El magistrado Juan Montero, de la sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), ha citado a declarar a los responsables de seguridad del edificio de las Corts y de la sede del PSPV en la calle de Blanquerías. Ha decidido que comparezcan en calidad de testigo, obligados, por tanto, a decir la verdad, en la causa abierta a Ángel Luna, portavoz de los socialistas en el parlamento autonómico, por supuesto delito de revelación de secretos. Luna exhibió en la cámara un informe del caso Gürtel sobre las comisiones millonarias cobradas por la trama por los contratos de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) durante la visita del Papa en 2006 a Valencia. Lo mostró el 24 de marzo. Por entonces, y sólo durante las siguientes dos semanas, el sumario estaba secreto. El PP interpuso una querella que instruye Montero, quien recibió hace unos días declaración al propio Luna. El portavoz socialista dijo que el informe lo encontró sobre su mesa. El juez, después de ese testimonio, cita a los responsables de seguridad.

Éste es el segundo asunto que afecta a Luna y que ha llegado al TSJ. En ambos, fue el PP quien inició la causa. Por el contrario, el propio Luna está personado en la causa contra el presidente Francisco Camps por supuesto cohecho pasivo impropio por recibir regalos de la trama Gürtel. Y, además, está igualmente personado como acusación en la otra causa que se investiga en Madrid, la causa general, de la que una parte ha sido desgajada y también ha recaído sobre la sala de Lo Civil y Penal.

En los últimos tres años, las acusaciones de unos a otros se han sucedido hasta el punto de llegar a los tribunales, en los que se libra la más dura batalla entre ambas fuerzas políticas.

LUNA ASEGURA QUE EL INFORME SOBRE EL 'CASO GÜRTEL' LE LLEGÓ DE FORMA ANÓNIMA

Una hora y media duró ayer la comparecencia ante el magistrado Juan Montero del portavoz de los socialistas valencianos en las Cortes, Ángel Luna. Está acusado por el PP de un supuesto delito de revelación de secretos por exhibir en la Cámara autonómica un informe policial del caso Gürtel que recoge lo que cobró la trama por la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Lo enseñó a los diputados el 24 de marzo. El secreto no se levantó hasta pocos días después, el 6 de abril. Ángel Luna dijo ayer que se encontró el informe encima de la mesa y que desconocía quién se lo había enviado. Se lo contó al juez, que fue quien dirigió el interrogatorio y formuló varias cuestiones orientadas a despejar precisamente de dónde salió el informe. Lo hizo de forma insistente y "vehemente", según Jorge Garbó, abogado del PP, Montero solicitó a las partes que cumplieran con "el deber de sigilo" y no desvelaran a los medios nada del contenido de la sesión.

El fiscal, por su parte, centró sus preguntas en saber cuándo se produjo la revelación y desde cuándo está personado Luna en la causa. ¿Por qué? Porque si Luna estaba personado el 24 de marzo, en principio, está obligado a guardar secreto de las actuaciones. Si no lo estaba, no. Eso, al margen del alcance de la inviolabilidad parlamentaria, que es el gran debate jurídico de la causa.

Luna no respondió a las preguntas del abogado del PP que, como ocurre normalmente, fueron incorporadas a la causa por la secretaria de la sala de Lo Civil y Penal. Y no lo hizo, como explicó al terminar su declaración, porque "evidentemente todo esto constituye un montaje dirigido a callar una voz que pregunta y que molesta y, naturalmente, yo no me voy a hacer cómplice de ese juego". Y dijo más: "En las mismas condiciones, volvería a hacerlo porque seguimos sin saber lo que ha costado la visita del Papa a Valencia y tenemos derecho a saberlo nosotros y los ciudadanos que pagan sus impuestos; vamos a seguir investigando lo que ha costado". El portavoz socialista está pendiente del recurso presentado por el PP contra el archivo de la causa por cohecho por unas obras en su casa.

El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Juan Montero ha pedido que no trascienda el contenido de la declaración del portavoz del PSPV en Les Corts, Ángel Luna, por un supuesto delito de revelación de secretos.

Luna ha acudido esta mañana a declarar a la sede del TSJCV después de que cuatro diputados del PP le denunciaran por mostrar, el pasado 24 de marzo en la tribuna de Les Corts, un informe policial del "caso Gürtel" que se refería al coste de la vista del Papa a Valencia en 2006 y que estaba bajo secreto de sumario.

El abogado del PPCV Jorge Carbó ha manifestado a los periodistas que Luna no ha respondido a sus preguntas -se ha acogido a su derecho a no declarar- pero sí lo ha hecho a las cuestiones que le han planteado el magistrado, el fiscal y el letrado del PSPV, a las que ha dado "explicaciones inverosímiles".

A la pregunta de en qué sentido estima "inverosímiles" las respuestas del socialista, ha dicho que "ya se verá" y que a él no le han "convencido", aunque para no dar más detalles ha apelado al "deber de sigilo que compete a todas las declaraciones, sean secretas o no".

En ese sentido, ha destacado la "vehemente" insistencia del magistrado Montero en que no se haga "ningún tipo de comentario" sobre el contenido de la declaración que ha tenido lugar hoy.

"El magistrado ha pedido se respete la Justicia y no se revele nada de lo declarado. Ha llegado a decir que, de no ser así, se estaría incurriendo en una ilegalidad", ha afirmado.

Tras la declaración de Luna, Carbó se ha mostrado "confiado" en que prosiga la instrucción de la causa y que el instructor "llegue hasta el fondo del asunto y determine cuál es el origen de la filtración de ese documento".

Por su parte Luna, en manifestaciones a los periodistas tras su declaración, ha explicado que el juez ha advertido de la "imposibilidad legal" de desvelar el contenido de su testimonio y ha puntualizado que este aviso no está relacionado con "la gravedad del caso", sino que obedece a lo que establece la ley de Enjuiciamiento Criminal.

El socialista, quien ha llegado diez minutos antes de las diez y media de la mañana, hora a la que había sido citado a declarar, se ha negado a responder a las preguntas del abogado del PP, tal y como hizo cuando tuvo que declarar por la querella que los populares interpusieron contra él por unas obras en su vivienda.

En este sentido, ha explicado que, dado que a su juicio "todo esto constituye un montaje" del PP, que pretende "callar una voz que pregunta y que molesta", no está dispuesto a ser "cómplice de ese juego" y por ello ha decidido no responder a las preguntas del abogado de este partido.

Luna, quien se ha mostrado convencido de que todo este proceso acabará con el archivo de la causa, ha incidido en que volvería a actuar "exactamente" igual que lo hizo y ha sostenido que no ha cometido "ningún delito", porque lo único que hizo fue cumplir con su "obligación".

"Yo tengo la obligación de desvelar aquello que el gobierno de Camps quiere ocultar, que es cómo malgasta el dinero público y eso lo voy a seguir haciendo mientras sea diputado en estas Cortes", ha afirmado.

Ha sostenido que no se habría llegado a esta situación si el Consell respondiera a las "innumerables" preguntas del PSPV sobre los gastos de la visita del Papa a Valencia "en tiempo y forma", y ha añadido que, dado que todavía no tienen esta información, seguirán "investigando" porque tienen "derecho a saberlo".

Luna ha incidido en que van a seguir "en la misma línea", y ha recordado que en la actualidad se conoce que la trama Gürtel "se ha llevado tres veces más de lo que se pensaba inicialmente, gracias al último informe de la Brigada de Blanqueo de capitales".

La Policía Judicial que investiga el caso Gürtel mantiene que el ex director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García recibió 500.000 euros de comisión por el contrato que Canal 9 adjudicó a la trama corrupta por la visita del Papa, a través de dos empresas ligadas a un primo de su mujer.

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) considera que el ex director general de RTVV percibió este soborno mediante dos pagos realizados por Teconsa y Promociones Inmobiliarias del Pisuerga (Proinsa) a las empresas Grupo Alvalon y Vianago, ambas ligadas a Vicente Torro Casanova, primo político de Pedro García.

Los agentes han seguido el rastro de estos abonos y, según un informe del pasado 25 de noviembre, mantienen que corresponden a trabajos no realizados. El primero de los pagos es de 243.600 euros procedentes de Proinsa a Grupo Alvalon, cuyo administrador único es Vicente Torro Casanova, por la intermediación en la compraventa de un solar de las benedictinas en Zamora.

El segundo pago es directamente de Teconsa a Vianago S. Coop. V. La Policía se puso en contacto con la administradora de esta firma, que les remitió directamente Vicente Torro Casanova como responsable real de la empresa que, además, tiene su domicilio social en la misma finca en la que vive el ex director general de RTVV.

Torro Casanova fue citado por la Policía y, según su declaración, no puede explicar su relación con Proinsa y el cobro de 243.000 euros, porque la operación la gestionó su padre y ha fallecido. Además, carece de cualquier soporte documental que justifique la mediación en la operación urbanística por la que recibió este dinero. Respecto al segundo pago -de Teconsa a Vianago-, el primo de Pedro García argumenta que es una factura emitida también por su padre por su intermediación en la venta de algún solar, pero que tampoco lo puede demostrar.

La Udef ha pedido al instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que llame a declarar como imputados a Pedro García y a su primo, y como testigo a la mujer del ex director general de RTVV. Además, le solicita que extienda mandamiento judicial para requerir a las dos empresas vinculadas a Vicente Torro los movimientos bancarios posteriores en las cuentas donde Teconsa y Proinsa le abonaron los dos pagos. En ambos casos, el dinero prácticamente ha desaparecido, ya sea mediante cheques, reintegros y transferencias, que la Policía indaga ahora y que, según sus conclusiones, habría recibido Pedro García.

La policía halla la prueba del amaño en el mayor contrato que ganó 'El Bigotes'

El sumario revela que la red corrupta conoció un mes antes las bases del concurso

Un informe policial sobre la adjudicación por un millón de euros del stand de la Comunidad de Valencia en Fitur en 2005 a Orange Market, la empresa de la trama corrupta que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, aporta pruebas del amaño que rodeó a este concurso. La red tuvo acceso con casi un mes de antelación a las bases oficiales de esta adjudicación, tal como revelan correos electrónicos que circularon entre empleados de Gürtel con instrucciones de cómo y qué aspectos debía contener la propuesta de Orange Market para alzarse ganadora, como así fue, de la adjudicación del pabellón de Valencia en Fitur. Este informe policial pertenece a la tercera parte del sumario (unos 30.000 folios) que el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, acaba de hacer públicos.

Correos electrónicos entre empleados de Gürtel delatan la filtración de las bases
Los agentes quieren interrogar a funcionarios de la Agencia de Turismo

En esos correos se basa la policía para sostener que desde la Generalitat alguien pudo informar a la trama del "núcleo del concurso" de Fitur 2005, lo que permitió a la red tener tiempo suficiente para formular una propuesta ganadora y adaptada a las bases.

Según el informe policial, el pliego de condiciones fue publicado oficialmente el 29 noviembre de 2004. Pero casi un mes antes, sin embargo, la red disponía ya de lo fundamental de las bases. Las pruebas que tiene la policía de la supuesta connivencia entre la Agencia Valenciana de Turismo, que es la que redactó esas bases, y la trama Gürtel se concretan en correos electrónicos fechados los días 4 y 5 de noviembre de 2004 en los que se aprecia que la red "ya contaba con los pliegos administrativos y técnicos" sobre el citado pabellón.

El primero de los correos, del 4 de noviembre, lo remite la firma "Down Town (infodowntown-consulting.com)", vinculada a la trama, con destinatario "Rocío". Incluye como asunto la frase "pliego Fitur Com..Valenciana", así como un documento adjunto, "fitur valencia.doc". Rocío, según la policía, es una empleada de la red Gurtel. La firma Down Town envía a Rocío ese correo "a petición de Isabel [Jordán, entonces una de las directivas de las sociedades del cabecilla, Francisco Correa". El correo contiene, explica la policía, un "resumen de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas para la contratación de la fabricación del stand para Fitur (edición de 2005), así como el montaje del mismo y su adaptación y montaje a otras tres ferias más" de ámbito nacional en las que ese año quería estar presente la Generalitat.

El otro correo electrónico, fechado el 5 de noviembre, también lo remite Down Town, pero esta vez directamente a Isabel Jordán, y en él se anexa un archivo en el que se indica que el stand de Fitur sale a concurso por "un millón de euros" (que luego se ampliaría con otros 500.000 para las otras tres ferias de turismo en las que quería participar la Comunidad Valenciana). Sobre la valoración de las pujas se indica en ese archivo que "la oferta económica tendría el 50%, la agilidad en la construcción y montaje, un 30%, el mantenimiento un 10%.". Y se destacan como importantes "criterios para la adjudicación" aspectos como la "creatividad, estética y funcionalidad del diseño principal y las adaptaciones a otras ferias". La policía ha hallado muchas "similitudes" entre las bases oficiales del concurso aprobadas por la Generalitat y los archivos adjuntos de los citados correos, que contenían aspectos técnicos y un borrador de lo que luego sería la propuesta de Orange Market para ese stand. La policía explica: "Hay similitudes literales entre la documentación del informe de condiciones técnicas para la contratación del suministro e instalación de un stand ferial para la participación de la Comunidad Valenciana en certámenes turísticos durante el año 2005 (aportado por la Generalitat y firmado por los funcionarios Jorge M. Guarro Monllor e Isaac Peral Sánchez) y lo que se le envía [por correo electrónico] con anterioridad a que se hiciera público a Felisa Isabel Jordán". Guarro y Peral son funcionarios de la Agencia de Turismo de Valencia, filial de la Consejería de Turismo, que en 2005 dirigía Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes valencianas. Martínez es uno de los altos cargos del Gobierno de Francisco Camps receptores de regalos de la trama Gürtel (en concreto, un reloj valorado en 2.400 euros). La policía ha pedido que se interrogue a funcionarios de la citada agencia, a Martínez y a otros altos cargos de su ex departamento, entre ellos, a su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret, en relación con el montaje del pabellón de Fitur 2005. Aparte de estas "similitudes", otros informes policiales han detectado irregularidades en otras tres contratas que adjudicó Turismo a Gürtel.

www.elpais.es 09.12.10

LA RED GÜRTEL AMAÑÓ EL CONCURSO DE LA VISITA DEL PAPA CON EL PP VALENCIANO

La agenda secreta del 'número dos' de la trama revela que el ex director de Canal 9 se llevó 500.000 euros; El Bigotes, otros 500.000; y un tal "R", 300.000

Los investigadores descubren cómo, cuánto y quiénes se repartieron los tres millones de euros en comisiones que recibió la red de Correa del viaje de Benedicto XVI. El juez tiene previsto entregar hoy las diligencias a los abogados

El último informe policial incorporado al sumario revela que la red Gürtel negoció y amañó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con la cúpula del PP de esa comunidad y, además, concreta qué personas se repartieron la millonaria comisión que generó a la trama corrupta la visita papal.

El informe, de 68 páginas, muy exhaustivo, es demoledor: señala cómo los responsables de la red Gürtel, en connivencia con el ex director de la televisión pública valenciana Canal 9, Pedro García -y presumiblemente también con altos cargos del PP y personas vinculadas a la fundación pública que organizó el evento- inflaron al doble el precio de contratación de la instalación de los equipos de imagen y sonorización del viaje del Papa y se repartieron una comisión de tres millones de euros.

La red usó como testaferro de ese amaño a la firma leonesa Teconsa, sin ninguna experiencia y que fue la adjudicataria de la instalación de los equipos de sonido e imagen de la visita que giró Benedicto XVI a Valencia en 2006 para participar en el V Encuentro Mundial de Familias. El informe describe cómo los responsables de la trama se repartieron casi tres millones en comisiones de los 6,4 que libró Canal 9 de sus arcas exclusivamente para el montaje de los citados equipos (el coste total de la visita se acercó a los 14 millones).

Según este informe, basado en análisis de la caja B de las empresas Gürtel y en anotaciones hechas en su agenda secreta por el número dos de la trama, Pablo Crespo, el reparto de los tres millones fue el siguiente: el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, se metió en su bolsillo 1,4 millones, y su lugarteniente, Pablo Crespo, 630.000 euros. Otra suculenta tajada, 500.00 euros, fue a los bolsillos del jefe de la red mafiosa en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, a quien el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, llama "amiguito del alma" y le dice que le "quiere un huevo" en dos conversaciones telefónicas que ambos mantienen en la Navidad de 2008. Otros 500.000 euros fueron para Pedro García, ex director general de Canal 9, cargo para el que fue nombrado mediante decreto del presidente Camps en septiembre de 2004 y del que dimitió en agosto de 2009 tras salir a luz en EL PAÍS que la visita del Papa también había caído en las redes de Gürtel. El informe sostiene que además hubo una quinta persona que entró en el reparto de los 3 millones. Responde a la inicial de "R", y se llevó otros 300.000 euros. "R=persona sin identificar=300.000 euros", se recoge en el informe policial.

La empresa testaferro, Teconsa, por prestar su nombre al chanchullo, ingresó otros 200.000 euros del total de 2,8 millones en comisiones que deparó la visita del Papa. Aparte de múltiples indagaciones y cotejo de movimientos de dinero, la policía ha llegado a la conclusión de que éste fue el reparto exacto de las comisiones gracias a un archivo de Excel llamado (VISITA PAPA 1/DOCUMENTOS IMPORTANTES/RESUMEN FINAL.XLS/Hoja CIFRAS". Este archivo fue hallado dentro de un disco de memoria, pen drive, decomisado en un piso de seguridad de la trama sito en el madrileño paseo del General Martínez Campos, 32.

No tardaron mucho los implicados en empezar gastar el dinero de la comisión. Correa invirtió parte de su dinero en obras y reformas de casas que posee en Ibiza y Marbella; El Bigotes destinó 12.000 de sus 500.000 euros en comprar joyas y artículos de regalo (posiblemente para agasajar a políticos del PP con poder de contratación en la Administración valenciana). También destinó parte de ese dinero en regalos de bodas, ayudar a su familia, pago de inmueble y viajes. El ex director de Canal 9, siempre según el citado informe, pudo destinar parte de su 500.000 euros en comprarle a su esposa un Volvo XC90 por importe de 54.475 euros, entre otras adquisiciones.

Pero hay más documentos que certifican el increíble amaño que hizo la red Gürtel con la operativa de la visita del Papa a la ciudad del Turia y que dejan entrever que Correa y sus hombres pudieron embolsarse ese dinero en connivencia o, al menos, con la aquiescencia de altos cargos del Gobierno valenciano. La policía no atribuye a ningún alto cargos delito alguno, si bien en su informe aflora un documento que hasta ahora no se conocía. Una agenda secreta intervenida a Pablo Crespo, número dos de la trama. Esa agenda contiene supuestos contactos previos a la visita papal entre Crespo y dos vicepresidentes del Gobierno de Camps, Víctor Campos (que dejó el cargo en mayo de 2007) y Juan Cotino (en la actualidad, vicepresidente tercero). La agenda secreta de Crespo también refleja contactos entre Crespo y un comisionado de la fundación encargada de organizar la visita del Papa; y entre Crespo y el entonces responsable de Canal 9, Pedro García, que fue el que contrató con la citada fundación, integrada por representantes públicos valencianos, la retransmisión a todo el mundo de la visita y quien subcontrató con la empresa testaferro Teconsa la instalación de los equipos audiovisuales por 6,4 millones de euros (casi tres de ellos, comisiones).

En concreto, la citada agenda recoge anotaciones sobre "reuniones y conversaciones" entre Crespo y "Víctor y Ricardo", en alusión, según la policía, al citado Víctor Campos, y a Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia. También alude a contactos con Juan Cotino en relación con la visita papal.

De su puño y letra, Crespo escribe en esa agenda: "Todo indica que en las elec. Victor-Presi Dip. Castellón, Ricardo-Vice o Economía". Igualmente se refiere a El Bigotes, su hombre en los tejemanejes de Valencia. "Álvaro se quiere situar. Con Víctor [se supone que Campos] está imponente"; "muchos actos"; "todo va de puta madre"; "implicar a Ricardo (que vea que esto es un poco suyo)", "Víctor lo tranquiliza con lo del Papa"; "Pedro [García] se preocupa todos los días; Habla con Víctor, con Juan [Cotino]"; "no ha hecho nada en Canal 9"; "viene un aluvión de actos, acciones etc"; "No quiere fallar en nada".

La misma agenda contiene anotaciones, anteriores a la visita del Papa, que ya entonces dan cuenta del "suministro de los equipos de sonido y pantallas" para el acto del Papa y señala contactos de Crespo con "Pedro", "Cotino" y "P. Boada". La policía sostiene que "Pedro" es el antes citado director de Canal 9; que "Cotino" es "Juan Gabriel Cotino Ferrer" y que "P. Boada" es Enrique Pérez Boada, "responsable en 2006 del Instituto Valenciano de Finanzas y Comisionado del Patronato de la Fundación V Encuentro Mundial de Familias".

El juez archiva la querella del PP contra Ángel Luna

El TSJ de Valencia refuta los hechos denunciados y asegura que, en cualquier caso, los delitos estarían prescritos

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha archivado la querella que interpuso el Partido Popular contra el portavoz del PSPV en Las Cortes valencianas, Ángel Luna. El magistrado instructor, Juan Climent, asegura en un auto fechado hoy mismo que la prescripción de los delitos denunciados por el PP impide cualquier investigación al respecto, por lo que archiva las diligencias previas. El juez sigue así el criterio de la Fiscalía.

Auto de archivo de la querella contra Luna

El PP denunció a Luna por un presunto delito de cohecho por unas obras que realizó en 1997 en su casa el constructor Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal que afecta al PP de Alicante, cuando el hoy portavoz socialista no ocupaba ningún cargo público. El propio Luna confirmó que pidió al empresario que le buscara gente para una obra en su domicilio.

En la misma querella, el PP acusaba a Luna de prevaricación por presuntas irregularidades en los procesos de licitación pública durante su etapa como alcalde, pero el TSJ rechazó esta acusación por entender que del relato de los hechos no se desprende indicio alguno de ese delito.

En cualquier caso, el juez asegura en su auto que el PP ha cometido varias imprecisiones en su querella. Por ejemplo, se aseguraba que Ángel Luna fue contratado por Ortiz nada más abandonar la alcaldía de Alicante en 1995 "lo que resulta inexacto, según se desprende de la hoja de vida laboral aportada por el querellado", sino "mucho tiempo después en 1999", asegura el escrito del magistrado.

Otra de las inexactitudes de la querella que refleja el juez respecto de las presuntas dádivas es atribuir a Luna la propiedad del piso cuando entre noviembre de 1997 y febrero de 1998, fechas en las que se desarrollan las obras, el inmueble pertenecía a quien es hoy su esposa, aunque no lo era entonces.

Por último, el juez niega que Ortiz regalara a Luna un coche, tal y como recoge la querella. El portavoz socialista, según el auto, aportó al tribunal "factura de adquisición del dicho vehículo de fecha 30 de junio de 2002, expedida por la empresa 'Enrique Ortiz e Hijos', por importe de 5.181,14 euros, que con el IVA totaliza la cantidad de 6.010,12 euros".

Solo después de hacer estas apreciaciones sobre los motivos de la querella presentada por el PP, el magistrado dice que, aun cuando estos se hubieran producido ("lo que indiciariamente, a tenor de lo dicho y en especial de la secuencia temporal de los hechos en que se concretan, no parece ocurrir", asegura), los delitos denunciados habrían prescrito.

El PP recurrirá

Como era previsible, el grupo popular en las Cortes Valencianas, con el portavoz y consejero Rafael Blasco a la cabeza, recurrirá el archivo de la querella. En un comunicado, el PP lamenta que el TSJ haya desestimado la querella al considerar que ha prescrito el supuesto delito de cohecho del que acusaba el grupo parlamentario a Luna. Para los populares, es "sorprendente, por inusual, la prisa que se han dado" en solicitar el archivo de la querella tanto el fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, como el magistrado instructor.

El PP se queja también de que "no han pedido a la acusación su opinión sobre la eventual prescripción" y que su partido "ni siquiera" conoce el escrito del fiscal en el que solicitaba el archivo.

Los socialistas, mientras, no han ocultado su satisfacción por la decisión del tribunal. El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha hecho "responsable político" de la querella contra Luna al presidente del PP, Mariano Rajoy, por "asentimiento", y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por "acción". Alarte, que ha comparecido junto a Ángel Luna, ha destacado que, en su opinión, el auto de archivo llama sesen relación al archivo de la querella "mentirosos" a los 'populares" porque señala la "inexactitud" de las acusaciones. Por ello, considera que "alguien tiene que asumir que se haya perseguido" a Luna.

Por su parte, el portavoz socialista en las Cortes valencianas se ha mostrado "satisfecho" porque, a su juicio, el auto es "concluyente" y "desmonta" la versión de la querella al considerar que los hechos que se le imputaban "no pueden ser constitutivos de delito". "Han intentado callar una de las voces del socialismo y han fracasado", ha apostillado Luna, que tiene pendiente otra querella del PP por supuesta revelación de secretos porque mostró un informe del caso Gürtel en el Parlamento.

www.elplural.com 20.11.10

La Agencia Tributaria constata que la trama Gürtel pagó trajes a Camps

Los peritos mantienen dudas sobre la veracidad de algunos documentos

"Consta el recibo de pago número 288, de fecha 4 de julio de 2007 en el que se documenta el pago de los recibos 266 y 308. En dicho documento aparece el nombre de Camps. Consta el pago mediante cheque por importe de 2.880 euros" (...) "Existe constancia documental de la confección por parte de Sastgor para Forever Young de dos recibos de venta, que incluyen únicamente 4 trajes a 720 euros cada uno, en los que aparece el nombre Camps nuevo cliente, por importe de 2.880 euros" (...) "Se puede concluir razonablemente que los recibos de venta 266 y 308 han sido pagados, conjuntamente con el pago número 289 de fecha 4/07/07 por importe de 6.617 euros en el que aparece el nombre de Pérez Álvaro, mediante la transferencia de la entidad Diseño Asimétrico".

El informe de los peritos de la Agencia Tributaria, elaborado por encargo de José Flors, juez instructor del Tribunal Superior de Justicia valenciano, establece con claridad el nexo entre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, Álvaro Pérez, El Bigotes, y la empresa Diseño Asimétrico que formaba parte de la trama orquestada por Francisco Correa en el caso Gürtel. Y sin embargo, esos mismos peritos introducen elementos de duda sobre quién, cómo y cuándo se habría hecho cargo del pago de esas facturas. Y ello por dos razones. Una: el precio atribuido a los trajes en un documento es de 720 y en otro de 950. Dos: los peritos "albergan dudas razonables acerca de la veracidad de dichos documentos".

En cambio, no albergan ninguna duda sobre un hecho: frente a lo que manifestara en su día Camps no existe constancia alguna de que él ni el resto de imputados realizaran pagos en efectivo ni a Milano, ni a Forever Young, ni que utilizaran ninguna de las empresas de la trama como intermediarias para pagar los trajes que adquirieron en las tiendas.

El análisis de la documentación incluida en la causa analiza el pago de las prendas en tres años: 2006, 2007 y 2008. En el primero de ellos estudia dos fases. En la primera, detalla el pago de unas prendas a principios de 2006. El informe establece la existencia de dos tiques: uno por importe de 1.400 euros y otro de 3.300 euros. Aparecen referenciados como "Camps o Campos" y como "Comunidad Valenciana". El primero se paga por un cheque. El segundo, en efectivo. Los pagos los hizo Orange Market, al frente de la cual estaba Álvaro Pérez. La segunda fase se corresponde con los pagos efectuados por Diseño Asimétrico que encabeza el principio de esta información.

Respecto de posibles encargos en la primavera de 2007 y en la primavera y verano de 2008, Hacienda afirma que "no hay justificación documental que permita pronunciarse a estos peritos". Incluso llega a decir que "se advierten errores" en la identificación de documentación. Por eso los peritos no son concluyentes. Su labor ha sido analizar la documentación, sin ponerla en contradicción con las declaraciones realizadas por imputados y testigos en sede judicial.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico analizaron de forma contradictoria el escrito de la Agencia Tributaria. Para unos se trata de un informe que favorece en su totalidad la posición de Camps, mientras otras sostenían todo lo contrario.

www.elpais,es 13.11.10

Regalos de lujo para la familia del presidente y sus altos cargos

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, dispone desde el pasado miércoles de un nuevo informe de la unidad policial contra la delincuencia económica (UDEF) que certifica que la trama corrupta compró regalos de lujo para agasajar a la familia del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a sus altos cargos. "Las anotaciones efectuadas [por la trama Gürtel en sus archivos informáticos] reflejan datos reales", asegura el informe policial, que ha relacionado los apuntes informáticos con los extractos bancarios y las facturas de las tiendas.

A continuación se detallan los regalos que, según el informe, Orange Market compró y remitió a políticos del PP y a sus familiares en las Navidades de 2005, tras implantarse en la Comunidad Valenciana.

- Francisco Camps. La esposa del presidente valenciano, Isabel Bas, recibió un bolso Senda 4 de la firma Loewe, valorado en 750 euros, cuyo importe fue abonado por Orange Market mediante factura del 15 de diciembre de 2005. La compra se hizo en Madrid y se abonó con cheque bancario. En idéntica fecha, la sociedad que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, abonó a Sony-e Solutions Europe, por transferencia, dos pagos por importe de 1.809,48 euros y 249,34 euros, "que reflejan el pago de la compra" de un perro robot y su correspondiente maleta de transporte "con destino a los hijos de Francisco Camps".

- Víctor Campos. La esposa del entonces vicepresidente de la Generalitat recibió un bolso de la marca Louis Vuitton, valorado en 780 euros, abonado por la trama mediante factura del 11 de enero de 2006.

- Ricardo Costa. La mano derecha de Camps en el PP recibió de la empresa de Álvaro Pérez una maleta con ruedas y bolsillo de la firma Loewe valorada en 1.130 euros y comprada en el mismo establecimiento que el bolso de Isabel Bas.

- Milagrosa Martínez. La entonces consejera de Turismo, que concedió el primer gran contrato a Orange Market -para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur-, recibió en las citadas Navidades un reloj Hublot de 2.400 euros, del que deja constancia la facturación de la joyería Suárez.

El informe constata la compra de 10 pares de gemelos de la firma Loewe para otros tantos cargos del PP. La policía admite que "no se ha podido concretar la realidad" de otros regalos de lujo adquiridos en otros comercios por falta de facturas.

www.elpais,es 13.11.10

La Agencia Tributaria confirma el pago de trajes de la red Gürtel a Francisco Camps

El informe remitido al juez sostiene que no hay pruebas de que los imputados se pagaran la ropa.-El Consell insiste en que el jefe del gobierno valenciano "siempre ha dicho la verdad"

Un informe pericial de la Agencia Tributaria, que ha analizado toda la documentación del sumario del caso Gürtel en lo referido al supuesto cohecho impropio cometido por Francisco Camps, señala que los recibos correspondientes a los trajes vendidos por la tienda Forever Young fueron pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, a través de trasferencias bancarias de cuentas correspondiente a varias empresas de la trama corrupta. "Se puede concluir razonablemente han sido pagados mediante la trasferencia de la entidad Diseño Asimétrico por 9.497 euros".

Esta circunstancia confirma todas las pruebas recabadas sobre el supuesto cohecho impropio en el que incurrió el presidente valenciano al aceptar regalos en forma de trajes de las empresas de Francisco Correa, a las que el Gobierno valenciano adjudicó de forma directa decenas de contratos. Tras constatar este extremo, el informe de la Agencia Tributaria concluye en su último punto: "Por lo que respecta a los posibles pagos en efectivo satisfechos por los imputados a las entidades Orange Market, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, no hay constancia de ingresos en efectivo en las cuentas de tesorería de las mismas que permita identificar a las personas imputadas".

Tanto Camps, que asegura que se pagó los trajes con dinero en efectivo en las propias tiendas -de lo que no existe constancia ni documental ni testifical pues ningún empleado lo avala- como el ex secretario general del PP, Ricardo Costa, como el ex vicepresidente, Victor Campos, aseguraron que habían pagado los trajes en efectivo a Álvaro Pérez, responsable de Orange Market. La Agencia Tributaria no ha encontrado nada que lo justifique así.

"Existe constancia documental de la confección por parte de Sastgor para Forever Young de cinco trajes para un cliente llamado "Francisco Camps", así como de la emisión por parte de Forever Young de dos recibos de venta, que incluyen únicamente cuatro trajes a 720 euros cada uno, en los que aparece el nombre Camps nuevo cliente, por importe de 2.880 euros", según detalla el informe pedido por el magistrado instructor del caso de Camps en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, José Flors.

El informe analiza "la correlación entre los encargos de prendas de vestir, tiques, de caja pendientes de pago, tiques de venta, relaciones de pagos pendientes, hojas de confirmación de pedido, facturas e instrumentos utilizados para el pago de su importe". Los dos peritos dejan claro que no han llevado a cabo "un análisis y valoración de las manifestaciones realizadas en la causa". El informe recoge las relaciones entre Milano, Forever Young y Orange Market, empresa de la trama Gürtel en Valencia cuyo cabecilla era Álvaro Pérez, El Bigotes. Los peritos acreditan que con fecha 14 de noviembre de 2006 existen dos recibos de venta por importes de 2.160 euros y 720 euros. "En ambos consta la referencia Camps, nuevo cliente". Se trata, especifican los peritos, de cuatro trajes a medida. El auto del juez Flors de 6 de julio de 2009, en la imputación a Camps, señaló cinco trajes. El informe, respecto a ese quinto, asegura que "no existe documento".

Los peritos detallan todavía más. Hay hojas de pedido de sastrería, emitidas por Sastgor a Forever Young en las que consta "pedido del Sr. D. Sr. Camps". El nombre del presidente de la Generalitat aparece en las hojas de confirmación de esos pedidos. Más aún, con fecha 4 de julio de 2007 aparece un recibo de pago en el que aparece el nombre de Camps. Se pagó con un cheque de Diseño Asimétrico, empresa de la trama Gürtel. Por eso, los peritos señalan que existe constancia documental de la confección de los trajes a Camps y de que las facturas las emitió Forever Young.

Camps figura en otros documentos. Existe una relación a la atención de Pablo Crespo (hombre importante de la trama, a las órdenes del cabecilla Francisco Correa), en la que se atribuye una deuda por importe de 5.393,50 euros a Francisco Camps. Y, además, el informe da cuenta de la existencia de correos electrónicos remitidos por José Tomás (el que fuera director comerical de Milano y forever Young y asegurara ante el juez que hizo trajes para el presidente Camps y él no los pagó), a Pablo Crespo, y de éste a Álvaro Pérez. En ellos se detallan las compras de la Comunidad Valenciana. Entre ellas, las que fueron para Francisco Camps, aunque en la información aparece reflejado como "Francisco Cans". Fueron tres pares de zapatos y cinco trajes a 950 euros cada uno.

El informe deja claro que no hay en la causa documentación sobre supuestas compras en la primavera de 2007. Y pone en duda la que existe sobre la primavera o el verano de 2008 porque no encaja ninguna cifra con los supuestos pedidos.

"Camps siempre ha dicho la verdad"

A pesar de la rotundidad de las conclusiones de los peritos, el Consell hace una lectura del informe diametralmente opuesta. La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, ha destacado tras el pleno del Consell, su "plena satisfacción" por el informe, porque a su juicio "se ha comprobado que Camps siempre ha dicho la verdad". Sánchez de León ha argumentado que este sería el primer informe "independiente" porque lo ha encargado el juez instructor, y ha cuestionado de nuevo las investigaciones policiales y de la Fiscalía Anticorrupción. Del informe se desprende "con una lectura serena", según Sánchez de León, que hasta ahora se ha producido una sucesión de "falsedades y manipulaciones" que ahora "poco a poco se van desmontando". "La prudencia y la serenidad nos han ido dando la razón", ha añadido Sánchez de León antes de insistir de nuevo, a preguntas de los periodistas: "Lo único que se deduce del informe es lo que he venido diciendo, que todo esto era falso".

Los apuntes sobre regalos a Camps reflejan "datos reales", según la Policía

La Policía ha concluido que los apuntes encontrados en las oficinas de la empresa Orange Market -la filial valenciana de la trama Gürtel-, en los que se detallan los regalos recibidos por algunos altos cargos, entre otros el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reflejan "datos reales". Así lo destaca la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en un informe fechado el 10 de noviembre que ha remitido al juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira.

Tras comparar los apuntes de uno de los archivos del disco duro hallado en Orange Market, llamado "Costes de Navidad.xls", con las facturas facilitadas por diversos establecimientos de lujo y extractos bancarios, la UDEF concluye que la contabilidad de la empresa reflejan "datos reales".

El informe detalla las compras facturadas a nombre de los tres principales cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez-, y de varias empresas de la organización, en firmas como Louis Vuitton, Loewe o la Joyería Iborra de Valencia, en las que pagaban en efectivo en la mayoría de las ocasiones. La Policía remite al juez todas las facturas aportadas por dichas sociedades, donde la red dirigida por Correa adquirió entre 2003 y 2009 la mayoría de los objetos que presuntamente regaló a personalidades y cargos públicos.

Los hijos de Francisco Camps aparecen en la contabilidad de Orange Market como destinatarios de un robot "Aibo" y su maleta de transporte, adquiridos en Sony-E Solutions. El precio no se detalla, pero en la contabilidad de Orange Market figuran dos transferencias bancarias a la empresa en diciembre de 2005 por 1.809 y 249 euros, que coinciden con el coste de ese juguete. Otra de las facturas de Loewe a nombre de Orange Market se corresponde con uno de los apuntes del archivo en el que se identifica una maleta de 1.130 euros como regalo para Ricardo Costa, ex secretario general del PP en Valencia y diputado autonómico.

Otro regalos detallados son un bolso de Loewe de 750 euros para Isabel Bas, la esposa de Camps, y diez pares de gemelos de 100 euros cada uno que, según el informe policial, Orange Market regaló a diversas personas relacionadas con organismos públicos de Valencia. La ex consejera de Turismo y presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, aparece como destinataria de un reloj adquirido en la Joyería Suárez por 2.400 euros por parte de la trama Gürtel.

El informe amplía con la documentación facilitada por las empresas el que ya remitió la UDEF a Pedreira en julio de 2009 sobre los documentos encontrados en el registro de Orange Market.

www.elpais.es 12.11.10

FLORS RECHAZA COMO PRUEBA LAS ESCUCHAS FAVORABLES A CAMPS EN LA CAUSA DE LOS TRAJES

La defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa de los trajes que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se ha encontrado con el no del juez instructor José Flors a su petición de que las grabaciones que favorecen al jefe del Consell sean aceptadas como prueba en el procedimiento. Según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al caso, Flors ha decidido inadmitir estas conversaciones, de tal manera que en principio no serán tenidas en cuenta en el procedimiento que se sigue contra Camps y tres cargos más por un presunto delito de cohecho impropio por supuestamente haber aceptado regalos de empresas de la trama Gürtel.

En concreto, Flors quiere dejar fuera de la causa las polémicas escuchas que el juez Baltasar Garzón ordenó realizar a los cabecillas de la trama y sus abogados en la cárcel de Soto Real. Entre las conversaciones intervenidas por la policía figuran varias en las que tanto el responsable de red corrupta, Francisco Correa, como su número dos, Pablo Crespo, se refieren al asunto de los trajes. En ellas, descartan que se hubieran pagado al presidente Camps las prendas encargadas a las tiendas de Forever Young y Milano.

Aunque las escuchas en la cárcel fueron declaradas nulas en marzo de 2010 la defensa del presidente quería que su contenido, que cree clave para la exculpación de Camps, fuera tenido en cuenta. Tanto el Consell como el propio presidente se han quejado en numerosas ocasiones de la indefensión que, en su opinión, supuso el no contar con estas grabaciones cuando se abrió la causa de los trajes en marzo de 2009. Cabe recordar que las partes tuvieron conocimiento por primera vez de la existencia de las mismas en octubre de 2009 cuando el juez Antonio Pedreira levantó el secreto del sumario sobre el caso Gürtel. En ese momento, el TSJ valenciano ya había archivado el auto de Flors en el que se abría el procedimiento del jurado al entender que Camps no había demostrado que se pagó los trajes. Sin embargo, con la reapertura del caso por el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo, la defensa del presidente ha insistido en que las escuchas deberían ser pruebas exculpatorias.

Al retomar la instrucción Flors ya dejó entrever su oposición a admitir las conversaciones que secundan la versión del presidente sobre el pago de los trajes. De hecho, rechazó antes del verano que se interrogara a Pablo Crespo y a uno de sus interlocutores en la cárcel -el abogado Ignacio Peláez- sobre su conversación en prisión al entender que había que preservar "el carácter secreto" de la misma. Sólo permitió que se interrogara a Crespo sobre los trajes, aunque adelantó que consideraba su testimonio interesado.

La controversia sobre las grabaciones en la cárcel no se acaba ahí. Pelaez (abogado del constructor José Luis Ulibarri), ha solicitado la declaración de Flors en el juicio contra Garzón por las escuchas en la cárcel. Pelaez quiere que el instructor valenciano aclare si entre la documentación que Garzón remitió en su inicio al TSJCV se incorporaron las conversaciones sobre los trajes de Camps. Pelaez acusa a Garzón de delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por las escuchas en el locutorio, pero también le reprocha no haber enviado la pieza separada referida a la intervención de las comunicaciones de abogados y presos al TSJCV cuando "se recogían datos que exculpan de forma clara al imputado principal del procedimiento", en referencia a Camps. Pelaez pone en cuestión la tesis del Fiscal, quien tal como reveló en su día Levante-EMV, achacó a Flors la decisión de no incluir las grabaciones a la causa cuando se abrió en marzo d 2009, lo que impidió que las partes conocieran su existencia.

Pelaez se hace eco en su escrito de la nota de prensa que el TSJCV remitió en respuesta a la información publicada por este diario. Si el Tribunal Supremo admite la petición de la acusación particular, Flors deberá aclarar ante el alto tribunal si contó o no desde el inicio con toda la documentación relativa al caso. Pelaez también ha pedido que declare Pedreira y las fiscales del caso Gürtel.

Juan Luis de la Rúa, presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), quiere seguir con los casos que afectan al presidente Francisco Camps, que lo calificó de "más que amigo". Quiere formar parte de la Sala de lo Civil y Penal, la que lleva el caso de los trajes -en el que Camps está imputado por cohecho pasivo impropio- y el caso de la financiación irregular del PP y delito electoral de varios altos cargos de la Administración autonómica popular valenciana. No lo ha comunicado oficialmente, pero sí ha hecho saber que esa es su preferencia frente al destino de la Sala de lo Social, materia en la que es experto y lugar del que proviene.

El CGPJ es quien debe remitir a la Sala de Gobierno del TSJCV que De la Rúa queda a su disposición. Lo hará una vez se produzca el cese (previsto para los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre). Después es la Sala de Gobierno la que debe adscribirle. La sensibilidad de la sala está inclinada a que su destino sea la Sala de lo Social, entre otras cosas, por los antecedentes por los que ha pasado la causa de los trajes por la relación de confianza entre De la Rúa y Camps, públicamente reconocida por el presidente imputado.

La situación de juez adscrito a la Sala de lo Civil y Penal provoca el rechazo de algunos miembros del Consejo del Poder Judicial. Existe un precedente en el que la comisión permanente indicó el destino de un magistrado en iguales circunstancias, la de Fernando Ruiz Piñeiro, ex presidente del Tribunal Superior del País Vasco. La Ley Orgánica del Poder Judicial dice que las Salas de lo Civil y Penal se componen de cinco miembros: dos de carrera y dos propuestos por los Parlamentos autónomos, además del presidente. No habla de un sexto miembro.

En el diccionario de Francisco Camps, las palabras están al servicio de sus deseos. Se vio ayer con claridad en las Corts cuando el portavoz del PSPV, Ángel Luna, le preguntó por los contratos públicos con empresas de la Gürtel, que ascienden a 7,2 millones de euros.

Una petición de transparencia a la que el president dio la vuelta. "Usted sí que sabe adjudicar de forma rara porque es hijo de la oscuridad administrativa", le contestó.

Acto seguido, se dedicó a desarrollar su idea de lo oscuro y lo luminoso. "Nosotros estamos en la Comunidad Valenciana, que es un territorio de luz y de prosperidad, y usted está en la parte oscura".

Luna subió a la tribuna con la luz "de las certificaciones, de las escrituras" que describen una presunta trama corrupta dedicada a succionar los fondos de la Generalitat para cooperación al desarrollo, departamento que dirige el también portavoz del PP, Rafael Blasco.

"Esta [trama] es más chapuza que la Gürtel, en la que hicieron falta que salieran los jueces a descubrir qué había. En esta no ha hecho falta porque han sido los propios funcionarios los que nos han dado los papeles para que los llevemos al fiscal", explicó Luna, quien pidió el cese de Blasco, expulsado del PSPV por un presunto caso de corrupción en 1989 y rescatado por Camps como político de cabecera tras el seísmo de la Gürtel.

Una metamorfosis que no pasó desapercibida. "Él [Blasco] sí que supo cruzar la raya entre lo oscuro y la luz que representa el Partido Popular", defendió Camps, imputado por cohecho. Pero el de Blasco no fue el único caso en el que el president mostró su fotofobia a dar respuestas.

El portavoz de Compromís, Enric Morera, pregunto, sin éxito, por el jugoso pellizco que la Gürtel se llevó de la visita del Papa a Valencia. Según los informes policiales, 900.000 euros al bolsillo de Francisco Correa. "Se han dado cumplidas explicaciones. Todo era correcto", sentenció Camps.

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa se reestrenó ayer como portavoz de temas económicos en las Cortes Valencianas. Y lo hizo con el caso Gürtel como telón de fondo.

La intervención de Costa, rehabilitado tras casi un año de suspensión de militancia del PP, estuvo precedida por la difusión de un nuevo informe policial incorporado al sumario del caso Gürtel que indica que Costa disfrutó "del uso particular y privado, al menos temporal", de una motocicleta de lujo Bombardier Can Am Spyder pagada por Orange Market, la franquicia valenciana de la trama corrupta. Otra motocicleta igual estaba a disposición de Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market.

Costa no quiso pronunciarse sobre este último informe policial en poder del juez Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque su entorno indicó que ya se pronunciará, si corresponde, ante el juez sobre lo que considera una falsedad.

Con este ambiente previo, Costa saltó a la tribuna de la Cámara en la sesión vespertina para arropar al vicepresidente económico, Gerardo Camps, y su estrategia para reclamar mejor financiación autonómica.

El parlamentario popular ejerció con profesionalidad y recurrió al estilo cañero contra Zapatero. En su reestreno, Costa eludió las chinitas lanzadas por la portavoz socialista de economía, Cristina Moreno, y fue breve y contundente. Lo que animó a la bancada popular a recompensarle con aplausos, aquellos que eran habituales antes de su defenestración como secretario general del Partido Popular.

UN INFORME POLICIAL CONCLUYE QUE LA RED GÜRTEL PRESTÓ VEHÍCULOS A RICARDO COSTA Y AL EX DIRECTOR DE CANAL 9

La policía ha informado al juez de que uno de los cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, compró dos vehículos para que los usaran el ex director de Canal 9 Pedro García Gimeno y el ex número dos del Partido Popular valenciano Álvaro Costa, implicados en la causa por haber beneficiado presuntamente a la red corrupta desde sus cargos.

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía Nacional remitió el pasado 11 de octubre un informe al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira sobre operaciones de compra-venta de vehículos presuntamente llevadas a cabo por Pérez. Pedreira instruye la investigación sobre los supuestos lazos de esta red empresarial con altos cargos del Partido Popular y de las Administraciones regionales de Madrid y la Comunidad Valenciana.

El Mini Cooper del director de Canal 9. Los investigadores concluyen que Isabel Jordán hizo uso de un Mini Cooper blanco entre septiembre y noviembre de 2007, contratado por la empresa de la que era administradora, Special Events (una de las principales compañías de la trama), en régimen de renting. Ese coche fue comprado a continuación por una sociedad intermediaria de la red, Imperauto, con sede en Valencia, que a su vez se lo entregó a Álvaro Pérez por 31.000 euros pagados en efectivo.

Pérez nunca llegó a poner a su nombre el coche. Entre enero de 2008 y mayo de 2009 siguió matriculado a nombre de Imperauto. En un primer momento la empresa aseguró que el vehículo nunca había salido del concesionario, que pasó esos 16 meses expuesto para su venta al público. Luego, toda vez que existía un recibo de compra por parte de Pérez, su administrador explicó que éste había comprado el coche para regalárselo a su mujer; siguió a nombre del concesionario porque "no sabía a nombre de quién matricularlo".

Meses después, según el relato de la empresa, el empresario les devolvió el coche para que lo vendieran, "lo que [se] hizo pasado un tiempo a un particular que vino acompañado del propio Álvaro Pérez". En mayo de 2009, tres meses después de haberse iniciado la operación judicial contra la trama corrupta, el coche fue matriculado a nombre de Francisco Xavier Senin Fernández, un gallego de 61 años que "casualmente" es padre de Adrian Senin Rico, empleado de Orange Maket (otra empresa clave de la red) e imputado en la causa. Se pagaron 16.200 euros mediante transferencia bancaria, que fueron a parar a los bolsillos de Pérez. Seis meses después, fue vendido de nuevo.

Según la investigación policial, Pérez no compró el coche para dárselo a su mujer sino a Pedro García Gimeno, a la sazón director de la televisión pública valenciana (Canal 9) hasta agosto de 2009. Lo deduce del hecho de que García Gimeno fue multado en agosto de 2008 en Valencia por una infracción de tráfico cometida al volante de ese vehículo, del que era al parecer "su usuario real".

Entre otros vehículos, Pérez tenía una motocicleta Bombardier Can Am Spyder de color amarillo matriculada en mayo de 2008. Orange Market compró por esas mismas fechas otro triciclo del mismo modelo. En los registros efectuados en las oficinas de la trama, los investigadores encontraron una póliza de seguro para esa motocicleta, a nombre de la empresa pero con un papelito post-it adherido en el que se podía leer, escrito a mano: "Seguro original entregado a Ricardo el 21-7-08".

La policía deduce "a tenor de los documentos analizados" que se refiere a Ricardo Costa, ex secretario general del Partido Popular de Valencia y diputado autonómico de esa formación, que tuvo "el uso y disfrute particular y privado al menos temporal" del vehículo.

Un informe policial incorporado al sumario del "caso Gürtel" revela que Álvaro Pérez, "el Bigotes", pagó varios vehículos cuyos "usuarios finales" fueron el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex director de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno.

El informe, fechado el pasado día 5 y al que ha tenido acceso Efe, señala que uno de esos vehículos -un Mini Cooper Cabrio- fue pagado en metálico por "el Bigotes" utilizando una empresa interpuesta, Imperauto S.L., "con la finalidad de que no se le pudiera relacionar directa o indirectamente con la propiedad de dicho vehículo y/o el usuario final del mismo".

El coche había sido utilizado anteriormente por otra de las imputadas en la causa, Felisa Isabel Jordán, que a finales de 2007 lo vendió a Imperauto, "siendo Álvaro Pérez la persona que se desplaza a Madrid para la recogida del mismo".

Cuando en febrero de 2009 se destapó el "caso Gürtel", Pérez se apresuró a vender el automóvil al padre de uno de los trabajadores de la empresa que dirigía, Orange Market, considerada la filial en Valencia de Special Events, propiedad de Francisco Correa, el supuesto máximo responsable de la trama de corrupción.

Durante ese periodo, sin embargo, no fue "el Bigotes" quien hizo uso del vehículo, sino García Gimeno, según ha podido comprobar los investigadores gracias, entre otras cosas, a una multa que le impuso el 24 de agosto de 2008 la Policía Local de Valencia.

"Por todo lo anteriormente expuesto se infiere que el destinatario final de la compra del vehículo anteriormente indicado se trata del llamado Pedro García Gimeno", dice el informe que recuerda que éste aparece relacionado con las irregularidades en los contratos adjudicados por la RTVV a empresas de la "trama Gürtel" con motivo de la visita del papa a Valencia en 2006.

El nombre de García Gimeno también está vinculado "con el regalo de diversas prendas de vestir de los establecimientos Milano y Forever Young por parte de Álvaro Pérez a distintas personas con cargos de relevancia pública dentro de la Comunidad Valenciana".

El informe relata también lo ocurrido con una motocicleta Bombardier Can Am Spyder, cuyo precio fue abonado "en su totalidad" mediante transferencias desde una cuenta bancaria de Orange Market.

En esta ocasión, los investigadores sostienen que es el ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico Ricardo Costa "el destinatario del uso particular y privado, al menos temporal", del citado vehículo, con el que según varios medios de comunicación fue visto en el circuito de Cheste.

El nexo entre Costa y el vehículo es la póliza del seguro que, según las investigaciones, fue entregada al primero el 21 de julio de 2008 y en la que consta como tomador del mismo Orange Market.

La moto es "curiosamente del mismo modelo que otra de la que es usuario Álvaro Pérez, la de éste de color amarillo y la de Ricardo Costa de color blanco y negro", añade el informe que ya está en poder del instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado Antonio Pedreira.

José López Jaraba, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), excusó ayer la implicación del ente público en una gestión irregular en los contratos suscritos a propósito de la visita del Papa en 2006, algunos con empresas de la trama Gürtel, por "la mala fe" y "las falsedades" del perito que redactó el informe judicial. El informe que ya tiene desde el lunes el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y en el que se deja claro que hubo contratos que no siguieron el proceso legalmente establecido porque carecieron de concurso y publicidad, que se fraccionaron para no hacer concurso, que se pagó en exceso por servicios de carácter ordinario, que se duplicaron servicios y que se adjudicó a empresas que no probaron su solvencia económica ni técnica. Según RTVV, el perito "presenta una estrecha vinculación con el ministerio de Presidencia". Pero Jaraba no incluye en ese comunicado explicaciones detalladas sobre la gestión de la visita del Papa. Sólo defiende la legalidad de lo hecho con la excusa de que solo hubo cuatro meses para realizar el trabajo, lo que obligó a actuar con urgencia. El propio informe ya explica que la urgencia fue utilizada para encubrir una masiva vulneración de las normas.

Miguel Mazón, miembro del consejo de administración a propuesta del PSPV, solicitó ayer por escrito al presidente del órgano colegiado un pleno urgente en el que se requiera a Jaraba toda la documentación, se pida la dimisión de quienes estuvieron en las mesas de contratación y aún ocupan cargos en RTVV, se exijan responsabilidades penales y se inicie el proceso para recuperar las competencias en materia de contratación que tenía el consejo y le fueron sustraídas.

Por otra parte, el portavoz de Compromís en las Cortes, Enric Morera, solicitó la comparecencia del Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, para que "ratifique o emita otro informe" sobre los contratos de RTVV con motivo de la visita del Papa. Morera criticó con dureza el informe de la Sindicatura que analizó aleatoriamente algunos de los contratos y no halló irregularidades denunciables.

El portavoz de Compromís, además, aseguró que RTVV, al ceder gratuitamente la explotación de la señal de la retransmisión de la visita, que el Vaticano gestionó sin dar explicaciones, renunció a ingresar unos 12 millones de euros. Por eso, aseguró que el coste del viaje papal superó los 26 millones de euros para la televisión autonómica.

La Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Canal 9, criticó ayer el informe de la Unidad de Auxilio Judicial que, enviado al juez Antonio Pedreira e incorporado al sumario Gürtel, ratifica la existencia de múltiples irregularidades en la contratación de empresas ligadas a la trama en la etapa de Pedro García como director.

Según Canal 9, el informe sobre los contratos por la visita del Papa presenta "inexactitudes y falsedades". Las achaca a "la ignorancia técnica o a la mala fe" de su autor, un funcionario con "una estrecha vinculación al Ministerio de Presidencia", dice la cadena en una nota oficial. De los 14 millones en contratos para la cobertura de la visita que Benedicto XVI giró en 2006 a Valencia, 7,5 millones fueron para Teconsa, constructora que supuestamente pagó comisiones a cargos del PP y a la red corrupta a cambio de adjudicaciones.

Mientras, Arturo Gianfranco Fasana, el gestor suizo imputado por desviar al extranjero fondos de la Gürtel, sostiene que actuó de manera impecable y de acuerdo con "las estrictas normas de prevención del blanqueo de capitales" que, dice, rigen en el país helvético. En un escrito fechado el día 7 y con el que busca que el juez Antonio Pedreira le levante la imputación, Fasana argumenta que fue él quien ordenó bloquear en Suiza las cuentas de sociedades ligadas a Francisco Correa y Pablo Crespo. Y que lo ordenó cuando supo que ambos habían sido detenidos.

En su escrito exculpatorio, Fasana afirma que no avisó a los servicios antiblanqueo de su país porque los responsables del banco Crédit Suisse así se lo aconsejaron.

Los argumentos exculpatorios que la Abogacía de la Generalitat remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para defender la legalidad de los contratos formalizados con las empresas de la trama del caso Gürtel no valen para Ràdio Televisió Valenciana (RTVV).

Al revés. Los peritos de la Agencia Tributaria que auxilian al juez Antonio Pedreira -y que han analizado los contratos de Canal 9 y Ràdio 9 con motivo de la visita del Papa a Valencia- mencionan varias veces el argumentario de la Abogacía de la Generalitat para concluir que RTVV vulneró la ley. Las ilegalidades se produjeron en la adjudicación de contratos por valor de 14,7 millones de euros y sirvieron para beneficiar a la trama de empresas que dirigía Francisco Correa, que obtuvo un millón de euros en comisiones.

"De acuerdo con la normativa de contratación pública y con lo indicado por la propia Abogacía de la Generalitat, al superar el suministro el límite de 238.960 euros, IVA incluido, el procedimiento de contratación debería haber sido abierto y la forma de adjudicación mediante concurso", relata el informe. Y, a continuación, los peritos añaden que en un buen número de los contratos analizados "se ha fraccionado indebidamente el objeto del suministro y se han utilizado los procedimientos de contratación y licitación necesarios para que ninguno de ellos fuera superior al límite señalado por la propia Abogacía de la Generalitat, con el fin de vulnerar el cumplimiento de las normas sobre capacidad de las empresas, publicidad y procedimientos de licitación".

El análisis pericial de las contrataciones realizadas por RTVV, con Pedro García como director general del ente, refuerza los indicios iniciales sobre las graves irregularidades cometidas con motivo de la visita del Papa a Valencia.

El pasado mes de mayo la Abogacía de la Generalitat remitió, sin que nadie lo solicitase, un informe al TSJ de Madrid para rebatir los informes periciales que cuestionaban la legalidad de los contratos del Gobierno de Francisco Camps con las empresas de la trama corrupta, y en especial con Orange Market. El informe de la Generalitat, además de exonerar a Camps de cualquier responsabilidad por las contrataciones, admitía cierta falta de rigor en "la observancia de los trámites reglados" para contratar, pero negaba que hubiese ilegalidades porque buena parte de la legislación "no les era de aplicación por razón de la cuantía".

En su informe, la Abogacía de la Generalitat obviaba referirse a los contratos de RTVV, que el Consell y el PP siempre han defendido que eran legales porque Canal 9 y Ràdio 9 habían sido auditadas por la Sindicatura de Comptes.El informe de los peritos de la Agencia Tributaria narra un cúmulo de irregularidades en las contrataciones analizadas realizadas por Ràdio Televisió Valenciana por importe de 14,7 millones de euros (casi 2.500 millones de las antiguas pesetas). Falta documentación administrativa "básica en cualquier expediente", se fraccionan los contratos para vulnerar los procedimientos de contratación y se declaran contrataciones de urgencia para vulnerar los principios de publicidad y concurrencia y por falta de planificación, indica el informe judicial.

En el mismo análisis de la Agencia Tributaria se destaca la existencia de un buen número de contratos tramitados con "precio libre". Es decir, que carecían de un precio de licitación previo, lo que permitió a RTVV fijar un pliego de prescripciones técnicas con la cantidad y calidad de los suministros que necesitaba y fijar precios unitarios.

El cúmulo de irregularidades no termina aquí. Teconsa, la empresa pantalla de la trama Gürtel que se quedó con el jugoso contrato de sonorización e instalación de las pantallas de vídeo, subcontrató con otra empresa (Apogee Telecomunicaciones) la práctica totalidad del contrato obtenido de Ràdio Televisió Valenciana. Apogee, además de cobrar de Teconsa, se llevó casi 100.000 euros de RTVV por poner el servicio de seguridad que se encargaba de la vigilancia de las pantallas y el material de sonido.

Entre los contratos analizados por los peritos figura otro de RTVV por importe de 55.870 euros con la empresa de seguridad Segur Ibérica, que presta normalmente este servicio en Canal 9 y Ràdio 9, con motivo de la visita del Papa. La paradoja es que la propia dirección de gestión de RTVV emitió solo cinco días antes un informe en el que indicaba que Segur Ibérica "no puede cumplir el servicio extraordinario", que justifica la contratación urgente de un servicio de seguridad por importe de 122.000 euros a Eulen, sin solicitar ninguna oferta adicional. "La actuación [de los gestores de RTVV] ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva", concluyen los peritos.

Tras conocerse la existencia de este informe pericial sobre las irregularidades en las contrataciones de RTVV, la oposición en pleno reclamó la convocatoria de una reunión extraordinaria del consejo de administración del ente y una reunión de la comisión de control de la radiotelevisión valenciana.

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, afirmó: "Queremos verlo todo, absolutamente todo. Hasta el último de los contratos de Pedro García como director general". Alarte reclamó "explicaciones claras" al sucesor de Pedro García al frente del ente, José López Jaraba. El dirigente socialista acusó al presidente de la Generalitat de convertir Canal 9 en su No Do privado y en "un lugar de negocio para los corruptos de Gürtel".

La coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, anunció ayer que reclamará la comparecencia del ex director general de RTVV Pedro García en las Cortes para que explique "toda la verdad que ha estado ocultando". Sanz recordó que, hasta ahora, toda la información se ha conocido a partir "del alzamiento del secreto del caso Gürtel".

El portavoz de Compromís, Enric Morera, reclamó también la comparecencia urgente del síndico mayor de la Sindicatura de Comptes para que explique cómo controló su institución el dinero de los valencianos en Canal 9 y se pronuncie sobre el informe pericial.

Por parte del Consell, el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, se limitó a echar balones fuera al ser preguntado por las irregularidades.

"Usted viene a pedir explicaciones a la oposición, le reto a que usted y yo demos explicaciones de nuestras actividades, donde usted quiera, incluso en Canal 9". Fue el desafío que el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, le hizo ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la sesión de control al Consell. El presidente hizo como si no lo hubiera oído.

Y es que Camps actuó ayer de oposición de la oposición para defenderse de los escándalos de corrupción que le acechan. En su primera sesión de control parlamentario tras el largo paréntesis estival, Camps se encontró otra vez con el caso Gürtel sobre la mesa y un nuevo escándalo que, en esta ocasión, afecta al consejero de Ciudadanía y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, tras descubrirse que ayudas para la cooperación sirvieron para comprar pisos en Valencia.

Ángel Luna y el portavoz de Compromís, Enric Morera, pidieron al jefe del Consell que se manifestase sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de remitir a Valencia la investigación del caso Gürtel en la que se apunta que el PP se financió irregularmente, y sobre el escándalo de los fondos de cooperación. Y Camps, sin inmutarse, desmintió el auto judicial del TSJ de Madrid. "No hay nada de nada", dijo el presidente valenciano, que añadió: "El PP está excepcionalmente y extraordinariamente bien financiado". Y, posteriormente, negó que el dinero para cooperación hubiese sido utilizado para comprar pisos en Valencia.

El portavoz socialista insistió en las críticas y pronosticó que con el reciente auto el TSJ valenciano abrirá un nuevo sumario. Luna indicó que, a partir de ese momento, el propio Camps y otros miembros de la cúpula del PP pueden ser imputados. "A mayor grado de satisfacción de usted, más graves problemas judiciales tiene", dijo Luna, que tachó de "vergüenza" lo sucedido en cooperación. Camps, que hizo oídos sordos a la propuesta de debatir en Canal 9, optó por arremeter contra Luna por una reforma hecha en su casa de Alicante hace 15 años.

El PP valenciano está «excepcionalmente y transparentemente financiado». O al menos así lo afirmó ayer Francisco Camps en su vuelta al ruedo parlamentario. Era una rentrée calentada por la reaparición, el miércoles, del que fue su mano derecha, Ricardo Costa, y por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ese que desestimaba parcialmente el recurso de los populares contra la iniciativa del juez Antonio Pedreira de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que investigue si, como apuntan algunos informes policiales, Camps y otros altos cargos de su Gobierno cometieron delitos ligados a la financiación ilegal, entre otros asuntos. La decisión de quedarse o no con esta parte del caso Gürtel está ahora en manos de los jueces valencianos.

En este contexto, el portavoz socialista, Ángel Luna, retó al líder autonómico a que «dé explicaciones» en televisión, pero este insistió en que ya las ha dado «ante las instancias pertinentes». Y, en un intento de subrayar su inocencia, señaló que el auto del TSJM «viene sin ninguna imputación», aunque no especificó que los jueces solo tenían obligación de estimar o desestimar un recurso, y no de entrar en imputaciones.

Camps añadió que su responsabilidad es ser presidente de la Generalitat valenciana «durante esta legislatura, la anterior y, si los ciudadanos quieren, y parece que sí, la siguiente». Pero para Luna, «a mayor grado de satisfacción» del líder popular, «más graves problemas judiciales tiene», y recordó que «esto ya no son los trajes», sino «un montaje de contratos, amigos y medio extorsiones».

Enric Morera, de Compromís, afirmó que el auto «daña el prestigio» del Gobierno regional y dio la bienvenida a Costa, de quien dijo que está «en el tres en raya del peligro de la política valenciana». «El único tres en raya -replicó Camps- son el Bloc, Iniciativa y Verds, que quieren reeditar aquí el tripartito catalán».

Negar la corrupción y despreciar a quienes se la recuerdan. Es la sístole y la diástole del discurso político de Francisco Camps, que ayer compareció en Les Corts en la habitual sesión de control de los jueves. Apoyado desde Madrid por Esperanza Aguirre, quien ridiculizó el caso de los trajes diciendo que también a ella le regalan "pulseritas", Camps tildó de "papelitos" los informes policiales y de Hacienda que destapan la financiación ilegal del PP valenciano. "El PP valenciano dijo el president de la Generalitat está excepcionalmente y transparentemente bien financiado" y no existe "ningún tipo de implicación ni de imputación". Fue su respuesta al auto que el pasado viernes emitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que corrobora el traslado a Valencia de las pruebas que colocan a Camps y la cúpula de su Gobierno en la antesala de ser juzgados por delitos de soborno y fraude fiscal y electoral.

Entre las pruebas que deberá estudiar el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) si acepta la competencia, figuran los citados informes de la Brigada de Blanqueo y de la Oficina Antifraude. Los informes indican que el PP benefició a las empresas de la trama Gürtel con contratos irregulares, ocultó 2,5 millones a Hacienda y se financió gracias a facturas falsas pagadas a la red corrupta por empresarios con numerosas adjudicaciones de la Generalitat.

En realidad, el auto del TSJM remite al Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) lo investigado sobre esa comunidad porque el instructor del caso Gürtel, el juez Antonio Pedreira, observa numerosos indicios de delito. Y eso delitos fueron presuntamente cometidos por miembros de la plana mayor de Camps, todos ellos aforados a quienes sólo puede investigar el TSJCV. Sobre Camps, ya imputado por cohecho en el caso de los trajes, el juez Pedreira avisa de que "no puede desdeñar" el hecho de que preside el PP valenciano, esto es, el partido que supuestamente se financió de manera ilegal.

El portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna, lamentó que Camps frivolizara sobre "unos hechos que a los valencianos les producen vergüenza". "Lo que mandan aquí no es una felicitación de Navidad. Este auto significa que a partir de ahora pueden estar imputados", explicó Luna antes de subrayar que no se trata "de unos trajes, sino de todo el montaje que ustedes han hecho aquí y que les ha servido para adquirir réditos personales y políticos".

Camps se envolvió entonces en la capa del mesianismo y la emprendió con el síndico socialista: "Ha creído que estaba hundiendo al PP y lo que intentaba era generar inquietud respecto de una comunidad de gente esforzada y trabajadora que lo único que sabe es convivir en paz, en ilusión y libertad. Ha insultado a la conciencia y la inteligencia de los valencianos".

La alocución del jefe del Consell fue creciendo en intensidad y alcanzó su cima cuando acusó a Luna de beneficiar con adjudicaciones millonarias al constructor Enrique Ortiz (uno de los presuntos financiadores del PP e imputado en el caso Brugal), mientras fue alcalde de Alicante, entre 1991 y 1995. También de recibir como contrapartida del mismo empresario, unos años después, un coche de alta gama y el pago de la reforma en una vivienda. Estas acusaciones actuaron como dinamita en la paciencia del síndico socialista: "Le reto donde quiera, como quiera y cuando quiera, incluso en su territorio, ante las cámaras de Canal 9, a que usted y yo demos explicaciones de nuestra actividad. Si se atreve, dé explicaciones de sus relaciones con su amiguito del alma", dijo en alusión a Álvaro Pérez El Bigotes, jefe de la Gürtel en Valencia.

Camps no recogió el guante. "He dado explicaciones constantemente ante las instancias que ha correspondido. Y se ha dicho en nuestras explicaciones claramente que no hay nada de nada", expresó el president, quien acusó a Luna de imponer "un sistema de persecución policial". Luna le replicó con sarcasmo: "Usted dice que habrá que llegar al final. Supongo que estará pensando en el juicio final, cuando no tenga más remedio ya que asumir responsabilidades".

Les Corts no fueron en el País Valencià el único escenario en el que se habló de corrupción. Ayer trascendió que la reincorporación a la política tras un trasplante de hígado del multiimputado presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, se celebrará por todo lo alto. Su partido le ha preparado un homenaje el 16 de octubre en el Palacio de Congresos de Castellón para el que está prevista la asistencia de más de 1.200 militantes.

Desde Madrid, Esperanza Aguirre se sumó a la campaña para minimizar la corrupción. Y se unió al alto número de dirigentes conservadores que restan importancia a la posibilidad de que el president pudiera aceptar trajes como regalo de los cabecillas de la trama. Lo hizo muy a su estilo: "Si de lo que le acusan es de cohecho impropio, me parece un delito que está en el código, pero que me lleven a mí a la cárcel ya porque a mí me regalan estas pulseras en consideración a mi cargo", señaló en declaraciones a la Ser.

Además, en apoyo a su compañero de partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid consideró que Camps "sigue sumando" al proyecto colectivo del PP. Además, recordó que los informes policiales "no condenan a nadie".

La dirigente regional insistió en que los informes policiales que relacionan a Camps con este escándalo han sido elaborados por Juan Antonio González, el policía que forma parte de "una camarilla" y que "estuvo en la cacería con Garzón".

Camps sí está imputado, pese a que el PP haya desplegado una intensísima campaña en sentido contrario. Está imputado desde que el Supremo ordenó en mayo reabrir el ‘caso de los trajes'. Y lo está como autor de un presunto delito de cohecho impropio (soborno leve) por haber aceptado que la ‘trama Gürtel' le regalara trajes valorados en más de 12.000 euros.

El cohecho impropio es un delito menor. No lo son aquellos otros que, relacionados con la financiación del PP valenciano, planean sobre su entorno y sobre él mismo. El juez Pedreira observó indicios de hasta siete delitos. Entre ellos, soborno en su máxima dimensión, falsedad documental, delito electoral y fraude fiscal.

CAMPS EVITA DAR EXPLICACIONES SOBRE LOS INDICIOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El caso Gürtel regresa a las Cortes Valencianas. En la primera sesión de control tras el debate de política general, el portavoz socialista, Ángel Luna, ha vuelto a reprochar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que no dé explicaciones sobre la vinculación de su Administración con la trama corrupta. Luna ha preguntado al jefe del Consell sobre el auto del TSJ madrileño que envía parte del sumario de la red corrupta a Valencia para que se investiguen los indicios de financiación ilegal del PP valenciano, entre otros posibles delitos. Camps ha replicado que, en su opinión, el auto judicial demostraría que el PP se ha financiado "con transparencia, corrección y ajustándose a derecho". Según el presidente valenciano, la resolución del TSJ madrileño no implica ninguna imputación nueva y es Luna el que debe dar explicaciones por su relación con el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal.

Camps ha acudido a la sesión de las Cortes con un nuevo escándalo sobre la mesa por las subvenciones concedidas a través de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía a una fundación que destinó el dinero a comprar pisos en vez de invertirlo en proyectos de desarrollo en Nicaragua. El presidente ha evitado entrar en el fondo de la denuncia y se ha limitado a señalar que el consejero de Solidaridad y portavoz popular en las Cortes, Rafael Blasco, ha enviado un "desmentido".

"Mantiene usted una actitud contumaz de no dar explicaciones políticas y hace afirmaciones asombrosas", le ha reprochado el portavoz socialista. Luna ha asegurado que el caso Gürtel, y ahora "otro tipo de corruptelas" como la "la compra de inmuebles con dinero de la cooperación", producen "vergüenza" a los valencianos. Luna ha destacado que el TSJ madrileño rechaza la nulidad de las actuaciones pedidas por el PP y remite a Valencia un expediente de "indicios de delito" que implica que "a partir de ahora pueden estar imputados" por nuevos delitos tanto Camps como otros altos cargos del Consell y del partido. El portavoz socialista ha acusado al presidente valenciano de haber amparado "un cluster de actividades corruptas" con la trama Gürtel y le ha retado a que ambos expliquen públicamente sus actuaciones políticas. Camps no ha recogido el guante y se ha centrado en descalificar la etapa de Luna como alcalde de Alicante y en airear que encargó la reforma de un piso al empresario Enrique Ortiz.

Camps también ha rechazado las críticas y reproches a su gestión de Compromís y EU. Antes de comenzar la sesión, se ha acercado a Camps para saludarle Ricardo Costa, que desde ayer vuelve a formar parte de la dirección del grupo parlamentario tras levantarle el partido la suspensión de militancia. Costa se sienta ahora en el escaño que está detrás del portavoz, Rafael Blasco, con quien Camps ha posado tras la sesión de control para mostrarle su apoyo ante el escándalo del dinero de cooperación invertido en inmuebles.

Ricardo Costa regresa. El Grupo Parlamentario Popular, que sustenta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, rehabilitó ayer en las Cortes Valencianas al ex secretario regional del PP, única víctima política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana. Costa ocupaba desde su defenestración, en octubre del año pasado, el escaño número 98 -el último de la bancada popular en el hemiciclo valenciano- y estuvo suspendido de militancia hasta el pasado mes de septiembre.

Ayer, el Grupo Parlamentario acordó, por asentimiento, nombrar a Ricardo Costa coordinador del área económica, incluirlo en el consejo de dirección, adjudicarle la defensa parlamentaria del proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2011 y escenificar la recuperación de los galones. Costa se sentará detrás del escaño del portavoz, el consejero de Ciudadanía Rafael Blasco, que se ubica tras el sillón de propio Camps.

Blasco defendió su decisión y aseguró que Costa "va a tener un protagonismo especial en el debate de Presupuestos" de la Generalitat para 2011. "Creemos que es un valor especialmente importante en este momento de debate de la ley más importante de la Generalitat: la de los Presupuestos", añadió el portavoz popular, quien consideró que el ex secretario general del PP valenciano "va a jugar de nuevo un papel en el consejo de dirección del PP en las Cortes".

Costa, por su lado, agradeció al PP que le permita seguir haciendo "lo único" que sabe hacer, que es trabajar por el partido, y expresó su agradecimiento a la dirección del grupo, a Rafael Blasco, y al PP valenciano y nacional por haber podido recuperar protagonismo. Remarcó que "viene a sumar" y aseguró que está a disposición del partido "para lo que ellos consideren".

Los grupos de la oposición reclamaron elecciones anticipadas y acusaron al PP de amparar la corrupción sin ofrecer ninguna explicación.

CAMPS SIENTA A COSTA JUNTO A SU ´NÚCLEO DURO´ EN LAS CORTS Y LE DA MANDO SOBRE LOS DIPUTADOS

Rehabilitación con todos los honores, al menos en cuanto a imagen. El ex secretario general del PPCV y ex portavoz en las Corts, Ricardo Costa, pasó ayer de estar proscrito en el último escaño popular del hemiciclo, el 98, tras su cese y suspensión de militancia durante diez meses con motivo del caso Gürtel, a ocupar un escaño "VIP" en la Cámara, el número 52, justo detrás del actual síndic y conseller, Rafael Blasco, y dos por encima del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. La ubicación, aunque en la segunda fila de la bancada del PP, tiene el valor simbólico de "meter" a Costa en la "foto" con el jefe del Consell, además de compartir zona en el núcleo de influencia del presidente en las Corts. Además, Costa orientará el área económica del PP y, para ello, según Blasco, se ocupará de "la coordinación de los diputados populares que forman parte de las comisiones parlamentarias de carácter económico", Economía, Industria, Obras Públicas o Medio Ambiente.

De este modo, el hombre que desafió a Génova al negarse a dimitir tras las revelaciones sobre la rama valenciana del caso Gürtel y después de que salieran a la luz sus conversaciones con El Bigotes recupera así responsabilidades sobre la labor de los diputados del PP. Su rehabilitación llega casi un año después de su cese forzado por la dirección nacional, que culminó con la retirada de carné cuando Costa afirmó públicamente que continuaba siendo secretario general. Ahora se integra en la dirección del grupo y además llevará el peso del debate de los presupuestos de la Generalitat para 2011. Habrá qué ver hasta dónde llegan esas competencias de coordinación sobre los parlamentarios y si queda por encima de los respectivos portavoces, sobre todo el de Economía, José Marí, secretario de Economía del partido. Todo ello con permiso del portavoz, Blasco.

Antes del pleno, el grupo aprobó por unanimidad la decisión, acogida con aplausos. Entre los diputados, muchos veían injusta la situación de Costa, al que conside?raban pagano político del caso Gürtel por cumplir con las órdenes de Camps. Otros creen que en puertas del otoño judicial clave sobre el caso Gürtel se ha dado simplemente una salida elegante al problema de la situación de Ricardo Costa -para aplacar el malestar cada vez más creciente del ex número dos, visible en el reciente debate de política general-, en un puesto con escaso contenido real. Fuentes populares lo interpretaban como un primer paso para su restitución completa a medio plazo en mayores responsabilidades.

En la reunión de grupo, Ricardo Costa agradeció el ofrecimiento a la dirección y, "especialmente", a Blasco, del que dijo que ha demostrado ser su "amigo" y haber reconocido su valor como diputado, así como al PPCV y al de España, además de a sus compañeros de escaño. Olvidó citar al propio Camps, un signo, para muchos, de que quizá no está tan satisfecho como resulta en apariencia. Eso sí, evidenció que no pretende ser una figura decorativa al explicar que la idea es que las portavocías económicas tengan "una coordinación especial en una situación de especial importancia".

Antes del inicio de la sesión, Costa accedió al hemiciclo, donde recibió felicitaciones de sus compañeros. La presidenta de la Cáma?ra, Milagrosa Martínez, le dio un abrazo. Hasta el vicesecretario David Serra se fotografió con él. Luego ocupó su nuevo escaño, que hasta ahora era del ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi. Éste pasó a sentarse a su lado. Todos los diputados del PP que quedan ahora por detrás de él tuvieron que desplazarse un escaño por la nueva ordenación del grupo, salvo la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El damnificado por el sillón sobrante en esa segunda fila del grupo fue Eduardo Ovejero, que pasó a la tercera, desplazando a la cuarta a Manuel Bustamante.

JUAN COSTA COMUNICÓ A RAJOY SUS PLANES SOBRE UNA EVENTUAL SUCESIÓN DE CAMPS

Los movimientos del ex ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, en el PP valenciano para situarse en la carrera de la posible sucesión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no suponen una sorpresa para el presidente del PP, Mariano Rajoy. Según ha podido saber este diario, el propio Costa comunicó al líder nacional su "predisposición" a asumir las riendas del PP valenciano ante un eventual relevo de Camps antes de las elecciones autonómicas de 2011. Durante la conversación, que según las fuentes consultadas, se produjo después de las vacaciones de verano, Costa hizo saber a Rajoy que se sentía con fuerzas para gestionar la crisis que atraviesa la formación a raiz del caso Gürtel.

Las mismas fuentes añaden que Rajoy admitió al diputado nacional por Castelló que no estaba contento con la situación que se vive en la Comunitat Valenciana, pero le reiteró que, en principio, su hoja de ruta no ha variado y que Camps será el candidato en 2011. Con todo, siempre según las mismas fuentes, Rajoy, fiel a su estilo, no habría pedido expresamente al ex ministro que se mantuviera al margen de los movimientos que están teniendo lugar en el PP valenciano ante la incertidumbre que genera el desenlace judicial del caso Gürtel.

En este contexto se situarían los contactos que el hermano del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, está teniendo con dirigentes valencianos para tantear sus posibles apoyos. Aunque tal como publicó ayer este diario, sus manifestaciones sobre Gürtel no han sentado bien en el PP de Castelló, -donde no es una persona querida, llegado el momento, sobre todo con el aval de Génova, podría encontrar apoyos en la provincia que controla Carlos Fabra y de la que ha sido cártel electoral desde 1993. En Alicante, tras la caída en desgracia del líder provincial, Joaquín Ripoll, implicado en el caso Brugal, goza de mayor acogida.

Las posibilidades reales de un relevo a corto o medio plazo en el PP valenciano ha abierto expectativas en muchos dirigentes, sobre en aquellos con mayor ambición política; un grupo del que forma parte Juan Costa. Ya lo intentó en el ámbito nacional al tratar de conformarse como alternativa a Rajoy tras la derrota de 2008. De ahí que el diputado nacional, reconvertido en ecologista con su libro "La revolución imparable", no acabe de dar el paso de volver al sector privado pese a contar, según el mismo admite, con un atractiva oferta en la consultora Ernest &Young.

El grupo parlamentario popular ha rehabilitado hoy a su ex secretario general Ricardo Costa en las Cortes valencianas. Costa pasa a formar parte de la dirección del grupo parlamentario como responsable de la coordinación del área económica y defenderá los presupuestos de la Generalitat en el Parlamento valenciano. Además, abandona el escaño número 98, el último de la bancada popular, y se sentará en el número 52, justo detrás del actual portavoz del grupo y consejero Rafael Blasco.

Como estaba previsto, Blasco ha aprovechado hoy la reunión del grupo parlamentario para rehabilitar la figura del ex secretario general de los populares y ha devuelto protagonismo a quien hasta octubre del año pasado fue la mano derecha del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. La decisión de la dirección nacional del PP, adoptada el pasado mes de septiembre, de indultar a Ricardo Costa y levantarle, antes de tiempo, la suspensión de militancia facilita ahora la rehabilitación de Costa en la recta final de la legislatura.

Costa regresa a la primera línea en el grupo parlamentario justo un año después de que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmara en la celebración del 9 d'Octubre, día de la Comunidad Valenciana, que "la fiesta en Valencia se acaba". Tras meses de revelaciones en torno a la trama valenciana del caso Gürtel, y de la publicación de conversaciones grabadas por la policía a Costa y Álvaro Pérez, El Bigotes, la dirección nacional del PP forzó a Campa a destituir al entonces secretario regional y portavoz parlamentario. La insinuación de Costa de que continuaba siendo secretario general cuando Génova ya le daba por relevado desembocó en la suspensión de militancia.

El debate sobre la sucesión del presidente Francisco Camps, pese a las declaraciones de apoyo de Mariano Rajoy, sigue, aunque de manera soterrada, abierto en las filas del PP valenciano ante la incertidumbre por el desenlace judicial del caso Gürtel. Uno de los que está tomando posiciones ante la eventualidad de un relevo de Camps de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2011 es el ex ministro Juan Costa. Fuentes populares aseguraron que ex titular de Ciencia y Tecnología con Aznar y hombre de confianza de Rato está realizando movimientos en los últimos tiempos para situarse en primera línea en esa carrera sucesoria no declarada.

El ex ministro -que estos días ha mantenido diversas reuniones en Castelló, de donde es diputado nacional, y que ha protagonizado una rueda de prensa sobre los presupuestos del Estado con la parlamentaria Andrea Fabra- intentaría recabar apoyos en una parte del partido en Castelló, provincia controlada por el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, apartado temporalmente de la política por enfermedad y con graves imputaciones. Aunque el PP castellonense no está cómodo con las manifestaciones de Costa sobre Camps y Gürtel -el delfín de Fabra, Javier Moliner, se desmarcó el lunes de su enésimo reproche al presidente-, algunas fuentes sostienen que, a la hora de la verdad, el ex ministro podrían encontrar apoyos importantes en Castelló.

Juan Costa gozaría de amplio respaldo en Alicante, donde el presidente provincial, Joaquín Ripoll, crítico con Camps pero debilitado por el caso Brugal, podría apostar por Costa como alternativa al jefe del Consell. En contra de Juan Costa juega la pugna que mantuvo con Rajoy en el Congreso de Valencia. No obstante, fuentes del PP matizaron que la relación ha mejorado y recuerdan que Rajoy estuvo en la presentación del libro de Costa sobre ecología.

También es un lastre el hecho de que su hermano, Ricardo Costa, aparece involucrado en la rama valenciana del caso Gürtel y hasta hace semanas estaba suspendido de militancia por Génova tras arrogarse competencias que ya no tenía. A finales de 2009, el PP nacional -a raíz de grabaciones que revelaron la relación con El Bigotes- forzó su destitución como secretario regional y portavoz de los populares en las Corts, pero Costa mantenía que su apartamiento de la secretaría regional era simplemente una suspensión de funciones temporal. Entonces Génova le retiró el carné. Así casi un año.

La rehabilitación de Costa, una vez que muchos consideran que ha pagado el error que cometió, empezará hoy a ser realidad. El grupo lo designará como su portavoz en el importante debate de los presupuestos autonómicos para 2011 y le encargará la coordinación de las comisiones relacionadas con Economía. No será el portavoz económico, al menos de momento, un puesto que mantendrá José Marí Olano. Además, la disposición para integrarlo en la dirección por parte del síndic, Rafael Blasco, es total. Igualmente, se pretende que deje "el escaño 98" (que representó su ostracismo político) y pase a la primera o, si no hay hueco, a la segunda fila del PP en el hemiciclo.

El Partido Popular ha fichado a un economista y a un auditor de cuentas para tratar de desacreditar los informes de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) sobre la supuesta doble contabilidad del PP valenciano y su relación con la trama de corrupción Gürtel.

La Udef ha incorporado al caso Gürtel varios informes en los que sostiene que Orange Market -la empresa valenciana ligada a la trama de Francisco Correa- llevaba una doble contabilidad respecto al PP de Valencia (PPCV), su principal cliente y para el que organizaba eventos.

Según la Policía, la financiación de la deuda B del PP valenciano procedía de las aportaciones de empresarios de esa comunidad que han sido adjudicatarios de contratos de la Generalitat. Esas aportaciones se habrían «enmascarado» con facturas emitidas por Orange Market en las que se hacían figurar contraprestaciones inexistentes.

A petición del PP, los hermanos Ángel Escandell y Salvador Escandell, auditor de cuentas y economista, respectivamente, han elaborado un contrainforme fechado el pasado 15 de septiembre y que se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se trata de una ampliación de un anterior dictamen redactado en mayo de 2010 al que se ha incorporado el análisis del demoledor informe policial de 20 de julio de 2010.

Los peritos del PP afirman que las conclusiones de la Policía se basan en «conjeturas», son «hipótesis no demostradas» y se ven «desmentidas categóricamente» con el examen de la documentación contable del PPCV, que los agentes de la Udef «sorprendentemente no han utilizado». Pese a tratarse de un «Informe económico» -según reza su título- de índole pericial, sus autores deslizan afirmaciones ajenas a su competencia, como que «de los informes policiales podría desprenderse una cierta voluntad inculpatoria» respecto al PPCV.

Pese a ser economistas, también analizan las escuchas telefónicas del caso Gürtel y opinan que de ellas «no se desprende acuerdo alguno entre los responsables del PPCV y de Orange Market para que los eventos sean pagados por determinados empresarios». El principal reproche a la Udef es que haya basado sus informes en unas hojas de cálculo intervenidas en Orange Market «no se sabe confeccionadas por quién» y, en cambio, no haya analizado ni los libros contables de esa empresa ni tampoco las cuentas del PP valenciano, «presentadas en el Tribunal de Cuentas y auditadas por Ernst&Young sin detectar incidencias dignas de mención».

«Un análisis contable mínimamente riguroso debería basarse tanto en la contabilidad de una parte como de la otra con la que se quiere relacionar», afirman los peritos del PP.

«Resulta del todo curioso que la Udef deduzca que los cobros Alicante son los cobros transparentes de Orange Market y los cobros Barcelona son los que no aparecen en los estados contables y declaraciones fiscales, pero, sin embargo, en ningún momento han analizado los libros oficiales, las cuentas de mayor, diario o balances de sumas y saldos» de la sociedad.

«Ante los mismos elementos de valoración», añaden en referencia a las cifras que aparecen en las hojas de cálculo halladas en Orange Market, «se puede llegar a conclusiones diferentes. Bien podría ser un cobro, un pago, un ingreso, un gasto, un presupuesto, la base imponible de una factura o el total, no habiendo motivos suficientes para deducir que se trata de un cobro que se ha hecho en B para saldar la deuda de un servicio realizado al PPCV». El contrainforme destaca que en la denominada Caja Barcelona Eventos «aparecen conceptos como el pago de sueldos y pagas extras, pagos de facturas al Registro Mercantil, pagos al Ayuntamiento de Valencia o pagos a la Agencia Tributaria».

«Todos son documentos oficiales», añade, «por lo que no hay motivos para considerar que estamos ante una contabilidad ajena a los circuitos económicos, sino más bien se puede concluir que se trata de un documento provisional (...). En cualquier empresa es práctica habitual hacer borradores de lo que posteriormente se traslada a los libros oficiales». También afirma que en la documentación contable del PP de Valencia «existen numerosas facturas del proveedor Orange Market que no constan mencionadas en el informe de la Udef». «Todos los pagos están justificados en servicios prestados y en las correspondientes facturas», concluye.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, eludió ayer el caso Gürtel por enésima vez. El dirigente conservador, que reunió a su comité ejecutivo nacional en Barcelona como muestra de respaldo a su candidata Alicia Sánchez-Camacho, prefirió no responder a las preguntas que se le hicieron sobre la trama de corrupción.

"¿Teme usted que el presidente de la Generalitat acabe en el banquillo por alguno de los delitos que el juez Pedreira ha decidido enviar finalmente al Tribunal Superior de Justicia valenciano para que los investiguen?" "¿Ustedes, que apelan tanto a la presunción de inocencia, tienen pensado pedir disculpas al sastre de Camps por haberle acusado de graves delitos ahora que ha sido desimputado?" Estas fueron las dos cuestiones que se le plantearon al jefe de la oposición. "Le aseguro que ambos asuntos no se han tratado en esta reunión", contestó.

Con ello Rajoy dio por finalizada la rueda de prensa, como hace habitualmente en cuanto le sacan a relucir la situación en el País Valencià. Su respuesta también sirvió para constatar que el líder del PP no habla ante los suyos de la situación del jefe del Consell, a pesar de que esta siga avanzando procesalmente. Ayer, tocaban Presupuestos y elecciones catalanas. Todo ello sazonado por las críticas a un Gobierno que ve "en tiempo de descuento".

Rajoy no quiso opinar del auto personalmente ni pedir perdón por los pasos que se han dado en su nombre. Tampoco Federico Trillo tiene previsto retractarse. Y eso que el estratega judicial del PP ha sido una de las personas que más se han cebado con José Tomás. Trillo siempre ha tratado de resaltar "las contradicciones" del sastre, entre bailes de cifras y fechas, con el fin de desacreditar a uno de los testigos principales del caso de los trajes.

Cuando hace unos días el juez le levantó la imputación, nadie del PP se dirigió a él para excusarse. Al contrario, los conservadores anunciaron que iban a presentar un recurso ante dicha decisión. Este se conocerá en los próximos días.

No era la primera vez que la Justicia daba la razón al sastre. También lo hizo cuando sentenció que había sido despedido de Forever Young de forma improcedente.

En el auto del pasado 27 de septiembre se señala que las declaraciones prestadas en la causa descartan el delito de falsedad documental.

Algo de lo que precisamente Trillo le ha acusado hasta la saciedad. El diputado conservador también ha apuntado en numerosas ocasiones que el sastre pudo realizar una doble facturación: por un lado a Camps y, de otro, a la trama corrupta. El juez Pedreira mantiene que el sastre ignoraba si los trajes "se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban".

Para el PP, sigue siendo "un chorizo" y desde sus filas aseguran que aún tiene que responder a otras cuestiones. Pero Trillo también tiene que dar explicaciones después de que el propietario de la tienda, Eduardo Hinojosa, (al que el sastre ya ha ganado seis pleitos en los tribunales), reconociera hace unos días que se había reunido en dos ocasiones con el responsable de Justicia y que este se había interesado "por el tema de los trajes".

Por otro lado, Camps, que no acudió al encuentro de ayer, anunció que el jueves responderá a las preguntas de la oposición en Les Corts. A petición del portavoz del PSPV, Ángel Luna, tendrá que razonar porque está "satisfecho" con el auto de Pedreira teniendo en cuenta que se está hablando, entre otros delitos, de financiación ilegal, tráfico de influencias o cohecho propio. Rajoy, mientras tanto, le sigue apoyando para que repita como candidato a la presidencia de la Generalitat y lo seguirá haciendo a menos que ocurra una hecatombe judicial.

CAMPS DICE QUE LOS JUECES LE DAN LA RAZÓN AUNQUE PUEDEN INVESTIGARLO POR MÁS DELITOS

El presidente valenciano, Francisco Camps, y su Gobierno optaron ayer por ver la botella del caso Gürtel medio llena y no medio vacía. Aunque la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de enviar a Valencia la investigación del juez Antonio Pedreira -que afecta a la Generalitat y a varios de sus altos cargos, al PP valenciano y a media docena de conocidos contratistas de la Administración autonómica- es contraria a lo que los populares pretendían, tanto Camps como la portavoz de su Consell se aferraron a la estimación parcial del recurso en lo que se refiere a que la determinación de los posibles delitos cometidos por aforados valencianos debe hacerla el tribunal valenciano y no venir indicada desde Madrid.

Camps, que puede ser investigado ahora por delitos más graves que el supuesto cohecho pasivo impropio derivado de los trajes que le regaló la trama corrupta, por el que está imputado, expresó ayer su "satisfacción" ante la decisión del TSJ de Madrid. "Yo creo que recoge ampliamente todos nuestros argumentos", apuntó a la salida de un acto público.

La portavoz de la Generalitat Valenciana, consejera de Justicia y Administraciones Públicas y jefa de la campaña electoral de Camps, Paula Sánchez de León, aseguró al término del pleno del Consell que el auto "va poniendo las cosas en su sitio". Según Sánchez de León, "en un proceso lento y difícil de entender, cada paso y cada decisión judicial que se van dando, va poniendo las cosas en su sitio".

La portavoz del Consell, que se acoge siempre a la presunción de inocencia para no pronunciarse sobre los casos de corrupción, admitió que el TSJ de Madrid solo ha admitido parcialmente el recurso del PP, pero añadió que lo ha hecho en la parte "fundamental". Sánchez de León, como hizo el jueves en Benidorm Federico Trillo, arremetió contra las fiscales que llevan el caso Gürtel. "No ha atendido [el TSJM] a los informes de la fiscalía que tantas veces hemos dicho que son tendenciosos y manipuladores", aseguró.

La causa investigada por el juez Pedreira en Madrid, que ahora se remite a Valencia, ha revelado la financiación irregular del PP valenciano y todo un entramado de adjudicaciones amañadas por departamentos de la Generalitat Valenciana.

El cerco judicial a Francisco Camps se agrava. El presidente de la Generalitat puede verse obligado a afrontar imputaciones que implican inhabilitación y cárcel frente a la multa que supone el tipo delictivo al que se enfrenta ahora. Esa es la gravedad de la decisión hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así, al supuesto delito de cohecho pasivo impropio que investiga el juez José Flors por recibir regalos de empresas de la trama Gürtel, se le pueden sumar otros, como cohecho propio, financiación ilegal y delito electoral.

A la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano va a llegar toda la documentación que durante más de un año ha recabado el juez Antonio Pedreira desde el TSJ de Madrid. Esa documentación incluye informes policiales y de Hacienda, testificales y escuchas telefónicas que destapan la existencia de una trama de financiación del PP valenciano, así como numerosas adjudicaciones irregulares, en las que se ven implicados varios consejeros, dirigentes del PP, cargos de la Generalitat y media docena de conocidos constructores, además de los integrantes de la red que dirigía Francisco Correa y que tenía como cabeza visible en Valencia a Álvaro Pérez.

La sala de Lo Civil y Penal del TSJ tendrá que decidir si es o no competente para investigar estos indicios. Ya adelantó en un auto hace meses que entendía que todo aquello que afectara a aforados valencianos le era propio. El pleno de la sala, incluido por tanto el instructor del caso de los trajes, el juez Flors, se reunirá para adoptar una decisión que, con toda probabilidad, será afirmativa. Después tendrá que decidir si lo que remite Pedreira es en efecto una nueva causa o si ha de acumularse a la de los trajes. Esta posibilidad, que defenderán la Fiscalía Anticorrupción y los diputados socialistas personados como acusación popular, colocaría al presidente Camps ante la perspectiva de un supuesto cohecho propio y de una instrucción más larga. Si el tribunal decidiera que lo remitido por Pedreira ha de considerarse una causa nueva, la sala designará instructor siguiendo el turno establecido. Y podría ser también Flors.

Según fuentes de la investigación, la intención inicial de Flors es mantener separados los asuntos. Eso se traduciría en que Camps se sentaría en pocos meses en el banquillo de los acusados y sería juzgado por un jurado por cohecho pasivo impropio. Pero ese juicio no eximiría al presidente de verse ante nuevas imputaciones.Federico Trillo, diputado del PP por Alicante y director de la estrategia del PP en causas como la de supuesta financiación ilegal, falsedad, cohecho propio y delito electoral que afecta a Camps y varios consejeros autonómicos, fue homenajeado ayer en Benidorm por Nuevas Generaciones del PP local. Tomó la palabra y lo hizo para dar su versión del auto que ayer dio el visto bueno a que la causa instruida por el juez Pedreira llegue a manos del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Trillo interpretó que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "ha reconocido que los hechos que las fiscales [de anticorrupción] se empeñan en considerar irregulares e incluso delictivos se han cometido en Valencia". Dijo más: "La causa se remite a Valencia por razones estrictamente geográficas". Y, según él, "deja muy mal a la fiscalía, una vez más manipulada por el interés sectario del Fiscal General del Estado y las fiscales Anticorrupción". De ellas, afirmó que "no han defendido la legalidad y la competencia [en referencia a la negativa del ministerio público de que el PP fuera acusación particular]".

Trillo hizo estas declaraciones ante Francisco Camps. El presidente acudió anoche al acto acompañado de los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino, y de los consejeros Angélica Such y Mario Flores, además del portavoz popular Esteban González Pons. El presidente llegó a las 21.15 a la Ermita Sanz donde se celebró el homenaje. Llegó a tiempo. Antes había dejado plantados a los rectores de las universidades valencianas con los que tenía que firmar el acuerdo de financiación, en el acto de apertura del curso académico de la Universidad de Alicante, el único que tenía previsto presidir este año. Camps no dijo palabra alguna, ni siquiera para explicar su ausencia, y, menos aún, para valorar la situación jurídica en la que se va a ver envuelto una vez llegue al TSJ la causa por cohecho propio, falsedad, financiación ilegal y delito electoral en la que aparece implicado.

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó ayer remitir a su homólogo de Valencia todos los informes con nuevos delitos sobre la parte del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, que afecta al presidente valenciano, Francisco Camps, ya imputado, y a otros cargos de su Gobierno y del PP. Los informes policiales y de la Agencia Tributaria detallan, con pruebas, que el PP valenciano se financió ilegalmente a través de empresas que, a su vez, recibían contratos del Gobierno autónomo. También apuntan a otros delitos de falsedad y cohecho propio.

El auto del tribunal madrileño rechaza parcialmente el recurso del PP contra la decisión que adoptó en mayo pasado el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en Madrid, de remitir a Valencia una parte de la causa que afectaba a aforados de ese partido. Pedreira aludía en su resolución a delitos que son más graves aún que el de cohecho impropio imputado a Camps por recibir regalos de trajes de la trama y que investiga ahora el juez de Valencia José Flors por orden del Supremo. El alto tribunal ordenó analizar el regalo de los trajes después de que el Superior de Valencia, presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien Camps definió públicamente como "más que un amigo", archivara el caso.

El Superior de Madrid indica en su auto que, dada la supuesta implicación de aforados, es el tribunal valenciano el competente para valorar y decidir qué nuevos delitos se deben investigar y a quién se les imputan. La página web de EL PAÍS adelantó ayer esta noticia asegurando que Camps iba a ser juzgado por más delitos, cuando en realidad sólo va a ser, de momento, investigado; los jueces deberán resolver si debe sentarse en el banquillo.

El Superior de Valencia tiene varias opciones: investigar los nuevos delitos, no hacerlo, o bien insistir, como ya hizo una vez, en que los hechos de Valencia deben ser investigados en Madrid. Esta última opción obligaría a intervenir al Supremo para dilucidar a quién le corresponde la competencia. Si optasen por no investigar los nuevos delitos, los jueces valencianos irían contra sus propios actos, ya que en un auto del pasado 15 de febrero, que firmaron los cinco miembros de la Sala Penal, estos advierten de que es "necesario" investigar "el cualificado informe" de la policía, de 500 páginas, que detalla delitos cometidos por altos cargos del PP. En ese "cualificado" informe se basó la querella que el PSOE de Valencia interpuso por financiación ilegal contra Camps y otros 15 altos cargos populares. El PSOE interpuso esa querella después de que el tribunal que preside De la Rúa se hubiese negado a investigar el citado informe, donde se denunciaba que empresas contratistas de la Generalitat Valenciana pagaron a través de Orange Market, filial de la trama corrupta, actos que realizó el PP de Valencia entre 2004 y 2008.

El Tribunal Superior de Valencia contestó a la querella del PSOE con el citado auto, en el que se desentendía del asunto y lo remitía al juez Pedreira, al entender que había conexión con la trama Gürtel de Madrid, y advertía de que le remitiesen las actuaciones si surgían aforados valencianos. "La querella y el cualificado informe de la Unidad Especial de Policía contra la Criminalidad organizada que la acompaña contienen hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar para averiguar los mismos, estando en cuestión únicamente qué órgano judicial (...) es el que resulta competente", señalaba el tribunal valenciano. También insistía en que era "necesario investigar" las "actitudes y actuaciones sospechosas de irregularidad" que evidencian las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía entre cargos del PP y miembros de la red.

Lo que ahora enviará Pedreira a Valencia no es solo aquel informe de 500 páginas, sino también otros que aportan aun más pruebas sobre financiación ilegal.

- La causa. La Sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano recibirá en las próximas semanas la causa instruida por el juez Pedreira.

- Discusión de competencia. El pleno de la Sala se pronunciará sobre si considera o no que es de su competencia.

- Denegación de competencia. Si no acepta la causa, enviará el asunto al Tribunal Supremo.

- Aceptación de la competencia. El pleno decidirá si la acumula a la causa de los trajes o abre una nueva, en cuyo caso, nombrará un instructor.

En el mundo de la política hay muchos juristas. En la dirección del PP, el porcentaje supera la media. Y los pocos que no lo son, se están convirtiendo, gracias al caso Gürtel, en expertos en derecho procesal. Las únicas preguntas que importan en el PP, las que se repiten los dirigentes, dependen precisamente de este área: ¿dará tiempo a que Camps se siente en el banquillo antes de las elecciones? ¿Lo imputarán por cohecho propio antes de que lleguen los comicios?

Prácticamente todos los dirigentes tienen claro lo que hay detrás del caso. Por un lado, un presidente se dejó regalar al menos 12.000 euros en trajes por unos amigos a los que dio siete millones de euros en contratos públicos. Nadie en el PP cree que Camps se llevara dinero, no le ven como un corrupto, pero sí está asumido que dio trato de favor a sus amigos.

Por otro lado, está la financiación ilegal. Los más informados creen que el caso puede acabar mal, con imputaciones a varios dirigentes del PP. Pero, de nuevo, la clave son los tiempos. Mariano Rajoy parece haber tomado la firme decisión de no hacer nada mientras la justicia no impute a Camps u otros por cohecho propio y otros delitos. El cohecho impropio por el que ya está imputado, con una resolución unánime de cinco jueces del Tribunal Supremo, está asumido.

Y si Rajoy no hace nada, nadie va a hacer nada. Así que el PP, y en especial Federico Trillo, que anoche recibió un homenaje en Benidorm, se concentra en dilatar el proceso todo lo posible -gracias al recurso fallado ayer ha logrado cuatro meses de parón, y eso que el informe policial sobre el que se basa todo es de julio de 2009.

Si consiguen retrasarlo lo suficiente, Camps se presentará a las elecciones. Y después de ganar, todo será diferente, dicen en el PP. De nuevo la doctrina, ya aplicada en el caso Fabra, que las urnas absuelven a los políticos. Aún así, muchos dirigentes cercanos a Rajoy están cada vez más convencidos de que hay que limpiar el PP de la Comunidad Valenciana. Lo único que queda es saber cuándo hacerlo.

De momento, con las encuestas a favor y un gran optimismo interno, se limitan a ganar tiempo. Ayer la dirección nacional insistió en destacar que "no hay nuevas imputaciones para Camps ni ningún aforado", y que el caso se envía a Valencia "por razones estrictamente territoriales". Mientras, Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes valencianas, sentenció: "A partir de ahora, dejamos de hablar de los famosos tres trajes, que no eran tres, y hablamos de prevaricación, cohecho, delito electoral y malversación".

Todo son malas noticias para el PP en relación con la trama Gürtel. La última, la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha desestimado el recurso del PP contra la decisión del juez Antonio Pedreira, instructor del caso, de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en cuanto a la parte que implica a la cúpula de la Generalitat Valenciana con una presunta financiación ilegal y un delito electoral.

En su auto, el TSJM ha acordado remitir la causa a Valencia, aunque será el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad el que decida sobre la posible conexión de los delitos o su investigación por separado, así como su admisión a trámite. En caso de no admitirlo, crearía un conflicto de competencias.

En el escrito se señala que "los hechos relatados jamás podrían atribuirse a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid", al existir entre los encausados varios aforados valencianos, por lo que el tribunal avala inhibición de Pedreira a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Pero los magistrados de Madrid señalan que la "relevancia penal" de los hechos atribuidos a Camps y a miembros de su administación "tiene que ser determinada por los competenes órganos judiciales de Valencia", que deberán decidir "si hay lugar a proceder y si existen o no hechos de apareciencia delictiva".

En su recurso, el PP sostenía que no se ha demostrado una conexión entre los hechos investigados por el tribunal madrileño y la llamada "causa de los trajes" que se instruye en Valencia. El partido de Mariano Rajoy solicitó que se rechace la inhibición en favor del TSJV "por no estar acreditados los hechos que imputa la fiscalía", así como la participación en los mismos del presidente valenciano, Francisco Camps, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, y por carecer los hechos de relación o analogía con los "hechos de los que se conoce en la causa valenciana".

Pedreira dictó en mayo un auto inhibición parcial con el que remitió a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV la parte de la investigación que se refiere al PP y afecta a Camps. El objetivo de Pedrera era evitar "la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los distintos informes". Además de Camps, el auto de Pedreira señalaba indicios de delitos contra Ricardo Costa, Rafael Betoret, Vicente Rambla, Victor Campos, Pedro Gimeno, David Serra y Cristina Ibáñez.

El magistrado de Madrid tomó esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de mayo al TSJCV reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel. Pedreira ordenó, además, que la parte del sumario que afecta a las cuentas del PP valenciano se uniese a esta investigación.

El juez tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP valenciano.

El 15 de febrero pasado la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV decidió no investigar por el momento la presunta financiación irregular del PP de Valencia, alegando que los hechos podrían estar incorporados ya en alguna de las causas judiciales que se siguen por el "caso Gürtel".

Según los 50.000 folios del sumario del caso Gürtel, la Policía halló pruebas de financiación ilegal en la Comunidad Valenciana a través de empresas ligadas a la trama corrupta, en concreto Orange Market, que luego recibían millonarias adjudicaciones de la Generalitat. Es más, tal y como adelantó Público a principios de septiembre, la Brigada de Blanqueo de la Policía sostiene en un informe del pasado 20 de julio que el Gobierno de Camps pagó 846.000 euros a Orange Market a través de dinero negro o facturas falsas durante 2008.

Esto en cuanto a la financiación ilegal. En lo respectivo al delito electoral, el magistrado Pedreira vincula en uno de sus autos al PP valenciano con el falseamiento de cuentas electorales mediante "pagos" que no fueron "reflejados en las cuentas". Según el juez, el PP valenciano ocultó pagos por 2,5 millones de euros.

El PP ha fracasado en su último intento para evitar que uno de sus dirigentes más controvertidos, Francisco Camps, vuelva a los tribunales para aclarar una presunta financiación ilegal de este partido en Valencia y otros delitos. Así lo decidió ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que avaló la decisión del instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que se inhibió a favor de sus colegas valencianos el pasado mes de mayo.

El PP, que actúa como acusación particular, pidió a los magistrados de la sala civil y penal del TSJM que dejaran sin efecto la decisión de su subordinado. Sin embargo, los jueces se han negado a su pretensión con un argumento muy simple.

Los presuntos delitos descubiertos por sendos informes de la policía judicial y de la Agencia Tributaria afectan a aforados de la Comunidad Valenciana. Por ello, Pedreira «jamás podría tomar declaración como imputados a aforados de otra comunidad autónoma» que no sea Madrid «ni practicar actuaciones a sus espaldas y sin posibilidad de tomar conocimiento de ellas y poder defenderse o contradecirlas».

Los magistrados sostienen que la decisión de Pedreira de remitir esta parte de la causa a Valencia «es necesaria y consecuente». La sala civil y penal del TSJM no condiciona la actuación de sus colegas del Tribunal de Valencia, ya que aclara que son estos los encargados de «establecer si existen o no hechos de apariencia delictiva».

También deberán resolver «sobre la admisión de imputación y sobre la conexidad o no con las actuaciones» que tramita José Flors sobre el caso de los trajes que supuestamente recibieron Francisco Camps y otras tres personas de personas vinculadas con la red que dirigía Francisco Correa. Esta investigación se reabrió el pasado mes de mayo por orden del Tribunal Supremo.

Los nuevos delitos que debe investigar ahora el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) se refieren a un posible delito electoral cometido durante las elecciones autonómicas y locales del 2007. Los informes policiales acreditan que Orange Market pagó servicios del PP en esta comunidad autónoma de forma opaca y en efectivo y que dichos pagos fueron realizados por algunos empresarios que así encubrían donaciones que realizaban al PP.

Además, el TSJCV tendrá que investigar si los dirigentes del PP también han incurrido en los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil por las facturas que falsearon el pago de los servicios por parte de Orange Market y por la omisión en las declaraciones de la renta «de los ingresos recibidos de forma opaca cuyo importe es de 2,5 millones de euros», según uno de los informes policiales. Los jueces de Valencia también tendrán que investigar la posible comisión de un delito de prevaricación y cohecho.

La sala civil y penal del TSJV, que todavía preside Fernando de la Rúa, que es amigo personal del presidente valenciano, será la encargada de decidir sobre esta inhibición. En el caso de rechazarla, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra. De la Rúa está en funciones desde hace más de un año, ya que el Consejo General del Poder Judicial aún no ha nombrado a su sustituto.

El PP acogió ayer con preocupación el auto del TSJM que abre la puerta a otra investigación contra Camps, -además por delitos muchos más graves que el podría derivarse por el regalo de los trajes- y abre el melón de la posible financiación irregular del PP. Sin embargo, los populares se agarraron al hecho de que, de momento, no puede hablarse de nuevas imputaciones ni para Camps "ni para ningún aforado del PP valenciano", según fuentes de la dirección nacional.

Es más, Génova subrayó el envío a Valencia obedece a "razones estrictamente territoriales" y "no entra en el fondo del asunto por competencia territorial", al tiempo que se les da la razón en que "los hechos no están probados". A su entender, la propia resolución admite que es "prematuro hablar de conexiones con los hechos que se vienen investigando". Es más, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, expresó la "satisfacción" de los populares por "no hay nada en la Comunitat Valenciana" y "verdad se va imponiendo".

No lo ve igual la oposición que considera que se estrecha el cerco judicial contra Camps. Para el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, el auto supone el "fracaso" por parte del PP de "impedir" el desarrollo de la investigación del caso Gürtel y celebró que "afortunadamente la justicia ponga las cosas en su sitio".

Por su parte, la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, lanzó una advertencia al TSJCV al que indicó que "ya no tiene excusa para demostrar que la justicia llega hasta el presidente de la Generalitat". Para Mònica Oltra, portavoz adjunta de Compromís, en cada acto judicial se va evidenciando que "el PP es el partido más corrupto de toda España".

"Ni Garzón ni las fiscales eran quiénes para excluirlas". El secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, en una intervención en la que no se contuvo a la hora de arremeter contra el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, ni al referirse a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como "míos" o "suyos", "del PSOE" o "del PP", justificó ayer ante una comisión de las Cortes que la Abogacía de la Generalitat acuse al juez Baltasar Garzón para defender grabaciones anuladas que, en su opinión, exculpan al presidente del Consell, Francisco Camps, de las imputaciones de haber recibido regalos de la trama de corrupción del caso Gürtel.

Cabré justificó que la Generalitat haya recurrido al juzgado tras el rechazo por parte del Poder Judicial de una queja contra Garzón y defendió "la espontaneidad" de la conversación grabada en la cárcel entre Pablo Crespo, segundo de Francisco Correa en la trama Gürtel, y su abogado, en la que afirmaba: "Yo creo que Camps, si se hizo los trajes, los habrá pagado". El secretario autonómico añadió que "las estrategias vienen luego", pero fue muy beligerante al descalificar la actuación del magistrado de la Audiencia Nacional. En su opinión, la queja ante el CGPJ obedece a "una cuestión disciplinaria" y no entra en el fondo del caso. En el mismo sentido, defendió que la Abogacía se quejara de que Garzón pretendiera hacerse cargo de la investigación sobre las filtraciones del caso Gürtel.

"¿Están ustedes con los presuntos delincuentes o con los valencianos?", le preguntó el diputado socialista Manuel Mata. "¿Son ustedes los abogados de Camps o los abogados de los valencianos?". El diputado criticó la utilización de la Abogacía de la Generalitat para defender a quienes están imputados por haber perjudicado a la Administración y negó que las grabaciones a Crespo puedan ser usadas en la defensa de Camps porque la ley no considera válidas las exculpaciones entre "coimputados". "Los altos cargos ya tienen los mejores abogados, no hace falta que ustedes lo sean también", añadió Mata, que calificó de "perversión de la democracia" el hecho de que se ponga la Administración valenciana al servicio de la defensa de Camps.

La diputada de Compromís Mireria Mollà, por su parte, destacó la contradicción de que el presidente del Consell se niegue a hablar de sus problemas con la justicia en las Cortes porque son un asunto personal y movilice a la Abogacía de la Generalitat en su defensa.

La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, salió ayer indignada de la Junta de Portavoces de las Cortes Valencianas. Su grupo había propuesto incluir por el procedimiento de urgencia en el orden del día del próximo pleno ordinario una proposición no de ley para reivindicar la figura de Francesc Bosch i Morata, que fue conseller de Cultura de Valencia durante la República, en lo que se considera que fue un embrión de las instituciones autonómicas.

La mayoría de que dispone el PP impidió que eso ocurriera y envió la proposición al trámite en comisión. Se trata de una de las iniciativas que recibieron amparo por parte del Tribunal Constitucional en una sentencia que anuló al PP su rechazo de las iniciativas de la oposición sin justificación. En aplicación del fallo, la Mesa de las Cortes, que preside Milagrosa Martínez, tuvo que aceptar a trámite nueve preguntas sobre adjudicaciones a empresas del caso Gürtel y esta proposición no de ley.

"No tienen vergüenza", exclamó la diputada de Compromís, que acusó al PP de persistir en "el recorte injustificado de derechos democráticos y constitucionales", en este caso de los diputados, y añadió que eso es "la antesala de la corrupción". Oltra acusó a Milagrosa Martínez y los otros dos miembros del PP en la Mesa de las Cortes de considerar que están "por encima del Tribunal Constitucional". "Esta iniciativa se debatirá", anunció Oltra, "aunque el PP quiera eludir el debate público".

Bosch i Morata, político del Partit Valencianista d'Esquerra que murió en el exilio en México en 1950, creó en 1937 el Institut d'Estudis Valencians.

MADRID ENVÍA A LOS TRIBUNALES VALENCIANOS LA PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS

Los magistrados se basan en una cuestión formal para avalar el traslado de la causa. Según el auto, "la condición de aforados de alguna de las personas a las que se atribuyen hechos de apariencia delictiva resulta determinante para la inhibición. Los magistrados añaden que jamás se podría tomar declaración en Madrid como imputados a aforados de otra comunidad autónoma ni practicar actuaciones a sus espaldas".

La decisión del alto tribunal supone un nuevo varapalo para los intereses del Partido Popular que por todos los medios a su alcance ha intentado que el juicio contra Camps se quedase sólo en el capítulo de la recepción de los trajes.

Ahora los tribunales valencianos tendrán que investigar la presunta financiación ilegal del PP valenciano y los presuntos delitos de tráfico de influencias que la investigación de la Fiscalía y la policía atribuyen a la cúpula del PP de aquella comunidad.

Presuntos delitos relacionados con la financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas constructoras que, a su vez, recibían contratos del Gobierno valenciano de Francisco Camps.

De abrirse proceso para el presidente valenciano por presuntos delitos de financiación ilegal, tráfico de influencias y cohecho propio su futuro como candidato vuelve a complicarse.

Ésta es una de las decisiones esperadas por la dirección del PP de Rajoy. Hasta el momento, salvo apoyos puntuales en declaraciones públicas Camps no ha sido designado de manera oficial como candidato a las elecciones en su comunidad.

El tribunal sí da la razón al PP al considerar que no ha traspasado las funciones propias de la acusación particular y en que "quien deberá acreditar si los hechos son o no delictivos deberán ser los órganos judiciales de Valencia".

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado parcialmente el recurso interpuesto por el PP contra la decisión del juez Antonio Pedreira de inhibirse a favor del TSJ de Valencia para que sea este tribunal el que investigue y juzgue todos los indicios de delito encontrados en la investigación del Caso Gürtel que afectan al presidente valenciano, Francisco Camps, y a la cúpula del PP regional y del Gobierno autonómo.

Según la información que Pedreira envió a Valencia, la rama valenciana del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido en democracia, va mucho más allá de los regalos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de los que ya estaba en camino de ser juzgado. Los indicios apuntan a siete delitos vinculados a la corrupción relacionados con el amaño de contratos a favor de la red Gürtel (prevaricación y tráfico de influencias); con la aceptación de regalos pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de la trama corrupta en Valencia, a dirigentes del PP (cohecho) y con la ocultación a Hacienda de gastos del partido en la campaña de 2007 (delito electoral). El juez recogía en su auto los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que considera que Camps pudo incurrir en cohecho propio (recibir regalos a cambio de adjudicar contratos) en lugar del cohecho pasivo impropio que ahora se le imputa (recibir regalos por su condición de autoridad sin vinculación con la adjudicación de contratos).

El pasado 4 de junio el PP recurrió el auto en el que Pedreira se inhibía y le acusaba de equivocarse al guiarse por la "visión parcial" de la Fiscalía. Los abogados del partido aseguraban también que no existían datos para deducir una conexión entre la causa investigada por el TSJ de Valencia y las actuaciones del tribunal de Madrid.

El Partido Popular ha enviado a los medios una valoración tras conocerse la decisión del TSJ de Madrid, que reproducimos a continuación:

5. Afirma, así mismo, que es prematuro hablar de conexiones con los hechos que se vienen investigando.

¿Actuaron de manera coordinada el PP y el jefe del sastre que desveló los regalos de la trama Gürtel a Francisco Camps? La pregunta cobra especial relevancia tras la declaración judicial prestada ayer en Valencia por Eduardo Hinojosa, propietario de las tiendas donde trabajaba el sastre José Tomás, despedido y vapuleado por el PP y sus medios afines a raíz de sus revelaciones. La pregunta gana valor porque Hinojosa confirmó que Federico Trillo, portavoz de justicia del PP, se reunió con él dos veces en la sede de su empresa tras estallar el caso de los trajes.

Considerado el artífice de la estrategia del PP en el sumario Gürtel, Trillo fue a verlo a la sede de sus empresas para "interesarse" por el tema de los trajes, le contó Hinojosa al juez, según fuentes conocedoras de su declaración como testigo. Por la tarde, Público intentó sin éxito recabar la versión del portavoz de justicia del PP y ex ministro de Defensa.

La primera de las dos entrevistas entre Trillo y el dueño de la cadena de tiendas Forever Young se celebró un día después de la publicación de una entrevista concedida por José Tomás. En ella el sastre relataba el asedio telefónico al que le había sometido Camps cuando se enteró de que la policía y Garzón lo habían llamado a declarar. Preocupado por averiguar qué rastro documental había quedado en Forever Young, el presidente de la Generalitat llegó a llamarlo ocho veces a su móvil mientras Tomás estaba compareciendo ante la policía. La declaración del sastre fue crucial para que el president de la Generalitat fuera imputado por cohecho impropio (soborno). Esa imputación amenaza con sentarlo en el banquillo con independencia de si se investiga o no la financiación del PP valenciano.

Tanto Hinojosa como el PP tensaron todos sus resortes para desacreditar al sastre desde el momento en que este destapó el asunto. Hinojosa lo despidió un día después de declarar ante el juez Garzón y lo denunció por presunta falsificación de facturas. Y Trillo emprendió una durísima campaña en la que acusó al sastre de cobrar a Camps y a la trama corrupta los mismos trajes por partida doble. La semana pasada, el juez Antonio Pedreira, instructor principal del caso Gürtel, levantó la imputación que, por falsedad documental, aún pesaba sobre José Tomás.

De la presencia de Trillo en las oficinas de Forever Young ya había hablado un testigo el pasado junio. Pero, al igual que al sastre, Hinojosa también había despedido a ese testigo, director de compras de la empresa hasta agosto de 2009. Dado su carácter de damnificado laboral, el PP podía alegar sospechas sobre la veracidad de su testimonio. Ahora, la declaración de Hinojosa disuelve cualquier grano de duda.

Fuentes del caso aseguran que, durante las tres horas de interrogatorio judicial, Hinojosa se esforzó por exculpar a Camps ante el juez José Flors, instructor del caso de los trajes. Pero aseguran también que él mismo se lió en una vorágine de fechas y datos contradictorios. A su salida de los juzgados, los periodistas le preguntaron si alguien pagó los trajes de Francisco Camps. El empresario se curó en salud: "Yo creo que los pagaría él. No lo sé".

Eduardo Hinojosa, dueño de Forever Young, firma a la que empresas de la trama Gürtel compraron regalos, entre otros, para el presidente Francisco Camps, declaró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Lo hizo en calidad de testigo y a petición de la Fiscalía. En su intervención, que duró varias horas, Hinojosa reconoció dos reuniones con el diputado del PP Federico Trillo a propósito de la causa contra el presidente Camps y otros tres altos cargos del Gobierno valenciano por supuesto delito de cohecho pasivo impropio.

Hinojosa, ex jefe del sastre José Tomás, figura esencial para desvelar parte de las prácticas de empresas de la trama y al que el juez ha levantado la imputación, lanzó sospechas sobre las certezas que el ministerio público tiene de cómo quedaron contabilizados los encargos de distintas prendas que fueron regalos para Camps y el resto de imputados en la causa.

El dueño de Forever Young explicó que el sistema de contabilidad no permite garantizar que Camps no se pagara los trajes. Hizo mucho hincapié en que entre los clientes existe otra persona con el mismo apellido y que pudo haber confusiones a la hora de registrar pagos o entregas. Relató también que la forma de recoger los pedidos, las notas de entrega y los pagos dependían del cliente. Según él, ese sistema era personalizado. Los clientes llegaban a la tienda, se llevaban prendas, podían pagar solo una parte o adelantar incluso una fracción de un encargo aún no realizado. Según fuentes del caso, Hinojosa extendió ayer la confusión sobre la gestión de las entradas y salidas y eludió pronunciarse con rotundidad sobre el pago de los trajes que Camps dijo haber realizado.

El Ministerio Público solicitó el año pasado la declaración de Eduardo Hinojosa como testigo. La petición fue inicialmente rechazada, pero el recurso a esa negativa no pudo resolverse porque la Sala de lo Civil y Penal archivó el 1 de agosto de 2009 la causa. El tribunal valenciano se pronunció hace pocas semanas, después de reabierta la causa por orden del Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción, que ayer estuvo presente en la sala con tres de sus representantes, consideraba muy importante la comparecencia de Hinojosa para despejar algunas dudas.

Una de ellas nace de un documento de Forever Young sobre una corbata en el que aparecía el nombre de Francisco Camps tachado, prenda que no figura entre las que supuestamente le regalaron al presidente. Para la Fiscalía era determinante que Hinojosa aclarara cómo funcionaba el registro de las prendas, de sus destinatarios, de los pagos que de ellas se realizaban, cómo y quién. Ayer, solo aclaró que algunas de las empresas que eran clientes encargaban y compraban varias prendas para personas distintas y eso generaba comprobantes varios. Reconoce a Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market, como uno de sus clientes. Y reconoció a otro Camps, no al presidente de la Generalitat, también entre sus clientes.

RAJOY REITERA QUE CAMPS SERÁ CANDIDATO PESE A NO GUSTARLE LO OCURRIDO CON GÜRTEL

El líder del PP, Mariano Rajoy ratificó ayer como candidato en las próximas elecciones en la Comunitat Valenciana al actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aunque reconoció que lo sucedido como consecuencia del caso Gürtel no le ha gustado. "No me hubiera gustado que se produjera lo que se ha producido hasta el presente momento; pero el candidato en las próximas elecciones va a ser el señor Camps", manifestó el líder nacional del PP durante un encuentro con medios de comunicación.No es la primera vez que Rajoy ratifica en público a Camps como cartel electoral para las elecciones autonómicas de 2011, aunque en esta ocasión se mostró más tajante: "El candidato será Camps", dijo al ser preguntado sobre el futuro político del presidente. Eso sí, no quiso profundizar sobre las circunstancias judiciales con las que podría concurrir el mandatario del PP valenciano, quien podría sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho impropio.

En otro orden de cosas, lo que sí hizo Rajoy es desautorizar al presidente Camps en su anuncio el pasado lunes de que pedirá las competencias sobre políticas de empleo que el Gobierno central ha transferido al País Vasco por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Rajoy planteó una medida totalmente distinta: , blindar la caja única de la Seguridad Social para "evitar tentaciones tanto presentes como futuras". Para Rajoy las competencias transferidas podrían romper la caja única.

El dueño de Forever Young, Eduardo Hinojosa, ha testificado hoy ante el juez que instruye la parte valenciana del caso "Gürtel" y al concluir, preguntado sobre si el president de la Generalitat, Francisco Camps, pagó los trajes que encargó en esta tienda, ha contestado: "Yo creo que los pagaría él, no lo sé".

Hinojosa ha comparecido ante el magistrado José Flors después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) admitiera la petición del fiscal y del PSPV-PSOE para tomarle declaración como testigo en la causa abierta por cohecho impropio contra Camps y otros cargos del Gobierno autonómico y del PP valenciano.

El administrador de la tienda ha prestado declaración durante unas tres horas y al concluir su comparecencia, y después de que los abogados y el propio juez abandonaran el Palacio de Justicia, ha permanecido durante cerca de otra hora en el interior del edificio.

Finalmente ha sido abordado a su salida por los medios de comunicación, que le han preguntado sobre si el president de la Generalitat había pagado los trajes que esta tienda había confeccionado para él -que supuestamente abonó la empresa Orange Market-, a lo que ha contestado: "Yo creo que los pagaría él, no lo sé; pregunten al juez", se ha limitado a decir.

"Saben ustedes que no les puedo decir nada", se ha excusado el magistrado ante los periodistas al abandonar la sede del Tribunal Superior de Justicia. Fuentes próximas al caso han contado a EFE que el propietario de la tienda no ha podido ratificar la afirmación que mantuvo al principio de la instrucción judicial, cuando dijo que Camps había pagado sus trajes.

En la declaración de hoy, según las citadas fuentes, Hinojosa ha incurrido en numerosas contradicciones sobre quién abonó finalmente los trajes.

Tras hacerse público el "caso Gürtel", Hinojosa, como administrador de Forever Young, presentó una denuncia contra el sastre José Tomás -que asegura haber hecho trajes para Camps- por elaborar facturas falsas, motivo por el que fue despedido.

Posteriormente, el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid declaró improcedente el despido de José Tomás y condenó a la empresa a readmitirle o, en su caso, indemnizarle con 232.500 euros.

El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha exculpado a ocho implicados en las diligencias que instruye sobre la trama corrupta; entre ellos, a José Tomás García, el sastre al que acudió Álvarez Pérez, El Bigotes, para que confeccionase trajes a medida para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos del Gobierno valenciano. Los otros desimputados son empleados de empresas ligadas a la red que se limitaron a seguir las órdenes de sus jefes.

Tras declarar ante Garzón, Tomás, que trabajaba como sastre en las tiendas de Milano y Forever Young, que dirige Eduardo Hinojosa, fue despedido. La acusación contra él, ahora desmontada por el juez, era que había falseado facturas de trajes.

El auto que hizo público ayer Pedreira señala que la labor de Tomás nada tenía que ver con la elaboración de facturas, y recuerda que un juzgado declaró improcedente su despido tras desechar todas las imputaciones que le hizo Hinojosa, supuestamente en connivencia con el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo.

En el sumario consta el testimonio de Miguel Marqués, director de compras hasta su despido en agosto de 2009 de las empresas de Hinojosa. Marqués manifestó que Trillo estuvo en el despacho de Hinojosa al día siguiente de publicarse la entrevista en la que Tomás explicaba cómo tomó medidas al presidente Camps y a otros políticos; indicaba además que los trajes fueron abonados por la red que dirigía Francisco Correa. Según Marqués, tras aquel encuentro con Hinojosa comenzó una campaña de prensa contra Tomás por parte de sectores afines al PP.

Tomás se mostró ayer satisfecho con el sobreseimiento. Y añadió: "Hinojosa ha perdido seis pleitos laborales conmigo, y en su momento ejercitaré acciones penales contra él por denuncia falsa y falsificación documental, ente otros delitos". El PP anunció ayer que recurriría esta desimputación. Y Tomás replicó: "Trillo ha dado esa orden para retrasar tener que explicar las injurias y calumnias que me hizo".

EL SASTRE DICE QUE CAMPS SERÁ DECLARADO CULPABLE Y QUE RAJOY CONOCÍA LA TRAMA

El sastre de Camps, José Tomás, manifestó ayer su confianza en que el presidente Camps será declarado culpable de "cohecho impropio pasivo", aunque consideró que, "tal y como está montado el sistema, es difícil" que el líder del PP acabe en la cárcel.

Además, dijo que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "conocía la trama" Gürtel "porque fue candidato llevándoles ellos la campaña". Tomás "salvó" a Álvaro Pérez y Pablo Crespo y cargó contra Camps y Rajoy.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha admitido el sobreseimiento provisional de la imputación del sastre y otros nueve imputados más.

En el escrito, se admite la solicitud de la Fiscalía y se declara el sobreseimiento provisional de José Tomás, Rafael de León Cebreros, María Torres Ribas, Randall Wodbard, Tidie Baez, Miguel Uriel y las cuatro personas relacionadas con la sociedad Willow Investment de Reino Unido, cuando la empresa sospechosa está ubicada bajo el mismo nombre en St Cristopher&Nevis.

El juez Pedreira, que dice haber llegado a la misma conclusión que el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid el 13 de julio de 2009, recoge en su escrito que la falsedad documental que se imputó a José Tomás, según las declaraciones prestadas, "determina una duda importante en relación con la autoría de la falsedad en el seno de los establecimientos de ropa en os que trabajó".

Así, señala que la labor de facturación derivada de la actuación comercial de los establecimientos en los que Tomás prestaba servicios no le estaba a él encomendada. Destaca además que no consta el conocimiento de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban.

Los demás imputados a los que se han levantado las causas son personas sobre las que no se ha podido demostrar su relación con los hechos por cuestión de fechas o porque no consta que conocieran la actividad presuntamente delictiva de otros de los imputados.

El PP recurrirá la decisión del juez Pedreira de admitir el sobreseimiento provisional de la imputación del sastre y otros nueve imputados en el caso Gürtel.

El encargado de confeccionarle los trajes a Francisco Camps, esos que aseguró pagarse de su propio bolsillo el imputado presidente regional, puede respirar más tranquilo. El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha levantado la imputación a diez personas, entre ellas, a José Tomás.

En su auto, Pedreira accede así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, y decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto a José Tomás, al considerar que no consta el conocimiento por parte del sastre "de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados, así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban".

José Tomás ha estado en el centro de la actualidad informativa en numerosas ocasiones durante sus declaraciones ante el juez tanto en Madrid como en Valencia. En especial cuando declaró que atendió a Francisco Camps, para quien confeccionó varios trajes a medida, valorados en más de 12.000 euros, supuestamente pagados por la empresa Orange Market, perteneciente a la trama Gürtel. Tras esta declaración, el máximo responsable del PP en Valencia tuvo que salir al paso para aseverar que se pagaba sus propios trajes.

El sastre estaba imputado por falsedad documental precisamente en relación con las facturas libradas por esas prendas de ropa, pero el juez sostiene que las investigaciones han determinado "una duda importante en relación con la autoría de la falsedad en el seno de los establecimientos en los que aquel trabajó".

Otra de las razones por las que Pedreira ha acordado levantar la imputación a José Tomás es que las diversas declaraciones prestadas en la causa han confirmado la conclusión de la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Madrid, que el 13 de julio de 2009 declaró improcedente el despido del sastre de Forever Young. Esta empresa había alegado para despedirle que había compras a crédito sin cobrar por 60.309 euros, que firmó facturas que no se correspondían con la realidad y que existían devoluciones no justificadas. Sin embargo, Pedreira se remite a la citada sentencia para concluir que Tomás no tenía encomendada la labor de facturación de los establecimientos en los que trabajaba.

El instructor del caso Gürtel ha retirado también la imputación que pesaba sobre otras nueve personas, entre las que se encuentra el empresario colombiano Miguel Uriel Hernández Chavarro. Hernández, que llegó a ser detenido en Madrid el pasado 1 de julio, reconoció ante el juez que desde 2008 buscaba inversiones inmobiliarias en Colombia, donde tiene varias empresas dedicadas al sector energético, por encargo del considerado líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. Sin embargo, el magistrado, al igual que la Fiscalía, indica que la actuación del empresario "no permite concluir su conocimiento sobre el origen de los fondos remitidos (por Correa) fuera de España".

Por otra parte, Pedreira ha rechazado la petición de Correa de que se dicte un nuevo auto detallando las imputaciones que pesan contra él, al poner en duda las conclusiones de los informes periciales que determinaron las cuotas tributarias presuntamente defraudadas.

Uno de esos informes, realizado por la Agencia Tributaria sobre la actividad económica de los imputados entre 2002 y 2007, aseguraba que Correa, que no hizo la declaración de la renta en ese periodo, "debería responder a título de autor de los delitos relacionados con su IRPF cuya cuota total asciende a más de 18 millones de euros".

El instructor rechaza la petición de Correa al considerar que, en realidad, lo que pretende es conocer "cuál podrá ser en el futuro el contenido del auto y que las acusaciones le digan cuál va a ser el contenido de sus escritos de acusación". "Es obvio que en este momento no procede en absoluto", concluye Pedreira.

EL TSJ IMPIDE QUE SE AVERIGÜE QUIÉN ANOTÓ A MANO ´CAMPS´ EN UN TIQUE DE LOS TRAJES

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) rechazó en su auto del caso Gürtel del martes, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la práctica de una prueba caligráfica que determinaría quién escribió a mano la palabra "Camps" en "un fax de octubre de 2008 en el que aparecen anotaciones manuscritas referentes al señor Camps de dos trajes, una americana y unos zapatos por un total de 2.860 euros" y en un tique de compra "que refleja una venta de cuatro corbatas por importe de 348 euros".

Según el escrito de la Fiscalía rechazado por el TSJ, "en ambos casos José Tomás (el sastre) atribuyó dichos escritos a otro testigo, quien en su declaración judicial, lo negó, resultado la autoría de esos escritos especialmente relevante y necesaria para concretar los hechos imputados al señor Camps".

El ministerio público prosigue diciendo que "no se ha acreditado que esas corbatas fueran entregadas al presidente de la Generalitat. En consecuencia, con independencia de la valoración que pueda hacerse de los indicios existentes al respecto, la identificación del autor de esa anotación resulta trascendente para conocer el motivo de la anotación y el destino de las prendas".

De los tres magistrados ponentes, Juan Luis de la Rúa, Juan Montero y José Francisco Ceres, sólo el último emitió un voto particular a este respecto, el magistrado estima que "no aparece precepto alguno que directa o indirectamente se estime que concurra una prohibición de práctica de tal diligencia pericial".

En cuanto al resto de diligencias rechazas, los miembros de la sala no aceptaron que se una el informe elaborado por el Síndic de Comptes, que se remita documentación bajo secreto de sumario que está en la causa que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se transcriban las declaraciones de los imputados y testigos que han declarado hasta ahora, que se tome declaración a Luis E., empleado que realizó una de las ventas, que se impute a los cabecillas de la trama Gürtel, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Francisco Correa, así como que se advierta a las empresas Sastgor, S. A., Castellana del Inmueble y Locales, S. A., y Cortefiel, S. A. "la advertencia de poder incurrir en delito de desobediencia, si no envían las facturas y documentos mercantiles solicitados por la Fiscalía Anticorrupción que el magistrado instructor admitió para que fueran adjuntados al sumario del caso Gürtel.

El grupo parlamentario Compromís ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas por el veto de la Mesa de las Cortes, con mayoría del PP, a dos iniciativas parlamentarias de sus diputados. Una de ellas, registrada el 13 de abril de 2010, solicitaba la creación de una comisión de investigación para clarificar la relación del presidente del Consell, consejeros y altos cargos de la Generalitat con las empresas investigadas en el caso Gürtel.

Tras la negativa a tramitar esta petición de comisión de investigación, Compromís ha presentado los recursos correspondientes en las Cortes, que no han sido estimados, agotando en estos meses la vía reglamentaria de recursos antes de recurrir ante el Constitucional. La segunda iniciativa por la que Compromís una Proposición No de Ley en la que se proponían una serie de cambios en la fiscalización de las cuentas de la Administración valenciana para dotarla de mayor transparencia.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se mostró ayer seguro sobre su futuro político ante los medios de comunicación que se congregaron a las puertas de la sede nacional PP donde Mariano Rajoy había citado a sus barones para hablar sobre economía. La cita había despertado un gran interés porque implicaba reunir bajo un mismo techo a Rajoy con Camps, una imagen cada vez más difícil de captar por los problemas judiciales del presidente valenciano imputado por un presunto delito de cohecho impropio. Al término de la reunión, un almuerzo que se prolongó por espacio de unas dos horas, Camps respondió, a preguntas de los periodistas, que será el candidato de la Generalitat en 2011 y que cuenta con el respaldo del líder nacional de su partido. El encuentro con las decenas de periodistas que se agolpaban en la calle Génova de Madrid se produjo en las puertas de la sede, por donde Camps salió a pie acompañado por su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel. El presidente llegó en coche con un cuarto de hora de antelación y entró por el garaje, como hicieron otros mandatarios.

Cuestionado sobre si repetirá como candidato, Camps respondió con un lacónico sí. La primera pregunta dio pie a otras en las que se le inquirió sobre si contaba con el respaldo de Rajoy dada su condición de imputado en el caso Gürtel. "Hemos venido a hablar de, entre otras cosas, el paro y hemos hablado, ya que está aquí el presidente de Murcia, de cuestiones importantes como el agua en Murcia y en la Comunitat Valenciana, pero en cualquier caso, la respuesta es sí", afirmó el jefe del Consell. Acto seguido se centró en el contenido del encuentro con Rajoy y otros dirigentes populares y reiteró el compromiso de su Ejecutivo de "continuar en el nivel de excelencia de las prestaciones de servicios sociales".

Aunque Camps no pudo evitar que ayer su implicación en la causa de los trajes siguiera siendo el foco de interés, al menos regresó a Valencia con algún que otro gesto de Rajoy que no tuvo la última vez que coincidieron. Cabe recordar que el encuentro de hace unas semanas en Santiago de Compostela sólo arrojó imágenes de una fría relación entre ambos. Aunque desde hace meses las declaraciones de apoyo a Camps por parte de los dirigentes de Génova -incluido el propio Rajoy- se han sucedido, el líder nacional ha evitado darle cariño en público.

Sin embargo, ayer, el PP, sabedor de que la fotografía de grupo y las imágenes que se permiten captar a los reporteros gráficos antes de las reuniones iban a ser miradas con lupa, decidió situar a Camps en un lugar estratégico en la primera fila, separado de Rajoy tan solo por la número dos del PP, Maria Dolores de Cospedal. A Camps se le vio conversar en una ambiente relajado con la secretaria general cuya relación ha estado marcada por la tirantez desde el primer momento. También intercambió impresiones con Rajoy, aunque según las fuentes consultadas, no hubo ninguna conversación trascendente sobre su futuro político.

FLORS CITA A DECLARAR AL DUEÑO DE FOREVER YOUNG, QUE EXCULPÓ A CAMPS EN LA CAUSA DE LOS TRAJES

El propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, declarará finalmente ante el juez José Flors que instruye la causa contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por un presunto delito de cohecho impropio al haber aceptado regalos en forma de trajes de las empresas de la trama Gürtel. La declaración de Hinojosa, dueño de unas de las tiendas donde el jefe del Consell encargó prendas a medida, fue solicitada hace más de un año por la Fiscalía, pero fue desestimada por el juez instructor.
Ayer, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, aceptó el recurso de la fiscalía dando vía libre a una declaración que, en principio, favorece al jefe del Consell. Cabe recordar que Hinojosa avaló en su día la versión del presidente de que se pagó sus trajes, si bien su nombre también estuvo envuelto en la polémica al trascender una reunión con el responsable del Justicia del PP, Federico Trillo, en la que supuestamente se preparó la defensa del presidente.

Cabe recordar que el dueño de Forever Young denunció en su día al sastre José Tomás por presuntamente emitir facturas falsas y adeudar más de 500.000 euros. El testimonio de José Tomás, que ejerció de modisto del presidente en la tienda de Hinojosa, fue crucial en la causa de los trajes, ya que afirmó que las prendas encargadas por Camps fueron pagadas por los cabecillas de la trama corrupta de Correa.
El sastre, también imputado en el caso Gürtel, fue despedido por Hinojosa en febrero de 2009 después de que prestara declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Hinojosa perdió recientemente el pleito que Tomás le planteó por despido improcedente, pero las denuncias por falsificación presentadas por vía penal están todavía pendientes.

Con todo, precisamente ayer trascendió que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en Madrid, el sobreseimiento provisional de la causa respecto a diez imputados, entre José Tomás García, al concluir que "no consta el conocimiento por parte del sastre de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados, así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban".

Según defienden las fiscales del caso existe una "duda importante" respecto al delito de falsedad documental que se le imputó en relación con sus trabajos en las tiendas de Milano y Forever Young. El escrito recoge que "las diversas declaraciones prestadas confirman, así, la conclusión en igual sentido aunque con distinta consecuencia jurídica, alcanzada por la sentencia 13 de julio de 2009 del Juzgado de lo Social no 8 de Madrid", en alusión al fallo que dio le dio la razón en el despido improcedente. Añade la Fiscalía que "la fundamentación jurídica de esta sentencia incide en que la labor de facturación derivada de la actuación comercial de los establecimiento en los que José Tomás prestaba servicios no le estaba a él encomendada".

Cabe apuntar que pese a estar imputado el sastre declaró ante Flors en calidad de testigo, una circunstancia anómala que recientemente fue puesta de relieve por la defensa del presidente.

La resolución de la sala del TSJ-CV -hecha pública ayer a través de un comunicado de prensa- incluye también la confirmación del rechazo del resto de diligencias solicitadas en julio de 2009, es decir, antes de que el caso fuera archivado. La testifical de Hinojosa -que también reclamó la acusación popular- es la única que los magistrados han considerado "pertinente". Será, además, la primera vez que el empresario declare ante un juzgado. "La sala -prosigue el comunicado- mantiene- la tesis del magistrado instructora para denegar el resto de diligencias, consistentes en la ampliación de la imputación a otras tres personas y varias testificales". Añade que esta resolución, contra la que no cabe recurso, contiene un voto particular de un magistrado ponente que defendía que se aceptara otra prueba solicitada por la fiscalía consistente en una pericial caligráfica.

El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha ratificado hoy en la sede nacional del PP que será el candidato de su partido en las próximas elecciones en la comunidad autónoma, en mayo de 2011.

Con un lacónico "sí" ha respondido Camps a la pregunta sobre si repetirá como candidato en Valencia, habida cuenta de que se encuentra presuntamente implicado en una de las tramas del caso "Gürtel" y podría haber incurrido en un delito de cohecho impropio.

El presidente valenciano ha asistido hoy a la reunión que la dirección nacional, con Mariano Rajoy al frente, ha celebrado en la sede del PP en Madrid con los presidentes autonómicos del partido.

Tras un almuerzo de unas dos horas de duración, Camps ha abandonado la sede del partido en compañía de su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel.

Ante los periodistas, que le han preguntado si será el candidato en la Comunitat Valenciana, Camps ha contestado lo siguiente: "Hemos venido a hablar de, entre otras cosas, el paro y hemos hablado, ya que está aquí el presidente de Murcia, de cuestiones importantes como el agua en Murcia y en la Comunitat Valenciana, pero en cualquier caso, la respuesta es sí".

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE SE RETIRE LA IMPUTACIÓN AL SASTRE DE CAMPS

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al juez Antonio Pedreira, que instruye en Madrid la mayor parte del caso Gurtel, la trama de corrupción vinculada al PP, donde pide que se retire la imputación contra el sastre José Tomás. Éste era el encargado de tomar medidas y visitar a numerosos cargos del PP en Valencia, entre ellos el presidente autonómico Francisco Camps, y confeccionarles trajes a medida que pagó la trama corrupta durante varios años, según los documentos incluidos en el sumario del caso.

La fiscalía pide ahora que se retire la imputación de Tomás, cuyo testimonio creyó el juez José Flors, cuando decidió llevar al banquillo a Camps por cohecho impropio.

En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción señala: "La falsedad documental que se le imputó, según las declaraciones prestadas en esta causa y las unidas por testimonio, determina una duda importante en relación con la autoría de la falsedad en el seno de los establecimientos de ropa en los que aquél trabajó. Las diversas declaraciones prestadas confirman, así, la conclusión en igual sentido aunque con distinta consecuencia jurídica, alcanzada por la sentencia 13 de julio de 2009 del Juzgado de lo Social no 8 de Madrid"

Y continúa: "La fundamentación jurídica de esta sentencia incide en que la labor de facturación derivada de la actuación comercial de los establecimientos en los que José Tomás prestaba servicios no le estaba a él encomendada. Cabe destacar igualmente que no consta el conocimiento por parte del Sr. Tomás García de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban".

EL PP UTILIZA UNA ACUSACIÓN CONTRA LUNA PARA TAPAR LOS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN

El PP arremetió ayer contra el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, tras publicar El Mundo que el empresario Enrique Ortiz, vinculado al caso Gürtel y al caso Brugal, adelantó 4.000 euros de una reforma del ahora diputado en 1997, cuando este estaba apartado de la política y poco antes de que el constructor contratase los servicios jurídicos del ahora portavoz.

Los populares exigieron explicaciones inmediatas por parte de Ángel Luna y su dimisión. El portavoz socialista, que se ha distinguido por la denuncia de la corrupción que afecta al Consell y al PP valenciano, compareció en conferencia en la sede del PSPV-PSOE y se sometió a las preguntas de los periodistas.

Luna, cuya relación con Ortiz no es ninguna novedad, ya que lo tuvo de cliente en el bufete de abogados en el que ejercía y trabajó posteriormente para el constructor, explicó que Ortiz fue una de las personas a las que recurrió para hacer obras en la casa que su esposa heredó de su familia y que hoy es el domicilio en el que residen. "He pagado absolutamente todas las facturas", dijo el diputado socialista, que precisó que en algunos casos lo hizo directamente a quien ejecutó los trabajos y en otros a quienes encargó que buscaran a profesionales para ello.

Así, recordó que el parquet lo encargó al ex concejal socialista en Alicante Conrado Albaladejo, ya fallecido, y que el esposo de la ex teniente de alcalde María Dolores Marcos le instaló el aire acondicionado.

Luna precisó que en el momento en que se efectuaron las obras él era "una persona privada, con actividad privada en un despacho". El ex alcalde de Alicante pasó a trabajar para Ortiz en 1999, ocupación que mantuvo durante tres años y medio. Durante la comparecencia, a preguntas de un periodista, Luna aclaró también que un coche que utilizó en ese periodo y que la empresa tenía en régimen de leasing, lo adquirió al dejar aquel trabajo y pasó a ser de su propiedad.

"Si en dos años y medio solo han encontrado esto, me doy por satisfecho", señaló el parlamentario socialista, que se declaró convencido de que el Partido Popular le está investigando para acallar sus denuncias de corrupción."Han pinchado en hueso. No me van a callar con operaciones de esta naturaleza", dijo Ángel Luna al explicar a los periodistas los pormenores de la información sobre la reforma de la vivienda de su esposa en Alicante ("tenemos una separación de bienes rabiosa", señaló con humor), que la televisión autonómica Canal 9 difundió a lo largo de la mañana tras su publicación en El Mundo.

Luna, que dijo no recordar 13 años después exactamente a quién pagó qué aspectos de la reforma, insistió en que se hizo cargo de todas las facturas y apuntó que, si se trata de insinuar que Ortiz le pagó algo, resulta absurdo, dado que estuvo tres años y medio trabajando para él. "Me estuvo pagando mensualmente una cantidad de dinero por mi trabajo", añadió.

El portavoz socialista, que no cedió a las presiones de quienes abogaban por no incluir en la querella del caso Gürtel a los empresarios implicados, entre ellos Enrique Ortiz, fue escueto al responder a la pregunta de por qué se fue de la empresa de este constructor en 2002. "Acabé y me marché". Sobre su posterior relación con Ortiz, comentó: "Cuando nos vemos, nos saludamos".

Consciente de que las informaciones sobre su actividad anterior al regreso a la primera línea de la política, en 2007, van a ser objeto de escrutinio, Luna se declaró "tranquilo" y denunció que tiene constancia de que ha sido investigado, tanto en su trayectoria de alcalde de Alicante, periodo en el que no tenía capacidad de adjudicar contratos porque gobernaba en minoría y esa potestad se la reservaba el pleno municipal, como en su trayectoria profesional posterior.

Según el diputado socialista, algunos funcionarios de Administraciones que gobierna el PP han recibido órdenes de revisar expedientes de asuntos en los que haya podido intervenir. "La última información me llegó de Murcia", explicó. "Yo, como abogado, he trabajado en muchos sitios".

"Todo esto es una práctica mafiosa que solo busca acallar a quienes denunciamos la corrupción", aseguró Luna, quien anunció que no piensa dejar de trabajar "denodadamente" contra las prácticas corruptas del Gobierno de la Generalitat valenciana encabezado por Francisco Camps.

En medios socialistas se daba ayer por hecho que habrá más informaciones relativas a su portavoz en las Cortes. Como explicó el propio Luna, la reacción ante ellas es salir inmediatamente a dar explicaciones, al contrario de lo que hacen el PP y el presidente del Consell. "Llevamos años esperando que el señor Camps dé una explicación", señaló el portavoz del grupo parlamentario del PSPV-PSOE.

RAJOY ALEGA QUE «NO TODOS LOS CASOS SON IGUALES» PARA JUSTIFICAR QUE HA EXPULSADO A ALGUNOS IMPUTADOS PERO NO CASTIGA AL PRESIDENTE VALENCIANO POR SU SITUACIÓN JUDICIAL

Francisco Camps y el PP valenciano son el principal quebradero de cabeza (político) de Mariano Rajoy. Basta contemplar la indisimulable incomodidad que le producen las preguntas de la prensa sobre los casos de corrupción que atañen a los populares de Valencia y su influencia en la elaboración de las próximas listas electorales. O las escasísimas oportunidades que el líder de la oposición responde a los periodistas sobre tan espinoso asunto. Pero ayer Rajoy, en Melilla, pronunció una frase enrevesada en la forma, pero clara en el fondo, que intenta justificar el trato de favor que se da en el PP a algunos de sus imputados por corrupción. Especialmente a Camps. «Hay implicaciones por unas razones que provocan unas convicciones y las hay por otras que provocan convicciones diferentes», dijo.

De esta forma, alentó las esperanzas del actual presidente de la Generalitat valenciana -imputado por haber aceptado, supuestamente, regalos de la red Gürtel de repetir como candidato. Otros imputados no tendrán tanta suerte. ¿Por qué?. «Porque no todos los casos son iguales», se encargó de enfatizar ayer Rajoy. El presidente del PP se refería a que el delito que se le imputa a Camps, el de cohecho impropio, tiene rango menor comparado con el de otros compañeros de filas. En eso tiene razón. Sin embargo, conviene no olvidar que el juez encargado del caso de los trajes, el valenciano José Flors, aún tiene que decidir si, tal y como le aconsejó el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, engorda el sumario sobre el presidente del PP valenciano con otros delitos como la posible financiación ilegal.

Mientras el ansiado auto de Flors sobre Camps y algunos de sus más estrechos colaboradores en el PP de Valencia no llega la dirección del partido apoya públicamente al presidente valenciano pero pospone la proclamación de sus candidatos autonómicos para las elecciones del año próximo, en un intento de ganar tiempo por si los tribunales dieran a Rajoy un susto de última hora y la situación de Camps se agrava.

Esta estrategia tiene una consecuencia directa: la ausencia de medidas disciplinarias en el PP de Alicante, donde hay varios implicados en el caso Brugal, ligado a la concesión de la gestión de basura en distintos municipios. Y es que correspondería al jefe del PP de Valencia, o sea, a Camps, proponer la expulsión de los cargos alicantinos implicados en dicha trama. Pero no resultaría demasiado elegante echar a compañeros como José Joaquín Ripoll, presidente de Alicante, mientras él se queda. Y la dirección popular está en una tesitura similar. ¿Cómo hacer limpieza en las filas populares valencianas y perdonar a su máximo responsable?.

A la espera de nuevas decisiones judiciales, la cúpula conservadora no tiene más remedio que defender lo que, para algunos de sus propios militantes, resulta indefendible. «Un imputado puede ir en las listas. Hay que analizar caso por caso. Si uno está imputado por una violación, donde los indicios parecen verdad, pues le diría que no. Pero identificar a un imputado con un condenado es un error», señaló ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Quizá no compartan esta teoría los populares de Madrid -Esperanza Aguirre ha expulsado de sus filas a los imputados por corrupción-, o los de Baleares, cuya dirección ha anunciado que el político que tenga una imputación pendiente no podrá ser candidato.

El PP se ve abocado cada día a tirar de más filigranas para respaldar a Francisco Camps y su candidatura a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en 2011. Ayer, en declaraciones a Punto Radio, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, defendió a su compañero de filas porque su situación judicial acusado de cohecho impropio por recibir unos trajes de la trama Gürtel no es comparable a la de un "imputado por violación".

La número dos del PP repitió que el jefe del Consell será el candidato, pues un imputado "sí puede ir en las listas". No piensa lo mismo el líder del PP de Balears, José Ramón Bauzá, quien anunció unos días que él no pensaba contar con ningún procesado.

Cospedal dijo que cuando uno se refiere a causas judiciales, se debe analizar "caso por caso". "Si uno está imputado por una violación, en donde los indicios parece que son verdad, pues le diría que no", pero "identificar a un imputado con un condenado es un error", resaltó. La mano derecha de Mariano Rajoy reiteró que "no se puede dar lugar a que la presunción de inocencia sea destruida de un día para otro".

Además, defendió que su partido había tomado "muchísimas decisiones" para castigar a los presuntos corruptos, "a diferencia de otros partidos que cuando tienen casos similares no hacen nada". Sin embargo, la cúpula de los conservadores no actúa contra Camps ni tampoco contra los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, imputados por varios delitos de corrupción. Tampoco ha adoptado medidas contra el PP valenciano después de que un nuevo informe policial afianzara las sospechas de financiación ilegal de la formación regional. El lunes, Cospedal ya advirtió de que la dirección nacional no actuaría hasta que hubiera "resoluciones judiciales de cierta entidad".

En Melilla, Rajoy también tuvo que hacer frente a este tema, informa María Jesús Güemes. El líder del PP, que últimamente está concediendo ruedas de prensa en las que permite que se realicen tan sólo tres o cuatro preguntas, señaló que a él le parecía comprensible tratar de forma diferente a los imputados del PP, pero no explicó sus razones. Sólo dijo que "no todos los casos son iguales".

Las comparaciones son odiosas, sobre todo entre los cargos madrileños a los que se expulsó inmediatamente y los valencianos. Pero para él es algo que puede entender "perfectamente" cualquier persona "mínimamente normal". Para justificarse recordó el caso del líder del PP de Canarias, José Manuel Soria, quien estuvo imputado por el caso Salmón y después se archivó. "Se produjo una imputación, no tomamos ninguna decisión y actuamos en justicia. Hicimos las cosas bien", defendió.

EL PP TRAMITA INICIATIVAS SOBRE EL 'CASO GÜRTEL' OBLIGADO POR EL CONSTITUCIONAL

"La Mesa no ha tenido ningún problema en tramitar las preguntas y la proposición no de ley", dijo Milagrosa Martínez sin parpadear. La presidenta de las Cortes asumió, tras la reunión del órgano de gobierno de la Cámara, que acataba la sentencia del Tribunal Constitucional amparando las iniciativas parlamentarias del grupo de Compromís que la propia Martínez y los otros dos representantes del PP rechazaron sin fundamento. "Como no podía ser de otra forma, la Mesa acata así la sentencia del Tribunal Constitucional", añadió, para precisar que, aunque la resolución judicial sólo obligaba "a que se retrotrajeran las actuaciones al momento inicial", la doctrina que establece la sentencia recomendaba dar luz verde a tramitar las preguntas.

En realidad, la sentencia del Constitucional, que tiene dos antecedentes en el mismo sentido relativos a legislaturas ya superadas, es todo un varapalo al obstruccionismo del PP con las iniciativas parlamentarias que no le gustan, en esta ocasión relacionadas con el caso Gürtel y la trama de corrupción que afecta, no sólo al presidente del Consell, Francisco Camps, sino a la propia presidenta de las Cortes.

La sentencia, como las dos anteriores, ampara los "derechos fundamentales de los diputados", que considera vulnerados al rechazarse sus iniciativas sin "motivación suficiente y adecuada".

La portavoz adjunta de Compromís y abogada que ha promovido el recurso al Constitucional, Mònica Oltra, se mostró satisfecha de que el PP acate la sentencia, después de que el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad, Rafael Blasco, sugiriera que podían volver a rechazar las iniciativas amparadas con una nueva excusa. "Rectificar es de sabios", dijo Oltra con ironía. "No se han salido con la suya en el intento de constreñir la libertad y los derechos de los parlamentarios"."Lo más lamentable es que hayan tenido que ser los tribunales los que los pongan en su lugar", aseguró Mònica Oltra, que denunció la persecución que practica el PP de la libertad de expresión y de los derechos de la oposición. "Ha tenido que poner las cosas en su sitio el Tribunal Constitucional porque hay unos gobernantes que no han entendido el Estado de derecho".

Entre las iniciativas que han recibido el amparo del Constitucional hay una serie de preguntas formuladas en 2009 a diversas consejerías en las que se pedía por escrito información sobre los contratos de cada departamento con empresas investigadas en la trama de corrupción del caso Gürtel. También ha obligado la sentencia del Constitucional a tramitar una proposición no de ley en la que Compromís pide un reconocimiento oficial de Francesc Bosch i Morata, que fue conseller de Cultura del Consell Provincial de València durante la República y fundador del Institut d'Estudis Valencians.

Los dos representantes socialistas en la Mesa de las Cortes se opusieron en su día al veto de las iniciativas de Compromís y su grupo tiene planteado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo similar por otras iniciativas sobre la corrupción. La vicepresidenta segunda de las Cortes, la socialista Isabel Escudero, planteó el tema el pasado sábado en el foro interparlamentario autonómico organizado en Logroño por el secretario de Política Institucional del PSOE, Gaspar Zarrías. Escudero denunció que "en gran parte de las instituciones que controla el PP no hay juego limpio, y el menoscabo a los principios de la democracia es constante". Puso como ejemplo "los obstáculos que el PP pone en las Cortes Valencianas a la hora de acceder a la información relacionada con los casos de corrupción. Toda iniciativa relacionada con ello es rechazada de forma sistemática con los más extravagantes argumentos, y lo más grave es que las recientes sentencias del Tribunal Constitucional tampoco garantizan que se vaya a abandonar esas prácticas".

La vicepresidenta de las Cortes apuntó que tal vez los populares "se están blindando a sí mismos frente a las consecuencias de los posibles delitos que hayan podido cometer al frente de las instituciones, lo que añade gravedad a la situación". Escudero señaló: "Quizá ha llegado el momento, a través de un gran pacto, de reescribir los párrafos constitucionales que contienen las garantías legales para que los parlamentos autonómicos y el conjunto de las instituciones sean verdaderos espacios de debate y auténticas herramientas de defensa de los intereses ciudadanos mediante la transparencia y el respeto a los reglamentos".

RUS ADMITE QUE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA CONTRATÓ CON UNA EMPRESA DE LA TRAMA GÜRTEL

Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, ha reconocido hoy en el pleno del organismo que una empresa de la corporación, Imelsa, contrató con Easy Concept, firma de la trama de corrupción Gürtel. Fue en abril de 2005. La Diputación, dirigida entonces por el popular Fernando Giner, eligió a Easy Concept, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para que montase un escenario en la Feria de Turismo de Valencia de ese año. La empresa de la trama Gürtel, dirigida por Francisco Correa en Madrid y por Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia, cobró por ello 14.829 euros.

El grupo socialista en la corporación provincial, encabezado por Rafael Rubio, ha preguntado al equipo de gobierno del PP por qué no se reconoció esta relación cuando preguntaron si esta existía, en febrero de 2009. Entonces, el diputado portavoz del grupo popular, Juan José Medina, aseguró que ni la Diputación, ni ninguna de las empresas que gestiona, en este caso Imelsa, había contratado con firmas de la trama. Ahora se sabe que sí. Rus ha argumentado que fue "un error", que en la tramitación de la pregunta de los socialistas, el interventor y el secretario obviaron remitírsela a las empresas y patronatos de la Diputación de Valencia, entre ellos Imelsa.

"Las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer mal y se pueden hacer regular, pero este grupo no tiene nada que esconder", ha aseverado el presidente provincial. "Aquí hubo un error. Si se lo quieren creer bien, y si no, ¿qué quieren que haga?", ha añadido. Por su parte, el portavoz socialista ha pedido explicaciones por la contratación de Easy Concept.

Dicen los que están más cerca de él que Mariano Rajoy está muy harto de Francisco Camps. Sin embargo, insiste en defenderlo públicamente y en no tomar ninguna decisión frente a los escándalos de corrupción en la Comunidad Valenciana, que ya afectan al presidente y a los jefes de las diputaciones de Castellón, Carlos Fabra, y Alicante, Joaquín Ripoll.

Rajoy insistió ayer en El programa de Ana Rosa, en Tele 5 -en una de las escasas ocasiones en que respondió a preguntas sobre corrupción- en esa estrategia de defensa del PP valenciano. "Esta situación evidentemente no es grata para nadie, pero tengo que intentar ser justo y equilibrado y no condenar a nadie si no tengo pruebas para hacerlo, sólo hay informes policiales", aseguró tras reiterar su apoyo a Camps.

Con este respaldo, Rajoy estaba dando de nuevo un aval indirecto a la estrategia de Camps, que sigue buscando cualquier resquicio para montar un acto de autoproclamación o de respaldo interno. Ayer, uno de sus hombres fuertes, Rafael Blasco, consejero y portavoz en las Cortes autonómicas, aprovechó una reunión de diputados del PP para proyectar Invictus. Es la misma película que eligió Josep Guardiola, entrenador del Barça, para motivar a su plantilla. Blasco buscaba lanzar un mensaje de unidad como el que sobrevuela el filme de Clint Eastwood sobre Nelson Mandela. El Barça perdió el partido.

Blasco criticó la propuesta de reforma judicial del Gobierno: "El modelo al que aspiran Caamaño [ministro de Justicia] y los socialistas es el de dar la instrucción a los fiscales, pero sujetarlos al Gobierno. El siguiente paso será quitarse la careta y decir ya directamente que dependan del ministro [del Interior] Rubalcaba sin disimulos como ocurre ahora".

Después de la foto en la cola del paro, de la del comedor social y de la que se hizo con los representantes del mundo de las artes escénicas, Mariano Rajoy se reunió ayer con una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para abordar los principales problemas que afectan a este colectivo. Tras el encuentro, el líder del PP visitó una lavandería industrial de la Fundación Once y aprovechó para proclamar que uno de los objetivos de su partido es "la igualdad de oportunidades y la inserción laboral de las personas con discapacidad".

La cita fue muy interesante pero el escenario dio pie a múltiples chascarrillos. Sobre todo cuando uno de los trabajadores invitó al dirigente conservador a que le siguiera para mostrarle el recorrido que hacía la ropa sucia. "Al final sale toda limpia", señaló un dirigente del PP. Fue inevitable que, en ese momento, a algunos de los presentes les recorriera una escalofrío pensando que la visita podía terminar vinculándose a la situación que atraviesa el partido en el País Valencià donde su presidente, Francisco Camps, está imputado por cohecho impropio y los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, están siendo investigados por corrupción.

Al final, en rueda de prensa, fue inevitable que surgiera la pregunta: "¿Piensa usted lavar la imagen de su partido?". "Muchas gracias", fue toda su respuesta. Había hablado de ETA y de los liberados sindicales pero ante el tema de la corrupción, enmudeció. Sus colaboradores insistían en que no había nada que hacer porque la imagen de la formación valenciana es "muy buena tal y como señalan todos los sondeos".

En una entrevista en Telecinco, sí abordó el asunto. Rajoy dijo que le gustaría que "los jueces fallasen" y reconoció que la situación "no es grata para nadie". Reiteró su apoyo a Camps y remarcó que para actuar, él necesita "pruebas". No le vale con los informes policiales, ni con lo que ha denunciado Hacienda y la fiscalía.

“Creo que Francisco Camps debe ser el candidato”, declaraciones realizadas por el presidente del PP, Mariano Rajoy, en su retiro toledano del pasado 3 de septiembre. Al día siguiente, su número dos, María Dolores de Cospedal, suscribía sus palabras asegurando que el presidente de la Generalitat “debe ser el candidato del PP a las próximas elecciones”, sentimiento ratificado con anterioridad por Esteban González Pons, “enviado especial” de Génova a la cena de Teulada, el 28 de agosto, donde sentenció: “Eres el presidente de la Comunitat, nuestro candidato y vas a ser el próximo presidente”.

Algo está pasando en Valencia y en la sede de Génova para que este lunes, 13 de septiembre, la secretaria general en su habitual comparecencia ante los medios de comunicación eludiera hablar de Francisco Camps como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat valenciana, asegurando, por si acaso había dudas del giro dado por la dirección popular en este asunto, que “actuaremos al amparo de resoluciones judiciales de cierta entidad, no de otro tipo”, o lo que es lo mismo, habrá qué ver lo que dice el Alto Tribunal de la Ciudad del Turia.

María de los Dolores de Cospedal, que fue bombardeada a preguntas por los medios de comunicación, interesados exclusivamente en las candidaturas y cómo la corrupción puede afectar a sus nominaciones, recordó a todos que hay que esperar a los tiempos que marca la ley, acusando por enésima vez a la Fiscalía Anticorrupción de tener una “doble vara de medir”. Eso sí, en algunas comunidades no es necesario guardar los tiempos, como es el caso del presidente del PP balear José Ramón Bauza, del que Cospedal dijo que “está claro quién es nuestro candidato”.

De nada sirven ya las declaraciones del presidente del PP el pasado día 3 de septiembre, que en su retiro toledano señaló: “Camps debe ser el candidato del PP a las próximas elecciones”. Horas después, su secretaria general ratificaba las palabras del jefe, y a finales de agosto el “enviado especial” de Génova a la cena de Teulada, Esteban González Pons, donde los populares valencianos abrieron curso político con la sonada ausencia de Mariano Rajoy y María de los Dolores de Cospedal, decía tajante: “Eres el presidente de la Comunitat, nuestro candidato y vas a ser el próximo presidente”.

Que Cospedal quiere acabar con Camps, eso es un secreto a voces, pero mientras llega ese momento a la secretaria general no le ha quedado más remedio que estar al lado del valenciano, como el pasado mes de mayo cuando reconoció que “cuenta con todo el apoyo del partido y, por ello, es el mejor candidato (agencia Efe)". O en el mes de julio, que a preguntas de la periodista Esther Esteban, en la TV 10 de Vocento, dijo: “El presidente del PP valenciano es el candidato, y creo que es el mejor candidato para la Comunidad Valenciana”, a la vez que rechazaba que la situación judicial sea un obstáculo para ello. “Sentarse en un banquillo no tiene por qué ser más grave que otras cosas que se están conociendo de otras personas”, comentó.

En parecidos términos se expresaba en agosto, declaraciones recogidas por el diario Público: "El PP piensa que el señor Camps es el mejor presidente de la Generalitat valenciana y que es nuestro candidato, y acaban de decirlo además muchos valencianos en las recientes encuestas que se están publicando, que es bastante evidente”. ¿Cómo llamará Cospedal a partir de ahora al “amiguito del alma”?

LA EMPRESA DE LIMPIEZA DE ULIBARRI RECLAMA A LA DIPUTACIÓN FACTURAS POR 52.000 EUROS

La mercantil Limpiezas y Ajardinamientos Seralia, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados en el caso Gürtel, ha reclamado a la Diputación de Valencia el pago de algo más de 52.000 euros en concepto de facturas e intereses de demora por servicios prestados en el Consorcio Provincial de Bomberos. La reclamación formal, que llegó al Consorcio de Bomberos el pasado mes de abril, revela la existencia de otra relación contractual de la diputación con empresarios relacionados con la trama de Correa al margen del contrato con Esy Concept, firma también ligada a la tarama corrupta a la que la empresa pública Impulso Económico Local, SA (Imelsa) pagó 14.824, 21 euros por montar un expositor con motivo de la Feria de Turismo de Valencia.

Al igual que en el caso del contrato con Easy Concept, que será objeto el próximo miércoles de un pleno monográfico, la relación contractual de la Diputación de Valencia con Seralia se remonta a la etapa de Gobierno de Fernando Giner. Según la información proporcionada a este diario por la diputación que preside Alfonso Rus el Consorcio de Bomberos adjudicó en marzo de 2007 el servicio de limpieza en los parques y oficinas centrales del Consorcio a la empresa Limpiezas y Ajardinamientos Seralia por importe de 221.919 euros. La concesión se hizo tras un concurso público cuyo expedientes se inició a finales de 2006. Al mismo optaron doce empresas, entre ellas Seralia, que por resolución de la Presidencia del Consorcio de Bomberos se hizo con los trabajos del limpieza durante dos años. El contrato fue prorrogado en 2008 durante dos meses hasta que la diputación resolvió en un nuevo concurso público otorgar la concesión a otra sociedad, en concreto, a la firma Geslimp que desde junio de 2008 se encarga de la limpieza de las oficinas de bomberos.

La empresa Seralia era en aquella época -antes de que las investigaciones del juez Garzón sobre Francisco Correa salieran a la luz- una asidua contratista de la Generalitat. Varias conselleries, entre ellas la de Gobernación, Justicia y Administraciones Públicas o Bienestar Social, entre otras, confiaron en la sociedad distintos servicios de limpieza de sus dependencias. El total de adjudicaciones, según los cálculos del grupo Compromís, alcanzó desde 2007 los tres millones de euros. También logró contratos para limpiar la sede de organismos como la Sindicatura de Comptes o la Agencia Valenciana de Turismo. Seralia, con sede en Valladolid, es una firma de servicios del conglomerado de sociedades del constructor leonés José Luis Ulibarri, adjudicatario también de varias licencias de TDT en la Comunitat Valenciana. Ulibarri , imputado en el caso Gürtel por supuesto pago de comisiones ilegales tras lograr adjudicaciones de suelo en ayuntamiento gobernados por el PP, consiguió al menos 69 millones de euros en contratos públicos en la Comunitat.

La Diputación de Valencia también fue uno de sus clientes, aunque el actual equipo de gobierno no parece dispuesto a atender la reclamación de Seralia de facturas pendientes por valor de 40.690 millones y 12.097 euros en concepto de intereses de demora. Según informaron a Levante-EMV fuentes de la diputación, el Consorcio de Bomberos que instruye el expediente ha acreditado que parte de las facturas que se reclaman constan como pagadas y las que no aparecen como tal "bien no fueron recibidas, bien fueron devueltas por incumplimiento de pliego de condiciones". Los responsables de la diputación han citado al representante de la empresa vía trámite de audiencia para tratar de resolver el conflicto.

La investigación del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana está en mantillas. Pese a que el sumario recoge múltiples irregularidades con el pago de importantes cantidades de dinero en comisiones ilegales, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tan solo ha admitido abrir una causa por el regalo de trajes al presidente Francisco Camps y a tres de sus colaboradores.

Desde que Orange Market, una filial de la trama corrupta, se instaló en la Comunidad Valenciana con Álvaro Pérez, El Bigotes, al frente, la Administración que dirige Francisco Camps no ha dejado de adjudicarles contratos, la inmensa mayoría a dedo y sin concurso, justificados en la supuesta experiencia de la empresa en trabajos similares aunque era de reciente creación y nunca antes había trabajado en la Comunidad Valenciana.

Esta empresa fue el instrumento que utilizó el PP valenciano para su financiación ilegal, según acreditan documentos intervenidos por la policía, además de varios informes incorporados al sumario, grabaciones de conversaciones y documentos oficiales. Este caso de financiación ilegal del PP valenciano aún sigue en el limbo judicial. Aunque el juez madrileño, Antonio Pedreira, tras comprobar que las pruebas son suficientemente solventes, decidió inhibirse y remitir toda la documentación a Valencia, dado que había políticos del PP aforados implicados en el caso. El PP ha recurrido esa decisión y está pendiente de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la misma que anuló las escuchas en la cárcel. Tampoco se ha podido investigar el amaño del contrato multimillonario por el que una empresa leonesa de construcción, Teconsa, cobró siete millones de euros por la sonorización y el montaje de pantallas de vídeo para la visita del Papa a Valencia.

LA DIPUTACIÓN HARÁ UN PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE LOS PAGOS DE IMELSA A LA TRAMA GÜRTEL

El portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Rafael Rubio, pidió ayer al presidente provincial Alfonso Rus que inicie el curso político "contando toda la verdad" sobre la relación que mantuvo la corporación provincial con una empresa implicada en la trama Gürtel.

En este sentido, Rubio se refirió a las informaciones que revelaron una relación contractual entre la diputación, a través de la empresa pública Impulso Económico Local S.A (Imelsa), con la firma Easy Concept, una de las empresas de Francisco Correa.

Según consta en una factura, la corporación pagó 14.829,21 euros por montar un pabellón con motivo de la Feria de Turismo de Valencia. El PSPV pidió ayer el pleno monográfico por registro de entrada y su portavoz explicó a este diario que deberá celebrarse obligatoriamente en un plazo de dos meses porque lo pide más de un tercio de los diputados.

Asimismo, exigió la comparecencia del diputado de empresas públicas, Salvador Álvarez, para que el equipo de gobierno del PP dé "explicaciones públicas sobre lo ocurrido, enseñen las facturas públicamente y aclaren quién ordenó que se realizara dicho contrato". "De momento lo único que han hecho Rus y el ex presidente Fernando Giner es echarse las culpas mutuamente, ninguno ha querido asumir ninguna responsabilidad", agregó el portavoz socialista.

Para Rubio, los dirigentes populares han actuado con "total oscurantismo" e "incluso llegaron a ofrecer información falsa a la oposición" al contestar por escrito, en el pleno de febrero de 2009, que no habían mantenido ninguna relación con las empresas de la trama, incluida Easy Concept.

Por ello, ante la "ausencia de claridad y de información veraz", los diputados socialistas se reunieron ayer para reclamar un pleno extraordinario en el que "Rus y su equipo cuenten la verdad y dejen de mentir sobre la relación de la diputación con la trama".

LUBASA DESTINÓ 58.000 EUROS A FINANCIAR LOS ACTOS QUE ORGANIZABA EL PARTIDO POPULAR

El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales que investiga la trama Gürtel, al que ha tenido acceso Levante-EMV, confirma que parte de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) habrían sido financiados por empresarios del sector de la construcción de Castelló, entre ellos Luis Batalla Romero, gerente de Lubasa. Estas aportaciones de fondos de la constructora podrían haberse realizado mediante "donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido", según el documento.

El informe, de 30 folios, viene a ratificar que empresarios de la provincia colaboraron en la financiación del PP valenciano y sigue apuntando a Ricardo Costa como pieza clave de las operaciones.

Los investigadores tienen pruebas de que empresarios adjudicatarios de numerosos contratos públicos, entre ellos Lubasa, pagaron "facturas ficticias" cuyo importe íntegro se destinó a cubrir "una parte de la deuda generada entre el PPCV y la mercantil Orange Market" (la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, que se encargaba de organizar los grandes eventos del partido). Esto supondría que el PP habría recurrido a la "financiación paralela" de grandes empresas para organizar sus actos en la Comunidad Valenciana.

La investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales considera que la empresa Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL abonó una factura a Orange Market SL en el mes de julio del año 2008 por importe de 58.000 euros.

Según el informe, este dinero se destinó a minorar la deuda existente entre Orange Market SL y la "formación política Partido Popular/grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, por lo que cabe establecerse que dichas facturas tienen el carácter de ficticio".

A tenor de la documentación requisada y analizada por los agentes en los registros domiciliarios se llega a la conclusión de que no existe una "explicación lógica del motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción y servicios ubicadas en la Comunidad Valenciana, entre ellas Lubasa Desarrollos lnmobiliarios SA, efectúan el pago de distintas facturas a la mercantil Orange Market SL".

La Brigada de Blanqueo de Capitales sólo pueda explicar estas operaciones "si existe contraprestación o favorecimiento de algún tipo entre dichas empresas y la formación política expuesta, sistemática de funcionamiento que se repite a lo largo del tiempo".

Hace unos meses, el Cuerpo Nacional de Policía remitió un primer informe en el que recogía que parte de los actos del Partido Popular han sido financiados por empresarios del sector valenciano de la construcción (Enrique Gimeno Escrig presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e Hijos; Antonio Pons Dols, presidente del grupo empresarial PIAF; Vicente Cotino Escribá, del grupo empresarial inmobiliario Sedesa; y Luis Batalla Romero, de Lubasa).

Las supuestas aportaciones de estas empresas a la financiación del PP se realizaban mediante "donaciones finalistas de dinero que no ingresaban en la cuenta corriente del partido". El PP, por boca de algunos de sus portavoces, se ha apresurado a decir en las últimas horas que el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales ha sido manipulado.

Los actos realizados por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) y el grupo parlamentario popular en las Corts fueron financiados mediante diversos mecanismos. En primer lugar, mediante entregas realizadas por el propio PP "con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la caja B de Orange Market". La trama corrupta también operaba con facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por ésta.

Finalmente, los responsables del PPCV realizaban gestiones para que los empresarios cuyas sociedades eran adjudicatarias de contratos públicos financiaran los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market, fondos que se enmascaraban a través de facturas "ficticias emitidas por dicha sociedad a éstas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios".

Mediante este sistema ideado por los imputados en la Gürtel se crea un "artificio con el fin de producir una mutación de la verdad a través de la alteración de alguno de los elementos esenciales de documentos del tráfico mercantil con entidad suficiente para afectar al normal desenvolvimiento de las relaciones jurídicas".

LOS TRAJES DE CAMPS VAN CAMINO DEL BANQUILLO

La sombra de la causa de los trajes de Camps planeará sobre la convocatoria de las elecciones autonómicas que deben celebrarse la próxima primavera. La duda está en si el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se sentará en el banquillo de los acusados antes o después de los comicios.

Las fuentes consultadas señalaron que la instrucción está terminada y que el juicio podría señalarse a comienzos del próximo año, pero todo dependerá de la celeridad que dé a la causa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El Supremo, al reabrir al caso, ordenó que todas las actuaciones retrocedieran al momento previo al de su archivo.

La instrucción estaba prácticamente terminada, ya que todo apunta a que la nueva causa por la supuesta financiación ilegal del PP se tratará de manera separada a ésta. Si no se practicaran nuevas pruebas, quedaría pendiente que el fiscal presentara su acusación y solicitara la apertura del juicio oral. Lo siguiente será dar traslado de la causa a la defensa para que presentara sus alegaciones. Una vez que ambas partes hayan presentado sus escritos, el juez les citará para una audiencia preliminar para decidir si se abre juicio oral. Hasta esta fase se pueden pedir pruebas.

El magistrado tiene tres días para decidir y si opta por continuar adelante, es una decisión irrecurrible. Las partes tienen un plazo de quince días para personarse ante el TSJCV. En este trámite es cuando se designa el ponente, es decir, el juez que acabaría dirigiendo el proceso.

Todo apunta a que ese magistrado sería Juan Climent, ya que es el único de la Sala de lo Civil y de lo Penal que aún no ha tenido que resolver nada sobre el caso de los trajes. Este caso ha puesto al TSJCV en la tesitura de decidir de dónde sacará a los miembros del jurado, tal vez de la bolsa de Valencia.

(www.levante-emv.com, 05/09/10)

El Consell cree que no se abrirán nuevas causas vinculadas a Gürtel

La portavoz descalifica el informe policial sobre la financiación ilegal del PP

El Gobierno valenciano trabaja con un escenario único: que no se abran nuevas causas antes de las elecciones contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ahora imputado por un delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido trajes regalados por las empresas del caso Gürtel. La portavoz del Ejecutivo valenciano, Paula Sánchez de León, rechazó ayer que haya preocupación en Presidencia por la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que defiende que se abra una nueva causa en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por supuestos delitos de cohecho propio, financiación ilegal o tráfico de influencias contra los principales dirigentes del PP valenciano.

El Consell da la información "que por imperativo legal" tiene que dar

"No estamos preocupados, entre otras cosas porque no hay nuevos delitos. No hay nada nuevo en el [último] informe policial y nuestra posición no ha variado en los últimos meses", indicó Sánchez de León, que descalificó la actuación de la policía.

Para la portavoz del Consell, los informes policiales son "sesgados, tendenciosos y falsos, que han sido filtrados a los medios de comunicación y que se están utilizando en momentos puntuales por aquellos que tienen interés en convertir esto en un debate público". "Cada uno puede deducir dónde se emiten esos informes, quién tiene acceso a ellos y quién puede tener interés en que se filtren", remachó.

Sánchez de León negó que los informes policiales y las peticiones de la Fiscalía puedan hacer peligrar la candidatura de Camps en las próximas elecciones autonómicas. "Camps es el presidente más confirmado de toda la historia", dijo la portavoz, que argumentó que Mariano Rajoy ha tenido que confirmarlo nuevamente "porque se ha generado un debate artificial". "Los que han generado dudas son los que todavía no saben quién es su candidato", remachó en referencia a los socialistas.

En este contexto, la también consejera reconoció que el Consell no piensa facilitar a la oposición parlamentaria más información que la estrictamente obligatoria. Interpelada por si facilitarán a los socialistas los contratos de la Generalitat con el grupo Sedesa, que según la policía financió ilegalmente al PP, Sánchez de León dijo que el Consell "siempre ha trasladado y traslada toda aquella documentación que por imperativo legal tenga que trasladar".

La consejera portavoz censuró que se vinculen los informes de la Generalitat con el grupo Sedesa, que es propiedad de la familia del vicepresidente Juan Cotino, con el informe de la brigada de blanqueo de capitales que apunta a que esta empresa financió de manera irregular al PP a través de Orante Market.

El grupo socialista ha solicitado, hasta ahora sin éxito, acceder a los expedientes de la Generalitat de las contrataciones con Sedesa.

Frente a las descalificaciones de los informes policiales, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, salió en defensa del trabajo de la brigada de blanqueo de capitales realizado a instancias del juez.

"La mejor manera de contestar al contenido del informe es dar información cumplida, veraz y concreta de todas las actuaciones y contrataciones adjudicadas a las empresas que aparecen en el mismo", afirmó Peralta. "Cualquier otra respuesta es una excusa de mal pagador", sentenció el delegado del Gobierno.

El posicionamiento del Consell sobre el contenido del nuevo informe policial, que refuerza los indicios sobre la financiación irregular del PP, se produjo poco antes de conocerse que Génova había levantado la suspensión de militancia al ex secretario general de los populares valencianos Ricardo Costa.

El ex secretario general del PP recibió la felicitación de numerosos cuadros del partido, incluido el propio presidente de la Generalitat. Fuentes populares indicaron que Costa esperaba desde hacía meses su regreso a la disciplina popular, aunque ello no supondrá ningún cambio en el estatus que ahora ocupa como último diputado de la bancada popular en las Cortes Valencianas.

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, tachó "coherente" la decisión del PP de levantar la suspensión de militancia a Ricardo Costa porque en ese partido "todos los corruptos están dentro". La coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, tachó de "burla" la readmisión de Costa en el PP. "Es vergonzoso".

www.elpais.es 04.09.10

EL PP SE GASTÓ 790.000 EUROS EN CONTRATOS CON GÜRTEL PARA UN CONGRESO DE DÍA Y MEDIO

A finales de 2008, con la crisis a punto de azotar con toda su virulencia a la economía, el PP de la C0munidad, con Francisco Camps al mando, aún disparaba con pólvora de rey. Los populares se gastaron, al menos, 790.ooo euros –más de 130 millones de las antiguas pesetas– en servicios que contrataron con Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel que dirigía El Bigotes, para organizar el congreso regional del PP, celebrado el tercer fin de semana de octubre y que duró apenas un día y medio. Esa deuda, como recoge el último informe de la Policía en el que revela nuevos indicios sobre la supuesta red de financiación ilegal del PP, fue saldada en parte, junto a la de otros actos que se citan en apuntes contables de la red y que suman facturas por casi un millón de euros, con entregas de dinero negro y con «aportaciones» mediante facturas falsas de empresas que cuentan con importantes adjudicaciones públicas, como es el caso del alicantino Enrique Ortiz.

La contabilidad de Orange Market, la mercantil vinculada a Gürtel que controlaba Álvaro Pérez, durante los meses de noviembre y diciembre de 2008 evidencia que la empresa de El Bigotes era, en ese momento y apenas dos meses antes de que el juez Baltasar Garzón ordenara la detención de Francisco Correa y desmantelara el entramado corrupto, la principal proveedora de servicios del PP de la Comunidad. Tras el congreso nacional que los populares celebraron en Valencia en junio de 2008, Camps se presentaba a su cita regional, convocada para mediados de octubre, convertido en el principal barón territorial del PP y con un poder absoluto que en el anterior cónclave autonómico, celebrado en Castellón en 2004, no pudo exhibir. Estaba ante el foro que iba a convertirle en el presidente del PP de la Comunidad con mayor respaldo interno en la historia de su organización.

Y Ricardo Costa ni David Serra, que controlaban el aparato popular en ese momento desde la secretaría y la vicesecretaría general, se pusieron manos a la obra con ese objetivo. Contactaron con El Bigotes, su hombre de confianza para la organización de campañas electorales y eventos de todo tipo, y no repararon en gastos. En día y medio, el congreso se inició el sábado 18 de octubre por la mañana y se clausuró a mediodía del domingo con la intervención de Mariano Rajoy, los populares, en un momento en el que la crisis empezaba a arreciar, «quemaron», al menos, 790.000 euros en su congreso. De acuerdo con las facturas y apuntes contables de la red Gürtel que figuran en el informe de la Brigada de blanqueo de capitales de la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía, el PP se gastó nada menos que 300.000 euros –unos 50 millones de las antiguas pesetas– en el «diseño, montaje y desmontaje» del escenario circular en el que se desarrollaron los debates del congreso popular; cerca de 70.000 en una fiesta y un cátering; y otro tanto en vallas para publicitar la convocatoria, sólo por citar algunos de los gastos que aparecen detallados en las hojas contables de la trama que la Policía incautó durante el registro que realizó el 6 de febrero de 2009 en la sede de Orange Market, en una céntrica calle de Valencia. Justo, el mismo día en el que se detuvo a Francisco Correa –cabecilla de la trama corrupta– y en el que también se registraron las oficinas de Turismo en busca de los contratos de Fitur.

No había problema en asumir ese volumen de gasto. La ronda no la pagaba por completo el PP. Parte de los gastos se abonaban con fondos al margen del sistema financiero –dinero negro–; y parte a través de la «colaboración» de empresarios que abonaban facturas ficticias a El Bigotes que, en realidad, servían para saldar las deudas de los populares con la sociedad vinculada a la red Gürtel. El informe, como se recordará, revela que entre febrero de 2008 y los primeros meses de 2009, la dirección del PP entregó a El Bigotes más de 405.000 euros en dinero negro; mientras que tres empresas pagaron facturas ficticias a Orange Market, señala la documentación, por cerca de 450.000 euros, más de la mitad aportados por Enrique Ortiz, que, en realidad, servían para reducir la deuda del PP con el entramado corrupto.

De forma global, la contabilidad de la red en Valencia registra, entre noviembre y diciembre de 2008, referencia a actos de los populares por valor de alrededor de un millón de euros y aportaciones económicas desde el PP por más de 780.000 euros, unos 130 millones de las antiguas pesetas. Una situación que, en opinión de la Policía, revela la existencia, señala de forma textual, de una «financiación paralela» de la que se nutriría la organización que lidera Francisco Camps.

Entre la gran cantidad de documentación a la que las partes tuvieron acceso el pasado 1 de septiembre, tras las vacaciones de verano, figuran diversas diligencias que revelan que, casi veinte meses después de los registros judiciales y de que el juez Baltasar Garzón desmantelara el entramado corrupto de Francisco Correa y El Bigotes, la policía continúa desprecintando cajas de documentación incautada a la red corrupta que, a lo largo de los próximos meses, conformará nuevos informes sobre la actividad del conglomerado Gürtel.

Entre la documentación ya analizada que figura en este nuevo informe con más indicios sobre la supuesta financiación ilegal del PP, aparece un detalle sobre los movimientos de la llamada «Caja Barcelona» de Orange Market, en la que se recogían los apuntes contables del dinero negro y al margen del sistema financiero que recibía la empresa.

Una caja que se nutría con aportaciones periódicas de los populares valencianos, tal y como queda reflejado en la contabilidad de la empresa de El Bigotes. Álvaro Pérez utilizaba ese dinero sin justificar que recibía del Partido Popular con los más diversos fines. Pagaba nóminas, viajes, regalos, sesiones de masaje y hasta multas de tráfico... Así figura en el informe de la policía y también se desprende del análisis de la contabilidad «b» de la delegación de la trama corrupta en Valencia.

Por ejemplo, figura una referencia a un pago de 70.000 euros a un concesionario de coches de Valencia, otro de casi 4.800 euros para la compra de regalos de Navidad, fondos para un viaje a Miami, abonos de las nóminas de los trabajadores de Orange Market, mil euros para una sesión de masaje —no especifica si se trataba de un regalo— y hasta 140 euros para abonar los gastos de una sanción de tráfico.

La Diputación de Valencia contó con los servicios de la Empresa Easy Concept, ligada a la trama corrupta Gürtel por la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tantos dirigentes y ex cargos populares en la Comunitat Valenciana. La relación entre la empresa pública del ente provincial, Impulso Económico Local, S. A. (Imelsa), y Easy Concept se produjo en el año 2005, cuando dirigía la diputación Fernando Giner. No fueron 34.829 euros, como se apuntó en un primer momento, y sí 14.829,21 euros los que se gastó Imelsa en un «almacén para la Feria de Turismo de Valencia» de ese año.

Un informe de la Agencia Tributaria del pasado día uno de septiembre certifica que la diputación declaró esa cantidad a Hacienda. La factura de Easy Concept –empresa del conglomerado creado por el empresario Francisco Corra y ubicada en Pozuelo de Alarcón– refleja que con ese precio se pagaron los servicios de la caseta de diez por tres metros (2.250 euros), un cuadro eléctrico con diez enchufes, dos pantallas de plasma (1.850 euros), un dvd, cuatro cajas de sonido, una cámara, una mesa de sonido y un técnico, estanterías, el transporte y el montaje (1.822,80 euros) y la coordinación de la agencia (2.400 euros), entre otros conceptos, hasta sumar la cantidad final de 14.829,21 euros con el IVA.

Desde que trascendiera que la Diputación de Valencia contrató los servicios de una firma unida a la red Gürtel y al PP, tanto el ex presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner, como el actual mandatario, Alfonso Rus, señalaron que en sus etapas al frente de la institución no se produjeron pagos o relaciones comerciales con la trama.

Sin embargo, la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada facilitó los datos, mediante un informe de la Agencia Tributaria, que ponía de manifiesto que existió al menos una relación comercial: la de los 14.829,22 euros.

Alfonso Rus movilizó a los servicios económicos de la Diputación de Valencia para pedir toda la información a la delegación de Hacienda correspondiente a ese pago. El interventor de la institución provincial, por otra parte, ha informado que «excluida la empresa pública Imelsa no se han contraído obligaciones ni realizado pagos a las mercantiles con las siguientes denominaciones sociales a fecha 31 de diciembre de 2009». El funcionario enumera a todas las empresas de la red corrupta que no aparecen: Special Events, Pasadena Viajes, Easy Concept, Good and Better, Orange Market, Diseño Asimétrico, Inversiones Kintamani, Servimadrid Integral, Hator Consulting y Osiris Patrimonial.

La ausencia de información sobre el pago de Imelsa a Easy Concept se justificó primero con el cambio de sede social de la empresa pública, que pudo generar la pérdida de facturas. Después se ha explicado que en la diputación no obraban las documentos de ahí a que, en su momento, en el pleno se respondiera que no existía ningún vínculo contractual con mercantiles del universo Gürtel.

La dirección regional del PP tiene previsto elaborar su propio contrainforme para intentar rebatir el documento elaborado por la policía. Ese informe oficial avala los primeros indicios sobre una supuesta financiación ilegal de los populares valencianos. La iniciativa es continuación de un primer informe económico encargado a dos auditores por el propio presidente valenciano, Francisco Camps, en mayo de 2010, que ya criticó "por limitarse a una interpretación parcial de los datos" los informes periciales elaborados por la Agencia Tributaria y solicitados por el juez Antonio Pedreira.

El vicesecretario de Organización, David Serra, una de las personas que conocían las entregas de dinero que supuestamente hizo el empresario de la construcción Enrique Ortiz, despreció ayer las nuevas pruebas del informe policial, informa Arturo Ruiz. "No aportan nada nuevo con respecto a anteriores informes y su publicación se debe a que las encuestas vaticinan un desastre electoral del PSOE y Zapatero", dijo Serra. El vicesecretario de Organización del PP indicó que su cargo "siempre ha estado a disposición del partido", pero descartó que lo vayan a suspender de militancia como ya ocurrió con el ex secretario regional Ricardo Costa.

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no quiso pronunciarse ante los medios de comunicación, aunque los principales cargos del PP descalificaron de raíz el informe policial.

El secretario regional, Antonio Clemente, acusó "a una parte de la policía de no realizar el trabajo que le corresponde". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, afirmó que el informe policial está "manipulado porque no le han pedido datos al PP para su elaboración". El vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino, tachó el informe de "mentira". El grupo empresarial de la familia de Cotino, Sedesa, es uno de los que financiaron irregularmente al PP, según la policía. Otro de los implicados, el empresario Enrique Ortiz, insistió también en que "no hay nada nuevo" en el último informe policial.

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, manifestó ayer que "Camps no sabe hacer las campañas más que con trampa". "Ahora no podrá porque los jueces no le van a dejar", prosiguió, "se va a tener que enfrentar a los valencianos sin Gürtel".

La líder de Esquerra Unida, Marga Sanz, exigió la dimisión fulminante de Camps y la limpieza de la cúpula del PP.

EL FISCAL PIDE QUE EL TRIBUNAL DE VALENCIA INVESTIGUE A CAMPS POR NUEVOS DELITOS

La Fiscalía Anticorrupción defiende que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia abra una nueva causa al presidente Francisco Camps, al ex secretario general del PP Ricardo Costa, y a otros ex altos cargos del PP valenciano por los supuestos delitos de cohecho propio, financiación ilegal o tráfico de influencias.

En un escrito remitido el pasado 2 de agosto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Fiscalía recuerda que la investigación del caso Gürtel ha descubierto numerosas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del Gobierno valenciano a las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que esos supuestos delitos, en los que habrían participado altos cargos del PP que están aforados porque ocupan un escaño en el Parlamento valenciano, solo pueden ser investigados en el Tribunal Superior de Valencia.

El juez Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decidió inhibirse en favor del Tribunal valenciano porque durante la investigación se habían descubierto indicios de delito en la actuación de cargos públicos del PP en esa comunidad. Pero el PP, personado como acusación popular en este caso, impugnó esa decisión.

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anuló las escuchas en la cárcel a los principales jefes de la trama corrupta ordenadas por el juez Baltasar Garzón, deberá resolver en las próximas semanas si acepta la inhibición y se sigue investigando el caso en Valencia o si la rechaza y todos los indicios de delito hallados durante la investigación quedan en un limbo legal sin que nadie pueda instruirlos pues afectan a dirigentes políticos que están aforados y solo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

La Fiscalía Anticorrupción recuerda en el escrito del 2 de agosto que hay múltiples indicios de irregularidades en la actuación del Gobierno valenciano en relación con la trama corrupta. Entre los ejemplos que cita, la Fiscalía señala que al menos cuatro contratos adjudicados a dedo a la red Gürtel por 41.988 euros necesitaban la "preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el gabinete del presidente" Francisco Camps. La red corrupta regaló al presidente valenciano numerosos trajes durante dos años por valor de varios miles de euros. La Fiscalía entiende que podría haber incurrido en un delito de cohecho propio -castigado con penas de cárcel-, y no solamente el de cohecho impropio -cuya máxima sanción son multas- por el que está imputado ya en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia.

Además, la Fiscalía recuerda que en los registros efectuados en las sedes de las empresas de la trama corrupta se encontraron "pliegos del concurso de Fitur de 2005 antes de la publicación oficial del concurso".

Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta, logró el concurso para montar el pabellón de Valencia en Fitur por un millón de euros tan solo unos meses después de iniciar su actividad y ganó el concurso en los años sucesivos, hasta que Garzón desarticuló la trama corrupta en febrero de 2009.

Las adjudicaciones a Orange Market, según el informe de la Intervención General del Estado, estaban plagadas de irregularidades. La investigación judicial ha llegado a descubrir que Orange Market poseía la documentación del concurso antes incluso de que se hiciera pública, por lo que partía con ventaja respecto al resto de competidores.

Entre las personas agasajadas con regalos caros por parte de la trama corrupta figuran dos de los principales cargos públicos de la Consejería de Turismo. Por un lado, la entonces consejera Milagrosa Martínez, hoy presidenta del parlamento valenciano, a la que la trama corrupta regaló un reloj valorado en 2.400 euros, según la investigación. Y Rafael Betoret, al que agasajaron con trajes durante varios años y que desempeñaba el cargo de vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Turismo, encargada de adjudicar el concurso de Fitur.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado en relación a la candidatura de Francisco Camps a la Generalitat Valenciana que "todas las decisiones que adoptamos en la dirección general del partido me parecen positivas para el mismo".

Gallardón, que es miembro de la dirección general del PP, quiso restarle importancia a la noticia de que el presidente de los 'populares', Mariano Rajoy, hubiera ratificado la candidatura de Camps pese a los asuntos judiciales a los que todavía tiene que hacer frente el presidente valenciano.

"Reiterar algo que ya se había dicho no se puede convertir en noticia y esto es una reiteración", insistió durante la rueda de prensa que sigue a la Junta de Gobierno del Consistorio.

El líder del PP afirmó ante los periodistas, este jueves, al término de la reunión de dos días que han mantenido en Toledo los líderes del PP que forman el Comité de Dirección que "Camps debe ser el candidato a las elecciones".

No obstante, Rajoy explicó que el nombramiento de Camps y el resto de los candidatos autonómicos se aprobará "cuando toque" y de acuerdo a "las normas internas" del partido, es decir, a través del Comité Electoral Nacional con propuesta de las organizaciones regionales.

¿Va a mantener a Camps como candidato si el juez abre juicio oral contra él?, le preguntó un periodista a Mariano Rajoy ayer en Toledo en un corrillo informal. En presencia de Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato y Esteban González Pons, el líder del PP se encogió de hombros y respondió algo así como: "No puedo contestar, porque me pregunta por cosas que no han pasado, es lo mismo que si me pregunta que qué voy a hacer si se muere alguien, y no voy a dar ningún nombre". "Toquemos madera", respondió el alcalde de Madrid entre risas.

Unos minutos antes Mariano Rajoy había asegurado categórico ante los periodistas que Francisco Camps "debe ser el candidato" en las elecciones autonómicas del 22 de mayo en Valencia. Es decir, que para Rajoy el informe policial que aporta nuevas pruebas de la financiación ilegal del PP valenciano no altera su decisión de mantener a Camps como candidato y no es motivo suficiente aún para sustituirle.

En su primera comparecencia ante los periodistas desde hace meses, el líder del PP fue preguntado a continuación por las consecuencias del informe y él se limitó a responder: "Ya he dicho todo lo que tenía que decir". De ahí no pasó. Distintas fuentes del PP aseguran que en la reunión no se habló en ningún momento expresamente de la situación de Camps, aunque sí estuviera, lógicamente, en las conversaciones informales.

La interpretación que dirigentes del PP hacen de las palabras de Rajoy sigue siendo que en este momento Camps es candidato, con la confianza de que el proceso de Gürtel en Valencia quede en nada o no le afecte a él. Pero que deja la puerta abierta a forzar su sustitución si su situación procesal se agrava, porque el juez abra juicio oral contra él, es decir, que le siente en el banquillo por más delitos que el de cohecho impropio.

La broma del candidato muerto que hizo Rajoy parece sugerir que si se produce alguna causa sobrevenida no prevista se replanteará su posición. Incluso, un miembro de la dirección del PP asegura que esperan que si eso ocurre, sea el propio Camps el que renuncie a ser candidato.

De la reunión de ayer no salió un calendario concreto para la designación de los cabezas de lista. Está pendiente de que lo cierren en los próximos días el propio Rajoy y la responsable de Organización, Ana Mato. Previsiblemente será a finales de noviembre, después de las elecciones catalanas.

Tampoco se habló ayer de Asturias, donde sigue en el aire la candidatura de Francisco Álvarez Cascos, rechazada por el partido en esa comunidad. Rajoy mantiene una posición ambigua también sobre el ex secretario general del partido. En Navarra, previsiblemente, el candidato será el diputado Santiago Cervera.

En la reunión de Toledo, la dirección del PP revisó la estrategia para los próximos meses, basada en acelerar el desgaste del Gobierno. El propio Rajoy se refirió a los datos del paro y a la "inacción" del Gobierno. El presidente del PP anunció que de aquí a final de año, el Grupo Popular presentará en el Congreso y el Senado exactamente 50 propuestas sobre política económica, ni una más ni una menos. "El PP no va a resignarse a que más de cuatro millones y medio de españoles no puedan trabajar", dijo Rajoy. Anunció una iniciativa dando libertad a las comunidades para que puedan privatizar televisiones autonómicas, como propuso el día anterior su número dos, Dolores de Cospedal, sólo para Castilla-La Mancha, y dijo que en septiembre convocará a sus alcaldes para presentar una iniciativa en el Congreso que aborde la gravísima situación económica de los Ayuntamientos.

En la reunión, los dirigentes escucharon el ya clásico informe detallado del sociólogo Pedro Arriola sobre las perspectivas electorales que muestran las encuestas. Y el no menos clásico de Jaime Mayor Oreja sobre los indicios de un supuesto proceso de diálogo del Gobierno y ETA, los peligros que se avecinan por presuntas cesiones a los terroristas y el vaticinio de que los abertzales estarán en las elecciones municipales de mayo. Como es habitual, todos le escucharon atentamente, nadie hizo ningún comentario y se pasó al siguiente punto.

RAJOY: "CREO QUE CAMPS DEBE SER EL CANDIDATO DEL PP A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES"

Las nuevas pruebas policiales sobre la financiación ilegal del PP de Camps no han variado la posición de Rajoy con respecto al presiente de la Generalitat Valenciana. "Creo que debe ser el candidato del PP a las próximas elecciones", ha afirmado el líder popular, durante una rueda de prensa en Toledo tras la reunión extraordinaria del Comité de Dirección del PP.

El líder del PP, que no había comparecido ante los periodistas desde hacía meses, ha asegurado que durante las reuniones mantenidas ayer y hoy "no se ha pronunciado ni una sola palabra" sobre el nuevo informe policial incorporado al sumario del caso Gürtel, en el que se insiste en que varios empresarios financiaron actos del partido pagando parte de la deuda que la formación política mantenía con Orange Market.

Según la versión oficial, la dirección nacional del PP trabaja con la hipótesis más probable de que Camps finalmente no llegue al banquillo. Si llegara a ser acusado únicamente por cohecho impropio por haber recibido los trajes, el PP también lo mantendría como candidato. Sin embargo, si finalmente el juez le imputara el delito de cohecho propiamente dicho, fuentes de la dirección del PP coinciden en que sería imposible mantenerlo como cabeza de lista en los comicios autonómicos.

Rajoy no ha aclarado, sin embargo, si Francisco Álvarez Cascos será el candidato del PP en Asturias. "Nombraremos los candidatos cuando toque con arreglo a las normas", se ha limitado decir el líder popular.

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha vuelto a confirmar a Francisco Camps, imputado por su relación con la trama Gürtel, como candidato a la Comunidad Valenciana para las próximas elecciones autonómicas. "Camps debe ser el candidato", ha afirmado tajante.

Rajoy no ha querido referirse directamente al informe policial q y que apunta a la financiación ilegal del Partido Popular de Valencia, presidido por Camps. "Ayer hubo una nota del partido en Valencia", se ha limitado a decir el conservador que ha concluido su breve intervención en Toledo, donde se encuentra para la celebración de una reunión extraordinaria del Comité de Dirección.

El presidente del PP ha confirmado a Camps pese a que ha reconocido que durante la reunión del Comité no se ha hablado "sobre candidatos", tampoco sobre el ex ministro Álvarez Cascos.

De lo que sí que se ha hablado es de economía y de que el partido presentará en el próximo cuatrimestre "50 iniciativas parlamentarias en materia de economía", referidas a la austeridad, la estabilidad, el sector público, el sistema financiero y la reforma laboral, entre otros asuntos.

En referencia a los datos del paro, Rajoy ha lamentado que el Gobierno "haya dicho resignándose que la situación y las cifras no son tan malas". "Nosotros no nos vamos a resignar", ha aseverado.

El PP valenciano y tres constructoras con múltiples adjudicaciones de la Generalitat (Sedesa, Lubasa y Ortiz) pagaron en 2008, en negro o con facturas falsas, 846.000 euros a la empresa corrupta Orange Market, la franquicia levantina de la 'red Gürtel'. Así lo sostiene la Brigada de Blanqueo de la Policía en un informe fechado el pasado 20 de julio y que detalla cómo Orange Market destinó la mayor parte de ese dinero a minorar la deuda contraída por el PP valenciano, para el que la empresa había trabajado de nuevo ese año durante la campaña de las elecciones generales de marzo.

El informe, incorporado al sumario y que completa el emitido por la policía en julio de 2009, da un paso más respecto a las revelaciones de hace un año: ahora, los investigadores establecen de manera abierta un nexo causal entre los pagos de las empresas y las "contrapartidas" que les aseguraba su papel como benefactoras del partido de Francisco Camps. Sedesa, Lubasa y Ortiz, dice el informe, pagaron a cambio de favores concedidos por el PP, que gobierna todas las grandes instituciones valencianas. Y se avinieron a pagar siguiendo indicaciones de "los responsables" del partido en Valencia.

Como dirigentes que tuvieron una "participación activa" en ese complot urdido para ocultar la financiación ilegal del PP, la policía cita al ex número dos de Camps, Ricardo Costa, y al actual vicesecretario general del partido en Valencia, David Serra. Por la noche, el PP valenciano emitió un comunicado en el que tacha de "falso" el informe policial y asegura que "no se da por aludido".

Pero las 104 páginas de este nuevo dossier de la Brigada de Blanqueo acrecientan la sospecha de financiación ilegal en el PP valenciano: tres meses después de que Hacienda cifrase en 2,5 millones lo defraudado por el PP valenciano al fisco en 2007, llega ahora este nuevo informe. Y lo hace pertrechado de una batería de anexos repletos de datos que desmenuzan el modus operandi del trípode presuntamente conformado por el PP, sus empresas de cabecera y la red Gürtel.

El contenido de esos anexos admite difícil refutación. Las conclusiones de la Brigada de Blanqueo se sustentan en la documentación incautada a Orange Market, que incorporó a su contabilidad opaca los 405.450 euros abonados por el PP durante 2008 en ocho entregas. El estadillo de la caja B-Barcelona, en el argot de la trama- se incluye en el informe. Ahí constan anotados los ocho pagos, "sin justificación contractual", dice la policía.

Otros 441.000 euros recibidos por Orange Market tienen su origen en abonos de Sedesa, Lubasa y Ortiz, tríada situada en el ojo del huracán desde que la policía destapó hace un año los primeros indicios de financiación ilegal. En este caso, los ingresos a favor de Orange Market se camuflaron como pagos por trabajos de márketing, publicidad y asesoramiento de imagen.

Según la policía, no se entiende que las tres empresas, "adjudicatarias de numerosos contratos públicos", contribuyeran a enjuagar las deudas del PP "salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo". De no existir tal contraprestación, no habría "explicación lógica" para esos pagos, dice el informe.

El juez Antonio Pedreira, que instruye la pieza principal del caso Gürtel, ya hizo suya en mayo la tesis de que los conservadores captaron fondos ilegalmente e involucró a las mismas tres empresas que ahora analiza la policía. Pero, entonces, los investigadores tenían menos información. Ahora, la Brigada de Blanqueo ha encajado las piezas necesarias para asegurar que tanto Sedesa como Lubasa y Enrique Ortiz e Hijos suscribieron falsos "acuerdos de colaboración" con Orange Market con el único objetivo de sufragar gastos del PP valenciano mediante la emisión de facturas "ficticias".

La policía incluye un dato clave: Orange Market tenía en su poder los documentos relativos a un supuesto "acuerdo de colaboración" con Ortiz e Hijos, acuerdo que en febrero de 2009 seguía sin firmar por los responsables de la empresa constructora. El "artificio" creado, subraya la policía, acabó teniendo los pies de barro. Que ese documento prosiguiera sin firma 13 meses después de la fecha oficial en que fue suscrito denota su falsedad, argumenta el informe. La policía recuerda que la Ley de Financiación de Partidos prohíbe a estos aceptar, directa o indirectamente, donaciones de contratistas públicos.

Ortiz e Hijos desembolsó a Orange Market 232.232 euros. Los últimos pagos se produjeron el 5 de febrero de 2009, un día antes de que el juez Baltasar Garzón hiciera saltar por los aires la trama Gürtel. Ese mismo día, el contable de Orange Market, Cándido Herrero, habló por teléfono con su jefe, Álvaro Pérez, El Bigotes, el "amiguito del alma" de Camps. "Ya me han dado la caja de magdalenas", le contó Herrero a El Bigotes. La policía, que incorpora la transcripción de ese pinchazo, no alberga dudas: la caja de magdalenas hace alusión a Enrique Ortiz, quien también se ha visto involucrado recientemente en la supuesta compra de partidos para el Hércules, equipo de su propiedad.

Pedreira suscribió la tesis de la financiación ilegal tras el informe de Hacienda que reveló fraude fiscal en el PP valenciano. El juez plasmó sus sospechas en un auto dictado el 26 de mayo, donde alertaba de que en 2008 podía haberse producido un delito electoral por exceso de gasto, pero dejaba abierta la cuestión. En esa resolución, Pedreira se inhibía en favor del Tribunal Superior de Valencia en lo concerniente a la financiación ilegal del PP. Pero el caso seguirá en sus manos en tanto el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) no resuelva el recurso del PP contra su inhibición. En teoría, el PP ejerce la acusación particular, aunque todos sus pasos han ido encaminados a demorar la instrucción.

Precisamente, el TSJM sostuvo en un auto que "un sector" de los imputados pretende "paralizar" la causa "interponiendo constantemente toda clase de recursos", informa Efe. En su auto, el tribunal rechaza el recurso que varios de los imputados -entre ellos, los diputados madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- interpusieron contra una resolución dictada por el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, el pasado 27 de abril.

“Los actos realizados por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y el Grupo Parlamentario del PP en las Cortes Valencianas –reza el informe policial incorporado al sumario de la ‘Gürtel’– son financiados mediante diversos mecanismos”:

1 - "Entregas realizadas por el propio PP con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la caja B de Orange Market"

2- "Facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por esta"

3- "Los responsables del PPCV realizan gestiones para que empresarios, cuyas empresas son adjudicatarias de contratos públicos en vigor, financien los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market que se enmascaran a través de facturas ficticias emitidas por dicha sociedad a estas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios"

La ansiedad de la ‘trama Gürtel’ por cobrar del empresario Enrique Ortiz, propietario del Hércules FC e implicado en la ‘operación Brugal’, se refleja en las conversaciones grabadas por la policía entre diciembre de 2008 y febrero de 2009. Recelosos, nadie citaba a Ortiz por su nombre. Era “el de las galletas” o “el de las magdalenas”, asociando su apellido a la marca repostera, como descubrió de inmediato la policía.

La clave de las magdalenas era usada por todos: por el jefe de Orange Market, Álvaro Pérez; por su contable, Cándido Herrero; por el lugarteniente de Correa, Pablo Crespo; y por el dirigente del PP David Serra. La última conversación pinchada se produjo el 5 de febrero de 2009. “Ya me han dado la caja de magdalenas”, contó Herrero a El Bigotes. Al día siguiente, Garzón lanzó la ‘operación Gürtel’. Y ya no hubo más magdalenas.

D. S: Voy a llamar ahora al de las galletas. Y yo necesito que el lunes nos reunamos tú, Cándido y yo para perfilar números, porque yo he intentado hacer un esfuerzo por varios sitios pero yo quiero que también vosotros hagáis también un poquito.

Cándido le dice que no le ha llamado el de las magdalenas y le pregunta si está con David [Serra]. Álvaro le contesta que no se preocupe, que mañana le ve y se lo dice. 29/1/2009
Álvaro Pérez y Cándido Herrero

C. H.: Y delante de mí hizo una llamada y yo creo que las galletas o me las como esta tarde o mañana.

Á. P.: Nada, no te preocupes tío, nada, que he estado con Ric [supuestamente el entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa] y nada, cuando le he enseñado el papel ese y tal, pues claro, se ha pillado un rebote que te cagas, ha llamado a David Serra. En fin, tío, lo de siempre.

A. P.: Y nada, esta semana, no, él pensaba que lo de las magdalenas ya estaba solucionado, qué tal, entonces claro, pues a mí me jode porque ha pasado lo que yo sabía que iba a pasar, ha llamado a David y se ha cagado en los muertos de David.

P. C.: ¿Tú qué vas hacer, macho? Ya es que al final no queda más remedio, porque...

A. P.: Ya, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que si él me da los tres y pico..., ya se acabó, ya no me da nada más, claro, y además todo.

C. H.: Que mañana lo mandan en un mensajero. Por lo que me dicen el mensajero llega mañana o mañana se lo envía al mensajero y me llega pasado. Y me dice, no, no, creo que para mediodía lo tienes.

P. C.: Bueno de todas maneras, quiero que animes a este, joder dale, súbele un poco la paletilla ¿vale?

Si una sentencia desfavorable en los tribunales no obliga a Mariano Rajoy a cambiar de planes, Francisco Camps, imputado por cohecho impropio (soborno), repetirá como candidato para las próximas autonómicas en la Comunitat Valenciana.

Con este panorama como telón de fondo, los conservadores se encuentran en la tesitura de explicar los criterios que emplean para decidir qué tipo de imputaciones permiten que sus dirigentes puedan concurrir a las elecciones. ¿Dónde está el listón? Ayer, preguntada en rueda de prensa sobre esta cuestión, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a apelar a la presunción de inocencia, a recordar que Rajoy ya ha mostrado su apoyo a Camps y a avalar la labor de su compañero. "Me parece que el presidente de la Generalitat hace un gran trabajo por los valencianos al servicio de esa comunidad", destacó.

El presidente de los conservadores de la Comunitat está imputado por haber aceptado trajes como regalo de la trama liderada en Valencia por Álvaro Pérez, El Bigotes. Unas prendas valoradas en 12.000 euros. Pero además, de acuerdo con el auto del juez Antonio Pedreira, el PP de Valencia ocultó a Hacienda pagos por importe de 2,5 millones de euros en dinero negro.

Recientemente, el president ha recibido otro varapalo judicial. A mediados de este mes, el Tribunal Constitucional (TC) condenaba a la mesa de las Corts, controlada por el PP, por violar los derechos de los diputados de la oposición al bloquear algunas de sus preguntas.

Sáenz de Santamaría eludió dar ayer su opinión sobre si el president estaba trasladando una buena imagen a la opinión pública, máxime después de que el viernes deslizara en su discurso un aviso para todos aquellos que buscan "atajos" para derribarlo. "No hay quien mueva a quien tiene raíces en esta tierra", espetó. Tampoco respondió cuando fue cuestionada

Fuentes del PP consultadas por este periódico aseguran que "habrá que ver en qué quedan las acusaciones de Camps". En este sentido, restan importancia al hecho de que el president pudiera haber aceptado regalos de la trama corrupta.

En el caso de los trajes, los conservadores han variado su estrategia. Cuando estalló el caso, a nadie en el PP se le pasaba por la cabeza la idea de que Camps los hubiera aceptado.

Si el sábado la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, salía en defensa de Camps, ayer le tocó el turno al presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti. En una entrevista concedida a Punto Radio, el dirigente conservador consideró que el valenciano es "una persona honesta" que está "volcada en sus ciudadanos".

A su entender, "uno de los pecados" por los que "algunos no le tragan" es que "arrasa" en las elecciones. Basagoiti siempre ha exigido a los suyos "contundencia" ante los casos de corrupción.

Por otra parte, en la Comunidad de Madrid, otro de los focos de actuación de la trama corrupta, no temen los efectos electorales que ello pueda tener. Ni tampoco los del espionaje. Así lo puso ayer de manifiesto Esperanza Aguirre en una entrevista concedida a Antena 3.

Preguntada sobre si cree que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es un "peligro para el Estado de derecho", como se ha dicho desde la dirección del PP, Aguirre recalcó que la policía depende de él y, en ocasiones, "está haciendo ciertas cosas en contra del PP" que, a su juicio, son "impresentables". Además, se refirió a "una cierta cupulilla que se dedica a filtrar informes siempre al mismo medio".

El presidente de la Generalitat valenciana no recibe más que buenas noticias. Si hace dos semanas, después de conocer que el Supremo había confirmado que cometió un delito de cohecho impropio al aceptar trajes de la trama corrupta de la Gürtel, el presidente de la Generalitat aseguró estar "feliz", "más feliz que ayer, más feliz", hoy debe estar, como poco, pletórico.

El cerco se estrecha sobre la Generalitat de Valencia y los focos iluminan, aún más si cabe, a Francisco Camps, por los indicios que apuntan a la presunta financiación de los conservadores en la comunidad y a la aceptación de regalos por parte de la trama corrupta de la Gürtel a cambio de la concesión de contratos. No son los únicos presuntos delitos.

El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha hallado hasta siete indicios de delito en la actuación de varios dirigentes del PP valenciano. Concretamente señala al vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla, al ex secretario general y diputado autonómico, Ricardo Costa, al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del partido en Valencia, Yolanda García Santos.

Pedreira remite la investigación al TSJCV ante la presunción de que el Gobierno valenciano podría haber incurrido hasta en siete delitos que afectan a altos cargos del ejecutivo de Camps: financiación ilegal, cohecho propio (se eleva la gravedad desde el impropio), contra la hacienda pública, asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y prevaricación.

El juez se basa para sus conclusiones en el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps, que ocultó al fisco hasta 2,5 millones de euros en 2007. El PP montó en cólera tras conocer la existencia de estos nuevos datos. Los conservadores anunciaron una querella contra el autor del informe y reiteraron que sus cuentas están auditadas por los tribunales de cuentas valenciano y estatal.

El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, uno de los dirigentes hacia los que apunta Pedreira, ha expresado su "tranquilidad" y "seguridad" por una "gestión absolutamente honesta" en la Comunidad que está, sostiene, "acreditada a lo largo de los años".

Durante los últimos meses Francisco Camps se ha declarado, entre otras muchísimas cosas, "absolutamente inocente" pese a ser acusado de recibir pagos en especie, como trajes de firmas de lujo, por parte de los dirigentes de la trama a cambio de contratos de la administración pública. "Yo me pago mis trajes", aseguró el 10 de marzo de 2008.

Por eso no sorprende su reacción tras conocer este miércoles las acusaciones. Camps ha asegurado en Cheste (Valencia) que todo es "un montaje de una terrible falsedad, que acabará en nada" porque "no hay absolutamente nada".

Pedreira ha remitido al TSJ de la Comunidad Valenciana la parte de la investigación sobre supuestos delitos electorales que afectan al PP valenciano ante "la hipotética posibilidad de que haya conexión entre los delitos de Valencia y los delitos del TSJ de Madrid" y para evitar la prescripción de los delitos electorales que apuntan los últimos informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía.

El magistrado de Madrid ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de abril al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel.

Pedreira tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps.

El auto por el que el Supremo reabría la causa contra Camps por los trajes era rotundo: "Los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores".

Dictada de modo unánime por la Sala de lo Penal del Supremo, la sentencia desbarata uno por uno los argumentos del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), que en agosto de 2009 cerró el caso en falso gracias al voto de su presidente y juez amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa. Para avalar su decisión, el TSJCV invocó distintas sentencias previas del Supremo. "Ninguna de ellas sirve de verdadero sustento a la decisión de instancia", recriminaba el alto tribunal, que deja así en pésimo lugar la pericia jurídica del TSJCV y de su presidente.

Las irregularidades detectadas en la contratación de Orange Market llevan al juez a concluir que "el delito de cohecho que se investigaba" podría "no ser, en algunos casos" el de cohecho impropio, que castiga la mera recepción de regalos, sino "el tipificado en los artículos 425, 419 o 420". Y en esa panoplia figura el soborno con mayúsculas, el que comete quien adopta una decisión, justa o injusta, a cambio de cobrar. No puede descartarse, dice el auto, la conexión con el hecho de que Camps dirigía el PP.

El auto vincula el delito electoral al pago de los servicios prestados por Orange Market al PP valenciano en las campañas para las autonómicas y locales de mayo de 2007. Una parte "se habría abonado de forma opaca en efectivo" y otra, "al menos 345.200 euros", habría sido satisfecha "por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market". "Se infiere -dice el auto- que estos pagos no habrán sido reflejados en las cuentas" del PP valenciano. Y ello "podría ser constitutivo del delito electoral" tipificado en la ley, que sanciona el falseamiento de las cuentas electorales. El PP valenciano habría ocultado pagos por 2,5 millones.

Conectado con el delito electoral aparece el fiscal. Orange Market habría incurrido en delito contra la Hacienda Pública "al omitir en las respectivas declaraciones [de IVA e impuesto de Sociedades] los ingresos recibidos de forma opaca". Asimismo, también habrían cometido ese delito los responsables de la red en los que, como ocurre en los casos de Álvaro Pérez o Francisco Correa, acabó revirtiendo parte de los ingresos opacos. Al no incluirlos en sus declaraciones de IRPF, defraudaron al fisco.

Penado con hasta seis años de cárcel, este delito "vendría determinado por la elaboración de facturas que reflejarían servicios inexistentes entre Orange Market" y las empresas que financiaron al PP. El auto cita aquí a Facsa, Pavimientos del Sureste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf. Las facturas emitidas por Orange Market contra estas cinco sociedades "tendrían por objeto ocultar los pagos realizados por estas mercantiles por cuenta del PP" valenciano. En 2008, se repiten los pagos y se incorporan otras tres empresas a la lista pagadora: el grupo Sedesa, Enrique Ortiz e Hijos y Lubasa.

Consistente en adoptar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, lo habrían perpetrado quienes otorgaron a Orange Market contratos de la Generalitat de forma ilegal (por ejemplo, fraccionándolos). El auto destaca los adjudicados para Fitur, "tanto por su precio como por la gravedad de las irregularidades cometidas".

El auto se limita a mencionar que delitos como el de falsedad o el fiscal son los antecedentes del blanqueo. Ese delito se atribuye ya en el sumario de Madrid a las empresas de la trama.

Tampoco aquí entra el auto en detalles ni explica quiénes lo habrían cometido. Es el delito inherente a quienes crean una red para delinquir.

Como presuntos artífices del delito electoral, el auto señala al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y a la administradora general del PP valenciano en las elecciones autonómicas de 2007, Cristina Ibáñez. Como cooperadores señala al vicepresidente Vicente Rambla; al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y al vicesecretario general, David Serra. En el delito de falsedad, Rambla, Costa y Serra aparecen como cooperadores junto con la tesorera del PP valenciano, Yolanda García. Por cohecho, el auto apunta al ex director de Canal Nou, Pedro García; al ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret; a Costa de nuevo y, de manera más sutil, al propio Camps. Betoret figura, asimismo, vinculado a un posible delito de prevaricación. El auto subraya que buena parte de los delitos son conexos, es decir, que están ligados unos a otros. Por tanto, la imputación de delitos podría modificarse o ampliarse.

El auto de Pedreira señala como cooperadores en el delito electoral a "los gestores efectivos" de las cinco sociedades que pagaron a Orange Market facturas que, en realidad, se correspondían con gastos del PP durante las campañas para las municipales y autonómicas de 2007. Las cinco son: Facsa, Pavimentos del Sureste SA, Grupo Vallalba SL, Constructora Hormigones Martínez SA y Piaf SL. Asimismo, serían autores directos de un delito de falsedad en documento mercantil por haber aceptado facturas falsas en 2007. En 2008, serían autores de ese delito los gestores de Facsa (el auto menciona a su propietario, Enrique Gimeno), Piaf, Lubasa, Sedesa y el empresario Enrique Ortiz, "quien figura entregando 100.000 euros en pago de la deuda del PP" valenciano.

El delito electoral, subraya el auto, no habría podido cometerse sin el concurso de Francisco Correa y sus hombres de confianza: Álvaro Pérez, ‘El Bigotes', y Cándido Herrero, director general y contable de Orange Market, respectivamente; Pablo Crespo, número dos de la red; y José Luis Izquierdo, contable de la trama. El juez señala a los miembros de la red corrupta como autores de un delito fiscal. Si se amplía la investigación por soborno, Álvaro Pérez puede ser imputado por ese delito.

El caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a un partido político más extensa de la democracia, acorrala al Gobierno de Francisco Camps y al PP valenciano por uno de los delitos más graves: la financiación ilegal.

La policía ha depositado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nuevas pruebas de la financiación ilegal del PP valenciano durante el mandato de Francisco Camps, el presidente autonómico que ya está imputado en relación con el caso Gürtel por un delito de cohecho impropio al haber aceptado miles de euros en trajes regalados por las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que lograron en Valencia decenas de contratos a dedo.

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales , fechado el pasado 20 de julio, sostiene que los nuevos documentos incautados a la trama "confirman los hechos expuestos" en un informe anterior, del verano de 2009, donde se afirmaba que el PP se había financiado ilegalmente a través de, al menos, cinco empresas contratistas de la Administración valenciana.

La nueva investigación policial hace "especial hincapié" en el "pago de diversas facturas ficticias por parte de empresas privadas asentadas en la Comunidad Valenciana y adjudicatarias de numerosos contratos públicos". El importe íntegro de esas facturas, a nombre de Enrique Ortiz e Hijos, Lubasa y Sedesa, entre otras empresas, 440.000 euros, "se destina al pago de una parte de la deuda generada entre el PP valenciano y Orange Market", la empresa de la trama corrupta que dirigía en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes , íntimo amigo de Camps.

En la documentación incautada figura la contabilidad de Orange Market, que emplea "de forma sistemática la clave BARCELONA para referirse a fondos que entran en la empresa y que no proceden del tráfico económico". La policía tiene documentados pagos de 405.000 euros en dinero negro por parte del PP a Orange Market.

En otra parte de la documentación figura una factura con la denominación "Galletas" que, según la Policía, corresponde a la empresa de Enrique Ortiz e Hijos, cuyo propietario principal es el accionista mayoritario del Hércules, implicado en el supuesto amaño de partidos la temporada pasada con el pago a jugadores de equipos contrarios por dejarse perder.

En las conversaciones grabadas a los dirigentes de la trama corrupta con los políticos del PP valenciano se aludía a "Magdalenas" o "Galletas" para denominar a una persona o empresa que pagaría las deudas del PP. La Policía señala en este último informe que las palabras "Galletas" y "Magdalenas" se vinculan "con el empresario Enrique Ortiz Selga, al asociarse su apellido 'ORTIZ' por parte de los responsables de Orange Market con una conocida marca de repostería, fabricante de galletas y magdalenas".

La Policía sostiene que Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, en la actualidad suspendido de militancia, y David Serra, vicesecretario general del mismo partido, conocían perfectamente a que se referían las palabras "galletas" y "magdalenas": "Entregas de dinero directa por parte de las empresas de Enrique Ortiz, cuyos importes íntegros pasan a descontar la deuda que el PP valenciano mantenía con Orange Market".

Para apuntalar las conclusiones de la investigación, la Policía relata una conversación telefónica entre el contable de Orange Market, Cándido Herrero, y su jefe Álvaro Pérez el 5 de febrero de 2009. Herrero le comenta que ya le dieron la caja de magdalenas. Ese mismo día, según la documentación incautada por la Policía, la empresa Enrique Ortiz e Hijos firmó tres cheques a nombre de Orange Market.

Las empresas constructoras que pagaban a Orange Market para liquidar deudas del PP justificaban esos desembolosos mediante "unos acuerdos de colaboración ficticios relacionados con labores de marketing, publicidad, desarrollo de marca, con un contenido suficientemente amplio y vago, así como flexibles en su ejecución", señala la Policía, que aporta en su informe copia de esos documentos para ocultar la financiación ilegal del PP valenciano.

El informe policial sostiene que existió una "participación activa" de Ricardo Costa y de David Serra "para conseguir que empresarios como Enrique Ortiz financie parte de la deuda del PP de la Comunidad Valenciana con Orange Market mediante el pago de los servicios prestados a la formación política enmascarado mediante el artificio del acuerdo de colaboración empresarial".

"RIC SE HA CABREADO. PENSABA QUE LO DE LAS MAGDALENAS YA ESTABA SOLUCIONADO"

Los interlocutores de las distintas conversaciones intervenidas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, son el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo; el delegado de las empresas de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez (AP), El Bigotes; el vicesecretario general de esa misma formación, David Serra (DS), y Cándido Herrero (CH), el administrador de Orange Market, la filial de las empresas corruptas en la Comunidad Valenciana.

El contenido de las conversaciones revela las gestiones realizadas por el PP valenciano y concretamente por su ex secretario general, Ricardo Costa, para que el constructor y presidente del Hércules Enrique Ortiz -al que se refieren como "el de las magdalenas" o "el de las galletas" por coincidir su apellido con el de una marca de repostería-, pague a Orange Market cantidades que la formación le adeuda por la organización de sus actos.

- David Serra a El Bigotes: "Voy a llamar al de las galletas". La conversación, del 19 de diciembre de 2008, viene precedida por un SMS enviado por El Bigotes al vicesecretario del PP en el que el primero le pregunta "¿Crees que el de las magdalenas cumplirá?

D. S. Voy a llamar ahora al de las galletas. Y yo necesito que el lunes nos reunamos tú, Cándido [CH] y yo, para perfilar números, porque yo he intentado hacer un esfuerzo por varios sitios pero yo quiero que también vosotros hagáis un poquito de esfuerzo.

D. S. Y te lo digo para una cosa, para ver si nos podemos olvidar ya del tema Ramblín. Y si pudiésemos hacer algo... ya te explico el tema.

D. S. El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, y ya fetén lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le prestéis al de las galletas [Ortiz] la factura igual que la otra.

Acto seguido, el vicesecretario general le pregunta "si ha cerrado alguna cifra con Ricardo". A lo que El Bigotes responde que no.

- El Bigotes a Pablo Crespo: "Ric se ha pillado un rebote que te cagas". La conversación, del 2 de febrero de 2009, demuestra, según la policía, que el ex secreterio general del PP, Ricardo Costa, estaba al corriente de las gestiones de Serra para que Ortiz pagara a Orange Market.

A. P. "He estado con Ric [Ricardo Costa] y nada, cuando le he enseñado el papel ese y tal, pues claro, se ha pillado un rebote que te cagas, ha llamado a David Serra, en fin tío lo de siempre...

A. P. Él pensaba que lo de las magdalenas ya estaba solucionado, entonces claro, pues a mi me jode porque ha pasado lo que yo sabía que iba a pasar, ha llamado a David y se ha cagado en los muertos de David.

A. P. Además, como él [Ricardo Costa] dice: claro, yo te pagaré todo lo que se ha hecho en Alicante, ) en Barcelona no te puedo pagar nada, y es una tristeza por varias razones, primero porque saldremos en algún tebeo y luego verás...

En Barcelona, según la policía, significa en B, pagos en negro sin ningún tipo de factura previa.

- Herrero a Crespo: "Me llamaron de la fábrica de galletas". La conversación es del 3 de febrero de 2008, el día en que, según la documentación del caso, Enrique Ortiz extiende tres cheques por 58.000, 20.752 y 37.479,60 euros a nombre de Orange Market.

C. H. Que mañana lo mandan en un mensajero. Por lo que me dicen el mensajero llega mañana o mañana se lo envía al mensajero y me llega pasado. Y me dice: 'No, no, creo que para mediodía lo tienes'.

- Herrero a El Bigotes: "Ya me dieron la caja de magdalenas". Conversación entre los responsables de Orange Market el 5 de febrero de 2008.

El Gobierno de Francisco Camps ha destinado otros dos millones de euros a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, encargada de organizar la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. La "aportación" resulta llamativa por varios motivos. Primero, porque la fundación está siendo investigada por la justicia por su vinculación con el caso Gürtel. Segundo, porque la oposición y los periodistas han intentado reiteradamente conocer del Consell cuánto costó la visita y se han encontrado siempre con un muro. Y tercero, porque es la segunda vez en lo que va de año que la Generalitat inyecta dinero a una fundación que, técnicamente, dejó de tener sentido el 9 de julio de 2006, el día en que Joseph Ratzinger abandonó la ciudad.

Igual que ayer, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó el 24 de febrero una larga lista de modificaciones presupuestarias, entre las que figuraba una "aportación a la dotación del patrimonio fundacional de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia" por importe de dos millones de euros. Fuentes de la Consejería de Economía explicaron entonces que con ese dinero el Consell ponía su parte para liquidar las cuentas y extinguir la fundación (cuyos patronos son la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el Arzobispado de Valencia).

Trasvase de fondos

A la vista del nuevo trasvase de fondos, o bien aquellos dos millones de febrero no tenían como fin liquidar las cuentas, o bien aquella aportación no fue suficiente. Este periódico intentó ayer obtener una explicación por parte de la Generalitat, pero no obtuvo respuesta.

Fuentes de la oposición socialista recordaron que tras negarse durante años a proporcionar un solo dato sobre la fundación, la Generalitat se vio obligada a facilitárselos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se los reclamó en noviembre. "Es probable que desde entonces estén intentando cuadrar las cuentas como sea", añadieron.

La fundación concedió en exclusiva a Canal 9 la señal para retransmitir la visita. La televisión pública valenciana contrató con una constructora leonesa desconocida en el sector (Teconsa) el alquiler de pantallas y la instalación del sonido por 6,4 millones de euros. Pero el coste real, según la investigación policial, fue de 3,1 millones de euros. La justicia investiga el destino del resto del dinero, que supuestamente se repartieron la constructora y la trama Gürtel.

más transparente de España y de toda Europa" Esa fue la respuesta que ayer dio el presidente Francisco Camps a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que condena a las Cortes Valencianas por la "vulneración de los derechos fundamentales de los diputados" del grupo de Compromís, cuyas iniciativas sobre el caso Gürtel fueron rechazadas por la Mesa de la Cámara. Camps no aclaró si el grupo del PP que él preside, que ha mantenido una actitud obstruccionista a cualquier iniciativa de la oposición parlamentaria autonómica para conocer, entre otras cosas, las contrataciones del Gobierno Camps con las empresas de la trama Gürtel, iba a ser distina en el próximo curso político.

El alto tribunal ordena en su fallo "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política" de los diputados y ordena que las preguntas censuradas vuelvan a la Mesa. Camps, que se reunió en el Centro de Protección y Estudio del Medio Natural en L'Albufera de Valencia con sus tres vicepresidentes, no expresó la opinión que le merece el varapalo judicial firmado por el Tribunal Constitucional.

Camps, imputado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido regalos de empresas de la trama Gürtel que lograron más de ocho millones de euros en contratos con la Generalitat, aprovechó la cita para agradecer el respaldo de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, a su competencia como candidato a las próximas elecciones autonómicas. Lo que no despejó es si en la cena que el PP valenciano celebrará el 27 de agosto como inicio de curso político estará ella o el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy. Fuentes del PP aseguraron por la tarde que acudirá Esteban González Pons.

Camps se limitó a anunciar nuevas inversiones, a comprometerse a no subir los impuestos, a negar la grave situación económica del Consell -con problemas para pagar los suministros de luz y teléfono hasta el punto de recibir amenazas de corte- y a criticar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. De este dijo que acuña la peor financiación autonómica que ha tenido la Comunidad Valenciana por no reconocer cinco millones de habitantes y que su recorte en infraestructuras puede provocar 5.000 parados.

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS CORTES VALENCIANAS A RESPONDER PREGUNTAS VETADAS SOBRE EL GÜRTEL

BAJATE EL AUTO EN CUESTIÓN

Considera que vulneró los derechos fundamentales de los diputados de Compromís

El Tribunal Constitucional (TC) ha fallado contra las Cortes Valencianas por "vulneración de los derechos fundamentales de los diputados" del grupo parlamentario de Compromís, como consecuencia de la decisión de la Mesa de la Cámara, en la que el PP tiene mayoría absoluta, de vetar sin dar una explicación adecuada 30 iniciativas parlamentarias, algunas relativas al 'caso Gürtel'. La sentencia, dictada el pasado 26 de julio sin ningún voto particular, ha tenido como ponente al magistrado Manuel Aragón Reyes. La sala estaba compuesta, además, por la presidenta del Constitucional, Emilia Casas, y los magistrados Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata y Pablo Pérez Tremps. El fallo ordena "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política" de los diputados y ordena que las preguntas censuradas vuelvan a la Mesa.

El 'caso Gürtel', en el que están implicados numerosos cargos del PP valenciano, entre ellos el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que supuestamente recibieron trajes y otras prendas de vestir regalados por las empresas de la trama corrupta -que desde años atrás se venían adjudicando decenas de contratos de la Generalitat- estalló a principios de febrero de 2009. En el caso está implicada la actual presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, por los contratos adjudicados a la trama cuando era consejera de Turismo. Un mes después de estallar el asunto, los diputados de Compromís en las Cortes presentaron una serie de preguntas sobre el asunto. Reclamaban al Consell información sobre los contratos suscritos por el Ejecutivo de Camps con las empresas ligadas al 'caso Gürtel'.

La Mesa de las Cortes, con los votos del PP, rechazó la tramitación de las iniciativas escudándose en el artículo 153.2 del Reglamento de la Cámara, que permite vetar las preguntas "que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana". El TC considera que esta limitación del derecho a formular iniciativas, que forma parte del "núcleo de la función representativa" del diputado, solo puede justificarse con "una motivación expresa, suficiente y adecuada" para apreciar su consistencia. Y ello para evitar que la apelación al reglamento esconda un "juicio de oportunidad". El TC se refiere a una práctica por la que un grupo parlamentario, en este caso el PP, utiliza su mayoría para censurar iniciativas perfectamente reglamentarias que no quiere que prosperen o se debatan en el Parlamento.

El alto tribunal desmonta por completo la excusa reglamentaria del PP al señalar que "del tenor literal de las iniciativas parlamentarias no se desprende a primera vista que traten absolutamente de personas sin trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad", por cuanto se inquiere, entre otras, sobre "si se habían celebrado contratos públicos entre las consejerías del Ejecutivo valenciano y una serie de empresas relacionadas con la investigación judicial sobre el conocido como caso Gürtel". Existe, remata, una "innegable vinculación con la actividad de control del Gobierno que integra la esencia de la actividad parlamentaria". Y añade que la "obligación de interpretar las normas parlamentarias del modo más favorable al ejercicio de los derechos y facultades de sus representantes habría obligado, en principio, a su admisión a trámite".

Esta es la tercera sentencia del TC contra la falta de transparencia de las Cortes Valencianas. Las dos anteriores también se referían a iniciativas de Compromís vetadas por la Mesa, aunque eran de la anterior legislatura. El Parlamento valenciano se convierte así en la Cámara autonómica con más fallos del Constitucional por vulnerar los derechos de los diputados.

www.elpais.es 13.08.10

CAMPS AGOTA EL PLAZO PARA HALLAR SU TESIS EXCULPATORIA SOBRE LOS TRAJES

La decisión de abrir juicio oral se cierne sobre los imputados del 'caso Gürtel'

El candidato para las próximas elecciones autonómicas por el PP, Francisco Camps, le queda menos para afrontar ante un jurado popular en el Tribunal Superior de Justicia la acusación de cohecho pasivo impropio por haber recibido como regalo trajes varios de la trama Gürtel. A él y a los otros tres imputados: Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia. El plazo para escuchar las cintas con las grabaciones de las conversaciones que realizó la policía con la autorización del juez de la Audiencia Nacional que inició la investigación, Baltasar Garzón, ha concluido. A pesar de que el magistrado juez instructor de Valencia, José Flors, extendió el plazo hasta invadir el calendario de agosto, lo cierto es que el reproductor habilitado para la audición lleva apagado desde hace 10 días y los abogados ya escucharon en julio todo lo que les pareció oportuno porque no han necesitado usar días de agosto para ello.

Ningún letrado ha acudido a escuchar las grabaciones en la última semana

El 15 de julio fue notificada a las partes la providencia por la que Flors ordenó: "Dispóngase de lo necesario para que tenga lugar la audición por las partes del contenido íntegro de las comunicaciones telefónicas cuya intervención y grabación por el sistema SITEL se acordó por el Juzgado de Instrucción número cinco respecto a los teléfonos pertenecientes a Pablo Crespo y Álvaro Pérez". Fue la respuesta a una petición expresa de la defensa de Camps, que fía a esas conversaciones su exculpación. El contenido de las conversaciones o mensajes que las partes consideren oportunos para su defensa se incorporarán a la causa. Pendiente queda, de momento, el acceso a las conversaciones mantenidas en un locutorio penitenciario. Flors decidirá en septiembre sobre ello. Los abogados de los cuatro imputados por esta causa, reabierta por decisión del Tribunal Supremo, empezaron casi inmediatamente a hacer uso del sistema de audiciones. Pero poco más de una semana les bastó. A la defensa de Camps le interesaban aquellas afirmaciones de Pablo Crespo, segundo de la trama Gürtel encabezada por Francisco Correa, que pudieran, directa o indirectamente, respaldar su afirmación de que se pagó los trajes, aunque Flors ya dijo en un auto que en modo alguno quedó eso acreditado sino, más bien, todo lo contrario.

Con esa intención, la defensa de Camps solicitó la declaración de Ignacio Peláez, ex fiscal y abogado de Crespo y del empresario también imputado José María Ulibarri. En esa conversación, Crespo dijo que creía que Camps se había pagado sus trajes. El juez rechazó la declaración de Peláez pero admitió la de Crespo, que se practicó hace escasos días ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de Soto del Real, Madrid. Y, según fuentes de Presidencia de la Generalitat, el ex secretario general de los populares gallegos afirmó que él no había pagado los trajes de Camps ni había dado orden de que se hiciera. Según las mismas fuentes, el camino de la exculpación empezaba a vislumbrarse.

Lo que sí es casi visible es que en tres semanas el juez instructor volverá a tomar decisiones, que parecen directamente encaminadas a la conclusión de las diligencias y apertura de juicio oral contra el presidente y los otros tres imputados. Para tomar esa decisión, el magistrado juez contará también con la declaración practicada, aún pendiente, a Isabel Jordán, ex administradora de varias de las empresas de la trama que aseguró primero en una conversación grabada que ella había pagado los trajes de Camps, que tenía una factura de 30.000 euros que así lo acreditaba, aunque después se desdijo. Tendrá, el juez, el informe pericial de la Agencia Tributaria con el análisis contable de las entradas y salidas de las empresas de la trama, encabezadas por Orange Market, en relación con los pagos a Milano y Forever Young, proveedores de buena parte de los regalos recibidos por los cuatro imputados.

Camps ha consumido ya un plazo más, una diligencia más. Su objetivo es alargar la causa, pero cada vez está más cerca la decisión final de sentarlo en el banquillo de los acusados.

www.elpais.es 11.08.10

LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA TAMBIÉN ESTUVO RELACIONADA CON LA TRAMA GÜRTEL

La empresa pública Imelsa aparece vinculada a las empresas de Correa en un informe de Hacienda

La Diputación de Valencia, a través de la empresa pública Imelsa S A, también mantuvo una relación comercial con empresas de la presunta red corrupta liderada por Francisco Correa, según se recoge en un informe de la Agencia Tributaria.

Cabe recordar que la corporación provincial, presidida por Alfonso Rus desde 2007, es una de las pocas administraciones dirigidas por el Partido Popular que hasta la fecha no había aparecido vinculada al caso Gürtel. Un entramado empresarial cuya filial valenciana, Orange Market, se convirtió en organizadora de eventos de cabecera de los populares valencianos y recibió decenas de contratos de la administración presidida por Francisco Camps.

Según ha ido desgranando este diario y se ha conocido a través de sumario, la trama liderada en la Comunitat Valenciana por Álvaro Pérez se infiltró hasta el tuétano en prácticamente todas las administraciones gobernadas por el PP.

En el ámbito autonómico, casi todos los departamentos del Consell contrataron con empresas de la trama, especialmente con Orange Market.

Según un informe judicial, nueve empresas de la trama recibieron 85 contratos de casi todas las conselleries y varios organismo públicos entre 2005 y 2009. El informe revela irregularidades en la adjudicación, como pagos por duplicado y por trabajos no realizado. El volumen total de contratación del Consell con la trama valenciana de Gürtel asciende a 8,2 millones de euros.

Además, Radio Televisió Valenciana (RTVV) dio el montaje del dispositivo audiovisual de la visita del Papa a Valencia en 2006 -un contrato de 6,4 millones- a la constructor Teconsa, una empresa ajena al sector y que presentó una de las ofertas más caras. El sumario revela que la trama recibió casi un millón en concepto de comisiones por su intermediación en las adjudicación.

En paralelo, conviene recordar que la filial valenciana Orange Market se convirtió en la organizadora de eventos de referencia de la dirección regional del Partido Popular. Durante los años en los que Álvaro Pérez operó en Valencia, el valor de los trabajos facturados al partido por mítines, campaña y otros eventos alcanzó la cifra de 1,8 millones, pero la mayor parte se pagaba en dinero "B".

Al margen de la administración autonómica, otras entidades locales de la Comunitat Valenciana también se relacionaron con la trama. Es el caso de la Diputación de Castelló, presidida por Carlos Fabra. Según el sumario, en 2007 la empresa Orange Market actuó como "agencia de publicidad" para la corporación castellonense.

La trama Gürtel logró infiltrarse también en el escalón más bajo de la administración valenciano. El caso más evidente es el de la Nucia (Alicante) donde Francisco Correa intentó hacer un negocio urbanístico de 72 millones de euros, según se desprende de las grabaciones del sumario Gürtel.

www.levante-emv.com 08.08.10

Correa declaró a Hacienda los trajes que regaló

Documentos de la Agencia Tributaria acreditan que la trama Gürtel registró como compras la ropa adquirida en Milano y Forever para dirigentes del PP valenciano

La trama corrupta que dirigía Francisco Correa declaró como gastos de su actividad empresarial los trajes con los que supuestamente sobornaba a la cúpula valenciana del PP, según se acredita en la numerosa documentación de la Agencia Tributaria que obra en el sumario del caso Gürtel .

"Orange pagó la factura de uniformes para Camps", dice la cajera de Milano
Álvaro Pérez subía su gasto en regalos según iba logrando más contratos
Betoret declaró que Pérez le prestaba dinero para comprar los trajes
El Bigotes ganó los concursos para montar el pabellón valenciano de Fitur

El juez José Flors, que instruye en Valencia la causa contra el presidente Francisco Camps y otros altos cargos del PP valenciano por un supuesto delito de cohecho impropio -aceptar regalos en función del cargo que desempeñaban-, ha pedido a la Agencia Tributaria un informe detallado sobre las empresas de la trama corrupta para conocer si compraron los trajes que, posteriormente, regalaron a cinco dirigentes del Gobierno valenciano y del PP.

En las tiendas Milano y Forever Young, el sastre José Tomás -despedido a raíz de que contase lo que sabía del caso Gürtel- tenía entre sus principales clientes a dos jefes de la trama corrupta, Álvaro Pérez y Pablo Crespo . Ambos compraban ropa para ellos y pagaban los trajes que adquirían en esas tiendas hasta cinco dirigentes del Gobierno valenciano y del PP, entre ellos Camps.

La investigación y los documentos que obran en el sumario acreditan que los trajes para los dirigentes del PP se pagaban en metálico por los directivos de la trama corrupta o a través de talones correspondientes a cuentas propiedad de Orange Market, Diseño Asimétrico o Servimadrid, empresas de la trama corrupta.

La reconstrucción de los pagos, con documentación oficial que obra en el sumario y de la que EL PAÍS muestra en esta página una pequeña parte, es la que sigue:

- Isabel Jordán: "Yo he pagado 30.000 euros de los trajes de Camps". En una grabación efectuada por un ex colaborador de Correa a directivos de la trama, Isabel Jordán, responsable de la empresa Easy Concept, declara: "Yo he pagado 30.000 euros de los trajes de Camps". Un informe de la Agencia Tributaria señala: "Consultada la Base de Datos Central, en las operaciones de compras declaradas en 2005 por Easy Concept Comunicación consta una adquisición a la entidad Milano Difusión por importe de 34.336 euros IVA incluido, es decir la base imponible de la factura ascendería a 29. 600 euros", una cantidad similar a los 30.000 euros de los que hablaba Isabel Jordán en la grabación que consta en el sumario.

- La investigación en la tienda. Cuando se inició la investigación judicial, la dirección de Milano envió un correo electrónico a todas sus tiendas en busca de una factura por esos 30.000 euros a nombre de Easy Concept. No existía, aunque uno de los empleados contestó así: "Mi compañera Elena Rodríguez, que es la cajera de la tienda y quien lleva habitualmente todos los temas de facturación, recuerda haber generado una factura por una cantidad parecida a una empresa llamada Orange Market [la que dirigía Álvaro Pérez en Valencia que, supuestamente, hacía los regalos a los dirigentes del PP], por un importe de 24.308 euros, factura abonada por talón el 13 de julio de 2005. Esta factura se realizó a una empresa que realizaba los eventos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y corresponde a unos uniformes que se hicieron a distintos cargos de este partido, incluido Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana". Camps aseguró después que los primeros trajes que el sastre José Tomás le preparó los devolvió porque no le gustaban.

- Cambio de establecimiento, pero no de clientes ni de pagadores. Posteriormente, Tomás cambió de tienda pero no de clientes ni de pagadores, según la investigación judicial. En Forever Young continuaron los encargos de trajes para dirigentes del PP que pagaba la trama corrupta a través de tres empresas: Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y la propia Orange Market.

En los listados de la Agencia Tributaria sobre la actividad empresarial de estas tres empresas figuran compras tanto a Milano Difusión como a Forever Young (véanse los documentos que ilustran esta misma página).

De esta manera, las empresas de la trama corrupta registraron como compras necesarias para su actividad los trajes que regalaban a la cúpula del Gobierno valenciano y del PP.

Álvaro Pérez aumentó su capítulo de gastos en regalos de trajes para dirigentes del PP a medida que crecía su facturación con la Administración valenciana, presidida por Francisco Camps, y con el PP valenciano, que le encargó todos sus actos públicos.

Los dirigentes sobre los que pesan sólidas sospechas de corrupción se han defendido de distinta manera. Mientras que Camps asegura que pagó los trajes en metálico en la tienda -aunque ningún trabajador se acuerda y todos lo han negado-, otros dirigentes, como Rafael Betoret, jefe de gabinete en la consejería de Turismo, han llegado a sostener que utilizaban a Álvaro Pérez como prestamista. Adelantaba el dinero para los trajes y luego Betoret se lo devolvía en cómodos plazos. La empresa de Pérez ganó todos los concursos para montar el pabellón valenciano en Fitur, la feria de turismo de Madrid, a los que se presentó.

www.elpais.es 06.08.10

La empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa) también ha adjudicado obras a empresas actualmente investigadas por posible financiación ilegal del PP. Se trata de tres de las seis que figuran en el sumario instruido por el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que habrían financiado a través de Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción del caso Gürtel, las campañas electorales del PP valenciano.

De esas tres empresas solicita la diputada socialista Ana Noguera los expedientes de adjudicaciones en una iniciativa presentada en las Cortes Valencianas. Noguera advierte de que Ciegsa dejó de publicar en 2008 las licitaciones y adjudicaciones de las obras en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y atribuye esa decisión al responsable de la empresa pública, José Luis López Guardiola. "La labor de ocultación y oscurantismo ha aumentado desde que López Guardiola, primo hermano de la consejera Paula Sánchez de León y amigo íntimo de la familia de Francisco Camps, está al frente", asegura la diputada.

Según la parlamentaria socialista, Sedesa, la empresa que Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino, ha vendido recientemente al grupo Ezentis, ha recibido adjudicaciones de centros en Alicante, El C

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