otro lado". Y cifra "en más de un millón de euros la cantidad que
el PP pudo obtener" ilícitamente "por actos en los que participó Rajoy" en
2008.
La diputada y coordinadora de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Marga
Sanz, lamentó ayer que el PP tuviese "ventaja" en las elecciones de 2008
gracias a una supuesta financiación ilegal, por lo que ha pedido que se
investiguen las denuncias presentadas por la Fiscalía Anticorrupción ante el
Tribunal Superior de Madrid.
Sanz explicó que la denuncia indica que al menos un millón de euros
provenientes del PP valenciano y de empresas contratistas de la Generalitat
fueron a parar a los actos electorales de la campaña de Mariano Rajoy en
2008. "Es absolutamente antidemocrático e ilegal que la derecha se presente
a las elecciones con una ventaja económica de al menos un millón de euros",
dijo.
Sanz añadió: "A pesar del maquillaje que está aplicando ahora Alberto Fabra
[actual presidente de la Comunidad Valenciana], el PP valenciano es un
partido berlusconiano". Y se preguntó: "¿Cómo se explica si no que abonara
en su momento 405.450 euros con fondos opacos? ¿De dónde sacaban los
conservadores valencianos casi medio millón de euros opacos?".
EL PSOE PIDE DECISIONES POR LOS CUATRO DIPUTADOS
INVESTIGADOS POR DELITO ELECTORAL
El PSOE pide explicaciones al líder del Partido
Popular sobre la
campaña electoral de 2008. "Antes de que
empiece una nueva campaña electoral, Mariano Rajoy debe dar explicaciones
respecto a la campaña electoral del 2008", ha declarado el vicecoordinador
de la campaña socialista, Antonio Hernando. "Rajoy debe decir cómo se
financió esa campaña, quién o quiénes pusieron dinero para pagar actos de
campaña y quién era el Administrador electoral a quien él nombró siendo
candidato. Ya no se trata de tres trajes sino de algo mucho más grave y
sucio como es la financiación ilegal de una campaña electoral", ha añadido.
El líder del PP "debe una explicación a los
electores y a los militantes que le votaron y que participaron en sus actos,
sin saber cómo se pagaban y de dónde procedía el dinero", ha remarcado
Hernando. "Debería saber que cuando un candidato va un gran mitin, bien
organizado, con muchos medios y mucha publicidad, con un escenario
impresionante, y que está lleno de gente que ha viajado en autobuses, si se
descubre que todo ese montaje ha sido pagado con dinero sucio tiene que dar
explicaciones, es lo mínimo que se le puede exigir a un candidato que se
vuelve a presentar a las elecciones", ha insistido.
La presencia en el Congreso de los cuatro
diputados valencianos
acusados de delitos electorales es "una
burla" a los ciudadanos, según el portavoz adjunto del grupo socialista en
el Parlamento autónomo, Francisco Toledo, que ha exigido a Mariano Rajoy y
al presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, que "tomen una decisión" al
respecto.
Ya no se trata de tres trajes sino de algo mucho más grave
"De los 55 diputados del PP un total de 14, el
25%, están imputados o implicados en graves casos de corrupción, y el
candidato nacional del PP mira hacia otro lado", ha señalado Toledo, que se
ha referido a la
denuncia de la Fiscalía Anticorrupción
de 16 personas por actos electorales de Rajoy de 2008.
Los socialistas valencianos critican que, mientras
"el Tribunal Superior de Justicia Valenciano ya investiga la presunta
financiación ilegal del PP en los comicios autonómicos de 2007", los nuevos
indicios "cifran en más de un millón de euros la cantidad que el partido
pudo obtener por el mismo sistema ilícito para actos en los que participó
Rajoy en su última campaña". Por ello, creen que el líder popular debe
"salir inmediatamente de su plácido escondite vacacional y dar la cara" ya
que la investigación "le afecta directamente y pone en tela de juicio su
propia campaña electoral y la ética de su partido".
El hecho de que Rajoy pudiera haberse beneficiado de Gürtel puede explicar
por qué encubrió durante más de dos años a Camps
"El hecho de que Rajoy pudiera haberse beneficiado
de
Gürtel directamente puede explicar por
qué encubrió durante más de dos años a Francisco Camps", ha añadido el
diputado socialista, que considera que el Partido Popular "ha instaurado en
la Comunitat Valenciana un sistema generalizado de corrupción y el caso de
los trajes solo era la punta del iceberg".
Si Alberto Fabra "continúa negando la realidad y
comete los mismos errores que cometió Camps",
su destino será el mismo, ha señalado
Toledo, que dice que el caso Gürtel
"no está muerto, está más vivo que nunca y solo acabará cuando todo esté
investigado y juzgado".
Izquierda Unida, por su parte, ha tildado de
"antidemocrático" que el PP concurra a las elecciones "con una ventaja de un
millón de euros". La portavoz de en las Cortes valencianas, Marga Sanz, ha
añadido que, "a pesar del maquillaje que está aplicando ahora Alberto Fabra,
el PP valenciano es un partido berlusconiano". "¿Cómo se explica si no que
abonara en su momento 405.450 euros con fondos opacos? ¿De dónde sacaban los
conservadores valencianos casi medio millón de euros opacos?", se ha
preguntado.
ANTICORRUPCIÓN DENUNCIA A 16 PERSONAS POR ACTOS ELECTORALES DE
RAJOY DE 2008
La Fiscalía Anticorrupción acusa a cuatro
diputados del PP, cinco empresas y la cúpula de la red Gürtel
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado una denuncia ante el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra 16 personas por supuesto
delito electoral relacionado con las elecciones del 9 de marzo de 2008. La
denuncia, remitida a las partes del
caso Gürtel, afecta a cuatro diputados del PP valenciano, cinco
empresarios de esa comunidad, todos ellos contratistas de la Administración
autonómica y seis miembros de la red corrupta.
El delito que Anticorrupción atribuye a estas personas viene
recogido en el artículo 149 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General: “Los administradores generales y de las candidaturas de los
partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores que falseen
las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier
artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables, serán
castigados con la pena de prisión menor y multa de 30.000 a 300.000
pesetas”.
El relato de Anticorrupción, que ya ha presentado otros escritos por
idénticos delitos relacionados con campañas electorales municipales y
autonómicas en Valencia, se refiere a la supuesta financiación ilegal de
actos en los que participó Mariano Rajoy durante su campaña como candidato a
la presidencia del Gobierno en 2008. Rajoy perdió esas elecciones a las que
se presentaba como número 1 de su partido por segunda vez.
El escrito de la fiscalía, de 12 folios, incorpora
crónicas periodísticas de dos mítines de Rajoy en Valencia y Alicante que
supuestamente fueron pagados por contratistas de la Generalitat Valenciana y
ejecutados por
Orange Market, la empresa de la red Gürtel que se encargaba de los actos
del PP en esa comunidad y, a la vez, recibía decenas de contratos del
Gobierno de de
Francisco Camps.
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia tiene abierta una causa
por este mismo motivo que afecta a la campaña de 2007, donde el PP ganó por
mayoría absoluta las elecciones autonómicas. El juez que instruye el caso ha
pedido informes al Tribunal de Cuentas sobre los gastos e ingresos del PP en
aquel año.
Ahora, la Fiscalía Anticorrupción pide que el Tribunal Superior de
Valencia se haga cargo de este caso y relata las averiguaciones de la
policía con documentación incautada en la sede de Orange Market, la filial
valenciana de la trama Gürtel que dirigía
Álvaro Pérez, el Bigotes, que se hizo muy amigo del expresidente
Francisco Camps tras establecerse en esa comunidad a partir de 2005. La
operativa que relata la Fiscalía Anticorrupción consistiría en que al menos
cinco empresas —Facsa, Sedesa, Lubasa , Piaf y Enrique Ortiz e Hijos—
pagaron actos electorales que convocó el PP durante la campaña de las
generales de 2008.
Estas empresas ingresaban el dinero para esos actos en las cuentas
de Orange Market, la sociedad que montaba los escenarios de los distintos
mítines del PP.
Para camuflar esta financiación ilegal de la actividad electoral del
PP en la Comunidad Valenciana, Orange Market emitía facturas por servicios
no prestados a las empresas contratistas que pagaban realmente los gastos de
los mítines que Rajoy daba en Valencia.
Anticorrupción describe así los supuestos hechos delictivos: “Los
servicios electorales contratados por el PP eran abonados por personas
distintas al verdadero deudor o con fondos opacos. Para encubrir los pagos
de los servicios prestados al Partido Popular de la Comunidad Valenciana por
entidades distintas del deudor, se habrían emitido facturas por Orange
Market a las sociedades pagadoras a sabiendas de que no respondían a
operaciones realmente mantenidas entre ellas”.
La Fiscalía Anticorrupción señala en su escrito a los empresarios
Enrique Gimeno (Facsa), Enrique Ortiz (de la sociedad del mismo nombre) y a
las firmas PIAF, Lubasa y Sedesa como pagadores de cantidades de dinero a
Orange Market que en realidad encubrían la financiación de actos electorales
del PP, en alguno de los cuales el protagonista principal era Mariano Rajoy,
que presentaba su candidatura a la presidencia del Gobierno.
Un millón de euros en dinero opaco o de otros
El PP hizo actos electorales durante la campaña de las generales de
2008 por valor de casi 1,8 millones de euros en la Comunidad de Valencia,
pero al menos un millón fueron pagados con dinero opaco del propio PP o con
dinero de cinco empresas contratistas de la Administración autonómica
valenciana.
En la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción se recuerda que el
Tribunal Superior de Justicia de Valencia había decidido no investigar este
presunto delito electoral sobre actos del PP en 2008 y si otros delitos
relacionados con las mismas prácticas (falsedad en documento mercantil).
El Tribunal Valenciano aducía que de lo investigado no se podía
concluir que existiera ese delito electoral en 2008. Anticorrupción señala
ahora: “Esa objeción ha quedado superada por el informe de la Agencia
Tributaria emitido el 8 de julio de 2011 que expone que el importe de los
servicios prestados por Orange Market (la filial valenciana de la red
corrupta) en 2008 al Partido Popular de la Comunidad Valenciana habría
ascendido a 1,78 millones de euros mientras que solo le facturó 612.322
euros. El resto de la deuda de esa formación política, más de un millón de
euros, “parece haber sido abonada, al menos en parte, por el propio partido
con fondos opacos (405.450 euros) así como por las empresas (Piaf, Sedesa,
Lubasa, Enrique Ortiz y Facsa)”, según explica el escrito de la Fiscalía
Anticorrupción.
El fiscal sostiene en su argumentación jurídica que la Agencia
Tributaria ha logrado demostrar que estos pagos irregulares corresponden a
“actos de campaña vinculados a las elecciones generales del 9 de marzo de
2008”.
Anticorrupción detalla en el documento remitido al Tribunal Superior
de Justicia de Madrid de dónde saca esta conclusión: “Esto se infiere del
propio concepto que se refleja en el archivo (incautado en la sede de Orange
Market) con fechas de 22 de febrero a 9 de marzo de 2008 (en plena campaña
electoral) con los nombres “acto IFA Alicante”, “cierre de campaña”, “plaza
de toros”. La Fiscalía ilustra sus afirmaciones con recortes de prensa:
“Alguno de esos actos pueden localizarse en publicaciones de esas fechas”,
de las que se aportan fotocopias en el escrito.
FABRA ASEGURA QUE GÜRTEL "HA QUEDADO ATRÁS" Y
APELA A NO "HURGAR EN EL PASADO"
El presidente de la Generalitat y del PP
valenciano, Alberto Fabra, se pronunció ayer, por primera vez desde su
designación, sobre el caso Gürtel y la dimisión de su predecesor en
ambos cargos, Francisco Camps, por su implicación en ese asunto de
corrupción. A pesar de que Camps será juzgado en otoño tras ser acusado de
recibir regalos de la trama corrupta, el nuevo titular del Consell, en una
entrevista concedida a Europa Press, afirma que el caso Gürtel "ha
quedado atrás" y apela a "no hurgar en el pasado".
Fabra pretende así dar por zanjado un asunto que
afecta de lleno al partido y al Gobierno que preside, así como al grupo
parlamentario de las Cortes Valencianas, donde los escaños de la bancada
popular dan cobijo a numerosos imputados en este y en otros casos de
corrupción.
Con su dimisión, Camps tomó "una decisión
valiente, difícil de ver en el panorama político español", sostiene Fabra,
para "evitar que alguien pudiera poner en tela de juicio su honorabilidad,
la de la institución o la del partido". Respecto a la posibilidad de que el
juicio a Camps por el caso de los trajes pueda distorsionar la
campaña electoral de los comicios generales del 20 de noviembre, Fabra
afirma que la dimisión de Camps ha dejado a algunos "con el pie cambiado"
porque "era el único argumento político que usaban estos años". Y añade:
"Ahora ya no saben de qué hablar y algunos intentarán alargar, estirar esta
situación". A pesar de ello, el titular del Consell se muestra convencido de
que la Comunidad Valenciana "ha dado un paso" y ha dejado la situación
"atrás, que ya no existe".
La decisión de dimitir "es muy difícil de tomar,
sobre todo cuando estás convencido de que eres inocente", dice Alberto
Fabra, y merece "el reconocimiento de todos".Sobre las recientes
declaraciones del presidente del PP nacional, Mariano Rajoy, quien dijo que
el exjefe del Consell podría volver a la primera línea de la política,
Alberto Fabra afirma en la entrevista que la política "necesita grandes
políticos" y subraya que Camps "lo es", al tiempo que se muestra convencido
de que "saldrá absuelto y será declarado inocente". En opinión del actual
presidente del Consell, "la política no puede desaprovecharlo en estos
momentos de extremas dificultades", porque es "uno de los mejores".
Las reacciones a las declaraciones de Fabra no se
hicieron esperar. La portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes
Valencianas Carmen Ninet, recomendó a Fabra que "asuma la realidad de su
partido, ya que su antecesor también empezó negándola y tuvo que irse ante
la mentira". Y le advirtió de que "se topará de bruces con la realidad
cuando acepte que uno de cada cuatro de los diputados de su partido están
implicados en casos de corrupción", para considerar acto seguido
"intolerable" que el PP valenciano "haya estado utilizando las Cortes para
aforar a los cargos que tenían pendiente un desfile por distintos
tribunales". Hasta que eso no suceda, afirmó Ninet, "continuaremos sin saber
qué piensa hacer un Fabra que cada vez se parece más a Rajoy, porque dice
mucho, una cosa y la contraria, pero no hace nada".
Crisis interna
En la entrevista concedida a Europa Press, el
presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, se refiere
también a la crisis interna de su partido y afirma que las voces críticas
han sido más "sobre las formas que sobre el fondo", al tiempo que niega que
en el PP existan "familias".
Preguntado sobre si abrirá la puerta del partido a
los militantes que se han ido en los últimos años, Fabra señala que
"aquellas personas que han ido contra el partido lo van a tener difícil
porque han demostrado que no están dispuestas a sumar". En este capítulo no
incluye al expresidente de la Diputación de Alicante José Joaquín Ripoll,
que ha demostrado que es "un activo del partido", según Fabra, quien añade
que hay que contar con las personas "válidas". "Ripoll ha tenido prestigio
allá donde ha estado y seguro que tendrá un espacio donde seguir generando
oportunidades y defender el proyecto de todos los valencianos en el lugar
que le corresponde", subraya Fabra.
El ánimo del líder valenciano preocupa a Barberá y
alarma a su Gobierno
El que resiste, gana. Pero también puede acabar con la
paciencia de quienes le rodean. El presidente valenciano, Francisco Camps,
que será juzgado por aceptar regalos de la red Gürtel, ha tardado más de 24
horas en conseguir un tibio respaldo de la dirección nacional del PP.
"Es una persona honrada", aseguran Ana Mato y
Cristóbal Montoro
Prácticamente desaparecido desde que el auto del juez José
Flors ordenó la apertura de juicio oral por un delito de cohecho pasivo
impropio -contra Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Rafael Betoret-, el
presidente valenciano logró ayer el respaldo de Ana Mato, vicesecretaria de
Organización del PP nacional.
"Es una persona honrada", dijo Mato, "los valencianos le han
votado mayoritariamente porque ha realizado una magnífica labor". Un escueto
apoyo que fue coreado por el portavoz de economía del PP en el Congreso,
Cristóbal Montoro - "Camps es una persona honrada y hay que dejar que los
procesos judiciales lleguen a término"-, y el presidente de Extremadura,
José Antonio Monago -"no hay que hacerle un traje a quien hasta el día de
hoy es inocente"-. Los tres participaron en Huelva en la escuela de verano
del PP de Andalucía.
Nada que ver con la avalancha de comunicados de solidaridad y
las decenas de declaraciones de cargos populares que arroparon a Camps en
otros momentos del trance judicial.
Y es que las promesas repetidas por Camps de que todo quedará
en "nada de nada" se han estrellado una y otra vez contra las sucesivas
decisiones de la Justicia. Ya en mayo de 2010, cuando el Supremo ordenó al
Tribunal Superior de Justicia valenciano reabrir la causa de los trajes,
Génova mostró en privado su cansancio y advirtió al presidente de la
Generalitat que tendría que asumir su propia defensa ante la opinión
pública. La reacción no se hizo esperar y Camps se comparó con Juan sin
miedo. "Nada temo responder", sentenció.
Desde entonces, el presidente valenciano ha intentado
mostrarse un poco más elocuente ante los medios de comunicación, pero la
decisión del juez Flors de abrir juicio con jurado ha vuelto a desarbolar al
presidente valenciano, que por ahora no tiene previsto retomar su agenda
pública.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, reconoció ayer que el
viernes estuvo "mucho rato" con el presidente de la Generalitat tras
conocerse la decisión del TSJ. "Evidentemente, el hombre está sufriendo",
dijo Barberá, que no quiso pronunciarse sobre si Camps debería dimitir.
Unas declaraciones cuyas consecuencias alarmaron a los
miembros del propio Gobierno valenciano. Tanto que el consejero de
Gobernación, Serafín Castellano, tuvo que sacar el capote y asegurar que
"Camps está muy fuerte" y que la decisión judicial "no va a cambiar en nada,
ni el Gobierno, ni la presidencia".
Por su parte, el candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba,
sin mencionar la situación de Camps, aseguró en Mérida que "una vez que la
gente ve un político que se corrompe, el mal está hecho". "Es insostenible e
intolerable para una democracia", recalcó Rubalcaba.
El proceso judicial desmonta las excusas del
presidente
El auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia,
redactado por el juez José Flors, que ordena la apertura de juicio oral por
el caso de los trajes, desmonta los principales argumentos utilizados por
Francisco Camps desde que estalló el caso Gürtel.
"¿Cree de verdad que yo puedo ser imputado por lo
que se dice?"
- Una falsa imputación. "En democracia, a diferencia de la
dictadura, quien llama al albor de la mañana es el lechero y no una falsa
imputación". Con esta grandilocuencia, Camps realizó el 19 de febrero de
2009 una declaración institucional para salir al paso de la edición de EL
PAÍS que informaba que el presidente valenciano estaba implicado en la trama
corrupta, según la fiscalía. Ese mismo día en sede parlamentaria, ante la
petición de explicaciones de la oposición, replicó: "¿Cree, de verdad, que
yo puedo ser imputado por lo que se dice estos días?"
- "Claro, yo me pago mis trajes". Un mes después de estallar
el escándalo, el presidente de la Generalitat se desplazó a Madrid y
arropado de toda la cúpula nacional del PP respondió la pregunta que había
estado evitando durante semanas. ¿Usted se paga sus trajes? "Claro, yo me
pago mis trajes", respondió con una risa nerviosa. El auto del juez Flors,
que ha excluido de la causa las prendas abonadas por Camps, considera que
existen indicios más que suficientes de que el presidente valenciano recibió
ropa de la trama Gürtel por valor de 14.000 euros "a sabiendas de quién la
pagaba".
- "Nada de nada". En mayo de ese año, Camps se tuvo que
someter a varias sesiones de control en las Cortes valencianas tras la
decisión del TSJ de investigarle por el supuesto delito de cohecho. "Ya
tengo un sitio para contar la verdad y acallar las mentiras", dijo Camps. Y
una semana después añadió en sede parlamentaria: "La Justicia ha dicho que
de trama, corrupción y financiación ilegal [del PP en la Comunidad
Valenciana] nada. Y de lo otro [el supuesto delito de cohecho pasivo
impropio], también dirá que nada de nada". El TSJ ha decidido que Camps sea
juzgado por el caso de los trajes y se ha declarado competente para
investigar la posible financiación ilegal del PP valenciano.
- "Todo esto se caerá por su propio peso". Esta afirmación la
hizo Camps en el Parlamento a las puertas del verano de 2009, aunque añadió:
"Lo que pasa es que todo tiene unos tiempos y unos plazos, y ya le he dicho
que queda un ratito largo". El proceso se ha alargado por la decisión
inicial del TSJ de archivar la causa, reabierta por el Tribunal Supremo con
un auto durísimo hacia el tribunal que presidía Juan Luis de la Rúa, "más
que amigo" del presidente valenciano. Los múltiples recursos de los
imputados y del PP, personado como acusación particular, también han
contribuido a dilatar la instrucción.
- "Desde Finisterre a cabo de Gata". El 12 de mayo de 2010, el
TSJ valenciano reabrió la causa por el supuesto delito de cohecho pasivo
impropio. Ese día, Camps recurrió al argumento que ha hecho suyo el PP.
"Nadie se puede creer que el presidente de una comunidad pueda venderse por
tres trajes. Es absurdo y no solo lo creo yo, lo creen todos mis
compatriotas desde Finisterre a cabo de Gata", dijo el líder del PP
valenciano, que añadió: "No me preocupa nada, como Juan sin miedo, porque
nada temo responder. El proceso es de risa, no se sostiene, no se lo cree
nadie".
Alarte exige al presidente que salga a dar
explicaciones de su juicio por cohecho - El Consell afirma que el jefe "está
fuerte" mientras Barberá dice que "está sufriendo"
A medida que pasan las horas sin que Francisco Camps
comparezca tras el auto del juez instructor del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors que lo ha enviado al
banquillo, acusado de un supuesto delito de cohecho impropio, la indignación
aumenta en las filas de la oposición y el desánimo cunde en el PP. El
secretario general del PSPV, Jorge Alarte, insistió ayer en que Camps salga
a dar la cara. Pero la que desató las alarmas fue la alcaldesa de Valencia,
Rita Barberá, que aseguró que el sábado estuvo con el jefe del Consell y le
pareció que "evidentemente, el hombre está sufriendo". Poco después el
Consell salió al paso de la impresión que generó Barberá, quien dejó en el
aire muchas dudas al responder que no podía decir "nada más" cuando le
preguntaron si, en su opinión, el presidente de la Generalitat debería
dimitir.
Alarte dice que el silencio de Rajoy es "atronador
y escandaloso"
"No importa el precio, un presidente no se puede
vender", señala Oltra
Serafín Castellano, consejero de Gobernación declaró que Camps
está "muy fuerte" y añadió que el hecho de que el jefe del Consell vaya a
ser juzgado por actos cometidos en el ejercicio de su cargo "no va a cambiar
nada".
"Nada cambia en la inocencia, en la credibilidad, en el
liderazgo y en la gobernabilidad de Camps, en la que creo firmemente y,
además, tiene un respaldo absoluto y total ¡de todos!", dijo Castellano, que
volvió a repetir que la apertura del juicio oral "es un trámite".
Una opinión que no compartían la mayoría de los cargos del PP
de la Comunidad Valenciana que desde el viernes han dejado sus mensajes de
apoyo a Camps en la página web del partido, mientras en las redes sociales
arreciaban las críticas contra el presidente valenciano. En los mensajes
populares la palabra más repetida era "ánimo" y "amunt", aunque no
faltaban quienes bajo la firma de " alcaldesa de Alicante" recurrían a la
fórmula que ha funcionado hasta ahora: "Contigo siempre. Tiempo, es cuestión
de tiempo". Aunque es poco probable que esta fórmula evite el juicio al que
se tendrán que enfrentar Francisco Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y
Rafael Betoret.Otros cargos, como el concejal de Valencia y diputado
autonómico Jorge Bellver, que también espera juicio tras ser imputado por
irregularidades en la construcción de un aparcamiento subterráneo, tacharon
de injusta la situación de Camps. "Siempre ha salido más barato atacar al
inocente, que acusar al malvado", indicó Bellver en las redes sociales.
En esta situación, con Camps en silencio y los cargos del PP
desorientados, la dirección regional del partido intentaba aparentar una
situación de normalidad. El secretario general, Antonio Clemente, emitió uno
de sus comunicados habituales criticando la situación de los socialistas
valencianos y procurando distraer la atención. Aunque la pesada losa del
auto judicial era difícil de disimular.
La apelación de Clemente a la pretensión de Francesc Romeu de
optar a la secretaría general del PSPV en un futuro no desvió a Jorge Alarte
de su objetivo.
"Camps ha de presentar su renuncia como presidente de la
Generalitat en el pleno de las Cortes que hemos solicitado con carácter
urgente", dijo ayer el secretario general de los socialistas valencianos,
que recalcó: "Respetamos la presunción de inocencia, pero no queremos que el
presidente de todos los valencianos y valencianas sea juzgado por cohecho y
tenga que sentarse en el banquillo de los acusados".
La perplejidad de la oposición ante la desaparición de Camps
de la escena pública también fue resaltada por el líder del PSPV-PSOE, que
apuntó más alto en el PP a la hora de exigir responsabilidades y criticó que
"24 horas después de que se haya conocido el auto del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunidad Valenciana, por el que Camps deberá sentarse en el
banquillo, el líder nacional del PP guarde un atronador y escandaloso
silencio".
Alarte, que el mismo sábado, en sintonía con la dirección
federal del PSOE, se mostró dispuesto a aceptar que Camps sea relevado en la
presidencia de la Generalitat por otro dirigente del PP, se interrogó: "¿Por
qué sigue sin pronunciarse públicamente?". Según el dirigente socialista,
"Rajoy debe retirar a Camps de sus responsabilidades, debe decidir ya si
consiente que el presidente de la Generalitat sea juzgado, debe esclarecer
si le ha ofrecido su apoyo".
Mònica Oltra, portavoz adjunta del grupo parlamentario de
Compromís, también criticó la actitud del jefe del Consell. "No podemos
tener un presidente que ha de esconderse", señaló la diputada.
Para Oltra, si como explicó la alcaldesa de Valencia, Camps
está sufriendo, la solución está en que renuncie al cargo. "No dio la
impresión de que estuviese sufriendo cuando se probaba los trajes", dijo la
parlamentaria de Compromís, que añadió: "Aunque el PP quiera minimizar lo
sucedido, lo cierto es que Camps se va a sentar en el banquillo por un
concepto tan fuerte como el de soborno". "No importa el precio, un
presidente de la Generalitat no se puede vender", sentenció la diputada.
La portavoz parlamentaria y coordinadora de Esquerra Unida del
País Valencià (EUPV), Marga Sanz, exigió directamente a Camps que salga de
"su escondite" para dar "una explicación ante la histórica situación
político-judicial en que se encuentra". Sanz instó al jefe del Consell a
"dar explicaciones inmediatas a todos los valencianos ante la gravísima
situación en que ha puesto, no solo a su persona, sino a la institución que
representa y a su propio partido".
La dirigente de EUPV considera "indignante que esté callado,
que no atienda a los medios de comunicación ni comparezca públicamente para
dar explicaciones y, por descontado, que no haya dicho nada sobre lo que
debería ser su inexcusable dimisión".
Camps será el segundo presidente de una comunidad autónoma en
ejercicio que se siente en el banquillo en España, acusado en su caso de un
delito continuado de cohecho pasivo impropio. El otro fue el expresidente de
Cantabria Juan Hormaechea.
Hormaechea fue presidente de Cantabria entre 1987 y 1995,
primero en las listas de Alianza Popular y más tarde con Unión para el
Progreso de Cantabria. Además, ha habido otros presidentes autonómicos que
fueron juzgados, pero habían dimitido o sido expulsados de su cargo con
anterioridad.
FLORS ORDENA JUZGAR A CAMPS POR ACEPTAR SOBORNOS DE LA RED
GÜRTEL
El juicio con jurado puede coincidir con la campaña de las
elecciones generales
El juez José Flors dictó ayer un auto demoledor para Francisco
Camps. El magistrado rebatió los argumentos de su defensa y ordenó la
apertura de juicio oral contra el presidente de la Generalitat valenciana
ante la acumulación de pruebas (Flors cita 14) de que aceptó sobornos de la
trama Gürtel: 25 prendas de vestir por valor de 14.131 euros (2,3 millones
de pesetas) obsequiadas a lo largo de cuatro años. La resolución judicial
deja en una situación de extraordinaria precariedad política a Camps, que ha
negado durante los dos años y medio que ha durado la instrucción haber
aceptado regalos de la red corrupta sin ofrecer más explicaciones. Ayer,
poco antes de conocerse la resolución, salió del despacho, se subió al coche
oficial y desapareció. Por la noche, se le vio salir de su domicilio.
El Código Penal castiga el delito con una pena de hasta un año
de prisión
Poco antes de la resolución, Camps se subió al coche oficial y
desapareció
El auto también resulta peligroso para Mariano Rajoy, ya que el
juicio por cohecho impropio, previsto para otoño, podría coincidir con la
campaña de las elecciones generales. El juicio pone finalmente a prueba la
coherencia de la dirección nacional del PP, que el año pasado pactó con el
PSOE endurecer las penas por corrupción: el delito por el que serán juzgados
Camps y tres de sus altos cargos (Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael
Betoret) solo llevaba aparejado, cuando presuntamente se cometió, una multa,
pero tras esa reforma, el Código Penal castiga la misma acción con tres años
de inhabilitación y entre seis meses y un año de cárcel.
Camps deberá abonar una fianza de 55.000 euros para evitar que sus
bienes sean embargados. En febrero, cuando se supo que la Fiscalía
Anticorrupción le pedía una multa de 41.250 euros, un portavoz del PP
valenciano, José Marí, afirmó que dicha sanción le condenaría "al hambre",
dado su nivel de ingresos. Camps declaró recientemente 4.000 euros en sus
cuentas.
La causa de los trajes es solo un fragmento de la actividad de la
trama Gürtel en Valencia. La investigación policial avalada por los jueces
ha revelado que la red de Francisco Correa corrompió a decenas de cargos del
Gobierno valenciano; obtuvo contratos millonarios adjudicados irregularmente
por la Generalitat; metió la mano en los fondos públicos de la visita papal,
y participó en la financiación ilegal del Partido Popular, hinchando con
dinero de empresas constructoras sus campañas electorales.
Los regalos de la trama a numerosos cargos del PP tenían como
objetivo, según los jueces, facilitar el funcionamiento de esa maquinaria
corrupta. "No es necesario razonar mucho para entender que el hecho de poder
contar con la complacencia y el favor nada menos que del presidente [Camps]
y el vicepresidente [Campos] de una comunidad autónoma (...) puede ser de
una influencia determinante" a la hora de conseguir contratos de esa
Administración, indica Flors.
Es decir, no era necesario que Camps o los tres imputados dijeran a
sus subordinados a quién conceder los contratos; "basta solo con que se
conozca la estima que se les dispensa [por parte de sus superiores] para que
pudieran verse favorecidos sus intereses económicos".
Frente a la versión de Camps (de que pagó las prendas en metálico
con dinero que le preparaba su esposa) y las de Costa, Campos y Betoret (que
dijeron al juez que los abonaron a plazos a Álvaro Pérez, El Bigotes,
cabecilla de la trama en Valencia), el juez se apoya en la "base fáctica
plural, de contenido incriminatorio" incluida en el sumario, para inclinarse
por lo contrario.
Las prendas las pagó Pablo Crespo, mano derecha de Correa, tanto en
Milano como en la tienda Forever Young, mediante cheques y transferencias
bancarias. Su finalidad era ganarse el favor de los cargos públicos. Los
cuatro imputados las aceptaron "a sabiendas de quién las pagaría". Los
obsequios fueron dádivas, en el sentido penal, "dada la peculiaridad del
objeto regalado, la reiteración de su entrega y su mismo valor", que no
puede inscribirse en los meros presentes "que los usos sociales aceptan como
inocuos y admisibles".
No se hicieron por amistad con El Bigotes: los pagos los hizo
"materialmente" Crespo y fue asumido por las empresas de la red de Correa
"que tenían importantes intereses económicos en sus relaciones con la
Administración autonómica valenciana". Y es inútil argumentar que se
entregaron en atención a sus cargos en el partido: teniendo esa doble
condición en el PP y el Gobierno, no es factible que las dádivas "únicamente
puedan influir en una faceta de su vida".
El juicio, que celebrará un tribunal del jurado presidido por un
magistrado progresista (Juan Climent), será largo y Camps deberá sentarse en
el banquillo el tiempo que dure. Por el Tribunal Superior de Justicia
valenciano desfilarán decenas de testigos, entre ellos los líderes de Gürtel.
Se oirán las conversaciones intervenidas por la policía. Y todo será
público.
Empieza la cuenta atrás
La causa de los trajes se ha tramitado por el procedimiento de la
ley del jurado. Dados los plazos que regula la norma, y al ser agosto un mes
inhábil, no es probable que la fecha del juicio se conozca hasta septiembre
y que la vista, según las previsiones, se celebre en otoño. Las partes
tienen ahora 15 días para personarse y proponer las pruebas que desean que
se practiquen durante el juicio, así como la inclusión o exclusión de algún
hecho.
A partir de ese momento, comenzará otro plazo, de tres días, para
alegar, aceptar o rechazar las pruebas solicitadas. Después, el magistrado
que presidirá el tribunal del jurado, Juan Climent, redactará el auto de
hechos justiciables y señalará el día del juicio. Nueve personas, elegidas
de un total de 36 decidirán, si Francisco Camps es culpable o inocente.
LA CAUSA DE LOS TRAJES ES LA PUNTA DE UN SUPUESTO MODELO DE
GESTIÓN CORRUPTO
El PP valenciano aún ha de enfrentarse a la acusación de
financiación irregular
El PP se ha empeñado en minimizar las acusaciones de las que es
objeto el partido en la Comunidad Valenciana que, sin embargo, son de las
más graves que pueden atribuirse a una formación política democrática. "Son
solo tres trajes" es una de las afirmaciones que reiteran sus responsables,
obviando que este asunto -que va a llevar al presidente de la Generalitat
valenciana, Francisco Camps, a sentarse en el banquillo- es solo una muestra
de la forma de proceder del PP de esta comunidad, según desvelan los datos
que se desprenden de la investigación. La cúpula del partido y numerosos
diputados están imputados por financiación irregular (delito electoral),
falsificación en documento mercantil, cohecho y prevaricación.
La justicia investiga si endosaron pagos de gastos electorales
a otras empresas
Los tribunales han rechazado, hasta ahora, acumular las dos causas
que se instruyen en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana (TSJCV), la de los trajes, que está pendiente de fecha de juicio,
y la parte más extensa, la que hace referencia a la financiación irregular.
Los jueces han considerado que los regalos ofrecidos por la trama a los
dirigentes del PP y de la Administración valenciana "denotan que la
finalidad perseguida no era otra que la de lograr el agasajo o provocar la
complacencia de aquellas personas, obviamente para poder contar con su
gratitud o con su favor, pero sin tender a la obtención de una determinada
contraprestación o un acto concreto que fuera propio del ejercicio de las
funciones de su cargo".
El hecho es que los cabecillas de la trama corrupta comenzaron a
regalar trajes cuando sus empresas empezaron a lograr contratos con la
Administración valenciana y la investigación habrá de determinar si estas
adjudicaciones, que ascienden a unos 16 millones de euros, se realizaron de
forma regular.
Al margen de estos supuestos sobornos en los contratos públicos, el
PP valenciano también habrá de enfrentarse a la acusación de financiación
irregular, ya que la justicia ha encontrado indicios de que fueron terceras
personas las que pagaron diversos gastos realizados por el partido durante
las campañas electorales de 2007 y 2008. Según las diligencias, el PP
encargó varios trabajos a la trama corrupta y esta se los cobró a cinco
empresas, cuyos responsables son a su vez adjudicatarios de las
Administraciones valencianas y también están imputados. Además, la Agencia
Tributaria ha atribuido al PP que lidera Camps el haber ocultado al fisco
gastos por importe de 2,5 millones de euros, es decir, toda una trama
orquestada con un modelo de gestión corrupto.
De momento, la imputación en esta causa no incluye a Francisco
Camps. Sin embargo, no se descarta que las imputaciones se amplíen y le
salpiquen.
TRAJES CON TRES BOTONES Y SOLAPA NÁPOLI PARA EL FONDO DE
ARMARIO
Contra lo que ha pretendido el PP, el juicio por cohecho (en
castellano común, soborno) impropio contra el presidente Francisco Camps,
Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret no es cosa de tres trajes.
Para ser precisos, los cuatro recibieron de la red mafiosa Gürtel, según la
Fiscalía Anticorrupción: 29 trajes, nueve americanas, nueve pares de
zapatos, cuatro corbatas, nueve pantalones, dos abrigos y un chaqué. Un
fondo de armario de 59 prendas de vestir, por importe de 40.374 euros (6,7
millones de pesetas) que el juez José Flors considera incompatible con el
mero detalle "inocuo o admisible".
Para abrir el juicio, Flors ha valorado una larga lista de pruebas.
Las declaraciones del sastre José Tomás y otros empleados de las tiendas de
ropa. Los tiques de caja en Milano y en Forever Young. Los inventarios de
pagos pendientes en los establecimientos. Las hojas de encargo de la empresa
que confeccionaba las prendas. Las hojas de confirmación de los pedidos. Las
transferencias y cheques con que la red Gürtel los abonaba. Los archivos
intervenidos a la trama (que anotaba cada regalo que hacía). Y parte de las
conclusiones a las que llegaron los dos peritos de la Agencia Tributaria que
analizaron los documentos.
No se trataba tampoco de regalos escogidos por terceros, sino de
prendas encargadas al detalle por los cuatro imputados. Una de las pruebas
que figuran en la causa, los documentos de confirmación de pedidos de
Sastgor, la firma navarra que confeccionaba los trajes para Milano y Forever
Young, refleja por ejemplo que Camps encargaba trajes rectos "de modelo
italiano con solapa Nápoli". Y que quería que el plastrón (un tipo de
corbata ancha) fuera para dos botones "aunque el modelo sea de tres".
CAMPS SE PLANTEA AGOTAR EL MANDATO AUNQUE EL JUICIO ACABE EN
CONDENA
El mandatario valenciano transmite a través de su portavoz que
no dimitirá
Faltaba poco para las once de la mañana. A esa hora, el juez José
Flors convocó a los procuradores al Tribunal Superior de Justicia de
Valencia para entregarles, una hora más tarde, el auto que llevará a
Francisco Camps al banquillo para ser juzgado de un supuesto delito de
cohecho impropio. A esa hora, el presidente valenciano abandonaba
apresuradamente la reunión de Gobierno que se celebraba en el Palau de la
Generalitat y se volatilizaba antes de conocerse la decisión judicial.
"Yo no voy a echar al presidente Camps", advierte Rita Barberá
Consciente de las malas noticias que le deparaba el auto, Camps puso
en manos de la nueva consejera portavoz, Lola Johnson, el encargo de
transmitir su primera valoración de la decisión judicial. Y luego llamó a la
alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, para que fuese ella, un auténtico peso
pesado tanto en el PP valenciano como en el nacional, quien saliese a
reforzar la primera línea de defensa.
"Aunque no hemos tenido tiempo de estudiarlo, la decisión del auto
no la compartimos", anunció la consejera portavoz pasadas las 12.30, "ni
este Gobierno, ni los valencianos que dieron su apoyo en las pasadas
elecciones a un proyecto liderado por Francisco Camps".
Lola Johnson, que no supo adelantar cuándo recuperará Camps la
agenda pública, fue tajante: "El presidente se plantea cumplir su mandato de
cuatro años". Es decir, Francisco Camps está dispuesto a mantenerse en el
cargo aunque lo condene un jurado por haber recibido regalos de la trama
corrupta de Gürtel.
La consejera portavoz recurrió al argumento de las urnas, puesto en
circulación por otro imputado célebre del PP -el presidente provincial de
Castellón, Carlos Fabra-, para justificar el enrocamiento de Camps pese a su
situación judicial. "Se puede presidir una comunidad cuando los ciudadanos
respaldan un proyecto", prosiguió Johnson, "los ciudadanos han dicho sí al
proyecto del PP y sí a que el presidente Camps lidere ese proyecto".
Apenas dos horas después, Rita Barberá convocó a los periodistas en
el Ayuntamiento de Valencia para respaldar a Camps y atajar cualquier
especulación sobre un posible relevo. "Yo no voy a echar al presidente
Camps, lo importante es atajar la crisis y que se vaya Zapatero", afirmó
Barberá que, desde que estalló el caso Gürtel, en 2009, siempre fue
el primer relevo en el que pensó Génova si la situación se hacía
insostenible. "Comprendo que hay gente que quiere que Camps se vaya",
continuó, "pero yo no y la mayoría de los valencianos tampoco". Tras
Barberá, otros cargos del PP valenciano salieron a apoyar a su presidente.
Entre ellos, Carlos Fabra, que aseguró que Camps sigue teniendo "toda" su
"confianza".
De los otros tres cargos imputados en la misma causa, Víctor Campos,
Ricardo Costa y Rafael Betoret, solo se manifestó el primero. El
exvicepresidente el Gobierno valenciano se declaró persona "honrada" y tachó
de "injusta" la decisión judicial.
Los socialistas valencianos solicitaron la convocatoria de un pleno
parlamentario urgente y su secretario general, Jorge Alarte, se mostró
dispuesto a facilitar al PP la elección de otro presidente alternativo a
Camps. El candidato del PSOE, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el portavoz del
Gobierno, José Blanco, pidieron a Mariano Rajoy que se pronuncie sobre la
situación. Sin éxito.
CANAL 9 RELEGA AL MINUTO 19 LA INFORMACIÓN SOBRE EL JUICIO
Ni siquiera mereció un hueco en el sumario. La información sobre la
apertura de juicio por cohecho al presidente de la Generalitat, Francisco
Camps, por haber recibido, supuestamente, regalos de la trama Gürtel fue
relegada al minuto 19 del informativo de mediodía que emite la televisión
autonómica y se zanjó con una noticia de 30 segundos de duración.
La apertura del Notícies 9 fue para la rueda de prensa que
ofreció ayer la atleta Marta Domínguez, tras ser exculpada de venta ilegal y
suministro de fármacos en la Operación Galgo. El protagonismo fue
luego para el inicio de la segunda fase de la operación salida de verano. La
tercera noticia fue sobre el FIB, el festival de música que se celebra en
Benicàssim, y más tarde siguieron temas como la ocupación hotelera en
Benidorm o las nuevas comunicaciones del puerto de Valencia.
No fue hasta el minuto 19, "escondido entre un reportaje del tranvía
nocturno de Alicante y la inauguración de una plaza en Puerto de Sagunto",
como destacó UGT en un comunicado, cuando se hizo referencia al juicio al
presidente de la Generalitat. En la información no se citó por su nombre a
Camps ni a los otros tres altos cargos que se sentarán en el banquillo (el
expresidente de la Generalitat Víctor Campos, el ex secretario general del
PP Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Consejería de Turismo, Rafael
Betoret), que tampoco aparecieron en las imágenes elegidas para ilustrar la
noticia. En su lugar, se seleccionaron planos de la comparecencia de la
consejera portavoz, Lola Johnson, tras el pleno del Consell.
El 'caso de los trajes'
La Intersindical Valenciana, que también criticó el tratamiento
ofrecido por la televisión autonómica, añadió que ni siquiera se aludió a
"qué se juzgaba, qué se imputaba a los acusados o en qué consiste el delito"
en la información, más allá de aludir a que se abría juicio oral "por el
caso de los trajes". Este sindicato comentó que la noticia había sido
"elaborada personalmente" por la responsable de información de Televisió
Valenciana, Maite Fernández. En la emisora de radio autonómica, la apertura
de juicio contra Camps sí apareció en el sumario del informativo de
mediodía, aunque luego se emitió como novena noticia.
"Así no hacemos más que dar razones a los que piden el cierre o la
privatización de la televisión pública", lamentó UGT. "Este tipo de
manipulación no hace más que profundizar en la falta de credibilidad de esta
casa y hundir los índices de audiencia", insistió la Intersindical.
Camps se
sentará en el banquillo por un delito de cohecho por
la causa de los trajes
El presidente de la
Generalitat valenciana y del PP regional,
Francisco Camps,
se sentará en el banquillo de los acusados, desde el
que habrá de responder a la acusación de haber
recibido regalos de la
trama Gürtel.
Así lo
ha decidido el juez
José Flors, que ha instruido en el Tribunal Superior
de Justicia de Valencia la llamada
“causa de los trajes”
y que ha encontrado indicios de un delito de cohecho
impropio en la actuación del dirigente popular. De
cumplir su reiterada intención de no dimitir, Camps
se convertirá en
el segundo presidente
autonómico que se
sienta en el banquillo de los acusados.
La decisión no es recurrible,
así que el único tiempo que le queda al presidente
de la
Generalitat valenciana
es el que transcurra hasta la fecha para la que se
fije el juicio que, al estar sometido al
procedimiento del jurado, no se eternizará y
probablemente será el próximo otoño.
El
PSOE
está pidiendo ya
a Mariano Rajoy que aclare si va a mantener a Camps
en la presidencia de la Comunidad Valenciana. Así lo
ha reclamado el líder de los socialistas
valencianos, Jorge Alarte, en declaraciones a la
cadena SER. También el responsable de Política
Autonómica del PSOE, Antonio Hernando, ha insistido
en esa petición durante una rueda de prensa y ha
asegurado que hoy "comienza el calvario judicial del
señor Camps". "Un acusado tiene derecho a
defenderse, pero desde el punto de vista político es
impresentable", ha afirmado sobre la posibilidad de
que Camps se siente en el banquillo y mantenga la
presidencia. "Debe ser Rajoy quien valore si no
perjudica los intereses de los valencianos", ha
agregado.
La
Fiscalía Anticorrupción pide la imposición de
una multa y la acusación popular tres años de
cárcel
Hernando ha aclarado también
que la petición que hace el PSOE se refiere a los
cargos públicos, no a las responsabilidades de
partido. Ha sido su contestación, después de que un
medio le preguntara si el partido también iba a
aplicar la misma vara de medir al ex director
general de la policía Víctor García Hidalgo,
procesado en el
caso Faisán.
"Hace muchos meses que ya no está en el cargo", ha
respondido Hernando.
En su
auto, el juez sostiene que los elementos indiciarios
de la comisión del delito de cohecho "no permite
calificar de irrazonables ni de carentes de
fundamento los escritos de conclusiones
provisionales presentados por las partes
acusadoras". Además, José Flors exige el depósito de
una fianza de 55.000 euros (la suma de la multa que
reclama la Fiscalía Anticorrupción, 41.250 euros,
más un tercio de esta cantidad) para asegurar que
harán frente a las penas que se les impongan en el
caso de ser condenados.
Después de más de dos años de
imputación y de instrucción, de que el juez ya
encontrara, en una ocasión, indicios de delito, de
que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana archivara el caso y que
el Supremo lo reabriera,
ha llegado el momento en el que Camps pasa a ser
procesado. Durante todo este tiempo, el presidente
valenciano ha negado haber recibido regalos de las
empresas de la trama que lideraba Francisco Correa.
Sin embargo, al final, en su última oportunidad
antes de que el juez adoptara esta decisión,
cambió su calificación
y, en boca de su letrado, expuso la posibilidad de
haberlos recibido, pero que las entregas habrían
sido por su condición de presidente del PP regional
y no por su cargo público. El juez, José Flors, no
ha atendido esta posición, ya que considera ambos
cargos indisolubles.
En el
auto, el magistrado indica que "cuando una misma
persona ejerce simultáneamente dos funciones de
relevancia pública (...) no cabe excluir que los
regalos que reciba de quienes tienen intereses
económicos, no sólo con el partido sino también y
sobre todo con la administración autonómica
gobernada por ese partido, únicamente puedan influir
en una faceta de su vida".
El juez ha entendido que
existen suficientes indicios para encausar a
Francisco Camps por la acusación de haber recibido
regalos de la
trama Gürtel:
25 prendas de vestir por valor de algo más de 14.000
euros. Para ello ha contado con un informe de la
Agencia Tributaria, presentado tras analizar la
contabilidad de las empresas de la trama, con el fin
de desvelar si en ella aparecía el pago de las
dádivas. También ha contado con la declaración de
testigos, como
el sastre que confeccionaba
las prendas, que
afirmaron que Camps nunca les pagó los trajes, así
como documentos manuscritos y correos electrónicos
en los que los integrantes de la red Gürtel hablaban
de los regalos al presidente de la Generalitat.
Según
la Fiscalía Anticorrupción,
Camps recibió, entre finales de 2005 y septiembre de
2006, cinco trajes y tres americanas por importe de
5.600 euros; entre finales de 2006 y julio de 2007,
cinco trajes y tres pares de zapatos por importe de
5.393,5 euros; a finales de 2007 recibió cuatro
corbatas por importe de 348 euros y en 2008, otros
dos trajes, una americana y dos pares de zapatos por
importe de 2.680 euros. Por ello, lo considera autor
de un delito de cohecho impropio continuado y
solicita el pago de una multa de 41.250 euros.
Peticiones de pena
La
fiscalía ha recordado que el presidente se beneficia
de la irretroactividad de las leyes penales. Los
hechos ocurrieron supuestamente entre 2005 y 2008.
En 2010, PSOE y PP pactaron endurecer las penas por
corrupción y el Código Penal castiga hoy ese mismo
comportamiento con tres años de inhabilitación y de
seis meses a un año de cárcel.
La
petición de la acusación
popular, que
representa a los socialistas valencianos, es más
grave, ya que reclama tres años de cárcel y ocho de
inhabilitación, ya que considera que los regalos no
son un caso de cohecho impropio (recibir dádivas en
función de su cargo) sino de cohecho propio, ya que
los recibió
a cambio de adjudicar
contratos.
Tanto la
defensa de Camps como las de los otros tres
imputados, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael
Betoret, pidieron el archivo de la causa.
Sin embargo, esta no es la
única causa que afecta al PP de Camps. También en el
TSJCV se instruye la parte más grave de la rama
valenciana de la trama Gürtel, en la que están
imputados varios miembros de la cúpula del PP
valenciano por delito electoral (que incluye
financiación irregular),
falsificación mercantil, cohecho y prevaricación,
una causa que podría acabar inculpando también al
presidente de la Generalitat Valenciana.
UN TESTIGO ASEGURA QUE SE ALTERARON FACTURAS PARA PROTEGER A CAMPS
El informático de la tienda de trajes manipuló facturas por encargo
del dueño del negocio, que presuntamente se había entrevistado con Trillo
Dos de los
principales testigos del caso reforzaron ayer ante el juez la tesis de que
Francisco Camps, president valenciano, recibió varios miles de euros en
trajes de la trama corrupta de la Gürtel. De sus testimonios se deduce,
además, que dirigentes del PP maniobraron para que la Justicia no llegara
a descubrir este hecho. Según fuentes cercanas al caso, el que en el
momento de los hechos era informático de las tiendas en las que las prendas
de vestir fueron adquiridas, Francisco Ferri, afirmó ante el juez que él
mismo manipuló tres facturas por orden del dueño del establecimiento,
Eduardo Hinojosa.
Por su parte, el
que era sastre y director comercial, José Tomás, recordó que Hinojosa dio la
orden de falsear la contabilidad tres días después de recibir la visita de
Federico Trillo, responsable del área de Justicia en el PP. El sastre
recordó que así lo había declarado ante un juez Miguel Marqués, otro de los
trabajadores de la empresa. Más tarde, a preguntas de los periodistas, Tomás
dijo que
Camps no pagó nunca "ni una peseta" de los trajes.
Estas
declaraciones se produjeron en el transcurso de la vista preliminar que se
celebró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana
(TSJCV), donde el llamado caso de los trajes se instruye desde hace dos años
y tres meses. Durante todo el día, el juez instructor, José Flors, escuchó a
los testigos que quedaban por declarar o que, habiendo comparecido
anteriormente, tenían que añadir alguna otra información relevante para
la investigación. También se revisaron las pruebas que habían quedado
pendientes.
Camps está
acusado de cohecho pasivo impropio. Se le acusa de recibir varios miles de
euros en trajes de la trama corrupta. En el mismo periodo en el que el
president recibió las supuestas dádivas, los empresarios que presuntamente
le agasajaron recibieron contratos millonarios de la Administración
autonómica. Después de la vista preliminar celebrada ayer, el magistrado
tiene de plazo hasta el viernes para anunciar si Camps y los otros tres
imputados en el caso -el diputado del PP Ricardo Costa, el exvicepresident
de la Generalitat Víctor Camps, y un alto cargo vinculado al mismo partido,
Rafael Betoret- son finalmente juzgados.
Ayer, el
informático narró ante el juez cómo Hinojosa le indicó que había "errores"
en varias facturas, y le pidió que alterara su contenido para subsanarlas.
En concreto, lo que Francisco Ferri hizo, según su declaración testifical,
fue borrar la palabra "Camps" de tres tiques que constaban como pendientes
de pago. Precisamente esos tres tiques fueron los que luego, en su
declaración antes el juez realizada dos meses más tarde, el president
autonómico aseguró haber pagado en efectivo. En concreto, Camps dijo que
había pedido prestado el dinero a su escolta porque, en ese momento no
llevaba el importe necesario en metálico.
Después del
informático, compareció el sastre. Ante el juez, según las fuentes citadas,
llegó a mostrar las facturas tal y como eran antes de ser presuntamente
manipuladas, con el apellido de Camps incluido. José Tomás explicó que estas
facturas están incluidas en el sumario del caso, ya que, según su relato, la
manipulación en el archivo informático se produjo después de que la Policía
requisara la contabilidad de las tiendas, en las que estaban incluidos
los tiques originales.
El juez decidirá
en los próximos días si el president es juzgado por corrupto
La alteración de
las facturas por parte del informático, después de recibir una orden de
Hinojosa, se produjo en marzo de 2009. Ese mismo mes, Trillo acusó
públicamente al sastre de haber falsificado facturas. El propio Hinojosa se
sumó a esta acusación, hasta el punto de usarla como argumento para despedir
a José Tomás. Sin embargo, la jueza que investigó el asunto llegó a la
conclusión de que Tomás no había manipulado ningún documento contable,
y por lo tanto consideró improcedente el despido. Más tarde, el juez del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira dio también la
razón al sastre, ya que archivó la denuncia que Hinojosa presentó contra
Tomás por el mismo tema.
En un auto
emitido por el juez Flors en julio de 2009, el magistrado llegó a la
conclusión de que había "una razonable base documental" para afirmar que el
pago de las prendas de ropa se realizaba desde empresas que formaban
parte de la trama.
La vista
preliminar se extendió desde las diez de la mañana de ayer hasta las ocho de
la tarde. Incluyó la intervención de dos peritos de la Agencia Tributaria
que habían analizado la contabilidad de las tiendas de ropa. El informe dice
que la documentación auditada "adolece de deficiencias" y retrata un
panorama de caos contable. Concluye que la trama Gürtel pagó, como mínimo,
cuatro trajes a medida encargados por Camps en noviembre de 2006 y que
costaron 2.880 euros. También compareció el perito autor del informe sobre
la contabilidad encargado por las defensas.
Ante el juez
declaró, además, la asesora fiscal de Hinojosa. Los dos últimos testigos
fueron el chófer y el escolta de Camps. Fueron llamados a petición de la
defensa. Cuando el president compareció como imputado ante Flors en mayo de
2009, declaró que la razón por la que pidió prestado a estas dos personas la
cantidad necesaria para pagar la ropa es que él sólo llevaba dinero para
pagar otras prendas que había planificado comprar. Añadió que su esposa,
Isabel Bas, le había facilitado el dinero justo para esa adquisición, ya que
es ella la que administra la economía familiar.
Otra causa para el PP
Tras la
declaración de los testigos, cada una de las partes personadas en el proceso
formularon sus conclusiones. No hubo novedades respecto a las posturas que
ya se habían hecho públicas anteriormente. La Fiscalía Anticorrupción
mantiene su acusación y pide una multa de 41.250 euros para Camps. La
acusación popular, ejercida por varios diputados del PSOE valenciano,
solicitó una pena de tres años de prisión y ocho de inhabilitación para
cargo público, aunque también pide alternativamente una pena de multa.
El TSJCV investiga al PP también por financiación ilegal y prevaricación
Las defensas de
los cuatro imputados, por su parte, piden que el caso se archive. "No ha
habido ningún elemento incriminatorio", afirmó a la salida del juzgado
Ignacio Peláez, abogado de Rafael Betoret. También el abogado de Francisco
Camps, Javier Boix, pidió en su momento el archivo de la causa porque su
cliente, explicó, pagó todas las prendas de ropa que adquirió en esa tienda.
El llamado caso
de los trajes no es el único proceso penal abierto contra dirigentes del PP
valenciano. El TSJCV anunció recientemente que abrirá también una
investigación por los presuntos delitos de prevaricación, falsedad
documental, cohecho y financiación ilegal. Estos delitos fueron
presuntamente cometidos por varios dirigentes del PP valenciano.
La Fiscalía pide una multa de 41.250 euros para Camps y el PSOE, cárcel
Entre ellos,
está el exvicepresident de la Generalitat Vicente Rambla; la tesorera del
partido, Yolanda García, la expresidenta de Les Corts Valencianes Milagrosa
Martínez y el diputado y vicesecretario de Organización, David Serra. Los
delitos se habrían cometido en la adjudicación de contratos públicos a la
trama Gürtel de forma presuntamente irregular, y también en la captación de
fondos para la campaña electoral de 2007, en la que grandes empresas
adjudicatarias de la Generalitat habrían financiado al partido a través de
empresas de la trama.
El TSJCV rechazó
unir esta investigación al caso de los trajes porque consideró que no hay
ninguna prueba de que el president Camps haya participado de forma
directa en los hechos de esta segunda investigación.
Camps se ampara en la crisis para esquivar sus trajes
Ya es habitual.
Ante cualquier nuevo paso de la Justicia, el president valenciano se
encuentra de viaje, generalmente en Bruselas. Ayer, Francisco Camps acudió a
un seminario sobre el Corredor Mediterráneo, la red de infraestructura del
transporte que debería conectar el País Valencià con Europa, en parte
gracias a fondos comunitarios. Preguntado en repetidas ocasiones sobre lo
que estaba pasando en el TSJCV, Camps se negó a contestar. “Lo importante
hoy de verdad para todos los españoles es la situación económica en la que
estamos, que es gravísima”, aseguró. “En estos momentos, todos los
valencianos pensarán que debo hacer lo que estoy haciendo, que es defender
la economía de nuestra comunidad”, señaló el jefe del Ejecutivo autonómico.
Giro copernicano de Camps para evitar el banquillo
Los cuatro imputados explican al juez que si recibieron
trajes de las empresas de la trama fue en calidad de
dirigentes del PP o de amigos del empresario Álvaro Pérez
El juez José
Flors ha celebrado la audiencia preliminar, el paso previo
para que el presidente Francisco Camps y tres ex altos
cargos del PP valenciano -Ricardo Costa, Víctor Campos y
Rafael Betoret- se sienten en el banquillo acusados de un
presunto delito de cohecho impropio, es decir, por haber
aceptado regalos que los empresarios investigados habrían
realizado en consideración al cargo que ocupaban.
En un
intento desesperado por evitar la pena de banquillo, los
cuatro imputados le dijeron al juez que esas prendas de
vestir no las recibieron por el cargo público que
ocupaban, sino que fue por su condición de dirigentes
del PP y la relación de amistad que les unía a Álvaro
Pérez.
La pena de
banquillo ha pesado como una losa para el presidente
Camps y los otros tres imputados en la rama valenciana
del caso Gürtel. Están acusados de un presunto delito de
cohecho impropio por haber recibido prendas de vestir
que las empresas de la trama les habrían regalado
teniendo en cuenta el cargo público que ocupaban.
Por eso,
según fuentes jurídicas consultadas por la SER, sus
abogados le han explicado al juez que Francisco
Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret
se pagaron sus trajes. De todas formas, si se diera el
caso de que el juez Flors no se creyera esta versión, le
han explicado que los regalos se los hicieron en su
calidad de dirigentes del PP o de amigos del empresario
Álvaro Pérez pero nunca como consecuencia del cargo
público que ocupaban, con lo que no habrían cometido
ningún delito.
Este giro
copernicano sorprende fundamentalmente en el caso del
jefe del Consell que siempre ha defendido que se había
pagado los trajes y que negó ante el juez ser amigo de
El Bigotes.
Exculpar
a Camps
Durante la audiencia preliminar,
el paso previo al juicio, ha declarado también
un informático de la empresa
Forever Young,
donde se compraban las prendas de vestir. Según las
fuentes jurídicas consultadas, el testigo ha reconocido
que tuvo que modificar el número de cliente de Francisco
Camps para que se incluyeran las facturas que habían
generado sus compras en la cuenta del empresario
imputado Álvaro Pérez y que lo hizo por orden de sus
superiores.
El sastre:
´Nadie duda de que Camps no se pagó los trajes´
El sastre y exempleado de las
tiendas madrileñas Milano y Forever Young José Tomás ha
dicho hoy que el president de la Generalitat, Francisco
Camps, "no ha pagado ni una peseta" de los prendas de vestir
que adquirió en este último establecimiento, algo de lo que
"ya nadie duda, ni siquiera el juez".
Tomás ha hecho estas declaraciones a los periodistas a su
llegada al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat
Valenciana (TSJCV), que hoy alberga la vista previa en la
que se decidirá si Camps es juzgado por un delito de cohecho
impropio, al haber recibido supuestamente regalos de la
trama Gürtel.
"A estas alturas no sé cómo se preguntan quién pagó los
trajes. No hay duda de que él no los pagó, ni siquiera el
juez lo hace", ha reiterado.
Tomás, quien asegura que ha interpuesto una denuncia en la
Fiscalía Anticorrupción para demostrar "ciertas
irregularidades" relacionadas con el caso, ha expresado su
deseo de que "de una vez por todas se sepa la verdad de todo
y que cada uno pague el precio que tiene que pagar".
"Se va a sentar sin ninguna duda en el banquillo, y veremos
si después no lo hace en otro", ha dicho en alusión a Camps.
Asimismo, ha señalado que el president ha manejado "muy bien
los tiempos" mediante continuos recursos judiciales y ha
conseguido "su objetivo", que en su opinión era que el
juicio no coincidiera con las pasadas elecciones
autonómicas, si bien cree que no podrá eludir sentarse en el
banquillo.
"Aquí nadie engaña a nadie. Llevamos tres años con esto y de
nada sirve hablar muy bien, hay que demostrarlo", ha dicho
para considerar que, "en la vida, no se puede abusar de ser
fulanito o menganito".
La sesión, que se celebra a puerta cerrada, está presidida
por el magistrado José Flors, instructor de una causa en la
que también están imputados el exvicepresidente del Gobierno
valenciano Víctor Campos; el exsecretario general del PPCV
Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de
Turismo Rafael Betoret.
Según las investigaciones iniciadas por el juez Baltasar
Garzón y continuadas por Flors, todos ellos adquirieron
prendas de vestir en diferentes establecimientos de Madrid
que posteriormente fueron supuestamente abonadas por la
trama corrupta.
La audiencia, fijada para las 10.00 horas y a puerta
cerrada, ha comenzado con la comparecencia de los peritos, a
los que han seguido los seis testigos que deben asistir, la
audición de las grabaciones propuestas y el informe de los
abogados de cada una de las partes que se encuentran
personadas en este procedimiento.
El magistrado tiene un plazo de tres días para pronunciarse
sobre si es procedente abrir juicio oral en esta causa. En
el caso de que su resolución sea favorable, no existe para
las partes posibilidad de recurrir esta decisión. En el
supuesto de que se acuerde sobreseimiento, sí que se puede
presentar recurso ante la sala civil y penal del TSJCV.
En el supuesto de que se acuerde la apertura de juicio, el
instructor debe dictar una resolución con los hechos
justiciables y las pruebas a practicar que considere
pertinentes y se inicia el proceso de elección del jurado y
la designación de su presidente, que en este caso
corresponde, según el turno de la sala, al magistrado Juan
Climent, que será el encargado de fijar una fecha de juicio.
El sorteo de los miembros del tribunal 'popular' se celebra
como mínimo un mes antes de la celebración de la vista.
Seis testigos
En la audiencia comparecen como peritos, según acordó Flors,
dos inspectores de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria (AEAT) y un censor jurado de cuentas y
economista. Como testigos, declararán, por decisión del
instructor, el sastre de Milano, José Tomás y dos personas
más, solicitadas por el fiscal y PSPV, en relación con la
posible manipulación de ficheros informáticos referidos a
ventas de prendas de vestir.
Asimismo declararán, por decisión de la sala que aceptó un
recurso en este sentido de Francisco Camps, su chófer, su
escolta y Cándido Herrero, considerado uno de los presuntos
'cabecillas' de la trama Gürtel. En la parte documental, se
procederá a la audición de archivos que había propuesto
Víctor Campos, de conversaciones con el responsable de
Orange Market, Álvaro Pérez.
La convocatoria de la audiencia preliminar es el paso
siguiente a la recepción por parte del instructor de todos
los escritos de conclusiones provisionales, según establece
la Ley del Jurado. En este acto procesal, las acusaciones
podrán modificar los términos de su petición de apertura de
la vista pero, de acuerdo con la normativa, no se admitirán
nuevos elementos que alteren el hecho justiciable o la
persona acusada.
Fiscalía Anticorrupción pide
una multa de 41.250 euros para Camps,
igual condena que reclama para Costa y Betoret, mientras que
solicita 35.000 euros para Víctor Campos. El PSPV eleva la
petición, de acuerdo con su calificación provisional, hasta
los tres años de prisión y ocho de inhabilitación, aunque
también contempla tres escenarios alternativos para los
cuatro imputados que incluyen multa o inhabilitación.
Camps, por su parte, pide el sobreseimiento y archivo de las
actuaciones ya que niega haber recibido ningún regalo y
sostiene que pagó las prendas en metálico. Asimismo, Campos
alegaba que las prendas de vestir las pagó a Álvaro Pérez
para que a su vez las abonara en el establecimiento; Betoret
argumentó que pagó el precio personalmente mientras que
Ricardo Costa aducía la intrascendencia penal de los hechos
investigados y destacaba que la relación con Orange Market y
Pérez fue por razón de su cargo en el PPCV y no como
diputado.
Flors resolverá tras la vista de mañana si sienta
al presidente en el banquillo
El futuro judicial y en gran parte político del presidente de
la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se decide mañana en el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El juez José Flors
presidirá la audiencia preliminar, un ensayo del juicio que, según todos los
indicios, le espera por haber aceptado, junto a los otros tres altos cargos
del PP imputados, 40.000 euros en regalos de la trama corrupta Gürtel a lo
largo de cuatro años, lo que constituiría un delito de cohecho pasivo
impropio continuado. Flors deberá decidir al término de la audiencia
preliminar, o en el plazo máximo de tres días, si dicta o no la apertura de
juicio oral. Nunca hasta ahora un presidente en ejercicio de una comunidad
autónoma se ha sentado en el banquillo de los acusados.
La pena aplicable por cohecho pasivo entre 2005 y
2008 es una multa
El probable juicio y la eventual condena pondrían a Camps en
una situación muy difícil de sostener, aunque su entorno transmita que su
intención es aguantar. Primero, porque una sentencia condenatoria
establecería que el presidente lleva dos años y medio mintiendo. Segundo,
porque el cohecho pasivo conllevaba solo una pena de multa cuando
supuestamente sucedieron los hechos (entre 2005 y 2008) y esa es la
normativa aplicable. Pero los socialistas y el PP pactaron el año pasado
endurecer las penas contra la corrupción y ahora esa misma conducta (aceptar
dádivas ofrecidas con motivo del cargo público que se ostenta) se castiga
con un año de cárcel y tres de inhabilitación.
Y, finalmente, porque la Fiscalía Anticorrupción acusa a Camps
de haber aceptado 12 trajes (no dos ni tres como arguyen en el PP), cuatro
americanas y otras nueve prendas de vestir. Pero eso, según ha concluido la
investigación y han avalado hasta ahora 10 jueces, constituyó solo la punta
del iceberg de la mayor trama de corrupción política destapada en Valencia y
España. Según ese relato, la red de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro
Pérez, El Bigotes, utilizaba las dádivas a cargos públicos y a sus
familiares (especialmente a las esposas) para engranar una maquinaria
corrupta que le permitía saquear las arcas públicas.
El avance de la investigación judicial apunta a que en
Valencia lograron su objetivo por importes millonarios. Y ha conducido a la
imputación por un amplio catálogo de delitos de corrupción (financiación
ilegal, falsificación en documento mercantil, prevaricación y cohecho) de
nueve personas de la máxima confianza de Camps, que en el momento de los
hechos ocupaban las principales responsabilidades en el partido y en el
Ejecutivo autónomo.
En total: dos vicepresidentes (Vicente Rambla y Víctor
Campos); una presidenta de las Cortes (Milagrosa Martínez, anteriormente
consejera de Turismo); el portavoz parlamentario y secretario general del
PPCV (Ricardo Costa); el director de la televisión pública valenciana (Pedro
García, antes responsable de Comunicación de Presidencia de la Generalitat);
el vicesecretario general del PPCV (David Serra); la tesorera del PPCV
(Yolanda García); la administradora del PPCV (Cristina Ibáñez) y el jefe de
gabinete de Turismo (Rafael Betoret).
Dos años y cinco meses después de que estallara el caso,
algunos han abandonado completamente la Administración (Campos y García) y
la mayoría de ellos han sido degradados por Camps a diputados rasos. Una
condición que, sin embargo, les otorga aforamiento, lo que impide juzgarlos
como a cualquier ciudadano (solo puede hacerlo el Tribunal Superior de
Justicia).
Si, como han dicho hasta el momento los jueces, las
acusaciones contra su círculo de confianza están fundadas, o bien Camps no
supo que su número dos en el Gobierno y su número dos en el
partido mercadeaban favores con la trama corrupta; o bien lo conocía y, al
menos, lo toleró. Ninguna de las dos opciones parece muy edificante.
Los procesos por los delitos más graves de la vertiente
valenciana de la trama Gürtel tardarán probablemente varios años en
resolverse. Parte de ellos se enjuiciarán en Valencia y otra parte (como el
supuesto reparto de tres millones de euros en comisiones de los fondos que
Canal 9 destinó a la cobertura de la visita del Papa a Valencia en 2006) en
la Audiencia Nacional. Si Flors dicta esta semana la apertura de juicio oral
por el llamado caso de los trajes, en cambio, Camps será juzgado
hacia octubre o noviembre por un tribunal del jurado.
La audiencia preliminar que se celebra mañana viene a ser un
ensayo del juicio al que no es necesario que asistan los acusados. El juez
analiza de forma sintética las pruebas y argumentos de las partes y a
continuación decide si está o no justificado celebrar el juicio. Durante la
vista, que quizá dure más de un día, se escucharán las explicaciones de los
peritos; declarará una selección de los testigos (no estarán, por ejemplo,
Correa, Crespo ni El Bigotes); se oirán las conversaciones grabadas que
figuran en el sumario; los abogados presentarán sus conclusiones y se
practicará alguna prueba.
CAMPS, MÁS
CERCA DEL BANQUILLO POR LA CAUSA DE LOS TRAJES
El TSJ rechaza unir la causa de los supuestos regalos
recibidos por el president con la financiación irregular del PPCV y fija la
vista preliminar el próximo martes
La Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de
Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha rechazado acumular las causas
que instruye por los supuestos regalos de la red Gürtel al president de la
Generalitat, Francisco Camps, y por una presunta financiación ilegal del
PPCV.
Así lo indica en un auto hecho público hoy en el que además
fija para el próximo martes la audiencia previa del proceso por cohecho
pasivo conocido como "la causa de los trajes", donde está imputado Camps
junto a otros altos cargos de la Generalitat y del PPCV.
Según informa el Tribunal valenciano, los implicados están
exentos de acudir a esta comparecencia previa que establece la Ley del
Jurado, y además se celebrará a puerta cerrada ya que todavía forma parte de
la fase de instrucción.
El magistrado del TSJCV José Flors instruye esta causa abierta
contra Camps, el exvicepresidente del Consell Víctor Campos, el exsecretario
general del PPCV Ricardo Costa y el exjefe de gabinete de la Conselleria de
Turismo Rafael Betoret, por haber recibido prendas de vestir pagadas por los
cabecillas de la trama Gürtel.
La causa por financiación ilegal del PPCV, que procede del
Tribunal Superior madrileño, ha recaído por turno sobre el magistrado José
Ceres, quien deberá investigar un supuesto delito electoral de este partido
en los comicios municipales y autonómicos de 2007 y de falsedad documental
en las generales de 2008.
También investigará si el Gobierno valenciano prevaricó y cometió cohecho en
contratos con la firma Orange Market, gestionada por Álvaro Pérez "El
Bigotes".
El Ministerio Fiscal y varios diputados del PSPV se habían
mostrado favorables a la acumulación de ambos procedimientos en una misma
causa al entender, afirman los socialistas, que existe "íntima relación"
entre las adjudicaciones públicas, la financiación del PPCV y los regalos
que recibieron sus dirigentes "por una u otra razón".
La Sala estima pro el contrario que no hay una "concreta
conexidad legal" que justifique esta medida, y señala que la unificación es
de una "innegable complejidad".
Según el auto, no coinciden las mismas personas en las dos
causas y, pese a las "peculiaridades" del estado de ambas -en la de la
financiación queda por continuar la instrucción iniciada y en "la de los
trajes" ya se han calificado los hechos-, no procede unirlas, aunque lo
vería "razonable" si fuera el momento procesal inicial.
Respecto a la de "los trajes", indica que la duración de su
instrucción, las diligencias practicadas y las conclusiones asumidas
"aconsejan restringir la valoración sobre la acumulación pretendida".
Lo contrario afectaría "seriamente" al proceso y causaría una
"posible no justificada dilación" de la causa en la que está imputado Camps
que, "sin perjuicio de lo que resulte tras la audiencia preliminar -del
próximo martes-", cuenta con "un objeto procesal ya conformado".
La acumulación, insiste la Sala, obligaría a reabrir la
instrucción tras dos años de investigación judicial.
NINGUNO DE LOS ALTOS CARGOS DE CAMPS PUDO JUSTIFICAR
HABER PAGADO LOS TRAJES
Costa, Campos y Betoret declararon que abonaron las
prendas a un jefe de Gürtel
Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, altos
cargos del Gobierno y el PP valencianos, compañeros de causa judicial del
presidente Francisco Camps por aceptar presuntamente regalos de la trama
mafiosa Gürtel, prestaron declaración ante el juez instructor, José Flors, y
la Fiscalía Anticorrupción en mayo de 2009. Los interrogatorios, que hoy
reproduce EL PAÍS en parte en estas páginas y de forma completa en su web
(www.elpais.com), no parecieron convencer al juez, que rechazó archivar las
acusaciones y ha conducido la causa hasta dejarla a un paso de dictar la
apertura del juicio oral. Ni Camps ni los otros tres imputados pudieron
justificar haber pagado los trajes.
La investigación policial y Anticorrupción consideran
acreditado que los acusados recibieron prendas por valor de 40.374 euros
entre 2005 y 2008. Y que ese era el método que la trama corrupta empleaba
para ganarse a los cargos públicos cuyas arcas pretendía saquear. En
Valencia, según la investigación, lo logró con creces: la red recibió
contratos millonarios adjudicados a dedo, al tiempo que participaba en la
financiación ilegal del PP.
Costa era secretario general del PPCV; Campos,
vicepresidente de la Generalitat, y Betoret, jefe de gabinete en Turismo.
Los tres dejaron, en cierta forma, en evidencia a Camps: reconocieron ser
amigos de Álvaro Pérez, El Bigotes, delegado de la trama en Valencia,
y sostuvieron que le pagaron a él las prendas de vestir. El presidente negó
ante Flors ser amigo de Pérez, a pesar de que en las conversaciones grabadas
lo trata de "amiguito del alma", y mantuvo que abonó las prendas en efectivo
con el dinero que le preparaba su mujer, aunque ningún empleado lo vio pasar
por la caja.
www.elpais.es 27.06.11
RICARDO COSTA EX SECRETARIO GENERAL : "LE
PAGUÉ EL TRAJE A ÁLVARO PÉREZ PORQUE IBA MUCHO A MADRID"
Juez. ¿Desde cuándo y qué relación tiene con él [Álvaro
Pérez]?
Costa. Prácticamente creo que desde el año 1996, única y
exclusivamente porque era una de las personas que organizaba los actos del
partido por toda España, y lo veía en los actos del partido donde
coincidíamos (...).
J. ¿Aparte de verle, tiene usted alguna otra relación de
amistad?
C. A partir del año 2005, noviembre del 2004, que es
cuando yo entro en la dirección del Partido Popular de la Comunidad
Valenciana, él era el proveedor habitual del partido, por tanto, sigue
siendo el proveedor habitual del partido y por lo tanto esa relación de
proveedor desembocó (...), una relación digamos de amistad (...).
J. Perdón, ¿a quién le entregó usted el precio del traje?
C. Al señor Pérez, por indicación del señor [José] Tomás.
Porque creo que dijo que él iba mucho por Madrid y que no hacía falta que yo
me desplazara (...).
J. ¿No efectuó usted ningún otro encargo?
C. Ningún otro encargo.
J. ¿Usted se explica que en un documento que apareció en
Forever aparezca su nombre con una cantidad, como una deuda que usted
mantenía con esa entidad?
C. Yo creo que ese documento, o esa cantidad o lo que
refleja es absolutamente falso.
(El juez hace oír a Costa seis grabaciones hechas poco
antes de que estalle el caso Gürtel: los cabecillas de la trama y el
propio Costa expresan su preocupación porque una exempleada, Isabel Jordán,
se ha ido de la lengua).
J. Álvaro, cuando se pone en contacto con usted, le dice
que Pablo [Crespo] tiene que contarle algo importante. ¿Ese algo importante,
en qué consistió? (...).
C. Me contaron que lo importante era que la tal Isabel
Jordán (...) estaba criticando a la empresa de Álvaro Pérez por Madrid.
J. ¿Pero algún detalle concreto le diría? La expresión
que utilizó ya la ha escuchado usted.
C. Sí.
J. [Jordán] "nos ha gastao un putadón".
C. Sí, pero el putadón...
J. Y es algo tan importante que (...) usted acude a las
once pasadas de la noche a esa reunión (...). ¿Cuáles son los detalles de
eso tan importante?
C. No hubo tiempo a dar ningún detalle porque la reunión
duró 10 minutos (...)
www.elpais.es 27.06.11
RAFAEL BETORET: "NUNCA PIDO TIQUE. SOY BASTANTE DEJADO
PARA ESAS COSAS"
Juez. ¿Con motivo de esa relación personal, que parece
que había entre usted y el señor [Álvaro] Pérez, usted acudió a una tienda
de prendas de vestir de Madrid llamada Milano?
Betoret. Sí. Me ha gustado siempre bastante la ropa, los
trajes, y yo le había alabado en varias ocasiones los trajes y los abrigos
que... Y él [Pérez] decía que me quedaría sorprendido, que un día me
presentaría a su sastre. Y con motivo de un Fitur, estando yo en Madrid, él
me llevó a la tienda de Milano, que estaba ubicada creo que enfrente de
donde tenía el despacho.
J. ¿Y qué prendas de vestir encargó usted en esa ocasión?
Sería en el año 2005-2006.
B. No lo recuerdo muy bien porque hace tiempo, creo que
fueron dos o tres trajes.
J. ¿Dónde se los enviaron, aquí a Valencia, a su
domicilio o al domicilio de Orange Market?
B. No, no, a mi domicilio.
J. A su domicilio. ¿Y cómo satisfizo usted el importe de
estos trajes?
B. Yo pensaba (...) que debía ser bastante caro... Yo le
decía [a Álvaro]: "Que yo no puedo". Y él decía: "No te preocupes". Entonces
yo le dije a él si se los podía pagar más tarde o más adelante porque era
enero. Me dijo que sí, que no había ningún problema, que [José] Tomás, el
sastre, era una persona de su absoluta confianza y que no tenía ningún
problema. Yo le dije a Álvaro que le preguntase cuánto era. Él me dijo. Y
eso sí que lo recuerdo porque ahora, con este motivo, he mirado que le
[pagué con] dinero en metálico a Álvaro para que él, que iba más
frecuentemente a Madrid, se lo pagase. Y he mirado cómo sacaba dinero en
efectivo, con la paga de junio realmente fue cuando pagué esos trajes, de
ese año, dos mil euros le pagué.
J. ¿Le pidió usted el tique de compra de estos trajes?
B. ¡Pues la verdad es que no! No, nunca. Soy bastante
dejado para este tipo de cuestiones.
www.elpais.es 27.06.11
VÍCTOR CAMPOS EXVICEPRESIDENTE: "APRECIO MUCHO [A EL
BOGOTES]. ES UNA PERSONA MUY CARIÑOSA"
Juez. ¿De qué le conoce usted [a Álvaro Pérez, El
Bigotes]? ¿Desde cuándo? ¿Qué relación tienen?
Campos. Lo conocí, la fecha exacta no la sé, pero en
torno de las elecciones de 2003, porque realizábamos muchas actividades para
la campaña y en aquella campaña además de ser miembro de la ejecutiva
regional [yo] era el cabeza de lista de mi formación política por la
provincia de Castellón. (...) Luego fui coincidiendo con él en varias
ocasiones, fundamentalmente por temas de partido y al final entablamos muy
buena relación. Yo diría que una relación casi de amistad y, lo aprecio
mucho, es una persona muy cariñosa y he mantenido y mantengo una buena
relación personal con él.
J. ¿Le consta que él a través de una empresa que se llama
Orange Market (...) ha sido contratado por (...) el Gobierno de la
Generalidad?
C. Sí, lo comentamos que tenía suerte en algún concurso,
y otros no, ¡y nada más!
J. ¿No ha ido usted a una tienda que se llama Milano, y
ha hecho usted allí unos encargos de prendas de vestir?
C. No. El señor [José] Tomás era el sastre de la tienda a
la que usted se refiere, vino un día aquí a Valencia, a mi despacho y
entonces le hice un encargo desde aquí, no fui yo a la tienda de Milano.
J. ¿Cómo se pagaron estas prendas de ropa?
C. Se lo di yo también en dos, tres o cuatro veces, no
recuerdo (...). A Álvaro.
J. ¿Pero, usted no había comprado a través de Tomás, que
le había encargado?
C. Sí, pero me pareció natural (...).
J. ¿Usted ha realizado alguna vez en su vida alguna otra
compra u operación de ropa por ese mismo sistema?
C. ¿De ropa? Pues seguramente no, pero a lo mejor me he
comprado alguna otra cosa, pues seguramente sí. De algún amigo que tiene
relación pues con no sé qué tipo de artículo que a lo mejor estás buscando
y: "¡Oye, pues yo te lo conseguiré, porque te lo consigo del almacén y tal!"
www.elpais.es 27.06.11
EL TRIBUNAL ACELERA LA CAUSA POR COHECHO CONTRA CAMPS
El Tribunal Superior de Justicia valenciano respaldó ayer en un auto al juez
José Flors, instructor de la causa por cohecho impropio contra el presidente
valenciano, Francisco Camps (PP), y tres altos cargos. Flors decidió en mayo
no incorporar a la llamada causa de los trajes a los cabecillas de la trama
Gürtel, que presuntamente regalaron prendas de vestir por valor de miles de
euros a Camps y al resto de imputados mientras la red corrupta se enriquecía
a costa de las arcas públicas. El motivo: el Código Penal castigaba en el
momento de los hechos a la autoridad que recibía dádivas entregadas en
atención a su cargo "pero no al particular que lo realiza".
La decisión acelera el procedimiento contra Camps: si los jefes de Gürtel
hubiesen sido incorporados a la causa, esta se habría demorado varios meses.
La apertura o no de juicio al presidente solo está ahora pendiente de que el
tribunal decida si acumula el grueso de la vertiente valenciana de Gürtel
(financiación ilegal, falsificación mercantil, cohecho y prevaricación) a la
causa de los trajes, algo que las fuentes consultadas consideran poco
probable.
A la Audiencia Nacional
Flors siempre ha rechazado transformar la causa por cohecho impropio (penado
con multa) en otra por cohecho propio (cárcel e inhabilitación). La razón es
que, pese a que la investigación ha acreditado que la trama obtuvo decenas
de adjudicaciones a dedo violando las normas de contratación pública, Camps,
Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret no adjudicaron personalmente
esos contratos.
El juez llamó a declarar como testigos a 35 cargos de la Generalitat en mayo
de 2009 que sí intervinieron directamente en dichas contrataciones. Flors
les preguntó si recibieron instrucciones de alguien para elegir a Orange
Market o a otras empresas de la trama, y todos lo negaron.
El testimonio de esos 35 cargos evitó que Camps fuera encausado por un
delito más grave. Pero ahora les dará problemas. Los 10 jueces que han
conocido el asunto han avalado los numerosos indicios de que los contratos
se adjudicaron de forma irregular y que, por tanto, alguien debe pagar por
ello.
Buena parte de esos 35 cargos serán ahora imputados en la causa principal de
Gürtel, que previsiblemente terminará en la Audiencia Nacional. Enfrentados
a duras penas por prevaricación o cohecho, señalan fuentes jurídicas, quizá
recuerden que efectivamente alguien les instó a contratar con la red
corrupta.
LA JUSTICIA RATIFICA LA IMPUTACIÓN DE LA CÚPULA DE CAMPS POR CORRUPCIÓN
El día que Francisco Camps fue investido de nuevo presidente de la
Generalitat valenciana, los jueces le recordaron que los numerosos problemas
judiciales con los que cerró la pasada legislatura permanecen intactos. El
Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ratificó, en un auto
fechado el martes y hecho público ayer, su decisión de encausar por graves
delitos de corrupción vinculados a la trama Gürtel a la cúpula del PP
regional y a figuras clave de su Gobierno, incluidos su vicepresidente
primero, Vicente Rambla, y la expresidenta de las Cortes Milagrosa Martínez.
La Sala Civil y Penal rechazó los recursos de las partes y confirmó la
imputación por financiación ilegal (delito electoral) y falsificación en
documento mercantil de Rambla, Ricardo Costa (diputado y ex secretario
general del PPCV, cuyo nombre suena para integrar el nuevo Ejecutivo de
Camps), David Serra (vicesecretario del PPCV), Yolanda García (tesorera del
PPCV), Cristina Ibáñez (administradora del PP valenciano) y Luis Bárcenas (extesorero
nacional del PP).
Los jueces imputan esos mismos dos delitos a los cabecillas de la red
mafiosa y a los gestores de ocho constructoras que presuntamente sufragaron
ilegalmente actos electorales del PP.
Empresas implicadas
Entre las empresas figuran la de Enrique Ortiz (imputado a su vez en el
caso Brugal y por amañar supuestamente el urbanismo de Alicante en
connivencia con la alcaldesa y diputada, Sonia Castedo) y el Grupo Sedesa,
propiedad del vicepresidente tercero del Consell y nuevo presidente de las
Cortes, Juan Cotino.
El TSJV se reafirmó igualmente en la imputación por cohecho y prevaricación
de Rambla, Martínez y Rafael Betoret (exjefe de gabinete de Turismo, a punto
de sentarse en el banquillo con Camps en la causa de los trajes) por la
adjudicación a la trama del montaje de un pabellón en Fitur cinco años
seguidos. El auto contiene un voto particular del magistrado Juan Montero,
contrario a la imputación de Rambla y Martínez por cohecho y prevaricación.
La sala mantiene el criterio de asumir los supuestos delitos en los que hay
aforados. El resto de hechos aparentemente criminales (la visita del Papa,
por ejemplo) son remitidos para ser enjuiciados junto al grueso del caso
Gürtel, que previsiblemente acabará en la Audiencia Nacional. Frente a
los recursos, especialmente los del PP y Álvaro Pérez, El Bigotes,
que alegaban defectos de tramitación, el tribunal entiende "que las
circunstancias y vicisitudes procesales que relataban no era impedimento del
deber que a esta sala asistía" de asumir la competencia de la inhibición
dictada por el juez Antonio Pedreira.
EL TSJ OBLIGA AL CONSELL A INFORMAR A LA OPOSICIÓN DE CONTRATOS CON GÜRTEL
Compromís vio rechazadas 1.508 peticiones de documentación
El Gobierno que preside Francisco Camps está obligado a entregar a la
oposición la documentación que solicitó sobre los contratos de las
diferentes consejerías con empresas de la trama Gürtel entre los años 2003 y
2008. Así lo establece una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Valenciana en respuesta a un recurso contencioso-administrativo de
la Coalició Compromís. Según la sentencia, la comunicación del
vicepresidente segundo del Consell y consejero de Economía y Hacienda,
Gerardo Camps, del 15 de septiembre de 2009, en la que rechazaba aportar la
documentación requerida sobre contratos de la Generalitat con la trama
Gürtel porque estaba afectada por el secreto del sumario, es "contraria a la
Constitución, viniendo obligado a facilitar la información en los términos
solicitados".
"Los que iban a morir te saludan", exclama Mireia Mollà en alusión al PP
La diputada de Compromís Mònica Oltra, que fue también la letrada que
presentó el recurso, explicó ayer que la sentencia señala que fue
inconstitucional la denegación por parte del vicepresidente Económico,
Gerardo Camps, de la documentación solicitada por su formación. Compromís
pretendía conocer los contratos menores establecidos por la Generalitat con
una decena de empresas de la red de corrupción que dirigía Francisco Correa,
entre ellas Orange Market, la sociedad que gestionaba Álvaro Pérez, pero
también otras como Down Town Consulting, Easy Concept, Boomerang Drive,
Special Events o Pasadena Viajes.
"Con esta sentencia, el Consell tiene que contestar", explicó la diputada
electa Mònica Oltra, que añadió que la legislatura todavía está viva hasta
el jueves, día de la constitución de las nuevas Cortes. Si el Consell no lo
hace, Compromís, como anunció su portavoz, Enric Morera, volverá a presentar
la solicitud de documentación, que ahora cuenta con el aval del Tribunal
Superior de Justicia. "El PP no va a poder salirse por peteneras", comentó
Oltra, que recordó las cinco sentencias del Tribunal Constitucional que ha
acumulado la Mesa de las Cortes Valencianas, controlada por el PP, esta
última legislatura por vulnerar los derechos de los diputados al impedir la
tramitación de iniciativas en muchos casos relacionadas con el caso
Gürtel.Según explicó Mònica Oltra, cuando empezaron a producirse las
sentencias del Tribunal Constitucional por vulnerar derechos de los
diputados por la inadmisión de propuestas molestas, lo que hizo el PP fue
admitir a trámite las iniciativas pero contestar cosas distintas a las que
la oposición solicitaba o rechazar las peticiones de documentación. En el
caso de las 1.508 solicitudes de documentación recurridas por Compromís, el
vicepresidente y consejero de Economía, Gerardo Camps, se escudó en que la
investigación del caso Gürtel estaba bajo secreto de sumario. El
TSJCV, sin embargo, considera que incurrió en una ilegalidad al denegar los
documentos. "Siendo el fundamento de la información solicitada el control
parlamentario del Gobierno y la causa invocada en la negativa carente de
legitimidad, la conclusión ha de ser declarativa de la vulneración
constitucional postulada", señala la sentencia del TSJCV.
"Tenemos la férrea voluntad de seguir defendiendo los derechos de los
valencianos", señaló Oltra durante la rueda de prensa de presentación de los
componentes del nuevo grupo parlamentario de Compromís en las Cortes
Valencianas. La diputada señaló que la sentencia del TSJCV, en la que se
recoge que el control del Gobierno es una función parlamentaria "básica" que
está "garantizada por la Constitución", va a "marcar la legislatura", ya que
a partir de ahora el Consell no podrá esquivar las peticiones de información
que formule la oposición.
"No ha sido casual", advirtió Oltra sobre la sentencia, que recordó que es
uno más de los frutos del trabajo desarrollado por el grupo de Compromís. Su
portavoz, Enric Morera, expresó el sentir de los diputados de la coalición
al afirmar. "El PP tendrá que soportarnos cuatro años más pero los
ciudadanos estarán contentos de ver que podemos trabajar por una alternativa
a las políticas de derecha y antivalencianas". La diputada Mireia Mollà fue
más expresiva aún. "Los que iban a morir te saludan", exclamó al inicio de
su intervención, en referencia a las numerosas veces que tanto el presidente
de la Generalitat, Francisco Camps, como el portavoz parlamentario del PP,
Rafael Blasco, y otros diputados del PP, dieron a su grupo por amortizado
tras las elecciones del 22 de mayo.
El grupo parlamentario de Compromís, que estuvo la pasada legislatura, tras
la ruptura con Esquerra Unida, integrado por cuatro diputados, contará en el
mandato que se abrirá mañana con seis diputados. A Enric Morera, Mònica
Oltra, Josep Maria Pañella y Mireia Mollà, se unen Fran Ferri y Juan Ponce.
Los temas de juventud en el caso de Ferri y los relacionados con el medio
ambiente y la sostenibilidad, en el caso de Ponce, serán los asuntos que
centrarán la atención de los dos nuevos parlamentarios de la coalición
valencianista, de izquierdas y ecologista.
LA OPOSICIÓN VE "INVEROSÍMIL" LA DECLARACIÓN DE CAMPS
El PP presentará hoy una denuncia por revelación de secretos
La declaración de Francisco Camps ante el juez que instruye la causa en la
que está imputado por haber aceptado presuntamente regalos de la red Gürtel,
que ayer publicó íntegramente EL PAÍS, generó reacciones en las fuerzas
políticas. El portavoz socialista, Ángel Luna, calificó de "absolutamente
surrealista" la explicación del presidente valenciano. EU insistió en que el
PP debía cambiar a su candidato a presidir la Generalitat valenciana antes
de la investidura. La dirección regional del Partido Popular consideró, en
cambio, que la información era "aclaratoria e incluso positiva"; "lo que
viene a decir es que el presidente se paga todo lo que compra". Aunque
fuentes del PP anunciaron que hoy presentarán una denuncia por revelación de
secretos.
En su declaración judicial, a la pregunta de por qué no conservaba
justificantes de los trajes y otras prendas de vestir (22 en total, según la
Fiscalía Anticorrupción) que supuestamente le obsequió la trama corrupta y
que, según Camps, abonó en metálico, el presidente respondió: "Llevo muchos
años no pidiendo ni tique ni factura cuando yo he pagado por ahí para que
nadie crea que yo luego eso lo cargo a protocolo de nada".
El juez José Flors preguntó a Camps por qué Álvaro Pérez, El Bigotes,
cabecilla de la red corrupta en Valencia, le decía el 7 de enero de 2009:
"¿Has leído mi tarjetón?"; "pues fíjate si te debo". Camps respondió al
juez: "La idea de una Comunidad fuerte y un PP muy fuerte". El magistrado no
se conformó con la respuesta, y agregó: "Insisto en que no tiene usted el
deber de contestar, puede negarse o contestar lo que desee, pero en el
ámbito del discurso lógico, frente a un agradecimiento de muchísimas gracias
y fíjate cuánto te debo, parece deducirse que esa deuda la está compensando
con algo. Eso es por lo que yo le pregunto". Y Camps: "Yo no sé lo que me
debe el señor Álvaro. Mucha gente me dice por la calle: ¡Cuánto le debemos,
presidente!".
CAMPS: "NUNCA PIDO FACTURA NI TIQUE PARA QUE NADIE CREA QUE LO CARGO A
PROTOCOLO"
El presidente valenciano: "Jamás hablé con Álvaro Pérez de actos del
Gobierno"
El presidente valenciano, Francisco Camps, a un paso de sentarse en el
banquillo por un delito de cohecho impropio relacionado con la red Gürtel de
corrupción, se vio obligado a responder a las preguntas que el juez José
Flors y la Fiscalía Anticorrupción le hicieron el 20 de mayo de 2009. Una
explicación que, a la vista de los pasos dados por el magistrado desde
entonces, resultó poco convincente y que hoy reproduce EL PAÍS en parte en
estas páginas y en la página web (www.elpais.com) de manera íntegra.
¿Qué le debe a usted?: "La idea de una Comunidad fuerte"
"En la farmacia de mi esposa pasaría Álvaro y le devolvería el regalo"
"Si nadie me reclama el traje, es que yo he pagado el traje que me
llevo"
"Tenemos claro que hay cosas que no se nos tienen que regalar ni
ofrecer"
Camps será juzgado por haber aceptado presuntamente regalos que le hacía
Álvaro Pérez, El Bigotes, jefe valenciano de la trama Gürtel. Una
práctica que, según la investigación avalada por numerosos jueces en Madrid
y Valencia, la red utilizaba para ganarse la confianza y el favor de los
altos cargos de las Administraciones del PP donde concurría para conseguir
contratos. En Valencia la trama logró adjudicaciones millonarias
supuestamente amañadas y colaboró aparentemente en la financiación ilegal
del PP regional. Por ambas cuestiones cinco jueces acaban de imputar al
círculo de confianza de Camps en el partido y en el Ejecutivo autónomo.
Ese paso demorará algunas semanas, puede que un mes, la decisión de Flors de
abrir o no juicio oral contra el presidente Camps. El Tribunal Superior de
Justicia valenciano debe dilucidar ahora si los nuevos delitos se incorporan
a la llamada causa de los trajes. Lo que sigue es un resumen de la
declaración.
Juez.
¿Tiene alguna especial relación de amistad con Álvaro Pérez? ¿Frecuenta
usted la amistad de este señor?
Camps.
No, la relación ha sido de partido durante todos estos años, es el que ha
organizado los actos del partido y mi relación ha sido siempre en los
grandes actos del partido en la Comunidad Valenciana, porque me ha gustado
siempre supervisar el ingenio, la innovación, los atriles, la iluminación,
para dar un ritmo de modernidad a lo que eran los actos del partido. Y esa
es la confianza que el partido depositó en él durante estos años y es la
única relación que yo he mantenido con él.
J.
¿Además de los actos del partido, parece ser que [Álvaro Pérez] ha
organizado diversos actos para la Administración de la Generalidad
Valenciana?
C.
Si, eso es lo que parece...
J.
¿Le consta a usted?
C.
Bueno me ha constado durante, fundamentalmente, estos días que he visto la
petición, entre otras muchas cuestiones por parte de este tribunal, de la
relación de actos que ha podido realizar para la Administración
J.
¿Y con anterioridad no sabía usted que este señor, a quien usted conocía y
trataba por realizar actos del partido, también los organizaba para el
Gobierno o la Administración de la Generalitat?
C.
Podría tener alguna, más o menos, somera idea al respecto, pero tenga usted
en cuenta que la Administración autonómica...
J.
Perdone, ¿Él [Álvaro Pérez] nunca le ha comentado nada?
C.
¡No! ¡Nunca! Yo he tenido muy clara la división entre el partido y el
Gobierno, yo de hecho he intentado siempre que las personas que estaban en
el Gobierno no estuviesen en el partido, y que las personas que estaban en
el partido no estuviesen en el Gobierno, y esa dicotomía la he mantenido
para mí mismo también (...).
J.
Lo que deduzco de lo que dice es que usted sí que ha hablado alguna vez con
él por actos relacionados con el partido, pero no con actos relacionados ni
con la Administración ni con el Gobierno de la Generalitat.
C.
¡Nunca!
J.
Sin embargo, parece que ha tenido alguna intervención o pretendía tenerla
con la organización de actos que sí que afectan al Gobierno, por ejemplo una
visita institucional a Estados Unidos.
C.
No, esta persona, supe que conocía, a través de otra persona, a un
exembajador de Estados Unidos de Norteamérica en España, que conocía a un
gobernador que tenía posibilidades de ser secretario de Comercio con la
Administración Obama. Se puso en contacto, pero la realidad es que yo hice
esa visita en diciembre y lo hice a través de un antiguo compañero mío,
secretario de Estado para la UE de Exteriores, con quien hice la visita a
este señor.
J.
Lo que quiere decir usted es que sí que ha hablado con [Álvaro Pérez]
respecto de organizaciones de actos que afectan al partido pero no respecto
de actos que afectan al Gobierno. ¿Eso es lo que usted afirma?
C.
Nunca he hablado con él de cosas que tienen que ver con el Gobierno. Ni con
la Administración autonómica.
J.
Parece ser que por indicación de este señor [Álvaro Pérez], o bien porque le
acompañara, usted fue a hacer un encargo de prendas de vestir a un
establecimiento de Madrid. ¿Esto es así?
C.
Bueno, me habló en un momento determinado, sería en alguna reunión en el
propio partido, que él conocía a alguien en una tienda en Madrid que tenía
sastrería industrial y que acoplaba trajes ya hechos de confección que
quedaban bien, y estaban a muy buen precio. Un día de los que fui por
Madrid, me acerqué a la tienda, conocí al señor Tomás, y me presenté y esa
es la circunstancia
J.
¿Y adquirió usted allí alguna prenda de vestir, en este establecimiento
llamado Milano?
C.
En este establecimiento no adquirí ninguna prenda. No hubo manera de que
ninguna de las prendas que intentaba acoplarme me viniese bien.
J.
Después de este incidente, parece ser que usted también fue a otra tienda
regentada por el mismo señor, que se llama Forever Young, donde al parecer
también encargó prendas de vestir.
C.
Quien me llamó fue Tomás, me dijo que había cambiado de tienda, que estaba
en un lugar fenomenal en el paseo de la Castellana, que, por favor, me
pasara por allí, que estaba llamando a clientes de la anterior tienda, que
había comprado un sistema de confección industrial, no de sastrería, que el
precio de los trajes sería interesante. Y allí aparecí, a finales de 2006.
Yo le llevé un traje mío, de los que tengo de sastrería, para ver si lo
podía mirar, para no perder tiempo otra vez con la chaqueta, el pantalón,
etcétera. Bueno, me hizo dos trajes en aquel momento, y luego fui a
recogerlos, debió de ser a principios del 2007, recogí los trajes, le pagué
al señor Tomás los trajes y me volví.
J.
¿Los pagó en efectivo?
C.
Sí.
J.
(...) ¿Ha comprado usted o ha encargado alguna otra prenda de ropa en
Forever Young?
C.
Sí, sí, sí. Cuando esos dos trajes ya me venían, unos trajes también
relativamente baratos, pues fui por la tienda, recogí los trajes y me dijo:
mira, si te parece, como la cosa va funcionando, bueno ahora le hemos cogido
el aire, no sé cuantos... Al final terminé encargando un tercer traje.
J.
¿Cómo satisfizo usted el importe de este traje?
C.
En efectivo
J.
(...) Y aparte de estas prendas. ¿Ha adquirido usted alguna otra cosa en
2007 y 2008?
C.
En el 2007, zapatos, que eran muy bonitos y estaban a muy buen precio.
J.
¿Y eso también lo abonó en efectivo?
C.
Sí, en efectivo
J.
¿Y unos pantalones, parece decir Tomás que se llevó juntamente con los
zapatos?
C.
No, no, no, yo en la tienda solo he comprado trajes, este par de zapatos, y
en el 2008 (...) yo fui por allí, estuve viendo prendas. Y lo único que me
interesó de allí fue un bléiser azul marino. Recuerdo perfectamente que
estaba rebajado a 150 euros (...).
J.
¿También pagó en efectivo?
C.
Lo pagué en efectivo, y además no tenía la intención de llevarme la bléiser.
No lo había comentado en casa, llevaba el dinero, que como siempre me había
preparado mi mujer en efectivo para pagar. Mi mujer es la que lleva la
economía doméstica de casa. Y recuerdo que no llevaba la cantidad para
poderla comprar. Salí de la tienda y le pregunté al chófer y al escolta si
habían [tenían] a bien, si llevaban dinero, dejarme dinero para poderme
comprar pues no llevaba dinero suficiente. El escolta me dio 150 euros y
pagué el traje y la bléiser, subí al coche y ya no volví nunca más.
J.
Ahora escuchará usted el contenido de esta conversación que mantuvo usted
con Álvaro Pérez el día 7 de enero de este año. ¿Reconoce ahí su voz?
C.
Sí, y la de mi mujer.
J.
¿Y la de Álvaro Pérez?
C.
Sí.
J.
Habrá escuchado que al principio de la conversación se interrumpe, usted
dice: '¡Oye, muchísimas gracias!' Y él le contesta: '¿Has leído el
tarjetón?, ¡fíjate lo que te debo!' ¿Esto a qué responde? ¿Tuvo algún
regalo?
C.
No. Muchísimas gracias, es porque me decía que yo había hecho muy grande el
partido político en la Comunidad Valenciana, y que yo sí que era un líder
indiscutible del partido, etcétera... No sé si sabrá pero durante estos años
viví las circunstancias internas del partido muy complicadas, y bueno, pues
mucha gente entiende después de las elecciones autonómicas de hace dos años
ganadas por mayoría absoluta...
J.
Sí, pero al margen de estas incidencias en el partido, la expresión que
utiliza este señor cuando usted le dice: '¡muchas gracias!' Le dice: '¿has
leído mi tarjetón?, ¡fíjate si te debo!' ¿Qué le debe este señor a usted?
C.
La idea de una Comunidad fuerte y un PP muy fuerte... porque es que en
relación con él.
J.
¿Eso es lo que le debe el señor Álvaro Pérez a usted? (...) Insisto en que
no tiene usted el deber de contestar, puede negarse o contestar lo que
desee, pero en el ámbito del discurso lógico, frente a un agradecimiento de
muchísimas gracias y fíjate cuánto te debo, parece deducirse que esa deuda
la está compensando con algo. Eso es por lo que yo le pregunto.
C.
Yo no sé lo que me debe el señor Álvaro. Mucha gente me dice por la calle:
'¡Cuánto le debemos, presidente!' No lo sé, pero en cualquier caso nada que
vaya mas allá de lo que es el convencimiento de que, bueno, que dirijo el
partido, y lo dirijo bien (...)
J.
En ese mismo contexto, el día siguiente al día de Reyes hay otra expresión
que según ha dicho usted es de su esposa, que dice: '¡Con el mío te has
pasado 20 pueblos!' ¿A qué se refería?
C.
Posiblemente era con la pulserita de la niña.
J.
¡No, con el "mío"! Porque después hablan de la pulsera de la niña. ¿Le hizo
algún regalo a su esposa, Álvaro?
C.
Sí, sí, sí, el regalo que devolvió mi mujer.
J.
¿Qué regalo era?
C.
Un reloj
J.
¿De qué características?
C.
La verdad es que no lo sé, porque yo intenté ni verlo. Isabel lo tenía
clarísimo también. Nosotros, como habrá podido comprobar en la conversación,
entendemos que hay cosas que no se nos tienen ni que regalar ni que ofrecer
ni que proponer, lo tenemos muy claro desde hace muchísimos años. Soy
responsable público en muchas tareas mucho tiempo, y mi mujer conmigo ha
compartido un criterio claro, de que no podemos recibir regalos de nadie, y
que por tanto, de una manera o de otra, vamos devolviendo los regalos
J.
¿Y cómo devolvió el reloj?
C.
Creo recordar que fue en la propia farmacia de mi mujer, que pasaría Álvaro
por la farmacia y le devolvería el regalo.
J.
¿Qué regalo era el de la niña?
C.
Creo, por lo que luego me ha contado mi mujer, porque yo no lo vi, que era
una pulserita de estas de cuero con una medallita que ponía no sé qué lema.
J.
¿Y también eso se devolvió?
C.
¡Todo, todo se devolvió!
J.
(...) ¡En la farmacia!
Fiscal.
Dice que pagaba en efectivo. ¿Tiene algún recibo, factura o algún documento
que acredite que hiciese el pago en efectivo?
C.
El traje. ¡Yo pago y me llevo el traje! Y si nadie me reclama el traje es
que yo he pagado el traje que me llevo.
F.
En ningún caso reclamó un documento dada la posición que ocupa, la
posibilidad de que pudiera...
C.
Justo por eso, ¡fíjese! Yo llevo muchos años no pidiendo ni tique ni factura
cuando yo he pagado por ahí para que nadie crea que yo luego eso lo cargo a
protocolo de nada. Justo por esas circunstancias tampoco utilizo la tarjeta
de crédito nunca, la utiliza mi mujer; la tarjeta de crédito que tengo es
una tarjeta que pago casi más de cuota que de gasto que hago con ella,
porque he entendido siempre que como responsable político y dadas las
circunstancias que recuerdo cuando era concejal en los años noventa, que era
mucho mejor dejar claro que la tarjeta era de mi mujer, por tanto que es
dinero nuestro, y que si yo pedía factura o tique... He cogido taxis en
Valencia alguna vez y, jamás he pedido obviamente tique como sí que hacen
muchos funcionarios o personas que trabajan para empresas, para que nadie
crea que hay una especie de cuenta de protocolo que paga ni trajes, que paga
ni cafés, que paga.
F.
Pero precisamente para que constara que es un gasto personal que usted no
imputaba a ninguna cuenta ni a ningún gasto. ¿No reclamó ninguna
documentación justificativa del mismo?
C.
¿Pero que más justificación que el propio traje que yo me llevo de la tienda
de forma pacífica? Es que nunca he pensado, jamás en mi vida, que comprarse
algo en un sitio y llevárselo y pagarlo en metálico... Si fuese a reclamar
luego. No me desgravo esas facturas, no las incluyo en ningún gasto de
protocolo, mi mujer se fía de mí porque es la que me da el dinero, que es
ante quien respondo, y ella ante mí, y no tiene sentido otra cosa, creo yo.
F.
Cuando dice que su mujer es la que le da el dinero, la que gestiona la
economía doméstica, ¿es la encargada de ir al banco a?
C.
¡Todo! ¡Todo, todo, todo!
F.
Ese dinero en metálico que le da, ¿lo saca ella del banco?
C.
Todo, todo. Lo saca del banco o de la caja de la farmacia, porque ella tiene
una farmacia, y bueno, esa es nuestra vida.
F.
¿Y usted tiene los extractos del banco que acrediten que en esas fechas ha
efectuado las [retiradas] de dinero?
C.
Bueno, estamos hablando de cantidades, sí, hay un movimiento de dinero que
sale del banco de ella, vamos, de la cuenta corriente que ella es la que
maneja, pero en cualquier caso ya le digo que ella tiene una farmacia, tiene
dinero en efectivo y compra ella porque tiene dinero.
Letrado de la defensa.
¿En alguna otra compra particular, a usted se le ha ocurrido pedir una
factura de lo que compraba?
Camps.
No
L.
¿Por qué no utiliza la tarjeta de crédito personal, podía ir a Forever y
pagar con la tarjeta?
C.
Porque no lo hago nunca, porque nos arreglamos mejor en mi casa así, y por
lo que le he dicho antes, creo que quedó en el imaginario colectivo el uso
de tarjeta por parte de políticos como si la tarjeta fuese a una cuenta
corriente.
L.
¿Para que no le vean utilizar la tarjeta? ¿Por imagen?
C.
Sí. Bueno, al final uno va tomando decisiones de imagen, ¿no? De la forma de
vestir, de la forma de comportarse.
L.
¿Todo lo suyo lo paga en efectivo?
C.
Sí, bueno, si voy con mi mujer, siempre paga mi mujer.
Juez.
Ante esa costumbre de pagar en efectivo, normalmente quien así lo hace suele
pedir el tique de compra, simplemente para que cuando pase con la bolsa por
la puerta de salida si suena algún artilugio electrónico pueda justificar la
compra. Usted, a pesar de eso, ¿no pide nunca tiques de compra?
Camps.
Bueno, estamos hablando de una tienda en donde el encargado era el que me
daba el traje y yo lo pagaba.
J.
¡Es que yo he entendido que su modo habitual de actuar es no pedir nunca
tique de compra!
C.
Nunca pido tique, efectivamente, nunca pido tique.
J.
¿Y lo poco que compra no pide nunca tique de compra?
C.
Nunca.
J.
¿A pesar del riesgo de pasar con la bolsa por la puerta?
C.
Bueno, vamos a ver, si es de ropa, si es por el lugar por donde se pasa por
el lugar donde puede haber algún tipo de..., he ido con Isabel, he ido con
mi mujer.
J.
¿Quiere usted decir algo que no se le haya preguntado y considere de interés
para esclarecer estos hechos?
C.
Sí, que niego la mayor. Esto sinceramente no tiene sentido alguno, a mí
nadie nunca jamás me ha pagado un traje, nunca, que no lo habría permitido.
¡Nunca, que me pagasen un traje! Qué sentido tiene que alguien me pague un
traje. Y que he intentado siempre tener clara la diferencia entre mi vida
personal y mi vida política. Y en la vida política, mi vida como presidente
de la Generalitat, y como presidente del partido. Y que creo durante estos
años haberlo conseguido.
LA GRABACIÓN QUE OYÓ EL PRESIDENTE
7 de enero de 2009, 22.38.
Álvaro Pérez.
¿Has leído mi tarjetón?
[la comunicación se interrumpe y continúa después].
Camps.
Muchísimas gracias, ¿eh?
Á.
Bueno, escucha, tú... ¿Has leído mi tarjetón?
C.
Sí, sí, sí...
Á.
Bueno, pues fíjate, fíjate si te debo...
C.
Bueno, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de lo
nuestro... que es muy bonito.
EL PP ADVIERTE DE MÁS DENUNCIAS AL PSPV POR EL MAPA DE LA CORRUPCIÓN
Clemente ratifica la denuncia contra Alarte por injurias y calumnias - Dice
que incluye fotos erróneas y declara en paradero desconocido a una persona
que murió
El secretario general del PPCV, Antonio Clemente, ha afirmado hoy que su
partido estudia la posibilidad de denunciar por injurias y calumnias a todo
aquel cargo político que difundió el mapa sobre la corrupción elaborado por
el PSPV-PSOE.
Clemente ha acudido hoy a la Ciudad de la Justicia de Valencia para
ratificar la denuncia por un delito de injurias y calumnias graves con
publicidad contra el secretario general del PSPV, Jorge Alarte, por la
difusión de este documento en el que aparecen hasta 60 autoridades
valencianas.
"En política, como en la vida, todo tiene un límite y los socialistas ya lo
han pasado", ha advertido para recordar que en la rueda de prensa en la que
se presentó este informe, celebrada en la sede del PSOE, estaban presentes
junto a Alarte el portavoz socialista en Les Corts, Ángel Luna, y la
portavoz del Comité Electoral del PSOE, Elena Valenciano.
Ha recordado que "importantes dirigentes del PSPV y del Partido Socialista
han hecho referencia a este documento o lo han exhibido en comparecencias
públicas" y ha incidido en que estas personas "también tienen una
responsabilidad por la difusión de este documento" semejante a la que tiene
Alarte.
Los socialistas, ha advertido, "han cruzado una delgada línea roja", ante lo
que el PP va a actuar con "absoluta contundencia, porque no es una
casualidad que este informe se presentara unos días antes de que se iniciara
la campaña electoral".
Clemente, quien se ha mostrado convencido de que "igual que las urnas han
puesto en su sitio al Partido Socialista, los juzgados también lo harán", ha
ratificado la voluntad de algunas de las personas aludidas en este informe
de iniciar acciones legales contra los socialistas de forma independiente.
Preguntado sobre el contenido del informe socialista, ha señalado que aparte
de ser un documento que solo "insulta y ataca" a diligentes del PP, está
"muy mal confeccionado y de manera muy burda".
En este sentido, ha señalado que lleva fotos "que no se corresponden con las
personas a las que se quiere hacer mención y se dice que hay una persona que
está en paradero desconocido, cuando parece ser que hace más de un año que
ha fallecido".
EL TRIBUNAL DE VALENCIA ABRE CAUSA POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE
CAMPS
Los jueces asumen la competencia de la inhibición dictada por el juez
Antonio Pedreira
El Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJV) se ha declarado
competente hoy para investigar el grueso de la vertiente valenciana del caso
Gürtel. Como adelantó la semana pasada este diario, la Sala Civil y Penal
del tribunal ha avalado los múltiples indicios que constaban en la
inhibición dictada por el juez instructor de la causa en Madrid, Antonio
Pedreira, que indican que la cúpula del PP valenciano y los principales
cargos del Gobierno de Francisco Camps cometieron presuntamente graves
delitos de corrupción: delito electoral (financiación ilegal de campañas
electorales), cohecho y prevaricación durante la prolongada relación que
mantuvieron con la trama dirigida por Francisco Correa, que tenía en
Valencia como máximo representante a Álvaro Pérez, El Bigotes.
La decisión del tribunal desvela la secuencia completa de la aparentemente
vasta cadena corrupta que forjó la red en la Comunidad Valenciana al amparo
del PP regional y la Generalitat. Los procesos judiciales estaban limitados
hasta ahora formalmente a los regalos de prendas de vestir a los principales
cargos públicos autonómicos, entre ellos Camps, que está a punto de ser
juzgado por ello. Según la investigación que ahora avala el TSJV, la red
utilizaba la entrega de dádivas como una forma de engrasar la maquinaria
corrupta: ganarse la confianza y el favor de los responsables de las
Administraciones ante las cuales concurrían para obtener contratos.
La decisión del TSJ supone abrir varios procedimientos contra los numerosos
altos cargos implicados en el caso. Los aforados serán encausados por el
tribunal y los no aforados, como Pedro García, exdirector de Canal 9 y
exresponsable de Comunicación en Presidencia de l Generalitat, en distintos
juzgados, incluidos los de Madrid, donde se instruye el grueso del proceso.
EL PSOE PIDE QUE CAMPS NO TOME POSESIÓN COMO PRESIDENTE
Los socialistas pasan a la acción en el caso Gürtel y piden que
Francisco Camps no tome posesión como presidente valenciano tras conocer el
auto del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en el que se
acepta la competencia para investigar a la cúpula del Gobierno
valenciano y del PP valenciano por
financiación ilegal, cohecho y prevaricación.
Durante cuatro años, la empresa Orange Market, perteneciente a la red
corrupta que dirigía Francisco Correa, recibió decenas de contratos sin
concurso de las distintas consejerías del Gobierno de Francisco Camps y
durante esos cuatro años ganó el concurso por casi un millón de euros
anuales para montar el pabellón valenciano de Fitur en Madrid. La
investigación ha detectado múltiples anomalías en ese concurso que adjudicó
la consejería de Turismo cuyos máximos responsables recibieron regalos caros
de la red corrupta.
A la vez, la investigación del caso Gürtel también detectó que numerosos
actos electorales del PP eran financiados por empresas privadas que, a su
vez, recibían numerosos contratos del Gobierno valenciano. Y que esas
empresas privadas pagaban los actos electorales del PP a Orange Market, la
empresa de la red Gürtel, como si se tratara de otros servicios que en
realidad no existieron.
La investigación judicial también ha descubierto que, en muchos casos, el PP
pagaba por actos electorales sin declarar esos desembolsos de dinero a
Hacienda. Todas estas irregularidades, que ponen bajo sospecha a numerosos
cargos del PP valenciano y del Gobierno de Camps, serán investigadas ahora
por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.
La portavoz del PSOE, Elena Valenciano, declaró: “Camps no debe tomar
posesión nuevamente como presidente de la Generalitat Valenciana. Sino lo
hace él, debe obligarle Rajoy porque la decisión del TSJV demuestra que la
implicación de Camps en Gürtel es por algo más que un par de trajes”.
El PP quiere seguir gobernando
Antes de conocer la decisión del TSJCV, pero adelantándose a la que,
probablemente, sea la decisión del PP, la consejera portavoz de la
Generalitat, Paula Sánchez de León, ha rechazado “rotundamente” que la
posibilidad de que se abra juicio oral al presidente del Gobierno valenciano
signifique que no pueda seguir gobernando. “Niego rotundamente que sentarse
en el banquillo equivalga a que el presidente no pueda seguir gobernando
porque así se lo han pedido los ciudadanos”, ha aseverado. Sánchez de León
realizó estas declaraciones en una entrevista concedida a RNE y ha recalcado
que “sentarse en un banquillo no significa en absoluto ser culpable” sino
que es “una consecuencia de la judicialización de la política que se ha
producido”. “Y una vez se inicia un proceso, éste tiene un principio y un
fin y tenemos que esperar a que llegue”, ha indicado.
Tras conocer el auto, Sánchez de León ha reclamado un “escrupuloso” respeto
a la presunción de inocencia de los cargos públicos a los que se va a
investigar. La portavoz del Ejecutivo autonómico ha trasladado “el respeto
rotundo del Consell a la labor jurisdiccional” y ha mostrado su confianza en
que el Poder Judicial “velará por el secreto de las actuaciones
judiciales”.
Honorabilidad "fuera de toda duda"
El PP ha emitido un comunicado en el que reduce el auto hecho público por el
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana a una cuestión
“estrictamente competencial”. El escrito precisa que “únicamente se declara
competente para investigar, pero ni juzga ni imputa a nadie”. Además,
aprovecha para “dejar claro y fuera de toda duda”, tal como señala, “la
honorabilidad de todas aquellas personas a las que se refiere el auto” y
recuerda que las cuentas del partido están "debidamente" auditadas tanto
interna como externamente y por el Tribunal de Cuentas
EL TSJ VALENCIANO DA EL PRIMER PASO PARA IMPUTAR
POR CORRUPCIÓN A LA CÚPULA DEL PP DE CAMPS
La asunción de la investigación de los supuestos
delitos de prevaricación, cohecho, financiación ilegal y delitos fiscales
podría producirse antes de las elecciones del 22 de mayo
El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha dado hoy el
primer paso para asumir el grueso de la investigación de la vertiente
valenciana del caso Gürtel. En ella figuran múltiples indicios de que la
cúpula del PP valenciano y los principales cargos del Gobierno de Francisco
Camps
cometieron los delitos de prevaricación, cohecho, financiación ilegal
(delitos electorales) y delitos fiscales con motivo de la estrecha
relación y los numerosos negocios que mantuvieron durante años con la trama
corrupta.
La Sala Civil y Penal del TSJ ha solicitado la acreditación de
"la actual condición de aforadas de dichas personas por su pertenencia a la
Diputación Permanente", una vez que las Cortes Valencianas han sido
disueltas por la convocatoria de las elecciones del 22 de mayo. Un paso
imprescindible para proceder a asumir la competencia de la investigación de
los supuestos delitos, que se deriva de la segunda inhibición dictada por el
juez instructor del caso en Madrid, Antonio Pedreira, a favor del tribunal
valenciano.
Son miembros de la Diputación Permanente, y por tanto deben
acreditar su actual condición de aforados: David Serra (vicesecretario del
PPCV, diputado, candidato); Yolanda García (tesorera del PPCV, diputada,
candidata); Ricardo Costa (exsecretario general del PPCV, diputado, portavoz
parlamentario de Economía, candidato, que ya está imputado en la causa de
los trajes) y Milagrosa Martínez (Presidenta de las Cortes Valencianas,
exconsejera de Turismo, candidata).
En la inhibición a que se refieren los cinco magistrados que
forman la Sala Civil y Penal, figuran también como presuntos autores de
graves delitos de corrupción Vicente Rambla (vicepresidente de la
Generalitat y candidato); Cristina Ibáñez (administradora del PPCV); Luis
Bárcenas (extesorero del PP nacional); Rafael Betoret (exjefe de gabinete de
la Consejería de Turismo, responsable de protocolo en la Diputación de
Valencia, también imputado en el caso de los trajes), y Pedro García
(exdirector de Canal 9 y exsecretario de Comunicación de Presidencia de la
Generalitat).
En la inhibición se hace referencia igualmente a diversos
funcionarios y cargos con altas responsabilidades en distintas consejerías
de la Generalitat, que habrían adjudicado directamente contratos a dedo a
las empresas de la trama o los habrían parcelado en contratos menores para
burlar los controles legales. Y se señala que algunas de dichas
adjudicaciones precisaban la autorización del Gabinete del presidente Camps.
Los plazos, señalan fuentes jurídicas, van a ir muy justos: no
se puede descartar que la asunción de la competencia y por tanto la
imputación de los altos cargos mencionados se produzca antes de las
elecciones del 22 de mayo, pero también podría tener lugar poco después. Lo
que la decisión anuncia, en todo caso, es que el tribunal tomará la decisión
en breve, con lo que ello significa en el contexto de los ritmos judiciales.
Si la decisión se anuncia antes de las elecciones, las listas
del PP valenciano serían aún más difíciles de digerir, al aumentar de cinco
a nueve el número de candidatos imputados por corrupción.
Llegue antes o después de los comicios, la asunción de la
investigación por parte del TSJ, que es a lo que todo apunta, completará la
secuencia judicial de la corrupción masiva que la red Gürtel presuntamente
desarrolló en Valencia al calor del PP y el Ejecutivo autonómicos, ambos
presididos por Camps.
Según la investigación, apoyada en declaraciones de testigos,
registros en oficinas y propiedades de la trama, intervención de las
comunicaciones de los cabecillas de la red, informes de la policía, la
Guardia Civil, la Agencia Tributaria, la Intervención General de la
Administración del Estado y la Dirección General del Notariado, la red
dirigida por
Francisco Correa y Álvaro Pérez, El Bigotes, logró unos ocho millones de
euros en adjudicaciones de la Generalitat. La red saqueó los fondos públicos
destinados a cubrir la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de
2006. Las empresas de la trama, siempre según la investigación, participaron
en la financiación ilegal de las últimas campañas electorales del PP
sirviendo del vehículo a los fondos que aportaban ocho constructoras
valencianas.
Y, para engrasar esa maquinaria corrupta, se hincharon a hacer
regalos (joyas, relojes, artículos de lujo, prendas de vestir e incluso un
automóvil) a altos cargos del Gobierno valenciano y del PP. La trama
apuntaba todas esas dádivas en sus libros, pero los investigadores sólo han
podido confirmar la "realidad" de los mismos en aquellos casos en los que,
además, ha podido hallar otros medios de pruebas, como facturas y
declaraciones de testigos en los comercios. En esta última situación se
encuentra el propio presidente Camps, a quien la Fiscalía Anticorrupción
considera sobradamente acreditado que la trama Gürtel entregó, "al menos" 12
trajes, cuatro americanas, cinco pares de zapatos y cuatro corbatas por
valor de 14.021 euros de la trama Gürtel entre los años 2005 y 2008.
EL PP INTENTA EVITAR QUE CAMPS SEA JUZGADO CON CORREA Y EL BIGOTES
En Madrid, el partido es acusación mientras que en Valencia tiene imputados
El Partido Popular ha presentado un recurso contra la decisión de la Sala
Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia valenciano de aceptar que
Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, imputados
por aceptar regalos de la trama Gürtel, sean juzgados con quienes
presuntamente les hicieron esos obsequios: los cabecillas de la red corrupta
Francisco Correa; Álvaro Pérez, El Bigotes, y Pablo Crespo.
El resto de partes tiene hasta mañana para presentar alegaciones. La
respuesta del tribunal se conocerá seguramente la semana que viene. Fuentes
jurídicas consideran poco probable que el recurso sea atendido, dado que se
presenta ante los mismos magistrados que tomaron la decisión. El PP, autor
del recurso, se halla en una posición judicial extraña: en Madrid, donde se
instruye el grueso del caso Gürtel, está personado como acusación;
mientras que en Valencia, Camps, su candidato en las elecciones del 22 de
mayo, figura como acusado.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, presidido por Pilar de la
Oliva, aceptó juzgar juntos a los presuntos sobornadores y a los presuntos
sobornados, pero dejó al juez instructor del caso de los trajes, José Flors,
plena libertad para decidir lo que estimara procedente.
Una posibilidad consiste en que la acusación contra el presidente valenciano
por cohecho impropio (solo aceptar regalos) se convierta en otra por cohecho
(aceptar dádivas y a cambio adoptar decisiones injustas o ilegales). Según
la investigación, la Generalitat adjudicó a dedo contratos por cerca
de ocho millones de euros a la trama. Dicho escenario agravaría la situación
judicial de Camps (el cohecho lleva aparejada cárcel), pero demoraría la
apertura de juicio hasta después de las elecciones.
Otra posibilidad, que las fuentes consultadas consideran más probable, es
que el juez, que tiene prácticamente lista la apertura de juicio oral contra
Camps por cohecho impropio, no cambie la acusación contra él y derive a otro
procedimiento el enjuiciamiento de los cabecillas de la trama, a quienes
podría acompañar alguno de los imputados en el caso de los trajes que no
está aforado, como Campos o Betoret. Este último intervino directamente en
la adjudicación de contratos bajo sospecha a la trama, según subrayó la
Fiscalía Anticorrupción. Si fuera así, el juez podría enviar a Camps al
banquillo antes de las elecciones. Y ello no impediría, agregan las fuentes,
que el presidente pudiera ser imputado más adelante por prevaricación y
financiación ilegal.
EL CONSELL PAGÓ 600.000 EUROS A LA GÜRTEL CON CORREA YA EN PRISIÓN
El abono se hizo un mes después de que Camps declarara ante el juez Flors
El Consell pagó 606.100 euros a la trama Gürtel en julio de 2009, con la
cúpula de la red corrupta en prisión y apenas un mes después de que el
presidente de la Generalitat, Francisco Camps, compareciera en la sede del
Tribunal Superior de Justicia valenciano para declarar ante el juez José
Flors por aceptar regalos de Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez,
El Bigotes.
La Generalitat, a la que los proveedores reclaman pagos por facturas de hace
dos años, abonó con extraordinaria rapidez la minuta relativa al stand
de la Comunidad Valenciana en Fitur 2009 a Orange Market, una de las
empresas de la trama, a la que según la investigación el Consell adjudicó
a dedo contratos por más de ocho millones de euros. La factura fue
registrada en la Agencia Valenciana de Turismo el 1 de junio de 2009. En un
mes, el 2 de julio, se libró el pago. La celeridad en el abono destaca si se
tiene en cuenta que los 606.000 euros se pagaron a la empresa que
administraba El Bigotes. Es decir, el Consell pagó 100 millones de las
antiguas pesetas cinco meses después del desmantelamiento de la trama Gürtel,
la red acusada de corromper a cargos públicos, financiar ilegalmente al PP y
blanquear dinero en paraísos fiscales.
El PSPV mostró ayer la factura para contrastarla con los impagos de la
Generalitat a sus proveedores legales.El portavoz del Grupo Socialista en
las Cortes Valencianas, Ángel Luna, compareció ayer ante los medios para
desglosar los problemas financieros de la Generalitat Valenciana. Según las
cifras que mostró, los compromisos de pago del Consell se elevan actualmente
a más de 50.000 millones de euros (8,3 billones de las antiguas pesetas).
"Es el sueldo de todos los valencianos durante un año, tanto de los
trabajadores del sector público como los del privado", explicó Luna,
"tendríamos que estar todos sin cobrar durante un año para pagar lo que debe
la Generalitat".
Luna empleó estos datos para destacar la gravedad del problema de la deuda a
los proveedores y para minimizar la importancia de los 633 millones que el
PP valenciano reclama al Gobierno central del fondo de competitividad. De
hecho, esa cifra solo supone el 1,26% de los referidos 50.000 millones.
Para ver la evolución de la deuda basta analizar los datos disponibles de
los últimos años. En 1995, cuando Eduardo Zaplana ganó las elecciones, el PP
acusó a los socialistas de haber generado un inmenso agujero económico que
heredaban del Consell de Joan Lerma. Y según cifras del Banco de España, en
septiembre de 1995, ya con Zaplana instalado en el Palau de la Generalitat,
la deuda autonómica, incluidas las empresas y organismos dependientes, se
elevaba a 420.000 millones de pesetas (2.253 millones de euros). Es decir,
en 16 años de gobierno del PP la deuda se ha multiplicado por 20.
Para llegar a la cifra de un cinco y diez ceros que esgrimió en rojo el
portavoz socialista, Luna desglosó varias partidas. La más gruesa fue la de
los compromisos de pago con cargo a los ejercicios futuros según las cuentas
de la Generalitat de 2009, que sumaban 32.101 millones de euros. Luego sumó
los compromisos no reconocidos a finales de 2009 según el informe del Síndic
de Comptes de aquel ejercicio, por un total de 3.000 millones de euros.
Luego añadió las deudas no reconocidas, lo que denominó "facturas escondidas
en el cajón", que según el Síndic se elevan a otros 3.000 millones. Luego
sumó otros 5.000 millones en concepto de previsión de incremento de
compromisos de 2010, que reconoció que era una estimación a la baja -"vamos
a ser benévolos"- basada en los 7.000 de 2009. Y por último incluyó otros
9.600 millones de las empresas públicas según el presupuesto de 2011. Es
decir, Luna aseguró que solo ha usado las cifras públicas reconocidas y
reconocibles, sin entrar en "las cláusulas de confidencialidad que están
ahora tan de moda en los contratos públicos".
Para dar datos más técnicos, el portavoz socialista también habló del fondo
de maniobra de la Generalitat (que compara el activo a corto plazo con las
deudas a corto plazo). Un parámetro que ha pasado de un saldo negativo en
2005 de 3.071 millones de euros a los 7.906 de 2009.
Luna también abordó la reciente emisión, en apenas unas semanas, de deuda
pública del Consell por 1.200 millones de euros, el 90% de lo consignado en
los presupuestos para todo 2011 (en total 1.328 millones). "A partir del 22
de mayo no cobrará nadie o tardará un año en cobrar", aseguró Luna, para
añadir que esta situación no la va a arreglar quien la ha ocultado y quien
no da la cara, en referencia a Camps: "No sé si tiene dolor de corazón por
los que no cobran pero desde luego no tiene propósito de enmienda".
Tras las manifestaciones de Luna, el secretario del grupo parlamentario
popular en las Cortes, David Serra, acusó al socialista de "desear la
quiebra financiera de la Comunidad para que así Alarte pueda conseguir algún
voto". Y añadió: "Es triste que un socialista anteponga los intereses
electorales al progreso de toda una comunidad".
Orange Market no esperó para cobrar
- Estalla Gürtel. Correa y El Bigotes, detenidos el 9 de febrero de 2009.
- Camps en el TSJ. El presidente declara ante Flors el 20 de mayo.
- Fitur. La factura de 606.100 euros llega a Turismo el 1 de junio.
- El cobro. La consejería paga el 2 de julio.
- Otros proveedores Todavía hay pagos pendientes desde 2009.
EL TRIBUNAL ACEPTA JUZGAR A CAMPS Y LA CÚPULA DE GÜRTEL JUNTOS POR COHECHO
La Sala Civil y Penal deja en manos del magistrado Flors la decisión de unir
las acusaciones - El juez podría abrir otra causa para enjuiciar a los jefes
de la red
Las
fructíferas relaciones que, según múltiples informes policiales y de la
fiscalía, mantuvieron el Gobierno y el PP valencianos con la trama Gürtel
prometen darle nuevos quebraderos de cabeza al presidente de la Generalitat,
Francisco Camps, posiblemente antes de las elecciones del 22 de mayo. La
primera de esas novedades se conoció ayer. El Tribunal Superior de Justicia
de la Comunidad Valenciana (TSJCV) dictó un auto en el que acepta la
inhibición decretada hace semanas por su homónimo de Madrid para que los
cabecillas de la red corrupta puedan compartir banquillo de los acusados por
los regalos de los trajes con Camps,
Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Lo que se haga al final
dependerá del juez que tramita el caso de los trajes,
José Flors,
en cuyas manos han dejado sus colegas del tribunal valenciano la decisión de
si se juzga a Camps y los otros altos cargos junto a los jefes de la trama
Gürtel (Correa, Crespo y Álvaro Pérez, el Bigotes) u opta porque unos
y otros sean juzgados por separado y con delitos distintos.
La resolución que adopte Flors tendrá consecuencias importantes. Podría
implicar que la imputación de Camps y del resto de acusados por cohecho
pasivo impropio (aceptar los regalos sin hacer nada a cambio) se
transformara en otra causa por cohecho propio y se juzgue a todos bajo esa
premisa. De esto cabría colegir que las dádivas que Camps, Costa, Betoret y
Camps recibieron lo fueron a cambio de los favores y contratas a dedo (por
importe de unos 8 millones de euros) que la Administración dio a la red
mafiosa que dirigía Correa en Madrid y el Bigotes en Valencia.
Fuentes jurídicas no creen que Flors vaya a detener ahora el sumario de los
trajes, que tiene ultimado y casi listo para juicio ante un jurado popular,
para incorporar en él a los jefes de Gürtel. Ven más factible que abra otro
procedimiento contra los cabecillas de la trama.
Si es así, antes de las elecciones de mayo, Flors sometería a Camps y los
demás políticos imputados a una vistilla, a la que obligatoriamente tendrían
que asistir, como paso previo a los preparativos del juicio ante el jurado
popular. El auto dictado ayer por el TSJCV, que contiene un voto particular
del juez Juan Montero, opuesto a la asunción de la competencia, subraya:
"Procede acceder a la inhibición planteada declarando la competencia de este
Tribunal para el conocimiento de las conductas realizadas por las personas
que presuntamente entregaron las prendas de vestir a las personas respecto
de las cuales se sigue el presente procedimiento del Tribunal del Jurado
sobre cohecho pasivo impropio, decidiendo el ilustrísimo magistrado
instructor con plena libertad de criterio, lo que estime procedente de estos
nuevos hechos".
Las
"particulares" circunstancias del caso Gürtel, cuya investigación se
sigue simultáneamente por tribunales de distintas comunidades, llevan a la
Sala a considerar que ambas opciones -mantener tal cual la actual
causa contra Camps
y los otros altos cargos y abrir otra contra los jefes de Gürtel, o bien
juzgarles a todos en un único proceso- "resultan jurídicamente defendibles".
El TSJCV debe decidir también en los próximos días si asume la competencia
de la segunda inhibición dictada por Pedreira. En ella están implicados
otros siete miembros de las cúpulas del PP y el Gobierno valencianos por
supuesta financiación ilegal, cohecho, prevaricación, falsedad y delitos
fiscales.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha
dejado "plena libertad de criterio" al instructor del caso de los trajes,
José Flors, sobre si el presidente de Valencia, Francisco Camps, debe ser
juzgado, o no, junto a los jefes de la trama Gürtel. Flors tiene varias
opciones. Una de ellas -y, a la vista de los pasos que ha dado Flors en los
dos años que lleva investigando el caso, es la más probable- es que opte por
no incluir a los cabecillas de Gürtel en el caso de los trajes.
- Primera opción: el juez no acumula los casos. Si Flors rechaza sentar en
el mismo banquillo a los supuestos sobornadores (los cabecillas de Gürtel) y
a los supuestos sobornados (los políticos), la audiencia preliminar por el
caso de los trajes se celebrará en los próximos días o semanas (antes de las
elecciones de mayo, aunque el juicio sería en otoño). Este supuesto, indican
fuentes jurídicas, implicaría que Flors se inhibiera a favor de un tribunal
ordinario respecto al enjuiciamiento de la cúpula de Gürtel (Francisco
Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes), ya que, al no ser
aforados, pueden ser juzgados por un tribunal normal. En ese caso, Camps y
los otros imputados asistirían a ese otro juicio como testigos.
- Segunda opción: el juez sí acumula ambos procesos. Si el juez Flors se
inclinara por acumular ambos procesos podría transformar la actual
imputación de Camps por cohecho pasivo (que castiga a la autoridad que
recibe dádivas en función de su cargo, aunque sea a cambio de nada) en otra
por cohecho activo, que implica que los regalos se dieron a cambio de un
trato de favor del Gobierno de Camps hacia la red. El cohecho pasivo se
castiga con penas de multa; el activo o propio, con la cárcel. Si hay
acumulación, la causa de los trajes se retrotraería a una fase anterior y es
posible que los nuevos encartados, los jefes de Gürtel, pidan nuevas
pruebas, que dilatarían la causa y pospondrían el juicio. Si todo sigue como
está, el juicio contra Camps se celebraría el próximo otoño.
- Tercera opción: nueva imputación. El juez Flors podría igualmente, señalan
fuentes jurídicas, sentar a sobornados y sobornadores en el banquillo
manteniendo la imputación por cohecho impropio contra los primeros y la del
propio contra los jefes de Gürtel. Y también cabe la opción de que abra dos
procesos y modifique la situación y acusación que pesa sobre algún
implicado. Por ejemplo, Betoret, quien sí dio contratos a la red como cargo
público.
LUNA: "A EFECTOS PENALES EL PRESIDENTE ESTÁ EN LA TRAMA"
Todos los partidos de la oposición en la Comunidad Valenciana coincidieron
en señalar que el auto del Tribunal Superior de Justicia era muy explícito a
la hora de vincular a Francisco Camps con la trama Gürtel. Una opinión que
no era compartida en la Generalitat, desde donde se insistía en que el auto
no añadía nada nuevo a la situación procesal del presidente valenciano.
Ángel Luna, portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes,
aseguró que la decisión de la Sala de lo Civil y Penal ponía de manifiesto
"con meridiana claridad que, a efectos penales, Camps está en la red Gürtel.
Y esto no es un montaje del Partido Socialista ni de ningún aparato extraño
del Estado", dijo Luna, quien añadió: "Han sido muchos jueces y dos
tribunales superiores de justicia los que están apreciando los indicios
reforzados de que Camps ha cometido un delito de cohecho".
En una línea similar se pronunció la coordinadora y candidata a la
presidencia de la Generalitat por Esquerra Unida, Marga Sanz: "Cada vez es
más evidente la lógica que vincula el presunto delito de cohecho pasivo por
el que está imputado Camps con el soborno activo por parte de quienes le
ofrecían los regalos". Según Esquerra Unida, el auto del TSJ "cierra el
círculo jurídico, al evidenciar la existencia de conexiones entre la trama
corrupta y los responsables políticos que, supuestamente, les daban
cobertura". Enric Morera, candidato por Compromís, pidió la dimisión del
presidente y su retirada como candidato del PP. La causa "no es solo por
tres trajes, como han querido hacer creer desde el PP; la cosa es más
complicada y va más allá".
Desde la Generalitat se insistió en que no hay cambios en la situación
procesal de Camps y se hizo hincapié en el voto particular efectuado por el
magistrado Juan Montero.
CAMPS PIERDE SU ÚLTIMO RECURSO PARA EVITAR EL
JUICIO
El juez Flors decidirá si lo envía al banquillo
por cohecho
Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana,
perdió ayer las últimas apelaciones para evitar ser juzgado en la causa de
los trajes. La decisión de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia valenciano deja las manos libres al juez instructor, José Flors,
para decidir si lo sienta en el banquillo por cohecho impropio: haber
recibido regalos de la trama Gürtel. La red de corrupción, según consta en
la investigación, halló en Valencia un fértil lugar donde hacer negocios al
calor del Ejecutivo autonómico y el PP regional, presididos ambos por Camps.
Las pruebas acumuladas por la policía señalan que el entramado de empresas
de Francisco Correa consiguió contratos millonarios adjudicados
irregularmente por la Generalitat y que, simultáneamente, participó en la
financiación ilegal de las campañas electorales del Partido Popular.
La desestimación de las apelaciones despeja la convocatoria de
la audiencia preliminar, el acto que precede a la decisión de abrir el
juicio. Todo apunta, sin embargo, a que Flors esperará al resultado de las
dos inhibiciones dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a
favor del de Valencia. En ellas figuran implicados otros siete altos cargos
de las cúpulas del PP y el Gobierno regional en supuestos delitos de
corrupción.
La decisión de la sala sobre las inhibiciones parece
inminente, lo que refuerza la idea de que la vista preliminar tendrá lugar
antes de las elecciones del 22 de mayo, en las que Camps vuelve a ser
candidato. Una vez celebrada esa audiencia, Flors dispondrá de tres días
para decidir si sienta a Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Rafael
Betoret en el banquillo de los acusados.
En las apelaciones rechazadas ayer, las defensas del
presidente valenciano y de su exvicepresidente Campos habían solicitado la
práctica de dos diligencias que habrían demorado el procedimiento. Por un
lado, pedían averiguar si en el grueso de la causa, que se instruye en
Madrid, existían más grabaciones en las que aparecieran los cabecillas de la
trama: Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Por otro,
solicitaban la declaración testifical de Cándido Herrero, gerente de Orange
Market; Flors había aceptado que lo hiciera en la vista preliminar, pero las
defensas consideraban imprescindible que declarase antes.
La sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano
respaldó ayer al juez. Respecto a las diligencias sobre las grabaciones,
considera que "no se dirigen a contrastar una fuente de prueba cierta sino
que, de alguna forma, no puede negarse que tienen un cierto carácter
incierto e indefinido". "El instructor", añade la sala en su auto, "permitió
el acceso de las partes a todas las conversaciones telefónicas que figuraban
en este tribunal; solicitaron las adiciones que estimaron pertinentes
respecto de la selección que en su día realizó el instructor que fueron
admitidas, y en consecuencia se ampliaron las mismas al interés de las
partes, sin que en dicho momento, se solicitaran las diligencias que
actualmente se pretenden".
La sala también fue contundente respecto a la declaración de
Cándido Herrero: "El Instructor no entra en el carácter o no de
imprescindible de la diligencia, sino que considera que la declaración
testifical interesada puede practicarse en la audiencia preliminar, y eso
resulta indiscutible, no lo cuestiona la parte recurrente, y no cabe
considerarlo un criterio personal del instructor sino que es el criterio
legalmente establecido".
"El caso Gürtel, aquí no es nada", aseguró tajante el
jueves el consejero de Solidaridad y Ciudadanía y portavoz parlamentario del
PP, Rafael Blasco. "El caso Gürtel no tiene absolutamente ninguna
incidencia en la Comunidad Valenciana".
Entrevistado por Manel Fuentes para Catalunya Ràdio, Blasco se
hizo un lío al responder primero que catalán y valenciano son "una lengua
común con sus particularidades perfectamente diferenciadas" y añadir después
que no, que se trata de lenguas parecidas y que los valencianos "estamos
orgullosos de una lengua propia, que es el valenciano".
También respondió al cierre de emisiones de TV-3 que el
Consell estaría "encantando" de que pudiera verse la televisión de Cataluña,
pero echó la culpa al Gobierno de España por no otorgar un tercer multiplex
y dijo que Acció Cultural del País Valencià tendrá que pagar la multa que le
ha impuesto la Generalitat porque se trata de una sanción por "haber emitido
ilegalmente".
Blasco reiteró que la imputación del presidente Francisco
Camps es un asunto sólo de "tres trajes", que nadie ha podido demostrar que
se los hayan regalado y que se trata de una "parafernalia mediático-política
absolutamente desproporcionada".
EL
CONSELL ELUDE ACLARAR LA REUNIÓN DE CAMPS Y RAMBLA CON UN JEFE DE GÜRTEL
Sánchez
de León pide un debate electoral a cuatro pero no confirma a su candidato
El Consell
evitó aclarar ayer si el presidente Francisco Camps y el vicepresidente
Vicente Rambla se reunieron con Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco
Correa, el cabecilla de la trama Gürtel, y cuántas veces lo hicieron. En la
rueda de prensa tras el pleno del Consell, la portavoz Paula Sánchez de León
dijo no tener "ninguna constancia", salvo por lo que ve y oye a través de
los medios de comunicación, de "informaciones que constan en no sé dónde y
luego se publican, de reuniones secretas y no secretas, con tramas ni con
nadie". "La agenda de Camps es pública y se reúne con quien haga falta para
desarrollar su trabajo día a día", añadió.
La
portavoz dice que ni les "inquieta" ni les "preocupa" el juicio al
presidente
"El PP solo
se preocupa del PP y por trabajar para que siga ganando elecciones como ha
hecho hasta ahora", dijo Sánchez de León en respuesta a una pregunta sobre
la anotación contenida en la agenda de Pablo Crespo, número dos de la
trama Gürtel, de una reunión en otoño de 2006 con altos cargos del PP en la
que se habló de ayudar económicamente a un partido de disidentes para
perjudicar a los socialistas. En la anotación de la reunión, que obra entre
los documentos de la instrucción del caso Gürtel, figuran "Ana,
Víctor, Rambla, Ricardo y el Presi". La portavoz puso "la mano en el
fuego" por que todas las reuniones y actuaciones de Camps y Rambla se
guiaron por el objetivo de "servir con honestidad e integridad a los
intereses de la Comunidad".
En relación
con la decisión del juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad
Valenciana José Flors, que instruye el caso de los trajes, en el que está
imputado Camps, de convocar la audiencia previa al señalamiento de juicio en
cuanto se resuelva la aceptación o no de la parte del sumario sobre la red
de corrupción procedente del TSJ de Madrid, Sánchez de León aseguró: "Ni nos
inquieta, ni nos preocupa, ni nos alegra". Según la portavoz, es "un paso
más" dentro de un "larguísimo procedimiento".
Sánchez de
León, que también es coordinadora de la campaña electoral del PP valenciano,
se refirió a los debates entre candidatos. "Alarte está siendo excluyente",
dijo sobre la propuesta del candidato socialista de un cara a cara en Canal
9 como el que ha anunciado TVE. Según Sánchez de León, habría que hacer
debates más amplios, con las cuatro fuerzas parlamentarias. Sin embargo, no
quiso confirmar que el presidente en funciones y candidato del PP, Francisco
Camps, esté dispuesto a participar en ellos.
La
suspensión de emisiones de TV-3 en territorio valenciano volvió a planear
sobre la habitual comparecencia de Sánchez de León tras el pleno del
Consell. Una información publicada ayer por el diario Levante
revelaba que la Generalitat reconoció en el caso de una emisora que difunde
espacios dedicados al tarot, que no tiene competencias para sancionar a
empresas que gestionan repetidores, mientras que sí lo ha hecho con Acció
Cultural del País Valencià, entidad propietaria de los reemisores de TV-3.
Sánchez de León dijo que el Consell siempre actúa "de acuerdo con la
legalidad vigente y con el respaldo de una sentencia judicial", aunque no
acabó de concretar en qué se diferencian un caso y el otro. "El debate es
jurídico y no político", añadió la portavoz, que reclamó la concesión de un
nuevo multiplex por parte del Gobierno y reconoció que el tema de TV-3 puede
ser uno de los asuntos que se traten, entre otros, en la reunión que Camps y
el presidente catalán, Artur Mas, tienen prevista para el próximo día 20.
La
incógnita de la hernia
El
presidente en funciones de la Generalitat, Francisco Camps, padece una
hernia discal que limita sus actividades públicas. Según Paula Sánchez de
León, hace unos días los médicos le infiltraron por tercera vez en busca de
un alivio. No le impidió su estado asistir la noche del jueves al partido de
baloncesto entre el Power Electronics Valencia y el Real Madrid. "Hay que
esperar a ver cómo va reaccionando", dijo la portavoz del Consell, que no
quiso aventurar si habrá de ser intervenido quirúrgicamente. En medios de la
Generalitat se baraja que Camps pueda decidir operarse, si no hay mejoría,
la semana que viene o la otra. La convalecencia podría mantenerle ausente de
buena parte de la campaña electoral y de algunas decisiones judiciales sobre
su imputación que se prevén inminentes. Una periodista preguntó cuándo
comparecerá Camps en rueda de prensa para dar explicaciones del caso
Gürtel. La portavoz respondió que "comparece en rueda de prensa
diariamente, en sus actos públicos, y aparece ante la prensa para contar las
cosas que tiene que contar".
LA TRAMA
SUPO DE LA VISITA DEL PAPA ANTES DEL ANUNCIO OFICIAL
La red de
Francisco Correa y sus secuaces tenían tal poder dentro de la Generalitat de
Francisco Camps que fueron conocedores, de manera extraoficial, de la visita
del Papa a Valencia, en 2006, antes de que el Vaticano confirmase la
noticia, según constatan las anotaciones del 'número dos' de la trama, Pablo
Crespo.
Crespo
escribió en su agenda: “Papa. Está confirmado (en 2 semanas, público)” en
una lista de apuntes que no está fechada, pero que aparece en la página
inmediatamente posterior a otra donde quedó constancia de una reunión fijada
“para el 07-11″ de 2005. Cuatro páginas más adelante, figura la fecha
“viernes 18″. No fue hasta el 18 de noviembre de 2005 cuando el entonces
portavoz del Vaticano, Joaquín Navarro, confirmó el viaje de Benedicto XVI,
según precisa Público.
Casi 3
millones por intermediar
La trama
corrupta, a través, de su satélite en Valencia Orange Market, que
dirigía Álvaro Pérez (El Bigotes), consiguió el contrato para la
cobertura televisiva de la estancia del Papa, que reportó a la empresa de
Correa casi tres millones de euros en comisiones por su intermediación.
Canal 9 se
saltó el contrato público
La
televisión pública valenciana contrató por 6,4 millones el alquiler de
pantallas para los multitudinarios actos de Benedicto XVI durante su visita,
el 8 y 9 de julio de 2006, pasando por alto la Ley de Contratos de las
Administraciones Públicas, que obliga a adjudicar los contratos de gran
cuantía mediante concurso público, salvo razones de urgencia. El entonces
director de Canal 9, Pedro García, recibió presuntamente medio millón de
euros en comisiones por adjudicar el trabajo a la empresa Teconsa, para la
que la trama actuó como intermediaria.
El proyecto
ya estaba trazado
Canal 9 no
inició el concurso para la cobertura de la visita del Papal hasta el 6 de
abril de 2006, pero para esa fecha el número dos de Correa, Pablo Crespo, ya
tenía planteado el proyecto. Un apunte del 9 de febrero de 2006 refleja las
negociaciones con la empresa Apogee, que sería subcontratista de la
constructora Teconsa. “Pacto transparente”, dice la primera nota situada
bajo el nombre de Oscar Fragio, administrador de Apogee. “Asunto Wolfgang”,
añade otra en referencia al ingeniero Wolfgang Neumann, cuyos servicios
requirió la trama como experto en sonido. A continuación, Pablo Crespo
escribió datos sobre el operativo para la cobertura televisiva: “2 pantallas
gigantes 80 m2 c.u.”. Y debajo: “40 ” “”[pantallas] 6X4″ y “8 “”[pantallas]
4X3″.
El Tribunal
Superior de Justicia de Valencia absuelve a Ángel Luna de encubrimiento
Los magistrados reducen a mera "hipótesis" la acusación
del PP.-El portavoz socialista se sentó en el banquillo acusado por los
populares tras mostrar un informe de la trama Gürtel en el Parlamento
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha absuelto al portavoz
socialista en las Cortes, Ángel Luna, del delito de encubrimiento del que le
acusaba el PP a raíz de un debate parlamentario en el que mostró un informe
sobre el negocio multimillonario que logró la trama Gürtel con ocasión de la
visita del Papa a Valencia en 2006. El tribunal reduce a una mera
"hipótesis" la acusación sostenida por el PP. Los magistrados consideran que
la versión de los hechos ofrecida por los populares es "razonable", pero "no
la única posible a la vista de la prueba practicada, de la que no se
desprende la imposibilidad ni la inconsistencia de la justificación dada por
el acusado". Es decir, que siendo ambas versiones igualmente "razonables" y
al no haberse aportado ninguna prueba que permita inclinarse a un lado o al
otro, debe primar la presunción de inocencia.
Los populares denunciaron a Luna por supuesta revelación de secretos, ya que
ese informe estaba bajo secreto de sumario, aunque ya había sido publicado
por EL PAÍS y otros medios. El juez instructor de la denuncia, Juan Montero,
desechó la acusación de revelación de secretos, por ser materialmente
imposible que lo realizara (el diputado no era abogado, procurador, juez,
fiscal ni tampoco parte, como exige el tipo penal) pero mantuvo vivo el
procedimiento al considerar que Luna podía haber encubierto a la persona que
le facilitó el documento.
El portavoz socialista, tanto en la instrucción como en
el juicio que se celebró el pasado 5 de abril, declaró que el informe le
llegó de manera anónima, que se lo encontró en su despacho y que
posteriormente le perdió la pista porque se aceptó la personación del PSPV-PSOE
en el caso Gürtel y ello le permitió tener acceso a ese y al resto de
documentos integrados en el sumario por vía telemática.
El ministerio público, representado por el teniente
fiscal de la Comunidad Valenciana, Gonzalo López Ebri, se opuso desde el
principio a la continuación de la causa. El PP pedía dos años y nueve meses
de inhabilitación para Ángel Luna, y una multa de 26.250 euros, mientras que
la fiscalía pidió su absolución. El fiscal concluyó su intervención en el
juicio "desde la esperanza de que este proceso vea su fin con una sentencia
absolutoria que ponga fin a la posibilidad de que, en un Estado de derecho,
sea la hipótesis un medio válido para destruir la presunción de inocencia,
ni del acusado ni de nadie". El fiscal consideró que se acusaba a Luna de un
"delito de imposible cumplimiento" y puso el ejemplo de un asesinato:
"¿Conocen a algún encubridor que exhiba el cadáver ante 99 personas [en
alusión a los diputados] antes de ocultarlo?".
Luna, que ha destacado por su denuncia constante a las implicaciones de la
Generalitat en el caso Gürtel, declaró que el juicio era consecuencia del
empeño de su grupo "de romper el binomio opacidad-impunidad".
Paradójicamente, el portavoz socialista ha sido el primero en sentarse en el
banquillo por el caso Gürtel, pese a que no está relacionado con la trama
corrupta. Esta causa ahora cerrada con una absolución deja aún más en
evidencia la situación judicial de Francisco Camps, presidente de la
Generalitat y candidato en las elecciones del 22 de mayo, que está pendiente
de que se decida su juicio por un supuesto delito de cohecho por aceptar
regalos de la trama Gürtel, y a quien la Fiscalía Anticorrupción pide que
también sea juzgado por otros delitos de corrupción.
La cultura de la corrupción
El portavoz socialista ha conocido su absolución en la
sede del partido en Valencia. Luna ha declarado que está "contento y
satisfecho". En declaraciones a Efe, Luna ha dicho que su absolución
representa el "fracaso" del presidente de la Generalitat, Francisco Camps,
así como del líder del PP, Mariano Rajoy, y de la "cultura de la corrupción"
en la Comunidad Valenciana. "Más que por el hecho de la absolución, por que
haya fracasado la cultura de la corrupción en la Comunidad Valenciana", ha
remarcado.
Para Luna, con esta sentencia ha triunfado "la guerra contra la corrupción"
de quienes intentan "levantar la voz exigiendo explicaciones de los que
gobiernan aquí y a quienes están en Madrid".
LA AGENDA DEL ´DOS´ DE GÜRTEL PRUEBA QUE EL PSD FUE
CREADO POR EL PPCV
Álvaro Pérez "El Bigotes" había amortizado ya los 540
euros que le costó el cacharro de contar dinero que compró el 17 de octubre
de 2005. El entramado que dirigía Correa tenía, desde abril de 2004, su
capital financiera en Valencia. Orange Market se convirtió en la principal
fuente de ingresos a las cajas A y B de Madrid, gracias a los contratos que
le llovieron de la Generalitat y del PP valenciano. Corría el otoño de 2006
y el grupo Correa había echado ya tantas raíces en la cocina de la
Generalitat que la cúpula Gürtel hasta participaba en reuniones de
estrategia política.
Así se desprende de una anotación en la página 124 de la
agenda de Pablo Crespo, el número dos de la trama: "Nuevo Partido Político
con gente del PSOE de buen cartel. Es un montaje de ellos. Necesitan ayuda
económica. Ricardo protesta". En el dietario de quien fue secretario de
organización del PP gallego, se anotaron las palabras "Ricardo. Reunión" y
los participantes: "Ana, Víctor, Rambla, Ricardo, Presi". No consta ninguna
fecha en esta hoja de la agenda, contenida en el sumario y de la que ayer
informó el diario "Público". La página anterior marca 10 de octubre y la
siguiente, 10 de noviembre. El 4 y 5 de noviembre, el Hotel las Arenas (un
cinco estrellas) acogió la convención bautismal del Partido Social Demócrata
(PSD), de la que dieron fe 355 delegados y 67 invitados.
La formación, que no escatimó en gastos -la sede se ubicó
en la calle Colón de Valencia-, fue impulsada desde la Federación de
Asociaciones de Vecinos de la Comunitat Valenciana (Favcova) y la Fundación
Central Ciudadana, una plataforma de entidades culturales, de mayores y
consumidores que, con Francisco Camps en el Palau, ha recibido unos 12
millones de euros en subvenciones para cursos de formación e inserción
laboral, entre otros. Central Ciudadana adeuda 217.000 euros al Consell por
ayudas no justificadas, que ha de devolver. A menudo, certificaban gastos
con facturas de empresas de dirigentes del entramado de forma irregular,
según denunció el Servef. El PSD y esa trama asociativa compartían
dirigentes. Como Ana Mª Rodríguez, candidata a alcaldesa de Alicante y
presidenta de Favcova, o Fernando Piera, primer líder del partido y número
dos de la entidad vecinal. El listado de ex del PSPV en el partido segunda
marca del PP es amplio. Piera, Ernest Fenollosa (exalcalde de la Vall d'Uixó)
o José Luis Morales (exalcalde de Mislata) son algunos. También había
ocupado cargos en el PSPV Carlos Ruiz, alma mater de Favcova. El presidente
de la diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, lo colocó, en marzo de
2009, de asesor de Bomberos, meses después de que el PSD propició mociones
de censura en Dénia y Calp, que destronaron a alcaldes socialistas.
El tinglado de cooperación
El germen del PSD es el PSI, creado en Alzira en 1993 por
los blasquistas, cuando Rafael Blasco -quien, desde Bienestar Social
subvencionó al entramado asociativo-fue expulsado del PSOE. Su sobrina,
Gisela Blasco, ha liderado el PSD en la Ribera. Un ex compañero de Bernardo
Blasco -hermano del conseller- en Unió Valenciana como Adolfo Soler también
estuvo en el PSD. Y en la Fundación Entre Pueblos (ahora Hemisferio), el
corazón del entramado de entidades y ONG que han recibido unos 4 millones de
euros de Solidaridad y Ciudadanía y han dedicado una parte de ese dinero a
pagar servicios a firmas de sus propios dirigentes. Como la consultora
Dinamiz-e, de Soler. Su compañera en UV Amparo Picó sucedió a Piera al
frente del PSD. Ayer, se presentó como candidata del Centro Democrático
Liberal (CDL) a la Generalitat. En el CDL también han recalado algunos
exsocialistas de renombre, como el exalcalde de Benetússer, José Enrique
Aguar.
En la parte superior de la página de la agenda de Crespo
aparece un número de cuenta. En principio es un asunto al margen de la
citada reunión. Fue abierta en una sucursal de Caixa Nova en Pontevedra,
ciudad en la que Crespo guardaba documentos sobre la financiación del PP
gallego. El líder del PSPV, Jorge Alarte, expresó ayer su "perplejidad e
indignación" ante el "sabotaje electoral que practica el PP con dinero
público".
www.levante-emv.com 08.04.11
CAMPS MANTIENE EN LAS CANDIDATURAS A LOS IMPLICADOS EN LA
TRAMA
El imputado Fabra comunica que la lista de Castellón
incluye a Costa y Rambla
A la vista del apoyo sin fisuras del presidente nacional
del PP, Mariano Rajoy, a Francisco Camps como candidato a la presidencia de
la Generalitat valenciana, aunque se siente en el banquillo acusado de
cohecho impropio, el PP valenciano ha decidido que lo que es bueno para uno
es bueno para todos.
La cúpula del PP está molesta por el anuncio del
dirigente castellonense
Otros implicados en la trama corrupta pueden
concurrir en la lista por Alicante
El vicepresidente primero del Gobierno valenciano,
Vicente Rambla, y el ex secretario general del PP regional y exportavoz
parlamentario Ricardo Costa, ambos implicados en el caso Gürtel,
ocuparán puestos de elección segura en la candidatura por Castellón a las
Cortes valencianas.
Rambla, a quien la Fiscalía Anticorrupción implica en dos
supuestos delitos electorales por financiación ilegal del PP valenciano en
las autonómicas de 2007 y las generales de 2008, figurará en el puesto
número cuatro de la candidatura por Castellón. Costa, que está imputado con
Camps en la causa de los trajes y también está implicado en los mismos
supuestos delitos que Rambla, ocupará el número siete. Ambos son puestos de
elección segura.
La candidatura íntegra del PP a las Cortes valencianas
por la circunscripción de Castellón la desveló ayer el presidente de la
Diputación, Carlos Fabra, antes de que fuese aprobada por el Comité
Electoral Regional y ratificada por Génova.
El anuncio de Fabra, cuya maniobra causó malestar en el
seno del PP, supuso una demostración de fuerza del presidente provincial de
Castellón. Carlos Fabra, que está imputado por delito fiscal y contra la
Administración pública, ha anunciado que no repetirá como presidente de la
Diputación, pero que continuará al frente del partido en la provincia de
Castellón.
La decisión de Fabra de marcar su territorio político y
exhibir su autonomía frente a la dirección regional del PP fue interpretada
como una respuesta a la decisión de Camps de anunciar, de improviso, el
martes por la noche que el cabeza de lista por Castellón sería el alcalde de
la capital, Alberto Fabra.
El presidente de la Diputación de Castellón ni siquiera
quiso disimular ayer que el alcalde no era el candidato que él había
propuesto. Preguntado por si Alberto Fabra era el cabeza de lista que tenía
en mente, el presidente de la Diputación de Castellón respondió: "Es el
cabeza de lista que hay". "No era la única opción", prosiguió Carlos Fabra,
"aunque nos ha parecido conveniente mantener los criterios del presidente
del partido".
El número uno de la lista por la circunscripción de
Alicante será la alcaldesa de la capital, Sonia Castedo, mientras que la
lista por Valencia la encabezará el propio Camps con la alcaldesa Rita
Barberá de número dos. Fuentes del Partido Popular indicaron que el
presidente valenciano pretende minimizar el deterioro de su imagen con el
tirón de los alcaldes.
Las candidaturas autonómicas íntegras del PP para
Alicante y Valencia se desvelarán, probablemente, antes del viernes. En el
PP dan por seguro que en la lista de Alicante también figurarán en puestos
de salida la presidenta de las Cortes valencianas, Milagrosa Martínez; el
vicesecretario de organización regional, David Serra, y la tesorera del PP,
Yolanda García, implicados en el caso Gürtel.
www.elpais.es 07.04.11
LUNA: "CONFÍO EN SER ABSUELTO, PERO A CAMPS LE QUEDA
MUCHO BANQUILLO"
El PSPV pide la suspensión de 'Bon Dia' en Canal 9 por
ser "mítines del PP"
La situación judicial del portavoz socialista en las
Cortes, Ángel Luna, no es la misma que la del presidente de la Generalitat,
Francisco Camps. Uno se sentó ya en el banquillo, el otro está cerca. Ángel
Luna declaró ayer en Alicante que su "horizonte es de una sentencia
inmediata", que confía en que sea "absolutoria", pero que "el de Camps es de
mucho banquillo por delante".
Una contertulia de RTVV llama "sinvergüenza" al portavoz
socialista
Martín: "Castedo sigue a Alperi, huye de Alicante y
quiere estar aforada"
Los socialistas, una vez más, cerraron filas en torno a
Luna. El secretario del PSPV, Jorge Alarte, y la candidata a la alcaldía de
Alicante, Elena Martín coincidieron en que "todos los socialistas somos
Ángel Luna". Alarte tildó de "duro varapalo" para Camps el auto del juez
Flors que le acerca al banquillo y rechaza sus alegaciones ya que supone "el
desmontaje de la tesis del líder regional del PP".
Por su lado, Elena Martín no alcanzó a entender cómo es
posible que "una persona que defiende la democracia y pregunta en las Cortes
por el dinero público sea el primero en sentarse en el banquillo y los
presuntos delincuentes no lo hayan hecho". Luna aseguró haber "aguantado
estoicamente y respetado la actuación de los jueces, y no como Camps, que
despotrica de todos y piensa que hay una gran confabulación contra él".
Los socialistas se mostraron indignados con el nivel y el
contenido de la tertulia del programa Bon Dia Comunitat Valenciana, de Canal
9. Los intervinientes, según el PSPV, se explayaron en críticas e insultos
al portavoz socialista. Una de las contertulias, Rocío Casanova, dijo: "El
tema de los trajes no sé si será verdad o no, pero mostrar un documento que
está bajo secreto de sumario es saltarse el Estado de derecho". Luego llamó
"sinvergüenza" a Luna porque "jactarse de machacar a Camps y luego cometer
ese delito de sacar un documento, es una tomadura de pelo".
Horas más tarde la portavoz del comité electoral del PSPV,
Carmen Ninet, exigió la suspensión "inmediata" del programa y la sección de
debate que incluye por considerarlos "mítines del PP". Los socialistas
presentaron una denuncia ante la Junta Electoral porque en el programa del
martes "una vez más no se informó en las noticias de Canal 9 de que el juez
Flors había rechazado las alegaciones del presidente de la Generalitat". La
televisión valenciana dedicó más tiempo "a la comparecencia de Luna que a
todo el caso Gürtel".
Los socialistas aprovecharon su comparencia ante la
prensa en Alicante, en el paseo de la Explanada, para valorar la inclusión
de la actual alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo como cabeza de lista del
PP por Alicante a las Cortes Valencianas. "Sigue la estela de su mentor,
Luis Díaz Alperi, abandonar Alicante y sobre todo estar aforada", dijo la
candidata socialista Elena Martín, que auguró que las listas del PP estarán
"llenas" de personas "envueltas en casos de corrupción". Martín tildó de
"huida" la designación de Castedo que "le importa poco la ciudad y mucho
estar aforada". El secretario de los socialistas, Jorge Alarte, mucho más
parco en palabras, se limitó a comentar que "todo es lo mismo, son Camps,
forman parte de un proyecto fracasado" y tildó a Castedo de "copia mala de
Alperi".
Martín también criticó el rechazo de la alcaldesa a
debatir con ella. La alcaldesa contestó el martes que no pensaba discutir
con la candidata socialista: "Si quiere darse a conocer que ponga más
vallas, pero no lo hará [discutir] conmigo". Ayer Martín insistió en debatir
"donde quiera, como quiera y a la hora que quiera, Castedo no es la
importante, ni yo tampoco, son los alicantinos los importantes", resumió la
candidata socialista. Por otro lado, el PSPV ha propuesto a José Luis Chover
como candidato a la alcaldía de Sagunto y ha abierto expediente
disciplinario a Manuel Carbó por faltas muy graves que comportarán su
suspensión de militancia.
www.elpais.es 07.04.11
EL FISCAL DICE EN EL JUICIO A LUNA: "NO SE PUEDE
CONDENAR POR UNA HIPÓTESIS"
El PP pide inhabilitar al portavoz socialista por no
entregar un informe de Gürtel
El primer juicio relacionado con el caso Gürtel sentó
ayer en el banquillo a Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes
Valencianas, que se ha destacado por pedir explicaciones al presidente
Francisco Camps por la aparente connivencia de su Gobierno con la red
corrupta. El motivo: Luna enseñó, durante un debate parlamentario con Camps,
un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que detallaba cómo la
trama sacó tajada (tres millones de euros en pocos días) de la visita de
Benedicto XVI a Valencia a través de un contrato del canal autonómico, Canal
9. Uno de los episodios que Anticorrupción quiere unir a la causa de los
trajes.
El documento estaba bajo secreto de sumario. El PP lo
denunció por revelación de secretos y el juez Juan Montero, del Tribunal
Superior de Justicia valenciano, archivó la acusación pero decidió seguir la
causa por encubrimiento. El magistrado consideró inverosímil la versión de
Luna de cómo encontró el informe (en un sobre sin remitente en su despacho
en las Cortes) y su declaración de que no sabía dónde estaba después de
habérselo reclamado reiteradamente.
El abogado del PP -que pide dos años y nueve meses de
inhabilitación y una multa de 26.250 euros- preguntó a quién le contó Luna
que lo había encontrado; qué forma tenía; con qué frecuencia se trasladan
documentos entre las sedes del PSPV-PSOE, qué hubiese pasado si el sobre
hubiese contenido una bomba... El letrado no citó, en cambio, ninguna prueba
que desvirtuara la versión de Luna. Tampoco fueron aportadas durante la
instrucción.
El fiscal concluyó su intervención "desde la esperanza de
que este proceso vea su fin con una sentencia absolutoria que ponga fin a la
posibilidad de que, en un Estado de derecho, sea la hipótesis un medio
válido para destruir la presunción de inocencia, ni del acusado ni de
nadie". El fiscal consideró que se acusaba a Luna de un "delito de imposible
cumplimiento" y puso el ejemplo de un asesinato: "¿Conocen a algún
encubridor que exhiba el cadáver ante 99 personas [en alusión a los
diputados] antes de ocultarlo?"
La defensa apeló a la inviolabilidad parlamentaria sin la
que los diputados no podrían ejercer su función de control al Gobierno. Luna
declaró que el juicio es consecuencia del empeño de su grupo "de romper el
binomio opacidad-impunidad". El caso quedó visto para sentencia.
www.elpais.es 06.04.11
LA FUNDACIÓN QUE MONTÓ LA VISITA DEL PAPA DEBÍA TRES
MILLONES EN 2008
La entidad recibió en 2007 donaciones por valor de
350.000 euros
La Fundación V Encuentro Mundial de las Familia -la
entidad constituida por la Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el
Arzobispado de Valencia para organizar la visita de Benedicto XVI- adeudaba
a principios de 2008 tres millones de euros por los gastos realizados en el
evento.
El coste del evento superó los 25 millones, según los
datos conocidos
Así consta en la última documentación depositada en el
registro de fundaciones de la Generalitat valenciana, correspondiente al
cierre del ejercicio de 2007. La documentación relativa a 2008 y las
anualidades posteriores sigue sin estar accesible pese a tratarse de un
registro público. El gasto realizado por las Administraciones valencianas en
este evento de carácter confesional sigue sin estar claro cinco años después
de la visita del Pontífice a Valencia en julio de 2006.
La última memoria accesible de la fundación indica que a
primeros de 2008 se debían todavía 2.993.185 euros, prácticamente la misma
cantidad con la que se había cerrado el ejercicio de 2006 en el que tuvo
lugar la visita de Benedicto XVI. La fundación que seguía operativa y con un
trabajador empleado mantenía viva con Bancaja una póliza de crédito de medio
millón de euros de la que había dispuesto un total de 396.255 euros.
De acuerdo con la escasa documentación disponible en el
registro, en 2007 la fundación que organizó la visita del Papa a Valencia
ingresó 345.655 de donaciones declaradas -sin especificar si estas
procedieron de Administraciones públicas o personas privadas y otros 52.988
euros de donaciones anónimas de particulares. En total, casi 400.000 euros
que permitieron afrontar los gastos de funcionamiento -fundamentalmente el
pago de facturas pendientes- y presentar un balance positivo de algo más de
37.000 euros para reducir ligeramente por debajo de los tres millones la
deuda arrastrada del ejercicio de 2006.
El registro de fundaciones de la Generalitat ya alertó en
las cuentas de 2006 de la entidad que montó la visita del Papa que la falta
de liquidez comprometía el pago de las deudas y la continuidad de la propia
Fundación V Encuentro. De hecho, a finales de 2009 el Consell tuvo que
inyectar dos millones de euros a la citada entidad.La memoria abreviada de
2007 de la Fundación de la visita del Papa advierte de que sus compromisos
económicos cuentan con el respaldo de las instituciones gobernadas por el
PP. "La fundación", relata la memoria, "goza del total apoyo económico y
financiero de los componentes del patronato". "El fondo de maniobra
negativo", prosigue el documento, "se califica como transitorio, como prueba
que se ha atendido en tiempo y forma los pagos comprometidos por la
fundación". "Esta situación no compromete los pagos futuros, ni la
continuidad de la fundación", sentencia. La elevada deuda contraida es la
razón de que la Generalitat no haya podido extinguir todavía una fundación
que se creó para un evento puntual, la visita pastoral de Benedicto XVI a
Valencia entre el 8 y el 9 de julio de 2006.
A través de las modificaciones de crédito publicadas en
el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) se supo en febrero del
año pasado que el Consell había destinado dos millones de euros a la
Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, con la intención de liquidar
buena parte de las deudas.
El pasado mes de junio el portavoz de Compromís, Enric
Morera, preguntó al Consell si había realizado algún donativo al Vaticano
para que viniese el Papa a Valencia y, en caso afirmativo, por qué cantidad
y a través de que mecanismo. El vicepresidente económico, Gerardo Camps, se
limitó a señalar que en la contabilidad de 2006 de la Fundación V Encuentro
no aparece ningún donativo público y remitió a la oposición a las cuentas
depositadas en el registro de fundaciones. En su respuesta, Gerardo Camps
aseguró que ya estaban disponibles en el registro de fundaciones las cuentas
de 2006,2007 y 2008, así como que en breve estarían disponibles las
correspondientes a 2009. Sin embargo, en el registro de fundaciones la
última memoria disponible es la de 2007.
La documentación del registro permite comprobar que en
2006 la fundación incluyó 2,1 millones de donaciones declaradas sin
especificar. Una cantidad que en 2007 fue de poco más de 345.000 euros. Este
concepto es distinto del utilizado para contabilizar las donaciones anónimas
efectuadas por los fieles, que figuran en 2005, 2006 y 2007.
Así, en el último ejercicio disponible en el registro,
2007, la fundación que organizó la visita del Papa recaudó donaciones por
importe de 52.988,60 euros (33.817,60 de entidades y 19.171 de
particulares). Nada que ver con la cifra obtenida el año de la visita del
Pontífice, 2006, en el que la fundación obtuvo 436.381,57 euros de
donaciones (212.017,28 de entidades y 204.927,51 de particulares a los que
se añadieron 19.436,78 euros de la Diputación de Valencia). En 2005, el año
de constitución de la fundación los donativos solo fueron de 315 euros.
Casi un lustro después de la visita del Papa a Valencia
en julio de 2006, el gasto público realizado por la Generalitat sigue siendo
un secreto. Sin embargo, los datos conocidos a raíz de la investigación
judicial del caso Gürtel que realiza el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, así como la escasa y dispersa información aportada por las propias
Administraciones implicadas y la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia
permiten empezar a acotar el gasto realizado en el citado evento.
El coste conocido del evento superó los 25 millones de
euros, procedentes en su gran mayoría de los presupuestos públicos de la
Generalitat, que desembolsó el dinero de manera directa o a través de
empresas públicas como Ràdio Televisió Valenciana. Las donaciones de los
feligreses para sufragar este evento confesional apenas alcanzaron los
500.000 euros, según se desprende de las propias memorias de la fundación.
Lo que se sabe de las cuentas del viaje del Benedicto XVI
a Valencia
- La Fundación V Encuentro Mundial de la Familia: La
entidad creada por la Generalitat y el Arzobispado junto a la Diputación y
el Ayuntamiento de Valencia en 2005 para organizar la visita del Papa gastó
más de 12 millones de euros en el evento, aunque solo consiguió ingresar 9
millones por distintos conceptos. Cuatro procedentes de cuotas,
presumiblemente de los miembros del patronato. Un total de 2,6 millones
procedentes de convenios de colaboración, supuestamente grandes empresas que
contribuyeron con bienes o servicios, y otros 2,1 de donaciones declaradas,
presumiblemente por firmas que contribuyeron con dinero. Otros 500.000 euros
fueron donaciones anónimas de feligreses.
- El Consell: Aseguró en febrero de 2007, a través del
vicepresidente Víctor Campos, que solo había gastado 1,9 millones de euros
en el evento. Nunca se especificó el gasto, ni se ha explicado cuánto dinero
se destinó al evento a través de las empresas públicas de la Generalitat. En
las respuestas parlamentarias remitidas con posterioridad a la oposición la
Generalitat solo admitió haber gastado 214.000 euros en recursos sanitarios,
10.417 euros en carteles y trípticos, 9.969 euros en viajes, 11.948 euros en
un estudio de demanda para analizar la asistencia y 1.566 euros en un curso
de formación turística para voluntarios. El 18 de diciembre de 2009, el
Consell aprobó una modificación presupuestaria de dos millones de euros para
pagar parte de las deudas pendientes de la fundación V Encuentro
- Ràdio Televisió Valenciana: Canal 9 y Ràdio 9 gastaron
cerca de 11 millones de euros en la retransmisión íntegra de la visita del
Papa a Valencia. De esta cantidad, RTVV destinó 6,4 millones a la
sonorización, de los cuales 3,3 se los repartieron supuestamente la empresa
Teconsa y la trama corrupta del caso Gürtel.
- La Diputación de Valencia: En 2006 realizaron una
donación específica de 19.436,78 euros. La Corporación provincial admitió en
octubre de 2009 haber gastado 300.000 euros en sillas, dípticos, la
confección de un DVD sobre la visita papal y un busto del Pontífice.
- El Ayuntamiento de Valencia: Fue la primera de las tres
instituciones gobernadas por el PP que ofreció una cantidad y cifró el gasto
municipal del evento en 2,36 millones de euros.
- El arzobispado: Solo consta una aportación de 10.000
euros para la constitución de la fundación. La misma cantidad que aportaron
los otros tres patronos. A este dinero hay que añadir las donaciones de los
feligreses.
www.elpais.es 04.04.11
EL JUEZ RECHAZA LAS ALEGACIONES DE CAMPS Y CONVOCA EL ACTO PREVIO A SENTARLO
EN EL BANQUILLO
El magistrado admite la prueba sobre la supuesta destrucción de pruebas en
Forever Young para encubrir al presidente valenciano después de que Trillo
se reuniera con el dueño de la tienda
El juez ha dictado un duro auto para la defensa del presidente de la
Generalitat valenciana, Francisco Camps, que lo sitúa a las puertas del
juicio por cohecho impropio,
al haber recibido supuestamente trajes y regalos por valor de miles de euros
de la trama Gürtel. Unos hechos que
el presidente siempre ha negado
y que el ministerio fiscal quiere juzgar conjuntamente con otros siete
delitos de corrupción.
El magistrado José Flors desestima la mayor parte de las alegaciones de las
defensas de Camps y los otros tres acusados contra la instrucción, y convoca
la audiencia que precede inmediatamente (puede dictarla en el mismo acto) a
la apertura o no de juicio oral.
El juez acepta, no obstante, que la fecha de la vista se señale una vez
resueltas las apelaciones a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de
Justicia valenciano. Se trata básicamente de recursos contra denegación de
diligencias dilatorias, una táctica que el juez critica en el auto.
Dado el número de pruebas que figuran en la causa y a la vista de los pasos
dados por el instructor, fuentes jurídicas consideran que lo más probable es
que Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret sean juzgados por
los trajes. A menos que su situación judicial empeore porque el tribunal
atienda la petición de Anticorrupción, que quiere sentarlos en el banquillo
por más delitos. Entre ellos: cohecho propio, prevaricación y financiación
ilegal de las campañas electorales de 2007 y 2008.
El ministerio público ha pedido unir las causas para preservar la visión
completa del caso y no seguir troceando el mayor caso de corrupción de la
historia democrática, esparcido ya por cuatro comunidades autónomas.
Anticorrupción considera que los supuestos delitos están íntimamente
conectados porque los regalos, la adjudicación irregular de contratos en
multitud de departamentos de la Administración valenciana, y la financiación
ilegal del PP por parte de grandes constructoras son diferentes fragmentos
de una misma e intensa relación.
El fiscal ha pedido imputar a otros siete miembros de las cúpulas del PP y
la Administración autonómica, incluidos Vicente Rambla, vicepresidente
primero de la Generalitat, y la presidenta de las Cortes, Milagrosa
Martínez, a quienes los miembros de la red se referían como El cadete
y La Perla en las grabaciones intervenidas por la policía.
El juez abre otra preocupación para Camps y el PP al avalar la prueba
aportada por Anticorrupción, que apunta a que la contabilidad de la tienda
Forever Young fue manipulada para eliminar el rastro de algunos de los
trajes de Camps. La destrucción de pruebas habría tenido lugar después de
que Federico Trillo, estratega judicial del PP en el caso Gürtel, se
reuniera con el propietario del establecimiento.
Los peritos de Hacienda que examinaron la contabilidad del caso el año
pasado ya indicaron que los registros parecían haber sido alterados.
La teoría, apoyada en correos electrónicos y extractos de ficheros
informáticos, fue aportada por el abogado del sastre José Tomás. La fiscalía
la hizo suya y el juez la admite ahora y convoca al sastre, al informático
de la tienda y a la responsable que supuestamente le transmitió a este la
orden a la vista preliminar.
El acto deberá celebrarse en un plazo corto (la ley dice que el más cercano
posible) después de que la sala resuelva las apelaciones, referidas a
cuestiones menores, según consideran fuentes jurídicas. El argumento de
fondo con el que la sala archivó el caso hace dos años, en este preciso
momento procesal, fue corregido con dureza por el Tribunal Supremo, de modo
que no es probable que se repita.
Ahora, además, tampoco preside la sala, José Luis de la Rúa, de quien Camps
decía que era más que un amigo, sino Pilar de la Oliva, más propensa a
limitar al terreno institucional las relaciones entre los poderes del
Estado.
ANTICORRUPCIÓN PIDE IMPUTAR A CAMPS Y SU CÚPULA POR SEIS DELITOS DE
CORRUPCIÓN
El fiscal señala al vicepresidente Rambla y a la presidenta de las
Cortes Valencianas
El caso
Gürtel está a punto de estallar en la Comunidad Valenciana, y la onda
expansiva amenaza a la plana mayor de la Generalitat y el PP valenciano. El
anticipo se conoció ayer, con la presentación por la Fiscalía Anticorrupción
de las alegaciones sobre una de las dos inhibiciones del juez instructor en
Madrid, Antonio Pedreira, a favor del Tribunal Superior de Justicia (TSJ)
valenciano. El ministerio público ha solicitado al tribunal la imputación de
11 cargos populares por delitos relacionados con la corrupción. Empezando
por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los otros tres
imputados en el caso de los trajes, a quienes quiere sentar en el banquillo
por un delito de cohecho propio (en vez de impropio), que se castiga con
penas de prisión e inhabilitación.
La fiscalía punta a 11 altos cargos e indica que hay más implicados
Anticorrupción
ha solicitado igualmente la imputación del vicepresidente de la Generalitat
Vicente Rambla por dos supuestos de financiación ilegal (técnicamente delito
electoral), en los comicios de 2007 y 2008. A la presidenta de las Cortes
Valencianas, Milagrosa Martínez, por delitos contra la Administración
pública en las adjudicaciones a la trama. Al vicesecretario de Organización
del PPCV y diputado, David Serra, por delitos electorales. A Yolanda García,
tesorera del PPCV y diputada, por delitos electorales. A Ricardo Costa, ex
secretario general del PP y portavoz parlamentario de economía, por cohecho
y delitos electorales. A Pedro García, ex director general de Canal 9, por
delitos contra la Administración pública en la adjudicación del contrato de
cobertura de la visita del Papa a Valencia, y por cohecho. Al
exvicepresidente de la Generalitat Víctor Campos, por cohecho. A Rafael
Betoret, jefe de protocolo de la Diputación de Valencia, por delitos contra
la Administración Pública y cohecho. Y a Luis Bárcenas, extesorero del PP
nacional, y Cristina Ibáñez, administradora general del PPCV, por
financiación ilegal.
La fiscalía
quiere acumular los supuestos delitos de las dos inhibiciones dictadas por
Pedreira y el caso de los trajes para celebrar un único proceso que juzgue
las actividades de la trama en Valencia y la aparente connivencia de la
Generalitat. Y ello porque unos y otros delitos "se atribuyen, en parte, a
unas mismas personas; guardan evidente analogía entre sí, y se enmarcan
dentro de una misma estrategia empresarial", consistente en "la entrega de
dádivas a cargos públicos al objeto de conseguir un trato de favor tanto en
la contratación pública como en el ámbito de las formaciones políticas,
coincidiendo en algún caso responsabilidades en uno y otro ámbito en una
misma persona".El ministerio público solicita imputar también a seis
miembros de la trama: los cabecillas Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro
Pérez, El Bigotes, así como a Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y
Mónica Magariños. Y a los empresarios del sector de la construcción que
supuestamente se dedicaron a financiar, utilizando como vehículo a la
sociedad de la red Orange Market, los macroactos electorales del PP. En el
año 2007, cuando Camps ganó las elecciones, y en 2008, cuando el líder del
PP, Mariano Rajoy, se presentó sin éxito a presidir el Gobierno.
A dos de los
constructores los menciona por sus nombres. Se trata de Enrique Ortiz, dueño
de Enrique Ortiz e Hijos, imputado también el caso Brugal, la trama
de basura de Alicante que también afecta al presidente de la Diputación de
Alicante, José Joaquín Ripoll. Y de Enrique Gimeno, presidente de FACSA.
Respecto a los demás, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Delincuencia Organizada los menciona como los "gestores efectivos": Grupo
Sedesa (que en aquel momento estaba dirigida por la familia de Juan Cotino,
vicepresidente tercero de la Generalitat, consejero de Medio Ambiente, Agua,
Urbanismo y Vivienda y ex director general de la Policía); Pavimentos del
Suroeste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez, Piaf y Lubasa.
La mecánica de
la supuesta financiación ilegal funcionaba, tal y como figura en la
investigación del caso, a cuatro bandas. Orange Market, la empresa que
dirigía en Valencia El Bigotes, preparaba los actos electorales del PP. Las
constructoras supuestamente abonaban su coste a la trama corrupta. Y el
Consell premiaba a estas empresas colaboradoras con adjudicaciones
millonarias de obras públicas.
Durante casi dos
años, la vasta vertiente valenciana del caso Gürtel ha permanecido
prácticamente dormida. En gran medida por la decisión del Tribunal Superior
de Justicia (TSJ) valenciano, presidido entonces por Juan Luis de la Rúa, de
archivar en 2009 la causa de los trajes con una interpretación del delito de
cohecho pasivo impropio que incurría en error de ley, según estableció el
Tribunal Supremo en la dura corrección con la que reabrió el caso en mayo
pasado.
Aquella decisión
del tribunal valenciano no solo ha demorado durante dos años la causa de los
trajes (que vuelve a estar ahora prácticamente donde estaba entonces) sino
que se adoptó cuando acababa de llegar a Valencia la primera inhibición de
Pedreira, que abría la posibilidad de enjuiciar a Camps, Costa, Campos y
Betoret por cohecho propio, dejándola en una especie de limbo.
Una vez
reabierto (e instruido) el caso de los trajes; superadas las cuestiones de
competencia sobre las dos inhibiciones dictadas por Pedreira, y resueltos
los recursos que presentaron en el Tribunal Superior de Madrid miembros de
la trama y del PP (que en la causa principal de Gürtel está personado como
acusación), el tribunal valenciano debe decidir ahora si, como solicita la
fiscalía, une todos los delitos en un solo proceso, acumula solo algunos de
ellos, o retoma las instrucciones de forma aislada.
Es probable, por
tanto, que el tribunal ordene la suspensión del caso de los trajes para
acumularlo con otros delitos. Esa decisión implicaría retrasar durante meses
la apertura de juicio oral contra Camps. Pero supondría que el presidente y
los otros tres imputados por cohecho pasivo impropio estarían imputados por
un delito más grave, penado con cárcel de uno a seis años según su
modalidad.
En las
alegaciones conocidas ayer, la fiscalía recuerda que aparte de los 11 cargos
a los que menciona explícitamente, existen indicios de que el número de
miembros de la Generalitat implicados sería mayor. "En relación con la
contratación con la Generalitat valenciana [con las empresas de la trama] y
las personas que habrían podido participar en las mismas, conviene destacar
que las irregularidades detectadas por la Intervención General del Estado se
produjeron en los procesos administrativos de contratación por parte de
diversas consejerías, así como que en alguno de los casos era preceptiva la
autorización por el gabinete del presidente". "Habrían participado",
prosigue, "los distintos cargos que intervinieron en la contratación, cuya
concreta identificación queda parcialmente pendiente de investigar".
Anticorrupción
dedica un apartado especialmente amplio al exdirector de Canal 9, que era al
mismo tiempo un estrecho colaborador de Camps y amigo íntimo de El Bigotes.
Para celebrar el cumpleaños de Pedro García, Álvaro Pérez le preparó una
fiesta sorpresa en Marraquech, a la que se trasladaron en el avión privado
de Vicente Cotino, responsable del Grupo Sedesa, para quien la fiscalía
parece solicitar la imputación, aunque sin referirse a él por su nombre.
El ministerio
público se detiene en la adjudicación de la cobertura de Canal 9 durante la
visita del Papa a Valencia en 2006, que atribuye directamente a Pedro García
"como director general de ese ente con una empresa cercana a Francisco
Correa". Se trata de Teconsa, la firma del sector de la construcción que
obtuvo el contrato de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía de
la cobertura, a pesar de no tener experiencia en el sector, por un importe
de 7,4 millones de euros. La trama, según la investigación, logró embolsarse
en pocos días tres millones de euros. Y Francisco Correa habría destinado
parte de ese dinero a comprar su chalé de Ibiza.
"En toda la
contratación llevada a cabo por la Televisión Valenciana con motivo de la
citada visita [del Papa] se han detectado numerosas irregularidades,
conforme expone la unidad de auxilio judicial de la Intervención General de
la Administración del Estado en informe de 7 de octubre de 2010", señala la
fiscalía.
Precisamente por
esgrimir durante un debate parlamentario con Camps otro informe, en este
caso de la Brigada de Blanqueo de Capitales, que detallaba cómo la red
Gürtel sacó tajada de la breve estancia de Benedicto XVI en Valencia, el
portavoz parlamentario Ángel Luna se sentará el martes en el banquillo.
Después de que Luna mostrara el documento en la Cámara, el PP le denunció
por revelación de secretos, ya que el informe se hallaba bajo secreto de
sumario. El juez Juan Montero sobreseyó esa acusación, pero decidió enviar a
Luna a juicio por un supuesto encubrimiento: entorpecer la identificación de
quien le hizo llegar el documento.
Después de la
recepción de las dos inhibiciones de Madrid y de las alegaciones presentadas
por el ministerio público, la situación judicial del presidente Camps y del
resto de implicados, la mayoría de ellos confirmados como candidatos a las
elecciones autonómicas del 22 de mayo, se complica sobremanera. Aunque a
corto plazo puede suponer incluso un respiro (si los nuevos delitos se
acumulan con el caso de los trajes, la instrucción judicial se demorará
durante meses), a medio plazo el caso Gürtel está llamado a marcar la
nueva legislatura como ya ha marcado la segunda parte de la actual. Si las
encuestas aciertan y el Partido Popular gana las próximas elecciones, la
sombra de la actividad judicial afectaría no solo al presidente sino a un
buen número de diputados.
Y no se tratará
de trajes. La financiación ilegal, por ejemplo, está castigada en la Ley
Electoral con penas de uno a cuatro años de cárcel.
Cargos del PP
implicados en la rama valenciana de Gürtel
- Francisco
Camps. El presidente de la Generalitat está imputado por cohecho impropio en
el caso de los trajes pero la fiscalía apunta que la "valoración
conjunta" con los supuestos delitos electorales y de tráfico de influencias
puede agravar el tipo de su imputación. La fiscalía recuerda que los regalos
a Pedro García, relacionados con las comisiones ilegales en RTVV, se
compraron en los mismos establecimientos que los de Camps y los otros tres
imputados por los trajes. También señala que, en las contrataciones
irregulares de la Generalitat con la trama Gürtel, "en algunos casos era
preceptiva la autorización por el Gabinete del Presidente."
- Milagrosa
Martínez. La actual presidenta de las Cortes Valencianas era consejera de
Turismo cuando en 2005 le otorgó a Orange Market, terminal valenciana de la
trama, el primer contrato para el pabellón valenciano en Fitur. La Fiscalía
Anticorrupción considera que su participación "deberá ser investigada por el
tribunal". Martínez recibió regalos de la red de corrupción, como un reloj
de lujo.
- Vicente
Rambla. El vicepresidente primero del Consell figura implicado en los
supuestos delitos electorales por la financiación ilegal del PP valenciano
en las campañas municipal y autonómica de 2007 y de las elecciones generales
de 2008.
- Ricardo Costa.
El ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico está
imputado con Camps en el caso de los trajes, que está a punto de ser
enviado a juicio por el juez instructor, José Flors. Costa también sería
responsable, según la Fiscalía Anticorrupción, de los supuestos delitos
electorales cometidos por el PP valenciano en complicidad con la trama
Gürtel y ocho empresarios, a quienes el ministerio público también pide
imputar.
- David Serra.
El diputado autonómico y vicesecretario de Organización del PP valenciano
habría participado, según la Fiscalía Anticorrupción, en los delitos
electorales cometidos en 2007 y 2008 por la financiación irregular de las
campañas del partido a través de la red Gürtel.
- Yolanda
García. La diputada autonómica es tesorera del PP valenciano y está
implicada, según el escrito presentado por la fiscalía especial ante al
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, en los supuestos
delitos electorales de los años 2007 y 2008.
- Pedro García.
El ex director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), que dimitió en
agosto de 2010 tras hacerse públicas las irregularidades en el canal
autonómico, habría cometido, según la Fiscalía Anticorrupción, un delito
contra la Administración pública. El escrito se refiere al contrato que RTVV
adjudicó a la empresa Teconsa para la instalación de pantallas de vídeo y
sonorización en la visita del Papa a Valencia en 2006. La adjudicación fue
por un importe de 7,5 millones de euros y la trama habría obtenido 3,3
millones en comisiones ilegales, de los que una parte habría ido a parar al
propio García. Según el ministerio público, a Pedro García le fueron
regaladas prendas de vestir por parte de la trama de la misma manera que a
Francisco Camps. Entre la información recogida en el sumario, hay un informe
policial sobre el regalo a Pedro García de un automóvil por parte de la
trama Gürtel.
- Víctor Campos.
El exvicepresidente del Consell está imputado formalmente por el juez Flors
en el caso de los trajes junto al presidente Camps, Ricardo Costa y
Rafael Betoret. A Campos le reclama la fiscalía la multa de menor cuantía,
34.250 euros, frente a 42.00 que pide para Camps, Costa y Betoret.
- Rafael Betoret.
el ex jefe de gabinete de Milagrosa Martínez como consejera de Turismo, en
la actualidad responsable de protocolo de la Diputación de Valencia, habría
intervenido en la contratación de Orange Market para los pabellones
valencianos en los certámenes de Fitur. Es también uno de los cuatro
imputados por el juez Flors por los regalos de prendas de vestir recibidos
de la trama corrupta.
- Luis Bárcenas.
El exsenador y extesorero nacional del PP, que dimitió a causa del escándalo
generado por el caso Gürtel, está involucrado en los delitos
electorales del PP valenciano de las campañas de 2007 y 2008, según la
Fiscalía Anticorrupción. Bárcenas era el responsable legal de las campañas,
debido a la estructura centralizada del PP.
- Cristina
Ibáñez. Era la apoderada del PP en Valencia en la campañas electorales en
las que la investigación ha aportado indicios de financiación ilegal.
- El "cantante"
y el "príncipe". La investigación no ha podido aclarar hasta ahora la
identidad de dos personas que figuran con esos apodos en los apuntes
contables de la trama y que supuestamente habrían efectuado "pagos opacos
por cuenta del PP de la Comunidad Valenciana a Orange Market".
- Más
imputados. Además de los cargos del PP, la fiscalía pide la imputación
de seis miembros de la trama. Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez,
Cándido Herrero, José Luis Izquierdo y Mónica Magariños. También implica a
ocho empresarios valencianos.
LA FUNDACIÓN QUE MONTÓ LA VISITA DEL PAPA DEBÍA TRES MILLONES EN
2008
La entidad recibió en 2007 donaciones por valor de 350.000 euros
La Fundación
V Encuentro Mundial de las Familia -la entidad constituida por la
Generalitat, la Diputación, el Ayuntamiento y el Arzobispado de Valencia
para organizar la visita de Benedicto XVI- adeudaba a principios de 2008
tres millones de euros por los gastos realizados en el evento.
El coste del
evento superó los 25 millones, según los datos conocidos
Así consta
en la última documentación depositada en el registro de fundaciones de la
Generalitat valenciana, correspondiente al cierre del ejercicio de 2007. La
documentación relativa a 2008 y las anualidades posteriores sigue sin estar
accesible pese a tratarse de un registro público. El gasto realizado por las
Administraciones valencianas en este evento de carácter confesional sigue
sin estar claro cinco años después de la visita del Pontífice a Valencia en
julio de 2006.
La última
memoria accesible de la fundación indica que a primeros de 2008 se debían
todavía 2.993.185 euros, prácticamente la misma cantidad con la que se había
cerrado el ejercicio de 2006 en el que tuvo lugar la visita de Benedicto
XVI. La fundación que seguía operativa y con un trabajador empleado mantenía
viva con Bancaja una póliza de crédito de medio millón de euros de la que
había dispuesto un total de 396.255 euros.
De acuerdo
con la escasa documentación disponible en el registro, en 2007 la fundación
que organizó la visita del Papa a Valencia ingresó 345.655 de donaciones
declaradas -sin especificar si estas procedieron de Administraciones
públicas o personas privadas y otros 52.988 euros de donaciones anónimas de
particulares. En total, casi 400.000 euros que permitieron afrontar los
gastos de funcionamiento -fundamentalmente el pago de facturas pendientes- y
presentar un balance positivo de algo más de 37.000 euros para reducir
ligeramente por debajo de los tres millones la deuda arrastrada del
ejercicio de 2006.
El registro
de fundaciones de la Generalitat ya alertó en las cuentas de 2006 de la
entidad que montó la visita del Papa que la falta de liquidez comprometía el
pago de las deudas y la continuidad de la propia Fundación V Encuentro. De
hecho, a finales de 2009 el Consell tuvo que inyectar dos millones de euros
a la citada entidad.La memoria abreviada de 2007 de la Fundación de la
visita del Papa advierte de que sus compromisos económicos cuentan con el
respaldo de las instituciones gobernadas por el PP. "La fundación", relata
la memoria, "goza del total apoyo económico y financiero de los componentes
del patronato". "El fondo de maniobra negativo", prosigue el documento, "se
califica como transitorio, como prueba que se ha atendido en tiempo y forma
los pagos comprometidos por la fundación". "Esta situación no compromete los
pagos futuros, ni la continuidad de la fundación", sentencia. La elevada
deuda contraida es la razón de que la Generalitat no haya podido extinguir
todavía una fundación que se creó para un evento puntual, la visita pastoral
de Benedicto XVI a Valencia entre el 8 y el 9 de julio de 2006.
A través de
las modificaciones de crédito publicadas en el Diari Oficial de la
Comunitat Valenciana (DOCV) se supo en febrero del año pasado que
el Consell había destinado dos millones de euros a la Fundación V Encuentro
Mundial de la Familia, con la intención de liquidar buena parte de las
deudas.
El pasado
mes de junio el portavoz de Compromís, Enric Morera, preguntó al Consell si
había realizado algún donativo al Vaticano para que viniese el Papa a
Valencia y, en caso afirmativo, por qué cantidad y a través de que
mecanismo. El vicepresidente económico, Gerardo Camps, se limitó a señalar
que en la contabilidad de 2006 de la Fundación V Encuentro no aparece ningún
donativo público y remitió a la oposición a las cuentas depositadas en el
registro de fundaciones. En su respuesta, Gerardo Camps aseguró que ya
estaban disponibles en el registro de fundaciones las cuentas de 2006,2007 y
2008, así como que en breve estarían disponibles las correspondientes a
2009. Sin embargo, en el registro de fundaciones la última memoria
disponible es la de 2007.
La
documentación del registro permite comprobar que en 2006 la fundación
incluyó 2,1 millones de donaciones declaradas sin especificar. Una cantidad
que en 2007 fue de poco más de 345.000 euros. Este concepto es distinto del
utilizado para contabilizar las donaciones anónimas efectuadas por los
fieles, que figuran en 2005, 2006 y 2007.
Así, en el
último ejercicio disponible en el registro, 2007, la fundación que organizó
la visita del Papa recaudó donaciones por importe de 52.988,60 euros
(33.817,60 de entidades y 19.171 de particulares). Nada que ver con la cifra
obtenida el año de la visita del Pontífice, 2006, en el que la fundación
obtuvo 436.381,57 euros de donaciones (212.017,28 de entidades y 204.927,51
de particulares a los que se añadieron 19.436,78 euros de la Diputación de
Valencia). En 2005, el año de constitución de la fundación los donativos
solo fueron de 315 euros.
Casi un
lustro después de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, el gasto
público realizado por la Generalitat sigue siendo un secreto. Sin embargo,
los datos conocidos a raíz de la investigación judicial del caso Gürtel
que realiza el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, así como la escasa y
dispersa información aportada por las propias Administraciones implicadas y
la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia permiten empezar a acotar el
gasto realizado en el citado evento.
El coste
conocido del evento superó los 25 millones de euros, procedentes en su gran
mayoría de los presupuestos públicos de la Generalitat, que desembolsó el
dinero de manera directa o a través de empresas públicas como Ràdio
Televisió Valenciana. Las donaciones de los feligreses para sufragar este
evento confesional apenas alcanzaron los 500.000 euros, según se desprende
de las propias memorias de la fundación.
Lo que se sabe de las cuentas del viaje del Benedicto XVI a Valencia
- La
Fundación V Encuentro Mundial de la Familia: La entidad creada por la
Generalitat y el Arzobispado junto a la Diputación y el Ayuntamiento de
Valencia en 2005 para organizar la visita del Papa gastó más de 12 millones
de euros en el evento, aunque solo consiguió ingresar 9 millones por
distintos conceptos. Cuatro procedentes de cuotas, presumiblemente de los
miembros del patronato. Un total de 2,6 millones procedentes de convenios de
colaboración, supuestamente grandes empresas que contribuyeron con bienes o
servicios, y otros 2,1 de donaciones declaradas, presumiblemente por firmas
que contribuyeron con dinero. Otros 500.000 euros fueron donaciones anónimas
de feligreses.
- El Consell:
Aseguró en febrero de 2007, a través del vicepresidente Víctor Campos, que
solo había gastado 1,9 millones de euros en el evento. Nunca se especificó
el gasto, ni se ha explicado cuánto dinero se destinó al evento a través de
las empresas públicas de la Generalitat. En las respuestas parlamentarias
remitidas con posterioridad a la oposición la Generalitat solo admitió haber
gastado 214.000 euros en recursos sanitarios, 10.417 euros en carteles y
trípticos, 9.969 euros en viajes, 11.948 euros en un estudio de demanda para
analizar la asistencia y 1.566 euros en un curso de formación turística para
voluntarios. El 18 de diciembre de 2009, el Consell aprobó una modificación
presupuestaria de dos millones de euros para pagar parte de las deudas
pendientes de la fundación V Encuentro
- Ràdio
Televisió Valenciana: Canal 9 y Ràdio 9 gastaron cerca de 11 millones de
euros en la retransmisión íntegra de la visita del Papa a Valencia. De esta
cantidad, RTVV destinó 6,4 millones a la sonorización, de los cuales 3,3 se
los repartieron supuestamente la empresa Teconsa y la trama corrupta del
caso Gürtel.
- La
Diputación de Valencia: En 2006 realizaron una donación específica de
19.436,78 euros. La Corporación provincial admitió en octubre de 2009 haber
gastado 300.000 euros en sillas, dípticos, la confección de un DVD sobre la
visita papal y un busto del Pontífice.
- El
Ayuntamiento de Valencia: Fue la primera de las tres instituciones
gobernadas por el PP que ofreció una cantidad y cifró el gasto municipal del
evento en 2,36 millones de euros.
- El
arzobispado: Solo consta una aportación de 10.000 euros para la constitución
de la fundación. La misma cantidad que aportaron los otros tres patronos. A
este dinero hay que añadir las donaciones de los feligreses.
EL CONSELL ADUCE QUE LA FISCALÍA SOLO INCLUYE A CAMPS POR RAZONES
POLÍTICAS
El PP reclama la comparecencia del fiscal general del Estado en el
Congreso
"Es evidente que
Camps no tiene nada que ver, ni nunca ha tenido nada que ver en esto [el
caso Gürtel]. Su inclusión [en el sumario judicial] ha obedecido única y
exclusivamente a razones políticas, nunca jurídicas". La consejera portavoz,
Paula Sánchez de León, hizo ayer una cerrada defensa del presidente de la
Generalitat, Francisco Camps, tras conocer que no aparece explícitamente
mencionado en el último escrito remitido por la Fiscalía Anticorrupción al
TSJ de la Comunidad Valenciana. En este escrito, la fiscalía pide al
tribunal que acepte instruir la parte relativa a la financiación irregular
del PP valenciano del caso Gürtel, tal y como propone el instructor
del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira.
La portavoz niega los indicios de financiación irregular en el PP
La alegría duró
poco porque a través de la misma agencia de noticias que adelantó que la
Fiscalía Anticorrupción excluía a Camps en su escrito, el ministerio público
dejó claro que el presidente de la Generalitat no queda excluido de las
posibles personas que podrían haber incurrido en supuestos delitos
electorales, falsedad en documento mercantil y contra la Hacienda y la
Administración pública relacionados con el caso Gürtel.
Pese a ello, el
entorno del presidente de la Generalitat no cambió el argumentario inicial.
A mediodía de ayer la explicación al escrito de la Fiscalía Anticorrupción
era que no había tenido "más remedio que cambiar la postura por la propia
inconsistencia, no solo de la inclusión de Camps, sino de la propia
acusación que se hace". Tras la aclaración de la Fiscalía Anticorrupción, el
argumento era que alguien en fiscalía había cometido el error de no
mencionar a Camps y desde instancias gubernamentales se había dado orden de
rectificar. En cualquier caso, el PP insistió durante todo el día de ayer en
el argumento de la consejera portavoz: "No ha habido ningún tipo de
financiación ilegal y la contabilidad está absolutamente contrastada y
auditada".
El PP decidió
acompañar sus argumentos con una petición en el Congreso de los Diputados
para que comparezca el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido,
para que explique "detalladamente por qué está persiguiendo al PP utilizando
las herramientas del Estado". "Exigimos que [Conde-Pumpido] no intente
torcer la actuación de sus fiscales", indicaron en el PP.
Camps, que ayer
no contaba con agenda oficial, remitió una nota y unas fotos de su visita a
unas rehabilitaciones realizadas en el Centre del Carme de Valencia, pero
evitó cualquier referencia relacionada con Gürtel.
En medio de la
expectación generada por el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, fuentes
del PP reconocieron la existencia de un cierto malestar por la decisión de
Camps de cerrar filas en torno a su figura mientras se ignoraba al resto de
altos cargos del partido que sí son mencionados en el escrito del ministerio
fiscal. Unos cargos entre los que figuran la presidenta de las Cortes,
Milagrosa Martínez; el vicepresidente primero, Vicente Rambla; o el
vicesecretario de Organización del PP regional, David Serra.
EL TSJ RECHAZA EL INTENTO DEL PP DE DILATAR EL
JUICIO A LUNA
El Partido Popular, interesado en retrasar las causas
judiciales relacionadas con la trama Gürtel que afectan al presidente
Francisco Camps y a numerosos altos cargos populares, tampoco parece tener
prisa en el caso judicial que afecta al portavoz parlamentario socialista
Ángel Luna.
El diputado será juzgado el martes por un supuesto delito de
encubrimiento. El PP lo denunció después de que mostrara en las Cortes un
informe policial que señalaba cómo la trama corrupta sacó tajada de la
visita del Papa gracias a un contrato de Canal 9. El informe estaba bajo
secreto de sumario. El PP denunció a Luna, primero por revelación y luego
por encubrimiento.
El abogado del PP pidió el martes al Tribunal Superior de
Justicia valenciano que se transcribieran todas las declaraciones de la fase
de instrucción que están en soporte audiovisual y el TSJ lo rechazó. Aceptó,
en cambio, la solicitud de que sea llamado a declarar el líder socialista
valenciano Jorge Alarte. Y también de que se averigüe si algún juzgado de
Madrid (porque allí remitió sus sospechas el juez instructor) está
investigando la hipotética revelación de secretos.
CORREA GASTÓ
EL DINERO DE LA VISITA DEL PAPA PARA ESPECULAR EN LA NUCIA
La policía considera acreditado que la trama corrupta del caso Gürtel
destinó parte del dinero logrado con la visita del Papa a Valencia en 2006 a
la compra de una finca en La Nucia (Alicante) con la que, una vez
recalificada, pretendía obtener más de un millón de euros.
Así lo afirman los
investigadores policiales en un informe, adelantado hace semanas por EL
PAÍS, que explica que la trama pretendía realizar negocios inmobiliarios en
La Nucia. Bien mediante la adquisición de este terreno para su posterior
venta recalificado, o mediante la adquisición de participaciones del PAI
(Programa de Actuación Integrada) Pie de Monte para ceder posteriormente el
derecho urbanizador a otra sociedad de la red.
En concreto, el informe
indica que la compra de esta parcela de secano de 12.000 metros cuadrados de
terreno yermo estaba destinada a la especulación inmobiliaria.
El número dos de
la red, Pablo Crespo, había calculado que el beneficio ascendería a
1.134.360 euros o a 1.890.600 euros, según la documentación incautada en
2009 en una caja de seguridad. No obstante, la operación no llegó a
realizarse por la paralización de varios proyectos urbanísticos en La Nucia
a causa de la falta de agua existente.
Cobertura
para la red
El informe de la UDEF,
fechado el pasado 2 de marzo y que ya está en poder del magistrado del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, analiza también la
"operativa de blanqueo" de capitales realizada con este negocio.
Así, como ya explicó
este periódico, el informe confirma que la compra de la finca se financió
con los fondos que Teconsa recibió de RTVV por retransmitir la visita del
Papa. En concreto, 600.000 euros fueron entregados por Apogee
Telecomunicaciones, SA, a través de una factura ficticia que Wild
Electronics emitió a Teconsa, mientras otros 230.000 euros fueron entregados
por medio de una factura que emitió Castaño Corporate a la misma sociedad.
En la operación de la trama, Castaño Corporate -cuyo administrador único es
Jacobo Gordon, también imputado en el
caso Gürtel-
fue la que formalmente compró la finca por 756.240 euros y dio cobertura a
la trama. Correa, que era amigo del alcalde de La Nucia, Bernabé Cano (PP)
intentó especular con otros proyectos. En el PAI Pie de Monte, Correa
intentó que la urbanización se le adjudicase a la constructora Begar de José
Luis Ulibarri, otro de los imputados en el caso Gürtel.
EL TSJ
RECHAZA EL RECURSO DE LUNA Y LO JUZGARÁ POR ENCUBRIMIENTO
La sala
desestima las apelaciones sin entrar en el fondo del asunto
Ángel Luna, portavoz
parlamentario socialista, distinguido en los últimos dos años por denunciar
la connivencia del Gobierno valenciano con la trama Gürtel, será
paradójicamente el primero que se siente en el banquillo por unos hechos
relacionados con el caso. El juez Juan Montero, tras una denuncia
interpuesta por el PP, le abrió juicio oral el 11 de marzo por un supuesto
delito de encubrimiento: obstaculizar la identificación de la persona que le
hizo llegar un informe policial, que estaba bajo secreto de sumario, en el
que se detallaba cómo la trama corrupta se embolsó tres millones de euros
con la visita del Papa a Valencia en el año 2006 gracias a un contrato de la
televisión pública valenciana, Canal 9. Luna esgrimió ese documento en un
debate parlamentario con el presidente Francisco Camps el 24 de marzo de
2010 y siempre ha afirmado que le llegó de forma anónima.
El tipo de
proceso impide analizar la consistencia de la acusación
La sala
indica que los hechos pueden interpretarse de forma distinta
La Sala Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) desestimó ayer, sin entrar en el
fondo del asunto, las apelaciones que tanto el diputado como el ministerio
público presentaron contra la previa decisión del magistrado de continuar el
procedimiento. De ese modo, y dado que contra la apertura de juicio oral
dictada por Montero no cabe recurso, Luna será juzgado probablemente en
abril. La sentencia podría conocerse ese mismo mes o a principios de mayo.
El auto que rechaza las
apelaciones, del que ha sido ponente el juez José Flors, el mismo que
mantiene imputado a Camps por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio,
subraya que dadas las características del procedimiento abreviado que se
sigue contra Luna, la Sala Civil y Penal no podía entrar a analizar la
fortaleza o debilidad de los indicios (pruebas no hay) de la acusación
contra el portavoz socialista.
"Lo que no resulta
posible al tribunal de apelación es realizar un examen directo del resultado
de las diligencias practicadas para extraer unas propias conclusiones que
sustituyan la valoración indiciaria de los hechos racionalmente realizada
por el instructor por otra diferente que pudiera considerarse preferible",
señala el auto.
"Se trata solo",
prosigue, "de analizar si la imputación en la que se basa la decisión de
continuar el procedimiento por los trámites de la preparación del juicio se
halla razonablemente fundada". Tras su limitado examen, la sala considera
que la conclusión de Montero "no es algo que se aparte completamente de la
lógica, ni resulta absurda, irracional o arbitraria".En otro fragmento,
referido al razonamiento realizado por el juez instructor, la sala señala:
"Cierto es que, a partir de esos mismos antecedentes, interpretados de modo
diferente, podría llegarse a una conclusión distinta, pero esa posibilidad
no convierte, sin más en absurda o irrazonable, ni tampoco esencialmente
imposible aquella otra alternativa (la de Montero); y ya hemos dicho al
respecto que en el ámbito de este recurso no le es dado a este tribunal
sustituir las valoraciones del magistrado instructor, salvo casos de
manifiesta irracionalidad".
Es decir, ese es el
grado de exigencia sobre la solidez de la acusación que se exige en esta
fase del procedimiento. Pero la sala advierte que la exigencia en el juicio
será superior: "No hay que olvidar tampoco que el Tribunal Supremo tiene
declarado sobre este particular que el grado de certeza en la fijación de
los datos del hecho y el de valoración de la tipicidad penal para garantizar
la razonabilidad de la continuación del procedimiento, no es el mismo que se
necesita para decidir, en el acto del juicio, sobre la condena (o) la
absolución, en cuyo acto debe tomarse en consideración en todo caso el
principio in dubio". El principio legal In dubio pro reo
establece que en caso de duda, por ejemplo por no existir suficientes
pruebas, debe fallarse a favor del acusado.
El apunte es importante
al relacionarlo con lo que se ha aportado hasta ahora en el procedimiento. Y
en concreto, con el hecho de que en la instrucción no figura ninguna prueba
que desvirtúe la versión de Luna.
El relato de hechos es
conocido. Hace ahora un año, en un debate en las Cortes con Camps, Luna
mostró un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales que explicaba cómo
la trama Gürtel se había lucrado con la visita del Papa a través de un
contrato de Canal 9. La televisión pública valenciana estaba dirigida
entonces por Pedro García, estrecho colaborador de Camps y amigo íntimo de
Álvaro Pérez, El Bigotes, que ejercía como delegado de la red
corrupta en Valencia.
El contenido del informe
había sido publicado meses antes en EL PAÍS y también en otros medios, pero
se encontraba bajo secreto de sumario. El PP presentó una denuncia por
revelación de secretos que el juez Montero archivó porque no había, dijo,
nada que la sostuviera. El magistrado decidió seguir la investigación, sin
embargo, por un supuesto delito de encubrimiento. La actuación del portavoz
socialista, consideró el juez, impedía averiguar quién había efectuado la
filtración.
La versión de Luna
también es conocida. Afirma que encontró el informe en un sobre sin
remitente en la mesa de su despacho en las Cortes; que en el momento en el
que lo mostró no sabía que estaba bajo secreto de sumario; y que después de
enseñarlo se despreocupó de él porque, tras ser aceptada su personación como
acusación en el caso Gürtel, el 7 de mayo de 2010, pasó a tener
acceso informático a todo el sumario. Por ello, agregó, cuando Montero le
reclamó el documento, el 20 de diciembre, hacía tiempo que se había
despreocupado de él.
A pesar de que en el
procedimiento el PP no ha aportado ninguna prueba contra esa versión,
Montero consideró que el socialista sí sabía que el informe era secreto o lo
supo poco después; que era consciente de que quien se lo hizo llegar había
cometido un delito (o que en cualquier caso alguien lo cometió en su
momento); que su explicación de cómo lo recibió no es razonable; y tiene el
documento pero no lo quiere entregar, y por tanto lo está ocultando.
Un razonamiento al que
llegó, básicamente, con un indicio: Luna indagó, antes de declarar ante
Montero, si los sobres que llegan a las Cortes pasan siempre por registro de
entrada. Según Luna, lo hizo para tener la máxima información para responder
ante el juez. A Montero, en cambio, le resultó lo bastante sospechoso como
para enviarlo al banquillo.
El portavoz socialista: "Camps no me va a callar con querellas"
El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano Juan Montero dictó ayer
apertura de juicio oral contra el portavoz parlamentario socialista, Ángel
Luna, por un supuesto delito de encubrimiento.
El 24 de marzo de 2010, en la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas,
Luna mostró un informe policial que revelaba el modo en que la trama Gürtel
se lucró, gracias a un contrato de la televisión pública autonómica, Canal
9, con la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. El documento se
encontraba bajo secreto de sumario. El PP lo denunció por revelación de
secretos. La acusación fue archivada por Montero tras constatar que no
existía ningún indicio que la sostuviera, y envió a los juzgados de Madrid
las sospechas para que se indagaran allí. El magistrado decidió seguir la
instrucción contra Luna, sin embargo, por encubrimiento, a pesar de que el
ministerio fiscal había solicitado el sobreseimiento libre.
Montero no le cree
El diputado socialista ha declarado ante el juez que el informe le llegó de
forma anónima; que no sabía que estaba declarado secreto y que desconoce
dónde está porque se despreocupó de él. El juez no le creyó, y en su auto de
ayer señaló: "Existen indicios de criminalidad", "indicios que deben llevar
a que el proceso prosiga, pues en este momento de la causa no cabe afirmar,
y con efectos de cosa juzgada, que los hechos no sean constitutivos de
delito".
El portavoz del PSPV respondió afirmando que el presidente Francisco Camps
pretendía "ejemplarizar en el castigo para conseguir una sociedad sumisa";
"por muchas querellas que me ponga, no me va a callar". El líder de los
socialistas valencianos, Jorge Alarte, respaldó a Luna, lo confirmó en su
puesto, donde seguirá salvo que lo establezca una sentencia, supuesto, dijo,
"que no ocurrirá". Alarte también predijo que en 2012 "los actuales
dirigentes del PP habrán salido de la vida política a causa de los
procedimientos judiciales por corrupción".
El portavoz del PP, Rafael Blasco, celebró que el juez hubiera encontrado
"indicios suficientes contra su manera de actuar". Y el secretario general
del PPCV, Antonio Clemente, añadió que "la naranja podrida está en el cesto
del PSPV".
EL PAÍS
- Madrid - 12/03/2011
EL TRIBUNAL RECHAZA OTRO INTENTO DE CAMPS DE DILATAR EL CASO DE LOS TRAJES
La sala insta a la fiscalía a solicitar la acumulación de delitos más
adelante
La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano
rechazó ayer un nuevo intento de Francisco Camps, presidente de la
Generalitat, de dilatar la causa de los trajes, en la que está imputado por
un supuesto delito de cohecho pasivo impropio junto a tres altos cargos del
PP y el Gobierno autonómico por aceptar regalos de la trama Gürtel valorados
en miles de euros.
La estrategia de los acusados y especialmente de Camps desde que se inició
la investigación en 2009 ha consistido en solicitar diligencias y plantear
recursos sin cesar para ralentizar la marcha del procedimiento.
En el desestimado ayer, el presidente valenciano había pedido suspender el
trámite de presentación de escritos de conclusiones de las partes (ya los
han entregado la Fiscalía Anticorrupción, los socialistas y el propio Camps)
para que dos peritos hicieran "aclaraciones" y ratificaran sus informes, que
están incorporados al sumario. La sala respalda ahora al juez instructor del
caso, José Flors, que ya había indicado que esa diligencia se efectuaría en
la audiencia preliminar. Ese acto se celebrará probablemente a principios de
abril, una vez que todas las partes hayan presentado sus escritos de
conclusiones. Y precederá a la decisión del magistrado de abrir o no juicio
oral contra Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.
El presidente de la Generalitat (que ayer suspendió su agenda por problemas
lumbares) también solicitaba que se suspendiera la causa hasta que la sala
no hubiese resuelto los recursos contra las decisiones de Flors que han
presentado las defensas. La Sala Civil y Penal también rechazó ese argumento
atendiendo a lo que establece la Ley del Jurado. Tal suspensión podría
decretarse, argumenta en su auto, en la propia audiencia preliminar, si para
entonces todavía quedase algún recurso pendiente. Fuentes judiciales
apuntaron a que la apelación y las dos quejas presentadas por los abogados
defensores que aún debe ver la sala estarán con bastante probabilidad
resueltos para cuando tenga lugar la audiencia preliminar.
La Sala Civil y Penal desestimó igualmente un recurso de fiscalía en el que
pedía suspender la causa hasta que se resolvieran las dos inhibiciones del
tribunal superior madrileño en favor del valenciano. Debido a los recursos
planteados en Madrid, recuerda el TSJ valenciano, este tribunal todavía no
tiene por planteada las inhibiciones. Y el momento oportuno para decretar la
suspensión pedida por la fiscalía, agrega la sala, sería tras la celebración
de la audiencia preliminar.
EL SUPERIOR
DE MADRID ANALIZA SI SE JUZGA AL JEFE DE GÜRTEL JUNTO A CAMPS
El
Tribunal Superior de Justicia de Madrid resolverá previsiblemente esta
semana varios recursos presentados contra la decisión que adoptó el juez
Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, para que los cabecillas
de la trama fueran juzgados junto al presidente de la Comunidad Valenciana,
Francisco Camps, en el asunto del regalo de los trajes. Pedreira dictó hace
meses un auto en el que señaló que tanto Francisco Correa como su número
dos, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, el Bigotes, debían ser
enjuiciados junto a Camps por ser ellos quienes le sobornaron con trajes y
joyas a él y otros altos cargos.
La
Sala de lo Penal de Madrid (integrada por los magistrados Francisco Vieira,
José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández Castro) deberá decidir si
anula el auto de Pedreira, lo ratifica o bien envía la causa a Valencia para
que sean sus colegas los que tomen allí la decisión.
La
Fiscalía Anticorrupción es partidaria de que Camps y los otros tres
imputados en la causa de los trajes (Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor
Campos) se sienten en el banquillo junto a los responsables de Gürtel por la
conexión entre los donantes de los regalos y los que aparecen como
receptores. La Fiscalía pide para Camps en este asunto, por cohecho pasivo,
una multa de 41.250 euros. Y es partidaria de que el caso del regalo de los
trajes, que ya ha instruido el juez de Valencia José Flors, quede paralizado
hasta que se decidida si se une con las diligencias sobre financiación
ilegal del PP de Valencia que también ha destapado el caso Gürtel.
Desglose
La
causa del regalo de los trajes a Camps está ahora, de hecho, desglosada de
la de la presunta financiación ilegal, consistente en que grandes empresas
valencianas sufragaron actos del PP a través de la empresa Gürtel Orange
Market, que dirigía el Bigotes.
El
juez Pedreira también acordó remitir a Valencia el tema de la financiación
ilegal y estableció que entre los implicados podía haber aforados, entre
ellos, Camps. La decisión de Pedreira fue recurrida por el PP, personado en
la causa, curiosamente, como acusación particular, lo que obligó a
intervenir a la citada Sala Penal de Madrid, la cual decidió que fuera su
homónimo de Valencia la que decidiera qué hacer con el asunto de la
financiación ilegal y, en su caso, a quién imputar.
FERIA
VALENCIA FACTURÓ AL CONSELL EN 2008 UN ACTO DEL PP EUROPEO
La
institución ferial consignó a Economía un adeudo de 10.874 euros
Feria
Valencia facturó a la Consejería de Economía en 2008 el alquiler del espacio
utilizado por el Partido Popular Europeo en el Comité de las Regiones de la
UE. Los populares europeos se reunieron en Valencia en mayo de 2008
invitados por el PP y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para
debatir sobre el cambio climático. El encuentro se tradujo en un dictamen
que incluyó el informe a favor de la política de trasvases impulsado por el
Consell y aprobado semanas antes por el Comité de Regiones de la Unión
Europea.
La
información a la que ha tenido acceso este periódico revela la existencia de
un apunte identificado con el número de referencia 3030011080 y la leyenda
EPP (siglas del Partido Popular Europeo) Group in the Comite
regions-espacio. El apunte está referenciado a una factura emitida a la sede
de la secretaría autonómica de Empleo.
En la
factura de Feria Valencia se detallan diferentes conceptos habituales en la
celebración esta clase de encuentros, aunque el coste principal es el
alquiler del espacio, valorado en 7.185 euros. El importe conjunto del cargo
consignado se eleva a 9.374 euros que, con el IVA, alcanza una cifra global
de 10.874 euros con cuatro céntimos.
No
consta que la Consejería de Economía abonase el citado cargo. Fuentes del
departamento que dirige Gerardo Camps explicaron que necesitaban más tiempo
para verificar si se les remitió hace más de dos años un cargo por el citado
concepto y cantidad.
La
institución ferial de Valencia mantiene una política de estricta
confidencialidad y no hace comentarios sobre ninguno de sus clientes, ni
presentes, ni pasados. "No podemos decir nada", insisten.
La
dirección regional del PP negó que hubiese participado en la organización de
la reunión y apuntó que lo habitual es que, tratándose de un encuentro
europeo, sea el Partido Popular Europeo el que asuma el coste del evento.
El
encuentro del grupo del Partido Popular Europeo en Valencia contó con el
presidente del Comité de Regiones, Luc van der Brande, el presidente del
grupo popular en este organismo, Isidoro Gottardo, y el propio Camps, entre
otros.El año 2008 no fue malo para Orange Market. La firma de Francisco
Correa -que dirigía en Valencia Álvaro Pérez El Bigotes- siguió trabajando
para sus dos principales clientes: el PP y Feria Valencia, tras ser
reelegido Francisco Camps.
Según
la documentación incautada por la policía y que figura en el sumario del
caso Gürtel, Orange Market cobró 1.670 euros por sus trabajos en la
jornada del PP europeo celebrada el 23 de mayo de 2008 en Feria Valencia.
En la
misma documentación requisada por la policía e incorporada al sumario del
caso Gürtel, que instruye el juez Antonio Pedreira en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, se da la coincidencia de que Orange Market
emitió con fecha 23 de mayo -el mismo día que tuvo lugar la jornada del PP
europeo- tres facturas a nombre de Feria Valencia. Las facturas, con el IVA
incorporado, son por importe de 10.864,56 euros; 3.343,91 euros y 13.789,50
euros y figuraban como pendientes de cobro.
La
investigación judicial del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana se
ha centrado hasta ahora en las relaciones de Orange Market y la trama
corrupta con el PP, la Generalitat y las empresas constructoras que,
supuestamente, financiaron de manera irregular a los populares valencianos.
Feria
Valencia, según declaró en su día el propio Álvaro Pérez, era uno de los
clientes principales de Orange Market. En 2008 Orange Market consiguió un
contrato directo por parte de la institución ferial para elaborar un plan de
marketing para el certamen Hábitat presupuestado en 800.000 euros. Según la
documentación conocida hasta ahora, tan solo en ese ejercicio, la firma de
Álvaro Pérez facturó a Feria Valencia un total de 1.438.400 euros.
Feria
Valencia, que está presidida por Alberto Catalá desde hace más de una
década, mantiene una estricta política de confidencialidad que ha impedido
saber con exactitud cuántos contratos tuvo la institución con Orange Market,
por qué prestaciones y con qué importes.
La
institución ferial, cuyas cuentas anuales correspondientes a 2008 fueron
auditadas favorablemente por la consultoría Deloitte, no ha rendido nunca
cuentas a la Sindicatura de Comptes. Entre las particularidades que presenta
la contabilidad de Feria Valencia es que hasta 2008, cuando se aprobó la
modificación, los cierres de ejercicio se cerraban el 31 de agosto en vez
del 31 de diciembre, lo que provocaba que las distintas anualidades no
coincidiesen con el año natural. Este cambio hizo que, finalmente, el
ejercicio 2008 solo incluyese el periodo transcurrido entre el 1 de
septiembre y el 31 de diciembre.
Un
reciente informe de la Sindicatura, el órgano que audita las cuentas de las
entidades públicas de la Comunidad Valenciana, se queja del vacío legal que
permite que sociedades mercantiles, fundaciones o asociaciones participadas
mayoritariamente por entidades locales -como es el caso de Feria Valencia,
una entidad sin ánimo de lucro controlada por el Ayuntamiento y la
Generalitat- eludan presentar sus cuentas pese a su carácter público.
El portavoz socialista: "Camps no me va a callar con querellas"
El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano Juan Montero dictó ayer
apertura de juicio oral contra el portavoz parlamentario socialista, Ángel
Luna, por un supuesto delito de encubrimiento.
El 24 de marzo de 2010, en la tribuna de oradores de las Cortes Valencianas,
Luna mostró un informe policial que revelaba el modo en que la trama Gürtel
se lucró, gracias a un contrato de la televisión pública autonómica, Canal
9, con la visita del Papa a Valencia en el verano de 2006. El documento se
encontraba bajo secreto de sumario. El PP lo denunció por revelación de
secretos. La acusación fue archivada por Montero tras constatar que no
existía ningún indicio que la sostuviera, y envió a los juzgados de Madrid
las sospechas para que se indagaran allí. El magistrado decidió seguir la
instrucción contra Luna, sin embargo, por encubrimiento, a pesar de que el
ministerio fiscal había solicitado el sobreseimiento libre.
Montero no le cree
El diputado socialista ha declarado ante el juez que el informe le llegó de
forma anónima; que no sabía que estaba declarado secreto y que desconoce
dónde está porque se despreocupó de él. El juez no le creyó, y en su auto de
ayer señaló: "Existen indicios de criminalidad", "indicios que deben llevar
a que el proceso prosiga, pues en este momento de la causa no cabe afirmar,
y con efectos de cosa juzgada, que los hechos no sean constitutivos de
delito".
El portavoz del PSPV respondió afirmando que el presidente Francisco Camps
pretendía "ejemplarizar en el castigo para conseguir una sociedad sumisa";
"por muchas querellas que me ponga, no me va a callar". El líder de los
socialistas valencianos, Jorge Alarte, respaldó a Luna, lo confirmó en su
puesto, donde seguirá salvo que lo establezca una sentencia, supuesto, dijo,
"que no ocurrirá". Alarte también predijo que en 2012 "los actuales
dirigentes del PP habrán salido de la vida política a causa de los
procedimientos judiciales por corrupción".
El portavoz del PP, Rafael Blasco, celebró que el juez hubiera encontrado
"indicios suficientes contra su manera de actuar". Y el secretario general
del PPCV, Antonio Clemente, añadió que "la naranja podrida está en el cesto
del PSPV".
EL PAÍS
- Madrid - 12/03/2011
LA POLICÍA CERCA AL CONSTRUCTOR QUE SE ENRIQUECIÓ CON CORREA EN LA VISITA
PAPAL
Los agentes piden la imputación del dueño de Teconsa por su relación con
Gürtel
La policía estrecha el cerco sobre uno de los mayores y más rápidos negocios
hechos por la red corrupta que dirigía Francisco Correa en la Comunidad
Valenciana.
La visita de dos días del Papa a Valencia en 2006 sirvió a la trama Gürtel
para intermediar en un contrato de siete millones de euros -más de la mitad
fueron beneficios- que la televisión autonómica Canal Nou -dirigida entonces
por Pedro García, un amigo de la red corrupta-, adjudicó a la constructora
leonesa Teconsa. Los dueños de esta constructora eran, a su vez, amigos de
Francisco Correa, con el que mantuvieron conversaciones comprometedoras que
se han incorporado al sumario judicial del caso.
El contrato multimillonario que adjudicó Canal Nou consistía en poner
altavoces y pantallas de televisión por diversas zonas de la ciudad de
Valencia coincidentes con el recorrido previsto en la visita del Papa.
Teconsa, experta en hacer carreteras y obras públicas pero sin ninguna
experiencia en sonorización e instalación de pantallas de televisión en la
calle, subcontrató los trabajos con empresas que, a su vez, eran clientes
habituales de la red Gürtel.
La constructora leonesa pagó a las subcontratistas del servicio tres
millones de euros y ganó casi cuatro millones. Un negocio redondo que el
empresario leonés repartió con Francisco Correa y su red corrupta, que había
amañado junto a Pedro García, según la investigación, el concurso de la
visita del Papa de Canal Nou.
La policía ha seguido el rastro del dinero y se ha encontrado con que
Teconsa derivó parte de sus ganancias en el contrato valenciano a una cuenta
de Special Events (empresa de Francisco Correa) a través de dos ingresos de
200.000 euros cada uno. Posteriormente, Correa se pagó las obras de reforma
de su vivienda en Ibiza, que le hace Teconsa, mediante transferencias de
dinero desde la cuenta de Special Events. Esta empresa paga a Teconsa por
las obras con dinero que previamente había ingresado de la propia Teconsa
por el reparto de los beneficios de la visita del Papa. Todo queda en
familia.
El sumario del caso Gürtel incorpora ya un informe con todas las
pruebas de este presunto tráfico ilegal de dinero. Ese informe sirve de base
a la policía para pedir al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso, la
"imputación de José Luis Martínez Parra como administrador de Teconsa" por
su participación en la adjudicación del contrato público "realizado de
manera ilícita con la Radio Televisión Valenciana con motivo de la
organización de la visita del Papa".
La policía sostiene que Teconsa fue utilizada por la red corrupta como
"sociedad pantalla" para así "solapar la realización real del acto por la
organización de Francisco Correa y facilitando a este la ocultación de los
fondos recibidos, cobrando por ello una comisión de 200.000 euros".
El informe policial también da cuenta de la misma operativa con la
constructora Begar, que supuestamente pagó un millón de euros a Correa por
intermediar en un concurso de suelo en Boadilla del Monte (Madrid).
Los investigadores concluyen igualmente que Correa defraudó al fisco al
menos 450.000 euros que pagó en Suiza como parte del precio de compra de su
vivienda en Ibiza. La policía pide al juez que ponga en conocimiento de la
Agencia Tributaria este supuesto fraude fiscal.
EL PAÍS
- Madrid - 12/03/2011
CAMPS INSISTE SIN APORTAR PRUEBAS EN QUE SE PAGÓ TRAJES Y AMERICANAS
Admite ahora que conoció a El Bigotes en 2002 en contra de lo que dijo en
2009
El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, imputado por un
supuesto delito de cohecho continuado por aceptar regalos de la trama
Gürtel, negó en su escrito de defensa, presentado el viernes y conocido
ayer, haber recibido obsequios de la red corrupta. Camps repitió los mismos
argumentos que hace dos años, cuando se inició la investigación judicial:
los pocos trajes y prendas de vestir que se llevó de las tiendas Milano y
Forever Young los pagó de su bolsillo salvo en un caso, en el que al no
llevar suficiente metálico encima para comprar una americana rebajada se lo
pidió prestado a un escolta. Como hace dos años, el presidente valenciano no
aportó pruebas de descargo: se limitó básicamente a destacar supuestas
contradicciones en la acusación.
El sastre: "Miente porque jamás ha pagado un euro ni se ha preocupado"
Frente a él se alzan, en cambio, numerosas pruebas. Las declaraciones del
sastre José Tomás y de la cajera de Milano. Los tíquets de caja y los
inventarios semestrales de pagos pendientes de ese mismo establecimiento.
Los tíquets generados para la cancelación de pagos pendientes. Las hojas de
sastrería rellenadas en Forever Young y enviadas a Satsgor, la empresa que
realmente confeccionaba las prendas. El abono por parte de la trama de la
deuda que generaban en las tiendas esos artículos. El conocimiento general
de los empleados de Milano sobre cómo se suministraban los trajes a los
imputados (además de Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret) y
otros elementos incriminatorios.
Argumentos de sobra como para que los 11 jueces que hasta ahora han
participado en la causa considerasen suficientemente acreditado (en el grado
propio de la instrucción de una causa) que recibió los regalos. Así lo hizo
incluso la sala del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano presidida
por Juan Luis de la Rúa, que en 2009 archivó el caso al considerar que
recibir obsequios sin una contrapartida por parte de los receptores no era
delito. Una interpretación que vaciaba de sentido el delito de cohecho
pasivo impropio y que fue duramente corregida por el Tribunal Supremo en
mayo pasado al reabrir la causa.
Camps, para quien la fiscalía pide una multa de 41.250 euros y los
socialistas tres años de prisión, sostiene en su escrito que, en total,
adquirió cuatro trajes, una americana y unos zapatos en Forever Young entre
2007 y 2008. Considera incongruente que, entre las muchas otras prendas que
las acusaciones mantienen que recibió, se contabilicen cuatro trajes que
habrían sido devueltos y que aún así la Fiscalía Anticorrupción y el PSPV-PSOE
los sigan considerando obsequios. Y añade que a principios de 2007, al
recoger tres de las prendas, las pagó en efectivo, "abono que se realizó a
D. José Tomás".
El sastre le respondió ayer: "Si el señor Camps ha dicho eso y lo mantiene
en sede judicial me querellaré contra él por calumnias e injurias porque es
falso y en el futuro se demostrarán más cosas que le inculparán todavía más,
porque jamás ha pagado un euro ni se ha preocupado. En Milano devolvió
cuatro trajes que estaban mal, pero tres americanas de tejido Loro Piana se
las quedó y como se le habían quedado anchas se las arreglé en Forever Young,
porque decía que eran muy marcadas. Y luego me llamó para decirme: 'Qué
éxito".
La defensa del presidente valenciano afirma que el informe de la Agencia
Tributaria no respalda la versión de las acusaciones. Y niega que la
Generalitat adjudicara irregularmente decenas de contratos a la trama.
Camps sí admite, por primera vez desde que estalló el caso, que conoce a
Álvaro Pérez, El Bigotes, a pesar de que en mayo de 2009 lo negó dos
veces en las Cortes Valencianas. La relación se inició en 2002 porque Pérez
realizaba eventos para el PP y se circunscribió "exclusivamente" a ese
ámbito, dice el presidente valenciano, a pesar de que en las conversaciones
grabadas por la policía Camps llamaba a El Bigotes "amiguito del alma".
"LA NUMBER ONE DE LAS FALTONAS TRAE IDEAS DE XARRADES
DE CAFÉ"
El presidente valenciano, Francisco Camps, que se muestra cada vez más
crecido desde que el PP le confirmara como candidato para las próximas
elecciones autonómicas, ha hecho gala de su chulería en las Corts, ayer,
durante la sesión de control, al mofarse de una diputada de Compromis, a la
que acusó de improvisar, a partir de ideas sacadas de una charla en un café.
“Es una especie de miscelánea, usted abre aquí un abanico de ideas y de
propuestas que se ve que comenta en algún café con algún amigo y viene aquí,
vamos a ver campeón, hay que decir todo esto, coges de aquí y de allá, es
como xarrades de café, bueno usted es la número uno de las faltonas,
la número uno, la number one”, afirmó el dirigente popular.
Previamente la había saludado irónicamente diciendo lo mucho que se alegraba
de oír su "dulce voz"
Compromís cuestionó los anuncios de austeridad de Camps, que ayer
afirmó que reducirá las consejerías de 13 a 10, “cuando gane en mayo”,
siguiendo una directriz de Mariano Rajoy. La portavoz de Economía de la
formación, Mireia Mollà, preguntó al president si considera el plan de
austeridad del líder del PP " tan válido como su código ético, que tuvieron
que romper porque lo incumplió sistemáticamente". Por su parte, la portavoz
adjunta de la coalición, Mónica Oltra, le reprochó que se "pasee en Ferrari"
mientras la renta per cápita media de los valencianos "se ha desplomado 13
puntos", lo que "nos ha situado en la España pobre".
El portavoz de Compromís, Enric Morera, recriminó a Camps que se jacte de su
promesa de disminuir el número de consejerías cuando "tiene 300 asesores y
15.000 personas enchufadas a dedo" porque "este clientelismo le da mucha
fuerza".
CAMPS NO ESTARÁ EN LAS VALLAS ELECTORALES DEL PP PARA EL 22-M
Luna afirma que
es un candidato "vergonzante" y por eso no quiere carteles
La sesión de control
parlamentario al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ofreció ayer
signos propios del agotamiento de la legislatura. Dos años de escándalos
relacionados con el caso Gürtel y de preguntas semanales sin
respuestas claras tiñeron ayer de ambiente preelectoral el penúltimo de los
controles semanales al jefe del Consell.
El jefe del
Consell promete que si gana reducirá a diez las consejerías
En este clima, el jefe del
Consell intentó ayer argumentar por qué no piensa poner su imagen en las
vallas electorales. Camps explicó que no recurrirá a las vallas "por
austeridad" y porque es "el presidente con mayor aceptación de la historia".
El jefe del Consell, que eludió sus problemas con la justicia y el enorme
desgaste de imagen provocado por el caso Gürtel, completó su discurso
con una crítica feroz a las vallas del candidato socialista a la
Generalitat, Jorge Alarte -una naranja podrida que da paso a una sana con el
lema "otro camino es posible"-, que tachó de nuevo "ataque a la Comunidad
Valenciana".
[La afirmación de Camps fue
aplaudida horas más tarde por el presidente del sindicato agrario AVA-Asaja,
Cristóbal Aguado, que pidió la retirada de los carteles porque dan una mala
imagen del sector citrícola].
Las razones de austeridad
no convencieron al portavoz socialista, Ángel Luna, que aseguró que Camps
"es un candidato vergonzante y por eso no quiere carteles". "Aspira a ver si
algún incauto vota sin saber que es usted el de los trajes, el de la
corrupción y el que se va a presentar a las elecciones", afirmó el portavoz
socialista.
En su alocución, Luna se
quejó de las "amenazas" del PP para amedrentar a la oposición y se quejó del
recorte de subvenciones a los grupos políticos. Camps evitó entrar en los
planteamientos de Luna y se centró en descalificar al portavoz socialista y
el proyecto político que representa, a los que volvió a situar en el lado
"oscuro".
La tensión con el grupo
parlamentario de Compromís todavía fue mayor. Su portavoz, Enric Morera,
interrogó a Camps por las razones por las que mantiene gastos millonarios en
grandes eventos mientras el desempleo sigue creciendo y hay más de medio
millón de parados.
Para el presidente del
Consell, la intervención de Morera tuvo la altura de una charla de café. Lo
que provocó la intervención de Mònica Oltra, de Compromís, que acusó de
"faltón" a Camps. El presidente replicó que "para faltona ella, que era la
número uno" y la diputada remachó el clavito con "¡y usted un corrupto!".
Tras el desfase, Camps
intentó reconducir su discurso y anunció que si gana las elecciones reducirá
el número de consejerías a 10 -ahora son 13-, pero que no lo ha hecho antes
porque su actual proyecto "era de legislatura". "Cuando haya otra
legislatura, habrá otro proyecto", sentenció. Promesa que no convenció a los
diputados de Compromís, que reprocharon a Camps que pague masters de
tenis, la fórmula 1 y se pasee en Ferrari mientras hay más de 200.000
parados valencianos sin prestaciones.
Por otra parte, en el pleno
de ayer, el PP rechazó una proposición de Compromis, votada por toda la
oposición, para promocionar el valenciano en la Administración de la
Generalitat.
Las respuestas de Camps en sede parlamentaria en el 'caso Gürtel'
- Sobre El Bigotes: "Yo tengo la suerte de saludar a muchas personas
a lo largo del año porque soy el presidente de la Generalitat y hay un
montón de actos y actividades". (12/2/2009).
- Sobre los contratos: "Todas las filtraciones aparecidas en los
medios de comunicación, todas, han sido rebatidas por su orden. Ni PAI, ni
oficinas, ni adjudicaciones a no sé qué tipo de actividades". (19/2/2009).
- Sobre su imputación: "¿Cree de verdad que yo puedo ser imputado
por lo que se dice estos días? ¿Cree que hay alguna duda respecto a mi
responsabilidad y mis acciones? (19/2/2009).
- Sobre la financiación irregular: "Se sabrá toda la verdad,
absolutamente toda, toda, y aquí no ha pasado absolutamente nada. La
Administración autonómica valenciana es la más transparente de Europa, de
toda Europa. La financiación del PP es absolutamente transparente".
(30/4/2009).
- Sobre la trama corrupta: "Ni tramas, ni adjudicaciones que no se
correspondan con la legalidad. Esa es la realidad incontestable, por mucho
que les duela. Se habló de tramas y se habló de adjudicaciones y de
financiaciones irregulares. Y de eso, nada de nada. (...) En cualquier caso,
el procedimiento continúa y lo que es importante es que queda clarísimo que
no hay ninguna trama". (30/4/2009).
- Sobre su declaración ante el Tribunal Superior de Justicia: "Tengo
unas ganas locas, locas, de explicar publicamente todo lo que hay que es
nada. Pero todo tiene que ir con los pasos que corresponde" (30/4/2009).
- Sobre los trajes: "Yo estoy tranquilo. Lo dije hace muchos meses.
No hay nada que ocultar, nada. (...) A esa cuestión ya he contestado con
absoluta claridad. No hay ninguna duda respecto a esa cuestión, ninguna.
(14/5/2009)
- Sobre la insistencia de Luna: "A usted le encantaría coger una
camioneta, venirse de madrugada a mi casa y por la mañana aparecer yo boca
abajo en una cuneta". (12/11/2009).
LA FISCALÍA PIDE JUZGAR A CAMPS JUNTO A CORREA Y EL BIGOTES
La Fiscalía Anticorrupción quiere sentar a los cabecillas de la trama Gürtel
en el mismo banquillo que al presidente de la Generalitat, Francisco Camps,
en la causa por cohecho que se sigue contra él y otros tres altos cargos en
el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano. No tiene sentido,
argumenta Anticorrupción, juzgar por separado a quienes supuestamente
aceptaron trajes y otros regalos y a quienes supuestamente pagaron esos
sobornos: Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes.
El juez del TSJ madrileño Antonio Pedreira, que instruye el grueso del
caso Gürtel, se ha inhibido dos veces (en 2009 y el año pasado) a favor
del TSJ valenciano: para que sea este tribunal el que juzgue a los
sobornadores; y para que investigue el resto de delitos que afectan a la
cúpula del Gobierno y del PP valencianos. El Partido Popular (que en la
causa central de Madrid está personado como acusación) recurrió ambas
inhibiciones, que debe resolver la Sala Civil y Penal del TSJ madrileño. La
fiscalía pide ahora a la sala que respalde la decisión de Pedreira.
Abogado de la trama
Mientras, en Valencia, continúa el procedimiento por cohecho contra Camps,
Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret. Después de que la fiscalía y
el PSPV-PSOE hayan presentado sus escritos de acusación, a final de esta
semana deberá entregar su escrito de conclusiones el presidente valenciano.
A continuación, contarán con su propio plazo de cinco días hábiles para
presentar sus escritos de defensa los otros tres procesados. Uno de ellos,
Betoret, ha cambiado de abogado, según informó ayer la Cadena Ser. El
elegido por el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y hoy
responsable de protocolo de la Diputación de Valencia es Ignacio Peláez.
El letrado lo es al mismo tiempo de José Luis Ulibarri, empresario leonés
dueño de Teconsa e imputado en el caso Gürtel. Peláez es también el
abogado que se querelló contra el juez Baltasar Garzón por haber intervenido
en prisión conversaciones entre los cabecillas de la trama y sus abogados.
Aunque Ulibarri no estaba en la cárcel, Peláez se entrevistó con Correa y
Crespo, según dijo, para coordinar la defensa de su cliente. Antes de pasar
al sector privado, el abogado fue fiscal de la Audiencia Nacional.
ALARTE ACUSÓ EN LA NORIA A PONS DE HABER FIRMADO CONTRATOS PARA LA
GÜRTEL
El 75% de 6.220 personas que participaron en la encuesta de La Noria
consideró que Mariano Rajoy erró al nominar a Francisco Camps como candidato
del PP a las autonómicas de mayo. El sondeo revela que los ciudadanos no
solo ven en él al president de los trajes, sino al político al que cinco
jueces del Tribunal Supremo, por unanimidad, han decidido que hay que seguir
investigando por sus más que dudosas adjudicaciones a la trama Gürtel.
Unos contratos de los que el secretario general de los socialistas
valencianos, Jorge Alarte, responsabilizó, también, en el programa de
Telecinco, a Esteban González Pons, actual vicesecretario de Comunicación
del PP y anteriormente consejero de la Generalitat valenciana desde 2003
hasta 2007.
Jorge Alarte recordó durante su intervención en La Noria, este
sábado, que las sospechas sobre Camps no se limitan a tres o cuatro trajes.
“Para la visita del Papa, a través de la Radio Televisión Valenciana se
concedieron 14 millones de euros de forma irregular, hay un sumario que el
instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha enviado al Tribunal
Supremo, en el que los trajes son sólo la punta del iceberg”, precisó.
Isabel Durán y sus viajes semanales a Valencia
Alarte refutó así la defensa apasionada de Francisco Camps hecha por Isabel
Durán, ante quien el líder socialista manifestó su sorpresa por su
desinformación, a pesar de que, según aseguró, acude todas las semanas a
la Televisión Valenciana. “Usted también sabe, -precisó Alarte a Durán-,
porque va allí todas las semanas, que detrás de los trajes hay, además de
los 14 millones ya mencionados, 6 ó 7 millones más de contratos públicos
irregulares de varios departamentos de la Generalitat, en manos de la
trama”.
El
relevo
de González Pons
El dirigente socialista desveló que la dirección de
La Noria contaba para este sábado con la presencia de Esteban
González Pons, quien finalmente fue sustituido por decisión de su partido
por la diputada valenciana Alicia de Miguel. “Él sabrá por qué no quiere
venir aquí a defender a Camps y su candidatura. Sin embargo, a mí me
encantaría debatir con Camps aquí o donde hiciera falta”, afirmó Alarte, que
se mostró muy satisfecho de estar en “un espacio de pluralidad y libertad
informativa”, algo que, según dijo, es difícil de encontrar en la Radio
Televisión Valenciana.
Durán, "la portavoz del PP"
En una defensa enardecida de Camps, que llevó a María Antonia Iglesias a
considerar más digna de una “portavoz política que de una periodista”, Durán
lamentó que se lleve dos años “crucificando” al presidente valenciano “por
una historia de trajes que es un montaje, una operación tan de diseño y
gigantesca. Lo que no pueden ganar en las urnas lo están intentando ganar a
costa del honor de un presidente”, sostuvo la presentadora del programa “DBT”,
de la Televisión valenciana.
También Camps lo llama montaje
El director de ELPLURAL.COM, Enric Sopena, precisó a Durán que “el Sr. Camps
ha utilizado tus mismas expresiones para decir que todo es un montaje, pues
que demuestre que lo es, porque está poniendo en cuestión el Estado de
derecho”.
El compulsivo mentiroso y su cariño por
El Bigotes
Sopena puso en evidencia que el presidente valenciano es un “compulsivo
mentiroso”, que cuando le preguntaron si conocía al cabecilla de la Gürtel
en Valencia, Álvaro Pérez (El
Bigotes), respondió con un ‘no’. Sin embargo, prosiguió Sopena,
"luego nos enteramos por las grabaciones del caso que en una llamada
telefónica Camps [en referencia a la grabación fechada en el 24 de diciembre
de 2008 incluida en el sumario], le dijo a El Bigotes: ‘Feliz
Navidad, amiguito del alma, a lo que Pérez contestó: te sigo queriendo
mucho. Ya lo sé, pero sobre todo quería decirte que te quiero yo un huevo’,
respondió el presidente valenciano. Estos no se conocían, pues si se llegan
a conocer, se van a la cama juntos”, ironizó el director de ELPLURAL.COM.
El problema es Rajoy
Para Maria Antonia iglesias, “el problema no es Camps, es que estamos ante
una persona que quiere ser presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que no
tiene coraje para imponer su decisión en el partido. Hace lo mismo que con
el tema de la crisis y el boicot a las medidas económicas, mirar para otro
lado para ver si no le pilla el toro. Todos saben que no puede ver a Camps,
pero le tiene miedo, por lo que pueda decir”.
Nadie se vende por unos trajes
La diputada popular
Alicia de Miguel –que sustituyó a Pons- defendió que Francisco Camps es el
candidato que el PP quiere y que su proyecto político es apoyado por la
ciudadanía. En su opinión, “aunque le pese al PSOE, el Sr. Camps tiene 20
años de intachable vida política y el sentido común nos dice que no se vende
nadie por tres o cuatro trajes”, replicó.
Round
entre Iglesias y Durán, y el momento en el que Alarte acusa a Pons
González Pons también firmó contratos para la
Gürtel
Jorge Alarte cerró la tertulia política de La Noria
con broche de oro: “El 62% de los valencianos piensa que Camps es poco de
fiar. El PP quiere perpetuarse en el poder a través de la manipulación de la
televisión pública. El Sr. Rajoy es el responsable político de la corrupción
y si quita a Camps tendría que quitarlos a todos. Esteban González Pons
firmó contratos para la
trama Gürtel y también usted, Alicia de Miguel.
EL SUPERIOR DE VALENCIA TRAMITA EN TIEMPO RÉCORD LA QUERELLA
DEL PP CONTRA EL AZOTE DE CAMPS
La estrategia de acoso y derribo del PP contra el azote de Francisco Camps,
el portavoz del PSOE valenciano en Les Corts, Ángel Luna, está a punto de
conseguir que el dirigente socialista se siente en el banquillo por un
supuesto delito de encubrimiento, al negarse a revelar quién le facilitó un
informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía sobre el lucro de la
trama Gürtel a costa de la visita del Papa en 2006.
Curiosamente, la investigación sobre Luna, iniciada por el Tribunal Superior
de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) hace cuatro meses a raíz de
una denuncia del PP ante un juzgado ordinario ha avanzado con pasos
agigantados, si se compara con lo recorrido por el proceso abierto contra el
presidente valenciano, Francisco Camps, en abril de 2009.
Una pena más severa que la que enfrenta Camps
El delito de encubrimiento que se intenta achacar a Luna conlleva
penas mucho más severas, de seis meses a tres años de cárcel, que a la que
se enfrenta Francisco Camps por haber aceptado, presuntamente, sobornos por
parte de los cabecillas de la trama
Gürtel. El instructor del caso, Juan Montero, ha dado diez días
a las acusaciones para que pidan el sobreseimiento, la apertura de juicio o
nuevas diligencias. El dirigente socialista ya ha anunciado que recurrirá el
auto de Montero ante la Sala del TSJCV.
El primer presunto delito
El juez Juan Montero comenzó sus investigaciones después de que la
Sala Civil y Penal del TSJCV se declarase competente para investigar al
dirigente socialista por revelación de secretos, un delito que, según pudo
comprobar a posteriori el juez, no era atribuible a Luna al no ser
funcionario ni estar personado en el caso
Gürtel cuando enseñó el informe, según apunta Público.
El segundo delito
El juez, lejos de sobreseer el caso, adujo un delito distinto, el de
encubrimiento, y sostiene que Ángel Luna conocía el carácter secreto del
informe, cuyo contenido ha sido superado con creces por las informaciones
posteriores hechas públicas a partir de datos policiales que atestiguan que
la red Gürtel se agenció tres millones de euros por los contratos de Canal 9
para la cobertura de la visita del Papa a Valencia.
El bloqueo del TSJCV
El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha rechazado investigar
hasta el momento otros posibles delitos contra el presidente Francisco Camps
diferentes al presunto cohecho impropio que se le imputa, por el asunto de
los trajes. Continúan en el limbo otras presuntas fechorías
apuntadas por informes policiales, como que el PP valenciano pudo ocultar
2,5 millones al fisco en 2007; que la Generalitat concedió contratos
públicos cuestionables a la trama por un total de 14 millones de euros, y
que empresarios afines pagaron en 2008 a una empresa del entramado Gürtel,
Orange Market, 846.000 euros en negro.
RAJOY CONFIRMA
A CAMPS Y PONE EN JUEGO SU CAMPAÑA Y LA DE LOS BARONES
Desconcierto en
el PP porque puede ser el único candidato procesado de España
Una pregunta recorría ayer
todas las conversaciones internas del PP: ¿por qué? A media mañana se
confirmaron los temores de la mayoría del partido. El Comité Electoral
Nacional remató la jugada que se venía gestando desde hace semanas y
confirmó como candidato al Gobierno de la Comunidad Valenciana a Francisco
Camps, junto al resto de presidentes autonómicos. Lo hizo una semana antes
de lo previsto, para lo cual forzó a todos a convocar con urgencia comités
regionales, incluidos algunos que, como Luisa Fernanda Rudi, ya habían
tenido un acto de proclamación con Mariano Rajoy y toda la cúpula en mayo de
2010. Camps nunca ha tenido nada parecido, y más bien parece que no lo
tendrá.
Aunque todos daban por
hecho que esto sucedería, nadie se lo explicaba. Por qué arriesga tanto
Rajoy, se preguntaban todos.
El caso Gürtel
trasciende con mucho a Camps. Todos los dirigentes, y Rajoy en especial,
saben ya que el juicio por los trajes regalados llegará muy probablemente en
otoño, cuando el líder ya esté lanzando su precampaña a las elecciones
generales de 2012. Además, los dirigentes mejor informados temen que la otra
causa judicial, sobre presunta financiación ilegal, malversación y contratos
irregulares, se una a la de los trajes más o menos por entonces.
Solo había una manera de
evitar que el caso explotara en las manos de Rajoy en el peor momento:
sacando a Camps de la candidatura. Entonces ¿por qué arriesgar?
Aparentemente, la decisión debería ser fácil. Camps ya lleva ocho años de
presidente, se le podría encontrar en el PP un puesto importante, hay un
relevo posible -Alberto Fabra- y el partido está fuerte en la Comunidad
Valenciana. Es decir, el PP ganaría con casi cualquier candidato.
Entones ¿por qué arriesgar
no solo la campaña del líder sino la de los demás barones autonómicos, que
verán cómo los periodistas les preguntan durante su periplo electoral por
este asunto? Ahí empiezan las especulaciones sin certezas. Los más próximos,
los defensores de Rajoy, sostienen que se debe a dos cuestiones: por una
parte la lealtad a quien le apoyó en 2008, cuando "le faltaba la peseta para
el duro", en definición de Alfonso Rus, y por otro la dificultad de
destituir a un líder que garantiza, según las encuestas, un apoyo muy por
encima del 50%. Se ha intentado todo para que Camps dimitiera, señalan, pero
si él no quiere es muy difícil echarle sin generar un cataclismo en Valencia
de consecuencias imprevisibles. Aunque la situación no es comparable, Rajoy
ya ha tenido problemas en el pasado en tres autonomías: Navarra, Baleares y,
sobre todo, Asturias.
El resto de dirigentes
sigue sin entender el riesgo, que consideran excesivo. Rajoy sabe que esta
decisión cuenta con la oposición de muchos barones regionales, que no
quieren en su campaña problemas como los que tuvieron Alberto Núñez Feijóo o
Antonio Basagoiti en las elecciones gallegas y vascas, que coincidieron con
el inicio del caso Gürtel.
La dirección nacional ha
vivido en una contradicción permanente. Por un lado, todos deseaban que la
investigación judicial acabara pronto para poder forzar la dimisión de
Camps. Por otro, Federico Trillo dirigía la estrategia de recursos para
dilatar el proceso. Al final, ganó este último. Camps argumenta que su
juicio no llegará antes de las elecciones. Sin embargo, casi seguro se
producirá la señalación, en abril, con lo que no irá como imputado sino como
procesado por cohecho. Sería así no sólo el único imputado del caso
Gürtel que no dimite, sino el único candidato procesado de toda España.
EL PSOE PIDE TRES AÑOS DE CÁRCEL PARA CAMPS POR EL
'CASO GÜRTEL'
El escrito de acusación estima que ha incurrido en
cohecho propio y solicita prisión y ocho años de inhabilitación para el
presidente valenciano
Los socialistas valencianos, personados como acusación
particular en el caso de los regalos de la red Gürtel al presidente
valenciano,
Francisco Camps, y a otros altos cargos de la
Generalitat y el PP regional han presentado su escrito de
acusación en el que piden tres años de cárcel y ocho de inhabilitación para
el líder popular.
La red Gürtel comenzó a hacer regalos a Camps, a su esposa y a sus hijos a raíz
de que la empresa valenciana de la trama corrupta, Orange Market,
consiguiera millonarios contratos de la
Administración valenciana. En los cinco años de actividad de
esta empresa, el Gobierno que presidía Francisco Camps le adjudicó cerca de
50 contratos, la inmensa mayoría a dedo, sin concurso y saltándose toda la
normativa sobre contratación administrativa. Tomando como base esta
evidencia, el PSOE pide la pena mayor contemplada en el código penal para
este tipo de conductas.
El escrito de los socialistas solicita, igualmente, otras dos
penas alternativas. Una de ellas, la de que Camps y los otros tres imputados
hubieran cometido un delito de cohecho pasivo impropio al aceptar los
regalos de la trama corrupta. Para ese supuesto
el PSOE solicita unas penas mayores que las
pedidas por la fiscalía: 49.500 euros para Camps y el mismo
importe para los otros tres imputados: Ricardo Costa (ex secretario general
del PP regional), Víctor Campos (exvicepresidente de la Generalitat) y
Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo).
Los socialistas plantean por último y de forma alternativa que
el comportamiento de los imputados sea constitutivo de una tercera forma de
cohecho, recogida en el artículo 425.1 del Código Penal vigente en el
momento de los hechos: "La autoridad o funcionario público que solicitare
dádiva o presente o admitiere ofrecimiento o promesa para realizar un acto
propio de su cargo o como recompensa del ya realizado, incurrirá en la pena
de multa del tanto al triplo del valor de la dádiva y suspensión de empleo o
cargo público por tiempo de seis meses a tres años". En este supuesto, el
PSPV-PSOE solicita que les sean impuestas a los cuatro acusados las penas de
suspensión para empleo o cargo público de dos años. Y además: para Camps,
una multa de 46.074 euros; para Campos, 40.497 euros; para Costa, 21.975
euros, y para Betoret, 16.587 euros.
El escrito pide también, de forma accesoria, "el decomiso de
los efectos provenientes del delito de cohecho, concretando de las prendas
(trajes, abrigos, zapatos, chaqué, corbatas, americanas, esmoquin y
pantalones), y en el caso de que no fuera posible, el comiso de otros bienes
por su valor equivalente".
RAJOY TRANQUILIZA A CAMPS Y PROMETE QUE LE
CONFIRMARÁ ANTES DE 15 DÍAS
El PP quiere minimizar conflictos antes de la
convención autonómica de Mallorca
Todavía va a tener que sufrir un poco más, pero al menos ya
tiene un horizonte temporal: 15 días. Es eso, o un poco menos, lo que tendrá
que esperar Francisco Camps para ser designado oficialmente candidato del PP
a las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana. Aún no hay fecha
para reunir al Comité Electoral Nacional, explicó ayer Dolores de Cospedal,
la secretaria general, pero será antes de la convención autonómica que se
celebrará el 4 y 5 de marzo en Palma de Mallorca. Una cita para la que se
quieren evitar los conflictos internos.
El presidente de la Generalitat valenciana lleva semanas
presionando a la dirección nacional para que adelante su nombramiento. El
hecho de que siga formalmente en el aire -aunque todas las fuentes de la
dirección insisten en que la decisión está tomada y será candidato- ha
generado una enorme preocupación en el entorno de Camps. Tanto que Alfonso
Rus, presidente del PP valenciano, llegó a exigir que se adelante y a
insinuar que si no se ha hecho aún es porque Cospedal está presionando a
Mariano Rajoy.
Rus ya había recordado que Camps apoyó a Rajoy tras la derrota
de 2008, "cuando le faltaba la peseta para el duro". El sábado remató:
"Hombre, cerremos ya el tema. Lo único que reivindicamos, que no es nada, es
que lo hagan [la confirmación] lo antes posible". "A la Cospedal le dicen la
dama de hierro, la fuerte. El fuerte es el presidente y él es el que marca
los tiempos", remató Rus.
Estas palabras sentaron mal en la dirección nacional, harta de
presiones. En principio querían retrasar el nombramiento hasta finales de
marzo, a la espera de cualquier novedad judicial -ganar tiempo es siempre la
estrategia favorita de Rajoy-, pero han concluido, según varios dirigentes,
que es imposible llegar a la convención de Mallorca sin el asunto resuelto.
Eso anularía cualquier mensaje que se quiera trasladar allí sobre el
programa marco de las elecciones autonómicas del 22 de mayo.
Cospedal insistió en que no piensa anunciar la fecha del
comité porque lo considera "una cuestión interna que no interesa a los
ciudadanos". Sin embargo, sí se comprometió a que tenga lugar antes de la
reunión de Mallorca.
La secretaria general trató en todo momento de restar
relevancia a este asunto, aunque es la cuestión que centra las
conversaciones internas. Eso sí, siempre en pasillos, porque ayer se reunió
el Comité Ejecutivo y ningún dirigente hizo mención al asunto, ni siquiera
para apoyar al valenciano. Camps, de nuevo, no acudió a la reunión, al
contrario que otros presidentes como Alberto Núñez Feijóo (Galicia) o Ramón
Luis Valcárcel (Murcia). Cospedal insistió en que si el valenciano no ha
sido confirmado hasta ahora es "por un tema de tiempos y de plazos". Tampoco
lo han sido otros presidentes autonómicos, explicó.
Sin embargo, nadie en el PP oculta que este retraso, que han
hecho extensivo a todos los presidentes autonómicos para que no se notara
tanto el motivo, solo obedece a una cuestión: las dudas de Rajoy en los
últimos meses por el horizonte judicial de Camps.
Lo confirmará, aseguran, pero sin entusiasmo ni grandes actos
de adhesión, porque él no quiere dimitir, como desearía la cúpula nacional,
y el juicio en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por un presunto
delito de cohecho -por su relación con la trama Gürtel- tendrá lugar en
otoño, tras las elecciones.
JUECES Y FISCALES PROGRESISTAS DEFIENDEN A LOS
INVESTIGADORES
Las cúpulas nacionales de Jueces para la Democracia y la Unión
Progresista de Fiscales consideran que existe una escalada de "ataques
directos mediáticos organizados" que se desarrollan "con fines no
legítimos", contra los fiscales, jueces y cuerpos de seguridad que
investigan los casos de corrupción en España. En un manifiesto presentado
ayer en Mallorca concluyen que con ello se pretende "perturbar el normal
desarrollo de las investigaciones y coartar la independencia y la autonomía"
de los instructores, acusadores e investigadores, a un nivel inédito.
Entienden que cuando las investigaciones judiciales se
desarrollan en "determinados estamentos del poder público, económico o
social" surgen operaciones de "descalificación y deslegitimación" que causan
"un daño personal e institucional irreparable". El fiscal Emilio Sánchez y
la jueza María Calvo mostraron así el apoyo a sus compañeros y a los
policías y guardias civiles aludidos por descalificaciones e invasiones de
su intimidad que se lanzan desde distintos frentes, a veces sin distinción
ideológica ni partidista, y que han arreciado estos días con las nuevas
acciones judiciales contra el presidente valenciano, Francisco Camps, en el
caso Gürtel.
