LAS NOTICIAS SOBRE TRAMA VALENCIANA 

 

AÑO 2010

LUNA ASEGURA QUE EL INFORME SOBRE EL 'CASO GÜRTEL' LE LLEGÓ DE FORMA ANÓNIMA

Una hora y media duró ayer la comparecencia ante el magistrado Juan Montero del portavoz de los socialistas valencianos en las Cortes, Ángel Luna. Está acusado por el PP de un supuesto delito de revelación de secretos por exhibir en la Cámara autonómica un informe policial del caso Gürtel que recoge lo que cobró la trama por la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Lo enseñó a los diputados el 24 de marzo. El secreto no se levantó hasta pocos días después, el 6 de abril. Ángel Luna dijo ayer que se encontró el informe encima de la mesa y que desconocía quién se lo había enviado. Se lo contó al juez, que fue quien dirigió el interrogatorio y formuló varias cuestiones orientadas a despejar precisamente de dónde salió el informe. Lo hizo de forma insistente y "vehemente", según Jorge Garbó, abogado del PP, Montero solicitó a las partes que cumplieran con "el deber de sigilo" y no desvelaran a los medios nada del contenido de la sesión.

El fiscal, por su parte, centró sus preguntas en saber cuándo se produjo la revelación y desde cuándo está personado Luna en la causa. ¿Por qué? Porque si Luna estaba personado el 24 de marzo, en principio, está obligado a guardar secreto de las actuaciones. Si no lo estaba, no. Eso, al margen del alcance de la inviolabilidad parlamentaria, que es el gran debate jurídico de la causa.

Luna no respondió a las preguntas del abogado del PP que, como ocurre normalmente, fueron incorporadas a la causa por la secretaria de la sala de Lo Civil y Penal. Y no lo hizo, como explicó al terminar su declaración, porque "evidentemente todo esto constituye un montaje dirigido a callar una voz que pregunta y que molesta y, naturalmente, yo no me voy a hacer cómplice de ese juego". Y dijo más: "En las mismas condiciones, volvería a hacerlo porque seguimos sin saber lo que ha costado la visita del Papa a Valencia y tenemos derecho a saberlo nosotros y los ciudadanos que pagan sus impuestos; vamos a seguir investigando lo que ha costado". El portavoz socialista está pendiente del recurso presentado por el PP contra el archivo de la causa por cohecho por unas obras en su casa.

www.elpais.es 21.12.10

LUNA: ´VOLVERÍA A MOSTRAR EL INFORME POLICIAL DE GÜRTEL´

El magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) Juan Montero ha pedido que no trascienda el contenido de la declaración del portavoz del PSPV en Les Corts, Ángel Luna, por un supuesto delito de revelación de secretos.

Luna ha acudido esta mañana a declarar a la sede del TSJCV después de que cuatro diputados del PP le denunciaran por mostrar, el pasado 24 de marzo en la tribuna de Les Corts, un informe policial del "caso Gürtel" que se refería al coste de la vista del Papa a Valencia en 2006 y que estaba bajo secreto de sumario.

El abogado del PPCV Jorge Carbó ha manifestado a los periodistas que Luna no ha respondido a sus preguntas -se ha acogido a su derecho a no declarar- pero sí lo ha hecho a las cuestiones que le han planteado el magistrado, el fiscal y el letrado del PSPV, a las que ha dado "explicaciones inverosímiles".

A la pregunta de en qué sentido estima "inverosímiles" las respuestas del socialista, ha dicho que "ya se verá" y que a él no le han "convencido", aunque para no dar más detalles ha apelado al "deber de sigilo que compete a todas las declaraciones, sean secretas o no".

En ese sentido, ha destacado la "vehemente" insistencia del magistrado Montero en que no se haga "ningún tipo de comentario" sobre el contenido de la declaración que ha tenido lugar hoy.

"El magistrado ha pedido se respete la Justicia y no se revele nada de lo declarado. Ha llegado a decir que, de no ser así, se estaría incurriendo en una ilegalidad", ha afirmado.

Tras la declaración de Luna, Carbó se ha mostrado "confiado" en que prosiga la instrucción de la causa y que el instructor "llegue hasta el fondo del asunto y determine cuál es el origen de la filtración de ese documento".

Por su parte Luna, en manifestaciones a los periodistas tras su declaración, ha explicado que el juez ha advertido de la "imposibilidad legal" de desvelar el contenido de su testimonio y ha puntualizado que este aviso no está relacionado con "la gravedad del caso", sino que obedece a lo que establece la ley de Enjuiciamiento Criminal.

El socialista, quien ha llegado diez minutos antes de las diez y media de la mañana, hora a la que había sido citado a declarar, se ha negado a responder a las preguntas del abogado del PP, tal y como hizo cuando tuvo que declarar por la querella que los populares interpusieron contra él por unas obras en su vivienda.

En este sentido, ha explicado que, dado que a su juicio "todo esto constituye un montaje" del PP, que pretende "callar una voz que pregunta y que molesta", no está dispuesto a ser "cómplice de ese juego" y por ello ha decidido no responder a las preguntas del abogado de este partido.

Luna, quien se ha mostrado convencido de que todo este proceso acabará con el archivo de la causa, ha incidido en que volvería a actuar "exactamente" igual que lo hizo y ha sostenido que no ha cometido "ningún delito", porque lo único que hizo fue cumplir con su "obligación".

"Yo tengo la obligación de desvelar aquello que el gobierno de Camps quiere ocultar, que es cómo malgasta el dinero público y eso lo voy a seguir haciendo mientras sea diputado en estas Cortes", ha afirmado.

Ha sostenido que no se habría llegado a esta situación si el Consell respondiera a las "innumerables" preguntas del PSPV sobre los gastos de la visita del Papa a Valencia "en tiempo y forma", y ha añadido que, dado que todavía no tienen esta información, seguirán "investigando" porque tienen "derecho a saberlo".

Luna ha incidido en que van a seguir "en la misma línea", y ha recordado que en la actualidad se conoce que la trama Gürtel "se ha llevado tres veces más de lo que se pensaba inicialmente, gracias al último informe de la Brigada de Blanqueo de capitales".

www.levante-emv.com 20.12.10

PEDRO GARCÍA COBRÓ LA 'COMISIÓN DEL PAPA' A TRAVÉS DE SU PRIMO  

La Policía Judicial que investiga el caso Gürtel mantiene que el ex director general de Radio Televisión Valenciana (RTVV) Pedro García recibió 500.000 euros de comisión por el contrato que Canal 9 adjudicó a la trama corrupta por la visita del Papa, a través de dos empresas ligadas a un primo de su mujer.  

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) considera que el ex director general de RTVV percibió este soborno mediante dos pagos realizados por Teconsa y Promociones Inmobiliarias del Pisuerga (Proinsa) a las empresas Grupo Alvalon y Vianago, ambas ligadas a Vicente Torro Casanova, primo político de Pedro García.  

Los agentes han seguido el rastro de estos abonos y, según un informe del pasado 25 de noviembre, mantienen que corresponden a trabajos no realizados. El primero de los pagos es de 243.600 euros procedentes de Proinsa a Grupo Alvalon, cuyo administrador único es Vicente Torro Casanova, por la intermediación en la compraventa de un solar de las benedictinas en Zamora.  

El segundo pago es directamente de Teconsa a Vianago S. Coop. V. La Policía se puso en contacto con la administradora de esta firma, que les remitió directamente Vicente Torro Casanova como responsable real de la empresa que, además, tiene su domicilio social en la misma finca en la que vive el ex director general de RTVV.  

Torro Casanova fue citado por la Policía y, según su declaración, no puede explicar su relación con Proinsa y el cobro de 243.000 euros, porque la operación la gestionó su padre y ha fallecido. Además, carece de cualquier soporte documental que justifique la mediación en la operación urbanística por la que recibió este dinero. Respecto al segundo pago -de Teconsa a Vianago-, el primo de Pedro García argumenta que es una factura emitida también por su padre por su intermediación en la venta de algún solar, pero que tampoco lo puede demostrar.  

La Udef ha pedido al instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que llame a declarar como imputados a Pedro García y a su primo, y como testigo a la mujer del ex director general de RTVV. Además, le solicita que extienda mandamiento judicial para requerir a las dos empresas vinculadas a Vicente Torro los movimientos bancarios posteriores en las cuentas donde Teconsa y Proinsa le abonaron los dos pagos. En ambos casos, el dinero prácticamente ha desaparecido, ya sea mediante cheques, reintegros y transferencias, que la Policía indaga ahora y que, según sus conclusiones, habría recibido Pedro García. 

(www.elmundo.es, 15/12/10)

Martínez dice que su relación con la trama Gürtel fue legal

La presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, insistió ayer de nuevo en que su relación con la trama Gürtel durante su etapa de consejera de Turismo fue "dentro del marco estricto de la legalidad". La presidenta de la Cámara, a quien la trama corrupta regaló un reloj de lujo valorado en 2.400 euros en las Navidades de 2005, evitó explicar por qué la trama corrupta tuvo conocimiento de las bases de adjudicación del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur un mes antes de su publicación.

El sumario del caso Gürtel que instruye el juez Antonio Pedreira en Madrid cuenta con un informe policial sobre la adjudicación del pabellón de Fitur en 2005 -el primer gran contrato de Orange Market por un valor de un millón de euros- que aporta pruebas del amaño del concurso con la sucursal de la trama corrupta.

La portavoz adjunta del Grupo Socialista en las Cortes Carmen Ninet instó a la presidenta de la Cámara a "dar explicaciones inmediatas sobre los chanchullos del contrato de Fitur o a dimitir".

"Hoy todos sabemos que la policía ha encontrado pruebas de que Milagrosa Martínez entregó un pliego de condiciones del contrato de Fitur a Orange Market un mes antes", dijo Ninet. Por su parte el portavoz de Compromís, Enric Morera, se quejó ayer de que el Consell continúa sin facilitar las facturas de las empresas del caso Gürtel, pese a la doctrina del Tribunal Constitucional que obliga a facilitar la documentación pública a la oposición.

Por otra parte, el sumario que instruye el juez Pedreira incluye también un nuevo informe policial que revela que la trama corrupta elaboró los pliegos del concurso del Ayuntamiento de Paterna, que preside el popular Lorenzo Agustí, para adjudicarse el concurso de una oficina de información y atención al ciudadano. La policía cree probada la relación "directa y duradera" entre los gerentes de empresas de la trama y el alcalde y su jefe de gabinete.

www.elpais.es 10.12.10

La juez de la querella del sastre pide la declaración de Hinojosa

La querella presentada por José Tomás, conocido como el sastre del caso Gürtel, contra el que fuera su jefe en las tiendas que vendieron trajes a la trama, Eduardo Hinojosa, por supuesto falso testimonio, ha sido admitida a trámite. La juez encargada del caso, además, ha solicitado a la sala de Lo Civil y Penal del TSJ copia de la declaración que Hinojosa prestó ante el instructor de la causa en la que está imputado, entre otros, el presidente Francisco Camps por cohecho pasivo impropio.

Según la querella de Tomás, el que fuera su jefe en las tiendas en las que la empresa Orange Market compró regalos para altos cargos del gobierno y el PP valencianos, dijo que había falsificado facturas. Tomás sostiene en la querella ahora admitida a trámite que la justicia ya ha demostrado que la acusación vertida contra él por Hinojosa era falsa, ya que el Juzgado de Lo Social número ocho de Madrid sentenció que el sastre "no había participado en absoluto en la confección de las facturas". Además, el Tribunal Superior de Madrid ha levantado la imputación contra él.

www.elpais.es 09.12.10

La policía halla la prueba del amaño en el mayor contrato que ganó 'El Bigotes'

El sumario revela que la red corrupta conoció un mes antes las bases del concurso

Un informe policial sobre la adjudicación por un millón de euros del stand de la Comunidad de Valencia en Fitur en 2005 a Orange Market, la empresa de la trama corrupta que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, aporta pruebas del amaño que rodeó a este concurso. La red tuvo acceso con casi un mes de antelación a las bases oficiales de esta adjudicación, tal como revelan correos electrónicos que circularon entre empleados de Gürtel con instrucciones de cómo y qué aspectos debía contener la propuesta de Orange Market para alzarse ganadora, como así fue, de la adjudicación del pabellón de Valencia en Fitur. Este informe policial pertenece a la tercera parte del sumario (unos 30.000 folios) que el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, acaba de hacer públicos.

  • Correos electrónicos entre empleados de Gürtel delatan la filtración de las bases

  • Los agentes quieren interrogar a funcionarios de la Agencia de Turismo

En esos correos se basa la policía para sostener que desde la Generalitat alguien pudo informar a la trama del "núcleo del concurso" de Fitur 2005, lo que permitió a la red tener tiempo suficiente para formular una propuesta ganadora y adaptada a las bases.

Según el informe policial, el pliego de condiciones fue publicado oficialmente el 29 noviembre de 2004. Pero casi un mes antes, sin embargo, la red disponía ya de lo fundamental de las bases. Las pruebas que tiene la policía de la supuesta connivencia entre la Agencia Valenciana de Turismo, que es la que redactó esas bases, y la trama Gürtel se concretan en correos electrónicos fechados los días 4 y 5 de noviembre de 2004 en los que se aprecia que la red "ya contaba con los pliegos administrativos y técnicos" sobre el citado pabellón.

El primero de los correos, del 4 de noviembre, lo remite la firma "Down Town (infodowntown-consulting.com)", vinculada a la trama, con destinatario "Rocío". Incluye como asunto la frase "pliego Fitur Com..Valenciana", así como un documento adjunto, "fitur valencia.doc". Rocío, según la policía, es una empleada de la red Gurtel. La firma Down Town envía a Rocío ese correo "a petición de Isabel [Jordán, entonces una de las directivas de las sociedades del cabecilla, Francisco Correa". El correo contiene, explica la policía, un "resumen de las condiciones técnicas, económicas y jurídicas para la contratación de la fabricación del stand para Fitur (edición de 2005), así como el montaje del mismo y su adaptación y montaje a otras tres ferias más" de ámbito nacional en las que ese año quería estar presente la Generalitat.

El otro correo electrónico, fechado el 5 de noviembre, también lo remite Down Town, pero esta vez directamente a Isabel Jordán, y en él se anexa un archivo en el que se indica que el stand de Fitur sale a concurso por "un millón de euros" (que luego se ampliaría con otros 500.000 para las otras tres ferias de turismo en las que quería participar la Comunidad Valenciana). Sobre la valoración de las pujas se indica en ese archivo que "la oferta económica tendría el 50%, la agilidad en la construcción y montaje, un 30%, el mantenimiento un 10%.". Y se destacan como importantes "criterios para la adjudicación" aspectos como la "creatividad, estética y funcionalidad del diseño principal y las adaptaciones a otras ferias". La policía ha hallado muchas "similitudes" entre las bases oficiales del concurso aprobadas por la Generalitat y los archivos adjuntos de los citados correos, que contenían aspectos técnicos y un borrador de lo que luego sería la propuesta de Orange Market para ese stand. La policía explica: "Hay similitudes literales entre la documentación del informe de condiciones técnicas para la contratación del suministro e instalación de un stand ferial para la participación de la Comunidad Valenciana en certámenes turísticos durante el año 2005 (aportado por la Generalitat y firmado por los funcionarios Jorge M. Guarro Monllor e Isaac Peral Sánchez) y lo que se le envía [por correo electrónico] con anterioridad a que se hiciera público a Felisa Isabel Jordán". Guarro y Peral son funcionarios de la Agencia de Turismo de Valencia, filial de la Consejería de Turismo, que en 2005 dirigía Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes valencianas. Martínez es uno de los altos cargos del Gobierno de Francisco Camps receptores de regalos de la trama Gürtel (en concreto, un reloj valorado en 2.400 euros). La policía ha pedido que se interrogue a funcionarios de la citada agencia, a Martínez y a otros altos cargos de su ex departamento, entre ellos, a su ex jefe de gabinete, Rafael Betoret, en relación con el montaje del pabellón de Fitur 2005. Aparte de estas "similitudes", otros informes policiales han detectado irregularidades en otras tres contratas que adjudicó Turismo a Gürtel.

www.elpais.es 09.12.10

El Gobierno de Camps niega la validez del informe policial

"Todos aquellos informes que emanan del entorno de Rubalcaba [ministro del Interior] tienen una credibilidad muy, muy, muy limitada, por no decir nula". La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, despachó ayer con esta declaración el contenido del último informe policial del caso Gürtel sobre los contratos del cabecilla de la trama, Francisco Correa, en Valencia. Un informe revela cómo se repartieron tres millones de euros en comisiones de los contratos de Canal 9 con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. La investigación apunta que el entonces director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García, hombre de confianza del presidente valenciano, recibió 500.000 euros de comisión.

Sánchez de León indicó que no se han planteado ninguna acción legal contra García. La portavoz insistió: "Hemos revisado la documentación de la adjudicación de RTVV a Teconsa [la empresa tapadera utilizada por la trama] y es conforme a la ley". "No cabe ningún atisbo de irregularidad".

www.elpais.es 04.12.10

LA RED GÜRTEL AMAÑÓ EL CONCURSO DE LA VISITA DEL PAPA CON EL PP VALENCIANO

La agenda secreta del 'número dos' de la trama revela que el ex director de Canal 9 se llevó 500.000 euros; El Bigotes, otros 500.000; y un tal "R", 300.000

Los investigadores descubren cómo, cuánto y quiénes se repartieron los tres millones de euros en comisiones que recibió la red de Correa del viaje de Benedicto XVI. El juez tiene previsto entregar hoy las diligencias a los abogados

El último informe policial incorporado al sumario revela que la red Gürtel negoció y amañó la visita del papa Benedicto XVI a Valencia con la cúpula del PP de esa comunidad y, además, concreta qué personas se repartieron la millonaria comisión que generó a la trama corrupta la visita papal.

El informe, de 68 páginas, muy exhaustivo, es demoledor: señala cómo los responsables de la red Gürtel, en connivencia con el ex director de la televisión pública valenciana Canal 9, Pedro García -y presumiblemente también con altos cargos del PP y personas vinculadas a la fundación pública que organizó el evento- inflaron al doble el precio de contratación de la instalación de los equipos de imagen y sonorización del viaje del Papa y se repartieron una comisión de tres millones de euros.

La red usó como testaferro de ese amaño a la firma leonesa Teconsa, sin ninguna experiencia y que fue la adjudicataria de la instalación de los equipos de sonido e imagen de la visita que giró Benedicto XVI a Valencia en 2006 para participar en el V Encuentro Mundial de Familias. El informe describe cómo los responsables de la trama se repartieron casi tres millones en comisiones de los 6,4 que libró Canal 9 de sus arcas exclusivamente para el montaje de los citados equipos (el coste total de la visita se acercó a los 14 millones).

Según este informe, basado en análisis de la caja B de las empresas Gürtel y en anotaciones hechas en su agenda secreta por el número dos de la trama, Pablo Crespo, el reparto de los tres millones fue el siguiente: el cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, se metió en su bolsillo 1,4 millones, y su lugarteniente, Pablo Crespo, 630.000 euros. Otra suculenta tajada, 500.00 euros, fue a los bolsillos del jefe de la red mafiosa en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, a quien el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, llama "amiguito del alma" y le dice que le "quiere un huevo" en dos conversaciones telefónicas que ambos mantienen en la Navidad de 2008. Otros 500.000 euros fueron para Pedro García, ex director general de Canal 9, cargo para el que fue nombrado mediante decreto del presidente Camps en septiembre de 2004 y del que dimitió en agosto de 2009 tras salir a luz en EL PAÍS que la visita del Papa también había caído en las redes de Gürtel. El informe sostiene que además hubo una quinta persona que entró en el reparto de los 3 millones. Responde a la inicial de "R", y se llevó otros 300.000 euros. "R=persona sin identificar=300.000 euros", se recoge en el informe policial.

La empresa testaferro, Teconsa, por prestar su nombre al chanchullo, ingresó otros 200.000 euros del total de 2,8 millones en comisiones que deparó la visita del Papa. Aparte de múltiples indagaciones y cotejo de movimientos de dinero, la policía ha llegado a la conclusión de que éste fue el reparto exacto de las comisiones gracias a un archivo de Excel llamado (VISITA PAPA 1/DOCUMENTOS IMPORTANTES/RESUMEN FINAL.XLS/Hoja CIFRAS". Este archivo fue hallado dentro de un disco de memoria, pen drive, decomisado en un piso de seguridad de la trama sito en el madrileño paseo del General Martínez Campos, 32.

No tardaron mucho los implicados en empezar gastar el dinero de la comisión. Correa invirtió parte de su dinero en obras y reformas de casas que posee en Ibiza y Marbella; El Bigotes destinó 12.000 de sus 500.000 euros en comprar joyas y artículos de regalo (posiblemente para agasajar a políticos del PP con poder de contratación en la Administración valenciana). También destinó parte de ese dinero en regalos de bodas, ayudar a su familia, pago de inmueble y viajes. El ex director de Canal 9, siempre según el citado informe, pudo destinar parte de su 500.000 euros en comprarle a su esposa un Volvo XC90 por importe de 54.475 euros, entre otras adquisiciones.

Pero hay más documentos que certifican el increíble amaño que hizo la red Gürtel con la operativa de la visita del Papa a la ciudad del Turia y que dejan entrever que Correa y sus hombres pudieron embolsarse ese dinero en connivencia o, al menos, con la aquiescencia de altos cargos del Gobierno valenciano. La policía no atribuye a ningún alto cargos delito alguno, si bien en su informe aflora un documento que hasta ahora no se conocía. Una agenda secreta intervenida a Pablo Crespo, número dos de la trama. Esa agenda contiene supuestos contactos previos a la visita papal entre Crespo y dos vicepresidentes del Gobierno de Camps, Víctor Campos (que dejó el cargo en mayo de 2007) y Juan Cotino (en la actualidad, vicepresidente tercero). La agenda secreta de Crespo también refleja contactos entre Crespo y un comisionado de la fundación encargada de organizar la visita del Papa; y entre Crespo y el entonces responsable de Canal 9, Pedro García, que fue el que contrató con la citada fundación, integrada por representantes públicos valencianos, la retransmisión a todo el mundo de la visita y quien subcontrató con la empresa testaferro Teconsa la instalación de los equipos audiovisuales por 6,4 millones de euros (casi tres de ellos, comisiones).

En concreto, la citada agenda recoge anotaciones sobre "reuniones y conversaciones" entre Crespo y "Víctor y Ricardo", en alusión, según la policía, al citado Víctor Campos, y a Ricardo Costa, ex secretario general del PP de Valencia. También alude a contactos con Juan Cotino en relación con la visita papal.

De su puño y letra, Crespo escribe en esa agenda: "Todo indica que en las elec. Victor-Presi Dip. Castellón, Ricardo-Vice o Economía". Igualmente se refiere a El Bigotes, su hombre en los tejemanejes de Valencia. "Álvaro se quiere situar. Con Víctor [se supone que Campos] está imponente"; "muchos actos"; "todo va de puta madre"; "implicar a Ricardo (que vea que esto es un poco suyo)", "Víctor lo tranquiliza con lo del Papa"; "Pedro [García] se preocupa todos los días; Habla con Víctor, con Juan [Cotino]"; "no ha hecho nada en Canal 9"; "viene un aluvión de actos, acciones etc"; "No quiere fallar en nada".

La misma agenda contiene anotaciones, anteriores a la visita del Papa, que ya entonces dan cuenta del "suministro de los equipos de sonido y pantallas" para el acto del Papa y señala contactos de Crespo con "Pedro", "Cotino" y "P. Boada". La policía sostiene que "Pedro" es el antes citado director de Canal 9; que "Cotino" es "Juan Gabriel Cotino Ferrer" y que "P. Boada" es Enrique Pérez Boada, "responsable en 2006 del Instituto Valenciano de Finanzas y Comisionado del Patronato de la Fundación V Encuentro Mundial de Familias".

www.elpais.es 03.12.10

Isabel Jordán vio un apunte contable de los trajes de Camps

La empleada de Gürtel declara por exhorto en Madrid

Isabel Jordán, empleada de la trama Gürtel, vio un apunte de 30.000 euros en la contabilidad que le llamó la atención y preguntó al contable, Javier Nombela, a qué correspondía. El contable le respondió que se trataba de facturas de trajes de Francisco Camps y otros políticos valencianos. Jordán no vio la factura concreta, pero consideró que era como si la tuviera. La administradora de Easy Concept, una de las empresas de Francisco Correa (cabecilla de la trama de corrupción actualmente en prisión), declaró ayer en Madrid por exhorto como testigo en el caso que afecta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por supuesto cohecho y que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).

Según fuentes del caso, Jordán negó haber visto factura alguna del pago de los trajes por parte de la trama Gürtel, pero declaró haber visto el apunte contable de 30.000 euros que correspondería a esos pagos. En una grabación efectuada por José Luis Peñas, el concejal de Majadahonda que aportó las primeras denuncias y grabaciones del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción política destapada hasta ahora en España, Jordán habló de "una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps". Y añadió: "Yo tengo la factura y yo la he pagado". Preguntada por el fiscal sobre esta afirmación, respondió ayer que entiende que, teniendo el apunte contable, es como si tuviera la factura.

La declaración de Isabel Jordán fue breve. El TSJCV investiga a Camps, al ex vicepresidente Víctor Campos, al ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret por haber recibido supuestamente trajes regalados a través de Álvaro Pérez, gerente de la empresa Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción que recibió adjudicaciones millonarias de la Generalitat y organizó numerosos actos del PP.

www.elpais.es 02.12.10

Blasco insiste en acusar a Luna pese al varapalo judicial

Una cosa es el archivo y otra la absolución. Esta fue la diferencia que ayer estableció el portavoz del PP y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, Rafael Blasco, tras el varapalo del juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano a la querella presentada por él mismo y otros diputados populares contra el portavoz socialista, Ángel Luna. Blasco no quiso asumir que su querella se basara en "inexactitudes", como recoge el fallo, ni que el juez ha descartado todas las acusaciones de cohecho contra Luna. Y no lo hará hasta que esté "acabado el proceso". Por ello, se ratificó en que recurrirá el archivo y arremetió de nuevo contra Luna. Sólo aceptó que pedirá disculpas cuando el proceso "no esté vivo". "No es el momento procedimental porque el proceso está en marcha", insistió.

Luna acusó al PP de haber demostrado "un desprecio absoluto" por la coherencia de sus acciones, dado que los diputados populares evitaron especificar sus domicilios en las declaraciones de bienes amparándose en "razones de seguridad" y no han tenido empacho en dar "detalles, pelos y señales" de la ubicación de su vivienda en Alicante, de los planos y de sus datos catastrales. "Me gustaría que el señor Blasco o cualquiera de los firmantes de la querella justificaran por qué entienden que su seguridad es mucho más valiosa que la mía", señaló Luna, que aludió a que la diputada del PP Alicia de Miguel mostró en televisión una foto de la vivienda. A la pregunta de si espera una disculpa del PP, Luna respondió que, conociendo al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, lo único que espera es "otra querella en cualquier momento". Luna añadió que algunos amigos abogados le han recomendado que, cuando esté cerrado el procedimiento, presente una querella contra el PP por denuncia falsa. "No lo voy a hacer", concluyó.

Solidaridad

Luna recibió la solidaridad de la portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, que declaró: "No vale todo. No vale utilizar procedimientos judiciales para debilitar políticamente al adversario".

La Junta de Portavoces de las Cortes, por otra parte, con los votos del PP y Compromís y la oposición de los socialistas, insistió en invitar a la ministra de Sanidad, Leire Pajín, a comparecer en la ronda de senadores territoriales, pese a la carta del ministro de Presidencia, Ramón Jáuregui, en la que explicaba que la Constitución impide que un miembro del Gobierno se someta a control fuera del Congreso o el Senado.

www.elpais.es 01.12.10

El juez archiva la querella del PP contra Ángel Luna

El TSJ de Valencia refuta los hechos denunciados y asegura que, en cualquier caso, los delitos estarían prescritos

El Tribunal Superior de Justicia de Valencia ha archivado la querella que interpuso el Partido Popular contra el portavoz del PSPV en Las Cortes valencianas, Ángel Luna. El magistrado instructor, Juan Climent, asegura en un auto fechado hoy mismo que la prescripción de los delitos denunciados por el PP impide cualquier investigación al respecto, por lo que archiva las diligencias previas. El juez sigue así el criterio de la Fiscalía.

El PP denunció a Luna por un presunto delito de cohecho por unas obras que realizó en 1997 en su casa el constructor Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal que afecta al PP de Alicante, cuando el hoy portavoz socialista no ocupaba ningún cargo público. El propio Luna confirmó que pidió al empresario que le buscara gente para una obra en su domicilio.

En la misma querella, el PP acusaba a Luna de prevaricación por presuntas irregularidades en los procesos de licitación pública durante su etapa como alcalde, pero el TSJ rechazó esta acusación por entender que del relato de los hechos no se desprende indicio alguno de ese delito.

En cualquier caso, el juez asegura en su auto que el PP ha cometido varias imprecisiones en su querella. Por ejemplo, se aseguraba que Ángel Luna fue contratado por Ortiz nada más abandonar la alcaldía de Alicante en 1995 "lo que resulta inexacto, según se desprende de la hoja de vida laboral aportada por el querellado", sino "mucho tiempo después en 1999", asegura el escrito del magistrado.

Otra de las inexactitudes de la querella que refleja el juez respecto de las presuntas dádivas es atribuir a Luna la propiedad del piso cuando entre noviembre de 1997 y febrero de 1998, fechas en las que se desarrollan las obras, el inmueble pertenecía a quien es hoy su esposa, aunque no lo era entonces.

Por último, el juez niega que Ortiz regalara a Luna un coche, tal y como recoge la querella. El portavoz socialista, según el auto, aportó al tribunal "factura de adquisición del dicho vehículo de fecha 30 de junio de 2002, expedida por la empresa 'Enrique Ortiz e Hijos', por importe de 5.181,14 euros, que con el IVA totaliza la cantidad de 6.010,12 euros".

Solo después de hacer estas apreciaciones sobre los motivos de la querella presentada por el PP, el magistrado dice que, aun cuando estos se hubieran producido ("lo que indiciariamente, a tenor de lo dicho y en especial de la secuencia temporal de los hechos en que se concretan, no parece ocurrir", asegura), los delitos denunciados habrían prescrito.

El PP recurrirá

Como era previsible, el grupo popular en las Cortes Valencianas, con el portavoz y consejero Rafael Blasco a la cabeza, recurrirá el archivo de la querella. En un comunicado, el PP lamenta que el TSJ haya desestimado la querella al considerar que ha prescrito el supuesto delito de cohecho del que acusaba el grupo parlamentario a Luna. Para los populares, es "sorprendente, por inusual, la prisa que se han dado" en solicitar el archivo de la querella tanto el fiscal superior de la Comunidad Valenciana, Ricard Cabedo, como el magistrado instructor.

El PP se queja también de que "no han pedido a la acusación su opinión sobre la eventual prescripción" y que su partido "ni siquiera" conoce el escrito del fiscal en el que solicitaba el archivo.

Los socialistas, mientras, no han ocultado su satisfacción por la decisión del tribunal. El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, ha hecho "responsable político" de la querella contra Luna al presidente del PP, Mariano Rajoy, por "asentimiento", y al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por "acción". Alarte, que ha comparecido junto a Ángel Luna, ha destacado que, en su opinión, el auto de archivo llama sesen relación al archivo de la querella "mentirosos" a los 'populares" porque señala la "inexactitud" de las acusaciones. Por ello, considera que "alguien tiene que asumir que se haya perseguido" a Luna.

Por su parte, el portavoz socialista en las Cortes valencianas se ha mostrado "satisfecho" porque, a su juicio, el auto es "concluyente" y "desmonta" la versión de la querella al considerar que los hechos que se le imputaban "no pueden ser constitutivos de delito". "Han intentado callar una de las voces del socialismo y han fracasado", ha apostillado Luna, que tiene pendiente otra querella del PP por supuesta revelación de secretos porque mostró un informe del caso Gürtel en el Parlamento.

www.elplural.com 20.11.10

De España dice que el cohecho que se imputa a Camps es "agradecimiento"

El ex presidente de las Cortes Valencianas y senador territorial Julio de España, del PP, comparó ayer en la Cámara autonómica al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, con uno de aquellos añejos guardias urbanos que regulaban el tráfico rodeados de regalos depositados por anónimos ciudadanos en las fechas navideñas. De España, que intervino en las comparecencias de senadores territoriales, trató de matar de aburrimiento a los diputados explicando sus mociones a favor de la industria del juguete y del helado artesano, así como todas y cada una de las 123 preguntas por escrito que ha formulado en el Senado.

El presidente de la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones, el también popular Rafael Maluenda, le sugirió, cuando llevaba casi una hora de intervención, que "esquematizara". De España abrevió, lo que permitió que los diputados de la oposición Mònica Oltra, de Compromís, y Manuel Mata, del PSPV-PSOE, le apuraran con algunas reflexiones y preguntas sobre los obstáculos que el PP pone al control del Consell y sobre los casos de corrupción. En su primera réplica, De España se puso paternalista, habló de la escasa autocrítica de los políticos, lamentó que a menudo estén más preocupados por "destruir al adversario" y criticó que se "judicialice" la política.

En el segundo turno, sin embargo, Oltra le recriminó que dos fallos del Tribunal Constitucional han establecido que vulneró los derechos fundamentales de la oposición cuando era presidente de las Cortes. Y Mata le señaló que, cuando no se asumen responsabilidades políticas, como ocurre con Camps y los dirigentes del PP implicados en casos de corrupción, son los jueces, los fiscales y la policía los que acaban interviniendo.

De España, visiblemente irritado, entró al trapo y denunció el "acoso constante y desmedido" a Camps, imputado por recibir trajes regalados por la trama de corrupción del caso Gürtel. "Hay una cosa que se llama agradecimiento", dijo De España, "y el agradecimiento ha creado una tradición". El senador añadió que cada vez que entra en casa de personas que han ocupado cargos iunstitucionales comprueba que "no hay jamones porque se los habrán comido, pero botellas de vino aún quedan". Fue ese el momento en que Julio de España comparó a Camps con un urbano.

www.elpais.es 27.11.10

La Agencia Tributaria constata que la trama Gürtel pagó trajes a Camps

Los peritos mantienen dudas sobre la veracidad de algunos documentos

"Consta el recibo de pago número 288, de fecha 4 de julio de 2007 en el que se documenta el pago de los recibos 266 y 308. En dicho documento aparece el nombre de Camps. Consta el pago mediante cheque por importe de 2.880 euros" (...) "Existe constancia documental de la confección por parte de Sastgor para Forever Young de dos recibos de venta, que incluyen únicamente 4 trajes a 720 euros cada uno, en los que aparece el nombre Camps nuevo cliente, por importe de 2.880 euros" (...) "Se puede concluir razonablemente que los recibos de venta 266 y 308 han sido pagados, conjuntamente con el pago número 289 de fecha 4/07/07 por importe de 6.617 euros en el que aparece el nombre de Pérez Álvaro, mediante la transferencia de la entidad Diseño Asimétrico".

El informe de los peritos de la Agencia Tributaria, elaborado por encargo de José Flors, juez instructor del Tribunal Superior de Justicia valenciano, establece con claridad el nexo entre el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, Álvaro Pérez, El Bigotes, y la empresa Diseño Asimétrico que formaba parte de la trama orquestada por Francisco Correa en el caso Gürtel. Y sin embargo, esos mismos peritos introducen elementos de duda sobre quién, cómo y cuándo se habría hecho cargo del pago de esas facturas. Y ello por dos razones. Una: el precio atribuido a los trajes en un documento es de 720 y en otro de 950. Dos: los peritos "albergan dudas razonables acerca de la veracidad de dichos documentos".

En cambio, no albergan ninguna duda sobre un hecho: frente a lo que manifestara en su día Camps no existe constancia alguna de que él ni el resto de imputados realizaran pagos en efectivo ni a Milano, ni a Forever Young, ni que utilizaran ninguna de las empresas de la trama como intermediarias para pagar los trajes que adquirieron en las tiendas.

El análisis de la documentación incluida en la causa analiza el pago de las prendas en tres años: 2006, 2007 y 2008. En el primero de ellos estudia dos fases. En la primera, detalla el pago de unas prendas a principios de 2006. El informe establece la existencia de dos tiques: uno por importe de 1.400 euros y otro de 3.300 euros. Aparecen referenciados como "Camps o Campos" y como "Comunidad Valenciana". El primero se paga por un cheque. El segundo, en efectivo. Los pagos los hizo Orange Market, al frente de la cual estaba Álvaro Pérez. La segunda fase se corresponde con los pagos efectuados por Diseño Asimétrico que encabeza el principio de esta información.

Respecto de posibles encargos en la primavera de 2007 y en la primavera y verano de 2008, Hacienda afirma que "no hay justificación documental que permita pronunciarse a estos peritos". Incluso llega a decir que "se advierten errores" en la identificación de documentación. Por eso los peritos no son concluyentes. Su labor ha sido analizar la documentación, sin ponerla en contradicción con las declaraciones realizadas por imputados y testigos en sede judicial.

Fuentes jurídicas consultadas por este periódico analizaron de forma contradictoria el escrito de la Agencia Tributaria. Para unos se trata de un informe que favorece en su totalidad la posición de Camps, mientras otras sostenían todo lo contrario.

www.elpais,es 13.11.10

Regalos de lujo para la familia del presidente y sus altos cargos

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, dispone desde el pasado miércoles de un nuevo informe de la unidad policial contra la delincuencia económica (UDEF) que certifica que la trama corrupta compró regalos de lujo para agasajar a la familia del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y a sus altos cargos. "Las anotaciones efectuadas [por la trama Gürtel en sus archivos informáticos] reflejan datos reales", asegura el informe policial, que ha relacionado los apuntes informáticos con los extractos bancarios y las facturas de las tiendas.

A continuación se detallan los regalos que, según el informe, Orange Market compró y remitió a políticos del PP y a sus familiares en las Navidades de 2005, tras implantarse en la Comunidad Valenciana.

- Francisco Camps. La esposa del presidente valenciano, Isabel Bas, recibió un bolso Senda 4 de la firma Loewe, valorado en 750 euros, cuyo importe fue abonado por Orange Market mediante factura del 15 de diciembre de 2005. La compra se hizo en Madrid y se abonó con cheque bancario. En idéntica fecha, la sociedad que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, abonó a Sony-e Solutions Europe, por transferencia, dos pagos por importe de 1.809,48 euros y 249,34 euros, "que reflejan el pago de la compra" de un perro robot y su correspondiente maleta de transporte "con destino a los hijos de Francisco Camps".

- Víctor Campos. La esposa del entonces vicepresidente de la Generalitat recibió un bolso de la marca Louis Vuitton, valorado en 780 euros, abonado por la trama mediante factura del 11 de enero de 2006.

- Ricardo Costa. La mano derecha de Camps en el PP recibió de la empresa de Álvaro Pérez una maleta con ruedas y bolsillo de la firma Loewe valorada en 1.130 euros y comprada en el mismo establecimiento que el bolso de Isabel Bas.

- Milagrosa Martínez. La entonces consejera de Turismo, que concedió el primer gran contrato a Orange Market -para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur-, recibió en las citadas Navidades un reloj Hublot de 2.400 euros, del que deja constancia la facturación de la joyería Suárez.

El informe constata la compra de 10 pares de gemelos de la firma Loewe para otros tantos cargos del PP. La policía admite que "no se ha podido concretar la realidad" de otros regalos de lujo adquiridos en otros comercios por falta de facturas.

www.elpais,es 13.11.10

El Gobierno valenciano considera que el informe es exculpatorio

La portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, expresó ayer "la absoluta y plena satisfacción" del presidente de la Generalitat y todo su Gabinete por un informe pericial que consideran exculpatorio.

"Lo único que se deduce de la lectura y de lo que se habla en el informe es de recibos falsos, de facturas falsas que no se corresponden con la realidad, de la imposibilidad de determinar qué personas pagaron en efectivo", argumentó la consejera portavoz. Sánchez de León insistió: "Camps siempre ha dicho la verdad [que pagó sus trajes]". Y luego añadió: "Poco a poco se ha dado un paso más hacia la única verdad y el tiempo y los hechos nos están dando la razón". "Si dos peritos profesionales no son capaces de constatar unos hechos que son los que se pretendía constatar, dudo que los demás podamos constatarlos a la vista de este informe", remachó. Para la portavoz, este informe pericial de la Agencia Tributaria es distinto de los otros que apuntan a que el PP valenciano se financió irregularmente a través de Gürtel. La razón está en que "es el primer informe independiente hecho a instancias del juez", según la consejera. Según Sánchez de León, este informe ha quedado "al margen de las instrucciones" dadas desde otras "instancias políticas" y las partes lo han conocido antes que los medios de comunicación.

www.elpais,es 13.11.10

La Agencia Tributaria confirma el pago de trajes de la red Gürtel a Francisco Camps

El informe remitido al juez sostiene que no hay pruebas de que los imputados se pagaran la ropa.-El Consell insiste en que el jefe del gobierno valenciano "siempre ha dicho la verdad"

Un informe pericial de la Agencia Tributaria, que ha analizado toda la documentación del sumario del caso Gürtel en lo referido al supuesto cohecho impropio cometido por Francisco Camps, señala que los recibos correspondientes a los trajes vendidos por la tienda Forever Young fueron pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, a través de trasferencias bancarias de cuentas correspondiente a varias empresas de la trama corrupta. "Se puede concluir razonablemente han sido pagados mediante la trasferencia de la entidad Diseño Asimétrico por 9.497 euros".

Esta circunstancia confirma todas las pruebas recabadas sobre el supuesto cohecho impropio en el que incurrió el presidente valenciano al aceptar regalos en forma de trajes de las empresas de Francisco Correa, a las que el Gobierno valenciano adjudicó de forma directa decenas de contratos. Tras constatar este extremo, el informe de la Agencia Tributaria concluye en su último punto: "Por lo que respecta a los posibles pagos en efectivo satisfechos por los imputados a las entidades Orange Market, Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, no hay constancia de ingresos en efectivo en las cuentas de tesorería de las mismas que permita identificar a las personas imputadas".

Tanto Camps, que asegura que se pagó los trajes con dinero en efectivo en las propias tiendas -de lo que no existe constancia ni documental ni testifical pues ningún empleado lo avala- como el ex secretario general del PP, Ricardo Costa, como el ex vicepresidente, Victor Campos, aseguraron que habían pagado los trajes en efectivo a Álvaro Pérez, responsable de Orange Market. La Agencia Tributaria no ha encontrado nada que lo justifique así.

"Existe constancia documental de la confección por parte de Sastgor para Forever Young de cinco trajes para un cliente llamado "Francisco Camps", así como de la emisión por parte de Forever Young de dos recibos de venta, que incluyen únicamente cuatro trajes a 720 euros cada uno, en los que aparece el nombre Camps nuevo cliente, por importe de 2.880 euros", según detalla el informe pedido por el magistrado instructor del caso de Camps en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, José Flors.

El informe analiza "la correlación entre los encargos de prendas de vestir, tiques, de caja pendientes de pago, tiques de venta, relaciones de pagos pendientes, hojas de confirmación de pedido, facturas e instrumentos utilizados para el pago de su importe". Los dos peritos dejan claro que no han llevado a cabo "un análisis y valoración de las manifestaciones realizadas en la causa". El informe recoge las relaciones entre Milano, Forever Young y Orange Market, empresa de la trama Gürtel en Valencia cuyo cabecilla era Álvaro Pérez, El Bigotes. Los peritos acreditan que con fecha 14 de noviembre de 2006 existen dos recibos de venta por importes de 2.160 euros y 720 euros. "En ambos consta la referencia Camps, nuevo cliente". Se trata, especifican los peritos, de cuatro trajes a medida. El auto del juez Flors de 6 de julio de 2009, en la imputación a Camps, señaló cinco trajes. El informe, respecto a ese quinto, asegura que "no existe documento".

Los peritos detallan todavía más. Hay hojas de pedido de sastrería, emitidas por Sastgor a Forever Young en las que consta "pedido del Sr. D. Sr. Camps". El nombre del presidente de la Generalitat aparece en las hojas de confirmación de esos pedidos. Más aún, con fecha 4 de julio de 2007 aparece un recibo de pago en el que aparece el nombre de Camps. Se pagó con un cheque de Diseño Asimétrico, empresa de la trama Gürtel. Por eso, los peritos señalan que existe constancia documental de la confección de los trajes a Camps y de que las facturas las emitió Forever Young.

Camps figura en otros documentos. Existe una relación a la atención de Pablo Crespo (hombre importante de la trama, a las órdenes del cabecilla Francisco Correa), en la que se atribuye una deuda por importe de 5.393,50 euros a Francisco Camps. Y, además, el informe da cuenta de la existencia de correos electrónicos remitidos por José Tomás (el que fuera director comerical de Milano y forever Young y asegurara ante el juez que hizo trajes para el presidente Camps y él no los pagó), a Pablo Crespo, y de éste a Álvaro Pérez. En ellos se detallan las compras de la Comunidad Valenciana. Entre ellas, las que fueron para Francisco Camps, aunque en la información aparece reflejado como "Francisco Cans". Fueron tres pares de zapatos y cinco trajes a 950 euros cada uno.

El informe deja claro que no hay en la causa documentación sobre supuestas compras en la primavera de 2007. Y pone en duda la que existe sobre la primavera o el verano de 2008 porque no encaja ninguna cifra con los supuestos pedidos.

"Camps siempre ha dicho la verdad"

A pesar de la rotundidad de las conclusiones de los peritos, el Consell hace una lectura del informe diametralmente opuesta. La consejera portavoz, Paula Sánchez de León, ha destacado tras el pleno del Consell, su "plena satisfacción" por el informe, porque a su juicio "se ha comprobado que Camps siempre ha dicho la verdad". Sánchez de León ha argumentado que este sería el primer informe "independiente" porque lo ha encargado el juez instructor, y ha cuestionado de nuevo las investigaciones policiales y de la Fiscalía Anticorrupción. Del informe se desprende "con una lectura serena", según Sánchez de León, que hasta ahora se ha producido una sucesión de "falsedades y manipulaciones" que ahora "poco a poco se van desmontando". "La prudencia y la serenidad nos han ido dando la razón", ha añadido Sánchez de León antes de insistir de nuevo, a preguntas de los periodistas: "Lo único que se deduce del informe es lo que he venido diciendo, que todo esto era falso".

Los apuntes sobre regalos a Camps reflejan "datos reales", según la Policía

La Policía ha concluido que los apuntes encontrados en las oficinas de la empresa Orange Market -la filial valenciana de la trama Gürtel-, en los que se detallan los regalos recibidos por algunos altos cargos, entre otros el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, reflejan "datos reales". Así lo destaca la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en un informe fechado el 10 de noviembre que ha remitido al juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira.

Tras comparar los apuntes de uno de los archivos del disco duro hallado en Orange Market, llamado "Costes de Navidad.xls", con las facturas facilitadas por diversos establecimientos de lujo y extractos bancarios, la UDEF concluye que la contabilidad de la empresa reflejan "datos reales".

El informe detalla las compras facturadas a nombre de los tres principales cabecillas de la trama -Francisco Correa, Pablo Crespo y Alvaro Pérez-, y de varias empresas de la organización, en firmas como Louis Vuitton, Loewe o la Joyería Iborra de Valencia, en las que pagaban en efectivo en la mayoría de las ocasiones. La Policía remite al juez todas las facturas aportadas por dichas sociedades, donde la red dirigida por Correa adquirió entre 2003 y 2009 la mayoría de los objetos que presuntamente regaló a personalidades y cargos públicos.

Los hijos de Francisco Camps aparecen en la contabilidad de Orange Market como destinatarios de un robot "Aibo" y su maleta de transporte, adquiridos en Sony-E Solutions. El precio no se detalla, pero en la contabilidad de Orange Market figuran dos transferencias bancarias a la empresa en diciembre de 2005 por 1.809 y 249 euros, que coinciden con el coste de ese juguete. Otra de las facturas de Loewe a nombre de Orange Market se corresponde con uno de los apuntes del archivo en el que se identifica una maleta de 1.130 euros como regalo para Ricardo Costa, ex secretario general del PP en Valencia y diputado autonómico.

Otro regalos detallados son un bolso de Loewe de 750 euros para Isabel Bas, la esposa de Camps, y diez pares de gemelos de 100 euros cada uno que, según el informe policial, Orange Market regaló a diversas personas relacionadas con organismos públicos de Valencia. La ex consejera de Turismo y presidenta de las Cortes Valencianas, Milagrosa Martínez, aparece como destinataria de un reloj adquirido en la Joyería Suárez por 2.400 euros por parte de la trama Gürtel.

El informe amplía con la documentación facilitada por las empresas el que ya remitió la UDEF a Pedreira en julio de 2009 sobre los documentos encontrados en el registro de Orange Market.

www.elpais.es 12.11.10

FLORS RECHAZA COMO PRUEBA LAS ESCUCHAS FAVORABLES A CAMPS EN LA CAUSA DE LOS TRAJES  

La defensa del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la causa de los trajes que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se ha encontrado con el no del juez instructor José Flors a su petición de que las grabaciones que favorecen al jefe del Consell sean aceptadas como prueba en el procedimiento. Según ha podido saber este diario de fuentes cercanas al caso, Flors ha decidido inadmitir estas conversaciones, de tal manera que en principio no serán tenidas en cuenta en el procedimiento que se sigue contra Camps y tres cargos más por un presunto delito de cohecho impropio por supuestamente haber aceptado regalos de empresas de la trama Gürtel.  

En concreto, Flors quiere dejar fuera de la causa las polémicas escuchas que el juez Baltasar Garzón ordenó realizar a los cabecillas de la trama y sus abogados en la cárcel de Soto Real. Entre las conversaciones intervenidas por la policía figuran varias en las que tanto el responsable de red corrupta, Francisco Correa, como su número dos, Pablo Crespo, se refieren al asunto de los trajes. En ellas, descartan que se hubieran pagado al presidente Camps las prendas encargadas a las tiendas de Forever Young y Milano.  

Aunque las escuchas en la cárcel fueron declaradas nulas en marzo de 2010 la defensa del presidente quería que su contenido, que cree clave para la exculpación de Camps, fuera tenido en cuenta. Tanto el Consell como el propio presidente se han quejado en numerosas ocasiones de la indefensión que, en su opinión, supuso el no contar con estas grabaciones cuando se abrió la causa de los trajes en marzo de 2009. Cabe recordar que las partes tuvieron conocimiento por primera vez de la existencia de las mismas en octubre de 2009 cuando el juez Antonio Pedreira levantó el secreto del sumario sobre el caso Gürtel. En ese momento, el TSJ valenciano ya había archivado el auto de Flors en el que se abría el procedimiento del jurado al entender que Camps no había demostrado que se pagó los trajes. Sin embargo, con la reapertura del caso por el Tribunal Supremo el pasado mes de mayo, la defensa del presidente ha insistido en que las escuchas deberían ser pruebas exculpatorias. 

Al retomar la instrucción Flors ya dejó entrever su oposición a admitir las conversaciones que secundan la versión del presidente sobre el pago de los trajes. De hecho, rechazó antes del verano que se interrogara a Pablo Crespo y a uno de sus interlocutores en la cárcel -el abogado Ignacio Peláez- sobre su conversación en prisión al entender que había que preservar "el carácter secreto" de la misma. Sólo permitió que se interrogara a Crespo sobre los trajes, aunque adelantó que consideraba su testimonio interesado. 

La controversia sobre las grabaciones en la cárcel no se acaba ahí. Pelaez (abogado del constructor José Luis Ulibarri), ha solicitado la declaración de Flors en el juicio contra Garzón por las escuchas en la cárcel. Pelaez quiere que el instructor valenciano aclare si entre la documentación que Garzón remitió en su inicio al TSJCV se incorporaron las conversaciones sobre los trajes de Camps. Pelaez acusa a Garzón de delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por las escuchas en el locutorio, pero también le reprocha no haber enviado la pieza separada referida a la intervención de las comunicaciones de abogados y presos al TSJCV cuando "se recogían datos que exculpan de forma clara al imputado principal del procedimiento", en referencia a Camps. Pelaez pone en cuestión la tesis del Fiscal, quien tal como reveló en su día Levante-EMV, achacó a Flors la decisión de no incluir las grabaciones a la causa cuando se abrió en marzo d 2009, lo que impidió que las partes conocieran su existencia. 

Pelaez se hace eco en su escrito de la nota de prensa que el TSJCV remitió en respuesta a la información publicada por este diario. Si el Tribunal Supremo admite la petición de la acusación particular, Flors deberá aclarar ante el alto tribunal si contó o no desde el inicio con toda la documentación relativa al caso. Pelaez también ha pedido que declare Pedreira y las fiscales del caso Gürtel.  

(www.levante-emv.com, 05/11/10)

 EL JUEZ DE LA RÚA QUIERE SEGUIR CON LOS CASOS DE CAMPS 

Juan Luis de la Rúa, presidente saliente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), quiere seguir con los casos que afectan al presidente Francisco Camps, que lo calificó de "más que amigo". Quiere formar parte de la Sala de lo Civil y Penal, la que lleva el caso de los trajes -en el que Camps está imputado por cohecho pasivo impropio- y el caso de la financiación irregular del PP y delito electoral de varios altos cargos de la Administración autonómica popular valenciana. No lo ha comunicado oficialmente, pero sí ha hecho saber que esa es su preferencia frente al destino de la Sala de lo Social, materia en la que es experto y lugar del que proviene. 

El CGPJ es quien debe remitir a la Sala de Gobierno del TSJCV que De la Rúa queda a su disposición. Lo hará una vez se produzca el cese (previsto para los últimos días de noviembre o los primeros de diciembre). Después es la Sala de Gobierno la que debe adscribirle. La sensibilidad de la sala está inclinada a que su destino sea la Sala de lo Social, entre otras cosas, por los antecedentes por los que ha pasado la causa de los trajes por la relación de confianza entre De la Rúa y Camps, públicamente reconocida por el presidente imputado. 

La situación de juez adscrito a la Sala de lo Civil y Penal provoca el rechazo de algunos miembros del Consejo del Poder Judicial. Existe un precedente en el que la comisión permanente indicó el destino de un magistrado en iguales circunstancias, la de Fernando Ruiz Piñeiro, ex presidente del Tribunal Superior del País Vasco. La Ley Orgánica del Poder Judicial dice que las Salas de lo Civil y Penal se componen de cinco miembros: dos de carrera y dos propuestos por los Parlamentos autónomos, además del presidente. No habla de un sexto miembro. 

(www.elpais.com, 05/11/10)

LA LUZ Y LA OSCURIDAD, SEGÚN EL IMPUTADO CAMPS 

En el diccionario de Francisco Camps, las palabras están al servicio de sus deseos. Se vio ayer con claridad en las Corts cuando el portavoz del PSPV, Ángel Luna, le preguntó por los contratos públicos con empresas de la Gürtel, que ascienden a 7,2 millones de euros.  

Una petición de transparencia a la que el president dio la vuelta. "Usted sí que sabe adjudicar de forma rara porque es hijo de la oscuridad administrativa", le contestó.  

Acto seguido, se dedicó a desarrollar su idea de lo oscuro y lo luminoso. "Nosotros estamos en la Comunidad Valenciana, que es un territorio de luz y de prosperidad, y usted está en la parte oscura". 

Luna subió a la tribuna con la luz "de las certificaciones, de las escrituras" que describen una presunta trama corrupta dedicada a succionar los fondos de la Generalitat para cooperación al desarrollo, departamento que dirige el también portavoz del PP, Rafael Blasco.  

"Esta [trama] es más chapuza que la Gürtel, en la que hicieron falta que salieran los jueces a descubrir qué había. En esta no ha hecho falta porque han sido los propios funcionarios los que nos han dado los papeles para que los llevemos al fiscal", explicó Luna, quien pidió el cese de Blasco, expulsado del PSPV por un presunto caso de corrupción en 1989 y rescatado por Camps como político de cabecera tras el seísmo de la Gürtel.  

Una metamorfosis que no pasó desapercibida. "Él [Blasco] sí que supo cruzar la raya entre lo oscuro y la luz que representa el Partido Popular", defendió Camps, imputado por cohecho. Pero el de Blasco no fue el único caso en el que el president mostró su fotofobia a dar respuestas.  

El portavoz de Compromís, Enric Morera, pregunto, sin éxito, por el jugoso pellizco que la Gürtel se llevó de la visita del Papa a Valencia. Según los informes policiales, 900.000 euros al bolsillo de Francisco Correa. "Se han dado cumplidas explicaciones. Todo era correcto", sentenció Camps.  

(www.publico.es, 22/10/10)

REESTRENO DE COSTA CON GÜRTEL AL FONDO 

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa se reestrenó ayer como portavoz de temas económicos en las Cortes Valencianas. Y lo hizo con el caso Gürtel como telón de fondo.

La intervención de Costa, rehabilitado tras casi un año de suspensión de militancia del PP, estuvo precedida por la difusión de un nuevo informe policial incorporado al sumario del caso Gürtel que indica que Costa disfrutó "del uso particular y privado, al menos temporal", de una motocicleta de lujo Bombardier Can Am Spyder pagada por Orange Market, la franquicia valenciana de la trama corrupta. Otra motocicleta igual estaba a disposición de Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market. 

Costa no quiso pronunciarse sobre este último informe policial en poder del juez Antonio Pedreira del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, aunque su entorno indicó que ya se pronunciará, si corresponde, ante el juez sobre lo que considera una falsedad. 

Con este ambiente previo, Costa saltó a la tribuna de la Cámara en la sesión vespertina para arropar al vicepresidente económico, Gerardo Camps, y su estrategia para reclamar mejor financiación autonómica. 

El parlamentario popular ejerció con profesionalidad y recurrió al estilo cañero contra Zapatero. En su reestreno, Costa eludió las chinitas lanzadas por la portavoz socialista de economía, Cristina Moreno, y fue breve y contundente. Lo que animó a la bancada popular a recompensarle con aplausos, aquellos que eran habituales antes de su defenestración como secretario general del Partido Popular. 

(www.elpais.com, 22/10/10)

UN INFORME POLICIAL CONCLUYE QUE LA RED GÜRTEL PRESTÓ VEHÍCULOS A RICARDO COSTA Y AL EX DIRECTOR DE CANAL 9 

La policía ha informado al juez de que uno de los cabecillas de la trama Gürtel, Álvaro Pérez, compró dos vehículos para que los usaran el ex director de Canal 9 Pedro García Gimeno y el ex número dos del Partido Popular valenciano Álvaro Costa, implicados en la causa por haber beneficiado presuntamente a la red corrupta desde sus cargos. 

La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal del Cuerpo Nacional de Policía Nacional remitió el pasado 11 de octubre un informe al juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira sobre operaciones de compra-venta de vehículos presuntamente llevadas a cabo por Pérez. Pedreira instruye la investigación sobre los supuestos lazos de esta red empresarial con altos cargos del Partido Popular y de las Administraciones regionales de Madrid y la Comunidad Valenciana. 

El Mini Cooper del director de Canal 9. Los investigadores concluyen que Isabel Jordán hizo uso de un Mini Cooper blanco entre septiembre y noviembre de 2007, contratado por la empresa de la que era administradora, Special Events (una de las principales compañías de la trama), en régimen de renting. Ese coche fue comprado a continuación por una sociedad intermediaria de la red, Imperauto, con sede en Valencia, que a su vez se lo entregó a Álvaro Pérez por 31.000 euros pagados en efectivo. 

Pérez nunca llegó a poner a su nombre el coche. Entre enero de 2008 y mayo de 2009 siguió matriculado a nombre de Imperauto. En un primer momento la empresa aseguró que el vehículo nunca había salido del concesionario, que pasó esos 16 meses expuesto para su venta al público. Luego, toda vez que existía un recibo de compra por parte de Pérez, su administrador explicó que éste había comprado el coche para regalárselo a su mujer; siguió a nombre del concesionario porque "no sabía a nombre de quién matricularlo". 

Meses después, según el relato de la empresa, el empresario les devolvió el coche para que lo vendieran, "lo que [se] hizo pasado un tiempo a un particular que vino acompañado del propio Álvaro Pérez". En mayo de 2009, tres meses después de haberse iniciado la operación judicial contra la trama corrupta, el coche fue matriculado a nombre de Francisco Xavier Senin Fernández, un gallego de 61 años que "casualmente" es padre de Adrian Senin Rico, empleado de Orange Maket (otra empresa clave de la red) e imputado en la causa. Se pagaron 16.200 euros mediante transferencia bancaria, que fueron a parar a los bolsillos de Pérez. Seis meses después, fue vendido de nuevo. 

Según la investigación policial, Pérez no compró el coche para dárselo a su mujer sino a Pedro García Gimeno, a la sazón director de la televisión pública valenciana (Canal 9) hasta agosto de 2009. Lo deduce del hecho de que García Gimeno fue multado en agosto de 2008 en Valencia por una infracción de tráfico cometida al volante de ese vehículo, del que era al parecer "su usuario real". 

Entre otros vehículos, Pérez tenía una motocicleta Bombardier Can Am Spyder de color amarillo matriculada en mayo de 2008. Orange Market compró por esas mismas fechas otro triciclo del mismo modelo. En los registros efectuados en las oficinas de la trama, los investigadores encontraron una póliza de seguro para esa motocicleta, a nombre de la empresa pero con un papelito post-it adherido en el que se podía leer, escrito a mano: "Seguro original entregado a Ricardo el 21-7-08". 

La policía deduce "a tenor de los documentos analizados" que se refiere a Ricardo Costa, ex secretario general del Partido Popular de Valencia y diputado autonómico de esa formación, que tuvo "el uso y disfrute particular y privado al menos temporal" del vehículo. 

(www.elpais.com, 21/10/10) 

EL BIGOTES PAGÓ DOS VEHÍCULOS QUE USARON COSTA Y PEDRO GARCÍA 

Un informe policial incorporado al sumario del "caso Gürtel" revela que Álvaro Pérez, "el Bigotes", pagó varios vehículos cuyos "usuarios finales" fueron el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex director de la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Pedro García Gimeno. 

El informe, fechado el pasado día 5 y al que ha tenido acceso Efe, señala que uno de esos vehículos -un Mini Cooper Cabrio- fue pagado en metálico por "el Bigotes" utilizando una empresa interpuesta, Imperauto S.L., "con la finalidad de que no se le pudiera relacionar directa o indirectamente con la propiedad de dicho vehículo y/o el usuario final del mismo". 

El coche había sido utilizado anteriormente por otra de las imputadas en la causa, Felisa Isabel Jordán, que a finales de 2007 lo vendió a Imperauto, "siendo Álvaro Pérez la persona que se desplaza a Madrid para la recogida del mismo". 

Cuando en febrero de 2009 se destapó el "caso Gürtel", Pérez se apresuró a vender el automóvil al padre de uno de los trabajadores de la empresa que dirigía, Orange Market, considerada la filial en Valencia de Special Events, propiedad de Francisco Correa, el supuesto máximo responsable de la trama de corrupción. 

Durante ese periodo, sin embargo, no fue "el Bigotes" quien hizo uso del vehículo, sino García Gimeno, según ha podido comprobar los investigadores gracias, entre otras cosas, a una multa que le impuso el 24 de agosto de 2008 la Policía Local de Valencia. 

"Por todo lo anteriormente expuesto se infiere que el destinatario final de la compra del vehículo anteriormente indicado se trata del llamado Pedro García Gimeno", dice el informe que recuerda que éste aparece relacionado con las irregularidades en los contratos adjudicados por la RTVV a empresas de la "trama Gürtel" con motivo de la visita del papa a Valencia en 2006. 

El nombre de García Gimeno también está vinculado "con el regalo de diversas prendas de vestir de los establecimientos Milano y Forever Young por parte de Álvaro Pérez a distintas personas con cargos de relevancia pública dentro de la Comunidad Valenciana". 

El informe relata también lo ocurrido con una motocicleta Bombardier Can Am Spyder, cuyo precio fue abonado "en su totalidad" mediante transferencias desde una cuenta bancaria de Orange Market. 

En esta ocasión, los investigadores sostienen que es el ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico Ricardo Costa "el destinatario del uso particular y privado, al menos temporal", del citado vehículo, con el que según varios medios de comunicación fue visto en el circuito de Cheste. 

El nexo entre Costa y el vehículo es la póliza del seguro que, según las investigaciones, fue entregada al primero el 21 de julio de 2008 y en la que consta como tomador del mismo Orange Market. 

La moto es "curiosamente del mismo modelo que otra de la que es usuario Álvaro Pérez, la de éste de color amarillo y la de Ricardo Costa de color blanco y negro", añade el informe que ya está en poder del instructor del "caso Gürtel" en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el magistrado Antonio Pedreira.  

(www.elpais.com, 21/10/10)

JARABA ACUSA A HACIENDA DE ACTUAR CON MALA FE EN EL 'CASO GÜRTEL' 

José López Jaraba, director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), excusó ayer la implicación del ente público en una gestión irregular en los contratos suscritos a propósito de la visita del Papa en 2006, algunos con empresas de la trama Gürtel, por "la mala fe" y "las falsedades" del perito que redactó el informe judicial. El informe que ya tiene desde el lunes el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), y en el que se deja claro que hubo contratos que no siguieron el proceso legalmente establecido porque carecieron de concurso y publicidad, que se fraccionaron para no hacer concurso, que se pagó en exceso por servicios de carácter ordinario, que se duplicaron servicios y que se adjudicó a empresas que no probaron su solvencia económica ni técnica. Según RTVV, el perito "presenta una estrecha vinculación con el ministerio de Presidencia". Pero Jaraba no incluye en ese comunicado explicaciones detalladas sobre la gestión de la visita del Papa. Sólo defiende la legalidad de lo hecho con la excusa de que solo hubo cuatro meses para realizar el trabajo, lo que obligó a actuar con urgencia. El propio informe ya explica que la urgencia fue utilizada para encubrir una masiva vulneración de las normas. 

Miguel Mazón, miembro del consejo de administración a propuesta del PSPV, solicitó ayer por escrito al presidente del órgano colegiado un pleno urgente en el que se requiera a Jaraba toda la documentación, se pida la dimisión de quienes estuvieron en las mesas de contratación y aún ocupan cargos en RTVV, se exijan responsabilidades penales y se inicie el proceso para recuperar las competencias en materia de contratación que tenía el consejo y le fueron sustraídas. 

Por otra parte, el portavoz de Compromís en las Cortes, Enric Morera, solicitó la comparecencia del Síndic de Comptes, Rafael Vicente Queralt, para que "ratifique o emita otro informe" sobre los contratos de RTVV con motivo de la visita del Papa. Morera criticó con dureza el informe de la Sindicatura que analizó aleatoriamente algunos de los contratos y no halló irregularidades denunciables. 

El portavoz de Compromís, además, aseguró que RTVV, al ceder gratuitamente la explotación de la señal de la retransmisión de la visita, que el Vaticano gestionó sin dar explicaciones, renunció a ingresar unos 12 millones de euros. Por eso, aseguró que el coste del viaje papal superó los 26 millones de euros para la televisión autonómica. 

(www.elpais.com, 14/10/10) 

CANAL 9 SE APUNTA A LA 'CONSPIRACIÓN' POR LA 'GÜRTEL' 

La Radiotelevisión Valenciana (RTVV), Canal 9, criticó ayer el informe de la Unidad de Auxilio Judicial que, enviado al juez Antonio Pedreira e incorporado al sumario Gürtel, ratifica la existencia de múltiples irregularidades en la contratación de empresas ligadas a la trama en la etapa de Pedro García como director.  

Según Canal 9, el informe sobre los contratos por la visita del Papa presenta "inexactitudes y falsedades". Las achaca a "la ignorancia técnica o a la mala fe" de su autor, un funcionario con "una estrecha vinculación al Ministerio de Presidencia", dice la cadena en una nota oficial. De los 14 millones en contratos para la cobertura de la visita que Benedicto XVI giró en 2006 a Valencia, 7,5 millones fueron para Teconsa, constructora que supuestamente pagó comisiones a cargos del PP y a la red corrupta a cambio de adjudicaciones.  

Mientras, Arturo Gianfranco Fasana, el gestor suizo imputado por desviar al extranjero fondos de la Gürtel, sostiene que actuó de manera impecable y de acuerdo con "las estrictas normas de prevención del blanqueo de capitales" que, dice, rigen en el país helvético. En un escrito fechado el día 7 y con el que busca que el juez Antonio Pedreira le levante la imputación, Fasana argumenta que fue él quien ordenó bloquear en Suiza las cuentas de sociedades ligadas a Francisco Correa y Pablo Crespo. Y que lo ordenó cuando supo que ambos habían sido detenidos.  

En su escrito exculpatorio, Fasana afirma que no avisó a los servicios antiblanqueo de su país porque los responsables del banco Crédit Suisse así se lo aconsejaron. 

(www.publico.es, 14/10/10)

LA DEFENSA DE CAMPS NO VALE PARA RTVV 

Los argumentos exculpatorios que la Abogacía de la Generalitat remitió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para defender la legalidad de los contratos formalizados con las empresas de la trama del caso Gürtel no valen para Ràdio Televisió Valenciana (RTVV). 

Al revés. Los peritos de la Agencia Tributaria que auxilian al juez Antonio Pedreira -y que han analizado los contratos de Canal 9 y Ràdio 9 con motivo de la visita del Papa a Valencia- mencionan varias veces el argumentario de la Abogacía de la Generalitat para concluir que RTVV vulneró la ley. Las ilegalidades se produjeron en la adjudicación de contratos por valor de 14,7 millones de euros y sirvieron para beneficiar a la trama de empresas que dirigía Francisco Correa, que obtuvo un millón de euros en comisiones. 

"De acuerdo con la normativa de contratación pública y con lo indicado por la propia Abogacía de la Generalitat, al superar el suministro el límite de 238.960 euros, IVA incluido, el procedimiento de contratación debería haber sido abierto y la forma de adjudicación mediante concurso", relata el informe. Y, a continuación, los peritos añaden que en un buen número de los contratos analizados "se ha fraccionado indebidamente el objeto del suministro y se han utilizado los procedimientos de contratación y licitación necesarios para que ninguno de ellos fuera superior al límite señalado por la propia Abogacía de la Generalitat, con el fin de vulnerar el cumplimiento de las normas sobre capacidad de las empresas, publicidad y procedimientos de licitación". 

El análisis pericial de las contrataciones realizadas por RTVV, con Pedro García como director general del ente, refuerza los indicios iniciales sobre las graves irregularidades cometidas con motivo de la visita del Papa a Valencia. 

El pasado mes de mayo la Abogacía de la Generalitat remitió, sin que nadie lo solicitase, un informe al TSJ de Madrid para rebatir los informes periciales que cuestionaban la legalidad de los contratos del Gobierno de Francisco Camps con las empresas de la trama corrupta, y en especial con Orange Market. El informe de la Generalitat, además de exonerar a Camps de cualquier responsabilidad por las contrataciones, admitía cierta falta de rigor en "la observancia de los trámites reglados" para contratar, pero negaba que hubiese ilegalidades porque buena parte de la legislación "no les era de aplicación por razón de la cuantía". 

En su informe, la Abogacía de la Generalitat obviaba referirse a los contratos de RTVV, que el Consell y el PP siempre han defendido que eran legales porque Canal 9 y Ràdio 9 habían sido auditadas por la Sindicatura de Comptes.El informe de los peritos de la Agencia Tributaria narra un cúmulo de irregularidades en las contrataciones analizadas realizadas por Ràdio Televisió Valenciana por importe de 14,7 millones de euros (casi 2.500 millones de las antiguas pesetas). Falta documentación administrativa "básica en cualquier expediente", se fraccionan los contratos para vulnerar los procedimientos de contratación y se declaran contrataciones de urgencia para vulnerar los principios de publicidad y concurrencia y por falta de planificación, indica el informe judicial. 

En el mismo análisis de la Agencia Tributaria se destaca la existencia de un buen número de contratos tramitados con "precio libre". Es decir, que carecían de un precio de licitación previo, lo que permitió a RTVV fijar un pliego de prescripciones técnicas con la cantidad y calidad de los suministros que necesitaba y fijar precios unitarios. 

El cúmulo de irregularidades no termina aquí. Teconsa, la empresa pantalla de la trama Gürtel que se quedó con el jugoso contrato de sonorización e instalación de las pantallas de vídeo, subcontrató con otra empresa (Apogee Telecomunicaciones) la práctica totalidad del contrato obtenido de Ràdio Televisió Valenciana. Apogee, además de cobrar de Teconsa, se llevó casi 100.000 euros de RTVV por poner el servicio de seguridad que se encargaba de la vigilancia de las pantallas y el material de sonido. 

Entre los contratos analizados por los peritos figura otro de RTVV por importe de 55.870 euros con la empresa de seguridad Segur Ibérica, que presta normalmente este servicio en Canal 9 y Ràdio 9, con motivo de la visita del Papa. La paradoja es que la propia dirección de gestión de RTVV emitió solo cinco días antes un informe en el que indicaba que Segur Ibérica "no puede cumplir el servicio extraordinario", que justifica la contratación urgente de un servicio de seguridad por importe de 122.000 euros a Eulen, sin solicitar ninguna oferta adicional. "La actuación [de los gestores de RTVV] ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva", concluyen los peritos. 

Tras conocerse la existencia de este informe pericial sobre las irregularidades en las contrataciones de RTVV, la oposición en pleno reclamó la convocatoria de una reunión extraordinaria del consejo de administración del ente y una reunión de la comisión de control de la radiotelevisión valenciana. 

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, afirmó: "Queremos verlo todo, absolutamente todo. Hasta el último de los contratos de Pedro García como director general". Alarte reclamó "explicaciones claras" al sucesor de Pedro García al frente del ente, José López Jaraba. El dirigente socialista acusó al presidente de la Generalitat de convertir Canal 9 en su No Do privado y en "un lugar de negocio para los corruptos de Gürtel". 

La coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, anunció ayer que reclamará la comparecencia del ex director general de RTVV Pedro García en las Cortes para que explique "toda la verdad que ha estado ocultando". Sanz recordó que, hasta ahora, toda la información se ha conocido a partir "del alzamiento del secreto del caso Gürtel". 

El portavoz de Compromís, Enric Morera, reclamó también la comparecencia urgente del síndico mayor de la Sindicatura de Comptes para que explique cómo controló su institución el dinero de los valencianos en Canal 9 y se pronuncie sobre el informe pericial. 

Por parte del Consell, el consejero de Gobernación, Serafín Castellano, se limitó a echar balones fuera al ser preguntado por las irregularidades. 

(www.elpais.com, 13/10/10)

LA INSPECCIÓN DETECTA IRREGULARIDADES MASIVAS EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA

Es una de las derivadas del caso Gürtel que más escándalo causó en el PP, sobre todo en los dirigentes más vinculados a posiciones cercanas a la Conferencia Episcopal, pero judicialmente aún no ha avanzado. Se trata de la visita que realizó el Papa a Valencia el 8 y 9 de julio de 2006. La investigación ha detectado que Francisco Correa se llevó en comisiones presuntamente corruptas al menos un millón de euros de esa visita, en concepto de su mediación frente al Gobierno valenciano para una constructora con la que él estaba relacionado, Teconsa, se llevara el principal contrato de esa visita, 7,5 millones de euros para para colocar las pantallas de vídeo, sonido y megafonía para la visita que le adjudicó Canal 9, presidida por Pedro García, hombre de confianza de Francisco Camps y amigo íntimo de Álvaro Pérez, El Bigotes, el hombre de Correa en Valencia.

El juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel, ha pedido a la inspección general del Estado que analice los contratos de esa visita. Y el informe resultante firmado por el inspector Juan Carlos Gómez Condado el pasado 7 de octubre, es demoledor. En la documentación entregada por Canal 9 se han detectado irregularidades masivas en los diferentes contratos. De hecho Pedro García abandonó Canal 9, oficialmente por motivos personales -Camps no reconoce siquiera la existencia del caso Gürtel- poco después de que Pedreira reclamara estos contratos, en agosto de 2009.

La visita del Papa, en solo dos días y en lo que se refiere a los contratos que dependían de Canal 9, supuso un gasto de 14,7 millones de euros en diferentes conceptos, todos ellos relacionados con la cobertura del evento para la televisión pública valenciana, una de las más endeudadas.

De esos 14,7 millones, un millón se fue en contratos pequeños y claramente troceados de manera irregular, según el informe, y los otros 13 millones se fraccionaron en 11 contratos de los que el más importante es precisamente el que se llevó Teconsa, una constructora que no tenía experiencia en sonorización y que subcontrató con otras empresas ese pelotazo millonario.

Según los documentos encontrados a Francisco Correa, la red Gürtel gestionó directamente este contrato. El informe es claro: "En resumen si comparamos la oferta más baja para el vídeo y para el sonido, que ascienden a 3,5 millones de euros, con la oferta conjunta de Teconsa, que es de 6,5 millones [al final fueron 7,5], la diferencia es de 3 millones de euros, que con el IVA asciende a 3,4 millones". Esto es, la oferta de Teconsa, además de las dudas técnicas, era con mucho la más cara, pero se llevó el contrato.

"Queda acreditado que en al menos dos expedientes, se adjudica el servicio a empresas en las que existen grandes dudas sobre la posibilidad de acreditar la necesaria solvencia técnica y profesional para contratar", señala el informe. Uno de ellos es el de Teconsa. También reprocha que esta empresa subcontratara prácticamente la totalidad del trabajo, cuando el límite legal es del 50%. Según la investigación, lo subcontrató todo por 3,5 millones, el resto fue ganancia para Teconsa, que repartió un millón con Correa.

Una de las irregularidades más evidentes es la de la innecesaria declaración de urgencia. "De los 11 expedientes analizados, 10 se tramitan por el procedimiento de urgencia. En ninguno la declaración de urgencia está debidamente motivada. RTVV conocía al menos desde febrero de 2006 que tenía en exclusiva la producción y distribución de la señal institucional", señala el texto.

Para demostrar el descontrol absoluto de los contratos, el informe detalla seis, por un total de 487.000 euros, comprueba que ninguno se ajusta a la normativa y concluye: "Se ha fraccionado indebidamente el objeto del suministro y se han utilizado los procedimientos para que ninguno de ellos fuera superior al límite fijado por la propia abogacía de la Generalitat".

La conclusión es demoledora: "En general la actuación desarrollada por el órgano gestor ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad".

(www.elpais.com, 12/10/10)

CANAL 9 CONTRATÓ A LA 'GÜRTEL' DE FORMA IRREGULAR

La Radiotelevisión Valenciana (RTVV) adjudicó todos los suministros y servicios necesarios para cubrir la visita que el Papa Benedicto XVI realizó a Valencia, en julio de 2006, "de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad". El coste total del acto ascendió a 14.713.924 euros, repartidos en 239 contratos menores, 187 de personal por obra o servicio y 11 expedientes de contratación.

La Unidad de Auxilio Judicial ha examinado la documentación remitida por el ente público valenciano en relación con la visita del pontífice para ampliar el informe policial de 23 de julio de 2009, del que ya disponía el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, y que ya dejaba constancia de distintas irregularidades.

Lejos de disiparlas, el nuevo informe recibido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) denuncia que la forma en la que RTVV contrató supuso "una menor eficiencia y economía en la gestión de los fondos públicos". No concretaba los parámetros económicos y técnicos necesarios, no disponía de un precio de licitación, ni de ofertas homogéneas y, por falta de planificación, recurría al procedimiento de urgencia, para lo que negociaba con un único proveedor.

Pese a que la Unidad de Auxilio Judicial ha revisado los contratos en el marco de la instrucción del caso Gürtel y que el ex director general de RTVV Pedro García Gimeno aparece entre las personas que presuntamente recibieron trajes de la trama corrupta, las empresas de Francisco Correa tienen mucho menos protagonismo que otras entidades. Así sólo se precisa que Pasadena Viajes percibió 65.996 euros y Orange Market, 2.526, como proveedor, y 32.281, como cliente, ya que actuó como agencia de publicidad de la Diputación de Castellón, que preside Carlos Fabra.

La que sí aparece varias veces es Teconsa, que fue la única que ofertó al ente el suministro conjunto de vídeo y sonido una oferta un 192% más alta que la más baja presentada. Esta empresa cobró 7.493.600 euros por sus servicios. Además, subrogó el trabajo, pese a que su contrato con la Televisión Autonómica Valenciana lo prohibía.

El informe concluye que hubo 231 facturas emitidas por 97 proveedores diferentes, por un importe total de 1.431.452 euros, que se corresponden a contratos menores, adjudicados directamente a un proveedor y abonados tras la prestación de la factura correspondiente.

Con 18 de ellos se contrataron proyectos (por un valor total de 1.019.198 euros) que superaron los 12.020 euros, a partir de los que hay que convocar concurso. La Ley de Contratos de la Administración Pública se eludió mediante el fraccionamiento de los contratos, pagados con facturas sucesivas.

(www.publico.es, 12/10/10)

LA TELEVISIÓN DE CAMPS PAGÓ A LA 'TRAMA GÜRTEL' PARA LA VISITA DEL PAPA 

Un informe encargado por el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, observa irregularidades en los contratos adjudicados por la televisión pública valenciana durante la visita del Papa a Valencia en 2006.  

Según este documento, Radiotelevisión Valenciana (RTVV), que engloba a la Televisión Autonómica Valenciana (TAV) y a la Radio Autonómica Valenciana (RAV), habría incumplido "los principios de publicidad y concurrencia" en la adjudicación de contratos, que ascendieron a un total de 14.713.924,75 euros. 

El informe también analiza las operaciones de la TAV con las empresas de la trama Gürtel y refleja dos facturas por gastos de desplazamiento y alojamiento a favor de Pasadena Viajes que ascienden a un total de 65.996,64 euros y una de 2.526,48 euros pagada a Orange Market por el alquiler y montaje de "125 mesas vestidas con tela azul" para dos "call center". 

Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, considerado el delegado en Valencia del supuesto responsable de la trama Gürtel, Francisco Correa, aparece en la contabilidad de la televisión no sólo como proveedor, sino como cliente, ya que operó como agencia de publicidad de la Diputación de Castellón, presidida por Carlos Fabra (PP) y contrató un campaña por 32.281 euros. 

El informe ha sido elaborado por la Unidad de Auxilio Judicial, que ha examinado la documentación y los justificantes "de gastos referidos a la contratación celebrada" por RTVV con motivo de la visita papal. 

La conclusión es que "la actuación desarrollada por el órgano gestor (RTVV) ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad". 

Benedicto XVI visitó Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006 con ocasión del V Encuentro Mundial de las Familias, del que RTVV tenía asignada "la cobertura internacional audiovisual, tanto técnica como operativa, de los actos", según el convenio firmado por la Fundación organizadora con el director general del ente, Pedro García Gimeno. 

El coste de los actos fue de 14.713.924,75 euros, de los que la mayor parte, 14.688.923,26 euros, fue asumido por Televisión Autonómica Valenciana (TAV), mientras que la otra entidad dependiente de RTVV, Radio Autonómica Valenciana (RAV), se hizo cargo del resto. 

La TAV tramitó 231 facturas, emitidas por 97 proveedores diferentes, por un importe de 1.431.452,94 euros; gastó otros 218.660,85 euros en 183 contratos de personal por obra y destinó el grueso de su inversión, 13.038.809,47 euros, a once expedientes de contratación. 

El más importante de estos últimos, por un importe de 7.493.600 euros, fue adjudicado para el "suministro en régimen de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía" a la empresa TECONSA, que según el informe incumplió los términos del contrato firmado, ya que subcontrató parte de los trabajos a otras compañías pesar de no contar con la autorización expresa de RTVV. La Unidad de Auxilio Judicial señala asimismo que RTVV no inició este expediente hasta abril de 2006, pese a que "conocía al menos desde el 27 de febrero". 

El de TECONSA no es el único caso, ya que "a pesar de conocer con la suficiente antelación los servicios que tenía que ofrecer RTVV, la falta de planificación ha tenido como consecuencia que prácticamente todos los expedientes se hayan tramitado mediante el procedimiento de urgencia". 

Además, en ellos falta "alguna documentación administrativa que sería básica en cualquier expediente: constancia de la publicidad de los concursos, falta de acreditación de la capacidad y solvencia económica y técnica, falta de justificación de la solicitud de ofertas, etc.". 

Otras irregularidades son la falta de publicidad de los expedientes o el fraccionamiento del objeto del contrato, "de manera que un mismo suministro se ha fraccionado y se ha tramitado mediante tres procedimientos diferentes (contrato menor, negociado y concurso), pero siempre había un solo licitador y una sola oferta". 

(www.publico.es, 11/10/10) 

UN INFORME JUDICIAL CONFIRMA QUE TELE-CAMPS PAGÓ A GÜRTEL POR LA VISITA PAPAL 

Un informe judicial concluye que en los contratos adjudicados por la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) con motivo de la visita del Papa a Valencia en 2006, que ascendieron a un total de 14.713.924,75 euros, se dio un "incumplimiento generalizado de los principios de publicidad y concurrencia". 

El informe, al que ha tenido acceso EFE, ha sido elaborado a petición del instructor del caso Gürtel, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, por la Unidad de Auxilio Judicial, que ha examinado la documentación y los justificantes "de gastos referidos a la contratación celebrada" por RTVV con motivo de la visita papal. La conclusión es que "la actuación desarrollada por el órgano gestor (RTVV) ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad". 

La cobertura 

Benedicto XVI visitó Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006 con ocasión del V Encuentro Mundial de las Familias, del que RTVV tenía asignada "la cobertura internacional audiovisual, tanto técnica como operativa, de los actos", según el convenio firmado por la Fundación organizadora con el director general del ente, Pedro García Gimeno. El coste de los actos fue de 14.713.924,75 euros, de los que la mayor parte, 14.688.923,26 euros, fue asumido por Televisión Autonómica Valenciana (TAV), mientras que la otra entidad dependiente de RTVV, Radio Autonómica Valenciana (RAV), se hizo cargo del resto. 

Facturas  

La TAV tramitó 231 facturas, emitidas por 97 proveedores diferentes, por un importe de 1.431.452,94 euros; gastó otros 218.660,85 euros en 183 contratos de personal por obra y destinó el grueso de su inversión, 13.038.809,47 euros, a once expedientes de contratación. El más importante de estos últimos, por un importe de 7.493.600 euros, fue adjudicado para el "suministro en régimen de alquiler de pantallas de vídeo, sonido y megafonía" a la empresa TECONSA, que según el informe incumplió los términos del contrato firmado, ya que subcontrató parte de los trabajos a otras compañías pesar de no contar con la autorización expresa de RTVV. La Unidad de Auxilio Judicial señala asimismo que RTVV no inició este expediente hasta abril de 2006, pese a que "conocía al menos desde el 27 de febrero". 

Expedientes 

El de TECONSA no es el único caso, ya que "a pesar de conocer con la suficiente antelación los servicios que tenía que ofrecer RTVV, la falta de planificación ha tenido como consecuencia que prácticamente todos los expedientes se hayan tramitado mediante el procedimiento de urgencia". Además, en ellos falta "alguna documentación administrativa que sería básica en cualquier expediente: constancia de la publicidad de los concursos, falta de acreditación de la capacidad y solvencia económica y técnica, falta de justificación de la solicitud de ofertas, etcétera". 

Más irregularidades 

Otras irregularidades son la falta de publicidad de los expedientes o el fraccionamiento del objeto del contrato, "de manera que un mismo suministro se ha fraccionado y se ha tramitado mediante tres procedimientos diferentes (contrato menor, negociado y concurso), pero siempre había un solo licitador y una sola oferta". 

Operaciones de la TAV 

El informe también analiza las operaciones de la TAV con las empresas de la trama Gürtel y refleja dos facturas por gastos de desplazamiento y alojamiento a favor de Pasadena Viajes que ascienden a un total de 65.996,64 euros y una de 2.526,48 euros pagada a Orange Market por el alquiler y montaje de "125 mesas vestidas con tela azul" para dos "call center". 

Fabra 

Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez Alonso, El Bigotes, considerado el delegado en Valencia del supuesto responsable de la trama corrupta ligada al PP, Francisco Correa, aparece en la contabilidad de la televisión no sólo como proveedor, sino como cliente, ya que operó como agencia de publicidad de la Diputación de Castellón, presidida por Carlos Fabra (PP) y contrató un campaña por 32.281 euros. 

(www.elplural.com, 11/10/10)

HACIENDA DENUNCIA MÚLTIPLES ILEGALIDADES EN LOS 14 MILLONES GASTADOS EN LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA 

"La actuación desarrollada por el órgano gestor ha tenido por finalidad el gestionar y adjudicar todos los suministros y servicios de forma totalmente aleatoria y subjetiva, evitando el cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, transparencia y objetividad". Un nuevo informe elaborado por Hacienda a petición del juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, pone de manifiesto las múltiples ilegalidades que cometieron los gestores de la televisión autonómica valenciana (RTVV) en la adjudicación de contratos durante la visita del Papa al V Encuentro Mundial de la Familia que se celebró en 2006. 

Según el informe, la televisión valenciana se gastó durante la visita del Papa 14.713.940,75 euros. En los distintos contratos que se firmaron, se dio un "incumplimiento generalizado de los principios de publicidad y concurrencia" al adjudicar servicios o suministros "que por su cuantía deberían haberse tramitado mediante procedimientos de contratación abiertos o negociados y que se han adjudicado como contratos menores" fraccionando el objeto del contrato, procedimiento que "se ha utilizado de forma muy amplia". 

La Unidad de Auxilio Judicial, encargada del informe, asegura además que los gestores de RTVV conocían con tiempo los servicios que debían contratar para cubrir la visita del Papa. Sin embargo, por falta de planificación "prácticamente todos los expedientes" se tramitaron mediante el procedimiento de urgencia con el objetivo de "vulnerar los principios de publicidad y concurrencia y los procedimientos de contratación"

La televisión autonómica, según el informe, tramitó 231 facturas de 97 proveedores diferentes por un importe de 1.431.452,94 euros. Además, gastó 218.660,85 euros en 183 contratos de personal por obra y destinó el grueso de su inversión, 13.038.809,47 euros, a once expedientes de contratación.

De estos, el mayor se lo adjudicó la constructora Teconsa por un valor cercano a los 7,5 millones. De ellos, tal y como publicó EL PAÍS el pasado mes de mayo, la trama Gürtel se quedó en comisiones ilegales más de un millón

(www.elpais.com, 11/10/10)

CAMPS RECHAZA EL 'RETO' DE LUNA DE DEBATIR EN CANAL 9 SOBRE LA CORRUPCIÓN 

"Usted viene a pedir explicaciones a la oposición, le reto a que usted y yo demos explicaciones de nuestras actividades, donde usted quiera, incluso en Canal 9". Fue el desafío que el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, le hizo ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, en la sesión de control al Consell. El presidente hizo como si no lo hubiera oído. 

Y es que Camps actuó ayer de oposición de la oposición para defenderse de los escándalos de corrupción que le acechan. En su primera sesión de control parlamentario tras el largo paréntesis estival, Camps se encontró otra vez con el caso Gürtel sobre la mesa y un nuevo escándalo que, en esta ocasión, afecta al consejero de Ciudadanía y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, tras descubrirse que ayudas para la cooperación sirvieron para comprar pisos en Valencia. 

Ángel Luna y el portavoz de Compromís, Enric Morera, pidieron al jefe del Consell que se manifestase sobre la decisión del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid de remitir a Valencia la investigación del caso Gürtel en la que se apunta que el PP se financió irregularmente, y sobre el escándalo de los fondos de cooperación. Y Camps, sin inmutarse, desmintió el auto judicial del TSJ de Madrid. "No hay nada de nada", dijo el presidente valenciano, que añadió: "El PP está excepcionalmente y extraordinariamente bien financiado". Y, posteriormente, negó que el dinero para cooperación hubiese sido utilizado para comprar pisos en Valencia. 

El portavoz socialista insistió en las críticas y pronosticó que con el reciente auto el TSJ valenciano abrirá un nuevo sumario. Luna indicó que, a partir de ese momento, el propio Camps y otros miembros de la cúpula del PP pueden ser imputados. "A mayor grado de satisfacción de usted, más graves problemas judiciales tiene", dijo Luna, que tachó de "vergüenza" lo sucedido en cooperación. Camps, que hizo oídos sordos a la propuesta de debatir en Canal 9, optó por arremeter contra Luna por una reforma hecha en su casa de Alicante hace 15 años. 

(www.elpais.com, 08/10/10) 

CAMPS: «EL PP VALENCIANO ESTÁ EXCEPCIONALMENTE FINANCIADO» 

El PP valenciano está «excepcionalmente y transparentemente financiado». O al menos así lo afirmó ayer Francisco Camps en su vuelta al ruedo parlamentario. Era una rentrée calentada por la reaparición, el miércoles, del que fue su mano derecha, Ricardo Costa, y por el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ese que desestimaba parcialmente el recurso de los populares contra la iniciativa del juez Antonio Pedreira de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para que investigue si, como apuntan algunos informes policiales, Camps y otros altos cargos de su Gobierno cometieron delitos ligados a la financiación ilegal, entre otros asuntos. La decisión de quedarse o no con esta parte del caso Gürtel está ahora en manos de los jueces valencianos. 

En este contexto, el portavoz socialista, Ángel Luna, retó al líder autonómico a que «dé explicaciones» en televisión, pero este insistió en que ya las ha dado «ante las instancias pertinentes». Y, en un intento de subrayar su inocencia, señaló que el auto del TSJM «viene sin ninguna imputación», aunque no especificó que los jueces solo tenían obligación de estimar o desestimar un recurso, y no de entrar en imputaciones. 

Camps añadió que su responsabilidad es ser presidente de la Generalitat valenciana «durante esta legislatura, la anterior y, si los ciudadanos quieren, y parece que sí, la siguiente». Pero para Luna, «a mayor grado de satisfacción» del líder popular, «más graves problemas judiciales tiene», y recordó que «esto ya no son los trajes», sino «un montaje de contratos, amigos y medio extorsiones». 

Enric Morera, de Compromís, afirmó que el auto «daña el prestigio» del Gobierno regional y dio la bienvenida a Costa, de quien dijo que está «en el tres en raya del peligro de la política valenciana». «El único tres en raya -replicó Camps- son el Bloc, Iniciativa y Verds, que quieren reeditar aquí el tripartito catalán». 

(www.elperiodico.com, 08/10/10) 

CAMPS Y AGUIRRE RIDICULIZAN LA CORRUPCIÓN DEL PP 

Negar la corrupción y despreciar a quienes se la recuerdan. Es la sístole y la diástole del discurso político de Francisco Camps, que ayer compareció en Les Corts en la habitual sesión de control de los jueves. Apoyado desde Madrid por Esperanza Aguirre, quien ridiculizó el caso de los trajes diciendo que también a ella le regalan "pulseritas", Camps tildó de "papelitos" los informes policiales y de Hacienda que destapan la financiación ilegal del PP valenciano. "El PP valenciano dijo el president de la Generalitat está excepcionalmente y transparentemente bien financiado" y no existe "ningún tipo de implicación ni de imputación". Fue su respuesta al auto que el pasado viernes emitió el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que corrobora el traslado a Valencia de las pruebas que colocan a Camps y la cúpula de su Gobierno en la antesala de ser juzgados por delitos de soborno y fraude fiscal y electoral. 

Entre las pruebas que deberá estudiar el Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) si acepta la competencia, figuran los citados informes de la Brigada de Blanqueo y de la Oficina Antifraude. Los informes indican que el PP benefició a las empresas de la trama Gürtel con contratos irregulares, ocultó 2,5 millones a Hacienda y se financió gracias a facturas falsas pagadas a la red corrupta por empresarios con numerosas adjudicaciones de la Generalitat. 

En realidad, el auto del TSJM remite al Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) lo investigado sobre esa comunidad porque el instructor del caso Gürtel, el juez Antonio Pedreira, observa numerosos indicios de delito. Y eso delitos fueron presuntamente cometidos por miembros de la plana mayor de Camps, todos ellos aforados a quienes sólo puede investigar el TSJCV. Sobre Camps, ya imputado por cohecho en el caso de los trajes, el juez Pedreira avisa de que "no puede desdeñar" el hecho de que preside el PP valenciano, esto es, el partido que supuestamente se financió de manera ilegal.  

El portavoz parlamentario del PSPV-PSOE, Ángel Luna, lamentó que Camps frivolizara sobre "unos hechos que a los valencianos les producen vergüenza". "Lo que mandan aquí no es una felicitación de Navidad. Este auto significa que a partir de ahora pueden estar imputados", explicó Luna antes de subrayar que no se trata "de unos trajes, sino de todo el montaje que ustedes han hecho aquí y que les ha servido para adquirir réditos personales y políticos". 

Camps se envolvió entonces en la capa del mesianismo y la emprendió con el síndico socialista: "Ha creído que estaba hundiendo al PP y lo que intentaba era generar inquietud respecto de una comunidad de gente esforzada y trabajadora que lo único que sabe es convivir en paz, en ilusión y libertad. Ha insultado a la conciencia y la inteligencia de los valencianos".  

La alocución del jefe del Consell fue creciendo en intensidad y alcanzó su cima cuando acusó a Luna de beneficiar con adjudicaciones millonarias al constructor Enrique Ortiz (uno de los presuntos financiadores del PP e imputado en el caso Brugal), mientras fue alcalde de Alicante, entre 1991 y 1995. También de recibir como contrapartida del mismo empresario, unos años después, un coche de alta gama y el pago de la reforma en una vivienda. Estas acusaciones actuaron como dinamita en la paciencia del síndico socialista: "Le reto donde quiera, como quiera y cuando quiera, incluso en su territorio, ante las cámaras de Canal 9, a que usted y yo demos explicaciones de nuestra actividad. Si se atreve, dé explicaciones de sus relaciones con su amiguito del alma", dijo en alusión a Álvaro Pérez El Bigotes, jefe de la Gürtel en Valencia. 

Camps no recogió el guante. "He dado explicaciones constantemente ante las instancias que ha correspondido. Y se ha dicho en nuestras explicaciones claramente que no hay nada de nada", expresó el president, quien acusó a Luna de imponer "un sistema de persecución policial". Luna le replicó con sarcasmo: "Usted dice que habrá que llegar al final. Supongo que estará pensando en el juicio final, cuando no tenga más remedio ya que asumir responsabilidades". 

Les Corts no fueron en el País Valencià el único escenario en el que se habló de corrupción. Ayer trascendió que la reincorporación a la política tras un trasplante de hígado del multiimputado presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra, se celebrará por todo lo alto. Su partido le ha preparado un homenaje el 16 de octubre en el Palacio de Congresos de Castellón para el que está prevista la asistencia de más de 1.200 militantes.  

Desde Madrid, Esperanza Aguirre se sumó a la campaña para minimizar la corrupción. Y se unió al alto número de dirigentes conservadores que restan importancia a la posibilidad de que el president pudiera aceptar trajes como regalo de los cabecillas de la trama. Lo hizo muy a su estilo: "Si de lo que le acusan es de cohecho impropio, me parece un delito que está en el código, pero que me lleven a mí a la cárcel ya porque a mí me regalan estas pulseras en consideración a mi cargo", señaló en declaraciones a la Ser.  

Además, en apoyo a su compañero de partido, la presidenta de la Comunidad de Madrid consideró que Camps "sigue sumando" al proyecto colectivo del PP. Además, recordó que los informes policiales "no condenan a nadie". 

La dirigente regional insistió en que los informes policiales que relacionan a Camps con este escándalo han sido elaborados por Juan Antonio González, el policía que forma parte de "una camarilla" y que "estuvo en la cacería con Garzón".  

(www.publico.es, 08/10/10) 

UNA IMPUTACIÓN FIRME Y UN PORVENIR INCIERTO 

Cohecho impropio 

Camps sí está imputado, pese a que el PP haya desplegado una intensísima campaña en sentido contrario. Está imputado desde que el Supremo ordenó en mayo reabrir el ‘caso de los trajes'. Y lo está como autor de un presunto delito de cohecho impropio (soborno leve) por haber aceptado que la ‘trama Gürtel' le regalara trajes valorados en más de 12.000 euros.  

Delitos mayores 

El cohecho impropio es un delito menor. No lo son aquellos otros que, relacionados con la financiación del PP valenciano, planean sobre su entorno y sobre él mismo. El juez Pedreira observó indicios de hasta siete delitos. Entre ellos, soborno en su máxima dimensión, falsedad documental, delito electoral y fraude fiscal.   

(www.publico.es, 08/10/10)

CAMPS EVITA DAR EXPLICACIONES SOBRE LOS INDICIOS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP 

El caso Gürtel regresa a las Cortes Valencianas. En la primera sesión de control tras el debate de política general, el portavoz socialista, Ángel Luna, ha vuelto a reprochar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que no dé explicaciones sobre la vinculación de su Administración con la trama corrupta. Luna ha preguntado al jefe del Consell sobre el auto del TSJ madrileño que envía parte del sumario de la red corrupta a Valencia para que se investiguen los indicios de financiación ilegal del PP valenciano, entre otros posibles delitos. Camps ha replicado que, en su opinión, el auto judicial demostraría que el PP se ha financiado "con transparencia, corrección y ajustándose a derecho". Según el presidente valenciano, la resolución del TSJ madrileño no implica ninguna imputación nueva y es Luna el que debe dar explicaciones por su relación con el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal. 

Camps ha acudido a la sesión de las Cortes con un nuevo escándalo sobre la mesa por las subvenciones concedidas a través de la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía a una fundación que destinó el dinero a comprar pisos en vez de invertirlo en proyectos de desarrollo en Nicaragua. El presidente ha evitado entrar en el fondo de la denuncia y se ha limitado a señalar que el consejero de Solidaridad y portavoz popular en las Cortes, Rafael Blasco, ha enviado un "desmentido". 

"Mantiene usted una actitud contumaz de no dar explicaciones políticas y hace afirmaciones asombrosas", le ha reprochado el portavoz socialista. Luna ha asegurado que el caso Gürtel, y ahora "otro tipo de corruptelas" como la "la compra de inmuebles con dinero de la cooperación", producen "vergüenza" a los valencianos. Luna ha destacado que el TSJ madrileño rechaza la nulidad de las actuaciones pedidas por el PP y remite a Valencia un expediente de "indicios de delito" que implica que "a partir de ahora pueden estar imputados" por nuevos delitos tanto Camps como otros altos cargos del Consell y del partido. El portavoz socialista ha acusado al presidente valenciano de haber amparado "un cluster de actividades corruptas" con la trama Gürtel y le ha retado a que ambos expliquen públicamente sus actuaciones políticas. Camps no ha recogido el guante y se ha centrado en descalificar la etapa de Luna como alcalde de Alicante y en airear que encargó la reforma de un piso al empresario Enrique Ortiz. 

Camps también ha rechazado las críticas y reproches a su gestión de Compromís y EU. Antes de comenzar la sesión, se ha acercado a Camps para saludarle Ricardo Costa, que desde ayer vuelve a formar parte de la dirección del grupo parlamentario tras levantarle el partido la suspensión de militancia. Costa se sienta ahora en el escaño que está detrás del portavoz, Rafael Blasco, con quien Camps ha posado tras la sesión de control para mostrarle su apoyo ante el escándalo del dinero de cooperación invertido en inmuebles. 

(www.elpais.com, 07/10/10) 

CAMPS REHABILITA EN LAS CORTES A RICARDO COSTA 

Ricardo Costa regresa. El Grupo Parlamentario Popular, que sustenta al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, rehabilitó ayer en las Cortes Valencianas al ex secretario regional del PP, única víctima política del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana. Costa ocupaba desde su defenestración, en octubre del año pasado, el escaño número 98 -el último de la bancada popular en el hemiciclo valenciano- y estuvo suspendido de militancia hasta el pasado mes de septiembre. 

Ayer, el Grupo Parlamentario acordó, por asentimiento, nombrar a Ricardo Costa coordinador del área económica, incluirlo en el consejo de dirección, adjudicarle la defensa parlamentaria del proyecto de Presupuestos de la Generalitat para 2011 y escenificar la recuperación de los galones. Costa se sentará detrás del escaño del portavoz, el consejero de Ciudadanía Rafael Blasco, que se ubica tras el sillón de propio Camps. 

Blasco defendió su decisión y aseguró que Costa "va a tener un protagonismo especial en el debate de Presupuestos" de la Generalitat para 2011. "Creemos que es un valor especialmente importante en este momento de debate de la ley más importante de la Generalitat: la de los Presupuestos", añadió el portavoz popular, quien consideró que el ex secretario general del PP valenciano "va a jugar de nuevo un papel en el consejo de dirección del PP en las Cortes". 

Costa, por su lado, agradeció al PP que le permita seguir haciendo "lo único" que sabe hacer, que es trabajar por el partido, y expresó su agradecimiento a la dirección del grupo, a Rafael Blasco, y al PP valenciano y nacional por haber podido recuperar protagonismo. Remarcó que "viene a sumar" y aseguró que está a disposición del partido "para lo que ellos consideren". 

Los grupos de la oposición reclamaron elecciones anticipadas y acusaron al PP de amparar la corrupción sin ofrecer ninguna explicación. 

(www.elpais.com, 07/10/10) 

CAMPS SIENTA A COSTA JUNTO A SU ´NÚCLEO DURO´ EN LAS CORTS Y LE DA MANDO SOBRE LOS DIPUTADOS 

Rehabilitación con todos los honores, al menos en cuanto a imagen. El ex secretario general del PPCV y ex portavoz en las Corts, Ricardo Costa, pasó ayer de estar proscrito en el último escaño popular del hemiciclo, el 98, tras su cese y suspensión de militancia durante diez meses con motivo del caso Gürtel, a ocupar un escaño "VIP" en la Cámara, el número 52, justo detrás del actual síndic y conseller, Rafael Blasco, y dos por encima del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. La ubicación, aunque en la segunda fila de la bancada del PP, tiene el valor simbólico de "meter" a Costa en la "foto" con el jefe del Consell, además de compartir zona en el núcleo de influencia del presidente en las Corts. Además, Costa orientará el área económica del PP y, para ello, según Blasco, se ocupará de "la coordinación de los diputados populares que forman parte de las comisiones parlamentarias de carácter económico", Economía, Industria, Obras Públicas o Medio Ambiente. 

De este modo, el hombre que desafió a Génova al negarse a dimitir tras las revelaciones sobre la rama valenciana del caso Gürtel y después de que salieran a la luz sus conversaciones con El Bigotes recupera así responsabilidades sobre la labor de los diputados del PP. Su rehabilitación llega casi un año después de su cese forzado por la dirección nacional, que culminó con la retirada de carné cuando Costa afirmó públicamente que continuaba siendo secretario general. Ahora se integra en la dirección del grupo y además llevará el peso del debate de los presupuestos de la Generalitat para 2011. Habrá qué ver hasta dónde llegan esas competencias de coordinación sobre los parlamentarios y si queda por encima de los respectivos portavoces, sobre todo el de Economía, José Marí, secretario de Economía del partido. Todo ello con permiso del portavoz, Blasco.  

Antes del pleno, el grupo aprobó por unanimidad la decisión, acogida con aplausos. Entre los diputados, muchos veían injusta la situación de Costa, al que conside?raban pagano político del caso Gürtel por cumplir con las órdenes de Camps. Otros creen que en puertas del otoño judicial clave sobre el caso Gürtel se ha dado simplemente una salida elegante al problema de la situación de Ricardo Costa -para aplacar el malestar cada vez más creciente del ex número dos, visible en el reciente debate de política general-, en un puesto con escaso contenido real. Fuentes populares lo interpretaban como un primer paso para su restitución completa a medio plazo en mayores responsabilidades. 

En la reunión de grupo, Ricardo Costa agradeció el ofrecimiento a la dirección y, "especialmente", a Blasco, del que dijo que ha demostrado ser su "amigo" y haber reconocido su valor como diputado, así como al PPCV y al de España, además de a sus compañeros de escaño. Olvidó citar al propio Camps, un signo, para muchos, de que quizá no está tan satisfecho como resulta en apariencia. Eso sí, evidenció que no pretende ser una figura decorativa al explicar que la idea es que las portavocías económicas tengan "una coordinación especial en una situación de especial importancia". 

Antes del inicio de la sesión, Costa accedió al hemiciclo, donde recibió felicitaciones de sus compañeros. La presidenta de la Cáma?ra, Milagrosa Martínez, le dio un abrazo. Hasta el vicesecretario David Serra se fotografió con él. Luego ocupó su nuevo escaño, que hasta ahora era del ex alcalde de Alicante Luis Díaz Alperi. Éste pasó a sentarse a su lado. Todos los diputados del PP que quedan ahora por detrás de él tuvieron que desplazarse un escaño por la nueva ordenación del grupo, salvo la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. El damnificado por el sillón sobrante en esa segunda fila del grupo fue Eduardo Ovejero, que pasó a la tercera, desplazando a la cuarta a Manuel Bustamante. 

(www.levante-emv.com, 07/10/10) 

JUAN COSTA COMUNICÓ A RAJOY SUS PLANES SOBRE UNA EVENTUAL SUCESIÓN DE CAMPS  

Los movimientos del ex ministro de Ciencia y Tecnología, Juan Costa, en el PP valenciano para situarse en la carrera de la posible sucesión del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no suponen una sorpresa para el presidente del PP, Mariano Rajoy. Según ha podido saber este diario, el propio Costa comunicó al líder nacional su "predisposición" a asumir las riendas del PP valenciano ante un eventual relevo de Camps antes de las elecciones autonómicas de 2011. Durante la conversación, que según las fuentes consultadas, se produjo después de las vacaciones de verano, Costa hizo saber a Rajoy que se sentía con fuerzas para gestionar la crisis que atraviesa la formación a raiz del caso Gürtel.  

Las mismas fuentes añaden que Rajoy admitió al diputado nacional por Castelló que no estaba contento con la situación que se vive en la Comunitat Valenciana, pero le reiteró que, en principio, su hoja de ruta no ha variado y que Camps será el candidato en 2011. Con todo, siempre según las mismas fuentes, Rajoy, fiel a su estilo, no habría pedido expresamente al ex ministro que se mantuviera al margen de los movimientos que están teniendo lugar en el PP valenciano ante la incertidumbre que genera el desenlace judicial del caso Gürtel.  

En este contexto se situarían los contactos que el hermano del ex secretario general del PPCV, Ricardo Costa, está teniendo con dirigentes valencianos para tantear sus posibles apoyos. Aunque tal como publicó ayer este diario, sus manifestaciones sobre Gürtel no han sentado bien en el PP de Castelló, -donde no es una persona querida, llegado el momento, sobre todo con el aval de Génova, podría encontrar apoyos en la provincia que controla Carlos Fabra y de la que ha sido cártel electoral desde 1993. En Alicante, tras la caída en desgracia del líder provincial, Joaquín Ripoll, implicado en el caso Brugal, goza de mayor acogida. 

Las posibilidades reales de un relevo a corto o medio plazo en el PP valenciano ha abierto expectativas en muchos dirigentes, sobre en aquellos con mayor ambición política; un grupo del que forma parte Juan Costa. Ya lo intentó en el ámbito nacional al tratar de conformarse como alternativa a Rajoy tras la derrota de 2008. De ahí que el diputado nacional, reconvertido en ecologista con su libro "La revolución imparable", no acabe de dar el paso de volver al sector privado pese a contar, según el mismo admite, con un atractiva oferta en la consultora Ernest &Young. 

(www.levante-emv.com, 07/10/10)

EL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR REHABILITA A RICARDO COSTA 

El grupo parlamentario popular ha rehabilitado hoy a su ex secretario general Ricardo Costa en las Cortes valencianas. Costa pasa a formar parte de la dirección del grupo parlamentario como responsable de la coordinación del área económica y defenderá los presupuestos de la Generalitat en el Parlamento valenciano. Además, abandona el escaño número 98, el último de la bancada popular, y se sentará en el número 52, justo detrás del actual portavoz del grupo y consejero Rafael Blasco. 

Como estaba previsto, Blasco ha aprovechado hoy la reunión del grupo parlamentario para rehabilitar la figura del ex secretario general de los populares y ha devuelto protagonismo a quien hasta octubre del año pasado fue la mano derecha del presidente de la Generalitat, Francisco Camps. La decisión de la dirección nacional del PP, adoptada el pasado mes de septiembre, de indultar a Ricardo Costa y levantarle, antes de tiempo, la suspensión de militancia facilita ahora la rehabilitación de Costa en la recta final de la legislatura. 

Costa regresa a la primera línea en el grupo parlamentario justo un año después de que el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, afirmara en la celebración del 9 d'Octubre, día de la Comunidad Valenciana, que "la fiesta en Valencia se acaba". Tras meses de revelaciones en torno a la trama valenciana del caso Gürtel, y de la publicación de conversaciones grabadas por la policía a Costa y Álvaro Pérez, El Bigotes, la dirección nacional del PP forzó a Campa a destituir al entonces secretario regional y portavoz parlamentario. La insinuación de Costa de que continuaba siendo secretario general cuando Génova ya le daba por relevado desembocó en la suspensión de militancia. 

(www.elpais.com, 06/10/10) 

JUAN COSTA SE POSICIONA DE CARA AL POSTCAMPSISMO 

El debate sobre la sucesión del presidente Francisco Camps, pese a las declaraciones de apoyo de Mariano Rajoy, sigue, aunque de manera soterrada, abierto en las filas del PP valenciano ante la incertidumbre por el desenlace judicial del caso Gürtel. Uno de los que está tomando posiciones ante la eventualidad de un relevo de Camps de cara a las elecciones autonómicas de mayo de 2011 es el ex ministro Juan Costa. Fuentes populares aseguraron que ex titular de Ciencia y Tecnología con Aznar y hombre de confianza de Rato está realizando movimientos en los últimos tiempos para situarse en primera línea en esa carrera sucesoria no declarada.  

El ex ministro -que estos días ha mantenido diversas reuniones en Castelló, de donde es diputado nacional, y que ha protagonizado una rueda de prensa sobre los presupuestos del Estado con la parlamentaria Andrea Fabra- intentaría recabar apoyos en una parte del partido en Castelló, provincia controlada por el presidente de la Diputación, Carlos Fabra, apartado temporalmente de la política por enfermedad y con graves imputaciones. Aunque el PP castellonense no está cómodo con las manifestaciones de Costa sobre Camps y Gürtel -el delfín de Fabra, Javier Moliner, se desmarcó el lunes de su enésimo reproche al presidente-, algunas fuentes sostienen que, a la hora de la verdad, el ex ministro podrían encontrar apoyos importantes en Castelló. 

Juan Costa gozaría de amplio respaldo en Alicante, donde el presidente provincial, Joaquín Ripoll, crítico con Camps pero debilitado por el caso Brugal, podría apostar por Costa como alternativa al jefe del Consell. En contra de Juan Costa juega la pugna que mantuvo con Rajoy en el Congreso de Valencia. No obstante, fuentes del PP matizaron que la relación ha mejorado y recuerdan que Rajoy estuvo en la presentación del libro de Costa sobre ecología. 

También es un lastre el hecho de que su hermano, Ricardo Costa, aparece involucrado en la rama valenciana del caso Gürtel y hasta hace semanas estaba suspendido de militancia por Génova tras arrogarse competencias que ya no tenía. A finales de 2009, el PP nacional -a raíz de grabaciones que revelaron la relación con El Bigotes- forzó su destitución como secretario regional y portavoz de los populares en las Corts, pero Costa mantenía que su apartamiento de la secretaría regional era simplemente una suspensión de funciones temporal. Entonces Génova le retiró el carné. Así casi un año. 

La rehabilitación de Costa, una vez que muchos consideran que ha pagado el error que cometió, empezará hoy a ser realidad. El grupo lo designará como su portavoz en el importante debate de los presupuestos autonómicos para 2011 y le encargará la coordinación de las comisiones relacionadas con Economía. No será el portavoz económico, al menos de momento, un puesto que mantendrá José Marí Olano. Además, la disposición para integrarlo en la dirección por parte del síndic, Rafael Blasco, es total. Igualmente, se pretende que deje "el escaño 98" (que representó su ostracismo político) y pase a la primera o, si no hay hueco, a la segunda fila del PP en el hemiciclo. 

(www.levante-emv.com, 06/10/10)

PERITOS DEL PP PARA DESACREDITAR A LA UDEF  

El Partido Popular ha fichado a un economista y a un auditor de cuentas para tratar de desacreditar los informes de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal) sobre la supuesta doble contabilidad del PP valenciano y su relación con la trama de corrupción Gürtel.  

La Udef ha incorporado al caso Gürtel varios informes en los que sostiene que Orange Market -la empresa valenciana ligada a la trama de Francisco Correa- llevaba una doble contabilidad respecto al PP de Valencia (PPCV), su principal cliente y para el que organizaba eventos.  

Según la Policía, la financiación de la deuda B del PP valenciano procedía de las aportaciones de empresarios de esa comunidad que han sido adjudicatarios de contratos de la Generalitat. Esas aportaciones se habrían «enmascarado» con facturas emitidas por Orange Market en las que se hacían figurar contraprestaciones inexistentes.  

A petición del PP, los hermanos Ángel Escandell y Salvador Escandell, auditor de cuentas y economista, respectivamente, han elaborado un contrainforme fechado el pasado 15 de septiembre y que se ha presentado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Se trata de una ampliación de un anterior dictamen redactado en mayo de 2010 al que se ha incorporado el análisis del demoledor informe policial de 20 de julio de 2010.  

Los peritos del PP afirman que las conclusiones de la Policía se basan en «conjeturas», son «hipótesis no demostradas» y se ven «desmentidas categóricamente» con el examen de la documentación contable del PPCV, que los agentes de la Udef «sorprendentemente no han utilizado». Pese a tratarse de un «Informe económico» -según reza su título- de índole pericial, sus autores deslizan afirmaciones ajenas a su competencia, como que «de los informes policiales podría desprenderse una cierta voluntad inculpatoria» respecto al PPCV.  

Pese a ser economistas, también analizan las escuchas telefónicas del caso Gürtel y opinan que de ellas «no se desprende acuerdo alguno entre los responsables del PPCV y de Orange Market para que los eventos sean pagados por determinados empresarios». El principal reproche a la Udef es que haya basado sus informes en unas hojas de cálculo intervenidas en Orange Market «no se sabe confeccionadas por quién» y, en cambio, no haya analizado ni los libros contables de esa empresa ni tampoco las cuentas del PP valenciano, «presentadas en el Tribunal de Cuentas y auditadas por Ernst&Young sin detectar incidencias dignas de mención».  

«Un análisis contable mínimamente riguroso debería basarse tanto en la contabilidad de una parte como de la otra con la que se quiere relacionar», afirman los peritos del PP.  

«Resulta del todo curioso que la Udef deduzca que los cobros Alicante son los cobros transparentes de Orange Market y los cobros Barcelona son los que no aparecen en los estados contables y declaraciones fiscales, pero, sin embargo, en ningún momento han analizado los libros oficiales, las cuentas de mayor, diario o balances de sumas y saldos» de la sociedad.  

«Ante los mismos elementos de valoración», añaden en referencia a las cifras que aparecen en las hojas de cálculo halladas en Orange Market, «se puede llegar a conclusiones diferentes. Bien podría ser un cobro, un pago, un ingreso, un gasto, un presupuesto, la base imponible de una factura o el total, no habiendo motivos suficientes para deducir que se trata de un cobro que se ha hecho en B para saldar la deuda de un servicio realizado al PPCV». El contrainforme destaca que en la denominada Caja Barcelona Eventos «aparecen conceptos como el pago de sueldos y pagas extras, pagos de facturas al Registro Mercantil, pagos al Ayuntamiento de Valencia o pagos a la Agencia Tributaria».  

«Todos son documentos oficiales», añade, «por lo que no hay motivos para considerar que estamos ante una contabilidad ajena a los circuitos económicos, sino más bien se puede concluir que se trata de un documento provisional (...). En cualquier empresa es práctica habitual hacer borradores de lo que posteriormente se traslada a los libros oficiales». También afirma que en la documentación contable del PP de Valencia «existen numerosas facturas del proveedor Orange Market que no constan mencionadas en el informe de la Udef». «Todos los pagos están justificados en servicios prestados y en las correspondientes facturas», concluye. 

(www.elmundo.es, 05/10/10)

RAJOY EVITA PEDIR PERDÓN AL SASTRE DE CAMPS 

El presidente del PP, Mariano Rajoy, eludió ayer el caso Gürtel por enésima vez. El dirigente conservador, que reunió a su comité ejecutivo nacional en Barcelona como muestra de respaldo a su candidata Alicia Sánchez-Camacho, prefirió no responder a las preguntas que se le hicieron sobre la trama de corrupción. 

"¿Teme usted que el presidente de la Generalitat acabe en el banquillo por alguno de los delitos que el juez Pedreira ha decidido enviar finalmente al Tribunal Superior de Justicia valenciano para que los investiguen?" "¿Ustedes, que apelan tanto a la presunción de inocencia, tienen pensado pedir disculpas al sastre de Camps por haberle acusado de graves delitos ahora que ha sido desimputado?" Estas fueron las dos cuestiones que se le plantearon al jefe de la oposición. "Le aseguro que ambos asuntos no se han tratado en esta reunión", contestó.  

Con ello Rajoy dio por finalizada la rueda de prensa, como hace habitualmente en cuanto le sacan a relucir la situación en el País Valencià. Su respuesta también sirvió para constatar que el líder del PP no habla ante los suyos de la situación del jefe del Consell, a pesar de que esta siga avanzando procesalmente. Ayer, tocaban Presupuestos y elecciones catalanas. Todo ello sazonado por las críticas a un Gobierno que ve "en tiempo de descuento". 

Rajoy no quiso opinar del auto personalmente ni pedir perdón por los pasos que se han dado en su nombre. Tampoco Federico Trillo tiene previsto retractarse. Y eso que el estratega judicial del PP ha sido una de las personas que más se han cebado con José Tomás. Trillo siempre ha tratado de resaltar "las contradicciones" del sastre, entre bailes de cifras y fechas, con el fin de desacreditar a uno de los testigos principales del caso de los trajes.  

Cuando hace unos días el juez le levantó la imputación, nadie del PP se dirigió a él para excusarse. Al contrario, los conservadores anunciaron que iban a presentar un recurso ante dicha decisión. Este se conocerá en los próximos días. 

No era la primera vez que la Justicia daba la razón al sastre. También lo hizo cuando sentenció que había sido despedido de Forever Young de forma improcedente.

En el auto del pasado 27 de septiembre se señala que las declaraciones prestadas en la causa descartan el delito de falsedad documental. 

Algo de lo que precisamente Trillo le ha acusado hasta la saciedad. El diputado conservador también ha apuntado en numerosas ocasiones que el sastre pudo realizar una doble facturación: por un lado a Camps y, de otro, a la trama corrupta. El juez Pedreira mantiene que el sastre ignoraba si los trajes "se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban". 

Para el PP, sigue siendo "un chorizo" y desde sus filas aseguran que aún tiene que responder a otras cuestiones. Pero Trillo también tiene que dar explicaciones después de que el propietario de la tienda, Eduardo Hinojosa, (al que el sastre ya ha ganado seis pleitos en los tribunales), reconociera hace unos días que se había reunido en dos ocasiones con el responsable de Justicia y que este se había interesado "por el tema de los trajes".  

Por otro lado, Camps, que no acudió al encuentro de ayer, anunció que el jueves responderá a las preguntas de la oposición en Les Corts. A petición del portavoz del PSPV, Ángel Luna, tendrá que razonar porque está "satisfecho" con el auto de Pedreira teniendo en cuenta que se está hablando, entre otros delitos, de financiación ilegal, tráfico de influencias o cohecho propio. Rajoy, mientras tanto, le sigue apoyando para que repita como candidato a la presidencia de la Generalitat y lo seguirá haciendo a menos que ocurra una hecatombe judicial.  

(www.publico.es, 05/10/10)

CAMPS DICE QUE LOS JUECES LE DAN LA RAZÓN AUNQUE PUEDEN INVESTIGARLO POR MÁS DELITOS 

El presidente valenciano, Francisco Camps, y su Gobierno optaron ayer por ver la botella del caso Gürtel medio llena y no medio vacía. Aunque la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de enviar a Valencia la investigación del juez Antonio Pedreira -que afecta a la Generalitat y a varios de sus altos cargos, al PP valenciano y a media docena de conocidos contratistas de la Administración autonómica- es contraria a lo que los populares pretendían, tanto Camps como la portavoz de su Consell se aferraron a la estimación parcial del recurso en lo que se refiere a que la determinación de los posibles delitos cometidos por aforados valencianos debe hacerla el tribunal valenciano y no venir indicada desde Madrid. 

Camps, que puede ser investigado ahora por delitos más graves que el supuesto cohecho pasivo impropio derivado de los trajes que le regaló la trama corrupta, por el que está imputado, expresó ayer su "satisfacción" ante la decisión del TSJ de Madrid. "Yo creo que recoge ampliamente todos nuestros argumentos", apuntó a la salida de un acto público. 

La portavoz de la Generalitat Valenciana, consejera de Justicia y Administraciones Públicas y jefa de la campaña electoral de Camps, Paula Sánchez de León, aseguró al término del pleno del Consell que el auto "va poniendo las cosas en su sitio". Según Sánchez de León, "en un proceso lento y difícil de entender, cada paso y cada decisión judicial que se van dando, va poniendo las cosas en su sitio". 

La portavoz del Consell, que se acoge siempre a la presunción de inocencia para no pronunciarse sobre los casos de corrupción, admitió que el TSJ de Madrid solo ha admitido parcialmente el recurso del PP, pero añadió que lo ha hecho en la parte "fundamental". Sánchez de León, como hizo el jueves en Benidorm Federico Trillo, arremetió contra las fiscales que llevan el caso Gürtel. "No ha atendido [el TSJM] a los informes de la fiscalía que tantas veces hemos dicho que son tendenciosos y manipuladores", aseguró. 

La causa investigada por el juez Pedreira en Madrid, que ahora se remite a Valencia, ha revelado la financiación irregular del PP valenciano y todo un entramado de adjudicaciones amañadas por departamentos de la Generalitat Valenciana. 

(www.elpais.com, 02/10/10)

EL CERCO JUDICIAL DE CAMPS SE AGRAVA

El cerco judicial a Francisco Camps se agrava. El presidente de la Generalitat puede verse obligado a afrontar imputaciones que implican inhabilitación y cárcel frente a la multa que supone el tipo delictivo al que se enfrenta ahora. Esa es la gravedad de la decisión hecha pública ayer por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Así, al supuesto delito de cohecho pasivo impropio que investiga el juez José Flors por recibir regalos de empresas de la trama Gürtel, se le pueden sumar otros, como cohecho propio, financiación ilegal y delito electoral.

A la Sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano va a llegar toda la documentación que durante más de un año ha recabado el juez Antonio Pedreira desde el TSJ de Madrid. Esa documentación incluye informes policiales y de Hacienda, testificales y escuchas telefónicas que destapan la existencia de una trama de financiación del PP valenciano, así como numerosas adjudicaciones irregulares, en las que se ven implicados varios consejeros, dirigentes del PP, cargos de la Generalitat y media docena de conocidos constructores, además de los integrantes de la red que dirigía Francisco Correa y que tenía como cabeza visible en Valencia a Álvaro Pérez.

La sala de Lo Civil y Penal del TSJ tendrá que decidir si es o no competente para investigar estos indicios. Ya adelantó en un auto hace meses que entendía que todo aquello que afectara a aforados valencianos le era propio. El pleno de la sala, incluido por tanto el instructor del caso de los trajes, el juez Flors, se reunirá para adoptar una decisión que, con toda probabilidad, será afirmativa. Después tendrá que decidir si lo que remite Pedreira es en efecto una nueva causa o si ha de acumularse a la de los trajes. Esta posibilidad, que defenderán la Fiscalía Anticorrupción y los diputados socialistas personados como acusación popular, colocaría al presidente Camps ante la perspectiva de un supuesto cohecho propio y de una instrucción más larga. Si el tribunal decidiera que lo remitido por Pedreira ha de considerarse una causa nueva, la sala designará instructor siguiendo el turno establecido. Y podría ser también Flors.

Según fuentes de la investigación, la intención inicial de Flors es mantener separados los asuntos. Eso se traduciría en que Camps se sentaría en pocos meses en el banquillo de los acusados y sería juzgado por un jurado por cohecho pasivo impropio. Pero ese juicio no eximiría al presidente de verse ante nuevas imputaciones.Federico Trillo, diputado del PP por Alicante y director de la estrategia del PP en causas como la de supuesta financiación ilegal, falsedad, cohecho propio y delito electoral que afecta a Camps y varios consejeros autonómicos, fue homenajeado ayer en Benidorm por Nuevas Generaciones del PP local. Tomó la palabra y lo hizo para dar su versión del auto que ayer dio el visto bueno a que la causa instruida por el juez Pedreira llegue a manos del Tribunal Superior de Justicia valenciano. Trillo interpretó que el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "ha reconocido que los hechos que las fiscales [de anticorrupción] se empeñan en considerar irregulares e incluso delictivos se han cometido en Valencia". Dijo más: "La causa se remite a Valencia por razones estrictamente geográficas". Y, según él, "deja muy mal a la fiscalía, una vez más manipulada por el interés sectario del Fiscal General del Estado y las fiscales Anticorrupción". De ellas, afirmó que "no han defendido la legalidad y la competencia [en referencia a la negativa del ministerio público de que el PP fuera acusación particular]".

Trillo hizo estas declaraciones ante Francisco Camps. El presidente acudió anoche al acto acompañado de los vicepresidentes Vicente Rambla y Juan Cotino, y de los consejeros Angélica Such y Mario Flores, además del portavoz popular Esteban González Pons. El presidente llegó a las 21.15 a la Ermita Sanz donde se celebró el homenaje. Llegó a tiempo. Antes había dejado plantados a los rectores de las universidades valencianas con los que tenía que firmar el acuerdo de financiación, en el acto de apertura del curso académico de la Universidad de Alicante, el único que tenía previsto presidir este año. Camps no dijo palabra alguna, ni siquiera para explicar su ausencia, y, menos aún, para valorar la situación jurídica en la que se va a ver envuelto una vez llegue al TSJ la causa por cohecho propio, falsedad, financiación ilegal y delito electoral en la que aparece implicado.

(www.elpais.com, 01/10/10)

EL TRIBUNAL DE VALENCIA INVESTIGARÁ LOS DELITOS GRAVES ATRIBUIDOS A CAMPS

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó ayer remitir a su homólogo de Valencia todos los informes con nuevos delitos sobre la parte del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, que afecta al presidente valenciano, Francisco Camps, ya imputado, y a otros cargos de su Gobierno y del PP. Los informes policiales y de la Agencia Tributaria detallan, con pruebas, que el PP valenciano se financió ilegalmente a través de empresas que, a su vez, recibían contratos del Gobierno autónomo. También apuntan a otros delitos de falsedad y cohecho propio.

El auto del tribunal madrileño rechaza parcialmente el recurso del PP contra la decisión que adoptó en mayo pasado el juez Antonio Pedreira, instructor del caso en Madrid, de remitir a Valencia una parte de la causa que afectaba a aforados de ese partido. Pedreira aludía en su resolución a delitos que son más graves aún que el de cohecho impropio imputado a Camps por recibir regalos de trajes de la trama y que investiga ahora el juez de Valencia José Flors por orden del Supremo. El alto tribunal ordenó analizar el regalo de los trajes después de que el Superior de Valencia, presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien Camps definió públicamente como "más que un amigo", archivara el caso.

El Superior de Madrid indica en su auto que, dada la supuesta implicación de aforados, es el tribunal valenciano el competente para valorar y decidir qué nuevos delitos se deben investigar y a quién se les imputan. La página web de EL PAÍS adelantó ayer esta noticia asegurando que Camps iba a ser juzgado por más delitos, cuando en realidad sólo va a ser, de momento, investigado; los jueces deberán resolver si debe sentarse en el banquillo.

El Superior de Valencia tiene varias opciones: investigar los nuevos delitos, no hacerlo, o bien insistir, como ya hizo una vez, en que los hechos de Valencia deben ser investigados en Madrid. Esta última opción obligaría a intervenir al Supremo para dilucidar a quién le corresponde la competencia. Si optasen por no investigar los nuevos delitos, los jueces valencianos irían contra sus propios actos, ya que en un auto del pasado 15 de febrero, que firmaron los cinco miembros de la Sala Penal, estos advierten de que es "necesario" investigar "el cualificado informe" de la policía, de 500 páginas, que detalla delitos cometidos por altos cargos del PP. En ese "cualificado" informe se basó la querella que el PSOE de Valencia interpuso por financiación ilegal contra Camps y otros 15 altos cargos populares. El PSOE interpuso esa querella después de que el tribunal que preside De la Rúa se hubiese negado a investigar el citado informe, donde se denunciaba que empresas contratistas de la Generalitat Valenciana pagaron a través de Orange Market, filial de la trama corrupta, actos que realizó el PP de Valencia entre 2004 y 2008.

El Tribunal Superior de Valencia contestó a la querella del PSOE con el citado auto, en el que se desentendía del asunto y lo remitía al juez Pedreira, al entender que había conexión con la trama Gürtel de Madrid, y advertía de que le remitiesen las actuaciones si surgían aforados valencianos. "La querella y el cualificado informe de la Unidad Especial de Policía contra la Criminalidad organizada que la acompaña contienen hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar para averiguar los mismos, estando en cuestión únicamente qué órgano judicial (...) es el que resulta competente", señalaba el tribunal valenciano. También insistía en que era "necesario investigar" las "actitudes y actuaciones sospechosas de irregularidad" que evidencian las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía entre cargos del PP y miembros de la red.

Lo que ahora enviará Pedreira a Valencia no es solo aquel informe de 500 páginas, sino también otros que aportan aun más pruebas sobre financiación ilegal.

(www.elpais.com, 01/10/10)

LOS PASOS

- La causa. La Sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano recibirá en las próximas semanas la causa instruida por el juez Pedreira.

- Discusión de competencia. El pleno de la Sala se pronunciará sobre si considera o no que es de su competencia.

- Denegación de competencia. Si no acepta la causa, enviará el asunto al Tribunal Supremo.

- Aceptación de la competencia. El pleno decidirá si la acumula a la causa de los trajes o abre una nueva, en cuyo caso, nombrará un instructor.

(www.elpais.com, 01/10/10)

EL PP APURA LOS PLAZOS

En el mundo de la política hay muchos juristas. En la dirección del PP, el porcentaje supera la media. Y los pocos que no lo son, se están convirtiendo, gracias al caso Gürtel, en expertos en derecho procesal. Las únicas preguntas que importan en el PP, las que se repiten los dirigentes, dependen precisamente de este área: ¿dará tiempo a que Camps se siente en el banquillo antes de las elecciones? ¿Lo imputarán por cohecho propio antes de que lleguen los comicios?

Prácticamente todos los dirigentes tienen claro lo que hay detrás del caso. Por un lado, un presidente se dejó regalar al menos 12.000 euros en trajes por unos amigos a los que dio siete millones de euros en contratos públicos. Nadie en el PP cree que Camps se llevara dinero, no le ven como un corrupto, pero sí está asumido que dio trato de favor a sus amigos.

Por otro lado, está la financiación ilegal. Los más informados creen que el caso puede acabar mal, con imputaciones a varios dirigentes del PP. Pero, de nuevo, la clave son los tiempos. Mariano Rajoy parece haber tomado la firme decisión de no hacer nada mientras la justicia no impute a Camps u otros por cohecho propio y otros delitos. El cohecho impropio por el que ya está imputado, con una resolución unánime de cinco jueces del Tribunal Supremo, está asumido.

Y si Rajoy no hace nada, nadie va a hacer nada. Así que el PP, y en especial Federico Trillo, que anoche recibió un homenaje en Benidorm, se concentra en dilatar el proceso todo lo posible -gracias al recurso fallado ayer ha logrado cuatro meses de parón, y eso que el informe policial sobre el que se basa todo es de julio de 2009.

Si consiguen retrasarlo lo suficiente, Camps se presentará a las elecciones. Y después de ganar, todo será diferente, dicen en el PP. De nuevo la doctrina, ya aplicada en el caso Fabra, que las urnas absuelven a los políticos. Aún así, muchos dirigentes cercanos a Rajoy están cada vez más convencidos de que hay que limpiar el PP de la Comunidad Valenciana. Lo único que queda es saber cuándo hacerlo.

De momento, con las encuestas a favor y un gran optimismo interno, se limitan a ganar tiempo. Ayer la dirección nacional insistió en destacar que "no hay nuevas imputaciones para Camps ni ningún aforado", y que el caso se envía a Valencia "por razones estrictamente territoriales". Mientras, Ángel Luna, portavoz socialista en las Cortes valencianas, sentenció: "A partir de ahora, dejamos de hablar de los famosos tres trajes, que no eran tres, y hablamos de prevaricación, cohecho, delito electoral y malversación".

(www.elpais.com, 01/10/10)

EL TSJM REMITE A VALENCIA LA CAUSA POR FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

Todo son malas noticias para el PP en relación con la trama Gürtel. La última, la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha desestimado el recurso del PP contra la decisión del juez Antonio Pedreira, instructor del caso, de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en cuanto a la parte que implica a la cúpula de la Generalitat Valenciana con una presunta financiación ilegal y un delito electoral.

En su auto, el TSJM ha acordado remitir la causa a Valencia, aunque será el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad el que decida sobre la posible conexión de los delitos o su investigación por separado, así como su admisión a trámite. En caso de no admitirlo, crearía un conflicto de competencias.

En el escrito se señala que "los hechos relatados jamás podrían atribuirse a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid", al existir entre los encausados varios aforados valencianos, por lo que el tribunal avala inhibición de Pedreira a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Pero los magistrados de Madrid señalan que la "relevancia penal" de los hechos atribuidos a Camps y a miembros de su administación "tiene que ser determinada por los competenes órganos judiciales de Valencia", que deberán decidir "si hay lugar a proceder y si existen o no hechos de apareciencia delictiva".

En su recurso, el PP sostenía que no se ha demostrado una conexión entre los hechos investigados por el tribunal madrileño y la llamada "causa de los trajes" que se instruye en Valencia. El partido de Mariano Rajoy solicitó que se rechace la inhibición en favor del TSJV "por no estar acreditados los hechos que imputa la fiscalía", así como la participación en los mismos del presidente valenciano, Francisco Camps, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, y por carecer los hechos de relación o analogía con los "hechos de los que se conoce en la causa valenciana".

Pedreira dictó en mayo un auto inhibición parcial con el que remitió a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV la parte de la investigación que se refiere al PP y afecta a Camps. El objetivo de Pedrera era evitar "la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los distintos informes". Además de Camps, el auto de Pedreira señalaba indicios de delitos contra Ricardo Costa, Rafael Betoret, Vicente Rambla, Victor Campos, Pedro Gimeno, David Serra y Cristina Ibáñez.

El magistrado de Madrid tomó esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de mayo al TSJCV reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel. Pedreira ordenó, además, que la parte del sumario que afecta a las cuentas del PP valenciano se uniese a esta investigación.

El juez tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP valenciano.

El 15 de febrero pasado la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV decidió no investigar por el momento la presunta financiación irregular del PP de Valencia, alegando que los hechos podrían estar incorporados ya en alguna de las causas judiciales que se siguen por el "caso Gürtel".

Según los 50.000 folios del sumario del caso Gürtel, la Policía halló pruebas de financiación ilegal en la Comunidad Valenciana a través de empresas ligadas a la trama corrupta, en concreto Orange Market, que luego recibían millonarias adjudicaciones de la Generalitat. Es más, tal y como adelantó Público a principios de septiembre, la Brigada de Blanqueo de la Policía sostiene en un informe del pasado 20 de julio que el Gobierno de Camps pagó 846.000 euros a Orange Market a través de dinero negro o facturas falsas durante 2008. 

Esto en cuanto a la financiación ilegal. En lo respectivo al delito electoral, el magistrado Pedreira vincula en uno de sus autos al PP valenciano con el falseamiento de cuentas electorales mediante "pagos" que no fueron "reflejados en las cuentas". Según el juez, el PP valenciano ocultó pagos por 2,5 millones de euros.

(www.publico.es, 01/10/10)

EL TSJM TRASLADA A VALENCIA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DE CAMPS

El PP ha fracasado en su último intento para evitar que uno de sus dirigentes más controvertidos, Francisco Camps, vuelva a los tribunales para aclarar una presunta financiación ilegal de este partido en Valencia y otros delitos. Así lo decidió ayer el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que avaló la decisión del instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, que se inhibió a favor de sus colegas valencianos el pasado mes de mayo.

El PP, que actúa como acusación particular, pidió a los magistrados de la sala civil y penal del TSJM que dejaran sin efecto la decisión de su subordinado. Sin embargo, los jueces se han negado a su pretensión con un argumento muy simple.

Los presuntos delitos descubiertos por sendos informes de la policía judicial y de la Agencia Tributaria afectan a aforados de la Comunidad Valenciana. Por ello, Pedreira «jamás podría tomar declaración como imputados a aforados de otra comunidad autónoma» que no sea Madrid «ni practicar actuaciones a sus espaldas y sin posibilidad de tomar conocimiento de ellas y poder defenderse o contradecirlas».

Los magistrados sostienen que la decisión de Pedreira de remitir esta parte de la causa a Valencia «es necesaria y consecuente». La sala civil y penal del TSJM no condiciona la actuación de sus colegas del Tribunal de Valencia, ya que aclara que son estos los encargados de «establecer si existen o no hechos de apariencia delictiva».

También deberán resolver «sobre la admisión de imputación y sobre la conexidad o no con las actuaciones» que tramita José Flors sobre el caso de los trajes que supuestamente recibieron Francisco Camps y otras tres personas de personas vinculadas con la red que dirigía Francisco Correa. Esta investigación se reabrió el pasado mes de mayo por orden del Tribunal Supremo.

Los nuevos delitos que debe investigar ahora el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) se refieren a un posible delito electoral cometido durante las elecciones autonómicas y locales del 2007. Los informes policiales acreditan que Orange Market pagó servicios del PP en esta comunidad autónoma de forma opaca y en efectivo y que dichos pagos fueron realizados por algunos empresarios que así encubrían donaciones que realizaban al PP.

Además, el TSJCV tendrá que investigar si los dirigentes del PP también han incurrido en los delitos contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil por las facturas que falsearon el pago de los servicios por parte de Orange Market y por la omisión en las declaraciones de la renta «de los ingresos recibidos de forma opaca cuyo importe es de 2,5 millones de euros», según uno de los informes policiales. Los jueces de Valencia también tendrán que investigar la posible comisión de un delito de prevaricación y cohecho.

La sala civil y penal del TSJV, que todavía preside Fernando de la Rúa, que es amigo personal del presidente valenciano, será la encargada de decidir sobre esta inhibición. En el caso de rechazarla, el Tribunal Supremo tendrá la última palabra. De la Rúa está en funciones desde hace más de un año, ya que el Consejo General del Poder Judicial aún no ha nombrado a su sustituto.

(www.elperiodico.com, 01/10/10)

LOS POPULARES SUBRAYAN QUE NO HAY NUEVAS IMPUTACIONES

El PP acogió ayer con preocupación el auto del TSJM que abre la puerta a otra investigación contra Camps, -además por delitos muchos más graves que el podría derivarse por el regalo de los trajes- y abre el melón de la posible financiación irregular del PP. Sin embargo, los populares se agarraron al hecho de que, de momento, no puede hablarse de nuevas imputaciones ni para Camps "ni para ningún aforado del PP valenciano", según fuentes de la dirección nacional.

Es más, Génova subrayó el envío a Valencia obedece a "razones estrictamente territoriales" y "no entra en el fondo del asunto por competencia territorial", al tiempo que se les da la razón en que "los hechos no están probados". A su entender, la propia resolución admite que es "prematuro hablar de conexiones con los hechos que se vienen investigando". Es más, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, expresó la "satisfacción" de los populares por "no hay nada en la Comunitat Valenciana" y "verdad se va imponiendo".

No lo ve igual la oposición que considera que se estrecha el cerco judicial contra Camps. Para el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, el auto supone el "fracaso" por parte del PP de "impedir" el desarrollo de la investigación del caso Gürtel y celebró que "afortunadamente la justicia ponga las cosas en su sitio".

Por su parte, la coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, lanzó una advertencia al TSJCV al que indicó que "ya no tiene excusa para demostrar que la justicia llega hasta el presidente de la Generalitat". Para Mònica Oltra, portavoz adjunta de Compromís, en cada acto judicial se va evidenciando que "el PP es el partido más corrupto de toda España".

(www.levante-emv.com, 01/10/10)

EL CONSELL CONSIDERA LEGÍTIMO ACUSAR AL JUEZ GARZÓN PARA EXCULPAR A CAMPS

"Ni Garzón ni las fiscales eran quiénes para excluirlas". El secretario autonómico de Justicia, Jorge Cabré, en una intervención en la que no se contuvo a la hora de arremeter contra el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, ni al referirse a los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como "míos" o "suyos", "del PSOE" o "del PP", justificó ayer ante una comisión de las Cortes que la Abogacía de la Generalitat acuse al juez Baltasar Garzón para defender grabaciones anuladas que, en su opinión, exculpan al presidente del Consell, Francisco Camps, de las imputaciones de haber recibido regalos de la trama de corrupción del caso Gürtel.

Cabré justificó que la Generalitat haya recurrido al juzgado tras el rechazo por parte del Poder Judicial de una queja contra Garzón y defendió "la espontaneidad" de la conversación grabada en la cárcel entre Pablo Crespo, segundo de Francisco Correa en la trama Gürtel, y su abogado, en la que afirmaba: "Yo creo que Camps, si se hizo los trajes, los habrá pagado". El secretario autonómico añadió que "las estrategias vienen luego", pero fue muy beligerante al descalificar la actuación del magistrado de la Audiencia Nacional. En su opinión, la queja ante el CGPJ obedece a "una cuestión disciplinaria" y no entra en el fondo del caso. En el mismo sentido, defendió que la Abogacía se quejara de que Garzón pretendiera hacerse cargo de la investigación sobre las filtraciones del caso Gürtel.

"¿Están ustedes con los presuntos delincuentes o con los valencianos?", le preguntó el diputado socialista Manuel Mata. "¿Son ustedes los abogados de Camps o los abogados de los valencianos?". El diputado criticó la utilización de la Abogacía de la Generalitat para defender a quienes están imputados por haber perjudicado a la Administración y negó que las grabaciones a Crespo puedan ser usadas en la defensa de Camps porque la ley no considera válidas las exculpaciones entre "coimputados". "Los altos cargos ya tienen los mejores abogados, no hace falta que ustedes lo sean también", añadió Mata, que calificó de "perversión de la democracia" el hecho de que se ponga la Administración valenciana al servicio de la defensa de Camps.

La diputada de Compromís Mireria Mollà, por su parte, destacó la contradicción de que el presidente del Consell se niegue a hablar de sus problemas con la justicia en las Cortes porque son un asunto personal y movilice a la Abogacía de la Generalitat en su defensa.

Poca urgencia tras la sentencia

La portavoz adjunta de Compromís, Mònica Oltra, salió ayer indignada de la Junta de Portavoces de las Cortes Valencianas. Su grupo había propuesto incluir por el procedimiento de urgencia en el orden del día del próximo pleno ordinario una proposición no de ley para reivindicar la figura de Francesc Bosch i Morata, que fue conseller de Cultura de Valencia durante la República, en lo que se considera que fue un embrión de las instituciones autonómicas.

La mayoría de que dispone el PP impidió que eso ocurriera y envió la proposición al trámite en comisión. Se trata de una de las iniciativas que recibieron amparo por parte del Tribunal Constitucional en una sentencia que anuló al PP su rechazo de las iniciativas de la oposición sin justificación. En aplicación del fallo, la Mesa de las Cortes, que preside Milagrosa Martínez, tuvo que aceptar a trámite nueve preguntas sobre adjudicaciones a empresas del caso Gürtel y esta proposición no de ley.

"No tienen vergüenza", exclamó la diputada de Compromís, que acusó al PP de persistir en "el recorte injustificado de derechos democráticos y constitucionales", en este caso de los diputados, y añadió que eso es "la antesala de la corrupción". Oltra acusó a Milagrosa Martínez y los otros dos miembros del PP en la Mesa de las Cortes de considerar que están "por encima del Tribunal Constitucional". "Esta iniciativa se debatirá", anunció Oltra, "aunque el PP quiera eludir el debate público".

Bosch i Morata, político del Partit Valencianista d'Esquerra que murió en el exilio en México en 1950, creó en 1937 el Institut d'Estudis Valencians.

(www.elpais.com, 01/10/10)

MADRID ENVÍA A LOS TRIBUNALES VALENCIANOS LA PRESUNTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS

Los magistrados se basan en una cuestión formal para avalar el traslado de la causa. Según el auto, "la condición de aforados de alguna de las personas a las que se atribuyen hechos de apariencia delictiva resulta determinante para la inhibición. Los magistrados añaden que jamás se podría tomar declaración en Madrid como imputados a aforados de otra comunidad autónoma ni practicar actuaciones a sus espaldas".

La decisión del alto tribunal supone un nuevo varapalo para los intereses del Partido Popular que por todos los medios a su alcance ha intentado que el juicio contra Camps se quedase sólo en el capítulo de la recepción de los trajes.

Ahora los tribunales valencianos tendrán que investigar la presunta financiación ilegal del PP valenciano y los presuntos delitos de tráfico de influencias que la investigación de la Fiscalía y la policía atribuyen a la cúpula del PP de aquella comunidad.

Presuntos delitos relacionados con la financiación ilegal del PP valenciano a través de empresas constructoras que, a su vez, recibían contratos del Gobierno valenciano de Francisco Camps.

De abrirse proceso para el presidente valenciano por presuntos delitos de financiación ilegal, tráfico de influencias y cohecho propio su futuro como candidato vuelve a complicarse.

Ésta es una de las decisiones esperadas por la dirección del PP de Rajoy. Hasta el momento, salvo apoyos puntuales en declaraciones públicas Camps no ha sido designado de manera oficial como candidato a las elecciones en su comunidad.

El tribunal sí da la razón al PP al considerar que no ha traspasado las funciones propias de la acusación particular y en que "quien deberá acreditar si los hechos son o no delictivos deberán ser los órganos judiciales de Valencia".

(www.cadenaser.com, 30/09/10)

CAMPS SERÁ INVESTIGADO POR MÁS DELITOS EN VALENCIA

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado parcialmente el recurso interpuesto por el PP contra la decisión del juez Antonio Pedreira de inhibirse a favor del TSJ de Valencia para que sea este tribunal el que investigue y juzgue todos los indicios de delito encontrados en la investigación del Caso Gürtel que afectan al presidente valenciano, Francisco Camps, y a la cúpula del PP regional y del Gobierno autonómo.

Según la información que Pedreira envió a Valencia, la rama valenciana del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido en democracia, va mucho más allá de los regalos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de los que ya estaba en camino de ser juzgado. Los indicios apuntan a siete delitos vinculados a la corrupción relacionados con el amaño de contratos a favor de la red Gürtel (prevaricación y tráfico de influencias); con la aceptación de regalos pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de la trama corrupta en Valencia, a dirigentes del PP (cohecho) y con la ocultación a Hacienda de gastos del partido en la campaña de 2007 (delito electoral). El juez recogía en su auto los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que considera que Camps pudo incurrir en cohecho propio (recibir regalos a cambio de adjudicar contratos) en lugar del cohecho pasivo impropio que ahora se le imputa (recibir regalos por su condición de autoridad sin vinculación con la adjudicación de contratos).

El pasado 4 de junio el PP recurrió el auto en el que Pedreira se inhibía y le acusaba de equivocarse al guiarse por la "visión parcial" de la Fiscalía. Los abogados del partido aseguraban también que no existían datos para deducir una conexión entre la causa investigada por el TSJ de Valencia y las actuaciones del tribunal de Madrid.

(www.lavanguardia.es, 30/09/10)

EL PP ASEGURA QUE "NO HAY NUEVAS IMPUTACIONES"

El Partido Popular ha enviado a los medios una valoración tras conocerse la decisión del TSJ de Madrid, que reproducimos a continuación:

1. No hay nuevas imputaciones ni para Camps ni para ningún aforado.

2. Da la razón al PP al estimar que los hechos no están probados.

3. El envío al TSJV es por razones estrictamente territoriales.

4. [El auto] no entra en el fondo del asunto por competencia territorial.

5. Afirma, así mismo, que es prematuro hablar de conexiones con los hechos que se vienen investigando.

6. El auto estima "parcialmente" el recurso del PP.

(www.elpais.com, 30/09/10)

EL TSJM REMITE A VALENCIA LA CAUSA POR FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

Todo son malas noticias para el PP en relación con la trama Gürtel. La última, la decisión de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ha desestimado el recurso del PP contra la decisión del juez Antonio Pedreira, instructor del caso, de inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia en cuanto a la parte que implica a la cúpula de la Generalitat Valenciana con una presunta financiación ilegal y un delito electoral.

En su auto, el TSJM ha acordado remitir la causa a Valencia, aunque será el Tribunal Superior de Justicia de esta Comunidad el que decida sobre la posible conexión de los delitos o su investigación por separado, así como su admisión a trámite. En caso de no admitirlo, crearía un conflicto de competencias.

En el escrito se señala que "los hechos relatados jamás podrían atribuirse a los órganos jurisdiccionales de la Comunidad de Madrid", al existir entre los encausados varios aforados valencianos, por lo que el tribunal avala inhibición de Pedreira a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.

Pero los magistrados de Madrid señalan que la "relevancia penal" de los hechos atribuidos a Camps y a miembros de su administación "tiene que ser determinada por los competenes órganos judiciales de Valencia", que deberán decidir "si hay lugar a proceder y si existen o no hechos de apareciencia delictiva".

En su recurso, el PP sostenía que no se ha demostrado una conexión entre los hechos investigados por el tribunal madrileño y la llamada "causa de los trajes" que se instruye en Valencia. El partido de Mariano Rajoy solicitó que se rechace la inhibición en favor del TSJV "por no estar acreditados los hechos que imputa la fiscalía", así como la participación en los mismos del presidente valenciano, Francisco Camps, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, y por carecer los hechos de relación o analogía con los "hechos de los que se conoce en la causa valenciana".

Pedreira dictó en mayo un auto inhibición parcial con el que remitió a la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV la parte de la investigación que se refiere al PP y afecta a Camps. El objetivo de Pedrera era evitar "la prescripción de los supuestos delitos electorales que se desprenden de los distintos informes". Además de Camps, el auto de Pedreira señalaba indicios de delitos contra Ricardo Costa, Rafael Betoret, Vicente Rambla, Victor Campos, Pedro Gimeno, David Serra y Cristina Ibáñez.

El magistrado de Madrid tomó esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de mayo al TSJCV reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel. Pedreira ordenó, además, que la parte del sumario que afecta a las cuentas del PP valenciano se uniese a esta investigación.

El juez tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP valenciano.

El 15 de febrero pasado la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV decidió no investigar por el momento la presunta financiación irregular del PP de Valencia, alegando que los hechos podrían estar incorporados ya en alguna de las causas judiciales que se siguen por el "caso Gürtel".

Según los 50.000 folios del sumario del caso Gürtel, la Policía halló pruebas de financiación ilegal en la Comunidad Valenciana a través de empresas ligadas a la trama corrupta, en concreto Orange Market, que luego recibían millonarias adjudicaciones de la Generalitat. Es más, tal y como adelantó Público a principios de septiembre, la Brigada de Blanqueo de la Policía sostiene en un informe del pasado 20 de julio que el Gobierno de Camps pagó 846.000 euros a Orange Market a través de dinero negro o facturas falsas durante 2008. 

Esto en cuanto a la financiación ilegal. En lo respectivo al delito electoral, el magistrado Pedreira vincula en uno de sus autos al PP valenciano con el falseamiento de cuentas electorales mediante "pagos" que no fueron "reflejados en las cuentas". Según el juez, el PP valenciano ocultó pagos por 2,5 millones de euros.

(www.publico.es, 30/09/10) 

EL JEFE DEL SASTRE DE CAMPS ADMITE QUE SE VIO CON TRILLO

¿Actuaron de manera coordinada el PP y el jefe del sastre que desveló los regalos de la trama Gürtel a Francisco Camps? La pregunta cobra especial relevancia tras la declaración judicial prestada ayer en Valencia por Eduardo Hinojosa, propietario de las tiendas donde trabajaba el sastre José Tomás, despedido y vapuleado por el PP y sus medios afines a raíz de sus revelaciones. La pregunta gana valor porque Hinojosa confirmó que Federico Trillo, portavoz de justicia del PP, se reunió con él dos veces en la sede de su empresa tras estallar el caso de los trajes.

Considerado el artífice de la estrategia del PP en el sumario Gürtel, Trillo fue a verlo a la sede de sus empresas para "interesarse" por el tema de los trajes, le contó Hinojosa al juez, según fuentes conocedoras de su declaración como testigo. Por la tarde, Público intentó sin éxito recabar la versión del portavoz de justicia del PP y ex ministro de Defensa.

La primera de las dos entrevistas entre Trillo y el dueño de la cadena de tiendas Forever Young se celebró un día después de la publicación de una entrevista concedida por José Tomás. En ella el sastre relataba el asedio telefónico al que le había sometido Camps cuando se enteró de que la policía y Garzón lo habían llamado a declarar. Preocupado por averiguar qué rastro documental había quedado en Forever Young, el presidente de la Generalitat llegó a llamarlo ocho veces a su móvil mientras Tomás estaba compareciendo ante la policía. La declaración del sastre fue crucial para que el president de la Generalitat fuera imputado por cohecho impropio (soborno). Esa imputación amenaza con sentarlo en el banquillo con independencia de si se investiga o no la financiación del PP valenciano.

Tanto Hinojosa como el PP tensaron todos sus resortes para desacreditar al sastre desde el momento en que este destapó el asunto. Hinojosa lo despidió un día después de declarar ante el juez Garzón y lo denunció por presunta falsificación de facturas. Y Trillo emprendió una durísima campaña en la que acusó al sastre de cobrar a Camps y a la trama corrupta los mismos trajes por partida doble. La semana pasada, el juez Antonio Pedreira, instructor principal del caso Gürtel, levantó la imputación que, por falsedad documental, aún pesaba sobre José Tomás.

De la presencia de Trillo en las oficinas de Forever Young ya había hablado un testigo el pasado junio. Pero, al igual que al sastre, Hinojosa también había despedido a ese testigo, director de compras de la empresa hasta agosto de 2009. Dado su carácter de damnificado laboral, el PP podía alegar sospechas sobre la veracidad de su testimonio. Ahora, la declaración de Hinojosa disuelve cualquier grano de duda.

Fuentes del caso aseguran que, durante las tres horas de interrogatorio judicial, Hinojosa se esforzó por exculpar a Camps ante el juez José Flors, instructor del caso de los trajes. Pero aseguran también que él mismo se lió en una vorágine de fechas y datos contradictorios. A su salida de los juzgados, los periodistas le preguntaron si alguien pagó los trajes de Francisco Camps. El empresario se curó en salud: "Yo creo que los pagaría él. No lo sé".

(www.publico.es, 30/09/10)

EL DUEÑO DE FOREVER YOUNG NO ACLARA SI CAMPS PAGÓ LOS TRAJES

Eduardo Hinojosa, dueño de Forever Young, firma a la que empresas de la trama Gürtel compraron regalos, entre otros, para el presidente Francisco Camps, declaró ayer en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Lo hizo en calidad de testigo y a petición de la Fiscalía. En su intervención, que duró varias horas, Hinojosa reconoció dos reuniones con el diputado del PP Federico Trillo a propósito de la causa contra el presidente Camps y otros tres altos cargos del Gobierno valenciano por supuesto delito de cohecho pasivo impropio.

Hinojosa, ex jefe del sastre José Tomás, figura esencial para desvelar parte de las prácticas de empresas de la trama y al que el juez ha levantado la imputación, lanzó sospechas sobre las certezas que el ministerio público tiene de cómo quedaron contabilizados los encargos de distintas prendas que fueron regalos para Camps y el resto de imputados en la causa.

El dueño de Forever Young explicó que el sistema de contabilidad no permite garantizar que Camps no se pagara los trajes. Hizo mucho hincapié en que entre los clientes existe otra persona con el mismo apellido y que pudo haber confusiones a la hora de registrar pagos o entregas. Relató también que la forma de recoger los pedidos, las notas de entrega y los pagos dependían del cliente. Según él, ese sistema era personalizado. Los clientes llegaban a la tienda, se llevaban prendas, podían pagar solo una parte o adelantar incluso una fracción de un encargo aún no realizado. Según fuentes del caso, Hinojosa extendió ayer la confusión sobre la gestión de las entradas y salidas y eludió pronunciarse con rotundidad sobre el pago de los trajes que Camps dijo haber realizado.

El Ministerio Público solicitó el año pasado la declaración de Eduardo Hinojosa como testigo. La petición fue inicialmente rechazada, pero el recurso a esa negativa no pudo resolverse porque la Sala de lo Civil y Penal archivó el 1 de agosto de 2009 la causa. El tribunal valenciano se pronunció hace pocas semanas, después de reabierta la causa por orden del Tribunal Supremo. La Fiscalía Anticorrupción, que ayer estuvo presente en la sala con tres de sus representantes, consideraba muy importante la comparecencia de Hinojosa para despejar algunas dudas.

Una de ellas nace de un documento de Forever Young sobre una corbata en el que aparecía el nombre de Francisco Camps tachado, prenda que no figura entre las que supuestamente le regalaron al presidente. Para la Fiscalía era determinante que Hinojosa aclarara cómo funcionaba el registro de las prendas, de sus destinatarios, de los pagos que de ellas se realizaban, cómo y quién. Ayer, solo aclaró que algunas de las empresas que eran clientes encargaban y compraban varias prendas para personas distintas y eso generaba comprobantes varios. Reconoce a Álvaro Pérez, El Bigotes, responsable de Orange Market, como uno de sus clientes. Y reconoció a otro Camps, no al presidente de la Generalitat, también entre sus clientes.

(www.elpais.com, 30/09/10)

RAJOY REITERA QUE CAMPS SERÁ CANDIDATO PESE A NO GUSTARLE LO OCURRIDO CON GÜRTEL

El líder del PP, Mariano Rajoy ratificó ayer como candidato en las próximas elecciones en la Comunitat Valenciana al actual presidente de la Generalitat, Francisco Camps, aunque reconoció que lo sucedido como consecuencia del caso Gürtel no le ha gustado. "No me hubiera gustado que se produjera lo que se ha producido hasta el presente momento; pero el candidato en las próximas elecciones va a ser el señor Camps", manifestó el líder nacional del PP durante un encuentro con medios de comunicación.No es la primera vez que Rajoy ratifica en público a Camps como cartel electoral para las elecciones autonómicas de 2011, aunque en esta ocasión se mostró más tajante: "El candidato será Camps", dijo al ser preguntado sobre el futuro político del presidente. Eso sí, no quiso profundizar sobre las circunstancias judiciales con las que podría concurrir el mandatario del PP valenciano, quien podría sentarse en el banquillo de los acusados por un presunto delito de cohecho impropio.

En otro orden de cosas, lo que sí hizo Rajoy es desautorizar al presidente Camps en su anuncio el pasado lunes de que pedirá las competencias sobre políticas de empleo que el Gobierno central ha transferido al País Vasco por su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado. Rajoy planteó una medida totalmente distinta: , blindar la caja única de la Seguridad Social para "evitar tentaciones tanto presentes como futuras". Para Rajoy las competencias transferidas podrían romper la caja única.

(www.levante-emv.com, 29/09/10)

EL DUEÑO DE LA SASTRERÍA NO DICE SI CAMPS PAGÓ SUS TRAJES

El dueño de Forever Young, Eduardo Hinojosa, ha testificado hoy ante el juez que instruye la parte valenciana del caso "Gürtel" y al concluir, preguntado sobre si el president de la Generalitat, Francisco Camps, pagó los trajes que encargó en esta tienda, ha contestado: "Yo creo que los pagaría él, no lo sé".

Hinojosa ha comparecido ante el magistrado José Flors después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) admitiera la petición del fiscal y del PSPV-PSOE para tomarle declaración como testigo en la causa abierta por cohecho impropio contra Camps y otros cargos del Gobierno autonómico y del PP valenciano.

El administrador de la tienda ha prestado declaración durante unas tres horas y al concluir su comparecencia, y después de que los abogados y el propio juez abandonaran el Palacio de Justicia, ha permanecido durante cerca de otra hora en el interior del edificio.

Finalmente ha sido abordado a su salida por los medios de comunicación, que le han preguntado sobre si el president de la Generalitat había pagado los trajes que esta tienda había confeccionado para él -que supuestamente abonó la empresa Orange Market-, a lo que ha contestado: "Yo creo que los pagaría él, no lo sé; pregunten al juez", se ha limitado a decir.

"Saben ustedes que no les puedo decir nada", se ha excusado el magistrado ante los periodistas al abandonar la sede del Tribunal Superior de Justicia. Fuentes próximas al caso han contado a EFE que el propietario de la tienda no ha podido ratificar la afirmación que mantuvo al principio de la instrucción judicial, cuando dijo que Camps había pagado sus trajes.

En la declaración de hoy, según las citadas fuentes, Hinojosa ha incurrido en numerosas contradicciones sobre quién abonó finalmente los trajes.

Tras hacerse público el "caso Gürtel", Hinojosa, como administrador de Forever Young, presentó una denuncia contra el sastre José Tomás -que asegura haber hecho trajes para Camps- por elaborar facturas falsas, motivo por el que fue despedido.

Posteriormente, el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid declaró improcedente el despido de José Tomás y condenó a la empresa a readmitirle o, en su caso, indemnizarle con 232.500 euros.

(www.elplural.com, 29/09/10)

PEDREIRA LEVANTA LA IMPUTACIÓN AL SASTRE DE LOS TRAJES DE CAMPS

El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha exculpado a ocho implicados en las diligencias que instruye sobre la trama corrupta; entre ellos, a José Tomás García, el sastre al que acudió Álvarez Pérez, El Bigotes, para que confeccionase trajes a medida para el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos del Gobierno valenciano. Los otros desimputados son empleados de empresas ligadas a la red que se limitaron a seguir las órdenes de sus jefes.

Tras declarar ante Garzón, Tomás, que trabajaba como sastre en las tiendas de Milano y Forever Young, que dirige Eduardo Hinojosa, fue despedido. La acusación contra él, ahora desmontada por el juez, era que había falseado facturas de trajes.

El auto que hizo público ayer Pedreira señala que la labor de Tomás nada tenía que ver con la elaboración de facturas, y recuerda que un juzgado declaró improcedente su despido tras desechar todas las imputaciones que le hizo Hinojosa, supuestamente en connivencia con el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo.

En el sumario consta el testimonio de Miguel Marqués, director de compras hasta su despido en agosto de 2009 de las empresas de Hinojosa. Marqués manifestó que Trillo estuvo en el despacho de Hinojosa al día siguiente de publicarse la entrevista en la que Tomás explicaba cómo tomó medidas al presidente Camps y a otros políticos; indicaba además que los trajes fueron abonados por la red que dirigía Francisco Correa. Según Marqués, tras aquel encuentro con Hinojosa comenzó una campaña de prensa contra Tomás por parte de sectores afines al PP.

Tomás se mostró ayer satisfecho con el sobreseimiento. Y añadió: "Hinojosa ha perdido seis pleitos laborales conmigo, y en su momento ejercitaré acciones penales contra él por denuncia falsa y falsificación documental, ente otros delitos". El PP anunció ayer que recurriría esta desimputación. Y Tomás replicó: "Trillo ha dado esa orden para retrasar tener que explicar las injurias y calumnias que me hizo".

(www.elpais.com, 28/09/10)

EL SASTRE DICE QUE CAMPS SERÁ DECLARADO CULPABLE Y QUE RAJOY CONOCÍA LA TRAMA

El sastre de Camps, José Tomás, manifestó ayer su confianza en que el presidente Camps será declarado culpable de "cohecho impropio pasivo", aunque consideró que, "tal y como está montado el sistema, es difícil" que el líder del PP acabe en la cárcel.

Además, dijo que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "conocía la trama" Gürtel "porque fue candidato llevándoles ellos la campaña". Tomás "salvó" a Álvaro Pérez y Pablo Crespo y cargó contra Camps y Rajoy.

El juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha admitido el sobreseimiento provisional de la imputación del sastre y otros nueve imputados más.

En el escrito, se admite la solicitud de la Fiscalía y se declara el sobreseimiento provisional de José Tomás, Rafael de León Cebreros, María Torres Ribas, Randall Wodbard, Tidie Baez, Miguel Uriel y las cuatro personas relacionadas con la sociedad Willow Investment de Reino Unido, cuando la empresa sospechosa está ubicada bajo el mismo nombre en St Cristopher&Nevis.

El juez Pedreira, que dice haber llegado a la misma conclusión que el Juzgado de lo Social número 8 de Madrid el 13 de julio de 2009, recoge en su escrito que la falsedad documental que se imputó a José Tomás, según las declaraciones prestadas, "determina una duda importante en relación con la autoría de la falsedad en el seno de los establecimientos de ropa en os que trabajó".

Así, señala que la labor de facturación derivada de la actuación comercial de los establecimientos en los que Tomás prestaba servicios no le estaba a él encomendada. Destaca además que no consta el conocimiento de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban.

Los demás imputados a los que se han levantado las causas son personas sobre las que no se ha podido demostrar su relación con los hechos por cuestión de fechas o porque no consta que conocieran la actividad presuntamente delictiva de otros de los imputados.

El PP recurrirá la decisión del juez Pedreira de admitir el sobreseimiento provisional de la imputación del sastre y otros nueve imputados en el caso Gürtel.

(www.levante-emv.com, 28/09/10)

PEDREIRA RETIRA LA IMPUTACIÓN AL SASTRE DE FRANCISCO CAMPS

El encargado de confeccionarle los trajes a Francisco Camps, esos que aseguró pagarse de su propio bolsillo el imputado presidente regional, puede respirar más tranquilo. El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha levantado la imputación a diez personas, entre ellas, a José Tomás.

En su auto, Pedreira accede así a la petición de la Fiscalía Anticorrupción, y decreta el sobreseimiento provisional de la causa respecto a José Tomás, al considerar que no consta el conocimiento por parte del sastre "de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados, así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban".

José Tomás ha estado en el centro de la actualidad informativa en numerosas ocasiones durante sus declaraciones ante el juez tanto en Madrid como en Valencia. En especial cuando declaró que atendió a Francisco Camps, para quien confeccionó varios trajes a medida, valorados en más de 12.000 euros, supuestamente pagados por la empresa Orange Market, perteneciente a la trama Gürtel. Tras esta declaración, el máximo responsable del PP en Valencia tuvo que salir al paso para aseverar que se pagaba sus propios trajes. 

El sastre estaba imputado por falsedad documental precisamente en relación con las facturas libradas por esas prendas de ropa, pero el juez sostiene que las investigaciones han determinado "una duda importante en relación con la autoría de la falsedad en el seno de los establecimientos en los que aquel trabajó".

Otra de las razones por las que Pedreira ha acordado levantar la imputación a José Tomás es que las diversas declaraciones prestadas en la causa han confirmado la conclusión de la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 de Madrid, que el 13 de julio de 2009 declaró improcedente el despido del sastre de Forever Young. Esta empresa había alegado para despedirle que había compras a crédito sin cobrar por 60.309 euros, que firmó facturas que no se correspondían con la realidad y que existían devoluciones no justificadas. Sin embargo, Pedreira se remite a la citada sentencia para concluir que Tomás no tenía encomendada la labor de facturación de los establecimientos en los que trabajaba.

El instructor del caso Gürtel ha retirado también la imputación que pesaba sobre otras nueve personas, entre las que se encuentra el empresario colombiano Miguel Uriel Hernández Chavarro. Hernández, que llegó a ser detenido en Madrid el pasado 1 de julio, reconoció ante el juez que desde 2008 buscaba inversiones inmobiliarias en Colombia, donde tiene varias empresas dedicadas al sector energético, por encargo del considerado líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. Sin embargo, el magistrado, al igual que la Fiscalía, indica que la actuación del empresario "no permite concluir su conocimiento sobre el origen de los fondos remitidos (por Correa) fuera de España".

Por otra parte, Pedreira ha rechazado la petición de Correa de que se dicte un nuevo auto detallando las imputaciones que pesan contra él, al poner en duda las conclusiones de los informes periciales que determinaron las cuotas tributarias presuntamente defraudadas.

Uno de esos informes, realizado por la Agencia Tributaria sobre la actividad económica de los imputados entre 2002 y 2007, aseguraba que Correa, que no hizo la declaración de la renta en ese periodo, "debería responder a título de autor de los delitos relacionados con su IRPF cuya cuota total asciende a más de 18 millones de euros".

El instructor rechaza la petición de Correa al considerar que, en realidad, lo que pretende es conocer "cuál podrá ser en el futuro el contenido del auto y que las acusaciones le digan cuál va a ser el contenido de sus escritos de acusación". "Es obvio que en este momento no procede en absoluto", concluye Pedreira.

(www.publico.es, 27/09/10)

EL TSJ IMPIDE QUE SE AVERIGÜE QUIÉN ANOTÓ A MANO ´CAMPS´ EN UN TIQUE DE LOS TRAJES 

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) rechazó en su auto del caso Gürtel del martes, al que ha tenido acceso Levante-EMV, la práctica de una prueba caligráfica que determinaría quién escribió a mano la palabra "Camps" en "un fax de octubre de 2008 en el que aparecen anotaciones manuscritas referentes al señor Camps de dos trajes, una americana y unos zapatos por un total de 2.860 euros" y en un tique de compra "que refleja una venta de cuatro corbatas por importe de 348 euros". 

Según el escrito de la Fiscalía rechazado por el TSJ, "en ambos casos José Tomás (el sastre) atribuyó dichos escritos a otro testigo, quien en su declaración judicial, lo negó, resultado la autoría de esos escritos especialmente relevante y necesaria para concretar los hechos imputados al señor Camps".
 

El ministerio público prosigue diciendo que "no se ha acreditado que esas corbatas fueran entregadas al presidente de la Generalitat. En consecuencia, con independencia de la valoración que pueda hacerse de los indicios existentes al respecto, la identificación del autor de esa anotación resulta trascendente para conocer el motivo de la anotación y el destino de las prendas". 

De los tres magistrados ponentes, Juan Luis de la Rúa, Juan Montero y José Francisco Ceres, sólo el último emitió un voto particular a este respecto, el magistrado estima que "no aparece precepto alguno que directa o indirectamente se estime que concurra una prohibición de práctica de tal diligencia pericial". 

En cuanto al resto de diligencias rechazas, los miembros de la sala no aceptaron que se una el informe elaborado por el Síndic de Comptes, que se remita documentación bajo secreto de sumario que está en la causa que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se transcriban las declaraciones de los imputados y testigos que han declarado hasta ahora, que se tome declaración a Luis E., empleado que realizó una de las ventas, que se impute a los cabecillas de la trama Gürtel, Pablo Crespo, Álvaro Pérez y Francisco Correa, así como que se advierta a las empresas Sastgor, S. A., Castellana del Inmueble y Locales, S. A., y Cortefiel, S. A. "la advertencia de poder incurrir en delito de desobediencia, si no envían las facturas y documentos mercantiles solicitados por la Fiscalía Anticorrupción que el magistrado instructor admitió para que fueran adjuntados al sumario del caso Gürtel. 

 (www.levante-emv.com, 23/09/10) 

COMPROMÍS LLEVA AL TC EL VETO A INVESTIGAR EL 'CASO GÜRTEL' 

El grupo parlamentario Compromís ha presentado ante el Tribunal Constitucional (TC) un recurso de amparo por vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas por el veto de la Mesa de las Cortes, con mayoría del PP, a dos iniciativas parlamentarias de sus diputados. Una de ellas, registrada el 13 de abril de 2010, solicitaba la creación de una comisión de investigación para clarificar la relación del presidente del Consell, consejeros y altos cargos de la Generalitat con las empresas investigadas en el caso Gürtel. 

Tras la negativa a tramitar esta petición de comisión de investigación, Compromís ha presentado los recursos correspondientes en las Cortes, que no han sido estimados, agotando en estos meses la vía reglamentaria de recursos antes de recurrir ante el Constitucional. La segunda iniciativa por la que Compromís una Proposición No de Ley en la que se proponían una serie de cambios en la fiscalización de las cuentas de la Administración valenciana para dotarla de mayor transparencia. 

(www.elpais.com, 23/09/10)

CAMPS REPITE QUE SERÁ EL CANDIDATO A LA GENERALITAT TRAS COMER CON RAJOY 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se mostró ayer seguro sobre su futuro político ante los medios de comunicación que se congregaron a las puertas de la sede nacional PP donde Mariano Rajoy había citado a sus barones para hablar sobre economía. La cita había despertado un gran interés porque implicaba reunir bajo un mismo techo a Rajoy con Camps, una imagen cada vez más difícil de captar por los problemas judiciales del presidente valenciano imputado por un presunto delito de cohecho impropio. Al término de la reunión, un almuerzo que se prolongó por espacio de unas dos horas, Camps respondió, a preguntas de los periodistas, que será el candidato de la Generalitat en 2011 y que cuenta con el respaldo del líder nacional de su partido. El encuentro con las decenas de periodistas que se agolpaban en la calle Génova de Madrid se produjo en las puertas de la sede, por donde Camps salió a pie acompañado por su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel. El presidente llegó en coche con un cuarto de hora de antelación y entró por el garaje, como hicieron otros mandatarios. 

Cuestionado sobre si repetirá como candidato, Camps respondió con un lacónico sí. La primera pregunta dio pie a otras en las que se le inquirió sobre si contaba con el respaldo de Rajoy dada su condición de imputado en el caso Gürtel. "Hemos venido a hablar de, entre otras cosas, el paro y hemos hablado, ya que está aquí el presidente de Murcia, de cuestiones importantes como el agua en Murcia y en la Comunitat Valenciana, pero en cualquier caso, la respuesta es sí", afirmó el jefe del Consell. Acto seguido se centró en el contenido del encuentro con Rajoy y otros dirigentes populares y reiteró el compromiso de su Ejecutivo de "continuar en el nivel de excelencia de las prestaciones de servicios sociales". 

Aunque Camps no pudo evitar que ayer su implicación en la causa de los trajes siguiera siendo el foco de interés, al menos regresó a Valencia con algún que otro gesto de Rajoy que no tuvo la última vez que coincidieron. Cabe recordar que el encuentro de hace unas semanas en Santiago de Compostela sólo arrojó imágenes de una fría relación entre ambos. Aunque desde hace meses las declaraciones de apoyo a Camps por parte de los dirigentes de Génova -incluido el propio Rajoy- se han sucedido, el líder nacional ha evitado darle cariño en público. 

Sin embargo, ayer, el PP, sabedor de que la fotografía de grupo y las imágenes que se permiten captar a los reporteros gráficos antes de las reuniones iban a ser miradas con lupa, decidió situar a Camps en un lugar estratégico en la primera fila, separado de Rajoy tan solo por la número dos del PP, Maria Dolores de Cospedal. A Camps se le vio conversar en una ambiente relajado con la secretaria general cuya relación ha estado marcada por la tirantez desde el primer momento. También intercambió impresiones con Rajoy, aunque según las fuentes consultadas, no hubo ninguna conversación trascendente sobre su futuro político. 

(www.levante-emv.com, 23/09/10)

FLORS CITA A DECLARAR AL DUEÑO DE FOREVER YOUNG, QUE EXCULPÓ A CAMPS EN LA CAUSA DE LOS TRAJES  

El propietario de Forever Young, Eduardo Hinojosa, declarará finalmente ante el juez José Flors que instruye la causa contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, por un presunto delito de cohecho impropio al haber aceptado regalos en forma de trajes de las empresas de la trama Gürtel. La declaración de Hinojosa, dueño de unas de las tiendas donde el jefe del Consell encargó prendas a medida, fue solicitada hace más de un año por la Fiscalía, pero fue desestimada por el juez instructor.
Ayer, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, aceptó el recurso de la fiscalía dando vía libre a una declaración que, en principio, favorece al jefe del Consell. Cabe recordar que Hinojosa avaló en su día la versión del presidente de que se pagó sus trajes, si bien su nombre también estuvo envuelto en la polémica al trascender una reunión con el responsable del Justicia del PP, Federico Trillo, en la que supuestamente se preparó la defensa del presidente. 

Cabe recordar que el dueño de Forever Young denunció en su día al sastre José Tomás por presuntamente emitir facturas falsas y adeudar más de 500.000 euros. El testimonio de José Tomás, que ejerció de modisto del presidente en la tienda de Hinojosa, fue crucial en la causa de los trajes, ya que afirmó que las prendas encargadas por Camps fueron pagadas por los cabecillas de la trama corrupta de Correa.
El sastre, también imputado en el caso Gürtel, fue despedido por Hinojosa en febrero de 2009 después de que prestara declaración ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. Hinojosa perdió recientemente el pleito que Tomás le planteó por despido improcedente, pero las denuncias por falsificación presentadas por vía penal están todavía pendientes.  

Con todo, precisamente ayer trascendió que la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en Madrid, el sobreseimiento provisional de la causa respecto a diez imputados, entre José Tomás García, al concluir que "no consta el conocimiento por parte del sastre de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados, así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban".  

Según defienden las fiscales del caso existe una "duda importante" respecto al delito de falsedad documental que se le imputó en relación con sus trabajos en las tiendas de Milano y Forever Young. El escrito recoge que "las diversas declaraciones prestadas confirman, así, la conclusión en igual sentido aunque con distinta consecuencia jurídica, alcanzada por la sentencia 13 de julio de 2009 del Juzgado de lo Social no 8 de Madrid", en alusión al fallo que dio le dio la razón en el despido improcedente. Añade la Fiscalía que "la fundamentación jurídica de esta sentencia incide en que la labor de facturación derivada de la actuación comercial de los establecimiento en los que José Tomás prestaba servicios no le estaba a él encomendada". 

Cabe apuntar que pese a estar imputado el sastre declaró ante Flors en calidad de testigo, una circunstancia anómala que recientemente fue puesta de relieve por la defensa del presidente. 

La resolución de la sala del TSJ-CV -hecha pública ayer a través de un comunicado de prensa- incluye también la confirmación del rechazo del resto de diligencias solicitadas en julio de 2009, es decir, antes de que el caso fuera archivado. La testifical de Hinojosa -que también reclamó la acusación popular- es la única que los magistrados han considerado "pertinente". Será, además, la primera vez que el empresario declare ante un juzgado. "La sala -prosigue el comunicado- mantiene- la tesis del magistrado instructora para denegar el resto de diligencias, consistentes en la ampliación de la imputación a otras tres personas y varias testificales". Añade que esta resolución, contra la que no cabe recurso, contiene un voto particular de un magistrado ponente que defendía que se aceptara otra prueba solicitada por la fiscalía consistente en una pericial caligráfica. 

(www.levante-emv.com, 22/09/10) 

CAMPS RATIFICA QUE SERÁ CANDIDATO A LA GENERALITAT 

El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha ratificado hoy en la sede nacional del PP que será el candidato de su partido en las próximas elecciones en la comunidad autónoma, en mayo de 2011.

Con un lacónico "sí" ha respondido Camps a la pregunta sobre si repetirá como candidato en Valencia, habida cuenta de que se encuentra presuntamente implicado en una de las tramas del caso "Gürtel" y podría haber incurrido en un delito de cohecho impropio.

El presidente valenciano ha asistido hoy a la reunión que la dirección nacional, con Mariano Rajoy al frente, ha celebrado en la sede del PP en Madrid con los presidentes autonómicos del partido.

Tras un almuerzo de unas dos horas de duración, Camps ha abandonado la sede del partido en compañía de su homólogo murciano, Ramón Luis Valcárcel.

Ante los periodistas, que le han preguntado si será el candidato en la Comunitat Valenciana, Camps ha contestado lo siguiente: "Hemos venido a hablar de, entre otras cosas, el paro y hemos hablado, ya que está aquí el presidente de Murcia, de cuestiones importantes como el agua en Murcia y en la Comunitat Valenciana, pero en cualquier caso, la respuesta es sí". 

(www.levante-emv-.com,  22/09/10)

LA FISCALÍA ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE SE RETIRE LA IMPUTACIÓN AL SASTRE DE CAMPS 

La Fiscalía Anticorrupción ha remitido un escrito al juez Antonio Pedreira, que instruye en Madrid la mayor parte del caso Gurtel, la trama de corrupción vinculada al PP, donde pide que se retire la imputación contra el sastre José Tomás. Éste era el encargado de tomar medidas y visitar a numerosos cargos del PP en Valencia, entre ellos el presidente autonómico Francisco Camps, y confeccionarles trajes a medida que pagó la trama corrupta durante varios años, según los documentos incluidos en el sumario del caso. 

La fiscalía pide ahora que se retire la imputación de Tomás, cuyo testimonio creyó el juez José Flors, cuando decidió llevar al banquillo a Camps por cohecho impropio.

En su escrito, la Fiscalía Anticorrupción señala: "La falsedad documental que se le imputó, según las declaraciones prestadas en esta causa y las unidas por testimonio, determina una duda importante en relación con la autoría de la falsedad en el seno de los establecimientos de ropa en los que aquél trabajó. Las diversas declaraciones prestadas confirman, así, la conclusión en igual sentido aunque con distinta consecuencia jurídica, alcanzada por la sentencia 13 de julio de 2009 del Juzgado de lo Social no 8 de Madrid" 

Y continúa: "La fundamentación jurídica de esta sentencia incide en que la labor de facturación derivada de la actuación comercial de los establecimientos en los que José Tomás prestaba servicios no le estaba a él encomendada. Cabe destacar igualmente que no consta el conocimiento por parte del Sr. Tomás García de la finalidad de las compras efectuadas por los imputados así como si se correspondían o no con gastos propios de las empresas que representaban". 

(www.elpais.com, 21/09/10) 

EL PP UTILIZA UNA ACUSACIÓN CONTRA LUNA PARA TAPAR LOS ESCÁNDALOS DE CORRUPCIÓN 

El PP arremetió ayer contra el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, tras publicar El Mundo que el empresario Enrique Ortiz, vinculado al caso Gürtel y al caso Brugal, adelantó 4.000 euros de una reforma del ahora diputado en 1997, cuando este estaba apartado de la política y poco antes de que el constructor contratase los servicios jurídicos del ahora portavoz. 

Los populares exigieron explicaciones inmediatas por parte de Ángel Luna y su dimisión. El portavoz socialista, que se ha distinguido por la denuncia de la corrupción que afecta al Consell y al PP valenciano, compareció en conferencia en la sede del PSPV-PSOE y se sometió a las preguntas de los periodistas.  

Luna, cuya relación con Ortiz no es ninguna novedad, ya que lo tuvo de cliente en el bufete de abogados en el que ejercía y trabajó posteriormente para el constructor, explicó que Ortiz fue una de las personas a las que recurrió para hacer obras en la casa que su esposa heredó de su familia y que hoy es el domicilio en el que residen. "He pagado absolutamente todas las facturas", dijo el diputado socialista, que precisó que en algunos casos lo hizo directamente a quien ejecutó los trabajos y en otros a quienes encargó que buscaran a profesionales para ello.  

Así, recordó que el parquet lo encargó al ex concejal socialista en Alicante Conrado Albaladejo, ya fallecido, y que el esposo de la ex teniente de alcalde María Dolores Marcos le instaló el aire acondicionado. 

Luna precisó que en el momento en que se efectuaron las obras él era "una persona privada, con actividad privada en un despacho". El ex alcalde de Alicante pasó a trabajar para Ortiz en 1999, ocupación que mantuvo durante tres años y medio. Durante la comparecencia, a preguntas de un periodista, Luna aclaró también que un coche que utilizó en ese periodo y que la empresa tenía en régimen de leasing, lo adquirió al dejar aquel trabajo y pasó a ser de su propiedad. 

"Si en dos años y medio solo han encontrado esto, me doy por satisfecho", señaló el parlamentario socialista, que se declaró convencido de que el Partido Popular le está investigando para acallar sus denuncias de corrupción."Han pinchado en hueso. No me van a callar con operaciones de esta naturaleza", dijo Ángel Luna al explicar a los periodistas los pormenores de la información sobre la reforma de la vivienda de su esposa en Alicante ("tenemos una separación de bienes rabiosa", señaló con humor), que la televisión autonómica Canal 9 difundió a lo largo de la mañana tras su publicación en El Mundo. 

Luna, que dijo no recordar 13 años después exactamente a quién pagó qué aspectos de la reforma, insistió en que se hizo cargo de todas las facturas y apuntó que, si se trata de insinuar que Ortiz le pagó algo, resulta absurdo, dado que estuvo tres años y medio trabajando para él. "Me estuvo pagando mensualmente una cantidad de dinero por mi trabajo", añadió. 

El portavoz socialista, que no cedió a las presiones de quienes abogaban por no incluir en la querella del caso Gürtel a los empresarios implicados, entre ellos Enrique Ortiz, fue escueto al responder a la pregunta de por qué se fue de la empresa de este constructor en 2002. "Acabé y me marché". Sobre su posterior relación con Ortiz, comentó: "Cuando nos vemos, nos saludamos".  

Consciente de que las informaciones sobre su actividad anterior al regreso a la primera línea de la política, en 2007, van a ser objeto de escrutinio, Luna se declaró "tranquilo" y denunció que tiene constancia de que ha sido investigado, tanto en su trayectoria de alcalde de Alicante, periodo en el que no tenía capacidad de adjudicar contratos porque gobernaba en minoría y esa potestad se la reservaba el pleno municipal, como en su trayectoria profesional posterior.  

Según el diputado socialista, algunos funcionarios de Administraciones que gobierna el PP han recibido órdenes de revisar expedientes de asuntos en los que haya podido intervenir. "La última información me llegó de Murcia", explicó. "Yo, como abogado, he trabajado en muchos sitios". 

"Todo esto es una práctica mafiosa que solo busca acallar a quienes denunciamos la corrupción", aseguró Luna, quien anunció que no piensa dejar de trabajar "denodadamente" contra las prácticas corruptas del Gobierno de la Generalitat valenciana encabezado por Francisco Camps. 

En medios socialistas se daba ayer por hecho que habrá más informaciones relativas a su portavoz en las Cortes. Como explicó el propio Luna, la reacción ante ellas es salir inmediatamente a dar explicaciones, al contrario de lo que hacen el PP y el presidente del Consell. "Llevamos años esperando que el señor Camps dé una explicación", señaló el portavoz del grupo parlamentario del PSPV-PSOE. 

(www.elpais.com, 21/09/10)

RAJOY ALEGA QUE «NO TODOS LOS CASOS SON IGUALES» PARA JUSTIFICAR QUE HA EXPULSADO A ALGUNOS IMPUTADOS PERO NO CASTIGA AL PRESIDENTE VALENCIANO POR SU SITUACIÓN JUDICIAL

Francisco Camps y el PP valenciano son el principal quebradero de cabeza (político) de Mariano Rajoy. Basta contemplar la indisimulable incomodidad que le producen las preguntas de la prensa sobre los casos de corrupción que atañen a los populares de Valencia y su influencia en la elaboración de las próximas listas electorales. O las escasísimas oportunidades que el líder de la oposición responde a los periodistas sobre tan espinoso asunto. Pero ayer Rajoy, en Melilla, pronunció una frase enrevesada en la forma, pero clara en el fondo, que intenta justificar el trato de favor que se da en el PP a algunos de sus imputados por corrupción. Especialmente a Camps. «Hay implicaciones por unas razones que provocan unas convicciones y las hay por otras que provocan convicciones diferentes», dijo.

De esta forma, alentó las esperanzas del actual presidente de la Generalitat valenciana -imputado por haber aceptado, supuestamente, regalos de la red Gürtel de repetir como candidato. Otros imputados no tendrán tanta suerte. ¿Por qué?. «Porque no todos los casos son iguales», se encargó de enfatizar ayer Rajoy. El presidente del PP se refería a que el delito que se le imputa a Camps, el de cohecho impropio, tiene rango menor comparado con el de otros compañeros de filas. En eso tiene razón. Sin embargo, conviene no olvidar que el juez encargado del caso de los trajes, el valenciano José Flors, aún tiene que decidir si, tal y como le aconsejó el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, engorda el sumario sobre el presidente del PP valenciano con otros delitos como la posible financiación ilegal.

 Mientras el ansiado auto de Flors sobre Camps y algunos de sus más estrechos colaboradores en el PP de Valencia no llega la dirección del partido apoya públicamente al presidente valenciano pero pospone la proclamación de sus candidatos autonómicos para las elecciones del año próximo, en un intento de ganar tiempo por si los tribunales dieran a Rajoy un susto de última hora y la situación de Camps se agrava.

Esta estrategia tiene una consecuencia directa: la ausencia de medidas disciplinarias en el PP de Alicante, donde hay varios implicados en el caso Brugal, ligado a la concesión de la gestión de basura en distintos municipios. Y es que correspondería al jefe del PP de Valencia, o sea, a Camps, proponer la expulsión de los cargos alicantinos implicados en dicha trama. Pero no resultaría demasiado elegante echar a compañeros como José Joaquín Ripoll, presidente de Alicante, mientras él se queda. Y la dirección popular está en una tesitura similar. ¿Cómo hacer limpieza en las filas populares valencianas y perdonar a su máximo responsable?.

A la espera de nuevas decisiones judiciales, la cúpula conservadora no tiene más remedio que defender lo que, para algunos de sus propios militantes, resulta indefendible. «Un imputado puede ir en las listas. Hay que analizar caso por caso. Si uno está imputado por una violación, donde los indicios parecen verdad, pues le diría que no. Pero identificar a un imputado con un condenado es un error», señaló ayer la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal. Quizá no compartan esta teoría los populares de Madrid -Esperanza Aguirre ha expulsado de sus filas a los imputados por corrupción-, o los de Baleares, cuya dirección ha anunciado que el político que tenga una imputación pendiente no podrá ser candidato.

 (www.elperiodico.com, 17/09/10)

COSPEDAL DESTACA QUE CAMPS NO ESTÁ "IMPUTADO POR VIOLACIÓN"

El PP se ve abocado cada día a tirar de más filigranas para respaldar a Francisco Camps y su candidatura a la Presidencia de la Generalitat Valenciana en 2011. Ayer, en declaraciones a Punto Radio, la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, defendió a su compañero de filas porque su situación judicial acusado de cohecho impropio por recibir unos trajes de la trama Gürtel no es comparable a la de un "imputado por violación".

La número dos del PP repitió que el jefe del Consell será el candidato, pues un imputado "sí puede ir en las listas". No piensa lo mismo el líder del PP de Balears, José Ramón Bauzá, quien anunció unos días que él no pensaba contar con ningún procesado.

Cospedal dijo que cuando uno se refiere a causas judiciales, se debe analizar "caso por caso". "Si uno está imputado por una violación, en donde los indicios parece que son verdad, pues le diría que no", pero "identificar a un imputado con un condenado es un error", resaltó. La mano derecha de Mariano Rajoy reiteró que "no se puede dar lugar a que la presunción de inocencia sea destruida de un día para otro".

Además, defendió que su partido había tomado "muchísimas decisiones" para castigar a los presuntos corruptos, "a diferencia de otros partidos que cuando tienen casos similares no hacen nada". Sin embargo, la cúpula de los conservadores no actúa contra Camps ni tampoco contra los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, imputados por varios delitos de corrupción. Tampoco ha adoptado medidas contra el PP valenciano después de que un nuevo informe policial afianzara las sospechas de financiación ilegal de la formación regional. El lunes, Cospedal ya advirtió de que la dirección nacional no actuaría hasta que hubiera "resoluciones judiciales de cierta entidad".

En Melilla, Rajoy también tuvo que hacer frente a este tema, informa María Jesús Güemes. El líder del PP, que últimamente está concediendo ruedas de prensa en las que permite que se realicen tan sólo tres o cuatro preguntas, señaló que a él le parecía comprensible tratar de forma diferente a los imputados del PP, pero no explicó sus razones. Sólo dijo que "no todos los casos son iguales".

Las comparaciones son odiosas, sobre todo entre los cargos madrileños a los que se expulsó inmediatamente y los valencianos. Pero para él es algo que puede entender "perfectamente" cualquier persona "mínimamente normal". Para justificarse recordó el caso del líder del PP de Canarias, José Manuel Soria, quien estuvo imputado por el caso Salmón y después se archivó. "Se produjo una imputación, no tomamos ninguna decisión y actuamos en justicia. Hicimos las cosas bien", defendió.

(www.publico.es, 17/09/10)

EL PP TRAMITA INICIATIVAS SOBRE EL 'CASO GÜRTEL' OBLIGADO POR EL CONSTITUCIONAL

 "La Mesa no ha tenido ningún problema en tramitar las preguntas y la proposición no de ley", dijo Milagrosa Martínez sin parpadear. La presidenta de las Cortes asumió, tras la reunión del órgano de gobierno de la Cámara, que acataba la sentencia del Tribunal Constitucional amparando las iniciativas parlamentarias del grupo de Compromís que la propia Martínez y los otros dos representantes del PP rechazaron sin fundamento. "Como no podía ser de otra forma, la Mesa acata así la sentencia del Tribunal Constitucional", añadió, para precisar que, aunque la resolución judicial sólo obligaba "a que se retrotrajeran las actuaciones al momento inicial", la doctrina que establece la sentencia recomendaba dar luz verde a tramitar las preguntas.

En realidad, la sentencia del Constitucional, que tiene dos antecedentes en el mismo sentido relativos a legislaturas ya superadas, es todo un varapalo al obstruccionismo del PP con las iniciativas parlamentarias que no le gustan, en esta ocasión relacionadas con el caso Gürtel y la trama de corrupción que afecta, no sólo al presidente del Consell, Francisco Camps, sino a la propia presidenta de las Cortes.

La sentencia, como las dos anteriores, ampara los "derechos fundamentales de los diputados", que considera vulnerados al rechazarse sus iniciativas sin "motivación suficiente y adecuada".

La portavoz adjunta de Compromís y abogada que ha promovido el recurso al Constitucional, Mònica Oltra, se mostró satisfecha de que el PP acate la sentencia, después de que el portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad, Rafael Blasco, sugiriera que podían volver a rechazar las iniciativas amparadas con una nueva excusa. "Rectificar es de sabios", dijo Oltra con ironía. "No se han salido con la suya en el intento de constreñir la libertad y los derechos de los parlamentarios"."Lo más lamentable es que hayan tenido que ser los tribunales los que los pongan en su lugar", aseguró Mònica Oltra, que denunció la persecución que practica el PP de la libertad de expresión y de los derechos de la oposición. "Ha tenido que poner las cosas en su sitio el Tribunal Constitucional porque hay unos gobernantes que no han entendido el Estado de derecho".

Entre las iniciativas que han recibido el amparo del Constitucional hay una serie de preguntas formuladas en 2009 a diversas consejerías en las que se pedía por escrito información sobre los contratos de cada departamento con empresas investigadas en la trama de corrupción del caso Gürtel. También ha obligado la sentencia del Constitucional a tramitar una proposición no de ley en la que Compromís pide un reconocimiento oficial de Francesc Bosch i Morata, que fue conseller de Cultura del Consell Provincial de València durante la República y fundador del Institut d'Estudis Valencians.

Los dos representantes socialistas en la Mesa de las Cortes se opusieron en su día al veto de las iniciativas de Compromís y su grupo tiene planteado ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo similar por otras iniciativas sobre la corrupción. La vicepresidenta segunda de las Cortes, la socialista Isabel Escudero, planteó el tema el pasado sábado en el foro interparlamentario autonómico organizado en Logroño por el secretario de Política Institucional del PSOE, Gaspar Zarrías. Escudero denunció que "en gran parte de las instituciones que controla el PP no hay juego limpio, y el menoscabo a los principios de la democracia es constante". Puso como ejemplo "los obstáculos que el PP pone en las Cortes Valencianas a la hora de acceder a la información relacionada con los casos de corrupción. Toda iniciativa relacionada con ello es rechazada de forma sistemática con los más extravagantes argumentos, y lo más grave es que las recientes sentencias del Tribunal Constitucional tampoco garantizan que se vaya a abandonar esas prácticas".

 La vicepresidenta de las Cortes apuntó que tal vez los populares "se están blindando a sí mismos frente a las consecuencias de los posibles delitos que hayan podido cometer al frente de las instituciones, lo que añade gravedad a la situación". Escudero señaló: "Quizá ha llegado el momento, a través de un gran pacto, de reescribir los párrafos constitucionales que contienen las garantías legales para que los parlamentos autonómicos y el conjunto de las instituciones sean verdaderos espacios de debate y auténticas herramientas de defensa de los intereses ciudadanos mediante la transparencia y el respeto a los reglamentos".

(www.elpais.com, 15/09/10)

 RUS ADMITE QUE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA CONTRATÓ CON UNA EMPRESA DE LA TRAMA GÜRTEL

Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, ha reconocido hoy en el pleno del organismo que una empresa de la corporación, Imelsa, contrató con Easy Concept, firma de la trama de corrupción Gürtel. Fue en abril de 2005. La Diputación, dirigida entonces por el popular Fernando Giner, eligió a Easy Concept, con sede en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para que montase un escenario en la Feria de Turismo de Valencia de ese año. La empresa de la trama Gürtel, dirigida por Francisco Correa en Madrid y por Álvaro Pérez, El Bigotes, en Valencia, cobró por ello 14.829 euros.

El grupo socialista en la corporación provincial, encabezado por Rafael Rubio, ha preguntado al equipo de gobierno del PP por qué no se reconoció esta relación cuando preguntaron si esta existía, en febrero de 2009. Entonces, el diputado portavoz del grupo popular, Juan José Medina, aseguró que ni la Diputación, ni ninguna de las empresas que gestiona, en este caso Imelsa, había contratado con firmas de la trama. Ahora se sabe que sí. Rus ha argumentado que fue "un error", que en la tramitación de la pregunta de los socialistas, el interventor y el secretario obviaron remitírsela a las empresas y patronatos de la Diputación de Valencia, entre ellos Imelsa.

"Las cosas se pueden hacer bien, se pueden hacer mal y se pueden hacer regular, pero este grupo no tiene nada que esconder", ha aseverado el presidente provincial. "Aquí hubo un error. Si se lo quieren creer bien, y si no, ¿qué quieren que haga?", ha añadido. Por su parte, el portavoz socialista ha pedido explicaciones por la contratación de Easy Concept.

(www.elpais.com, 15/09/10)

RAJOY AVALA AL PP VALENCIANO, QUE SE ANIMA CON 'INVICTUS' EN LAS CORTES

Dicen los que están más cerca de él que Mariano Rajoy está muy harto de Francisco Camps. Sin embargo, insiste en defenderlo públicamente y en no tomar ninguna decisión frente a los escándalos de corrupción en la Comunidad Valenciana, que ya afectan al presidente y a los jefes de las diputaciones de Castellón, Carlos Fabra, y Alicante, Joaquín Ripoll.

Rajoy insistió ayer en El programa de Ana Rosa, en Tele 5 -en una de las escasas ocasiones en que respondió a preguntas sobre corrupción- en esa estrategia de defensa del PP valenciano. "Esta situación evidentemente no es grata para nadie, pero tengo que intentar ser justo y equilibrado y no condenar a nadie si no tengo pruebas para hacerlo, sólo hay informes policiales", aseguró tras reiterar su apoyo a Camps.

Con este respaldo, Rajoy estaba dando de nuevo un aval indirecto a la estrategia de Camps, que sigue buscando cualquier resquicio para montar un acto de autoproclamación o de respaldo interno. Ayer, uno de sus hombres fuertes, Rafael Blasco, consejero y portavoz en las Cortes autonómicas, aprovechó una reunión de diputados del PP para proyectar Invictus. Es la misma película que eligió Josep Guardiola, entrenador del Barça, para motivar a su plantilla. Blasco buscaba lanzar un mensaje de unidad como el que sobrevuela el filme de Clint Eastwood sobre Nelson Mandela. El Barça perdió el partido.

Blasco criticó la propuesta de reforma judicial del Gobierno: "El modelo al que aspiran Caamaño [ministro de Justicia] y los socialistas es el de dar la instrucción a los fiscales, pero sujetarlos al Gobierno. El siguiente paso será quitarse la careta y decir ya directamente que dependan del ministro [del Interior] Rubalcaba sin disimulos como ocurre ahora".

 (www.elpais.com, 15/09/10)

RAJOY ENMUDECE AL SER PREGUNTADO POR LOS 'TRAPOS SUCIOS' DE VALENCIA

 Después de la foto en la cola del paro, de la del comedor social y de la que se hizo con los representantes del mundo de las artes escénicas, Mariano Rajoy se reunió ayer con una delegación del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) para abordar los principales problemas que afectan a este colectivo. Tras el encuentro, el líder del PP visitó una lavandería industrial de la Fundación Once y aprovechó para proclamar que uno de los objetivos de su partido es "la igualdad de oportunidades y la inserción laboral de las personas con discapacidad".

La cita fue muy interesante pero el escenario dio pie a múltiples chascarrillos. Sobre todo cuando uno de los trabajadores invitó al dirigente conservador a que le siguiera para mostrarle el recorrido que hacía la ropa sucia. "Al final sale toda limpia", señaló un dirigente del PP. Fue inevitable que, en ese momento, a algunos de los presentes les recorriera una escalofrío pensando que la visita podía terminar vinculándose a la situación que atraviesa el partido en el País Valencià donde su presidente, Francisco Camps, está imputado por cohecho impropio y los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, están siendo investigados por corrupción.

Al final, en rueda de prensa, fue inevitable que surgiera la pregunta: "¿Piensa usted lavar la imagen de su partido?". "Muchas gracias", fue toda su respuesta. Había hablado de ETA y de los liberados sindicales pero ante el tema de la corrupción, enmudeció. Sus colaboradores insistían en que no había nada que hacer porque la imagen de la formación valenciana es "muy buena tal y como señalan todos los sondeos".

En una entrevista en Telecinco, sí abordó el asunto. Rajoy dijo que le gustaría que "los jueces fallasen" y reconoció que la situación "no es grata para nadie". Reiteró su apoyo a Camps y remarcó que para actuar, él necesita "pruebas". No le vale con los informes policiales, ni con lo que ha denunciado Hacienda y la fiscalía.

 (www.publico.es, 15/09/10)

COSPEDAL YA NO LLAMA "CANDIDATO" A FRANCISCO CAMPS 

“Creo que Francisco Camps debe ser el candidato”, declaraciones realizadas por el presidente del PP, Mariano Rajoy, en su retiro toledano del pasado 3 de septiembre. Al día siguiente, su número dos, María Dolores de Cospedal, suscribía sus palabras asegurando que el presidente de la Generalitat “debe ser el candidato del PP a las próximas elecciones”, sentimiento ratificado con anterioridad por Esteban González Pons, “enviado especial” de Génova a la cena de Teulada, el 28 de agosto, donde sentenció: “Eres el presidente de la Comunitat, nuestro candidato y vas a ser el próximo presidente”. 

Algo está pasando en Valencia y en la sede de Génova para que este lunes, 13 de septiembre, la secretaria general en su habitual comparecencia ante los medios de comunicación eludiera hablar de Francisco Camps como candidato del PP a la presidencia de la Generalitat valenciana, asegurando, por si acaso había dudas del giro dado por la dirección popular en este asunto, que “actuaremos al amparo de resoluciones judiciales de cierta entidad, no de otro tipo”, o lo que es lo mismo, habrá qué ver lo que dice el Alto Tribunal de la Ciudad del Turia.

En unas comunidades, sí; en otras, no 

María de los Dolores de Cospedal, que fue bombardeada a preguntas por los medios de comunicación, interesados exclusivamente en las candidaturas y cómo la corrupción puede afectar a sus nominaciones, recordó a todos que hay que esperar a los tiempos que marca la ley, acusando por enésima vez a la Fiscalía Anticorrupción de tener una “doble vara de medir”. Eso sí, en algunas comunidades no es necesario guardar los tiempos, como es el caso del presidente del PP balear José Ramón Bauza, del que Cospedal dijo que “está claro quién es nuestro candidato”.

Camps era el candidato hace 15 días… 

De nada sirven ya las declaraciones del presidente del PP el pasado día 3 de septiembre, que en su retiro toledano señaló: “Camps debe ser el candidato del PP a las próximas elecciones”. Horas después, su secretaria general ratificaba las palabras del jefe, y a finales de agosto el “enviado especial” de Génova a la cena de Teulada, Esteban González Pons, donde los populares valencianos abrieron curso político con la sonada ausencia de Mariano Rajoy y María de los Dolores de Cospedal, decía tajante: “Eres el presidente de la Comunitat, nuestro candidato y vas a ser el próximo presidente”.

…y en mayo y en julio… 

Que Cospedal quiere acabar con Camps, eso es un secreto a voces, pero mientras llega ese momento a la secretaria general no le ha quedado más remedio que estar al lado del valenciano, como el pasado mes de mayo cuando reconoció que “cuenta con todo el apoyo del partido y, por ello, es el mejor candidato (agencia Efe)". O en el mes de julio, que a preguntas de la periodista Esther Esteban, en la TV 10 de Vocento, dijo: “El presidente del PP valenciano es el candidato, y creo que es el mejor candidato para la Comunidad Valenciana”, a la vez que rechazaba que la situación judicial sea un obstáculo para ello. “Sentarse en un banquillo no tiene por qué ser más grave que otras cosas que se están conociendo de otras personas”, comentó.

…y en agosto

En parecidos términos se expresaba en agosto, declaraciones recogidas por el diario Público: "El PP piensa que el señor Camps es el mejor presidente de la Generalitat valenciana y que es nuestro candidato, y acaban de decirlo además muchos valencianos en las recientes encuestas que se están publicando, que es bastante evidente”. ¿Cómo llamará Cospedal a partir de ahora al “amiguito del alma”? 

www.elplural.com, 14/09/10)

LA EMPRESA DE LIMPIEZA DE ULIBARRI RECLAMA A LA DIPUTACIÓN FACTURAS POR 52.000 EUROS  

La mercantil Limpiezas y Ajardinamientos Seralia, propiedad del empresario José Luis Ulibarri, uno de los imputados en el caso Gürtel, ha reclamado a la Diputación de Valencia el pago de algo más de 52.000 euros en concepto de facturas e intereses de demora por servicios prestados en el Consorcio Provincial de Bomberos. La reclamación formal, que llegó al Consorcio de Bomberos el pasado mes de abril, revela la existencia de otra relación contractual de la diputación con empresarios relacionados con la trama de Correa al margen del contrato con Esy Concept, firma también ligada a la tarama corrupta a la que la empresa pública Impulso Económico Local, SA (Imelsa) pagó 14.824, 21 euros por montar un expositor con motivo de la Feria de Turismo de Valencia.  

Al igual que en el caso del contrato con Easy Concept, que será objeto el próximo miércoles de un pleno monográfico, la relación contractual de la Diputación de Valencia con Seralia se remonta a la etapa de Gobierno de Fernando Giner. Según la información proporcionada a este diario por la diputación que preside Alfonso Rus el Consorcio de Bomberos adjudicó en marzo de 2007 el servicio de limpieza en los parques y oficinas centrales del Consorcio a la empresa Limpiezas y Ajardinamientos Seralia por importe de 221.919 euros. La concesión se hizo tras un concurso público cuyo expedientes se inició a finales de 2006. Al mismo optaron doce empresas, entre ellas Seralia, que por resolución de la Presidencia del Consorcio de Bomberos se hizo con los trabajos del limpieza durante dos años. El contrato fue prorrogado en 2008 durante dos meses hasta que la diputación resolvió en un nuevo concurso público otorgar la concesión a otra sociedad, en concreto, a la firma Geslimp que desde junio de 2008 se encarga de la limpieza de las oficinas de bomberos. 

La empresa Seralia era en aquella época -antes de que las investigaciones del juez Garzón sobre Francisco Correa salieran a la luz- una asidua contratista de la Generalitat. Varias conselleries, entre ellas la de Gobernación, Justicia y Administraciones Públicas o Bienestar Social, entre otras, confiaron en la sociedad distintos servicios de limpieza de sus dependencias. El total de adjudicaciones, según los cálculos del grupo Compromís, alcanzó desde 2007 los tres millones de euros. También logró contratos para limpiar la sede de organismos como la Sindicatura de Comptes o la Agencia Valenciana de Turismo. Seralia, con sede en Valladolid, es una firma de servicios del conglomerado de sociedades del constructor leonés José Luis Ulibarri, adjudicatario también de varias licencias de TDT en la Comunitat Valenciana. Ulibarri , imputado en el caso Gürtel por supuesto pago de comisiones ilegales tras lograr adjudicaciones de suelo en ayuntamiento gobernados por el PP, consiguió al menos 69 millones de euros en contratos públicos en la Comunitat. 

La Diputación de Valencia también fue uno de sus clientes, aunque el actual equipo de gobierno no parece dispuesto a atender la reclamación de Seralia de facturas pendientes por valor de 40.690 millones y 12.097 euros en concepto de intereses de demora. Según informaron a Levante-EMV fuentes de la diputación, el Consorcio de Bomberos que instruye el expediente ha acreditado que parte de las facturas que se reclaman constan como pagadas y las que no aparecen como tal "bien no fueron recibidas, bien fueron devueltas por incumplimiento de pliego de condiciones". Los responsables de la diputación han citado al representante de la empresa vía trámite de audiencia para tratar de resolver el conflicto. 

(www.levante-emv.com, 13/09/10)

NUEVOS DELITOS, Y MÁS GRAVES, PENDIENTES DE INVESTIGAR 

La investigación del caso Gürtel en la Comunidad Valenciana está en mantillas. Pese a que el sumario recoge múltiples irregularidades con el pago de importantes cantidades de dinero en comisiones ilegales, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tan solo ha admitido abrir una causa por el regalo de trajes al presidente Francisco Camps y a tres de sus colaboradores. 

Desde que Orange Market, una filial de la trama corrupta, se instaló en la Comunidad Valenciana con Álvaro Pérez, El Bigotes, al frente, la Administración que dirige Francisco Camps no ha dejado de adjudicarles contratos, la inmensa mayoría a dedo y sin concurso, justificados en la supuesta experiencia de la empresa en trabajos similares aunque era de reciente creación y nunca antes había trabajado en la Comunidad Valenciana. 

Esta empresa fue el instrumento que utilizó el PP valenciano para su financiación ilegal, según acreditan documentos intervenidos por la policía, además de varios informes incorporados al sumario, grabaciones de conversaciones y documentos oficiales. Este caso de financiación ilegal del PP valenciano aún sigue en el limbo judicial. Aunque el juez madrileño, Antonio Pedreira, tras comprobar que las pruebas son suficientemente solventes, decidió inhibirse y remitir toda la documentación a Valencia, dado que había políticos del PP aforados implicados en el caso. El PP ha recurrido esa decisión y está pendiente de la decisión de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la misma que anuló las escuchas en la cárcel. Tampoco se ha podido investigar el amaño del contrato multimillonario por el que una empresa leonesa de construcción, Teconsa, cobró siete millones de euros por la sonorización y el montaje de pantallas de vídeo para la visita del Papa a Valencia. 

(www.elpais.com, 13/09/10)

LA DIPUTACIÓN HARÁ UN PLENO EXTRAORDINARIO SOBRE LOS PAGOS DE IMELSA A LA TRAMA GÜRTEL  

El portavoz socialista en la Diputación de Valencia, Rafael Rubio, pidió ayer al presidente provincial  Alfonso Rus que inicie el curso político "contando toda la verdad" sobre la relación que mantuvo la corporación provincial con una empresa implicada en la trama Gürtel.  

En este sentido, Rubio se refirió a las informaciones que revelaron una relación contractual entre la diputación, a través de la empresa pública Impulso Económico Local S.A (Imelsa), con la firma Easy Concept, una de las empresas de Francisco Correa.  

Según consta en una factura, la corporación pagó 14.829,21 euros por montar un pabellón con motivo de la Feria de Turismo de Valencia. El PSPV pidió ayer el pleno monográfico por registro de entrada y su portavoz explicó a este diario que deberá celebrarse obligatoriamente en un plazo de dos meses porque lo pide más de un tercio de los diputados.  

Asimismo, exigió la comparecencia del diputado de empresas públicas, Salvador Álvarez, para que el equipo de gobierno del PP dé "explicaciones públicas sobre lo ocurrido, enseñen las facturas públicamente y aclaren quién ordenó que se realizara dicho contrato". "De momento lo único que han hecho Rus y el ex presidente Fernando Giner es echarse las culpas mutuamente, ninguno ha querido asumir ninguna responsabilidad", agregó el portavoz socialista.  

Para Rubio, los dirigentes populares han actuado con "total oscurantismo" e "incluso llegaron a ofrecer información falsa a la oposición" al contestar por escrito, en el pleno de febrero de 2009, que no habían mantenido ninguna relación con las empresas de la trama, incluida Easy Concept.  

Por ello, ante la "ausencia de claridad y de información veraz", los diputados socialistas se reunieron ayer para reclamar un pleno extraordinario en el que "Rus y su equipo cuenten la verdad y dejen de mentir sobre la relación de la diputación con la trama". 

(www.levante-emv.com, 07/09/10) 

LUBASA DESTINÓ 58.000 EUROS A FINANCIAR LOS ACTOS QUE ORGANIZABA EL PARTIDO POPULAR  

El informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales que investiga la trama Gürtel, al que ha tenido acceso Levante-EMV, confirma que parte de los actos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) habrían sido financiados por empresarios del sector de la construcción de Castelló, entre ellos Luis Batalla Romero, gerente de Lubasa. Estas aportaciones de fondos de la constructora podrían haberse realizado mediante "donaciones finalistas de dinero que no ingresan en la cuenta corriente del partido", según el documento. 

El informe, de 30 folios, viene a ratificar que empresarios de la provincia colaboraron en la financiación del PP valenciano y sigue apuntando a Ricardo Costa como pieza clave de las operaciones. 

Los investigadores tienen pruebas de que empresarios adjudicatarios de numerosos contratos públicos, entre ellos Lubasa, pagaron "facturas ficticias" cuyo importe íntegro se destinó a cubrir "una parte de la deuda generada entre el PPCV y la mercantil Orange Market" (la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, que se encargaba de organizar los grandes eventos del partido). Esto supondría que el PP habría recurrido a la "financiación paralela" de grandes empresas para organizar sus actos en la Comunidad Valenciana. 

La investigación de la Brigada de Blanqueo de Capitales considera que la empresa Lubasa Desarrollos Inmobiliarios SL abonó una factura a Orange Market SL en el mes de julio del año 2008 por importe de 58.000 euros.

Según el informe, este dinero se destinó a minorar la deuda existente entre Orange Market SL y la "formación política Partido Popular/grupo parlamentario popular en las Cortes Valencianas, por lo que cabe establecerse que dichas facturas tienen el carácter de ficticio". 

A tenor de la documentación requisada y analizada por los agentes en los registros domiciliarios se llega a la conclusión de que no existe una "explicación lógica del motivo por el cual distintas empresas del sector de la construcción y servicios ubicadas en la Comunidad Valenciana, entre ellas Lubasa Desarrollos lnmobiliarios SA, efectúan el pago de distintas facturas a la mercantil Orange Market SL".  

La Brigada de Blanqueo de Capitales sólo pueda explicar estas operaciones "si existe contraprestación o favorecimiento de algún tipo entre dichas empresas y la formación política expuesta, sistemática de funcionamiento que se repite a lo largo del tiempo". 

Hace unos meses, el Cuerpo Nacional de Policía remitió un primer informe en el que recogía que parte de los actos del Partido Popular han sido financiados por empresarios del sector valenciano de la construcción (Enrique Gimeno Escrig presidente de Facsa; Enrique Tomás Ortiz, administrador único de Enrique Ortiz e Hijos; Antonio Pons Dols, presidente del grupo empresarial PIAF; Vicente Cotino Escribá, del grupo empresarial inmobiliario Sedesa; y Luis Batalla Romero, de Lubasa).

Las supuestas aportaciones de estas empresas a la financiación del PP se realizaban mediante "donaciones finalistas de dinero que no ingresaban en la cuenta corriente del partido". El PP, por boca de algunos de sus portavoces, se ha apresurado a decir en las últimas horas que el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales ha sido manipulado.  

Los actos realizados por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) y el grupo parlamentario popular en las Corts fueron financiados mediante diversos mecanismos. En primer lugar, mediante entregas realizadas por el propio PP "con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la caja B de Orange Market". La trama corrupta también operaba con facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por ésta.  

Finalmente, los responsables del PPCV realizaban gestiones para que los empresarios cuyas sociedades eran adjudicatarias de contratos públicos financiaran los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market, fondos que se enmascaraban a través de facturas "ficticias emitidas por dicha sociedad a éstas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios".  

Mediante este sistema ideado por los imputados en la Gürtel se crea un "artificio con el fin de producir una mutación de la verdad a través de la alteración de alguno de los elementos esenciales de documentos del tráfico mercantil con entidad suficiente para afectar al normal desenvolvimiento de las relaciones jurídicas". 

(www.levante-emv.com, 07/09/10)

LOS TRAJES DE CAMPS VAN CAMINO DEL BANQUILLO  

La sombra de la causa de los trajes de Camps planeará sobre la convocatoria de las elecciones autonómicas que deben celebrarse la próxima primavera. La duda está en si el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se sentará en el banquillo de los acusados antes o después de los comicios.  

Las fuentes consultadas señalaron que la instrucción está terminada y que el juicio podría señalarse a comienzos del próximo año, pero todo dependerá de la celeridad que dé a la causa el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). El Supremo, al reabrir al caso, ordenó que todas las actuaciones retrocedieran al momento previo al de su archivo. 

La instrucción estaba prácticamente terminada, ya que todo apunta a que la nueva causa por la supuesta financiación ilegal del PP se tratará de manera separada a ésta. Si no se practicaran nuevas pruebas, quedaría pendiente que el fiscal presentara su acusación y solicitara la apertura del juicio oral. Lo siguiente será dar traslado de la causa a la defensa para que presentara sus alegaciones. Una vez que ambas partes hayan presentado sus escritos, el juez les citará para una audiencia preliminar para decidir si se abre juicio oral. Hasta esta fase se pueden pedir pruebas.  

El magistrado tiene tres días para decidir y si opta por continuar adelante, es una decisión irrecurrible. Las partes tienen un plazo de quince días para personarse ante el TSJCV. En este trámite es cuando se designa el ponente, es decir, el juez que acabaría dirigiendo el proceso.  

Todo apunta a que ese magistrado sería Juan Climent, ya que es el único de la Sala de lo Civil y de lo Penal que aún no ha tenido que resolver nada sobre el caso de los trajes. Este caso ha puesto al TSJCV en la tesitura de decidir de dónde sacará a los miembros del jurado, tal vez de la bolsa de Valencia. 

(www.levante-emv.com, 05/09/10)

El Consell cree que no se abrirán nuevas causas vinculadas a Gürtel

La portavoz descalifica el informe policial sobre la financiación ilegal del PP

El Gobierno valenciano trabaja con un escenario único: que no se abran nuevas causas antes de las elecciones contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ahora imputado por un delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido trajes regalados por las empresas del caso Gürtel. La portavoz del Ejecutivo valenciano, Paula Sánchez de León, rechazó ayer que haya preocupación en Presidencia por la posición de la Fiscalía Anticorrupción, que defiende que se abra una nueva causa en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana por supuestos delitos de cohecho propio, financiación ilegal o tráfico de influencias contra los principales dirigentes del PP valenciano.

  • El Consell da la información "que por imperativo legal" tiene que dar

"No estamos preocupados, entre otras cosas porque no hay nuevos delitos. No hay nada nuevo en el [último] informe policial y nuestra posición no ha variado en los últimos meses", indicó Sánchez de León, que descalificó la actuación de la policía.

Para la portavoz del Consell, los informes policiales son "sesgados, tendenciosos y falsos, que han sido filtrados a los medios de comunicación y que se están utilizando en momentos puntuales por aquellos que tienen interés en convertir esto en un debate público". "Cada uno puede deducir dónde se emiten esos informes, quién tiene acceso a ellos y quién puede tener interés en que se filtren", remachó.

Sánchez de León negó que los informes policiales y las peticiones de la Fiscalía puedan hacer peligrar la candidatura de Camps en las próximas elecciones autonómicas. "Camps es el presidente más confirmado de toda la historia", dijo la portavoz, que argumentó que Mariano Rajoy ha tenido que confirmarlo nuevamente "porque se ha generado un debate artificial". "Los que han generado dudas son los que todavía no saben quién es su candidato", remachó en referencia a los socialistas.

En este contexto, la también consejera reconoció que el Consell no piensa facilitar a la oposición parlamentaria más información que la estrictamente obligatoria. Interpelada por si facilitarán a los socialistas los contratos de la Generalitat con el grupo Sedesa, que según la policía financió ilegalmente al PP, Sánchez de León dijo que el Consell "siempre ha trasladado y traslada toda aquella documentación que por imperativo legal tenga que trasladar".

La consejera portavoz censuró que se vinculen los informes de la Generalitat con el grupo Sedesa, que es propiedad de la familia del vicepresidente Juan Cotino, con el informe de la brigada de blanqueo de capitales que apunta a que esta empresa financió de manera irregular al PP a través de Orante Market.

El grupo socialista ha solicitado, hasta ahora sin éxito, acceder a los expedientes de la Generalitat de las contrataciones con Sedesa.

Frente a las descalificaciones de los informes policiales, el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Ricardo Peralta, salió en defensa del trabajo de la brigada de blanqueo de capitales realizado a instancias del juez.

"La mejor manera de contestar al contenido del informe es dar información cumplida, veraz y concreta de todas las actuaciones y contrataciones adjudicadas a las empresas que aparecen en el mismo", afirmó Peralta. "Cualquier otra respuesta es una excusa de mal pagador", sentenció el delegado del Gobierno.

El posicionamiento del Consell sobre el contenido del nuevo informe policial, que refuerza los indicios sobre la financiación irregular del PP, se produjo poco antes de conocerse que Génova había levantado la suspensión de militancia al ex secretario general de los populares valencianos Ricardo Costa.

El ex secretario general del PP recibió la felicitación de numerosos cuadros del partido, incluido el propio presidente de la Generalitat. Fuentes populares indicaron que Costa esperaba desde hacía meses su regreso a la disciplina popular, aunque ello no supondrá ningún cambio en el estatus que ahora ocupa como último diputado de la bancada popular en las Cortes Valencianas.

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, tachó "coherente" la decisión del PP de levantar la suspensión de militancia a Ricardo Costa porque en ese partido "todos los corruptos están dentro". La coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, tachó de "burla" la readmisión de Costa en el PP. "Es vergonzoso".

www.elpais.es 04.09.10

Rajoy indulta a Cobo y Costa por buen comportamiento

Levanta las suspensiones de militancia que acaban en noviembre

Mariano Rajoy quería empezar el curso político dejando solucionado un antiguo asunto que estaba enquistado: la suspensión de militancia por distintas razones de Manuel Cobo y de Ricardo Costa, vicealcalde de Madrid y ex secretario general del PP valenciano, respectivamente. Y ayer, el Comité Nacional de Derechos y Garantías, que preside Alfonso Fernández-Mañueco, anunció que les indultaba y les perdonaba los dos meses que les quedaban para cumplir la sanción de un año que se les impuso. La excusa es su "comportamiento plenamente satisfactorio", según la nota del PP.

Los hechos y las sanciones eran de naturaleza distinta, pero Rajoy quiso que ambos casos fueran tratados de forma similar para equilibrar las facciones del partido. Cobo fue sancionado por una entrevista en EL PAÍS muy crítica con la presidenta madrileña Esperanza Aguirre, y Costa por dar por hecho que se mantenía en su cargo pese a haber sido apartado.

En todo caso, el indulto a Costa es la respuesta de Rajoy al último informe policial que aporta pruebas sobre financiación ilegal del PP valenciano por parte de la trama Gürtel. Costa se despidió de su cargo de secretario general en una rueda de prensa en la que dijo que actuó siempre bajo órdenes de Camps en lo referente a las finanzas del PP de Valencia. Desde ese día ha guardado silencio y su testimonio será fundamental para determinar hasta dónde llegan las responsabilidades penales. Camps llamó ayer a Costa para felicitarle. El fin de las dos sanciones no ha sido tratado en ningún órgano colegiado del PP.

El secretario general del PP, Antonio Clemente, expresó ayer su "profunda satisfacción" por la decisión sobre Costa. El portavoz parlamentario del PP en las Cortes Valencianas, el también consejero Rafael Blasco, recibió la noticia con mayor alborozo: "Es un momento de felicidad e inmensa satisfacción para este grupo, en el que siempre hemos contado con Costa como un activo fundamental". El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, argumentó que "readmitir a Costa es un acto de coherencia política del PP". "Estando todos los imputados dentro del partido, empezando por Camps y terminando por (Carlos) Fabra y (José Joaquín) Ripoll ¿qué hacía Costa fuera?", se preguntó con ironía.

www.elpais.es 04.09.10

EL PP SE GASTÓ 790.000 EUROS EN CONTRATOS CON GÜRTEL PARA UN CONGRESO DE DÍA Y MEDIO 

A finales de 2008, con la crisis a punto de azotar con toda su virulencia a la economía, el PP de la C0munidad, con Francisco Camps al mando, aún disparaba con pólvora de rey. Los populares se gastaron, al menos, 790.ooo euros –más de 130 millones de las antiguas pesetas– en servicios que contrataron con Orange Market, la filial valenciana de la trama Gürtel que dirigía El Bigotes, para organizar el congreso regional del PP, celebrado el tercer fin de semana de octubre y que duró apenas un día y medio. Esa deuda, como recoge el último informe de la Policía en el que revela nuevos indicios sobre la supuesta red de financiación ilegal del PP, fue saldada en parte, junto a la de otros actos que se citan en apuntes contables de la red y que suman facturas por casi un millón de euros, con entregas de dinero negro y con «aportaciones» mediante facturas falsas de empresas que cuentan con importantes adjudicaciones públicas, como es el caso del alicantino Enrique Ortiz. 

La contabilidad de Orange Market, la mercantil vinculada a Gürtel que controlaba Álvaro Pérez, durante los meses de noviembre y diciembre de 2008 evidencia que la empresa de El Bigotes era, en ese momento y apenas dos meses antes de que el juez Baltasar Garzón ordenara la detención de Francisco Correa y desmantelara el entramado corrupto, la principal proveedora de servicios del PP de la Comunidad. Tras el congreso nacional que los populares celebraron en Valencia en junio de 2008, Camps se presentaba a su cita regional, convocada para mediados de octubre, convertido en el principal barón territorial del PP y con un poder absoluto que en el anterior cónclave autonómico, celebrado en Castellón en 2004, no pudo exhibir. Estaba ante el foro que iba a convertirle en el presidente del PP de la Comunidad con mayor respaldo interno en la historia de su organización. 

Y Ricardo Costa ni David Serra, que controlaban el aparato popular en ese momento desde la secretaría y la vicesecretaría general, se pusieron manos a la obra con ese objetivo. Contactaron con El Bigotes, su hombre de confianza para la organización de campañas electorales y eventos de todo tipo, y no repararon en gastos. En día y medio, el congreso se inició el sábado 18 de octubre por la mañana y se clausuró a mediodía del domingo con la intervención de Mariano Rajoy, los populares, en un momento en el que la crisis empezaba a arreciar, «quemaron», al menos, 790.000 euros en su congreso. De acuerdo con las facturas y apuntes contables de la red Gürtel que figuran en el informe de la Brigada de blanqueo de capitales de la Unidad de Delitos Fiscales de la Policía, el PP se gastó nada menos que 300.000 euros –unos 50 millones de las antiguas pesetas– en el «diseño, montaje y desmontaje» del escenario circular en el que se desarrollaron los debates del congreso popular; cerca de 70.000 en una fiesta y un cátering; y otro tanto en vallas para publicitar la convocatoria, sólo por citar algunos de los gastos que aparecen detallados en las hojas contables de la trama que la Policía incautó durante el registro que realizó el 6 de febrero de 2009 en la sede de Orange Market, en una céntrica calle de Valencia. Justo, el mismo día en el que se detuvo a Francisco Correa –cabecilla de la trama corrupta– y en el que también se registraron las oficinas de Turismo en busca de los contratos de Fitur.  

No había problema en asumir ese volumen de gasto. La ronda no la pagaba por completo el PP. Parte de los gastos se abonaban con fondos al margen del sistema financiero –dinero negro–; y parte a través de la «colaboración» de empresarios que abonaban facturas ficticias a El Bigotes que, en realidad, servían para saldar las deudas de los populares con la sociedad vinculada a la red Gürtel. El informe, como se recordará, revela que entre febrero de 2008 y los primeros meses de 2009, la dirección del PP entregó a El Bigotes más de 405.000 euros en dinero negro; mientras que tres empresas pagaron facturas ficticias a Orange Market, señala la documentación, por cerca de 450.000 euros, más de la mitad aportados por Enrique Ortiz, que, en realidad, servían para reducir la deuda del PP con el entramado corrupto. 

De forma global, la contabilidad de la red en Valencia registra, entre noviembre y diciembre de 2008, referencia a actos de los populares por valor de alrededor de un millón de euros y aportaciones económicas desde el PP por más de 780.000 euros, unos 130 millones de las antiguas pesetas. Una situación que, en opinión de la Policía, revela la existencia, señala de forma textual, de una «financiación paralela» de la que se nutriría la organización que lidera Francisco Camps.  

Entre la gran cantidad de documentación a la que las partes tuvieron acceso el pasado 1 de septiembre, tras las vacaciones de verano, figuran diversas diligencias que revelan que, casi veinte meses después de los registros judiciales y de que el juez Baltasar Garzón desmantelara el entramado corrupto de Francisco Correa y El Bigotes, la policía continúa desprecintando cajas de documentación incautada a la red corrupta que, a lo largo de los próximos meses, conformará nuevos informes sobre la actividad del conglomerado Gürtel.  

Entre la documentación ya analizada que figura en este nuevo informe con más indicios sobre la supuesta financiación ilegal del PP, aparece un detalle sobre los movimientos de la llamada «Caja Barcelona» de Orange Market, en la que se recogían los apuntes contables del dinero negro y al margen del sistema financiero que recibía la empresa.  

Una caja que se nutría con aportaciones periódicas de los populares valencianos, tal y como queda reflejado en la contabilidad de la empresa de El Bigotes. Álvaro Pérez utilizaba ese dinero sin justificar que recibía del Partido Popular con los más diversos fines. Pagaba nóminas, viajes, regalos, sesiones de masaje y hasta multas de tráfico... Así figura en el informe de la policía y también se desprende del análisis de la contabilidad «b» de la delegación de la trama corrupta en Valencia.  

Por ejemplo, figura una referencia a un pago de 70.000 euros a un concesionario de coches de Valencia, otro de casi 4.800 euros para la compra de regalos de Navidad, fondos para un viaje a Miami, abonos de las nóminas de los trabajadores de Orange Market, mil euros para una sesión de masaje —no especifica si se trataba de un regalo— y hasta 140 euros para abonar los gastos de una sanción de tráfico. 

(www.levante-emv.com, 03/09/10)

IMELSA PAGÓ A LA FIRMA DE LA TRAMA GÜRTEL EN EL MANDATO DE GINER 

La Diputación de Valencia contó con los servicios de la Empresa Easy Concept, ligada a la trama corrupta Gürtel por la que están imputados el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tantos dirigentes y ex cargos populares en la Comunitat Valenciana. La relación entre la empresa pública del ente provincial, Impulso Económico Local, S. A. (Imelsa), y Easy Concept se produjo en el año 2005, cuando dirigía la diputación Fernando Giner. No fueron 34.829 euros, como se apuntó en un primer momento, y sí 14.829,21 euros los que se gastó Imelsa en un «almacén para la Feria de Turismo de Valencia» de ese año. 

Un informe de la Agencia Tributaria del pasado día uno de septiembre certifica que la diputación declaró esa cantidad a Hacienda. La factura de Easy Concept –empresa del conglomerado creado por el empresario Francisco Corra y ubicada en Pozuelo de Alarcón– refleja que con ese precio se pagaron los servicios de la caseta de diez por tres metros (2.250 euros), un cuadro eléctrico con diez enchufes, dos pantallas de plasma (1.850 euros), un dvd, cuatro cajas de sonido, una cámara, una mesa de sonido y un técnico, estanterías, el transporte y el montaje (1.822,80 euros) y la coordinación de la agencia (2.400 euros), entre otros conceptos, hasta sumar la cantidad final de 14.829,21 euros con el IVA. 

Desde que trascendiera que la Diputación de Valencia contrató los servicios de una firma unida a la red Gürtel y al PP, tanto el ex presidente de la Diputación de Valencia, Fernando Giner, como el actual mandatario, Alfonso Rus, señalaron que en sus etapas al frente de la institución no se produjeron pagos o relaciones comerciales con la trama.  

Sin embargo, la Unidad de Apoyo de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada facilitó los datos, mediante un informe de la Agencia Tributaria, que ponía de manifiesto que existió al menos una relación comercial: la de los 14.829,22 euros. 

Alfonso Rus movilizó a los servicios económicos de la Diputación de Valencia para pedir toda la información a la delegación de Hacienda correspondiente a ese pago. El interventor de la institución provincial, por otra parte, ha informado que «excluida la empresa pública Imelsa no se han contraído obligaciones ni realizado pagos a las mercantiles con las siguientes denominaciones sociales a fecha 31 de diciembre de 2009». El funcionario enumera a todas las empresas de la red corrupta que no aparecen: Special Events, Pasadena Viajes, Easy Concept, Good and Better, Orange Market, Diseño Asimétrico, Inversiones Kintamani, Servimadrid Integral, Hator Consulting y Osiris Patrimonial. 

La ausencia de información sobre el pago de Imelsa a Easy Concept se justificó primero con el cambio de sede social de la empresa pública, que pudo generar la pérdida de facturas. Después se ha explicado que en la diputación no obraban las documentos de ahí a que, en su momento, en el pleno se respondiera que no existía ningún vínculo contractual con mercantiles del universo Gürtel. 

(www.levante-emv.com, 03/09/10)

EL PP VALENCIANO DICE QUE HARÁ SU PROPIO CONTRAINFORME 

La dirección regional del PP tiene previsto elaborar su propio contrainforme para intentar rebatir el documento elaborado por la policía. Ese informe oficial avala los primeros indicios sobre una supuesta financiación ilegal de los populares valencianos. La iniciativa es continuación de un primer informe económico encargado a dos auditores por el propio presidente valenciano, Francisco Camps, en mayo de 2010, que ya criticó "por limitarse a una interpretación parcial de los datos" los informes periciales elaborados por la Agencia Tributaria y solicitados por el juez Antonio Pedreira. 

El vicesecretario de Organización, David Serra, una de las personas que conocían las entregas de dinero que supuestamente hizo el empresario de la construcción Enrique Ortiz, despreció ayer las nuevas pruebas del informe policial, informa Arturo Ruiz. "No aportan nada nuevo con respecto a anteriores informes y su publicación se debe a que las encuestas vaticinan un desastre electoral del PSOE y Zapatero", dijo Serra. El vicesecretario de Organización del PP indicó que su cargo "siempre ha estado a disposición del partido", pero descartó que lo vayan a suspender de militancia como ya ocurrió con el ex secretario regional Ricardo Costa. 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no quiso pronunciarse ante los medios de comunicación, aunque los principales cargos del PP descalificaron de raíz el informe policial. 

El secretario regional, Antonio Clemente, acusó "a una parte de la policía de no realizar el trabajo que le corresponde". La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, afirmó que el informe policial está "manipulado porque no le han pedido datos al PP para su elaboración". El vicepresidente tercero del Gobierno valenciano, Juan Cotino, tachó el informe de "mentira". El grupo empresarial de la familia de Cotino, Sedesa, es uno de los que financiaron irregularmente al PP, según la policía. Otro de los implicados, el empresario Enrique Ortiz, insistió también en que "no hay nada nuevo" en el último informe policial. 

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, manifestó ayer que "Camps no sabe hacer las campañas más que con trampa". "Ahora no podrá porque los jueces no le van a dejar", prosiguió, "se va a tener que enfrentar a los valencianos sin Gürtel". 

La líder de Esquerra Unida, Marga Sanz, exigió la dimisión fulminante de Camps y la limpieza de la cúpula del PP. 

(www.elpais.com, 03/09/10) 

EL FISCAL PIDE QUE EL TRIBUNAL DE VALENCIA INVESTIGUE A CAMPS POR NUEVOS DELITOS 

La Fiscalía Anticorrupción defiende que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia abra una nueva causa al presidente Francisco Camps, al ex secretario general del PP Ricardo Costa, y a otros ex altos cargos del PP valenciano por los supuestos delitos de cohecho propio, financiación ilegal o tráfico de influencias. 

En un escrito remitido el pasado 2 de agosto al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Fiscalía recuerda que la investigación del caso Gürtel ha descubierto numerosas irregularidades en la adjudicación de contratos por parte del Gobierno valenciano a las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que esos supuestos delitos, en los que habrían participado altos cargos del PP que están aforados porque ocupan un escaño en el Parlamento valenciano, solo pueden ser investigados en el Tribunal Superior de Valencia.

El juez Antonio Pedreira, que instruye el grueso del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, decidió inhibirse en favor del Tribunal valenciano porque durante la investigación se habían descubierto indicios de delito en la actuación de cargos públicos del PP en esa comunidad. Pero el PP, personado como acusación popular en este caso, impugnó esa decisión. 

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que anuló las escuchas en la cárcel a los principales jefes de la trama corrupta ordenadas por el juez Baltasar Garzón, deberá resolver en las próximas semanas si acepta la inhibición y se sigue investigando el caso en Valencia o si la rechaza y todos los indicios de delito hallados durante la investigación quedan en un limbo legal sin que nadie pueda instruirlos pues afectan a dirigentes políticos que están aforados y solo pueden ser juzgados por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 

La Fiscalía Anticorrupción recuerda en el escrito del 2 de agosto que hay múltiples indicios de irregularidades en la actuación del Gobierno valenciano en relación con la trama corrupta. Entre los ejemplos que cita, la Fiscalía señala que al menos cuatro contratos adjudicados a dedo a la red Gürtel por 41.988 euros necesitaban la "preceptiva autorización que, en algún caso, hubo de dar el gabinete del presidente" Francisco Camps. La red corrupta regaló al presidente valenciano numerosos trajes durante dos años por valor de varios miles de euros. La Fiscalía entiende que podría haber incurrido en un delito de cohecho propio -castigado con penas de cárcel-, y no solamente el de cohecho impropio -cuya máxima sanción son multas- por el que está imputado ya en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. 

Además, la Fiscalía recuerda que en los registros efectuados en las sedes de las empresas de la trama corrupta se encontraron "pliegos del concurso de Fitur de 2005 antes de la publicación oficial del concurso". 

Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta, logró el concurso para montar el pabellón de Valencia en Fitur por un millón de euros tan solo unos meses después de iniciar su actividad y ganó el concurso en los años sucesivos, hasta que Garzón desarticuló la trama corrupta en febrero de 2009. 

Las adjudicaciones a Orange Market, según el informe de la Intervención General del Estado, estaban plagadas de irregularidades. La investigación judicial ha llegado a descubrir que Orange Market poseía la documentación del concurso antes incluso de que se hiciera pública, por lo que partía con ventaja respecto al resto de competidores. 

Entre las personas agasajadas con regalos caros por parte de la trama corrupta figuran dos de los principales cargos públicos de la Consejería de Turismo. Por un lado, la entonces consejera Milagrosa Martínez, hoy presidenta del parlamento valenciano, a la que la trama corrupta regaló un reloj valorado en 2.400 euros, según la investigación. Y Rafael Betoret, al que agasajaron con trajes durante varios años y que desempeñaba el cargo de vicepresidente ejecutivo de la Agencia Valenciana de Turismo, encargada de adjudicar el concurso de Fitur. 

(www.elpais.com, 03/09/10) 

GALLARDÓN: 'LA CANDIDATURA DE CAMPS ME PARECE POSITIVA PARA EL PP' 

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado en relación a la candidatura de Francisco Camps a la Generalitat Valenciana que "todas las decisiones que adoptamos en la dirección general del partido me parecen positivas para el mismo". 

Gallardón, que es miembro de la dirección general del PP, quiso restarle importancia a la noticia de que el presidente de los 'populares', Mariano Rajoy, hubiera ratificado la candidatura de Camps pese a los asuntos judiciales a los que todavía tiene que hacer frente el presidente valenciano. 

"Reiterar algo que ya se había dicho no se puede convertir en noticia y esto es una reiteración", insistió durante la rueda de prensa que sigue a la Junta de Gobierno del Consistorio.

El líder del PP afirmó ante los periodistas, este jueves, al término de la reunión de dos días que han mantenido en Toledo los líderes del PP que forman el Comité de Dirección que "Camps debe ser el candidato a las elecciones". 

No obstante, Rajoy explicó que el nombramiento de Camps y el resto de los candidatos autonómicos se aprobará "cuando toque" y de acuerdo a "las normas internas" del partido, es decir, a través del Comité Electoral Nacional con propuesta de las organizaciones regionales. 

(www.elmundo.es, 03/09/10)

RAJOY HACE CASO OMISO DEL INFORME POLICIAL Y MANTIENE A CAMPS 

¿Va a mantener a Camps como candidato si el juez abre juicio oral contra él?, le preguntó un periodista a Mariano Rajoy ayer en Toledo en un corrillo informal. En presencia de Alberto Ruiz-Gallardón, Ana Mato y Esteban González Pons, el líder del PP se encogió de hombros y respondió algo así como: "No puedo contestar, porque me pregunta por cosas que no han pasado, es lo mismo que si me pregunta que qué voy a hacer si se muere alguien, y no voy a dar ningún nombre". "Toquemos madera", respondió el alcalde de Madrid entre risas. 

Unos minutos antes Mariano Rajoy había asegurado categórico ante los periodistas que Francisco Camps "debe ser el candidato" en las elecciones autonómicas del 22 de mayo en Valencia. Es decir, que para Rajoy el informe policial que aporta nuevas pruebas de la financiación ilegal del PP valenciano no altera su decisión de mantener a Camps como candidato y no es motivo suficiente aún para sustituirle. 

En su primera comparecencia ante los periodistas desde hace meses, el líder del PP fue preguntado a continuación por las consecuencias del informe y él se limitó a responder: "Ya he dicho todo lo que tenía que decir". De ahí no pasó. Distintas fuentes del PP aseguran que en la reunión no se habló en ningún momento expresamente de la situación de Camps, aunque sí estuviera, lógicamente, en las conversaciones informales. 

La interpretación que dirigentes del PP hacen de las palabras de Rajoy sigue siendo que en este momento Camps es candidato, con la confianza de que el proceso de Gürtel en Valencia quede en nada o no le afecte a él. Pero que deja la puerta abierta a forzar su sustitución si su situación procesal se agrava, porque el juez abra juicio oral contra él, es decir, que le siente en el banquillo por más delitos que el de cohecho impropio. 

La broma del candidato muerto que hizo Rajoy parece sugerir que si se produce alguna causa sobrevenida no prevista se replanteará su posición. Incluso, un miembro de la dirección del PP asegura que esperan que si eso ocurre, sea el propio Camps el que renuncie a ser candidato. 

De la reunión de ayer no salió un calendario concreto para la designación de los cabezas de lista. Está pendiente de que lo cierren en los próximos días el propio Rajoy y la responsable de Organización, Ana Mato. Previsiblemente será a finales de noviembre, después de las elecciones catalanas. 

Tampoco se habló ayer de Asturias, donde sigue en el aire la candidatura de Francisco Álvarez Cascos, rechazada por el partido en esa comunidad. Rajoy mantiene una posición ambigua también sobre el ex secretario general del partido. En Navarra, previsiblemente, el candidato será el diputado Santiago Cervera. 

En la reunión de Toledo, la dirección del PP revisó la estrategia para los próximos meses, basada en acelerar el desgaste del Gobierno. El propio Rajoy se refirió a los datos del paro y a la "inacción" del Gobierno. El presidente del PP anunció que de aquí a final de año, el Grupo Popular presentará en el Congreso y el Senado exactamente 50 propuestas sobre política económica, ni una más ni una menos. "El PP no va a resignarse a que más de cuatro millones y medio de españoles no puedan trabajar", dijo Rajoy. Anunció una iniciativa dando libertad a las comunidades para que puedan privatizar televisiones autonómicas, como propuso el día anterior su número dos, Dolores de Cospedal, sólo para Castilla-La Mancha, y dijo que en septiembre convocará a sus alcaldes para presentar una iniciativa en el Congreso que aborde la gravísima situación económica de los Ayuntamientos. 

En la reunión, los dirigentes escucharon el ya clásico informe detallado del sociólogo Pedro Arriola sobre las perspectivas electorales que muestran las encuestas. Y el no menos clásico de Jaime Mayor Oreja sobre los indicios de un supuesto proceso de diálogo del Gobierno y ETA, los peligros que se avecinan por presuntas cesiones a los terroristas y el vaticinio de que los abertzales estarán en las elecciones municipales de mayo. Como es habitual, todos le escucharon atentamente, nadie hizo ningún comentario y se pasó al siguiente punto. 

(www.elpais.com, 03/09/10)

RAJOY: "CREO QUE CAMPS DEBE SER EL CANDIDATO DEL PP A LAS PRÓXIMAS ELECCIONES"

Las nuevas pruebas policiales sobre la financiación ilegal del PP de Camps no han variado la posición de Rajoy con respecto al presiente de la Generalitat Valenciana. "Creo que debe ser el candidato del PP a las próximas elecciones", ha afirmado el líder popular, durante una rueda de prensa en Toledo tras la reunión extraordinaria del Comité de Dirección del PP.

El líder del PP, que no había comparecido ante los periodistas desde hacía meses, ha asegurado que durante las reuniones mantenidas ayer y hoy "no se ha pronunciado ni una sola palabra" sobre el nuevo informe policial incorporado al sumario del caso Gürtel, en el que se insiste en que varios empresarios financiaron actos del partido pagando parte de la deuda que la formación política mantenía con Orange Market.

Según la versión oficial, la dirección nacional del PP trabaja con la hipótesis más probable de que Camps finalmente no llegue al banquillo. Si llegara a ser acusado únicamente por cohecho impropio por haber recibido los trajes, el PP también lo mantendría como candidato. Sin embargo, si finalmente el juez le imputara el delito de cohecho propiamente dicho, fuentes de la dirección del PP coinciden en que sería imposible mantenerlo como cabeza de lista en los comicios autonómicos.

Rajoy no ha aclarado, sin embargo, si Francisco Álvarez Cascos será el candidato del PP en Asturias. "Nombraremos los candidatos cuando toque con arreglo a las normas", se ha limitado decir el líder popular.

(www.elpais.com, 02/09/10)

RAJOY: "CAMPS DEBE SER EL CANDIDATO DEL PP POR VALENCIA"

El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, ha vuelto a confirmar a Francisco Camps, imputado por su relación con la trama Gürtel, como candidato a la Comunidad Valenciana para las próximas elecciones autonómicas. "Camps debe ser el candidato", ha afirmado tajante.

Rajoy no ha querido referirse directamente al informe policial q y que apunta a la financiación ilegal del Partido Popular de Valencia, presidido por Camps. "Ayer hubo una nota del partido en Valencia", se ha limitado a decir el conservador que ha concluido su breve intervención en Toledo, donde se encuentra para la celebración de una reunión extraordinaria del Comité de Dirección. 

 El presidente del PP ha confirmado a Camps pese a que ha reconocido que durante la reunión del Comité no se ha hablado "sobre candidatos", tampoco sobre el ex ministro Álvarez Cascos.  

De lo que sí que se ha hablado es de economía y de que el partido presentará en el próximo cuatrimestre "50 iniciativas parlamentarias en materia de economía", referidas a la austeridad, la estabilidad, el sector público, el sistema financiero y la reforma laboral, entre otros asuntos.

En referencia a los datos del paro, Rajoy ha lamentado que el Gobierno "haya dicho resignándose que la situación y las cifras no son tan malas". "Nosotros no nos vamos a resignar", ha aseverado.

(www.publico.es, 02/09/10)

LA POLICÍA HALLA MÁS PRUEBAS DE FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El PP valenciano y tres constructoras con múltiples adjudicaciones de la Generalitat (Sedesa, Lubasa y Ortiz) pagaron en 2008, en negro o con facturas falsas, 846.000 euros a la empresa corrupta Orange Market, la franquicia levantina de la 'red Gürtel'. Así lo sostiene la Brigada de Blanqueo de la Policía en un informe fechado el pasado 20 de julio y que detalla cómo Orange Market destinó la mayor parte de ese dinero a minorar la deuda contraída por el PP valenciano, para el que la empresa había trabajado de nuevo ese año durante la campaña de las elecciones generales de marzo.

El informe, incorporado al sumario y que completa el emitido por la policía en julio de 2009, da un paso más respecto a las revelaciones de hace un año: ahora, los investigadores establecen de manera abierta un nexo causal entre los pagos de las empresas y las "contrapartidas" que les aseguraba su papel como benefactoras del partido de Francisco Camps. Sedesa, Lubasa y Ortiz, dice el informe, pagaron a cambio de favores concedidos por el PP, que gobierna todas las grandes instituciones valencianas. Y se avinieron a pagar siguiendo indicaciones de "los responsables" del partido en Valencia.

 Como dirigentes que tuvieron una "participación activa" en ese complot urdido para ocultar la financiación ilegal del PP, la policía cita al ex número dos de Camps, Ricardo Costa, y al actual vicesecretario general del partido en Valencia, David Serra. Por la noche, el PP valenciano emitió un comunicado en el que tacha de "falso" el informe policial y asegura que "no se da por aludido".

Pero las 104 páginas de este nuevo dossier de la Brigada de Blanqueo acrecientan la sospecha de financiación ilegal en el PP valenciano: tres meses después de que Hacienda cifrase en 2,5 millones lo defraudado por el PP valenciano al fisco en 2007, llega ahora este nuevo informe. Y lo hace pertrechado de una batería de anexos repletos de datos que desmenuzan el modus operandi del trípode presuntamente conformado por el PP, sus empresas de cabecera y la red Gürtel.

El contenido de esos anexos admite difícil refutación. Las conclusiones de la Brigada de Blanqueo se sustentan en la documentación incautada a Orange Market, que incorporó a su contabilidad opaca los 405.450 euros abonados por el PP durante 2008 en ocho entregas. El estadillo de la caja B-Barcelona, en el argot de la trama- se incluye en el informe. Ahí constan anotados los ocho pagos, "sin justificación contractual", dice la policía.

Otros 441.000 euros recibidos por Orange Market tienen su origen en abonos de Sedesa, Lubasa y Ortiz, tríada situada en el ojo del huracán desde que la policía destapó hace un año los primeros indicios de financiación ilegal. En este caso, los ingresos a favor de Orange Market se camuflaron como pagos por trabajos de márketing, publicidad y asesoramiento de imagen.

Según la policía, no se entiende que las tres empresas, "adjudicatarias de numerosos contratos públicos", contribuyeran a enjuagar las deudas del PP "salvo que exista contraprestación o favorecimiento de algún tipo". De no existir tal contraprestación, no habría "explicación lógica" para esos pagos, dice el informe.

El juez Antonio Pedreira, que instruye la pieza principal del caso Gürtel, ya hizo suya en mayo la tesis de que los conservadores captaron fondos ilegalmente e involucró a las mismas tres empresas que ahora analiza la policía. Pero, entonces, los investigadores tenían menos información. Ahora, la Brigada de Blanqueo ha encajado las piezas necesarias para asegurar que tanto Sedesa como Lubasa y Enrique Ortiz e Hijos suscribieron falsos "acuerdos de colaboración" con Orange Market con el único objetivo de sufragar gastos del PP valenciano mediante la emisión de facturas "ficticias".

La policía incluye un dato clave: Orange Market tenía en su poder los documentos relativos a un supuesto "acuerdo de colaboración" con Ortiz e Hijos, acuerdo que en febrero de 2009 seguía sin firmar por los responsables de la empresa constructora. El "artificio" creado, subraya la policía, acabó teniendo los pies de barro. Que ese documento prosiguiera sin firma 13 meses después de la fecha oficial en que fue suscrito denota su falsedad, argumenta el informe. La policía recuerda que la Ley de Financiación de Partidos prohíbe a estos aceptar, directa o indirectamente, donaciones de contratistas públicos.

Ortiz e Hijos desembolsó a Orange Market 232.232 euros. Los últimos pagos se produjeron el 5 de febrero de 2009, un día antes de que el juez Baltasar Garzón hiciera saltar por los aires la trama Gürtel. Ese mismo día, el contable de Orange Market, Cándido Herrero, habló por teléfono con su jefe, Álvaro Pérez, El Bigotes, el "amiguito del alma" de Camps. "Ya me han dado la caja de magdalenas", le contó Herrero a El Bigotes. La policía, que incorpora la transcripción de ese pinchazo, no alberga dudas: la caja de magdalenas hace alusión a Enrique Ortiz, quien también se ha visto involucrado recientemente en la supuesta compra de partidos para el Hércules, equipo de su propiedad.

Pedreira suscribió la tesis de la financiación ilegal tras el informe de Hacienda que reveló fraude fiscal en el PP valenciano. El juez plasmó sus sospechas en un auto dictado el 26 de mayo, donde alertaba de que en 2008 podía haberse producido un delito electoral por exceso de gasto, pero dejaba abierta la cuestión. En esa resolución, Pedreira se inhibía en favor del Tribunal Superior de Valencia en lo concerniente a la financiación ilegal del PP. Pero el caso seguirá en sus manos en tanto el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) no resuelva el recurso del PP contra su inhibición. En teoría, el PP ejerce la acusación particular, aunque todos sus pasos han ido encaminados a demorar la instrucción.

Precisamente, el TSJM sostuvo en un auto que "un sector" de los imputados pretende "paralizar" la causa "interponiendo constantemente toda clase de recursos", informa Efe. En su auto, el tribunal rechaza el recurso que varios de los imputados -entre ellos, los diputados madrileños Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco- interpusieron contra una resolución dictada por el juez instructor del caso, Antonio Pedreira, el pasado 27 de abril.

Lo que dice el informe policial 

“Los actos realizados por el Partido Popular de la Comunidad Valenciana y el Grupo Parlamentario del PP en las Cortes Valencianas –reza el informe policial incorporado al sumario de la ‘Gürtel’– son financiados mediante diversos mecanismos”:

1 - "Entregas realizadas por el propio PP con fondos ajenos al sistema económico real que engrosan la caja B de Orange Market"

 2- "Facturas reales emitidas por Orange Market a la formación política y abonadas por esta"

3-  "Los responsables del PPCV realizan gestiones para que empresarios, cuyas empresas son adjudicatarias de contratos públicos en vigor, financien los actos del PP mediante la entrega de fondos a Orange Market que se enmascaran a través de facturas ficticias emitidas por dicha sociedad a estas empresas en base a unos supuestos acuerdos de prestación de servicios"

(www.publico.es, 02/09/10)

 LAS MAGDALENAS LLEGARON ANTES QUE LA CÁRCEL

 La ansiedad de la ‘trama Gürtel’ por cobrar del empresario Enrique Ortiz, propietario del Hércules FC e implicado en la ‘operación Brugal’, se refleja en las conversaciones grabadas por la policía entre diciembre de 2008 y febrero de 2009. Recelosos, nadie citaba a Ortiz por su nombre. Era “el de las galletas” o “el de las magdalenas”, asociando su apellido a la marca repostera, como descubrió de inmediato la policía.

 La clave de las magdalenas era usada por todos: por el jefe de Orange Market, Álvaro Pérez; por su contable, Cándido Herrero; por el lugarteniente de Correa, Pablo Crespo; y por el dirigente del PP David Serra. La última conversación pinchada se produjo el 5 de febrero de 2009. “Ya me han dado la caja de magdalenas”, contó Herrero a El Bigotes. Al día siguiente, Garzón lanzó la ‘operación Gürtel’. Y ya no hubo más magdalenas.

17/12/2008. Álvaro Pérez ‘el bigotes’ y David Serra

D. S: Voy a llamar ahora al de las galletas. Y yo necesito que el lunes nos reunamos tú, Cándido y yo para perfilar números, porque yo he intentado hacer un esfuerzo por varios sitios pero yo quiero que también vosotros hagáis también un poquito.

Á. P: Que sí, que sí.

08/01/2009. ÁLvaro Pérez Alonso y Cándido herrero

Cándido le dice que no le ha llamado el de las magdalenas y le pregunta si está con David [Serra]. Álvaro le contesta que no se preocupe, que mañana le ve y se lo dice. 29/1/2009
Álvaro Pérez y Cándido Herrero

C. H.: Hola Alvarito.

Á. P.: Hola tío, dime.

C. H.: Estuve ya hablando con nuestro amigo.

Á. P.: Sí, y ¿qué tal?

C. H.: Y delante de mí hizo una llamada y yo creo que las  galletas o me las como esta tarde o mañana.

Á. P.: Vale, perfecto, perfecto.

02/2/2009. Pablo Crespo y Álvaro Pérez

P. C.: Cuando me llamaste tú, estaba comiendo.

Á. P.: Nada, no te preocupes tío, nada, que he estado con Ric [supuestamente el entonces secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa] y nada, cuando le he enseñado el papel ese y tal, pues claro, se ha pillado un rebote que te cagas, ha llamado a David Serra. En fin, tío, lo de siempre.

P. C.: Pero ¿qué pasa? ¿Que no lo sabía o qué?

A. P.: Y nada, esta semana, no, él pensaba que lo de las magdalenas ya estaba solucionado, qué tal, entonces claro, pues a mí me jode porque ha pasado lo que yo sabía que iba a pasar, ha llamado a David y se ha cagado en los muertos de David.

P. C.: Pero claro, joder, pero llevamos, ¿cuántos meses llevamos así?

A. P.: Entonces, pues eso tío.

P. C.: ¿Tú qué vas hacer, macho? Ya es que al final no queda más remedio, porque...

A. P.: Ya, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que si él me da los tres y pico..., ya se acabó, ya no me da nada más, claro, y además todo.

P. C.: Bueno, ¿lo va arreglar, no?

A. P.: Sí, sí, esta semana.

P. C.: De acuerdo, vale, vale.

03/02/2009.  Cándido Herrero y Pablo Crespo

P. C.: ¿Me oyes ahora? ¿Estás aún con Álvaro?

C. H.: Sí. Estamos en la ofi, sí.

P. C.: ¿Pero estás ahora con él en este momento?

C. H.: Hemos estado hablando ahora. Me llamaron de la fábrica de galletas.

P. C.: ¿Y qué?

C. H.: Que mañana lo mandan en un mensajero. Por lo que me dicen el mensajero llega mañana o mañana se lo envía al mensajero y me llega pasado. Y me dice, no, no, creo que para mediodía lo tienes.

P. C.: A ver si es cierto. Escucha, ¿tienes línea para descontar eso o no?

C. H.: Sí. Eso no tengo problemas.

P. C.: Bueno de todas maneras, quiero que animes a este, joder dale, súbele un poco la paletilla ¿vale?

C. H.: Vale, vale, vale.

05/02/2009.  Álvaro Pérez y Cándido Herrero

C. H.: Oye una cosa, ya me  dieron la caja de magdalenas.

Á. P.: Ah bien, vale, me alegro.

(www.publico.es, 02/09/10)

EL PP AVALA EL "GRAN TRABAJO" DEL IMPUTADO CAMPS

Si una sentencia desfavorable en los tribunales no obliga a Mariano Rajoy a cambiar de planes, Francisco Camps, imputado por cohecho impropio (soborno), repetirá como candidato para las próximas autonómicas en la Comunitat Valenciana.

Con este panorama como telón de fondo, los conservadores se encuentran en la tesitura de explicar los criterios que emplean para decidir qué tipo de imputaciones permiten que sus dirigentes puedan concurrir a las elecciones. ¿Dónde está el listón? Ayer, preguntada en rueda de prensa sobre esta cuestión, la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, se limitó a apelar a la presunción de inocencia, a recordar que Rajoy ya ha mostrado su apoyo a Camps y a avalar la labor de su compañero. "Me parece que el presidente de la Generalitat hace un gran trabajo por los valencianos al servicio de esa comunidad", destacó.

El presidente de los conservadores de la Comunitat está imputado por haber aceptado trajes como regalo de la trama liderada en Valencia por Álvaro Pérez, El Bigotes. Unas prendas valoradas en 12.000 euros. Pero además, de acuerdo con el auto del juez Antonio Pedreira, el PP de Valencia ocultó a Hacienda pagos por importe de 2,5 millones de euros en dinero negro.

Recientemente, el president ha recibido otro varapalo judicial. A mediados de este mes, el Tribunal Constitucional (TC) condenaba a la mesa de las Corts, controlada por el PP, por violar los derechos de los diputados de la oposición al bloquear algunas de sus preguntas.

Sáenz de Santamaría eludió dar ayer su opinión sobre si el president estaba trasladando una buena imagen a la opinión pública, máxime después de que el viernes deslizara en su discurso un aviso para todos aquellos que buscan "atajos" para derribarlo. "No hay quien mueva a quien tiene raíces en esta tierra", espetó. Tampoco respondió cuando fue cuestionada

Fuentes del PP consultadas por este periódico aseguran que "habrá que ver en qué quedan las acusaciones de Camps". En este sentido, restan importancia al hecho de que el president pudiera haber aceptado regalos de la trama corrupta.

En el caso de los trajes, los conservadores han variado su estrategia. Cuando estalló el caso, a nadie en el PP se le pasaba por la cabeza la idea de que Camps los hubiera aceptado.

Si el sábado la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, salía en defensa de Camps, ayer le tocó el turno al presidente del PP del País Vasco, Antonio Basagoiti. En una entrevista concedida a Punto Radio, el dirigente conservador consideró que el valenciano es "una persona honesta" que está "volcada en sus ciudadanos".

A su entender, "uno de los pecados" por los que "algunos no le tragan" es que "arrasa" en las elecciones. Basagoiti siempre ha exigido a los suyos "contundencia" ante los casos de corrupción.

Por otra parte, en la Comunidad de Madrid, otro de los focos de actuación de la trama corrupta, no temen los efectos electorales que ello pueda tener. Ni tampoco los del espionaje. Así lo puso ayer de manifiesto Esperanza Aguirre en una entrevista concedida a Antena 3.

Preguntada sobre si cree que el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, es un "peligro para el Estado de derecho", como se ha dicho desde la dirección del PP, Aguirre recalcó que la policía depende de él y, en ocasiones, "está haciendo ciertas cosas en contra del PP" que, a su juicio, son "impresentables". Además, se refirió a "una cierta cupulilla que se dedica a filtrar informes siempre al mismo medio".

(www.publico.es, 02/09/10)

EL JUEZ PEDREIRA VE INDICIOS DE SIETE DELITOS GRAVES EN EL GOVERN DE CAMPS

El presidente de la Generalitat valenciana no recibe más que buenas noticias. Si hace dos semanas, después de conocer que el Supremo había confirmado que cometió un delito de cohecho impropio al aceptar trajes de la trama corrupta de la Gürtel, el presidente de la Generalitat aseguró estar "feliz", "más feliz que ayer, más feliz", hoy debe estar, como poco, pletórico.

El cerco se estrecha sobre la Generalitat de Valencia y los focos iluminan, aún más si cabe, a Francisco Camps, por los indicios que apuntan a la presunta financiación de los conservadores en la comunidad y a la aceptación de regalos por parte de la trama corrupta de la Gürtel a cambio de la concesión de contratos. No son los únicos presuntos delitos.

El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  Antonio Pedreira, ha hallado hasta siete indicios de delito en la actuación de varios dirigentes del PP valenciano. Concretamente señala al vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla, al ex secretario general y diputado autonómico, Ricardo Costa, al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del partido en Valencia, Yolanda García Santos.

Pedreira remite la investigación al TSJCV ante la presunción de que el Gobierno valenciano podría haber incurrido hasta en siete delitos que afectan a altos cargos del ejecutivo de Camps: financiación ilegal, cohecho propio (se eleva la gravedad desde el impropio), contra la hacienda pública, asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y prevaricación.

El juez se basa para sus conclusiones en el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps, que ocultó al fisco hasta 2,5 millones de euros en 2007. El PP montó en cólera tras conocer la existencia de estos nuevos datos. Los conservadores anunciaron una querella contra el autor del informe y reiteraron que sus cuentas están auditadas por los tribunales de cuentas valenciano y estatal.

El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, uno de los dirigentes hacia los que apunta Pedreira, ha expresado su "tranquilidad" y "seguridad" por una "gestión absolutamente honesta" en la Comunidad que está, sostiene, "acreditada a lo largo de los años". 

Durante los últimos meses Francisco Camps se ha declarado, entre otras muchísimas cosas, "absolutamente inocente" pese a ser acusado de recibir pagos en especie, como trajes de firmas de lujo, por parte de los dirigentes de la trama a cambio de contratos de la administración pública. "Yo me pago mis trajes", aseguró el 10 de marzo de 2008.

Por eso no sorprende su reacción tras conocer este miércoles las acusaciones. Camps ha asegurado en Cheste (Valencia) que todo es "un montaje de una terrible falsedad, que acabará en nada" porque "no hay absolutamente nada".

Pedreira ha remitido al TSJ de la Comunidad Valenciana la parte de la investigación sobre supuestos delitos electorales que afectan al PP valenciano ante "la hipotética posibilidad de que haya conexión entre los delitos de Valencia y los delitos del TSJ de Madrid" y para evitar la prescripción de los delitos electorales que apuntan los últimos informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía.

El magistrado de Madrid ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de abril al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel.

Pedreira tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps.

El auto por el que el Supremo reabría la causa contra Camps por los trajes era rotundo: "Los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores".

Dictada de modo unánime por la Sala de lo Penal del Supremo, la sentencia desbarata uno por uno los argumentos del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), que en agosto de 2009 cerró el caso en falso gracias al voto de su presidente y juez amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa. Para avalar su decisión, el TSJCV invocó distintas sentencias previas del Supremo. "Ninguna de ellas sirve de verdadero sustento a la decisión de instancia", recriminaba el alto tribunal, que deja así en pésimo lugar la pericia jurídica del TSJCV y de su presidente.

(www.publico.es, 02/09/10)

LOS SIETE PRESUNTOS DELITOS

1. Cohecho

Las irregularidades detectadas en la contratación de Orange Market llevan al juez a concluir que "el delito de cohecho que se investigaba" podría "no ser, en algunos casos" el de cohecho impropio, que castiga la mera recepción de regalos, sino "el tipificado en los artículos 425, 419 o 420". Y en esa panoplia figura el soborno con mayúsculas, el que comete quien adopta una decisión, justa o injusta, a cambio de cobrar. No puede descartarse, dice el auto, la conexión con el hecho de que Camps dirigía el PP.

2. Delito electoral

El auto vincula el delito electoral al pago de los servicios prestados por Orange Market al PP valenciano en las campañas para las autonómicas y locales de mayo de 2007. Una parte "se habría abonado de forma opaca en efectivo" y otra, "al menos 345.200 euros", habría sido satisfecha "por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market". "Se infiere -dice el auto- que estos pagos no habrán sido reflejados en las cuentas" del PP valenciano. Y ello "podría ser constitutivo del delito electoral" tipificado en la ley, que sanciona el falseamiento de las cuentas electorales. El PP valenciano habría ocultado pagos por 2,5 millones.

 3. Delito fiscal

Conectado con el delito electoral aparece el fiscal. Orange Market habría incurrido en delito contra la Hacienda Pública "al omitir en las respectivas declaraciones [de IVA e impuesto de Sociedades] los ingresos recibidos de forma opaca". Asimismo, también habrían cometido ese delito los responsables de la red en los que, como ocurre en los casos de Álvaro Pérez o Francisco Correa, acabó revirtiendo parte de los ingresos opacos. Al no incluirlos en sus declaraciones de IRPF, defraudaron al fisco.

4. Falsedad documental

Penado con hasta seis años de cárcel, este delito "vendría determinado por la elaboración de facturas que reflejarían servicios inexistentes entre Orange Market" y las empresas que financiaron al PP. El auto cita aquí a Facsa, Pavimientos del Sureste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf. Las facturas emitidas por Orange Market contra estas cinco sociedades "tendrían por objeto ocultar los pagos realizados por estas mercantiles por cuenta del PP" valenciano. En 2008, se repiten los pagos y se incorporan otras tres empresas a la lista pagadora: el grupo Sedesa, Enrique Ortiz e Hijos y Lubasa.

5. Prevaricación

Consistente en adoptar una resolución injusta a sabiendas de que lo es, lo habrían perpetrado quienes otorgaron a Orange Market contratos de la Generalitat de forma ilegal (por ejemplo, fraccionándolos). El auto destaca los adjudicados para Fitur, "tanto por su precio como por la gravedad de las irregularidades cometidas".

6. Blanqueo

El auto se limita a mencionar que delitos como el de falsedad o el fiscal son los antecedentes del blanqueo. Ese delito se atribuye ya en el sumario de Madrid a las empresas de la trama.

7. Asociación ilícita

Tampoco aquí entra el auto en detalles ni explica quiénes lo habrían cometido. Es el delito inherente a quienes crean una red para delinquir.  

Los supuestos delincuentes

1. Los políticos

Como presuntos artífices del delito electoral, el auto señala al ex tesorero del PP Luis Bárcenas y a la administradora general del PP valenciano en las elecciones autonómicas de 2007, Cristina Ibáñez. Como cooperadores señala al vicepresidente Vicente Rambla; al secretario general del PP valenciano, Ricardo Costa, y al vicesecretario general, David Serra. En el delito de falsedad, Rambla, Costa y Serra aparecen como cooperadores junto con la tesorera del PP valenciano, Yolanda García. Por cohecho, el auto apunta al ex director de Canal Nou, Pedro García; al ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret; a Costa de nuevo y, de manera más sutil, al propio Camps. Betoret figura, asimismo, vinculado a un posible delito de prevaricación. El auto subraya que buena parte de los delitos son conexos, es decir, que están ligados unos a otros. Por tanto, la imputación de delitos podría modificarse o ampliarse.

2. Los empresarios

El auto de Pedreira señala como cooperadores en el delito electoral a "los gestores efectivos" de las cinco sociedades que pagaron a Orange Market facturas que, en realidad, se correspondían con gastos del PP durante las campañas para las municipales y autonómicas de 2007. Las cinco son: Facsa, Pavimentos del Sureste SA, Grupo Vallalba SL, Constructora Hormigones Martínez SA y Piaf SL. Asimismo, serían autores directos de un delito de falsedad en documento mercantil por haber aceptado facturas falsas en 2007. En 2008, serían autores de ese delito los gestores de Facsa (el auto menciona a su propietario, Enrique Gimeno), Piaf, Lubasa, Sedesa y el empresario Enrique Ortiz, "quien figura entregando 100.000 euros en pago de la deuda del PP" valenciano.

3. El grupo de Correa

El delito electoral, subraya el auto, no habría podido cometerse sin el concurso de Francisco Correa y sus hombres de confianza: Álvaro Pérez, ‘El Bigotes', y Cándido Herrero, director general y contable de Orange Market, respectivamente; Pablo Crespo, número dos de la red; y José Luis Izquierdo, contable de la trama. El juez señala a los miembros de la red corrupta como autores de un delito fiscal. Si se amplía la investigación por soborno, Álvaro Pérez puede ser imputado por ese delito. 

(www.publico.es, 02/09/10)

LA POLICÍA APORTA MÁS PRUEBAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE CAMPS

El caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a un partido político más extensa de la democracia, acorrala al Gobierno de Francisco Camps y al PP valenciano por uno de los delitos más graves: la financiación ilegal.

La policía ha depositado en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid nuevas pruebas de la financiación ilegal del PP valenciano durante el mandato de Francisco Camps, el presidente autonómico que ya está imputado en relación con el caso Gürtel por un delito de cohecho impropio al haber aceptado miles de euros en trajes regalados por las empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa y que lograron en Valencia decenas de contratos a dedo.

El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales , fechado el pasado 20 de julio, sostiene que los nuevos documentos incautados a la trama "confirman los hechos expuestos" en un informe anterior, del verano de 2009, donde se afirmaba que el PP se había financiado ilegalmente a través de, al menos, cinco empresas contratistas de la Administración valenciana.

La nueva investigación policial hace "especial hincapié" en el "pago de diversas facturas ficticias por parte de empresas privadas asentadas en la Comunidad Valenciana y adjudicatarias de numerosos contratos públicos". El importe íntegro de esas facturas, a nombre de Enrique Ortiz e Hijos, Lubasa y Sedesa, entre otras empresas, 440.000 euros, "se destina al pago de una parte de la deuda generada entre el PP valenciano y Orange Market", la empresa de la trama corrupta que dirigía en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes , íntimo amigo de Camps.

En la documentación incautada figura la contabilidad de Orange Market, que emplea "de forma sistemática la clave BARCELONA para referirse a fondos que entran en la empresa y que no proceden del tráfico económico". La policía tiene documentados pagos de 405.000 euros en dinero negro por parte del PP a Orange Market.

En otra parte de la documentación figura una factura con la denominación "Galletas" que, según la Policía, corresponde a la empresa de Enrique Ortiz e Hijos, cuyo propietario principal es el accionista mayoritario del Hércules, implicado en el supuesto amaño de partidos la temporada pasada con el pago a jugadores de equipos contrarios por dejarse perder.

En las conversaciones grabadas a los dirigentes de la trama corrupta con los políticos del PP valenciano se aludía a "Magdalenas" o "Galletas" para denominar a una persona o empresa que pagaría las deudas del PP. La Policía señala en este último informe que las palabras "Galletas" y "Magdalenas" se vinculan "con el empresario Enrique Ortiz Selga, al asociarse su apellido 'ORTIZ' por parte de los responsables de Orange Market con una conocida marca de repostería, fabricante de galletas y magdalenas".

 La Policía sostiene que Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano, en la actualidad suspendido de militancia, y David Serra, vicesecretario general del mismo partido, conocían perfectamente a que se referían las palabras "galletas" y "magdalenas": "Entregas de dinero directa por parte de las empresas de Enrique Ortiz, cuyos importes íntegros pasan a descontar la deuda que el PP valenciano mantenía con Orange Market".

Para apuntalar las conclusiones de la investigación, la Policía relata una conversación telefónica entre el contable de Orange Market, Cándido Herrero, y su jefe Álvaro Pérez el 5 de febrero de 2009. Herrero le comenta que ya le dieron la caja de magdalenas. Ese mismo día, según la documentación incautada por la Policía, la empresa Enrique Ortiz e Hijos firmó tres cheques a nombre de Orange Market.

Las empresas constructoras que pagaban a Orange Market para liquidar deudas del PP justificaban esos desembolosos mediante "unos acuerdos de colaboración ficticios relacionados con labores de marketing, publicidad, desarrollo de marca, con un contenido suficientemente amplio y vago, así como flexibles en su ejecución", señala la Policía, que aporta en su informe copia de esos documentos para ocultar la financiación ilegal del PP valenciano.

El informe policial sostiene que existió una "participación activa" de Ricardo Costa y de David Serra "para conseguir que empresarios como Enrique Ortiz financie parte de la deuda del PP de la Comunidad Valenciana con Orange Market mediante el pago de los servicios prestados a la formación política enmascarado mediante el artificio del acuerdo de colaboración empresarial".

 (www.elpais.com, 02/09/10)

"RIC SE HA CABREADO. PENSABA QUE LO DE LAS MAGDALENAS YA ESTABA SOLUCIONADO"

Los interlocutores de las distintas conversaciones intervenidas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, son el número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo; el delegado de las empresas de Francisco Correa en Valencia, Álvaro Pérez (AP), El Bigotes; el vicesecretario general de esa misma formación, David Serra (DS), y Cándido Herrero (CH), el administrador de Orange Market, la filial de las empresas corruptas en la Comunidad Valenciana.

El contenido de las conversaciones revela las gestiones realizadas por el PP valenciano y concretamente por su ex secretario general, Ricardo Costa, para que el constructor y presidente del Hércules Enrique Ortiz -al que se refieren como "el de las magdalenas" o "el de las galletas" por coincidir su apellido con el de una marca de repostería-, pague a Orange Market cantidades que la formación le adeuda por la organización de sus actos.

- David Serra a El Bigotes: "Voy a llamar al de las galletas". La conversación, del 19 de diciembre de 2008, viene precedida por un SMS enviado por El Bigotes al vicesecretario del PP en el que el primero le pregunta "¿Crees que el de las magdalenas cumplirá?

D. S. Voy a llamar ahora al de las galletas. Y yo necesito que el lunes nos reunamos tú, Cándido [CH] y yo, para perfilar números, porque yo he intentado hacer un esfuerzo por varios sitios pero yo quiero que también vosotros hagáis un poquito de esfuerzo.

 A. P. Que sí, que sí...

D. S. Y te lo digo para una cosa, para ver si nos podemos olvidar ya del tema Ramblín. Y si pudiésemos hacer algo... ya te explico el tema.

A. P. Vale.

- Serra a El Bigotes: "El viernes tendrás un talón". 23 de diciembre de 2008.

D. S. El viernes tendrás un talón con lo que hemos dicho, lo de mañana, y ya fetén lo tendrás listo a primera hora para cobrar el mismo viernes. El viernes está previsto que le prestéis al de las galletas [Ortiz] la factura igual que la otra.

Acto seguido, el vicesecretario general le pregunta "si ha cerrado alguna cifra con Ricardo". A lo que El Bigotes responde que no.

- El Bigotes a Pablo Crespo: "Ric se ha pillado un rebote que te cagas". La conversación, del 2 de febrero de 2009, demuestra, según la policía, que el ex secreterio general del PP, Ricardo Costa, estaba al corriente de las gestiones de Serra para que Ortiz pagara a Orange Market.

A. P. "He estado con Ric [Ricardo Costa] y nada, cuando le he enseñado el papel ese y tal, pues claro, se ha pillado un rebote que te cagas, ha llamado a David Serra, en fin tío lo de siempre...

P. C. Pero ¿qué pasa? ¿no lo sabía?

A. P. Él pensaba que lo de las magdalenas ya estaba solucionado, entonces claro, pues a mi me jode porque ha pasado lo que yo sabía que iba a pasar, ha llamado a David y se ha cagado en los muertos de David.

P. C. [...] Bueno, ¿lo va a arreglar o no?

A. P. Sí, sí, esta semana me va a dar...

P. C. De acuedo vale.

A. P. Además, como él [Ricardo Costa] dice: claro, yo te pagaré todo lo que se ha hecho en Alicante, ) en Barcelona no te puedo pagar nada, y es una tristeza por varias razones, primero porque saldremos en algún tebeo y luego verás...

En Barcelona, según la policía, significa en B, pagos en negro sin ningún tipo de factura previa.

- Herrero a Crespo: "Me llamaron de la fábrica de galletas". La conversación es del 3 de febrero de 2008, el día en que, según la documentación del caso, Enrique Ortiz extiende tres cheques por 58.000, 20.752 y 37.479,60 euros a nombre de Orange Market.

C. H. Me llamaron de la fábrica de galletas.

P. C. ¿Y qué?

C. H. Que mañana lo mandan en un mensajero. Por lo que me dicen el mensajero llega mañana o mañana se lo envía al mensajero y me llega pasado. Y me dice: 'No, no, creo que para mediodía lo tienes'.

- Herrero a El Bigotes: "Ya me dieron la caja de magdalenas". Conversación entre los responsables de Orange Market el 5 de febrero de 2008.

C. H. Oye, ya me dieron la caja de magdalenas.

A. P. Ah bien, vale, me alegro.

(www.elpais.com, 02/09/10)

Camps desafía a los tribunales y afirma: "No hay quien me mueva"

González Pons avala al presidente de la Generalitat como candidato en Valencia

"No hay quien me mueva". Con este envite se presentó ayer Francisco Camps, el presidente de la Generalitat valenciana, imputado por cohecho pasivo impropio relacionado con la trama corrupta Gürtel, ante sus fieles, en el arranque de la precampaña electoral. Esteban González Pons no se quedó atrás y ratificó la frase que todos los asistentes a la cena de inicio del curso político del PP de la Comunidad Valenciana en Teulada (Alicante) querían escuchar. El vicesecretario general de Comunicación del PP dijo alto y claro: "Cada uno está donde debe estar, Federico Trillo y yo en Madrid y tú, Paco, en Valencia, con fuerza, con historia y con vocación". Y acto seguido: "Camps tú eres presidente del PP y de la Generalitat y eres nuestro candidato y el próximo presidente". El anuncio arrancó una fuerte ovación y aplausos de los presentes. "Espero que cumplas con tu deber, estoy orgulloso de ti, sigue así", machacó González Pons.

Más de 2.000 cargos y militantes locales arropan al jefe de la Generalitat

El único representante de la dirección nacional del PP le brindó a Camps para "este año épico fuerza y honor". Y aprovechó para pedir elecciones generales anticipadas, arremetió contra "la política de Jaimito de Zapatero" cuando habló de Melilla, la reforma laboral o la crisis. González Pons acusó al presidente del Gobierno de engañar a los españoles y dijo que es capaz de "besar a los niños con tal de quitarles un caramelo".

Camps bajó del coche oficial a una prudente distancia del restaurante donde el PP valenciano inició el curso político con una cena multitudinaria para evitar los abucheos de varios colectivos agraviados por su gestión e indignados por su imputación por un supuesto delito de cohecho impropio. Camps y la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, optaron por la furgoneta de campaña para intentar pasar desapercibidos. Solo les delataron los flases de los fotógrafos. Fue el tenso arranque del curso político más difícil para Camps, quien, pese a su situación jurídica, optó por iniciar la precampaña electoral para los comicios de mayo de 2011, acompañado por más de 2.000 cargos y militantes que pagaron el cubierto a 25 euros.

El otro protagonista de la noche fue el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, imputado también este verano por los supuestos delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y actividad prohibida a funcionarios, en el marco del caso Brugal, que investiga la supuesta trama de corrupción ligada al negocio de la basura en Orihuela, al sur de la provincia de Alicante.

Ripoll, último exponente del zaplanismo, ha mantenido durante los últimos años una fría y tensa relación con Camps. Ayer se mostró muy cercano, pasó de puntillas sobre los escándalos de corrupción que pesan sobre toda la cúpula del partido y encomendó al alcalde de Castellón, Alberto Fabra, que transmitiera "un abrazo" al presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, convaleciente de una operación, y también imputado por varios delitos fiscales.

Los periodistas tuvieron que seguir el acto a través de pantallas en una sala paralela.

www.elpais.es 28.08.10

Rajoy asegura que "en este momento" mantiene a Camps como candidato

El líder del PP da por hecha por primera vez la nominación, pero con cautela

Por primera vez, el presidente del PP, Mariano Rajoy, dio por hecho ayer que Francisco Camps será el candidato de su partido a las elecciones autonómicas en la Comunidad Valenciana el próximo mes de mayo.

El 'número uno' de los populares no aclara si apoya o no a Cascos

"En este momento, el PP sólo trabaja con la hipótesis de que el candidato sea el señor Camps", aseguró Rajoy en una entrevista a Europa Press.

De esta forma, el líder del PP confirma que el proceso judicial sobre el caso Gürtel no es óbice, por el momento, para que Camps opte a repetir mandato en Valencia. Como informó este periódico, la dirección del PP solo se plantea apartarle si es llevado al banquillo por más delitos que el de cohecho impropio, es decir, por más acusaciones que la de recibir los trajes como regalos. El PP sostiene que Camps no será sentado en el banquillo y si lo es solo por los trajes seguirá al frente de la lista. El matiz "en este momento" que introdujo Rajoy apunta a que sería sustituido si la acusación llegara a extenderse a más delitos. Es decir, que su candidatura sigue dependiendo de la decisión de los jueces.

Rajoy también confirmó que será proclamado oficialmente con el resto de cabezas de lista. La fecha y el procedimiento se decidirán en un retiro que los dirigentes del PP celebrarán en Toledo los días 1 y 2 de septiembre, pero será, como muy tarde en noviembre. Rajoy confirmó ayer a Camps como candidato, pero mantiene las distancias porque, a diferencia de lo que hizo el año pasado, no estará hoy en la cena con militantes en Taulada (Alicante) en la que el presidente valenciano abre el curso con un baño de multitudes. Incluso, el líder del PP ha incluido en su agenda en el último momento un acto para hoy por la mañana en Málaga que, en la práctica, será su reaparición pública tras las vacaciones. Sin embargo, en la entrevista con Europa Press, Rajoy asegura no saber nada de esa cena en Valencia con Camps.

La dirección del PP estará representada por el responsable de Comunicación, Esteban González Pons, diputado por Valencia. Previsiblemente, la intervención de González Pons estará centrada en la política nacional, con algunos elogios a Camps y a Joaquim Ripoll, presidente de la Diputación de Alicante, vinculado también por un juez a un caso de corrupción. En la entrevista, Rajoy mantiene la incógnita de si apoyará a Francisco Álvarez Cascos para encabezar la lista de Asturias, después de que el partido en esa comunidad lo haya rechazado expresamente.

No obstante, Rajoy elogia al ex secretario general del PP: "Hablar de la capacidad de Álvarez Cascos tiene poco sentido. Es una persona que ha demostrado muchas cosas a lo largo de muchos años. Ha sido un brillante vicepresidente del Gobierno, ministro de Fomento y le avala una gran trayectoria política. Por tanto, es una persona enormemente valiosa".

El líder del PP parece decantarse por el diputado Santiago Cervera para liderar la candidatura en Navarra. Será la primera vez que el PP concurra con sus siglas, tras la ruptura con UPN. En el resto de comunidades ya están decididos los candidatos y proclamados de forma extraoficial.

www.elpais.es 27.08.10

Una cena con escándalos de fondo

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, abre esta noche el curso político del PP en la Comunidad Valenciana con una cena en Teulada (Alicante). Y lo hará con los escándalos de corrupción que azotan a su partido como telón de fondo.

Camps, a pesar de su situación de imputado en un delito de cohecho pasivo, ha decidido convertir la cena de los populares valencianos en un acto de adhesión a su candidatura. "Iniciamos ahora una precampaña electoral que se presume larga [faltan nueve meses hasta los comicios autonómicos] y en la que Camps es el candidato", aseguró ayer el secretario regional de los populares, Antonio Clemente, que prevé que cerca de 2.000 cargos y militantes arropen esta noche a su presidente.

Sin embargo, el acto de esta noche presenta algunas diferencias sustanciales respecto al del año pasado. En esta ocasión, la dirección nacional del PP, con excepción del valenciano Esteban González Pons, ha evitado sumarse al acto protagonizado por Camps. Una cena que ayer recibió duras críticas de los socialistas valencianos porque el local elegido por el PP "figura en informes como lugar de pagos de dinero en negro de [Álvaro Pérez] El Bigotes a los dirigentes populares, según el sumario del caso".

Otra de las novedades de esta cena de inicio de curso del PP es que Camps compartirá atril con el presidente de la Diputación de Alicante, el zaplanista José Joaquín Ripoll, con quien ha acercado posiciones tras la imputación de este en el denominado caso Brugal, abierto por una supuesta corrupción en las contratas de basuras de la provincia.

www.elpais.es 27.08.10

CAMPS DESTINA DOS MILLONES MÁS A PAGAR LA VISITA DEL PAPA

El Gobierno de Francisco Camps ha destinado otros dos millones de euros a la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, encargada de organizar la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006. La "aportación" resulta llamativa por varios motivos. Primero, porque la fundación está siendo investigada por la justicia por su vinculación con el caso Gürtel. Segundo, porque la oposición y los periodistas han intentado reiteradamente conocer del Consell cuánto costó la visita y se han encontrado siempre con un muro. Y tercero, porque es la segunda vez en lo que va de año que la Generalitat inyecta dinero a una fundación que, técnicamente, dejó de tener sentido el 9 de julio de 2006, el día en que Joseph Ratzinger abandonó la ciudad.

Igual que ayer, el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana publicó el 24 de febrero una larga lista de modificaciones presupuestarias, entre las que figuraba una "aportación a la dotación del patrimonio fundacional de la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia" por importe de dos millones de euros. Fuentes de la Consejería de Economía explicaron entonces que con ese dinero el Consell ponía su parte para liquidar las cuentas y extinguir la fundación (cuyos patronos son la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el Arzobispado de Valencia).

Trasvase de fondos

A la vista del nuevo trasvase de fondos, o bien aquellos dos millones de febrero no tenían como fin liquidar las cuentas, o bien aquella aportación no fue suficiente. Este periódico intentó ayer obtener una explicación por parte de la Generalitat, pero no obtuvo respuesta.

Fuentes de la oposición socialista recordaron que tras negarse durante años a proporcionar un solo dato sobre la fundación, la Generalitat se vio obligada a facilitárselos al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se los reclamó en noviembre. "Es probable que desde entonces estén intentando cuadrar las cuentas como sea", añadieron.

La fundación concedió en exclusiva a Canal 9 la señal para retransmitir la visita. La televisión pública valenciana contrató con una constructora leonesa desconocida en el sector (Teconsa) el alquiler de pantallas y la instalación del sonido por 6,4 millones de euros. Pero el coste real, según la investigación policial, fue de 3,1 millones de euros. La justicia investiga el destino del resto del dinero, que supuestamente se repartieron la constructora y la trama Gürtel.

www.elpais.es 17.08.10

CAMPS SE RÍE DEL CONSTITUCIONAL: "SOMOS LOS MÁS TRANSPARENTES DE EUROPA"

más transparente de España y de toda Europa" Esa fue la respuesta que ayer dio el presidente Francisco Camps a la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que condena a las Cortes Valencianas por la "vulneración de los derechos fundamentales de los diputados" del grupo de Compromís, cuyas iniciativas sobre el caso Gürtel fueron rechazadas por la Mesa de la Cámara. Camps no aclaró si el grupo del PP que él preside, que ha mantenido una actitud obstruccionista a cualquier iniciativa de la oposición parlamentaria autonómica para conocer, entre otras cosas, las contrataciones del Gobierno Camps con las empresas de la trama Gürtel, iba a ser distina en el próximo curso político.

El alto tribunal ordena en su fallo "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política" de los diputados y ordena que las preguntas censuradas vuelvan a la Mesa. Camps, que se reunió en el Centro de Protección y Estudio del Medio Natural en L'Albufera de Valencia con sus tres vicepresidentes, no expresó la opinión que le merece el varapalo judicial firmado por el Tribunal Constitucional.

Nuevas inversiones

Camps, imputado por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio por haber recibido regalos de empresas de la trama Gürtel que lograron más de ocho millones de euros en contratos con la Generalitat, aprovechó la cita para agradecer el respaldo de la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal, a su competencia como candidato a las próximas elecciones autonómicas. Lo que no despejó es si en la cena que el PP valenciano celebrará el 27 de agosto como inicio de curso político estará ella o el presidente nacional del partido, Mariano Rajoy. Fuentes del PP aseguraron por la tarde que acudirá Esteban González Pons.

Camps se limitó a anunciar nuevas inversiones, a comprometerse a no subir los impuestos, a negar la grave situación económica del Consell -con problemas para pagar los suministros de luz y teléfono hasta el punto de recibir amenazas de corte- y a criticar al presidente José Luis Rodríguez Zapatero. De este dijo que acuña la peor financiación autonómica que ha tenido la Comunidad Valenciana por no reconocer cinco millones de habitantes y que su recorte en infraestructuras puede provocar 5.000 parados.

www.elpais.es 15.08.10

EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL OBLIGA A LAS CORTES VALENCIANAS A RESPONDER PREGUNTAS VETADAS SOBRE EL GÜRTEL

   BAJATE EL AUTO EN CUESTIÓN 

Considera que vulneró los derechos fundamentales de los diputados de Compromís

El Tribunal Constitucional (TC) ha fallado contra las Cortes Valencianas por "vulneración de los derechos fundamentales de los diputados" del grupo parlamentario de Compromís, como consecuencia de la decisión de la Mesa de la Cámara, en la que el PP tiene mayoría absoluta, de vetar sin dar una explicación adecuada 30 iniciativas parlamentarias, algunas relativas al 'caso Gürtel'. La sentencia, dictada el pasado 26 de julio sin ningún voto particular, ha tenido como ponente al magistrado Manuel Aragón Reyes. La sala estaba compuesta, además, por la presidenta del Constitucional, Emilia Casas, y los magistrados Javier Delgado Barrio, Jorge Rodríguez-Zapata y Pablo Pérez Tremps. El fallo ordena "el pleno restablecimiento del derecho fundamental a la participación política" de los diputados y ordena que las preguntas censuradas vuelvan a la Mesa.

El 'caso Gürtel', en el que están implicados numerosos cargos del PP valenciano, entre ellos el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, que supuestamente recibieron trajes y otras prendas de vestir regalados por las empresas de la trama corrupta -que desde años atrás se venían adjudicando decenas de contratos de la Generalitat- estalló a principios de febrero de 2009. En el caso está implicada la actual presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, por los contratos adjudicados a la trama cuando era consejera de Turismo. Un mes después de estallar el asunto, los diputados de Compromís en las Cortes presentaron una serie de preguntas sobre el asunto. Reclamaban al Consell información sobre los contratos suscritos por el Ejecutivo de Camps con las empresas ligadas al 'caso Gürtel'.

La Mesa de las Cortes, con los votos del PP, rechazó la tramitación de las iniciativas escudándose en el artículo 153.2 del Reglamento de la Cámara, que permite vetar las preguntas "que se refieran a persona física o jurídica que no tenga una trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad Valenciana". El TC considera que esta limitación del derecho a formular iniciativas, que forma parte del "núcleo de la función representativa" del diputado, solo puede justificarse con "una motivación expresa, suficiente y adecuada" para apreciar su consistencia. Y ello para evitar que la apelación al reglamento esconda un "juicio de oportunidad". El TC se refiere a una práctica por la que un grupo parlamentario, en este caso el PP, utiliza su mayoría para censurar iniciativas perfectamente reglamentarias que no quiere que prosperen o se debatan en el Parlamento.

El alto tribunal desmonta por completo la excusa reglamentaria del PP al señalar que "del tenor literal de las iniciativas parlamentarias no se desprende a primera vista que traten absolutamente de personas sin trascendencia pública en el ámbito de la Comunidad", por cuanto se inquiere, entre otras, sobre "si se habían celebrado contratos públicos entre las consejerías del Ejecutivo valenciano y una serie de empresas relacionadas con la investigación judicial sobre el conocido como caso Gürtel". Existe, remata, una "innegable vinculación con la actividad de control del Gobierno que integra la esencia de la actividad parlamentaria". Y añade que la "obligación de interpretar las normas parlamentarias del modo más favorable al ejercicio de los derechos y facultades de sus representantes habría obligado, en principio, a su admisión a trámite".

Esta es la tercera sentencia del TC contra la falta de transparencia de las Cortes Valencianas. Las dos anteriores también se referían a iniciativas de Compromís vetadas por la Mesa, aunque eran de la anterior legislatura. El Parlamento valenciano se convierte así en la Cámara autonómica con más fallos del Constitucional por vulnerar los derechos de los diputados.

www.elpais.es 13.08.10

CAMPS AGOTA EL PLAZO PARA HALLAR SU TESIS EXCULPATORIA SOBRE LOS TRAJES

La decisión de abrir juicio oral se cierne sobre los imputados del 'caso Gürtel'

El candidato para las próximas elecciones autonómicas por el PP, Francisco Camps, le queda menos para afrontar ante un jurado popular en el Tribunal Superior de Justicia la acusación de cohecho pasivo impropio por haber recibido como regalo trajes varios de la trama Gürtel. A él y a los otros tres imputados: Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia. El plazo para escuchar las cintas con las grabaciones de las conversaciones que realizó la policía con la autorización del juez de la Audiencia Nacional que inició la investigación, Baltasar Garzón, ha concluido. A pesar de que el magistrado juez instructor de Valencia, José Flors, extendió el plazo hasta invadir el calendario de agosto, lo cierto es que el reproductor habilitado para la audición lleva apagado desde hace 10 días y los abogados ya escucharon en julio todo lo que les pareció oportuno porque no han necesitado usar días de agosto para ello.

Ningún letrado ha acudido a escuchar las grabaciones en la última semana

El 15 de julio fue notificada a las partes la providencia por la que Flors ordenó: "Dispóngase de lo necesario para que tenga lugar la audición por las partes del contenido íntegro de las comunicaciones telefónicas cuya intervención y grabación por el sistema SITEL se acordó por el Juzgado de Instrucción número cinco respecto a los teléfonos pertenecientes a Pablo Crespo y Álvaro Pérez". Fue la respuesta a una petición expresa de la defensa de Camps, que fía a esas conversaciones su exculpación. El contenido de las conversaciones o mensajes que las partes consideren oportunos para su defensa se incorporarán a la causa. Pendiente queda, de momento, el acceso a las conversaciones mantenidas en un locutorio penitenciario. Flors decidirá en septiembre sobre ello. Los abogados de los cuatro imputados por esta causa, reabierta por decisión del Tribunal Supremo, empezaron casi inmediatamente a hacer uso del sistema de audiciones. Pero poco más de una semana les bastó. A la defensa de Camps le interesaban aquellas afirmaciones de Pablo Crespo, segundo de la trama Gürtel encabezada por Francisco Correa, que pudieran, directa o indirectamente, respaldar su afirmación de que se pagó los trajes, aunque Flors ya dijo en un auto que en modo alguno quedó eso acreditado sino, más bien, todo lo contrario.

Con esa intención, la defensa de Camps solicitó la declaración de Ignacio Peláez, ex fiscal y abogado de Crespo y del empresario también imputado José María Ulibarri. En esa conversación, Crespo dijo que creía que Camps se había pagado sus trajes. El juez rechazó la declaración de Peláez pero admitió la de Crespo, que se practicó hace escasos días ante el juez de Vigilancia Penitenciaria de Soto del Real, Madrid. Y, según fuentes de Presidencia de la Generalitat, el ex secretario general de los populares gallegos afirmó que él no había pagado los trajes de Camps ni había dado orden de que se hiciera. Según las mismas fuentes, el camino de la exculpación empezaba a vislumbrarse.

Lo que sí es casi visible es que en tres semanas el juez instructor volverá a tomar decisiones, que parecen directamente encaminadas a la conclusión de las diligencias y apertura de juicio oral contra el presidente y los otros tres imputados. Para tomar esa decisión, el magistrado juez contará también con la declaración practicada, aún pendiente, a Isabel Jordán, ex administradora de varias de las empresas de la trama que aseguró primero en una conversación grabada que ella había pagado los trajes de Camps, que tenía una factura de 30.000 euros que así lo acreditaba, aunque después se desdijo. Tendrá, el juez, el informe pericial de la Agencia Tributaria con el análisis contable de las entradas y salidas de las empresas de la trama, encabezadas por Orange Market, en relación con los pagos a Milano y Forever Young, proveedores de buena parte de los regalos recibidos por los cuatro imputados.

Camps ha consumido ya un plazo más, una diligencia más. Su objetivo es alargar la causa, pero cada vez está más cerca la decisión final de sentarlo en el banquillo de los acusados.

www.elpais.es 11.08.10

LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA TAMBIÉN ESTUVO RELACIONADA CON LA TRAMA GÜRTEL

La empresa pública Imelsa aparece vinculada a las empresas de Correa en un informe de Hacienda

La Diputación de Valencia, a través de la empresa pública Imelsa S A, también mantuvo una relación comercial con empresas de la presunta red corrupta liderada por Francisco Correa, según se recoge en un informe de la Agencia Tributaria.

Cabe recordar que la corporación provincial, presidida por Alfonso Rus desde 2007, es una de las pocas administraciones dirigidas por el Partido Popular que hasta la fecha no había aparecido vinculada al caso Gürtel. Un entramado empresarial cuya filial valenciana, Orange Market, se convirtió en organizadora de eventos de cabecera de los populares valencianos y recibió decenas de contratos de la administración presidida por Francisco Camps.

Según ha ido desgranando este diario y se ha conocido a través de sumario, la trama liderada en la Comunitat Valenciana por Álvaro Pérez se infiltró hasta el tuétano en prácticamente todas las administraciones gobernadas por el PP.

En el ámbito autonómico, casi todos los departamentos del Consell contrataron con empresas de la trama, especialmente con Orange Market.

Según un informe judicial, nueve empresas de la trama recibieron 85 contratos de casi todas las conselleries y varios organismo públicos entre 2005 y 2009. El informe revela irregularidades en la adjudicación, como pagos por duplicado y por trabajos no realizado. El volumen total de contratación del Consell con la trama valenciana de Gürtel asciende a 8,2 millones de euros.

Además, Radio Televisió Valenciana (RTVV) dio el montaje del dispositivo audiovisual de la visita del Papa a Valencia en 2006 -un contrato de 6,4 millones- a la constructor Teconsa, una empresa ajena al sector y que presentó una de las ofertas más caras. El sumario revela que la trama recibió casi un millón en concepto de comisiones por su intermediación en las adjudicación.

En paralelo, conviene recordar que la filial valenciana Orange Market se convirtió en la organizadora de eventos de referencia de la dirección regional del Partido Popular. Durante los años en los que Álvaro Pérez operó en Valencia, el valor de los trabajos facturados al partido por mítines, campaña y otros eventos alcanzó la cifra de 1,8 millones, pero la mayor parte se pagaba en dinero "B".

Al margen de la administración autonómica, otras entidades locales de la Comunitat Valenciana también se relacionaron con la trama. Es el caso de la Diputación de Castelló, presidida por Carlos Fabra. Según el sumario, en 2007 la empresa Orange Market actuó como "agencia de publicidad" para la corporación castellonense.

La trama Gürtel logró infiltrarse también en el escalón más bajo de la administración valenciano. El caso más evidente es el de la Nucia (Alicante) donde Francisco Correa intentó hacer un negocio urbanístico de 72 millones de euros, según se desprende de las grabaciones del sumario Gürtel.

www.levante-emv.com 08.08.10

Correa declaró a Hacienda los trajes que regaló

Documentos de la Agencia Tributaria acreditan que la trama Gürtel registró como compras la ropa adquirida en Milano y Forever para dirigentes del PP valenciano

La trama corrupta que dirigía Francisco Correa declaró como gastos de su actividad empresarial los trajes con los que supuestamente sobornaba a la cúpula valenciana del PP, según se acredita en la numerosa documentación de la Agencia Tributaria que obra en el sumario del caso Gürtel .

  • "Orange pagó la factura de uniformes para Camps", dice la cajera de Milano

  • Álvaro Pérez subía su gasto en regalos según iba logrando más contratos

  • Betoret declaró que Pérez le prestaba dinero para comprar los trajes

  • El Bigotes ganó los concursos para montar el pabellón valenciano de Fitur

El juez José Flors, que instruye en Valencia la causa contra el presidente Francisco Camps y otros altos cargos del PP valenciano por un supuesto delito de cohecho impropio -aceptar regalos en función del cargo que desempeñaban-, ha pedido a la Agencia Tributaria un informe detallado sobre las empresas de la trama corrupta para conocer si compraron los trajes que, posteriormente, regalaron a cinco dirigentes del Gobierno valenciano y del PP.

En las tiendas Milano y Forever Young, el sastre José Tomás -despedido a raíz de que contase lo que sabía del caso Gürtel- tenía entre sus principales clientes a dos jefes de la trama corrupta, Álvaro Pérez y Pablo Crespo . Ambos compraban ropa para ellos y pagaban los trajes que adquirían en esas tiendas hasta cinco dirigentes del Gobierno valenciano y del PP, entre ellos Camps.

La investigación y los documentos que obran en el sumario acreditan que los trajes para los dirigentes del PP se pagaban en metálico por los directivos de la trama corrupta o a través de talones correspondientes a cuentas propiedad de Orange Market, Diseño Asimétrico o Servimadrid, empresas de la trama corrupta.

La reconstrucción de los pagos, con documentación oficial que obra en el sumario y de la que EL PAÍS muestra en esta página una pequeña parte, es la que sigue:

- Isabel Jordán: "Yo he pagado 30.000 euros de los trajes de Camps". En una grabación efectuada por un ex colaborador de Correa a directivos de la trama, Isabel Jordán, responsable de la empresa Easy Concept, declara: "Yo he pagado 30.000 euros de los trajes de Camps". Un informe de la Agencia Tributaria señala: "Consultada la Base de Datos Central, en las operaciones de compras declaradas en 2005 por Easy Concept Comunicación consta una adquisición a la entidad Milano Difusión por importe de 34.336 euros IVA incluido, es decir la base imponible de la factura ascendería a 29. 600 euros", una cantidad similar a los 30.000 euros de los que hablaba Isabel Jordán en la grabación que consta en el sumario.

- La investigación en la tienda. Cuando se inició la investigación judicial, la dirección de Milano envió un correo electrónico a todas sus tiendas en busca de una factura por esos 30.000 euros a nombre de Easy Concept. No existía, aunque uno de los empleados contestó así: "Mi compañera Elena Rodríguez, que es la cajera de la tienda y quien lleva habitualmente todos los temas de facturación, recuerda haber generado una factura por una cantidad parecida a una empresa llamada Orange Market [la que dirigía Álvaro Pérez en Valencia que, supuestamente, hacía los regalos a los dirigentes del PP], por un importe de 24.308 euros, factura abonada por talón el 13 de julio de 2005. Esta factura se realizó a una empresa que realizaba los eventos del Partido Popular de la Comunidad Valenciana y corresponde a unos uniformes que se hicieron a distintos cargos de este partido, incluido Francisco Camps, presidente de la Generalitat Valenciana". Camps aseguró después que los primeros trajes que el sastre José Tomás le preparó los devolvió porque no le gustaban.

- Cambio de establecimiento, pero no de clientes ni de pagadores. Posteriormente, Tomás cambió de tienda pero no de clientes ni de pagadores, según la investigación judicial. En Forever Young continuaron los encargos de trajes para dirigentes del PP que pagaba la trama corrupta a través de tres empresas: Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral y la propia Orange Market.

En los listados de la Agencia Tributaria sobre la actividad empresarial de estas tres empresas figuran compras tanto a Milano Difusión como a Forever Young (véanse los documentos que ilustran esta misma página).

De esta manera, las empresas de la trama corrupta registraron como compras necesarias para su actividad los trajes que regalaban a la cúpula del Gobierno valenciano y del PP.

Álvaro Pérez aumentó su capítulo de gastos en regalos de trajes para dirigentes del PP a medida que crecía su facturación con la Administración valenciana, presidida por Francisco Camps, y con el PP valenciano, que le encargó todos sus actos públicos.

Los dirigentes sobre los que pesan sólidas sospechas de corrupción se han defendido de distinta manera. Mientras que Camps asegura que pagó los trajes en metálico en la tienda -aunque ningún trabajador se acuerda y todos lo han negado-, otros dirigentes, como Rafael Betoret, jefe de gabinete en la consejería de Turismo, han llegado a sostener que utilizaban a Álvaro Pérez como prestamista. Adelantaba el dinero para los trajes y luego Betoret se lo devolvía en cómodos plazos. La empresa de Pérez ganó todos los concursos para montar el pabellón valenciano en Fitur, la feria de turismo de Madrid, a los que se presentó.

www.elpais.es 06.08.10

EMPRESAS SOSPECHOSAS DE FINANCIAR AL PP TAMBIÉN CONSTRUYEN COLEGIOS

La diputada Ana Noguera reclama en las Cortes las adjudicaciones

La empresa pública Construcciones e Infraestructuras Educativas de la Generalitat, SA (Ciegsa) también ha adjudicado obras a empresas actualmente investigadas por posible financiación ilegal del PP. Se trata de tres de las seis que figuran en el sumario instruido por el juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que habrían financiado a través de Orange Market, terminal valenciana de la trama de corrupción del caso Gürtel, las campañas electorales del PP valenciano.

De esas tres empresas solicita la diputada socialista Ana Noguera los expedientes de adjudicaciones en una iniciativa presentada en las Cortes Valencianas. Noguera advierte de que Ciegsa dejó de publicar en 2008 las licitaciones y adjudicaciones de las obras en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana y atribuye esa decisión al responsable de la empresa pública, José Luis López Guardiola. "La labor de ocultación y oscurantismo ha aumentado desde que López Guardiola, primo hermano de la consejera Paula Sánchez de León y amigo íntimo de la familia de Francisco Camps, está al frente", asegura la diputada.

Según la parlamentaria socialista, Sedesa, la empresa que Vicente Cotino, sobrino del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino, ha vendido recientemente al grupo Ezentis, ha recibido adjudicaciones de centros en Alicante, El Campello, L'Alfàs del Pi o La Nucia, "siempre con precios de adjudicación por encima de la licitación". El IES de Ondara ha sido uno de los más polémicos, pues fue inaugurado en 2002 pero ha tenido graves desperfectos e incluso fue desalojado en 2008 por problemas de seguridad en la estructura. "Recientemente", añade Noguera, "han llegado otras adjudicaciones en Villena o el colegio industrializado de Albal".

La empresa castellonense Piaf, que preside Antonio Pons, encargada del mantenimiento de colegios en Castellón, recibió el encargo de remodelar el colegio Sanchis Yago, en Castellón, donde el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, inauguró el curso 2008-2009. Después de 30 años sin obras de mejora, en los días previos al acto, numerosos operarios se afanaron en tapar grietas, pintar, cambiar persianas y arreglar la jardinería del centro docente. Se trata del único centro público de Castellón que aceptó vestir a sus más de 400 alumnos con uniforme.

Otra empresa castellonense, Lubasa, que preside Luis Batalla, cuenta en su haber con una polémica adjudicación: la segunda fase del centro de tecnificación de Vila-real. "Se adjudicó por procedimiento directo y sin concurso", explica Noguera, "esta obra de más de ocho millones de euros. La ley sólo permite adjudicar segundas fases de forma directa si no superan el millón de euros". La diputada añade que Lubasa formó para ello una UTE con Ocide, "vinculada a José Luis Ulibarri, que también tuvo la concesión del hospital de Llíria".

www.elpais.es 01.08.10

CAMPS COMUNICÓ A RAJOY SU INTENCIÓN DE LANZAR LA CAMPAÑA ELECTORAL

Sánchez de León, la nueva coordinadora, delega sus competencias de consejera

"El presidente, como siempre, ha tomado la decisión de acuerdo con el presidente del partido", dijo ayer la flamante coordinadora de la campaña electoral del PP valenciano, la consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, que en el pleno de ayer delegó la mayor parte de sus competencias en otros consejeros de la Generalitat Valenciana. En su condición de portavoz del Consell, responsabilidad que conservará, Sánchez de León aseguró que el singular método empleado por el presidente valenciano, Francisco Camps, para designarla y lanzar la campaña de las próximas elecciones autonómicas, en un acto público del PP celebrado la noche del jueves, no se produjo a espaldas del líder del PP, Mariano Rajoy, ya que Camps se lo comunicó. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, había advertido el pasado lunes de que las candidaturas en la Comunidad Valenciana tendrían que esperar a que se pronunciara la justicia.

Mediante la aplicación de un método hasta ahora inédito en la Generalitat, Sánchez de León delega "horizontalmente" la mayor parte de sus competencias para conservar la condición de portavoz y mantener las competencias sobre modernización de la Administración. Las relaciones con el Estado y la Unión Europea pasan al vicepresidente y consejero de Industria Vicente Rambla, mientras que el vicepresidente Económico Gerardo Camps asume las de Administraciones Públicas y Rafael Blasco, consejero de Solidaridad y Ciudadanía, las de Justicia. Aprovechando la centrifugación, las competencias sobre bandas de música y pilota valenciana pasan al consejero de Gobernación, Serafín Castellano.

Aparte del excepcional mecanismo de delegación provisional de competencias, mientras la estructura de la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas se mantiene intacta, el lanzamiento de Sánchez de León, una figura hasta ahora de escaso relieve partidario, desaira a dirigentes y cargos públicos como el vicepresidente Rambla, que coordinó la campaña de 2007, o Blasco, que aspiraba a trasladar al partido su peso en el grupo parlamentario del PP en las Cortes Valencianas. Nada tiene que ver que la anterior campaña electoral, en 2007, que coordinó Vicente Rambla, esté siendo investigada por supuesta financiación ilegal en el marco del caso Gürtel, para que Camps haya prescindido de él esta vez, dijo la nueva responsable electoral del PP. Sánchez de León argumentó que su nombramiento es coherente porque tanto Rambla como el actual consejero de Educación, Alejandro Font de Mora, en las elecciones de 2003, fueron elegidos coordinadores electorales cuando ocupaban el cargo de portavoces del Consell. "Es lo que menos distorsión va a producir", argumentó Sánchez de León. Por lo que se refiere a Blasco, la nueva coordinadora evitó confirmar su declaración de hace unos días, cuando aseguró que Camps debería seguir aunque fuese condenado por el caso de los trajes regalados por la trama de corrupción, en avanzado estado de instrucción en el Tribunal Superior de Justicia. Sánchez de León se limitó a decir que confía en la "inocencia absoluta de Camps" y carece de sentido pronunciarse sobre "hipótesis muy poco probables".

El encargo a Serafín Castellano de las bandas de música, por otra parte, supone una desautorización de la consejera de Cultura, Trini Miró, y también del de Educación, Font Mora, tras el enfrentamiento con las sociedades musicales por los recortes presupuestarios que amenazan incluso la continuidad de las escuelas musicales. Pero no deja tampoco bien parado a Blasco, que en su condición de portavoz parlamentario del PP medió el pasado mes de marzo para reconducir la situación sin ningún éxito.

El pleno del Consell, por otra parte, aprobó ayer sendos anteproyectos de ley de cara al próximo período parlamentario. Castellano explicó el primero, que pretende regular la custodia compartida y que se ha denominado "de relaciones familiares de los hijos cuyos progenitores no conviven". El consejero explicó que se ha consensuado con diversas organizaciones sociales y espera que obtenga el consenso parlamentario. La consejera de Cultura, Trini Miró, no acompañó a Sánchez de León y Castellano para explicar el anteproyecto de ley del Deporte y la Actividad Física.

"Sólo le guía su interés personal"

La oposición arremetió ayer contra la maniobra de Francisco Camps que, para nombrar una sorprendente coordinadora de su campaña electoral, ha trastocado provisionalmente el organigrama de la Generalitat. "Está claro que en estos momentos a Camps sólo le guía su interés personal", señaló el portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna. "Se siente acosado por la cantidad de errores que ha cometido a lo largo de toda su trayectoria como presidente de la Generalitat; se siente acosado por los procedimientos judiciales que tiene abiertos en estos momentos; se siente acosado porque no siente el respaldo de la dirección nacional de su partido. Y trata de desafiar a todo y a todos con un comportamiento más propio de un dictador de república bananera que de un gobernante democrático". El portavoz socialista, que se ha distinguido en la denuncia de los casos de corrupción que afectan al PP, añadió una reflexión: "Los valencianos hemos venido sufriendo a Camps mucho tiempo y ahora la sensación es que lo van a sufrir en su propio partido".

La coordinadora de Esquerra Unida y diputada autonómica, Marga Sanz, comentó que los cambios en el Consell "muestran una mezcla consciente del PP entre gobierno y partido". Según Sanz, Paula Sánchez de León "será sólo portavoz y estará haciendo tareas de partido, dedicada a la campaña electoral y liberada de responsabilidades gubernamentales, en una clara confusión entre partido y gobierno".

Por su parte, la coordinadora de Iniciativa del Poble Valencià y diputada de la Coalició Compromís, Mònica Oltra, señaló que "las ansias de poder están llevando a Francisco Camps a hacer el ridículo". En opinión de Oltra, "no puede ser más bochornosa la manera en que Camps dio por convocada la junta directiva y dio por aprobadas sus decisiones, una buena muestra de hasta qué punto los escándalos de corrupción están trastocando al PP".

Delegación de competencias

- La consejera de Justicia y Administraciones Públicas, Paula Sánchez de León, se desprende provisionalmente de la mayor parte de sus competencias, aunque sigue de portavoz del Consell.

- Vicente Rambla asume las relaciones con el Estado y la UE.

- Gerardo Camps se hace cargo de Admistraciones Públicas.

- Rafael Blasco asume las competencias de Justicia.

- serafín Castellano asume bandas de música y 'pilota'

www.elpais.es 31.07.10

LUNA ACUSA AL PP DE "BANALIZAR LA CORRUPCIÓN" PARA SOSTENER A CAMPS 

Hizo una "lectura" sobre la estrategia del PP valenciano ante los casos de corrupción que afectan al presidente de la Generalitat y otros cargos públicos de cara al próximo curso político, en el que habrá elecciones municipales y autonómicas. Y se encomendó para ello a Hannah Arendt y su famosa idea sobre "la banalidad del mal", aquí un tanto traída por los pelos -o tal vez no, dado que viene a describir cómo la rutina de la máquina administrativa podía convertir en banales los actos más horrendos bajo el régimen nazi. 

Dilatar el procedimiento principal del caso Gürtel, poner la justicia en cuestión, "banalizar la corrupción" y pervertir la democracia son los cuatro aspectos que, en opinión del portavoz parlamentario socialista, Ángel Luna, caracterizarán la estrategia del PP "en los próximos meses y tal vez en lo que queda de legislatura".  

Luna se refirió ayer a las declaraciones del portavoz popular, Rafael Blasco, en las que dijo el martes que es partidario de que Camps siga en el cargo, aunque acabe siendo condenado por el caso de los trajes regalados por la trama de corrupción, y señaló que el PP intenta transmitir la impresión de que "tampoco tiene tanta importancia la corrupción porque lo que importa es la gestión". "¿Qué gestión?", se preguntó acto seguido el diputado socialista. "Para contraponer la poca importancia de la corrupción a la eficacia de la gestión de Camps ya hace falta tener cuajo". La intención de los populares valencianos, en opinión de Luna -y aquí tiene sentido la cita de Arendt-, es provocar el "hastío" de la opinión pública para que el asunto de la corrupción pase desapercibido. 

El portavoz socialista comentó el recurso de apelación del PP contra la inhibición del juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a favor del TSJ de la Comunidad Valenciana en lo que se refiere a la parte valenciana del caso Gürtel. Luna explicó que los socialistas son partidarios de que no se juzguen por separado el caso de los trajes y el sumario de Madrid. "Que se juzgue lo que ha pasado", reclamó, frente a la voluntad del PP de trocear la realidad. "Los regalos de trajes no se han producido en abstracto", recordó Luna. "Eran regalos de presuntos delincuentes que consiguieron contratos de las Administraciones dirigidas por aquellos a quienes regalaban trajes". "Como decía Hegel, la verdad es el todo", añadió con sarcasmo el portavoz socialista.  

Luna consideró grave la apelación de Blasco a que el presidente se debe fundamentalmente al voto de los electores, como si no existiera la responsabilidad política, recordó que la Constitución establece el principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos y calificó de "bonapartismo" la estrategia popular, en la medida en que pretende legitimar con plebiscitos una "dictadura personal". El portavoz socialista, de todas maneras, apuntó que las pretensiones de Camps dependen del "dedo de Rajoy", y el presidente nacional del PP no ha ratificado a Camps como candidato ni tiene previsto asistir hoy al acto convocado por los populares valencianos. 

Por su parte, el portavoz popular en las Cortes Valencianas, Rafael Blasco, afirmó ayer en Castellón que su partido no tiene porqué actuar sobre sus cargos, estén imputados o condenados, mientras exista una posibilidad de recurso. De esta manera, sostuvo que no basta con una sentencia condenatoria de un juzgado, una audiencia o incluso el Tribunal Supremo ya que, a su entender, hasta que no haya un fallo "que no sea recurrible ante ningún organismo de ninguna institución", no se tiene porqué adoptar ninguna medida política. "Acabará en Estrasburgo o donde tenga que acabar", respondió Blasco a una pregunta en referencia al tribunal europeo hasta el que podrían llegar los recursos y, por tanto, prolongarse las causas durante años. 

El portavoz del PP afirmó que "la presunción de inocencia no acaba nunca" y reiteró que el veredicto que debe respetar Camps es "el de los ciudadanos". Del presidente de la Diputación, Carlos Fabra, en camino de ser juzgado, dijo que es un "excelente político". 

(www.elpais.com, 29/07/10)

PEDREIRA DEJA EN MANOS DE LA SALA DE TSJM LA EXCLUSIÓN DEL PP EN EL PROCESO GÜRTEL  

El magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha rechazado el recurso del PSPV en el que los socialistas reclamaban la exclusión del PP en la causa por considerar que los populares incurren en fraude procesal ya que, personados como acusación popular, ejercen realmente de defensa. El juez, no obstante, no ha entrado en el fondo del planteamiento de los socialistas y deja en manos de la misma sala del TSJM la decisión sobre la continuidad del Partido Popular en el proceso. 

El PSPV pidió la salida del PP del proceso en sus alegaciones al recurso de los populares contra el primer auto de Pedreira en el que se inhibió en favor del TSJ valenciano al entender que existía conexión entre el caso Gürtel y los presuntos regalos de trajes a dirigentes del PP, entre ellos, al presidente Camps. En su segundo auto, Pedreira volvió a rechazar las pretensiones de los populares pero obvió la petición del PSPV.  

Entonces los socialistas recurrieron ese segundo auto del juez pidiendo la exclusión del PP. Pedreira ha resuelto que, como el el PSPV no recurrió su primera resolución, no puede hacerlo contra la segunda, e indica que, en todo caso, esa petición podrá formularla directamente a la sala del TSJM cuando el PP apele. De este modo, será la sala del alto tribunal madrileño la que resuelva si el partido de Rajoy continúa en el proceso, ya que los populares han presentado la apelación y, según fuentes socialistas, el PSPV reiterará a los jueces de Madrid su petición. 

El portavoz socialista en las Corts, Ángel Luna, comparó la estrategia del PP en Gürtel con el régimen franquista, tras las declaraciones del portavoz popular, Rafael Blasco, en las que defendió que Camps "no puede cuestionarse más que por el voto de los ciudadanos" debido a su gestión. "Ya hace falta tener un cuajo suficientemente hecho como para contraponer la poca importancia de la corrupción a la eficacia de la gestión", lamentó Luna, quien recordó que este discurso ya se utilizaba con Franco.

Acusó a los popular de dedicarse a "dilatar y confundir" en el proceso, con el objetivo de provocar el "hastío" en la opinión pública, buscando la "banalización de la corrupción". Y elevó la crítica a Rajoy al denunciar que éste, al condicionar la candidatura de Camps a la actuación de la Justicia, "está poniendo también al aire sus vergüenzas éticas porque está realizando un cálculo exclusivamente electoral". Si Rajoy tuviera claro que Camps ha de ser el candidato, "ya lo habría dicho claramente", aseveró el portavoz socialista. En su opinión, la conexión del caso Gürtel y los trajes "es evidente". "A Camps no le regalaban trajes en 2003", asestó. 

Ni en el más genial de los relatos de Borges cabe imaginar que trece consellers puedan redactar y firmar la misma respuesta por escrito idéntica, palabra por palabra, a unas preguntas parlamentarias sobre los expedientes de enriquecimiento injusto derivados de los impagos a los proveedores, las llamadas "facturas en los cajones", entre 2005 y 2009. 

La portavoz adjunta socialista Cristina Moreno comparó las "respuestas orquestadas" que ha recibido a la "presunta indicación" de Presidencia para que todas las conselleries "contrataran con El Bigotes". Y se preguntó si es "el mismo [en alusión al presidente Camps] que luego no es responsable de nada y envía al juez una lista de más de 200 dirigentes del PP como responsables de contratar con Orange Market, poniéndolos a los pies de los caballos". 

La parlamentaria denunció que, de las respuestas, se desprende que todas las conselleries han tenido facturas en los cajones. Sin embargo, el Consell no da ninguna información al respecto, en lo que constituye, dijo, un "grave acto de opacidad". El Ejecutivo sólo apunta que no ha expedientado a nadie por el pago de estos costes financieros. No es un tema menor, advirtió Moreno, quien recordó que el Síndic, sólo en 2008, habla de 846 millones en expedientes de enriquecimiento injusto. 

(www.levante-emv.com, 29/07/10)

EL EQUIPO DE CAMPS AVISA DE QUE SEGUIRÁ SI ES "CONDENADO" 

Justo en el mismo día y, por poco, coinciden hasta en la hora. El portavoz del Grupo Popular en Les Corts valencianas, Rafael Blasco, afirmó este martes que Francisco Camps “debería continuar” en su cargo “aunque fuera condenado” por su implicación en el caso Gürtel. Y, mientras tanto, Mariano Rajoy decía a los suyos, reunidos en el último comité ejecutivo nacional del curso que celebraba su partido, que habrá que esperar a ver qué pasa con los procesos judiciales abiertos para adoptar cualquier decisión. 

“El president debería seguir en cualquier circunstancia”, dijo Blasco de forma rotunda durante un almuerzo con periodistas. Después resaltó que se trataba de su opinión personal y aseguró que, en cualquier caso, no pensaba que ese extremo llegara a producirse. “Creo que no va a ser condenado porque tengo una absoluta confianza en su inocencia como la inmensa mayoría de los valencianos”, matizó. 

En cualquier caso sus declaraciones ya habían causado estragos en el PP nacional. “¿Quién es Blasco?”, destacaban con sorna. Más de un dirigente conservador minusvaloró a su compañero de filas. Algunos llegaron incluso a decir que no se podían tener en cuenta sus palabras porque cuando Blasco habla “no se sabe si realmente dice lo que piensa”. En la sede del PP creen que tanto él como Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia, han “malmetido” mucho contra el jefe del Consell. 

En la dirección nacional mantenían que ese podía ser “el pensamiento” del conseller pero se negaban a suscribirlo. Además insistían en que el líder del PP había dicho exactamente lo contrario. “Él ha pedido esperar a ver cómo evolucionan los acontecimientos”, señalaba un diputado. Otro lo recordaba así: “Ha dicho que con los temas de corrupción confiamos en la Justicia y que vamos a ver qué ocurre”. Cada uno lo expresaba a su manera pero en el fondo la idea era la misma: Camps permanece en cuarentena. “Todo está pendiente. No le hemos dado un sí rotundo e incondicional”, confesaban en el PP. 

En mayo, Rajoy derrapó en su cierre de filas con Camps. El líder del PP comentó en una entrevista que su barón iba a ser cabeza de lista en las próximas elecciones “diga la Justicia lo que quiera”. El Supremo se iba a pronunciar sobre el tema de los trajes y, con ello, Rajoy venía a decir que le daba igual que lo imputaran. 

El jefe de la oposición siempre se ha arrepentido de la expresión que empleó y unos días después incluso llegó a reconocerlo en público. En una reunión con los máximos dirigentes de su partido admitió que había sido “desafortunada” y sostuvo que no iba a volver a decir cosas que se pudiesen “malinterpretar”.  

Por lo visto ha aprendido la lección y ahora prefiere mantener la cautela. Por eso iniciará el curso político en Santiago de Compostela cuando el año pasado lo hizo en la Plaza de Toros de Valencia. Y, por eso mismo, ha pospuesto la designación de candidatos a la vuelta del verano esperando a que los tribunales se pronuncien. 

En rueda de prensa, le preguntaron a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, por la situación que vive el partido en la Comunitat Valenciana donde cuentan, además de con Camps, con los presidentes de las diputaciones de Castellón y Alicante, Carlos Fabra y José Joaquín Ripoll, imputados. “Vamos a esperar y confiar en la actuación de la Justicia”, dijo repitiendo el estribillo de su jefe. 

Además tuvo que defender que el código ético se aplica “a todo el mundo por igual” cuando le preguntaron por qué se había suspendido de militancia al ex secretario general de los conservadores valencianos, Ricardo Costa, por atrincherarse en sus cargos y no se hacía nada contra Fabra, al borde del banquillo por delito fiscal, contra la Hacienda Pública y tráfico de influencias. “No tienen absolutamente nada que ver los dos casos aunque haya personas interesadas en mezclarlos”, defendió Cospedal. 

Por su parte, el portavoz del grupo Iniciativa en Castellón, Carles Mulet, denunció que Fabra y su familia mantienen activa una empresa que se utilizaba para ocultar pagos, informa Toni García de Dios. El nombre de la empresa es Carmacas, creada por el presidente de la Diputación de Castellón en el año 2000 y que desde el año 2004, cuando se descubrió la presunta trama de blanqueo de dinero no obtiene beneficios. Una empresa sin actividad, pero que continúa dada de alta, con un capital cercano al millón de euros y una persona contratada a la que paga 36.000 euros al año, según la documentación a la que ha tenido acceso Mulet.  

La Fiscalía Anticorrupción cree que esta podría ser su tapadera. Según Mulet, en estos años “se está produciendo una descapitalización de Carmacas, se va distribuyendo el patrimonio que se ha ido consiguiendo en los años de bonanza, antes de que estallase el caso Fabra”. 

Además también se conoció que la sección segunda de la Audiencia Provincial de Madrid había desestimado un recurso interpuesto por Fabra quien consideraba que diversas informaciones publicadas en la revista Interviú referentes a las investigaciones fiscales sobre su patrimonio constituían delitos de revelación de secretos oficiales e información privada. Pero la resolución judicial, a la que ha tenido acceso Europa Press, destaca que informar sobre el patrimonio de una “autoridad” no es delito.  

(www.publico.es, 28/07/10) 

BLASCO: ´CAMPS SEGUIRÁ AUNQUE LO CONDENEN, QUE NO LO HARÁN´  

El portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, dio ayer un paso más en la defensa del presidente Francisco Camps y su candidatura para las autonómicas de 2011 al aseverar que, en su opinión "personal", Camps "debería continuar [en su cargo] en cualquiera de las circunstancias, aunque fuera condenado", si bien esta hipótesis, recalcó, no la contempla, "convencido de su inocencia". Blasco respondió así, durante un almuerzo con periodistas para hacer balance del curso parlamentario, al ser preguntado sobre la hipótesis de que el jefe del Consell pueda ser condenado por Gürtel 

Antes de manifestar su "absoluta confianza" en la inocencia de Camps, el conseller aseguró: "Mi opinión personal es que el presidente se debe fundamentalmente a los votos de los valencianos y ni siquiera hablando de un tema que no tiene ninguna trascendencia penal, y de lo que se le está acusando hasta ahora es una cosa menor que además no tiene ningún fundamento -dijo en referencia a la causa de los trajes-, creo que el presidente debería continuar en cualquiera de las circunstancias". "Aunque fuera condenado, pero creo que no va a ser condenado". 

Blasco matizó de inmediato sus palabras: "Yo no digo que si el presidente es condenado tiene que ser presidente; es que yo creo que no va a ser condenado porque tengo una absoluta confianza en su inocencia". El síndic del PP comentó sobre Camps que una persona que está gestionando los asuntos públicos "como ninguno los ha gestionado, no puede cuestionarse más que por el voto de los ciudadanos", ya que "la regla de oro de la democracia es que la última palabra la tienen los ciudadanos".  

Blasco, cuyas declaraciones van en línea opuesta al criterio de Génova de esperar a la Justicia para designar a los candidatos, indicó: "El criterio de Madrid es muy respetable, pero la autonomía del PPCV hay que defenderla y acrecentarla". 

Instó a esperar la decisión de la Justicia -a la que habrá que "darle la razón", dijo- pero defendió que los procesos judiciales "no son infalibles" y en España existen casos de personas que "condenadas de antemano" y cuando finalmente han sido absueltas "no han tenido oportunidad de recuperarse políticamente".  

Admitió que en la Comunitat "pasan cosas" pero de éstas a "derivar responsabilidades políticas es un tramo que hay que recorrer con mucha responsabilidad". Quizá por los acontecimientos judiciales, auguró que va a ser una precampaña y una campaña "épica", con unas situaciones con "dosis de leyenda y de epopeya". 

El conseller, que afirmó que todo el grupo popular "se ha ganado su puesto", auguró que la "división interna" en el PSPV "se va a agudizar en los próximos meses" con la "salida" del portavoz socialista, Ángel Luna, de la Cámara en la próxima legislatura y la marcha del portavoz adjunto, Joaquim Puig al Congreso. 

(www.levante-emv.com, 28/07/10) 

EL PP RECURRE OTRA VEZ LA INHIBICIÓN DEL JUEZ PEDREIRA EN GÜRTEL 

El PP ha presentado otro recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) contra la inhibición del juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, en favor del TSJ de Valencia (TSJV) para que investigue determinados delitos que afectan al Gobierno de Francisco Camps por considerarla "inmotivada y precipitada". 

En el recurso presentado por los 'populares' ante la Sala de lo Civil y Penal del TSJM, al que tuvo acceso Europa Press, el partido liderado por Mariano Rajoy solicita que se rechace la inhibición en favor del TSJ de Valencia "por no estar acreditados los hechos que imputa la fiscalía", así como la participación en los mismos del presidente valenciano, Francisco Camps, el ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa y el ex jefe de gabinete de la Consellería de Turismo Rafael Betoret, y por carecer los hechos de relación o analogía con los "hechos de los que se conoce en la causa valenciana". 

El PP reitera nuevamente que la falta y defectos de "motivación" vician el contenido y deben determinar la revocación de la decisión adoptada. El auto que se impugna resulta difícil de leer y, en ocasiones, aún más difícil de comprender e interpretar", ya que, según señala, a la reproducción de textos de parte "que no se identifican ni citan como tales" se une el "desorden en la exposición de argumentos", de modo que, concluye, "resulta muy gravoso atacar las verdaderas razones que justifican la decisión adoptada". 

En la misma línea, se alega que en el auto aparecen "hechos, reflexiones y referencias que resultan completamente ajenos a la cuestión debatida" que suponen una "incongruencia por exceso que incide en la propia decisión final, afectando a su motivación". 

Carga igualmente contra el magistrado instructor por haberse limitado, dice, "a reproducir una y otra vez y a veces sin ni siquiera entrecomillarlas, partes enteras del escrito de la Fiscalía, que asume como propias". 

Entre las alegaciones presentadas por el PP figura igualmente una defensa a su derecho a presentarse como acusación particular en la medida que existe un "perjuicio o gravamen" para el partido en el caso de aceptarse la inhibición. "La escisión de una parte de la causa y su atribución a un órgano distinto del que está conociendo del conjunto de la misma, provocará, a juicio de esta parte, una mayor demora en la tramitación de los procedimientos, un riesgo de duplicidad de las diligencias que se practiquen y, lo que es más grave, un peligro de que se pueda romper, como se ha dicho en el recurso, la continencia de la causa, al tratarse de actuaciones que forman parte de un proceder similar y que tiene a unas mismas personas como presuntos autores", se argumenta. 

 En esta línea, sostiene igualmente que el desglose de la causa debería estar "fundado en una prolija y contundente argumentación que justifique" la misma y "la imposibilidad de enjuiciar el nuevo delito al margen del conjunto de los autos", algo que, recuerda, "no ha sucedido" en este caso. 

 Respecto a la conexidad objetiva con la conocida 'rama valenciana' del 'caso Gürtel', los 'populares' recalca que no se justificó la existencia de la misma y recuerda que la 'trama valenciana' del 'caso Gürtel' se está investigando "con el conjunto" del caso por el TSJM "y ello porque en relación con todas estas conductas presuntamente delictivas sí existen motivos concretos de conexión". 

"Romper la conexión actualmente establecida y que nadie discute entre las diferentes conductas investigadas, y separar una parte de ellas para intentar modificar la calificación jurídica de otros hechos perfectamente delimitados y respecto de las cuales ya se ha pronunciado el propio Magistrado Instructor del TSJ de Valencia, carece de todo apoyo legal y debe ser duramente combatido en aras de la propia celeridad y buen fin de la causa principal", señala. 

 En la misma línea, alega que no se ha acreditado la existencia de conexidad subjetiva dado que "la mera condición de aforados no es causa suficiente para ordenar" la acumulación de causas. En esta línea, recuerda que en el presente caso "no se ha practicado ni una sola diligencia judicial de investigación sobre los hechos presuntamente delictivos" cometidos por la 'trama valenciana' del caso. 

(www.levante-emv.com, 28/07/10)

ENSANCHAR LAS COSTURAS DE LOS TRAJES 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, imputado por el caso de los trajes regalados por la trama Gürtel, y los socialistas valencianos libran en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia su particular batalla. Desde que el Tribunal Supremo decidió reabrir la causa el pasado 12 de mayo -en una sentencia por unanimidad y muy dura contra el archivo decretado por el tribunal que preside el "más que amigo" de Camps, Juan Luis de la Rúa- las defensas de los imputados y la acusación popular han intentado adecuar las costuras de la instrucción a sus intereses. 

Camps, empeñado en rebatir los indicios que existen en su contra, ha hecho varias peticiones al juez instructor José Flors. La defensa de Camps ha pedido disponer de un perito propio para analizar, al margen del perito judicial, los pagos de las empresas corruptas del caso Gürtel a las tiendas donde el jefe del Consell y los otros tres imputados -el ex secretario del PP, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de Turismo, Rafael Betoret- ampliaron su guardarropía. 

También ha pedido que declaren uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, y su abogado Ignacio Peláez -que mantuvieron una conversación en la cárcel en la que el primero señalaba que Camps se había pagado los trajes- y una periodista de El Mundo para que ratifique el contenido de una entrevista realizada a Isabel Jordán -imputada también en el caso Gürtel, que en una conversación grabada afirmaba que había pagado las facturas de la ropa de Camps-. 

Simultáneamente, la Generalitat y el PP han buscado dilatar la instrucción del caso Gürtel en el TSJ de Madrid tras la decisión del juez Antonio Pedreira de inhibirse parcialmente en favor de su homólogo valenciano José Flors. 

Pedreira considera que hay indicios de que personas aforadas del PP podrían haber cometido varios supuestos delitos, incluido el cohecho, el delito electoral y la financiación irregular, que están conectados con la causa de los trajes que instruye el juez Flors. 

Fuentes del PP reconocen, en privado, que la estrategia de Camps pasa por dilatar la instrucción y la convergencia de los dos procesos en uno solo. El objetivo, según estas fuentes, sería ganar tiempo para ver ratificada su candidatura a la presidencia de la Generalitat y buscar la exculpación en las urnas. 

Sin embargo, esta estrategia es vista con preocupación en otras instancias del PP, que creen que, de producirse esta dilación en la instrucción, Camps trasladaría el problema al propio Mariano Rajoy en vísperas de unas elecciones generales. 

Frente a la postura del presidente de la Generalitat, los socialistas han trazado su propia hoja de ruta judicial. Para el PSPV, el delito que Flors imputa a Camps -cohecho pasivo impropio- está relacionado con los otros enumerados por Pedreira, lo que se podría traducir en una imputación de cohecho, cuyas consecuencias son mucho más graves y que en caso de culpabilidad puede penarse con la inhabilitación política. 

En este contexto, los socialistas han solicitado a Flors la inclusión de las declaraciones realizadas en el TSJ de Madrid por tres de los empleados de Forever Young -la empresa donde se vendieron los trajes- y los informes elaborados por la Brigada de Blanqueo de Capitales y la Agencia Tributaria, relativos a la supuesta financiación obtenida por el PP a través de Orange Market y los contratos adjudicados por la Generalitat. 

"Nuestro objetivo es que la causa avance", reconoce el portavoz socialista en las Cortes, Ángel Luna, personado como acusación popular junto con otros tres diputados del PSPV, en el caso de los trajes y en la instrucción del caso Gürtel en Madrid. 

Para los socialistas valencianos, las causas que instruyen Flors y Pedreira son la misma. "Un proceso independiente [por cohecho, financiación irregular y delito electoral] del caso de los trajes no se entendería en la calle", argumenta Luna, que insiste en que la trama y las prácticas corruptas son una realidad. "La trama viene a la Comunidad Valenciana de la mano de Francisco Camps, que era muy amigo de Álvaro Pérez", insiste. 

El juez Flors ha rechazado todas las peticiones de los socialistas y la mayor parte de las exigencias formuladas por la defensa de Camps, aunque todavía cabe recurso de apelación. De hecho, el instructor del caso de los trajes sólo ha aceptado tomar nueva declaración a Isabel Jordán y a Pablo Crespo. Aunque el juez advierte que Crespo es un imputado que tiene su propio interés en la causa y no tiene obligación de decir la verdad. 

Flors también ha aceptado que un perito de la Agencia Tributaria -y no el propuesto por la defensa de Camps- analice la contabilidad relacionada con los regalos de la trama. Flors ha transigido también con la audición de las grabaciones del caso Gürtel, que ya no están bajo secreto de sumario en el TSJ de Madrid. Una concesión que no incluye las grabaciones tomadas en el locutorio de la cárcel entre los cabecillas de la trama que dirigía Francisco Correa y sus abogados. Decisión que frustra, en parte, las aspiraciones de Camps de encontrar fragmentos exculpatorios de que pagó sus trajes. Hecho que no ha podido acreditar frente a los indicios que demuestran lo contrario. 

A la causa le queda, por ahora, un ratito largo. 

(www.elpais.com, 19/07/10) 

UN DELITO ENTRE DOS INVESTIGACIONES 

En agosto, no se para el trabajo del juez José Flors. Las partes de la causa de los trajes pueden escuchar las conversaciones grabadas por la policía mientras investigaba el caso Gürtel. Si en los brutos hallan algún fragmento de su interés pueden pedir que se incorpore a la causa. A continuación se detallan las claves de la instrucción. 

- ¿Cuándo termina la investigación? Si no se amplía la causa con otros delitos, el juez Flors podría concluir a finales de septiembre su trabajo y proceder a la apertura de juicio oral en octubre. Esa decisión pondría al presidente Francisco Camps frente a un jurado a finales de año o principios de 2011. 

- ¿Qué falta por hacer? Falta tomar declaración a la administradora de varias de las empresas de la trama Gürtel, Isabel Jordán, y a uno de cabecillas de la trama, Pablo Crespo. También se incorporará el informe pericial que Flors ha encargado a la Agencia Tributaria para que analice cómo registraba la trama corrupta en su contabilidad el gasto en regalos. Es decir, cómo registró Orange Market, la firma que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, el pago de las prendas que compraba en las tiendas de Milano y Forever Young. 

- ¿Se puede ampliar la causa de los trajes?

El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, cree que sí. El magistrado se ha inhibido en favor de José Flors de la mayor parte de la investigación relacionada con la Comunidad Valenciana. Según Pedreira, el delito de cohecho pasivo impropio que se imputa a Camps por aceptar regalos está conectado con la adjudicación de contratos a la trama corrupta por parte de la Generalitat y la supuesta financiación irregular del PP valenciano. 

- ¿Quién toma la decisión?

 Pedreira remite la causa al juez Flors. Sin embargo, la decisión sobre el destino final de esta investigación realizada por Pedreira la adoptará la sala de Lo Civil y Penal del TSJ de Valencia, presidida por Juan Luis de la Rúa, con los magistrados José Francisco Ceres, Juan Montero y Juan Climent. 

- ¿Qué puede decidir?

 Que admita el razonamiento de Pedreira y acumule la causa a la de Flors o que considere que se trata de una causa independiente que debe instruir otro magistrado. Aunque es más improbable, el TSJ de Valencia podría rechazar total o parcialmente la investigación del TSJ de Madrid, lo que obligaría a pronunciarse al Tribunal Supremo. 

- ¿Qué consecuencias tendría la acumulación de las dos causas?

La principal consecuencia sería que el regalo de los trajes ya no lo juzgaría un jurado. La responsabilidad recaería en un tribunal y la instrucción se prolongaría en el tiempo. 

(www.elpais.com, 19/07/10)

Flors desacredita la versión de Crespo sobre el pago de los trajes para Camps

El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana José Flors, que instruye la causa de los trajes contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres cargos populares, ha aceptado que las partes interroguen a Pablo Crespo, considerado como el número dos de la trama corrupta, pero afirma que será difícil que este testimonio cambie su planteamiento inicial sobre cómo se pagaron las prendas.

El magistrado rechazó que el abogado de Crespo fuera también interrogado, aunque no ve inconveniente en que se pueda preguntar al ex dirigente del PP en Galicia, "si es que quiere responder, para que diga cuanto sepa acerca de cómo y por quién se abonó el importe de las prendas de vestir". Flors, no obstante, manifestó sus reservas de que lo que diga Crespo vaya a servir para algo por "el personal interés del Sr. Crespo en la presentación e interpretación" de los hechos, según el dario El Levante.

José Flors mantiene que "la base documental y contable existente en la causa" es "acreditativa de cómo y con cargo a qué cuentas bancarias se hicieron los pagos de aquellas prendas", tal como reflejó en el auto que inició el procesamiento de Camps y que Flor. Además, recuerda que Pablo Crespo está imputado en la causa principal del caso Gürtel, por lo que "no podrá exigírsele juramento de decir verdad".

La defensa de Camps solicitó al juez Flors la declaración de Crespo y de su abogado Ignacio Peláez para que ratificaran la conversación que ambos mantuvieron en la prisión y en la que el secretario del Organización del Pp gallego aseguró que Camps se había pagado sus trajes.

Las conversaciones grabadas en la cárcel y que recientemente fueron declaradas ilegales formaban parte de la documentación que hace un año llegó al TSJ-CV cuando se desgajó del caso Gürtel la pieza sobre los trajes. Sin embargo, las partes no tuvieron conocimiento de la existencia de estas grabaciones, que Camps y su entorno consideran claramente exculpatorias, hasta que Pedreira levantó el secreto de sumario en octubre de 2009.

www.elplural.com 17.07.10

Luna acusa a Camps de "entorpecer" la instrucción del 'caso Gürtel'

La portavoz del Consell dice que el PP no alimenta ninguna "batalla campal"

El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, acusó ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de "entorpecer" la instrucción del caso Gürtel que realiza el magistrado Antonio Pedreira en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

La consejera dice que sus informes tienen la misma validez que los otros

Luna compareció en la sede del PSPV para valorar el auto del juez Pedreira, que rechaza el recurso del PP contra la decisión de inhibirse en favor del TSJ de la Comunidad Valenciana en la mayoría de la instrucción del caso Gürtel que afecta a la Comunidad Valenciana. Pedreira considera que esta parte de la instrucción, en la que detectan indicios de varios supuestos delitos, incluida la financiación irregular del PP y delito electoral, está relacionada con el caso de los trajes por el que están imputados Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret.

"El recurso presentado por el PP [contra la decisión de Pedreira] va a suponer un retraso de tres meses. No sabemos por qué, pero Camps está ganando tiempo antes de las elecciones", señaló Luna, que argumentó que el presidente de la Generalitat ha adoptado la estrategia del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra. "Entorpecer, retrasar y confundir", remarcó Luna, que censuró la estrategia del presidente de la Generalitat de "manipular las instituciones valencianas para su defensa judicial".

El Consell remitió al juez Pedreira un informe de la Abogacía de la Generalitat en el que enumera un total de 226 cargos de la Administración valenciana que pudieron haber participado en la adjudicación de contratos a empresas de la trama corrupta de Gürtel y que excluye al jefe del Ejecutivo valenciano. Junto a este informe se emitió un dictamen del Consell Jurídic Consultiu con la misma tesis. Informes que el juez considera que tienen como objetivo deslegitimar los estudios periciales de la Agencia Tributaria y la Unidad de Delitos Económicos y Financieros de la policía.

Para el socialista, Camps ha impuesto a sus abogados la estrategia de que incriminen a cualquiera menos a él, aunque en opinión de Luna el juez Pedreira "señala la deslealtad del presidente de la Generalitat frente al resto de sus colaboradores" en su reciente auto judicial.

El PSPV está estudiando si recurre el auto de Pedreira para solicitar la exclusión del PP como acusación popular, ya que, si se concretan las acusaciones de financiación irregular y delito electoral, el partido de Mariano Rajoy podría ser responsable civil subsidiario.

La portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, negó ayer que la "batalla campal" de informes y contrainformes a la que alude el auto del Pedreira la hubiese creado la Generalitat. La consejera no quiso valorar el contenido del auto del Tribunal Superior de Madrid pero defendió los informes de la Abogacía de la Generalitat y del Consell Jurídic Consultiu, "que tienen el mismo valor que los de otras instituciones, como la Agencia Tributaria". "Me llama la atención que nadie cuestione la validez de otros informes", dijo Sánchez de León.

Mònica Oltra, de Compromís, indicó que el auto deja en evidencia la intención del PP de "ensuciar la causa".

www.elpais.es 17.07.10

El PP pone el oído a las cintas

Las cintas con las grabaciones del caso Gürtel ya están disponibles para las partes. Ayer empezó a contar el plazo de 20 días hábiles concedido por el magistrado José Flors para que los letrados del pleito puedan escuchar las conversaciones grabadas por la policía con autorización judicial que están incorporadas a la causa de los trajes (en la que está imputado el presidente Camps) y la que investigó el juez Antonio Pedreira, de Madrid, por financiación irregular del PP y delito electoral, entre otros. Una mesa y un sistema de reproducción en las dependencias de la sala de Lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) son la dotación para que los letrados puedan escuchar cuando quieran, entre las 9.00 y las 14.00 las decenas de grabaciones, la mayoría con contenido no transcrito o bien porque era privado o bien porque no tenía directamente que ver con lo que se investigaba.

El PP ha sido el más interesado en que prosperara esta diligencia. Ayer, los abogados de los imputados, al menos los del presidente Francisco Camps y del ex vicepresidente Víctor Campos, iniciaron las audiciones. Fuentes del PP aseguraron que esos letrados ya habían ayer escuchado una primera conversación entre Álvaro Pérez, El Bigotes, y uno de los hombres fuertes de Francisco Correa, líder de la trama corrupta, que podría servir para exculpar a Camps del coecho. En cualquier caso, el juez Flors ya dejó claro en su auto que aunque estudiará todas las peticiones que tras las audiciones hagan las partes, no considerará aquellas que estén fuera del objeto de la causa de los trajes: cohecho pasivo impropio.

Paula Sánchez de León, portavoz del Consell, se mostró ayer esperanzada con el resultado de las audiciones. Pero se refirió a las conversaciones en los locutorios entre abogados e imputados, que Flors no deja escuchar, de momento.

www.elpais.es 17.07.10

PEDREIRA PIDE AL PP QUE NO HAGA DE GÜRTEL UNA "BATALLA CAMPAL" 

El juez Antonio Pedreira, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que investiga la llamada trama Gürtel de corrupción masiva vinculada al PP, rechazó  el recurso del este partido contra su decisión de deshacerse de una parte del sumario y enviarla al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. La parte de la que se inhibe Pedreira para que sea investigada en Valencia se refiere a la presunta financiación irregular del PP valenciano, supuestos delitos electorales y contra la hacienda pública. 

En su auto, Pedreira considera que los escritos del PP pecan de un uso "desproporcionado de descalificaciones", le advierte de que perseverar por ese camino puede conducir a "la adopción de medidas" y añade que la estrategia de informes y contrainformes puede generar "una batalla campal" que no va a permitir.

Pedreira explica sus dos razones para inhibirse: el riesgo de prescripción de los delitos electorales cometidos supuestamente en las elecciones de 2007; y la conexión entre su investigación y la causa que instruye el juez valenciano José Flors en la que está imputado el presidente autonómico Francisco Camps por posible cohecho impropio. 

Recoge también los argumentos de la fiscalía y la acusación popular del PSPV a las alegaciones del PP, que aducía que se quebraría la unidad de la causa y que en la misma hay aforados estatales. Denunciaba además falta de motivación. Pedreira no admite esas alegaciones, y rechaza la estrategia del PP de recurrirlo todo, aportando además informes de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana y del Consejo Jurídico, cuyo contenido no entra a considerar. 

En Valencia, hoy es el primer día designado por el juez Flors para que las partes personadas en el caso de los supuestos trajes regalados a Camps escuchen las conversaciones grabadas. 

(www.elpais.com, 16/07/10) 

PEDREIRA AFEA AL PP SU ATAQUE AL FISCAL Y VE RIESGO DE ´BATALLA CAMPAL´ EN GÜRTEL  

El PP sumó  un nuevo varapalo a su estrategia judicial ante el caso Gürtel, al tiempo que tuvo que encajar los reproches del juez por sus "desmedidas" críticas al fiscal y la advertencia de que, con su proceder, se corre el riesgo de convertir la causa en una "batalla campal". El magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, Antonio Pedreira, rechazó el recurso de los populares contra el auto del pasado 25 de mayo en el que amplia a siete la lista de presuntos delitos cometidos por destacados miembros del PP valenciano y el Consell y se inhibe a favor del TSJ de Valencia para que los investigue.  

La resolución de Pedreira, ratificada en su integridad, abre la puerta a que el juez Flors que instruye en Valencia la causa de los trajes contra el presidente Francisco Camps cambie la imputación que pesa contra él por un presunto delito de cohecho pasivo impropio a cohecho activo al entender que existe relación casual entre los regalos recibidos de la trama y los contratos que llovieron desde la Generalitat. Con todo, el auto no es firme ya que el escrito del PP incluía de forma subsidiaria la apelación ante la sala de lo civil y penal.  

Aunque la decisión de Pedreira era previsible, el auto de 30 páginas no se limita a incidir en los fundamentos jurídicos que le llevó a inhibirse en favor de Valencia, una decisión basada en la existencia de aforados sobre los que pesan indicios de nuevos delitos y que buscaba evitar la prescripción de los electorales que también podrían salpicar a Camps. El escrito del juez está trufado de reproches al PP, personado en la causa de Madrid como acusación particular, pero que, en opinión del PSPV está actuando como defensa de Camps. Pedreira insta al PP a "atemperar" el debate procesal que "ha alcanzado un tono excesivamente crítico" y le afea el uso de un lenguaje "desmesurado y rayano con la descalificación". Tras "declarar la correcta actuación del ministerio fiscal", califica de "inusual" la defensa que hace el PP de "algún encausado" y le recomienda "prudencia y ponderación", si bien rechaza, como pedía el PSPV, expulsarlo del procedimiento.  

Eso sí, con la advertencia de que si sigue por el camino de las "descalificaciones" lanzadas tanto al ministerio fiscal como a los funcionarios públicos que han intervenido en el proceso se adoptarán medidas previstas por el ordenamiento jurídico". Pedreira admite "la gravedad del caso y las agudísimas tensiones sufridas, de las que ninguna culpa tienen el fiscal, ni los funcionarios intervinientes". 

El instructor evidencia también su rechazo a la lluvia de informes y contrainformes remitidos al tribunal y cita, entre otros, el informe sobre contratación de la Abogacía de la Generalitat y el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) encargados por Presidencia de la Generalitat para tratar de contrarrestar el de la unidad de auxilio judicial sobre los contratos de Orange Markek que desvelaba numerosas irregularidades en la contratación del Consell . "La hipótesis de la ruptura de la continencia de la causa -dice Pedreira- sí resulta sumamente probable si se permite que el proceso penal se convierta en una batalla campal o campo de Agramante, llena de informes y contrainformes escritos y en la que se trata de desprestigiar unos informes en beneficio de otros y de originar una indefensión derivada de la utilización de aforados".  

Pedreira rehusa pronunciarse sobre el contenido de estos informes para "impedir la utilización de fuego graneado jurídico entre las partes" y traslada a Flors el análisis de los mismos y la decisión sobre si existe responsabilidad penal en la contratación del Consell que él, a priori, no observa. 

(www.levante-emv.com, 16/07/10)

PEDREIRA RECHAZA EL RECURSO DEL PP CONTRA LA INHIBICIÓN EN FAVOR DE VALENCIA 

El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha desestimado hoy el recurso del PP contra el auto en el que acordó remitir al TSJ de Valencia (TSJCV) la parte de la investigación que afectaría a cargos del Gobierno y del PP valenciano. 

El pasado 4 de junio el PP recurrió el auto en el que Pedreira se inhibió en favor del Tribunal valenciano, argumentando que el juez se había equivocado al guiarse por la "visión parcial" de la Fiscalía y que no existían datos para deducir una conexión entre la causa investigada por el TSJCV y las actuaciones del tribunal de Madrid. 

En un auto notificado hoy, Pedreira desestima el recurso del PP y reitera que al afectar la investigación a personas aforadas, éstas tendrían que ser imputadas en el tribunal valenciano, y no en el TSJM, y defiende su competencia para admitir o rechazar los informes de los diferentes órganos y unidades judiciales que colaboran con el tribunal y han sido cuestionados por el Partido Popular. 

Pedreira remitió a Valencia los indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 -fecha en que se celebraron las últimas elecciones locales y municipales- y 2008, además de los de cohecho y prevaricación que afectan a destacados dirigentes del PP valenciano y la Generalitat, entre ellos el presidente, Francisco Camps. 

Según el juez, "resulta indubitado" que el TSJM no puede, ni debe, conocer de este asunto, que corresponde al Tribunal Supremo o al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana "si se intenta imputar al presidente de la Generalitat o a varios aforados", y considera que lo contrario conculcaría el principio de separación de poderes". 

Al tiempo advierte al PP sobre el riesgo de permitir que el proceso penal se convierta "en una batalla campal o campo de Agramante, llena de informes y contrainformes escritos y en la que trata de desprestigiar unos informes en beneficio de otros y de originar una indefensión derivada de la utilización de los aforados". 

Por último, descarta realizar ninguna interpretación de los informes de la Abogacía General de la Generalitat Valenciana, de la Unidad de Auxilio Judicial sobre la empresa Orange Market y de los fraccionamientos de contratos del Gobierno de Valencia, para impedir la utilización de "un fuego graneado jurídico y dialéctico entre las partes y mantener un debate ordenado y razonable". 

Pedreira insiste en que el órgano jurisdiccional que asuma la competencia en relación con Valencia, será el que deba analizar con profundidad dichos informes. Además, resalta que "la resolución recurrida estaba suficientemente motivada y era respetuosa con los principios de proporcionalidad y legalidad".  "En cuanto a la conducta del presidente de la Generalitat valenciana tampoco puede ser conocida por esta magistrado", concluye el instructor del caso Gürtel en el TSJM. 

(www.elpais.com, 15/07/10) 

EL JUEZ ACUSA A CAMPS DE CONVERTIR EL PROCESO EN UNA BATALLA CAMPAL 

El juez Antonio Pedreira, que instruye el ''caso Gürtel'', ha rechazado el recurso de reforma interpuesto por la representación del PP contra el auto de inhibición de Pedreira en favor del TSJ de Valencia de la parte de la causa que alcanza al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a otros dirigentes del PP valenciano. 

El magistrado desestima el recurso del PP porque su condición de juez le permite conocer cuando debe inhibirse en favor de otros órganos jurisdiccionales. Los populares mantienen que a estas alturas de la investigación no hay todavía datos suficientes que señalen a aforados valencianos como presuntos responsables de varios delitos. entre ellos prevaricación, por lo que no es necesario que el caso en su vertiente valenciana sea enviado a los juzgados de esa comunidad autónoma. 

En estas y otras alegaciones se comprueba claramente que los populares actúan mas como una defensa que como una acción popular que es la figura procesal por la que se han personado en la causa. Y en este sentido, Pedreira rechaza los informes realizados por la abogada de la Generalitat Valenciana afirmando que son contradictorios, que son inadmisibles y que en ningún caso debe ser introducidos en la causa. En definitiva, que son informes a instancia de parte. 

Sin entrar a imputar presuntos delitos, de lo que deben encargarse los órganos judiciales precisos, ya sea el Tribunal Superior de Justicia de Valencia por los aforados de esa comunidad o el Tribunal Supremo por la aparición de diputados o senadores, Pedreira concluye que su capacidad como juez en la comunidad de Madrid le impide investigar este asunto si detecta aforados no madrileños. 

(www.elpais.com, 15/07/10)

EL NÚMERO 2 DE LA GÜRTEL DECLARARÁ POR LOS TRAJES 

El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Flors, ha decidido interrogar por exhorto a Pablo Crespo, considerado lugarteniente de Francisco Correa, en relación con los trajes supuestamente recibidos por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos valencianos. 

El interrogatorio se realizará en el juzgado al que corresponde la cárcel madrileña de Soto del Real (Madrid), donde se encuentra internado junto al propio Correa y su primo Antoine Sánchez. En ese centro fue donde se intervinieron las conversaciones que los imputados presos mantuvieron con sus abogados y que se anularon. En una de ellas, Crespo negó a su letrado que se hubieran regalado trajes a Camps. 

Esa conversación dio pie al ex fiscal de la Audiencia Nacional Ignacio Gordillo a querellarse contra las fiscales del caso en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el primer instructor de la Gürtel, Baltasar Garzón. El abogado del constructor José Luis Ulibarri consideró que las representantes del ministerio público ocultaron "maliciosamente" esta conversación en el procedimiento seguido en Valencia contra la red corrupta. 

El de Crespo no será el único interrogatorio por exhorto que realizará Flors. Felisa Isabel Jordán, que fue administradora de empresas de la trama, también declarará en el procedimiento por este sistema, pero ella lo hará ante el instructor en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Jordán fue grabada cuando admitía que habían pagado facturas de trajes del presidente, Francisco Camps. 

El juez Flors también ha pedido a la Agencia Tributaria un informe sobre el supuesto pago de trajes por parte de las empresas de la trama. El objetivo es "cruzar los datos" de los que dispone Hacienda sobre el pago de los trajes con los de las tiendas Milano y Forever Young para concretar si las prendas fueron efectivamente abonadas por la trama. La Agencia Tributaria dispone de 20 días hábiles desde que designe a los peritos que se encargarán del trabajo. 

El Tribunal Supremo reabrió el 12 de mayo el caso contra el presidente de la Generalitat, el ex secretario general del PPCV Ricardo Costa, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, Rafael Betoret. Por otra parte, la portavoz socialista en las Cortes valencianas, Carmen Ninet, afirmó ayer que el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, "ha echado en falta" al ex presidente balear Jaume Matas, "el más ilustre embajador de la corrupción del PPCV", en el encuentro que tuvo con cónsules acreditados en la Comunitat Valenciana. 

"Es vergonzante y una indignidad que el Gobierno de la Generalitat todavía no haya retirado la condición de Ambaixador del Regne de València al imputado por el caso Palma Arena", indicó Ninet. La portavoz socialista lamentó que Camps esté "atado de pies y manos" porque, "de producirse el cese de Matas, puestos a cesar, habría que prescindir de media cúpula del PPCV, empezando por el propio presidente del Consell". Según Ninet, "Matas es Camps, Camps es Matas y no hay distinciones en el PPCV", porque ya nadie se libra.  

(www.publico.es, 13/07/10)

EL JUEZ PIDE A HACIENDA UN INFORME SOBRE LAS COMPRAS DE ROPA DE LAS FIRMAS GÜRTEL  

El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) José Flors ha solicitado a la Agencia Tributaria un informe sobre el supuesto pago de ropa por parte de las empresas de la trama al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros altos cargos valencianos, según informaron ayer fuentes cercanas a la investigación. Flors quiere "cruzar los datos" de los que dispone Hacienda sobre el pago de ropa con los de las tiendas Milano y Forever Young para tener un "punto de certeza mayor" sobre si las prendas fueron efectivamente abonadas por las empresas de la trama. 

Para elaborar el documento solicitado por Flors, la Agencia Tributaria dispone de un plazo de 20 días hábiles desde la aceptación del encargo. Primero debe designar a los peritos que se encargarán del trabajo. A partir de entonces, comenzaría a contar el plazo, lo que situaría ya la entrega del informe en el mes de septiembre. 

Lo que sí se podría producir en este mes de julio es el interrogatorio en Madrid a Isabel Jordán, ex administradora de empresas de la trama controladas por Francisco Correa. Flors ha autorizado ya las preguntas que se le formularán. Será en una vista que llevará a cabo un juez de Madrid por exhorto. Jordán declarará después de que las partes hayan podido escuchar la grabación en la que la empresaria señala que habían pagado facturas de trajes de Camps. 

(www.levante-emv.com, 13/07/10)

FLORS NIEGA LA DECLARACIÓN DE UN ABOGADO DEL CASO GÜRTEL

El PP quiere que el abogado Ignacio Peláez, que representa entre otros a uno de los principales imputados por el caso Gürtel, el empresario José Ulibarri, declare como testigo en el asunto de los trajes que instruye el magistrado José Flors contra, entre otros, el presidente Francisco Camps. Así se lo pidieron al magistrado las defensas con la intención de que reprodujera lo que incluía una conversación con otro imputado, Pablo Crespo, para fijar la estrategia de defensa de Ulibarri, mantenida en prisión, anulada por el TSJ de Madrid, en la que habría dicho que Camps "debió pagarse sus trajes". Pero el juez Flors ha denegado esa petición. Y las defensas de los cuatro imputados han insistido buscando amparo en la sala de Lo Civil y Penal, que tiene pendiente la respuesta. Las conversaciones están anuladas a todos los efectos, es decir, su contenido también.

Éste es sólo uno de los muchos recursos que las defensas de los cuatro imputados por cohecho pasivo impropio (el presidente Camps; el ex vicepresidente Víctor Campos; el ex secretario general de los populares valencianos Ricardo costa; y el ex jefe de gabinete de la consejería de Turismo, Rafael Betoret). De cada una de las resoluciones que en las últimas semanas ha tomado el magistrado Flors, que ha desestimado buena parte de las peticiones realizadas por las defensas de los imputados, se ha cursado el correspondiente recurso, lo que ralentiza sustancialmente el ritmo de resolución del asunto por el que previsiblemente Francisco Camps sea juzgado por un jurado en un plazo de pocos meses en Valencia.

www.elpais.es 10.07.10

UN INFORME DEL CONSELL JURÍDIC ALEJA A CAMPS DE LOS CONTRATOS DEL 'CASO GÜRTEL'

rídic Consultiu (CJC), que preside Vicente Garrido, ha emitido un informe por encargo del vicepresidente del Consell Vicente Rambla en el que asegura que el presidente de la Generalitat "no tiene intervención ninguna en materia de contratación pública, pues no ostenta, ni por sí mismo, ni por medio de su gabinete, ninguna facultad ni competencia en la celebración de contratos públicos, ni en la tramitación de expedientes, ni interviene en la determinación del adjudicatario".

 Tampoco tienen atribuciones de contratación los vicepresidentes como tales, según el informe, aunque sí puedan tenerla como consejeros, de quienes asegura el CJC que ejercen "las facultades en materia de contratación administrativa", siempre que no hayan delegado esas funciones.

El pronunciamiento del CJC pretende ser una respuesta al informe de la oficina de auxilio judicial del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que reveló cómo la mayor parte de los departamentos de la Generalitat trocearon y amañaron contratos con empresas de la trama de corrupción del caso Gürtel. En ese informe se aludía a la necesaria participación del gabinete de Presidencia en la autorización de los contratos para la feria turística Fitur con Orange Market, la empresa de la trama que dirigía Álvaro Pérez.

Estrategia de defensa

"Esta manifestación resulta absolutamente innecesaria", dijo ayer del informe el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, que aseguró que Camps "manipula al Consell Jurídic Consultiu para su estrategia de defensa". Según Luna, el dictamen del CJC "certifica lo que es obvio, que el presidente de la Generalitat no asume competencias directas en materia de contratación administrativa". Sin embargo, prosiguió, "todos aquellos que ejercen esas competencias directas se encuentran bajo su círculo de influencia, por citar términos textuales de la sentencia del Tribunal Supremo, dado que su nombramiento depende directamente o indirectamente del señor Camps".

Luna añadió que "el dictamen que emite el CJC abusando de la posición institucional para realizar tareas que no le competen sólo puede entenderse en clave de complementar la estrategia de defensa de Camps en los procedimientos penales que tiene abiertos". El portavoz socialista apuntó a la "íntima amistad" con Camps confesada recientemente por el presidente del CJC.

www.elpais.es 10.07.10

RAJOY BLOQUEA SUS CANDIDATURAS HASTA SABER QUÉ HACEN LOS JUECES CON CAMPS 

Nadie lo mencionó en ningún momento. Ni siquiera estaba en la sala. Pero Francisco Camps fue, de nuevo, como casi siempre en el último año y medio, el gran protagonista ausente de una gran reunión interna del PP, la piedra en el zapato que Mariano Rajoy no quiere o no puede sacarse. 

Toda la maquinaria del partido, con las encuestas a favor, está en marcha con un objetivo: ganar las elecciones autonómicas y municipales en 2011, y antes tener un buen resultado en las catalanas. Rajoy sufrió mucho hasta que, en 2009, el PP ganó en Galicia. Ahora quiere rematar su camino a La Moncloa con nuevos beneficios en la particular cuenta de resultados de la política: los votos. 

Rajoy quería adelantarse al PSOE y consagrar a sus candidatos mucho antes que los socialistas. El año pasado llegó a decir que estarían designados en septiembre... ¡De 2009! Pero ha llegado julio de 2010, y aún quedan muchos candidatos, casi todos, sin designar oficialmente. 

Ningún dirigente oculta en privado el motivo: Camps, que se ausentó de nuevo ayer en la reunión de la Junta Directiva, está esperando una decisión judicial que puede acabar llevándole al banquillo de los acusados. Y Rajoy, que no quiere ser quien eche a su fiel aliado en los tiempos difíciles de 2008, está esperando a esa decisión para que los acontecimientos se precipiten y, tal vez, Camps decida rendirse. Rajoy está muy distanciado del valenciano, aseguran en su entorno, pero se resiste a pedirle que dimita. 

Cada semana, Dolores de Cospedal, la secretaria general, tiene que contestar a la pregunta: ¿Cuándo van a proclamar candidato a Camps? Ella lo salva como puede. Rajoy, que apenas contesta a preguntas -ayer tampoco lo hizo-, no tiene ese problema, pero percibe la presión de los medios y del partido, y ayer estalló muy a su estilo frente a dirigentes, diputados, senadores y eurodiputados. "No hay fecha para la designación de candidatos. Los presentaremos cuando más interese al PP, no conozco otro criterio mejor. Propongo que las cosas que tengáis que decir las habléis con la vicesecretaría de organización, que se ocupa de esto [los candidatos], o con cualquier otro miembro de la dirección o conmigo mismo", sentenció. 

Rajoy dejó en el aire todo, y habló de convocar una convención -una reunión anual de tres días- para presentar un programa marco para las municipales y autonómicas: "No tiene fecha, a lo mejor lo hacemos antes de las proclamaciones, a lo mejor después, está [Baudilio] Tomé con eso, ya veremos, tenemos que hablarlo". 

Todo está pues en el aire por culpa del caso Camps. Es la propia estrategia de defensa de Federico Trillo en este asunto la que está complicando la solución del dilema de Rajoy, según reconocen en la dirección. El estratega de la defensa del caso Gürtel ha recurrido la decisión del juez Antonio Pedreira de enviar parte del caso a Valencia para que se investigue allí la posible implicación de Camps y casi toda la cúpula del Gobierno valenciano en cohechos propios, financiación ilegal y hasta siete graves delitos. 

Y ese recurso puede retrasar la decisión definitiva sobre Camps incluso meses, según los cálculos más pesimistas de algunos dirigentes. Formalmente, la confirmación del valenciano como candidato se podría retrasar hasta marzo de 2011, pero el PP quiere resolverlo mucho antes. 

Otro de los problemas, mucho menor que el del valenciano, que está retrasando la proclamación de candidaturas -no todas, porque Rajoy ya ha empezado a organizar actos de presentación de candidatos locales, especialmente en Andalucía- es el de Asturias. Hasta hace bien poco, todos los dirigentes daban por hecho que Francisco Álvarez-Cascos sería el candidato. A Rajoy, explican en su entorno, no le hace ninguna gracia que un dirigente tan fuerte del que está muy alejado vuelva a la primera línea de la política. Pero no se atreve a decirle que no, por lo que todo el mundo daba por hecho que Cascos, que ha mostrado claramente su voluntad -"hay una marea creciente de personas que consideran oportuno mi regreso", dijo en la Cope- sería el candidato. 

La cosa se complica, porque Cascos parece querer que sea Rajoy quien le pida que vuelva. Y el líder espera que sea el ex vicesecretario general quien reclame un puesto. Este tira y afloja personal -muy parecido al que ya se vivió con la candidatura de Jaime Mayor para las europeas en 2009- y la enemistad de Cascos y Cospedal está complicando las cosas. El PP asturiano está dividido, en Oviedo quieren a Cascos y en Gijón, su tierra, lo rechazan. Pero nadie plantea ninguna alternativa, por lo que la opción más probable -y con más posibilidades de éxito- sigue pasando por su regreso. 

(www.elpais.com, 06/07/10) 

DOS PROCESOS 

- Los trajes. Francisco Camps está imputado por cohecho pasivo impropio. 

El magistrado José Flors ha retomado la causa después de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la archivara y el Supremo ordenara reabrirla. 

- Financiación ilegal. El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Madrid, tiene que certificar la firmeza de la sentencia en la que se inhibió al TSJCV para que investigara la supuesta financiación irregular del PP de Camps. 

(www.elpais.com, 06/07/10)

EL BIGOTES ENTREGÓ SOBRES CON DINERO A CARGOS PÚBLICOS DEL PP, SEGÚN EL FISCAL 

El juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, rechazó el pasado 28 de junio la petición de Álvaro Pérez, El Bigotes, para que se le retiraran las medidas cautelares de comparecencia periódica ante las autoridades, por entender que los indicios de delito que existen sobre su actuación así lo recomiendan. 

En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, el juez recoge un durísimo informe de la Fiscalía Anticorrupción que señala que el avance de la investigación ha acreditado delitos incluso más graves de los que se le imputaban a El Bigotes al inicio de la causa. 

Álvaro Pérez fundó en 2004 la empresa Orange Market, una de las que integraban la red corrupta de Francisco Correa, y desde entonces recibió decenas de contratos, la mayoría a dedo, del Gobierno de Francisco Camps, quien consideraba a Pérez un "amiguito del alma", según la conversación entre ambos grabada por orden judicial en las navidades de 2008. 

El Bigotes gastó decenas de miles de euros en decenas de regalos a la cúpula del PP valenciano y a sus familiares en forma de trajes y otras dádivas. 

La Fiscalía Anticorrupción señala en el auto que notificó ayer Pedreira a las partes: "El avance de la instrucción ha corroborado todos los indicios de delitos de blanqueo de capitales, contra la administración y contra la hacienda pública. Además, los indicios se han incrementado con nuevos delitos de falsedad de documento mercantil y delito electoral. Diversos apuntes de archivos informáticos hallados en los registros practicados el 6 de febrero de 2009 [en la sede de Orange Market] han acreditado la entrega de sobres con dinero a cargos públicos en distintos ejercicios". 

Junto a ello, añade el fiscal, "el auto de 25 de mayo de 2010 expone los indicios de la participación del imputado en los delitos electorales referidos a la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana así como delitos contra la hacienda pública relativos a Orange Market, por el concepto de retenciones de trabajo personal de los años 2006 y 2007, cuantificados en 160.275 euros y 170.558 euros respectivamente". 

El fiscal, que propone al juez que mantenga la medida cautelar contra El Bigotes, llega a sugerir la posibilidad de solicitar otras "medidas más gravosas para el imputado". 

El juez Antonio Pedreira, que pretende enviar al Tribunal Superior de Justicia de Valencia buena parte de la instrucción referida a actuaciones ilegales o delictivas que salpican a cargos del PP en Valencia, rechazó las pretensiones de la defensa de Álvaro Pérez y mantuvo las medidas cautelares. 

El PP, personado en la causa como acusación popular, ha torpedeado la iniciativa de Pedreira para remitir parte del sumario al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y ha impugnado esta decisión. 

(www.elpais.com, 01/07/10)

"EL BIGOTES ENTREGÓ SOBRES O DINERO A CARGOS PÚBLICOS DEL PP" 

El juez Antonio Pedreira, en un auto del pasado 28 de junio, deniega a Álvaro Pérez, El Bigotes, la retirada de las medidas cautelares de comparecencia periódica ante las autoridades, por entender que los indicios de delito que existen sobre su actuación así lo recomienda. 

En el auto, al que ha tenido acceso EL PAÍS, se transcribe un durísimo informe de la Fiscalía donde señala que el avance de la investigación ha acreditado delitos incluso más graves de los que se le imputaban a El Bigotes al inicio de la causa. Álvaro Pérez fundó en 2004 la empresa Orange Market, una de las que integraban la red corrupta de Francisco Correa, y desde entonces recibió decenas de contrato, la mayoría a dedo, del Gobierno de Francisco Camps, al que consideraba "amiguito del alma". El Bigotes llenó de regalos a la cúpula del PP valenciano en forma de trajes y otras dádivas. 

El Fiscal señala en el auto notificado hoy por Pedreira: "El avance de la instrucción ha corroborado todos los delitos de blanqueo, contra la administración y contra la hacienda pública y además los indicios se han incrementado con nuevos delitos de falsedad de documento mercantil y delito electoral. Diversos apuntes de archivos informáticos en los registros practicados el 6 de febrero de 2009 han acreditado la entrega de sobres o dinero a cargos públicos en distintos ejercicios". 

Junto a ello, añade el fiscal, "el auto de 25 de mayo de 2010 expone los indicios de la participación del imputado en los delitos electorales referidos a la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de 2007 en la Comunidad Valenciana así como delitos contra la hacienda pública relativos a Orange Market, por el concepto de retenciones de trabajo personal de los años 2006 y 2007, cuantificados en 160.275 euros y 170.558 euros respectivamente". 

El fiscal, que propone al juez que mantenga la medida cautelar contra El Bigotes, llega a sugerir la posibilidad de solicitar otras "medidas más gravosas para el imputado". 

(www.elpais.com, 30/06/10)

LA ADMINISTRADORA QUE DIJO QUE PAGÓ LOS TRAJES DE CAMPS DECLARARÁ DE NUEVO 

El magistrado juez José Flors ha empezado ya a resolver diligencias pendientes de la parte del caso Gürtel que se instruye en Valencia y que se ha reabierto por orden del Tribunal Supremo. Entre esas diligencias del caso de los trajes de Francisco Camps y otros tres altos cargos, el juez Flors ha decidido aceptar la petición de la Fiscalía Anticorrupción y acceder a que declare Isabel Jordán, ex administradora de tres empresas de la trama Gürtel, entre ellas, Easy Concept. Jordán declarará por exhorto en Madrid. En su nueva visita a los juzgados tendrá que dar explicaciones sobre unas declaraciones que figuran en una grabación realizada por la policía, incluida en el sumario, en la que afirmaba: "Incluso he pagado. Una factura de 30.000 euros de una tienda que se llama Milano para pagarle los trajes al presidente Camps. Tengo la factura y la he pagado". 

Jordán reconoció esa grabación como suya ante la policía y también ante el juez Baltasar Garzón, que le recogió testimonio antes de inhibirse en favor de los tribunales superiores. Pero en declaraciones posteriores, Jordán se desdijo. 

La grabación no ha sido, hasta ahora, escuchada en la sala del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Sirvió la transcripción. Tras la decisión de Flors, las partes escucharán esa grabación antes de que Jordán acuda a declarar al tribunal madrileño. 

Esta diligencia fue una petición de la fiscalía previa al archivo que se acordó el pasado 1 de agosto por la sala de Lo Civil y Penal. Quedaba pendiente, como algunas otras cuestiones planteadas por las partes. Y antes de llegar a la vista de concreción de imputación prevista en la Ley del Jurado, el magistrado juez instructor ha empezado a dar respuesta a los recursos pendientes. La declaración de Isabel Jordán se presume como capital. Ella aseguró que pagó los trajes de Camps y tenía las facturas. 

(www.elpais.com, 29/06/10)

FOREVER YOUNG PIDE PERSONARSE COMO ACUSACIÓN CONTRA EL SASTRE JOSÉ TOMÁS DESPUÉS DE REUNIRSE CON TRILLO 

Forever Young, la firma de ropa donde supuestamente Francisco Correa y los suyos compraban trajes para regalárselos a políticos y miembros del PP –entre ellos el propio Francisco Camps- como compensación por los contratos y adjudicaciones que daban a sus empresas, ha solicitado presentarse como acusación particular contra José Tomás (en la foto), el sastre de la cadena que aseguró ante la justicia que el presidente valenciano nunca pagaba sus trajes en la tienda. Según informa la Cadena SER, la empresa matriz de Forever Young habría tomado esta decisión después de mantener dos reuniones con el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo. 

Según recoge una providencia fechada el pasado 25 de junio por Antonio Pedreira, el juez que instruye la trama Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la empresa Castellana Inmuebles y Locales ha pedido personarse como acusación particular contra el sastre José Tomás. Esta compañía es la empresa matriz de Forever Young, la firma donde supuestamente los cabecillas de la trama compraban los trajes con los que agasajaban a políticos del PP. 

Reunión con Trillo 

Según cuenta la SER, la petición llega después de que el administrador único de la compañía, Eduardo Hinojosa, se reuniera con el coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo. Al parecer, el ex ministro mantuvo al menos dos encuentros con el propietario de Forever Young. Uno de los testigos declaró ante el juez que se habían producido estas reuniones y que el propio Hinojosa “tras marcharse Trillo” le comentó “que José Tomás se había metido en un buen lío”. 

 Encuentros anteriores 

No es la primera vez que Trillo se reúne con directivos de Forever Young para tratar de salvarle los muebles al PP. Así lo declaró ante el juez el ex director de compras de la firma, Miguel Marqués. Ahora que el Supremo ha decidido reabrir la causa de los trajes contra Camps, parece que las acusaciones contra Tomás vuelven a cobrar importancia. 

Tomás negó el pago de los trajes 

El sastre, que también ha tenido que declarar ante el juez, aseguró en su día que Francisco Camps no pagaba los trajes que encargaba en la tienda, una versión que ha confirmado en reiteradas ocasiones. El president, en cambio, siempre lo ha desmentido, si bien no ha podido entregar ninguna factura que acreditara los pagos de los trajes. 

Pedreira decidirá 

Pedreira ha remitido la providencia que recoge la petición a las partes, y les ha dado un plazo de entre 3 y 5 días para presentar las alegaciones que consideren oportunas. Pasado el plazo, será el propio magistrado quien decida si acepta o rechaza la petición de Forever Young. 

(www.elplural.com, 29/06/10)

LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL SOBRE LA GESTIÓN DE MARTÍNEZ PREOCUPA AL PP 

El PP no oculta, en privado, su preocupación por las pesquisas que la policía está realizando sobre la relación de la cúpula de la Consejería y la Agencia Valenciana de Turismo, en la etapa en la que era consejera Milagrosa Martínez, con las empresas de la trama Gürtel. 

La brigada de Blanqueo de Capitales de la policía, tal y como informó ayer EL PAÍS, propone el interrogatorio de la cúpula de Turismo que adjudicó en 2005 el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur -la feria internacional de turismo- a la franquicia valenciana de la trama corrupta, Orange Market. Entre los cargos que la policía propone interrogar están la ex consejera y actual presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, su ex jefe de gabinete Rafael Betoret -imputado en el caso de los trajes que instruye el TSJ de la Comunidad Valenciana- y la entonces subsecretaria Isabel Villalonga, hoy responsable de la Abogacía de la Generalitat. 

El consejero de Ciudadanía y portavoz del Grupo Popular en las Cortes, Rafael Blasco, pidió "mucha prudencia y mucha cautela". Blasco insistió en el argumentario oficial de que "ningún responsable político [del PP] ha cometido algo, ni siquiera remotamente, que pudiera ser reprobable". 

La propia presidenta de las Cortes, Milagrosa Martínez, optó por no rehuir los micrófonos para transmitir sensación de normalidad. "Todas las actuaciones han estado marcadas por un único marco, que es el de la legalidad", dijo Martínez. La presidenta añadió que, si fuera llamada a prestar declaración, colaboraría con la justicia porque "es un deber y una obligación de cualquier ciudadano". 

El portavoz socialista, Ángel Luna, dijo que la probable declaración de Martínez "era esperable", ya que era ella la consejera cuando Orange Market logró el primer contrato de Fitur. "Es evidente que, si se confirma lo que dice el informe de la oficina de auxilio judicial, ahí ha habido operaciones que rozan la prevaricación. Y la prevaricación tiene diez años de prescripción", dijo Luna. El portavoz socialista añadió: "No se trata de regalos que prescriben a los tres años". Una referencia al regalo de 2.400 euros que, supuestamente, le regaló la trama corrupta a Martínez en la Navidad de 2006. La Fiscalía Anticorrupción observó en este regalo un supuesto delito de cohecho que habría prescrito al cumplirse más de tres años desde que se hizo. 

Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario Compromís, Enric Morera, exigió ayer al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a la presidenta del Parlamento que "asuman sus responsabilidades políticas en el caso Gürtel para evitar que se siga dañando el prestigio de las instituciones valencianas". 

"Es evidente que en este asunto no se han dado las oportunas explicaciones y se han negado los hechos", prosiguió Morera, "y los hechos son que la justicia va avanzando", dijo el portavoz de Compromís, que añadió que el nuevo informe policial "no implica únicamente al Gobierno valenciano, que en estos momentos está imputado en delitos gravísimos, sino que ahora es ya la propia presidenta de las Cortes Valencianas". 

La coordinadora general de Esquerra Unida, Marga Sanz, instó a la presidenta de la Cámara a "dar cuenta" de su gestión al frente de la Consejería de Turismo. "La imagen que están dando [los populares] rehuyendo las responsabilidades políticas que les atañen es, simplemente, rechazable", dijo. 

(www.elpais.com, 29/06/10)

LA POLICÍA PIDE QUE TESTIFIQUE POR GÜRTEL LA PRESIDENTA DE LAS CORTES VALENCIANAS 

La Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía ha reactivado sus pesquisas sobre la trama Gürtel en Valencia y ha propuesto, en un informe que tendrá que analizar la Fiscalía Anticorrupción, el interrogatorio de parte de la cúpula dirigente de la Consejería de Turismo de Valencia en 2005 y de su filial, la Agencia Valenciana de Turismo. Este organismo público adjudicó el montaje del pabellón de Fitur en 2005 a Orange Market, una de las empresas de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. 

Entre otros altos cargos, los investigadores demandan que se interrogue, en principio como testigos, a la ex consejera Milagrosa Martínez, actual presidenta de las Cortes Valencianas; a su ex jefe del gabinete técnico, Rafael Betoret, y a Isabel Villalonga, tercera de a bordo con el rango de subsecretaria en la consejería en la época de Martínez y, en la actualidad, jefa de los servicios jurídicos del Gobierno del presidente Francisco Camps. 

En una reciente conferencia de prensa, Villalonga fue la persona designada por el Gobierno valenciano para tratar de refutar el informe pericial judicial que revela que la Generalitat vulneró la ley al trocear contratos entre 2004 y 2009 por un importe total de 7,2 millones de euros. Además, en decenas de contratos las adjudicaciones se hicieron sin concurso a empresas de la trama corrupta que nunca antes habían trabajado con la Administración valenciana. Para cubrir las apariencias, se invitaba a tres empresas aparentemente distintas pero que en realidad tenían el mismo dueño, Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta. 

En estas conductas ilegales incurrieron los departamentos de Presidencia y Vicepresidencia de la Generalitat, siete de sus consejerías y 16 organismos gestores que beneficiaron a nueve empresas de la trama Gürtel en perjuicio de otros empresarios que no tuvieron ni siquiera la oportunidad de competir para ganar el contrato público. Ese informe, entre otras cosas, detecta indicios de ilegalidad en al menos tres contratas que adjudicó Turismo a Gürtel y que, por su cuantía, más de 12.000 euros, debieron salir a concurso público según establece la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.  

Se trata de un almuerzo para 1.400 comensales que organizó la Consejería de Turismo en Madrid con motivo de la edición de 2005 de Fitur. La comida, adjudicada a dedo a la firma Orange Market, costó 149.000 euros. 

El pago de esa factura la autorizó Martínez, quien, por otro lado, en la documentación intervenida por la policía en Orange Market figura como receptora del regalo de un reloj valorado en 2.400 euros por parte del gerente de esta firma, Álvaro Pérez, El Bigotes, en la Navidad de 2006.  

En el sumario, Pérez alude a Martínez con el sobrenombre de La Perla. El reloj fue adquirido, según ha constatado la Brigada de Blanqueo de Capitales en la joyería Suárez de Madrid. La red Gürtel logró el contrato para el montaje del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur 2005 por 1.020.000 euros, merced a un concurso de la Agencia Valenciana de Turismo que entonces presidía Martínez. 

Sobre ese almuerzo, la policía quiere que también sea interrogado el que fuera su mano derecha, Rafael Betoret. Éste se halla imputado en la trama Gürtel, junto al presidente valenciano Francisco Camps, por haber recibido trajes en las tiendas de Milano en Madrid pagados por la red empresarial de Correa.  

Betoret fue quien organizó aquel multitudinario almuerzo. Y ha justificado que ese encuentro se hubiese adjudicado directamente a Orange Market en que acudieron más personas de las previstas y que hubo que improvisar una carpa más grande con carácter de urgencia y fuera del recinto ferial de Fitur. 

Betoret argumentó ante el juez que, realmente, él utilizaba a Álvaro Pérez, El Bigotes, como prestamista de dinero. Compraba trajes en Madrid que pagaba El Bigotes, y Betoret, según su testimonio, se lo devolvía a razón de 500 euros cada varios meses. El juez no creyó este argumento y le imputó por cohecho impropio. 

El informe pericial sobre el costoso almuerzo no ve, en cambio, tales razones de urgencia toda vez que el citado acto de confraternización entre Camps y agentes turísticos de su comunidad se repetía todos los años y, por tanto, era previsible. El sumario de Gürtel eleva a cerca de 180.000 euros el importe de las contratas supuestamente anómalas que recibieron las empresas de Correa de la Consejería de Turismo valenciana.  

La investigación no se limita a Martínez o Betoret. Anticorrupción quiere saber también el grado de responsabilidad que tuvieron, tanto en esa comida como en la adjudicación del stand de Fitur 2005, los altos funcionarios de la Agencia de Turismo de Valencia que intervinieron en la fraudulenta adjudicación y la validaron. 

La actual jefa de los servicios jurídicos de la Generalitat, Isabel Villalonga, puso reparos en su día a esta adjudicación, que debió salir a concurso, y pidió que se abriese una investigación interna para conocer lo ocurrido con esas contratas a dedo, que excedían ampliamente de los 12.000 euros que establece la ley. Entonces era subsecretaria de Turismo, es decir, número tres de la consejería. Pero todo quedó ahí. 

La policía, en sus registros a las empresas de Correa, ha hallado borradores de pliegos de condiciones para organizar los stand de Fitur casi calcados de los requisitos que más tarde impuso la Generalitat para adjudicar el stand. Aunque resultó adjudicataria en todas las ediciones de Fitur desde que se instaló en Valencia, Orange Market, la empresa de El Bigotes no reunía todos los requisitos porque no acreditó su solvencia técnico-profesional. 

Por eso, la policía quiere que, además, se interrogue a los altos funcionarios de la Agencia de Turismo que elaboraron las bases de esa adjudicación para ver si pudo filtrarse información previa a la trama Gürtel y si tales bases estaban amañadas. 

Son una quincena los miembros de la Consejería de Turismo de Valencia que la policía sostiene que deben ser interrogados, incluida la entonces máxima responsable. También Joaquín Valera, responsable financiero de la Agencia Valenciana de Turismo y miembro de la mesa que adjudicó Fitur 2005, y Jorge Monllor, responsable de promocionar el turismo valenciano a instancias de la Generalitat y la persona, según fuentes de la investigación, que redactó las bases para la adjudicación del stand de Fitur 2005. 

(www.publico.es, 28/06/10)

SOSPECHAS EN TORNO A PATERNA 

La Brigada de Blanqueo de Capitales, en sus pesquisas sobre el impacto de la trama Gürtel en Valencia, investiga también los contactos que ha mantenido el actual alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí Pons, presidente del PP de este municipio, con la red que dirigía Francisco Correa. 

Los agentes han pedido que Lorenzo Agustí también sea interrogado para que explique los frecuentes contactos que mantuvo con directivos de las empresas de Correa, en los que, según la investigación, se habló de cómo debían ser los pliegos de adjudicación para que la trama obtuviese el concurso de la Oficina de Atención al Ciudadano del Ayuntamiento de esta localidad valenciana de 63.000 habitantes. 

Este proyecto fue abanderado ante Paterna por la red Gürtel, aunque finalmente quedó desterrado. En esas reuniones se diseñó qué características debía tener la empresa adjudicataria y se acordó adaptar algunas empresas de Correa a esos requisitos para lograr el concurso, según fuentes de la investigación y tal como consta en la documentación intervenida por la policía. 

Aunque el proyecto de oficina de atención al ciudadano para Paterna de Gürtel no cristalizó, la policía tiene fuertes sospechas de que la red mafiosa de Correa pudo sacar tajada en Paterna, y por eso ha pedido que el alcalde sea interrogado sobre ésta y otras contratas de este Ayuntamiento que sí pudieron recaer en la red.  

El alcalde de Paterna ha negado reiteradas veces haber mantenido relación alguna con el caso Gürtel, a pesar de que figura en la lista de beneficiarios de regalos de navidad de Orange Market, la empresa de Correa que en Valencia dirigía El Bigotes. 

(www.elpais.com, 28/06/10)

Los socialistas piden expulsar al PP del 'caso Gürtel' y perseguir sus ataques a la fiscalía

"La actitud del Partido Popular no es solo dilatoria de la investigación, sino obstaculizadora, impropia de una acusación que debe perseguir la obtención de la verdad en el proceso", aseguran los socialistas valencianos en sus alegaciones al juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye el caso Gürtel.

El PP, que en teoría ejerce como acusación popular, ha presentado un recurso contra el auto por el que Pedreira se inhibe a favor del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana para que se investiguen hasta siete delitos por las relaciones de la trama de corrupción con el presidente valenciano, Francisco Camps, su Gobierno y su partido. Los socialistas entienden que no solo debe desestimarse el recurso, sino que el PP debe ser expulsado del procedimiento "por fraude de ley", y debe deducirse testimonio por las imputaciones vertidas contra las fiscales del caso, a quienes atribuye "conductas delictivas que exceden el derecho de defensa".

En opinión del portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, y otros tres diputados personados como acusación popular, se da un claro conflicto de intereses que hace que la estrategia del PP sea "la defensa a ultranza de determinados imputados miembros de su partido". Una estrategia que se extiende a "una defensa general de todos los imputados", con un cuestionamiento de la causa que se basa en la descalificación de la Fiscalía y del proceso. "Una acusación ha pasado de ser acusadora a acusada, y este tormentoso y esquizofrénico estado merece una respuesta procesal, modificando su estatus", alegan los socialistas. También consideran "chocante" que se cuestionen el informe policial de la UDEF, el de la unidad de auxilio judicial y el de la Agencia Tributaria "a través de un informe espúreo de la Abogacía de la Generalitat Valenciana introducido subrepticiamente", ya que no es parte en el caso "y nadie la llamó al procedimiento".

www.elpais.es 26.06.10

El TSJCV admite que sólo incluyó en la causa contra Camps las grabaciones a los aforados

El tribunal justifica que el resto de las conversaciones no se trasladaron a las partes porque las actuaciones eran secretas Avanza que el juez instructor José Flors comunicará ahora todas diligencias del sumario

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) admitió ayer en un comunicado de prensa que el magistrado instructor del proceso contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres imputados por un presunto delito de cohecho impropio sólo incorporó a la causa "aquellas grabaciones que contenían las conversaciones en que habían intervenido personalmente los imputados, y que pudieran guardar relación directa con el objeto del procedimiento".

Y lo hizo -matiza- "a los efectos de poder recibir declaración a las personas imputadas, aforadas ante el TSJCV". El alto tribunal se pronunció en estos términos después de que Levante-EMV revelara ayer un escrito del teniente fiscal del Tribunal Supremo en el que atribuye al TSJ valenciano la decisión de excluir de la causa las escuchas en la cárcel a los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, que recogieron conversaciones que avalan la versión del presidente de la Generalitat de que se pagó los trajes. En una respuesta al abogado que interpuso una querella contra el juez Baltasar Garzón por el asunto de las escuchas en la prisión -finalmente declaradas ilegales- el fiscal del Supremo afirma que "es obvio" que toda las diligencias prácticas por el juez de la Audiencia Nacional -incluido el tomo con las conversaciones favorables a Camps- fueron remitidas al TSJ valenciano, que optó por no incorporarlas a la causa. "Fue, por tanto, decisión del TSJ de Valencia no incorporar las referidas transcripciones -los supuestos elementos exculpatorios- a las que posteriormente serían sus Diligencias Previas", dice el fiscal en un escrito el pasado 1 de marzo.

De hecho, la defensa de jefe del Consell no tuvo conocimiento de estas grabaciones hasta el pasado mes de octubre cuando el juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, levantó el secreto del sumario. Entonces, la causa por cohecho impropio llevaba dos meses archivada después de que en agosto la sala de lo civil y penal del TSJCV que preside por José Luis de la Rúa tumbara el auto del juez Flors que puso a Camps a las puertas de ser juzgado.

Cuando las conversaciones de Crespo y Correa se hicieron públicas, el Consell se quejó formalmente ante el Consejo General del Poder Judicial al entender que Garzón había ocultado pruebas consideras claramente exculpatorias. Sin embargo, el escrito del teniente fiscal del Supremo atribuye al instructor de Valencia la decisión de no incorporar en la pieza separada de los trajes la documentación relativa a la escuchas en la cárcel. Camps, que vuelve a estar imputado, insiste en que las conversaciones son exculpatorias y quiere usarlas como prueba de su inocencia cuando Flors retome el procedimiento. En el comunicado se afirma que el alto tribunal "no ha excluido absolutamente nada de la causa", aunque acto seguido intenta argumentar porqué se dio cuenta a las partes de una parte de las conversaciones telefónicas intervenidas por la policía y no de otras. "El magistrado instructor acordó, a efectos de poder recibir declaración a las personas imputadas, aforadas ante el TSJCV, la incorporación a la causa de aquellas grabaciones que contenían conversaciones en que habían intervenido personalmente los imputados, y que pudieran guardar relación directa con el objeto del procedimiento", dice el comunicado. Es decir, tuvo en cuenta aquellas grabaciones en las que participaban "personalmente" los imputados en la causa valenciana (Camps, el ex número dos del PP, Ricardo Costa; el ex vicepresidente del Consell, Victor Camps y el ex jefe de gabinete de la conselleria de Turismo, Rafael Betoret). De hecho, al presidente se le mostraron algunas de ellas el día en que declaró como imputado.El TSJCV añade que "todas las actuaciones remitidas, procedentes del juzgado central de instrucción número 5 de Madrid, estaban declaradas secretas para las partes, y se remitieron con la expresa prevención de que se mantuviera el secreto que les afectaba". Con esta reflexión, el alto tribunal parece querer justificar el por qué otro tipo de transcripciones, como las de las conversaciones de Crespo y Correa sobre el asunto de los trajes, no fue trasladada a las partes.

Velar para evitar la indefensión

El TSJCV asegura que "una vez levantado el secreto de las actuaciones, acordado en las diligencias que se siguen en Madrid, el magistrado instructor del caso Gürtel en Valencia dará traslado a las partes, para que éstas aleguen lo que consideren oportuno en defensa de sus intereses". El comunicado finaliza defendiendo la misión del instructor que "es velar por que el procedimiento se sigue con todas las garantías para la totalidad de las partes personadas en el mismo, sin que pueda producirse indefensión".

www.levante-emv.com 25.06.10

LA FISCALÍA REVELA QUE EL TSJCV DECIDIÓ EXCLUIR LAS ESCUCHAS FAVORABLES A CAMPS  

Un escrito de la Fiscalía revela que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana tuvo en su poder las grabaciones que favorecen al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, pero decidió no incorporarlas a la causa de los trajes. El documento, que forma parte del sumario del caso Gürtel, lleva la firma del teniente fiscal del Tribunal Supremo y constata que las pruebas que el Consell considera exculpatorias para el jefe del Consell en la causa que se sigue contra él por un presunto delito de cohecho impropio formaban parte de la abultada documentación que el juez Garzón envió a Valencia en marzo de 2009.  

Las escuchas, que el pasado mes de marzo fueron declaradas ilegales por el Supremo, fueron realizadas por orden de Garzón a los cabecillas de la trama y a sus abogados en la prisión de Soto del Real. Entre las conversaciones intervenidas por la policía, figuran varias en las que tanto el líder de la trama, Francisco Correa, como su segundo de a bordo, Pablo Crespo, se refieren a los presuntos regalos en forma de trajes al jefe del Consell. Ambos, en conversaciones con los abogados, rechazan la hipótesis de que la empresa Orange Market, con la que la trama operaba en la Comunitat Valenciana, hubiera pagado las prendas que al jefe del Consell encargó a las tiendas de Milano y Forever Young.  

Estas grabaciones, sin embargo, no fueron incorporadas a la causa que instruyó el magistrado José Flors, por lo que ninguna de las partes personadas en el proceso -incluida la defensa del presidente- tuvo conocimiento de las mismas hasta que el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ordenó el primer levantamiento del sumario en octubre de 2009.  

En ese momento, la sala del TSJ de Valencia, que preside Juan Luis de la Rúa, ya había archivado el auto de Flors en el que se abría el procedimiento del jurado al considerar que Camps no había demostrado que se pagó los trajes. Sin embargo, la causa fue reabierta por el Tribunal Supremo el pasado día 12 de mayo al aceptar el recurso presentado por el PSPV y la Fiscalía General del Estado.

El Consell y el propio Camps se han quejado en numerosas ocasiones de la indefensión que, en su opinión, supuso para el presidente no contar en su momento con estas grabaciones que consideran claves para su exculpación. Su propósito es incorporarlas en la causa como elementos probatorios cuando Flors reanude la instrucción.  

El escrito del fiscal del Tribunal Supremo al que ha tenido acceso Levante-EMV da una nueva dimensión a la polémicas grabaciones en la cárcel, ya que revelan que fue decisión del TSJ de Valencia excluirlas de la causa. Así lo dejó dicho el fiscal del Supremo el pasado mes de marzo en su contestación a un recurso presentado por Ignacio Peláez Marqués, abogado del empresario José Luis Ulibarri (también imputado en el caso Gürtel), a cuenta de la querella contra Garzón por las escuchas ilegales.  

Peláez denunció irregularidades en la tramitación de la pieza de intervención de comunicaciones en la cárcel y acusó al juez de no haber enviado las escucha al TSJCV, un extremo que el fiscal estima "manifiestamente inveraz". Y da datos. Se remonta al auto del 5 de marzo del juzgado central de instrucción de la Audiencia Nacional de inhibición a favor de los altos tribunales de Madrid y Valencia a los que se remitió "copia íntegra" de las diligencias previas "a fin de que pudieran seleccionar aquellas actuaciones que consideraran relevantes para la asunción de la competencia y la investigación de los hechos".  

La remisión de la documentación se hizo en dos fases; el 13 y el 20 de marzo. Con la segunda entrega llegó, según el fiscal, la copia de la pieza de la intervención de las comunicaciones, así como otros tomos. La documentación fue recibida por los dos tribunales el 20 de marzo, según consta en los oficios remisorios. El fiscal niega que el tomo de las escuchas se retuviera interesadamente, como afirmaba Peláez en su querella. "Fue, por tanto, -afirma el fiscal- decisión del TSJ de Valencia no incorporar las referidas transcripciones -los supuestos elementos exculpatorios-a las que posteriormente serían sus diligencias previas, igual que hizo con otras numerosas actuaciones". 

(www.levante-emv.com, 24/06/10)

PONS CITA AHORA A CAMPS COMO "EJEMPLO DE LAS POLÍTICAS DEL PP" 

Primero fueron Esperanza Aguirre y Alberto Núñez Feijóo y ahora le toca el turno a Francisco Camps, presidente de la Generalitat valenciana. El vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, no tiene ninguna duda: Camps es "un ejemplo de políticas del PP", después de que el lunes dijera lo mismo de Alberto Núñez Feijóo y de Esperanza Aguirre, a los que citó como "ejemplo de austeridad para otras comunidades autónomas". 

En declaraciones a Telecinco, Pons fue preguntado si la defensa que hizo sobre las políticas de austeridad aplicadas en Galicia y Madrid, la extiende también a otros barones como Francisco Camps. Argumentó que puso de ejemplo al presidente de la Xunta y la jefa de la Comunidad de Madrid porque fue por los que se le preguntó en rueda de prensa pero aseguró que Camps es "un ejemplo de políticas del PP exactamente igual que lo son Feijóo y Esperanza Aguirre". 

"Los diputados tenemos que tener recursos para poder trabajar, no tenemos que tener lujos superfluos"

Además, el portavoz del Partido Popular tildó de "impensable" presentarse como candidato a las elecciones autonómicas de la Comunitat Valenciana y aseguró que cuando cogió "el billete de ida hacia la política nacional" no llevó "billete de vuelta". 

Pons enfatizó que su partido esperará a la conclusión final del Tribunal de Cuentas antes de denunciar por qué los bancos han perdonado la deuda al PSOE. "Lo gordo del asunto es que se lo han perdonado cuando han llegado al Gobierno. A ningún español le han perdonado jamás una deuda los bancos", remarcó. 

Por último, al ser preguntado sobre la posibilidad de que los diputados reciban el nuevo iPhone 4, respondió no haber recibido noticias sobre este asunto aunque destacó que el material de trabajo no se debe "despreciar nunca". "Nosotros tenemos que tener recursos para poder trabajar, no tenemos que tener lujos superfluos y menos en ésta época", concluyó. 

(www.publico.es, 22/06/10)

JUAN COSTA: "SI RICARDO TIENE RESPONSABILIDAD EN EL CASO GÜRTEL, MÁS LA TIENEN CAMPS Y OTROS" 

 “Si Ricardo Costa tiene alguna responsabilidad en el caso Gürtel, más la tiene Camps o muchas otras personas”. Son palabras del ex ministro de Ciencia y Tecnología y hermano de Ricardo, Juan Costa, quien ayer volvió a ejercer de azote del PP valenciano en una entrevista en la revista Vogue. En la edición de julio de esa publicación, el todavía diputado ha enfatizado en que no tiene “ninguna duda” de la “honradez” de su hermano, hasta octubre pasado portavoz y secretario general de los populares del Levante. El ex ministro ha dejado claro, en cualquier caso, que si hubo irregularidades en la región tendrán que asumirse responsabilidades. “Desde luego, sea quien sea, empezando por mi hermano, hubiera actuado de manera incorrecta o hubiera ayudado, contribuido o hecho que el PP se financie irregularmente, tendrá que asumir las responsabilidades. Y yo sería el primero en exigírselo”, ha sentenciado, en declaraciones recogidas por Expansión

En la misma línea que ha venido defendiendo en los últimos meses, Juan Costa ha criticado la expulsión de su hermano de la portavocía y secretaría general del PPV, cargos que ostentaba hasta octubre del año pasado.

“Mi partido no ha sido ecuánime”

“A mí me preocupa que un partido, en un caso concreto, pueda actuar de manera arbitraria. Y creo que mi partido, a nivel nacional, no ha actuado de una manera ecuánime”, ha indicado, en referencia a la sonada destitución. Según la normativa popular, para purgar al ex portavoz, hacía falta o bien una resolución del Comité Ejecutivo de Valencia o bien un expediente disciplinario de Génova. En el momento de la destitución, no se produjo ninguno de estos extremos.

La autoafirmación

En cuanto a la polémica de la auto-afirmación de Ricardo Costa como secretario general a pesar de las órdenes de Génova, el ex ministro se ha posicionado del lado de su hermano. Tal y como ha dicho, al término del Comité Ejecutivo Regional de Valencia del 13 de octubre de 2009 “él salió como Secretario Regional del partido”. “Alguien mintió en ese Comité. Y no fue él porque yo estaba allí”, ha precisado. “Si hubo una distorsión entre lo que se aprobó en el Comité Ejecutivo y lo que la dirección nacional del partido pensó que se había aprobado, pues es porque alguien no trasladó la realidad”, ha puntualizado.

Costa paga sus trajes

El ex ministro de José María Aznar ha querido, asimismo, defender a su hermano de las acusaciones que se han vertido en su contra, por ejemplo, la de aceptar los famosos trajes de la trama Gürtel. “Yo a Ricardo no le he visto nunca con unos trajes regalados. En mi vida. Él se compra la ropa desde hace muchos años en el mismo sitio y tiene las facturas que acreditan el pago de esa ropa”, ha asegurado.  

www.elplural.com 18.06.10

CAMPS SE ATRINCHERA TRAS LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN Y LAS ENCUESTAS 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, regresó ayer de su viaje oficial a Moscú y se encontró, de nuevo, con las preguntas sobre el caso Gürtel en las Cortes Valencianas. Una situación sobre la que ya no oculta su incomodidad. "Es una persecución histérica de los socialistas contra la Comunidad Valenciana", aseguró Camps, que tachó al portavoz socialista Ángel Luna de ejercer de "fiscal de pacotilla". 

Ayer, en la última sesión de control de este periodo de sesiones del Parlamento valenciano, Camps se atrincheró tras la teoría de la conspiración y las encuestas electorales. Y, además, insistió en inquirir a Luna sobre su pasado como alcalde de Alicante -aunque de ello hace ya casi 20 años- y criticó la labor de oposición que realizan los socialistas. "Vienen, preguntan y luego no trabajan", insistió el jefe del Consell, que dijo: "De cada cuatro expedientes de la Generalitat, que es el Gobierno que más expedientes ha puesto a disposición de la oposición, solo un expediente ha venido a ser estudiado por los diputados socialistas". 

El portavoz socialista, Ángel Luna, sin perder la flema, replicó: "Usted no contesta, pregunta". Y luego volvió a centrar su objetivo. Luna preguntó si Camps conoce a un señor que se llama Álvaro Pérez, El Bigotes, si se hicieron regalos, si conoce una empresa llamada Orange Market, si el PP contrató con esta empresa, si lo hizo la Generalitat, si existen cuatro órganos judiciales que han hallado indicios de delito y si el Consell facilita lo contratos. "¿Es real la realidad?", preguntó.El portavoz socialista argumentó que Camps se empeña en construir una teoría con el abogado de uno de los imputados sobre el tema de los trajes, "pero todo el mundo tiene claro que no da explicaciones sobre cómo utilizó el dinero público". 

"Sólo le queda el recurso de confesar en el juzgado", prosiguió el portavoz socialista, "y si llega a septiembre estaremos aquí defendiendo la democracia y el dinero de los valencianos". 

Camps eludió las preguntas del socialista y le acusó de llevar año y medio "intentando desviar la atención de la realidad". "Le pido que en la noche electoral dé explicaciones a los socialistas por la tremenda derrota que tendrán", prosiguió Camps, "y espero que no se ponga detrás del señor Alarte [secretario general del PSPV] para explicar el fracaso electoral". "Ustedes han montado una de las artimañas más horrorosas de la historia", acusó el jefe del Consell. 

El discurso del presidente de la Generalitat fue respondido con idéntica contundencia por Luna, que le acusó de mentir, de ocultar los contratos relacionados con Gürtel, con los sobrecostes de la Ciudad de las Artes y las Ciencias y con las empresas de la familia del vicepresidente Juan Cotino. 

Tras el turno de Luna llegó el del portavoz de Compromís, Enric Morera, que acusó al presidente de la Generalitat de "traidor" al pueblo valenciano por vender el control de Bancaja y la CAM a entidades foráneas a cambio del apoyo de la dirección nacional del PP en el caso Gürtel. 

"Ha entregado el control de las cajas, pero usted es un traidor a los intereses del pueblo valenciano y ha venido a justificar un desastre que pagaremos todos los valencianos", señaló Morera, que recalcó que Camps "no está capacitado para gobernar". 

El presidente de la Generalitat acusó al portavoz de Compromís de "insolvencia total". "No conoce ni la geografía y si no se sabe de geografía es muy difícil saber de finanzas", prosiguió Camps, que insistió en que tanto Bancaja como al CAM "siguen con sus órganos de dirección y tienen capacidad para decidir a quién le dan los créditos". 

Camps manifestó que si se hubiesen fusionado Bancaja y la CAM -como él mismo llegó a proponer- se hubiese echado "a la calle a 1.500 trabajadores y el 35% de los créditos compartidos se habrían visto menoscabados". Para el jefe del Consell, dentro de unos años se verá que se han fortalecido estas instituciones. 

(www.elpais.com, 18/06/10)

CAMPS: "ESTO ES UNA PERSECUCIÓN HISTÉRICA DE LOS SOCIALISTAS CONTRA LA COMUNIDAD VALENCIANA" 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, se ha mantenido hoy a la defensiva en la última sesión de control de este periodo parlamentario. Camps sigue sin contestar a las preguntas de la oposición sobre la relación de su Gobierno con la trama corrupta del caso Gürtel ni explicar otras supuestas irregularidades en la gestión del Consell, como los sobrecostes millonarios sin justificar en la Ciudad de las Artes y las Ciencias o los contratos de la Administración valenciana con las empresas de la familia del vicepresidente Juan Cotino. 

Camps ha vuelto a atrincherarse tras los sondeos electorales y la teoría de que su imputación por supuesto cohecho pasivo por aceptar regalos de la red Gürtel es un montaje para desalojarle del Gobierno valenciano. El presidente del Consell ha acusado al portavoz socialista de estar obsesionado con la trama corrupta y de hacer de fiscal "de pacotilla". "Esto es una persecución histérica de los socialistas contra la Comunidad Valenciana", ha proclamado Camps en las Cortes valencianas. 

El portavoz socialista, Ángel Luna, ha exigido de nuevo el acceso de la oposición a los contratos de la Generalitat y ha destacado el "desliz" de la consejera portavoz, Paula Sánchez de León, en el pleno de ayer, en el que admitió que "no se dan los papeles" a la oposición. Luna ha encadenado luego una larga serie de preguntasa Campssobre la investigación judicial del caso Gürtel y su relación con la Generalitat y el propio presidente valenciano: "¿Conoce a Álvaro Pérez? ¿Le ha hecho regalos? ¿Existe Orange Market? ¿Existe Francisco Correa y tiene una trama de empresas que ha contratado con la Generalitat? ¿Es posible que haya cuatro órganos judiciales que hayan encontrado indicios de delito en toda esa actividad?...". El portavoz socialista ha concluido que Camps "ha perdido la oportunidad de dar explicaciones" y que ahora sólo le queda "el recurso de confesar en el juzgado". 

El presidente valenciano ha asegurado que "defender la verdad vale la pena" y ha acusado de nuevo a los socialistas de "montar" e insistir en el caso Gürtel para intentar llegar al gobierno de la Generalitat por un "atajo". 

Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, ha reprochado a Camps que su "incapacidad política" haya dejado a los valencianos sin un instrumento financiero propio, en referencia a las fusiones de Bancaja y CAM con otras cajas de ahorros. El presidente valenciano ha replicado que en el futuro se demostrará que las cajas valencianas serán "más fuertes y más solventes". 

(www.elpais.com, 17/06/10)

RAJOY LLEVA TRES MESES HUYENDO DE UNA FOTO CON CAMPS 

14 de marzo de 2010. El líder del PP, Mariano Rajoy, asiste al balcón del Ayuntamiento de Valencia a presenciar la mascletà de las Fallas. Horas antes ha clausurado junto a Francisco Camps la convención del PP de la Comunitat Valenciana Ahora Empleo. Hasta la fecha, esta ha sido la última vez que el presidente de los conservadores ha pisado la Comunitat.  

Hoy se cumplen tres meses desde la última visita de Rajoy al feudo de Camps, imputado por cohecho impropio por haber recibido presuntamente regalos de los cabecillas de la trama Gürtel. La última y la única aparición del líder de los conservadores en el País Valenciano en 2010. 

Atrás queda un 2009 en el que Rajoy se volcó en la región que un año antes había escogido como marco para su proclamación como presidente del PP. Una cita en la que el apoyo de Camps fue fundamental. No en vano, fue uno de los pilares a los que Rajoy se asió en sus horas más bajas de liderazgo.  

Contando el acto del pasado marzo, desde el estallido de la Gürtel en febrero de 2009, Rajoy se ha trasladado a la Comunitat en siete ocasiones. Y siempre que lo hacía, aprovechaba para jactarse de una vinculación especial a esta tierra. Como cuando aseguraba, hace hoy tres meses, que lleva a Valencia "en el corazón".  

También aprovechaba para ensalzar a su barón regional. "Siempre estaré detrás de ti. O delante o al lado. Da igual", llegó a decirle a Camps el 2 de junio de 2009, dos meses antes de que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) cerrara en falso la causa de los trajes. Hoy, el apoyo ya no es tan cerrado. 

La muestra más reciente de que no quiere ahora verse en las portadas de los periódicos ni abriendo telediarios de la mano del líder de los conservadores de la Comunitat se produjo el pasado 22 de mayo. Este día, ni Rajoy, ni ningún otro miembro de la dirección nacional del partido acudió a Valencia a arropar a Camps después de que el Supremo ordenara al TSJCV la reapertura de la causa de los trajes. Optaron por otro plan: arropar a Alicia Sánchez Camacho, candidata del PP a las catalanas, en una caracolada en Lleida. 

El argumento de defensa de la dirección nacional del PP es que el acto celebrado en Catalunya tenía perfil "nacional" y el resto de citas que los conservadores había convocado para ese día eran regionales. Pero pocos dirigentes compartían esta tesis. "Rajoy no ha retirado su apoyo a Camps porque le mantiene en el cargo. Pero prefiere mantenerse distante, enfriar la relación", explica un diputado.  

"No hace falta que sigamos volcándonos con Camps. En Valencia ganamos con o sin él", añade un miembro del comité ejecutivo nacional del partido. 

En este contexto, Rajoy ha compensado sus ausencias en la Comunitat multiplicando sus apariciones en actos de partido en Andalucía, Castilla-La Mancha o Aragón. Precisamente, hace un par de semanas el líder del PP acudía a Zaragoza para arropar a Luisa Fernanda Rudi al acto de proclamación de su candidatura para las autonómicas de 2011. Se trata de un momento para el que Camps tendrá que esperar.  

El PP, que agotará todas las vías legales posibles para evitar que Camps se siente en el banquillo, prefiere no precipitarse antes de nombrar a su candidato a la Comunitat. Y es que, además de por cohecho impropio, Camps puede ser encausado por prevaricación, fraude fiscal, falsedad documental o financiación ilegal. 

Por ello, la proclamación del candidato a la Generalitat puede ir para largo. La semana pasada, en la rueda de prensa posterior al comité de dirección del partido, María Dolores de Cospedal aseguró que "de momento", el partido no tiene "ningún acto" próximo en la agenda que vaya a tener a la Comunitat como escenario. "Se irá planteando en cada comunidad", dijo la número dos del PP preguntada sobre la proclamación de candidaturas para las autonómicas.  

Está por ver si Rajoy decide volver a Valencia en las próximas semanas para celebrar el segundo aniversario del XVI congreso nacional de Valencia.  

(www.publico.es, 14/06/10) 

LAS PALABRAS DE LÍDER DEL PP EN LA COMUNITAT DESDE EL ESTALLIDO DE LA ‘GÜRTEL' 

"Me siento muy bien rodeado. Es un honor estar en la ciudad [Valencia] y deseo volver muchas veces"

18 de marzo de 2009. Valencia. Declaraciones de Mariano Rajoy en el balcón del Ayuntamientode Valencia, donde acudió a presenciar la mascletà de las Fallas.  

"Paco [Camps], estamos contigo, como siempre, y la historia será feliz [...] para disgusto de los inquisidores del siglo XXI" 

24 de mayo de 2009. Alicante. El líder del PP acudió a Alicante en la recta final de las elecciones europeas del 7 de junio.  

"Esta autonomíaha sido perjudicada en Europa porla demagogia de los socialistas" 29 de mayo de 2009. Castellón. Escoltado por Camps y Fabra, dirigentes con causas abiertas en los tribunales, Rajoy volvió a acudir a la Comunitat a hacer campaña para el 7-J.  

"[A Camps] Te he visto actuar muchas veces y creo en ti [...] Yo siempre estaré detrás de ti, o delante o al lado. Da igual" 

2 de junio de 2009. Valencia. El PPCV llenó la plaza de toros de Valencia. Este acto de campaña se transformó realmente en un acto de respaldo al president.  

"Por más que algunos se empeñen no podrán doblegar la voluntad y espíritu del Partido Popular" 

27 de junio de 2009. Valencia. El PP celebraba el primer aniversario de su XVI congreso nacional. El líder del PP evitó cualquier tipo de alusión directa al ‘caso Gürtel'.  

"[Los socialistas] quisieron con sus acusaciones en los juzgados lograr lo que no consiguieron en las urnas" 

4 de septiembre de 2009. Valencia. En esta ocasión, Rajoy volvió a evitar alusiones directas a Camps. Pero habló de la ‘Gürtel' como un invento del PSOE.  

(www.publico.es, 14/06/10)

La firma que montó un acto de Barberá con Gürtel cobró 700.000 euros de fundaciones

La actual secretaria ejecutiva del PP local trabajó en la firma hasta que cerró

El grupo empresarial Laterne, al que el PP de Valencia encargó la organización de un gran evento en la precampaña electoral de 2007, acabó recurriendo al responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes, para intentar salvar un mitin en el polideportivo de El Cabanyal con presencia de Rita Barberá, Mariano Rajoy, Francisco Camps, Alberto Fabra y Luis Díaz Alperi.

  • Un portavoz oficial asegura que CeyD tiene sus cuentas auditadas

  • La firma se llevó 500.000 euros por un trabajo de campo de turismo

Laterne, que contrató a la empresa de la trama Gürtel la realización y emisión satélite del acto de presentación de los candidatos del PP a los ayuntamientos de las tres capitales, pinchó en la organización de un acto montado habitualmente por Orange Market por encargo de la dirección regional del PP.

Sin embargo, pese las críticas a la mala organización del mitin, Laterne mantuvo relación ya sea con el Ayuntamiento de Valencia que dirige Rita Barberá o con sus fundaciones o asociaciones municipales hasta que cerró en 2008.

Dos empresas del Grupo Laterne, fallido patrocinador del Valencia C. F., cobraron en cuestión de seis meses algo más de 700.000 euros -de noviembre de 2007 a mayo de 2008- de dos entidades municipales de Valencia: la fundación Valencia Turismo Convention Bureau y la asociación local Centro de Estrategias y Desarrollo de Valencia, CEyD. La fundación pagó a Laterne 500.000 euros fraccionados en cuatro facturas, la mayor de 200.000 euros, según documentación a la que ha accedido este diario, por trabajos relacionados con el turismo. La celeridad con que se libraron estas facturas contrasta con el retraso con que el consistorio paga a alguno de sus proveedores.

El PSPV ha pedido al Ayuntamiento, que financia en más del 90% estas dos entidades, explicaciones de la relación con Laterne, que ha sido denunciada por el Valencia CF por incumplir el contrato de patrocinio de la marca Valencia Experience.Laterne, consultora dirigida por Vicente Sáez Tormo, suspendió pagos en el verano de 2008. La consultora fue denunciada por los trabajadores por impago de salarios. En julio de dos años atrás, los despachos de la sede quedaron vacíos y los empleados en la calle. Según ha rastreado la oposición -que no ha logrado que el Ayuntamiento le informe de su relación con la consultora-, el consistorio o las entidades municipales han abonado 1,2 millones de euros al grupo Laterne desde 2001 por diferentes trabajos.

La Fundación Valencia Convention Bureau pagó a Laterne Product Council 500.000 euros de noviembre de 2007 a enero de 2008. Si el periodo es desde 2001, la facturación asciende a más de 700.000 euros. "Hay un paraíso para los proveedores privilegiados que son las fundaciones y entidades municipales", denunció hace unos meses la edil socialista Ana Botella en el pleno del Ayuntamiento. No es la única entidad que ha pagado religiosamente a las empresas del grupo Laterne. La asociación CeyD abonó a la empresa del grupo Laterne City Marketing Council otros 400.000 euros de 2007 a 2008 por su trabajo en el Observatorio de Políticas Urbanas de Valencia, principalmente. El Observatorio no se presentó hasta 2009, un año después de que Laterne se fuera a pique, y se encargaron de presentarlo otras empresas.

La relación del Grupo Laterne con el Ayuntamiento o sus entidades sin ánimo de lucro arranca al menos de 2001. Pero la etapa más intensa se produjo entre 2006 y 2008. Uno de los últimos actos en los que Laterne tuvo relación con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, fue el 16 de febrero, durante la campaña electoral de las municipales de 2007.

Laterne Producciones Council subcontrató a Orange Market, implicada en la trama Gürtel, los servicios audiovisuales para la presentación de la candidatura de Barberá y de los candidatos por Castellón y Alicante. El acto se celebró en el polideportivo de El Cabanyal y costó 22.900 euros. La mayoría de las pantallas, instaladas en la calle para seguir el mitin, fueron innecesarias al incumplirse la previsión de asistentes al mitin, que cerró una jornada de actos de Camps y Barberá con Mariano Rajoy en Valencia.

La nómina de empleados de Laterne incluye nombres y apellidos curiosos. Allí trabajaron un primo del ex concejal de Innovación del Ayuntamiento de Valencia Eduardo Santón Moreno y Patricia Iserte que, tras la caída del grupo, fue fichada como asesora en el Ayuntamiento de Valencia y más tarde se convirtió en secretaria ejecutiva del PP en la ciudad de Valencia.

La relación entre el primer teniente de alcalde de Valencia, Alfonso Grau, y Vicente Sáez Tormo no es nueva. Como dijo Grau en el pleno, en respuesta a preguntas de la oposición, Sáez Tormo hizo la residencia de cirugía en su departamento cuando el primer teniente de alcalde ejercía de médico.

En conversación con un portavoz de la fundación Valencia Convention Bureau, los 500.000 euros se pagaron por un trabajo de campo que Laterne hizo de cara a la revisión del plan estratégico de este departamento turístico. La relación duró desde 2006 hasta finales de 2007 "Y no se pagó con celeridad, se pagó al final de los trabajos, por eso fueron tan seguidos", comentó el citado portavoz. Nadie dio ninguna instrucción a la fundación para contratar a Laterne "se buscaron varias propuestas y la que más gustó fue la de Laterne", precisó.

Por lo que respecta a CeyD, la concejalía de Grandes Proyectos, que dirige Alfonso Grau, reconoce que sí hubo relación. Se rescindió la relación con Laterne y se dirigieron a otra empresa. Esta portavoz añadió que la asociación municipal se somete cada año a una auditoría.

www.elpais.es 13.06.10

El PP valenciano acusa ahora a la Policía Nacional de espiarle

El Partido Popular valenciano ha presentado una denuncia contra la Policía Nacional ante el juzgado de guardia para que se investiguen supuestas grabaciones y escuchas ilegales junto a la sede del partido en la capital de esa Comunidad.

De acuerdo con la denuncia, el pasado jueves por la tarde la Policía Local detectó un "vehículo sospechoso" de estar haciendo actuaciones de seguimiento y grabación junto a la sede de los populares valencianos mientras Rita Barberá presentaba su nueva página web. El conductor de la furgoneta camuflada se identificó, según la misma versión, ante los escoltas de la alcaldesa como Policía Nacional y argumentó que estaban realizando tareas de vigilancia del Jardín Botánico, próximo a la sede del PP.

Las escuchas del caso Gürtel
El secretario general del PP valenciano, Antonio Clemente, en rueda de prensa, este viernes, anunció la denuncia contra la Policía Nacional, y recordó las grabaciones realizadas en la cárcel a los abogados de los imputados en el caso Gürtel , que "exculpaban" al president de la Generalitat, Francisco Camps, y que "han sido separadas de la causa", sin que se sepa por parte de quién, según ha afirmado el dirigente popular. ¿Se trata del contraataque de Camps por su implicación en este proceso judicial? 

"Hechos de este estilo"
Clemente destacó que el PP confía en instituciones, como pueden ser la Guardia Civil, la Policía Nacional o la Policía Local, pero para que esa confianza "siga siempre así es importantísimo que hechos de este estilo se aclaren cuanto antes", dijo.  El secretario general del PP valenciano recordó que en los últimos meses se han conocido noticias "preocupantes en un Estado de Derecho", como escuchas telefónicas "con métodos altamente sofisticados, como Sitel", o la exhibición de informes policiales bajo secreto de sumario exhibidos en la tribuna Les Corts.

"Persecusiones", "vigilancia"
Para Clemente, "son hechos altamente preocupantes, con cierto olor a podrido", y aseguró que desde el PP no se van a "tolerar las persecuciones", porque están "hartos de esta vigilancia" y de que "se vulnere el Estado de Derecho". Según el dirigente popular, "lo que le pasa al PP le puede pasar mañana o estar pasando hoy mismo a cualquier ciudadanos de la Comunitat Valenciana", por eso indicó que el único objetivo de la denuncia es "saber la verdad", ya que han pasado 48 horas desde los hechos y no se ha dado "ninguna explicación".

www.elplural.com 13.06.10

 

CAMPS QUIERE ACALLAR A LA OPOSICIÓN 

"Yo sí que voy a pedir a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen hasta dónde ha vuelto a llegar usted", le respondió ayer Francisco Camps al portavoz socialista, Ángel Luna, en medio del duro intercambio dialéctico de la sesión de control en las Cortes Valencianas. El portavoz de la oposición le había preguntado cuántos casos Gürtel caben en los 600 millones de euros de sobrecoste irregular de la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y el presidente de la Generalitat, que ha decidido contraatacar desde su acorralamiento judicial por los escándalos de corrupción política que le afectan, añadió que espera que "alguna vez, algún fiscal" actúe contra el diputado socialista. "Detrás de sus palabras y de cada una de sus insidias, estoy completamente convencido de que hay algún tipo de irregularidad", le espetó. 

Luna respondió en los pasillos con sorna y recitó unos versos del Tenorio -"No me causan pavor vuestros semblantes esquivos..."-, para señalar que, aunque entendió la frase del jefe del Consell como "una amenaza", ha decidido enmarcarse en su despacho las dos reprobaciones que el PP ya ha aprobado contra él en la Cámara autonómica para que le den coraje todos los días. El diputado socialista no olvidó recordar que también la parlamentaria de Compromís Mònica Oltra sufre presiones similares. Una parlamentaria que en el hemiciclo le había lanzado a su vez un cable al acusar a Camps de creerse el "rey Sol" y estar obsesionado "por acallar a la oposición, con reprobaciones al señor Luna y con querellas a diestro y siniestro". 

El caso de Oltra centró una buena parte del debate en las Cortes porque el portavoz de Compromís, Enric Morera, arremetió contra Camps por la querella presentada por cuatro diputados (Rafael Blasco, César Augusto Asencio, Vicente Betoret y Marisol Linares) y tres concejales del PP (Alfonso Grau, Miquel Domínguez y Alfonso Novo), encabezados por Blasco, en su condición de portavoz parlamentario y consejero de Solidaridad y Ciudadanía, contra la diputada el pasado viernes. Una acción, de la que se tuvo conocimiento el miércoles, que ha sido rechazada por el juez y cuya pretensión era obtener una condena de cárcel y una inhabilitación de Oltra "por tiempo de 10 a 15 años". El caso se instruye en el Tribunal Superior de Justicia por una supuesta "falta leve" de Oltra al oponerse el pasado abril a los derribos exprés que la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ordenó en el barrio de El Cabanyal. 

"¿Ha dado usted la orden de presentar esa querella? ¿Es usted el que ha decidido presentar la querella contra Mònica Oltra", le retó Morera desde la tribuna. "Sabemos que desde altas instancias del Ayuntamiento se insistió a la policía para que hiciera un atestado que diera paso a esta querella, y ahora sabemos que al presidente de la Generalitat le molesta la oposición firme de Compromís", dijo Morera, que acusó a Camps de perseguir a la oposición y a "miles de valencianos demócratas" porque "no aguanta la crítica". 

El presidente del Consell, embarcado en una cruzada para intentar que las elecciones de la próxima primavera le absuelvan de las graves imputaciones de corrupción que investigan los tribunales, consideró "paradójico" en la réplica al portavoz de Compromís que la oposición se queje de persecución. "No han dejado de perseguir a los que legítimamente hemos sido elegidos por el pueblo", alegó en referencia a la querella de los socialistas que les ha permitido personarse en la investigación del caso Gürtel, para añadir: "Es antidemócrata intentar llegar a los bancos azules, no a través de las urnas, sino a través de los tribunales". 

Lo cierto es que, al margen del mayor caso de corrupción política registrado hasta ahora en España, el recurso a los tribunales contra políticos de la oposición parecía hasta hace unos meses patrimonio de Carlos Fabra, el presidente de la Diputación de Castellón y líder provincial del PP, que cada vez se ve más cerca del banquillo. Denunció, por ejemplo, a la diputada de Esquerra Unida Marina Albiol por unas pegatinas repartidas durante unas fiestas con el lema "Fabra a la presó!", pero el caso lo acabó archivando el TSJ. 

Sin embargo, ahora, además de la querella contra Mònica Oltra en el caso abierto por la Policía Local de Valencia, y en el que también intentó personarse sin éxito el propio Ayuntamiento; el PP tiene presentada una denuncia contra Ángel Luna por esgrimir en un pleno un informe del caso Gürtel que estaba en ese momento bajo secreto de sumario, mientras el vicepresidente tercero de la Generalitat, Juan Cotino, ha presentado una demanda de conciliación previa a una denuncia contra el propio Luna y el diputado socialista Francesc Signes, que han insistido en acceder a las adjudicaciones de las empresas de su familia, también vinculadas a la supuesta financiación ilegal del PP en el contexto del caso Gürtel. 

Los populares renunciaron a presentar -así lo dejó ver Rafael Blasco- otra querella anunciada contra el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, por asegurar que Camps no se vendió por cuatro trajes sino "por más de 30 millones en contratos con la trama Gürtel", ya que era difícil de argumentar una vez que el juez Antonio Pedreira avaló esa tesis al trasladar al TSJ valenciano la mayor parte del caso. Pero Camps no se da por satisfecho. 

(www.pais.com, 11/06/10) 

CAMPS NO ACLARA EL SOBRECOSTE DE LA CIUDAD DE LAS ARTES 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, evitó ayer explicar el sobrecoste de cerca de 600 millones de euros en las obras de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, cuyo presupuesto inicial, de 311 millones, casi se ha triplicado. 

El portavoz de los socialistas valencianos, Ángel Luna, que interpeló ayer a Camps en las Cortes Valencianas, expresó su preocupación por el descontrol en la gestión de la Generalitat y exigió a Camps que muestre la documentación que justifica el sobrecoste, que fue de 100.000 millones de pesetas, en el complejo urbanístico diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava. 

"Los sobrecostes del Palma Arena han puesto en la picota a un amigo suyo, [el ex presidente balear] Jaume Matas, que ostenta todavía el título de embajador de la Comunidad Valenciana, por 50 millones de euros, y aquí había 600 millones de desfase a finales de 2008", argumentó Luna. "Gürtel [la trama de corrupción] es un problema de dos docenas de millones de euros, y aquí hablamos de 600 sin control de ninguna clase. ¿Cuántos Gürtel caben en ese gasto sin control?", preguntó el socialista. 

Luna señaló que la Sindicatura de Comptes (el órgano que audita las cuentas de la Generalitat valenciana) destaca desde 2004 en sus informes que las modificaciones presupuestarias de la Ciudad de las Artes y las Ciencias no quedan justificadas. 

"Las cuentas están perfectamente fiscalizadas", se limitó a señalar Camps, que acusó al portavoz socialista de intentar destruir la imagen de la Comunidad Valenciana por pedir explicaciones de un sobrecoste que ha crecido exponencialmente. 

El presidente de la Generalitat no sólo acusó de antivalencianismo a Luna, sino que le advirtió: "Pediré a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen hasta dónde ha llegado usted [con sus declaraciones]". Y sentenció: "Tras sus insidias estoy convencido de que hay algún tipo de delito".

El caso Gürtel volvió a condicionar ayer la sesión de control en las Cortes Valencianas. Luna criticó la relación de Camps con los otros miembros de la trama corrupta. El socialista lamentó que Canal 9, que apenas ha informado del caso Gürtel, emitiese el miércoles una entrevista de 18 minutos de duración con el abogado defensor de los imputados Pablo Crespo y José Luis Ulibarri para defender a Camps y atacar a las instituciones del Estado. "Usted tiene un grado de intimidad procesal [con miembros de la trama] que resulta obsceno, políticamente hablando", señaló Luna. Y Camps replicó: "No es el abogado del señor Crespo, es el abogado que fue grabado ilegalmente en la cárcel y alguien tendrá que dar cuenta de por qué ocultó las conversaciones [en las que se dice que el presidente de la Generalitat pagó los trajes] para iniciar el montaje". 

(www.pais.com, 11/06/10) 

CAMPS USARÁ A LOS ABOGADOS DE LA GENERALITAT PARA DENUNCIAR A LUNA  

El presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, amenazó ayer al síndic socialista Ángel Luna con llevarle a los tribunales si continúa acusándole de irregularidades en las sesiones de control de las Corts. Para parar los pies a quien se ha convertido en su azote político -jueves a jueves Luna pone al jefe del Consell frente al espejo del caso Gürtel- el presidente no dudó en afirmar desde su escaño que solicitará a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen la intervención del socialista por si pudieran ser constitutivas de delito. 

Ayer, una vez más el escándalo de la trama de Correa se coló en el hemiciclo, aunque Luna puso el acentó en otro tipo de contratación: la realizada en la Ciudad de las Artes y las Ciencias que se ha saldado con un sobrecoste de 587 millones de euros, según la Sindicatura de Comptes.  

El portavoz socialista comparó el gasto "sin control" en el complejo de ocio c0n el caso del velódromo Palma Arena, el escándalo de corrupción que afecta al ex presidente de Baleares y embajador de la Comunitat Valenciana, Jaume Matas. Y se preguntó "cuántos gürtels caben en 600 millones de euros". Luna retó al presidente a ensañar a la oposición los expedientes de gestión de las obras dirigidas por el arquitecto Santiago Calatrava y recalcó que la diferencia de este asunto con Gürtel es que los expedientes de la trama "los hemos visto gracias a la intervención de los jueces". Ante el silencio del presidente y ya en los pasillos de las Corts, Luna insinuó que si la vía política falla el PSPV podría llegar a los tribunales para tener acceso a la documentación. 

En su intervención, Camps defendió la fiscalización de las cuentas de la Generalitat y acusó a Luna de tratar de "ensombrecer" a la Comunitat Valencana con sus manifestaciones. "Yo sí que voy a pedir a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen hasta dónde ha vuelto a llegar usted y espero que, alguna vez, algún fiscal, sus palabras o sus hechos, intenten dictaminarlo, porque detrás de cada una de sus palabras y cada una de sus insidias, estoy completamente convencido de que hay algún tipo de irregularidad", declaró Camps. 

(www.levante-emv.com, 11/06/10) 

EL PSPV ACUSA AL GOBIERNO DE CAMPS DE GASTAR 600 MILLONES SIN JUSTIFICACIÓN 

"100.000 millones de pesetas, 600 millones de euros, se ha gastado su Gobierno sin que quede justificado el por qué se realiza el gasto y sin que el organo competente haya aprobado nada". Son las acusaciones que el síndic del PSPV en las Cortes, Angel Luna, lanzó hoy a Francisco Camps.  

Luna recordó que en el caso Palma Arena "se ha puesto en la picota" al ex presidente balear Jaume Matas "por 50 millones de sobrecostes" y subrayó que CACSA en 2008 tenía 600 millones de sobrecoste "sin control sin aprobación, sin justificación de nadie, como dice la Sindicatura de Cuentas". 

De esta manera, le preguntó a Camps "si está dispuesto a enseñar" los expedientes de gestión de las obras y recalcó que la diferencia de este asunto con Gürtel es que los expedientes de la trama "los hemos visto gracias a la intervención de los jueces". 

Francisco Camps respondió asegurando que va a pedir a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen "hasta dónde ha vuelto a llegar" el portavoz del PSPV con sus declaraciones . Camps consideró que, con esta manifestación, se había cometido "algún tipo de irregularidad".  

El síndic socialista explicó que "más allá de Gürtel", les preocupa la gestión económica del Gobierno del PP y del "contexto que ha hecho posible el 'caso Gürtel' y puso como ejemplo la construcción de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (CAC), un proyecto que calificó de "megalómano", y cuyo presupuesto inicial era de 311 millones de euros y en 2008 el sobrecoste era del 188%. "100.000 millones de las antiguas pesetas", recalcó. 

Al respecto, señaló que la Sindicatura de Cuentas ha venido repitiendo desde 2004 que el sobrecoste ha tenido lugar "sin que se haya modificado contractualmente la modificación ejecutada". 

Las modificaciones de la obra, además, "no quedan justificadas" por el director de obra "junto con el proyecto modificado" y su "aprobación por el órgano competente". Luna anunció que pedirán de nuevo los expedientes de obras y en caso de que no se los dejen ver, no descartó llegar a los tribunales, dijo luego en los pasillos. 

Durante la discusión de la cuestión de CAC, el portavoz del PSPV acusó a Camps de "satisfacer los caprichos" del arquitecto Santiago Calatrava, "que llevan a los sobrecostes". Frente a esto, el presidente de la Generalitat quiso hacer saber "a todo el mundo" que Luna había llamado "caprichoso" a uno de los arquitectos que "más esplendor" ha dado a la Comunidad y "más reconocimiento" tiene en España. 

Camps, además, le respondió que "capricho" es lo que hizo Luna como alcalde de Alicante de poner "granito escandinavo" en los bordillos de las aceras de la ciudad, para, a continuación, decir: "por cierto, me enteré que se fue además de crucero por los Fiordos, para ver seguramente dónde estaban los minerales", añadió irónicamente. 

Luna en el pleno negó haber ido y en los pasillos explicó que no fue de crucero, sino en coche desde Alicante para ver a su hijo que estaba con una beca. 

(www.publico.es, 11/06/10)

EL PP ORDENA VER UNA ENTREVISTA POR TV A UN ABOGADO DE GÜRTEL  

Los diputados del PP recibieron el martes mensajes SMS y llamadas telefónicas desde la dirección del grupo de las Corts y, en concreto, del portavoz, Rafael Blasco, para que siguieran la entrevista en una televisión de Ignacio Peláez, letrado de los imputados del caso Gürtel, Pablo Crespo -mano derecha de Francisco Correa- y el constructor José Luis Ulibarri. El seguimiento de la entrevista era obligatorio, según las instrucciones, con el fin de comentarla en la reunión del grupo de ayer a primera hora, antes del pleno. 

En este encuentro, Blasco se aferró a Peláez para proclamar que, con la intervención del letrado, que ha acusado a las fiscales de eliminar una prueba exculpatoria de Camps -la conversación en la que Crespo decía que el jefe del Consell se pagó sus trajes- "por primera vez se va a comenzar a desmontar la trama", según pusieron en su boca fuentes de la reunión. El portavoz consideró que los populares ya pueden "sacar pecho" porque, dijo, se demuestra "que todo era una trama" y una "persecución al presidente". Blasco elogió a Peláez, una tercera persona, "con mejor criterio", y que, probablemente por la distancia, está "viendo cómo se desmonta todo".  

El portavoz del PSPV, Ángel Luna, vio "grotescos" los esfuerzos de Camps y del PP para tratar de "exculparse" de la trama Gürtel. En concreto, aludió al "bochorno" que sufrieron ayer al ver cómo Peláez, en una entrevista por la mañana de 18 minutos en Canal "trataba de defender la posición procesal de Camps". "Es evidente que hay una identidad de intereses en todo este asunto entre los más graves imputados dirigentes de la trama y el señor Camps". 

(www.levante-emv.com, 10/06/10)

LUNA DENUNCIA UN SOBRECOSTE DE 600 MILLONES SIN JUSTIFICAR EN LA CIUDAD DE LAS ARTES 

El portavoz socialista, Ángel Luna, ha exigido hoy sin éxito al presidente valenciano, Francisco Camps, explicaciones sobre el sobrecoste de 600 millones de euros, cerca de 100.000 millones de pesetas, de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia. Luna ha explicado que la Sindicatura de Comptes (el órgano encargado de auditar las cuentas de la Generalitat) registró en su último informe correspondiente a 2008 un sobre coste de 587 millones de euros sin justificar en el complejo urbanístico diseñado por el arquitecto Santiago Calatrava, lo que supone un incremento superior al 188% sobre el presupuesto inicial, cifrado en 311 millones de euros. 

"Los sobrecostes del Palma Arena han puesto en la picota a un amigo suyo, Jaume Matas, que por cierto ostenta todavía el título de Embajador de la Comunidad Valenciana, por 50 millones de euros y aquí había 600 millones de desfase a finales de 2008", ha argumentado Luna. Y ha añadido: "Gürtel es un problema de dos docenas de millones de euros, y aquí hablamos de 600. ¿Cuántos Gürtel caben en ese gasto sin control?". 

El presidente de la Generalitat, lejos de contestar, ha amenazado al portavoz socialista con denunciarle por sus manifestaciones. "Pediré a los servicios jurídicos de la Generalitat que analicen hasta dónde ha llegado usted", ha proseguido Camps, "porque tras sus insidias estoy convencido de que hay algún tipo de delito". "Las cuentas de la Ciudad de las Artes y las Ciencias están perfectamente fiscalizadas", ha insistido Camps, que ha acusado al socialista de querer destruir la imagen de la Comunidad Valenciana. 

Una advertencia que no ha arredrado a Luna, que ha preguntado a Camps si está dispuesto a poner encima de las mesa los papeles de la Ciudad de las Artes y las Ciencias que justifiquen el sobrecoste de 100.000 millones de las antiguas pesetas. 

Camps ha esquivado todas preguntas y ha vuelto a insistir en que el portavoz socialista desvele quién le facilitó un informe bajo secreto de sumario de la trama corrupta que exhibió en otra sesión de control de las Cortes. Le ha exigido a Luna que diga si los datos del sumario se los facilitó la policía, la fiscalía o un juez, y ha retomado la teoría de que su imputación por cohecho pasivo por aceptar regalos de la trama es un "montaje" de instituciones controladas por el gobierno. 

Por su parte, el portavoz de Compromís, Enric Morera, ha solicitado sin éxito a Camps que respondiera con claridad si dio orden a uno de sus consejeros y varios diputados de que intentaran personarse en la denuncia contra la diputada de su grupo Mònica Oltra por desobediencia a la Policía Local de Valencia en las protestas del pasado abril contra el derribo de varias casas en el barrio de El Cabanyal. 

(www.elpais.com, 10/06/10)

EL JUEZ QUE ARCHIVÓ EL 'CASO CAMPS' CRITICA A LOS MEDIOS 

Juan Luis de la Rúa, presidente en situación de prórroga del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y del que Francisco Camps, presidente valenciano, dice que la palabra amistad no es suficiente para definir la relación que mantiene con él, reprochó ayer a los medios de comunicación la imagen que ofrecen de la Justicia. Lo hizo en el acto de jura de la 60ª promoción de jueces, en la sede del TSJCV. 

De la Rúa, que archivó junto a otro magistrado la causa por cohecho impropio contra Camps y ahora ha visto cómo su criterio ha sido rectificado y vapuleado por el Tribunal Supremo, que ha ordenado reabrir el caso, afirmó ayer que los medios proyectan a la sociedad una imagen de la Justicia que no se corresponde con la realidad porque convierten en noticia los errores. 

De la Rúa no hizo referencia al caso Gürtel en su intervención, en la que definió los tiempos que corren como convulsos. Pero él, desde su presidencia, se enfrenta desde que estalló el caso Gürtel a la constante observación y crítica de los medios de comunicación por el papel que desempeña. El presidente Camps hizo una declaración pública donde le consideraba mucho más que un amigo poco antes de que fuera imputado por un delito de cohecho pasivo impropio. 

De la Rúa no solo no se inhibió por iniciativa propia de cualquier participación en el procedimiento sino que defendió en público y en privado la legitimidad de su participación. Él firmó el auto de archivo que luego ha revocado el Tribunal Supremo, echando por tierra su insólita interpretación, apoyada por el magistrado José Francisco Ceres, del cohecho pasivo impropio. En ella consideraba necesaria la relación directa entre el regalo y la posibilidad de articular una contrapartida, aunque el Código Penal no establece esa relación. 

De la Rúa, que acudió en calidad de presidente del TSJCV a un acto electoral del PP en las últimas elecciones autonómicas, ha querido controlar la evolución del proceso judicial que afecta al presidente Camps y a otros tres altos cargos del PP valenciano. La información ofrecida de su gestión por los medios de comunicación, como dijo ayer en forma de reflexión general, le parece que no refleja la realidad de la Justicia valenciana. 

(www.elpais.com, 10/06/10)

EL TSJ CONGELA LA INVESTIGACIÓN DE LAS FINANZAS DEL PP HASTA QUE PEDREIRA CONTESTE AL PP  

La conocida como causa de los trajes -la rama valenciana del caso Gürtel- ya está otra vez en marcha, según informó ayer la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV). Los magistrados valencianos, tras recibir la sentencia dictada por el Tribunal Supremo el pasado 17 de mayo, trasladaron ayer al juez instructor, José Flors, la documentación sobre la causa, junto con sus anexos y soportes informáticos para que continúe la tramitación del procedimiento tal como establece el fallo. Cuestión aparte es la inhibición del magistrado del TSJ de Madrid, Antonio Pedreira, sobre los posibles delitos de cohecho propio, castigado con pena de prisión; contra la administración pública; de falsedad en documento mercantil; prevaricación; asociación ilícita y delito electoral cometidos por varios altos cargos del Partido Popular de la Comunitat Valenciana y del Consell, así como por varios empresarios valencianos.

Sobre esta cuestión, la Sala afirmó que, "en cuanto al auto de inhibición parcial del magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la Sala de lo Civil y Penal acordó solicitar informe sobre la firmeza del mismo". En este sentido hay que tener en cuenta que la Sala sólo podrá valorarlo jurídicamente y adoptar un pronunciamiento en el momento en que esta resolución sea firme, según el comunicado remitido por el TSJ valenciano

Los magistrados han pedido a Pedreira que aclare si el auto de inhibición es firme porque está recurrida por el Partido Popular, un recurso sobre el que el magistrado del TSJ de Madrid todavía no se ha pronunciado.

Mientras la investigación sobre la financiación irregular del PP queda congelada, la sala ha cumplido con el trámite de remitir la sentencia del Supremo al instructor de la causa de los trajes. Sin embargo, es poco probable que Flors tome ninguna decisión de calado sobre esta causa que él mismo ya dejó a las puertas de la celebración de juicio oral. Dada la posible conexidad de delitos que podría darse entre la instrucción de Madrid y el proceso contra Camps por un presunto delito de cohecho impropio, todo apunta a que Flors esperará también a la contestación de Pedreira.

Cabe apuntar que uno de los escenarios posibles es que Flors decida abrir el abanico de supuestos delitos, con lo cual la instrucción empezará prácticamente de nuevo. Se abriría un plazo para tomar nuevas declaraciones y practicar otras diligencias. Algunas fuentes jurídicas apuntan que en este caso el proceso judicial podría demorarse meses incluso hasta después de las elecciones de 2011. 

(www.levante-emv.com, 09/06/10)

EL JUEZ FLORS RETOMA EL SUMARIO DE LOS TRAJES REGALADOS A CAMPS 

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Flors ya puede concluir la investigación que dirigió contra el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y otros tres altos cargos de su Gobierno por supuesto delito de cohecho pasivo impropio. Tras la sentencia del Tribunal Supremo que estimó por unanimidad de la Sala Segunda que debía continuar la investigación, frente al archivo dictado por el Tribunal Superior valenciano, con su presidente, Juan Luis de la Rúa, al frente, Flors ha recuperado el sumario. 

Queda poco de esa instrucción, salvo sorpresas. De entrada, nada más reabrirla, debe responder a dos recursos. Después de eso, y salvo que el juez considere que deben practicarse nuevas pruebas, Flors convocará la vista de concreción de imputación. En ese trámite, las partes -es decir, la Fiscalía Anticorrupción, la acusación popular ejercida por los socialistas valencianos y las defensas- concretarán de qué se acusa a Camps; a Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat; a Ricardo Costa, ex secretario general del PP valenciano y diputado autonómico; y Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo y actual asesor de la Diputación de Valencia. 

Las acusaciones solicitarán el procesamiento. Las defensas, el archivo. El juez Flors ya valoró como indicios suficientes para investigar los hechos la información incluida en el sumario y derivada de las testificales, de la documentación de los registros, de Hacienda y de la policía. Por tanto, es previsible que concluya la instrucción con la apertura de juicio oral para jurado, decisión que no admite recurso. Si archiva, sí. Hasta ese momento, Flors se prepara para un alud de recursos de las defensas. 

El TSJCV, además, ha solicitado al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Madrid, que informe sobre la firmeza de su inhibición al tribunal valenciano. Hasta que esa decisión no sea firme, la Sala no podrá decidir sobre su competencia en el asunto. 

(www.elpais.com, 09/06/10) 

LA FISCALÍA ACUSA A EL BIGOTES DE "ENTREGAR SOBRES O DINERO A CARGOS PÚBLICOS" 

Por primera vez en la investigación del caso Gürtel, la Fiscalía Anticorrupción se ha referido sin matices a los sobornos en metálico que habría pagado el supuesto cabecilla valenciano de la red, Álvaro Pérez El Bigotes, a altos cargos del sector público. Así consta en un informe de la Fiscalía Especial contra la Corrupción fechado el pasado 1 de junio en el que se acusa al gerente de Orange Market de “entregar sobres o dinero a cargos públicos en distintos ejercicios”. El Ministerio Público, en cualquier caso, no cita a responsables de la Generalitat, aunque sí deja claro que se opone de manera tajante a la petición de la defensa de El Bigotes de convertir en mensuales sus comparecencias, que ahora son semanales, informa el diario regional Las Provincias.  

Además de ser contraria a suavizar las medidas cautelares contra Pérez, el fiscal ha advertido de que en cualquier momento se pueden pedir “medidas más gravosas para la libertad del imputado” como por ejemplo su encarcelamiento, dada la “gravedad de los delitos” que siguen apareciendo.

Los “sobres” 

Anticorrupción ha relatado que las investigaciones están adquiriendo nuevos matices y que las pesquisas relacionan a El Bigotes con otros supuestos delitos más graves como el delito electoral, contra la Administración Pública, o falsedad en documento mercantil. Además, ha destapado la existencia de “sobres o dinero” destinado a “cargos públicos” que estarían conectados con los supuestos ilícitos contra la Administración. El fiscal, eso sí, no precisa quiénes serían los supuestos receptores de esos sobornos, ni su cuantía u objeto. Tampoco aclara a qué “ejercicios” alude: Anticorrupción no querría descubrir sus cartas ya que la investigación de esos supuestos cohechos sigue su curso.

Pruebas en los archivos informáticos 

Lo que sí se precisa es que los “indicios” sobre los supuestos sobornos han aparecido en “diversos apuntes de archivos informáticos en los registros practicados el 6 de febrero de 2009”. Es la fecha en la que el juez Baltasar Garzón ordenó las detenciones de los cabecillas de la red y el allanamiento de las sedes de las empresas Gürtel en Madrid y Valencia. Anticorrupción insiste en que los indicios contra El Bigotes se han “visto corroborados con el avance de la instrucción”. En concreto, los que más se habrían clarificado serían los de delito electoral.  

Aforados

En este sentido, los fiscales han precisado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ya se inhibió a favor del de Valencia cuando aparecieron nombres de los aforados involucrados en la red. Han insistido, además, en que hay “indicios de la participación de imputados en los delitos electorales referidos a la campaña de las elecciones municipales y autonómicas celebradas en 2007 en la Comunidad Valenciana”, en relación al supuesto pago de deudas del PP por parte de empresarios afines. Recuerdan, asimismo, que El Bigotes estaría involucrado en un delito de falsedad documental y varios fiscales –ocultación de más de 300.000 euros al fisco entre 2006 y 2007-.  

RTVV 

Finalmente, Anticorrupción involucra directamente a Álvaro Pérez en sobornos al ex director de RTVV, la televisión pública valenciana. En su opinión, El Bigotes pudo cometer otro “delito de cohecho que podría constituir la eventual entrega de regalos en forma de prendas de vestir al que fuera director de la Radiotelevisión Valenciana, Pedro García”. Estos últimos datos del informe del fiscal se conocen poco después de que el Supremo requiriese al juez Antonio Pedreira, instructor del caso en Madrid, toda las resoluciones que firmó Garzón antes de inhibirse para ahondar en el caso de las escuchas en prisión a miembros de la Gürtel. Aunque esos pinchazos fueron invalidados, las pruebas de los sobornos en metálico que se hallaron fueron avaladas por el propio TSJM.  

(www.elplural.com,  09/06/10)

Flors retoma la vertiente valenciana de la Gürtel

La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) ha reactivado el caso Camps después de la sentencia del Tribunal Supremo obligándole a investigar al presidente regional, Francisco Camps, y a varios de sus altos cargos por aceptar regalos del entramado Gürtel. Este martes, la Sala ha "trasladado" al juez José Flors, instructor de la vertiente valenciana de la Gürtel, "los autos, sus anexos y soportes informáticos para que continué la tramitación del procedimiento", según señala una nota del TSJV recogida por El País.


El tribunal valenciano también ha acordado solicitar al juez Antonio Pedreira, instructor del caso en Madrid, un informe “sobre la firmeza” de su decisión de inhibirse.

Informe sobre el auto
Según ha informado el TSJCV en un comunicado, la Sala "sólo podrá valorarlo jurídicamente y adoptar un pronunciamiento en el momento en que esta resolución sea firme". El pasado 26 de mayo, en su auto de inhibición Pedreira acordó remitir al tribunal valenciano parte de la investigación sobre supuestos delitos electorales y cohecho, entre otros, que afectaría a altos cargos del Gobierno y del PP valenciano, incluido el presidente del Ejecutivo autonómico, Francisco Camps.

Recurso del PP
El magistrado, asumiendo la petición y el informe de la Fiscalía, apreció en la actuación de algunos miembros de la Generalitat y del PP de Valencia indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 -fecha en que se celebraron las últimas elecciones locales y municipales- y 2008, además de cohecho y prevaricación.
El pasado viernes, el PP presentó un recurso contra este auto argumentando que el juez se ha equivocado al guiarse por la "visión parcial" de la Fiscalía.

www.elplural.com 08.06.10

PONS HABLA DE DOCUMENTOS QUE EXCULPAN A CAMPS SIN DAR PRUEBAS 

Sin ningún tipo de dudas, el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha afirmado que existen documentos que prueban la inocencia de Francisco Camps, imputado por su relación con el caso Gürtel.   

Aunque no ha aclarado qué documentos son los que supuestamente exculpan a Camps, el conservador sí ha aprovechado su intervención en Los Desayunos de TVE para cargar contra "las fiscalas", acusándolas de ocultar dichas pruebas.  

"Yo sé, porque las he leído, que hay unas conversaciones grabadas en prisión que favorecen a la defensa de Camps, que eran conocidas por las fiscalas cuando el caso se instruyó en Valencia y que las fiscalas no las aportaron al sumario", ha aseverado.  

Pons se ha pronunciado en estos términos después de que este lunes la secretaria general de su partido, María Dolores de Cospedal, asegurara que su partido respeta la investigación del caso Gürtel.  

"Sabemos que hay documentos, que hay esas conversaciones a las que he hecho referencia anteriormente y conocemos a Camps lo suficiente como para confiar en él", ha continuado el conservador en su defensa a ultranza del imputado president de la Generalitat. Un Camps que seguirá de candidato a renovar su mandato porque el PP no tiene "ninguna razón" para no mantenerle como tal.   

(www.publico.es, 08/06/10)

ÁNGEL LUNA : "Hay un 'Gürtel', pero también un montón de 'gürtelitos'"

Ángel Luna. Portavoz del PSPV-PSOE en Les Corts. Afirma que la política de adjudicaciones de Francisco Camps está "trufada de irregularidades" y resalta que "la opacidad facilita la trampa"

Cuando Ángel Luna (Madrid, 1952) se encarama sobre la tribuna, la bancada del PP contiene la respiración. Sucede en Les Corts cada jueves, único día que Francisco Camps (y no siempre) acude para dar cuentas de su actuación. Luna lleva meses preguntándole sobre la Gürtel, revelando datos y mostrando informes sobre las irregularidades. Algo que no le perdona el PP, que le ha reprobado en dos ocasiones durante esta legislatura. "Algunos diputados populares ni me saludan", asegura este abogado de oratoria afilada y largo recorrido político: senador, diputado en el Congreso, conseller de Sanitat y alcalde de Alicante. En la última sesión, mostró a Camps un ejemplar del Código Penal tras conocerse que el juez ha encontrado indicios de hasta siete delitos graves, entre ellos soborno y financiación ilegal.

El futuro de Francisco Camps, ¿está escrito en el Código Penal?

Está escrito en relación con el Código Penal. Hace un año le dije que tenía la convicción de que era penalmente responsable de una serie de actuaciones. Se montó un gran revuelo y me dijo que le insultaba. Conforme avanza el tiempo cada vez está más claro que su futuro tiene que ver con el Código Penal. Con problemas de inhabilitación e incluso de prisión.

¿Será el primer presidente de la Generalitat en ir a la cárcel?

No sé si llegará a pisar la cárcel, pero de momento será el primero que se siente en el banquillo. Si no en prisión, con condena, aunque no la cumpla por aquello de la libertad condicional y que no tenga antecedentes. Su futuro judicial es complejo.

¿Cómo ha quedado la senyera [la bandera valenciana] después que Camps se envolviera en ella para defenderse de la Gürtel'?

El valor simbólico de la senyera no se ve afectado por Camps.

El tono que emplea, entre grandilocuente y mesiánico, ¿es estrategia o debilidad?

Es la estrategia común de los populistas: vaciar el lenguaje político de contenido para ocultar la realidad. Apelar al vacío como expresión.

¿Alguna aportación de Camps a la historia del populismo?

Sus aportaciones a la dialéctica parlamentaria son exageradamente cutres. Un día trató de sorprendernos con un poema y resultó ser un fragmento de un manual de autoayuda.

¿Pueden las urnas enjugar la mancha de siete delitos graves?

Nunca. Es el recurso de los que no entienden qué es vivir en un Estado de derecho. Ganar las elecciones te da legitimidad para gobernar, pero respetando las leyes. De eso no le van a absolver las elecciones.

¿Por qué, pese a la Gürtel', da la sensación que el PP es imbatible?

Da la sensación. Otra cosa es que lo sea. Son muchos años de ocupar el espacio público, de invisibilizar a la oposición y parasitar los recursos de las administraciones públicas en beneficio de su imagen y propaganda. Con la Gürtel, además de una utilización sectaria de los medios de comunicación públicos, han dispuesto de sobrefinanciación para sus campañas. Pese a ello, el PP sufre una erosión importante y lo comprobaremos en las elecciones. La figura de Camps está muy deteriorada en la calle. Esto va calando a pesar de todos los trucos procesales que intentan.

Sin embargo, el PSPV no despega.

El voto tiene un componente emocional muy importante y es muy difícil, desde una posición de debilidad mediática como la nuestra, romper ese techo. El PP ha basado gran parte de su política en excitar el orgullo valenciano y tratar de asociar su política con acontecimientos como la Copa América o la Fórmula 1. Eso ha configurado un imaginario colectivo que coloca al PP en el éxito, el valencianismo y en la economía boyante. Y al Partido Socialista en la negación de la esencia de los valencianos. Creo que estamos trabajando en la buena dirección, con una alternativa de futuro, que es Jorge Alarte.

Usted es más conocido que Alarte. ¿Podría ser el candidato socialista a la Generalitat?

Radicalmente no. Mi candidato es Alarte. Y creo que el candidato del partido, sin ninguna duda, es Alarte.

El sumario permitió conocer los contratos del gobierno Valenciano con la Gürtel'. Aún así, se niegan a enseñarlos a la oposición. ¿A qué se debe ese empecinamiento?

Si los muestran una vez los van a tener que mostrar siempre. Su norma de funcionamiento es la opacidad más absoluta y la van a mantener.

Este tipo de contratos, ¿son la excepción o la norma de Camps?

Toda la política de adjudicación de Camps está trufada de irregularidades. La opacidad facilita la trampa. En el PP valenciano hay un Gürtel, pero también un montón de gürtelitos. Hay muchos temas que han salido y otros que no, pero que saldrán.

La querella que presentaron contra el PP incluye a cinco influyentes constructoras. ¿Se han enturbiado su relaciones con los empresarios?

No. Nos llegó un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales muy contundente. Con ese informe redactamos un querella donde metimos a todos los que aparecían.

Durante un tiempo de su vida trabajó para uno de ellos, Enrique Ortiz. Algo que el PP le echa en cara siempre que puede.

He sido y sigo siendo investigado hasta la saciedad. Incluso fuera de la Comunitat Valenciana. En mi época de abogado especialista en urbanismo he asesorado a empresas de fuera y me han llamado amigos que me han dicho: "Que sepas que en el ayuntamiento tal han venido y han planteado buscar expedientes en los que hayas participado"

¿Teme que puedan encontrarle alguna irregularidad?

Tengo la conciencia tranquila. Llevan tres años mirándome de arriba abajo. Empezaron nada más ser elegido portavoz. Cuando apareció la trama Gürtel y empecé a preguntar, se convirtió en obsesión. Y conforme van pasando los jueves, cada vez más. Es su estilo de funcionamiento: ver que pueden saber para chantajear en un momento determinado.

www.publico.es 06.06.10

RAJOY APOYA A CAMPS, PIDE RESPETO A LA JUSTICIA Y AVALA QUE EL PP LA ATAQUE

Caamaño y De la Vega exigen a los populares que no "alboroten" ni presionen

Mariano Rajoy apenas contesta a preguntas de la prensa. Por eso, el líder del PP, que habla casi todos los días pero sin preguntas, no había dicho una palabra sobre el caso Gürtel desde que cinco jueces del Tribunal Supremo decidieron por unanimidad, el 12 de mayo, que se siga investigando el caso de los trajes de Francisco Camps, y otro del Superior de Madrid firmó un auto el 26 de mayo en el que se apuntan hasta siete delitos cometidos supuestamente por la cúpula del PP valenciano.

"Mientras no se demuestre lo contrario, para mí Camps es inocente"

Rajoy rompió su silencio ayer en Almería, y lo hizo para respaldar a Camps. Aunque esta vez, más preparado, no llegó tan lejos como el pasado 6 de mayo, en Onda Cero. Rajoy dijo entonces: "Camps será el candidato en las próximas elecciones autonómicas. Que diga la justicia lo que quiera". La metedura de pata fue tan grande que él mismo pidió perdón en privado -ante su cúpula- y prometió: "No se volverá a repetir".

El líder del PP cumplió y midió ayer mucho más sus palabras, pero el mensaje de fondo es el mismo. "Yo esperaré a lo que digan los tribunales, pero vuelvo a decir que yo creo que Francisco Camps es inocente. Y mientras no se demuestre lo contrario, para mí, el señor Camps es inocente".

Algunos dirigentes del PP quisieron ver un ligero cambio en las palabras de Rajoy, ya que pone fecha de alguna manera a esa confianza en Camps. Claro que ese "mientras no se demuestre lo contrario" puede suponer el momento en que haya un auto de imputación, cuando se siente en el banquillo, cuando haya condena o sentencia firme, en función de la interpretación de Rajoy.

Esto es, no queda claro si el líder del PP respaldará a Camps para que sea candidato, esté o no imputado, o le apartará como reclaman en privado una auténtica marea de dirigentes nacionales y regionales, que creen que después de la sentencia del Supremo y el auto de Pedreira, el valenciano debería dejar paso.

Rajoy aprovechó para rectificar: "Respeto y acato lo que ha dicho el Tribunal Supremo, y respetaré y acataré lo que diga cualquier otro tribunal. Es bueno que lo hagamos todos porque ahí están las bases de las reglas de juego de nuestra democracia".

Sin embargo, este alegato a favor del respeto a la Justicia llega después de que Rajoy no haya desautorizado a Camps, que insiste en que todo es un "montaje" -incluida la sentencia del Supremo- y sobre todo haya avalado la estrategia de defensa de Federico Trillo, responsable de Justicia y hombre de confianza del líder, que insiste en atacar a jueces, fiscales, policías, funcionarios de Hacienda y casi cualquiera que haya tenido algo que ver con la investigación del caso Gürtel.

A esta estrategia contestaron ayer tanto el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, como la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega. "Es un intento descarado de salvar lo insalvable. Pediría menos alborotar intentando presionar, y más responsabilidad para dar ejemplo", dijo De la Vega. "El PP, cuando se ve acosado ante los tribunales, siempre tiende a cuestionar a los profesionales de la Justicia. El tiempo pone a cada uno en su sitio", auguró Caamaño.

Trillo, después de atacar a las fiscales por interpretar que el Supremo iba a investigarlas por su actuación en el caso Gürtel -algo que no ha sucedido-, evitó rectificar ayer y recuperó un asunto de los 90 para responder al Gobierno: "Todavía estoy esperando una aclaración sobre el caso de los papeles de Laos", le dijo a la agencia Efe, en referencia a la detención del ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, en 1995.

Trillo no quiso atender a este periódico, por lo que no se le pudo preguntar por qué se reunió con Eduardo Hinojosa, el dueño de Forever Young, precisamente días antes de que se iniciara una campaña de descrédito contra el sastre de Camps, José Tomás, que insiste en que el presidente valenciano nunca pagó sus trajes. El PP no ha desmentido esa reunión.

Mientras, los campistas siguen echando balones fuera. Según la portavoz y consejera de Justicia, Paula Sánchez de León, lo importante es que hay unas conversaciones que fueron anuladas, en las que un cabecilla de la trama corrupta le dice a su abogado que cree que Camps se pagó los trajes.

Sánchez de León restó importancia al hecho de que Camps hubiese proclamado su inocencia en base a una información errónea que apuntalaba la teoría de la conspiración. Y tampoco quiso opinar sobre las razones por las que Trillo se reunió con los propietarios de Forever Young tras las manifestaciones del sastre de Camps. "Son cuestiones que no hacen más que enredar".

La defensa del PP

- Recusación de Garzón. El PP ha atacado prácticamente a todos los que han tenido algo que ver con el caso Gürtel. Primero al juez Garzón, a quien Rajoy, después de haberlo aplaudido en los 90 por su instrucción del caso GAL, acusó de ser filosocialista. El PP lo recusó, sin éxito.

- Dimisión del ministro. La presión del PP logró la dimisión del ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo por acudir a una cacería con Garzón.

- Ataques a la policía. Los populares se querellaron contra los agentes de la brigada contra el blanqueo que prepararon el informe más duro contra la cúpula de Camps. El PP dijo que contenía información falsa, pero la investigación sigue.

- La fiscalía, parcial. El centro de los ataques han sido los fiscales, que impulsan la investigación del caso.

- Desmentido a Flors. Cuando el juez Flors imputó y quiso sentar en el banquillo a Camps, Trillo se reunió con la prensa para tratar de desmentir su auto.

- Querella a Hacienda. Hasta el funcionario de la Agencia Tributaria que hizo un informe contra la cúpula de Camps ha sufrido una querella del PP, que aún no ha sido admitida a trámite.

www.elpais.es  05.06.10

TRILLO PRESENTA UN RECURSO CONTRA PEDREIRA QUE HOSTIGA A LAS FISCALES

Mariano Rajoy avala e impulsa la estrategia de Federico Trillo, que lejos de acatar el auto del juez Pedreira que envía al Tribunal Superior de Valencia los indicios por cohecho y financiación ilegal contra la cúpula de Camps, presentó ayer un recurso a la sala para intentar tumbar ese auto. El PP está personado como acusación particular en el caso Gürtel porque teóricamente está afectado, y por tanto debería acusar, pero aquí actúa como defensor de Camps y su cúpula.

El recurso del PP, preparado por el equipo de Trillo -que estuvo esta semana en Valencia ultimando el texto con los abogados de Camps-, critica al juez por hacer caso al informe de la fiscalía y trata de evitar que se investiguen los indicios contra Camps. "Un informe del fiscal que, a nuestro juicio, carece de rigor y objetividad. Perdiendo la imparcialidad que debería regir su actuación, el Ministerio Fiscal presenta una visión fáctica, parcial, subjetiva e incluso tendenciosa y un análisis jurídico tan equivocado como incompleto, que han provocado una desacertada respuesta del instructor que valida lo informado por la fiscalía presumiendo su bondad", señala el texto en el párrafo más claro de ataques al ministerio público.

El recurso, plagado de acusaciones a la fiscalía, trata de garantizar que a Camps sólo se le investigue por el asunto de los trajes, sin vincularlo a los demás posibles delitos. "Los hechos de los que conoce Valencia, guste o no al Ministerio Fiscal, son los que son y han recibido una concreta y específica calificación jurídica, presunto cohecho impropio, es decir, unos supuestos regalos desvinculados", insiste.

www.elpais.es  05.06.10

CAMPS: "PAGUÉ LOS TRAJES EN METÁLICO" EL BIGOTES: "SE LOS PRESTAMOS PARA FOTOS"

Las pruebas contra el presidente valenciano son numerosas y concluyentes

El Partido Popular intenta desde hace meses anular el proceso judicial abierto a una trama de corrupción masiva que, según la investigación, contó con la ayuda interesada de alcaldes, consejeros, diputados, presidentes autonómicos, y el ex tesorero nacional de la formación conservadora.

Desde que estalló el escándalo, Federico Trillo, encargado de diseñar la estrategia para invalidar dos años de investigación policial y judicial, ha insultado a jueces, fiscales, policías, peritos de la Agencia Tributaria y de la Intervención General del Estado y a varios ministros del Gobierno. Trillo ha presentado recursos e interpuesto diversas querellas para impedir que continúe el proceso a la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido político que se ha conocido en la historia reciente de España.

La investigación judicial ha desmontado los argumentos del PP a favor de la inocencia de sus altos cargos. El PP mantiene su batalla contra los tribunales a los que acusan de ocultar pruebas que favorecen a los imputados. Pero en el sumario, las pruebas contra los dirigentes de una decena de gobiernos del PP son numerosas y concluyentes.

www.elpais.es  05.06.10

CRESPO A UN ABOGADO "Si se hizo los trajes, los habrá pagado él"

El PP sostiene que el juez Baltasar Garzón no remitió al Tribunal Superior de Justicia de Valencia una conversación grabada en la cárcel que favorecía al presidente Francisco Camps. La conversación en cuestión, de febrero de 2009, entre el abogado Ignacio Peláez y el número dos de la trama corrupta, Pablo Crespo, decía así:

Ignacio Peláez: Lo que sí que me pregunta es que afecta indirectamente, que ya te explicaré, que es el tema maldito de las facturas, famoso de los trajes de Camps, lo que yo no me puedo creer que sea de forma directa, que sean trajes para Camps, una cuota general.

Crespo: No creo, lo veo prácticamente imposible que haya alguna factura que especifique el nombre de Paco Camps.

Peláez: Era un encargo y que se pagaba mensualmente y punto, ¿no?

Crespo: Yo creo que Camps, si se hizo trajes allí, los habrá pagado él, de su bolsillo, otra cosa es que apareciera algún listado porque eran clientes que los llevaba Álvaro, igual que podía aparecer yo, que me he hecho trajes allí también, porque Álvaro le ha llevado muchos clientes a este señor, a José Tomas.

PÉREZ A LA MUJER DE CAMPS "El regalo de tu hija es el más especial de todos"

Esta conversación no se remitió al Tribunal Superior de Justicia de Valencia y se conoció mucho tiempo después, cuando el juez Antonio Pedreira levantó el secreto sobre una parte del sumario. Como tampoco se remitieron otras conversaciones grabadas por orden judicial que tenían mucha más fuerza probatoria del cohecho impropio cometido supuestamente por Camps, como la mantenida por Álvaro Pérez, El Bigotes, con Isabel Bas, mujer del presidente valenciano el 5 de enero de 2009:

Álvaro Pérez: Te tengo que mandar un manual de instrucciones, que soy un llorón. Tú no me pongas mensajes ni hostias y menos tan bonitos, que no se puede.

Isabel: No te puedes imaginar la expectación que hay...

Á. P. Vale, vale.

I. Ha llegado a mediodía, y entonces los niños querían abrirlo, y no, que no estaba Paco, y entonces me he venido aquí y cuando ha llegado Paco, están como locos.

Á. P. No, no. Esta noche, esta noche es lo bonito.

I. Hay un ambiente y claro...

Á. P. Bien, bien.

I. La caja tiene una pinta...

Á. P. Ya me conoces.

I. Me va a tumbar los Reyes.

Á. P. Lo que más ilusión me ha hecho es lo de las chicas, o sea, el tuyo y el de tu hija.

I. ¿Sí?

Á. P. Vale, ¿y el de tu hija? Dile a tu hija que el de ella es el más especial de todos porque he hecho para la gente que quiero mucho, que son poquitos, he hecho, lo he diseñado yo... Pero el de tu hija es diferente a todos los demás, ¿vale? Por una razón que ya te explicaré, ¿vale? Pero está diseñado por mí, ¿vale?

I. Vale. Vale, pero de verdad te lo digo que el mensaje es cierto.

EL BIGOTES A CORREA "Compré trajes para sesiones de fotos a Camps y luego me los devolvió"

Otra conversación del 22 de enero de 2009 desmiente las afirmaciones de Pablo Crespo en la cárcel. Su jefe, Francisco Correa, y Álvaro Pérez, quien supuestamente hacía los regalos al PP valenciano, hablan de los trajes de Camps.

El Bigotes asegura que, en realidad, los trajes los paga la trama corrupta pero se los dejan al presidente valenciano para sesiones de fotos.

Á. P. No, con otra cosa más complicada, pero no hables por teléfono, tío, te lo pido por favor. Y entonces, nada, estoy un pelín preocupado.

F. C. ¿Y por qué crees tú que lo sabe el curita?

Á. P. No, no sabe el curita todavía.

F. C. Pero no tiene que ver con el trabajo, ¿o sí?

Á. P. No, tiene que ver con cosas que hemos hecho hace tiempo con el curita, pero es que es muy complicado. Por eso te digo que es muy complicado.

F. C. ¿Tiene que ver con Tomás [José, el director de ventas de Milano, primero, y Forever Young, después, donde la trama corrupta compraba ropa para políticos que les adjudicaban contratos, según declaró Isabel Jordán]?

Á. P. Sí. ¿Sabes quién es?

F. C. Sí, perfectamente. El que me presentaste un día.

(...)

Á. P. Yo no le he regalado ningún traje a ese hombre, al curita. Yo he comprado trajes a su medida porque cuando hemos hecho una sesión de fotos se lo ha puesto y luego me lo ha devuelto. [Camps declaró al juez que compró los trajes y pagó en metálico en la tienda, en ningún momento ha alegado que se los prestaran para unas fotos].

En su declaración ante el juez, Camps contradice la versión de Álvaro Pérez. Nunca recibió trajes de prestado de la trama corrupta para sesiones de fotos, sino que todos los trajes los pagó de su bolsillo, en metálico, con dinero que sacaba de la farmacia que tiene su mujer en Valencia. Pero las cajeras y los empleados de las tiendas de ropa han asegurado al juez que el presidente valenciano nunca pagó los trajes que se llevaba de Forever Young. Incluso otros empleados que han comparecido esta semana ante el juez Pedreira han insistido en que Camps nunca pagó nada en la tienda.

www.elpais.es  05.06.10

EL JUEZ DE LAS ESCUCHAS DE GÜRTEL SOLO PIDE DOCUMENTACIÓN

El juez Alberto Jorge Barreiro, instructor del proceso abierto en el Tribunal Supremo contra Baltasar Garzón por las escuchas en prisión de varios de los principales acusados en el caso Gürtel y sus abogados, ha dictado dos providencias en las que acepta las peticiones de prueba solicitadas por la fiscalía, las acusaciones y el propio Garzón. En su inmensa mayoría, Barreiro accede a solicitar documentación al juez Antonio Pedreira, instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sobre la presunta trama de corrupción que afecta a cargos del PP y de la que Garzón fue el primer instructor.

Entre los documentos solicitados por el fiscal figura el informe de la Agencia Tributaria sobre las estructuras fiduciarias del principal responsable de la red corrupta, Francisco Correa, que supuestamente gestionaban el letrado Luis de Miguel y otros abogados de su despacho. También reclama varios documentos contenidos en la memoria externa o pen drive intervenido al contable José Luis Izquierdo, como facturas del abogado De Miguel o la hoja de abogados y procuradores enviada al imputado Pablo Crespo el 10 de septiembre de 2008 y que fue encontrada en la citada memoria.

El magistrado pide también los autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 25 de marzo y 19 de abril, sobre la anulación de las escuchas telefónicas entre los imputados y sus abogados en prisión.

Todas las grabaciones

A petición del letrado querellante, Ignacio Peláez, el juez Barreiro reclama a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal que remita la totalidad de las grabaciones, en cualquier soporte que se hayan realizado, de las comunicaciones intervenidas entre abogados e imputados y las escuchas realizadas sobre la base de las resoluciones dictadas por Garzón.

Sin embargo, la solicitud de documentos más amplia se realiza precisamente a instancias de Garzón. Barreiro pide al TSJ de Madrid testimonio de todas las actuaciones practicadas por el juez Pedreira en el caso Gürtel, desde su inicio hasta el auto del 20 de abril de 2009, resolución por la que se acuerda la prórroga de las escuchas aprobadas por Garzón.

Tanto el fiscal como el propio Garzón han solicitado el sobreseimiento de las actuaciones por no haber delito alguno en su actuación, pero Barreiro responde que resolverá sobre esa petición "una vez que se practiquen las diligencias acordadas en esta resolución".

www.elpais.es  05.06.10

EL PP USA INFORMACIÓN FALSA PARA ATACAR A LAS FISCALES DEL 'CASO GÜRTEL' 

El PP arrojó ayer tinta de calamar sobre el caso Gürtel, extendiendo la falsedad de que el Tribunal Supremo había demostrado la actuación irregular y al margen de la ley de las dos fiscales que investigan el caso desde el principio. El presidente valenciano, Francisco Camps, implicado en la trama corrupta, y los diputados Federico Trillo, estratega jurídico del PP, y Esteban González Pons, portavoz de esa formación política, salieron ayer en tromba contra las dos fiscales y llegaron a sugerir que el proceso judicial abierto hace 15 meses, y que ha costado el cargo a una decena de dirigentes populares, entre ellos el tesorero nacional, Luis Bárcenas, podría ser anulado por la actuación supuestamente ilegal de las dos fiscales. 

La interpretación de Trillo , Camps y González Pons, según indicaron ayer desde el PP, se basa en la noticia publicada ayer mismo en diversos medios sobre una providencia del juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro, que supuestamente demostraría la actuación irregular de las dos fiscales. Esas informaciones llevaron a Trillo, que no tenía ni había leído la providencia del juez, a asegurar que el caso Gürtel iba a dar un "giro copernicano". En una nota oficial remitida por el PP, Trillo declaraba: "Ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien demuestre a las dos fiscales que habían violentado la presunción de inocencia y que habían actuado de manera sectaria, al margen de la ley, al ocultar la prueba que exculparía al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps". 

El Supremo aclaró ayer a EL PAÍS que no tiene abierta ninguna diligencia contra las fiscales del caso Gürtel y, por tanto, no habría podido demostrar nada. 

La información en la que Trillo basa sus acusaciones sostiene que el juez Barreiro, que instruye la querella contra Garzón por supuestos pinchazos ilegales en la cárcel a implicados en la trama, ha pedido documentación para investigar si las fiscales ocultaron pruebas a favor de Camps, y si pusieron el caso en manos de Garzón pese a que correspondía someterlo a reparto. Esta decisión de Barreiro supondría, según esta información falsa, que se habría admitido a trámite la querella presentada contra las dos fiscales por Ignacio Peláez, el abogado de uno de los miembros de la red corrupta. Sin embargo, esa querella no se ha admitido a trámite por el momento, y tampoco corresponde al magistrado Barreiro resolver sobre esa cuestión, según el Supremo. 

Las dos providencias, firmadas efectivamente por Barreiro los días 27 y 28 de mayo, no pretenden investigar la actuación de las fiscales, ni la ocultación de pruebas ni el reparto del caso. Pretenden indagar, en general, sobre la orden de Garzón de intervenir comunicaciones en la cárcel. Saber si fue legal. 

En las dos providencias, Barreiro solicita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid diversa documentación para dirimir el caso de las escuchas en la cárcel. De hecho, en una de las providencias, en la que el juez admite recabar documentación que solicitan las partes, deniega precisamente que se tome declaración a las dos fiscales de Anticorrupción que investigan el caso, algo que había pedido el abogado Ignacio Peláez. 

Este letrado, que solicitó la declaración de las fiscales como testigos en la causa, cambió de idea el pasado 24 de mayo y decidió querellarse contra ellas porque supuestamente ocultaron una prueba que favorece a Camps. Se refiere a una conversación de Pablo Crespo, número dos de la trama, en la que este señala que el presidente valenciano sí se pagó sus famosos y polémicos trajes. 

Sin embargo, documentos oficiales de las tiendas de ropa, testimonios de los empleados del establecimiento y otras conversaciones y pruebas incluidas en el sumario, como el pen drive del contable de la trama, demuestran todo lo contrario: que la trama corrupta fue la que pagó los trajes a Francisco Camps. 

(www.elpais.com, 04/06/10) 

DE LA RÚA RECIBE EL 'CASO CAMPS' 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Juan Luis de la Rúa, recibió ayer los autos del Tribunal Supremo que le obligan a reabrir el caso Camps, que archivó el pasado mes de agosto. De la Rúa, que pronunció ayer el pregón de la fiesta del Corpus en la iglesia del Patriarca en Valencia  trasladará la causa al instructor José Flors. 

(www.elpais.com, 04/06/10) 

CAMPS CLAMA POR SU INOCENCIA PERO EVITA DAR EXPLICACIONES 

El presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, se agarró ayer a un clavo ardiendo para proclamar su "absoluta inocencia" en el proceso judicial abierto por un supuesto delito de cohecho pasivo impropio a raíz de haber recibido trajes regalados por la trama Gürtel. 

Camps apenas tardó unos minutos más que el responsable de Justicia del PP, Federico Trillo, en valorar una decisión inexistente del Tribunal Supremo que supuestamente apuntalaba su teoría de la conspiración. Tras concluir un acto sobre educación en el Palau de la Generalitat, Camps, para sorpresa de muchos periodistas, buscó sin dilación los micrófonos. En medio de un tupido círculo de cámaras y grabadoras, el presidente valenciano clamó por su inocencia a partir de una información falsa. 

"Confío en la justicia y en su prontitud, y las informaciones y las noticias que van apareciendo van encaminadas hacia ese objetivo", afirmó. "Hay pruebas que se ocultaron que demuestran lo dicho desde el primer minuto, mi absoluta inocencia", prosiguió Camps, "y lo que es una pena es que esas pruebas se ocultasen porque seguro que no habría comenzado nunca ningún tipo de proceso". 

En su declaración, el presidente de la Generalitat volvió a esgrimir la teoría de la conspiración, según la cual el Gobierno socialista, la policía, los fiscales y los jueces son los autores de un montaje para acabar con su carrera política. "Alguien tendrá que explicar por qué ocultó pruebas exculpatorias tan evidentes y que nos habrían ahorrado este año y medio a todos, a ustedes, a mí y a la Justicia en general", dijo Camps. 

En ese punto terminó su disposición para hablar ante los periodistas. Cuando se le preguntó si tenía conocimiento de los encuentros de Trillo con el propietario de Forever Young tras las denuncias del sastre José Tomás, Camps guardó silencio y tomó las de Villadiego. 

El secretario general de los socialistas valencianos, Jorge Alarte, acusó a Mariano Rajoy de "no actuar como un hombre honesto cuando, por acción u omisión, permite que los abogados del PP respalden con sus actuaciones maniobras para defender a los miembros de la trama Gürtel". 

Además, la tensión política se volvió a trasladar a la calle en la tarde del miércoles, cuando un grupo de vecinos abucheó a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, durante su visita a un barrio. Barberá, irritada por las alusiones a Camps y El Bigotes, acabó discutiendo con un joven antes de retirarse con su comitiva. 

(www.elpais.com, 04/06/10) 

TRILLO, PONS Y EL "GIRO COPERNICANO" 

El estratega jurídico del PP, Federico Trillo, y el portavoz de ese partido, Esteban González Pons, hicieron públicos ayer sendos comunicados en los cuales daban por buenas informaciones periodísticas erróneas, atacaban a las fiscales del caso Gürtel y trataban de desacreditar el proceso abierto contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. 

En su nota, Trillo auguraba que la investigación judicial "podría dar un giro copernicano", y afirmaba que, "de demostrarse que las representantes del Ministerio Fiscal en el sumario buscaron el momento oportuno para que Garzón se quedara con el caso, podría tener consecuencias gravísimas". Y añadía: "Ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien demuestre a las dos fiscales que habían violentado la presunción de inocencia y que habían actuado de manera sectaria al margen de la ley, al ocultar la prueba que exculparía al presidente de la Generalitat valenciana". 

El comunicado de González Pons afirmaba: "Si las fiscales, como sostiene la acusación ante el Tribunal Supremo, resultan imputadas por ocultar pruebas exculpatorias, algo muy probable que suceda, deberán dimitir el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, y la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, asumiendo así sus responsabilidades políticas por la utilización política partidista de la Fiscalía General del Estado". 

En el mismo comunicado, González Pons admitía implícitamente que, tal y como publicó ayer EL PAÍS, Trillo se reunió con el empresario de la tienda que confeccionó los trajes para Camps unos días antes del inicio de la campaña de desprestigio contra José Tomás, el sastre que había declarado el presidente valenciano no pagaba sus trajes. 

"Federico Trillo es el representante legal del PP y, por tanto, se reúne en su calidad de letrado con quien juzga necesario", dijo. 

(www.elpais.com, 04/06/10)

Un testigo revela al juez que Trillo se reunió con el jefe del sastre de Camps

El ex director de compras de Forever Young declara que el diputado del PP fue dos veces a las oficinas de Hinojosa tras las denuncias de José Tomás

Miguel Marqués, director de compras hasta su despido en agosto de 2009 de las empresas de Eduardo Hinojosa, propietario de Forever Young, manifestó ayer ante el juez del caso Gürtel , Antonio Pedreira, que el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo-Figueroa, apareció en escena al día siguiente de publicarse en EL PAÍS la entrevista en la que el sastre José Tomás explicaba cómo tomaba medidas al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Según la declaración de Marqués, Trillo apareció por las oficinas de Hinojosa justo antes de que comenzara una campaña de prensa contra José Tomás y de que Hinojosa ampliara una querella contra el sastre por unas supuestas facturas falsas .

  • "Vi a Trillo en el despacho de mi jefe. Era a él al que había que dar fuego"

En conversación con EL PAÍS, Marqués relató que trabajaba en las oficinas que Eduardo Hinojosa tiene en Serrano 51, 1º D. El diputado del PP Trillo-Figueroa no había ido nunca por allí, pero nada más publicarse la entrevista del sastre (el 15 de marzo de 2009), despedido tras haber declarado ante el juez Baltasar Garzón sobre el caso Gürtel, mantuvo al menos dos encuentros con Hinojosa en esas oficinas.

"Me enteré porque Eduardo Hinojosa estaba en su despacho y uno de sus hijos vino al mío a pedirme un mechero y un cenicero. Ante mi sorpresa, porque Hinojosa no fuma, pasé por el despacho de Eduardo y vi allí a Trillo-Figueroa despachando con él. Era Trillo al que había que darle fuego. Días después, Trillo también estuvo allí. En ambos casos era sobre la una de la tarde, más o menos", relató Marqués a este periódico.

"Tras marcharse Trillo, Hinojosa me comentó que José Tomás se había metido en un buen lío. También hizo referencia a que iba a recibir a una periodista de una cadena de radio, creo que la Cope. Hinojosa daba síntomas de alegría y se mostraba amistoso porque Tomás estaba en un buen lío 'del que se va a arrepentir'. Cuando Trillo estuvo en las oficinas se encontraban allí, además de Eduardo Hinojosa, su hijo y sus hijas Sandra y Silvia. Todos eran consejeros de la firma y supongo que se vieron con Trillo", prosiguió Marqués.

Marqués manifestó en su declaración ante el juez que no sabía para qué ni por qué Trillo se entrevistó con Hinojosa, ni de qué hablaron entre ambos.

Sin embargo, coincidiendo con aquella reunión, Trillo-Figueroa hizo unas durísimas declaraciones contra el sastre José Tomás en Onda Cero, en las que sostuvo que el sastre había sido denunciado por su empresa por falsificación de facturas, mientras que la empresa tenía una contabilidad "absolutamente férrea". Tales asertos de Trillo quedaron desmentidos después en el juicio por despido de Tomás, en el que se desechó que el sastre falsificase facturas, y en el que se condenó a Hinojosa a indemnizarle con 232.500 euros. La misma acusación tampoco fue aceptada por el juez valenciano José Flors.

Tras el primer encuentro con Trillo, Hinojosa reunió a todos los directivos en presencia de su abogado para que firmasen una carta bajo amenaza de despido, según Marqués. Firmaron Miguel Marqués, Ana Fernández, directora de la tienda de Forever Young en Concha Espina; Alfonso, un directivo que firmó sin su apellido y con su carné de identidad; Javier García Fernández, director de Forever Young en paseo de La Habana, y Mariano Estebaranz, director de The Taylor Outlet, en Serrano 25, así como Raquel Vázquez, auditora externa. "Firmamos todos, simplemente porque el que no firmase podía considerarse despedido", dijo Marqués.

"Con dicho documento se trataba de probar que José Tomás había mentido. Tras las firmas, el papel lo cogió el abogado, Jesús Maldonado, que estaba presente. Días después, Abc publicó una ampliación de la denuncia de Eduardo Hinojosa contra Tomás, avalada por las firmas de los directivos. Un par de días más tarde, el 17 o el 18, Trillo estuvo un par de horas en la sala de juntas al lado del despacho de Hinojosa", precisó Marqués.Según el ex director de compras, Hinojosa incluso le obligó a ir al programa El Gato al agua. "Tenía que decir que nosotros no vendíamos a crédito y que, en consecuencia, si Camps sacaba una prenda de la tienda, tenía que estar ya abonada. En la entrevista estuve yo con Ana Fernández, asintiendo con lo que yo digo, pero ella no participó en la conversación. Se hizo una grabación en Concha Espina número 8. El hijo de Eduardo Hinojosa era amigo del presentador. Después, hasta mi salida de la empresa, siguieron los comentarios despectivos hacia Tomás. Fue el tema único de conversación durante meses".

www.elpais.es 03.06.10

La cajera: "Camps nunca pagó en efectivo"

María Calero, cajera del establecimiento de Castellana 140, aseguró ante el juez Antonio Pedreira que los principales implicados en la trama Gürtel "jamás pagaban en caja", sino que hacían los abonos por transferencia. La cajera ratificó que, en particular, ni el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, ni los demás altos cargos relacionados con la trama Gürtel, como Rafael Betoret, Ricardo Costa, Víctor Campos y Pedro García, de Canal 9, pagaron en caja alguna vez.

Su testimonio contradice el de Camps, quien siempre ha mantenido ante el juez que pagó sus trajes en efectivo y no guarda los recibos.

Los artículos que reservaban Pablo Crespo, Álvaro Pérez y sus amigos eran pagados mediante transferencia y, según el testimonio de Calero, era Javier García, el encargado de la contabilidad en Castellana 140, "el que ordenaba cancelar los pagos a cuenta con cargo a las facturas que él mismo realizaba".

Los tres testigos interrogados ayer por el juez instructor del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira declararon que el sastre José Tomás nunca hizo facturas y no ordenó introducir conceptos falsos.

Antonio del Fresno, ex director de Castellana 140, también despedido por Hinojosa, reconoció que él hizo dos facturas, en concepto de "metros de telas", siguiendo las indicaciones de Pablo Crespo, el lugarteniente de Correa. Según dijo, el sastre José Tomás no intervino en esas facturas y si él introdujo esos conceptos fue porque Crespo o Álvaro Pérez eran clientes importantes. El resto de la facturación la hizo siempre el contable Javier García. Del Fresno aseguró que es falso que Tomás ordenara hacer ninguna factura.

www.elpais.es 03.06.10

Apoyo del Consejo Fiscal a las fiscales anticorrupción

El Consejo Fiscal, por unanimidad, expresó ayer su apoyo y solidaridad a las fiscales anticorrupción Myriam Segura y Concepción Sabadell, contra las que recientemente se ha dirigido la querella del abogado Ignacio Peláez por su actuación profesional en relación con las escuchas en prisión entre los imputados y sus abogados en el caso Gürtel. La querella inicial fue dirigida contra el primer instructor del caso, el juez Baltasar Garzón, y fue admitida a trámite por la Sala Segunda del Supremo.

El Consejo Fiscal destaca el firme compromiso de toda la carrera con "los valores de imparcialidad, profesionalidad y rigor que han guiado clara e inequívocamente la actuación de dichas fiscales en un asunto de excepcional dificultad técnica, que se han visto obligadas a afrontar con coraje y sentido de la responsabilidad".

www.elpais.es 03.06.10

Trillo: "El caso Gürtel podría dar un giro copernicano"

El portavoz del Justicia sugiere que las fiscales anticorrupción maniobraron para que Garzón investigara el asunto.- Camps: "Alguien ocultó pruebas que demuestran mi inocencia".- Trillo elude hablar de sus reuniones con el jefe del sastre del presidente valenciano

En una declaración sin preguntas ante los periodistas al concluir un acto sobre infraestructuras educativas en Valencia, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, ha vuelto a defender su "absoluta inocencia" en el caso Gürtel. "Hay pruebas que se ocultaron, que demuestran lo dicho desde el primer minuto, mi absoluta inocencia. Lo que es una pena es que esas pruebas se ocultasen porque seguro que no habría comenzado nunca ningún tipo de proceso".

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, insiste en su teoría del "no hay nada de nada" y asegura que todo se trata de un "montaje" y de una "falsedad" -

Mientras, el coordinador de justicia del PP, Federico Trillo, ha emitido hoy un comunicado en el que afirma: "El caso Gürtelpodría dar un giro copernicano". Trillo insinúa que "fiscales buscaron el momento oportuno para que Garzón se quedara con el caso", y asegura que si se demuestra, "tendrá consecuencias gravísimas". Trillo ha eludido contestar sobre sus reuniones con el jefe de José Tomás, el sastre de Camps en Forever Young, justo antes de que comenzara una campaña de desprestigio para el trabajador.

El coordinador de justicia del PP concluye: "Ha tenido que ser el Tribunal Supremo quien demuestre a las dos fiscales que habían violentado la presunción de inocencia y que habían actuado de manera sectaria al margen de la ley, al ocultar la prueba que exculparía al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps".

Camps, imputado por un presunto delito de cohecho pasivo impropio, se refería a la declaración del número dos de la red Gürtel, Pablo Crespo, en prisión, que supuestamente le exculpaba de haber cometido cohecho en relación con los trajes-regalo de la trama corrupta.

"Alguien tendrá que explicar por qué ocultó pruebas exculpatorias tan evidentes y además se tomaron al principio de la instrucción y que nos habrían ahorrado este año y medio a todos, ustedes, yo y la justicia en general". "Confío en la justicia", ha concluido. Preguntado sobre si tenía conocimiento de que el coordinador de justicia del PP, Federico Trillo, se hubiese reunido con el propietario de Forever Young tras las declaraciones en las que el sastre José Tomás afirmaba haber tomado medidas al presidente valenciano para trajes supuestamente regalados por la trama, Camps ha evitado responder y se ha retirado

En el entorno de Camps no ocultan su satisfacción por que el juez del Tribunal Supremo Alberto Jorge Barreiro haya decidido ampliar sus indagaciones, a petición de la defensa de uno de los imputados del caso Gürtel, para saber si el juez Baltasar Garzón y las dos fiscales de Anticorrupción ocultaron de forma deliberada la declaración de Pablo Crespo en la que desmentía que Camps hubiese recibido trajes regalados. Una investigación que también quiere determinar si Garzón se saltó el turno de reparto para instruir el caso Gürtel.

www.elpais.es 03.06.10

PEDREIRA REITERA AL PP SU INHIBICIÓN DE GÜRTEL A FAVOR DE VALENCIA 

El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, reitera en un auto su decisión de inhibirse de parte de la causa a favor del Tribunal Superior de Valencia. Esta nueva resolución es en respuesta a un recurso del PP en el que pedía al juez que aclarase qué quería decir cuando en el auto en el que se inhibía a favor de Valencia, el 25 de mayo, señaló que hacía "suya" la argumentación jurídica del fiscal sobre este asunto. A lo largo de 18 folios, la fiscalía instaba al juez a inhibirse a favor de Valencia al entender que había indicios de varios delitos (financiación ilegal, cohecho, contra la Hacienda pública...) contra aforados de esa comunidad. Entre ellos, el presidente, Francisco Camps. 

El PP consideró "oscura" esa frase y pidió al juez que la aclarase. Y el juez lo hizo ayer. "El magistrado instructor no considera oscura la expresión (...), como sostiene la parte solicitante, por cuanto implica una remisión a los fundamentos de derecho que invoca el ministerio fiscal y que hacen referencia (...) a la cuestión esencial debatida y que conduce al acuerdo de inhibición parcial", dice Pedreira. 

El juez destaca que el PP "no es representante de personas individuales imputadas o no imputadas en la presente causa, sino del PP, en calidad de acusación popular, contra el que, institucionalmente, no se ha acreditado ningún reproche punitivo". La intervención del PP como acusación en el caso Gürtel ha sido muy polémica. Inicialmente, el juez Baltasar Garzón, primer instructor del caso, le impidió personarse en el proceso. 

Cuando la causa fue remitida al Tribunal de Madrid, el PP volvió a insistir en que quería ser parte en las diligencias como acusación particular, teóricamente porque se sentía víctima de la trama Gürtel. La fiscalía se opuso, habida cuenta de que no estaba clara la intervención del PP en el proceso, y ante el resquemor de que quisiera estar en él, más que para acusar a los cargos del partido implicados, para defenderlos utilizando torticeramente una figura jurídica cuya finalidad es distinta. Pedreira aceptó como parte al PP. 

(www.elpais.com, 02/06/10) 

EL PP ANUNCIA OTRO RECURSO CONTRA EL AUTO DE PEDREIRA QUE ACUSA AL GOBIERNO DE CAMPS DE SIETE DELITOS 

Partido Popular va a poner todas las trabas posibles a la investigación judicial de las relaciones entre la trama Gürtel y el Gobierno de la Generalitat Valenciana que dirige Francisco Camps. El coordinador de Justicia y Libertades Públicas del PP, Federico Trillo, ha anunciado un nuevo recurso contra el auto del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que se inhibió a favor del TSJ de Valencia tras hallar indicios de siete delitos en altos cargos del Ejecutivo valenciano, del PP de la comunidad y de empresarios de la región. 

En concreto, Trillo ha avanzado en una entrevista en Onda Cero que el recurso se dirigirá contra el escrito del fiscal que sirvió de base a Pedreira para su auto y que, a su vez, es fruto de las investigaciones de la Brigada Policial contra el Blanqueo y de las unidades de auxilio judicial de la Intervención del Estado y de la Agencia Tributaria. 

El ex ministro y diputado por Alicante ha recuperado la tesis, ya esgrimida por el PP en múltiples ocasiones, de que los informes fruto de dichas investigaciones están realizados "por el Gobierno" con el objetivo, supuestamente, de atacar a su partido. 

Precisamente el propio juez Pedreira reiteró su inhibición a favor del TSJ de Valencia tras un recurso del propio PP. 

(www.elpais.com, 02/06/10)

TRILLO SE PONE AL LADO DE CAMPS 

Federico Trillo es diputado por Alicante desde hace varias legislaturas. Sin embargo, en la actual, no había participado en ningún acto público en su circunscripción. Hasta ayer. El responsable del área de justicia en la dirección nacional del PP asistió a la inauguración del edificio del Museo de Arte Contemporáneo de Alicante protagonizada por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps. El gesto no pasó desapercibido después de que ningún miembro de la ejecutiva de Mariano Rajoy asistiera al acto de autohomenaje que Camps organizó el pasado 22 de mayo con la excusa de celebrar el tercer aniversario de la victoria en las elecciones autonómicas de 2007, o de la suspensión de la conferencia de la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, para no coincidir con el jefe del Consell. Fuentes del PP aseguraron que realizaron "una visita privada" a las obras del TRAM, y que su presencia no obedecía a nada en concreto. "Tenía un acto oficial por la mañana en Alicante, venía de los Moros y Cristianos de Elda, y al ser diputado quiso estar", señalaron esas fuentes. Pero a nadie escapa que Trillo es el estratega judicial del PP y que Camps está agobiado por el caso Gürtel. El titular del Conbsell y Federico Trillo se marcharon juntos en el coche oficial del presidente de la Generalitat. A la inauguración también acudió el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll. 

(www.elpais.com, 01/06/10)

Pons: "Camps es uno de los grandes líderes del PP"

“Camps tiene el apoyo del partido, es el candidato a las próximas elecciones y no hay ninguna novedad a ese respecto”. Con estas palabras el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, ha escenificado el apoyo del partido al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Además, Pons ha restado importancia a la supuesta minuta de 200.000 euros que ha pasado al partido el abogado del ex tesorero imputado en el caso Gürtel, Luis Bárcenas, asegurando que el grupo ya no costeaba estos honorarios, aunque sí debía responder por una cuenta que se estaba “negociando” en estos momentos. Pons, que hoy ha ofrecido la habitual rueda de prensa al término del Comité de Dirección del partido, ha dedicado gran parte de su intervención a promocionar una Proposición No de Ley (PNL) que presentará su grupo para reducir los gastos electorales y acotar a 15 días la duración de la campaña electoral.

Pons, quien hoy ha sustituido a la número dos del Partido, María Dolores de Cospedal, en la habitual rueda de prensa de los lunes, ha abogado por impulsar tres reformas: la del sistema electoral, la del Gobierno de España, y la de la Administración pública.

Tres reformas
El vicesecretario popular ha ahondado mucho en el primer aspecto, para el que su partido presentará una PNL pidiendo que se acote la campaña electoral a 15 días y se elimine la llamada precampaña que “puede durar dos, tres o cuatro meses”. “Si nos tomamos en serio que el sacrificio es de todos, no hay que gastar en propaganda, publicidad y autobombo”, ha insistido, asegurando que si hay “un compromiso político” en ese sentido “los ciudadanos tendrán más dinero”.

Recortes en el Gobierno y la Administración
En el segundo sentido, se ha limitado a pedir que se eliminen “la Vicepresidencia tercera y varios ministerios que se podrían fusionar”. En cuanto a la Administración, ha asegurado que “el PSOE debe negociar su reducción” pues “el problema no es de los funcionarios, sino de cuánta Administración disfrutamos los políticos, en muchos casos duplicada”.

Apoyo a Camps
Pasados los anuncios, y como viene siendo habitual, la mayoría de las preguntas han versado sobre el caso Gürtel en general, y el presidente valenciano, Francisco Camps o el ex tesorero Luis Bárcenas, en particular. “El PP considera que Francisco Camps es uno de los grandes líderes de los que disponemos”, además de “el candidato de Valencia con mejor hoja de resultados de la Historia” cuyas declaraciones sobre la Gürtel -de tipo
"usted se acoge al Código Penal, yo me cojo a la senyera"-, “lejos de perjudicar” al partido, le “benefician”. En este sentido, Pons ha recalcado que “lo que no se le puede negar a nadie en España su derecho a la presunción de inocencia”.

El caso Bárcenas
En cuanto a Bárcenas,
cuyo abogado ha cobrado 200.000 euros al PP, Pons se ha limitado a aclarar que el partido ya no paga la defensa del imputado, aunque sí ha recibido una minuta que está “negociando”. Siguiendo con el ex tesorero del PP, el vicesecretario de Comunicación ha quitado hierro al supuesto delito de financiación ilegal que aprecia el juez instructor de la Gürtel, Antonio Pedreira, en las autonómicas valencianas de 2007, y ha explicado que a Bárcenas se le relaciona con ello porque firmó como tesorero nacional que era. “La aparición en ese auto del nombre de Luis Bárcenas obedece a que como tesorero nacional él firma en última instancia la contabilidad, pero a nada más”, ha señalado. “Esperemos que el progreso de esas investigaciones contribuya a aclarar que el PP nunca se ha financiado de manera irregular”, ha agregado.

Pons presume de Gürtel
En este punto de su alegato, Pons ha aprovechado para pedir al PSOE explicaciones por el caso Pretoria y para afear a este partido en la comparación con el PP. “Nosotros hemos recibido y atendido a muchas exigencias públicas en relación al caso Gürtel, hemos sido muy exigentes sabiendo que podíamos perjudicar con ello el derecho a la defensa de algunas personas y esperamos que el PSOE sea igual”, ha insistido, obviando que, hoy por hoy, el PP sigue negando a los partidos de la oposición datos derivados del caso, como el patrimonio de los imputados en Madrid o los contratos de la visita del Papa o la Fórmula 1 en Valencia.

Otra vez contra CiU
En otros asuntos de actualidad y como ya ha hecho el presidente del PP, Mariano Rajoy, el vicesecretario popular ha cargado contra la abstención de CiU a la hora de votar el decreto que congela las pensiones y recorta los sueldos de los empleados públicos. “Una de las minorías de la Cámara le dio oxígeno a Zapatero para que no caiga en redondo si no unos meses más tarde”, ha precisado Pons. “Si el jueves pasado no se hubiera aprobado el decretazo hoy estaríamos en una situación mejor”, ha ahondado, asegurando que ello habría obligado a adelantar elecciones o a cambiar el Gobierno. El vicesecretario de Comunicación se ha negado a aceptar que el PP sea corresponsable, por acción o por omisión, de la crisis: “la responsabilidad de gobernar la tiene el Gobierno”, ha indicado.

Reforma laboral y encuestas
Pons ha arremetido, además, contra la intervención del Gobierno en la reforma laboral, algo que en su opinión servirá para abaratar el despido. “Hay que decirle a Zapatero que lo relevante no es abaratar el despido sino abaratar la contratación. Zapatero ya ha rebajado las pensiones, cuidado no vaya a abaratar también el despido”, ha sentenciado. Finalmente, en otro momento de su intervención Pons se ha referido a las encuestas recientes que dan ventaja
de entre 9 y 10,5 puntos de ventaja al PP utilizándolas para menoscabar el último CIS –que era menos optimista-. “Dijimos aquí que el CIS daba un resultado extraño y contrario, se nos criticó desde el Gobierno, y ahora resulta que el CIS ha vuelto a quedar en evidencia”, ha apuntado, pidiendo a la vicepresidenta “que quite sus manazas del CIS” y le deje “hacer su trabajo”.

www.elplural.com 31.10.05

CAMPS, EN LA HUIDA HACIA NINGUNA PARTE

Su estrategia de defensa levanta ampollas en las filas conservadoras

En el PP son cada vez más las voces que tienen claro el lugar al que conduce la estrategia de defensa y de desprestigio de las resoluciones judiciales puesta en marcha por el presidente valenciano, imputado por cohecho impropio y con un partido amenazado por la sombra de la financiación ilegal. "Más que estar en una huida hacia delante, Francisco Camps está en una huida hacia ninguna parte", sentencia un dirigente conservador.

La historia viene de lejos. El president de la Generalitat valenciana empezó a ensayar este papel hace más de un año. En febrero de 2009, Camps, el barón clave a la hora de aupar a Rajoy a la presidencia del PP en el congreso nacional de los conservadores de 2008, aparecía como sospechoso de haber recibido trajes de manos de los cabecillas de la Gürtel. Y en marzo, arropado por Rajoy en un multitudinario almuerzo en Madrid, proclamaba eso de "yo me pago mis trajes". Una frase que pocos se atreven a secundar ahora en el partido.

"Cada vez está generando más rechazo", reconoce un dirigente

Es en aquel momento en el que destacados miembros de la formación ubican el origen de este viaje a ninguna parte de president. "Lo de que haya pagado los trajes parece una broma. No es muy inteligente pasar a la historia como el presidente autonómico que aceptó regalos de una panda de corruptos. Pero menos inteligente es negarlo sin tener argumentos para ello. Está tocado. Le queda poco recorrido", añade un diputado.

Tras unos meses de calvario y cruzando los dedos para que los tribunales dieran el caso por cerrado, Camps se iba de vacaciones con buen sabor de boca. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) daba carpetazo a la denominada causa de los trajes a comienzos de agosto. Y el partido lo aupaba a la categoría de héroe. El president era aún más intocable y los apoyos en público, lo cotidiano.

Apoyo dosificado

Ningún miembro de la cúpula se arriesga a acudir a actos en Valencia

Pero la luna de miel duró poco. La fiscalía y los socialistas valencianos presentaban un recurso al archivo que ha acabado por devolver al president su condición de imputado. Fue justo hace un par de semanas cuando el Supremo ordenaba reabrir la causa de los trajes. Ahora, el PP ha dosificado los apoyos en público a uno de sus barones regionales con más peso electoral. Y huye de las fotos. "Ningún miembro de la cúpula se arriesga ahora a aparecer de la mano de Camps. Quizá es porque dan por hecho que es un cadáver político", analiza una parlamentaria conservadora.

La reapertura de la causa de los trajes, sumada al auto que el juez Antonio Pedreira ha remitido al TSJCV en el que involucra al PP de Camps en siete delitos, entre ellos la financiación ilegal del partido, han vuelto a disparar las alarmas. No sólo por el futuro desenlace en los tribunales, sino por la reacción del principal protagonista, que ha desacreditado casi a diario a la Justicia y se ha erigido en víctima de una conspiración del "aparato del Estado".

Las formas, perdidas

"Está en una actitud histriónica que le perjudica", dice un diputado

"Está en caída libre", sugiere un dirigente regional que considera que, "sin restar un ápice de valor a la presunción de inocencia", el líder de los conservadores valencianos "ha acabado de perder las formas y se ha visto superado por sus propias palabras". "Primero dijo que pagó los trajes y no hay rastro de facturas; luego que todo iba a quedar en nada, y nos queda Gürtel para rato; y ahora se bautiza como Juan Sin Miedo y se erige en máximo defensor de los valores de la Comunidad Valenciana", resume el mismo dirigente.

Un veterano diputado se suma a esta tesis y mantiene que no es "defendible" que haya llegado a calificar como "de risa" el proceso del Supremo que condujo a la reapertura de la causa de los trajes. O su reacción cuando concluyó que el auto del juez Pedreira era resultado de un "corta y pega". "Está en una actitud histriónica que sólo le perjudica. Cada vez está generando más rechazo y eso le debilita", considera.

En este sentido, un miembro del Comité Ejecutivo Nacional del partido recuerda que "en política, a veces, la forma en la que se manejan los escándalos cobra más importancia que estos en sí mismos porque todo se basa en una relación de confianza". Y no exhibe ninguna duda a la hora de concluir que "Camps no está conduciendo bien su problema, ni el problema que afecta a su partido". En definitiva, que "no ha sabido ganarse la confianza".

Quienes le conocen creen que no asume no ser ya el «niño bonito» del partido

Quizá por ello, un importante número de diputados del PP coinciden a la hora de sostener que Camps se ha equivocado de estrategia. "Él cree que está cumpliendo una misión histórica, espiritual y regional y que la situación que atraviesa es el peaje que los socialistas le quieren hacer pagar por erigirse en defensor de España. Pero su mensaje ya no cuela", relata un parlamentario. Otro, apunta hacia dónde más le duele al partido: los votos. "La Comunitat Valenciana tiene casi seis millones de habitantes. Y la gente no es tonta y ve lo que pasa día a día. Es muy arriesgado dilatar una decisión sobre Camps con el argumento de que ganamos de calle porque, tarde o temprano, vamos a tener que tomarla".

¿El final de un ciclo?

En este contexto, si hace un año era impensable imaginar el futuro de la Comunidad Valenciana sin Francisco Camps, hoy el partido se prepara para lo que pueda pasar. "Los campistas están compungidos. Ven cerca el final del ciclo y cada vez menos gente se imagina otra legislatura con Camps", precisa un diputado regional.

En su entorno están convencidos, sin embargo, de que hay president

Que lo mejor para el partido es que el president se quitara del medio es la tesis más extendida. Pero la percepción más común es que, a día de hoy, Camps "no se mueve ni con agua caliente". Es en este momento en el que todas las miradas se dirigen a Rajoy. ¿Por qué no actúa? La respuesta que dan sus colaboradores es que, pese a que "la cosa pinta regular, nadie le perdonaría haber sido cómplice de romper la carrera política de un dirigente que acabase siendo inocente". Además, señalan que en el "manual de estilo" de su jefe de filas no encajaría un golpe sobre la mesa sin conocer previamente una resolución judicial.

De momento, lo que se están produciendo son gestos que, sumados, pueden llevar a concluir que para Rajoy Camps ya no es un político tan "honrado", tal y como declaró cuando saltó el caso de los trajes. Los últimos actos del PP de la Comunitad han estado huérfanos de cargos de la dirección nacional del partido. Y la proclamación del candidato a la Generalitat para las autonómicas de 2011 ha sido puesta en cuarentena a la espera de novedades en el caso.

Los que en el PP defienden a Camps se abrazan a reducir a "meros trámites procesales" los últimos avances judiciales del caso. Y señalan que la partida no se ha terminado porque "hay Camps para rato". Los que le conocen dicen que mucho de su actitud se debe al "batacazo" que le ha supuesto dejar de ser "el niño bonito del partido". Como el diría, por haber dejado de ser un "líder nacional".

www.publico.es 30.05.10

Camps ocultó cien veces a Les Corts los contratos de la 'Gürtel'

La oposición lleva año y medio reclamando sin éxito las adjudicaciones a la trama

No. Es el monosílabo preferido del PP valenciano cuando la oposición le pide los expedientes de contratación con empresas de la Gürtel. Desde que en febrero de 2009 estalló la trama, el Partido Socialista ha exprimido todas las vías parlamentarias para llegar a la letra de las adjudicaciones. Los socialistas suman desde entonces más de un centenar de peticiones formales de documentación y 450 preguntas al Consell. Todas a la papelera bajo el argumento de que las empresas de la trama "carecen de trascendencia pública".

No es la primera vez que esto sucede. El PSPV-PSOE ya preguntó durante la pasada legislatura sobre algunas de las firmas de la red de Correa, entre ellas Orange Market, la franquicia de la trama en Valencia. El PP utilizó la mayoría absoluta para no admitirlas a trámite de manera sistemática.

El TC afeó en 2009 la falta de transparencia del Parlament

Esta práctica, habitual desde que gobiernan los conservadores, llevó al grupo l'Entesa (compuesto en su mayoría por diputados de Esquerra Unida) a presentar, en el 2005, un recurso de amparo ante el Constitucional, que el 8 de abril de 2009 emitió una sentencia contra la "falta de transparencia" en el parlament. "No ha servido de nada, el PP continua negando contratos", asegura Ángel Luna, portavoz socialista, y añade: "Hemos sabido lo que pasa gracias a la intervención de un juez, que tiene potestad para pinchar teléfonos y registrar despachos".

1.521 contratos

Tampoco ha tenido mejor suerte Compromís, el otro grupo en la oposición. En mayo de 2009 denunció que el PP ponía el candado a los 1.521 contratos que habían solicitado ver. "Nos dijeron que no los enseñaban porque estaban bajo secreto de sumario", explica su portavoz adjunta, Mònica Oltra. Casi un año después, cuando el magistrado Antonio Pedreira que instruye el caso Gürtel levantó buena parte de este secreto, Compromís volvió a la carga con los 1.521 expedientes. "Ni nos han respondido", critica Oltra.

El PP asegura que la documentación solicitada "carece de trascendencia"

La negativa del PP de dar explicaciones no es nueva, pero se ha multiplicado y perfeccionado desde que se conoce la trama. Un celo sobre la información, que según la dirigente de Compromís, ha llevado a los conservadores a despojarse de todo maquillaje institucional. "¿Qué por qué no? Porque tenemos mayoría absoluta y ya está", asegura Oltra que han llegado a contestar los conservadores en la Mesa de Les Corts o la Junta de Portavoces.

La obsesión del PP por los cerrojos ha derivado por momentos en burla y mofa hacia la oposición. El jueves pasado, Camps compareció en Les Corts y aseguró que su Gobierno es "el más transparente" y que por eso no tenía "miedo" a lo que pudiera venir de los tribunales. "Si es tan valiente, ¿por qué no pone encima de la mesa los contratos de la Gürtel?", le preguntó Ángel Luna momentos antes de acusarlo de vivir instalado en la opacidad. "¿Opaco? O Paco o Francisco", le soltó a Luna.

Desde el PSPV-PSOE aseguran que el bloqueo informativo del PP responde más a la "prepotencia y a su desprecio al parlamentarismo" que a lo que pueda salir. De hecho, buena parte de los expedientes ya son públicos y se pueden descargar de multitud de webs. Se trata de los "sólo 80 contratos" a los que, en tono despectivo, se refirió Camps este miércoles cuando trascendió que Pedreira se inhibía a favor del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) tras hallar indicios de siete delitos graves que afectarían al presidente valenciano y a su Gobierno.

Ochenta contratos que en realidad son 85 y que sumarían 7,2 millones de euros en adjudicaciones públicas a nueve empresas de la Gürtel. Una operación que aparece descrita en un informe de la Unidad de Auxilio Judicial, del 13 de abril, que denuncia un rosario de irregularidades: fraccionamientos para burlar a los órganos fiscalizadores, contrataciones a dedo, pagos por trabajos nunca realizados, pagos dobles, entre otros.

www.publico.es 29.05.10

CAMPS SE ENVUELVE EN LA 'SENYERA' PARA AFRONTAR GÜRTEL 

El presidente de la Generalitat, Francisco Camps, decidió ayer envolverse en la senyera valenciana para afrontar la grave situación en la que se halla, tras la decisión del juez Antonio Pedreira de enviar parte de la causa del caso Gürtel al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Pedreira considera que existen múltiples indicios, -de hasta siete delitos diferentes, incluidos el cohecho, el delito electoral y la financiación ilegal- que implican al presidente valenciano y a la cúpula de su Gobierno y del PP regional. 

"Ustedes [los socialistas] se han acogido al Código Penal, yo a la senyera y a mis conciudadanos", afirmó ayer Camps en la sesión de control de las Cortes valencianas. El presidente de la Generalitat atribuyó todas sus penurias judiciales a un "envite de todo el aparato del Estado para generar una sombra de duda sobre un Gobierno democrático". Y, además, contrapuso el auto judicial "de corta y pega" elaborado por el juez Pedreira, y unos informes periciales que considera contaminados por la fiscalía y el Gobierno, con "los informes científicamente probados" de la Abogacía de la Generalitat y la dirección regional del PP. Una documentación que, según Camps, las instancias judiciales no le han permitido presentar hasta la fecha. 

El primero de los dos informes a los que se refiere Camps intenta contrarrestar el informe de la Unidad de Auxilio Judicial sobre las contrataciones irregulares de la Generalitat con la trama corrupta y ya fue remitido a primeros de mayo al TSJ de Madrid. El segundo es un somero informe, encargado por el PP regional a un auditor próximo a Camps, que cuestiona el informe de la Agencia Tributaria sobre la contabilidad de Orange Market que fue solicitado por el juez Pedreira. "Deje de envolverse en la bandera de los valencianos, cuente la verdad de una vez y apártese de un sillón que en este momento no está mereciendo", le dijo el portavoz socialista, Ángel Luna, a Camps. Luego, añadió: "Su megalomanía le enfrenta a su propio partido. ¿Cuánta arenga populista necesitará para tapar el olor a corrupción?". Luna advirtió al presidente valenciano de que su problema ya no es una carrera política "que está terminada", sino el Código Penal, que castiga el cohecho con penas de entre dos y seis años de cárcel. 

La tensión por la que atraviesan Camps y su entorno se tradujo, tras la sesión de control, en una reunión en los despachos de la Cámara entre el president, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; y los vicepresidentes Vicente Rambla y Gerardo Camps, sobre la posibilidad de hacer algún cambio en el Gobierno para retomar la iniciativa. En la misma, Rambla se quejó de la falta de apoyo de Génova tras el auto de Pedreira, lo que le valió el reproche de Camps, que lleva más un año bajo el foco mediático. 

(www.elpais.com, 28/05/10) 

VALENCIA REMATARÁ LA INVESTIGACIÓN QUE PEDREIRA COMPLETÓ 

El juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, intentó sin éxito en agosto de 2009 que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana investigara un informe policial sobre la financiación ilegal del PP valenciano y la adjudicación irregular de contratos a la trama Gürtel. 

Casi diez meses después, Pedreira ha enviado al tribunal valenciano resultados de aquella investigación -que implica al presidente valenciano, Francisco Camps, y a la cúpula de su Gobierno-. Él mismo la ha realizado, puesto que en febrero los magistrados valencianos asumieron que sería él quien completara la instrucción del caso. 

Las actuaciones realizadas por Pedreira completan una parte de la instrucción de lo que el propio tribunal valenciano calificó como "complejo delictivo". Los magistrados decidieron que, "al tratarse de una investigación judicial compleja y secreta", debía efectuarse junto con el resto del caso Gürtel hasta que aparecieran indicios sólidos contra políticos valencianos aforados. 

Así, el 15 de febrero se declararon provisionalmente incompetente para investigar la querella por financiación ilegal del PP presentada por cuatro diputados socialistas contra Camps, seis de sus altos cargos, cinco miembros de la trama corrupta y cinco destacados constructores. 

Por entonces, el caso de los trajes presuntamente regalados por la trama a Camps y a otros altos cargos estaba archivado, a la espera de que el Tribunal Supremo dijera la última palabra. La instrucción de Pedreira, por otra parte, seguía siendo secreta. 

"La querella y el cualificado informe de la Unidad Especial de Policía contra la Criminalidad Organizada que la acompaña contienen hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar para averiguar los mismos", señaló entonces el tribunal valenciano, que decidió dejar en suspenso la iniciativa para "no fragmentar" la investigación judicial desarrollada en el tribunal de Madrid. 

El auto, que acordaba "la no asunción de competencia, por el momento", pero advertía además de que la competencia para "realizar juicio formal de inculpación" o "la práctica de otras diligencias que materialmente entrañen ese mismo significado" sobre personas aforadas les correspondía a ellos o, en todo caso, al Supremo. Y depositaba en la Fiscalía Anticorrupción, personada en el caso, la responsabilidad de promover, si fuese procedente, "la remisión de los testimonios indicados a otros tribunales que pudieran ser competentes". 

Y así ocurrió: ha sido un informe de la fiscalía, que el juez Pedreira ha hecho suyo, el que ha terminado por devolver a Valencia un caso en el que los indicios de hasta siete delitos implican a Camps, a su vicepresidente, Vicente Rambla, a tres diputados valencianos, a media docena de empresarios y a miembros de la trama corrupta. Debería acumularse así al asunto de los trajes regalados, que ahora ha vuelto a manos del juez de Valencia José Flors, toda vez que, al final, el Supremo ha decidido reabrir esta investigación judicial. 

(www.elpais.com, 28/05/10)

¿POR QUÉ PROTEGE RAJOY A UN POLÍTICO ACUSADO DE GRAVES DELITOS? 

"Es el ritmo de Mariano", explica uno de sus colaboradores cuando se le pregunta por qué el líder del PP no adopta de una vez por todas medidas contra el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, tras los dos varapalos judiciales recibidos en dos semanas.  

En las filas conservadoras confían en que el dirigente valenciano termine por dimitir si le imputan alguno de los graves delitos apuntados por el juez Pedreira, entre ellos cohecho (soborno) y financiación ilegal, o si abren juicio oral en su contra por la causa de los trajes que le regaló la trama Gürtel. Y, mientras, se desesperan porque Rajoy no mueve ficha. "Él es así. Es su modus operandi. Tranquilidad mientras todos enloquecen. Prefiere que se enfríe el tema y no reaccionar a golpe de titular", comentan los suyos. Si lo hiciera, mantienen, tendría que haber echado al líder del PP canario, José Manuel Soria, nada más conocerse su imputación por el caso Salmón, y recuerdan que este asunto terminó archivándose meses después.  

En el partido destacan que, al final, "el tiempo le da la razón". "Lo que pasa es que nos hace a todos someternos a un castigo y un desgaste innecesario", comentan varios diputados. Pero los que le rodean están convencidos de que Rajoy no le pedirá en ningún momento que renuncie al cargo. Él prefiere que sean los demás quienes lo mediten y lleguen a la conclusión de que eso es lo mejor para su formación. 

Recuerdan que así fue como Jaume Matas, ex president de Balears, pidió la suspensión de militancia cuando lo imputaron por el caso Palma Arena. Y también que ese fue el procedimiento que se siguió con el ex tesorero del partido Luis Bárcenas, quien dimitió de todos sus cargos cuando la situación llegó a ser insostenible. 

Cuentan que entonces el vicesecretario Javier Arenas fue clave para convencer al senador de que lo mejor era abandonar las filas conservadoras para centrarse en su defensa. Algunos creen que ese papel ahora podría recaer sobre el responsable de Justicia, Federico Trillo. El diputado por Alicante ha estado diseñando con Camps la estrategia a seguir desde el primer día.  

Lo ocurrido con Bárcenas dejó un regusto tremendamente amargo en el PP y a algunos no se les ha olvidado. Aún creen que si se mantuvo tanto tiempo en su cargo y contó con tantos privilegios fue porque amenazaba con "tirar de la manta".  

En esta ocasión, la mayoría dentro del partido descarta el chantaje. No cree que Camps esté presionando. Aunque otros no lo descartan teniendo en cuenta que no le tembló el pulso al enfrentarse a su antecesor, Eduardo Zaplana. 

"Sería su fin. Además, con qué va a formar un partido independiente, con qué se va a llevar consigo los votos... El PP gana con y sin él en la Comunitat valenciana", asegura un diputado. Aunque muchos creen que sería conveniente realizar una limpieza, en el Partido Popular no se llegan a plantear la refundación de la marca valenciana.  

El círculo de Rajoy cree que sobre su jefe pesan, además, dos factores: que Camps lo apoyó cuando perdió las elecciones en 2008 y su liderazgo se tambaleaba y, también, que no termina de creerse que sea un delincuente. 

En el partido, sin embargo, hay quien cree que esta es una lealtad mal entendida. Ahora que encima se ha vuelto a poner el foco de atención sobre la financiación ilegal, algunos temen que se estén protegiendo las cuentas de la formación regional para que el asunto no termine salpicando las del partido a nivel nacional. Pero en la cúpula mantienen que tienen todo auditado. "Las cuentas están en regla. No es una preocupación", dicen por mucho que estén bajo lupa judicial.  

Los que conocen bien a Rajoy saben que lo único que no está dispuesto a arriesgar es su independencia y credibilidad. Y si considera que estas pueden estar en peligro puede dar un giro aunque, en ningún caso, será copernicano. 

En las filas conservadoras preferirían acabar con esta angustia "cuanto antes". "Siempre parece que reaccionamos mal y tarde", comentan varios dirigentes indignados con que se vuelva a repetir el calvario de Bárcenas. El nombre del ex senador ha vuelto a aparecer en el auto de Pedreira. Se le atribuye un delito electoral en 2007 y se le investiga por si cometió otro un año después. Pero en el PP dicen que ya es historia. "Se fue y se acabó el debate", reconocen con alivio. Para el núcleo duro ya está "amortizado".  

A pesar de todo, desde la sede nacional reconocen que la defensa hacia Camps se ha rebajado mucho. Ahora dejan que sea él quien dé la cara mientras la cúpula baraja escenarios y estudia soluciones. En la dirección reconocen que les han sorprendido algunas de sus salidas de tono pero que lo que más preocupa a Rajoy es pensar que la Comunitat Valenciana pueda estar paralizada.  

(www.publico.es, 28/05/10)

CAMPS ASEGURA QUE SUFRE "EL ENVITE" INJUSTO DE "TODO UN APARATO DEL ESTADO" 

El president de la Generalitat, Francisco Camps, ha asegurado hoy que sufre el "envite de todo un aparato del Estado para intentar generar una sombra de duda" sobre el Gobierno democrático valenciano, así como un "ataque injusto" que no le "refuerza moralmente", porque no hay ninguna "debilidad". 

Camps se ha pronunciado así en la sesión de control de Les Corts, donde la oposición le ha preguntado sobre el auto del juez instructor del caso "Gürtel" en Madrid, Antonio Pedreira, que traslada al Tribunal Superior de Justicia valenciano la investigación sobre supuestos delitos electorales y cohecho, entre otros, que afectaría a altos cargos del PP valenciano

El president, que ha calificado de "corta-pega" el auto del juez Pedreira (en PDF), ha asegurado que no tiene "miedo absolutamente a nada", porque los informes de la Generalitat dicen que "todo se ha hecho correctamente y el partido está financiado correctamente" y desmontan de forma objetiva "cada una de las propuestas" de la Fiscalía. 

El portavoz socialista, Ángel Luna, le ha alertado de que su problema "ya no lo resuelve con una multa", pues el delito de cohecho previsto en el artículo 419 del Código Penal -"uno de los siete delitos" que recoge el auto- habla de 2 a 6 años de cárcel y de inhabilitación de 7 a 12 años, y le ha preguntado si va a montar un partido regionalista. 

"Usted se ha cogido a lo único que les queda, el Código Penal, yo me cojo a la señera y a mis conciudadanos para seguir trabajando por el futuro de esta tierra", ha replicado Camps, quien ha dicho que tiene "la compañía" de sus compañeros de partido, de sus conciuadanos y del partido a nivel nacional, y que forma parte de un partido nacional en el que está "realmente a gusto y convencido del proyecto".  

(www.publico.es, 27/05/10) 

EL CERCO JUDICIAL A CAMPS REBASA LOS TRAJES 

El auto del magistrado Antonio Pedreira es un parte de traslado del presidente Camps directamente a la UCI judicial. Con las consecuencias políticas que pueden derivarse. Porque el auto de inhibición en favor del TSJ valenciano no sólo acorrala al jefe del Consell a título personal sino que, además, deja tocada a toda la plana mayor de su partido y al propio vicepresidente Vicente Rambla. A los hombres del presidente les imputa, por autores o colaboradores, uno o varios presuntos delitos, entre ellos falsedad documental, delito electoral, financiación ilegal, prevaricación, delito contra la hacienda pública o cohecho propio.  

Este último es el que afectaría de lleno al presidente. El auto permite concluir que los problemas de Camps con la Justicia ya no se ciñen a "tres trajes regalados" (12.783 euros exactamente) sin ninguna conexión con los contratos a la trama y que, como cohecho impropio, se saldarían con multa de tres a seis meses, en el peor escenario para el Consell. Pedreira avala la tesis de la Fiscalía Anticorrupción y da una vuelta de tuerca al cohecho impropio para convertirlo en propio. En cohecho crudo, puro y duro. Y eso son palabras mayores cuando se aplican a un presidente. Ese delito está penado con prisión (hasta seis años) e inhabilitación para cargo público con fecha de caducidad de hasta doce años. "El cohecho que se investigaba en el TSJ de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal [el pasivo] sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420 del mismo texto legal", esto es, el propio, señala el instructor del caso Gürtel en el TSJ de Madrid. Viene a apreciar relación causal entre los regalos que hizo la trama (pagó Orange Market, Servimadrid y Diseño Asimétrico) a los cargos públicos y los contratos que les llovieron de la Generalitat.  

Hasta 85 concesiones a nueve firmas Gürtel, por unos 8 millones de euros, pescó la red de Correa en el Consell. Los archivos intervenidos en pisos de la trama "evidencian los numerosos regalos que los imputados hacían a importantes cargos públicos (trajes, bolsos, relojes, etc) con el fin de obtener un trato de favor en la contratación pública", dice Pedreira.  

El auto insinúa incluso una posible responsabilidad de Camps en otros delitos, especialmente en el electoral. Lo hace cuando, tras glosar la participación de Ricardo Costa como epicentro en el montaje de la supuesta financiación del partido, añade: "Sobre la conexidad de los delitos investigados, tampoco puede desdeñarse el cargo que ocupa en el PPCV otro de los imputados en la causa tramitada en Valencia, Francisco Camps Ortiz, y que no es otro que el presidente de dicho partido político". 

Con el auto de inhibición, el magistrado propone al TSJ valenciano el traslado de la rama valenciana del caso Gürtel (en realidad, el tronco, deconstruido a través de 800 folios de investigación) al existir varios aforados. Ahora corresponderá a la Sala de lo Civil y Penal del tribunal valenciano decidir, en primer lugar, si acepta la competencia y, después, si acumula esa causa a la de los trajes. Fuentes jurídicas apuntan que la decisión lógica -máxime tras el varapalo del Supremo a De la Rúa y Ceres por el archivo que decretaron- sería aceptar la causa y acumularla para que toda la red Gürtel valenciana la instruya José Flors.  

Se cumpliría así la posibilidad avanzada el pasado 14 de mayo por este diario y Camps no sería juzgado por nueve ciudadanos anónimos en un tribunal del jurado, que entiende del cohecho impropio (artículo 1 de la Ley 5/1995) pero no del activo ni de otros delitos acumulados. Los plazos, en ese supuesto más que probable, se dilatarían hasta no menos de dos años y el presidente nunca se sentaría en el banquillo antes de las elecciones. "Será una instrucción muy larga", señalan las citadas fuentes. El largo proceso es un factor que en el entorno de Camps consideran como de los pocos elementos favorables. 

Pedreira apuesta por aglutinar toda la causa Gürtel tras proclamar la "estrechísima vinculación entre todos los hechos". "Resulta ineludible la investigación de dichos hechos en un solo procedimiento", sentencia el magistrado de Madrid. En otras palabras: "La correcta calificación jurídica de los hechos atribuidos a los imputados en el procedimiento del Tribunal del Jurado (...) impone su investigación conjunta con la contratación de Orange Market, tanto en el PP como con la Administración a fin de comprobar la posible relación entre los regalos investigados (...) y los cargos que Rafael Betoret, Víctor Campos Ricardo Costa y Francisco Camps ocupan en el PPCV y/o la Generalitat".

(www.levante-emv.com, 27/05/10) 

CAMPS SE ENFRENTA A UN PROCESO LARGO Y SIN JURADO 

Nada está aún claro. Pero todo apunta a que Francisco Camps y el resto de los altos cargos del Gobierno y del PP valencianos se enfrentarán a un proceso judicial largo y sin jurado. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha puesto en manos de José Flors, el instructor de la causa de los trajes que reabrió el pasado 17 de mayo el Tribunal Supremo, la evolución del procedimiento. 

Flors, que tenía la intención de abrir juicio oral por cohecho pasivo impropio cuanto antes y, tal como obliga la ley, por jurado, tiene ahora un escenario distinto. El juez de Madrid, Antonio Pedreira, le envía una parte del sumario del caso Gürtel que ha instruido y lo hace invitándole a que las nuevas imputaciones y los nuevos imputados se sumen a la causa abierta por el cohecho pasivo impropio. Los delitos que recoge el auto de inhibición de Pedreira están fuera del catálogo de jurado. La causa debería ser juzgada, por tanto, por un tribunal profesional, con tres magistrados del TSJCV. 

La primera decisión que debe tomar Flors es la de acumular o no ambas causas. Y, si elige la primera opción, el magistrado procederá a instruirla, practicar prueba, oír a los imputados y citar a nuevos testigos. Antes de que eso ocurra, los magistrados de la Sala de Lo Civil y Penal analizarán la decisión procesal que se dibuja con la inhibición del TSJ de Madrid. Aunque no parece probable, Flors también puede rechazar la inhibición y plantear una cuestión de competencia por razones que el auto recoge: "La enorme dificultad que la inhibición implica en esta causa en la que existe una estrechísima vinculación entre todos los hechos objeto de la misma, muy especialmente los delitos contra la Hacienda pública que vinculan a Francisco Correa", el jefe de la trama. 

(www.elpais.com, 27/05/10) 

EL JUEZ PONE DE NUEVO EL FOCO EN LA CÚPULA DEL PP 

Los esfuerzos de la dirección estatal del PP por permanecer ajena a la trama Gürtel han resultado fallidos. El auto del juez madrileño Antonio Pedreira señala a Luis Bárcenas como autor de un presunto delito electoral en el que habría incurrido como "administrador general del PP en las elecciones locales" del 27 de mayo de 2007. El juez investiga, además, si el PP cometió un segundo delito electoral en las elecciones generales de marzo de 2008, año en el que, presuntamente, Orange Market también falseó facturas en connivencia con empresas afines a la formación conservadora.  

El juez está pendiente de que la Agencia Tributaria verifique si los 515.461 euros pagados a Orange Market en 2008 por cinco empresas próximas al PP se correspondían o no con gastos electorales del partido. Dos de esas sociedades Facsa y Piaf ya habían sufragado gastos electorales en 2007, según el auto judicial.  

Si Hacienda confirma que los pagos de 2008 fueron donaciones electorales encubiertas, "los hechos podrían ser constitutivos de un delito electoral del que sería autor el administrador general del PP en esas elecciones, cuya identidad en este momento se desconoce". Fuentes oficiales del PP confirmaron ayer a este diario que, "como gerente del partido", esa responsabilidad recayó en Bárcenas también en la campaña para las generales de marzo de 2008.  

Tesorero del PP hasta abril de este año y senador hasta que, días después, el PP le forzó a dejar el escaño, Bárcenas regresa ahora al centro del escenario. Y vuelve no por los supuestos delitos que haya podido cometer a título personal sino por aquel en el que, según Pedreira, incurrió precisamente como máximo responsable de las cuentas electorales del partido.

Gerente desde años atrás, Bárcenas ascendió a tesorero del PP en el congreso del partido celebrado en junio de 2008, tres meses después de los comicios generales. El artífice de su ascenso fue Rajoy, quien tras aquel congreso premió a quienes se mantuvieron a su lado frente al asalto fallido de Esperanza Aguirre.  

En 2007, el PP ocultó al fisco 2,5 millones de euros de gastos electorales. El hecho de que los dos comicios, locales y autonómicos, coincidieran en fecha 27 de mayo dificulta la tarea de segregar cuánto dinero ocultó en la campaña de las municipales y cuánto en la destinada a la reelección de Camps como presidente de la Generalitat.  

El auto recuerda que, según la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG), son autores del delito electoral "los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores". En virtud de ese precepto, la responsabilidad sobre lo ocurrido durante las elecciones de 2007 recae sobre Bárcenas y sobre Cristina Ibáñez, administradora del PP valenciano para las elecciones autonómicas. 

La resolución de Pedreira lanza un aviso al Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), ante el que se inhibe en lo concerniente a las actuaciones del Gobierno de Camps y de la dirección del PP. Ese aviso se relaciona con la dimisión de Bárcenas como senador y a su consiguiente pérdida de aforamiento ante el Tribunal Supremo. 

Pedreira, que ya ha topado en más de una ocasión con el muro que defiende en Valencia el juez amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa, advierte de que el tribunal competente para investigar los hechos descritos en el auto es el Tribunal Superior Valenciano. Y ello porque entre los implicados hay aforados autonómicos, con independencia de que se les atribuyan delitos cometidos "en y fuera del territorio" valenciano. La competencia corresponde al TSJCV, y no el Supremo, subraya Pedreira, y a renglón seguido pone los puntos sobre las íes: "A ello no puede objetarse la condición de senador de Luis Bárcenas como determinante de la competencia del Tribunal Supremo por cuanto ha renunciado a su acta de senador y, en consecuencia, ha perdido el aforamiento". 

Si el juez Flors opta por que sea la Sala de lo Penal la que acuerde si, tal como pide Pedreira, debe ampliar el marco de sus investigaciones, la decisión volverá a estar en manos de De la Rúa.  

Cuando el juez Antonio Pedreira preguntó a Francisco Correa, conocido como ‘Don Vito', cómo había logrado trabajar para el PP casi en régimen de monopolio, el jefe de la trama corrupta señaló a Luis Bárcenas. Fue él, contó Correa, quien permitió a las empresas que formaban parte de la trama ‘Gürtel' dar un salto cualitativo: de proveedor esporádico a grupo de cabecera del PP.

En esa declaración, Correa trató -sin éxito- de convencer al juez de que cuando le contó a un edil del PP que él le había llevado "mil millones" de pesetas a Bárcenas, sólo quería decir que había proporcionado al PP un ahorro de seis millones de euros.  

En relativa calma mientras la investigación sobre su persona correspondió al Supremo, Bárcenas vuelve ahora a la cuerda floja. Cuando Pedreira levantó en abril el secreto de sumario sobre una nueva tanda de documentos del caso, un alud de pruebas sepultó al entonces todavía tesorero del PP. La policía identificó "sin género de duda" a Bárcenas como el L.B. que aparece en la contabilidad B de la trama. La investigación ha constatado que su patrimonio se ha multiplicado por ocho desde 1984. Ahora, el juez sigue buscando el dinero que, presuntamente, evadió Bárcenas fuera de España.   

(www.publico.es, 27/05/10) 

CAMPS NIEGA LAS EVIDENCIAS: "SE TRATA DE UN PROCESO MEDIÁTICO, NO HAY MÁS" 

La conmoción se apoderó ayer de nuevo de los populares valencianos. Apenas 72 horas después del mitin celebrado en Valencia para aclamar al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y de celebrar el tercer aniversario de su última victoria electoral, el auto del juez Antonio Pedreira les devolvió a una pesadilla llamada Gürtel, de la que no logran despertar desde hace más de un año. 

Camps conoció la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid durante una inauguración en la localidad valenciana de Cheste. "Se trata de un proceso mediático, no hay más", aseguró Camps, que intentó quitar importancia al auto judicial y se refugió, nuevamente, tras la teoría de la conspiración. "Se está hablando de 80 contratos, cuando la Generalitat en esos seis años ha firmado decenas de contratos de todo tipo. Y estamos hablando de la financiación de un partido que ha fiscalizado sus cuentas en el Tribunal de Cuentas y en la Sindicatura", dijo Camps, que está convencido de que su Gobierno sufre "un acoso sin parangón en la historia de la democracia española". 

"¿Ustedes se creen que un Gobierno que sólo en una obra invierte 350 millones de euros va a estar trapicheando con 80 contratos durante seis años o con una pretendida trama de pequeñas empresas que no sabemos exactamente bien cuál es su razón social y exactamente a qué se dedican?", se preguntó retóricamente Camps. Y añadió: "Las personas que están dirigiendo o instrumentalizando este acoso deben dejar responsablemente las tareas o responsabilidades que tienen en estos momentos cuando se sepa toda la verdad". 

La decisión del TSJ de Madrid sorprendió al vicepresidente Vicente Rambla durante una comparecencia sobre los tres últimos años de Gobierno de Camps. La alerta del teléfono móvil transformó el semblante de Rambla, que reclamó que se respete la presunción de inocencia y proclamó que la gestión de la Generalitat "se ha caracterizado siempre por ser honesta". 

Las alertas de los teléfonos que comunicaban el auto de Pedreira también sorprendieron al vicesecretario de Organización, David Serra; a la tesorera del PP regional, Yolanda García, y al ex secretario regional Ricardo Costa en sus escaños de las Cortes. La conmoción de la bancada popular se trabó con los nervios de los afectados, que se declararon tranquilos pese a que el trajín de entradas y salidas del hemiciclo revelaba lo contrario. Tanto la Generalitat como el PP regional emitieron comunicados pregonando la legalidad de sus actuaciones. 

 (www.elpais.com, 27/05/10) 

RAJOY SE RECLUYE EN GÉNOVA Y LLAMA AL LÍDER VALENCIANO PARA CONFIRMARLE SU APOYO 

El PP está en ebullición, y casi todos los dirigentes tienen su propia opinión sobre cómo ha de resolverse el caso Camps. En privado, hay casi unanimidad: tiene que irse cuanto antes para no perjudicar al partido, una vez comprobado que la situación judicial no para de empeorar. Pero al final, el PP es un partido jerárquico, y pese a la enorme tensión que se respira entre Madrid y Valencia, todo depende de una sola cosa: lo que hablen Mariano Rajoy y Francisco Camps. Y ayer, Rajoy y Camps hablaron. 

El presidente valenciano estaba con el ánimo fuerte, según varios dirigentes. Y le dijo que no tenía ninguna intención de dimitir, que estaba convencido de que judicialmente el asunto acabaría en nada porque tenía facturas que prueban el pago legal de todos los actos del partido -al contrario del pago de los trajes, aquí sí hay papeles, aunque lo que se investiga son los pagos en negro-. Y Rajoy le contestó, de nuevo, con un apoyo cerrado para que aguante. Pero eso sí, le insistió, como ha hecho en otras ocasiones, en que tiene que dar explicaciones públicas y atender a los periodistas, para evitar que sea la dirección nacional la que tenga que explicarlo y quemarse. Y como Camps le hizo caso y habló a los medios, los marianistas estaban un poco más tranquilos. 

Rajoy pudo así, de nuevo, refugiarse en el silencio. La dirección del PP hizo como si el auto del juez Pedreira no existiera. Génova no tiene nada que decir sobre un escrito que desmonta la tesis principal del PP en todos estos meses, la de que en el caso Gürtel no había financiación ilegal. Rajoy estuvo todo el día encerrado en Génova tratando de trasladar, de nuevo, una imagen de calma en medio de la tempestad. De momento, insisten en el entorno del líder, no hay imputaciones. Cuando las haya, si las hay, se volverá a dar una vuelta al asunto. Mientras tanto, el apoyo continúa. Camps, explican en la dirección del PP, ha decidido "jugar a muerte", atrincherarse y no dimitir, lo que sería la mejor opción para Rajoy, que no quiere echarle pero está cada vez más distanciado y pesimista sobre el futuro judicial del valenciano. 

Camps, señalan los marianistas, sigue contando, pese a las dudas de algunos, con el apoyo de la mayoría del partido en la Comunidad Valenciana (excluido Alicante), y la operación de echarlo si él no se quiere ir sería muy arriesgada. Otros dirigentes señalan que muchos valencianos están también hartos de Camps y esperan una señal de Rajoy para empujarle a marcharse, pero mientras el líder no se mueva, nadie se moverá. 

En cualquier caso, diversos dirigentes regionales y nacionales insistían ayer en privado en que la situación es cada vez más insostenible. "El auto es como para refundar el PP en la Comunidad Valenciana. Implican a casi toda la cúpula en casi todos los delitos posibles en política", sentenciaba un dirigente. Aún así, había también un dato positivo que muchos marianistas destacaban: el caso vuelve a la sala presidida por Juan Luis de la Rúa, el juez "más que amigo" de Camps. 

 (www.elpais.com, 27/05/10) 

EL PP SE TEME «LO PEOR» Y SE PREPARA PARA TOMAR MEDIDAS  

Francisco Camps lleva meses pidiendo a la dirección del PP que confíe en él y en su saber hacer ante los tribunales (gracias a la colaboración de su abogado y del dirigente popular Federico Trillo). Da por hecho que no llegará a sentarse ante un jurado por el caso de los trajes y que, además, el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) rechazará juzgarle a él y a su Gobierno por posible financiación ilegal del partido, por mucho que se obstinen el juez de Madrid Antonio Pedreira y el instructor en Valencia, José Flors. La dirección del PP, ante tanto empeño de Camps –que se ve a sí mismo como Juan Sin Miedo–, le ha concedido el beneficio de la duda y esperará «hasta el límite de lo posible» para adoptar, si fuera necesario, medidas disciplinarias contra él o sus colaboradores. «Pero, tras leer el auto de hoy [por ayer], nos tememos lo peor», se apuntaba ayer en el entorno de Mariano Rajoy. 

En esta situación, Rajoy elige el camino más largo, como ya hizo con su extesorero Luis Bárcenas: ganar tiempo y, en función de las noticias que vayan surgiendo de los tribunales, inclinar la balanza hacia Camps, que se proclama inocente a los cuatro vientos, o hacia el cada vez mayor número de dirigentes conservadores que ansían que el presidente valenciano dimita cuanto antes, «por su propio bien y por el bien del partido». 

Mientras, Camps mueve sus fichas: ayer hizo público un informe de la abogacía de la Generalitat valenciana para intentar desmontar la investigación sobre financiación ilegal que lleva a cabo la Unidad de Auxilio Judicial. Al tiempo, promete dar muchas explicaciones a la prensa. Eso sí que es novedad.  

 (www.elperiodico.com, 27/05/10)

CAMPS Y SU GOBIERNO AFRONTAN HASTA SIETE DELITOS POR SU RELACIÓN CON LA TRAMA GÜRTEL 

No se trata exclusivamente de un delito de cohecho impropio por haber aceptado regalos de trajes de un contratista de la administración valenciana. La rama valenciana del caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción vinculada a un partido en democracia, va mucho más allá de los regalos al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, de los que ya estaba en camino de ser juzgado. Por la puerta que abrió la reciente sentencia del Supremo que volvió a imputar a Camps, el juez Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha decidido enviar el grueso de la causa valenciana al Tribunal Superior de esta comunidad autónoma. En esa causa figuran indicios de hasta siete delitos vinculados a la corrupción relacionados con el amaño de contratos a favor de la red Gürtel (prevaricación y tráfico de influencias); con la aceptación de regalos pagados por Álvaro Pérez, el Bigotes, jefe de la trama corrupta en Valencia, a dirigentes del PP (cohecho) y con la ocultación a Hacienda de gastos del partido en la campaña de 2007 (delito electoral). 

El juez recoge en su auto los argumentos de la Fiscalía Anticorrupción que considera que Camps pudo incurrir en cohecho propio (recibir regalos a cambio de adjudicar contratos) en lugar del cohecho pasivo impropio que ahora se le imputa (recibir regalos por su condición de autoridad sin vinculación con la adjudicación de contratos). Otros delitos que se apuntan en el auto son los de falsedad en documento mercantil, cometida supuestamente para pagar de forma irregular facturas del PP; y blanqueo de capitales. La decisión de Pedreira de inhibirse en favor del Tribunal valenciano, que ya estableció en febrero pasado que los informes policiales sobre financiación ilegal del PP había que investigarlos aunque rechazó hacerlo por una cuestión de competencias en ese momento procesal, se produce a instancias de la fiscalía, que justifica la necesidad de tomar esta decisión ahora para "evitar la prescripción de los delitos electorales". Anticorrupción se basa en los informes de la Brigada Policial contra el Blanqueo de 31 de julio de 2009 y los de las unidades de auxilio judicial de la Intervención del Estado y de la Agencia Tributaria, de 13 de abril y 6 de mayo de este año. Según esos informes, hay dos grandes bloques de supuestos delitos que, de acuerdo con la fiscalía y el juez, aconsejan "su acumulación" al procedimiento que instruye el juez valenciano José Flors por "la conexidad" con los investigados en esa causa, consistentes en el "regalo de prendas de vestir a funcionarios públicos". 

Por una parte, Pedreira apunta los delitos de tráfico de influencias en la contratación de la empresa Orange Market con la Generalitat valenciana. El Gobierno de Camps adjudicó al menos 85 contratos entre 2004 y 2009 a la empresa Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, en su mayor parte de forma irregular, por un total de 7,2 millones de euros. "Por ello", señala el ministerio público, "el delito de cohecho que se investigaba en el Tribunal de Valencia podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal, sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420", lo que implicaría que no sería objeto de juicio con jurado y la condena pasaría de una multa a la inhabilitación para ejercer cargo público. 

Por otra parte, están los supuestos delitos electorales, que implican a media docena de empresarios que habrían financiado irregularmente al PP valenciano a través de Orange Market y que, también de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, podrían determinar "una diferente valoración jurídica" de los regalos percibidos por Ricardo Costa. Según la Agencia Tributaria, el PP valenciano ocultó a Hacienda 2,5 millones en la campaña autonómica y local de 2007. Costa, que fue forzado a dimitir de su cargo de secretario general para convertirse en la única víctima política hasta el momento del caso Gürtel en el PP valenciano, ve esfumarse así las posibilidades de quedar apartado del procedimiento por cohecho pasivo impropio en el que está envuelto junto a Camps, al ex vicepresidente Víctor Campos y al ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret. 

En relación con la supuesta financiación ilegal, el auto señala a Luis Bárcenas, ex tesorero nacional del PP, y Cristina Ibáñez, administradora del PP valenciano en 2007, como responsables. Y afirma que con ellos habrían cooperado el propio Costa, el vicepresidente de la Generalitat, Vicente Rambla, el diputado y vicesecretario del PP valenciano David Serra, y la ex tesorera y diputada autonómica Yolanda García. Y también dos personajes aún sin identificar, conocidos como El Cantante y El Príncipe, que efectuaron los pagos por cuenta del PP. 

(www.elpais.com, 27/05/10) 

CARGOS PÚBLICOS BAJO SOSPECHA DE CORRUPCIÓN 

- Francisco Camps. El presidente valenciano estaba hasta ahora imputado por supuesto cohecho pasivo impropio a causa de los trajes que le regaló la trama Gürtel. El auto del juez Pedreira vincula los regalos a adjudicaciones irregulares y financiación ilegal del PP, lo que apunta a responsabilidades más graves, y señala figuras de cohecho que implican condenas de inhabilitación. 

- Vicente Rambla. El vicepresidente de la Generalitat había sido aludido en las conversaciones grabadas por la policía a Álvaro Pérez, pero hasta ahora no le había señalado la investigación judicial de una manera expresa. 

- Ricardo Costa. Diputado autonómico, fue obligado por Rajoy a dimitir el pasado octubre de su cargo de secretario general del PP de la Comunidad Valenciana. Hasta ahora acariciaba la posibilidad de eludir el caso de los trajes dado que no desempeñó cargo alguno en la Generalitat. El auto de Pedreira apunta, sin embargo, que los regalos de trajes que recibió pueden adquirir "una diferente valoración jurídica" a la luz de los supuestos delitos electorales cometidos con participación de la empresa de la trama Orange Market. 

- David Serra. Diputado autonómico, también aparece en numerosas conversaciones grabadas por la policía a Álvaro Pérez, que habrían corroborado, según la Fiscalía Anticorrupción y el juez Pedreira, "su papel en la gestión de las finanzas del PP". La documentación intervenida a Orange Market revela que entregó 12.000 euros a la caja B para pagar gastos del PP. 

- Yolanda García. También diputada autonómica en las Cortes valencianas, fue tesorera del PP regional, según las conversaciones intervenidas, participó en 2008 en "el irregular pago de los servicios prestados al partido" junto a Ricardo Costa, Vicente Rambla y el propio David Serra. 

- Rafael Betoret. Actual jefe de protocolo de la Diputación de Valencia y ex jefe de gabinete la Consejería de Turismo, que adjudicó a Orange Market el pabellón valenciano en Fitur de 2005 a 2009, el auto señala que participó en esos expedientes. 

- Víctor Campos. Ex vicepresidente, está apartado de la política e imputado por los regalos de trajes. 

(www.elpais.com, 27/05/10) 

EL JUEZ DEL ‘CASO GÜRTEL’ VE INDICIOS DE MÁS DELITOS DE CAMPS Y SU CÚPULA  

En el argot tenístico sería un revés cruzado y con un efecto envenenado. El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, hizo público ayer un auto en el que admite haber hallado indicios de que el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, y algunos de sus más estrechos colaboradores pueden haber cometido, además de cohecho impropio ligado al regalo de trajes, otros delitos de carácter electoral, contra la hacienda pública y de falsedad en documento mercantil, además de prevaricación.  

A estas conclusiones ha llegado el magistrado de Madrid siguiendo el hilo de la red corrupta que capitaneaba Francisco Correa. Pero para evitar la prescripción de algunos de estos delitos, y aprovechando que hace solo unos días, el Tribunal Supremo instó al Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJV) a reabrir la causa de los citados trajes, Pedreira decidió inhibirse de la parte de su investigación que atañe a Valencia y pasársela a su colega José Flors, el juez valenciano encargado de reabrir el caso Camps. Flors deberá decidir ahora si, como se le reclama desde Madrid, se hace cargo también de estas nuevas amenazas para el futuro político del presidente de la Generalitat valenciana y sus adláteres.  

Las 20 páginas remitidas por el magistrado no hacen más que agrandar las dudas en torno a algunos miembros de la cúpula popular valenciana. Como Ricardo Costa (diputado y exsecretario general de los populares valencianos), Vicente Rambla (vicepresidente primero del Gobierno valenciano), David Serra (vicesecretario general) y Yolanda García Santos (tesorera). 

En su escrito, el instructor detalla las «irregularidades» en la contratación por parte de diversas conselleries de actos organizados por Orange Market, algunos de los cuales requerían la autorización del Gabinete del Presidente. «Por ello –prosigue–, 

el delito de cohecho que se investigaba en el TSJV podría no ser, en algunos casos, el previsto en el artículo 426 del Código Penal, sino el tipificado en los artículos 425, 419 o 420 del mismo texto». Es decir, se pasaría del cohecho impropio al cohecho puro y duro, que puede implicar incluso penas de prisión.  

El magistrado pide en este sentido que se investiguen los regalos recibidos por Costa y Camps y que se indague sobre la contratación de empresas vinculadas a Francisco Correa por parte de la Administración valenciana entre el 2004 y el 2009, puesto que un informe de la Unidad de Auxilio Judicial detectó indicios de prevaricación. A esta se añadirían los delitos de fraude fiscal y falsedad de documento mercantil cometidos por dirigentes del PP valenciano a raíz de varios actos organizados por Orange Market.  

Un capítulo aparte merecen los delitos relacionados con las autonómicas del 2007. El juez desvela que, de acuerdo con la documentación, un importante porcentaje de la deuda contraída por el PP valenciano con Orange Market por los servicios de la campaña electoral «se habría abonado de forma opaca, en efectivo» y sin declaración tributaria. Otra parte de la deuda se sospecha que fue pagada por varios empresarios con facturas que «reflejarían servicios inexistentes» elaboradas con el fin de «encubrir donaciones al PP valenciano».  

(www.elperiodico.com, 27/05/10) 

EL PRESIDENTE DE LA PATRONAL ALICANTINA, IMPLICADO EN LA FINANCIACIÓN DEL PP 

Las empresas del presidente de la Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante (Coepa), Rafael Martínez, también aparecen implicadas en la supuesta financiación irregular de los populares valencianos. 

Según el auto del TSJ de Madrid, existen indicios de que seis conocidos empresarios de la Comunidad Valenciana -todos ellos relacionados con el sector de la construcción- asumieron el pago de distintos eventos del Partido Popular durante los años 2007 y 2008, bien de manera opaca, bien mediante facturas abonadas a la trama corrupta por servicios inexistentes. 

Así, según el auto del juez Pedreira, el grupo Vallalba y sus sociedades Constructora Hormigones Martínez y Pavimentos del Sureste -sociedades controladas por el presidente de la patronal alicantina, Rafael Martínez- pagaron a Orange Market casi 194.000 euros durante 2007 por supuestos trabajos. 

Esta cantidad, según los indicios investigados, habría servido para rebajar la deuda oficial de los populares valencianos con la empresa de Álvaro Pérez, El Bigotes, por los servicios prestados durante la campaña electoral autonómica y municipal de 2007. Ese mismo año, las constructoras Facsa, con 150.000 euros, y Piaf, con casi 27.000 euros, también pagaron facturas a Orange Market que, supuestamente, sirvieron para aminorar la deuda oficial de los populares valencianos. 

La investigación revela que también se produjeron pagos en dinero negro que, a pesar de no figurar en las cuentas del PP ni en los balances de las empresas, quedaron registrados en la contabilidad B de la trama corrupta. 

Según el auto, "los gestores efectivos" de Facsa, Pavimentos del Sureste, Grupo Vallalba, Constructora Hormigones Martínez y Piaf habrían colaborado en un supuesto delito electoral. 

En 2008, las constructoras que habrían financiado ilegalmente al PP valenciano serían las sociedades del Grupo Sedesa, de la familia del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino (130.000 euros), Lubasa Desarrollos Inmobiliarios (más de 50.000 euros), Enrique Ortiz e hijos (100.000 euros) y, otra vez, Facsa (231.000 euros) y Piaf (3.800 euros). La fiscalía considera que si los pagos investigados se refieren a los actos del PP con motivo de la campaña de las elecciones generales los hechos podrían ser constitutivos también de un delito electoral. 

Unos delitos que se podrían sumar al de falsedad en documento mercantil, ya que las constructoras habrían intentado encubrir sus donaciones al PP. 

(www.elpais.com, 27/05/10)

EL JUEZ PEDREIRA VE INDICIOS DE SIETE DELITOS GRAVES EN EL GOVERN DE CAMPS 

El presidente de la Generalitat valenciana no recibe más que buenas noticias. Si hace dos semanas, después de conocer que el Supremo había confirmado que cometió un delito de cohecho impropio al aceptar trajes de la trama corrupta de la Gürtel, el presidente de la Generalitat aseguró estar "feliz", "más feliz que ayer, más feliz", hoy debe estar, como poco, pletórico.  

El cerco se estrecha sobre la Generalitat de Valencia y los focos iluminan, aún más si cabe, a Francisco Camps, por los indicios que apuntan a la presunta financiación de los conservadores en la comunidad y a la aceptación de regalos por parte de la trama corrupta de la Gürtel a cambio de la concesión de contratos. No son los únicos presuntos delitos.  

El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  Antonio Pedreira, ha hallado hasta siete indicios de delito en la actuación de varios dirigentes del PP valenciano. Concretamente señala al vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla, al ex secretario general y diputado autonómico, Ricardo Costa, al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del partido en Valencia, Yolanda García Santos. 

Pedreira remite la investigación al TSJCV ante la presunción de que el Gobierno valenciano podría haber incurrido hasta en siete delitos que afectan a altos cargos del ejecutivo de Camps: financiación ilegal, cohecho propio (se eleva la gravedad desde el impropio), contra la hacienda pública, asociación ilícita, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y prevaricación. 

El juez se basa para sus conclusiones en el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps, que ocultó al fisco hasta 2,5 millones de euros en 2007. El PP montó en cólera tras conocer la existencia de estos nuevos datos. Los conservadores anunciaron una querella contra el autor del informe y reiteraron que sus cuentas están auditadas por los tribunales de cuentas valenciano y estatal.  

El vicepresidente primero de la Generalitat, Vicente Rambla, uno de los dirigentes hacia los que apunta Pedreira, ha expresado su "tranquilidad" y "seguridad" por una "gestión absolutamente honesta" en la Comunidad que está, sostiene, "acreditada a lo largo de los años".   

Durante los últimos meses Francisco Camps se ha declarado, entre otras muchísimas cosas, "absolutamente inocente" pese a ser acusado de recibir pagos en especie, como trajes de firmas de lujo, por parte de los dirigentes de la trama a cambio de contratos de la administración pública. "Yo me pago mis trajes", aseguró el 10 de marzo de 2008. 

Por eso no sorprende su reacción tras conocer este miércoles las acusaciones. Camps ha asegurado en Cheste (Valencia) que todo es "un montaje de una terrible falsedad, que acabará en nada" porque "no hay absolutamente nada".  

Pedreira ha remitido al TSJ de la Comunidad Valenciana la parte de la investigación sobre supuestos delitos electorales que afectan al PP valenciano ante "la hipotética posibilidad de que haya conexión entre los delitos de Valencia y los delitos del TSJ de Madrid" y para evitar la prescripción de los delitos electorales que apuntan los últimos informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía.

El magistrado de Madrid ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de abril al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reabrir la investigación contra Camps y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel. 

Pedreira tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps. 

El auto por el que el Supremo reabría la causa contra Camps por los trajes era rotundo: "Los regalos de las prendas de vestir aparentemente se hicieron de forma repetida, con aparente opacidad y sin que en este momento conste otra justificación que la atención a la función pública desempeñada por sus perceptores". 

Dictada de modo unánime por la Sala de lo Penal del Supremo, la sentencia desbarata uno por uno los argumentos del Tribunal Superior de Valencia (TSJCV), que en agosto de 2009 cerró el caso en falso gracias al voto de su presidente y juez amigo de Camps, Juan Luis de la Rúa. Para avalar su decisión, el TSJCV invocó distintas sentencias previas del Supremo. "Ninguna de ellas sirve de verdadero sustento a la decisión de instancia", recriminaba el alto tribunal, que deja así en pésimo lugar la pericia jurídica del TSJCV y de su presidente.  

(www.publico.es, 26/05/10) 

EL JUEZ PEDREIRA VE INDICIOS DE SIETE DELITOS GRAVES EN LA CÚPULA DEL GOBIERNO DE CAMPS 

El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha decidido inhibirse en favor del de Valencia ya que ha observado numerosos indicios de diversos delitos que afectan a altos cargos del Gobierno de Francisco Camps. Pedreira ha atentido a una petición de la Fiscalía Anticorrupción y estima que varios dirigentes del PP valenciano y de la administración regional podrían haber incurrido en delitos relacionados con la financiación ilegal del PP, delito electoral y delitos de cohecho propio al aceptar regalos de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa a cambio de contratos a dedo de la administración valenciana. 

El auto señala al vicepresidente primero del Gobierno, Vicente Rambla, al ex secretario general y diputado autonómico, Ricardo Costa, al vicesecretario general, David Serra, y a la tesorera del PP valenciano, Yolanda García Santos. Nada más conocer la noticia, Rambla, que esta mañana ha protagonizado un acto con los otros dos vicepresidentes, Gerardo Camps y Juan Cotino, para conmemorar los tres años de la victoria electoral del PP en la Comunidad Valenciana, ha declarado simplemente es "una cuestión de competencia entre tribunales" y ha añadido: "Llevamos años en política y la gestión se ha caracterizado siempre por ser honesta. Por eso merece que se tenga en cuenta la presunción de inocencia y los derechos que a todo el mundo le corresponden". 

El vicepresidente primero del Gobierno de Camps ha conocido la noticia a través de una alerta en el teléfono móvil que le ha cambiado la expresión del rostro. 

Se trata del segundo revés judicial para la cúpula del PP valenciano en una semana, después de que el pasado día 18 el Tribunal Supremo rechazara la jurisprudencia alegada por el TSJCV, que por dos votos a uno decidió archivar la causa abierta contra Camps por cohecho pasivo, al apreciar que los regalos recibidos por el presidente valenciano y otros altos cargos "se hicieron de forma repetida y con aparente opacidad". 

Precisamente el auto del Supremo ha desencadenado la decisión de Pedreira que considera que deben acumularse ambos procesos con el fin de evitar la prescripción de los posibles delitos cometidos. 

Pedreira basa su auto en los informes de la Agencia Tributaria del pasado 6 de mayo que confirmaría que el PP de Valencia ocultó 2,5 millones de las elecciones de 2007. Entonces, el PP anunció una querella contra el funcionario de Hacienda que redactó el documento por prevaricación y falsedad en documento público. 

Según la investigación del caso Gürtel, la red corrupta vinculada a varios gobiernos autonómicos del PP, quedó acreditado que Camps y otros altos cargos del Ejecutivo valenciano recibieron valiosos regalos de Álvaro Pérez El Bigotes, cabecilla de la trama en Valencia, y la empresa que este montó poco después de la llegada de Camps al poder, Orange Market. 

Así, el presidente de la Generalitat Valenciana y su familia fueron agasajados con trajes por valor de 12.000 euros, zapatos, pulseras, relojes, juguetes caros e incluso entradas para el Circo del Sol. En una de las conversaciones telefónicas grabadas durante la investigación del caso, Camps llamaba "amiguito del alma" a El Bigotes, al que posteriormente la mujer del presidente valenciano, Isabel Bas, recriminaba la valía de algunos regalos: "Con el mío te has pasado 20 pueblos". 

Según un informe remitido a finales de arbil por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que investiga el caso Gürtel en esa comunidad, la Presidencia y la Vicepresidencia del Gobierno valenciano, así como siete consejerías, adjudicaron al menos 85 contratos entre 2004 y 2008 a nueve empresas de la red corrupta dirigida por Francisco Correa. Estos contratos tenían un valor global de 7,2 millones de euros y señaló que en muchas adjudicaciones menores se fraccionaba "el objeto del contrato en varios contratos menores con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación -negociado o abierto-, vulnerando los principios de publicidad y concurrencia recogidos en la normativa reguladora de la contratación pública". 

(www.elpais.com, 26/05/10) 

SE BUSCA AL "CANTANTE" Y AL "PRÍNCIPE" 

La investigación de los tejemanejes de la trama Gürtel en Valencia ha añadido dos incógnitas: ¿quiénes son "el cantante" y "el príncipe"?. Ninguno de los dos ha podido ser identificado de momento, pero sus roles en la red son fundamentales, ya que eran los encargados de cobrar a empresas valencianas los servicios que Orange Market, la empresa de Álvaro Pérez, el Bigotes, supuestamente había prestado al PP durante la campaña electoral para las elecciones valencianas de 2007. 

La referencia al "cantante" figura en la página ocho del auto de inhibición hecho público por el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira. Esa persona fue la encargada de "cobrar, o al menos entregar, el importe facturado a las mercantiles Grupo Vallalba, Constructora Hormigones y Pavimentos del Suroeste a los responsables de Orange Market". Y las facturas tenían como "única finalidad el pago de los servicios prestados por Orange Market al PP de la Comunidad Valenciana durante la campaña electoral de 2007". Es decir, que sería un posible partícipe en un delito electoral. 

El "príncipe", por su lado, sería la persona que figuraría en la contabilidad B o Barelona que habría pagado 200.000 euros. En el listado de pagos supuestamente el negro figura consignado también el PP valenciano. Cantante y príncipe habrían cooperado en un supuesto delito electoral con Ricardo Costa, Vicente Rambla y David Serra, altos cargos del PP o de la Generalitat Valenciana. Para el juez Pedreira, todos van en el mismo saco del posible delito electoral. 

(www.elpais.com, 26/05/10) 

EL JUEZ PEDREIRA VE INDICIOS DE TRES DELITOS GRAVES EN EL GOVERN DE CAMPS 

El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  Antonio Pedreira, considera que hay indicios de delito en la actuación de varios dirigentes del PP valenciano. 

Pedreira cree que podrían haber incurrido en delitos relacionados con la financiación ilegal del PP, delito electoral y delitos de cohecho propio al aceptar regalos de la trama de corrupción liderada por Francisco Correa. 

Ante todo ello, el juez ha enviado parte de la causa al Tribunal Superior de la Comunidad valenciana porque son aforados.  

El magistrado de Madrid ha tomado esta decisión después de que el Tribunal Supremo ordenase el pasado 18 de abril al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) reabrir la investigación contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, y otros miembros de su Gobierno por haber recibido supuestamente trajes y regalos de la trama Gürtel. 

Pedreira tenía en su poder el informe elaborado por la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el que se revelaba una presunta financiación irregular del PP de Camps. 

El 15 de febrero pasado la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV decidió no investigar por el momento la presunta financiación irregular del PP de Valencia alegando que los hechos podrían estar incorporados ya en alguna de las causas judiciales que se siguen por el "caso Gürtel". 

(www.elpais.com, 26/05/10) 

EL PP MANTIENE SU APOYO A CAMPS Y VE "ACERTADAS" SUS EXPLICACIONES 

La dirección nacional del Partido Popular sigue dispuesta a apoyar al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, quien esta mañana ha sufrido un nuevo varapalo judicial después de que el juez Antonio Pedreira viese indicios de financiación ilegal, de cohecho activo y de delito electoral en su Gobierno. Mientras Pedreira se ha inhibido de la vertiente valenciana de la trama Gürtel a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia para que éste siga investigando a Camps, la cúpula del PP ha calificado de "acertadas" las explicaciones del barón. Fuentes populares consultadas por Europa Press han reiterado que Génova confía en la inocencia del presidente valenciano. 

La cúpula nacional del PP recuerda que el auto de Pedreira es sólo un paso más del proceso judicial y recalca que este asunto ya ha sido rechazado otras veces por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia al que ha vuelto.  

Confianza en la inocencia de Camps