LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA VALENCIANA
AÑO 2014
ÍNDICE
QUÉ SE JUZGA EN LA PIEZA DE FITUR DEL CASO GÜRTEL
EL JUEZ PROCESA A 19 PERSONAS POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
JUAN COTINO ADMITE AHORA QUE SUPERVISÓ EL MONTAJE DE 'GÜRTEL' PARA EL PAPAEL JUEZ RECHAZA QUE TRES EXCONSEJEROS EVITEN EL BANQUILLO POR EL ‘CASO GÜRTEL’
EL JUEZ IMPUTA A JUAN COTINO EN UNA PIEZA SEPARADA DEL ‘CASO GÜRTEL’
UNA IMPUTADA POR GÜRTEL APUNTA AL EQUIPO DE BLASCO EN TERRITORIO
EL SUPREMO APLAZA LA DECISIÓN SOBRE EL PRIMER JUICIO A LA TRAMA GÜRTEL
EL BANCO SANTANDER CERTIFICA QUE LA GERENTE DEL PP ORDENÓ UN PAGO DE 100.000 EUROS A GÜRTELANTICORRUPCIÓN PIDE INHABILITACIÓN PARA TRES EXCONSELLERS Y CÁRCEL PARA OTROS CARGOS PÚBLICOS
EL JUEZ RECHAZA UNIR A GÜRTEL LA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE PATERNA
SERRA DIMITE COMO DIPUTADO Y REDUCE A DOS LOS IMPUTADOS DEL PP EN LAS CORTS
DIMITE DAVID SERRA, DIPUTADO AUTONÓMICO DEL PP PROCESADO EN EL ‘CASO GÜRTEL’DE LEÓN DICE QUE SOLO FUE INTERMEDIARIA EN LAS CAMPAÑAS INVESTIGADAS EN GÜRTEL
EL JUEZ QUE INVESTIGA GÜRTEL ABRE EN CANAL LA FUNDACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA
EL JUEZ QUIERE SABER CUÁL FUE LA FUNCIÓN DE COTINO EN LA VISITA DEL PAPA
LA POLICÍA SITÚA A COTINO EN EL CENTRO DEL AMAÑO DE LA VISITA DEL PAPA
El juez procesa a tres consejeros de Camps en el ‘caso Gürtel’
BÁRCENAS DECLARA DESDE LA CÁRCEL POR LA FINANCIACIÓN DEL PP VALENCIANO
CARLOS FABRA ATRIBUYE A GÉNOVA LA CONTRATACIÓN DE CAMPAÑAS A GÜRTEL
EL JUEZ AVALA UNA CONCLUSIÓN POLICIAL QUE INCRIMINA A RICARDO COSTA
CARLOS FABRA NIEGA ANTE EL JUEZ SABER CÓMO SE FINANCIABA EL PP VALENCIANO
CARLOS FABRA DICE AL JUEZ QUE LOS PAGOS ELECTORALES DEPENDÍAN DE MADRID
LA DIPUTACIÓN «NO ADJUDICÓ NADA» A GÜRTELEL PSPV URGE A COTINO A DIMITIR YA AL SALIR EN UNA GRABACIÓN DE ORTIZ CON SU SOBRINO
GÜRTEL SIMULÓ EL CONCURSO DE LAS PANTALLAS DEL PAPA CON EL CONTRATO YA ADJUDICADOEL ENTORNO DE COTINO LE ACONSEJA DIMITIR ANTES DE SU IMPUTACIÓN
EL JUEZ CITA A LUIS BÁRCENAS Y A CARLOS FABRA POR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP VALENCIANO
RTVV PERDIÓ CORREOS VINCULADOS A LA CONTRATACIÓN DE LA VISITA DEL PAPADOS EXCARGOS DE SANIDAD DECLARARÁN POR LOS TRATOS CON OVER MARKETING
HACIENDA RATIFICA ANTE EL JUEZ QUE EL PP VALENCIANO SE FINANCIÓ DE FORMA IRREGULAR
CERES INCLUYE LOS CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO EN DOS PIEZAS DE GÜRTEL
LOS COTINO INTENTARON COMPRAR UNA EMPRESA DE GÜRTEL POCO ANTES DE LA DETENCIÓN DE FRANCISCO CORREA
EL JUEZ VUELVE A CITAR A SILVIA CABALLER COMO IMPUTADA POR CONTRATACIONES CON ORANGE MARKET
EL GERENTE DE O. MARKET ORDENÓ EN UN CORREO TROCEAR LOS CONTRATOS
VARIOS 'E-MAILS' PRUEBAN LA CONNIVENCIA DEL CONSELL Y GÜRTEL EN EL TROCEO DE FACTURAS
LOS GERENTES DEL PPCV DECLARAN ANTE EL JUEZ DE GÜRTEL QUE LAS DECISIONES ERAN DE LOS COORDINADORES DE CAMPAÑAEL JUEZ DE GÜRTEL PREGUNTA A RTVE POR LAS PANTALLAS DE LA BODA REAL
CAMPOS AFIRMA QUE 'EL BIGOTES' LE DIJO MUCHAS VECES QUE EL PP LE DEBÍA DINERO Y DESTACA SU RELACIÓN CON COSTA
EL JUEZ PIDE A TVE QUE FISCALICE EL CONTRATO DE CANAL 9 PARA LA VISITA DEL PAPACOTINO ABRE UNA VÍA JUDICIAL PARA APARTAR AL POLICÍA QUE INVESTIGA AL PP
ABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO A LOS IMPUTADOS EN GÜRTEL SI NO SE PERSONAN
'GÜRTEL' SENTARÁ EN EL BANQUILLO A COTINO
LA FISCALÍA RECURRE AL SUPREMO PARA QUE EL TSJ JUZGUE LA PIEZA DE GÜRTEL SOBRE FITUR
LOS ALCALDES DE PATERNA Y ELCHE DECLARARÁN COMO TESTIGOS EN GÜRTEL
RUS Y RITA FORZARON AL ARZOBISPADO Y AL CONSELL A PAGAR LA DEUDA DEL PAPA
EL JUICIO DE FITUR PASA A LA AUDIENCIA AL DIMITIR DE DIPUTADAS LAS EXCONSELLERAS
EL TSJ ENVÍA AL FISCAL LOS INFORMES DE GÜRTEL QUE CITAN A COTINO Y CAMPS
TRASGOS CONTESTA A LA UDEF: 'NUNCA RECIBIMOS DINERO DE LA TRAMA GÜRTEL'
EL ABOGADO DE CORREA, IMPLICADO EN EL INTENTO DE SECUESTRO DE SORIANO
OCHO AÑOS DESPUÉS EL CONSELL SIGUE SIN EXPLICAR CUÁNTO COSTÓ LA VISITA DEL PAPA
VALENCIA PAGÓ LA JAPAN WEEK POR ADELANTADO A LA TRAMA GÜRTEL
EL PP PAGÓ EN METÁLICO 2,3 MILLONES A GÜRTEL POR UNA CAMPAÑA ELECTORAL
EL JUEZ DE GÜRTEL CITA A TRES ALCALDES DEL PP COMO TESTIGOS
BARCELÓ CRITICA QUE EL PP MANTENGA A LA PERLA COMO ALCALDESA DE NOVELDAEL JUEZ DE GÜRTEL INQUIERE SI UNA TREINTENA DE IMPUTADOS TUVIERON CARGOS EN EL PP
EL JUEZ PIDE TODO LO QUE HAN FACTURADO AL CONSELL LAS FIRMAS QUE FINANCIARON AL PARTIDO POPULAR
JUAN CARLOS NAVARRO: ´LA CUESTIÓN DE COMPETENCIA VA A PROVOCAR QUE EL JUICIO DE FITUR SE RETRASE UN AÑO Y MEDIO´
BANKIA DEMANDA A LA FUNDACIÓN DEL PAPA POR NO PAGAR LOS HOTELES Y VIAJES DE LOS CARDENALES
BANKIA DEMANDA A VALENCIA Y SU ARZOBISPADO POR NO PAGAR LOS HOTELES DE LA CURIA EN LA VISITA DEL PAPA
EL FISCAL ACUSA A LAS EXCONSELLERAS SUCH Y MARTÍNEZ DE ENTORPECER EL JUICIO DE FITUR
LA FISCALÍA SE APOYA EN LAS DECISIONES PREVIAS DEL SUPREMOLOS JUECES SUSPENDEN EL JUICIO DE FITUR HASTA DECIDIR QUÉ TRIBUNAL LO JUZGARÁ
GÜRTEL DICTABA DESDE MADRID CÓMO DEBÍA PAGAR PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT
LA POLICÍA INVESTIGA LA PROCEDENCIA DE LOS PAGOS CANAL 9 PAGÓ LA VISITA DEL PAPA A LA TRAMA GÜRTEL CON EL DINERO PARA NÓMINAS
GÜRTEL DESANGRA AL PP VALENCIANO
FITUR, ENTRE VALENCIA Y LA AUDIENCIA NACIONAL
LA RENUNCIA ANTICIPA LA VUELTA DEL ‘CASO GÜRTEL’ A LA AUDIENCIA NACIONAL
LA DIMISIÓN DE LA PERLA DA AIRE AL PP
COTINO DENUNCIA AL POLICÍA QUE LE INVOLUCRA EN EL CASO GÜRTELCASTEDO RECHAZA EL INFORME DEL CASO GÜRTEL SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL P
CARLOS FABRA PRESUME DE HABER FRENADO A LA RED GÜRTEL EN CASTELLÓN
EL PP VALENCIANO FINANCIÓ ILEGALMENTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE 2007 Y 2008
HACIENDA LIGA A CASTEDO Y CARLOS FABRA CON LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
COTINO DEMANDA AL POLICÍA QUE LO VINCULA CON LA VISITA DEL PAPA
COTINO EXIGE A LA POLICÍA QUE SE RETRACTE DEL INFORME QUE LE VINCULA CON GÜRTEL
“ÁLVARO PÉREZ, ‘EL BIGOTES’, ESTABA TODO EL DÍA CON CAMPS Y LA CÚPULA DEL PP”
UN EX CONSELLER, AL JUEZ: 'EL BIGOTES Y CAMPS ESTABAN TODO EL DÍA JUNTOS'
ALBERTO FABRA JUSTIFICA EL APOYO A LA IMPUTADA CASTEDO POR SU EMBARAZO
MILAGROSA MARTÍNEZ SOBRE SU SITUACIÓN EN EL PP: 'SIN NOVEDAD EN EL FRENTE'
FABRA MANTIENE AL MANDO DE LAS FINANZAS DEL PP A UNA IMPUTADA EN LA TRAMA GÜRTELENTRE BINGUEROS Y MAMACHICHOS
VAERSA COMPRÓ VEHÍCULOS A UNA FIRMA QUE GÜRTEL USÓ PARA PEDRO GARCÍA
TSJCV PIDE A LA UDEF SUS ÚLTIMOS INFORMES SOBRE GÜRTEL
EL TSJ PIDE A LA POLICÍA EL INFORME QUE IMPLICA A COTINO EN 'GÜRTEL'
HACIENDA ENTREGA SUS CONCLUSIONESCOTINO PIDE DECLARAR DE NUEVO POR LAS "FALSEDADES" DE LA UDEF EN GÜRTEL
COTINO PEDIRÁ DECLARAR PARA EXPLICAR AL JUEZ SU PAPEL EN LA VISITA DEL PAPA
EL EXDIRECTOR DE CANAL 9 TENÍA EL 20% DE LA EMPRESA CLAVE DE LA TRAMA GÜRTEL
CRESPO SOBRE EL VALENCIA: 'VIENE UN ALUVIÓN DE ACTOS, NO HAY QUE FALLAR'
GÜRTEL PROPUSO AL PRESIDENTE DE FERIA VALENCIA CONTRATAR A SU HIJO
COTINO NEGOCIÓ CON 'GÜRTEL' LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA
LA PARTICIPACIÓN DE CARGOS PÚBLICOS FUE DECISIVA PARA LOS NEGOCIOS DE GÜRTEL
EL JUEZ DEL CASO GÜRTEL PIDE SABER SI LAS FACTURAS DE LA AMPLIACIÓN DEL CLÍNICO PASARON POR MANUEL CERVERALA POLICÍA AFIRMA QUE EL PP VALENCIANO PAGABA A GÜRTEL EL 80% EN NEGRO
EL DIRECTOR DE CANAL NOU QUE ADJUDICÓ 7,4 MILLONES A LA ‘GÜRTEL’ ERA ACCIONISTA DE LA TRAMAMARTÍNEZ SE ENROCA COMO ALCALDESA Y BUSCA APOYOS PARA SEGUIR DE DIPUTADA
LA GÜRTEL INVIRTIÓ EL BOTÍN DE LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA EN UN PELOTAZO URBANÍSTICO FALLIDOEL PP VALENCIANO PAGABA UN 80% EN B A LA GÜRTEL POR ACTOS ELECTORALES, SEGÚN UDEF
EL JUEZ DA OCHO DÍAS A HACIENDA PARA EL INFORME FINAL DE LA FINANCIACIÓN DEL PARTIDO POPULAR
LA EXCONSEJERA ANGÉLICA SUCH RENUNCIA AL ESCAÑO DE LAS CORTES POR EL ‘CASO GÜRTEL’
LA RENUNCIA DE LA PERLA DEJARÍA EN EL AIRE EL PRIMER GRAN JUICIO DE GÜRTEL
FABRA RECLAMA A LAS EXCONSEJERAS PROCESADAS POR GÜRTEL QUE DEJEN EL ESCAÑO
UN CORREO REVELA EL PAPEL DEL ALCALDE DE CASTELLÓN EN LA CONTRATACIÓN CON GÜRTELEL JUEZ AMPLÍA LA IMPUTACIÓN DEL ALCALDE DE CASTELLÓN POR GÜRTEL
LAS ACTAS DE LA FUNDACIÓN DEL PAPA CONFIRMAN EL PROTAGONISMO DE COTINO
AFERRADOS AL ESCAÑOUN EX ALTO CARGO DE SANIDAD INDICA AL JUEZ DE GÜRTEL QUE ÉL FIRMABA LO QUE LE PONÍAN
ORANGE MARKET INVENTÓ FACTURAS PARA OCULTAR LA FINANCIÓN DEL PPCV
LAS SORPRESAS DE LA CAJA DE ‘EL BIGOTES’
CAMPS ELEGÍA LA LENGUA DE SU PROPAGANDA SEGÚN LA PROVINCIA
OTRO EXCARGO DEL PP CULPA AL ÁREA DE PRESIDENCIA DE CONTRATAR CON GÜRTEL
DOS MILLONES EN CONTRATOS PARA EL GRUPO QUE MONTÓ LOS ACTOS DEL PP
LOS 'SOCIOS' DE 'GÜRTEL' FACTURARON 700.000 EUROS A VALENCIA MIENTRAS HACÍAN LA CAMPAÑA PARA EL PP LOCALGÜRTEL PLANEÓ SAQUEAR TODO EL OPERATIVO DE LA VISITA DEL PAPA
LA TRAMA DE CORREA ACTUÓ COMO UNOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LA GENERALITAT
COTINO, LA UBICUIDAD BAJO SOSPECHA
'GÜRTEL DIJO QUE TRANSMITIÓ UN MUNDIAL Y LA BODA DEL PRÍNCIPE PARA QUEDARSE CON LA VISITA DEL PAPA
EL OBISPO NO PONE LA MANO EN EL FUEGO POR LA HONRADEZ DE CAMPS
EL PP VETA QUE IBARS Y SÁNCHEZ DE LEÓN HABLEN DE GÜRTEL EN LAS CORTES
'GÜRTEL' MONTÓ HASTA EL RECUENTO DE VOTOS DE LA NOCHE ELECTORAL DE 2007
EL PRIMER JUICIO DE GÜRTEL ARRANCARÁ EL 31 DE MARZO
EL TSJ QUIERE QUE EL PRIMER JUICIO DE GÜRTEL ARRANQUE EN UN MES
UN PEQUEÑO INDUSTRIAL VALENCIANO LE ABRE AL PP UN NUEVO FRENTE EN EL 'CASO BÁRCENAS'
UN DIRECTIVO, AL JUEZ: «LE DIGO QUE EN CANAL 9 HE OLIDO LA CORRUPCIÓN»
UNA VISITA PAPAL PROVECHOSA PARA EL ALMA Y PARA ALGUNOS BOLSILLOS
PREVISIONES MALAS, GASTOS DESORBITADOS
LO CARO QUE RESULTA EL TURISMOGÜRTEL: EL DÍA EN EL QUE LA SUERTE DEL PP CAMBIÓ
COTINO PARTICIPÓ EN REUNIONES SOBRE EL SUMINISTRO DE PANTALLAS, SEGÚN LA POLICÍA
HACIENDA CONSIDERA QUE GÜRTEL PAGÓ A PEDRO GARCÍA A TRAVÉS DE DOS EMPRESAS
CÍSCAR DICE QUE TRAS LAS SIGLAS A.F. EN UN APUNTE "NO HAY NADA NUEVO" SALVO QUERER SACAR "RÉDITO POLÍTICO"VÍCTOR CAMPOS DESCARGA EN RICARDO COSTA
LA OMNIPRESENCIA DE EL BIGOTES
LA FUNDACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA GASTÓ 2,65 MILLONES EN URINARIOS
COTINO, UN VOLUNTARIO MUY ACTIVO
‘EL BIGOTES’ COLOCÓ A SUS HOMBRES EN EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
LA FUNDACIÓN DEL PAPA DEDICÓ 7,7 MILLONES PARA PUBLICIDAD
GÜRTEL REDACTÓ EL PLIEGO DEL CONCURSO QUE GANÓ PARA LA VISITA DEL PAPA
EL OBISPO DE PALENCIA AL JUEZ: «QUIEN TRAJO A ‘EL BIGOTES’ AL EVENTO SERÍA ALGUIEN DEL PP»EL PP DE VALENCIA PAGÓ 200.000 EUROS EN B A LA TRAMA GÜRTEL
ALTOS CARGOS IMPUTADOS POR CONTRATOS CON GÜRTEL APUNTAN CADA VEZ MÁS ALTONUEVA DOCUMENTACIÓN CONFIRMA EL AMAÑO DE CANAL 9 CON LA VISITA PAPAL
EL JUEZ DE GÜRTEL INVESTIGA UNA NUEVA VÍA TRAS OÍR AL TESTIGO QUE IMPLICÓ A COTINOFARNÓS QUEDA APARTADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CASTELLÓ CULTURAL
FERIA VALENCIA PAGABA POR CONTRATO 25.000 EUROS AL MES A GÜRTEL
EN BUSCA DEL ‘SEÑOR X’BATALLER SE POSTULA A LA ALCALDÍA DE CASTELLÓN PESE A SU IMPUTACIÓN EN GÜRTEL
LA SOMBRA DEL ‘CASO GÜRTEL’ SE EXTIENDE AL AEROPUERTO SIN AVIONES DE CASTELLÓN
UN IMPUTADO EN EMARSA CONTRATÓ CON GÜRTEL OBRAS DE AEROPUERTO CASTELLÓN
EL JUEZ DE GÜRTEL EN VALENCIA PRORROGA OTRO MES EL SECRETO SOBRE CUATRO PIEZAS
RUZ ACEPTA QUE COTINO DECLARE EN LA AUDIENCIA NACIONAL POR EL ‘CASO BÁRCENAS’
EL 'CASO COOPERACIÓN' INAUGURA UN 'VÍA CRUCIS' JUDICIAL PARA EL PP VALENCIANO
QUÉ SE JUZGA EN LA PIEZA DE FITUR DEL CASO GÜRTEL
Los principales datos de la pieza del caso Gürtel sobre las contrataciones de la Generalitat con la empresa Orange Market para el pabellón valenciano en la feria Fitur de Madrid entre 2005 y 2009, que el Supremo ha decidido hoy que debe juzgar el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), son las siguientes:
- QUÉ INVESTIGA:
La tercera de las seis piezas separadas sobre la supuesta financiación irregular del PP de la Comunitat Valenciana investiga la posible prevaricación y cohecho en la contratación de la Generalitat con Orange Market, empresa de la red Gürtel, para el montaje del pabellón valenciano en la feria Fitur de Madrid entre 2005 y 2009, en la etapa de gobierno de Francisco Camps.
En concreto, se analizan las adjudicaciones de la Agencia Valenciana de Turismo (entidad pública de la Generalitat) de los contratos sobre la construcción, montaje y desmontaje del expositor de la Comunitat Valenciana en la feria turística Fitur a Orange Market, empresa encargada de "la mayor parte" de actos del PPCV.
Según la investigación, hay indicios de que el grupo mercantil se aprovechó de las relaciones personales de sus gestores con las máximas autoridades del Gobierno valenciano para lograr esas adjudicaciones, a pesar de que sus ofertas eran las más caras y de que no reunían las condiciones técnicas y económicas necesarias.
La Fiscalía estima que el importe total facturado a la Generalitat por la trama Gürtel en "esta irregular actividad contractual" supera los 5 millones de euros, mientras que los responsables de la trama obtuvieron "ilícitos beneficios" por duplicidades de pago o sobrecostes de, al menos, 298.380 euros.
- CUÁL ES EL ORIGEN DE LA INVESTIGACIÓN:
La causa sobre la supuesta financiación irregular del PPCV tiene su origen en la investigación iniciada en febrero de 2009 por el magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sobre una supuesta trama de corrupción ligada presuntamente a cargos del PP, que operaba principalmente en Madrid y Valencia, la operación "Gürtel".
En mayo de 2011, el TSJCV aceptó la causa que hasta entonces había instruido el TSJ madrileño tras remitirla la Audiencia Nacional por haber aforados de su asamblea, y la dividió en tres piezas, a las que en febrero de 2013 se sumaron tres piezas más.
Esta es la primera pieza sobre la que se dictó apertura de juicio oral, que iba a comenzar el pasado 31 de marzo en el TSJCV, si bien la dimisión pocos días antes como diputadas autonómicas de las dos exconselleras de Turismo procesadas, Milagrosa Martínez y Angélica Such, llevó al TSJCV a considerar que no era competente y que debía juzgarlo la Audiencia de Valencia.
La Fiscalía Anticorrupción recurrió esa decisión ante el Supremo, que hoy ha dictaminado que es el TSJCV el que debe juzgar esta causa.
- LOS PROCESADOS:
Hay trece personas procesadas en el caso, siete por sus responsabilidades en la Administración autonómica (dos exconselleras de Turismo y cinco empleados públicos) y seis de empresas de la trama Gürtel, entre los que figuran los presuntos cabecillas.
Supuestamente, de forma concertada con la trama, los responsables y técnicos de la Conselleria de Turismo encargados de redactar los pliegos y emitir informes a la mesa de contratación permitieron esas adjudicaciones y pagos con la intención de favorecer a Orange Market y otras sociedades vinculadas.
La Fiscalía pide penas que van desde los siete años de inhabilitación hasta los once años de prisión.
- De la Conselleria de Turismo los procesados son:
Milagrosa Martínez: consellera de Turismo y por tanto presidenta de la Agencia Valenciana de Turismo de 2004 a 2007. Dimitió como diputada autonómica el pasado 21 de marzo. Actual alcaldesa de Novelda.
Angélica Such: consellera de Turismo de 2007 a 2009. Dimitió como diputada autonómica el 27 de febrero.
Rafael Betoret: exjefe de gabinete de Turismo. Fue condenado en el conocido como "caso de los trajes".
Ana Grau: coordinadora de ferias de la Agencia Valenciana de Turismo
Isaac Vidal: exjefe del área de Mercados de la Agencia Valenciana de Turismo
Jorge Guarro: jefe del servicio de Promoción de la Agencia Valenciana de Turismo
Juan Bover: jefe del servicio de infraestructuras turísticas.
- De empresas de la trama Gürtel, los imputados son:
Francisco Correa: líder de la trama
Pablo Crespo: número dos de la trama.
Álvaro Pérez "El Bigotes": responsable de Orange Market.
Cándido Herrero: consejero delegado de Orange Market.
Isabel Jordán: exadministradora de empresas de la red.
Mónica Magariños: exempleada de las empresas de Correa.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/12/02/juzga-pieza-fitur-gurtel/1196056.htmlEL JUEZ PROCESA A 19 PERSONAS POR LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP VALENCIANO
El magistrado cree que constructores pagaron parte de las campañas de 2007 y 2008
El juez José Ceres, que instruye el caso Gürtel en Valencia, procesó el pasado lunes a 19 personas por supuestos delitos electorales (nombre técnico de la financiación ilegal) en las campañas de 2007 y 2008 del PP de la Comunidad Valenciana, además de por falsedad y delito fiscal. Ceres considera responsable presuntamente a buena parte de la dirección regional de la formación en aquella época: el exvicepresidente de la Generalitat y jefe de campaña Vicente Rambla; el ex secretario general Ricardo Costa; la todavía gerente Cristina Ibáñez; el exvicesecretario de Organización David Serra, y la extesorera Yolanda García.
El sistema de financiación y pago se hacía de modo dual, según Ceres
Con el procesamiento de los imputados se cierra la fase de investigación de la causa, que queda ahora a la espera de que las partes presenten sus escritos de calificación y soliciten la apertura o no de juicio.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana procesó también a los cabecillas de la red Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes. Y a una decena de empresarios del sector de la construcción y la obra pública, adjudicatarios de contratos de la Generalitat en una época de gran desarrollo inmobiliario y de infraestructuras, que habrían realizado aportaciones irregulares. El instructor dejó fuera de la causa, en cambio, al extesorero nacional del partido Luis Bárcenas.
“De lo investigado” durante seis años, indica el auto del juez Ceres, resulta que el “sistema de financiación y pago por el Partido Popular de los gastos en que incurría por los servicios y organización de actos que realizaba Orange Market”, una de las empresas del grupo de Correa, “se abonó presuntamente de forma dual” por parte de la formación. “Es decir, que al menos en una parte relevante se abonó con cantidades económicas ajenas al circuito económico legal, denominándose en los archivos internos de Orange Market Barcelona, junto a otra parte que se abonaba de forma legal, en Alicante según dichos archivos, mediante emisión de factura”.
Según las estimaciones de los inspectores de Hacienda que han analizado la contabilidad de la red de Correa y la de los populares valencianos, el “total de ingresos” que no fueron “incluidos en la contabilidad oficial del PP” en el año 2007 fue de al menos 2,5 millones de euros. Y en 2008, la suma de presuntos pagos “en b” y realizados “por terceros” (los constructores procesados) alcanzó el millón de euros.
Los partidos han planteado ampliar el alcance del delito electoral en la reforma del Código Penal. El juez Ceres recuerda, sin embargo, que en el momento de los hechos este delito estaba limitado a la “financiación irregular” cometida “en campañas electorales”. En 2007 hubo comicios locales y autonómicos y en 2008, generales. Las “presuntas irregularidades de gastos e ingresos” detectadas en esos ejercicios pero fuera del periodo de campaña también revisten para el magistrado carácter delictivo, pero quedarían englobadas bajo la figura de las “falsedades”. El instructor deja para una eventual sentencia la concreción del tipo de falsedades cometidas.
El marco legal
El delito electoral recogido en el artículo 149 de la Ley del Régimen Electoral General establece en su redacción aplicable a este caso que “los administradores generales y de las candidaturas de los partidos, federaciones, coaliciones y agrupaciones de electores que falseen las cuentas, reflejando u omitiendo indebidamente en las mismas aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables” serán castigados a penas de “uno a cuatro años de cárcely multa de 12 a 24 meses”.
El juez Ceres añade, citando una sentencia del Supremo, que, para ser delictiva, la financiación irregular “debe cometerse en las campañas”; “si bien ello no es óbice” para que las irregularidades fuera de ese periodo puedan encajar en otros tipos penales, como los de falsedad.
La investigación de la supuesta financiación irregular, iniciada por el entonces titular del Juzgado de Instrucción número cinco de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, se centró en sus albores en los pagos de mítines y actos electorales por parte de ocho empresas de la construcción. Ceres llega seis años después a la misma conclusión al mantener que “se producían unos ingresos indirectos en el partido mediante disminución del débito mantenido” por la formación “con Orange Market a través de pagos que diversas sociedades realizaban” a esta empresa, organizadora en exclusiva de las campañas de los populares valencianos, y que se enmascaraban “mediante contratos aparentes” que no implicaban “una real prestación de servicios”.
Entre los empresarios procesados figuran algunos que se han visto salpicados por otros escándalos. Es el caso de Vicente Cotino (sobrino del expresidente de las Cortes Valencianas Juan Cotino), a quien la semana pasada se le abrió juicio en otro procedimiento por delito fiscal junto al expresidente de la Generalitat y de Bancaja José Luis Olivas. El del constructor Enrique Ortiz, imputado con la alcaldesa de Alicante Sonia Castedo en el caso Brugal. Y también el del exresponsable de la patronal de Alicante Rafael Martínez Berna. El resto de empresarios procesados son Enrique Gimeno (Facsa), Alejandro y Antonio Pons (Piaf) y Gabriel Alberto Batalla y (Lubasa).
El magistrado atribuye la responsabilidad exclusiva de haber contratado con Orange Market, la filial valenciana del grupo de Correa, a la dirección regional de los populares. Y dicta el sobreseimiento provisional de Bárcenas y del exgerente nacional Cristóbal Páez al considerar que, si no se les comunicaron las contrataciones “difícilmente puede partirse de conocimiento alguno” por su parte.
Victorias populares cuestionadas
Los socialistas valencianos, que ejercen la acusación en la causa desde 2009, reaccionaron el pasado lunes al procesamiento de la antigua cúpula del PP regional por financiación ilegal cuestionando las victorias electorales conseguidas por sus rivales. En especial, las de 2007, cuando el expresidente de la Generalitat Francisco Camps afianzó su mayoría absoluta en el Parlamento autonómico y el partido reforzó su dominio en la mayoría de municipios valencianos. “La justicia ha dictaminado que el PP iba dopado a las elecciones”, declaró el secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, que consideró “ilegítimo” aquel Ejecutivo “porque ganó las elecciones haciendo trampas desde el minuto uno”. Puig afirmó que “en cualquier democracia se tomarían ahora mismo decisiones fundamentales”, como la convocatoria anticipada de elecciones.
Dos de los procesados, el ex secretario general Ricardo Costa y la extesorera Yolanda García, siguen siendo diputados del PP en la Cámara autonómica. En declaraciones a la agencia Efe, Costa aseguró el lunes que dejará su escaño a lo largo del mes de enero. Si García sigue los pasos de su compañero de bancada, la decisión provocará un parón en el procedimiento, que será probablemente trasladado a la Audiencia Provincial de Valencia al no quedar ningún aforado en esa parte del caso Gürtel que justifique su permanencia en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. El Tribunal Supremo ha zanjado que el momento a partir del cual la competencia de un tribunal no puede cambiar es el auto de apertura de juicio.
http://politica.elpais.com/politica/2014/12/15/actualidad/1418650982_343017.htmlJUAN COTINO ADMITE AHORA QUE SUPERVISÓ EL MONTAJE DE 'GÜRTEL' PARA EL PAPA
'Yo iba viernes y sábados a dar una vuelta por el río' y elegir los puntos dónde instalar pantallas, dijo al juez Ceres el ex presidente de las Cortes Valencianas
A más metros de pantallas, más grande era el pastel a repartir entre la trama
Ni era un simple peregrino, ni hizo nada para apartar a la trama Gürtel de los contratos de la visita del Papa a Valencia pese a que le alertaron de las irregularidades. Es una de las conclusiones que se extrae de la declaración como imputado del ex presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino, en el proceso judicial que investiga los contratos de la Administración de Francisco Camps con el grupo de empresas de Francisco Correa. Pese a que públicamente Cotino siempre ha mantenido que en el V Encuentro Mundial de las Familias, que se celebró en 2006, colaboró como «un voluntario más»; ante el juez José Ceres sí admitió que participó en las reuniones del patronato de la Fundación que organizó el evento y que supervisó personalmente la instalación de las pantallas gigantes que se colocaron en varios puntos de la ciudad, como las que se instalaron sobre el antiguo cauce del río Turia. Uno de sus colaboradores en el Gobierno valenciano, de hecho, le acompañó en varias de esas visitas, según consta en la grabación de su declaración del 2 de diciembre, a la que ha tenido acceso ELMUNDO.
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad investiga si el grupo de empresas de Correa se escondió en la constructora Teconsa para morder del contrató que adjudicó Radiotelevisió Valenciana (RTVV) para que se instalaran 47 pantallas que difundieran la señal de la misa del Papa. Canal 9 pagó a Teconsa 7,4 millones pese a que el servicio se valoró en tres; y parte del dinero, 500.000 euros según la Udef, habría servido para asegurarse la adjudicación y sobornar a Pedro García, ex director general de RTVV.
El juez Ceres acordó la imputación de Cotino por la pluralidad de testimonios que le señalaban como el que «cortaba el bacalao» en el evento y las posibles infracciones que habría cometido durante las negociaciones. Cotino era conseller de Agricultura y no ocupaba ningún cargo dentro de la Fundación pero participó en muchas de las reuniones del patronato.
«Era director general de la Policía en 2002 y en diversas reuniones salió la posibilidad de que el Papa visitara España a través del Encuentro de las Familias, que al año siguiente se celebraba en un país oriental. Yo dije que en Valencia existía el Instituto de la Familia de Juan Pablo II y que si el Papa venía a España uno de los sitios que podía visitar fuera Valencia». Aquellas negociaciones salieron bien y «un año después, siendo yo delegado del Gobierno, el arzobispo -Agustín García-Gasco, ya fallecido- me llamó y me dijo que aquellas ideas que habíamos trabajado habían dado sus frutos y que el Papa -Juan Pablo II- iba a anunciar que el encuentro sería en Valencia. Al cabo de un tiempo fui con el arzobispo a Roma para agradecer al Papa que eligiera Valencia».
Las reuniones del patronato no empezaron hasta 2006 porque «al fallecer» Juan Pablo II los organizadores no sabían si la visita se iba a realizar. Cuando tuvieron la confirmación de Benedicto XVI, Cotino empezó a ir a esas reuniones «invitado por García-Gasco para dar mi opinión si en algún tema correspondía darla. Sólo informé sobre un encargo del arzobispo con un conflicto que existía entre la Iglesia y el Gobierno de Zapatero por haber aprobado una ley de parejas del mismo sexo. Aquella problemática estaba latente» y se abordó en las reuniones de la visita del Papa.
Pero a medida que avanzó la declaración Cotino dio más detalles de esas reuniones «semanales» hasta que admitió que también comunicó a Pedro García que «le había tocado» adjudicar el contrato de las pantallas: «Pude haber tenido alguna expresión viendo los planos y a lo mejor le dije 'menudo marrón te ha tocado' (...) Pero decirlo como un premio era absurdo».
Cotino también aclaró sus visitas para supervisar el montaje de las pantallas: «Yo iba los viernes por la tarde o algún sábado con Pedro Hernández -trabajador de su Conselleria y responsable de Infraestructuras en la Fundación- y dábamos una vuelta por el río mientras aquél iba explicándome cosas» «¿Hizo visitas al río, pues?» insistió la fiscal, a la que Cotino respondió: «Sí, sí» para supervisar los puntos dónde colocarlas. A más pantallas, más grande era el pastel que se repartía Gürtel.
Sobre Álvaro Pérez El Bigotes, el hombre de Correa en Valencia, el ex vicepresidente de Camps admitió que lo conocía porque trabajaba para la Generalitat pero aseguró que no le caía bien. «A mi Álvaro Pérez no me parecía nada bien» le dijo a la fiscal, que le preguntó por qué no hizo nada para apartarlo del evento si suponía un riesgo: «Que no me cayera bien no quiere decir que no pudiese presentarse a cualquier cosa (...) ¿Dónde estaba el riesgo? ¿Que una empresa que reunía unas condiciones se pudiera presentar? Mire usted, si reunía las condiciones para presentarse y lo hacía pues ya se apañaran. No era nuestro problema». Sin nombrar al pequeño Nicolás, el ex consejero comparó a El Bigotes con el niño del PP que quería aparecer en todas las fotos: «Vemos últimamente alguna persona que aparecía en todos los sitios, pues ese era Álvaro». Una afirmación que contradice la declaración de Pedro García ante la Audiencia Nacional, que dijo que la familia Cotino tenía relación con Francisco Correa y sus hombres porque querían comprar una de sus empresas antes de estallar Gürtel para organizar eventos y fiestas en la Comunidad.
Respecto a los avisos que recibió por parte de expertos que alertaron del posible amaño del contrato, Cotino respondió que «vamos a ver, no lo sé, yo solo dije que no nos correspondía meternos en ese tema, ya se apañará Canal 9 con quién tenga que contratar». Es decir, obvió los avisos pese a que en RTVV se escandalizaron por el importe global de la factura, la mayor que ha pagado la televisión en toda su historia.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/12/23/549930c9e2704e00598b4570.html?a=dd1ec455f504bfc67d20a77712275c1d&t=1419347214CERES, EL JUEZ TRANQUILO
El magistrado conservador que apunta a 45 excargos de la Generalitat y del PP en Gürtel fue censurado en su día por archivar la causa contra Camps
“Pepe, ésta es tu oportunidad de redimirte”. La frase se la dijo el juez José Flors al también magistrado José Ceres en 2011, cuando la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), a la que ambos pertenecían, acababa de poner en manos del segundo la investigación del grueso del caso Gürtel en Valencia, según fuentes que presenciaron la conversación. Flors era un juez veterano que acababa de sentar en el banquillo de los acusados al entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps. Ceres había sido ponente del archivo, dos años antes, de esa misma causa, que fue corregido por el Tribunal Supremo en un durísimo auto. Muchos desconfiaban de Ceres. Sus compañeros de Sala no se contaban entre ellos.
Las voces que recelaban argumentaban que Ceres no había mostrado el grado de independencia y el carácter necesarios para aguantar la presión que se le venía encima. La causa apuntaba ya al corazón del PP de la Comunidad Valenciana (PPCV), que gobernaba la autonomía desde 1995. Ceres ha terminado procesando a un exvicepresidente, cinco exconsejeros y 24 antiguos cargos de la Generalitat, y ha abierto juicio contra una parte de ellos. Mantiene imputados a un segundo vicepresidente y a 10 excargos de la Administración autonómica. Y acaba de dejar a un paso del banquillo a cuatro miembros de la cúpula del PPCV en tiempos de Camps.
La carrera de Ceres en el Tribunal Superior valenciano nunca ha sido fácil. Miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, fue elegido para el cargo en 2005 por el Consejo General del Poder Judicial. Tres de los jueces que también se presentaron a la plaza recurrieron el nombramiento alegando falta de motivación.
Tuvo el apoyo del expresidente del TSJ valenciano Juan Luis de la Rúa
El Tribunal Supremo les dio la razón, anuló la designación y ordenó repetir el proceso. Pero Ceres no dejó de integrar la sala diseñada para investigar a los políticos valencianos aforados (diputados autonómicos y miembros del Consell). La razón fue el apoyo de Juan Luis de la Rúa, que era presidente del TSJCV y hacia quien Camps había manifestado su afecto en público. El Consejo del Poder Judicial volvió a celebrar el proceso y escogió de nuevo a Ceres para el cargo a principios de 2009.
En verano de ese año el TSJCV archivó la causa de los trajes contra Camps en una resolución que contó con un voto en contra y dos a favor; los de Ceres y De la Rúa, a quien varias fuentes señalan como padre de la decisión pese a que la ponencia del auto correspondió al primero. "No cabe en el ámbito del Derecho Penal estimar que la conducta de admitir una dádiva por una autoridad o funcionario público, con independencia de otras posibles valoraciones de tipo ético, implique prácticamente de modo casi inevitable que necesariamente se realiza en consideración a su función", afirmaba.
El Supremo revocó la resolución, reprochó al TSJ que su interpretación equivalía a suprimir el delito, y recordó que el cohecho impropio del que se acusaba a Camps, y del que fue finalmente absuelto por un jurado, estaba pensado para cuando un cargo público acepta una dádiva y no es posible conectarla con una contraprestación.
Sus decisiones han generado disgusto y a veces alarma en el PP
El segundo nombramiento de Ceres como magistrado del TSJ volvió a ser recurrido. No fue hasta noviembre de 2011 que el Supremo confirmó definitivamente su plaza. Para entonces, De la Rúa había sido sustituido en la presidencia del Tribunal Superior por Pilar de la Oliva, que estableció mayor distancia con la clase política.
De las seis piezas separadas que componen la rama valenciana de Gürtel, Ceres ha abierto juicio en una, la de los contratos de Fitur, que juzgará el TSJ por decisión del Supremo. Ha concluido la fase de instrucción de otras cuatro piezas: dos por supuesta financiación ilegal, una por delito fiscal y otra por el presunto fraccionamiento de contratos públicos, que parecen abocadas a ser juzgadas por tribunales ordinarios en la Audiencia de Valencia. Y encara la recta final de la pieza restante, relacionada con la cobertura por parte de Ràdio Televisió Valenciana de la visita que el Papa Benedicto XVI hizo a Valencia en el verano de 2006.
En los vídeos de los interrogatorios a imputados y testigos (lleva más de 100), se ve a un juez meticuloso que nunca pierde la calma. Sus decisiones han generado disgusto y a veces alarma entre la vieja guardia del PP valenciano. Pero también en círculos progresistas se han echado a faltar algunos nombres en sus autos. Lo que nadie discute ahora es su independencia.
Sintonía con excepciones
El juez José Ceres, instructor del caso Gürtel en Valencia, y el delegado de la Fiscalía Anticorrupción Jesús Carrasco han compartido casi todas las decisiones en los últimos tres años y medio. La buena sintonía ha tenido, sin embargo, excepciones.
Ceres no aceptó ampliar la investigación sobre financiación ilegal (delito electoral) a la campaña de Paterna en 2007. El magistrado admitió que podían existir indicios de delito por el presunto pago de actos electorales de los populares por parte de empresas constructoras. Pero rechazó hacerse cargo porque en la denuncia no había empresas de la trama Gürtel ni aforados, y por ello no era competente.
El otro conflicto de calado también fue por la competencia. Tras la dimisión de dos diputadas, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano envió a la Audiencia Provincial el juicio de la pieza separada de Gürtel sobre las adjudicaciones a Fitur. El fiscal recurrió y pidió mantenerlo en el TSJ, al considerar que las renuncias de las aforadas días antes del juicio había sido un "fraude de ley" para cambiar de órgano jurisdiccional. Y el Supremo terminó dándole la razón a la Fiscalía.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/12/24/valencia/1419434180_299084.htmlEL JUEZ RECHAZA QUE TRES EXCONSEJEROS EVITEN EL BANQUILLO POR EL ‘CASO GÜRTEL’
De Miguel, Cervera y Rosado están acusados de dar ilegalmente contratos a la trama
Otro excargo pedía que se investigara en "Presidencia de la Generalitat"
El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres ha rechazado los recursos presentados por tres exconsejeros para evitar sentarse en el banquillo de los acusados por la pieza del caso Gürtel que investiga el presunto y generalizado fraccionamiento de contratos por parte de numerosas consejerías y otros entes de la Generalitat con el objetivo de facilitar su adjudicación a la trama que lideraba Francisco Correa.
Los tres exconsejeros que habían recurrido eran Alicia de Miguel (Bienestar Social), Manuel Cervera y Luis Rosado (ambos de Sanidad) que desempeñaron sus funciones en Gobiernos del expresidente valenciano Francisco Camps.
El magistrado sostiene en el auto con el que ha denegado las peticiones que los contratos fueron troceados "intencionalmente", según los indicios que ha reunido en la investigación, con la finalidad de eludir los principios de publicidad y libre concurrencia de las convocatorias públicas. Al argumento de uno de los recursos de que la práctica de partir un mismo objeto contractual no era extraña en la Administración y no sería suficiente como para considerarlo base de un delito de prevaricación, el magistrado responde que la "persistencia en una ilegalidad no convierte desde luego el acto administrativo en legal".
En la presente investigación, prosigue, "además se da una plural reiteración de los fraccionamientos, una alteración según dicen los testigos de lo que solía hacerse habitualmente concurriendo una especie de desapoderamiento fáctico de sus dunciones, pues solían ocuparse de la selección de las empresas salvo en estas de Orange" Market, que era la filial del grupo empresarial de Correa en Valencia.
Ceres afirma, en el apartado en el que rechaza el recurso presentado por Cervera, exconsejero y exdiputado en el Congreso, que "gran parte del caudal acumulativo indiciario" que obra en el sumario "converge en el recurrente". Cervera, añade el juez, "pudo decidir por sí o aceptar algún tipo de indicación respecto de la irregular participación de Álvaro Pérez [el responsable de Orange Market] en el evento, propiciando o dando lugar a las irregulares contrataciones y sus formas de pago".
La resolución de Ceres rechaza también los recursos del resto de acusados, salvo en el procesamiento de una empleada de la trama, Elisa Jordán, y solo respecto a una de las contrataciones irregulares que se le atribuían.
Entre los recursos había uno de Santo Juan, exjefe de área de la empresa pública Vaersa, en el que se lamentaba que a lo largo de la instrucción no se hubiera llevado a cabo ninguna diligencia para localizar a los "auténticos responsables" de los supuestos favores a las empresas de Correa que fuera capaz de poner de acuerdo a "tantas consejerías".
"Solo alguien por encima de ellas y con autoridad sobre los consejeros, con capacidad política y administrativa para asegurar su influencia a escala funcionarial, era capaz de llevar a cabo tan coordinada actuación, estimando que a la luz del Estatuto de Autonomía, de la Ley del Gobierno valenciano y del propio sentido común solo Presidencia de la Generalitat tiene ese capacidad de influir en sus subordinados", añadía el recurso.
Ceres no acepta la petición que, recuerda, no se solicitó a lo largo de la investigación de los hechos, y agrega que la petición "precisaría venir acompañada de solicitud de concretas diligencias tendentes a su objeto que, sin embargo, no se indican en el recurso".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/24/valencia/1416855432_810727.html
EL JUEZ IMPUTA A JUAN COTINO EN UNA PIEZA SEPARADA DEL ‘CASO GÜRTEL’
El expresidente de las Cortes valencianas responderá por la visita del Papa a Valencia
El juez del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana José Ceres imputó este lunes a Juan Cotino en el caso Gürtel.
El magistrado citó a Cotino, recientemente dimitido como presidente de las Cortes Valencianas, para interrogarlo sobre el supuesto amaño que permitió a la trama Gürtel captar 7,4 millones de euros de la desaparecida Ràdio Televisió Valenciana con motivo de la retransmisión de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en el año 2006. El magistrado atendió la petición formulada por la Fiscalía Anticorrupción, según la cual “una pluralidad de indicios racionales” apuntan a que el veterano político del PP participó en los hechos, pudiendo haber cometido los “delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y cohecho”.
Cotino guardó este lunes silencio. En los últimos tiempos ha insistido, sin embargo, en que ha metido la pata muchas veces “pero nunca la mano”.
En la misma resolución, el juez Ceres imputó a otras siete personas por haber intervenido presuntamente en el fraude del que se benefició la red de Francisco Correa. Una de ellas es Vicente Sanz, ex secretario general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), procesado en un procedimiento distinto por supuestos abusos sexuales a tres trabajadoras de la corporación cerrada hace un año.
El magistrado reproduce, resumidos, los argumentos esgrimidos por la fiscalía para imputar al expresidente de las Cortes Valencianas. En 2006, Cotino era consejero de Agricultura y no formaba parte de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, creada por las Administraciones valencianas y por la Iglesia para aglutinar los preparativos de los actos del Papa. A pesar de que no “ostentaba formalmente ningún cargo en la fundación”, Cotino tenía mando, señala el fiscal, llegando por ejemplo a nombrar “a sucesivos encargados” de la misma.
Basándose en “testimonios y correos electrónicos” que obran en la causa, Anticorrupción sostiene que Cotino habría mantenido “directa o indirectamente contactos con Álvaro Pérez”, delegado de la red de Correa en Valencia, “con la finalidad” de que la empresa de este, Orange Market, fuera contratada por los organizadores de la visita de Joseph Ratzinger. Cotino habría participado, manteniendo “contactos y reuniones”, en la decisión de que RTVV retransmitiera a través de televisores gigantes los actos pastorales, informando al ex director general de la radiotelevisión valenciana Pedro García de que le había “tocado lo de las pantallas”.
Siempre según los indicios expuestos por la fiscalía, el expresidente del Parlamento autonómico explicó al entonces responsable “del área de infraestructuras” de la Fundación V Encuentro que la empresa del presunto cabecilla de Gürtel Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes, había resultado “adjudicataria” del contrato para suministrar pantallas gigantes y megafonía de los actos en una “fecha en la que no se había publicado ni iniciado la tramitación del expediente” para esas adjudicaciones.
Un año después, en 2007, agrega el escrito de la fiscalía dirigido al juez, “Juan Cotino Ferrer figura en el listado de personalidades a los que Orange Market hizo regalos de Navidad donde aparece el coste. En concreto, un chaquetón de Milano por 375 euros”.
Cotino ha asegurado varias veces en los últimos meses que su papel en estos actos fue menor. “Estuve colaborando en todo lo que creía que tenía que opinar y tenía que decir, aunque ni tomé ninguna decisión, ni estaba en ningún órgano para tomar ninguna decisión. La verdad es que yo trabajé de voluntario todo lo que podía, como muchos más voluntarios”, dijo en febrero.
Anticorrupción apoya su tesis, además, en las grabaciones del exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas; en el análisis de la agenda de Pablo Crespo, considerado por la investigación lugarteniente de Correa, y en el informe policial de julio pasado que describe a Cotino como “elemento nuclear” en las decisiones en torno a la visita papal.Tercer vicepresidente implicado
Cinco años y nueve meses después de salir a la luz, el caso Gürtel sigue haciendo estragos entre quienes fueron responsables de la Administración autonómica valenciana bajo la presidencia de Francisco Camps. Con la imputación, este lunes, de Juan Cotino, son ya tres los exvicepresidentes de la Generalitat que se han visto implicados en la misma causa judicial.
Cotino presidió las Cortes Valencianas hasta hace un mes, pero previamente fue vicepresidente tercero de la Generalitat. En ese periodo, de 2007 a 2011, coincidió con Vicente Rambla, entonces vicepresidente primero del Consell, que se halla imputado en las piezas separadas del caso que investigan la supuesta financiación ilegal de los populares valencianos, y que también abandonó hace unos meses la política.
Antes de que la justicia señalara a Rambla y Cotino, Víctor Campos, vicepresidente entre 2004 y 2007, fue condenado en el llamado caso de los trajes. Un procedimiento sobre supuestos regalos de la trama de Francisco Correa a cargos públicos en el que Camps fue absuelto por un jurado.
Además de los tres antiguos vicepresidentes, en la rama valenciana de Gürtel han sido procesados otra expresidenta de las Cortes Valencianas y exconsejera, Milagrosa Martínez, y los exconsejeros Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado. Tres diputados autonómicos más, que fueron miembros de la dirección del PP valenciano, también han sido imputados: Ricardo Costa, Yolanda García y David Serra (dimitido en septiembre).
Ximo Puig, líder del PSPV-PSOE, que ejerce la acusación en el procedimiento, declaró que la imputación de Cotino demostraba “que los jueces y la justicia están haciendo efectivamente su trabajo, y que tanto la denuncia política de los miembros de la oposición como la denuncia periodística funcionan”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/11/10/valencia/1415624940_098143.html
UNA IMPUTADA POR GÜRTEL APUNTA AL EQUIPO DE BLASCO EN TERRITORIO
Considera extraño que no se acuse al exconsejero, a Lamparero, De Rosa o Segura
El expediente era “impecable desde el punto de vista de su formalización por la Administración autonómica”, llegó a declarar Rafael Blasco, al tiempo que se desmarcaba de cualquier responsabilidad. Él era consejero de Territorio y Vivienda cuando Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos), una empresa pública dependiente de su departamento, firmó en 2004 el primero de una larga serie de contratos irregulares de la Generalitat con Orange Market, terminal valenciana de la trama Gürtel.
Blasco está hoy condenado a ocho años de prisión por otro fraude, el de las ayudas de Cooperación, cometido en 2008, cuando ocupó la Consejería de Solidaridad y Ciudadanía. Y el contrato con Orange Market para la elaboración de un vídeo sobre el uso del contenedor amarillo, que nunca se hizo, es investigado por el juez José Ceres, del Tribunal Superior de Justicia, en la pieza sobre las adjudicaciones a la trama que dirigía Francisco Correa y tenía a Álvaro Pérez como cabeza visible en Valencia.
Entrada de la trama
Primer contrato. Fue el primer contrato de Orange Market con la Generalitat, un vídeo divulgativo que costó 63.900 euros y no se hizo. Se invitó a tres empresas que resultaron ser todas de la red.
Imputados. El contrato se firmó en noviembre de 2004, pero se había acordado 11 meses antes en reuniones con altos cargos de Territorio que no están imputados. Cinco miembros de la trama, tres directivos de Vaersa y una funcionaria son los acusados.
Por el contrato con Orange Market están imputados Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, Isabel Jordán y Mónica Magariños, los cabecillas y las empleadas de la trama; Juan Miguel Bellver, Joaquín Fernando Tomás Font de Mora y Antonio Santo Juan, directivos de Vaersa; así como Patricia Callaghan, de la consejería. Esta funcionaria, que era jefa de sección, es la única imputada del departamento. Hecho que destaca en su recurso al auto del juez del pasado julio por el que se incoaba procedimiento abreviado. Callaghan, cuya imputación se basa en que era señalada como contacto en relación con el vídeo sobre el contenedor amarillo, centra su defensa en señalar que su función, como técnico de educación medioambiental, consistía en “la supervisión de cualquier trabajo interno o externo en este ámbito”.
Tras sostener que no tenía capacidad de decidir ni actuar en materia de contratación, recuerda que en el escalafón de la consejería estaban por encima de ella el consejero Rafael Blasco, el director general Jorge Lamparero y los jefes de área de Calidad Ambiental, Francisco Segura, y de Residuos, Carmen de Rosa. La defensa de Callaghan añade que Blasco era presidente y Lamparero consejero de Vaersa, la empresa que firmó el contrato. Además, recuerda que por las declaraciones prestadas consta la amistad de Ignacio Blanch, gerente de Orange Market, que no está imputado, con Lamparero y de este último con Santo Juan. “Se ha declarado que el señor Blanch y el señor Segura se carteaban con frecuencia y que se iban a comer juntos con la señora De Rosa para tratar sobre este contrato”, añade.
Cargos de Territorio que se reunieron con Pablo Crespo no están imputados
La celebración de reuniones con los altos cargos del equipo de Blasco a las que asistió Pablo Crespo, lugarteniente de Correa, es destacada también por la defensa de Callaghan. Singularmente, se refiere a una de enero de 2004 sobre la que queda constancia en el sumario de que Orange Market consideró tan fructífero su contenido como para plantear la necesidad de más encuentros en los que acotar la materia tratada.
Según su escrito, Callaghan participó en el seguimiento de los trabajos de Orange Market “porque fue designada por su superior, el jefe de área Francisco Segura”, como experta en educación ambiental, pero no tenía capacidades directivas. “Ha quedado acreditado”, sostiene la defensa, “que Orange Market vino a la Comunidad Valenciana después de haber sido contratada en numerosas ocasiones por el PP, por medio de contactos en las altas esferas de la Generalitat. No se sostiene que una simple jefa de sección pueda introducir a ninguna empresa y menos si ésta está íntimamente relacionada con un partido político del que la señora Callaghan no es ni simpatizante”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/26/valencia/1414349441_925122.htmlEL SUPREMO APLAZA LA DECISIÓN SOBRE EL PRIMER JUICIO A LA TRAMA GÜRTEL
En el procedimiento se sentarán en el banquillo los cabecillas de la red de Correa
Están acusados también una exconsejera y la expresidenta de las Cortes Valencianas
El Tribunal Supremo tampoco tiene claro qué debe hacerse con el primer juicio contra la trama Gürtel, el primero en el que, en principio, debían sentarse en el banquillo de los acusados los supuestos cabecillas de la red, acompañados por una exconsejera de la Generalitat valenciana y la expresidenta de las Cortes Valencianas, que se enfrenta a una petición de 11 años de prisión.
Cinco magistrados del Supremo han deliberado este miércoles sobre la espinosa cuestión competencial de quién debe enjuiciar esa pieza separada del caso, centrada en las adjudicaciones que las empresas de la red consiguieron con motivo del diseño e instalación del pabellón valenciano en la feria turística Fitur. Pero no ha llegado a una decisión y ha decidido elevar el asunto a un pleno no jurisdiccional al que están convocados los 16 jueces que integran la Sala Segunda del Supremo, que todavía no tiene fecha.
El enredo jurídico empezó con la dimisión como diputadas de la exconsejera Angélica Such y, sobre todo, de la expresidenta de las Cortes Milagrosa Martínez, cuando las sesiones del juicio, que debían haber comenzado en marzo, ya habían sido señaladas.
El Tribunal Superior de Justicia, que había instruido la causa y tenía previsto celebrar el juicio, decidió que ya no era competente para hacerlo dado que al dimitir como diputadas Such y Martínez habían dejado de estar aforadas, que es lo que concede competencia a ese órgano judicial.
La Fiscalía Anticorrupción consideró, sin embargo, que la dimisión de las diputadas encerraba un "fraude de ley", al perseguir con ello supuestamente cambiar el órgano judicial que iba a enjuiciarlas y demorar el momento de sentarse en el banquillo. Y recurrió la resolución del Tribunal Superior valenciano.
El Supremo confirma ahora la complejidad del asunto, al elevarlo al pleno de la Sala Penal, que probablemente no se limitará, según un portavoz del organismo, a resolver el caso concreto sino que establecerá un criterio general para casos parecidos: ¿cuándo queda cerrada la competencia de un tribunal de modo que resulta inamovible?
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/10/15/valencia/1413373946_519287.htmlEL BANCO SANTANDER CERTIFICA QUE LA GERENTE DEL PP ORDENÓ UN PAGO DE 100.000 EUROS A GÜRTEL
Identifica la firma de Cristina Ibáñez y avisa que no puede concretar la otra firma
El cheque se giró el febrero de 2009 por actos de partido sin especificar
El juez que instruye la ramificación valenciana del caso Gürtel, José Ceres, cuenta desde el pasado viernes con una información muy valiosa sobre la pieza que investiga la presunta financiación ilegal del PP de Francisco Camps. Se trata de un pago que el partido giró a la trama corrupta liderada por Francisco Correa.
El PP de la Comunidad Valenciana desembolsó 100.000 euros a la red Gürtel en concepto de actos electorales y la persona que lo autorizó fue la todavía gerente regional de la formación Cristina Ibáñez, imputada en la pieza matriz donde, además de las cuentas supuestamente opacas de la formación también se investiga un delito electoral.
Ha sido el Banco Santander quien ha aportado la información. Los 100.000 euros ingresados a la empresa que gestionaba Álvaro Pérez, El Bigotes, estaban destinados a satisfacer, apuntan las mismas fuentes, distintos actos que la trama había organizado para el PP. Sin embargo, no se especifica cuáles ni en qué segmento de tiempo se llevaron a cabo.
La entidad bancaria ha certificado que la rúbrica que aparece en el cheque que ha analizado tras examinar la documentación sobre el titular de la cuenta del PP autonómico es de Ibáñez. La suma se abonó el 4 de febrero de 2009 y el cheque está firmado por la todavía gerente del PP autonómico, de acuerdo con la información que la entidad bancaria ha remitido al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) y a la que ha tenido acceso este periódico. Este nuevo dato se acaba de incorporar a la instrucción.
Hace varias semanas, la Fiscalía Anticorrupción solicitó al magistrado que se dirigiera al Santander para averiguar quién ordenó el pago y firmó el cheque que sirvió a la sucursal valenciana de Correa, Orange Market, para cobrar actos electorales. El juez acordó esta práctica y elevó la petición al Santander, que contestó el pasado viernes.
El banco ha identificado una rúbrica, la de Ibáñez. Sin embargo, hay otra firma que no ha podido atribuir, tal como revela el documento aportada en el Alto Tribunal autonómico. Por tanto, queda esa incógnita. Fuentes del caso precisaron que en aquella época, el PP valenciano giraba los cheques con dos firmas: las del titular -que era la gerente regional- y la de un autorizado -que era uno de los tres gerentes provinciales-.
Pues bien, una de esas rúbricas es la que el Banco Santander no ha podido identificar, tal como pretendía la Fiscalía Anticorrupción y el magistrado. «La firma que consta a la derecha del número de cuenta (...) fechado el 4 de febrero de 2009 por valor de 100.000 euros corresponde a Cristina Ibáñez Vidal. La otra firma no se identifica», recoge el escrito.
En aquel momento, el gerente provincial de Valencia era José Moscardó; la de Alicante, Eugenia Cascales y el de Castellón, Miguel Carot.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/10/06/5432400c268e3e7b108b456c.htmlANTICORRUPCIÓN PIDE INHABILITACIÓN PARA TRES EXCONSELLERS Y CÁRCEL PARA OTROS CARGOS PÚBLICOS
Anticorrupción pide hasta nueve años de inhabilitación pública para De Miguel, Rosado y Cervera, y cárcel para Carmen Quintero, Vicente Farnós y Santo Juan, entre otros cargos. El PSPV pide hasta tres años de cárcel para los tres ex-consellers
Se trata de los escritos de calificación provisional, que se han presentado hoy, al TSJ valenciano que instruye la pieza cinco del caso Gurtel relativa a contrataciones del Consell con empresas del grupo Correa
La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público para el exdiputado popular David Serra, y entre siete y nueve para los exconsellers Alicia de Miguel, Luis Rosado y Manuel Cervera, imputados en la pieza 5 del 'caso Gürtel', relativa a contrataciones entre el Consell, la empresa dirigida por Álvaro Pérez 'el Bigotes' y otras sociedades del Grupo Correa.
El fiscal pide penas de cárcel para seis de los cargos públicos del nivel intermedio imputados. Siete años de cárcel pide para Antonio Santo Juan, funcionario responsable de la empresa Vaersa, otros siete años para Juan Miguel Bellver, exdirector de esta empresa pública de Medio Ambiente; cinco años para Carmen Díaz Quintero, directora de La Luz de la Imágenes; cuatro años para Enrique José Bort, exdirector de gabinete del Sepiva; cuatro años para Vicente Farnós, exdirector de Castelló Cultural, y tres años para Patricia Callaghan jefa de sección de Territorio.
Por su parte, la acusación popular ejercida por el PSPV, pide una pena de tres años y cuatro meses de prisión para el exdiputado popular David Serra y para la exconsellera Alicia de Miguel, así como un año y cuatro meses de cárcel para los exconsellers de Sanidad Luis Rosado y Manuel Cervera.
La Fiscalía ha pedido, así mismo, diez años de prisión para los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes".
En total, en esta pieza, que se dio por concluida el pasado mes de julio, hay 27 personas procesadas, a las que el juez instructor atribuye presuntos delitos de prevaricación, tráfico influencias, falsedad, malversación y fraude.
No obstante la reciente dimisión como diputado de David Serra, en el parlamento valenciano, el único aforado que quedaba en esta casusa, obligará a decidir si se mantiene en el TSJ valenciano, o pasa a la justicia ordinaria. Un debate similar al que el día 15 debe decidir el Supremo, tras renunciar a su escaño las imputadas en otra rama del caso Gúrtel las ex conselleras Angélica Such y Milagrosa Martínez que también han perdido el aforamiento.
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/anticorrupcion-pide-inhabilitacion-exconsellers-carcel-otros-cargos-publicos/csrcsrpor/20140926csrcsrnac_25/TesEL JUEZ RECHAZA UNIR A GÜRTEL LA SUPUESTA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP DE PATERNA
La Fiscalía Anticorrupción pidió al magistrado Ceres abrir una nueva línea de investigación
El juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano José Ceres ha rechazado incorporar al caso Gürtel la supuesta financiación ilegal del PP de Paterna en la etapa del recientemente dimitido alcalde Lorenzo Agustí.
La fiscalía Anticorrupción le había solicitado que uniera esa nueva línea a la causa que ya investiga las aportaciones supuestamente irregulares de empresas de la construcción al conjunto de las campañas populares en la Comunidad Valenciana en 2007 (municipales y autonómicas) y 2008 (generales). Y ello a pesar de que en el caso de Paterna la denuncia original, presentada por Compromís, apunta a empresas distintas y no aparece en ella la sombra de la red de Francisco Correa.
"En última instancia", argumentaba Anticorrupción, "la contabilidad y su rendición de cuentas correspondientes a las elecciones municipales de 2007 en la Comunidad Valenciana no pueden ser analizadas sin tomar en consideración incluso la contabilidad y rendición de cuentas correspondientes a las elecciones autonómicas del mismo día”.
El magistrado no acepta las alegaciones de la fiscalía, señala que en la denuncia no figura ningún aforado (que es lo que determina de modo general la competencia del TSJ), ni tampoco ninguno de los ya encausados en la vertiente valenciana del caso Gürtel. Abre la puerta, sin embargo, a que la fiscalía plantee la cuestión a la Sala Civil y Penal del TSJ, "competente para delimitar la competencia de este tribunal".
La supuesta financiación irregular a la campaña, en 2007, de los populares en Paterna, la habrían realizado "tres empresas constructoras con una misma dirección fiscal y una cuarta empresa" dedicada a la publicidad. Las cuatro habrían pagado actos electorales a la firma que se encargó de la campaña popular. Las facturas identifican "claramente como destinatario al Partido Popular de Paterna", añade la fiscalía, que considera difícil "encontrar justificación alguna" para que tales empresas "abonen gastos de la campaña electoral de un partido político".
Agustí, considerado en su momento una figura emergente del PP valenciano, dimitió en julio como alcalde del décimo municipio valenciano más poblado (67.000 habitantes) después de verse implicado en dos causas judiciales. El exregidor está imputado por la adjudicación de un auditorio y por los gastos de publicidad destinados a promover una zona franca de 1,2 millones de metros cuadrados en el término municipal de Paterna.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/15/valencia/1410802098_741518.htmlSERRA DIMITE COMO DIPUTADO Y REDUCE A DOS LOS IMPUTADOS DEL PP EN LAS CORTS
El TSJ pierde la competencia para juzgar la pieza cinco del caso Gürtel que solo está pendiente de que la Fiscalía presente su escrito de acusación
La renuncia a su escaño del diputado del PP en las Corts David Serra, procesado en el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano, ha dejado al grupo popular con dos parlamentarios imputados, Ricardo Costa y Yolanda García, en ambos casos dentro de la pieza que investiga la supuesta financiación irregular del PPCV, derivada del mismo proceso por presunta corrupción. Con la dimisión de Serra y la pérdida de fuero el TSJ perderá la competencia para juzgar la pieza cinco del caso que sólo estaba pendiente de que la fiscalía presentara su escrito de acusación y se abriera juicio oral.
Serra entregó ayer un escrito en la Cámara en el que comunicaba su decisión para contribuir a que, en estos meses de precampaña, los grupos de la oposición no puedan utilizar su situación «para dañar políticamente al PP». La nueva diputada del PP por Alicante será María Mercedes Torregrosa Orts, de San Vicent del Raspeig.
La marcha de Serra no es una sorpresa, máxime cuando fue procesado por el TSJ en la pieza cinco del caso Gürtel. Además, ya había renunciado a la exclusiva para abrir un despacho de abogados, lo que anticipaba sus intenciones.
El propio presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, se refirió a esta dimisión, que ya había insinuado en una entrevista en este periódico el pasado domingo, asegurando a una emisora nacional: «Algunos creían que era imposible unas Corts sin imputados».
David Serra, al igual que los todavía diputados Ricardo Costa y Yolanda García, está imputado en la causa abierta en el TSJCV por presupuesta financiación irregular del PPCV, derivada del caso Gürtel. Su salida de las Corts ha dejado en dos el número de parlamentarios imputados en las filas del grupo popular, integrado actualmente por 54 de los 99 parlamentarios que forman la cámara autonómica. El número de imputados en las filas populares llegó a ser de 10.
Serra, que no quiso hacer declaraciones en relación con este tema, aseguró que es una decisión «personal» y apuntó que a ninguno de sus compañeros imputados en este procedimiento se les atribuye «ninguna actuación de enriquecimiento personal o comúnmente llamada meter la mano en la caja» y reiteró su inocencia.
Donde sí habló el exdiputado es a través de un comunicado de presa, en el que agradeció la «confianza» que «en todo momento» ha tenido tanto del partido como del grupo parlamentario en los «más de 26 años dedicados a la actividad política», periodo en el que ha formado parte de la cámara autonómica en sucesivas legislaturas.
Serra explicó en el escrito que ha formalizado su renuncia a la condición de diputado en las Corts en representación por la circunscripción de Alicante, «una decisión personal coherente con la postura que siempre he mantenido respecto al abandono de las responsabilidades institucionales cuando alguien se encuentra dentro de un procedimiento judicial, que considero deben producirse en los tiempos de la apertura del juicio oral».
La presidenta del grupo socialista en el Parlamento valenciano, Ana Barceló, aseguró sobre la salida de Serra y su correspondiente impacto en el caso Gürtel que «en el PP de Alberto Fabra las Corts se utilizan para decidir qué juez y qué juzgado interesa más que les juzgue».
Críticas de PSPV y EU
Para Barceló, «así es cómo Fabra y el PP entienden la regeneración democrática, que cada uno tome las decisiones cómo y cuando le convengan personalmente», lo cual no es «el compromiso con la ética y la transparencia que están reclamando los ciudadanos». En su opinión, la dimisión de Serra constata, una vez más, «la incapacidad» del presidente de la Generalitat «para tomar decisiones sobre los imputados de su partido», pues el diputado «se marcha porque quiere, cuando quiere y como quiere».
En la misma línea se manifestó la portavoz de EUPV en las Corts y coordinadora de la formación, Marga Sanz, quien aseguró que «es esperpéntico que los cargos públicos del Partido Popular imputados o procesados abandonen sus escaños cuando quieren» y lo achacó a que Fabra, es «un presidente sin autoridad». Al respecto, Sanz reprobó que los parlamentarios populares imputados elijan cuándo dejan sus actas «guiados por sus propios intereses particulares de alargar procesos judiciales y no porque el presidente del PP se lo exija».
En su opinión, «ello define lo que es Fabra, un presidente sin autoridad al frente de un PP absolutamente desnortado ante este iceberg de corrupción que han generado y que cada vez les golpea con más fuerza».
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/09/10/serra-dimite-diputado-reduce-imputados/1159738.htmlDIMITE DAVID SERRA, DIPUTADO AUTONÓMICO DEL PP PROCESADO EN EL ‘CASO GÜRTEL’
El político asegura que se marcha para no dañar al partido en precampaña
En la bancada popular de las Cortes Valencianas quedan ahora dos personas imputadas
El diputado del grupo popular en las Cortes Valencianas David Serra ha renunciado este martes al acta de parlamentario, después de que el pasado 24 de julio fuera procesado por las contrataciones de la Generalitat con la trama Gürtel, con lo que se reducen a dos los imputados que quedan en la bancada popular.
En un comunicado, Serra reitera su inocencia "en todas las acusaciones que se han formulado" y dice estar "absolutamente convencido de que al fin de este procedimiento se demostrará la inocencia" de quienes se han visto inmersos en él, aunque serán "irreparables las consecuencias personales que se sufren". El también exvicesecretario de Organización del PP valenciano añade que con su renuncia contribuirá a que "en estos meses de precampaña, los grupos de la oposición no puedan utilizar" su situación para "dañar políticamente" a su partido.
La dimisión eleva a nueve el número de parlamentarios populares implicados en causas de corrupción que han abandonado las Cortes antes del fin de la actual legislatura.
Serra se halla imputado en dos piezas del caso Gürtel: por fraccionar contratos para adjudicárselos presuntamente a dedo a las empresas de Francisco Correa, y por la supuesta financiación ilegal electoral de su partido.
La decisión de Serra implica la pérdida de su condición de aforado y tendrá como efecto la salida del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano de una parte clave del caso Gürtel. La conocida como pieza número cinco del procedimiento, que se ocupa del artificial fraccionamiento de adjudicaciones. En ella fueron procesados en julio 21 cargos públicos de la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps, incluidos tres exconsejeros: Manuel Cervera y Luis Rosado (Sanidad) y Alicia de Miguel (Bienestar Social).
La pieza será juzgada ahora muy probablemente por la Audiencia Provincial de Valencia. El retraso que ello conllevará será, sin embargo, menor que el que provocaron en marzo las dimisiones de otras dos exconsejeras de Camps imputadas en Gürtel, Angélica Such y Milagrosa Martínez, a quien la trama de Correa llamaba La Perla.
En aquella ocasión, la renuncia de Martínez se produjo con las fechas del juicio señaladas y una semana de que empezara. Circunstancias que llevaron a la Fiscalía Anticorrupción a considerar que La Perla había incurrido en fraude de ley y a oponerse a la decisión del TSJ de desviar el enjuiciamiento del asunto a la Audiencia de Valencia. Los fiscales recurrieron al Tribunal Supremo y este aún no se ha pronunciado sobre qué órgano judicial debe juzgar esa pieza separada, centrada en las millonarias adjudicaciones de la Agencia Valenciana de Turismo con motivo de la feria Fitur.
En la pieza cinco el juez ha dado por concluida la investigación, pero el juicio aún no ha sido señalado, con lo que no habrá recurso de la fiscalía ni tendrá que pronunciarse el Supremo.
Durante años —el caso Gürtel, por ejemplo, salió a la luz en 2009— la mayoría de los diputados valencianos implicados en pleitos por corrupción prefirieron mantener su escaño y con ello su aforamiento. Esto es, el derecho a ser investigados y en su caso juzgados por magistrados que o bien habían sido elegidos por ellos mismos en las Cortes Valencianas o bien habían llegado al Tribunal Superior de Justicia por decisión del Consejo General del Poder Judicial, a cuyos miembros habían seleccionado, a su vez, los partidos.
El cambio de criterio ante los casos de corrupción del TSJ tras la llegada a la presidencia del tribunal de la juez Pilar de la Oliva, así como las recientes condenas a prisión que el tribunal ha propinado a dos compañeros de bancada, Pedro Ángel Hernández Mateo (tres años) y Rafael Blasco (ocho) parecen haber convencido a los parlamentarios de que no pueden perder mucho llevando sus juicios a la Audiencia de Valencia, donde decidirán su suerte magistrados rasos.
Solo quedan dos parlamentarios imputados por corrupción
La marcha de David Serra ha dejado al Grupo Popular en las Cortes Valencianas con solo dos imputados: Ricardo Costa, ex secretario general del PP regional, y Yolanda García, extesorera. En realidad hay tres, pero Elisa Díaz —hija del exalcalde de Alicante y también dimitido parlamentario Luis Díaz Alperi—, no está inmersa en un procedimiento judicial por corrupción, sino por haber dejado parcialmente sorda, presuntamente, a una ciudadana británica en una discusión.
Serra ha enmarcado su renuncia en una decisión "personal coherente" con la postura que afirma haber mantenido siempre "respecto al abandono de las responsabilidades institucionales cuando alguien se encuentra dentro de un procedimiento judicial".
La presidenta del Grupo Socialista en las Cortes, Ana Barceló, ha afirmado que Serra buscaba con su decisión “decidir qué juez y qué juzgado interesa más que le juzgue”, y “alargar los plazos”. Barceló ha añadido que el paso dado por el ex número tres del PP de irse “porque quiere, cuando quiere y como quiere” demostraba “la incapacidad del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, para tomar decisiones sobre los imputados de su partido”.
La coordinadora de Esquerra Unida, Marga Sanz, ha apuntado en la misma dirección. Según la diputada, la forma en que se ha materializado el abandono de Serra "define lo que es Fabra: un presidente sin autoridad al frente de un Partido Popular absolutamente desnortado ante este iceberg de corrupción que han generado y que cada vez les golpea con más fuerza".
De los dos diputados inmersos en casos de corrupción que quedan, Costa ya ha anunciado (en una entrevista a Las Provincias) que dimitirá pronto. Si García sigue sus pasos, todo el caso Gürtel dejará definitivamente el Tribunal Superior de Justicia valenciano para ser juzgado en la Audiencia Provincial de Valencia, a menos que el Tribunal Supremo decida contra pronóstico otra cosa.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/09/valencia/1410267251_738520.htmlDE LEÓN DICE QUE SOLO FUE INTERMEDIARIA EN LAS CAMPAÑAS INVESTIGADAS EN GÜRTEL
La exvicepresidenta dice que Costa era quien tomaba las decisiones económicas
La exvicepresidenta de la Generalitat Paula Sánchez de León declaró este jueves que ella fue solo una “intermediaria” entre el también exvicepresidente Vicente Rambla y el Partido Popular valenciano en las dos campañas electorales investigadas por supuesta financiación ilegal en el seno del caso Gürtel. Sánchez de León, que salió del Ejecutivo valenciano en 2011 para convertirse en delegada del Gobierno en la comunidad autónoma, cargo que abandonó en mayo, fue interrogada como testigo por espacio de una hora por el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano, José Ceres, la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular representada por los socialistas valencianos.
De León dijo no recordar muchas de las cuestiones que le fueron planteadas, según fuentes conocedoras de su declaración. Pero apuntó hacia otro de los imputados (además de Rambla), Ricardo Costa, al asegurar que era “el secretario general” quien se encargaba de las cuestiones económicas, incluidas las relaciones entre los populares y las empresas de la trama Gürtel, que se encargaron de las campañas investigadas, 2007 (autonómicas y municipales) y 2008 (generales).
Costa era secretario general en la segunda de las campañas, pero no en la de 2007, cuando ocupaba un peldaño inferior en el partido. La investigación considera, sin embargo, que en la práctica Costa también ejerció como tal en 2007, porque quien era formalmente secretaria general, Adela Pedrosa, que abandonó el cargo después de los comicios, estaba centrada en su candidatura a la alcaldía de Elda. Ni el juez ha imputado a Pedrosa ni la fiscalía le ha pedido que lo haga.
La exdelegada del Gobierno admitió haberse reunido con el cabecilla de Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, cuatro veces en la sede de su empresa Orange Market. Una de esas veces, precisó, fue después de las elecciones y se trató el pago de los gastos de la campaña.
El abono de las facturas de los actos de campaña forma el núcleo de la causa. Según la fiscalía, parte de ellas fueron abonadas por seis empresas constructoras, que habrían encubierto los pagos simulando que Orange Market y otras sociedades del grupo de Francisco Correa les habían prestado diferentes servicios. La policía grabó conversaciones telefónicas en las que Pérez y otros cabecillas del grupo se quejaban de cuánto les costaba cobrar del PP.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/09/04/valencia/1409858254_494124.htmlEL JUEZ QUE INVESTIGA GÜRTEL ABRE EN CANAL LA FUNDACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA
El magistrado requiere a la entidad información sobre el papel de Juan Cotino y Orange Market
El último informe policial entregado al juez José Ceres ha sacudido la investigación sobre la visita del Papa a Valencia en 2006, el gran encuentro pastoral que proporcionó a la trama Gürtel su mayor pelotazo. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) señaló al presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, como “elemento nuclear” en todas las decisiones relativas al viaje del Pontífice. Lo hizo después de que Cotino, también exconsejero y ex director general de la Policía, hubiera reducido durante años su papel en los actos al de mero voluntario. El magistrado, a solicitud de la Fiscalía Anticorrupción, ha decidido ahora abrir en canal la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, la entidad pública creada por la Iglesia, la Generalitat, la Diputación y el Ayuntamiento de Valencia para organizar todo lo relativo a aquellos tres días que Benedicto XVI pasó en la ciudad.
El juez ha requerido a la fundación, así como al “grupo provisional de trabajo” constituido anteriormente, información sobre la “función, cargo y periodo de mandato” de varios miembros de ambos organismos, entre ellos el presidente de las Cortes.
El requerimiento comprende una larga relación de documentos. La remisión del libro de actas del patronato y del mencionado grupo preliminar en 2005 y 2006. El nombramiento, y a propuesta de quién fue, de los comisionados de la fundación. Cargo que ocuparon Enrique Pérez Boada, hombre de confianza de Cotino y exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas; y Antonio Corbí, secretario del arzobispado de Valencia.
El magistrado pregunta a la fundación si le fue presentada una “unión temporal de empresas” constituida por las sociedades Trasgos y Orange Market, la filial del grupo de Francisco Correa en Valencia. Qué documentos se entregaron sobre dicha unión de empresas y qué “personas o cargos” la introdujeron en la fundación. Y también, “cualquier borrador, nota interna o acta que contenga conversaciones, tratos, propuestas y ofertas mantenidas con Álvaro Pérez”, El Bigotes, gestor de Orange Market.
El objetivo de la providencia de Ceres es reunir indicios documentales sobre el papel de Cotino, una vez que testigos de la causa lo han descrito como “factótum” de la visita papal. Así como información sobre las adjudicaciones que pudo captar la trama al margen de la que se conoce hasta ahora y constituye el centro de la investigación: los cerca de siete millones que recibió de Canal 9, usando presuntamente a una constructora como empresa pantalla, para cubrir televisivamente los actos pastorales.
La fundación también deberá aportar sus cuentas anuales, libro de inventarios, libro diario y planes de actuación de 2005 a 2007. Y el Protectorado de Fundación de la Generalitat, “todas las comunicaciones y solicitudes” que le realizó la del V Encuentro Mundial de las Familias, así como las autorizaciones que le concedió.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/31/valencia/1406835698_486669.htmlEL JUEZ QUIERE SABER CUÁL FUE LA FUNCIÓN DE COTINO EN LA VISITA DEL PAPA
En una providencia, pide a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias información sobre la función o cargo de, entre otros, Juan Cotino. Además, el magistrado quiere saber quién decidió nombrar a los componentes del Grupo de Trabajo Preliminar
El juez quiere saber cuál fue la función de Cotino en la visita del papa
En una providencia, José Ceres, juez que instruye la causa 4 del caso Gürtel, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, pide a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias información sobre la función o cargo del actual President de Les Cort Juan Cotino en la Visita del papa a Valencia en el año 2006.
Además, el magistrado quiere saber quién decidió nombrar a los componentes del Grupo de Trabajo Preliminar y la función o cargo, además de Cotino, de José Selva, Pedro Hernández, Felipe Gómez, Henar Molinero, Javier Arnal o Miguel Domínguez, así como su razón o fundamento de intervención de cada uno de ellos en el Grupo Preliminar al que pertenecen y su asistencia a dicho grupo. El juez también requiere a la Fundación V Encuentro, con la mayor brevedad, la presentación del libro de actas del Patronato de los años 2005 y 2006, tras lo que dará conocimiento a las partes.
Además, Ceres requiere la información relativa a la existencia de presentación al Patronato o Grupo de Trabajo de una UTE, y en su caso fecha e interlocutores, compuestra por Trasgos y Orange Market. En concreto, documento de presentación, personas o cargos que presentaron la UTE, posibles actas y su resultado. En general, cualquier referencia que aparezca al respecto y en particular sobre Orange Market o Álvaro Pérez.
Por otra parte, el magistrado reclama la certificación sobre la existencia de borradores, actas, fechas o partícipes, ya del Grupo Preliminar o del Patronato, en relación con los trabajos o estudios previos a la decisión de éste de cesión de la señal institucional para la retransmisión del evento a RTVV. También las personas o responsables o componentes del área de dirección de comunicación de la Fundación, adicionalmente de aquellos que participaron en reuniones con RTVV para la transferencia de la señal.
Asimismo y con independencia de lo anterior, el juez instructor solicita el pliego de condiciones económico administrativas a que se refiere el acta número 8, informando o certificando qué persona, sociedad, UTE u organismo aportó el mismo. Cualquier persona o nota que pueda dar información sobre la reunión que alude el acta 9 y cualquier documento que contenga conversaciones, tratos o propuestas mantenidas con Álvaro Pérez.
Por último, Ceres establece diligencias consistentes en declaraciones el día 9 de septiembre. En las testificales cita a María Teresa Villo, José María Gimenez y Noelia Estarlich, además de la ampliatoria de Ricardo Calatayud.
Contra la presente resolución cabe recurso de forma en plaza de tres días desde el 31 de agosto.
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/juez-quiere-saber-fue-funcion-cotino-visita-papa/csrcsrpor/20140731csrcsrnac_34/TesLA POLICÍA SITÚA A COTINO EN EL CENTRO DEL AMAÑO DE LA VISITA DEL PAPA
La UDEF entrega su último informe sobre el mayor pelotazo de la trama Gürtel
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) describe con detalle en su último informe las numerosas corruptelas que envolvieron la visita del Papa a Valencia en julio de 2006, en lo que constituyó el mayor pelotazo conseguido por la trama Gürtel, de cerca de siete millones de euros. La policía desmiente la versión sostenida hasta ahora por el presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, que ha negado haber tenido poder decisorio en la organización del viaje del Pontífice, ni en las contrataciones efectuadas.
El informe que la UDEF ha entregado al juez José Ceres, que investiga en Valencia el caso Gürtel, concluye en cambio que "Juan Cotino era el elemento nuclear en el sentido de ser el responsable último en la toma de decisiones". El presidente del Parlamento valenciano y uno de los hombres más cercanos al expresidente de la Generalitat Francisco Camps recibió además, según señala la policía, el aviso del gran fraude que estaba gestando el grupo de Francisco Correa. Cotino no solo desoyó la advertencia sino que a raíz de recibirla el denunciante, José Selva, responsable de infraestructuras de los actos del Pontífice, fue "marginado" de la organización hasta que presentó su dimisión.
Sobre la base de las declaraciones de testigos e imputados, de la documentación intervenida a la trama corrupta y de las conversaciones grabadas a sus cabecillas, la policía describe a Cotino como la persona por la que pasaban todas las decisiones. Y ello a pesar de no figurar en el patronato de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, creada por las Administraciones valencianas y la Iglesia para gestionar los actos papales, y ser formalmente solo consejero de Agricultura.
Cotino, según la UDEF, participó en uno de los primeros pasos que se adoptaron presuntamente para ejecutar la estafa: quitar a Televisión Española la retransmisión de los actos, algo de lo que siempre se había encargado en viajes de Pontífices a España, y dársela a Canal 9. A continuación, el presidente de las Cortes Valencianas intervino en la decisión de sacar del seno de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias uno de los contratos más cuantiosos y el que finalmente fue captado por la trama corrupta: la instalación de medio centenar de pantallas gigantes en distintos puntos de la ciudad de Valencia para la retransmisión de los actos religiosos que se celebraban en el jardín del Turia. Ese contrato pasó a ser competencia también de Canal 9, la televisión autonómica ahora cerrada.
A pesar de no estar oficialmente previsto, prosigue la policía, Cotino participó en muchas de las reuniones del patronato de la Fundación V Encuentro. En varias de ellas se abordaron contrataciones con Orange Market, la filial de la trama de Francisco Correa en Valencia.
La policía da credibilidad al testigo José Selva, el ingeniero responsable de infraestructuras del encuentro religioso que declaró ante el juez que alertó a Cotino en febrero de 2006 del fraude que estaba preparando la trama corrupta.
Selva le dijo a Cotino, según el informe, que el cabecilla de Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, se paseaba por las obras que se estaban realizando en el jardín del Turia diciendo que era el "adjudicatario" de los trabajos. Selva añadió que se "olía que había dinero de por medio, que le parecía muy fuerte que estando el nombre del Papa y la Iglesia de por medio se jugara con dinero, bien para el partido, bien para el que fuera". El político valenciano, según la declaración de Selva, le respondió "que se había decidido que fuera Televisión Valenciana la que adjudicara" las pantallas gigantes y que con "el informe favorable de los técnicos se había adjudicado a este hombre", en referencia a El Bigotes.
La afirmación era falsa desde el punto de vista oficial porque la adjudicación, no a El Bigotes sino a la constructora leonesa Teconsa, la empresa pantalla que utilizó la organización de Francisco Correa, no se produjo hasta tres meses más tarde, en mayo de 2006.
La respuesta atribuida a Cotino era cierta, en cambio, en sentido práctico: El Bigotes y el resto de la trama estaban ya trabajando de hecho en la instalación de las pantallas desde principios de 2006, como si hubieran ganado una adjudicación que formalmente todavía no había sido convocada.
La explicación que el hoy presidente de las Cortes Valencianas ofreció presuntamente al ingeniero Selva encaja con la conclusión del informe de la UDEF de que la adjudicación estuvo preparada desde el principio. El procedimiento administrativo se articuló sobre "la búsqueda de un resultado final querido, construyendo ad hoc los elementos del expediente para lograr tal fin".
"Dicho de otro modo", agrega la policía, "primero se perfecciona el contrato entre Radio Televisió Valenciana (RTVV) y Teconsa y con posterioridad se viste hacia atrás el expediente administrativo que debiera motivar tal contratación". La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal menciona como una de las escasas oposiciones que el entonces director de RTVV y hoy imputado, Pedro García, encontró en el proceso, la del extécnico de la corporación Luis Sabater.
El grupo de Correa premió a quienes le facilitaron la operación, que consistió en subcontratar a empresas especializadas los trabajos por la mitad de los fondos públicos recibidos. Y repartirse los otros tres millones largos de euros entre los cabecillas de la trama, una vez descontadas las comisiones. El exdirector de la televisión valenciana percibió supuestamente medio millón de euros. La mordida se disimuló "mediante facturación ficticia por supuestos servicios prestados a sociedades vinculadas a familiares de su mujer".
"Las contraprestaciones recibidas por los demás colaboradores", concluye la policía en el último párrafo de su informe de 168 páginas, se materializaron "en algunos casos en entregas de regalos o pagos de cantidades por su participación en la operación". En otros, sin embargo, no existió "una contrapartida tangible sino que las motivaciones responden a otras razones, derivadas del mantenimiento de un estatus o de una muestra de complacencia jerárquica".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/28/valencia/1406561843_429193.htmlEl juez procesa a tres consejeros de Camps en el ‘caso Gürtel’
El magistrado José Ceres cierra una de las mayores piezas de la causa de corrupción
Deja fuera del procedimiento al alcalde de Castellón
El juez de Gürtel archiva la imputación del alcalde de Castellón Alfonso Bataller
El juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres ha procesado este jueves a tres consejeros de la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps y a otros 18 cargos de su Administración como presuntos autores de cuatro delitos que habrían cometido al adjudicar a dedo decenas de contratos a la trama Gürtel. El magistrado ha dejado también a un paso del banquillo de los acusados a la plana mayor de la red: Francisco Correa, Pablo Crespo, Álvaro Pérez, El Bigotes, y a tres de sus subordinados.
Aunque la pieza separada de la causa que Ceres ha concluido este jueves es conocida como la de los contratos menores de la Generalitat, las empresas del grupo de Correa captaron con estas adjudicaciones más de 760.000 euros.
Los exconsejeros procesados son Alicia de Miguel, que fue titular de Bienestar Social; Manuel Cervera, exresponsable de Sanidad y exdiputado en el Congreso por Castellón, y Luis Rosado, que le sucedió al frente de la Consejería de Sanidad. A ellos y al resto de acusados el instructor les atribuye los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos y falsedad documental.
El juez narra en un auto de 263 páginas la extraordinaria acogida que El Bigotes recibió prácticamente en todos los departamentos y entes dependientes de la Administración valenciana durante la presidencia de Camps y hasta que el exjuez Baltasar Garzón desmanteló la trama en el año 2009.
“La irregular y plural contratación administrativa” se extendió por nueve consejerías, dos agencias, una fundación y cinco sociedades públicas. En todas ellas se produjeron “una gran cantidad de contrataciones con vulneración de los principios de publicidad y libre concurrencia”, con el objetivo aparente de “beneficiar” al entramado empresarial de Correa.
El magistrado recalca la sospechosa coincidencia de que las adjudicaciones presenten “un similar modus operandi pese a tratarse de muy diversas contrataciones y muy diversos órganos de contratación”. Como si en ellas hubiera existido “cierta influencia política”. El juez señala que en aquella época Orange Market, la empresa de la red que dirigía Álvaro Pérez, “organizaba los actos del Partido Popular en la Comunidad Valenciana”. Y que, según declaró un antiguo empleado de esa sociedad, aquella circunstancia les “favoreció para las adjudicaciones”.
Para eliminar la competencia, el Gobierno valenciano y la red utilizaron, según el juez, un amplio repertorio de corruptelas. La primera vía para asegurar el resultado consistió en emplear “procedimientos negociados de contratación sin publicidad”, en los que bastaba con invitar a tres empresas. Una era “siempre” Orange Market; y las otras dos, empresas del mismo grupo de Correa. “No se encuentra explicación razonable de la causa de realizar invitaciones a sociedades del grupo radicadas en Madrid, que nunca habían trabajado en el respectivo órgano de contratación. Ni que ningún empleado público sepa explicar por qué se seleccionaron para ser invitadas, o quién era su interlocutor y a las que nadie conoce”.
“En muchas otras ocasiones”, prosigue el juez, el procedimiento fue incluso menos sofisticado. La Generalitat recurrió a “la técnica del fraccionamiento de la contratación”. Si un mismo acto era dividido en adjudicaciones inferiores a los 12.020,24 euros, podía concederse directamente.
De ese modo, para la organización del Congreso de Software Libre de 2005 en la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia, por ejemplo, El Bigotes cobró exactamente 12.020,20 euros por el “alquiler, transporte y montaje del mobiliario” en general. Y otros 12.020,20 euros por el “alquiler, transporte y montaje” solo de la moqueta.
“La confianza en la adjudicación era tal” que los empleados de Correa solían empezar los trabajos antes del inicio del procedimiento para adjudicarlos. Los pliegos administrativos en ocasiones “se diseñaban a posteriori, en función de las ofertas” que había presentado El Bigotes. Y otras veces los cargos procesados sugerían a los miembros de la red “cambiar conceptos esenciales de las facturas”, con la presunta finalidad “de obstaculizar la detección de irregularidades”. El juez exculpó al alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, al considerar que los contratos fraccionados que firmó le vinieron dados. Pero no así a sus dos antiguos jefes en la Consejería de Sanidad, Cervera y Rosado.
Los contratos que Sanidad concedió a la trama, con motivo de la organización de los Premios Salud y Sociedad, fueron divididos no solo entre diferentes empresas de la red, sino entre distintos departamentos de la consejería. Todas esas contrataciones son presuntamente “pluralmente irregulares, coordinadas y dirigidas por alguien superior a las respectivas direcciones generales que aparecen formalmente como órganos de contratación”. Los “técnicos cualificados a nivel de contratación” interrogados por el magistrado respondieron que esa “superior coordinación de las facturas y su pago se residencian primordialmente en el consejero [Cervera] y el secretario autonómico”, por entonces Rosado.
Varios testigos y algún imputado (incluido Bataller) declararon que Cervera se reunió con personal de Orange Market, y que la dispersión de las facturas partió del gabinete del consejero. El exjefe de gabinete y su antigua jefa de prensa señalaron, a su vez, “que actuaron cumpliendo las indicaciones” que les dio Cervera.
También ha sido capital para el procesamiento de Alicia de Miguel la declaración de su exjefe de gabinete. Éste “reiteradamente manifestó que fue la señora consejera quien organizó los actos, eligió a la empresa [Orange Market] y que incluso ella fue quien personalmente le presentó a Álvaro Pérez como la persona que se iba a encargar de organizar los actos de la consejería investigados”.
De Miguel, que fue miembro del Consell entre los años 2000 y 2007, tenía delegadas las competencias de contratación y, según su jefe de gabinete, le gustaba controlar todos los detalles: “La decisión sobre qué empresa hacía el acto siempre la tomaba la consejera. Daba cerrado el acto y la empresa”. En similar sebtido declararon otros subalternos de la consejera, que negaron tener “animadversión” hacia De Miguel.http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/07/24/valencia/1406198014_703282.html
BÁRCENAS DECLARA DESDE LA CÁRCEL POR LA FINANCIACIÓN DEL PP VALENCIANO
Ha respondido como imputado por tres de las piezas de la causa, la uno, la dos y la seis
Hacen referencia a un posible delito electoral en 2007 y 2008 y contra la Hacienda Pública
Han estado presentes el imputado, su abogado, el juez, el fiscal y cinco defensas
Bárcenas ha respondido a las preguntas del fiscal, del juez y de su propio abogado
El ex tesorero del PP Luis Bárcenas -en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid)- ha declarado este martes por videoconferencia como imputado ante el juez que instruye el 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana por tres de las piezas de la causa, la uno, la dos y la seis.
Se trata de una declaración ampliatoria fijada para las 10.15 horas sin que Luis Bárcenas haya estado presente en la sala ya que se ha hecho por videoconferencia con la cárcel de Soto del Real.
La declaración ha terminado pasadas las 11 de la mañana y han estado presentes el imputado, su abogado, el juez, el fiscal y las cinco defensas, que no han realizado preguntas. Bárcenas ha respondido sólo a las preguntas del fiscal, del juez y de su propio abogado.
Las dos primeras piezas del 'caso Gürtel' hacen referencia a supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y a supuestas falsedades relacionadas con un delito electoral en 2008, mientras que la sexta trata de investigar presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market o a algunas de las sociedades vinculadas a ella y que pudieran derivarse de los anteriores hechos delictivos a que se refieren las piezas una y dos.
El magistrado incorporó recientemente a la causa la certificación de la Junta Electoral Central sobre la identidad de las posibles personas nombradas por el PP en la Comunitat como administradores de la candidatura en las respectivas circunscripciones provinciales en las elecciones municipales de mayo de 2007.
En esta certificación se indica que Bárcenas se designó no únicamente como administrador general único del PP para las elecciones municipales celebradas en 2007, sino que era asimismo designado administrador de candidatura del PP en la circunscripción electoral de la provincia de Valencia.
Así mismo, consta la comunicación recibida de la Junta Electoral Provincial de Castellón, en la que se indica que del expediente electoral correspondiente a las elecciones locales celebradas el 27 de mayo de 2007 resulta que por la representación de las candidaturas del PP no se hizo designación de administrador específico para esta provincia.
Por su parte, la Junta Electoral Provincial de Alicante certifica la designación de Cristina Ibáñez como administradora general del PP para las elecciones a las Corts de 27 de mayo de 2007, que se convocaron de forma conjunta con las elecciones locales.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/07/01/53b2650c268e3e1a768b456c.htmlCARLOS FABRA ATRIBUYE A GÉNOVA LA CONTRATACIÓN DE CAMPAÑAS A GÜRTEL
Asegura que 'es absolutamente falso' que pagara 90.000 € en 'B' a empresas de la trama
Afirma que no tiene ningún tipo de relación con la trama ni con la empresa Orange Market
Desconoce quién contrataba los servicios de publicidad o de gestión de campaña
Apenas ha respondido a los medios con un 'ha ido bien, gracias' a su salida del juzgado
El ex presidente de la Diputación de Castellón y del PP en esta provincia, Carlos Fabra, ha atribuido a Madrid la contratación de los actos de la campaña electoral de 2007 y 2008, y se ha desmarcado de que él tuviera poder de decisión para elegir la empresa que se encargara de la publicidad de la campaña. Del mismo modo, ha dicho que él también ignora si Génova fue quien eligió a las empresas de Gürtel porque, al tomar estas decisiones Madrid, no tenía posibilidad de saber cuál era la empresa elegida para las vallas, publicidad estática y otra promoción electoral. "Yo no contraté la publicidad o Orange Market, no sé si lo hizo Madrid", ha apuntado el ex líder del PP-Castellón.
Asimismo ha asegurado que es "absolutamente falso" que pagara 90.000 euros en 'B' a la trama, tal y como así consta en los apuntes contables recogidos en la sede de Orange.
Carlos Fabra estaba citado este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) para declarar como testigo por las piezas 1, 2 y 6 del 'caso Gürtel', en las que se investiga presunta financiación irregular del PPCV.
En concreto, las dos primeras piezas del 'caso Gürtel' hacen referencia a supuesto delito electoral en las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y a supuestas falsedades relacionadas con un delito electoral en 2008, mientras que la sexta trata de investigar presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market o a algunas de las sociedades vinculadas a ella y que pudieran derivarse de los anteriores hechos delictivos a que se refieren las piezas una y dos.
Declara durante hora y cuarto
Fabra estaba citado a las 11.45 horas, y se ha presentado en el tribunal valenciano poco antes de las 11.30, aunque su declaración no ha comenzado hasta las 12. Tras prestar declaración durante poco más de una hora, ha abandonado el TSJCV sin querer atender a los medios de comunicación que le esperaban en la puerta. Tan solo ha dicho: "ha ido bien, gracias".
En su declaración ante el juez, el ex presidente del PP de Castellón ha afirmado que no tiene ningún tipo de relación con la trama ni con la empresa Orange Market, y ha asegurado que los actos para las campañas electorales de 2007 y 2008 --años en los que hubo comicios autonómicos y municipales en el primer caso y generales en el segundo-- los contrataba "directamente" Madrid, según han informado a Europa Press fuentes conocedoras del interrogatorio.
En esta línea, ha insistido en que él se limitaba en esa época a asistir a los actos electorales, pero no a organizarlos. También ha dicho que desconoce quién contrataba los servicios de publicidad o de gestión de campaña y ha agregado que nadie le daba explicaciones al respecto. "Ni la Diputación ni el PP provincial ha contratado nada de la campaña electoral", ha reiterado.
Nunca ha visto a los cabecillas
Así, ha afirmado que desconoce --nunca los ha visto-- a los presuntos cabecillas de la trama, Francisco Correa, Pablo Crespo o Cándido Herrero, y ha añadido que a Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', tan solo lo ha visto en dos ocasiones, una de ellas organizando un acto que realizó el partido en el Auditorio del Palacio de Congresos de Castellón, en 2007, sobre el que desconoce quién lo contrató.
Apuntes de la trama
A Fabra también se le ha preguntado por el apunte contable que se intervino a la trama en la sede de Orange Market, y en el que se señalaba que 'El tuerto', tal y como le denominaba la trama, había pagado 90.000 euros en 'B' con motivo de actos electorales.
Al respecto, ha señalado que es "falso, absolutamente falso" que él realizara este ingreso, y ha agregado que desconoce quién lo hizo o si se llegó a hacer. Él, ha repetido, desconoce cualquier tipo de gastos o ingresos con esta mercantil.
La Agencia Tributaria también recoge en su informe final este apunte de 90.000 euros, así como que el PP no declaró el gasto de al menos 2,1 millones de euros en las elecciones autonómicas de 2007. En concreto, tan solo registró un gasto de 175.000 euros.
La próxima semana está citado a declarar, por videoconferencia, el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, quien se encuentra en prisión provisional en la cárcel de Soto del Real (Madrid). En concreto, tendrá que prestar declaración --ampliatoria, puesto que ya fue interrogado anteriormente-- el día 1 de julio, a las 10.15 horas.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/06/26/53ac19dd22601d7b5a8b457e.html?a=6ded7bb2957166ea09b27f5964ebc0f9&t=1403818679EL JUEZ AVALA UNA CONCLUSIÓN POLICIAL QUE INCRIMINA A RICARDO COSTA
La UDEF señaló a Costa como "canalizador" de los pagos en dinero negro a la trama Gürtel
La fiscalía reprocha al letrado del diputado que faltase al respeto a un agente de la policía
El juez que investiga el caso Gürtel, José Ceres, ha rechazado la ofensiva de Ricardo Costa contra la policía. La defensa del ex número dos del PP valenciano pretendía que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) rectificara una de las conclusiones recogidas en sus informes: la de que Costa fue una pieza central en el sistema de pagos en dinero negro que el Partido Popular presuntamente estableció con la trama Gürtel.
La afirmación que el diputado autonómico Costa quería rectificar por atentar contra su derecho a la presunción de inocencia era la siguiente: “A tenor del contenido de las comunicaciones Ricardo Costa actuaba como canalizador de los pagos con fondos ajenos al sistema financiero”. Siguiendo el ejemplo del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, que denunció a un responsable de la UDEF, el letrado de Costa también dirigió su escrito contra un policía personalmente, al que no ahorró comentarios peyorativos. Entre ellos el de que “nadie de inteligencia estándar puede extraer la conclusión que extrae el agente 81.067”.
El juez trasladó la petición, realizada en el seno de la pieza separada que investiga la financiación ilegal de los populares, a la Fiscalía Anticorrupción y a la Abogacía del Estado. Además de oponerse, el fiscal señaló que el ejercicio del “derecho de defensa que la parte invoca no comprende la facultad de faltar al respeto a los funcionarios”.
El abogado del Estado también se manifestó en contra de la solicitud de Costa por “carecer del más mínimo apoyo legal”. El ex secretario general del PP valenciano puede “proponer cuanta prueba en contrario tenga por conveniente”, alegó el letrado del Estado, “no siendo admisible pretender que la UDEF modifique las conclusiones de su informe porque no las comparte”. El juez Ceres asuma su postura y recalca que la policía judicial “debe llegar a conclusiones” en sus informes, “sin que resulte posible que se ordene las conclusiones”.
El magistrado también ha rechazado excluir otra frase incluida en un informe de la UDEF. Extraída de una conversación grabada por la policía a los cabecillas de Gürtel, en ella Álvaro Pérez, El Bigotes, le transmite a Pablo Crespo que Costa le habría dicho: “Yo te pagaré todo lo que se ha hecho en Alicante, en Barcelona no te puedo pagar nada”. Según la UDEF, Alicante significaba transacciones legales, y Barcelona, las realizadas en dinero negro.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/27/valencia/1403888031_303201.htmlCARLOS FABRA NIEGA ANTE EL JUEZ SABER CÓMO SE FINANCIABA EL PP VALENCIANO
"Nosotros solo llenábamos autobuses", afirma el expresidente del Partido Popular castellonense
Hacienda cree que el expresidente de la Diputación de Castellón hizo pagos opacos a Gürtel
Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y del PP en esa provincia ha negado este jueves haber tenido conocimiento de cómo se financiaba su partido, cómo pagaba los actos electorales o de quién tenía capacidad para hacerlo. Fabra declaraba como testigo en la causa abierta en el Tribunal Superior de Justicia valenciano que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Ante el juez José Ceres, Fabra ha rechazado haber participado en los pagos opacos que según la Agencia Tributaria realizó la formación a las empresas de la trama Gürtel en las campañas electorales de 2007 y 2008.
El histórico dirigente de la Diputación de Castellón, cargo que ocupó entre 1995 y 2011 continuando así una larga tradición de su familia, fue condenado hace unos meses a cuatro años de cárcel por cuatro delitos fiscales.
El magistrado que investiga el caso Gürtel en Valencia ha recibido desde octubre dos informes de la Agencia Tributaria sobre las corruptelas en la financiación del PP valenciano en los que se señala a Fabra como uno de los responsables. Los inspectores de Hacienda consideran que el dirigente realizó “una actividad de colaboración necesaria en la comisión de los delitos de defraudación tributaria” por parte de las empresas de Francisco Correa.
En los dos años investigados, solo Orange Market, la filial valenciana del grupo, defraudó 1,6 millones de euros al fisco. La Agencia Tributaria ha concluido que el PP regional “colaboró con Orange Market para cometer el fraude tributario advertido, pagando parte de los servicios que recibía sin exigir la factura correspondiente ni pagar el IVA que los grava”. Y los inspectores atribuyen personalmente a Fabra un pago por de campaña no declarado de 90.000 euros.
Pero la supuesta transacción, que fue anotada por la trama en documentos de los que más tarde se incautó la policía, no era recordada este jueves por el expresidente de la Diputación de Castellón. La memoria tampoco le permitía recordar a Cristina Ibáñez, gerente del PP valenciano, imputada en la causa de financiación y pese a ello mantenida en el puesto por Génova. Ni quién podía ser el responsable orgánico de contratar las vallas y las cuñas de propaganda electorales.
Los informes de la Agencia Tributaria han atribuido idéntico delito que a Fabra (colaboración en la defraudación fiscal) a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo. Y al ex número dos de la Diputación de Castellón y alcalde de La Vall d’Alba, Francisco Martínez. Ninguno de ellos ha sido hasta el momento imputado en el caso. Sí lo está la antigua dirección del PP regional, incluidos cuatro ex cargos que siguen siendo diputados en las Cortes Valencianas.
El juez Ceres citó a declarar por la financiación ilegal al mismo tiempo a Carlos Fabra y al extesorero nacional del PP Luis Bárcenas, que lo hará la semana que viene como imputado y por videoconferencia desde la prisión de Soto del Real, en Madrid. Bárcenas ya fue interrogado sobre estos hechos en 2012, en una declaración marcada por las evasivas. Desde entonces, la situación judicial del extesorero se ha agravado por el descubrimiento de sus cuentas en Suiza, y su relación con la dirección del partido ha degenerado de forma imparable.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/26/valencia/1403774451_945953.htmlCARLOS FABRA DICE AL JUEZ QUE LOS PAGOS ELECTORALES DEPENDÍAN DE MADRID
El expresidente del PP de Castelló sostiene ante el magistrado del caso Gürtel que solo coincidió una vez en un acto de proclamación de candidatos con El Bigotes y que él nunca pagó a Orange Market
El ex presidente del PP en Castelló y de la Diputación castellonense Carlos Fabra aseguró ayer al juez que investiga el caso Gürtel en Valencia que de la contratación de las campañas electorales se encargaba la dirección nacional del partido. Fabra insistió en que él jamás contrató a Orange Market y afirmó que solo coincidió una vez con Álvaro Pérez «El Bigotes» en el acto de proclamación de candidatos de Castelló en las elecciones de 2007. Fabra, que compareció en calidad de testigo, explicó que se acordaba del Bigotes porque discutió con él por dónde se sentaba.
Carlos Fabra compareció durante una hora y cuarto ante el magistrado que investiga la supuesta financiación irregular del partido durante las campañas electorales de 2007 y 2008. El juez José Ceres ha hallado indicios de que ocho constructoras de la Comunitat Valenciana abonaban actos electorales del partido a Orange Market, que camuflaba los pagos con servicios de promoción supuestamente ficticios.
Carlos Fabra manifestó que es falso que pagara 90.000 euros en B como consta en los apuntes contables de la sede de Orange Market. El apunte contable se refería a Fabra como «El Tuerto». El ex responsable del partido en Castelló reiteró que jamás contrató nada ni pagó nada a Orange Market. Hacienda también recoge en su informe final el apunte de 90.000 euros así como que el PPCV no declaró 2,1 millones de euros en las elecciones autonómicas y municipales de 2007.
El expresidente del PP de Castelló incidió en que Madrid contrataba las campañas de cartelería y que no sabía nada de los pagos. Carlos Fabra indicó que no se acordaba ni quién era la gerente del partido en Castelló.
El ex dirigente popular aseguró que no conoce a Francisco Correa, Pablo Crespo y Cándido Herrera (los presuntos cabecillas de la trama junto a Álvaro Pérez).
El magistrado tiene previsto tomar declaración el 1 de julio al ex gerente nacional del PP Luis Bárcenas. El juez ha decidido interrogar a Bárcenas por videoconferencia para ahorrar los gastos que supone su traslado desde prisión.
Versión opuesta
La versión de Bárcenas es diametralmente opuesta a la que dio ayer Carlos Fabra. El ex tesorero nacional del Partido Popular y ex senador Luis Bárcenas declaró el año pasado al juez de Gürtel que las decisiones se tomaban en Valencia. Luis Bárcenas afirmó que en Madrid solo recibían la documentación, aunque admitió que sí participaban en las campañas electorales municipales.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/06/27/carlos-fabra-dice-juez-pagos/1130592.htmlLA DIPUTACIÓN «NO ADJUDICÓ NADA» A GÜRTEL
Carlos Fabra insistió en que tampoco contrató ningún acto con Orange Market desde la Diputación de Castelló. El exdirigente aseguró al magistrado José Ceres que le encargó un informe a la interventora de la diputación para acreditar que «no adjudico nada» a la delegación valenciana de la trama liderada por Francisco Correa y Pablo Crespo. Además, manifestó que como presidente del partido en Castelló tampoco contrató nunca los actos electorales. Carlos Fabra señaló que desconoce quién se encargaba de los servicios de publicidad o de gestión de campaña y mantuvo que nadie le daba explicaciones al respecto. El expresidente del PP en Castelló abandonó el TSJ sin hacer declaraciones a los medios. Tan solo dijo: «Ha ido bien, gracias». r. f. Valencia
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/06/27/diputacion-adjudico-gurtel/1130593.htmlEL PSPV URGE A COTINO A DIMITIR YA AL SALIR EN UNA GRABACIÓN DE ORTIZ CON SU SOBRINO
El familiar del presidente de las Cortes le hace saber del poder de intermediación de su tío
El PSPV ha asegurado este domingo que el presidente de las Corts, Juan Cotino, "no puede continuar un día más" al frente del Parlamento valenciano, sino que "debe dimitir inmediatamente" tras la publicación de las conversaciones intervenidas por la Policía en el caso Rabasa. "Si no lo hace, será Fabra el responsable de la degradación de una institución que debe quedarse al margen de los intereses del PP", ha agregado.
En la transcripción de las conversaciones, publicadas por el diario El Mundo, su sobrino, Vicente Cotino, comenta al constructor Enrique Ortiz, que su tío sería el encargado de hablar directamente con el Consell para presentarle un proyecto con el que ambos pretendían conseguir la adjudicación del plan de parques eólicos de la Comunitat Valenciana.
En otra conversación, Vicente Cotino --imputado en el caso Gürtel-- señala a Ortiz --imputado en Gürtel y Brugal-- que su tío "movería" los convenios con el entonces presidente de la Generalitat Francisco Camps.
Tras conocerse el contenido de estas conversaciones, la secretaria general del grupo socialista en las Corts, Ana Barceló, ha señalado que "todo apunta a que Cotino, una vez más, actuaba como mediador en la sombra entre la administración autonómica y algunas empresas privadas, unas sospechas que también alcanzan a la visita del Papa, cuando por las investigaciones que se han publicado en los medios de comunicación hemos podido conocer que también medió a favor de los intereses de la trama Gurtel".
Así, ha asegurado que las Corts "no pueden permitirse por más tiempo tener a un presidente bajo sospecha" y Cotino "no puede seguir un día más al frente de la institución que representa a todos los valencianos". De hecho, ha recordado que "sigue bajo sospechas muy graves y sin dar explicaciones".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/22/valencia/1403435937_193006.htmlGÜRTEL SIMULÓ EL CONCURSO DE LAS PANTALLAS DEL PAPA CON EL CONTRATO YA ADJUDICADO
Falseó invitaciones para la producción del evento entre RTVV, Teconsa y las subcontratas 21 días después de que se abonaran los 7,4 millones
Los cabecillas de la trama Gürtel simularon un concurso paralelo al que RTVV adjudicó a Teconsa, la empresa que usaron para quedarse con la instalación de las pantallas y el sonido de la visita del Papa a Valencia en julio de 2006. Para ello, la red ideó toda una serie de cartas de invitación en nombre de Radiotelevisión Valenciana y en nombre de la propia Teconsa para que la parte contratante y la contratada supieran la una de los planes de la otra. El problema es que tanto la carta en la que Teconsa pregunta por los posibles contratos públicos con motivo del viaje del Pontífice a Valencia, como la que la propia tele supuestamente utiliza como respuesta, están creadas 21 días después de que el contrato millonario entre RTVV y Teconsa se firmara e incluso se pagara.
Las cartas, a las que ha tenido acceso este diario, y que ya obran en poder el magistrado del TSJCV José Ceres, que investiga las presuntas irregularidades en la contratación de la visita del Papa, están creadas con fecha 31 de mayo de 2006 y, en algún caso, incluso el documento informático ha sido modificado el 7 de junio de 2006. Los documentos fueron encontrados en el 'pen drive' que la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía encontró e las oficinas del grupo Correa, en Madrid. Unos datos que iba a ser destruidos.
Lo curioso es que el contrato de adjudicación del sonido y la imagen del Encuentro Mundial de las Familias se firmó el día 10 de mayo de 2006 e incluso se adelantó un pago a Teconsa por una parte del servicio que iba a prestar durante los días 7 y 8 de julio, fecha de la visita de Benedicto XVI a Valencia.
En el primero de los documentos simulados, fechado supuestamente en Madrid el 10 de febrero de 2006 y dirigido al departamento técnico de RTVV, la empresa Teconsa habla de que ha tenido conocimiento «de la posible convocatoria de un concurso público por la visita del Papa». «Dada nuestra experiencia en materia de construcción, infraestructuras y equipamientos nos gustaría tener la opción de presentarnos a dicho concurso cuando fuera convocado», dice la carta, donde además, solicitan una reunión con los directivos de RTVV. Además, junto al encabezado aparece escrito en Rojo «(PAPEL DE TECONSA (¿Valencia?)» porque se supone que ahí se debía insertar el logotipo de la constructora para dar una oficialidad al papel que no tenía.
En otra de las cartas, escrita con la misma plantilla, misma tipografía y mismo tamaño de letra (lo que hace sospecha que la elaboró la misma persona) se responde desde RTVV a la empresa Teconsa. La misiva se fecha en esta ocasión el 22 de febrero en Valencia, aunque en los datos informáticos del documento queda claro que se creó el 31 de mayo de 2006, tres meses después de que supuestamente fuera escrita. «En contestación a su amable escrito de fecha 10 de los corrientes (sic), tenemos que indicarles que, por el momento, no se ha decidido nada al respecto del evento al que hacen referencia. No obstante, tomamos nota del mismo y en el caso de que necesitemos sus servicios tendremos en cuenta su oferta», responden supuestamente desde RTVV, sin firma. De nuevo, en la carta, igual que en la anterior aparece en rojo, a la izquierda «(papel y logo de TVV)» para ser insertado en un futuro.
No sólo eso. En la carpeta que tiene Ceres aparecen también cartas en las que se simulan, con fecha modificada, invitaciones de colaboración para las empresas que se acabaron subcontratando para la parte técnica, dada la inexperiencia de Teconsa. Pero, como las anteriores, también se hicieron a posteriori y menos de un mes antes de que llegara el Papa a Valencia.
http://www.lasprovincias.es/alicante/201406/09/gurtel-simulo-concurso-pantallas-20140609021234-v.htmlEL ENTORNO DE COTINO LE ACONSEJA DIMITIR ANTES DE SU IMPUTACIÓN
El presidente de las Cortes medita la retirada aunque se resiste para no parecer culpable
En el PP sostienen que Juan Cotino acabará imputado por la visita del Papa a Valencia
Salpicado en casi todos los casos oscuros de la anterior etapa del PP (desde los papeles de Bárcenas a los contratos del Consell con las residencias que impulsó su sobrino Vicente), el presidente de las Cortes, Juan Cotino, medita renunciar a su cargo. La segunda máxima autoridad de la Comunidad está «pasándolo mal» y ya ha recibido algún que otro reproche por la calle, sobre todo, a raíz de salir en el programa de Jordi Évole. Tanto es así, que amigos y personas de su entorno le han recomendado que deje el cargo. Entienden que, si renuncia, la presión mediática sobre su persona se levantará y el dirigente popular podrá afrontar con más tranquilidad su complicado futuro judicial.
En el PP sostienen que Cotino acabará imputado por la visita del Papa, donde varios testigos le señalan como uno de los dirigentes que negoció con la trama 'Gürtel' la visita del Pontífice. Por ello, argumentan que siempre será más llevadera la imputación de un ex presidente de las Cortes que de un dirigente en activo. Recuerdan el caso del vicepresidente del Consell Víctor Campos que, al estar fuera de la política, tuvo un juicio por el caso de los trajes bastante más tranquilo que el resto.
Estas advertencias han hecho que Cotino se plantee su futuro. De hecho, no es la primera vez que lo hace. Ya en su blog personal dejo entrever que los que llevan «mucho tiempo en puestos de responsabilidad» deben facilitar que otros puedan dar un paso adelante para darle un nuevo impulso al partido.
No obstante, al igual que hay quien le recomienda que tire la toalla, hay personas de su confianza que le animan a seguir. De momento, parece que el presidente de las Cortes se decanta por esta segunda opción pues considera que renunciar podría hacerle parecer culpable ante la opinión pública. Además, en la decisión también será clave la recomendación de su abogado defensor.
Sea como fuere, lo único que Cotino ha trasladado a los suyos es que dimitirá como presidente de las Cortes si, finalmente, resulta imputado. Cotino está en el final de su carrera política con 64 años y sabe que no tiene cabida en el proyecto de Alberto Fabra por lo que le quedan 10 meses en la primera línea política. Su renuncia a la dedicación exclusiva para empezar a dirigir la empresa agrícola familiar es una buena muestra de un presidente que está de salida.
EL TSJ INVESTIGA CORREOS DE RTVV
El juez valenciano que investiga la pieza del Papa dentro del 'caso Gürtel', José Ceres, ha pedido a Radiotelevisió Valenciana (RTVV) que colabore en la instrucción y ayude a la Policía a recuperar correos electrónicos de los ordenadores de Canal 9.
En un auto, fechado el 17 de junio, Ceres acuerda rastrear el ordenador de Ricardo Calatayud, ex director económico de Canal 9 imputado en la causa. «Pudiendo ser útil para la investigación tendente a esclarecer la existencia de presuntas irregularidades que pudieran haberse cometido en relación con los expedientes de contratación investigados (el de las pantallas)» el TSJ acuerda pedir a RTVV que «colabore en la obtención de correos electrónicos» del ordenador de Calatayud relacionados con la visita del pontífice a valencia en 2006.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/06/20/53a33daaca4741fb548b4591.htmlEL JUEZ CITA A LUIS BÁRCENAS Y A CARLOS FABRA POR LA FINANCIACIÓN IRREGULAR DEL PP VALENCIANO
El ex tesorero del Partido Popular volverá a declarar en el TSJ el próximo día 1 de julio
El ex presidente del PP de Castellón ha sido citado como testigo el 26 de junio
El ex tesorero del Partido Popular Luis Bárcenas volverá a declarar el próximo día 1 de julio ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana en la causa que investiga la posible financiación irregular del Partido Popular en las campañas electorales de 2007 (municipales y autonómicas) y 2008 (elecciones generales).
Será la segunda vez que Bárcenas declare ante el Alto Tribunal autonómico, aunque esta vez está todo listo para que lo haga desde Madrid por videoconferencia. Bárcenas sigue en prisión preventiva por orden del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga los llamados «papeles de Bárcenas».
El instructor del caso, José Ceres, también ha citado el próximo día 26 de junio, a las 11:45 horas, aunque en calidad de testigo, a Carlos Fabra, ex presidente del PP en Castellón.
Por otro lado, el magistrado incorpora a la causa la certificación de la Junta Electoral Central sobre la identidad de las posibles personas nombradas por el PP en la Comunidad Valenciana como administradores de la candidatura en las respectivas circunscripciones provinciales en las elecciones municipales de mayo de 2007.
En esta certificación se indica que Bárcenas se designó no únicamente como administrador general único del PP para las elecciones municipales celebradas en 2007, sino que era asimismo designado administrador de candidatura del PP en la circunscripción electoral de la provincia de Valencia.
Así mismo, consta la comunicación recibida de la Junta Electoral Provincial de Castellón, en la que se indica que del expediente electoral correspondiente a las elecciones locales celebradas el 27 de mayo de 2007 resulta que por la representación de las candidaturas del PP no se hizo designación de administrador específico para esta provincia.
Por su parte, la Junta Electoral Provincial de Alicante certifica la designación de Cristina Ibáñez como administradora general del PP para las elecciones a las Cortes de 27 de mayo de 2007, que se convocaron de forma conjunta con las elecciones locales.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/06/19/53a319e2e2704e38618b4584.html
RTVV PERDIÓ CORREOS VINCULADOS A LA CONTRATACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA
El juez instructor del caso Gürtel dicta un auto para recabar toda la documentación del ordenador de un imputado
Algunos correos electrónicos que podrían estar vinculados con la contratación de la trama Gürtel por parte de RTVV para retransmitir la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, y llevarse supuestamente una mordida de casi tres millones de euros, se han perdido. Así lo indica la Comisión Liquidadora, actual responsable de la empresa pública, al juez José Ceres, instructor de la causa de corrupción en su ramificación valenciana, que dada su complejidad y múltiples frentes abiertos, ha dividido en seis piezas. La número cuatro es la que investiga el presunto saqueo de las arcas públicas de RTVV con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias y en ella hay varios exdirectivos de la cadena imputados, como el que fue director general Pedro García.
También el exdirector económico y financiero de RTVV, Rafael Calatayud, que utilizó un ordenador en RTVV que ahora centra las pesquisas del juez. En un reciente auto de José Ceres, se recogen unas indicaciones enviadas al juez por la Comisión Liquidadora, en las que se informaba de que se habían perdido los correos del ordenador M1662, el empleado por Calatayud, "desde 2004 hasta el 3/3/2006". Ahora bien, añade el texto de la Comisión, "tras instalar herramienta informática para la recuperación de los correos se recuperaron los perdidos excepto los que hay entre el 7/7/2005 hasta el 3/3/2006", correos que podrían estar relacionados con la contratación con la trama Gürtel para la visita del Papa, que tuvo lugar en julio de 2006.
Por todo ello, José Ceres requiere al jefe de Servicios Informáticos de RTVV, Alejandro Blasco, y a la Comisión Liquidadora de RTVV, para que faciliten y colaboren "en la obtención de correos de los correos electrónicos" procedentes del ordenador M1662 que fue utilizado por Calatayud, o que tuviese como destinatario el mismo "para la grabación y volcado de cuantos archivos y correos tengan relación" con la contratación. En el auto, el juez explicita su interés "singularmente" en conseguir toda los correos y archivos relacionados desde el 9 de marzo hasta el 31 de julio. E insta a que se proceda con la "mayor brevedad al volcado, copiado y grabado". También apunta su determinación de remitir "testimonio de todo ello" rápidamente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) "para su valoración e inclusión en el informe pendiente de realizar".
La adjudicación de la sonorización y montaje de pantallas de vídeo a la constructora Teconsa supuso un suculento negocio para la trama Gürtel. Según consta en un archivo Excel incautado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) en uno de los locales de la red, la operación motivó un reparto de 2.830.000 euros entre Francisco Correa (900.000), Pablo Crespo (630.000), Álvaro Pérez, El Bigotes (500.000), el director general de RTVV, Pedro García (500.000) y una persona sin identificar designada como “R” (300.000).
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/19/valencia/1403207787_086962.htmlDOS EXCARGOS DE SANIDAD DECLARARÁN POR LOS TRATOS CON OVER MARKETING
El juzgado de Instrucción número 3 investiga si el Consell amañó contratos con la empresa balear
Aceptada a trámite la querella presentada por la Asociación Contra la Corrupción
El juez que investiga si el Consell amañó contratos con Over Marketing, una empresa balear que organizaba actos, tomará declaración a dos ex altos cargos de la Consejería de Sanidad: Jesus Roig, ex secretario general de este departamento, y Eloy Jiménez, ex director de Recursos Humanos.También citará al propietario de la empresa, Daniel Mercado.
La Asociación Contra la Corrupción de la Comunidad Valenciana, autora de la querella que investiga el juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, detalla presuntas trampas en la adjudicaciones, cuyos responsables habrían sido estos dos altos cargos. Los consejeros en el momento en que se firmaron los contratos eran Serafín Castellano hasta 2003 y Vicente Rambla, que permaneció en el cargo hasta 2006. El magistrado toma nota de los datos y los citará para tomarles declaración.
El magistrado, que ha admitido a trámite la querella de la asociación, intenta despejar si en la concesión de adjudicaciones por importe de cerca de tres millones de euros, los responsables sanitarios incurrieron en los delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación.
En enero de 2013, un informe de la Agencia Tributaria confirmaba el millonario negocio que la empresa del empresario balear —que se considera un antecedente de la red Gürtel— consiguió en la Comunidad Valenciana durante la etapa de gobierno del popular Francisco Camps. El documento de Hacienda, incorporado a la pieza separada del caso Palma Arena que investiga la supuesta financiación irregular del PP balear, explica que Over Marketing logró 2,94 millones de euros de la Generalitat entre los años 2003 y 2006.
Contratos negociados
El dueño de esta empresa organizadora de actos y eventos admitió ante el juez del caso José Castro que obtuvo contratos mediante amaños en la Comunidad Valenciana, Baleares, Madrid y Castilla y León, las cuatro comunidades gobernadas por el PP. Según la declaración de Mercado, uno de los métodos consistía en decidir que el contrato debía tramitarse de urgencia, lo que facilitaba la fórmula del contrato negociado sin publicidad.
El informe recogía además otros negocios menores con otras administraciones, como el Consorcio del Hospital General de Valencia o el Patronato Provincial de Turismo de Alicante.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/18/valencia/1403109458_775324.htmlINSPECTORES DE HACIENDA RATIFICAN QUE LAS FACTURAS DE ORANGE A EMPRESAS SERVÍAN PARA AMINORAR LA DEUDA DEL PPCV
Dos inspectores de la Agencia Tributaria han ratificado ante el juez del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que las facturas que emitía Orange Market S.L. a algunas empresas de la construcción y obra pública servían para aminorar la deuda del PPCV.
Dos inspectores de la Agencia Tributaria han ratificado ante el juez del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que las facturas que emitía Orange Market S.L. a algunas empresas de la construcción y obra pública servían para aminorar la deuda del PPCV.
Estos inspectores han ratificado de esta manera sus informes finales ante el juez del 'caso Gürtel', en relación con la supuesta financiación ilegal del Partido Popular.
Los peritos han explicado, a preguntas fundamentalmente del ministerio fiscal, que las facturas que emitía Orange Market, mercantil dirigida en Valencia por Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', a diferentes empresas relacionadas con la construcción eran "falsas", según ha podido saber Europa Press.
Los inspectores han justificado esta falsedad o bien en el concepto que se indicaba, o en el cliente --empresa-- al que iba dirigido. Algunas de estas mercantiles que se investigan en la causa son Piaf, Facsa, Grupo Vallalba, Lubasa, Enrique Ortiz y Sedesa.
Así, los técnicos han afirmado que los importes de las facturas sí eran verdaderos puesto que, de hecho, sobre los mismos Orange Market pagaba luego sus correspondientes impuestos, tal y como han declarado.
De esta forma, entienden que cada factura falsa que emitía Orange Market servía para aminorar la deuda del PPCV por trabajos que le contrató en los años 2007 y 2008, la mayoría de ellos relacionados con las campañas electorales.
Así mismo, han detallado que, en base a la diferente documentación a la que han tenido acceso, el PP colaboró con el fraude, ya que dejó de abonar el IVA y no incluyó en su contabilidad ni las donaciones ni gastos en sus campañas electorales. También han señalado que no se puede constatar un desvío de fondos a ningún dirigente en concreto del PPCV.
Los informes periciales recogen que Orange Market cobró al Gobierno valenciano, cuando estaba dirigido por Francisco Camps, un total de 5,7 millones de euros entre 2007 y 2008, y la mayoría del dinero fue abonado de forma opaca. Así, exponen que esta mercantil tan solo facturó al PP 1,2 millones en este mismo periodo, y el resto fue pagado o bien mediante pagos en 'B' o facturas falsas emitidos a terceros.
http://www.que.es/valencia/201406131703-inspectores-hacienda-ratifican-facturas-orange.html
HACIENDA RATIFICA ANTE EL JUEZ QUE EL PP VALENCIANO SE FINANCIÓ DE FORMA IRREGULAR
Los inspectores consideran acreditado que grandes constructoras pagaron actos electorales
Los dos inspectores de la Agencia Tributaria que han trabajado en la vertiente valenciana del caso Gürtel han ratificado este viernes ante el juez sus informes, en los que consideran acreditada la financiación ilegal del PP regional en la etapa del expresidente de la Generalitat Francisco Camps.
Hacienda ha constatado que varias empresas de la construcción hacían pagos a Orange Market, una de las sociedades de la trama Gürtel, por servicios "falsos". Y que esos abonos servían en realidad para aminorar la deuda que el PP había contraído con la empresa del grupo de Francisco Correa por la organización de actos electorales en las campañas de 2007 y 2008.
Las empresas que participaron supuestamente en la financiación irregular fueron Lubasa, Piaf, Facsa, Enrique Ortiz, Grupo Vallalba (mediante tres de sus sociedades) y Sedesa. Todas ellas realizaban, además, obra pública, y consiguieron en el periodo cuantiosas adjudicaciones del Gobierno valenciano.
Pero los problemas con la contabilidad de los populares no termina ahí, según los miembros de la Agencia Tributaria, que han subrayado en varias ocasiones la falsedad de las anotaciones registradas por la formación, indican fuentes conocedoras de su declaración. El núcleo de la irregularidad consistiría en que el partido justificó un gasto muy inferior al que la investigación de Hacienda ha revelado, lo que lleva a los inspectores a concluir que, además de los algo más de 420.000 euros pagados presuntamente por las constructoras y encubiertos con facturas por contratos ficticios de empresas de la red, el Partido Popular de la Comunidad Valenciana recibió una cantidad superior de donaciones no declaradas. Esto es, pagos inscritos en las campañas electorales por parte de terceros en los que no habrían intervenido como intermediarias las empresas de Correa.
El PP, según los inspectores, participó activamente en el fraude, al no pagar el IVA, ni incluir las donaciones en la contabilidad presentada ante el Tribunal de Cuentas por sus campañas electorales. La mayor parte de los fondos que el partido abonó a Orange Market, 3,5 millones, fueron en b o provinieron de aportaciones prohibidas, concluye la Agencia Tributaria.
Las empresas de la red se encargaron de todos los actos de las campañas electorales de los populares en 2007 y 2008. Unos actos que según se desprende de las conversaciones telefónicas interceptadas por la policía, a la trama le costaría más tarde cobrar. A pesar de ello, en la campaña de 2007 el partido solo contabilizó oficialmente una factura por servicios de Orange Market, la filial valenciana de Gürtel, por importe de 175.000 euros.
Se trata de la factura 79/2007 que la gerente del PP valenciano, Cristina Ibáñez, imputada desde hace tres años por la financiación ilegal y pese a ello mantenida en el cargo por decisión de Génova, acaba de aportar al juez.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/13/valencia/1402674020_603712.htmlCOTINO CONTRATA A UNO DE LOS ABOGADOS DE FRANCISCO CORREA PARA ACABAR CON EL POLICÍA QUE INVESTIGA GÜRTEL
Juan Carlos Navarro prepara una querella por el contenido de un informe de la UDEF en el que se cita al político y que fue encargado por el juez Ruz
El Régimen Disciplinario de la Policía prevé la expulsión del Cuerpo de los agentes que sean condenados en firme
El abogado de Cotino está imputado en el caso del plan para secuestrar al expresidente del Valencia CF Vicente Soriano
Todo cabe en las maniobras que destacados dirigentes del PP y del Ministerio del Interior vienen practicando contra los policías que investigan la financiación irregular del partido de Mariano Rajoy. El último episodio está protagonizado por Juan Cotino, presidente de las Cortes Valencianas y director de la Policía en el Gobierno de José María Aznar. El político valenciano prepara una querella contra el inspector que dirige las investigaciones que afectan de lleno al PP, con el fin último de apartarlo de las pesquisas. Para ello, según ha podido saber eldiario.es, Cotino ha contratado los servicios del abogado penalista Juan Carlos Navarro, el mismo que defiende en la trama valenciana al principal acusado del ‘caso Gürtel’, Francisco Correa.
El Juzgado de primera instancia número 11 de Madrid celebró este miércoles un acto de conciliación en el que Cotino pretendía que el inspector 81.067, jefe del Grupo XXI de la Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción, se retractara del contenido de un informe en el que se cita al político valenciano. El acto de conciliación es obligado antes de la presentación de una querella por vía penal, según recoge la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Si el policía fuera condenado, el Régimen Disciplinario de la Policía contempla la posibilidad de que sea apartado del caso, incluso expulsado del Cuerpo cuando haya una sentencia firme.
La demanda presentada en el Juzgado de Madrid va firmada por Juan Carlos Navarro, aunque el abogado envió a otro letrado de su despacho al acto de conciliación. La defensa del agente 81.067 había recurrido la celebración de la vista al considerar que el asunto tiene trascendencia penal y que Cotino debe recurrir al Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, por ser el que entiende del caso Gürtel y al que se ha incorporado el informe aludido. Durante la vista, la representación legal de Cotino ha insistido en que el policía retire las afirmaciones recogidas en el informe, por lo que no ha habido avenencia.
El juez Pablo Ruz ordenó a la Policía realizar un análisis de la agenda incautada a Pablo Crespo, lugarteniente de Correa, en uno de los registros domiciliarios realizados en 2009. Es uno de los trabajos encargados por el instructor a la Policía en la fase final del caso. En ese informe de la UDEF, incorporado a la causa el pasado 28 de febrero, se constatan dos anotaciones realizadas de su puño y letra por Crespo sobre la participación de Cotino en otras tantas reuniones preparatorias de la visita del Papa a Valencia en 2006. Esos hechos son objeto de una pieza separada en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. En la misma, el exdirector de Canal 9 y los responsables de Gürtel son sospechosos de haber inflado los costes para repartirse 4,4 millones de euros en comisiones. Cotino no está imputado, al menos de momento, en la causa. Un antiguo colaborador de la época en la que Cotino era conseller de Agricultura aseguró en sede judicial que el político valenciano era quien "cortaba el bacalao" en los preparativos de la visita del Papa.
El abogado al que ha recurrido el presidente de Les Corts, Juan Carlos Navarro, es un conocido penalista valenciano experto en casos de narcotráfico. La ‘rama valenciana’ del caso Gürtel obligó a Correa a disponer de un abogado en la capital del Turia distinto al que le representa en la pieza central que investiga la Audiencia Nacional, donde le defiende José Antonio Choclán. Desde el pasado 11 de abril, Navarro se encuentra imputado en la causa por el intento de secuestro del expresidente del Valencia Club de Fútbol Vicente Soriano, un plan urdido presuntamente por otro antiguo presidente del equipo, Juan Soler.
Según un confidente de la Policía, testigo protegido, Soler habría planeado el secuestro para cobrar los 39 millones de euros que le debe Soriano por un paquete de acciones del Valencia. El citado testigo habría relacionado a Navarro con una supuesta labor de mediación para que Soriano pagara la deuda. Cuando fue reclamado, el letrado se negó a declarar acogiéndose al secreto profesional. Después negó su participación en los hechos, en declaraciones a Europa Press, y denunció que alguien quiere perjudicarle por su intervención profesional en asuntos "grandes". El diario ‘El País’ publicó el martes que el confidente ha dejado fuera de la trama a Navarro en una nueva declaración. Fuentes del TSJV confirmaron a eldiario.es que el abogado aún sigue imputado.
Interior acosa a los investigadores
La fase final del caso Gürtel y los avances en la investigación de la financiación irregular del PP han recrudecido las presiones que sufren los investigadores del caso. Eldiario.es reveló en abril que los agentes del Grupo XXI eran objeto de una investigación por parte de Asuntos Internos de la Policía, en relación con la filtración de un informe sobre Ana Mato en 2010, cuando la causa ya no estaba secreta. En total, el inspector 81.067 y sus colaboradores han sido interrogados por la unidad secreta de la Policía en al menos cuatro ocasiones, en todas ellas por su trabajo de investigación al PP.
La presión de Asuntos Internos, que depende directamente de la Dirección Adjunta Operativa, se suma a los relevos en la cadena de mando impuestos desde el Ministerio del Interior ante la imposibilidad de controlar los informes policiales que señalan a dirigentes del PP y acreditan la financiación irregular del partido. El último iba a suponer la colocación como jefe directo del inspector 81.067 de un comisario de la total confianza de la cúpula policial elegida por el Partido Popular. Solo la noticia del relevo, adelantada por eldiario.es horas antes de que se materializara, hizo rectificar a Interior. Fuentes policiales aseguran que fue el propio ministro, Jorge Fernández Díaz, quien ordenó detener el relevo, a pesar de que ya se había informado de él en todos los centros de mando de la Policía.
http://www.eldiario.es/politica/Cotino-Francisco-Correa-investiga-PP_0_267374280.htmlCERES INCLUYE LOS CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO EN DOS PIEZAS DE GÜRTEL
La información que aportó Compromís al TSJ se refería a las licitaciones del Consistorio entre 1999 y 2011
Compromís ha exigido explicaciones a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, por la incorporación de varios contratos del Ayuntamiento de Valencia con diferentes empresas constructoras a las piezas 1 y 2 del caso Gürtel que investiga el magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) José Ceres. Esta información fue aportada al tribunal por el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Joan Ribó, en abril pasado.
Ceres, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, ha incluido estos contratos del Consistorio en las piezas separadas del caso Gurtel donde se investiga la supuesta financiación ilegal del PP de la Comunidad Valenciana y los delitos electorales en las elecciones municipales y autonómicas del 2007 y en las generales del 2008.
La información que aportó Compromís al TSJ se refería a diferentes licitaciones del Consistorio entre los años 1999 y 2011 a las empresas constructoras Sedesa, por 16,18 millones de euros, Cyes por 15,07 millones de euros, Lubasa por 1,84 millones de euros, Hormigones Martínez por 1,67 millones de euros y Renos, del Grupo Gimeno, por 1,53 millones de euros.
La documentación aportada por Ribó se refería a contratos de servicios, como la concesión del Centro Cultural la Rambleta otorgado en 2006 por 54 millones de euros a la sociedad Bulevar del Arte y la Cultura, participada por Cyes. A esto se añade la licitación por la construcción y gestión de 9 aparcamientos públicos a Lubasa.
Según Joan Ribó, "el círculo de la corrupción se va cerrando sobre el equipo de Barberà, primero con los contratos de los Valencia Summit con el Instituto Nóos, después con los 2,2 millones de euros contratados por el Ayuntamiento con las empresas Trasgos que colaboraron con las empresas de Correa en la visita del Papa, y ahora el TSJ incluye dentro de la instrucción del caso Gurtel los contratos millonarios, coincidiendo con periodos electorales, con empresas constructoras que supuestamente financiaron ilegalmente al PP".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/04/valencia/1401883869_482829.htmlEL JUEZ CERES INVESTIGARÁ CONTRATOS DEL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA CON EMPRESAS RELACIONADAS CON 'GÜRTEL'
Une las licitaciones a Sedesa, Lubasa, Cyes y Hormigones Martínez a la financiación ilegal
Pide al PP que le remita las facturas de Orange Market en las campañas de 2007 y 2008
El juez que instruye la ramificación valenciana del caso Gürtel, José Ceres, investigará también las contrataciones del Ayuntamiento de Valencia con las empresas investigadas en el sumario por, presuntamente, financiar al PP de Francisco Camps a cambio de adjudicaciones. El valor de esas licitaciones asciende a 36,3 millones de euros y las mercantiles que obtuvieron los contratos fueron Sedesa- sociedada de la familia del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino- Cyes, Lubasa y Hormigones Martínez. Ceres ha acordado, a través de una providencia fechada el 25 de mayo a la que ha tenido acceso este periódico, la incorporación de estas contrataciones, que quedarán enmarcadas en las piezas1 y 2, donde investiga la supuesta financiación ilegal del PP autonómico y el delito electoral en los comicios autonómicos de 2007 y generales de 2008.
Asismimo, el magistrado solicita al PP, a través de su gerente, que le remita todas las facturas desde 2007 a 2009 emitidas por la filial valenciana de Francisco Correa, Orange Market, derivadas de ambos períodos electorales. Y le da un plazo de cinco días para hacerlo. En ese tiempo, también la Sindicatura de Cuentas tendrá que entregar en el Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) la documentación que Orange Market le remitió, tal como expone Ceres en su providencia.
La denuncia que compromete al Ayuntamiento de Valencia, por vincularla con Gürtel y que ahora ya forma parte del sumario, fue presentada por el grupo municipal de Compromís en el consistorio valenciano el pasado mes de abril y abunda en que los contratos más jugosos se produjeron en fechas cercanas a las elecciones municipales y autonómicas de 2007 y a las generales de 2008.
El magistrado la añade a las piezas 1 y 2 a petición de la Fiscalía Anticorrupción, que interesó la unión del escrito a la instrucción. La documentación entregada por Compromís consistía en un listado de empresas constructoras, el importe facturado a las arcas públicas y las fechas de contratación y entrega de las obras.
La firma que más dinero facturó, según la documentación de Compromís, fue la constructora Sedesa, que recibió 16,18 millones de euros entre 1999 y 2011 para edificar, por ejemplo, el polideportivo Quatre Carreres por 5,4 millones, ejecutado entre 2010 y 2011; el centro de bomberos de Campanar por 2,3 millones, entre 2003 y 2005; o almacenes en Vara de Quart por 3,8 millones, entre 2000 y 2003.
La empresa constructora Lubasa, por su parte, habría recibido 1,8 millones entre los años 2004 y 2006. Cyes obtuvo, tal como se refleja en el escrito de denuncia de Compromís, 15,07 millones de euros para la construcción del polideportivo de Benimaclet (8,4 millones entre 2002 y 2003) o el centro multidisciplinar de Alfahuir (4,3 millones entre 2010 y 2011) entre los años 2002 y 2015 . Por último, Hormigones Martínez podría haberse embolsado 1,67 millones por la construcción de una escuela infantil.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/06/04/538ed5f822601dfd178b456d.htmlLOS COTINO INTENTARON COMPRAR UNA EMPRESA DE GÜRTEL POCO ANTES DE LA DETENCIÓN DE FRANCISCO CORREA
Vicente Cotino quería organizar eventos y comprar Easy Concept, según Pedro García
Querían 'diversificar el negocio' pero el descubrimiento de la trama truncó el trato
Inversiones en residencias, en el ladrillo, en la Fórmula 1 y hasta en circuitos internacionales de motociclismo. La familia del presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino, invirtió en la mayoría de sectores o proyectos que impulsaba la administración de Francisco Camps. Los testigos que han pasado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia para declarar en la pieza de Gürtel que investiga la visita del Papa confirmaron que Cotino era el que "cortaba el bacalao" en el evento, y ahora se ha conocido que un imputado desveló a los investigadores que su familia quiso adquirir una empresa de la trama Gürtel, Easy Concept. Los Cotino, al parecer, querían diversificar sus negocios y organizar eventos internacionales.
Así consta en la declaración que realizó Pedro García, ex director general de Radiotelevisió Valenciana (RTVV), en la Audiencia Nacional en 2012 y que hasta ahora había permanecido oculta. El TSJ, que asumió la competencia de las piezas valencianas, revisa ahora los interrogatorios para profundizar en las diligencias.
García llegó a la dirección de Canal 9 en 2004 tras su paso por Presidencia de la Generalitat y la Policía cree que colaboró con la organización de Francisco Correa para amañar el mayor contrato que Canal 9 (7,4 millones con IVA) dio en su historia: el de las pantallas y los equipos de sonido que se instalaron por el recorrido que hizo Benedicto XVI en Valencia. A cambio, según el sumario, Correa regó a García con 500.000 euros a través de sociedades pantallas. Según su propia versión, García y Correa se conocieron a través de El Bigotes en un acto de Partido Popular en Madrid. "Primero conocía a Álvaro Pérez y en otro acto me presentó a Francisco Correa como su jefe. Como propietario de la empresa que hacía, en ese momento, todos los actos del PP". Era el año 2000 y la empresa Easy Concept.
La relación fue creciendo porque Alvarito era el "responsable a pie de obra" de los mítines. A partir del año 2004 la amistad se hace más fuerte porque el propietario de Orange Market llega a Valencia (se enfrentó a dirigentes del PP como Ana Mato o Juan Costa, según los indicios), y expande la red empresarial de Gürtel. García cuenta que cuando llegó El Bigotes "no conoce a casi nadie en la ciudad, me ofrezco para introducirlo con mi grupo de amigos, con mi círculo de amistades (...) Y de hecho seguimos siendo amigos de una manera íntima. Hasta el punto de llegar a ser el padrino de su hija". A Pablo Crespo lo conoce los meses previos a la llegada del Papa.
Lo más trascedente de su declaración es que confirmó sin ningún genero de dudas que Vicente Cotino, sobrino del destacado dirigente del PP y administrador de las sociedades familiares, quería hacerse con la matriz de Gürtel. "¿Usted recuerda haber mantenido alguna relación con el señor Cotino para vender Easy Concept?" le pregunta la fiscal, a lo que responde: "Yo soy muy amigo del señor Cotino. Y el señor Cotino tenía interés en montar una sociedad para trabajos de eventos y entretenimiento". "Quería diversificar su negocio", puntualizó.
García situó el inicio de las negociaciones en una reunión que mantuvo Cotino, El Bigotes y él porque "también hizo bastante amistad familiar". "Estuvimos hablando de trabajar conjuntamente, pero no con mi participación" porque García dirigía la cadena. Sin embargo, la Policía considera acreditada la participación accionarial de García en Orange, el brazo de las empresas de Gürtel en la Comunidad.
En este punto la defensa intentó sin éxito parar el interrogatorio porque las negociaciones no figuran en el sumario, hasta ahora. A partir de este punto García deja de recordar la negociación para la venta de Easy Concept a los Cotino y se niega a aclarar las dudas planteadas por Fiscalía. Sin embargo, las fiscales ordenaron reproducir una conversación telefónica que acreditaría el interés de los Cotino por comprar la empresa de Correa. La negociación, urdida entre los años 2008 y 2009, no habría prosperado al precipitarse la detención de Correa y sus aliados. Juan Cotino figura en la lista de dirigentes del PPCV que recibió regalos de la trama, en concreto, un chaquetón de Milano, la tienda de los trajes de Camps, valorado en 375 euros, según la documentación a la que ha tenido acceso EL MUNDO.
García insistió que no tuvo "ninguna participación" en la adjudicación de las pantallas a Teconsa, la constructora donde pudo ocultarse Gürtel. "Ni conocía esa sociedad ni conocía a ninguna de las otras", insistió pese a las evidencias conocidas hasta ahora.
'En Valencia me llamaban Peter'
Pedro García admitió que El Bigotes le tuteaba, le llamaba Peter, "como otra gente de Valencia". El ex director de Canal 9 negó que las anotaciones del reparto de comisiones a ese nombre se las llevara él por lo que aseguró que no cobró 500.000 euros por los servicios prestado a la trama. Respecto al Volvo que se compró casi al contado después del presunto reparto de sobornos, García dijo que lo hizo con el dinero de la venta de un local comercial que su familia tenía en Alzira. Admitió que compró ropa exclusiva al sastre de Camps y que El Bigotes le prestó un Mini en 2008 para que disfrutara de la Formula 1 que se celebró en Valencia. Además, ese año se fue con Alvarito a Estados Unidos para ver la entrega de los premios Grammy de música latina. El viaje a él no le costó nada, aunque matizó que por gentileza de los Grammy y no de la trama.
Su relación con Camps
Pedro García conocía a Francisco Camps desde su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Valencia. El ex presidente lo fichó como su jefe de prensa en campaña y García confirmó que El Bigotes organizó su presentación como candidato en Alicante. Tiempo después Camps le llamó y le dijo que sería el próximo director de la extinta televisión autonómica.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/05/28/5384e5f4268e3e52308b4581.htmlEL JUEZ VUELVE A CITAR A SILVIA CABALLER COMO IMPUTADA POR CONTRATACIONES CON ORANGE MARKET
El juez del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), José Ceres, ha vuelto a citar como imputada a Silvia Caballer, ex directora general del Libro, en relación con las contrataciones investigadas en favor de Orange Market S.L. con ocasión del II Congreso de Software Libre celebrado en 2005.
Caballé tendrá que acudir al tribunal el 29 de mayo a las 12 horas, según una providencia dictada por el juez dentro de la pieza 5, en la que se investigan presuntas irregularidades de contratación entre la Generalitat y las empresas de Francisco Correa.
La ex directora general del Libro ya tuvo que presentarse ante el juez a declarar por estos mismos hechos, En aquel momento se acogió a su derecho a no responder con el argumento de que no conocía todo el expediente de contratación, ni el informe de la Intervención, razón por la cual dijo que cuando tuviera conocimiento de ellos volvería a declarar.
Ahora, el juez quiere dar una nueva oportunidad de explicarse a Caballer, dado el tiempo transcurrido y las plurales diligencias practicadas y respetando la posibilidad de la imputada de acogerse de nuevo a su derecho a no declarar.
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/magistratura/caso-gurtel-el-juez-vuelve-a-citar-a-silvia-caballer-como-imputada-por-contrataciones-con-orange-market_WknENJMflBIkNH7Z7zfaT4/EL GERENTE DE O. MARKET ORDENÓ EN UN CORREO TROCEAR LOS CONTRATOS
Cándido Herrero pidió que le facturaran 53.000 € del Open de Tenis en adjudicaciones que no superaran los 12.000 euros
Cándido Herrero, uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel, remitió a Isabel Jordán, exadministradora de las empresas investigadas, un correo electrónico en el que le concretaba la forma de facturar el Open de Tenis de 2007 con el Consell Valencià de l´Esport: «Hola Isabel, según conversación telefónica, tienes que facturar 53.800€ IVA incluido en facturas que no superen los 12.000€ IVA incluido».
Así consta recogido en uno de los informes policiales que han sido incorporados al caso Gürtel que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana. Este informe analiza la documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Isabel Jordán ubicado en Madrid, y se incorporan una serie de correos electrónicos remitidos desde Cándido Herrero, también gerente de Orange Market. Sobre este evento, el informe contempla cuatro facturas por parte de diferentes empresas del mismo grupo relacionadas con el Open de Tenis de 2007.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/05/25/gerente-orange-market-ordeno-correo/1116390.html
24 de mayoVARIOS 'E-MAILS' PRUEBAN LA CONNIVENCIA DEL CONSELL Y GÜRTEL EN EL TROCEO DE FACTURAS
Cándido Herrero, uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel, remitió a Isabel Jordán, exadministradora de las empresas investigadas, un correo electrónico en el que le concretaba la forma de facturar el Open de Tenis de 2007 con el Consell Valencià de l'Esport: "Hola Isabel, según conversación telefónica, tienes que facturar 53.800€ IVA incluido en facturas que no superen los 12.000€ IVA incluido".
Así consta recogido en uno de los informes policiales que han sido incorporados al 'caso Gürtel' que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), y al que ha tenido acceso Europa Press.
Este informe analiza la documentación intervenida en el registro efectuado en el domicilio de Isabel Jordán ubicado en Madrid, y se incorporan una serie de correos electrónicos remitidos desde Cándido Herrero, también gerente de Orange Market, a Jordán, dándole instrucciones sobre la facturación a la Generalitat valenciana.
Uno de ellos hace referencia al Open de Tenis de 2007 que se celebró en Valencia, y en el mismo le da instrucciones sobre las facturas y le concreta a quién debe ir dirigida junto con sus datos. Iba destinada al Consell Valencià de l'Esport. Sobre este evento, el informe contempla que hubo cuatro facturas por parte de diferentes empresas del mismo grupo --Easy Concept Comunicación, Good & Better, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico-- relacionadas con un mismo evento.
Todas ellas, tal y como detalla el informe, llevan la misma fecha --07/06/2007--, al igual que el concepto --Open de Tenis-- y su destinatario --Consell Valenciá de l'Esport--, por lo que "se infiere que se han utilizado a cuatro sociedades para organizar el mismo evento, consiguiendo de esta manera que cada una se hiciese cargo de una parte del coste del mismo sin llegar a superar ninguna de ellas los 12.000 euros en su importe total".
Así mismo, consta otro correo electrónico de Herrero a Jordán relacionado con la facturación a la Conselleria de Bienestar Social por el acto 'Punto Final' en el que le dice: "Hola Isabel, necesito una factura vuestra para Bienestar Social". Así, este acto, pese a que primeramente lo facturó Orange Market, finalmente fue Easy Concept la que "realizó la factura real", "de lo que se infiere que facturaban --la trama-- a conveniencia, según sus necesidades y que aún siendo entidades con nombres diferentes y sitas en localidades diferentes, todas pertenecen al mismo grupo u organización".
SANIDAD Y EDUCACIÓN
Y lo mismo sucedió con la Conselleria de Sanidad respecto al acto 'Entrega Premios Salud y Sociedad', por un importe total de 31.078 euros, si bien fue fragmentado en tres facturas diferentes efectuadas "todas ellas" por las empresas madrileñas del Grupo Correa.
Por otro lado, respecto a la Conselleria de Educación, en el informe se indica que la entidad se "apoyó" en Orange Market para las jornadas 'Disciplina con Dignidad', para las que se hicieron dos facturas por parte de Orange y de Easy Concept por 11.895 euros y 9.918 euros.
En el mismo informe también se alude a Vicepresidencia de la Generalitat valenciana, a la que Easy Concept remitió una factura de 6.761 euros por 'Merchandising'. Por este acto también se ha encontrado un correo de Cándido Herrero a Isabel Jordán en el que le pide "otra factura para Vicepresidencia".
En vista de esta información, en el informe se concluye que la relación que ha mantenido la rama de la estructura empresarial de Francisco Correa, presunto cabecilla de Madrid, con la Generalitat y con Orange Market es "evidente y reseñable" ya que los trabajos que fueron realizados para algunas de las consellerias u órganos del Gobierno valenciano "fueron facturados de manera desglosada por cuatro empresas madrileñas, recibiendo órdenes previas por parte de Orange para que se ejecutasen de dicha manera".
DINERO DE JORDÁN
Así mismo, el informe dedica un apartado a analizar el dinero que pudo haber recibido Isabel Jordán de la trama "con fondos ajenos al sistema económico", y señala que de la Caja 'B' de Easy Concept recibió 104.000 euros repartidos entre los años 2005, 2006 y 2007 en nueve entregas diferentes. En cuando al dinero que salió de la Caja de Serrano, éste ascendía a 77.000 euros, también repartidos en varias entregas diferentes desde mitad del año 2004 a finales de 2006.
http://www.valenciaplaza.com/ver/131819/gurtel-troceo-facturas-generalitat.htmlLOS GERENTES DEL PPCV DECLARAN ANTE EL JUEZ DE GÜRTEL QUE LAS DECISIONES ERAN DE LOS COORDINADORES DE CAMPAÑA
José Moscardó, Eugenia Cascales y Miguel Carot han coincidido al manifestar que no contrataron «nada» con Orange Market y que vieron a 'El Bigotes' en algunos actos del partido
Los gerentes provinciales del PPCV han declarado ante el juez del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que los coordinadores de campaña eran los encargados de tomar decisiones sobre los ingresos y gastos, al tiempo que han señalado que veían a uno de los presuntos cabecillas de la trama, Alvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', en algunos actos del partido, pero han mantenido que no contrataron "nada" con su empresa, Orange Market S.L.
Así consta en las declaraciones prestadas por el gerente provincial de Valencia, José Moscardó; la de Alicante, Eugenia Cascales; y el de Castellón, Miguel Carot, ante el juez del 'caso Gürtel', y que han sido transcritas e incorporadas a la causa. En concreto, estas tres personas declararon en calidad de testigos por las piezas 1 y 2 del procedimiento, relativas a un presunto delito electoral del PPCV.
Los tres han coincidido en sus manifestaciones, ya que han mantenido que los ingresos y los gastos en campaña dependían del coordinador de campaña, que no contrataron ningún acto con Orange Market, que vieron a su responsable, 'El Bigotes', en alguna ocasión, organizando, pero que no se relacionaron con él, y que no se percataron de ningún pago en 'B'.
Así mismo, han explicado que dependían de la oficina central nacional, que era la que "pagaba y mandaba", y también del presidente provincial y del secretario. Respecto a las elecciones municipales y autonómicas de 2007, y las generales de 2008, han señalado que recibían un ingreso económico de la central de Madrid para los gastos y dependían del mismo.
Luego, han señalado, era el coordinador de campaña el que les indicaba, dirigía y mandaba lo que tenían que hacer: "nosotros puramente gestionamos, compulsamos que la cuenta coincida con la factura que se emite y no tenemos ninguna decisión para poder escoger, ya que lo dirige el coordinador de campaña", ha concretado Moscardó. Al respecto, Cascales ha señalado que los coordinadores eran "los que decidían quién contrataba".
En cada caso, el coordinador de campaña para las elecciones de 2007 y 2008 en Valencia fue Juan José Medina; en Alicante, en 2007, fueron Macarena Montesinos y Carlos Mazón; y en 2008 Miguel Peralta; y el de Castellón en 2007 fue Rubén Ibáñez, y en 2008 Enrique de Francisco Enciso, tal y como han especificado.
Sobre Orange Market, en concreto Moscardó ha indicado: "del 2007 para acá no conocemos a la empresa Orange Market. Quiero decir que no hemos cooperado con ellos. Quiero decir que ni hemos comprado ni hemos... Le quiero recordar que yo soy un mandao, que es el coordinador de campaña quien manda y el coordinador político y el Comité de Dirección de campaña".
Preguntados por si conocen a Alvaro Pérez, Moscardó ha señalado: "Alvaro, de verlo, pero no me he tomao ni un café con él, por decirlo así! No me he tomao ni un café!". Así, ha afirmado que lo conoce de verlo "en las campañas que entraba en la sede". Por su parte, Cascales ha indicado que lo conoce de haberlo visto "en actos" que montaba Valencia en Alicante: "yo veía por allí a Alvaro montando. Veía que se montaban mitines, actos, pero yo no sé quién montaba eso ni quién ha contratado eso ni nada", ha agregado. Y sobre él, ha añadido: "hablaba con todos".
PERSONA "PINTORESCA"
Por su parte, Carot ha señalado que no recuerda haber visto a 'El Bigotes' en ningún acto en Castellón, pero sí "puede" que en Valencia . Lo ha descrito como "una persona pintoresca porque donde está llama la atención".
En esta línea, los tres han negado haber recibido algún tipo de instrucción sobre ingresos, gastos, mítines o vallas por parte de la que fuera tesorera del partido Yolanda García, o el ex secretario general Ricardo Costa, o el que fuera coordinador de campaña en las autonómicas Vicente Rambla. Así mismo, han explicado que el tema de las vallas y de las cuñas de publicidad "venía de Madrid".
En este punto, interpelado Moscardó por si tuvo algún trato en relación con gastos de campaña con el ex presidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps, ha aseverado que "no, nunca": "nunca, nunca, ni en el 2007 ni en el 2008 ni desde que es presidente, no, económicamente nunca, ningún trato".
Fuera de campaña, han señalado que dependían del secretario provincial y también territorialmente del secretario provincial de Organización y del presidente provincial. En el caso de Valencia , el secretario era Vicente Betoret.
http://www.lasprovincias.es/politica/201405/22/gerentes-ppcv-declaran-ante-20140522141637.htmlEL JUEZ DE GÜRTEL PREGUNTA A RTVE POR LAS PANTALLAS DE LA BODA REAL
Investiga si utilizaron a los príncipes y un Mundial como trampa para la visita del Papa
Pide al Ayuntamiento de Madrid que colabore y entregue los datos a la UDEF
El juez que investiga las piezas valencianas de la rama Gürtel, José Ceres, ha pedido datos a Radiotelevisión Española sobre las pantallas gigantes que se instalaron en Madrid para la celebración de la boda de los Príncipes de Asturias. Así consta en una providencia, de 20 de mayo, que se incluye en la causa que investiga los contratos de la visita del Papa a la trama Gürtel. El magistrado también pide al secretario del Ayuntamiento de Madrid que entregue a la mayor "brevedad posible" a la UDEF la documentación relacionada con el evento. La providencia de Ceres llega después de que EL MUNDO publicara que la trama Gürtel usó al príncipe Felipe y un Mundial como señuelo en la visita del Papa.
La extinta Radiotelevisió Valenciana adjudicó en 2006 a Teconsa -constructora donde se ocultó la organización de Francisco Correa- el contrato de las pantallas y los equipos de sonido que se instalaron por el recorrido que hizo Benedicto XVI en Valencia. Canal 9 pagó a Teconsa 7,4 millones de euros (IVA incluido) pese a que se valoró en poco más de tres. El resto, según los investigadores, se destinó al reparto de comisiones. Una parte del dinero fue para Pedro García, ex director general de RTVV y, según el sumario, uno de los presuntos cabecillas de esta trama de corrupción. Teconsa era una constructora y no tenía experiencia previa -un requisito imprescindible en el contrato- y el TSJ de Valencia investiga ahora si se manipularon datos en escrituras y contratos para no levantar sospechas.
Entre las posibles falsedades detectadas está la boda de Felipe y Letizia. Según consta en varios informes policiales, Teconsa aseguró en su oferta que había organizado la celebración del recorrido nupcial, en el que se instalaron 550 metros de pantallas en Madrid (en el Papa se necesitaron 1.500 metros porque Juan Cotino, presidente de las Cortes, pidió más, según los testigos). Además, Gürtel también afirmó haber trabajado en el Mundial de Fútbol de 2004 (pese a que se celebró dos años después) donde Teconsa dijo que instaló 475 metros. En realidad no fue Teconsa quien realizó esos trabajos, sino los proveedores a los que subcontrató el expediente del Papa. Primero recontrató Gürtel a Apogge, y ésta a Impacto, para desarrollar el contrato. Pero la subcontratación no estaba permitida, es decir, Teconsa sólo hubiera podido encargar trabajos a terceros si lo hubiera solicitado a RTVV, según el contrato firmado por ambas partes. Y, al parecer, no fue así. Esta teoría policial apuntala la tesis de la presunta colaboración de Pedro García en el fraude que investiga la Gürtel valenciana.
El juez pide las pruebas a RTVE y el Ayuntamiento de Madrid "para acreditar la invocada solvencia profesional manifestada por Teconsa". Es decir, saber si realmente fueron los responsables de las pantallas de la Boda Real o si todo fue una trampa -en la que habría colaborado Pedro García- para que en Canal 9 nadie se diera cuenta.
Razón social manipulada
Special Events es, según las pesquisas, la matriz de Gürtel. La sede estaba ubicada en Serrano 40 de Madrid, justo al lado de las oficinas de Teconsa, hasta entonces una constructora con una facturación humilde. Teconsa, según el sumario, tuvo que ampliar su razón social para optar a un concurso relacionado con el ámbito audiovisual. Según estos indicios, la constructora, mediante escritura pública de 2 de febrero de 2005, modifica y amplía su objeto social extendiéndolo a la ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas en general.
Gürtel saltó así uno de los obstáculos para aspirar a la adjudicación. La dirección jurídica de RTVV era la encargada de acreditar la documentación que aportaban los aspirantes, según fuentes consultadas, que añaden que este cometido también estaba entre las funciones de los vocales de la mesa de contratación y el secretario. Entre ellos Vicente Sanz (directivo de RTVV acusado de presuntos abusos sexuales) o José Llorca, director de TVV y presidente de la mesa.
Ceres ya ha interrogado a varios de los miembros de la mesa y sobre este punto explicaron que no sospecharon nada porque ahora todas las constructoras incluyen en sus escrituras que son instaladoras de telecomunicaciones, un sector que no tiene nada que ver con el audiovisual.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/05/22/537da32b268e3e583e8b4571.htmlCAMPOS AFIRMA QUE 'EL BIGOTES' LE DIJO MUCHAS VECES QUE EL PP LE DEBÍA DINERO Y DESTACA SU RELACIÓN CON COSTA
El exvicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos ha afirmado que uno de los presuntos cabecillas de la trama Gürtel Álvaro Pérez, conocido como 'El Bigotes', le dijo "muchas veces" que el PPCV le debía dinero, y ha subrayado que éste con quien "más" tenía relación --en una apreciación personal-- era con el ex secretario general del partido y actual diputado Ricardo Costa.
Así se desprende de la declaración testifical que prestó Víctor Campos en el Tribunal Superior de Justicia de la Comuniat Valenciana (TSJCV) el pasado mes de enero por las piezas 1, 2, 4 y 5 del 'caso Gürtel', y a la que ha tenido acceso Europa Press. Campos ya fue condenado por la 'causa de los trajes' tras asumir los hechos que se le imputaban.
En relación con las piezas 1 y 2 del 'caso Gürtel', en las que se investigan presuntos delitos electorales del PPCV, Campos ha señalado que 'El Bigotes', quien "organizaba muchos actos del partido", con quien "más" se relacionaba era con Costa.
Preguntado por quién solía intervenir por parte del PPCV para contratar con Orange Market, ha especificado que en los actos del partido fuera de campaña "pues Costa, pero más gente"; y en los de campaña, supone que los responsables de campaña: "no sé si solo lo llevan ellos o quién. Supongo que se hará conjuntamente", ha afirmado.
Así mismo, interpelado por si Álvaro Pérez le pidió que intermediara con alguien del partido para cobrar por sus trabajos, ha respondido: "decirme más de una vez no me paga o me debe dinero, muchas veces me lo ha dicho. Pero como un comentario". "Me decía: me deben dinero, a ver si ves a alguien...". Así, ha señalado que si veía a alguien "a lo mejor se lo decía informalmente. El partido siempre estaba muy mal de dinero, como todos los partidos", ha puntualizado.
Sobre a quién en concreto le decía lo de los cobros, ha insistido en que no hacía la gestión de manera "formal" para agilizar pagos, sino que "si veía a alguien le decía he visto a Álvaro y me ha dicho que se le debe dinero. A Ricardo o si veía a alguien del partido. Pero normalmente eran cosas de la comunidad, no provinciales", ha especificado.
MOTES, "EN PLAN GRACIOSO"
Campos, preguntado por si 'El Bigotes' era aficionado a poner motes a algunas personas, ha aseverado que "tiene una forma de hablar muy peculiar. Y sí, usa motes, habla utilizando expresiones en plan gracioso pero diciendo muchos tacos. Tenía una forma de hablar muy peculiar, muy distinta a lo que es habitual en nuestra tierra". Entre ellos, ha aludido al sobrenombre del 'tuerto'.
El exvicepresidente también ha declarado que Pérez nunca le comentó nada sobre si diferentes empresas abonaban pagos a cuenta del partido, y que desconoce si tenía una buena relación con Lubasa, Batalla, Facsa o Enrique Gimeno.
Por otro lado, en relación con la pieza 5 del procedimiento, en la que se investigan las contrataciones entre Orange Market S.L. y empresas vinculadas con la Generalitat, ha aclarado que él no intervenía ni en las contrataciones ni en las facturaciones. "Yo no tenía capacidad de firmar nada. No tenía autorización ni para comprar un lápiz", ha resaltado.
Preguntado por la elección de Orange Market para un acto de Vicepresidencia relacionado con las elecciones de 2007, del 26 y 27 de mayo, ha afirmado que recuerda el acto pero "no" cómo se generó la contratación. "Yo ya había anunciado públicamente que abandonaba toda actividad pública, política... Tampoco me estaba preocupando de demasiados detalles", ha destacado.
Por último, a Víctor Campos se le ha preguntado por algunos detalles en relación con la pieza 4 del 'caso Gürtel', relativas a los contratos por la visita del Papa a Valencia, puesto que él fue también el responsable de la Fundación V Encuentro.
LA MOCHILA DEL PEREGRINO
Preguntado por si sabe si el patronato de la Fundación hizo algunas contrataciones, ha dicho que "seguramente contrataríamos cosas", y ha puesto el ejemplo de la mochila del peregrino. "Y luego el gerente era el que le daba forma a esas cosas", ha puntualizado.
Sobre esta contratación en concreto, ha indicado: "nos trajeron allí varios modelos y al final... Me parecen surrealistas esas reuniones para ver y acabar discutiendo temas como ése. También recuerdo que alguna vez se nos trajo la maqueta de cómo podía quedar el altar por parte de varias empresas que se encargaron de montar aquello".
Así mismo, ha afirmado que no recuerda cómo se materializó la sonorización del evento ni la decisión de conferirlo a Canal 9: "no lo recuerdo. Lo daba por natural y no lo recuerdo", ha aseverado. "Lo único que recuerdo, porque me llamó la atención, es que me dijeron que iban a instalar una cámara que tiene un nombre, un cable de muchísimos metros, de cientos, que va por el aire a mucha velocidad, y se ve que esas cosas era poco habitual en retransmisiones televisivas, e iba a resultar espectacular". Su papel en este evento, ha dicho, era representar al Consell, y ha apuntado: "yo daba mi opinión si se me pedía y nada más".
http://www.europapress.es/comunitat-valenciana/noticia-campos-afirma-bigotes-le-dijo-muchas-veces-pp-le-debia-dinero-destaca-relacion-costa-20140521210625.htmlEL JUEZ PIDE A TVE QUE FISCALICE EL CONTRATO DE CANAL 9 PARA LA VISITA DEL PAPA
El juez de Gürtel atiende la petición formulada por la policía
Televisión Española participará en la investigación del caso Gürtel. El juez José Ceres ha requerido a la corporación que fiscalice el contrato que firmó la desaparecida Canal 9 con Teconsa, supuesta empresa pantalla de la red de Francisco Correa, para cubrir los actos de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en el año 2006.
Los cabecillas de Gürtel se embolsaron con aquella operación cerca de tres millones de euros, según la investigación. Pedro García, entonces director de la televisión autonómica que el presidente valenciano, Alberto Fabra, cerró en noviembre, se habría llevado una comisión de 500.000 euros por facilitar el amaño.
La policía y la Fiscalía Anticorrupción creen que la red de Correa se presentó a la convocatoria utilizando como fachada a la constructora leonesa Teconsa. El objeto del acuerdo consistía en retransmitir los actos del Pontífice, que participaba en el V Encuentro Mundial de las Familias, a través de medio centenar de pantallas gigantes distribuidas por la ciudad.
Según han concluido los investigadores, la empresa carecía de experiencia en el sector audiovisual. Por ello tuvo que subcontratar los trabajos a firmas especializadas, que se encargaron de la cobertura por la mitad de los 7,5 millones que la televisión valenciana le pagó a la constructora.
El departamento de contratación de la corporación pública revisará el acuerdo
Teconsa se ha defendido en el procedimiento alegando que sí contaba con solvencia profesional. Y la policía solicitó al juez que, para zanjar la cuestión, sometiera el contrato que la empresa firmó con Canal 9 al escrutinio de profesionales acreditados.
El magistrado que instruye el caso Gürtel en Valencia ha ordenado ahora al departamento de contratación de Radio Televisión Española que revise el contrato.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha considerado en varios informes que Teconsa carecía de conocimientos sobre el sector audiovisual, que el precio pagado por la televisión valenciana excedieron con mucho a los de mercado y que el acuerdo legal entre ambas partes fue elaborado por la trama. El grupo de Correa habría recurrido para ello a su abogado de cabecera cuando se trataba de firmar contratos con la administración, Tomás Martín Morales.
Canal 9 utilizó un procedimiento de urgencia para adjudicar el contrato. La fórmula supuso restringir la competencia y, según las acusaciones, facilitar la elección de Teconsa. La justificación para utilizar tal vía administrativa fue que no quedaba tiempo para acudir a un concurso público. El Papa llegaba en julio y la convocatoria del contrato se hizo en mayo de 2006. La investigación ha desvelado, sin embargo, que Canal 9 esperó premeditadamente para realizar la contratación. Y que varios meses antes, el director de la extinta televisión ya había encomendado el trabajo a la trama.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/21/valencia/1400699505_512455.htmlCOTINO ABRE UNA VÍA JUDICIAL PARA APARTAR AL POLICÍA QUE INVESTIGA AL PP
El 4 de junio se celebra en un juzgado de Madrid un acto de conciliación previo a una querella criminal por injurias y calumnias
La Ley de Régimen Disciplinario de la Policía recoge la condena en firme como motivo de traslado o expulsión
El presidente de Les Corts exige que se retracte de un informe que le vincula con la Gürtel en la preparación de la visita del Papa
El presidente de Las Cortes valencianas, director de la Policía en el Gobierno de José María Aznar y uno de los hombres fuertes del PP valenciano, Juan Cotino, ha iniciado los trámites para sentar en el banquillo de los acusados al principal investigador policial de los casos ‘Gürtel’ y ‘Bárcenas’. El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid celebrará un acto de conciliación el próximo 4 de junio como paso previo a la presentación de una querella por injurias y calumnias contra el agente 81.067, autor de los informes que llegan a la Audiencia Nacional sobre la financiación irregular del PP.
El objeto de la demanda es un informe de la UDEF incorporado al caso Gürtel y fechado el 28 de febrero pasado. En él, el inspector realiza un análisis de la agenda propiedad de Pablo Crespo, uno de los presuntos cabecillas de la trama, incautada en uno de los registros domiciliarios. En dos ocasiones, Crespo anotó el nombre de Cotino, tantas como reuniones para preparar la visita a Valencia del Papa en 2006 habrían contado con la asistencia del político. El supuesto amaño en las adjudicaciones para el evento está siendo investigados en una pieza separada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). El exdirector de Canal Nou Pedro García y los responsables de la red habrían inflado los gastos por la imagen y sonido al doble de su precio real con el fin de repartirse 4,4 millones de euros en comisiones. Un excolaborador de Cotino ha declarado ante el TSJCV que el político, entonces conseller de Agricultura, era el “factótum” que “cortaba el bacalao” en la visita del Papa.
Juan Cotino pretende ahora que el policía “se avenga a reonocer” que las referencias recogidas en el informe a las supuestas reuniones entre él y Pablo Crespo son falsas y exige que “se retracte de ellas”. De no hacerlo, advierte de la presentación de una querella contra el policía. En el escrito de los abogados de Cotino se acusa al agente de moverse por “un interés personal en dirigir una acusación” contra el político. Sus deducciones policiales, continúan, “causan daño y perjuicio a la honorabilidad” de su defendido, informaron fuentes de la Audiencia Provincial.
El artículo 804 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece que no se admitirá querella por injuria o calumnia si antes no se ha celebrado un acto de conciliación por la vía civil. Por si quedaran dudas de hasta dónde quiere llegar Cotino, sus abogados piden explícitamente que se recoja testimonio del acto del próximo 4 de junio para su incorporación a la correspondiente querella.
Un informe encargado por el juez Ruz
El inspector al que persigue Cotino es el jefe del Grupo XXI de la Brigada contra el Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF, los agentes designados por Pablo Ruz como policía judicial en el ‘caso Gürtel’ y en la pieza separada sobre la financiación irregular del PP. En ese contexto, Ruz ordenó la redacción de un informe de análisis sobre la agenda de Crespo, al igual que ha hecho con otros dentro la fase final de la instrucción del 'caso Gürtel'. Las deducciones plasmadas en el informe por el agente 81.067 responden, por tanto, al mandato judicial de Ruz. De no haberlo hecho, el inspector podría haber incurrido en prevaricación.
De prosperar la vía penal, una condena en firme al policía podría suponer su expulsión del Cuerpo. El artículo 7.b de la Ley Orgánica de Régimen Disciplinario de la Policía recoge que incurren en falta muy grave aquellos agentes que hayan sido “condenados en virtud de sentencia firme por un delito doloso relacionado con el servicio o que causara grave daño a la Administración o a las personas”. Las faltas muy graves están castigadas en la Policía con la suspensión de tres meses y un día hasta 6 años, el traslado forzoso o incluso la separación definitiva del servicio. Las dos primeras debe dictarlas el secretario de Estado de Seguridad. La más grave, el ministro del Interior.
El pasado 14 de marzo, Cotino hizo público un comunicado adelantando la demanda de conciliación y advirtiendo al policía de que si no se retracta durante la misma, emprendería acciones civiles y penales. En el mismo comunicado, aseguraba que procedería de la misma forma contra Pablo Crespo si éste no salía a desmentir que nunca se reunió con él. El exdiputado autonómico Ricardo Costa, absuelto en el caso de los trajes, anunció que sumaría a la querella de Cotino contra el policía alegando motivos similares.
Hasta el momento, Cotino no ha estado imputado en el caso Gürtel. Ha declarado, sin embargo, como testigo el 'caso Emarsa' y en la pieza separada que investiga la financiación irregular del PP. Fue Luis Bárcenas quien apuntó su nombre en la contabilidad b del partido: “11 de marzo de 2004. Juan Cotino (Sedesa). 200.000”. Ruz interrogó el pasado 17 de enero a Cotino por esta anotación. El presidente de Les Corts reconoció haber viajado ese día a Madrid, fecha de los atentados yihadistas, y haber visitado la sede del PP, pero negó que fuera para entregar 200.000 euros en donaciones irregulares procedentes de la empresa familiar.
La vía judicial abierta por Cotino es el último intento por inferir en su trabajo que ha sufrido el inspector 81.067 por parte del PP y de Interior. Los investigadores de los casos Gürtel y Bárcenas vienen siendo objeto de maniobras desde la cúpula del Ministerio del Interior desde que el PP ganó las elecciones. Eldiario.es desveló el mes pasado que los agentes se vieron sometidos a una investigación interna por la filtración de un informe sobre el caso Gürtel cuando ya no había secreto de sumario. Fernández Díaz tuvo que reconocer en el Congreso que el interrogatorio de Asuntos Internos se había producido. Hasta en cuatro ocasiones han sido llamados a declarar los agentes del Grupo XXI por noticias aparecidas en la prensa sobre el caso, filtraciones producidas siempre después de que más de cien abogados hayan tenido acceso a los documentos.
Esta estrategia de utilizar a Asuntos Internos en la presión a los policías que investigan al PP tomó el relevo a otra que pasaba por destituir a los jefes de los investigadores y nombrar a otros mandos que pusieran freno a los informes que afectaban a dirigentes del PP o al partido mismo. Así, el actual comisario general de Policía Judicial es el tercero desde que el PP gobierna. Su predecesor fue destituido precisamente por no controlar suficientemente el trabajo del inspector 81.067.
El Ministerio del Interior ha optado recientemente por volver a los cambios. Con el pretexto de la jubilación del comisario que dirigía la Brigada de Investigación del Banco de España, también integrada en la UDEF, ha intentado colocar al frente de la Brigada Anticorrupción a un comisario de la total confianza de la actual cúpula policial nombrada por el PP, que pasaría a ser el mando inmediatamente superior al inspector 81.067. La noticia de eldiario.es acerca del relevo hizo que el propio Fernández Díaz ordenara suspender la operación horas antes de que se produjera la primera reunión entre el comisario saliente y entrante, como es sabido en la unidad y en los centros de mando de la Policía. Sin embargo, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se dedicó en el Congreso a descalificar la información y a asegurar que no se había realizado ningún relevo.
El Opus Dei en el Ministerio del Interior
Cotino no es un político cualquiera del PP para la Policía. Dirigió el Cuerpo durante seis años y aun mantiene ascendiente sobre algunos mandos, conocedores de las influencias en el partido del presidente de Las Cortes valencianas. Según fuentes sindicales, la última época del Gobierno socialista fue pródiga en visitas de algunos comisarios a Valencia, buscando el favor de Cotino para cuando se produjera el cambio de Gobierno y la renovación de la cúpula policial.
Además, Cotino es un destacado miembro del Opus Dei, condición que amplía su ascendente en el Ministerio del Interior. De hecho, la pertenencia a “La Obra” es un mérito para desempeñar tareas de relevancia en ese departamento desde que Mariano Rajoy eligió a Jorge Fernández Díaz para dirigirlo. Así lo acredita el importante número de cargos y colaboradores que son miembros de la instituición fundada por San Josemaría Escrivá de Balaguer.
Un colaborador de Fernández Díaz elaboró una lista de los funcionarios y demás personal que trabajaba en el Ministerio con el Gobierno del PSOE al poco de producirse el desembarco de del nuevo ministro. En la misma, se distinguía entre cuatro tipos por colores. El rojo incluía a aquellos policías, guardias civiles y otros funcionarios a los que se consideraba próximos al PSOE; el blanco fue el elegido para los que resultaban indiferentes políticamente; el azul, para los considerados conservadores o del PP; y el amarillo para los que además de esta última característica militaban en alguna institución como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo. El SUP denunció aquella práctica por la que se repartieron los cargos y se decidieron destituciones y que han confirmado a esta redacción fuentes próximas al Ministerio del Interior. Cuando el ministro recibió la queja de una representante de las víctimas del terrorismo por la actuación de dos funcionarios destacados en el Ministerio, Fernández Díaz dijo que ambos estaban fuera de toda duda porque "iban a misa los domingos".
http://www.eldiario.es/politica/Cotino_0_261774608.htmlABOGADOS DEL TURNO DE OFICIO A LOS IMPUTADOS EN GÜRTEL SI NO SE PERSONAN
Más de un año después de que el Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana asumiera la pieza del caso Gürtel que investiga los contratos de la visita del Papa, aún hay imputados que no se han personado en el procedimiento. De ahí que el juez que investiga a la organización de Francisco Correa en Valencia, José Ceres, quiera remitir en los próximos días un exhorto a Madrid "para que se emplace nuevamente de forma personal por parte del juzgado central a las personas no comparecidas" hasta el momento.
De no hacerlo, advierte el instructor, "en un plazo de diez días se les designará abogado de oficio en este procedimiento". Así consta en una resolución difundida en los últimos días por el TSJ en la que el magistrado reitera que no han cumplido con este trámite pese a que lo ordenó por auto el 4 de febrero de 2013. "Visto que pese al emplazamiento acordado no han comparecido en este procedimiento y pieza todas las personas que habían declarado en calidad de imputados" cuando la pieza estaba en Madrid, el juez vuelve a advertir de esta situación inusual.
Defensas personadas en este procedimiento consultados este viernes por EL MUNDO admiten esta irregularidad técnica, pero matizan que se trata de una cuestión formal y no creen que el TSJ llegue a nombrar a abogados de oficio. Para desarrollar esta pieza, el magistrado solicitó al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que le comunicara "a la mayor brevedad" las partes que consideraba afectadas por la inhibición con el objetivo de que pudieran personarse y realizar las alegaciones pertinentes.
Los primeros en comparecer voluntariamente en el tribunal valenciano fueron dos ex técnicos de RTVV que figuran como imputados porque el ex director general, Pedro García, les señaló. Pablo Crespo, número dos de Gürtel según las pesquisas, también se dirigió al TSJ en esas fechas para comunicar la renuncia al que había sido su abogado hasta ese momento, Gonzalo Rodríguez Mourullo, y la designación temporal de Juan Carlos Navarro, el abogado de Correo, como asesor legal.
Tiempo después Crespo encomendó su defensa en la Gürtel valenciana a su hija y al penalista Miguel Durán. Fuentes judiciales no pudieron precisar el número de imputados que aún no ha cumplido con este trámite.
La pieza relativa a Radiotelevisió Valenciana (RTVV) es la número cuatro y en ella se investigan presuntas irregularidades en la contratación de la cadena autonómica con la constructora Teconsa por el suministro, en régimen de alquiler, de pantallas de vídeo, sonido y megafonía relacionadas con la visita del Papa a Valencia los días 8 y 9 de julio de 2006, con motivo del Encuentro Anual de las Familias. Además, se investiga la posible percepción de dádivas relacionadas con la contratación del evento. Según el circuito financiero que la Agencia Tributaria dibuja en sus informes, el ex director general de Canal 9 recibió presuntamente 500.000 euros de la trama Gürtel a cambio de entregar a Correa el mayor contrato de la visita.
Exhorto al TSJ de Madrid
El juez Ceres continúa ordenando las pruebas sobre estos hechos y, al margen de volver a pedir a los imputados que ratifiquen su personación en la pieza, ha librado un exhorto a la sala de lo Civil y Penal del TSJ de Madrid "para la ratificación de la declaración realizada ante la Policía Judicial" del ingeniero que diseñó un proyecto para la sonorización de la misa del Papa que investiga Anticorrupción.
Según su testimonio, Álvaro Pérez 'El Bigotes' se presentó como el representante "institucional" de Presidencia y entre sus encargos estaba la de revisar la organización de un acontecimiento que pretendía ser histórico para la ciudad.
Tras el encargo, los presuntos cabecillas prepararon un pliego de condiciones para optar a cualquier contrato relacionado con la visita. El autor de dicho pliego fue Ramón Blanco Balín, el blanqueador de Gürtel según la Policía.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/05/03/53649198268e3e1d338b456b.html'GÜRTEL' SENTARÁ EN EL BANQUILLO A COTINO
El presidente de las Cortes tendrá que declarar por su relación con la trama en la visita del Papa
Depende de los testimonios que están pendientes que lo haga como testigo o imputado
Juan Cotino no es cualquier nombre en la Comunidad Valenciana. El presidente del parlamento autonómico es mucho más que un cargo y que un fiel discípulo de Francisco Camps. Lo era antes y lo sigue siendo ahora que Gürtel le muerde los pies. Su poder a nivel político y empresarial es indiscutible y en los últimos tiempos su nombre va asociado a la polémica. Cotino ha aparecido en muchos de los escándalos que desestabilizan al PP autonómico pero hay uno que ha cobrado especial relevancia: Gürtel, ése que por primera vez va camino de postrarle en el banquillo.
También por primera vez, las cosas no dependen de él exclusivamente. Su futuro judicial en este asunto está en manos de las declaraciones que hagan ante el juez José Ceres los testigos e imputados en la pieza de la Visita del Papa, donde la Brigada de Blanqueo de la Policía le ha dejado en una situación más que comprometida. La ramificación valenciana de la trama corrupta orquestada por Francisco Correa amenaza con sentarle frente al magistrado.
Será llamado a declarar, tal como revelan fuentes de toda solvencia. Si lo hará como testigo o como imputado es algo que todavía no está decidido. Dependerá de las declaraciones de otros imputados y testigos, de cómo se desenvuelvan y de cómo sitúen a Juan Cotino en el entramado.
En los últimos años, se ha visto salpicado en varios escándalos asociados al PP
Cuando las pesquisas le colocan cómo puente entre la trama y la Generalitat en las gestiones de la Vista del Papa, Cotino era conseller de Agricultura y una de las voces con más peso del Ejecutivo autonómico. Ése informe policial -que tanto repudia y al que incluso ha amenazado con denunciar- ahora le acecha. La Policía le aupó a un lugar destacado y delicado a partes iguales y, previsiblemente, tal como precisan las fuentes consultadas, el presidente de las Cortes tendrá que explicar por qué (según sostienen los investigadores) organizó y negoció con Don Vito la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 a cambio de 7,4 millones de euros.
Por el momento, ni Ceres ni la Fiscalía Anticorrupción han tomado una decisión sobre en qué calidad será llamado a testificar, aunque las fuentes consultadas dan por hecho que el presidente de las Cortes Valencianas será carne de Gürtel. Su citación, no obstante, no es inmediata aunque está latente. Las próximas semanas y las declaraciones en esta pieza serán claves para el presidente del Parlamento autonómico. Él, por su parte, ha manifestado en más de una ocasión que si se materializa una imputación, dejará su acta de diputado de inmediato.
Él ya ha anunciado que dejará el acta de diputado en el caso de resultar imputado
Sin embargo, este podría no ser el único sobresalto para quien fuera el consejero de cabecera y hombre de confianza de Camps. Hay otros frentes judiciales abiertos que impactan directamente contra el núcleo duro familiar.
El holding empresarial liderado por su sobrino Vicente Cotino ha estado no pocas veces en el centro de la diana. Sus constantes beneficios de contratos públicos (obtuvo licitaciones por parte del Gobierno valenciano por valor de 800 millones de euros) ha sido un problema crónico denunciado hasta la saciedad por los grupos de la oposición y que siempre obtuvo la callada por respuesta.
Tuvo que ser una voz autorizada, la de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía, la que vinculara el caso Gürtel con el Grupo Sedesa. De hecho, esta empresa figura en el sumario como una de las sospechosas de financiar al PP con cantidades estratosféricas en las elecciones de 2008. Vicente Cotino está imputado. Las pesquisas apuntan a que era donante del partido a la vez que adjudicatario. El último informe de la Udef le deja al borde del precipicio. Según los investigadores, el Grupo Sedesa habría pagado 150.000 euros a la filial valenciana de Francisco Correa -Orange Market, dirigida a su vez por Álvaro Pérez El Bigotes- por proyectos que, según la investigación, no eran reales.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/04/28/535e071a22601d5f778b456c.htmlLAS EMPRESAS DE EL PORTET DE DÉNIA Y DE LA RONDA DE BENISSA INGRESARON DONACIONES EN LA «CAJA B» DEL PP SEGÚN LOS PAPELES DEL CASO BÁRCENAS
Un informe policial asegura que Licuas (Dénia) y Sedesa (Benissa) obtuvieron la mayor parte de sus adjudicaciones en territorio nacional de administraciones gestionadas por los populares, tal y como sucedió también en la Marina Alta
Licuas logró de la Conselleria de Infraestructuras las instalaciones náuticas de la escollera norte y del Ayuntamiento dianense el servicio de la grúa
Sedesa, de la familia Cotino, obtuvo del Consistorio la Ronda Nord de Benissa, que incluía la construcción de dos mil viviendas
Dos empresas con importantes intereses en la Marina Alta, la mercantil Licuas, concesionaria de uno de los puertos deportivos de Dénia y del servicio municipal de la grúa, y Sedesa, adjudicataria de la famosa ronda de Benissa, donaron importantes cantidades económicas a la contabilidad «b» del PP, según se desprende del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el caso del ex tesorero popular Luis Bárcenas. El citado informe policial, que ya está en manos del juez, establece además que Licuas y Sedesa, así como otras mercantiles, obtuvieron entre 2004 y 2009 la mayoría de sus contratos en toda España de administraciones gestionadas por el PP, según publicó ayer el diario El Pais. Y ese es precisamente el caso de las adjudicaciones que Licuas y Sedesa se llevaron en la Marina Alta. La primera, habría ingresado en la contabilidad oculta de la cúpula popular en Madrid 60.000 euros; la segunda, 200.000.
Puerto-de-Dénia
Licuas es la empresa matriz de El Portet de Dénia, que recibió de la Conselleria de Infraestructuras, gestionada por los populares, la explotación de las instalaciones náuticas que llevan el mismo nombre en la escollera norte de la dársena dianense. Tras una reciente ampliación, concedida también por la misma conselleria, El Portet de Dénia comercializa en la actualidad un total de 500 amarres. Además, y como compensación por haber obtenido esos pantalanes, sufragó el flamante paseo que une la escollera norte con El Raset, ya en la vertiente urbana del puerto.
Esta mercantil, con sede social en Madrid, también es la actual concesionaria del servicio de la grúa del Ayuntamiento de Dénia, de igual forma gobernado por el PP. No obstante, esta contrata fue obtenida mucho más recientemente, en abril de 2013. Y ha sido polémica, toda vez que, según denunció el PSOE, Licuas subcontrató a su vez a una empresa vinculada al alcalde de El Verger, también del PP, para que realizara la recogida de vehículos abandonados.
Pues bien, según los papeles de Bárcenas difundidos por El Pais, Licuas habría obtenido en todo el territorio nacional el 82,28% de sus contratos de administraciones y gobiernos populares: en concreto 1.156 de las 1.405 adjudicaciones logradas en total, alcanzando cerca de 370 millones de euros. En junio de 2004, esta mercantil habría donado 60.000 euros a la contabilidad «en b» del PP, según consta en una entrada de la contabilidad del extesorero de Génova y recoge el análisis policial antes citado.
…Y EN BENISSA
Sedesa, que en la actualidad se denomina Asedes, pertenece a la familia de Juan Cotino, presidente de las Cortes Valencianas. Habría ingresado 200.000 euros en la «caja b» del PP según los apuntes de Bárcenas y habría obtenido entre 2002 y 2009 de administraciones populares 345 millones de euros, el 56,14% del total del dinero percibido desde las diferentes arcas públicas.
En esos años, Sedesa fijó también su mirada en Benissa, donde la mercantil de los Cotino es bien conocida y ha provocado numerosas noticias. En enero de 2006, el gobierno municipal de Benissa, otra vez gestionado por el PP con mayoría absoluta, le adjudicó la urbanización del proyecto de la Ronda Nord, una avenida básica para liberar de tráfico la travesía urbana de la N-332. El programa incluía un vial de 30 metros de ancho, la construcción de dos mil viviendas y unos costes de urbanización de 9 millones de euros que debían abonar los dueños de los terrenos, con la consiguiente controversia. El proyecto, atascado desde entonces, evoca los grandilocuentes números de la era dorada del urbanismo.
Los propietarios de Sedesa (ahora Asedes) no sólo están imputados por la pieza de los papeles de Bárcenas, sino que están acusados de delito electoral en Valencia al haber pagado presuntamente parte de la deuda de los populares valencianos con las sociedades de la trama Gürtel.
http://lamarinaplaza.com/2014/04/29/las-empresas-de-el-portet-de-denia-y-de-la-ronda-de-benissa-ingresaron-donaciones-en-la-caja-b-del-pp-segun-los-papeles-del-caso-barcenas/LA FISCALÍA RECURRE AL SUPREMO PARA QUE EL TSJ JUZGUE LA PIEZA DE GÜRTEL SOBRE FITUR
Anticorrupción rechaza la decisión del tribunal valenciano de declararse no competente
La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este martes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) el anuncio de que interpone recurso de casación ante el Tribunal Supremo (TS) contra la decisión del tribunal valenciano de declararse no competente para celebrar el juicio sobre los contratos de Fitur con la trama Gürtel. El TSJ valenciano decidió dejar el caso en manos de la Audiencia de Valencia después de que renunciaran a sus escaños las dos únicas aforadas en el sumario, las ya exdiputadas del PP en las Cortes Valencianas Angélica Such y Milagrosa Martínez.
La Fiscalía recuerda, a través de un comunicado, que "el pasado 16 de abril de 2014 el Tribunal Superior de Justicia declinó su competencia considerando que la renuncia de Angélica Such y Milagrosa Martínez a sus escaños conllevaba necesariamente su falta de competencia por carecer todos los acusados de la condición de aforados, no habiéndose producido tampoco la consolidación de su competencia jurisdiccional al no haberse iniciado las sesiones del juicio oral".
El tribunal valenciano tomó la decisión de inhibirse a favor de la Audiencia de Valencia cuando el inicio de las sesiones del juicio oral ya estaba fijado. La vista debía comenzar el 31 de marzo. La alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, dimitió de su escaño en las Cortes diez días antes y pidió que el TSJ se declarara no competente. A su petición se sumaron otras defensas, mientras que la fiscalía y la acusación popular del PSPV-PSOE adelantaron su oposición a que el sumario pasara a otro órgano judicial y retrasa la celebración del juicio.
Anticorrupción criticó que las renuncias de Martínez y Such se habían producido más de un año después de conocerse los escritos de acusación y que suponían un “claro entorpecimiento” del juicio. Ahora se reafirma en su postura y al entender que dicha resolución del TSJCV "no es ajustada a derecho", anuncia la preparación de recurso de casación "por infracción de precepto legal y constitucional".
En la pieza tres del caso Gürtel, centrada en los contratos que la Generalitat firmó con la trama corrupta para que organizara el pabellón valenciano en varias ediciones de la feria Fitur, están procesadas 13 personas: las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such; Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticas de la Generalitat; y los considerados cabecillas de la red Gürtel Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero y Francisco Correa; Isabel Jordán, exadministradora de empresas de la trama; y Mónica Magariños, exempleada de las mismas entidades.
Para Milagrosa Martínez, la fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such pide nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/22/valencia/1398176575_967061.htmlLOS ALCALDES DE PATERNA Y ELCHE DECLARARÁN COMO TESTIGOS EN GÜRTEL
Los regidores serán interrogados en relación con la supuesta financiación ilegal del PP
El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha citado a declarar, en calidad de testigo, a la alcaldesa de Elche (Alicante), Mercedes Alonso, el próximo 13 de mayo, a las 12.00, en relación con la presunta financiación irregular del PP valenciano. Además, ha acordado una declaración ampliatoria, como imputada, a la exdirectora general en la Consejería de Bienestar Social Clara Abellán.
Así consta en sendas resoluciones dictadas por el magistrado José Ceres, que instruye la causa de la trama en Valencia, dividida en seis piezas. En concreto, la citación de Mercedes Alonso se enmarca en las piezas 1, 2 y 4 del procedimiento, en las que se investiga una supuesta financiación ilegal del PPCV; presuntos delitos de falsedad documental; y supuestos delitos fiscales que la trama Gürtel habría cometido.
Inicialmente, el magistrado acordó la testifical de Alonso para el día 30 de abril, junto a las del alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí, y otros dirigentes locales del PP, entre los que se encuentra el portavoz del PP en el Ayuntamiento de Ontinyent, Filiberto Tortosa. Estas nuevas testificales se enmarcan en la investigación relativa a la presunta financiación irregular del PPCV, en concreto, se centran en las campañas electorales de 2007 y de 2008.
Sin embargo, se tuvo que aplazar la declaración de Mercedes Alonso después de que ésta manifestara "gran dificultad" para acudir a testificar el día 30 debido a su condición de alcaldesa y a la coincidencia de un pleno de la corporación municipal, previamente convocado. Así, el magistrado ha acordado citarle el próximo 13 de mayo.
Por otro lado, en una providencia distinta, el juez acuerda citar para el mismo día 13 a otras dos personas: a una funcionaria que ocupó un cargo en la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Bienestar Social y que tendrá que declarar como testigo; y a la ex directora general en Bienestar Social Clara Abellán (11.00), quien lo hará en condición de imputada.
Tanto la funcionaria como Clara Abellán declararán por la pieza separada número 5 del procedimiento, en la que se investigan presuntas irregularidades en la contratación entre la Generalitat con Orange Market SL y sociedades vinculadas a la red de Francisco Correa y que pudieran constituir delitos de prevaricación, u otros.
Clara Abellán ya prestó declaración como imputada en junio del pasado año en relación con tres contrataciones de dicho departamento con firmas de la trama: los actos Violencia de género, tolerancia cero, en marzo de 2006; Punto y final, de 2007; y el acto del Balance General de este mismo ejercicio.
Ahora, el juez ha acordado una declaración ampliatoria a Abellán la vista de las diligencias practicadas desde su interrogatorio inicial. Estas dos personas declararán en relación con la contratación de la Conselleria de Bienestar Social. Sobre Clara Abellán, el magistrado también preguntó recientemente, en marzo de 2014, si había ocupado algún cargo en el PPCV entre los años 2004 a 2009.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/24/valencia/1398330404_421629.htmlRUS Y RITA FORZARON AL ARZOBISPADO Y AL CONSELL A PAGAR LA DEUDA DEL PAPA
La Diputación y el Ayuntamiento de Valencia sólo pagaron las aportaciones iniciales
El Consell de Alberto Fabra no sólo ha tenido que absorber las deudas generadas por Valmor en relación con la Fómula 1. La Generalitat también ha tenido que acabar asumiendo los impagos vinculados a la visita del Papa a Valencia que investigan los jueces valencianos en una de las piezas de Gürtel. Y lo hizo porque los otros dos patronos que integran la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, el Ayuntamiento de Rita Barberá y la Diputación de Alfonso Rus, se negaron a inyectar fondos públicos a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias.
Así consta en una respuesta de la Diputación de Valencia al diputado de Compomís, Emili Atur. El concejal de Burjassot se interesó por el proceso de extinción y liquidación de la Fundación después de que EL MUNDO avanzara que Fabra cerraría este ente siete años después del evento.
En la respuesta Juan José Medina, vicepresidente primero, traslada a Compromís que a «la Diputación no le corresponde pagar ninguna cantidad» porque «mediante acuerdo plenario de 26 de octubre de 2004 se aprobó la aportación de 10.000 euros» para constituir la Fundación. Además, en la junta de Gobierno de 19 de julio de 2005 se aprobó conceder una subvención nominativa de 10.000 euros más, al margen de los 9.436 que dio el año del evento, tal y como acredita la documentación que acompaña a este texto. Al margen de estos abonos, la Diputación no hizo ningún pago más y en las negociaciones se negó a seguir aportando más recursos públicos, según confirmaron fuentes de la Fundación.
Cuánto ha costado la visita de Benedicto XVI a los valencianos sigue siendo una incógnita. Cada institución aportó 10.000 euros iniciales y en 2010 la Generalitat admitió que inyectó dos millones de euros más para atender pérdidas acumuladas de ejercicios anteriores.
Además, hay que sumar los 7,4 millones que gastó Canal 9 en las pantallas y los equipos de sonidos -que se adjudicó a Teconsa, la constructora leonesa donde se escondió Gürtel-, además de los 300.000 euros que invirtió la cadena en dos unidades móviles -cuyo contrato logró el alcalde de Alcobendas, Ignacio García de Vinuesa- y el gasto generado por el servicio de vigilancia privada que supuso una inversión adicional de 336.553 euros, según la documentación que requirió el instructor de Gürtel, el juez José Ceres.
Estas partidas tampoco incluyen los gastos de los servicios prestados por las administraciones. La alcaldesa de Valencia, al igual que Rus, se opuso a dar más dinero porque el consistorio alega que destinó hasta 2,3 millones de euros por los servicios municipales -63.000 euros en ornamentación, 345.000 en recuperación de jardines, 235.000 en limpieza, 1,2 millones de euros en refuerzos de la Policía local y Bomberos, 43.000 euros en cortes de tráfico y 251.000 euros en autobuses de refuerzos para trasladar a los peregrinos-.
Para cerrar la Fundación, Consell y Arzobispado han hecho frente ahora a tres millones más.
EL CONSELL SEÑALA A CAMPS
La Generalitat ha tenido que poner la deuda de la Fundación V Encuentro a cero para pode liquidarla ahora pese a que está en causa de disolución desde 2007 al desaparecer los motivos por los que se creó. En una rueda de prensa, el portavoz del Consell, José Císcar, admitió que la Generalitat ha tenido que hacer frente a los pagos porque en 2010 el Consell, entonces en manos de Francisco Camps, convirtió en pública la Fundación.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/04/17/534f901922601dd97c8b456c.htmlEL JUICIO DE FITUR PASA A LA AUDIENCIA AL DIMITIR DE DIPUTADAS LAS EXCONSELLERAS
El TSJ se declara «no competente», aunque Fiscalía y PSPV defienden que sí lo es al estar señalada la vista
La dimisión de las exconselleras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such como diputadas en las Corts provocó la suspensión del juicio de las adjudicaciones del pabellón de Fitur a Orange Market la pieza número tres del caso Gürtel al perder ambas la condición de aforadas y generarse un conflicto sobre qué instancia debía juzgar el caso. Ayer, la Sala de lo Civil y Penal del TSJ se declaró «no competente» para juzgar la pieza en la que se dirime la concesión de cinco contratos seguidos (2005 a 2009) a la franquicia valenciana de Gürtel para montar en otras tantas ediciones el pabellón valenciano en el certamen turístico Fitur. Unos trabajos por los que la empresa de Álvaro Pérez «El Bigotes» facturó casi 5,5 millones a la Generalitat.
La pérdida del blindaje como diputadas ha provocado que el TSJ remita la causa a la Audiencia Provincial de Valencia, según se decreta en un auto de 46 páginas en el que se decide levantar la medida cautelar de suspender el jucio oral, el primero que iba a celebrarse de las seis ramas en las que se divide la causa Gürtel instruida por el magistrado José Francisco Ceres. El alto tribunal valenciano entiende que la competencia corresponde a la Audiencia Provincial por el ámbito territorial en el que se produjeron los hechos. La Fiscalía, que se mostró en cambio partidaria de que sea el TSJ el tribunal que juzgue, ya avanzó ayer que está estudiando presentar un recurso de casación contra este auto ante el Tribunal Supremo para que resuelva quién ha de juzgar a las exconselleras, según avanzó Europa Press. Fiscalía pide para Milagrosa Martínez una condena a 11 años de prisión y 34 de inhabilitación para cargo público por los presuntos delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos y cohecho. Y para Angélica Such se solicita una pena de 9 años de inhabilitación para cargo o empleo público por presunta prevaricación.
En esta pieza número tres de las que se dirimen en Valencia están también imputados los miembros de la plana mayor de la trama se saqueo de las arcas públicas (Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez), además de Cándido Herrero o Felisa Isabel Jordán, directivos de Orange Market e Easy Concept, respectivamente. Entre la media docena de empleados públicos imputados figura de nuevo Rafael Betoret, jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo, que firmó una sentencia de conformidad en el caso de los trajes para declararse culpable del delito de cohecho impropio.
Al contrario que la mayoría de los acusados, el PSPV, que ejerce la acción popular, entiende, al igual que el fiscal, que el TSJ mantiene su competencia debido al momento de esa renuncia, una vez señalado el juicio oral.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/04/17/juicio-fitur-pasa-audiencia-dimitir/1101945.htmlEL TSJ ENVÍA AL FISCAL LOS INFORMES DE GÜRTEL QUE CITAN A COTINO Y CAMPS
El juez José Ceres envía a Fiscalía los informes que les señalan para que valore las implicaciones en la trama
Las últimas revelaciones policiales han redimensionado las piezas que integran la Gürtel valenciana y su instructor ha firmado un auto que puede dar un impulso a la instrucción en las próximas semanas.
El juez José Ceres ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción -y las demás partes personadas- los últimos informes elaborados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional tras analizar la documentación intervenida a la organización que dirigía Francisco Correa desde Madrid y Álvaro Pérez El Bigotes en Valencia.
En el auto, de 22 páginas y al que ha tenido acceso EL MUNDO, el instructor desmenuza el contenido de ocho informes elaborados para la Audiencia Nacional pero que, por cuestión de competencia, deben integrarse en las diligencias que se siguen en el Tribunal Superior de la Comunidad. Entre ellos destaca los análisis policiales que señalan sin reservas al ex presidente de la Generalitat y actual diputado, Francisco Camps, y al presidente de las Cortes, Juan Cotino. Los nombres de ambos son una constante en los documentos y Fiscalía tendrá que analizarlos ahora y valorar si interroga o practica pruebas.
Por partes. El primero de los informes que envía el juez a la Fiscalía es el referente al análisis de la documentación hallada en el domicilio central de las sociedades de la organización de Correa, en Serrano 40, Madrid. Allí, tal y como publicó esta redacción, aparecieron diversas referencias a distintas comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, relacionadas con el Partido Popular de Camps, «así como contrataciones y facturaciones internas». También balances de la presunta caja b de la trama y la participación de determinadas personas como el ex director general de RTVV Pedro García.
El segundo informe recoge el análisis de la documentación intervenida en una nave que la organización tenía en Alcorcón. Allí los agentes encontraron datos relacionados con las convenciones regionales del PP y la presentación de Francisco Camps como candidato. Según la Policía, el PP de Camps pagó más de 184.000 euros en negro mediante pagos de dinero en efectivo por la organización de tres actos entre los años 2002 y 2004. De la misma manera, las empresas de Gürtel ordenaron transformar los conceptos de las facturas de otros dos actos del partido para desviarlos a otras entidades vinculadas. A cambio, siempre según la versión policial, cuatro noches -en dos habitaciones dobles comunicadas- un hotel de lujo de Madrid en la Navidad de 2003.
El siguiente informe que Ceres envía al fiscal Jesús Carrasco para que lo valores es el del análisis del pendrive que la Policía intervino a José Luis López Izquierdo, empleado de confianza de Correa. En él encontraron datos de la caja b de Orange Market, el brazo de Special Events en Valencia.
Los otros cinco, entre los que se incluyen el del análisis de la agenda personal de Pablo Crespo -número dos de la organización- contienen datos sobre las inversiones urbanísticas en La Nucía y la visita del Papa a Valencia. En ellos se dice que Juan Cotino negoció presuntamente con la trama el evento y la Policía le atribuye un papel destacado en la organización. Todos estos informes podrían motivar la citación de uno y de otro.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/04/14/534acbb122601dc27b8b456e.htmlLOS TRAJES DE GÜRTEL A BETORET ACABAN EN UN CONTENEDOR DE RECICLAJE DE ROPA
El exjefe de gabinete fue condenado en Gürtel mientras Camps era absuelto
Los 11 trajes, cuatro americanas, dos abrigos y un pantalón que Rafael Betoret, exjefe de gabinete en la Consejería valenciana de Turismo, recibió de la trama Gürtel acabarán en un contenedor de reciclaje de ropa.
El Tribunal Superior valenciano, donde el político confesó los hechos y que lo condenó a una multa por cohecho pasivo impropio, ha decidido tres años después que ese el destino óptimo para los trajes de Betoret. “Estimando que por la naturaleza de los bienes, prendas de vestir usadas, su realización por medio de persona o entidad especializada o mediante subasta pública resultaría antieconómica, se acuerda su entrega a una entidad sin ánimo de lucro”, escribe el juez Juan Climent en una providencia firmada este lunes.
Las prendas de ropa le costaron a la trama 13.499 euros en las dos tiendas de Madrid en las que trabajó en aquellos años el sastre José Tomás.
“Con la finalidad de imposibilitar su posible identificación”, prosigue el juez, “una vez firme la presente resolución se depositarán sin signos distintivos ni etiquetas, en los contenedores de recogida de ropa y calzado usados que, con fines sociales, tiene instalado el Ayuntamiento de Valencia en distintos puntos de la ciudad”.
Betoret fue condenado a devolver la ropa y a pagar una multa de 9.600 euros en 2011 por aceptar trajes y otras prendas de ropa con los que la trama Gürtel perseguía “ganarse el favor” del exjefe de gabinete. Según la amplia investigación del caso Gürtel, los regalos a personajes públicos formaban parte de la actividad habitual de la red de Francisco Correa, que los ofreció a diputados, consejeros de comunidades autónomas y altos cargos de distintas administraciones.
El objetivo de las dádivas era “ganarse la amistad, el mejor trato y el favor de funcionarios públicos y autoridades”. La sentencia consideró probado que Betoret era “sabedor de que le eran entregadas en reiterada consideración al cargo público que ejercía de jefe de gabinete de la Agencia Valenciana de Turismo y desde el que se podían tomar decisiones o desplegar su personal influencia sobre determinadas materias en relación con las cuales Francisco Correa, Álvaro Pérez [El Bigotes] y Pablo Crespo mantenían importantes intereses económicos”.
El juez José Flors sentó en el banquillo por estos hechos al expresidente valenciano Francisco Camps, a Betoret, al ex número dos del PP regional Ricardo Costa y al exvicepresidente en la Generalitat Víctor Campos. Betoret y Campos reconocieron los hechos ante el juez después, según han declarado ambos, de acordar con los otros dos acusados que todos lo harían. Camps, sin embargo, se echó atrás en el último minuto y prefirió dimitir. Costa también rechazó confesar. Ambos fueron juzgados y absueltos por cuatro votos a cinco de un jurado popular.
Betoret debería estar sentado estos días en otro banquillo como acusado. El del juicio por las millonarias adjudicaciones supuestamente amañados a Gürtel en la feria Fitur que iba a empezar el 31 de marzo y ahora está suspendido, con los jueces deliberando sobre dónde deberá celebrarse. La razón es que el Tribunal Superior valenciano que debía enjuiciar los hechos perdió, en principio, la competencia sobre los mismos tras la dimisión como diputadas autonómicas de Angélica Such y Milagrosa Martínez, conocida como La Perla.
La fiscalía ha solicitado para el exjefe de gabinete de Turismo, que encontró durante un breve periodo de tiempo refugio como responsable de protocolo de la Diputación de Valencia, 11 años de prisión y 28 de inhabilitación, la pena más alta de todos los procesados. El asunto de los trajes puede darle aún más problemas ya que, pese a haber sido castigado solo con una multa, Betoret tiene desde entonces antecedentes penales. Camps declarará como testigo en el juicio de Fitur a petición del ex jefe de gabinete, que trató demasiado tarde de desviar hacia el expresidente la responsabilidad de haber contratado a la trama.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/14/valencia/1397490273_399358.htmlTRASGOS CONTESTA A LA UDEF: 'NUNCA RECIBIMOS DINERO DE LA TRAMA GÜRTEL'
Extracto del informe policial sobre el reparto de dinero para Trasgos. Extracto del informe policial sobre el reparto de dinero para Trasgos.
El grupo Trasgos, al que los investigadores vinculan con la trama de la Gürtel valenciana, ha reaccionado al informe policial que apunta que sus administraciones pudieron recibir 500.000 euros en comisiones tras el presunto amaño de los contratos vinculados con la visita del Papa a Valencia en 2006. Según Trasgos, la mercantil "nunca ha cobrado ni un euro de la denominada trama Gürtel" pues "jamás ha tenido relación alguna con dichas empresas".
Trasgos, que comparte domicilio social con otras tres empresas que son contratistas habituales del Ayuntamiento de Valencia, aparece en el último informe entregado por la Unidad de Delitos Económicos al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana. En él, los agentes analizan la agenda de Pablo Crespo, número dos de la organización de Francisco Correa, y llegan a la siguiente conclusión: "También se recoge un reparto de dinero: 500.000 euros para Trasgos, 500.000 euros para Pedro García -ex director general de RTVV e imputado en Gürtel- y 500.000 euros para la organización".
Sin embargo, los administradores de este holding, que también investiga la Fiscalía de Valencia por los contratos troceados de la Japan Week, no coinciden con el análisis policial. "Trasgos jamás ha tenido relación con Gürtel, ni nos consta la existencia de investigación judicial abierta, ni que la Policía ha confirmado que Trasgos haya cobrado comisión alguna".
Sus administradores, Antonio Puig y Vicente Peris Montesinos, aseguran que "Trasgos no es ni ha sido nunca socio de empresa alguna de las relacionadas en la denominada trama Gürtel".
Sobre la reunión con Correa los meses previos a la visita del Papa recuerdan que "se realizó a petición de Álvaro Pérez, titular de Orange Market (empresa perfectamente legal y sin tacha alguna en aquel momento) como sabedor que era, él y muchos más, de que Trasgos había diseñado el logotipo" del V Encuentro.
En este encuentro, según los empresarios, "estuvieron presentes los señores Correa, Crespo y Blanco Balín, como empresarios de Madrid y amigos de Pérez".
Según el comunicado que han hecho llegar a esta redacción, "Trasgos no es ni ha sido nunca socio de empresa alguna relacionadas en la denominada trama Gürtel. Ni Trasgos ni sus socios han mantenido relación contractual alguna, ni ningún tipo de colaboración extracontractual con cualquiera de las empresas de la trama Gürtel".
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/04/12/534846a3e2704e40568b4591.htmlEL ABOGADO DE CORREA, IMPLICADO EN EL INTENTO DE SECUESTRO DE SORIANO
Es un penalista que pudo haber encargado informes sobre el patrimonio de Soriano
El rocambolesco intento de secuestro del ex vicepresidente del Valencia CF, Vicente Soriano, ha incorporado una pieza más. La Policía implica al abogado Juan Carlos Navarro, un conocido penalista de Valencia que es además el letrado de Francisco Correa, el cerebro de la trama Gürtel, según han confirmado a ELMUNDO.es fuentes de toda solvencia.
Navarro se suma así a la lista de implicados que alcanza al ex presidente del club Juan Soler -supuestamente quien encargó el secuestro- y dos personas más. Ahora la juez deberá decidir si imputa también a Navarro como al resto de implicados.
El abogado se ha desvinculado de las acusaciones y ha atribuido el hecho de que su nombre haya aparecido en la investigación al intento "de algún cliente que busca mancillar mi nombre". A eso y a que tiene muchos frentes abiertos, dado que comanda casos delicados por su repercusión (Gürtel es uno de ellos). "Alguien quiere poner en tela de juicio mi reputación", ha dicho en declaraciones a este periódico.
Además, Navarro avisa: "tomaré acciones contra quien lo ha artificiado para depurar responsabilidades". El letrado no da más detalles pero asegura que va a demostrar que no está ligado a los hechos que se le imputan. "Lo voy a demostrar. Ahora no puedo hacer manifestaciones dado que las actuaciones están secretas y no quiero perjudicar la investigación pero se demostrará que no tengo nada que ver con esta acusación". En declaraciones a EL MUNDO, Navarro aseguró estar tranquilo y aclaró que en ningún momento ha sido detenido.
La participación de este letrado en los hechos, según la investigación, pudo limitarse a encargar la elaboración de informes en los que se pretendía detallar el patrimonio que, supuestamente, Vicente Soriano tenía en Andorra y Suiza. Además, pudo haber colaborado en diseñar un entramado de cuentas en paraísos fiscales a través de las que Soler ocultaría el dinero sustraído a Soriano en el secuestro.
La 'imputación' policial de Juan Carlos Navarro se produjo este jueves por la mañana, y será llamado a declarar ante el juez cuando la Policía remita el atestado policial. Este abogado, especialista en asuntos penales, no ha llegado a ser detenido porque al parecer tiene un grado de implicación menor que la de los otros tres arrestados en este procedimiento. Además, hay fuentes que apuntan a que se encontraba fuera de la ciudad.
Mientras se practican nuevas diligencias policiales y judiciales, Juan Soler se ha recluido en su casa de Turís para no vulnerar la orden de alejamiento, difícil de cumplir porque reside a pocos metros de la vivienda y el despacho de la víctima. Por su parte, los otros dos detenidos que están en libertad con cargos tampoco han vuelto a su vida normal. Ciro D'Anna, el intermediario italiano, no ha aparecido por su coctelería en el Mercado de Colón, que este jueves permanecía cerrada pero este viernes vuelve a estar abierta. En cuanto al ciudadano de origen magrebí, su nombre es Abdellatif Laaroubi, conocido como Taty, dedicado a negocios relacionados con la noche y conocido miembro de la seguridad de una discoteca valenciana.
Los tres detenidos se acogieron a su derecho a no declarar ante el juez y están a la espera de conocer cuándo se decretará apertura de juicio y cuál es la petición de la Fiscalía y de la acusación de Vicente Soriano. Se pueden enfrentar a penas de hasta seis años de prisión.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/04/11/5347b5adca474178478b456e.htmlOCHO AÑOS DESPUÉS EL CONSELL SIGUE SIN EXPLICAR CUÁNTO COSTÓ LA VISITA DEL PAPA
Ciscar afirma que no dispone de los datos y que la Generalitat ha aportado 3,3 millones
La fundación de la visita del Papa gastó 2,65 millones en urinarios
Ocho años después de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia, los valencianos siguen sin saber cuánto dinero costó el evento y en qué se gastó. Lo que sí queda claro es que este año todavía se pagarán deudas pendientes del gasto provocado por el evento por valor de 1,3 millones de euros.
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, argumentó este viernes que no disponía de los datos y se limitó a señalar que la Generalitat ha aportado 3,3 millones de euros de dinero a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, la entidad integrada por el Gobierno valenciano, la Diputación, el Ayuntamiento y el arzobispado de Valencia para organizar la visita del Pontífice.
“El Consell siempre ha dicho que no haría aportaciones económicas que no le correspondan”, prosiguió el portavoz. “En 2010 se hizo una aportación de dos millones de euros y eso hizo que la fundación pasara al sector público empresarial de la Generalitat. La ley nos obliga a procurar los recursos necesarios para la liquidación de la fundación”, añadió.
Ciscar, que aseguró que el Gobierno valenciano no ha realizado ninguna aportación al arzobispado para que abone 1,2 millones de euros de la deuda de la Fundación V Encuentro, explicó que tanto la Diputación como el Ayuntamiento de Valencia realizaron su aportación en forma de servicios prestados por las respectivas Administraciones.
Según fuentes del patronato, la fundación se liquidará finalmente con unos gastos de 17,7 millones de euros. Una cifra que no coincide con los presupuestos iniciales cifrados en 22 millones de euros. Y que tampoco tiene en cuenta los gastos realizados mediante la prestación de servicios o inversiones a través de distintos departamentos de la Administración o empresas del sector público de la Generalitat. En el cómputo tampoco figura el coste de las retransmisiones televisivas realizadas por Canal 9 y que permitieron a la trama corrupta de Gürtel llevarse una mordida de tres millones de euros con la instalación de pantallas y sonorización de los actos previstos en una jornada que apenas duró 24 horas.
El acuerdo para liquidar la Fundación V Encuentro, creada en 2005, se aprobó el pasado 21 de marzo tras negociar una quita con los acreedores pendientes y lograr que el arzobispado asumiera parte de la deuda.
El diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco tachó de “vergonzoso” que no se explique el gasto y pidió una comisión de investigación.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/04/valencia/1396632743_605646.htmlVALENCIA PAGÓ LA JAPAN WEEK POR ADELANTADO A LA TRAMA GÜRTEL
El vicealcalde de Valencia aseguró que la Fiscalía devolvería las facturas sospechosas que presentó el grupo municipal Compromís por los pagos a los organizadores de la Japan Week. Pero los augurios de Alfonso Grau no se han cumplido y el Ministerio Fiscal ha incoado un expediente de diligencias penales para descartar un presunto delito de prevaricación por el fraccionamiento de, al menos, seis facturas que se abonaron al grupo Trasgos, un holding societario que colaboró con la organización de Francisco Correa en la visita del Papa a Valencia, según el sumario de Gürtel.
El grupo municipal Compromís convocó este viernes a los medios para difundir un documento que confirma la apertura de diligencias por los pagos de la Japan Week que adelantó este viernes EL MUNDO. Joan Ribó explicó que su grupo ha obtenido nueva documentación del evento y ha entregado a la Fiscalía el expediente completo de contratación de la Japan Week -con fecha de 25 de julio de 2012- y el listado de una veintena de pagos que "llaman la atención" porque alguno está fechado antes de la apertura del expediente de contratación, por lo que los empresarios que están detrás de este grupo de empresas, Vicente Peris y Antonio Puig, habrían cobrado parte de sus trabajos por adelantado.
Según Ribó, el evento japonés -que se celebró a finales de 2012- costó 202.000 euros, aunque matizó que 153.000 correspondían a contratos externos. El grupo Trasgos se llevó 62.000 euros troceados en seis facturas, "un 40,7% del total".
Según fuentes judiciales, Fiscalía ve un posible delito de prevaricación por los pagos parcelados, pero Compromís confía en que las diligencias se amplíen por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Según el escrito de Fiscalía difundido este viernes por la oposición, el fiscal Jorge Boguña, adscrito al área de Cooperación Internacional penal, será el responsable de las pesquisas.
Las cuatro empresas
Las facturas abonadas por el Ayuntamiento evidencian que el procedimiento de contratación no fue negociado y con publicidad, y para ello se utilizaron cuatro empresas. Una de ellas es Trasgos, la aparente matriz, que cobró 12.864 euros en tres facturas.
Otra sociedad es Tannhäuser, que según el registro mercantil administra Antonio Puig. En este caso la factura corresponde al "servicio de confección de rotulación, paneles, traseras y lonas para la Japan Week 2012" que se emplearían en la plaza del Patriarca y el Palau de la Música. Por ello, Valencia pagó "21.659 euros" que sin el IVA se quedó en 17.900, justo el límite que fija la ley.
Las facturas acreditan, además, que los empresarios también utilizaron una constructora para facturar el evento. Construcciones Paya Montesinos, que también administra Antonio Puig, cobró "16.819 euros" por el acto que la Japan Week organizó en el Palau de la Música.
Pese a que se trata de una empresa de la construcción cobró por la instalación de "cajas acústicas, monitor escenario, 16 micros, 16 soportes" o "mesa de control".
Cuco también facturó por el evento y casualmente está relacionada con Trasgos. Esta sociedad cobró más de un millón de euros de la Fundación del Papa por unos expositores.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/04/05/53402c8222601d101e8b4571.htmlEL PP PAGÓ EN METÁLICO 2,3 MILLONES A GÜRTEL POR UNA CAMPAÑA ELECTORAL
Hacienda confirma que la red cobró 5,8 millones de los populares en dos años
Obtenía un margen de beneficios del 84% trabajando con el partido
El Partido Popular valenciano manejaba mucho dinero en metálico en 2007, el año de la celebración de la Copa del América, del fervor inmobiliario y del poder de Francisco Camps, el expresidente de la Generalitat que aquel año consiguió su segunda mayoría absoluta. El partido tenía tanto dinero en metálico que pagó 2,3 millones de euros “en efectivo” a la trama Gürtel por la victoriosa campaña electoral de las autonómicas, según Hacienda. “Adicionalmente, [la empresa de la red Orange Market] recibió 470.824 euros como pago de facturas emitidas a terceros con las que en realidad se estaba cobrando la contraprestación de los servicios prestados al PP de la Comunidad Valenciana”, señalan los inspectores de Hacienda que han elaborado los informes definitivos sobre la supuesta financiación ilegal del partido.
La trama de Francisco Correa ganó mucho dinero en aquellos años. Realizaba actos políticos para los Gobiernos populares de Madrid y la Comunidad Valenciana, entre otras Administraciones. Y se encargaba de los actos del Partido Popular en los mismos territorios. Al PP de Camps le cobró 5,7 millones de euros solo en 2007 y 2008, concluye la Agencia Tributaria. Y la mayor parte de ese importe fue abonado de forma “opaca”.
De acuerdo con los apuntes de su contabilidad oficial, Orange Market, la filial valenciana de la trama que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, solo percibió mediante “facturas emitidas al Partido Popular” 1,2 millones en esos dos años.
El resto, hasta los 5,8 millones de ingresos totales, le fueron abonados bien mediante pagos “en b sin emitir factura y sin repercutir el IVA”. O bien mediante “facturas falsas emitidas a terceros”, casi todas ellas empresas de la construcción y la obra pública, que pagaron una parte de las campañas electorales tanto de 2007 como de 2008.
Hacienda subraya, como prueba de la falsedad, el hecho de que la red “no incurría en gastos” para la realización de los teóricos trabajos a estas empresas. “Los gastos encontrados corresponden”, en cambio, “a servicios prestados al PPCV”.
El expresidente Camps tenía plena confianza en él, pero el talento de El Bigotes no era barato. Los inspectores de Hacienda confirman que “el margen bruto sobre compras” que obtenían del PP “era muy elevado”. Ese beneficio alcanzó una media del 84% a lo largo de los cuatro trimestres de 2008. En los servicios que la red engloba en el epígrafe “Total campaña Zapatero + Congreso regional”, por ejemplo, el margen de beneficio se elevó al 92%.
Orange Market se encargaba de todo el trabajo electoral: “Inserciones en prensa y en radio, publicidad exterior en vallas, cabinas y autobuses, en el metro de Valencia, en mupis (elementos de mobiliario urbano que funcionan como soportes publicitarios), vídeos, creatividad, imprenta y merchandising”, “actos y mítines”.
Pero también servía para montar una “manifestación”, la “presentación del circuito” de Fórmula 1 de Valencia, una “cumbre sobre el corredor mediterráneo”, otra “cumbre sobre economía”, una “cena” multitudinaria o un “mitin con esperanza Aguirre” fuera de campaña electoral. De todos los encargos, que algunos meses tenían lugar casi día sí o día no, hay constancia en la documentación intervenida a la trama que analiza Hacienda.
Todos los datos figuran en dos adendas que los inspectores han entregado al juez que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior valenciano, José Ceres. En ambos documentos los funcionarios responden a preguntas concretas de la Fiscalía Anticorrupción sobre su informe final sobre la supuesta financiación ilegal del partido.
La Agencia Tributaria detalla igualmente cada uno de los pagos de empresas de la construcción a Orange Market de los que supuestamente se benefició el PP. Estas fueron presuntamente Piaf, Facsa, tres sociedades del Grupo Vallalba, Lubasa, Enrique Ortiz y Sedesa, que pusieron, supuestamente 1,2 millones. También se analiza el pago por parte del empresario y alcalde de Gandia, Arturo Torró, de un acto electoral, que el PP “debió registrar como ingreso” en su contabilidad electoral, pero que también fue ocultado. Torró abonó de su bolsillo 22.037 euros.
La trama utilizaba una doble contabilidad. En la b, anotaba la deuda real que el PP tenía con sus empresas. Y en ella “se minoraba” ese importe adeudado “cuando se cobraron las facturas falsas emitidas al efecto” por las empresas de la construcción.
Estas compañías eran al mismo tiempo adjudicatarias de grandes contratos del Gobierno de Camps y algunas tenían intereses en las decisiones urbanísticas de ayuntamientos como los de Alicante y Valencia, y de la Consejería de Territorio. Esa cara de la relación entre la Administradores y los supuestos financiadores estaba hasta ahora desvinculada de la causa. Pero el juez ha pedido recientemente a la Intervención de la Generalitat que le informe de cuántos contratos y por qué cuantía lograron las ocho empresas investigadas entre 2006 y 2009.
Las constructoras
Hacienda. Los últimos informes de los inspectores de la Agencia Tributaria adscritos al caso Gürtel detallan las cantidades que supuestamente pagaron empresas constructoras y de obra civil a las campañas electorales del PP en 2007 y 2008. En total, cerca de 1,2 millones de euros.
Grupo Vallalba (incluye a Pavimentos del Sur, y Constructora Hormigones Martínez). 199.000 euros.
Grupo Enrique Ortiz. 348.116 euros
Facsa. 390.640 euros.
Lubasa. 108.000 euros
Sedesa (comprende tanto la Fundación Sedesa como Sedesa Inversiones y Sedesa Obras y servicios). 115.884 euros.
Piaf. 23.200 euros.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/02/valencia/1396460579_177113.htmlEL JUEZ DE GÜRTEL CITA A TRES ALCALDES DEL PP COMO TESTIGOS
Ceres pide a la Intervención cuánto cobraron del Consell empresas acusadas de financiar al PP
El juez que investiga el caso Gürtel en Valencia, José Ceres, sigue aumentando la lista de imputados y testigos a los que interroga. El magistrado ha citado declarar a tres alcaldes del PP, una exregidora y a varios cargos del partido para que testifiquen sobre la supuesta financiación ilegal del partido.
Deberán acudir al Tribunal Superior de Justicia valenciano los alcaldes de Sagunto, Alfredo Castelló, Requena, Javier Berasaluce y San Fulgencio, Carlos Ramírez. Y también la exalcaldesa de Ontinyent, María Lina Insa, y la excandidata a la alcaldía de Quart de Poblet, Amparo Mora.
En todos esos municipios se celebraron mítines del PP de cuya organización se encargó la trama de Francisco Correa, a través de su filial en Valencia, Orange Market. La investigación ha revelado que parte de dichos actos electorales fueron pagados en realidad por empresas constructoras. Y que en otros casos el partido abonó a la red la organización de los mítines con dinero negro o “ajeno a los círculos legales”.
El juez Ceres cita a los ediles a declarar como testigos sobre esos hechos y también a un asesor de Presidencia de la Generalitat y Enrique de Francisco Enciso, que se encargó de la organización de campañas electorales en la provincia de Castellón.
El magistrado solicita también a la Intervención General de la Generalitat que remita las cantidades que las empresas acusadas de financiar a ilegalmente al PP recibieron del Consell entre 2006 y 2009.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/01/valencia/1396378494_780190.html
BARCELÓ CRITICA QUE EL PP MANTENGA A LA PERLA COMO ALCALDESA DE NOVELDA
"Si no es digna para Corts, tampoco debería serlo para su ciudad", afirma la socialista
La presidenta del grupo socialista en las Corts, Ana Barceló, ha exigido este martes al presidente del PPCV y de la Generalitat, Alberto Fabra, que expulse a la exconsellera de Turismo y alcaldesa de Novelda (Alicante), Milagrosa Martínez, conocida como La Perla, de esta formación para que deje también sus funciones como primera edil.
En este sentido, ha recordado que Martínez renunció al escaño después de haberse señalado la fecha para el juicio por la pieza 3 del caso Gürtel, relativa a los contratos para la feria Fitur en la que está procesada, por lo que la dirigente socialista considera que "si alguien no es digno de representar a los valencianos en las Corts, tampoco debería ser digno de representarlo en su ciudad porque no hay ciudadanos de primera y de segunda".
Barceló, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de las Corts, ha señalado que "la estrategia de Fabra de hacerle abandonar el escaño responde únicamente a una estrategia de imagen para alejar lo máximo posible el juicio de Fitur de Valencia de cara a las elecciones europeas" y no tanto a una voluntad "clara y decidida" de "sacar la corrupción del Partido Popular de las instituciones y del gobierno de la Generalitat".
"Sólo con la expulsión del partido de la exconsellera, Fabra conseguirá que los ciudadanos creamos en esa línea contra la corrupción que tanto repite, pero que tantas veces ha movido en función de sus intereses", ha afirmado.
ESTRATEGIA SEGUN LA PERSONA
La diputada ha reprochado a Fabra que "varía su estrategia en función de quién es la persona imputada" porque con el exportavoz 'popular' Rafael Blasco "no dudaron en expulsarlo del partido y tampoco deberían hacerlo con Milagrosa Martínez".
Además, Ana Barceló ha incidido en que desde el PSPV se ha presentado un escrito de alegaciones para que la pieza tercera del juicio de la Agencia Valenciana de Turismo (Fitur) se mantenga en el Tribunal Superior valenciano "ya que como establece la doctrina a partir de un determinado momento las piezas no deben trasladarse a otros tribunales", ha aseverado Barceló, para quien este momento "se produjo con el señalamiento de apertura del juicio oral".
"El PP no quiere alejar la corrupción de las instituciones, sino ocultar que dos exconselleras de Camps son las que estarán sentadas en el banquillo", ha concluido Ana Barceló.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/04/01/valencia/1396368312_139738.htmlEL JUEZ DE GÜRTEL INQUIERE SI UNA TREINTENA DE IMPUTADOS TUVIERON CARGOS EN EL PP
El magistrado pregunta por directivos y funcionarios y implicados en adjudicaciones a dedo a la red
El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia valenciano, José Ceres, ha pedido al PP valenciano que certifique si 29 personas, entre ex consejeros, altos y medios cargos de la Generalitat, funcionarios y empleados públicos ocuparon cargos en el partido entre 2004 y 2009. Todos ellos están imputados por haber adjudicados contratos a dedos a la trama corrupta de Francisco Correa.
El magistrado rastrea si los implicados han tenido mando en el partido no solo en la dirección regional, sino también en las provinciales y locales. Y explica que el requerimiento a la formación se produce como consecuencia de "algunas preguntas y menciones realizadas en diversas declaraciones a la posible pertenencia de algunos declarantes al PP".
La medida conecta la pieza separada en la que se investiga la adjudicación irregular de contratos por parte del Gobierno del ex presidente valenciano Francisco Camps con otras dos piezas de la misma causa en las que el juez indaga la financiación ilegal del PP.
A lo largo de la investigación, como ha recordado el juez en otras resoluciones, ha surgido la relación entre las empresas de la red, que se encargaban en exclusiva del montaje de actos electorales del PP valenciano, la formación política y los cargos y funcionarios implicados en la contratación.
Los cabecillas de Gürtel están imputados tanto por haber recibido contratos supuestamente amañados y haber sobornado a cargos públicos como por haber participado en la financiación ilegal del partido. Hasta ahora, sin embargo, unos y otros hechos se habían mantenido en contenedores estancos. Algo que cambia con la providencia dictada ahora.
El magistrado pide a los populares que certifiquen vía fax, en un plazo de cinco días, si un total de 29 personas tuvieron algún cargo orgánico o formaron parte de alguna comisión en el partido (regional, provincial y local). Si integraron algún comité de campaña de naturaleza electoral; o si fueron miembros en representación del partido en la respectiva diputación provincial, ayuntamiento o en las Cortes Valencianas entre 2004 a 2009.
Esos son los años a los que se extiende la investigación abierta por la supuesta adjudicación a dedo de contratos, que sería constitutiva de los delitos de malversación, prevaricación y, en algunos casos, de falsedad documental.
Sobre alguno de los citados a declarar no pesa ya la imputación, y la mayor parte de ellos han abandonado los cargos públicos, aunque aquellos que tenían plaza en la plantilla de la Generalitat o en sus empresas pública los mantienen.
Respecto a los 18 ex altos cargos, el magistrado pide información sobre Juan Miguel Bellver, ex director general de la empresa pública Vaersa; María Auxiliadora Hernández Miñana, ex secretaria autonómica de Educación; Dora Ibars, ex directora general de Promoción Institucional de la Generalitat; y Arantxa Vallés, ex responsable de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunitat.
Requiere también información sobre Vicente Farnós, ex director de Castelló Cultural; Silvia Caballer, ex directora general del Libro; Rafael Peset, exsubsecretario de la Consejería de Sanidad; Alfonso Bataller, alcalde de Castellón y exsubsecretario de Sanidad; José Clérigues, exdirector de Farmacia y Productos Sanitarios; María Luisa Carrera, ex directora de Asistencia Sanitaria; y Pilar Ripoll, ex directora general de Calidad y Atención al Paciente.
El juez pregunta, además, por los ex consejeros de Sanidad Luis Rosado y Manuel Cervera; los ex secretarios autonómicos de Deportes David Serra (que sigue siendo diputado en las Cortes Valencianas y también está imputado por la supuesta financiación ilegal del PP) y Niurka Montalvo; Alicia de Miguel, ex diputada y ex consejera de Bienestar Social; Enrique Navarro Alejandro, ex secretario autonómico de Familia y Solidaridad; y Clara Abellán, ex directora general en Bienestar Social.
Junto a ellos, el juez pide información al PP sobre dos altos cargos del Consell que siguen ocupando sus puestos pese a estar imputados: Carmen Díaz, gerente de la Fundación La Luz de las Imágenes; e Inmaculada García Pardo, directora general de la Entidad de Infraestructuras de la Generalitat.
Ceres se interesa igualmente por Paula de Cubas, ex asesora de prensa de diversos departamentos de la Generalitat; José María Vidal, quien ocupó diferentes cargos en la Administración y también trabajó para Orange Market; Aránzazu Gil, exsecretaria de Farnós; Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, exasesor jurídico de Vaersa o Enrique Bort, exjefe de gabinete técnico de la Sociedad para la Seguridad y Promoción Industrial Valenciana (Sepiva). También cita a Ignacio Ferrer (de la subsecretaría de la Consejería de Sanidad); Patria Callaghan (jefa de sección de Calidad Ambiental de la Consejería de Territorio), y a Emilia Llorca.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/31/valencia/1396287645_379279.htmlEL JUEZ PIDE TODO LO QUE HAN FACTURADO AL CONSELL LAS FIRMAS QUE FINANCIARON AL PARTIDO POPULAR
La Generalitat deberá informar de todos los contratos adjudicados entre 2006 y 2009
La investigación de la piedra angular del Gürtel valenciano -la presunta financiación ilegal del PP- encara su recta final de manera agitada. El magistrado que estudia si el PP, siendo presidente Francisco Camps, se financió en negro quiere saber cuántos contratos públicos y por qué importe recibieron del Consell las empresas que, según la Policía, le ayudaron durante años a financiar sus campañas.
José Ceres ha requerido a la Intervención General de la Generalitat -dependiente de la Consellería de Hacienda- la certificación de las cantidades que percibieron estas compañías entre los años 2006 y 2009. En el listado destacan el holding empresarial de la familia del presidente de las Cortes, Juan Cotino; las sociedades del constructor de referencia de la alcaldesa Sonia Castedo, Enrique Ortiz, las compañías de los industriales Enrique Gimeno y Rafael Martínez o los grupos Lubasa, Cyes y Piaf.
La respuesta a esta solicitud, que el juez hace a través de una providencia, despejará las dudas sobre los contratos adjudicados por la Generalitat a estas constructoras, cuyos datos se han ido conociendo con cuentagotas a través de preguntas de la oposición.
Esta resolución obedece a una petición de la Fiscalía Anticorrupción, quien el pasado 18 de marzo remitió un escrito al magistrado solicitando una serie de datos. El Ministerio Público persigue vincular a los empresarios que, supuestamente, financiaron al PP autonómico con el logro de contratos del Ejecutivo. Ceres le ha dado vía libre y ahora espera la respuesta de la Generalitat Valenciana.
El juez urge esta información apenas tres semanas después de que llegara el último informe de Hacienda en el que los inspectores concluían que los populares autonómicos se financiaron con dinero en b. El documento también constataba que las empresas que presuntamente financiaron al partido se hicieron cargo del pago de 1,3 millones (la deuda, sostiene Hacienda, era de los populares) a través de facturas falsas emitidas por la filial de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana, Orange Market y resolvía que, con este sistema, la trama corrupta rebajó en 2007 la deuda del PP en 517.613 euros -a cargo de Facsa, Pavimentos del Sud, Grupo Vallalba, Constructora Hormi y Piaf SL- y de 683.524 en 2008, que corrieron a cuenta de Enrique Ortiz e Hijos y Sedesa.
En esta pieza están imputados el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, así como los gestores de Orange Market, el ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa, el ex vicesecretario general del PPCV, David Serra, la ex tesorera Yolanda García y los responsables de las empresas que supuestamente participaron en la financiación irregular del partido de las que ahora el magistrado pide cuentas a la Generalitat.
Además, José Ceres también solicita que el informe de la Unidad central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía aportado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz y remitido al Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) se una al tronco de las actuaciones, dice, «toda vez que se refiere a hechos objeto de investigación tanto en las piezas 1 y 2 (financiación y delito electoral), la 6 (la visita del Papa) y la 5 (los contratos con Orange Market)».
Asimismo, ha requerido al PP autonómico información sobre los cargos y delegaciones que hayan ocupado en la agrupación Ricardo Costa, Vicente Rambla, David Serra, Cristina Ibáñez y Yolanda García entre 2005 y 2009.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/04/01/5339c699ca474102148b4577.htmlJUAN CARLOS NAVARRO: ´LA CUESTIÓN DE COMPETENCIA VA A PROVOCAR QUE EL JUICIO DE FITUR SE RETRASE UN AÑO Y MEDIO´
«Yo creo que el caso se debe juzgar en la Audiencia de Valencia porque aquí se gestionaron los contratos», expone el abogado de Correa en el caso Gürtel
Abogado de Francisco Correa en el caso Gürtel. El primer juicio del caso Gürtel debía arrancar mañana en el TSJ de Valencia, pero la renuncia en el último momento de Milagrosa Martínez a su escaño ha dado un vuelco al procedimiento. El letrado del supuesto líder de la trama analiza las posibilidades que se abren y defiende que la vista se tiene que celebrar en la Audiencia Provincial porque las adjudicaciones de Fitur se gestionaron en Valencia.
Menuda ha montado Milagrosa Martínez con su renuncia en el último momento ¿Qué va a pasar ahora?
Ahora se ha suspendido el procedimiento hasta que se resuelva que órgano es el competente. Ahí se barajan tres posibilidades: el TSJ de Valencia, la Audiencia Nacional o la Audiencia de Valencia.
¿Cuál cree usted que es el competente?
Aquí hay diferentes opiniones. Yo y otros compañeros de la defensa entendemos que la competencia le corresponde a la Audiencia de Valencia por el lugar donde ocurrieron los hechos, aunque es un tema complejo y no está claro. Yo entiendo que si los contratos se han firmado en Valencia el competente es la Audiencia Provincial. El concurso se gestiona desde Valencia.
Las partes ya dan por hecho que al final el Supremo va a tener que resolver sobre la competencia ¿Cuánto tiempo puede tardar el Tribunal Supremo?
Como mínimo no va a resolver antes del verano y después el tribunal donde caiga tiene que señalar. Si coincide con el juicio de Madrid „la rama principal de la Gürtel que ya está a punto„ no sabemos qué puede pasar. Primero se tendría que hacer uno y luego el otro.
¿Cuándo podría salir el juicio de la Audiencia Nacional?
La previsión es que arranque antes de final de año. Ese juicio va a ser larguísimo. Va a durar como mínimo un año.
¿Y se podrá simultanear con el de Valencia?
No. Lo más probable es que el juicio de Fitur sea dentro de un año y medio.
Ustedes, los abogados de los cabecillas, se sumaron a la recusación de la sala que planteó sin éxito la funcionaria procesada Ana Grau y ahora insisten en que el TSJ no juzgue el caso ¿Por qué?
Nosotros creemos que la sala ha perdido la competencia y que está contaminada. No es que la sala tenga prejuicios porque está formada por unos magistrados con una trayectoria intachable y son muy profesionales. Yo creo que están contaminados porque han resuelto cuestiones que afectan a la instrucción.
¿A qué se refiere?
A que ha participado en la instrucción cuando resolvió un recurso sobre la transformación del procedimiento. Ahí tuvo que entrar en el fondo del asunto porque había planteamientos que afectaban al derecho de defensa y a la tutela judicial efectiva. En cualquier caso, el TSJ de Valencia ha tenido un comportamiento exquisito y ha sido muy escrupuloso. No se ha dejado influenciar ni por la Fiscalía ni por las defensas ni por los políticos.
La causa está dividida en seis piezas que pueden derivar en cuatro, cinco o seis juicios ¿No se podría hacer todo en uno?
Eso es lo que hemos peleado. Nosotros queremos que haya una causa única, pero el fiscal se ha opuesto continuamente. Con una causa única incluso el procedimiento de Madrid tendría que venir a Valencia, pero eso no interesa a la Fiscalía.
Pablo Crespo se quejó de que al haber tantas piezas al final van a condenarlos varias veces por hechos muy similares ¿Eso es así?
Así es. Además, con el primer juicio el fiscal ya va a conocer las armas de defensa. Y nos podemos enfrentar a dobles condenas.
En el escenario más negativo ¿A qué penas les podrían condenar?
A más de cien años.
¿Y el cumplimiento mínimo?
Dieciocho años.
El gran beneficiado de la renuncia de las aforadas (Milagrosa Martínez y Angélica Such) es el PP porque si el caso pasa a la Audiencia Nacional se perderá repercusión ¿Lo perciben ustedes así?
Yo no voy a entrar en cuestiones políticas. Otras defensas y yo estamos deseando hacer este juicio. Entendemos que en este juicio pueden resultar absueltos.
¿Por qué?
Porque este procedimientos se basa en suposiciones de la policía. La UDEF no ha sabido diferenciar un hecho objetivo de una sospecha.
¿Por ejemplo?
La Udef dice que hay una doble facturación y es falso. Es una facturación que anula a la otra. O lo de Cotino. La Udef dice que Juan Cotino se reúne con Pablo Crespo y es falso.
Bueno, pero Cotino sí que parece que tuvo alguna intervención en la visita del Papa por lo que han dicho los testigos.
Cotino en la visita del Papa actúa sin ninguna vinculación con el grupo Correa. Es un voluntario que se presta a trabajar para la organización de la visita del Papa.
Ya me ha dicho que no quiere hablar del PP, pero ¿han recibido alguna presión para que no declaren sus clientes?
Nunca. Ni ahora ni nunca.
¿Y por qué no declaran?
Porque a Pablo Crespo y a Francisco Correa se les ha vulnerando su derecho de defensa desde el inicio de procedimiento como consecuencia de la intervención de un juez prevaricador „Baltasar Garzón„. Esta investigación arranca llena de irregularidades.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/03/31/cuestion-competencia-provocar-juicio-fitur/1095497.htmlBANKIA DEMANDA A LA FUNDACIÓN DEL PAPA POR NO PAGAR LOS HOTELES Y VIAJES DE LOS CARDENALES
Cavaltour, la agencia de viajes de Bancaja, gestionó los alojamientos a cambio de 1,2 millones de euros
Los patronos plantan al obispo de Palencia en una reunión que convocó el pasado mes de noviembre para valorar el pleito
Cavaltour, la agencia de viajes de la extinta Bancaja, gestionó la reserva de gran parte de los viajes y noches de hotel que los organizadores de la visita del Papa a Valencia en 2006 prepararon para acomodar a cardenales, obispos y curia llegada de toda España y desde Roma. Casi ocho años después, aquella firma, de la que el 50% depende de otro socio privado, Orizonia, está en liquidación como parte del proceso de saneamiento de Bankia y presentó hace unos meses una demanda civil contra la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para reclamar en los tribunales la deuda que se arrastra por estos servicios.
Fuentes de la entidad bancaria confirmaron ayer a EL MUNDO la puesta en marcha de esta reclamación judicial por unos impagos que otras fuentes elevan hasta los 200.000 euros, aproximadamente. Este tipo de deudas -así como otras, como los 7.000 urinarios que se compraron a Acciona por 3 millones de euros- han impedido liquidar la fundación, en la que estaban representados la Generalitat de Francisco Camps, el Ayuntamiento de Rita Barberá y el Arzobispado, entonces dirigido por Agustín García Gasco, ya fallecido.
La agencia de viajes de Bancaja gestionó las reservas de habitaciones donde se alojaron los miembros del colegio cardenalicio y la seguridad privada que acompañó al jefe de Estado del Vaticano entre los días 6 y 9 de julio de 2006, además de los billetes de tren y avión que se pagaron para que la curia se desplazara.
Varias fuentes cifran la cantidad reclamada judicialmente en cerca de 200.000 euros. El Arzobispado de Valencia dice que hay un acuerdo extrajudicial.
La Fundación V Encuentro, cuyos contratos también investiga el juez valenciano José Ceres dentro del caso Gürtel, destinó 1,2 millones de euros a alojamientos que patrocinó con los fondos que inyectaban las administraciones públicas. Los patronos encargaron a Cavaltour estos servicios porque Bancaja, entonces presidida por José Luis Olivas, era uno de los patrocinadores del evento y conocía los establecimientos de la ciudad.
Según fuentes cercanas a la organización del acto, muchas de las habitaciones que se reservaron para estos sacerdotes quedaron sin ocupar porque los patronos temían que los peregrinos colapsaran la oferta hotelera de Valencia. Las previsiones no se cumplieron y el touroperador imputó los gastos de la reserva a la Fundación.
Según consta en el registro mercantil, seis días antes de la llegada de Joseph Ratzinger, Bancaja modificó el objeto social de su agencia de viajes para incluir la «mediación en la venta de billetes» y «reserva de habitaciones de hotel». La Fundación ha ido liquidando la deuda con el tiempo a golpe de requerimientos, añaden estas fuentes, pero del resto no se sabe nada. Esteban Escudero, presidente de la Fundación entonces como obispo auxiliar de Valencia (actualmente es obispo de Palencia), convocó recientemente a los patronos para «el estudio de la demanda presentada por Cavaltour SA».
La cita de Escudero no se celebró porque no asistieron los representantes políticos. Bankia se mostró partidaria de seguir negociando con la Fundación para cobrar la deuda. El Arzobispado, en cambio, dijo ayer que ya hay un acuerdo extrajudicial con Bankia para que se retire la demanda y pagar 8 años después.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/29/5335e3d5e2704e33078b4582.htmlBANKIA DEMANDA A VALENCIA Y SU ARZOBISBADO POR NO PAGAR LOS HOTELES DE LA CURIA EN LA VISITA DEL PAPA
Benedicto XVI visitó Valencia en julio de 2006 por el Encuentro Mundial de las Familias. La organización del evento todavía colea como una de las ramas de Gürtel por el festín de comisiones que el grupo de Correa se dio con dinero público. También colean las deudas que dejó la fundación que unió a Arzobispado, ayuntamiento y Generalitat. Bankia les ha demandado por el impago de las noches de hotel de la Curia, que gestionó Cavaltour.
Cavaltour, la agencia de viajes de la extinta Bancaja, gestionó la reserva de gran parte de los traslados y noches de hotel que los organizadores de la visita del Papa a Valencia en 2006 prepararon para acomodar a cardenales, obispos y Curia llegada de toda España y desde Roma. Casi ocho años después, aquella firma, hoy en liquidación como parte del proceso de saneamiento de Bankia, ha presentado una demanda civil contra la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias para reclamar en los tribunales la deuda que se arrastra por estos servicios.
Fuentes de la entidad bancaria confirmaron ayer a EL MUNDO la puesta en marcha de esta reclamación judicial por unos impagos que otras fuentes elevan hasta los 200.000 euros. Este tipo de deudas -así como otras, como los 7.000 urinarios que se compraron a Acciona por tres millones de euros- han impedido liquidar la citada fundación, en la que estaban representados la Generalitat de Francisco Camps, el Ayuntamiento de Rita Barberá y el Arzobispado, entonces dirigido por Agustín García Gasco, ya fallecido.
La agencia de viajes de Bancaja gestionó las reservas de habitaciones donde se alojaron los miembros del colegio cardenalicio y la seguridad privada que acompañó al jefe de Estado del Vaticano entre los días 6 y 9 de julio de 2006, además de los billetes de tren y avión que se pagaron para que la Curia española se desplazara a Valencia.
La Fundación V Encuentro, cuyos contratos también investiga el juez valenciano José Ceres dentro del caso Gürtel, destinó 1,2 millones de euros a alojamientos que patrocinó con los fondos que inyectaban las administraciones públicas. Los patronos encargaron a Cavaltour estos servicios porque Bancaja, entonces presidida por José Luis Olivas, era uno de los patrocinadores del evento y conocía los establecimientos de la ciudad.
Según fuentes cercanas a la organización del acto, muchas de las habitaciones que se reservaron para estos sacerdotes quedaron sin ocupar porque los patronos temían que los peregrinos colapsaran la oferta hotelera de Valencia. Las previsiones no se cumplieron y el touroperador imputó los gastos de la reserva a la Fundación.
Según consta en el registro mercantil, seis días antes de la llegada de Joseph Ratzinger Bancaja modificó el objeto social de su agencia de viajes para incluir la «mediación en la venta de billetes» y «reserva de habitaciones de hotel».
La Fundación ha ido liquidando la deuda con el tiempo a golpe de requerimientos, añaden estas fuentes, pero del resto no se sabe nada. Esteban Escudero, presidente de la Fundación entonces como obispo auxiliar de Valencia (actualmente es obispo de Palencia), convocó recientemente a los patronos para «el estudio de la demanda presentada por Cavaltour».
La cita de Escudero no se celebró porque no asistieron los representantes políticos. El Arzobispado de Valencia corroboró ayer esta información, aunque matizó que desde diciembre trabaja en un acuerdo extrajudicial con Bankia para archivar la demanda.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/29/533610d5ca47415c338b4583.htmlEL FISCAL ACUSA A LAS EXCONSELLERAS SUCH Y MARTÍNEZ DE ENTORPECER EL JUICIO DE FITUR
Anticorrupción insiste en que el caso debe ser juzgado por el TSJ pese a la dimisión de las diputadas
La Fiscalía Anticorrupción ha arremetido contra las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such en el escrito que ha presentado ante el TSJ reclamando que celebre el juicio de Fitur. El fiscal, en un informe de diez páginas, acusa a las exconselleras de entorpecer el primer juicio del caso Gürtel con su renuncia al escaño y al aforamiento cuando estaba a punto de empezar la vista. El ministerio público advierte a la sala de que la suerte procesal del resto de los acusados que no estaban aforados «no puede quedar al arbitrio de la mera voluntad» de las dos ex diputadas autonómicas «en esta fase del proceso».
El TSJ cerró ayer el plazo para que las partes se pronuncien sobre dónde se tiene que celebrar el juicio tras la pérdida del aforamiento de Such y Martínez. Angélica Such defiende que el juicio lo tiene que hacer la Audiencia de Valencia y Martínez solo ha alegado que el TSJ carece de competencia. El fiscal Anticorrupción insiste en su escrito en que «las circunstancias que han rodeado la pérdida del aforamiento de las acusadas revisten carácter de fraude de ley». La Fiscalía recuerda a la sala que la renuncia de las procesadas se ha producido «un año después de conocer los escritos de acusación, ocho meses después de dictarse auto de apertura de juicio oral y a escasos días del inicio de las sesiones señaladas para la celebración de la vista».
Recurso ante el Supremo
El representante del ministerio público adelanta en sus alegaciones que si el TSJ se desentiende de la competencia en favor de la Audiencia Nacional o de la de Valencia recurrirá la decisión ante el Tribunal Supremo. Todas las partes dan por hecho de que el asunto acabará en el Tribunal Supremo, lo que implicará un retraso mínimo de seis meses.La Fiscalía considera que el caso se tiene que juzgar en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia porque la renuncia del fuero se ha producido cuando ya se había consolidado la competencia. El PSPV, que ejerce la acusación popular, también defiende como Anticorrupción que la vista tiene que ser en el TSJ con el mismo argumento.
A juicio de Anticorrupción, la sala debe retener la causa para «evitar dilaciones indebidas, preservar la seguridad jurídica, garantizar la actuación del juez predeterminado por la ley y evitar pronunciamientos contradictorios dentro de un mismo procedimiento».
El fiscal añade que el TSJ está instruyendo dentro del caso Gürtel la pieza de la adjudicación a la trama de la sonorización de la visita del Papa por 7 millones a pesar de que no hay aforados.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/03/28/fiscal-acusa-exconselleras-such-martinez/1094623.htmlLA FISCALÍA SE APOYA EN LAS DECISIONES PREVIAS DEL SUPREMO
La Fiscalía Anticorrupción destaca en su escrito que el Supremo ya estableció que el TSJ era competente para instruir los hechos cometidos en Valencia sin aforados para que no se rompa la unidad de las pesquisas. El fiscal destaca que por este motivo se instruye desde hace un año la pieza de la visita del Papa en el TSJ sin que se haya planteado la inhibición por la ausencia de aforados. Los grandes beneficiados con la renuncia de las dos diputadas han sido los cabecillas de la trama que quieren que el caso pase a otro tribunal porque consideran que la sala «está contaminada» al haber resuelto sobre el fondo del asunto en uno de los recursos durante la fase de instrucción. Algunos procesados, según informó ayer la Agencia EFE, sí que han pedido que la sala del TSJ mantenga la competencia. El abogado del el exjefe del área de Mercados de la Agencia de Turismo Isaac Vidal cree que «para evitar dilaciones y por economía procesal» debe ser el TSJ quien enjuicie este asunto, oponiéndose así a las pretensiones de las exconselleras y los cabecillas de la trama. r. f. valencia
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/03/28/fiscalia-apoya-decisiones-previas-supremo/1094624.htmlLOS JUECES SUSPENDEN EL JUICIO DE FITUR HASTA DECIDIR QUÉ TRIBUNAL LO JUZGARÁ
Los magistrados pidieron a las partes que se pronunciaran sobre quién tiene la competencia
El detonante del aplazamiento fue la dimisión de Milagrosa Martínez, conocida como La Perla
El Tribunal Superior de Justicia valenciano ha cumplido este martes con las previsiones y ha aplazado el inicio del juicio por las adjudicaciones, presuntamente amañadas, de la feria Fitur a la trama Gürtel por parte de la Generalitat. Los jueces han suspendido el inicio de las vistas en tanto deciden qué tribunal se encargará de enjuiciar los hechos, una vez que la expresidenta de las Cortes Valencianas y alcaldesa de Novelda (Alicante), Milagrosa Martínez, renunciase a su escaño la semana pasada.
Al ser la única aforada que quedaba en dicha pieza separada -la también exconsejera y acusada Angélica Such dimitió unas semanas antes como diputada- el tribunal ha perdido el motivo por el que se le atribuía la competencia: la condición de aforada de Martínez, a quienes los miembros del grupo de Francisco Correa llamaban La Perla.
La Fiscalía Anticorrupción ya anunció que defendería la celebración en el Tribunal Superior (TSJ) valenciano del juicio tal y como estaba previsto al considerar que la renuncia de la diputada Martínez escondía un "fraude de ley" para cambiar de organismo judicial. El tribunal ha solicitado a las partes que se pronuncie sobre quién es ahora competente para enjuiciar la pieza separada de Gürtel.
Fuentes jurídicas consideran que es muy probable que el TSJ decline su competencia porque hace poco, en un caso similar, mantuvo que la competencia del tribunal se determina por la condición (o no) de aforados entre los acusados en el momento de inicio del juicio, que estaba previsto para el 31 de marzo, el lunes que viene. Lo normal en ese caso es que la pieza separada vuelva al lugar donde empezó a ser investigada por el juez Baltasar Garzón hace más de cinco años, la Audiencia Nacional. Allí se encuentra la parte troncal del caso que instruye el magistrado Pablo Ruz.
Milagrosa Martínez, también alcaldesa de Novelda (Alicanate), dejó su escaño en las Cortes el pasado viernes, un día después de que el Comité de Derechos y Garantías del Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) nombrara a una instructora para estudiar su situación, y después de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, indicara que todas aquellas personas que estuvieran procesadas en casos vinculados a la corrupción debían "quedar fuera de lo que es la vida política".
En la pieza de Fitur están procesadas, además de Martínez y Such, otras 11 personas: Rafael Betoret, exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo; Isaac Vidal, exjefe del área de Mercados y Comunicación de la Agencia Valenciana de Turismo (AVT); Jorge Guarro, jefe del servicio de Promoción de la agencia y Ana Grau coordinadora de ferias de la AVT; Juan Bover, jefe de servicio de Infraestructuras Turísticast; y los miembros de la trama Francisco Correa, Alvaro Pérez, Pablo Crespo, Cándido Herrero, Isabel Jordán y Mónica Magariños.
Para Milagrosa Martínez, Fiscalía solicita una pena de 11 años de prisión y 34 de inhabilitación por presunta prevaricación, malversación de caudales públicos y cohecho, mientras que para Such solicita nueve años de inhabilitación para empleo o cargo público.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/25/valencia/1395761984_875513.htmlGÜRTEL DICTABA DESDE MADRID CÓMO DEBÍA PAGAR PRESIDENCIA DE LA GENERALITAT
Cuando la trama no lograba cobrar una factura, se resarcía hinchando más la siguiente
La policía detalla la facturación a la carta de la trama con el Gobierno de Camps
La trama Gürtel decidía desde Madrid cómo debía pagar las facturas Presidencia de la Generalitat Valenciana. Un informe policial sobre el registro en Special Events, una de las empresas de la red, cuya sede estaba ubicada en un chalet de la calle Virgen de Fátima número 9, en Pozuelo de Alarcón, entregado hace unas semanas al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, desvela la facturación a la carta que el grupo de Francisco Correa emitía al Gobierno del expresidente valenciano Francisco Camps. En uno de los correos intervenidos, el número dos de la trama, Pablo Crespo, “detalla el desglose para la facturación de la Generalitat” a Mónica Magariños, empleada de la filial valenciana de la red Orange Market. El encargo, la elaboración de una guía de la comunicación, es fraccionado en cuatro pagos. Y Crespo “marca la empresa que supuestamente debe figurar como emisora de cada factura”, señala la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF).
La primera, por 11.948 euros, debe llevar como concepto “la creatividad, diseño y maquetación de una guía de la comunicación para la Generalitat Valenciana”. El lugarteniente de Correa señala que la factura debe ir a nombre de Gráficas Izquierdo, una imprenta con sede en Almàssera (Valencia). Crespo ordena que la segunda, que asciende a 11.632 euros, por “impresión de 5.000 ejemplares de la guía de la comunicación en papel estucado mate de 115 gramos y 300 gramos las portadas”, debe ir a nombre de la empresa de Fotomecánica Grupo Rafael, con sede en Madrid. El número dos de la red dicta que Presidencia debe pagar otras dos facturas, por 9.187 euros y 11.890 euros, que llevarán como conceptos “distribución de 5.000 ejemplares de la guía de la comunicación” y “creatividad, diseño e impresión de 1.200 cajas de regalo en cartulina gráfica de 300 gramos, impresión a dos tintas, troquelado y pegado para la Generalitat valenciana” respectivamente.
Las dos últimas facturas, escribe Crespo, deben ir a nombre de dos sociedades del grupo, Good and Better y Rialgreen. Según la investigación del juez José Ceres, Presidencia acabó pagando por la guía 88.000 euros cuando en principio iba a costar 24.000.
Policía e Intervención General concluyeron que la red también redactaba contratos públicos
La policía y la Intervención General del Estado ya concluyeron que la trama Gürtel, acusada de beneficiarse de contratos amañados por parte de numerosas Administraciones españolas, también redactó varios de los contratos públicos que la Generalitat le adjudicó.
No es casualidad que todas las facturas analizadas por la UDEF en el informe sobre la empresa de la red Special Events tengan un importe algo inferior a los 12.000 euros. La trama, constata la policía, emitía “tantas facturas como eran necesarias para que cada una de ellas no superase los 12.000 euros y hacerlo pasar como un contrato menor y no tener que convocarlo mediante un concurso público”. Esto es, poder concederlo a dedo.
La red encontraba a veces problemas para cobrar. Pero sabía resarcirse. La trama anota sobre una factura a la Agencia Valenciana de Turismo: “Nos dijo [Rafael] Betoret que no la íbamos a cobrar. Enviado mail a Cándido [Herrero] donde se le informaba y le decíamos que el importe lo imputase a otros actos que fuera a realizar”.
Varios de los aludidos por la policía se sentarán en el banquillo en el juicio de Fitur
La factura era de 2005 y el correo al que se alude, de 2007. La conclusión es que en aquellos casos en que la Generalitat consideraba que algo no podía ser pagado, la trama se resarcía inflando aún más de lo habitual otra factura posterior.
Betoret era el jefe de gabinete de las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such. Los tres se sentarán en el banquillo por las millonarias adjudicaciones a la red relacionadas con la feria turística Fitur, en un juicio que debía empezar este mes y cuya fecha está ahora en el aire tras la renuncia de Martínez, conocida como La Perla, a su escaño en las Cortes Valencianas. Junto a ellos se sentará el otro aludido en el correo, Cándido Herrero, subordinado de Álvaro Pérez, El Bigotes. El informe policial describe a Herrero como “responsable financiero de la sociedad del grupo Orange Market, siendo el contacto directo con las Administraciones de la Generalitat Valenciana”. “Desde Madrid le proporcionaban las facturas que éste requería”, agrega la UDEF.
El informe recoge otro ejemplo de la flexibilidad que la red corrupta encontraba en la contabilidad de la Generalitat. Y de cómo la dirección de la trama funcionaba como una especie de fábrica de facturas. Un correo enviado por Herrero a la sede central de la trama, con copia a la cuenta de Pablo Crespo, en diciembre de 2007 señala: “Buenos días Alicia. Necesito una factura para Conselleria de Educación. Avenida Campanar, 32. 46015, Valencia. Concepto: Jornadas de Disciplina con Dignidad. Museo Príncipe Felipe. Creatividad imagen de la jornada. DVD. Equipo de traducción simultánea. Cantidad: 9.918 euros”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/24/valencia/1395677299_971540.htmlLA POLICÍA INVESTIGA LA PROCEDENCIA DE LOS PAGOS CANAL 9 PAGÓ LA VISITA DEL PAPA A LA TRAMA GÜRTEL CON EL DINERO PARA NÓMINAS
Los investigadores creen que el ente adelantó los 7,4 millones de euros de las pantallas por no tener presupuesto
La comisión de liquidación de RTVV confirma al TSJ de Valencia que la dirección manipuló las fechas de la reserva de dinero
Hubo un tiempo en el que el dinero no importaba en Radiotelevisió Valenciana, recién extinguida por orden del Gobierno de Alberto Fabra para dar oxígeno al presupuesto público. Canal 9, siendo presidente Francisco Camps, pagó por adelantado a Teconsa (la constructora donde se ocultó la organización de Francisco Correa según todos los indicios) 7,4 millones de euros por el suministro de pantallas de vídeo, sonido y megafonía para la visita del Papa a Valencia en julio de 2006.
Las facturas escandalizaron a técnicos y administrativos porque un proveedor habitual -y la propia trama en anotaciones internas- había valorado el servicio en poco más de tres millones. La Agencia Tributaria sostiene en un informe de 2010 que el resto se repartió en comisiones para los cabecillas de Gürtel.
RTVV no disponía de ese dinero en el presupuesto ordinario y la empresa (que está en fase de liquidación tras haber acordado con los 1.600 ex trabajadores indemnizaciones por valor de 83 millones de euros) ha entregado un documento al Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana en el que confirma que la dirección del ente público, siendo director general Pedro García, presuntamente manipuló fechas para que Gürtel cobrara la visita por adelantado.
Es decir, pese a que las negociaciones con la trama Gürtel empezaron en 2005, Canal 9 no hizo ninguna reserva en su presupuesto, en parte, porque iba hinchándose a medida que pasaban las semanas. De ahí que los investigadores sospechen que el departamento financiero metió mano al capítulo de nóminas porque era el único apartado al que se podía recurrir para empezar a cobrar el evento semanas antes de que se celebrara, según apuntan fuentes de la investigación a EL MUNDO.
Los trabajadores del departamento económico de RTVV mantuvieron ante el juez José Ceres, que investiga en Valencia esos contratos, que la solicitud de gasto no fue realizada y contabilizada presupuestariamente hasta julio de 2006.
La propia cadena ha trasladado a los investigadores que la documentación pudo manipularse para que en la solicitud de gasto figurara la fecha de 12 de abril de 2006 y así aparentar la existencia de reserva económica dentro del procedimiento.
«Pese a que en el documento 'Solicitud de Gasto' figura la fecha de 12 de abril de 2006, de los datos que figuran en nuestro registro informático se aprecia que la autorización de la 'Solicitud de Gasto' se incorporó a la base datos el 7 de julio de dicho año», ha explicado al TSJ Canal 9 en un informe reciente. La persona que en última instancia aprobó este proceso fue el ex director general Pedro García, socio de Álvaro Pérez El Bigotes en Orange Market, según la Policía, y ex jefe de prensa de Camps.
Policía y Fiscalía siguen sin tener clara la fecha en la que la mesa de contratación adjudicó a Gürtel la visita, aunque ya no hay dudas de que se hizo sin haber reserva económica. Hasta ahora el sumario señalaba el día 8 de mayo como la fecha de la adjudicación, y Teconsa cobró casi la mitad del evento dos días después, el 10 de mayo de 2006. Ningún miembro de la mesa de contratación (entre los que destaca Vicente Sanz, ex directivo acusado de abusos sexuales a periodistas) está imputado en la causa.
Pedro García inyectó a Francisco Correa 3,7 millones de euros el día de la firma del contrato
Así lo constata una de las tres facturas que la constructora presentó para cobrar el contrato más caro de la historia de Canal 9 y a las que ha tenido acceso este periódico. La primera ascendió a 3,7 millones de euros (con IVA ) y en el concepto incluía la «cobertura televisiva integral en la programación especial que TVV emitirá con motivo de la visita de su Santidad». La segunda factura se presentó el 20 de junio de 2006 (cuatro días antes de que empezara la instalación de pantallas por Valencia) y ascendió a 2,2 millones (IVA incluido). El dinero de ambas facturas se pago con fondos de otras partidas ya que el evento no tenía capítulo presupuestario. Los investigadores tienen cada vez más claro que RTVV adelantó a Gürtel parte del dinero y el capítulo reservado para nóminas era el único que podía hacer frente a un gasto tan elevado, insisten diversas fuentes.
Gürtel presentó una tercera factura de 1,4 millones (IVA incluido) el 10 de julio de 2006, sólo un día después de que Benedicto XVI regresara al Vaticano. En este caso, según esta documentación, ya existía la solicitud de gasto.
La organización de Francisco Correa no sólo pudo jugar con ventaja en la adjudicación, sino que también en las órdenes de pago. Mientras los proveedores habituales de Canal 9 cobraban con un retraso de entre 15 y 24 meses, según la sindicatura de Comptes, Correa y sus aliados cobraron por adelantado dos terceras partes del evento.
Acta de adjudicación
La adjudicación a Teconsa y su acta es un ejemplo delirante de mala praxis administrativa: La fecha aparece tachada y con otra sobrescrita, dice que empezó a las 11.00 horas y acabó a las 12.00 y, aunque se asegura que asistieron siete personas, sólo aparece la firma de seis de ellos. El propio presidente de la mesa de contratación, José Llorca, se enteró cuando declaró como testigo de que él ostentaba este puesto. O al menos eso dijo.
El proceso administrativo contiene tantos errores que ni tan siquiera las fechas cuadran. La mesa de contratación adjudicó a la constructora leonesa el servicio de las pantallas en base a un informe técnico que primero se presentó el 4 de mayo de 2006 pese a que otros testimonios señalan al día 5. Tampoco se sabe la fecha exacta en la que la mesa adjudicó a Teconsa el servicio aunque los investigadores creen que fue entre el 8 y el 11 de mayo de ese año. El contrato se firmó el 10 de mayo, el mismo día que recibió 3,7 millones.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/23/532de1aee2704e453d8b4574.htmlGÜRTEL DESANGRA AL PP VALENCIANO
Los tribunales encaran los primeros juicios por corrupción contra ex altos cargos mientras van cerrando la investigación del grueso de la trama
Cinco años después, la trama de corrupción masiva dirigida por Francisco Correa, que desparramó sus influencias por varias comunidades y una decena de ayuntamientos del PP, ha colocado a más de una docena de excargos públicos valencianos a los pies del banquillo de los acusados. Serán casi los primeros, pero a ellos les sucederán los implicados en el grueso del caso y otros excargos populares, como los de Madrid, defenestrados políticamente al inicio de la investigación, pero que aún no han rendido cuentas ante la justicia.
A 14 meses de las próximas elecciones municipales y autonómicas, los procesos judiciales colocarán bajo mínimos el prestigio del PP valenciano por sus prácticas presuntamente ilegales. Es probable que las maniobras de sus dirigentes impidan una nueva foto en el banquillo antes de las elecciones europeas, pero no podrán frenar las investigaciones y el remate a un proceso judicial que, día a día, certifica el despliegue de todo un mecanismo de corruptelas que los populares permitieron en la pasada década.
Sobre el horizonte de 2015, el PP valenciano resiste pero como un partido desangrado, sin que su líder, y presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, sea capaz de atajar las líneas rojas que se marcó al inicio de su mandato, heredado tras la dimisión de Francisco Camps.
Muy atrás, y diluido, quedó el compromiso de tolerancia cero hacia la corrupción. En la bancada popular, en las Cortes Valencianas, se han llegado a sentar hasta una decena de imputados. Y la promesa de limpiar sus filas de corruptos se ha transformado en una serie de fórmulas que se aplican de forma individualizada en función del caso y del calendario judicial. El PP mantiene, tras la renuncia el viernes de una imputada, Milagrosa Martínez, a seis diputados pendientes de la acción judicial.
Pero, además, los sumarios judiciales han afectado a las siguientes líneas de poder y, además de los seis exconsejeros de Camps imputados por casos de corrupción, un escalón más abajo, figuran también como imputados casi una decena de secretarios autonómicos y docenas de directores generales y altos funcionarios de la Generalitat en las distintas piezas del caso Gürtel y las otras dos grandes causas que afectan a la Comunidad Valenciana, el caso Cooperación y el caso Nóos.
Las empresas de la trama Gürtel pasaron de ser proveedores únicos de eventos de la dirección regional del PP a lograr todo un elenco de contratos con la Generalitat y dinero de adjudicatarios de la Administración valenciana con los que, según la investigación, se pagaban los actos de los populares valencianos a cambio de suculentas comisiones.
De las seis causas del caso Gürtel que se investigan en Valencia, la conclusión de las dos primeras, las referentes a la financiación ilegal de las campañas de 2007 y 2008, es la que más podría acercarse a la fecha de las próximas elecciones municipales y autonómicas. Las pesquisas han evidenciado hasta ahora cómo el PP valenciano hizo trampas para costear su despliegue en campaña. Será la justicia la que determine si fueron ilegales y quiénes fueron sus autores. Pero, mientras, algunos de los responsables de aquellos desaguisados siguen sentados en sus escaños, aunque la dirección popular cuente con poder decir que en las próximas listas no habrá ningún imputado.
El acelerón que el instructor de la causa principal, Pablo Ruz, ha dado para el grueso del sumario ha impedido, no obstante, que las investigaciones sobre las piezas separadas sufran un frenazo, ante la incapacidad de la policía (por sus limitados recursos) de responder al reclamo de los informes de análisis de la documentación incautada y la información obtenida.
Al margen de Gürtel, el desangrado PP vive también pendiente de la alcaldesa de Alicante y también parlamentaria, Sonia Castedo, imputada por el caso Brugal, acusada de cohecho, tráfico de influencias y revelación de información privilegiada del plan general de ordenación urbana al empresario Enrique Ortiz, también imputado en el caso Gürtel. No es el único edil importante del PP valenciano que está en la cuerda floja. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, también está imputado en una de las piezas del caso Gürtel que se instruye en el Tribunal Superior de Justicia valenciano por haber contratado con las empresas de la trama en su etapa como alto cargo de la Consejería de Sanidad.
Además, el PP de Alberto Fabra está a la espera de la sentencia, una vez finalizado el juicio, del llamado caso Cooperación, en el que se juzgan las irregularidades en la concesión de subvenciones a una fundación que recibió 1,6 millones de euros para dos proyectos en Nicaragua, de los que solo llegaron a su destino 43.000 euros. Su principal implicado, el exconsejero Rafael Blasco, salió del grupo popular antes de que lo expulsaran pero Fabra no fue capaz de conseguir que abandonara su escaño.
El problema no es solo que el partido que sostiene el Gobierno autonómico esté desangrado, sino que ese estado ha llevado además al mismo Ejecutivo valenciano y a toda la Administración, así como al grupo parlamentario en las Cortes Valencianas a una situación de parálisis.
Una renuncia ‘in extremis’
Milagrosa Martínez, expresidenta de las Cortes valencianas y exconsejera de Turismo con Francisco Camps, renunció a su acta de diputada el viernes pasado. A nueve días de la fecha fijada para el juicio por la adjudicación irregular durante varios años del pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur a la trama de empresas de Francisco Correa, por un montante de cerca de cinco millones de euros. Para ella, que compartirá banquillo con la también exconsejera de Turismo Angélica Such que dimitió como diputada hace tres semanas, la Fiscalía reclama un total de 11 años de cárcel.
Martínez se ha convertido en un ejemplo del irregular criterio que aplica el PP de Alberto Fabra con los implicados en casos de corrupción. Considera que no es válida su permanencia en las Cortes pero permite que siga al frente de la alcaldía de Novelda (Alicante), donde el PP no se plantea ninguna medida de presión.
La renuncia revela además el escaso interés de los dirigentes del PP valenciano porque la justicia haga su trabajo, ya que la pérdida del aforamiento ubica la causa en una encrucijada que, posiblemente, retrase el juicio. Aunque, cuanto más alejen, en el tiempo, el banquillo, más se acercarán las elecciones.
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/22/actualidad/1395519773_767745.htmlFITUR, ENTRE VALENCIA Y LA AUDIENCIA NACIONAL
La Fiscalía considera un «fraude de ley» que se pida cambiar de tribunal cuando la vista estaba ya organizada el 31 de marzo
La entrega del acta de diputada de Milagrosa Martínez lo cambia todo. Modifica su situación política y trastoca el delicado momento judicial por el que transita a cuenta de Gürtel. La Perla del Vinalopó ya no es aforada -condición que la ley otorga a los parlamentarios, sean autonómico s o nacionales- y, en principio, la causa de los contratos del Consell con las empresas de la trama corrupta -por los que Anticorrupción pide para ella 11 años- debería salir del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV).
Sin embargo, hay demasiados flecos sueltos que han de analizarse. El primero, que Fitur es una parte de un todo (la ramificación valenciana de Gürtel) en el que hay otros aforados (en la bancada del PP hay seis imputados por el caso). De momento, la Fiscalía considera que trasladar de jurisdicción el juicio, cuyo arranque estaba previsto para el 31 de marzo, sería fraude de ley, ya que todo está listo y no debería admitirse una nueva maniobra dilatoria por parte de una de las procesadas. La defensa de Pablo Crespo, miembro de la cúpula de la trama, también defiende que el TSJ no celebre el juicio.
Es la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior la que debe resolver si ese asunto general (la causa general) continúa absorbiendo a Martínez. Esta opción parece poco probable por lo que podría abrir la puerta a futuros recursos, vista la posición de Milagrosa Martínez y Pablo Crespo.
Los magistrados de la Sala se reunirán y si resuelven que Fitur ya no es competencia suya tendrán que abordar otro particular: dónde remitir el caso. Es la primera vez que a la Sala se le presenta esta cuestión.
El proceso de La Perla y los contratos de la Generalitat adjudicados a la trama podrían viajar tanto a la Audiencia Provincial de Valencia como a la Audiencia Nacional. Fue este último órgano el que envió al Tribunal Superior de Justicia valenciano el Gürtel autonómico ante la presencia de aforados. «No lo hizo por una cuestión de competencia territorial sino por una funcional que casa con la presencia de aforados», explica un magistrado consultado por este periódico.
La Audiencia Nacional remitió la parte valenciana de Gürtel al TSJCV como un todo pero ese todo quedó particularizado al dividirlo el instructor en varias piezas para agilizarlo, evitar la impunidad de conductas y facilitar los legítimos derechos de las partes. Entonces, si el grueso de esta causa está en Valencia, en el TSJCV, ¿deben permanecer allí las diligencias? Es lo que ha de despejar la Sala Civil y Penal.
Podría remitirlas a Madrid pero correría el riesgo de que le contestaran que desde allí se trasvasaron. O la Audiencia Nacional podría asumirlo ya que es ella quien está instruyendo el Gürtel global. Esta opción tiene sentido puesto que Gürtel llegó a Valencia no porque los presuntos delitos se cometieran en la autonomía sino porque había aforados. Si se descartara la opción de Madrid, el TSJCV podría mandar el asunto a la Audiencia de Valencia aunque de esta manera, según otro de los jueces consultados, se estaría desagajando del tronco. «El TSJCV debería seguir asumiéndola y celebrar el juicio como estaba previsto. Martínez ha dejado de ser aforada, es cierto, pero Fitur es una de las seis piezas y ahí sigue habiendo aforados», señala el juez.
La Fiscalía, por su parte, apuesta por que Fitur se quede en el TSJ y que se celebre el juicio tal como estaba planeado inicialmente. Argumenta que Martínez ha tenido ocho meses para devolver el acta, que Fitur forma parte de Gürtel y que la vista iba a empezar ya.
Otros magistrados ni siquiera contemplan este extremo y tienen la convicción de que la Sala Civil y Penal alejará el asunto de su competencia. Sea como sea, la salida del caso Fitur del Palacio de Justicia autonómico supone una válvula de oxígeno para la Sala que juzga a los políticos.
Para empezar, se sacudiría los seis meses que se iba a prolongar el juicio. De esta manera, quedan liberados dos jueces -Juan Climent, que iba a ser el ponente, y Antonio Ferrer- y la presidenta Pilar de la Oliva. La salida de La Perla del mapa judicial del TSJCV tendrá, pues, efectos colaterales.
Climent es el magistrado que investiga el «caso Brugal» donde está imputada la alcaldesa Sonia Castedo, Luis Díaz Alperi y el propio constructor. La fase final de su investigación coincidía con su entrada en el juicio de Fitur, con lo que las pesquisas, irremediablemente, iban a resentirse.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/22/532d6e23268e3ed8178b456e.htmlLA RENUNCIA ANTICIPA LA VUELTA DEL ‘CASO GÜRTEL’ A LA AUDIENCIA NACIONAL
La fiscalía defiende que el juicio por Fitur se mantenga en el Tribunal Superior valenciano
La exclusión de imputados devolverá la parte valenciana de la causa a donde empezó
La renuncia de Milagrosa Martínez, la exconsejera de Turismo y expresidenta de las Cortes Valencias a quien la trama de Francisco Correa apodaba La Perla, a su escaño en el Parlamento autonómico ha desatado un terremoto en la actual arquitectura global del caso Gürtel. Una vez dimitida Martínez, y al no quedar más aforados en esa pieza separada sobre los amaños en la adjudicación de la feria Fitur, el Tribunal Superior valenciano, que tenía previsto empezar las vistas el 31 de marzo, se declarará no competente y empezará con una alta probabilidad el proceso para devolver el asunto al lugar en el que el juez Baltasar Garzón empezó a investigarlo hace cinco años, la Audiencia Nacional, para que sea juzgado allí.
El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano ya se pronunció hace poco sobre la misma cuestión en ese sentido, cuando tuvo que decidir sobre el enjuiciamiento del portavoz del PP en las Cortes Valencianas, Jorge Bellver. En términos jurídicos aquella decisión establecía que el momento para determinar la competencia del tribunal es el del inicio de las vistas, esto es, el del primer día de juicio.
El contundente comunicado de la Fiscalía Anticorrupción, que considera el paso dado por La Perla como “un fraude de ley” para sortear al tribunal que ya había señalado las fechas de enjuiciamiento equivale a un anuncio de que recurrirá esa eventual decisión del TSJ, lo que elevará la cuestión al Supremo. Ello implicará un paréntesis que oscilará entre varios meses y algo más de un año para que el Supremo decida.
La decisión de Martínez anticipa, en todo caso, una posible progresiva migración de toda o buena parte de la vertiente valenciana del caso Gürtel a la Audiencia Nacional.
De entrada, hay dos piezas separadas en Valencia donde hoy no hay aforados, y que una vez concluida la instrucción deberán volar a la Audiencia. La que investiga el saqueo en la visita del Papa Benedicto XVI y la que indaga fraudes fiscales de la trama.
La única posibilidad de que esos dos asuntos sean juzgados en Valencia consistiría en que el juez instructor José Ceres imputara a nuevos aforados. Lo cual no es impensable. La policía y varios testigos han señalado al actual presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, como participante en el fraude de la visita del Papa. Y Hacienda ha atribuido a la alcaldesa de Alicante y diputada autonómica (y por ello aforada), Sonia Castedo colaboración en los fraudes fiscales. Incluso en ese caso, sin embargo, a ambos les quedaría la opción de dejar el escaño.
Pero existe, además, un límite temporal. En Valencia se investigan también, dentro de Gürtel, la financiación ilegal del PP y la adjudicación de contratos públicos a dedo a la red. Estaba previsto que el juicio sobre Fitur durara hasta septiembre. El TSJ valenciano tiene otras investigaciones sobre corrupción más avanzadas que el resto de las de Gürtel y por tanto deberán ser juzgadas antes.
Resulta pues difícil de imaginar que el TSJ pueda enjuiciar más de una pieza separada de ese caso antes de las elecciones autonómicas de mayo del año que viene. La instrucción (investigación) de la pieza sobre Fitur se cerró en diciembre de 2012 y se iba a juzgar entre este mes y septiembre. En el resto de piezas del caso las investigaciones ni siquiera han concluido. Si el presidente de la Generalitat Alberto Fabra cumple su palabra de excluir a los imputados por corrupción de las listas, todos los diputados implicados en Gürtel perderán la condición de aforados para mediados de 2015. El TSJ valenciano devolverá las piezas separadas a la Audiencia Nacional. Y la fiscalía no podrá argumentar entonces que ha habido un fraude de ley para cambiar de tribunal.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/21/valencia/1395427928_269027.htmlLA DIMISIÓN DE LA PERLA DA AIRE AL PP
La renuncia al escaño de la exconsejera aleja el juicio de la campaña europea
El PP no ve obstáculo para que Milagrosa Martínez siga de alcaldesa de Novelda
La dirección regional del PP, que preside Alberto Fabra, respiró ayer aliviada. La dimisión como diputada de la exconsejera de Turismo Milagrosa Martínez, formalizada a primera hora de la mañana en el registro de las Cortes Valencianas, fue recibida con indisimulada satisfacción en el seno del Gobierno valenciano.
La renuncia permite al presidente de la Generalitat y del PP regional, Alberto Fabra, cumplir con el mandato que había recibido de Génova: evitar a toda costa que Martínez y la también exconsejera de Turismo Angélica Such se sentasen como diputadas en juicio, que el TSJ había fijado para el próximo día 31, por la adjudicación irregular del pabellón de la Comunidad Valenciana en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) a la trama Gürtel entre 2005 y 2009.
Such dimitió el pasado 27 de febrero como diputada y Martínez ha resistido tres semanas más. La exconsejera y también expresidenta de las Cortes adoptó su decisión en la noche del jueves tras conocer que el Comité de Derechos y Garantías del PP regional había nombrado a una instructora y abierto el proceso para expulsarla del Grupo Popular en las Cortes Valencianas antes del inicio del juicio oral. Para Martínez la Fiscalía reclama 11 años de prisión y 34 de inhabilitación, mientras que para Such la pena solicitada es de nueve años de inhabilitación.
La decisión de Milagrosa Martínez da oxígeno al PP y aleja, casi con toda seguridad, la celebración del juicio por las adjudicaciones de Fitur a la trama de Francisco Correa de la campaña electoral al Parlamento Europeo. Justo cuando la dirección nacional del PP ha decidido redoblar su presencia en la Comunidad Valenciana para intentar movilizar a su electorado desencantado. El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene previsto visitar la Comunidad Valenciana en dos ocasiones en menos de 15 días. La primera de ellas, la semana próxima con motivo de la entrega de unos premios del Ministerio de Turismo y, luego, a primeros de abril para clausurar una convención municipal del PP.
El Grupo Popular reduce el número de diputados imputados a seis, cuatro en Gürtel y dos en Brugal
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, solo tuvo palabras de elogio para Martínez. “Quiero agradecerle su renuncia. Le honra. Es una decisión que adopta en un momento difícil, pero ha actuado con plena responsabilidad”, indicó Ciscar.
El presidente de la Diputación y del PP provincial de Castellón, Javier Moliner, calificó de “buena decisión” la renuncia de la expresidenta de las Cortes a su escaño. “Creo que viene a seguir claramente la línea que el presidente Fabra ha marcado y que, evidentemente, no tiene vuelta atrás ni margen de negociación”, prosiguió, “Cualquier persona que esté sentada en el banquillo no puede estar sentada en un escaño simultáneamente”.
Los populares no explicaron por qué es incompatible ocupar un escaño y sentarse en el banquillo de los acusados y no lo es estar procesado y dirigir un Ayuntamiento como el de Novelda. Ciscar evitó pedir a Martínez la renuncia a su acta de concejal e insistió: “El acta es personal y no podemos obligar [a la renuncia]. Hará lo que considere mejor para su municipio y su situación”.
El portavoz del Consell y también presidente provincial del PP de Alicante no descartó que la dirección regional del partido hubiese pactado la renuncia con la expresidenta de las Cortes, que es una de las pocas munícipes que en esta legislatura optó por cobrar sueldo como alcaldesa y no como diputada.
El secretario general del PSPV-PSOE, Ximo Puig, inquirió a los populares sobre “¿cuál ha sido el negocio y en qué términos se ha producido?”. Puig indicó que es incomprensible que Martínez no abandone también la alcaldía de Novelda. “¿Acaso los ciudadanos de Novelda son menos que el resto?”, se interrogó.
La dimisión de Milagrosa Martínez tiene, además, otras implicaciones políticas. Las líneas rojas contra la corrupción que marcó Fabra se vuelven a convertir en tratamientos individuales en función del caso y del calendario judicial, aunque el PP logra reducir el número de diputados imputados a seis: Ricardo Costa, David Serra, Yolanda García y Vicente Rambla en las piezas del caso Gürtel por financiación irregular del PPCV y la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su antecesor Luis Díaz Alperi por el caso Brugal. Pero también sabe que el foco recaerá ahora sobre ellos, especialmente sobre Díaz Alperi que está procesado por fraude fiscal por el TSJ a la espera de fecha para el juicio. Aunque si el exalcalde de Alicante sigue el ejemplo de la expresidenta de las Cortes, podría intentar pactar su salida del Grupo Popular y, simultáneamente, dilatar aún más el proceso judicial.
“Aún quedan muchos por dimitir”, dijo el portavoz de Compromís, Enric Morera, que añadió: “Aunque es un paso en la buena dirección aun queda mucho por hacer para devolver a nuestros órganos de gobierno la integridad y solvencia que les corresponde”.
Ética y política
La alcaldesa de Alicante y diputada del PP, Sonia Castedo, aseguró que no se siente presionada para renunciar a su escaño tras la decisión de Milagrosa Martínez. “¿Por qué me voy a sentir presionada? Me ocupa y me preocupa mi ciudad, mi trabajo día a día en esta ciudad, que es mucho y, de lo demás, lo siento muchísimo pero no pienso volver a abrir la boca”.
“La decisión de dejar el escaño de Milagrosa Martínez debe ser seguida por el resto de los diputados del grupo del PP imputados o afectados por casos de corrupción”, afirmó la coordinadora general de Esquerra Unida del País Valencià, “Es la ética en la política lo que debe obligar al presidente Fabra llegar hasta el final y depurar su propio grupo, pues la credibilidad de la propia democracia la que está en peligro”.
Los grupos municipales del PSPV y de UPyD en el Ayuntamiento de Novelda lamentaron que Martínez continúe al frente de consistorio mientras ha abandonado su escaño en las Cortes y pidieron al PP que “mantenga la presión para que deje la alcaldía ante una situación humillante para el municipio”.
La renuncia de Martínez también provocó otros movimientos que alimentarán el debate político. El número dos de la trama Gürtel y exsecretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, imputado en la misma pieza que las exconsejeras, pidió al TSJ que se inhiba de realizar el juicio por falta de competencia tras renunciar Martínez al aforamiento. La situación disparó las alarmas de la Fiscalía Anticorrupción que vio en la dimisión de la exconsejera una actuación susceptible de tener “carácter de fraude de ley” porque se adopta a nueve días del juicio, pese a que transcurrido “más de un año” después el escrito de acusación y ocho meses después de dictarse la apertura de juicio oral.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/21/valencia/1395393592_113961.htmlCOTINO DENUNCIA AL POLICÍA QUE LE INVOLUCRA EN EL CASO GÜRTEL
El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha presentado una denuncia contra el agente que redactó el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía que le atribuye un papel relevante en negociaciones con la trama Gürtel en relación con la visita del papa a Valencia en 2006.
Cotino ha hecho este anuncio tras declarar como testigo ante el juzgado de instrucción número 15 de Valencia por el caso Emarsa, en el que se investiga el saqueo de fondos públicos en esta empresa que gestionó la depuradora de Pinedo (Valencia).
"La denuncia está puesta donde toca y donde corresponde y punto, y cuando venga la denuncia iremos allí y diremos lo que tengamos que decir", ha dicho el que fuera director general de la Policía.
El presidente de Les Corts Valencianes se ha negado a responder ante los periodistas sobre si está dispuesto a abandonar la vida política.
Sobre el retraso en el juicio por la pieza separada del caso Gürtel relacionada con las contrataciones de la Generalitat para la feria Fitur, que podría coincidir con las elecciones, ha manifestado que a él en esta vida "después de tantos años y en tantos puestos, miedo no hay que tener a nada, lo que hay que hacer en cualquier caso es decir la verdad".
Preguntado por si su presencia en el juzgado para declarar como testigo puede perjudicar al PP, ha respondido: "No estoy aquí para valorar a quién perjudica o a quién no perjudica".
http://www.abc.es/local-comunidad-valenciana/20140321/abci-cotino-udef-201403211312.htmlCASTEDO RECHAZA EL INFORME DEL CASO GÜRTEL SOBRE LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
La alcaldesa de Alicante asegura que "jamás" ha llevado temas administrativos en el PP
"Yo no soy esa", ha asegurado tajante la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, cuando este mediodía los periodistas le han preguntado en el Ayuntamiento sobre el último informe de la Agencia Tributaria, incorporado al sumario del caso Gürtel y que habla de presunta financiación ilegal de su campaña electoral, que la Policía atribuye a Sonia A. "Jamás he llevado temas administrativos en el PP", ha agregado la regidora.
Castedo, no obstante, ha reconocido que se encargaba de organizar los actos de la campaña electoral de las elecciones municipales, pero no ha querido aclarar quien era el responsable de pagar las facturas. La alcaldesa, que por otro lado está imputada en el caso Brugal, minimiza el valor del informe de la Agencia Tributaria que "dice lo mismo que la Policía en 2009, no hay nada nuevo, y Sonia A no soy yo", ha asegurado.
Castedo se ha mostrado tranquila. "No temo que mi imputen en el caso Gürtel", ha asegurado la regidora del PP quein considera que la interpretación que hacen los autores del último informe es "absolutamente errónea".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/17/valencia/1395060352_417984.htmlCARLOS FABRA PRESUME DE HABER FRENADO A LA RED GÜRTEL EN CASTELLÓN
El expresidente de la Diputación de Castellón declara de nuevo como imputado
El expresidente del PP castellonense, Carlos Fabra, ha pasado de nuevo esta mañana por los juzgados, donde ha declarado como imputado por la gestión de las corridas de toros de la Beneficencia cuando encabezaba la Diputación de Castellón.
A la salida y tras ser interrogado durante tres horas, Fabra ha presumido de haber frenado a la trama Gürtel en Castellón. El exdirigente del PP ha sido preguntado por el informe de la Agencia Tributaria que acredita la supuesta financiación ilegal de campañas electorales del PP, y que lo menciona expresamente como colaborador en la comisión de delitos fiscales de la trama. Al respecto, Carlos Fabra ha asegurado que "si en algún sitio la Gürtel pinchó fue en Castellón".
Según ha relatado, "un señor" relacionado presuntamente con la red vino a verle a la Diputación con un presupuesto para un proyecto. "Le dije que no volviera a aparecer porque la diferencia entre lo que él me presentaba y lo que me había planteado una agencia de Castellón era como 15 veces más", ha afirmado Fabra, sin concretar si la persona de la red era el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez, El Bigotes.
Sobre su declaración ante la titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón, que le había citado como imputado por presunta prevaricación en la gestión de las corridas de toros de la Beneficencia, Carlos Fabra ha rechazado cualquier irregularidad.
Se ha declarado "políticamente responsable" de organizar las corridas de toros, pero ha destacado que en ningún momento se le advirtió de posibles irregularidades por el sistema ideado para cobrar las entradas que se enviaban a los Ayuntamientos. El exdirigente popular ha desviado la responsabilidad del último festejo de este tipo hacia su sucesor en la Diputación, Javier Moliner, y ha rechazado que se impusiera la compra de entradas a los municipios.
La fiscalía inició una investigación sobre el particular método instaurado y prolongado durante años para celebrar el festejo taurino: la Corporación provincial repartía entradas a todos los Ayuntamientos y descontaba su pago de partidas como la recaudación de tributos, subvenciones o incluso de partidas para obras y servicios. En los últimos años del evento empezaron a surgir Ayuntamientos que se negaban a pagar lo que consideraban una especie de "impuesto revolucionario" y devolvían las entradas. En este caso, la Diputación no se las cobraba.
Pero el ministerio público, tras investigar este procedimiento, concluyó que Fabra se “aseguró los ingresos necesarios” para sufragar los gastos por medio de un método de recaudación “no documentado”. Se abrió así un nuevo frente judicial para el expresidente provincial del PP tras su condena, en noviembre de 2013, a cuatro años de prisión por delitos fiscales.
La fiscalía presentó una querella en la que atribuye al exdirigente popular y a su entonces número dos, el exvicepresidente provincial Francisco Martínez, un posible delito continuado de prevaricación de los artículos 74 y 404, y otro delito continuado de fraude y exacciones (exigencia de deudas o impuestos) ilegales de los artículos 74 y 437 del Código Penal.
Ambos están citados este lunes a declarar, aunque solo por prevaricación. Martínez debía ser interrogado en primer lugar, pero ha llegado tres cuartos de hora tarde, por lo que la juez ha iniciado la toma de declaraciones con Fabra.
El sucesor de Fabra, Javier Moliner, puso fin al sistema de gestión de las entradas de la corrida de toros al poco de su toma de posesión. El último festejo con discutibles fines benéficos llegó a cerrar con pérdidas. La Diputación gastó 179.012 euros e ingresó 190.813. Los escasos beneficios a repartir entre organizaciones (11.800 euros) se quedaron en nada después de que la institución se viera obligada a devolver los casi 20.000 euros cobrados indebidamente a Vila-real y registrara otros 4.000 euros de dudoso cobro.
Fue este cobro indebido a Vila-real lo que precipitó la apertura de la causa. El Ayuntamiento llegó hasta el TSJ para reclamar la devolución de los 20.000 euros en un contencioso por el que el tribunal constató su “verdadera perplejidad” en el método ideado por Fabra para la corrida y criticó que fuera “de forma oral, sin contrato o convenio alguno escrito”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/17/valencia/1395048914_183388.htmlEL PP VALENCIANO FINANCIÓ ILEGALMENTE LAS CAMPAÑAS ELECTORALES DE 2007 Y 2008
Hacienda eleva a 3,5 millones los pagos opacos y las aportaciones irregulares a través de Gürtel
Atribuye delitos a Carlos Fabra y a la alcaldesa de Alicante
El PP valenciano financió ilegalmente las campañas de 2007 y 2008 a través de la trama Gürtel. El informe definitivo que la Agencia Tributaria ha entregado al Tribunal Superior de Justicia valenciano concluye que el partido, dirigido entonces por el expresidente de la Generalitat Francisco Camps, dimitido en 2011 por su relación con el caso, ejecutó en ambos casos un monumental fraude.
“Los pagos en B a Orange Market”, la empresa valenciana de la red corrupta, por parte del partido alcanzaron en 2007 un “importe de 2.168.500 euros”, señala el informe. Las aportaciones irregulares de empresas constructoras, que la trama ocultaba “emitiendo facturas falsas”, se elevó en la campaña de las elecciones autonómicas de 2007 a 517.614 euros. Y en la de las generales de 2008, a 683.524 euros. Sumando esos y otros conceptos, los pagos en dinero negro y las donaciones prohibidas por la ley electoral alcanzaron los 3,5 millones.
Cotino, la ubicuidad bajo sospecha
La empresa que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, que organizaba todos los actos de los populares valencianos, facturó en teoría una modesta suma por la campaña de 2007: “La contabilidad electoral del Partido Popular registra un gasto de 175.000 euros”. Hacienda revela, sin embargo, que la realidad fue muy diferente. “En este informe queda demostrado que los servicios prestados por Orange Market SL tienen un importe muy superior”, “comprendido en el intervalo de 2.190.953 a 2.575.557 euros”, indica.
El juez José Ceres, que había requerido repetidamente a la Agencia que entregase su informe definitivo, mantiene imputados por estos hechos a la antigua cúpula del PP regional, salvo a Camps, y a los gestores de ocho empresas de la construcción y de obra pública.
El análisis de Hacienda considera, sin embargo, que otros destacados políticos valencianos realizaron “una actividad de colaboración necesaria en la comisión de los delitos de defraudación tributaria” de Orange Market. Y señala como autores a la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, a quien la trama aludía en sus documentos internos como “Sonia”. Al expresidente de la Diputación de Castellón y del PP de esa provincia Carlos Fabra, a quien registraban como “El tuerto”. Al recién destituido, por otro escándalo, vicepresidente de la diputación castellonense y alcalde La Vall d’Alba, Francisco Martínez (“Paco”). Y al empresario Felipe Almenar (“El Príncipe”), presidente de Cyes.
La defraudación tributaria de la filial valenciana del grupo de Francisco Correa ascendió en 2007 y 2008 a casi 1,6 millones de euros entre IVA e Impuesto de Sociedades.
Hacienda acusa a la formación política de haber participado en los cuatro delitos fiscales: “De los hechos comprobados en este informe se deduce que el Partido Popular colaboró con Orange Market para cometer el fraude tributario advertido, pagando parte de los servicios que recibía sin exigir la factura correspondiente ni pagar el IVA que los grava”.
La contabilidad de los populares, que el informe describe como “incorrecta”, “sólo registra servicios prestados por Orange Market en concepto de organización de mítines y actos de campaña”. La Agencia Tributaria constata, en cambio, que Gürtel se encargó de hasta el último detalle de las campañas. Desde la contratación de las vallas electorales a la inserción de propaganda en los medios, pasando por la selección de la corte de figurantes con los que el expresidente valenciano se rodeaba en los anuncios para televisión y en los grandes mítines.
Dinero fresco de empresas del ladrillo para montar mítines
Las campañas de los populares valencianos de la década pasada eran fastuosas. El expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps ha contado que le gustaba revisar personalmente la escenografía, de la que se encargaba Álvaro Pérez, El Bigotes. Hacienda corrobora en su informe definitivo sobre la campaña de 2007 que aquel brillo se debió, en parte, al dinero fresco con el que ocho empresas de la construcción, en los últimos coletazos del boom del ladrillo, pagaban mítines electorales.
Hacienda respalda a la UDEF y considera que Facsa, Piaf, Enrique Ortiz, Lubasa, Sedesa, Pavimentos del Sureste, Hormigones Martínez y Grupo Vallalba (las tres últimas del mismo grupo) abonaron 1,2 millones de euros por “el cobro de unos servicios que no les fueron prestados a dichas empresas sino al Partido Popular” en 2007 y 2008. Todas las empresas eran adjudicatarias de la Generalitat, aunque esos contratos están fuera de la investigación.
http://politica.elpais.com/politica/2014/03/14/actualidad/1394828768_018923.html
HACIENDA LIGA A CASTEDO Y CARLOS FABRA CON LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
Confirma 1,3 millones en facturas falsas para financiar campañas
El PP pagó actos electorales con más de tres millones en 'B'
Atribuye a Castedo el pago en negro de 88.000 euros a la trama
Los informes que remitió el PP a la Sindicatura 'no son reales'
El Partido Popular de Francisco Camps se financió con dinero negro, según las conclusiones del informe final que la Agencia Tributaria ha elevado al Tribunal Superior de Justicia en la recta final de la investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP. El documento refleja que el PP autonómico colaboró en la comisión de cuatro delitos contra Hacienda en el pago del IVA y el Impuesto de Sociedades en los ejercicios de 2007 y 2008 -años de las elecciones autonómicas, locales y de las generales- por parte de Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa y 'El Bigotes'.
Los inspectores concluyen que los gastos electorales del PP son incorrectos
Según el informe al que ha tenido acceso este periódico, la Agencia Tributaria ha detectado más de tres millones en pagos no declarados del PP a Orange Market. También constata que las empresas que presuntamente financiaron a la trama se hicieron cargo del pago de 1,3 millones (la deuda, sostiene Hacienda, era de los populares) a través de facturas falsas emitidas por Orange Market. La Agencia Tributaria argumenta que los informes que remitió el PP a la Sindicatura de Cuentas de los ejercicios 2007 y 2008 no se corresponden con sus cuentas reales.
En esta radiografía a las cuentas del PP autonómico, los inspectores reparan también en la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en el presunto amaño urbanístico del Plan General de Ordenación Urbana de Alicante. Hacienda le atribuye un pago en 'b' de 88.000 euros a la trama corrupta para actos electorales. Junto a ella incorporan a Francisco Martínez, primer edil de Vall d'Alba y ex vicepresidente de la Diputación de Castellón; al presidente de la constructora Cyes, Felipe Almenar; al ex líder del PP de Castellón, Carlos Fabra, y David Serra.
A todos ellos, además de a la cúpula del PP, Hacienda los considera "colaboradores" en el fraude al fisco. Según el informe, todos ellos ayudaron a eludir el pago de cuotas tributarias por importe de 813.955 euros en el Impuesto de Sociedades de 2007, 445.088 por el importe del IVA en 2007, 192.774 en el impuesto de Sociedades de 2008 y 131.961 en el IVA del ejercicio de 2008. En total, 1,5 millones.
La empresa de la familia Cotino se encuentra entre las que pudieron defraudar
Los inspectores cifran el montante total del dinero negro con el que se financiaron los servicios realizados y no facturados por Orange Market en 2.960.000 euros en 2007 y a 405.450 euros en 2008. El fraude en el pago de IVA cometido por Orange Market (y por el PP como colaborador necesario) en el primero de los ejercicios analizados supone 473.600 euros, por lo que supera los 120.000 euros a partir de los cuales se considera que existe un delito fiscal. Los datos de 2007 y 2008 son relevantes ya que en ambos años se celebraron elecciones municipales y autonómicas y, por tanto, el PP podría haber incurrido en un delito electoral.
Estas irregularidades detectadas por la Agencia Tributaria en las cuentas no sólo afectan al PP autonómico, sino que también se derramarían sobre el partido en su conjunto ya que la formación política opera con un NIF único. Por tanto, la contabilidad del PP autonómico se consolida con el del nacional.
En cuanto al pago realizado por las empresas de la Comunidad Valenciana que supuestamente participaron en la financiación ilegal a través de facturas falsas, los inspectores concluyen que, con este sistema, la trama corrupta rebajó en 2007 la deuda del PP en 517.613 euros -a cargo de Facsa, Pavimentos del Sud, Grupo Vallalba, Constructora Hormi y Piaf SL- y de 683.524 en 2008 a cargo de Enrique Ortiz e Hijos y Sedesa.
Por lo que se refiere a los gastos electorales del PP para las elecciones autonómicas de 2007, los inspectores concluyen que es "incorrecta" al no registrar como gasto electoral la totalidad de los servicios prestados por Orange Market SL. "En efecto, la contabilidad electoral registra un gasto de 175.000 euros mientras que en este informe queda demostrado que los servicios prestados tienen un importe muy superior".
También advierten de que es erróneo no registrar como gasto electoral servicios facturados a Orange Market al alcalde de Gandía Arturo Torró por 22.037 euros.
Las irregularidades detectadas se extienden también a la dirección nacional del partido
Este informe de Hacienda es clave para el avance de la investigación del magistrado José Ceres que afecta a las piezas 1 y 2 de la investigación del 'caso Gürtel' que se sigue en Valencia. La primera de ellas es la que afecta a la presunta financiación ilegal del PP y, la segunda, es en la que se investigan delitos de falsedad documental.
Ambas son el tronco de la macrocausa que instruye, en las que están imputados el ex tesorero del PP Luis Bárcenas, así como los gestores de Orange Market, el ex vicepresidente de la Generalitat Vicente Rambla, el ex secretario general del PP de Valencia Ricardo Costa, el ex vicesecretario general del PPCV, David Serra, la ex tesorera Yolanda García y los responsables de las empresas que supuestamente participaron en la financiación irregular del partido (Facsa, Pavimentos del Suroeste, Sedesa -propiedad del sobrino del presidente de las Cortes-, Grupo Vallalba, Ortiz e Hijos, Constructora Hormigones Martínez y Piaf).
Las conclusiones de los inspectores de Hacienda confirman lo que han revelado una y otra vez los distintos informes de la UDEF: que el PP valenciano tenía una contabilidad 'A', conocida como Alicante, y una contabilidad 'B', identificada como Barcelona en los papeles que se incautaron. Los empresarios investigados pagaban, según los informes policiales, una parte de los actos a Orange Market y, para justificar esos pagos, hacían facturas por servicios ficticios. Por otra parte, el PP valenciano pagaba a Orange Market sus actos electorales con dinero negro.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/15/53241c9e268e3e0e288b456b.htmlCOTINO DEMANDA AL POLICÍA QUE LO VINCULA CON LA VISITA DEL PAPA
El presidente de las Cortes: "Solicito que reconozca que las conclusiones son totalmente falsas"
El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha decidido demandar judicialmente al policía de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) que señala que negoció con los cabecillas de la trama Gürtel sobre la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. Un negocio que permitió a la trama corrupta hacerse con más de tres millones de euros en comisiones.
“He presentado escrito al Juzgado de Primera Instancia de Madrid en el que formulo Demanda de Conciliación con el Funcionario del Cuerpo Nacional de Policía perteneciente a la UDEF que redactó el Informe en el que se me atribuían reuniones con el Sr. Pablo Crespo. En este escrito solicito que reconozca que las conclusiones y manifestaciones vertidas referentes a esas reuniones son totalmente falsas por inexistentes y pido que se retracte de ellas. Me reservo, si no se aceptan estas demandas, las acciones penales y civiles que procedan”, señaló ayer Cotino en su comunicado. El presidente de las Cortes, que ya ha sido llamado a declarar como testigo en el caso Bárcenas, aparece como uno de los personajes clave en la organización de la visita del Papa, pese a que en esa época era consejero de Agricultura con Francisco Camps.
La demanda contra la policía también sorprende por cuanto Cotino fue también director general de la Policía en el Gobierno de José María Aznar. Esquerra Unida, a través de Ignacio Blanco, criticó ayer a Cotino y le pidió explicaciones.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/14/valencia/1394819251_538739.htmlCOTINO EXIGE A LA POLICÍA QUE SE RETRACTE DEL INFORME QUE LE VINCULA CON GÜRTEL
El presidente de las Cortes niega que se reuniera con Crespo para tratar la visita del Papa
Cotino, la ubicuidad bajo sospecha
El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha exigido que se retracte sobre las "falsedades" el redactor del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía, que apunta que supuestamente negoció con la trama Gürtel en relación con la visita del Papa a Valencia en 2006. Asimismo, ha anunciado que emprenderá acciones legales contra uno de los cabecillas de la trama, Pablo Crespo, si no "aclara" que nunca se han reunido para hablar de este asunto.
El número dos de la red corrupta anotó en su agenda personal un encuentro con el entonces consejero de Agricultura, Juan Cotino, el director de RTVV y el comisionado del Patronato de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, Enrique Pérez Boada, en la que habló de “sonido, pantallas, luz y Canal 9”. El contrato para la instalación de pantallas y sonido de la visita del Papa a Valencia en 2006 se adjudicó irregularmente a Teconsa por más de siete millones de euros, de los que la trama presuntamente se quedó con la mitad.
Cotino ha explicado en un comunicado que ha presentado un escrito al Juzgado de Primera Instancia de Madrid en el que formula demanda de conciliación con el funcionario del Cuerpo Nacional de Policía que redactó el informe en el que se le atribuyen reuniones con Pablo Crespo.
En este escrito, el presidente del Parlamento valenciano solicita que reconozca que las conclusiones y manifestaciones vertidas referentes a esas reuniones "son totalmente falsas por inexistentes" y pide que se retracte de ellas. "Me reservo, si no se aceptan estas demandas, las acciones penales y civiles que procedan", ha añadido.
Asimismo, ha señalado que está a la espera de conocer las declaraciones de Crespo sobre las supuestas reuniones, ya que este ha sido citado a declarar en la Audiencia Nacional en relación con el informe de la UDEF.
Juan Cotino ha destacado que, en el caso de que no declare que las conclusiones del informe son "falsas", iniciará "las demandas y acciones oportunas contra este señor", ya que asegura que "nunca" se reunió con él y que "ni siquiera" le conoce.
Además, tal como anunció el pasado 5 de marzo, ha remitido un escrito al magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, en el que expresa su deseo de declarar "voluntariamente" ante la Justicia, tras la publicación del informe de la UDEF.
"Los hechos que narra ese informe son falsos y, por lo tanto, quiero poder explicar y despejar cualquier duda al respecto", ha reiterado el presidente de las Cortes Valencianas.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/14/valencia/1394792644_308134.html“ÁLVARO PÉREZ, ‘EL BIGOTES’, ESTABA TODO EL DÍA CON CAMPS Y LA CÚPULA DEL PP”
Un exconsejero revela la estrecha relación entre la red Gürtel y el expresidente valenciano
“Alvarito estaba todo el día junto a Francisco Camps, Ricardo Costa, David Serra, y Adela Pedrosa”, ha declarado este miércoles ante el juez el exconsejero de la Generalitat Miguel Peralta. Con Alvarito se refería a Álvaro Pérez, El Bigotes, el cabecilla de la trama Gürtel en Valencia. Y sus inseparables acompañantes eran el entonces presidente valenciano y su cúpula en el Partido Popular de la Comunidad Valenciana.
Peralta, también exalcalde de Alcoi, ex secretario provincial del PP en Alicante y antiguo dirigente zaplanista, declaraba como testigo en la pieza separada sobre financiación ilegal del PP valenciano porque él fue coordinador de la campaña del PP en la provincia de Alicante para las elecciones autonómicas y locales del año 2007, una de las dos que presuntamente se nutrieron de forma irregular con dinero de empresas de la construcción.
El exconsejero ha señalado que Orange Market, la sucursal valenciana de Gürtel, solo pudo organizar actos electorales en aquellos municipios alicantinos controlados por el campismo. El poder de Camps en el PP regional encontraba únicamente por entonces obstáculo en Alicante, que continuaba siendo un feudo de los seguidores del anterior presidente de la Generalitat y exministro Eduardo Zaplana.
La investigación ha desvelado que Orange Market, la empresa dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, organizó actos en municipios como Teulada, Elche, Elda, Ibi y Villena. Ello se debió, ha deslizado Peralta, a que los dirigentes del partido en esos municipios estaban “alineados” con la dirección regional. Ésta estaba presidida por Camps, tuvo a Adela Pedrosa y a Ricardo Costa como números dos de manera consecutiva y a David Serra como vicesecretario de Organización.
Los cuatro, ha afirmado Peralta ante el juez “estaban todo el día juntos” con “Alvarito”, en una relación personal que iba más allá de lo profesional. Serra y Costa se cuentan entre los imputados en la causa por financiación ilegal.
El juez ha hecho notar a Peralta que la empresa de la trama Gürtel también organizó un acto electoral en la ciudad de Alicante. Peralta ha confirmado el pago de la factura por ese acto, y lo explicó alegando que la dirección provincial del PP alicantino, dirigida entonces por el referente zaplanista y presidente de la Diputación José Joaquín Ripoll, imputado por su parte en el caso Brugal, quiso evitar en ese caso un enfrentamiento con la dirección regional, que dejaba la organización de todos los actos en manos de Álvaro Pérez. “Era conocido por todos que era quien llevaba la campaña de Camps”, ha añadido Peralta.
Peralta ha explicado que, con el partido dividido entre zaplanistas y campistas, ni él ni las otras dos consejeras de adscripción zaplanista, Alicia de Miguel y Gema Amor, que formaron parte del primer Gobierno de Camps, estuvieron en el círculo de confianza del líder popular.
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, que investiga el caso Gürtel, interrogó también a la que fuera secretaria de Alfonso Bataller, alcalde de Castellón, que está imputado en la causa por adjudicar contratos presuntamente a dedo a las empresas de la red desde la Consejería de Sanidad.
La secretaria ha afirmado que Bataller se reunió en alguna ocasión con El Bigotes, aunque con quien más relación mantuvo fue con su asesora.
El alcalde de Castellón está imputado en la pieza del caso Gürtel que investiga el supuesto fraccionamiento de contratos por parte de casi todas las consejerías de la Generalitat valenciana, así como de empresas públicas, para poder concedérselos a Orange market y otras empresas del grupo de Francisco Correa sin competencia.
La trama empezó en Valencia dedicándose únicamente a organizar actos del partido. Progresivamente fue consiguiendo, sin embargo, trabajar también para el Gobierno autonómico, del que consiguió adjudicaciones por varios millones de euros.
Coordinador del PP en Valencia: "Orange Market era muy cara"
El coordinador de la campaña del PP en la provincia de Alicante, Juan José Medina, ha confirmado este miércoles que Álvaro Pérez, El Bigotes, “siempre estaba” en la sede central del PP de la Comunidad Valenciana, ubicada en la calle Quart de Valencia. Allí fue donde lo conoció Medina, que ha venido a avalar, también ante el juez José Ceres, las palabras del exconsejero Miguel Peralta sobre la muy especial relación de Pérez con Camps y los máximos dirigentes regionales del partido.
El juez Ceres va cerrando el círculo en torno a la supuesta financiación ilegal del PP valenciano. Este miércoles, además de Peralta y Medina ha declarado también Rubén Ibáñez, portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes Valencianas, que coordinó la campaña electoral del PP valenciano para las elecciones municipales y autonómicas de 2007. Ibáñez ha negado que se hubieran producido irregularidades.
El coordinador de la campaña en Valencia tampoco las ha admitido, pero sí ha ofrecido detalles reveladores. El también alcalde de Moncada ha afirmado que Orange Market era “muy cara”. Y que por eso decidieron no pagar las elevadas facturas que la empresa pasó al cobro a la dirección provincial del partido en Valencia por trabajos de 2005 y 2006.
Gürtel organizó muchos más actos en municipios de Valencia, territorio campista, que de Alicante. Medina ha señalado que los actos nacionales los montaba y pagaba la dirección nacional; los autonómicos, la dirección regional, y los municipales, las direcciones locales, aunque también interviniera la provincial.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/12/valencia/1394648903_151559.htmlUN EX CONSELLER, AL JUEZ: 'EL BIGOTES Y CAMPS ESTABAN TODO EL DÍA JUNTOS'
Declaran en el TSJ los coordinadores regionales de las campañas del PP valenciano
Juan José Medina y Miguel Peralta se desmarcan de los contratos con Orange Market
'Era conocido por todos que quien llevaba la campaña de Camps era Alvarito', dicen
El alcalde de Moncada dice que no trabajaron con Gürtel porque 'eran muy caros'
Los coordinadores regionales de las campañas del PP valenciano en las elecciones de 2007 Juan José Medina, alcalde de Moncada, y Miguel Peralta, ex conseller y ex alcalde de Alcoy, se han sentado ante el instructor de la rama valenciana del caso Gürtel para declarar como testigos en la pieza de la presunta financiación ilegal del PP de Francisco Camps.
Ambos se desmarcaron de las contrataciones con la filial valenciana de Francisco Correa, Orange Market, y señalaron a la cúpula regional de su partido. Peralta, según fuentes judiciales, aprovechó su comparecencia para escenificar las diferencias que tenía con el Gobierno de Camps y para dibujar la sintonía entre el hombre de Correa en la Comunidad, Álvaro Pérez 'El Bigotes', y la vieja guardia del PP autonómico.
Nombró a Camps, a Ricardo Costa, a Adela Pedrosa y a David Serra, entre otros. «Estaban todo el día juntos», sentenció Peralta. «Era conocido por todos que quien llevaba la campaña de Camps era Alvarito», añadió.
De manera velada atribuyó a la dirección regional del PP que Orange Market -cuya cabeza visible era Álvaro Pérez 'El Bigotes'- trabajara en las distintas ciudades de la Comunidad. Aseguró asimismo que nunca le propusieron trabajar con ellos y lo atribuyó, precisan las mismas fuentes, a que quizá «no se atrevían» dados los enfrentamientos.
Respecto a la campaña electoral de 2007, afirmó que no seguía ninguna directriz de la dirección regional y apostilló que «a veces intentábamos hacer cosas que no gustaban a Valencia»; una declaración con la que intentó desmarcarse de las contrataciones con Orange Market.
Por su parte, Medina también habló con la misma contundencia al afirmar que no había vinculación provincial con Orange Market. Al igual que Peralta, no lo fue tanto cuando se trató sobre la relación entre la dirección regional y una de las empresas de la trama corrupta. Asimismo, confirmó que conocía a 'El Bigotes' porque, tal como dijo al juez, siempre estaba en la sede de la calle Quart. El alcalde de Moncada también trató de desvincularse de la sucursal valenciana de Francisco Correa asegurando que desde la provincial nunca trabajaron con ella porque, manifestó, «eran muy caros». Añadió que les facturaron unos trabajos en 2005 y 2006 pero que no los pagaron al resultarles la factura muy elevada.
Tras estas manifestaciones, se les ha mostrado diferentes facturas de Orange Market con localidades tanto de Valencia como de Alicante. Respecto a las de Valencia, Medina ha indicado que eso no era lo habitual y ha afirmado que desconocía que se hubiera trabajado con esta mercantil.
En cuanto a Alicante, Peralta ha explicado el conflicto que había en la provincia entre los afines a Camps 'campsistas' y los afines a José Joaquín Ripoll -ex presidente del PP en Alicante- 'ripollistas', y ha señalado que Orange Market pudo haber trabajado con algunos municipios que eran "afines" a Camps. Se ha pronunciado así tras exhibirle facturas de Teulada, Elx, Villena o Torrevieja, entre otras.
Enmarcado en ese enfrentamiento interno, Peralta aludió en un momento determinado a que los consellers del Gobierno de Francisco Camps considerados afines al ex presidente Eduardo Zaplana -incluyó en ese grupo a Gema Amor y a Alicia de Miguel- tenían capacidad de maniobra a la hora de contratar.
En esta línea, Peralta ha señalado que en aquellos lugares en los que había más influencia del PP regional, Orange Market podía conseguir algún trabajo. Pero directamente con el PP provincial, nunca, ha reiterado en su declaración.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/12/5320a637ca47417e7a8b4585.htmlALBERTO FABRA JUSTIFICA EL APOYO A LA IMPUTADA CASTEDO POR SU EMBARAZO
Reitera que no se puede 'compatibilizar un escaño con el banquillo en un juicio'
'Aquellas personas que lo entiendan harán un gran favor a la democracia y a la dignidad'
Asegura que sus palabras de apoyo hacían 'referencia a su estado físico y de gestión'
El presidente del PPCV y de la Generalitat Valenciana, Alberto Fabra, ha reiterado este miércoles en Alicante que las personas que van a entrar en un proceso judicial "no pueden compatibilizar un escaño con el banquillo en un juicio" y ha subrayado que quienes entiendan esta premisa "harán un gran favor a la democracia y a la dignidad de las instituciones y del partido".
Fabra, que participa junto con el presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, en la jornada 'Corredor Mediterráneo Comunitat Valenciana-Región de Murcia', ha recalcado que los diputados que van a entrar en un proceso judicial "no pueden compatibilizar un escaño con el banquillo en un juicio".
"Eso es lo que hemos dicho y lo que va a ser. Y aquellas personas que lo entiendan harán un gran favor a la democracia y a la dignidad de las instituciones y del partido". En esta línea, el jefe del Consell ha insistido en que los diputados se tienen que "centrar en el trabajo que le han encomendado los ciudadanos para que puedan ejercer su responsabilidad pública".
Fabra ha hecho estas afirmaciones al ser preguntado por la situación de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, imputada en la ramificación del 'caso Brugal' que investiga presuntas irregularidades en la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, y por Milagrosa Martínez, diputada autonómica y alcaldesa de Novelda, procesada en el caso Gürtel.
Al respecto, ha precisado que las palabras de apoyo a Castedo, que pronunció el pasado domingo en un acto de precampaña electoral europea en Alicante, hacían "referencia a su estado físico y de gestión". "Y dije que todos íbamos a apoyarla", ha afirmado. Sobre Martínez y la posibilidad de que deje su escaño, ha indicado que no se sabe nada pero ha resaltado que ya le he trasladado "cuál va ser nuestra postura".
El partido comparte el criterio
El presidente de los 'populares' valencianos ha insistido en que ha dicho esta premisa "en multitud ocasiones" y ha añadido que el partido comparte el "criterio para generar confianza en los ciudadanos". Así, ha incidido en que "las personas imputadas deben centrarse en resolver sus problemas en los juzgados sin tener protagonismo ni el partido, ni el gobierno ni en las Cortes generales".
Preguntado por las voces que desde dentro del PP, como la presidenta de la Diputación de Alicante, Luisa Pastor, entienden que "una persona imputada no es una persona condenada", ha reiterado que es "incompatible estar sentado en un escaño o dejarlo de estar por tener que acudir a las sesiones en un proceso".
"Una persona que está procesada lo tiene muy difícil porque primero tiene que centrarse en el trabajo que le han encomendado los ciudadanos para que pueda ejercer su responsabilidad pública y eso es muy difícil si tienes que dedicarle tiempo a estar sentado en un banquillo", ha zanjado.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/12/53206eb8e2704eb8478b4578.html
MILAGROSA MARTÍNEZ SOBRE SU SITUACIÓN EN EL PP: 'SIN NOVEDAD EN EL FRENTE'
La ex consellera de Turismo y diputada del PP en las Cortes Valencianas Milagrosa Martínez ha indicado este miércoles que no hay "novedad en el frente" sobre su situación dentro del grupo parlamentario popular, del que ha dicho que es "excepcional" y está "encantada" con él.
La también ex presidenta de las Cortes se ha pronunciado así a la salida de la reunión del grupo popular previa al inicio del pleno respecto a su situación en la Cámara, después de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, afirmara el pasado 27 de febrero que es incompatible ocupar un escaño con sentarse en el banquillo en un juicio oral.
Milagrosa Martínez está procesada en el caso Gürtel y será juzgada a partir del próximo 31 de marzo por las contrataciones entre la Agencia Valenciana de Turismo y la trama por el pabellón valenciano en la feria Fitur durante la etapa en que fue consellera de Turismo.
"Sin novedad en el frente", ha declarado a los periodistas Martínez, quien ha añadido que el grupo popular le ha recibido "como siempre" y ha insistido en que "de verdad" no hay "ninguna novedad" sobre su situación dentro del grupo parlamentario.
Por su parte, el portavoz del PP, Jorge Bellver, ha ratificado que no hay "ninguna novedad" sobre la ex consellera, y ha señalado que en cuanto la haya se comunicará "inmediatamente". Preguntado sobre si no hay tensión dentro del grupo por estas circunstancias, ha indicado que la "tensión del grupo popular es sacar adelante medidas que favorezcan a los ciudadanos y que contribuyan a que esos datos macroeconómicos que ya están apuntando en positivo lleguen cuanto antes a la calle y a los ciudadanos". "Ese es el único compromiso que en estos momentos tiene el grupo popular", ha aseverado Jorge Bellver.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/12/53203527e2704ee5478b4572.htmlFABRA MANTIENE AL MANDO DE LAS FINANZAS DEL PP A UNA IMPUTADA EN LA TRAMA GÜRTEL
Cristina Ibáñez sigue como gerente pese a estar encausada en el caso de la supuesta financiación ilegal
La «linea roja» contra la corrupción del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, tiene tantas curvas y recovecos que se adapta como un guante a las necesidades del PP. La cúpula regional popular sigue contando como gerente y responsable del control de sus cuentas con Cristina Ibáñez, una de las imputadas en el sumario de Gürtel que investiga una supuesta red de financiación ilegal del PP en los comicios autonómicos de 2007. Justo hace ahora casi dos semanas, el jefe del Consell presumió en Madrid de haber «limpiado» la dirección del PP de imputados por corrupción y redobló la presión contra los cargos con escaño en las Cortes que pasen a la situación de procesados como ocurre, por ejemplo, con la alcaldesa de Novelda y expresidenta de las Corts, Milagrosa Martínez, encausada también en Gürtel pero en la pieza que analiza el supuesto amaño en las adjudicaciones de los estands de Fitur a El Bigotes, jefe de la red corrupta en la C. Valenciana.
Esta nueva vuelta de tuerca contra los imputados acomodados en la bancada popular de las Corts le ha abierto un nuevo frente a Fabra. Le acusan de una «doble vara» de medir que, por un lado, ajusticia a los antiguos colaboradores de Camps, pero que, por contra, amnistía a cargos afines a Zaplana o a los que el jefe del Consell le conviene, como en el caso de la gerente popular Cristina Ibáñez.
No se trata de un puesto menor, el de Ibáñez, en el organigrama del PP. Controla las cuentas, los pagos, su firma permite realizar movimientos de fondos... Ibáñez no sólo continúa como gerente sino que, además y como responsable de la contabilidad, esta en el comité para las próximas elecciones europeas cuando, precisamente, el delito que se le imputa es la supuesta financiación ilegal del PP en los comicios autonómicos de hace ahora siete años, una cita que convirtió a Camps en el presidente de la Generalitat más votado de la historia. Es cierto que la cúpula nacional del PP es la que tiene la potestad de nombrar a los gerentes. Pero también que, en un momento dado, se puede forzar un relevo.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/03/09/fabra-mantiene-mando-finanzas-pp/1088179.htmlENTRE BINGUEROS Y MAMACHICHOS
'El Bigotes' se rodeó de famosos y participó en películas de su tío Andrés Pajares
Con los beneficios obtenidos de la visita del Papa impulsó un espectáculo de varietés
El 1 de octubre de 1979 Mariano Ozores estrenaba Los Bingueros, un clásico del cine español del destape. En ella, un desconocido Álvaro Pérez El Bigotes hizo sus pinitos como actor y compartió escenas con Fernando Esteso y Andrés Pajares, el tío político del «amiguito» del alma del ex presidente Francisco Camps.
El brazo de Francisco Correa en Valencia fue durante años representante de su tío: su madre es hermana de la actriz Chonchi Alonso. El Bigotes era un habitual entre los personajes de televisión, lo suyo eran los eventos y las relaciones públicas. Se instaló en Valencia y tuvo una relación con una mamachicho, Noemí Ramal, que más tarde colocó en RTVV cuando Pedro García, su socio en Orange según ha destapado ahora la Policía, era el director general de Canal 9. Ahora Ramal vive en Barcelona y reniega del que fuera su pareja.
Gürtel encarna, como muchos de los casos de corrupción que se investigan desde Valencia, el triunfo de los personajes mediocres que un día se arrimaron a políticos vulnerables a los que agasajaban con artículos de lujo.
Alvarito se rodeó de celebridades de revistas y encontró en varios dirigentes del PP los aliados que le abrieron las puertas a los contratos públicos. En la era de los excesos el dinero no importaba y en los actos que organizaba Orange sólo faltaba que el candidato de turno descendiera desde un helicóptero pese a que muchos militantes de base del PP nunca han pagado cuotas, hasta ahora.
La vinculación de El Bigotes con el PP de Francisco Camps no sólo se ceñía a su relación de amistad. Alvarito tenía ojos hasta en Ayuntamientos controlados por sus adversarios dentro del partido. En Calpe, un municipio cuyo control se atribuía a los zaplanistas de Joaquín Ripoll, el tío de El Bigotes, Manuel Alonso, fue concejal por el PP de Imagen Corporativa y el Carnaval: Concejalías para personajes fachendosos.
El Bigotes no sólo apareció en Los Bingueros (su personaje es el que ofrecía a Esteso un puesto de sexador de pollos) y también hizo cameos en otras películas como 'Yo hice a Roqui III'. La familia era muy importante para él y los últimos informes entregados en la Audiencia Nacional constatan que Gürtel hacía entregas de dinero a la hermana de la ex de Pajares. Así lo ordenaba la banda, según la documentación intervenida. Alvarito cobraba entre 6.000 y 9.000 euros al mes en función del año. Además, Gürtel pagó «54.000 euros para la compra de un apartamento» en Valencia. Un dinero que, según todos los indicios, estaba manchado por la corrupción.
Pero la agenda de Pablo Crespo, el número dos de la organización de Correa, también ha sacado a la luz las vinculaciones de la banda con personajes de varietés. En 2005 el grupo crea otra sociedad, Apasionadda, y entre 2006 y 2007, cuando se llenan los bolsillos con los beneficios que obtienen de la visita del Papa a Valencia, impulsan una producción teatral: Vuelven las Corsarias. Según los últimos informes entregados al juez Pablo Ruz, Crespo tenía varias candidatas para el reparto. Yola Berrocal, Malena Gracia o Sonia Monroy, un trío de pseudoactrices que también fueron habituales en Canal 9 a costa de los contribuyentes.
Alvarito lo tuvo relativamente fácil en Valencia para hacerse con el control de grandes eventos hasta que se topó con la Iglesia. Era un fanfarrón, un fantasma, y su imposición como organizador de la visita del Papa no gustó al Arzobispado. De hecho, uno de los patronos dimitió meses antes de la llegada de Benedicto XVI porque «olía mal». Pero a Dios rogando y con el mazo dando, Álvaro se ganó la confianza de los religiosos con el visus de Juan Cotino, el «factotum» del evento más caro contratado por RTVV.
Casualidad o no, todo de donde mordió El Bigotes está en liquidación. Hasta las encuestas dan la espalda al PP y la televisión desde donde un día su ex pareja dio las campanadas hoy negocia su expediente de extinción.
Camps, el 'Presi'
Agenda de Crespo. El juez valenciano José Ceres pidió este jueves a la Udef que entregue en el TSJ el informe elaborado para la Audiencia Nacional. En él, los agentes explican que la agenda de Pablo Crespo tenía anotaciones a nombre del 'presi', que podría ser «Francisco Camps». «Anota la creación de un partido político nuevo con gente perteneciente al PSOE. Menciona que necesitan apoyo económico» añade la Udef. En esas reuniones participaría Camps, según concluye el informe policial.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/09/531b139eca474171608b456f.htmlVAERSA COMPRÓ VEHÍCULOS A UNA FIRMA QUE GÜRTEL USÓ PARA PEDRO GARCÍA
Hacienda informa a petición del fiscal sobre ingresos del PP valenciano a la trama
Una denuncia del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) sobre la adquisición y arrendamiento de 65 vehículos todoterreno por la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) supuestamente sin contrato en 2010, que investiga la Fiscalía Anticorrupción, ha revelado que esa sociedad compró vehículos a la misma empresa que Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, terminal valenciana de la trama Gürtel, usó para facilitar vehículos a cargos del PP como el exdirector de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García.
Las irregularidades denunciadas por CGT, que se basa en un informe de la Sindicatura de Comptes en el que apuntó la ausencia de licitación, se refieren a vehículos adquiridos por importe de 1,4 millones de euros por Vaersa a British Car, que pertence, según destaca el sindicato, al mismo grupo de empresas, Grupo Ibérica, que Imperauto. Con esta última empresa, según informes policiales del caso Gürtel, contrató Special Events, compañía de la trama de corrupción, un vehículo Mini Cooper que pasó por las manos de Álvaro Pérez y, pese a seguir matriculado a nombre de Imperauto, acabó usando Pedro García cuando era director general de RTVV. Tanto Álvaro Pérez como Pedro García están imputados en la instrucción sobre la red corrupta. Una instrucción que ha revelado que García fue también socio de Orange Market.
Pero además de eso, de acuerdo con la denuncia de CGT, Vaersa adquirió, ese mismo año 2010, esta vez sí con licitación pública, otros 115 vehículos todoterreno por 2,3 millones de euros, ya no a British Car sino a la propia Imperauto. CGT destaca que en ambas contrataciones, la que tuvo licitación y la que no se licitó, el consejero responsable de Medio Ambiente, y por tanto de Vaersa, era Juan Cotino, actual presidente de las Cortes Valencianas.
Por otra parte, ayer terminó el plazo para que la Agencia Tributaria entregara al juez José Ceres, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que instruye el caso Gürtel, un informe sobre la financiación irregular del PP valenciano. El informe incluye una adenda a solicitud de la fiscalía en la que se cuantifican los ingresos de Orange Market y otras empresas de la trama procedentes del PP de la Comunidad Valenciana; se indica si hay reflejo de esos ingresos en A o en B; se calculan “los gastos de Orange Market constatados para la prestación de servicios al PP”; se detalla la deuda del PP valenciano con empresas de la trama que se ha constatado que fue pagada por terceros, y en especial por Grupo Enrique Ortiz, Facsa, Lubasa, Sedesa y Vallalba, y se cuantifica la deuda defraudada por Orange Market en 2007 y 2008, años de campañas electorales.
Dentro de la instrucción sobre la supuesta financiación irregular del PP, el juez Ceres ha citado a declarar como testigos el próximo día 12, en su condición de coordinadores de esas campañas a nivel provincial, el vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Moncada, Juan José Medina, el diputado autonómico Rubén Ibáñez y el exalcalde de Alcoi y exconsejero Miguel Peralta.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/06/valencia/1394125422_234102.htmlTSJCV PIDE A LA UDEF SUS ÚLTIMOS INFORMES SOBRE GÜRTEL
El magistrado justifica esta petición en que en "alguno" de los informes "pudieran existir referencias a hechos que afecten a los que son de la competencia de este Tribunal"
El instructor del Tribunal Superior de Justicia valenciano que instruye la rama valenciana del caso Gürtel ha solicitado a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) del Cuerpo Nacional de Policía que le remita los últimos informes que se han ido conociendo que pueden afectar a su investigación.
En una providencia hecha pública hoy, el magistrado José Ceres justifica esta petición en que en "alguno" de esos informes "pudieran existir referencias a hechos que al menos en parte pudieran afectar a los que son de la competencia de este Tribunal de Valencia".
Entre esos informes figura, por ejemplo, que un 80 % del dinero que pagaba el PP valenciano a empresas de la trama Gürtel por realizar actos electorales era en B.
Por ello, el magistrado oficia a la UDEF para que con independencia de la elaboración de los informes pendientes en estas diligencias del TSJCV "y que aún no se han podido emitir (esencialmente en Piezas 1ª, 2ª, 6ª y 4ª)", y para agilizar la instrucción, remita "directamente a este Tribunal cuantos datos tengan conocimiento respecto de los hechos de los que tiene competencia" el órgano judicial valenciano.
Asimismo, el magistrado da cuenta de las quejas recibidas por testigos "por la difusión pública del contenido de los vídeos de sus declaraciones" y pide que se haga una "generalizada advertencia" a las partes "sobre la entrega de copias de las declaraciones a falta de transcripción de las mismas en soporte audio sin imagen, y que se compruebe si resulta factible la adopción de medidas que permitan establecer la trazabilidad informática de las filtraciones".
Por otra parte, desde el TSJCV se informa de que los inspectores de Hacienda han entregado hoy al juez el informe de conclusiones relativo a las piezas 1, 2 y 6 de Gürtel.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/03/06/tsjcv-pide-udef-ultimos-informes/1087471.htmlEL TSJ PIDE A LA POLICÍA EL INFORME QUE IMPLICA A COTINO EN 'GÜRTEL'
El juez instructor de la rama valenciana, José Ceres, quiere revisar la documentación
El presidente de las Cortes pidió comparecer de forma voluntaria para dar explicaciones
El instructor de la rama valenciana de Gürtel, José Ceres, ha firmado este miércoles una providencia en la que solicita a la Brigada de Blanqueo de Capitales (Udef) que remita los últimos informes policiales entregados en la Audiencia Nacional. Los agentes han entregado ocho expedientes de investigación al juez Pablo Ruz en el que analizan la documentación intervenida a las empresas del grupo de Francisco Correa, además del análisis de las anotaciones manuscritas de Pablo crespo, su mano derecha en la organización.
Estos informes señalan directamente al presidente de las Cortes valencianas, Juan Cotino, como uno de los responsables públicos que habría negociado con la trama los contratos de la visita del Papa a Valencia, en 2006.
"Habida cuenta el conocimiento que se ha tenido en relación a la elaboración de nuevos informes UDEF al parecer remitidos al referido Juzgado Central y que en alguno de los cuáles pudieran existir referencias a hechos que al menos en parte pudieran afectar a los que son de la competencia de este Tribunal de Valencia, procede oficiar a la UDEF para que con independencia de la elaboración de los informes pendientes en estas Diligencias y que aún no se han podido emitir (esencialmente en Piezas 1ª, 2ª, 6ª y 4ª) para que a los efectos de agilización de la instrucción remitan directamente a este Tribunal, cuantos datos tengan conocimiento respecto de los hechos de los que tiene competencia este Tribunal", explica el juez.
La Policía sigue manteniendo que Álvaro Pérez El Bigotes era el brazo de Gürtel en Valencia, y que la trama pidió a la constructora Teconsa que optara en su nombre al concurso a cambio «de una comisión de 200.000 euros».
Pablo Crespo, y por tanto la organización, «ya conocía en noviembre de 2005 que el acto se celebraría al año siguiente». La Policía lo deduce de una anotación realizada por Crespo en la página 1.360 de su agenda personal. En ella, Crespo realiza una serie de precisiones para facilitar la adjudicación a la sociedad pantalla y propone «eliminar referencias a la Ley de Contratación» para allanar el camino.
Esta información privilegiada la habría obtenido a través de tres personas: Cotino; el comisionado del evento y ex director del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada; y el director general de Canal 9 que impuso Francisco Camps, Pedro García. «Pablo anota una reunión con Pedro García, Juan Cotino y Enrique Pérez Boada». Junto con esos nombres «se anota Sonido, Pantallas y Luz (Phillips) y Canal 9, entendiendo que el ente público valenciano será el encargado de la adjudicación de la señal de audio y vídeo para la retransmisión del evento». Cotino lo niega y ha pedido comparecer voluntariamente ante el juez Ceres para dar las explicaciones oportunas.
Además, el juez Ceres da traslado de un escrito de la Fiscalía en relación a distintas quejas recibidas de testigos por la difusión pública del contenido de los vídeos de sus declaraciones y solicita se realice generalizada advertencia a las partes.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/06/5318b4ecca4741ea328b456f.html
HACIENDA ENTREGA SUS CONCLUSIONES
Los inspectores han presentado sus informes ante el juez instructor
Investigaron los presuntos delitos electorales y contra la Hacienda Pública
Inspectores de Hacienda han entregado este jueves en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) su informe de conclusiones relativo a las piezas una, dos y seis del caso Gürtel, que investigan delitos de falsedad documental, electoral y contra la Hacienda Pública, respectivamente.
Según han informado fuentes del tribunal valenciano, los inspectores han librado esa información en una comparecencia que ha tenido lugar esta mañana ante el juez y la secretaria judicial.
El instructor de la causa en Valencia, el magistrado José Ceres, abrió la pieza separada sexta para investigar presuntos delitos contra la Hacienda Pública que pudieran atribuirse a Orange Market o a algunas de las sociedades vinculadas a la misma y que pudieran derivarse de los hechos delictivos a que se refieren las piezas una y dos previas, que recogen la investigación por presuntos delitos electorales en 2007 y presuntas falsedades relacionadas con un delito electoral en 2008.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/06/5318d3d922601d496e8b4590.htmlCOTINO PIDE DECLARAR DE NUEVO POR LAS "FALSEDADES" DE LA UDEF EN GÜRTEL
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Valencia el escrito enviado por el presidente de las Cortes, Juan Cotino, en el que pide declarar voluntariamente para defenderse de las “conclusiones falsas” a las que llega la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF). En su último informe, apuntaba que negoció en persona con la red de Francisco Correa el contrato de suministro e instalación de equipamientos de sonorización de la visita del Papa a Valencia que adjudicó Canal 9 a Teconsa a cambio de 7,4 millones de euros.
En una providencia, el instructor le remite al TSJCV el escrito de Cotino para que se continúe allí su tramitación al ser un miembro aforado regional. En su escrito, fechado el 5 de marzo, el dirigente señala que “con las informaciones aparecidas se ha dañado mi honor, mi imagen personal e institucional dado que las conclusiones son falsas ya que no responden en ningún momento a la realidad”.
En su informe, la UDEF recoge un análisis de la agenda que se intervino al número dos de la trama, Pablo Crespo, de donde se deduce que esta pidió a la constructora Teconsa que optara en su nombre al concurso a cambio “de una comisión de 200.000 euros”. La Policía señala que Crespo “ya conocía en noviembre de 2005 que el acto se celebraría al año siguiente”.
Sin embargo, sobre esas informaciones y presunta relación con Crespo, el presidente de las Cortes apunta que “han dañado mi honor, mi imagen personal e institucional”. Por ello, solicita declarar voluntariamente ante la Justicia “para explicar mi colaboración como voluntario en la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006”.
No es la primera vez que se ve involucrado en un asunto relacionado con Gürtel. El pasado mes de enero fue citado a declarar como testigo por Ruz en la pieza separada conocida como los 'papeles de Bárcenas', en la que se investiga la presunta contabilidad B del PP. Durante el interrogatorio negó que entregara 200.000 al extesorero popular el 11 de marzo de 2004, aunque sí reconoció que estuvo ese día en la sede del PP. Es más, él sugirió que su aparición en los papeles podría deberse a una venganza de Bárcenas.
http://www.elconfidencial.com/espana/2014-03-06/cotino-pide-declarar-de-nuevo-por-las-falsedades-de-la-udef-en-gurtel_98282/
COTINO PEDIRÁ DECLARAR PARA EXPLICAR AL JUEZ SU PAPEL EN LA VISITA DEL PAPA
El presidente de la Cortes Valencianas niega haberse reunido nunca con Pablo Crespo ni tener relación con Gürtel
"Si la policía ha sacado esas conclusiones, son erróneas". El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, ha explicado a los periodistas este miércoles en los pasillos del Parlamento, que es falso que se reuniera con Pablo Crespo, de la trama Gürtel. "Nunca en la vida", ha insistido Cotino, que ha anunciado que pedirá comparecer voluntariamente ante el juez "donde corresponda" para explicar cuál fue su papel en la organización de la vista del Papa a Valencia en 2006, en la que ha reiterado que actuó como "voluntario".
Cotino ha salido así al paso del informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que investiga el caso Gürtel, en el que se refleja que Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa en la trama corrupta, anotó una reunión con Pedro García, Juan Cotino y Enrique Pérez Boada, en la que se habría hablado de "sonido, pantallas, luz y canal 9". El saqueo de la adjudicación que Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) hizo de la instalación de pantallas para la visita papal es uno de los aspectos que centran la investigación sobre la actuación de la trama.
"Uno no puede estar cada día expuesto a que perjudiquen su imagen personal", ha alegado Cotino, que ha recordado que tampoco trató con Álvaro Pérez cabecilla de la red corrupta en Valencia. "Es tan falso como cuando dijo que me había regalado una cazadora", ha señalado el presidente de las Cortes Valencianas.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/05/valencia/1394023500_799163.html
EL EXDIRECTOR DE CANAL 9 TENÍA EL 20% DE LA EMPRESA CLAVE DE LA TRAMA GÜRTEL
Pedro García fue “decisivo” para que Orange Market se beneficiara de la visita del Papa
No se trataba de una red corrupta que se infiltró y aprovechó del Partido Popular para hacer sus negocios en la Administración. Según la policía, la trama Gürtel mantenía una relación simbiótica con el PP, y en la Comunidad Valenciana el vínculo fue mucho más allá. El informe que la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF) realizó tras intervenir la agenda de Pablo Crespo, el número dos de la trama, ofrece abundante información sobre la concurrencia de cargos públicos valencianos en los negocios de Orange Market, la principal sociedad de la red de empresas de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana.
La actividad desarrollada por la trama Gürtel en Valencia “no hubiera podido ser tan prolífica ni tan económicamente ventajosa” sin la participación de cargos de la Generalitat valenciana en los negocios de esta empresa (cuyo cabeza visible era Álvaro Pérez, El Bigotes), que logró más de 20 millones de euros en concursos públicos en los que, según el informe de la policía, se vulneraron los principios establecidos en la Ley de Contratación de la Empresa Pública, como la creación del pabellón de la Comunidad Valenciana para Fitur, la “multitud de actos y eventos” de las consejerías de la Generalitat o la retransmisión de la visita del Papa en 2006.
En este último intervino directamente el entonces director de la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Pedro García, antiguo jefe de prensa de los expresidentes Eduardo Zaplana y Francisco Camps, quien mantenía una relación muy fluida con El Bigotes, el “relaciones públicas” de la red, hasta el punto de ser padrino de su hija. García no solo propició este contrato. El informe de la UDEF desvela asimismo que era propietario del 20% de las acciones de Orange Market. El exdirector de RTVV figura como miembro del accionariado al mismo nivel que Pablo Crespo (al que el informe otorga el papel principal de control de las operaciones) y que Álvaro Pérez. Su participación solo estaba por debajo de la de Francisco Correa, con un 36% de las acciones, y muy por encima de Mónica Magariños, que tenía el 4% restante.
Crespo realizó un plan de actuación de la mercantil que contemplaba un cambio en la dependencia societaria exterior, una ampliación de capital, un cambio de administrador y la entrada de Magariños, que fue la apoderada de la sociedad, en el accionariado.
El exdirector de RTVV está imputado por blanqueo de dinero, delito fiscal, cohecho, malversación y prevaricación como responsable del contrato de la retransmisión de la visita del Papa, por el que una empresa pantalla, Teconsa, cobró 7,4 millones de euros por montar los monitores de televisión y altavoces en el recorrido de Benedicto XVI por Valencia en su visita de 2006. Según los informes de la UDEF, el coste real del montaje fue de tres millones de euros. Los 4,4 restantes se repartieron entre los integrantes de la trama Gurtel y otros comisionistas.
Según apuntó Crespo en su agenda, que recoge anotaciones realizadas entre el 20 de mayo de 2005 y diciembre de 2007, García cobró medio millón de euros. De acuerdo con el informe de la Agencia Tributaria sobre las contingencias fiscales de Teconsa, García tuvo una “intervención decisiva” para que la organización de Correa resultara beneficiada en la adjudicación de la cobertura audiovisual del evento. Era “el nexo de unión entre la organización (por su estrecha amistad con Álvaro Pérez) y la Televisión Autonómica Valenciana”, así como “el principal responsable” en el ente del contrato que firmó el 10 de mayo de 2006 pese a que los técnicos advirtieron de que la oferta era por el doble de lo que costaba.
El informe de la UDEF sobre el contrato refleja que García cobró su parte a través de dos empresas interpuestas con vínculos familiares con su mujer. La adjudicataria instrumental Teconsa y otra empresa de su mismo grupo, Proinsa, abonaron dos facturas a las sociedades Grupo Alvalón 2006 SL y Vinago por los servicios de intermediación en la compra de un solar de las Benedictinas sito en la provincia de Zamora. Tras examinar las cuentas bancarias de ambas sociedades, se comprobó que nada más recibirse los ingresos, el 11 de enero de 2007, se produjeron movimientos que las dejaron prácticamente sin saldo. Coincidiendo con el período de cargos de cheques en las cuentas de las sociedades instrumentales, la esposa de García compró un Volvo XC90 por un importe de 54.475 euros, mediante un cheque de 15.474, contra una cuenta de su marido, y un pago en efectivo de 39.000 euros.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/05/valencia/1394047583_501785.htmlCRESPO SOBRE EL VALENCIA: 'VIENE UN ALUVIÓN DE ACTOS, NO HAY QUE FALLAR'
El ex director de Canal 9 organizó una cena con el presidente para 'morder' del club
La actividad desarrollada por esta organización en la Comunidad no hubiera podido ser tan prolífica ni «tan económicamente ventajosa» sin la participación de cargos públicos valencianos en los negocios de la principal sociedad de la sociedad que operaba en esa región, Orange Market.
El papel de Álvaro Pérez 'El Bigotes' en este aspecto fue fundamental para ganarse el favor de responsables civiles y autonómicos. Así lo confirman los últimos informes policiales al subrayar que «esta sociedad fue adjudicataria de concursos públicos en los que se vulneraron los principios establecidos en la Ley de Contratación de la Administración Pública» como el de creación y adaptación de un stand de la Comunidad en Fitur, o la organización de «multitud de actos y eventos desarrollados para las distintas consellerias de la Generalitat y otros órganos autónomos, así como actos de campaña del Partido Popular».
Pero a la organización no sólo le interesaban los eventos políticos y pusieron su objetivo en el equipo más importante de la Comunidad: El Valencia CF. Según la Brigada de Blanqueo de Capitales, Pablo Crespo estaba preocupado porque quería «implicar más a Ricardo (en alusión al diputado Ricardo Costa) en las operaciones de la organización como una persona importante para ellos». «Apunta a cierto nerviosismo de éste por la preparación de la adjudicación del concurso de RTVV» para la visita del Papa pese a que es «tranquilizado por Víctor Campos», ex vicepresidente de la Generalitat.
Para que Crespo se tranquilizara, su presunto socio en Orange y ex director general del RTVV, Pedro García, organiza «una cena con el presidente del Valencia CF». La Policía no identifica al presidente de la entidad aunque en 2006 estaba dirigido por Juan Soler.
El número dos de Francisco Correa anota en su agenda que «todo ello es bueno para la organización porque se van a realizar muchos actos». Además, hace mención «de la estrategia de Álvaro Pérez situándose cerca de estas personas» en Valencia. «Todo va de puta madre (...) Pedro se preocupa todos los días (...) Van a cenar con el presidente del Valencia. Viene un aluvión de actos, acciones, etc.... No quiere fallar en nada», escribe Crespo en su agenda.
Estos eran los años de los excesos en la Comunidad, también en el Valencia CF, que en esa época organizó grandes eventos para presentar la maqueta del futuro estadio que aún está por acabar. El director de Comunicación del club era Jesús Wollstein, es director de Ràdio 9 y pareja de Marta Torrado, diputada nacional del PP. Después llegó a ser consejero delegado.
Además, Pedro García inyectaba fondos públicos al club a través de contratos de patrocinio. En concreto, según datos de EUPV, RTVV pagó más de 200 millones (incluidos los derechos de retransmisión).
La Policía no sabe si Gürtel llegó a trabajar con el Valencia, un equipo que ahora está en venta por la desastrosa gestión de Soler.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/06/53179260ca4741d73a8b4592.html
GÜRTEL PROPUSO AL PRESIDENTE DE FERIA VALENCIA CONTRATAR A SU HIJO
Su cometido sería la gestión del contrato entre Orange Market y la institución ferial, según la UDEF
El número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, planteó en 2007 la contratación de un hijo suyo y otro del entonces presidente del comité ejecutivo de Feria Valencia, Alberto Catalá, para "llevar la marcha de la contratación" entre la institución ferial y Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez --conocido como El Bigotes--, según figura en un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) entregado al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
El documento, al que ha tenido acceso Europa Press, recoge un apunte de la agenda de Crespo sobre la contratación de dos personas, una por Orange Market y otra por la feria: "Dos personas a) director de marketing Feria Muestrario de Valencia b) director de cuentas en Orange Market. En plena coordinación. Dos hombres de Álvaro Pérez. ¿Nivel salarial? 75/80. Ya lo tenemos. Director de Marketing Luis. ¿Este tiene que estar contigo? ¿O con Orange Market? Idea: Hijo de Alberto (De Alberto Catalá) / mi hijo (de Pablo Crespo) Canal de I.T.V. Fira a nivel mundial. Realidad virtual todas las ferias".
En un epígrafe titulado Operación contratación Feria Muestrario de Valencia, la UDEF recuerda que, en su informe anterior sobre el análisis de la documentación hallada en el domicilio central de las sociedades de la organización de Francisco Correa, hizo mención al hallazgo de varias facturas emitidas por Orange Market contra Feria Valencia con una facturación global de 1,2 millones de euros y de un contrato sobre arrendamiento de servicios integrales de marketing, publicidad y promoción, firmado entre ambas mercantiles en febrero de 2008 representadas por Cándido Herrero y Alberto Catalá.
La UDEF indica que las anotaciones de la agenda de Crespo coinciden temporalmente con la negociación del contrato, ya que datan de diciembre de 2007, y ponen de manifiesto que éste "intervino activamente" en la celebración del contrato como "la persona que, por parte de la organización, sopesa las condiciones de la negociación".
Así, observa que elaboró un listado de puntos donde planifica los aspectos esenciales para la negociación con Feria Valencia, tales como la fecha de firma y duración del contrato, la existencia de una cantidad fija mensual y una variable y la pregunta "¿Qué es lo que quieres estos cuatro años? ¿Con qué te sientes a gusto?", sobre la que señala que "no se ha podido determinar a quién se refiere".
De las anotaciones de Crespo, deduce que "fue la persona que desde la organización planificó y ejecutó la contratación de los servicios con Feria Valencia, si bien --agrega-- la firma del contrato fue realizada por Cándido Herrero en representación de Orange Market".
La UDEF precisa que, "en un principio, no está convencido de la capacidad de su sociedad para dedicarse a temas de Feria", pero preguntó los cometidos de la anterior proveedora de servicios de Feria Valencia "para que sean asumidos ahora por Orange Market", a lo que añade que Crespo "llega a plantear las funciones de que deben tener ambas contratantes: el marketing lo pondría la feria y el control de cuentas la organización" y que también "menciona las condiciones laborales y económicas" e incluso plantea la contratación de su hijo o las personas que deben componer el "equipo mínimo".
Según el informe, finalmente la duración del contrato se estableció por un período de dos años desde la firma, con un pago inicial de 20.000 euros, un fijo mensual de 25.000 euros y otro variable según trabajos específicos". Sobre este punto, concreta que en el registro practicado en la sede de la organización en Madrid hallaron dos facturas correspondientes a la edición de 2008 de la feria Habitat por importe de 895.000 euros, una de julio de 2008 por importe de 500.000 euros y otra de septiembre por 395.000 euros.
Sobre este certamen, incluye el siguiente apunte de la agenda: "Gran Feria Habitat. Al margen de proyectos globales. Hasta la venta de distintas ferias. Dueño BSB -> Saez Merino. Amigo Emilio Foldi. Ponerse en guardia. Alfonso Grau. Elaborar costes + margen razonable. Fijo/variable + acciones determinadas".
En las anotaciones de Crespo que reproduce el documento de la UDEF figura asimismo una estimación de la facturación a realizar, con un apunte concreto sobre "cobrar 72.000 euros al año más un 'bonus' como sueldo del director, señalando a Miguel Pedregal", al que la unidad policial asegura no haber "podido identificar por el momento".
Desde la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal apuntan que "también figura el nombre y el número de teléfono de Cristina Olmeda, directora de marketing de Feria Muestrario de Valencia", a lo que agregan que "Pablo ya mencionaba anteriormente la necesidad de nombramiento de un director de marketing".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/05/valencia/1394044061_197260.html
COTINO NEGOCIÓ CON 'GÜRTEL' LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA
La policía concluye que el presidente de las cortes era el enlace con la trama corrupta
A cambio de 7,4 millones de euros con el IVA incluido
Lo confirmaron los testigos en Valencia y ahora lo ha corroborado la Policía en Madrid. Juan Cotino, presidente de las Cortes Valencianas, negoció en persona con la banda de Francisco Correa el contrato de suministro e instalación de equipamientos de sonorización de la visita del Papa a Valencia que adjudicó Canal 9 a Teconsa -constructora donde se escondió la organización- a cambio de 7,4 millones de euros (IVA incluido).
Así lo asegura la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional en un informe reciente entregado en la Audiencia Nacional. El dossier es un análisis de la agenda que los agentes intervinieron a Pablo Crespo, ex dirigente del PP gallego y cabecilla de la red.
La Policía sigue manteniendo que Álvaro Pérez El Bigotes era el brazo de Gürtel en Valencia, y que la trama pidió a la constructora Teconsa que optara en su nombre al concurso a cambio «de una comisión de 200.000 euros».
'Conocía el acto desde noviembre de 2005'
Pablo Crespo, y por tanto la organización, «ya conocía en noviembre de 2005 que el acto se celebraría al año siguiente». La Policía lo deduce de una anotación realizada por Crespo en la página 1.360 de su agenda personal. En ella, Crespo realiza una serie de precisiones para facilitar la adjudicación a la sociedad pantalla y propone «eliminar referencias a la Ley de Contratación» para allanar el camino.
Pablo Crespo sabía «cómo y cuándo» se iba a adjudicar el contrato de RTVV
Para la Policía, «Crespo es la persona que lleva el control principal de la celebración del evento por parte de la organización» y «tiene conocimiento de cómo y cuándo se va a publicar el contrato público y por cuánta cantidad».
Esta información privilegiada la habría obtenido a través de tres personas: Cotino; el comisionado del evento y ex director del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada; y el director general de Canal 9 que impuso Francisco Camps, Pedro García. «Pablo anota una reunión con Pedro García, Juan Cotino y Enrique Pérez Boada». Junto con esos nombres «se anota Sonido, Pantallas y Luz (Phillips) y Canal 9, entendiendo que el ente público valenciano será el encargado de la adjudicación de la señal de audio y vídeo para la retransmisión del evento». Es la primera reunión de Cotino con Crespo, según los investigadores.
Para la Policía, Crespo «no solamente es conocedor de lo anterior, sino que además se reúne con las personas de las cuales depende en gran medida la adjudicación». La agenda del número dos de Gürtel también ha permitido descubrir una segunda reunión de la trama con el ex director general de la Policía, el sacerdote valenciano Antonio Corví y catedráticos de la Universidad de Navarra como Pedro Juan Viladric.
«En la mencionada reunión se planifica el contenido de las jornadas del evento, sobre todo la del sábado, donde habrá cuatro presentadores y durante cuatro horas habrá actuaciones musicales y testimonios». En el encuentro con Cotino se acuerda que «en la última hora y media intervenga el Papa».
Igualmente, el dirigente del PP facilita que la organización participe en más actos relacionados con el evento. En concreto, en el rosario multitudinario que se celebró en la Malvarrosa, en la ofrenda floral a la Virgen de los Desamparados y espectáculo posterior, además de en el «mogollón» de la misa.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/03/05/5316562e22601dc9628b458b.html?a=23a4888aef0be2d4baa630342e15abb7&t=1394008610LA PARTICIPACIÓN DE CARGOS PÚBLICOS FUE DECISIVA PARA LOS NEGOCIOS DE GÜRTEL
El ‘número dos’ de la trama anota en su agenda una reunión con Cotino, García y Pérez Boada
La actividad desarrollada por la trama Gürtel en Valencia “no hubiera podido ser tan prolífica ni tan económicamente ventajosa” sin la participación de cargos de la Generalitat valenciana en los negocios de Orange Market, la principal sociedad de la red de empresas de Francisco Correa en la Comunidad Valenciana. Y para ello, según el informe que la policía elabora a partir de la agenda personal del número dos de Gürtel, Pablo Crespo, “el papel de Álvaro Pérez”, El Bigotes, “fue fundamental”.
La trama logró más de 20 millones de euros en concursos públicos en los que se vulneraron los principios establecidos en la Ley de Contratación de la Empresa Pública, como la creación del stand de la Comunidad Valenciana para Fitur, la “multitud de actos y eventos” de las consejerías de la Generalitat o la retransmisión de la visita del Papa en 2006 a Valencia.
En las anotaciones de Crespo constan nombres de cargos de la Generalitat vinculados con los negocios de la organización y siempre relacionados con El Bigotes. Incluso, tras una conversación con el entonces vicepresidente del Consell, Víctor Campos, apunta el posible reparto de puestos en la Administración para el carrusel de nombres de la órbita de Pérez, entre los que, además de Campos, “que se convertirá en presidente de la Diputación de Castellón”, aparecen Ricardo Costa, “vicepresidente o consejero de Economía” o el director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV), Pedro García.
Crespo “quería implicar más a Ricardo [Costa] en las operaciones de la organización como persona importante para ellos” y destaca su nerviosismo por la preparación de la adjudicación del concurso de RTVV para la retransmisión de la visita del papa Benedicto XVI. Asimismo, consigna la preocupación de García. Otros nombres apuntados por Crespo son el de Vicente Rambla y Alicia de Miguel, que “ostentarían cargos en la consejería de Sanidad”.
Crespo también anotó en su agenda una reunión con el entonces consejero de Agricultura, Juan Cotino, el director de RTVV y el comisionado del Patronato de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, Enrique Pérez Boada, en la que habló de “sonido, pantallas, luz y Canal 9”, con el sobreentendido de que el desaparecido ente público sería el encargado de la adjudicación de audio y vídeo para la retransmisión del evento.
El informe de la policía destaca que “Pablo [Crespo] no solamente es conocedor de lo anterior, sino que además se reúne con las personas de las cuales depende en gran medida la adjudicación del contrato público finalmente realizado por la organización”.
Por otra parte, el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia valenciano ha solicitado a la Consejería de Sanidad que indique si las facturas relativas a la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en el año 2008, generadas con algunas de las mercantiles investigadas, pasaron por el Gabinete del entonces consejero Manuel Cervera.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/04/valencia/1393958103_470530.html
EL JUEZ DEL CASO GÜRTEL PIDE SABER SI LAS FACTURAS DE LA AMPLIACIÓN DEL CLÍNICO PASARON POR MANUEL CERVERA
El juez instructor del 'caso Gürtel' en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha solicitado a la Conselleria de Sanidad que indique si las facturas relativas a la ampliación del Hospital Clínico de Valencia en el año 2008, generadas con algunas de las mercantiles investigadas, pasaron por el Gabinete del entonces conseller Manuel Cervera.
Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso Europa Press, dictada por el juez José Ceres dentro de la pieza 5 del 'caso Gürtel' --en total hay 6--, relativa a contrataciones entre el Consell, la empresa dirigida por Álvaro Pérez 'el Bigotes' y otras sociedades del Grupo Correa, que pudieron constituir delitos de prevaricación, u otros.
En el nuevo escrito, el magistrado, tras ver las declaraciones y diligencias practicadas a lo largo de la instrucción, requiere a la Conselleria de Sanidad, a través del Secretario Autonómico de la Agencia Valenciana de Salud (AVS), para que en relación con las contrataciones de la ampliación del Hospital Clínico del año 2008, certifique sobre la remisión de facturas si alguna tuvo origen, entrada o salida a través del Gabinete del entonces conseller --del propio conseller, jefe de Gabinete, prensa u otro--.
En todo caso, solicita que se especifique por qué Departamento pasó, su fecha, causa y ruta que siguió. Igualmente, requiere que se concrete si ello tuvo lugar respecto de la Gerencia de la AVS o la Secretaria Autonómica de dicha Agencia.
Para poder aportar esta documentación, el juez pide a Sanidad que consulte cuantos datos consten en sus registros, archivos, base de datos, agendas y demás. Y todo ello en relación con las facturas y contrataciones generadas con las mercantiles Orange Market S.L., Diseño Asimétrico, Easy Concept Comunicación y Grafia S.A.
Así mismo, el magistrado requiere una explicación, en su caso avalada documentalmente, de cuantos datos y números aparecen junto a los cuños consignados en cada factura, y si los mismos son correctos o los habituales que presentaban las facturas ordinariamente dirigidas a cada Dirección General o Subsecretaría.
BORRADO DE UN CUÑO
En concreto, se refiere a cinco facturas. Sobre una de ellas pregunta la causa de la recepción, cuando la fecha de autorización de la Dirección General de Promoción Institucional era anterior. En relación con otra de las facturas, relacionada con el video de ampliación del hospital, se interesa por la causa o razón del borrado de uno de los cuños.
Sobre otra factura, pagada por 'Caja Fija' y relacionada con la animación 3D de la ampliación del centro sanitario, el juez pregunta además por los datos que se tengan en relación con la forma de recepción, posible Departamento remisor o de destino, y por la aplicación presupuestaria consignada en la propuesta de gastos y su significado, entre otros aspectos.
Además, requiere información sobre el sistema habitual de forma de indicación de abono de gastos del Gabinete del exconseller por 'Caja Fija' dependiente de la Subsecretaría, y en particular si tiene lugar la remisión de notas, anotaciones o comunicaciones internas por Gabinete a Subsecretaría para que dichos pagos tuvieran lugar.
Así mismo, el juez pregunta por qué todas las facturas --menos una-- carecían de cuño de entrada en la respectiva Dirección General. En este sentido, también pide una explicación sobre por qué la mayoría de las facturas fueron abonadas por el sistema de 'Caja Fija', y en particular sobre la existencia de directrices, notas internas o cualquier dato par que ello pudiera tener lugar respecto de todas ellas y su procedencia.
Por último, en la providencia el juez acuerda dos nuevas testificales para el próximo día 12 de marzo. Una de ellas relacionada con las contrataciones de la Sanidad por los Premios Salud y Sociedad 2007 a 2008 y, esencialmente, por la ampliación del Hospital Clínico; y otra de ellas con la contratación de Castelló Cultural.(EuropaPress)
http://noticias.lainformacion.com/policia-y-justicia/juez/el-juez-del-caso-gurtel-pide-saber-si-las-facturas-de-la-ampliacion-del-clinico-pasaron-por-manuel-cervera_LYisZNYB5Abs0xRyVS7yi7/LA POLICÍA AFIRMA QUE EL PP VALENCIANO PAGABA A GÜRTEL EL 80% EN NEGRO
Un informe de la UDEF ahonda en la financiación ilegal del partido en la Comunidad Valenciana
“De las anotaciones registradas en la agenda, también queda demostrado que Pablo conoce, acepta y llega a solicitar la forma de pago de esta formación (PP) por los actos realizados. Al menos un 2 % del importe se abonaba en dinero a y el 80 % en dinero ajeno al circuito económico legal y que pasaba a engrosar la caja b de la organización”.
El análisis de la agenda personal Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta Gürtel, evidencia la mecánica de facturación del PP de la Comunidad Valenciana con las sociedades de la red, según los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF),
La policía llega a esta conclusión tras la interpretación de un esquema manuscrito del que “se deduce que se trata de pagos realizados por el Partido Popular “P” a la sociedad Orange Market, por la realización de actos, los cuales son abonados en dinero b en un porcentaje del 80% del precio final del acto”. “No hace alusión a ningún acto en particular, sino a la mecánica de facturación que se sigue por parte de la organización y del propio Partido Popular de la Comunidad Valenciana”, añade el informe de la policía que ha sido remitido al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que instruye el caso Gürtel. Sin embargo, la rama valenciana a de la red corrupta se investiga en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, con lo que el informe será remitido, previsiblemente, a Valencia.
El escrito de la policía concluye que de las anotaciones que figuran en la agenda se deduce que la persona de contacto en el PP para la trama en cuanto a las cantidades que se debían cobrar en a o en b era el aún diputado autonómico Ricardo Costa.
La agenda desvela los entresijos para, entre otras cosas, adjudicar la retransmisión de la visita del Papa a Valencia, en 2007, y los contactos y reuniones con altos cargos de la Generalitat valenciana en relación con el contrato que supuso unos beneficios de más de tres millones de euros para la trama. Estos se llevaron a cabo no solo con Pedro García, entonces director de RTVV (cerrada por orden del actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra), sino también con el presidente de las Cortes Valenciana, Juan Cotino.
El análisis de las notas de Crespo arroja luz además sobre otra de las líneas de investigación de la rama valenciana: la financiación ilegal del PP regional. Así, la policía desvela la existencia de una anotación que está encabezada por lo que se deduce que es una cita con Enrique Ortiz, para el 6 de noviembre de 2007. Ortiz es uno de los empresarios valencianos imputados después de que se detectara el posible endoso de parte de la deuda que el PP tenía con la trama corrupta. “También hay alguna mención al cambio de concepto en los actos del PP ordenado por Crespo a Álvaro Pérez, posiblemente referido a la práctica de financiación seguida en aquella Comunidad y por la cual empresas constructoras adjudicatarias de contratos públicos en vigor trasvasaban fondos a Orange Market a través de facturas por la prestación de servicios inexistentes”, señala la policía.
La policía destaca además la anotación de la compra de dos relojes, uno de caballero y otro de señora por importe de 5.300 euros. La policía ya señaló a la exconsejera de Turismo, Milagrosa Martínez, como una de las receptoras de ese reloj, que fue un regalo de la Navidad de 2005.
Otro de los informes entregados a Ruz, en el que se analiza la documentación intervenida en la sede que uno de los miembros de la red, desvela que la trama corrupta guardó bajo el nombre de “pufos” varios archivos con detalles sobre la organización de actos para el PP, celebrados en la campaña de las autónomicas y municipales de 2003 y las generales y europeas de 2004.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/03/valencia/1393869048_125085.htmlEL DIRECTOR DE CANAL NOU QUE ADJUDICÓ 7,4 MILLONES A LA ‘GÜRTEL’ ERA ACCIONISTA DE LA TRAMA
La Policía destapa cómo Pedro García Gimeno, que dirigió la Radiotelevisión Valenciana hasta 2009 y recibió una comisión de medio millón, ya poseía "el 20% de Orange Market" cuando la trama se hizo con el contrato para retransmitir la visita del papa en 2006
El informe de la Udef recalca la abrumadora connivencia entre el grupo de Francisco Correa y el PP valenciano, que le pagaba hasta "un 80%" de los trabajos en dinero B
Un nuevo informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía acaba de demostrar que todo lo conocido sobre las relaciones entre el PP valenciano y la trama Gürtel, que obtuvo en esa comunidad no menos de 13 millones de euros públicos, era susceptible de quedar superado por nuevos datos. El extenso informe, de más de 300 páginas y al que ha tenido acceso infoLibre, destapa cómo Pedro García Gimeno, hasta 2009 director general de la hoy ya cerrada Radiotelevisión Valenciana bajo el mandato de Francisco Camps, no fue un cargo público sobornado como se sospechaba hasta ahora sino, directamente, un socio de Francisco Correa.
Tras analizar la agenda personal de Pablo Crespo –número dos de la red–, la Policía concluye que el máximo directivo de Canal Nou poseía el 20% de la filial local de la trama, Orange Market, cuando el ente público adjudicó en 2006 a una firma asociada a la trama y por 7,4 millones –un tercio más de su valor real– el contrato para retransmitir la visita del papa a la ciudad. La cabeza visible de Orange Market era Álvaro Pérez, El Bigotes, el ya célebre "amiguito del alma" de Camps.
El beneficiario del contrato de pantallas gigantes durante la visita papal fue la constructora Teconsa, una de las firmas que durante años actuaron en asociación con el grupo de Correa. Y el contrato reportó a la trama 2,83 millones en beneficios opacos. Según la Policía, el medio millón que la trama pagó de ese monto a García Gimeno no sería un soborno sino la cuota que le correspondía como accionista: minoritario, lo que le sitúa el cuarto en cuanto a "posición jerárquica" y a dinero público desviado que acabó en su bolsillo gracias a la visita de dos días que Benedicto XVI giró a Valencia en julio de 2006. Correa, como accionista mayoritario, se llevó 900.000 euros. Pablo Crespo, 630.000; El Bigotes, medio millón, y una persona sin identificar, 300.000.
Buque insignia del conglomerado Gürtel en Valencia y capitaneado por Álvaro Pérez, El Bigotes, el "amiguito del alma" del expresidente Francisco Camps, Orange Market logró para sí más de cinco millones del Gobierno valenciano gracias al montaje del stand oficial de Fitur entre 2005 y 2009.
El informe policial define de forma inequívoca el papel del entonces director de Canal Nou: "Pedro García Gimeno participa en el capital de la sociedad Orange Market en el porcentaje marcado por Pablo Crespo en su agenda personal". "En la página [de la agenda] donde se transcribe esa participación figura la fecha 20 de mayo de 2005", continúa el informe, que reseña cómo tras la venta de acciones ante notario –cita que Crespo anotó para el día 6 de junio de aquel año–, Francisco Correa se quedó con el 36%; Pablo Crespo y Álvaro Pérez con el 20% cada uno, el mismo porcentaje que Pedro García Gimeno. El 4% restante acabó en manos de una empleada del grupo, Mónica Magariños.
El informe menciona el nombre del notario, Ángel Luis Donesteve, al que la trama solía encargar escrituras de todo tipo. ¿Pedirá el juez Pablo Ruz al notario copia de la escritura de venta de títulos de Orange Market SL? De momento, es una incógnita
El caso de Pedro García, de cuyo deseo de dirigir la RTVV dejó Correa constancia en una nota interna fechada en abril de 2004 –"Pedro quiere ser director de Canal Nou", y su deseo se cumplió en julio de ese año– resulta paradigmático de la relación entre el PP y el conglomerado Gürtel que cobraba dinero público y a la vez organizaba actos del partido financiados con dinero negro o por empresarios afines a la formación conservadora que aceptaban facturas falsas.
Ahora, la Policía añade más elementos: "De las anotaciones registradas en la agenda, también queda demostrado que Pablo conoce, acepta y llega a solicitar la forma de pago de esta formación por los actos realizados. Al menos un 20 % del importe se abonaba en dinero A y el 80% en dinero ajeno al circuito económico legal y que pasaba a engrosar la caja B de la organización".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/03/03/el_director_canal_nou_que_adjudico_millones_gurtel_era_accionista_trama_14185_1012.html
MARTÍNEZ SE ENROCA COMO ALCALDESA Y BUSCA APOYOS PARA SEGUIR DE DIPUTADA
La regidora de Novelda asume el desgaste de mantener el cargo durante el juicio
La alcaldesa de Novelda, Milagrosa Martínez, del PP, a la que la trama apodaba La Perla, no piensa renunciar a su cargo al frente del Ayuntamiento de Novelda pese a su procesamiento en el caso Gürtel, cuyo juicio arranca el próximo 31 de marzo. Martínez lo dejó bien claro ayer en el pleno que se celebró en el Consistorio. Pero no aclaró qué hará con su acta de diputada autonómica, que le exige el PP que devuelva. Sin embargos fuentes próximas a la regidora aseguraron que está “buscando apoyos” para mantener también su acta de diputada ya que no entiende “el doble rasero” de Fabra a la hora de exigir responsabilidades.
Martínez considera que el actual presidente del Puerto de Alicante, José Joaquín Ripoll, también procesado en Brugal, y la exalcaldesa de Orihuela, Mónica Lorente, con tres imputaciones, están en la misma situación “y el PP no les pide nada”, aseguran desde el entorno de la alcaldesa.
El presidente regional del PP, Alberto Fabra, insistió ayer en que “ninguna persona que sea diputada tiene que sentarse en el banquillo en un juicio”. La semana pasada ya la instó, junto a la exconsejera Angélica Such, a dejar voluntariamente su escaño en las Cortes, de lo contrario el partido adoptaría medidas. A las pocas horas dimitió Such, pero no Martínez. La fiscalía pide para Such nueve años de inhabilitación especial por prevaricación, mientras que para Milagrosa Martínez, que firmó los primeros contratos de Fitur con Orange Market, solicita 11 años de prisión y 34 de inhabilitación.
El PP rechazó una moción sobre apartar a los procesados
La todavía diputada del PP en las Cortes Valencianas y alcaldesa de Novelda manifestó ayer durante el pleno celebrado ayer anunció que seguirá en el cargo municipal pese el juicio en el que está procesada por las contrataciones de Fitur y que empieza el 31 de marzo. Aunque la regidora admitió que mantenerse en el cargo mientras se prolonga el juicio será “un desgaste”.
El PP hizo valer su mayoría absoluta para rechazar en el pleno la urgencia de una moción presentada por UPyD que instaba a “aparcar de los cargos públicos a cualquier procesado por corrupción”, en clara referencia a la situación en la que se encuentra Martínez. Sin embargo, el PP rechazó la urgencia y la moción ni tan siquiera se llegó a debatir.
Al final del pleno, y a preguntas del concejal Armando Esteve, del grupo municipal de UPyD, interpeló directamente a la alcaldesa sobre si pensaba dimitir antes del comienzo del juicio en el que está procesada como consejera de Turismo contestó: “No voy a dimitir”, replicó Martínez, quien se refirió únicamente a su cargo de alcaldesa, y evitó hablar de su acta de diputada. Hasta ahora cuando el asunto se había tratado en los plenos siempre reiteraba que no dimitía ni de alcaldesa, ni de diputada. Ahora la primera parte está clara, y la segunda deja la puerta abierta.
Martínez recordó que siempre desempeñó su cargo de alcaldesa con “responsabilidad y desde el cumplimiento de la ley”. Y admitió que “no es fácil” mantenerse en el cargo porque supone “quizás, más dolor, que sea más duro, más sufrimiento”. Pero aclaró que es una decisión que “hay que respetar”. “Como yo respeto las opiniones de ustedes”, insistió Martínez dirigiéndose a la oposición, ante quien defendió su voluntad de “no huir” y permanecer en su “responsabilidad” por Novelda para “demostrar” su “inocencia”. Martínez aseguró que llevará esta decisión “hasta las últimas consecuencias”. Para la alcaldesa la oposición está interpretando “el papel que le toca interpretar”.
El pleno de Novelda se celebró días después de que el pasado jueves el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, asegurara que todas las personas procesadas en casos vinculados a la corrupción “tienen que quedar fuera” de la vida política. Sobre Martínez, el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, advirtió el viernes tras el pleno del Consell, que si no dejaba el escaño “voluntariamente, obviamente el grupo parlamentario popular tendría que tomar medidas”.
Durante el pleno, el presidente del PP en la localidad y portavoz del grupo del PP Rafael Sáez “no quiso pronunciarse en público argumentando que hablará cuando tenga que hablar y con quien tenga que hablar”. Asimismo, señaló que el primer teniente de alcalde, Valentín Martínez, no contestó a la pregunta formulada por el edil Armando Esteve sobre si compartía con Fabra “que no se pueden mantener responsabilidades públicas estando procesado por corrupción” y se comprometió a contestar por escrito.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/03/03/valencia/1393874569_749444.html
LA GÜRTEL INVIRTIÓ EL BOTÍN DE LA VISITA DEL PAPA A VALENCIA EN UN PELOTAZO URBANÍSTICO FALLIDO
La agenda del 'número 2' de la trama, Pablo Crespo, revela que el dinero obtenido por la red con el contrato del restransmisión televisiva del viaje del pontífice a Valencia fue destinado a adquirir unos terrenos en Alicante en espera de una recalificación que no se produjo.
La trama Gürtel no siempre ganaba. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía sobre el contenido de la agenda-dietario del 'número 2' de la red, Pablo Crespo, exdirigente del PP en Galicia, revela que buena parte de los beneficios que la organización de Francisco Correa consiguió organizando la retransmisión televisiva de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006 se perdieron en un pelotazo urbanístico fallido. Crespo detalla en dicho cuaderno como él en persona acudió al Sevilla a recoger la comisión obtenida, cerca de un millón de euros, y cómo con ella la trama adquirió una finca de secano en El Algar, en el término municipal de La Nucía (Alicante) a la espera de una recalificación que nunca llegó. Finalmente, la red se vio obligada a vender las parcelas a un precio inferior al que habían pagado por ellas. Todo ello a través de empresas 'pantalla'.
El 'fracaso' de la Gürtel viene reflejado en el amplio informe que la UDEF realizó sobre el contenido de "una libreta tipo agenda personal" que los agentes adjudican sin género de dudas a Crespo y que fue localizada en el registro que la Policía efectuó en un piso de la madrileña calle General Martínez Campos que la organización liderada por Correa utilizaba como "almacén de documentación de especial relevancia". El dietario del 'número 2' de la trama contiene anotaciones que van desde el 20 de mayo de 2005 al mes de diciembre de 2007, dos años en los que la actividad de la red de corrupción era febril a la vista del contenido de la misma.
Así, junto a detalles sobre la estructura societaria en España y en el extranjero creada por la Gürtel, figuran detalles sobre la adquisición de siete barcos de recreo y diversos vehículos, así como operaciones inmobiliarias de lo más variopintas, incluidas varias en Colombia y en la costa levantina. Entre estas últimas destacan los apuntes relacionados con la compra de una parcela de secano en el Algar, en el municipio de La Nucía, muy cercano a Benidorm, "cuya finalidad era destinarla a la venta una vez se hubiera recalificado el suelo. Frustrada finalmente esta operación especulativa, la parcela fue transferida por un precio inferior al desembolsado" a otra empresa de la trama, se recoge en el informe de la UDEF.
De Sevilla a Madrid
Pese a que no fue el único negocio que le salió mal a la organización de Correa -también se recogen otras operaciones fallidas en el mismo municipio y en un pueblo de Cuenca, entre otros-, este fue especialmente llamativo porque el dinero con el que se sufragó fue gran parte del obtenido por la trama al lograr el contrato para organizar la retransmisión televisiva de la visita del Papa a Valencia con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias. Así, durante numerosas hojas de la agenda, Pablo Crespo detalla cómo consiguieron entrar en el evento gracias a la información privilegiada que manejaba la trama desde muchos antes de que el Gobierno valenciano hiciera públioa el concurso y cómo se repartió el dinero del mismo entre las diferentes empresas que colaboraron en el montaje y la propia red de Correa.
Una de las primeras era APOGEE, quien supuestamente pagó una comisión de 957.300 euros a la Gürtel y que fueron recogidos en metálico por el propio Crespo en un viaje que hizo a Sevilla entre el 22 y el 30 de junio de aquel año. Ese dinero fue posteriormente ingresado en la caja 'B' que la trama tenía en el piso del número 40 de la calle Serrano, donde Correa tenía su cuartel general "y así poder financiar con ello gran parte de la operación de compra de esta finca", se detalla en el informe. La UDEF añade que en el cuaderno también figuran detalles como la identificación del propietario de la finca, un ciudadano holandés, con el que los cabecillas de la organización negociaron a través de Jacobo Gordon, exsocio de Alejandro Agag, el yerno de José María Aznar.
La compra se realizó finalmente a través de la sociedad Castaño Corporate, una mercantil 'pantalla' de la trama detrás de la cual se encuentra el propio Pablo Crespo. De hecho, los agentes hallaron un poder otorgado por esta empresa a favor del 'número 2' de la Gürtel "habilitándole para la enajenación de la finca según su criterio". Finalmente la trama desembolsó 756.000 euros, aunque los planes de la organización era vender los terrenos por cerca de 1,9 millones de euros, con lo que el beneficio que esperaban conseguir se acercaba a los 1,2 millones de euros. Sin embargo, la operación no se realizó y la finca fue transmitida a la sociedad Hator Consulting, representada por otro presunto miembro de la trama, Ramón Blanco Balín, por 443.388 euros más IVA.
Otras operaciones frustradas
Los apuntes de la agenda, una auténtica 'mina' para los investigadores, revelan de modo detallado como se gestaron otras operaciones de compra venta de bienes cuyo principal objetivo era, supuestamente, el blanqueo. Algunas de ellas también salieron mal para la trama. Así, en la misma localidad alicantina de La Nucía intentaron una operación con la que intentaron controlar la urbanización de un millón de metros cuadrados donde construir viviendas, un campo de golf y un centro comercial. La agenda de Crespo recoge, de hecho, gran número de referencias a dicho plan en el que llegaron a presupuestar una inversión de cerca de 23 millones de euros. Sin embargo, la compra no se llegó a realizar, en primer lugar, por la "dura negociación" del propietario de la sociedad que tenía los derechos sobre las mismas y, en segundo lugar, por problemas medioambientales de los terrenos relacionados con la falta de recursos hidráulicos. Este último detalle, sin embargo no era problema para Correa "ya que, según sus declaraciones, tiene un contacto en la Consejería de Obras Públicas [de la Generalitar valenciana] que se lo desbloquearía".
También fracasaron en la adquisición de parcelas en el pueblo conquense de Montalbo, donde la trama pretendía construir un polígono industrial. Para ello la organización se valió de un intermediario para obtener los terrenos donde supuestamente se asentaría el parque logístico y al que pagarían 120.000 euros. Una vez con la finca en su poder, este testaferro debía redactar un poder por el que cedía a Pablo Crespo la libre dispoisición de los mismos para que este pudiera venderlas por un importe cercano a los 15 millones de euros.
Junto a ellos, figuran otras operaciones urbanísticas sí culminadas, como la compra y posterior venta en San Lorenzo de El Escorial (Madrid) de una finca o la adquisición en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias de cuatro apartamentos y una casa de campo. En este último negocio, la red utilizó una sociedad panameña propiedad de Correa para eludir la prohibición de la normativa colombiana sobre la transmisión de inmuebles a ciudadanos no colombianos. La agenda de Crespo también hace referencia a la construcción de un aeropuerto en la ciudad de Palestina, también en el país sudamericano y que fue adjudicado a la Constructora Hispánica, con fuerte lazos con la Gürtel, y a un negocio en Bulgaria del que sólo se apunta que de los 3,5 millones de euros que requería de inversión, al menos 2 millones iban a ser en dinero negro. En el caso del aeródromo, los apuntes del número dos de la trama sugieren estrechos lazos con un diputado colombiano.
http://vozpopuli.com/actualidad/39802-la-gurtel-invirtio-el-botin-de-la-visita-del-papa-a-valencia-en-un-pelotazo-urbanistico-fallidoEL PP VALENCIANO PAGABA UN 80% EN B A LA GÜRTEL POR ACTOS ELECTORALES, SEGÚN UDEF
Uno de los seis últimos informes que la UDEF ha entregado al juez Pablo Ruz da por "demostrado" que este partido se financió en parte de manera irregular.
Un 80 por ciento del dinero que pagaba el PP valenciano a empresas de la trama Gürtel por realizar actos electorales era en B, según uno de los seis últimos informes que la UDEF ha entregado al juez Pablo Ruz, que da por "demostrado" que este partido se financió en parte de manera irregular.
Uno de informes, a los que ha tenido acceso Efe y que serían los últimos encargados de cara a concluir la investigación del caso Gürtel, hace un análisis de la agenda intervenida al considerado número dos de la trama, Pablo Crespo. En ella aparece un esquema manuscrito en el que, según la UDEF (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal), se plasma "la mecánica de facturación que se sigue por parte de la organización y del propio Partido Popular de la C. Valenciana".
El esquema muestra la letra "P" (que la policía interpreta como PP) en el lado izquierdo del papel, y unas flechas con las palabras "Barcelona (80)" y "Alicante (20)" con destino "O.M.", que la UDEF vincula con dinero "B" y "A" hacia la sociedad de Gürtel Orange Market. Esta última sociedad realizaba actos electorales para el PP valenciano, indica el informe, de los cuales "al menos un 20 por ciento del importe se abonaba en dinero A y el 80 por ciento en dinero ajeno al circuito económico legal y que pasaba a engrosar la caja B de la organización".
Según la Policía, además "ya ha quedado demostrado cómo la financiación del Partido Popular de la Comunidad Valenciana se hacía en parte mediante el pago de empresas constructoras de la Comunidad hacia Orange Market, la cual justificaba el trasvase mediante la emisión de facturas con conceptos ficticios giradas a esa empresa".
Crespo, el encargado de las cuentas y los cobros
Para respaldar la existencia de esta mecánica de emitir facturas ficticias, la UDEF destaca otra anotación de Crespo en la que se lee "Inventar concepto - Partido", en referencia al PP. El informe concluye que si bien la persona encargada de los "contactos y relaciones públicas con los representantes políticos del Partido Popular en Valencia" es el imputado Álvaro Pérez "el Bigotes", representante de Orange Market en Valencia, éste quedaba "supeditado jerárquicamente" a Crespo.
Pablo Crespo es, según la UDEF, la persona que, desde Madrid, llevaba el control de las cuentas, de la facturación y del cobro de los actos celebrados para dicha formación política. En la agenda, indica el informe, figuran además "multitud de anotaciones en las que se hace mención a nombres que corresponden con personas que han ocupado puestos de responsabilidad política, tanto a nivel local como autonómico y estatal".
"En muchas ocasiones -añade- Pablo Crespo se refiere a ellos con el apodo por el que se les conoce en la organización", algunos de los cuales se han identificado, como los de "Bujías" (Alfonso Bosch), "Santo" (César Tomás Martín) y "Nosotros" (en referencia a la propia trama Gürtel), mientras que otros como "Fideo" o "Futbolista" no se han podido atribuir a nadie en concreto.
Algunos de esos apuntes, destaca la UDEF, hacen referencia a "repartos de dinero provenientes del cobro de comisiones ilegales o a adjudicaciones en las que intervienen en base a su cargo".
Destacan entre ellos el exdiputado del PP Jesús Merino, el exeurodiputado Gerardo Galeote, el exdiputado madrileño Alfonso Bosch, el exdirector de la Radio Televisión Valenciana Pedro García Gimeno, el exconsejero madrileño Alberto López Viejo y los exalcaldes de Majadahonda y Boadilla del Monte Guillermo Ortega y Arturo González Panero.
Como conclusión, la UDEF asegura que Crespo ostentaba una "posición directiva" en la trama supuestamente liderada por Francisco Correa y que participaba en las empresas que tenían en el exterior, planificaba las operaciones de inversión inmobiliaria o de servicios, daba directrices a los empleados de Gürtel y mantenía contactos con responsables políticas y altos cargos de las distintas administraciones.
http://vozpopuli.com/actualidad/39807-el-pp-valenciano-pagaba-un-80-en-b-a-la-gurtel-por-actos-electorales-segun-udefEL JUEZ DA OCHO DÍAS A HACIENDA PARA EL INFORME FINAL DE LA FINANCIACIÓN DEL PARTIDO POPULAR
Cita a los inspectores para que relacionen constructoras y actos electorales
El juez que investiga el caso «Gürtel» ha dado un impulso definitivo al tronco del macroproceso de seis piezas que dirige: el de la presunta financiación ilegal del PP de Francisco Camps (piezas 1 y 2). José Ceres se ha dirigido a la Agencia Tributaria para urgirle a que presente un informe sobre cómo llegaba dinero al partido con el que busca profundizar en la relación del partido con la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.
El dossier tiene que estar sobre su mesa el próximo 6 de marzo, fecha en la que les ha citado en el Tribunal Superior de Justicia. Este documento, junto a otro que se espera, es clave para el avance de unas diligencias en las que están imputados el ex secretario general del PP autonómico, Ricardo Costa; el ex secretario autonómico de Deportes David Serra y los empresarios Enrique Ortiz, Vicente Cotino y Enrique Gimeno, entre otros.
En una providencia del pasado día 24, Ceres comnina a la Agencia Tributaria a la entrega definitiva de este informe. Se trata de una adenda a un documento anterior que no era tan exhaustivo y que se produce a petición de la Fiscalía.
Anticorrupción pide que se detalle si los pagos de las constructoras sirvieron para financiar el PP autonómico; que se cuantifiquen los ingresos procedentes del PP directa o indirectamente obtenidos por Orange Market o las empresas del grupo y que verifiquen si los ingresos quedaron reflejados en la documentación contable, «la A y la B», tal como especifica en su escrito el Ministerio Público. Además, solicita a la Agencia Tributaria que cuantifique los gastos de Orange Market constatados para la prestación de servicios al PP y que se detalle la deuda del partido con Orange Market o con las empresas del grupo que fue pagada por terceros.
En esta línea, el fiscal Jesús Carrasco también se interesa por que se determine la cuantía que no fue declarada a la Sindicatura y si tampoco fue contabilizada. La parte de deuda defraudada por Orange Market en 2007 y 2008 a cuenta de las cantidades percibidas por empresas es otro de los puntos que Anticorrupción busca aclarar.
Por último, quiere conocer los gastos, según consta en la contabilidad de Orange Market, por los servicios supuestamente prestados a las empresas constructoras. Esta información ha de estar en el Alto Tribunal autonómico en menos de ocho días, tal como precisa Ceres en la providencia a la que ha tenido acceso este periódico. Las piezas 1 y 2 hacen referencia al delito electoral en las elecciones de 2007 y al delito de falsedad en elecciones generales de 2008. Con ambas, el magistrado inició una instrucción que pronto se reveló como una trama organizada.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/27/530ee800ca4741573a8b456b.htmlLA EXCONSEJERA ANGÉLICA SUCH RENUNCIA AL ESCAÑO DE LAS CORTES POR EL ‘CASO GÜRTEL’
El presidente Alberto Fabra ha reclamado esta mañana su dimisión y la de Milagrosa Martínez Ambas se sentarán en el banquillo los contratos de Fitur con la trama corrupta
La exconsejera de Turismo Angélica Such ha presentado este jueves su renuncia al acta de diputada en las Cortes Valencianas. Lo ha hecho horas después de que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, reclamara que tanto ella como Milagrosa Martínez dejaran el escaño antes de sentarse en el banquillo el próximo 31 de marzo por los contratos suscritos con la trama Gürtel para las ferias de turismo entre 2005 y 2009.
"Debemos ser ejemplares y aquí también lo debemos demostrar y dejar fuera personas que están en procesos judiciales", ha enfatizado esta mañana Fabra, que ha añadido: "Y en pocos días les podremos avanzar alguna cosa". Such ha respondido a estas palabras con su dimisión y la presión se traslada ahora a Martínez, que ha hecho saber hoy mismo que no piensa dejar su escaño en las Cortes.
La Fiscalía pide para Such nueve años de inhabilitación especial por prevaricación, mientras que para Milagrosa Martínez, que firmó los primeros contratos de Fitur con Orange Market, solicita 11 años de prisión y 34 de inhabilitación. Ambas están procesadas desde hace más de un año, pero el presidente del Consell y del PP valenciano anunció entonces que esperaría a una posible sentencia condenatoria para tomar medidas. Hace una semana, el Tribunal Superior de Justicia anunció que el juicio contra las exconsejeras y la cúpula de la trama Gürtel arrancará el 31 de marzo, lo que ha llevado finalmente a Fabra a subrayar sus "líneas rojas" contra la corrupción.
La renuncia de Such ha sido registrada esta misma tarde en el Parlamento valenciano. Licenciada en Derecho, Such fue elegida diputada del PP por la circunscripción de Alicante y ocupó la cartera de Turismo en 2007, para pasar luego a dirigir la Consejería de Bienestar Social en 2009.
El sustituto de Such en el Grupo Popular de las Cortes será Marco Zaragoza, de 42 años, que ocupaba el puesto 27 de la candidatura del partido en la provincia de Alicante. Zaragoza, que posee negocios hoteleros en Benidorm, ha sido concejal durante 12 años en el Ayuntamiento de La Vila Joiosa.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/27/valencia/1393526978_159499.htmlLA RENUNCIA DE LA PERLA DEJARÍA EN EL AIRE EL PRIMER GRAN JUICIO DE GÜRTEL
El enjuiciamiento de Martínez y Such tendría que ser en la Audiencia Provincial, según la ley
La renuncia a sus escaños en las Cortes Valencianas de Milagrosa Martínez, La Perla para la trama Gürtel, dejaría en el aire el primer gran juicio del caso Gürtel después del muy mediático pero menor judicialmente de los trajes. El de Fitur, que después de tres años y medio de investigación y otro año y medio de recursos ha quedado fijado finalmente para su celebración con un calendario pantagruélico, que prevé iniciar las sesiones a final de marzo y terminarlas en septiembre. Angélica Such ya ha aceptado dejar su escaño tras las presiones recibidas del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y de su partido, el PP.
Martínez, exconsejera en gobiernos del expresidente valenciano Francisco Camps, es aforada por ser diputada, como lo era hasta este jueves Such. Eso es lo que justifica legalmente que el juicio por las adjudicaciones de Fitur vaya a celebrarse en el Tribunal Superior (TSJ) valenciano en vez de en un tribunal ordinario. Si La Perla también deja su escaño, la misma lógica jurídica impone que todo el juicio abandone el TSJ y vaya a parar a la Audiencia Provincial de Valencia, señalan fuentes jurídicas. Las mismas fuentes advierten, sin embargo, que la lógica jurídica no siempre se aplica.
Si el juicio no se celebrara en el Tribunal Superior, en lugar de tres magistrados elegidos por políticos y por el Consejo General del Poder Judicial, del enjuiciamiento se encargarían tres jueces mucho menos conocidos de la Ciudad de la Justicia.
Para ello, atendiendo a la letra de la ley, bastaría con que cualquiera de los 11 acusados en la pieza separada del caso Gürtel solicitaran en el primer día de juicio el traslado del mismo a la Audiencia de Valencia.
La decisión retrasaría otra vez el inicio del juicio por tiempo difícil de determinar. Su duración, sin embargo, se reduciría, dada la sobrecarga que soporta el TSJ, y que ha obligado a alargar de forma extraordinaria la extendión del juicio.
A La Perla, que fue también presidenta de las Cortes Valencianas, Such, el ya condenado en el caso de los trajes Rafael Betoret, los cabecillas de Gürtel Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez, El Bigotes y al resto de acusados se les atribuye haber amañado entre 2005 y 2009 el concurso del diseño, montaje y desmontaje del pabellón de la Generalitat en la feria turística Fitur a favor de empresas de la trama. La red logró cerca de cinco millones de euros.
El fiscal pide 11 años de cárcel y 34 años de inhabilitación para Martínez y nueve años de inhabilitación para Such.
Frente a esa lógica jurídica se levanta, sin embargo, el principio de autoridad, representado en este caso por una decisión del Tribunal Supremo, que podría llevar a los magistrados del TSJ a declinar la petición y conservar el enjuiciamiento.
El motivo: el TSJ ya rechazó en 2011 hacerse cargo de tres de las actuales piezas separadas que investiga. La de la visita del Papa, la del fraccionamiento de contratos y la de los supuestos delitos fiscales de la trama. Argumentó para ello, siguiendo lo que establece la ley, que no había en ninguna de esas investigaciones aforados valencianos que justificaran su instrucción y enjuiciamiento en el TSJ. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, que indaga la causa original de Gürtel, tampoco aceptó esas tres piezas separadas, y elevó la discusión al Tribunal Supremo para que decidiera.
El Supremo falló en 2012 que las tres piezas separadas debían ir al TSJ valenciano, estableciendo de esa forma una combinación sui géneris de la competencia por aforamiento y territorial.
Es decir, el Supremo obligó al tribunal valenciano a quedarse con la instrucción —y el sentido común indica que por tanto con el enjuiciamiento— de tres piezas separadas en las que ya desde el principio no había aforado. Por tanto, si el TSJ declinase ahora a favor de la Audiencia Provincial su competencia en la causa de Fitur por la pérdida de condición de aforadas de dos consejeras, podría considerarse que está contraviniendo la voluntad del Supremo.
La maraña judicial, susceptible como se ve de empeorar, es consecuencia en gran medida de la controvertida figura de los aforados, que jueces y fiscales —como el anterior Fiscal Superior de la Comunidad Valenciana Ricard Cabedo— han pedido revisar.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/27/valencia/1393523008_724781.htmlFABRA RECLAMA A LAS EXCONSEJERAS PROCESADAS POR GÜRTEL QUE DEJEN EL ESCAÑO
Las dos diputadas se sentarán en el banquillo por los contratos de Fitur con la trama Gürtel
Las exconsejeras de Turismo Milagrosa Martínez y Angélica Such, que se sentarán en el banquillo a partir del 31 de marzo por los contratos de Fitur con la trama Gürtel, deben dejar el escaño que ocupan en el Parlamento valenciano. Así lo ha reclamado hoy el presidente de la Generalitat y del PP valenciano, Alberto Fabra, que ha anunciado: "Debemos ser ejemplares y aqui también lo debemos demostrar y dejar fuera personas que están en procesos judiciales". "Y en pocos días les podremos avanzar alguna cosa", ha sentenciado tras acudir a un acto en la sede de la patronal valenciana, Cierval.
Previamente, el jefe del Consell había asegurado en una entrevista en la Cope que, si antes de las elecciones europeas algunos de los diputados populares valencianos imputados en distintas causas pasan a ser procesados, y ello es por temas de corrupción, "tendrán que dejar el escaño o por lo menos no estarán en el Grupo Popular".
Martínez y Such llevan más de un año procesadas por el fraude en la contratación de Orange Market -la franquicia valenciana de Gürtel- para montar los pabellones de la Comunidad Valenciana en la feria de turismo entre 2005 y 2009, por los que la red corrupta cobró cinco millones de euros. Cuando en enero de 2013 la Fiscalía pidió para la primera 11 años de cárcel y nueve de inhabilitación especial para la segunda, Fabra decidió no adoptar ninguna medida hasta que hubiera sentencia condenatoria.
Pero la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano de fijar fecha y hora para iniciar el juicio contra las exconsejeras y la cúpula de Gürtel, entre otros procesados, ha llevado a Fabra a subrayar sus líneas rojas ante la corrupción y reclamar el escaño a las ahora diputadas autonómicas, en sintonía con los deseos de la dirección nacional del partido.
Fabra ha insistido en que las personas que están imputadas por casos de corrupción "no deben formar parte de ninguna lista" electoral. En el Grupo Popular de las Cortes Valencianas se sientan ahora ocho imputados.
"Tenemos casos de corrupción en la Comunidad Valenciana, pero como en el resto del territorio nacional", ha sostenido Fabra, quien ha defendido que están "colaborando con la justicia y poniendo los instrumentos necesarios dentro de la Administración y el partido para que esas situaciones no se vuelvan a producir".
En esa línea, el presidente valenciano ha recordado que ha "mantenido una línea" por la que los implicados en procesos judiciales "no pueden tener representatividad ni en el Gobierno, ni el partido, ni en cargos de dirección dentro del grupo parlamentario".
Martínez no se va
Fuentes cercanas a la exconsejera Milagrosa Martínez han afirmado tras conocer las declaraciones de Fabra que la también alcaldesa de Novelda está centrada en defenderse de las acusaciones de corrupción en el juicio y que no tiene de momento intención de dejar el escaño.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/27/valencia/1393496672_645733.html
UN CORREO REVELA EL PAPEL DEL ALCALDE DE CASTELLÓN EN LA CONTRATACIÓN CON GÜRTEL
Bataller culpa a los exconsejeros Rosado y Cervera de las adjudicaciones a la trama
Alfonso Bataller, alcalde de Castellón, ha señalado este miércoles, en su declaración como imputado, a dos exconsejeros del expresidente de la Generalitat Francisco Camps como responsables de contratar con la trama Gürtel en 2008, cuando él era subsecretario de Sanidad. Bataller ha apuntado a Manuel Cervera y Luis Rosado, que entonces eran respectivamente consejero y secretario autonómico de Sanidad. Más tarde Rosado también fue ascendido por Camps a consejero. Ambos están ya imputados por fraccionar contratos concedidos a la red de Francisco Correa.
El alcalde de Castellón ha afirmado, tras declarar en el Tribunal Superior de Justicia que no le preocupaba “en absoluto” el aviso del presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, de que no habrá imputados en las listas de 2015. “Me parece muy bien”, ha dicho Bataller, y ha añadido que trabaja para volver a ser candidato.
El alcalde de Castellón está, por ahora, doblemente imputado por sendas contrataciones con la red Gürtel.Y un correo electrónico recientemente aportado a la causa por una testigo ha revelado su alto grado de intervención en la contratación con la trama, a la que incluso indicaba cómo debía facturar a la Consejería de Sanidad.
Su declaración de este miércoles respondía a que, según los indicios que acumula el juez, Bataller “solicitó y autorizó” parte de la contratación en un pelotazo de menor cuantía de la trama en Valencia: la elaboración de un vídeo sobre la ampliación del hospital Clínico de Valencia y el acto de presentación del mismo que costó, en total, 70.700 euros.
La adjudicación a dedo se fraccionó, en este caso, en seis pequeños contratos y se repartió por toda clase de departamentos de Sanidad con el objetivo, cree el juez, de disimular los hechos. El magistrado considera que fraccionar contratos puede ser constitutivo de los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad, aunque aún no ha concretado estos tipos en ninguna de las decenas de imputaciones que suma la pieza quinta del caso Gürtel en Valencia.
Orange Market subcontrataba casi todos los trabajos que cobró al Gobierno valenciano en la etapa del presidente Francisco Camps. En el caso del vídeo del hospital Clínico, después de haber facturado a cuatro direcciones generales de Sanidad distintas por ese concepto, la red dio además “instrucciones” a “la empresa subcontratista” Grafia, la que realmente elaboró la cinta, para que cobrara directamente el trabajo de la subsecretaria que ostentaba Bataller, señala el juez. El concepto: “Animación 3D, ampliación Hospital Clínico Valencia”. La cifra, como todas las demás, justo por debajo de la frontera que prohibía a la Administración contratar directamente: 11.948 euros.
"Me dice Alfonso [Bataller] que emitáis la factura por 12.000 euros", señala el correo
El juez atribuye también a Bataller la decisión de que el pago al subcontratista “se realizara por el sistema de caja fija, forma de pago que resulta cuestionable atendiendo al concepto facturado”. La caja fija está pensada para abonar gastos diarios y menores, como el de transportes o una dieta, pero no contratos de la Administración de estas características.
El juez ha estado a punto de imputar al alcalde de Castellon por una tercera adjudicación a la trama de Francisco Correa. La de los premios Salud y Sociedad 2008. En este caso no ha encontrado indicios de que el contrato se fraccionara. Aunque su importe, de 11.992 euros repite el patrón de la relación de la red con la Admininistración autonómica, consistente en emitir facturas justo por debajo del límite de los 12.000 euros.
Un correo electrónico aportado a la causa por una testigo sobre esos premios revela, en general, el conocimiento que Bataller tenía desde su cargo de subsecretario de esa clase de contratos. Y las órdenes directas que daba en relación con los acuerdos con Orange Market, la empresa del cabecilla de Gürtel Álvaro Pérez, El Bigotes, así como el tono familiar con el que aparentemente se trataban.
“Tal como hemos comentado por teléfono, me dice Alfonso [en referencia, según la investigación, al alcalde de Castellón] que nos emitáis una factura a conselleria por un importe total de 12.000 euros con fecha de 17 de diciembre, por vuestra participación en la coordinación y organización de la gala de entrega de los premios”, señala el correo. Éste fue enviado el 15 de diciembre de 2008 por una asesora del entonces subsecretario de Sanidad a Cándido Herrero, número dos de Orange Market.
Se trata de la misma asesora que recientemente responsabilizó a Bataller de los contratos de Sanidad con la trama, desencadenando su segunda imputación.
El enunciado de aquella factura —“Participación en la coordinación y organización de la gala de entrega de premios”— fue considerada demasiado genérico por la Consejería de Sanidad, según la asesora de Bataller, que pidió a Herrero que la rehiciera. El juez no ha podido constatar que la factura finalmente se pagase. Quizá porque muy poco después la operación policial lanzada por el juez Baltasar Garzón desarticuló el entramado de Gürtel.
La otra adjudicación por la que está imputado Bataller es la de los Premios Salud y Sociedad de un año antes. Respecto a la misma, el alcalde de Castellón ha afirmado este miércoles ante el juez José Ceres que él fue nombrado subsecretario de Sanidad en julio de 2007, los premios se entregaron un mes más tarde y todo el mundo tenía ya asumido que la organización correría a cargo de Orange Market. Bataller autorizó el pago de 30.190 euros a final de ese año a la empresa de la red por esa gala.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/26/valencia/1393434444_470851.htmlEL JUEZ AMPLÍA LA IMPUTACIÓN DEL ALCALDE DE CASTELLÓN POR GÜRTEL
Alfonso Bataller deberá dar cuenta de un segundo contrato con Orange Market
Ceres estrecha el cerco de las contrataciones de Vaersa con la trama
El juez José Ceres, instructor del caso Gürtel en Valencia, ha ampliado la imputación del alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, por las contrataciones con la empresa de la red que dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes.
Bataller, que fue imputado el pasado año y declaró en junio por el contrato para la celebración del Acto Premios Salud y Sociedad 2007 cuando era subsecretario de la Consejería de Sanidad, ha sido citado de nuevo. En esta ocasión, el juez le ha llamado para ampliar su declaración como imputado en relación con la facturación de un vídeo elaborado por Orange Market para la ampliación del hospital Clínico de Valencia, tal y como han informado este lunes desde el Tribunal Superior de Justicia valenciano. La cita del regidor será este miércoles 26 de febrero.
La ampliación de esta imputación llega después de que la Fiscalía Anticorrupción lo solicitara al magistrado y este dictara nuevas diligencias. Entre ellas, la declaración de una funcionaria que apuntó directamente al alcalde castellonense y aseguró que los contratos para la celebración de los premios de 2007 se llegaron a firmar antes de que la consejería tuviera todas las ofertas. En esta declaración, la testigo habría apuntado además a nuevas irregularidades con la facturación del vídeo promocional que costó 47.172 euros.
La de Bataller no es la única nueva imputación efectuada por el juez José Ceres. A raíz de las pesquisas que mantuvo en secreto durante meses, el magistrado ha estrechado el cerco respecto a la adjudicación de la empresa de Medio Ambiente de la Generalitat Vaersa a Orange Market de un contrato que tenía como objeto la grabación de un vídeo para una campaña de concienciación sobre el uso del contenedor amarillo, por cerca de 140.000 euros. El magistrado ha citado como imputada a Patricia Callagham, jefa de Sección ambiental de la Conselleria de Territorio y Vivienda.
Entre los nuevos documentos incluidos en el sumario, figuran abundantes correos entre Callagham y empleados de la trama que versan sobre los detalles de dicha contratación, así como de las gestiones de Orange Market por cobrar. La investigación de Ceres también reveló que la trama elaboró directamente acuerdos jurídicos entre Vaersa y Orange Market relativos a la mencionada campaña de medioambiente, sustituyendo así en sus funciones a los servicios jurídicos de la Generalitat. Callagham ya había declarado como testigo.
El magistrado cita igualmente a Santo Juan, que fue responsable de prensa de Vaersa y ya está imputado en la causa, ha vuelto a ser citado a declarar el mismo 5 de marzo.
La nueva declaración de Bataller en calidad de imputado complica su futuro político en el Ayuntamiento. Recientemente se postuló como candidato a la alcaldía al mostrarse convencido de que sus problemas con la justicia se resolverían en breve. Poco después, manifestó que dejaba su cargo a lo que decidiera el partido.
Tras conocer la nueva citación, el regidor ha manifestado a través de un comunicado que tiene “la conciencia muy tranquila” porque “siempre” ha actuado “con transparencia y honestidad”. “Estoy tranquilo y con la conciencia de que he actuado bien y deseo aclarar ante el juez cualquier cuestión que quiera preguntarme. Voy a seguir colaborando con la Justicia como ya lo hice en mi comparecencia del pasado mes de junio”, ha indicado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/24/valencia/1393243056_439554.htmlLAS ACTAS DE LA FUNDACIÓN DEL PAPA CONFIRMAN EL PROTAGONISMO DE COTINO
La oposición pide su dimisión por “llevar la batuta” de un evento que Gürtel saqueó
“¿Qué hacía un consejero de Agricultura dando órdenes sobre dónde colocar las pantallas? ¿Por qué asistió el señor Cotino a las reuniones del patronato de febrero, marzo y abril si ya asistía el vicepresidente en representación del Consell?”. La diputada socialista Ana Barceló lanzó estas y otras preguntas este jueves en un pleno de las Cortes Valencianas del que se ausentó su presidente, Juan Cotino, cuando llegó la hora de debatir iniciativas para crear comisiones de investigación del accidente del metro de 2006 y sobre la participación de la Generalitat en el V Encuentro Mundial de las Familias, con motivo de la visita del papa Benedicto XVI. Durante el debate de esos puntos Cotino fue reiteradamente aludido por la oposición, que pidió que dimita.
“Es insostenible que el señor Cotino siga al frente de las Cortes”, dijo la socialista Barceló, que recordó las declaraciones de varios testigos ante el juez del Tribunal Superior de Justicia que investiga la actuación de la trama Gürtel en el sentido de que era él quien “llevaba la batuta” o “cortaba el bacalao” en la organización de la visista del Papa, un evento en el que se gastaron al menos 22 millones de euros y para el que la trama corrupta, que se quedó al menos la mitad de los 7,4 millones que pagó Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) por la instalación de pantallas en la ciudad, estuvo trabajando muchos meses antes. La diputada aludió a reuniones del patronato de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias a las que asistió el entonces consejero de Agricultura. Estuvo en ellas y no solo como observador. Así lo revelan las actas del patronato de la fundación.
El PP rechaza una comisión de investigación sobre la visita papal
La del 27 de febrero de 2006, por ejemplo, recoge la asistencia del arzobispo de Valencia, Agustín García Gasco; el vicepresidente de la Generalitat, Víctor Campos; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá; el presidente de la Diputación, Fernando Giner, y el obispo auxiliar Esteban Escudero. “Asisten también”, reza el acta, “el honorable señor don Juan Cotino, el jefe del servicio de Alcaldía, don Rafael Catalá, y el comisionado don Antonio Corbí”. En esa reunión se procedió, entre otras cosas, a “la lectura del convenio firmado entre la Fundación y el ente RTVV”, firmado la mañana de ese mismo lunes.
También figura Cotino entre los asistentes a la reunión del 27 de marzo, en la que se habló, entre otras cosas, de las obras del escenario donde celebraría el Papa la misa, y a la del 10 de abril. En esta última se reseña textualmente que Cotino “informa al patronato de las conversaciones mantenidas con representantes del Gobierno”. Hay que resaltar que Cotino no tenía nombramiento oficial alguno para actuar en la organización.
“Yo era miembro de esa fundación”, empezó por recordar Fernando Giner, hoy diputado del PP, que añadió no haber visto ninguna actuación “que pudiera afectar a la honorabilidad y rectitud de esa fundación”. Pese a ello, Giner declaró: “Me avergüenzo de las conductas impropias que pudiera haber, si las ha habido”. De todas maneras acusó a la oposición de “abrir la veda a una persona en concreto”, en referencia a Cotino, la criticó por “criminalizar la visita del Papa y puso en duda que el evento costara 22 millones de euros.
Giner acusa a la oposición de “abrir la veda de una persona”
El diputado de Esquerra Unida Ignacio Blanco le hizo el recuento: 7,4 millones de RTVV, 7 en publicidad, 3,5 en mochilas y 2,6 en la instalación de 7.000 urinarios suman 20,5 millones. “Seguro que fueron más de 22 millones”, conjeturó Blanco, que calificó a Cotino de “urdidor” de todo lo relacionado con “el primer gran evento de Camps”, en cuya organización se produjo “una combinación extraña de una pandilla de sibaritas y la supremacía del Opus Dei”. Blanco tuvo por ello un cruce de reproches con Ricardo Costa, al que relacionó con Álvaro Pérez, El Bigotes, Correa y Francisco Camps.
Mònica Oltra, de Compromís, explicó que el Consell niega a la oposición “una y otra vez” las facturas de la Fundación V Encuentro. La diputada recordó que la trama de Francisco Correa, solo en RTVV se llevó más de tres millones de euros. “¿Cuántos festivales del PP se han celebrado con ese dinero?”, preguntó, aludiendo a rol de la red corrupta en la supuesta financiación ilegal de los populares. “Sabemos que hay un papel manuscrito donde se detalla la hoja de ruta”, indicó, en referencia a un documento del sumario judicial: “Igual vemos a Cotino, como Bárcenas, haciendo la prueba caligráfica”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/20/valencia/1392925189_535059.htmlAFERRADOS AL ESCAÑO
Los diputados del PP valenciano no han renunciado a sus actas pese a estar imputados
Sólo Rafael Blasco fue expulsado del partido y pero no abandonó el escaño
Hernández Mateo. el único en dimitir tras ser condenado por prevaricación
No ha tenido que ponerse ante un juez ni esperar condena para renunciar a su condición de diputado autonómico en la Asamblea de Madrid y senador. Francisco Granados lo hizo dos días después de que EL MUNDO desvelase que tenía una cuenta con 1,5 millones de euros en Suiza, algo que a la presidenta del Partido Popular en Madrid, Esperanza Aguirre, le parece "estupendamente". Contrasta la presión interna que ha sufrido el senador con la ejercida sobre sus compañeros de partido en la Comunidad Valenciana, hasta nueve de ellos imputados en causas de corrupción o ya juzgados.
Desde el PPCV, tanto cuando estaba Francisco Camps al frente como ahora con Alberto Fabra, se ha esgrimido como argumento para no empujar a los imputados a renunciar a sus actas el "respeto a la presunción de inocencia", aunque se ha defendido que se intentará "apartar a esas personas para que no tengan protagonismo en las Cortes o en el Gobierno", comentaba hace unos días el propio presidente de la Generalitat. Ante el estallido de Gürtel Esperanza Aguirre actuó con contundencia: destituyó a su consejero de Deportes, López Viejo, expulsó al resto de señalados del partido y les pidió que entregaran su acta, algo que sólo hizo Jesús Sepúlveda.
El único que ha sufrido el rechazo del PP valenciano ha sido Rafael Blasco. El ex conseller y portavoz del Grupo Popular en las Cortes está sentado en el banquillo de los acusados por haber cometido presuntamente delitos de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, falsedad documental y malversación de caudales públicos en el llamado 'Caso Cooperación'. A Blasco lo suspendieron de militancia y, antes de ser expulsado del grupo, se aferró a su acta y se convirtió en el único diputado no adscrito de la cámara valenciana.
Poco antes, Pedro Ángel Hernández Mateo, ex alcalde de Torrevieja, había presentado su dimisión al ser condenado a tres años de prisión y siete de inhabilitación por prevaricación y falsedad documental en la tramitación de la adjudicación del contrato de basuras de la localidad alicantina.
El resto, están pendientes de sentarse en el banquillo y se aferran a su escaño, entre otras razones, para defender su condición de aforados. Las primeras que se pondrán ante la sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad serán Milagrosa Martínez y Angélica Such. Las dos ex conselleras de Turismo tendrán que responder a partir del 31 de marzo por las acusaciones de prevaricación administrativa y, en el caso de la ex presidenta de las Cortes, malversación, tráfico de influencias y cohecho pasivo en la rama Fitur del 'Caso Gürtel'.
Entre los citados como testigos en este juicio estarán Rafael Blasco y Francisco Camps, que ya fue juzgado y absuelto en la dominada 'Causa de los trajes', otra rama del Gürtel valenciano. Ese proceso, que le costó la presidencia de la Generalitat, no le apartó en ningún momento de su escaño como diputado en las Cortes, a pesar de que apenas ha acudido a un par de sesiones desde su salida del Palau en julio de 2011.
Por su relación con Orange Market y Álvaro Pérez, el Bigotes, también se sentó en el banquillo Ricardo Costa. El ex secretario general del PPCV tampoco renunció a su acta durante el proceso, del que fue absuelto. Ejerce como portavoz de Economía y secretario general del grupo parlamentario, a pesar de que tiene otro asunto pendiente con la justicia. Costa está imputado en la rama de Gürtel que investiga la supuesta financiación ilegal del Partido Popular valenciano. Se le acusa de un delito electoral y de falsedad documental. Imputados en este macrosumario están también sus compañeros de escaño Vicente Rambla, David Serra y Yolanda García.
Por un caso similar al de Francisco Granados no se ha planteado dimitirn Maite Parra. La ex alcaldesa de Ibi está siendo investigada por la existencia de una cuenta bancaria en Suiza a nombre de su ex mano derecha, Miguel Ángel Agüera. Además denuncias sobre irregularidades en la adjudicación de diversos planes urbanísticos le llevaron a renunciar a la alcaldía para evitar una moción de censura que provocaría un cambio de gobierno municipal.
Especialmente llamativa es la condición de la alcaldesa de Alicante, Sonia Castedo, y su predecesor y mentor, Luis Díaz Alperi. Ambos están imputados por revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y cohecho en el llamado 'Caso Brugal'. Sus relaciones, especialmente estrechas en el caso de Castedo, con el empresario Enrique Ortiz, no han sido suficientes para que abandone la alcadía ni para que renuncie a su acta de diputada a pesar de que, desde la llegada de Fabra, se le ha querido mantener en un segundo plano dentro del partido.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/22/5305e469e2704ec0468b4571.htmlUN EX ALTO CARGO DE SANIDAD INDICA AL JUEZ DE GÜRTEL QUE ÉL FIRMABA LO QUE LE PONÍAN
Rafael Peset se escuda en los técnicos e incide en que toda la contratación con Orange Market fue legal
El ex director general de Asistencia Sanitaria Rafael Peset afirmó ayer en su declaración ante el juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que él firmaba lo que le ponían encima de la mesa y lo que ya estaba supervisado por los técnicos, según fuentes conocedoras de la declaración.
Peset se pronunció en estos términos en calidad de imputado en la pieza cinco del caso Gürtel en total hay seis, que investiga presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias en las adjudicaciones de distintas consellerias, sociedades y fundaciones públicas de la Generalitat a Orange Market y a otras empresas vinculadas a la anterior. Peset estaba citado para una declaración ampliatoria en relación con las contrataciones realizadas cuando trabajaba en la Conselleria de Sanidad por el Acto premios Salud y Sociedad 2007.
Por otra parte, la secretaria de Dora Ibars exdirectora general de Promoción Institucional la exculpó ayer durante su declaración como testigo e incidió en que las decisiones se adoptaban por encima de ella. En concreto, a partir de la subrecretaría. Fuentes próximas al caso precisaron que la testigo no dio nombres, pero su declaración apunta a altos cargos del PP. La secretaria añadió que Álvaro Pérez «El Bigotes» era conocido en la conselleria por su influencia en el Partido Popular.
Así mismo, también prestó declaración la gerente de la fundación Luz de las Imágenes, Carmen Díaz Quintero, quien ya compareció ante el juez, también como imputada, en 2013, en relación con los contratos suscritos con Orange Market por más de 74.000 euros para organizar exposiciones culturales en los Open de Tenis de 2005, 2006 y 2008. Al respecto, la Intervención General del Estado informó sobre supuestas irregularidades, puesto que solo le constaba una factura sin expediente de contratación, lo que podía llevar a pensar a que los mismos se tramitaran como contratos menores, pese a exceder el límite establecido de 12.020,24 euros.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/02/21/ex-alto-cargo-sanidad-indica/1082316.htmlORANGE MARKET INVENTÓ FACTURAS PARA OCULTAR LA FINANCIÓN DEL PPCV
La extrabajadora de Correa y testigo protegida Isabel Jordán confirma que la trama le pidió que «fabricara literatura» para facturar a las constructoras investigadas por servicios inexistentes
Orange Market presuntamente inventó facturas giradas a constructoras para ocultar la financiación ilegal del PPCV. La ex administradora de las empresas de la red y testigo protegido Isabel Jordán confirmó ayer al juez del caso Gürtel que Orange Market le pidió que «fabricara literatura» para facturar a las constructoras investigadas en el caso Gürtel por servicios inexistentes. Jordán aseguró al magistrado que los trabajos por los que facturaron a Sedesa por el cambio de imagen corporativa y a Lubasa por servicios de cartelería con fines publicitarios era ficticios, según explicaron fuentes cercanas al caso.
El juez del caso Gürtel, José Ceres, investiga en la primera y segunda pieza si determinadas empresas Sedesa, Lubasa y Teconsa, entre otras¸ pagaban actos electorales del PP en la Comunitat Valenciana. Las firmas supuestamente ingresaban el dinero a Orange Market, que era la que realizaba los actos electorales del PPCV, y el grupo de empresas de Correa emitía facturas por servicios inexistentes, según confirmó ayer la testigo protegida.
La constructora Sedesa es de la familia del presidente del parlamento valenciano, Juan Cotino. Vicente Cotino, representante legal de Sedesa y sobrino de Juan Cotino, admitió en julio de 2012 ante el juez Ceres que mantenía una relación de amistad con Álvaro Pérez «El Bigotes», aunque insistió en que pagó a Orange Market por campañas reales. Sin embargo, Isabel Jordán que era la encargada de realizar la facturación del grupoaseguró que no le consta que se hicieran los trabajos.
Isabel Jordán, que está protegida por la policía desde hace cinco años tras haber recibido amenazas de la trama, añadió que tampoco tiene constancia de que las empresas de Correa realizaran un cambio de lonas publicitarias y cartelería a la empresas castellonense Lubasa.
José Ceres ha centrado las pesquisas por la supuesta financiación ilegal de la campaña de las municipales y autonómicas de 2007 en ocho constructoras. El juez ha hallado indicios de la presunta comisión de delitos electorales (el nombre técnico de la financiación).
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/02/18/orange-market-invento-facturas-ocultar/1081004.htmlLAS SORPRESAS DE LA CAJA DE ‘EL BIGOTES’
La causa incorpora nuevas pruebas de cómo se pagaban en b los actos del PP
La rama valenciana del caso Gürtel, la trama de corrupción vinculada a la financiación del Partido Popular, arroja nuevos datos sobre los manejos de Álvaro Pérez El Bigotes para gestionar las campañas del PP que se abonaban con dinero negro. La documentación del registro realizado en Orange Market, la filial valenciana de Gürtel, acaba de ser incorporada a la causa y aporta cientos de facturas y documentos manuscritos donde se refleja la mecánica del diseño y abono de los actos electorales del partido en la Comunidad Valenciana a partir de 2004, fecha en que Francisco Correa, el principal imputado en la trama, extiende a Valencia la red corrupta.
Entre los 89 nuevos tomos, que suman miles de folios de documentación figuran varias referencias a “caja b” o a “deudas b”, que se iban cancelando poco a poco. Uno de esos documentos, bautizado con la secuencia numérica 028833, detalla abonos pendientes de actos que suman 479.837 euros en mayo de 2008. En la misma hoja se especifica que se iban a sufragar 289.482 euros en dinero negro. Entre los documentos que acreditan la actividad de Orange Market como organizadora de eventos del partido sufragados con dinero negro figura también un recibí firmado el 16 de septiembre de 2005 en cuya cabecera se puede leer la inscripción “caja b” para el pago de 12.000 euros “en concepto de liquidez y finiquito del catering para la cena del Partido Popular en el Monasterio de Puig de Valencia el día 2 de septiembre”. A la firma manuscrita no acompaña ninguna aclaración sobre el nombre de la persona que recibe el dinero.
Además de este, el registro ha destapado decenas de “recibís”. En unos casos están firmados por empleados de la propia Orange Market que dejan constancia de “gratificaciones” recibidas. En otras, se trata de proveedores de la empresa que, supuestamente, también cobraron en negro.
Otro de los documentos, a modo de jeroglífico, apunta las claves de cómo trabajaba Orange Market, habitual adjudicataria de concursos públicos cuando Francisco Camps presidía la Generalitat valenciana. Bajo el encabezamiento V. Campos (en supuesta referencia al vicepresidente del Gobierno valenciano) se apuntan de forma manuscrita deudas de casi 100.000 euros con la Administración valenciana sobre la pregunta “¿dónde se factura el congreso de Castellón?” y a continuación una referencia a “tema Barcelona” sobre un dibujo de un ladrillo del que se podría deducir que eran las constructoras las que hacían los abonos.
La actividad que durante esos años desplegó Álvaro Pérez es enorme. Por un lado planificaba desayunos de los candidatos, organizaba reuniones, visitas o jornadas interparlamentarias para el partido. Por otro, la sociedad se nutría con los pagos que recibía de empresarios valencianos. Uno de los tomos del sumario incluye copia de los cheques extendidos por Enrique Ortiz e Hijos, contratista de obras, a favor de la empresa de El Bigotes por valor de 58.000, 20.752 y 37.479 euros en febrero de 2009. Ortiz está implicado en el caso Brugal por presuntos amaños del plan de urbanismo de Alicante para organizar un pelotazo que podría haberle reportado 120 millones de euros.
En julio de 2012, cuando el magistrado José Ceres tomó declaración a varios constructores implicados en la trama, el alicantino Ortiz se desvinculó de la relación con Orange Market trasladando toda la responsabilidad a sus empleados. Su empresa llegó a abonar hasta 300.000 euros a El Bigotes. Junto a otras dos (Facsa y Sedesa), la firma de Ortiz recibió más de 800 millones de euros en concursos del Consell de Francisco Camps. En los extractos de contabilidad de la empresa de Álvaro Pérez figuran numerosas anotaciones de abonos de Facsa. Durante la instrucción quedó acreditado que la empresa realizó parte de esos pagos por la asistencia a ferias a las que la empresa nunca acudió.
Junto a los documentos de diseño y elaboración de actos electorales con sus correspondientes facturas aparecen de la tarjeta Visa de la empresa con cargos en empresas de artículos de lujo como Louis Vuitton, Hermes, Bulgari, Loewe, comidas en restaurantes con botellas de más de cien euros, joyería, alquiler de coches de alta gama y otras, como el abono de 34.800 euros a la empresa Ibiza Yacht, dedicada al alquiler de embarcaciones de recreo. También hay copias de facturas de gastos corrientes de supermercado o tiendas de ropa.
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/17/actualidad/1392669806_662107.html
CAMPS ELEGÍA LA LENGUA DE SU PROPAGANDA SEGÚN LA PROVINCIA
Las agendas de Orange Market disponían de hasta tres teléfonos diferentes de Alejandro Agag
Orange Market elaboró para el PP valenciano la estrategia de la campaña electoral de las autonómicas de 2007, en las que Francisco Camps fue reelegido presidente de la Generalitat. El Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ) investiga ahora si en esa campaña contó con financiación ilegal ya que, según la policía, la filial de Gürtel en Valencia, Orange Market, percibió por los actos electorales del PP un total de 3,3 millones de euros, de los que 2,5 fueron en dinero b e incluidos en una cuenta que la trama llamaba “Barcelona”.
En el “esbozo” que preparó la sociedad de la que El Bigotes era cabeza visible se fijaba en lo diseñado en campañas anteriores y, de la misma manera, describió la manera de distribuir las vallas publicitarias en las tres provincias que componen la comunidad autónoma. El “esbozo”, sin embargo, incluso señala el “criterio lingüístico” para las vallas publicitarias siguiendo la elección que hizo el propio Camps en la anterior campaña, la de 2003. “Alicante: 100% castellano; Valencia: 50% castellano/50% valenciano; Castellón: 100% valenciano”.
La empresa de la trama corrupta también contaba con otras informaciones para diseñar campañas o realizar actos, tal como ha desvelado la documentación incautada en el registro realizado en Orange Market que acaba de ser aportado a la causa.
Informe confidencial
“Confidencial” es la palabra destacada en un informe de la Consejería de Bienestar Social de la Generalitat valenciana que la trama recibió en junio de 2006. En este se dan argumentos y premisas sobre cómo comunicar la posición del PP ante la Ley de Dependencia, meses antes de que fuera aprobada en el Congreso. “La izquierda habla de lo social, con el lenguaje más emocional”, señala el informe, que cita unas palabras del entonces presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero. “La derecha habla de lo social desde el punto de vista más de gestión y de resultado”, y cita a Ana Pastor, que fue ministra de Sanidad hasta 2004.
El registro de la sede de Orange Market también ha sacado a la luz las agendas telefónicas, no solo de El Bigotes, sino también de la propia empresa. Al margen de un sinfín de datos de los cargos populares valencianos, en sus agendas disponían también de hasta tres teléfonos diferentes de Alejandro Agag, esposo de Ana Botella, hija del matrimonio Aznar-Botella. No solo suyos, sino también de su padre. También figuraban el del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y el de los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo.
La documentación certifica además la organización para la compra de decenas de regalos que, en épocas señaladas, eran remitidos a los cargos populares y que ya fueron desvelados en las grabaciones del propio Bigotes con algunos de ellos.
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/17/actualidad/1392671529_367402.html
OTRO EXCARGO DEL PP CULPA AL ÁREA DE PRESIDENCIA DE CONTRATAR CON GÜRTEL
El ex director de la entidad achaca a una de sus secretarias la gestión del contrato
El ex subdirector de Castelló Cultural, Vicente Farnós, pagó más de 200.000 euros a la trama Gürtel en contratos. Sin publicidad. Sin concurso. Sin transparencia. Y con un objetivo, según la fiscalía: desterrar a la competencia para premiar a la constelación empresarial pilotada por el cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa. Y todo fue posible gracias al visto bueno que imprimió en forma de autorización la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat, Dora Ibars, según dijo este lunes Farnós al juez.
“Todo fue legal”, remarcó el exsubdirector de Castelló Cultural durante las dos horas que declaró como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJ) ante el juez José Ceres, que indaga la legalidad de 70 contratos que la Generalitat otorgó al entramado Gürtel durante el mandato de Francisco Camps (2003-2011).
Farnós, que fue destituido del cargo el pasado mes tras su imputación y que es miembro del Consell Valencià de Cultura, dijo que confió la organización del segundo Congreso de Software Libre en 2005 siguiendo las instrucciones de otra imputada, la exdirectora general de Archivos e Innovación Tecnológica Silvia Caballer. Ella fraccionó —según la investigación— cuatro contratos menores de 12.020 euros con Orange Market, franquicia valenciana de la trama dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes. “El encargo ya me vino dado”, espetó Farnós, según fuentes próximas a su declaración.
El juez sospecha que maniobró para adjudicar a dedo a la trama
El imputado indicó que recurrió a la red corrupta para la campaña de publicidad del décimo aniversario de Castelló Cultural, en 2007, “porque se lo recomendó su secretaria”. El trabajo costó 140.674 euros. “Ella me dijo que había una empresa, Orange Market, que estaba interesada y le hice caso”. Una afirmación que choca con la expresada ante el juez por la aludida, que atribuyó durante su declaración como testigo la contratación con Gürtel a su jefe.
En un intento de defender la higiene del proceso de adjudicación, Farnós argumentó que llamó a “dos empresas” para que concurrieran a los contratos del décimo aniversario de Castelló Cultural. No existe prueba alguna de que esto fuera así. Ni informe que acredite que otras firmas participaron en un concurso. Solo la sospecha de una ficción para simular la higiene en una adjudicación que acabó en manos del entramado de Correa.
En esta línea de defensa, Farnós insistió en que pidió tres presupuestos. Y que Orange Market le entregó su “oferta en mano” el 15 de enero de 2007. Un dato que, de nuevo, se estrella con la información que maneja la investigación. Un informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional recoge que el documento informático del presupuesto fue creado un mes después, en febrero, a posteri. Entonces, el contrato fue remitido para su aprobación a la exdirectora general de Promoción Institucional de la Generalitat Dora Ibars.
El imputado achaca a Silvia Caballer el fraccionamiento de un contrato
El juez José Ceres sospecha que Farnós maniobró para adjudicar a dedo más de 200.000 euros al entramado empresarial del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa. Y que siguió el modus operandi de la trama —fraccionamiento en contratos menores— para eludir la publicidad y garantizar dos suculentos negocios a la red: la organización del segundo Congreso de Software Libre en 2005 y la campaña de publicidad del décimo aniversario de Castelló Cultural, en 2007. La firma Orange Market, satélite de Gürtel en tierras valencianas, recibió una adjudicación directa de 140.674 por este último trabajo. Una decisión que impidió la competencia de otras empresas, según un informe de la Intervención General de la Administración del Estado que maneja el magistrado.
La ‘fábrica’ de facturas de la red
El juez de la rama valenciana del caso Gürtel, José Ceres, se interesó por el trasfondo de varios correos electrónicos que el exconsejero delegado de Orange Market, Cándido Herrero, remitió a la administradora de las empresas de la red pilotada por Francisco Correa, Isabel Jordán. “Fabrica literatura”, instaba Herrero a su compañera en una misiva que deslizaba la elaboración de facturas y presupuestos ficticios para las constructoras Facsa, Cyes, Llanera, Sedesa y Lubasa.
Jordán, que como su compañero está imputada en la causa, negó que el Grupo Correa prestase trabajo alguno a las dos últimas empresas. Rechazó que la red se encargara de unos trabajos para cambiar la imagen corporativa de Sedesa y de la elaboración de lonas y carteles de Lubasa. “No recuerdo que se hicieran esos trabajos”, admitió la extrabajadora de Orange Market. Insistió en que, de haber realizado el servicio, hubiera quedado constancia en el sistema informático de las oficinas de la firma de Álvaro Pérez, El Bigotes. “No abrí ninguna carpeta en el ordenador al respecto”, dijo.
Jordán declaró por videoconferencia junto con la administradora de Orange Market, Mónica Magariños. Las dos imputadas se mostraron esquivas en su comparecencia ante el juez José Ceres en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ), que investiga la adjudicación de decenas de contratos a la red durante el mandato de Francisco Camps.
Entre los 175 imputados del caso Gürtel figuran los responsables de las constructoras nombradas por Jordán: el representante de Cyes Felipe Almenar, y el propietario de Sedesa y sobrino del presidente de las Cortes, Vicente Cotino.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/17/valencia/1392661640_371257.html
DOS MILLONES EN CONTRATOS PARA EL GRUPO QUE MONTÓ LOS ACTOS DEL PP
Trasgos utiliza cuatro CIF's para facturar a Sanidad, Deportes, Policía o Innovación
Sus gerentes admiten una cita con Correa y 'El Bigotes' antes de la visita del Papa
Los empresarios que varios de los testigos de la Gürtel valenciana han señalado como los aliados de Francisco Correa en la visita del Papa han sido contratistas habituales del Ayuntamiento de Valencia en los últimos 20 años.
Trasgos es, además, la empresa que junto a Orange Market montaba las campañas del PP de la Comunidad, tal y como acreditan las cuentas presentadas por Génova y reproducidas por este periódico. Y la nueva documentación a la que ha tenido acceso esta redacción confirma que Trasgos y las otras tres sociedades que utilizan para facturar (Cuco, Construcciones Paya y Tanhauser) se han llevado más de 2,2 millones de euros por trabajos municipales que en ocasiones trocea para evitar el concurso.
EL MUNDO ha tenido acceso a las facturas presentadas por Tragos y el resto de sociedades desde el año 1994. Sólo la empresa matriz ha facturado 1,7 millones de euros en los últimos 20 años; Cuco Comunicación 280.087 euros desde 2001; Tanhauser 4.235 euros desde 2012; mientras que la constructora que utilizan para facturar eventos se ha embolsado 95.698 euros desde el año 2004.
Los empresarios Antonio Puig y Vicente Peris están detrás de este holding empresarial. Ambos admiten al menos un encuentro con la banda de Correa en su sede para construir una UTE con Gürtel y aspirar a cualquier contrato relacionado con la visita de Benedicto XVI en 2006. No obstante, subrayan que la unión entre empresas no fraguó aunque Fiscalía y TSJ siguen recabando pruebas para confirmar si ambos mantenían una excelente relación con la Fundación V Encuentro Mundial de Familias pues su comisionado, Enrique Pérez Boada, estuvo en el consejo de administración de Trasgos. De hecho, la contabilidad municipal refleja pagos de Pérez Boada a esta empresa cuando era concejal en Valencia: sólo la Concejalía de Deportes ha pagado a Trasgos 713.446 euros por colaboraciones en Expojove o la campaña Deporte para todos.
Las áreas que dirige Miguel Domínguez también han trabajado para Trasgos o empresas relacionadas con sus administradores. El concejal ha pagado más de 500.000 euros a la vez que el PP le encargaba actos de campaña. En concreto, la documentación acredita que Domínguez contrató a Trasgos la campaña Policía mas cercana, Recuperando el centro histórico o Vivienda Joven-Ayudas en el Centro, además de los eventos que Policía y Bomberos organizan en Expojove.
A Pérez Boada y a Domínguez se les vincula con Juan Cotino, presidente de las Cortes, y la persona que «cortaba el bacalao» en la visita del Papa, según las declaraciones incluidas en el sumario de Gürtel.
2006 y 2007, los años con más pagos
>El año que llegó el Papa a Valencia (y los posteriores) se disparó el volumen de facturación de estas empresas. Sólo entre 2006 y 2008 los trabajos de Trasgos para el Ayuntamiento superaron los 600.000 euros.
>Los empresarios trocean algunos de sus eventos para que las facturas no superen 18.000 euros (el limite para evitar el concurso). Así ocurre con la Japan Week o Expojove.
>Mientras conseguían estos contratos públicos los empresarios colaboraban con el PP para las campañas de Valencia.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/18/530268bae2704ed1668b4587.htmlLOS 'SOCIOS' DE 'GÜRTEL' FACTURARON 700.000 EUROS A VALENCIA MIENTRAS HACÍAN LA CAMPAÑA PARA EL PP LOCAL
Génova visó facturas de Trasgos por 27.000 euros en actos del partido hasta 2009
Un testigo protegido vinculó ante el juez a esta forma con la trama corrupta de Correa
Trasgos, la empresa que un testigo protegido de la investigación judicial sobre la visita del Papa a Valencia relaciona con la trama Gürtel, no sólo facturó durante años a las diferentes administraciones públicas controladas por el PP, sino que también se benefició de diferentes contratos en las campañas electorales de los populares en Valencia. Así consta en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico y en la que se certifican los diferentes pagos tanto a Trasgos como a Orange Market, la firma dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes.
Las cuentas, selladas y rubricadas por Génova (el PP presenta todos sus gastos con un CIF único en todo el territorio nacional), desglosan las facturas que se abonaron por el partido durante los años 2005, 2007, 2008 y 2009 en Valencia. En todos estos ejercicios, Trasgos consiguió contratos para desarrollar diferentes servicios para el partido, incluso durante la campaña electoral de 2007 que aupó a Rita Barberá de nuevo a la Alcaldía de Valencia. En total, la sociedad cobró al PP por actos en Valencia 27.257 euros.
Los administradores de Trasgos se reunieron con Correa, Crespo, y 'El Bigotes'
Estos importes coinciden también en el tiempo con las adjudicaciones periódicas que realizaba el Ayuntamiento de Valencia tanto a Trasgos como a un grupo de empresas que comparten con esta sociedad tanto la sede social como los administradores: Cuco Comunicación, Construcciones Payá e Imagine Comunicación. Sólo desde 2007 hasta 2011 diferentes concejalías del consistorio valenciano adjudicaron a Trasgos contratos por un montante que supera los 660.000 euros. A esta cantidad, además, habría que sumar los 120.000 euros que el propio vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, reconoció haber abonado a estas empresas señaladas por uno de los testigos contra el entramado Gürtel durante los dos últimos ejercicios, 2012 y 2013. Y es que Grau subrayó que todas ellas siguen contando como adjudicatarias válidas al no estar inmersas, según él, en ninguna investigación judicial.
Uno de los administradores de Trasgos, sin embargo, reconoció a este periódico haber declarado ante el juez que investiga las contrataciones irregulares durante la visita del Papa Benedicto XVI con motivo del V Encuentro Mundial de la Familia. Trasgos fue la empresa señalada por los miembros de la Fundación que gestionó la visita (compuesta por la Generalitat Valenciana, la Diputación de Valencia, el Ayuntamiento de Valencia y el Arzobispado de Valencia) para diseñar el logo de este evento que se desarrolló en 2006. Los responsables de esta sociedad tuvieron más contactos con la trama Gürtel puesto que también se reunieron en su sede con Francisco Correa, Pablo Crespo, Blanco Balín y El Bigotes, los principales señalados de Gürtel en las diferentes piezas judiciales que se investigan. Este encuentro fue confirmado por los administradores de Trasgos, Vicente Peris y Antonio Puig.
La Fiscalía investiga ahora, además de la posibilidad de que Gürtel y Trasgos fraguasen una UTE para optar a diferentes contratos públicos conjuntamente, los vínculos que pudieron haber surgido entre ambas empresas para materializar diferentes operaciones ante las administraciones. De hecho, los testigos protegidos y los investigadores dan por hecho que la relación sí fructificó.
La relación de Trasgos con los actos del PP y la campaña electoral en Valencia ya fue apuntada por el portavoz de Compromís en el Ayuntamiento, Joan Ribó, quien, además, ha presentado una interpelación al pleno municipal para que el grupo popular explique su vinculación con esta empresa.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/17/53010ae1ca474171728b457a.htmlGÜRTEL PLANEÓ SAQUEAR TODO EL OPERATIVO DE LA VISITA DEL PAPA
La red esperaba cobrar por coordinar y una comisión del 40% en cada gasto
La trama Gürtel planeó quedarse con la organización de todo lo relacionado con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006. La pirotecnia. El diseño, montaje y desmontaje del escenario desde el que habló Joseph Ratzinger. El alquiler de oficinas y su “adecuación”. La contratación de espectáculos teatrales para “animar” a los peregrinos. El suministro de la “señalética integral del recinto”. El alquiler de urinarios y sillas plegables. La “dotación de infraestructuras de seguridad”. E incluso la selección de artistas para celebrar “misas cantadas”.
La investigación realizada en secreto por el juez José Ceres durante los últimos meses revela el insaciable apetito de la red de Francisco Correa por las muchas adjudicaciones que debía realizar, en principio, la Fundación V Encuentro de las Familias, constituida por la Generalitat valenciana, el Ayuntamiento, la Diputación y el Arzobispado de Valencia. Y financiada sobre todo por el Gobierno autonómico, que aún sigue poniendo dinero en ella.
Un año antes de que el Pontífice llegara a la ciudad, el cabecilla de la trama en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y sus chicos de Orange Market ya mantenían entrevistas con responsables del Encuentro Mundial de las Familias. En el último trimestre de 2005, la red elaboraba presupuestos y hasta un “pliego de condiciones económico-administrativas” que abarcaba todas las posibles adjudicaciones “del acto publico multitudinario de recepción de su santidad el Papa Benedicto XVI”, según lo define el documento aportado a la causa por el exproductor de Orange Market Juan José Rincón.
La trama esperaba aplicar su sistema de honorarios habitual. Cobrar una cantidad fija en concepto de “coordinación”, que estimó inicialmente en un millón de euros. Y, además, quedarse con una comisión del 40% de cada partida contratada, inflando para ello los precios.
Una de las hojas de costes efectuadas por Rincón recoge la previsión del precio y la facturación esperados en cada apartado. De 11 casillas, el único importe que no está hinchado es el de pirotecnia: se estimaba que costaría 132.000 euros y que se cobraría a la Fundación V Encuentro 132.000 euros. En la misma línea hay una anotación en la que se lee: “No se aplica % porque Selva ya tiene...”. El magistrado instructor preguntó a Rincón qué quería decir con esa referencia a José Selva, que fue responsable de toda la logística del encuentro y dimitió a principios de marzo de 2006 escandalizado, según su versión, por las “corruptelas”. El exempleado de Orange Market respondió al juez: “Quería decir que Selva ya tenía el presupuesto. Y entonces no le podías decir que costaba 150.000, porque entonces...”.
Esa hoja de costes, contó Rincón, fue entregada por El Bigotes a Víctor Campos, que era responsable de la Fundación V Encuentro y vicepresidente de la Generalitat, “para que supiera más o menos por dónde iban a ir los números”. “A Campos”, agregó el testigo, “se le daba normalmente una lista con la deuda tanto del partido [PP] como de la Generalitat con Orange Market”.
El juez aún no sabe por qué se decidió que Canal 9 asumiera pagos
La trama se planteó repartirse el pastel con otra empresa, Trasgos, y lo discutió con sus responsables en una reunión a la que, según Rincón, asistieron el propio Correa y el por entonces director del Instituto Valenciano de Finanzas y comisionado de la Fundación V Encuentro, Enrique Pérez Boada. Ante el juez, Selva declaró que Trasgos era conocida por dedicarse a organizar los actos del PP antes de que Orange Market desembarcara en Valencia.
Las esperanzas de la red no fructificaron. O no lo hicieron, al menos, del modo que había previsto. De un lado se encontraron con que existían otros aspirantes. Orange Market confiaba, por ejemplo, en que “el diseño y el montaje del escenario del Papa iban a caer dentro de la empresa”, recordó Rincón. Pero luego les avisaron que de eso se encargaría el arquitecto José María Tomás. Del otro, las sospechas sobre las actividades del Grupo Correa y su vinculación con el PP saltaron a la prensa “y no se consideró conveniente que optara a un asunto de estas características”, señaló el testigo.
Gürtel consiguió resarcirse de sobra a través del contrato de retransmisión de los actos a través de pantallas gigantes por Valencia, con el que obtuvo casi tres millones de los 7,5 pagados por Canal 9. La comisión para la trama no fue en este caso del 40% sino casi del 100%, ya que el coste real de los trabajos fue la mitad.
La Generalitat decidió que fuera la televisión pública quien corriera con ese gasto y otros menores hasta un total de ocho millones. Esto es, más de un tercio del presupuesto de la Fundación V Encuentro para todos los actos. ¿Por qué tuvo que hacerse cargo Canal 9 de aquellos pagos? El juez no ha conseguido aún que nadie se lo explique. El gasto se incorporó a la deuda de Ràdio Televisió Valenciana, que rondaba los 1.200 millones cuando el Gobierno valenciano lo cerró.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/15/valencia/1392482052_832103.htmlLA TRAMA DE CORREA ACTUÓ COMO UNOS SERVICIOS JURÍDICOS DE LA GENERALITAT
La red elaboró el pliego de condiciones para la visita del Papa a Valencia
Las últimas investigaciones del juez del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres, que investiga el caso Gürtel en Valencia ha vuelto a poner de relieve la gran actividad jurídica que la trama desarrolló en la comunidad autónoma. La Intervención General del Estado ya concluyó que fue la red la que redactó las bases del primer concurso público de la feria turística Fitur que ganó Orange Market, el de la edición de 2005.
La policía descubrió igualmente que el 8 de mayo de 2006, el mismo día en que la mesa de contratación de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) adjudicaba el gran contrato que la trama consiguió en Valencia (el de las pantallas gigantes para retransmitir los actos del Papa, en el que usó como tapadera a la constructora Teconsa), por 7,5 millones de euros, la red se dedicaba a retocar “cláusulas” del pliego de condiciones del contrato.
Pero hay más. Cuando la red de Francisco Correa todavía esperaba en poder controlar todos los contratos relativos a la visita del Papa, su abogado de confianza, Tomás Martín Morales, elaboraba en 2005 un documento de 60 páginas y título interminable que, resumidamente, se llamaba “Pliego de condiciones economico-administrativas particulares y de prescripciones técnicas” para la visita del Papa.
La línea en la que debía figurar el nombre del “organismo” que adjudicarse “por procedimiento abierto mediante concurso” los trabajos relacionados con el V Encuentro Mundial de las Familias está vacío porque, según varios testimonios, cuando la madrugadora trama elaboró el documento, aparentemente en 2005, todavía no se sabía qué institución manejaría los contratos.
La red trataba de sustituir a los servicios jurídicos de la Generalitat por una razón evidente que el exproductor de Orange Market Juan Carlos Feliu describió en su última comparecencia ante el juez Ceres: “La idea es construir las cláusulas del pliego de manera que cuando se hace público el concurso, evidentemente, la empresa que ha estado preparándolo tiene todas las papeletas de llevárselo. Es hacer un traje a medida, vamos”.
El control de las cláusulas, y la dejación de funciones de la Administración autonómica al permitir que sus contratos fueran redactados desde fuera, alcanzó también adjudicaciones mucho más pequeñas. Como la que la red obtuvo de la empresa de medio ambiente de la Generalitat Vaersa para una campaña de concienciación sobre el uso del contenedor amarillo. Martín Morales, que está imputado en la parte original del caso que investiga en la Audiencia Nacional Pablo Ruz y que declaró en diciembre en Valencia como testigo, reconoció que revisó los acuerdos con Vaersa, y aportó los documentos que lo demostraban.
Las últimas revelaciones sobre el amaño de la visita del Papa, que han confirmado el interés de Gürtel por controlar todos los contratos, hacen sospechar que la trama pudo, de hecho, hacerse con más adjudicaciones que todavía no han sido desveladas. El abogado Martín Morales dijo al juez que creía haber revisado también contratos sobre “sillas” y “vallas”. El letrado se presentó ante Ceres como un mero ejecutor de “encomiendas” del grupo de Correa. Pero la investigación apunta a que su papel fue muy destacado. Y que se dedicaba a hacer lo mismo en Administraciones de Madrid, como el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en una de cuyas empresas públicas trabajaba. Allí Martín Morales también elaboraba pliegos de condiciones. Y le indicaba a sus servicios jurídicos lo que debían hacer.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/15/valencia/1392484265_725372.html
COTINO, LA UBICUIDAD BAJO SOSPECHA
El presidente de las Cortes Valencianas aparece vinculado a la financiación ilegal del PP de Camps, al ‘caso Bárcenas’, a la visita del Papa y a la tragedia del metro
Los asesores de Juan Cotino se quejan de que a su jefe se le relaciona constantemente con asuntos turbios. Pero es que el presidente de las Cortes Valencianas, cabeza visible del sector cristiano del PP regional, aparece efectivamente vinculado con un desproporcionado número de graves casos que investigan los tribunales.
Las últimas revelaciones sobre el amaño de la trama Gürtel en la visita del Papa a Valencia en 2006 lo sitúan como el “factótum”, el que “cortaba el bacalao” en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, la entidad que organizó los actos del Pontífice, después de que él haya negado durante ocho años haber tenido una participación relevante. Cotino fue también, según José Selva, exresponsable de infraestructuras de la fundación de la visita de Benedicto XVI, la persona a la que se le advirtió de las trampas que urdía el cabecilla de la red Álvaro Pérez, El Bigotes. Y la persona que hizo oídos sordos a esa alarma.
El presidente de la Cámara autonómica no está imputado en ninguna causa. Pero el apellido Cotino figura en la investigación sobre la financiación ilegal del PP del expresidente Francisco Camps. Y en el caso Bárcenas, como uno de los empresarios —su familia es propietaria de Sedesa— que entregó dinero al extesorero nacional del Partido Popular. En el saqueo de la depuradora de Valencia Emarsa, una empresa pública que fue liquidada con un agujero de 17 millones de euros, por haber sido el máximo responsable de la depuración de aguas residuales de la Generalitat. Y en la tragedia del accidente de metro de Valencia que se cobró 43 vidas en julio de 2006, como la persona que trató de aplacar a las víctimas y, según algunas de ellas, hacerlas desistir de acudir a los tribunales ofreciéndoles puestos de trabajo en “empresas públicas o privadas”.
Nuevas revelaciones lo sitúan como “factótum” de la visita papal
Cotino, nacido en Xirivella (Valencia) en 1950, parece estar preparando su retirada de la primera línea política. Desde que José María Aznar llegó a la Moncloa en 1996, Cotino ha encadenado cargos de forma ininterrumpida. Director General de la Policía. Delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Consejero de Agricultura de la Generalitat. Consejero de Bienestar Social. Y consejero de Urbanismo. Tras las elecciones autonómicas de 2011, poco antes de dimitir por su implicación en el caso Gürtel y tras haber limpiado su Gobierno de consejeros salpicados por causas de corrupción, Camps lo apeó del Consell nombrándolo presidente de las Cortes Valencianas.
Alejado de la corriente principal tanto del PP nacional como del regional en esta legislatura y cercado por los escándalos, el veterano político dio hace un mes una señal clara de sus prioridades a corto y medio plazo al renunciar al complemento de exclusividad de su cargo para poder dedicarse así al cultivo de caquis.
La decisión es menos excéntrica de lo que pueda parecer. Aunque la familia Cotino hizo fortuna con Sedesa, grupo dedicado a la construcción, la obra pública, las concesiones, el sector inmobiliario y el de Medio Ambiente, el origen de su actividad empresarial es agrícola.
Alejado de la corriente principal del PP, prepara su retirada
Cotino nunca ha sido acusado de desviar dinero para sí mismo. Han generado polémica, en cambio, los beneficios que las empresas de su familia han obtenido de decisiones de gobiernos de los que formaba parte. Sedesa ha recibido, según cálculos de la oposición, contratos de la Generalitat por más de 800 millones de euros desde 1998. Y todavía se discute su decisión, cuando era consejero de Bienestar Social, de cambiar el régimen de concierto de las residencias de la tercera edad. Un sector en el que tenía intereses el grupo empresarial de su familia.
Los últimos interrogatorios del juez José Ceres, que investiga la vertiente valenciana de Gürtel, han aumentado la sombra de su intervención en el fraude de la visita de Benedicto XVI.
“Ni tomé ninguna decisión, ni estaba en ningún órgano para tomar decisiones. La verdad es que trabajé de voluntario todo lo que podía”, se ha defendido el presidente de las Cortes. Los testimonios de varios testigos lo describen, sin embargo, como el hombre “que lo decidía todo”. El que nombró a los principales cargos ejecutivos en la Fundación V Encuentro de la Familia, cuya sede estaba “pared con pared” con la Consejería de Agricultura que entonces dirigía para poder “despachar continuamente con él”.
Un testigo asegura que le advirtió del pelotazo que estaba urdiendo El Bigotes
El núcleo ejecutivo de la fundación lo compusieron personas de su confianza, que no solo compartían su pertenencia al Opus Dei sino que habían trabajado anteriormente a sus órdenes.
José Carlos Rincón, exproductor de la empresa de Gürtel Orange Market, aseguró que él y Álvaro Pérez, El Bigotes, se reunían “día sí y día no” con el entonces director del Instituto Valenciano de Finanzas, Enrique Pérez Boada, comisionado de la Fundación V Encuentro, desde 2005 para discutir “la ejecución” de los actos papales. Boada era, según Rincón, “la mano derecha de Cotino” en la organización de los actos del Papa.
El presidente de las Cortes fue, según el exdirectivo de Canal 9 Luis Sabater, quien decidió que se instalasen pantallas gigantes por Valencia desde las que seguir el acontecimiento, la vía que permitió a la trama embolsarse tres millones de euros.
“Me respondió que no viera fantasmas donde no los había”
Y el responsable de Infraestructuras en la fundación, José Selva, declaró que advirtió a Cotino de que El Bigotes trabajaba sobre el terreno en la sonorización de los actos y se presentaba como “adjudicatario de la obra” cuando ésta aún no se había licitado. “Cotino me dijo que se había decidido así. Yo le dije que aquello olía a que había dinero de por medio para el PP o quien fuera, y que era muy fuerte estando el nombre del Papa de por medio. Y él me dijo que no viera fantasmas donde no los había”. Selva aseguró al juez que aguantó a petición del arzobispado, pero que a raíz de aquello fue “marginado absolutamente” en la fundación. Y que una semana después dimitió.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/15/valencia/1392480391_471260.html
'GÜRTEL DIJO QUE TRANSMITIÓ UN MUNDIAL Y LA BODA DEL PRÍNCIPE PARA QUEDARSE CON LA VISITA DEL PAPA
Mintió en connivencia con el ex director de Canal 9 para amañar el mayor contrato
Teconsa no cubrió el enlace Real ni el evento deportivo en cuyas fechas se equivocó
Una de las cuestiones que intenta esclarecer la investigación de la Gürtel valenciana es si la banda de Francisco Correa se ocultó detrás de una constructora para hacerse con el contrato más jugoso de la visita del Papa: El de la sonorización y la instalación de pantallas en el recorrido que realizaría Benedicto XVI por Valencia.
En las primeras semanas de mayo de 2006 (por el momento se desconoce la fecha exacta) Radio Televisió Valenciana (RTVV) adjudicó a Teconsa el contrato audiovisual a cambio de 7,4 millones de euros (con IVA), pese a que el servicio se valoró en poco más de 3 millones. La Policía sospecha que el sobrecoste pudo utilizarse para el reparto de comisiones y la Agencia Tributaria dibuja en un informe, del año 2010, el circuito financiero que habría empleado la trama para no levantar sospechas.
Anticorrupción cree que el fraude pudo planearse gracias a la presunta colaboración del ex director general de RTVV, Pedro García, imputado en la causa. Y para aspirar al contrato Correa y sus colaboradores habrían incluido datos manipulados en la escritura de Teconsa para asegurarse que los técnicos no echaban atrás su oferta por falta de experiencia previa.
La constructora modificó su escritura para justificar su oferta audiovisual
En concreto, según fuentes de la investigación, la trama plasmó por escrito en sus escrituras y en la oferta que presentó en Canal 9 que había participado en la producción audiovisual del enlace de los Príncipes de Asturias y el Mundial de Fútbol de 2004, pese a que se celebró en Alemania en 2006 justo un mes antes de la llegada de Benedicto XVI a Valencia. Según explicaron fuentes de la investigación a EL MUNDO, esta presunta manipulación de información es la prueba clave para constatar un fraude que se habría perpetrar en connivencia con Pedro García.
Special Events es, según las pesquisas, la matriz de Gürtel. La sede estaba ubicada en Serrano 40 de Madrid, justo al lado de las oficinas de Teconsa, hasta entonces una constructora con una facturación humilde.
Teconsa, según las nuevas pruebas que manejan los investigadores, tuvo que ampliar su razón social para optar a un concurso relacionado con el ámbito audiovisual. Según estos indicios, la constructora, mediante escritura pública de 2 de febrero de 2005, modifica y amplía su objeto social extendiéndolo a la ejecución y mantenimiento de instalaciones eléctricas en general. De este modo Gürtel saltó uno de los obstáculos para aspirar a la adjudicación.
Ni los abogados de RTVV ni la mesa se interesó por confirmar la experiencia previa
Sin embargo, las empresas estaban obligadas a justificar solvencia técnica y experiencia previa para presentarse como candidatas. Según los datos recopilados por la Policía en los registros practicados en Canal 9, Teconsa aseguró en su oferta que había organizado uno de los eventos más importantes del país como fue la boda del Príncipe Felipe de Borbón, en la que se instalaron 550 metros de pantallas en Madrid (en el Papa se necesitaron 1.500 metros). O el Mundial de Fútbol de 2004 (pese a que se celebró dos años después) donde Teconsa dijo que instaló 475 metros.
Los investigadores entienden que la constructora donde se escondió Gürtel incumplía los requisitos porque eran falsos: Ni colaboraron con la Casa Real ni con la FIFA. De hecho, en un informe que la Policía entregó en la Audiencia Nacional cuando la investigación la dirigía Madrid los agentes ya dejan caer esta posibilidad. Ahora la Unidad Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional de la Comunidad trabaja en otro informe que recogerá todas estas diligencias practicadas en secreto por orden del juez José Ceres.
Pero ¿quién se encargaba de revisar la veracidad de los datos que incluían las empresas en sus informes? En primer lugar, según las fuentes consultadas por este periódico, la dirección jurídica de RTVV. Y en segundo, los vocales de la mesa de contratación y el secretario. Entre ellos destaca Vicente Sanz (directivo de RTVV acusado de presuntos abusos sexuales) o José Llorca, director de TVV y presidente de la mesa.
Ceres ya ha interrogado a varios de los miembros de la mesa, según la documentación que está en poder de esta redacción, y sobre este punto explicaron que no sospecharon nada porque ahora todas las constructoras incluyen en sus escrituras que son instaladoras de telecomunicaciones, un sector que no tiene nada que ver con el audiovisual.
Fuentes judiciales aclararon sobre este asunto que Fiscalía, juez y Policía trabajan sin descanso en esta línea de investigación porque entienden que Teconsa no estaba preparada para asumir un encargo de estas características. Sobre todo porque la constructora donde se ocultó Gürtel tuvo que recontratar a Apogge, y ésta a Impacto, para desarrollar el contrato. Además, la documentación que manejan los investigadores apunta a que la subcontratación no estaba permitida. Es decir, Teconsa sólo hubiera podido encargar trabajos a terceros si lo hubiera solicitado a RTVV. Y, al parecer, no fue así. Esta teoría policial apuntala la tesis de la presunta colaboración de Pedro García en el fraude que investiga la Gürtel valenciana.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/16/52ffaa4122601d0b168b4574.htmlEL OBISPO NO PONE LA MANO EN EL FUEGO POR LA HONRADEZ DE CAMPS
Defiende a Cotino y dice que Rita Barberá y el ex presidente daban las órdenes políticas
La declaración del obispo de Palencia, Esteban Escudero, ante el juez que investiga en Valencia el pelotazo del Gürtel en la visita del Papa, ha puesto de manifiesto que las grandes decisiones -entre ellas conceder a Radio Televisión Valenciana (RTVV) la señal del evento- se tomaron al más alto nivel, al margen de las reuniones que todos los lunes celebraba el Patronato del V Encuentro Mundial de las Familias. Esta es la tesis que en todo momento ha defendido Esteban Escudero, entonces obispo auxiliar de Valencia, y el único que se ha mantenido al frente de esta fundación por los 4,5 millones de euros de deuda que arrastra y «por conciencia», según su declaración. Pero él, explicó al juez José Ceres, pese a su «rimbombante» cargo de presidente ejecutivo, era un «mandao». Que Canal 9 fuera el encargado de retransmitir el evento fue algo que «se dio como cosa hecha al Patronato», señaló.
En su interrogatorio como testigo el pasado mes de diciembre las preguntas del magistrado y el fiscal sobre quién dio esta orden han sido una cuestión nuclear. Escudero no duda ni un momento a la hora de señalar a los que realmente controlaba la Fundación. A nivel de la diócesis, explica, el arzobispo Agustín García-Gasco (ya fallecido), y a nivel político, la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el ex presidente de la Generalitat, Francisco Camps. «Excluyo al presidente de la Diputación (en aquel momento Fernando Giner) -dice- porque era un convidado de piedra». En este alto nivel el obispo incluye también a Juan Cotino, entonces conseller y ahora presidente de las Cortes Valencianas.
Asegura que él era un mandado y que la decisión de transmitir por Canal 9 se dio como cosa hecha al Patronato
Y es a «alguien del PP» al quien atribuye el obispo la presencia de Álvaro Pérez El Bigotes en las primeras reuniones del Patronato. Pero, ¿quién pudo ser?, le preguntaron el magistrado y el fiscal Anticorrupción. Quién lo introdujo en la organización y por extensión tomó también la decisión de ceder las imágenes a Canal 9. Aunque Esteban Escudero admite no saberlo, sí llega a dejar fuera a algunas personas. En sus primeras respuestas descarta «totalmente» a Cotino -otros testigos en cambio aseguran que tuvo conocimiento previo de que el contrato de las pantallas se le iba a dar a El Bigotes-. «Me consta su honradez, tampoco se puede poner la mano en el fuego por nadie, pero me consta su honradez», dice. Por supuesto, deja al margen al arzobispo. «Sobre los demás no puedo decirlo», asegura. A continuación afirma que a la alcaldesa «sí la descartaría». Me parece «muy franca y muy limpia». A favor de Camps no dice nada. Sólo comenta su desconocimiento sobre una visita previa que el ex presidente hizo al Vaticano, por la que previamente se le había interpelado. En todo caso le resulta extraño que pudiera tratar con alguien allí cualquier «cosa técnica» de la visita del Papa.
Según el sumario del caso Gürtel, el ex presidente y también Álvaro Pérez formaron parte de la comitiva que acompañó a Roma al entonces vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Antonio Cañizares, para la imposición del anillo cardenalicio.
Esteban Escudero asegura que los que «mandaban» eran Francisco Camps y Rita Barberá. El presidente de la Diputación (Fernando Giner) era un convidado de piedra»
Pero el obispo de Palencia no se refiere en ningún momento a este viaje. Sí que relata que El Bigotes estuvo en El Vaticano intentando conectar con «las altas esferas» y que, por ello, según su versión, se le apartó. Una decisión que él atribuye a Cotino.
El fiscal le insiste sobre el papel en el asunto del presidente de las Cortes. Y Esteban Escudero explica que lo hace «por presunción de honradez» pero que realmente no sabe si estuvo al tanto de lo que sucedió. «Los que mandaban eran Francisco Camps y la alcaldesa», indica. Ella, puntualiza, a nivel más organizativo. Sobre él ex presidente manifiesta que estaba al tanto de todo a través de su delegado en el Patronato que era el vicepresidente Víctor Campos.
En sus respuestas el obispo de Palencia confirma la «amistad profunda» entre Camps y García Gasco, a quien a nivel religioso consultaba. También se refiere en algún momento a Henar Molinero, que ha declarado en la causa, y que según su relato, era quien «cogía el teléfono» y se ocupaba de los grupos. A raíz de su participación en el V Encuentro Mundial de las Familias Camps la fichó para Presidencia. Fue directora general de Coordinación, después, directora general de Análisis en el gabinete del presidente y por último directora general de Organización y Coordinación. Con la dimisión de Camps, Alberto Fabra la colocó al frente de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/16/52ffaf1322601d21168b4573.htmlEL PP VETA QUE IBARS Y SÁNCHEZ DE LEÓN HABLEN DE GÜRTEL EN LAS CORTES
La oposición pide explicaciones de “una delegada del Gobierno bajo sospecha”
“Cuando estaban ejerciendo vinieron como altos cargos”, argumentó este viernes el diputado del PP Eduardo Ovejero para justificar que su grupo rechazara la comparecencia en las Cortes Valencianas de la actual delegada del Gobierno, Paula Sánchez de León, y de la exdirectora general de Promoción Institucional Dora Ibars, para dar explicaciones sobre contratos con la trama Gürtel cuando la primera era secretaria autonómica de Comunicación. La propuesta, que fue formulada por Esquerra Unida del País Valencià (EUPV) y apoyada por toda la oposición, fue despachada por Ovejero como un “intento de soliviantar la calle” y de “crear un ambiente enrarecido”.
Ignacio Blanco, de EUPV, defendió sin éxito que comparecieran ante la Comisión de Coordinación, Organización y Régimen de las Instituciones tanto Ibars, —que fue imputada y destituida para ser repescada por Alberto Fabra cuando se le levantó esa imputación y volver a ser destituida cuando fue de nuevo imputada—, como Sánchez de León, a quien la primera implicó ante el juez en la decisión de contratar a Orange Market, terminal valenciana de Gürtel, en la contratación fraccionada de la Guía de la Comunicación de 2008 y de memorias de USB.
Esos contratos “se gestionaron durante una reunión celebrada en el despacho de Sánchez de León”, explicó Blanco siguiendo la declaración de Ibars ante el juez. El diputado recordó que ambas “estaban en aquel momento bajo las órdenes de Esteban González Pons, entonces consejero de Presidencia”, y rechazó que los populares acusen a la oposición de judicializar la política. “Si no dejan que los responsables políticos vengan, no nos queda más que acudir a los tribunales”, dijo, tras describir la actitud del PP como la de “un macarra portero de discoteca que no deja pasar a quien no guste a los propietarios del local o pueda estropear la fiesta”.
Blanco acusa al PP de actuar como un “macarra portero de discoteca”
Ovejero le pidió que retirara la expresión “macarra” y el diputado de Esquerra Unida se negó a hacerlo. El tono áspero del debate prosiguió con las intervenciones de Mireia Mollà, de Compromís, que acusó al PP de “la mediocridad en la que se han instalado las Cortes Valencianas”, y de Eva Martínez, del PSPV-PSOE. Mollà apoyó la comparecencia de Sánchez de León e Ibars porque participaron en “el fraccionamiento de la contratación para saltarse la posibilidad de fiscalizar”. Según Mollà,que resaltó que se produjo un “daño patrimonial” a todos los valencianos, ambas deberían explicar si esa actuación “vino de ellas o tenían instrucciones del consejero de turno”.
Martínez insistió en que los 82.000 euros de la Agenda de la Comunicación se trocearon y fueron a parar a una trama que saqueó la Generalitat. “Si Sánchez de León estuvo en esas reuniones es la responsable política”, dijo la diputada, que preguntó si es razonable tener “una delegada del Gobierno bajo sospecha”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/14/valencia/1392375483_747379.html'GÜRTEL' MONTÓ HASTA EL RECUENTO DE VOTOS DE LA NOCHE ELECTORAL DE 2007
Presidencia pagó 19.000 euros a 'El Bigotes' por preparar el acto institucional
Víctor Campos: 'Yo ya había anunciado que me retiraba de la vida pública'
El Tribunal Superior de Justicia continúa revisando documentación de las piezas que integran el caso Gürtel para reconstruir los pasos que dio la trama en la Comunidad. Según confirmaron fuentes judiciales a EL MUNDO, el juez José Ceres está investigando nuevas facturas emitidas por Orange Market, de Álvaro Pérez El Bigotes, por la organización del acto institucional que montó la Generalitat en las elecciones municipales y autonómicas de 2007.
Las pesquisas apuntan a que Gürtel entró hasta en la Ciudad de la Justicia de Valencia y, pese a que aún no hay ningún imputado por estos hechos, el instructor ya está recabando pruebas para conocer los detalles del evento. Las facturas se presentaron días después de la jornada electoral en la Generalitat y ascendían a 8.000 y 11.000 euros.
Desde hace cinco años los investigadores intentan esclarecer si el PPCV de Francisco Camps se financió con fondos procedentes de la corrupción. La Policía sospecha que esta formación política recibió dinero de procedencia desconocida a cambio de adjudicaciones.
La cita electoral de 2007 fue la que utilizó Camps para anunciar la llegada de la Fórmula 1 a Valencia a «coste cero» para el contribuyente. Era la etapa de los excesos y la segunda vez que Camps se presentaba a la jefatura del Consell. Sus resultados fueron históricos y los ciudadanos pudieron ir conociendo los avances de resultados desde los juzgados.
El Bigotes, según concluye la Policía en sus informes, montaba los mítines del PPCV y, al parecer, también sacaba tiempo para organizar eventos institucionales.
La Ciudad de la Justicia es el centro de operaciones habitual. En elecciones municipales la competencia es del Estado mientras que en las autonómicas de la Generalitat, que renunció la organización y la subcontrata a la trama. En el acto que se investiga intervinieron la Conselleria de Justicia, entonces en manos de Miguel Peralta, y Presidencia.
Pese a que todavía no hay ningún imputado por estos pagos, el juez Ceres aprovechó los interrogatorios que practicó en secreto para obtener datos del contrato. Víctor Campos, ex vicepresidente de la Generalitat y condenado por la causa de los trajes, confirmó la veracidad de las facturas.
La trama fraccionó los pagos en varias facturas y a Presidencia cobró 11.000 euros por el montaje y desmontaje de la sala. La factura de Orange fue conformada por José Manuel Vidal (jefe de gabinete de Campos y ex empleado de Orange) y autorizada por Ana Brusola, adscrita a Presidencia. Mientras, a la Conselleria de Justicia cobró 8.000 euros por un material audiovisual. El pago, según el sumario, fue validado por Pedro Hidalgo Caballero, al que varias fuentes definen como uno de los hombres de Juan Cotino, ex conseller y presidente de las Cortes.
Campos aseguró al juez que no conocía como se generó la contratación, aunque recordó que «se hizo todo a última hora» porque la Delegación renunció a celebrar un acto conjunto. «A mi me comentó Vidal que había contratado esto y me pareció bien», matizó antes de insistir que «yo ya había anunciado que me retiraba de la vida pública».
«Yo no tenía capacidad de firmar nada, no tenía autorización ni para contratar la compra de un lápiz», se defendió el ex vicepresidente, que no tuvo reparos en señalar al ex secretario general del partido, Ricardo Costa, como el vínculo directo de El Bigotes con el PP de Camps. E insistió: «Yo aún era el vicepresidente, pero no estaba en las listas, iba de público a aplaudir a mis compañeros»
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/02/13/52fc7d3ee2704e402e8b456b.htmlEL PRIMER JUICIO DE GÜRTEL ARRANCARÁ EL 31 DE MARZO
Correa, Crespo y el Bigotes se sentarán por primera vez en el banquillo en la vista por las adjudicaciones de Fitur
El TSJ ha fijado el inicio del juicio de la primera pieza del caso Gürtel para el 31 de marzo. El juicio podría durar más de seis meses ya que la previsión es que termine en octubre tras 48 sesiones. Algunas semanas se han señalado un día de juicio mientras que en otras se han fijado dos o tres jornadas.
El juicio lo van a celebrar los mismos magistrados que están juzgando al exconseller Rafael Blasco: Pilar de la Oliva (presidenta del TSJ), Antonio Ferrer y Juan Climent. La sala de recusaciones ha rechazado el recurso que interpuso la ex coordinadora de Ferias de la Agencia Valenciana de Turismo Ana Grau y al que se sumaron los abogados de los principales acusados. La sala considera que De la Oliva, Ferrer y Climent «no están contaminados» a pesar de que ratificaron en junio el procesamiento de los de los trece acusados. El juicio contra Blasco está previsto que termine la segunda semana de marzo.
La vista es por la pieza tercera del caso Gürtel, que se centra en las adjudicaciones a Orange Market del stand de la Comunitat Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009. Es la primera vez que los supuestos cabecillas Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez «El Bigotes» se van a sentar en el banquillo ya que la rama de Gürtel de Madrid no ha llegado a juicio.
El fiscal ha pedido que el juicio comience con el interrogatorio de Mónica Magariños (empleada de Correa que se enfrenta 4 años),y siga por este orden con Cándido Herrero (consejero delegado de Orange), Felisa Jordán (ex administradora de empresas de Correa), Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa, Ana Grau, Jorge Guarro (ex jefe del servicio de promoción de la Agencia Valenciana de Turismo), Jorge Guarro (ex jefe del servicio de Promoción de la AVT), Isaac Vidal (ex jefe del área de Mercados de la AVT), Juan Bover (ex jefe del servicio de Infraestructuras Turísticas), Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de Turismo), Milagrosa Martínez y Angélica Such.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/02/13/primer-juicio-gurtel-arrancara-28/1079302.htmlEL TSJ QUIERE QUE EL PRIMER JUICIO DE GÜRTEL ARRANQUE EN UN MES
La vista la celebrarán los mismos magistrados del caso Blasco tras rechazar la sala su recusación
El Tribunal Superior de Justicia quiere que el primer juicio del caso Gürtel arranque dentro de un mes. La sala ha citado esta mañana a los abogados para coordinar las agendas. La secretaria judicial ha informado a los letrados de que la intención es que la vista empiece el lunes 24 de marzo, aunque el calendario final depende de la disponibilidad de los abogados. Además, el fiscal ha solicitado que los interrogatorios de los procesados comiencen por los acusados secundarios, continúen con los supuestos líderes de la trama y terminen con las exconselleras Milagrosa Martínez y Angélica Such.
El juicio lo van a celebrar los mismos magistrados que están juzgando al exconseller Rafael Blasco: Pilar de la Oliva (presidenta del TSJ), Antonio Ferrer y Juan Climent. La sala de recusaciones ha rechazado el recurso que interpuso la ex coordinadora de Ferias de la Agencia Valenciana de Turismo Ana Grau y al que se sumaron los abogados de los principales acusados. La sala considera que De la Oliva, Ferrer y Climent «no están contaminados» a pesar de que ratificaron en junio el procesamiento de los de los trece acusados. El juicio contra Blasco está previsto que termine la segunda semana de marzo.
La vista es por la pieza tercera del caso Gürtel, que se centra en las adjudicaciones a Orange Market del stand de la Comunitat Valenciana en Fitur entre 2005 y 2009. Es la primera vez que los supuestos cabecillas Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez «El Bigotes» se van a sentar en el banquillo ya que la rama de Gürtel de Madrid no ha llegado a juicio.
El fiscal ha pedido que el juicio comience con el interrogatorio de Mónica Magariños (empleada de Correa que se enfrenta 4 años),y siga por este orden con Cándido Herrero (consejero delegado de Orange), Felisa Jordán (ex administradora de empresas de Correa), Álvaro Pérez, Pablo Crespo, Francisco Correa, Ana Grau, Jorge Guarro (ex jefe del servicio de promoción de la Agencia Valenciana de Turismo), Jorge Guarro (ex jefe del servicio de Promoción de la AVT), Isaac Vidal (ex jefe del área de Mercados de la AVT), Juan Bover (ex jefe del servicio de Infraestructuras Turísticas), Rafael Betoret (ex jefe de gabinete de Turismo), Milagrosa Martínez y Angélica Such.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/02/13/tsj-quiere-primer-juicio-gurtel/1078839.htmlUN PEQUEÑO INDUSTRIAL VALENCIANO LE ABRE AL PP UN NUEVO FRENTE EN EL 'CASO BÁRCENAS'
El juez Ruz ordena a la UDEF investigar la denuncia que ha hecho llegar a la Audiencia Nacional un empresario de la ciudad del Turia. El magistrado ve indicios de que los datos que aporta guardan relación con los apuntes contables del extesorero
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Pablo Ruz, ha abierto una nueva línea de investigación dentro del 'caso de los papeles de Bárcenas' después de que un pequeño industrial valenciano le haya remitido dos escritos y abundante documentación en soporte informático sobre hechos supuestamente relacionados con la causa. Ruz, que hasta ahora ha mantenido secreta la información aportada por este empresario, ha ordenado recientemente a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía que inicie "las gestiones y averiguaciones oportunas, incluida la declaración del denunciante" como paso previo a la realización de un informe con el que el magistrado decidirá si sigue adelante con estas pesquisas. De hacerlo, sería una nueva línea de investigación de un sumario que cada vez tiene más frentes abiertos para el PP después de que, como adelantó este diario, el magistrado reactivara las pesquisas sobre la compra por parte del partido de un local en Logroño y sobre el extraño pago de una deuda adquirida por los 'populares' en Pontevedra.
La persona que ha propiciado las nuevas pesquisas es Jorge C., un industrial valenciano que ha llegado a figurar en los órganos de dirección de una decena de pequeñas empresas, mucha de ellas familiares, relacionadas con la fabricación de materiales de construcción y, sobre todo, con la de puertas metálicas. Según consta en una providencia del juez Ruz de la pasada semana a la que ha tenido acceso Vozpópuli, éste remitió un primer escrito de denuncia que llegó a la Audiencia Nacional el pasado 2 de octubre. Tres meses después, en concreto el pasado 10 de enero, remitía al juzgado un segundo con más datos. Tras ello, el magistrado solicitó su opinión al fiscal del caso, Antonio Romeral, y, ahora, ha encargado a los agentes de la UDEF la elaboración de un informe con el que "determinar la conexión de los hechos denunciados [...] y los investigados en la presente causa".
En concreto, el juez Ruz ha ordenado a la Policía que analice tanto los escritos de denuncia como la documentación "aportada en formato digital" por Jorge C. e inicie a partir de ese momento una investigación para comprobar la veracidad de la información. Para ello, señala a los agentes la conveniencia de interrogar al industrial valenciano con el fin de tener sobre su mesa un informe que le permita finalmente abrir esa nueva línea de investigación o cerrarla si consideran que no hay vínculos con los célebres 'papeles de Bárcenas'. Hasta ahora, el juez ha mantenido el contenido de las denuncias y de la documentación aportada por el empresario fuera de la causa y, por tanto, a ella no han tenido acceso ninguna de las acusaciones y las defensas personas en la misma, como ha podido constatar este diario.
El antecedente de Vitoria
No es la primera vez que llegan al juzgado de Ruz denuncias que relacionan supuestas irregularidades con los apuntes contables del extesorero del PP. El pasado 23 de octubre se incorporó al sumario una carta del portavoz del Partido Socialista de Euskadi (PSE) en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Patxi Lazcoz, en el que éste denunciaba que entre 2005 y 2007 el equipo de gobierno del PP en este consistorio concedió supuestamente de modo irregular sendos contratos de gestión de residuos de la capital vasca a Sufi SA, la misma empresa ya investigada por el presunto pago en 2007 de una comisión de 200.000 euros a la dirección regional del partido conservador en Castilla-La Mancha, encabezada por María Dolores de Cospedal. La revelación se producía, además, sólo unos días antes de que acudiesen a declarar como imputados por este último hecho el gerente de la formación en esta comunidad, José Ángel Cañas, y los empresarios Luis del Rivero y Manuel Manrique. En su escrito, de siete folios de extensión, el edil Patxi Lazcoz detallaba con documentos como la empresa, filial de Sacyr Vallehermoso, se hizo con un contrato para la construcción de un planta de tratamiento de residuos de demolición y su explotación durante 15 años gracias a un pliego de cláusulas "a la carta" que presuntamente redactó el consistorio alavés, entonces liderado por el hoy portavoz 'popular' en el Congreso, Alfonso Alonso.
En su misiva, el dirigente socialista vasco mostraba su convencimiento de que tenía en su poder "suficientes elementos para considerar que en el Ayuntamiento de Vitoria-Gazteiz se pudo adjudicar ilegalmente un concurso público a favor de una de las empresas investigadas en la trama Gürtel", en referencia a Sufi SA. Tras asegurar que la capacidad de investigación del grupo municipal que él encabezaba era "muy limitado" y que "sólo una intervención judicial" podría "llegar al fondo del asunto sobre el que queremos llamar su atención", el escrito explicaba que el PSE inició sus pesquisas "el pasado mes de julio como consecuencia de la aparición [...] de una supuesta contabilidad B con datos del Partido Popular en el País Vasco, a través de los conocidos como 'papeles de Bárcenas". Durante dicha investigación, los concejales socialistas aseguraban haber encontrado ya en el propio sumario del 'caso Gürtel' referencias a dos contratos del Ayuntamiento de Vitoria, uno de abril de 2005 y el segundo de marzo de 2007. Pese a todos esos detalles, el juez Ruz consideró que la denuncia no tenía relación con el 'caso Bárcenas' y decidió no incluirla como parte del proceso.
Génova 13, Toledo, La Rioja y Pontevedra
Hasta ahora, el magistrado ha concentrado la investigación del 'caso Bárcenas' en las cuatro grandes líneas de investigación que marcó con una serie de autos que dictó el pasado 11 de octubre. Entonces, Ruz decidió dejar a un lado las pesquisas sobre la veracidad o no de dichos apuntes una vez que su credibilidad había dejado de estar en duda tras corroborar los testigos más de medio centenar de ellos, para pasar a considerarlos un elemento de prueba más a partir del cual destapar supuestas corruptelas concretas. Aquel día, el juez decidió centrar sus esfuerzos en aquellas anotaciones del extesorero en los que creía haber detectado indicios de delitos que no hubieran prescrito aún. Es decir, los referidos a los años 2007 o a ejercicios posteriores. Entre ellos estaban el supuesto pago con dinero negro de las obras de remodelación de la sede de Génova 13 que provocaron el registro 'de facto' del inmueble el pasado mes de diciembre, y la supuesta comisión recibida por el partido en Toledo por la concesión de un contrato de limpieza a una filial de Sacyr, lo que ya ha obligado a comparecer como imputado en la Audiencia Nacional a un dirigente de la formación en Castilla-La Mancha. Son, con diferencia, las pesquisas que tiene más avanzadas, aunque las referidas a los trabajos de reforma en el edificio del PP en Madrid se han encontrado con un 'atasco' documental de 118.000 correos electrónicos que ha retraso las pesquisas policiales más de tres meses.
Junto a estas dos, Ruz decidió abrir también las pesquisas sobre la compra de una sede en Logroño y la extraña devolución de una deuda de Pontevedra, aunque ambas parecían haber quedado arrumbadas en el sumario hasta que el pasado 24 de enero decidió reactivarlas citando a declarar a varios dirigentes regionales del partido y reclamando abundante documentación contable de la formación en La Rioja y Galicia. Por un lado, intenta aclarar la veracidad de un apunte contable del extesorero que sugiere la entrega por parte de los dirigentes riojanos de 200.000 euros en dinero negro a la 'caja B' de Génova 13 que posteriormente fueron reenviados desde Madrid por transferencia bancaria de vuelta a sus correligionarios en esta comunidad ya 'blanqueados' para que pudieran adquirir unos locales para su nueva sede. Por este hecho, ya han pasado por la Audiencia Nacional como testigos dos dirigentes regionales. Y, por otro, el ingreso en la supuesta caja 'B' de los populares en 2010 de 50.000 euros como devolución de una deuda de 160.000 euros que el PP de Pontevedra había adquirido con la dirección en Madrid por el embargo sufrido por las cuentas de éste a cuenta de una deuda impagada por Galicia. Este último movimiento fue relacionado por el extesorero directamente con el posterior pago de 50.000 euros en sobresueldos a Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal.
http://vozpopuli.com/actualidad/38734-un-pequeno-industrial-valenciano-le-abre-al-pp-un-nuevo-frente-en-el-caso-barcenasUN DIRECTIVO, AL JUEZ: «LE DIGO QUE EN CANAL 9 HE OLIDO LA CORRUPCIÓN»
Un testigo revela que en la visita del Papa y como práctica común en RTVV se daban contratos a dedo a precios «desorbitados», se autorizaba el gasto sin presupuesto y se favorecía a algunos proveedores
Los testimonios que han ido desfilando ante el magistrado del TSJ José Francisco Ceres para declarar sobre el contrato de Canal 9 por la visita del Papa a Valencia han hecho aportaciones que van más allá de esa adjudicación de 7,5 millones judicialmente investigada. El exjefe de costes e inventarios del departamento económico de RTVV, Isaías García, se mostró contundente al advertir al juez de que ese contrato fue singular en la cuantía «llamó muchísimo la atención por el importe» pero en muchos aspectos no se salía del guión habitual de las prácticas irregulares.
En un momento de su declaración, el juez le interrogó por el motivo que llevó a otorgar el contrato por la vía de «urgencia», lo que impidió cumplir con la publicidad y concurrencia que exige la ley para adjudicaciones de esa cuantía. «Corría el rumor de que el director general [Pedro garcía] lo quería así», respondió, para añadir, tras un silencio, una confesión que dejó sorprendido al juez: «Dese cuenta de que nosotros, yo mismo, que no tengo filiación política ni nada por el estilo, somos técnicos y en este tipo de cuestiones ves algo raro. En estos años en televisión valenciana le digo que he olido la corrupción». «Perdón, ¿ha??», preguntó el juez. «Que he olido la corrupción, la he olido»,aclaró. «¿Ha estado ahí metido?», repreguntó Ceres. «Lo hueles?», insistió el testigo mientras con la nariz hacía como que olisqueaba para apoyar sus palabras.
«Uno ve cómo se firman contratos y precios que parecen desorbitados, se da prioridad a determinados proveedores, cómo se canjea deuda a proveedores a cambio de un producto que no lo vale? pero no tenemos capacidad de ver dónde va el dinero (?), es un simple olor», concluyó el testigo en su declaración el pasado 18 de diciembre.
El jefe de costes denunció también que el director general, Pedro García, «aprobó la solicitud de gasto sin respaldo presupuestario». Era «práctica común», explicó, que el máximo responsable de RTVV firmará esa solicitud pese a que el presupuesto estaba agotado. Desde el departamento económico se hacía constar, junto a la firma, la anotación «presupuesto excedido».
Isaías García explicó que se «montó un sistema informático para que los directores generales conocieran en todo momento el estado de ejecución presupuestaria, para que si el presupuesto se había excedido no se autorizara más gasto, pero no hacían caso». «Ha sido práctica habitual de todos los directores generales de RTVV», abundó. «Todos» cometían esta irregularidad, dijo quien entró en el ente público en 1993. «¿Todos?», preguntó el juez.«Todos, excepto Rosa Vidal, la única con interés claro en no gastar si no había dinero», aclaró. El testigo también se mostró «convencido» de que a la autorización de gasto para el contrato se le puso fecha del 12 de abril de 2006 pero se hizo con posterioridad a la firma del contrato para justificar el expediente. «¿Por qué está convencido?», inquirió Ceres. «Cuando te dedicas a poner baldosas, ves cuando una está puesta torcida», soltó el testigo, tras hacer observaciones sobre la ubicación de la fecha en las hojas de gasto.
El testigo comentó que en medio de este panorama general de gasto sin control los «técnicos, decíamos esto va a quebrar». En otro momento de su declaración ante el juez y el fiscal, Isaías García, apuntó que nunca entendió por qué una televisión tenía que montar toda la cobertura audiovisual de la visita de Benedicto XVI.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/02/11/directivo-juez-le-digo-canal/1078169.html
UNA VISITA PAPAL PROVECHOSA PARA EL ALMA Y PARA ALGUNOS BOLSILLOS
Camps abrió a El Bigotes todas las puertas de las consejerías valencianas
Consecuencia: hay seis causas abiertas. Hoy, Benedicto XVI y el gran pelotazo de Fitur
No podía haber mejor fiesta gozosa para las muy piadosas autoridades de la Comunidad Valenciana que la visita de un Papa, en este caso Benedicto XVI. Aquellos días, 8 y 9 de julio de 2006, debían ser para el equipo de Francisco Camps la demostración ante el universo entero del poderío que entonces inundaba de doblones las bodegas de la nave levantina. Para controlar que no estuviera fuera de su sitio ni una sola hoja de los árboles del camino se creó, a pachas entre Generalitat, Ayuntamiento, Diputación y Arzobispado la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias. ¿Será por dinero?, se decían manilargos unos consejeros a otros, mientras Camps —El Curita, le decían en la trama— sonreía beatíficamente y se lanzaba requiebros telefónicos con un señor muy divertido al que le llamaban El Bigotes. El mundo era suyo, la comunidad era suya y los contratos eran suyos. ¿Un Calatrava? Tres, cuatro, cinco. Los que hicieran falta. ¿Avenidas? A decenas. ¿Aeropuertos? Como el de Castellón. A quien menos le molestaba la prodigalidad era a Álvaro Pérez, El Bigotes, que mejor estar donde hay mucho.
Tanta felicidad a punto estuvieron de ensombrecerla unos infortunados pasajeros del metro valenciano, cuando tres días antes de la llegada del Papa, a las 13.03 horas del 3 de julio, un tren descarriló en una curva cercana a la estación de Jesús. 47 muertos y 43 heridos, muchos de ellos lanzados a través de unas ventanas sin refuerzo y que fueron aplastados por el vagón que se deslizó durante muchos metros sobre su lateral. La orden fue tajante: Canal 9, la televisión de la comunidad, debía silenciar lo más posible ese desgraciado accidente y, desde luego, no alterar ni un ápice la programación, ya dedicada en cuerpo y alma —sobre todo alma— al recibimiento al Papa. Tal cual lo hizo, ante la parálisis de una plantilla inmunizada frente a las injusticias. Así que el muy atareado Juan Cotino, el hombre más religioso de cuantos hombres —y mujeres— religiosos andaban por la Generalitat, y que llevaba meses desviviéndose en la Fundación y fuera de ella para que nada faltara en tan señalada visita, fue el encargado de silenciar a las víctimas, ofreciéndoles alguna dádiva si la protesta se anestesiaba porque nada podía enturbiar aquellos días gloriosos. Gran labor misericordiosa la suya, sin duda, porque era tiempo de gozos, y no de sollozos.
Meses antes, esa misma televisión que compitió en indignidad con el equipo de Camps, ya se había encargado de que todo estuviera dispuesto para reforzar hasta la hipérbole aquella visita. Por lo pronto, la Generalitat ya había dejado bien claro a Moncloa que no querían ver en kilómetros a la redonda a nadie de TVE, que era, y es, quien acostumbra a cubrir, por medios y experiencia, las visitas de los primeros mandatarios mundiales, como son los Papas. Una de las personas que entonces —mes de abril— se entrevistaron con las autoridades civiles y con el propio arzobispo valenciano, detectó rápidamente el rechazo político, ideológico… y económico. “Allí se les veía que les sobraba el dinero”. El cierre lo puso Esteban González Pons, a la sazón consejero y portavoz del Gobierno valenciano. “Doy por clausurada esta reunión”, les dijo de malos modos. Fuera. Esto es nuestro.
Y tan suyo que era. Además de los muchos millones que le costó a Canal 9 la retransmisión -13, se calcula, y ya conocen su triste final— sus directivos recibieron el encargo de llenar de pantallas la ciudad para que los 1,5 millones de fieles que se esperaba que acudieran a Valencia pudieran seguir al detalle la misa que se iba a retransmitir desde el marco incomparable que formaba el conjunto de Calatravas en el cauce del río, más bonito que un San Luis. El encargo fue recogido por un dispuestísimo director general de la Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García Gimeno, que, sorpresas nos da la vida, era íntimo amigo de Francisco Correa y de El Bigotes.
Y como entre colegas todo se hace más sencillo, enseguida hubo acuerdo. García autoriza —ojo con las fechas— que la contratación se negociara por motivos de urgencia “con precio libre” y “sin publicidad”. El mejor territorio, como sabemos, para las habilidades de la trama. Tras un aberrante concursillo, el 8 de mayo —ojo con las fechas— se produce la adjudicación para el complejo montaje técnico. Quiso el destino —y la trama Correa— que el premio recayera en la empresa Teconsa, la empresa constructora de nuestro conocido José Luis Ulibarri, que no tenía ni la menor idea de cómo se montaban tales dispositivos porque jamás había hecho algo ni siquiera parecido. Pero eso sí, era “la más cara y desaforada”, según uno de los conocedores del concurso, con un presupuesto de 7.493.600 euros. Sin problemas porque el adjudicatario real, Gürtel, tenía todo previsto: el montaje lo harían otras empresas, que sí tenían los conocimientos y los medios necesarios, sobre todo Sirius Showequipment, que cobró 3.654.000, IVA incluido, una subcontrata alemana que ya había hecho esa labor en el viaje de Benedicto XVI a Colonia en 2005 y que el Vaticano —aquí todos tienen amigos— ya se había encargado de recomendar. Hay, también, participación de otras empresas con importes menores que sí hicieron trabajos, como Apogee o Impacto Producciones, pero asoman otras como Castaño Corporate y Free Consulting, empresas de la trama y tapadera para generar facturas falsas. En Castaño, compraventa de inmuebles, aparecían por sus escrituras Jacobo Gordon, Blanco Balín o el propio Crespo.
Pero veamos algunos detalles para entender ese concurso que Pedro García tuvo la desfachatez de convocar. Primero, las fechas. Alegar urgencia tenía lo suyo, porque la visita papal ya se conocía desde mucho antes, como es natural. El sumario recoge una carta del 17 de enero de 2006 de la empresa Apogee Telecomunicaciones SA, una de las subcontratas, a Teconsa para estudiar “documentación y cifras” sobre el proyecto de Valencia. ¡Cuatro meses antes del concurso! Y el 1 de febrero hace lo propio otra subcontrata, Impacto Producciones, a la que había pedido ayuda Apogee. Pero es que un conocido experto en este tipo de instalaciones, Miguel Torroja, declaró al juez Ruz que en febrero de 2006 fue contratado para el diseño del montaje por Pablo Crespo y que entonces ya sabía que Teconsa era la tapadera, porque la adjudicación era en realidad para Special Events. Él, por lo pronto, trataba los detalles con Crespo y, a veces, Álvaro Pérez.
Las fechas también fueron refrendadas ante Ruz, entre otros, por Luis Sabater, el jefe del departamento técnico, que declaró que ya en febrero, tres meses antes del concurso, el director de Canal 9, Pedro García, le dio el teléfono de El Bigotes para que se encargara de la sonorización del acto. Contó, también, que le llevó a ver a Cotino y que posteriormente le presentó a Torroja. Todo ello antes, claro está, de que se fallara el fantasmal concurso, con ganador decidido de antemano. “Esconde el contrato”, le decían los jefes a una empleada.
Resultado del amaño según recoge un informe de la Policía Judicial del 25 de noviembre de 2009 de contabilidad de la trama: Gürtel se embolsó 2.830.000 de los 7,4 millones de euros de la adjudicación. Reparto: 1,4 millones para Francisco Correa, que para eso es el capo; 630.000 para su número dos, Pablo Crespo. A El Bigotes le cayó medio millón, lo mismo que a Pedro García, el director general de la RTVV. Para Teconsa se fueron 200.000 euros, y el resto, 600.000, se los quedó un receptor inidentificado que aparece bajo la letra R. Los investigadores han apostado por Ramón Blanco Balín, aunque sin poder confirmarlo. Cinco años después, el juez José Ceres decretó un nuevo secreto del sumario, que acaba de levantar, porque ha habido nuevos testigos y nuevas declaraciones provenientes de un funcionarios de Canal 9 y de un extrabajador de Orange Market, que han decidido hablar.
Y no hace demasiado tiempo, la Generalitat tuvo que inyectar dos millones para la Fundación V Encuentro Mundial de la Familia, aquel organismo cuatripartito y de cuentas opacas que nació en 2006 para un sueño que acabó en fiasco: del millón y medio o dos millones de peregrinos previstos, apenas si se alcanzaron los 250.000, y de las 500.000 mochilas conmemorativas todavía se ven por la ciudad los restos de 200.000 de ellas que se quedaron sin piadosa espalda portadora.
Y de muestra, tres eran tres
Los métodos de Gürtel fueron variados, como ya hemos ido viendo. En Valencia hay muestras notables. Por ejemplo, cómo lograr la adjudicación 138.678 euros— de la campaña publicitaria de la sociedad pública Vaersa, dedicada al aprovechamiento energético de residuos. Se trataba de sensibilizar al respetable sobre el uso del contenedor amarillo. De nuevo el concurso, como tantos que hemos visto en esta serie, se hizo mediante un procedimiento negociado y sin publicidad.
Se invita a tres empresas, tres. Concurrencia y transparencia, pues. Porque quién iba a saber que el administrador único de las tres, Orange Market, Easy Concept Comunication y Boomerangdrive, era el mismo: Luis Miguel Pérez. Y las tres, ya lo hemos visto antes, eran unas de las muchas que se integraban en el tinglado de Correa, Álvaro Pérez y Pablo Crespo. Por si les pica la curiosidad, la campaña, tras dura competencia con las otras dos, se la adjudicó Orange Market.
Y esto fue lo que declaró ante el juez, en julio de 2013, el que fuera director del gabinete jurídico de la empresa pública Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, SA), Joaquín Fernando Tomás Font de Mora, ante la evidencia del desaguisado: la orden “venía de arriba”, y se había urgido “a la mesa de contratación a adjudicar el contrato incluso obviando los procedimientos”. Y tanto que se obviaron, como señaló la Sindicatura de Comptes en febrero de 2013.
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/11/actualidad/1392132003_553855.html
PREVISIONES MALAS, GASTOS DESORBITADOS
En la visita del Papa a Valencia, se compraron unos 7.000 urinarios portátiles por 2,65 millones
¿Qué era el dinero cuando el mundo iba a conocer la nueva Valencia de Camps y el cargo de cardenal estaba a punto de caer? Para organizar aquel viaje de julio de 2006 como se merecía tan ilustre visitante, en coincidencia con el V Encuentro Mundial de las Familias, se había constituido la Fundación que ya hemos citado. Al mando se situaron el arzobispo Agustín García Gasco, un connotado enemigo, ya fallecido, del gobierno de Zapatero, que al año siguiente sería nombrado cardenal por Benedicto XVI, y Juan Cotino, seguro que guiado por su indeclinable fe —es miembro del Opus Dei— que no por las obligaciones de su cargo de entonces, dado que ocupaba la Consejería de Agricultura. Que nada falte, por Dios. Presupuesto inicial: 22 millones de euros. Unas cuentas complicadas porque hace apenas unos meses que la Generalitat tuvo que ingresar dos millones para las deudas que aún mantiene, ocho años después, la Fundación. Ese era el caldo de cultivo en el que se movía la trama Gürtel en Valencia.
Sería quizá el amor al Pontífice quien cegara el entendimiento de los promotores, pero sus previsiones quedaron muy alejadas de la realidad. Manejaban un número de visitantes cercano a los dos millones, pero apenas si se alcanzaron los 200.000. El resto vino por añadidura. La Fundación contrató con Acciona cerca de 7.000 urinarios portátiles por 2,65 millones de euros. Miles de ellos ni se llegaron a utilizar. Mucho mingitorio parece, sobre todo cuando en las Fallas, como contaba la delegación de Valencia de EL PAÍS, se suelen instalar entre 200 y 300 para una asistencia de un millón de visitantes. Más gastos: medio millón de mochilas, encargadas a Cronosport S. L. por 3,46 millones de euros. Todavía se ven por la ciudad los restos de 200.000 mochilas que se quedaron sin piadosa espalda portadora. Porque nada vamos a decir del contrato para la confección de 900 casullas y 500 mitras para las autoridades religiosas —84.500 euros más IVA— ni de los 6.055 euros que costó el regalo para el papa: una réplica del Santo Cáliz en plata dorada.
Ganó mucho El Bigotes, pero dejó escapar otras muchas comisiones.
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/11/actualidad/1392136753_768184.htmlLO CARO QUE RESULTA EL TURISMO
Fitur es un símbolo para la rama valenciana de Gürtel
Es el primer caso de lucimiento de El Bigotes
La penetración de Gürtel en la Comunidad Valenciana se hizo a velocidad de vértigo. Y se extendió con firmeza por todo el Gobierno. Solo de la Consejería de Turismo, que llevaba Milagrosa Martínez, conocida como La Perla, Gürtel cobró 74 facturas, por un importe de 6,1 millones de euros. Álvaro Pérez —Orange Market— tejió una red asombrosa con los dirigentes del PP, máxime si se tiene en cuenta que se trataba de una empresa de cinco empleados, contado a El Bigotes, y sin experiencia en nada que no fuera montar actos electorales.
Es ilustrativo ver algún ejemplo. Fitur, la Feria Internacional del Turismo, es un símbolo para la rama valenciana de Gürtel porque es el primer caso de lucimiento de El Bigotes. Y, seamos francos, porque se llevan un buen pellizco, hasta casi los cinco millones de euros por los stands de la Feria entre 2005 y 2009, a millón por año. Cree la Intervención del Estado, y así lo hace constar en los autos, que Gürtel hinchaba de forma desorbitada las facturas, hasta llegar a un 80%, como se produjo en la primera concesión de aquel 2005 iniciático. Todo parece indicar que la causa de Fitur va a protagonizar el primer juicio del caso Gürtel que se celebre en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Un minucioso auto de 153 páginas —que se dice pronto— de líneas apretadas cerró ya hace meses la instrucción del juez José Ceres.
El primer contrato de la Feria se lo quedó Álvaro Pérez después de presentar una oferta de cerca de un millón de euros. ¿Y cómo pudo ganar una empresa con solo cuatro empleados y un pasado incierto, un concurso de este tipo? Los investigadores creen que se utilizaron dos vías. La primera, conocer de antemano los pliegos de dicho concurso, según un informe de la UDEF del 28 de marzo de 2012. Otra versión apunta que la trama, una vez conocidos esos pliegos, logró cambiar las condiciones. En la última variación, se daba un gran peso a los elementos considerados subjetivos (creatividad) frente a la oferta económica. Y como a subjetivo nadie gana a quien quiere serlo, El Bigotes se llevó los 55 puntos por la creatividad del proyecto, mientras sus competidores quedaban con los 15 que les daba la mejor oferta económica. Fácil, pero un tanto obsceno. Hay 14 imputados en esta causa, entre ellos el exvicepresidente del Gobierno valenciano, Vicente Rambla, y las exconsejeras de Turismo, Milagrosa Martínez, La Perla, y su sucesora, Angélica Such.
Martínez, que también fue presidenta del Parlamento, tuvo en su momento un regalo de calidad: un reloj Hublot, valorado en 2.400 euros. Fitur 2005, 2006 y 2007 se adjudicaron a la trama. Y como dijo El Bigotes en una conversación grabada por la policía con el contable de Orange Market, Cándido Herrero: “Y si se lo compré a la hija de puta de La Perla, ¿cómo no se lo voy a comprar a esta?”, donde esta debe traducirse por Angélica Such, que adjudicó los Fitur de 2008 y 2009. No debe olvidarse a Rafael Betoret, el ex jefe de gabinete de La Perla, que tuvo el honor de compartir sastre con Francisco Camps. José Tomás le ajustó varios trajes, algunos de Brioni.
¿Qué más daba si El Bigotes, como se cuenta en la causa, ponía los precios más caros que nadie, y así obtuvo, por ejemplo, un beneficio de más de 300.000 euros en ese primer Fitur? A ello únase que cinco empresas del grupo Correa, Downtown Consulting, Boomerang Drive, Tecnology Consulting, Realgreen y, por supuesto Orange Market, facturaron un mismo expositor de Fitur a la Consejería de Territorio, 47.251 euros, y otro a la de Infraestructuras, 51.659 euros a las mismas empresas. Por ejemplo.
Adivinanza: ¿En qué podría parecerse el stand de Fitur de la Comunidad Valenciana a un cerdito ibérico? Respuesta: aprovechamiento total. Hasta el rabo.
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/11/actualidad/1392137314_657764.htmlGÜRTEL: EL DÍA EN EL QUE LA SUERTE DEL PP CAMBIÓ
Tras las elecciones de 2007, el PP vivía una etapa de máximo esplendor: Francisco Camps era el presidente más votado de la historia, el barón territorial con más influencia y acumulaba un poder institucional casi ilimitado. Pero el 6 de febrero de 2009 estalló el caso Gürtel. Ya nada fue igual.
Casi dos décadas después de alcanzar el poder en la Generalitat, el PP pasa ahora por su peor momento: condicionado por una gestión que llega a comprometer la futura viabilidad del Consell, erosionado por el desgaste de una crisis que ha azotado con especial virulencia a la Comunidad y, sobre todo, acorralado por la corrupción. Hace algo más de un lustro, sin embargo, los populares, liderados en aquel momento por Francisco Camps, vivían su mejor época: habían sido los más votados de la historia en las elecciones autonómicas de 2007, celebraron en Valencia durante el verano de 2008 el congreso nacional del PP con el entonces jefe del Consell como principal báculo de Mariano Rajoy y acumulaban un poder ilimitado. Casi absoluto. Todo se quebró para el PP un 6 de febrero de 2009 –esta semana se ha cumplido el quinto aniversario–, cuando el juez Baltasar Garzón –hasta ahora, paradojas del sistema, el único condenado... pero por investigar la trama– desplegó una operación contra la corrupción que, entre otras actuaciones, incluía el registro de la Conselleria de Turismo y de la empresa Orange Market, la mercantil de Gürtel que dirigía en la Comunidad El Bigotes –un personaje clave de la rama valenciana de la trama– y que se había adjudicado todos los contratos de los estands de la Generalitat en Fitur entre 2005 y 2009.
El castillo de naipes sobre el que el PP había edificado la base de un modelo que concentraba un innegable dominio político aderezado de una anestesia casi absoluta de la sociedad y de un control asfixiante sobre los medios de comunicación públicos, empezó a ceder por la base. Ni Camps ni tampoco el PP, como reconocen dirigentes populares que vivieron aquellos primeros momentos, pensaban que esa operación dirigida por el juez Garzón les iba a «tocar». Ni de refilón. Lejos de eso, el caso de los trajes de Gürtel –la primera de las piezas que se instruyó y se juzgó– saltó a la luz de inmediato, días después de que estallara el asunto. Cierto es que Camps salió absuelto del proceso junto a Ricardo Costa, el que fuera su número dos en el PP, pero también que, al final, le acabó costando su carrera política y se convirtió en el primer presidente de la Generalitat que dimitía por una trama de corrupción.
Era sólo la punta del iceberg de un procedimiento que, en estos momentos, suma media docena de sumarios en el TSJ con más de un centenar de imputados. En la lista aparecen dirigentes del PP que han pasado por un sillón del Consell como Vicente Rambla, Milagrosa Martínez, Angélica Such, Alicia de Miguel, Manuel Cervera y Luis Rosado; la cúpula que manejaba las finanzas populares durante la época de Camps en la que figuraban, entre otros, Ricardo Costa, David Serra, la tesorera Yolanda García Santos o la gerente Cristina Ibáñez; el propio Luis Bárcenas y Cristóbal Páez, al mando de los fondos de Génova en la campaña de 2008; decenas de altos cargos que tomaron parte en la adjudicación de contratos a Gürtel desde el Consell, entre ellos, por ejemplo, el alcalde de Castellón, Alfonso Bataller; Pedro García, director de RTVV en la época de mayor manipulación informativa de la cadena pública ya clausurada por el PP y al que la Policía vincula con la recepción de medio millón en comisiones durante la visita del Papa a Valencia; y las principales constructoras de la Comunidad como Sedesa, Lubasa, Facsa, Piaf, Hormigones Martínez, Pavimentos del Sureste, Grupo Vallalba y la alicantina Enrique Ortiz, pieza clave en Gürtel pero también en la operación Brugal, otra de las grandes redes de corrupción que lastran a los populares.
El estallido de la trama Gürtel derivó en una degradación progresiva y continuada del PP con la larga agonía de dos años y medio de Francisco Camps hasta su dimisión en el verano de 2011, la pérdida de influencia en Madrid, la crisis de la Generalitat con la corrupción –Gürtel fue sólo el primer trueno de una traca en la que también «suenan» Brugal, Cooperación, Nóos, Emarsa, Carlos Fabra...– y la quiebra financiera de las cuentas autonómicas y, finalmente, como admiten dirigentes y cargos públicos del PP, el endeble liderazgo de Fabra, sin capacidad de reacción y sin ofrecer síntomas de mejoría cuando apenas resta año y medio para las elecciones autonómicas de 2015. En esos comicios culmina, de alguna manera y como reconocen cargos populares, ese proceso de deterioro que el PP ha sufrido desde que estalló el caso Gürtel: por vez primera en dos décadas, está en juego nada menos que el control de la Generalitat. Esta vez hay partido.
Las alarmas se han encendido aún más esta semana en las filas del PP con la extrapolación autonómica de los últimos datos del CIS. El sondeo confirma tendencias: revela que la intención directa de voto a los populares está por los suelos y que el tripartito, pese a que el PSPV retrocede respecto a 2011, podría sumar. En el PP concentran sus esfuerzos en sacar de la abstención a un electorado exhausto. Pero el calendario judicial, con Gürtel como gran actor, les seguirá golpeando.
http://www.diarioinformacion.com/politica/2014/02/09/gurtel-dia-suerte-pp-cambio/1467030.htmlCOTINO PARTICIPÓ EN REUNIONES SOBRE EL SUMINISTRO DE PANTALLAS, SEGÚN LA POLICÍA
El presidente de las Cortes abordó el asunto con el director general de RTVV
El presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, se puso el jueves de perfil ante las declaraciones que hizo al juez un extécnico de RTVV, Lluís Sabater, quien le atribuyó un papel activo en la decisión de los detalles de la sonorización de la señal televisiva del V Encuentro Mundial de las Familias, así como la idea de instalar pantallas en el antiguo cauce del Turia y el centro de Valencia.
Pese a que en sus declaraciones se situó en la periferia de los acontecimientos, reduciendo su participación “como voluntario” y negando haber tomado “ninguna decisión”, en el informe de la Unidad de Delincuencia Fiscal y Económica (Udef) sobre el contrato de Teconsa, del 25 de noviembre de 2010, se reflejan anotaciones acerca de una reunión “relativa al suministro de los equipos de sonido y pantallas ambos vinculados a Canal 9 y Luz (Phillips)” mantenida por el entonces consejero de Agricultura con Pedro García, a la sazón director general de RTVV, y Enrique Pérez Boada, responsable en 2006 del Instituto Valenciano de Finanzas y comisionado del V Encuentro Mundial de las Familias.
Cotino, que habilitó varios despachos en la planta baja de la Consejería de Agricultura para los primeros cónclaves del patronato de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, también participó en reuniones con el entonces secretario del arzobispo, Antonio Corbí, y otros asistentes en las que se abordó el diseño de diversos actos y en cuyas anotaciones se insiste en que Pedro García es el encargado de adjudicar todo lo relacionado con “pantallas, luz y sonido”.
Asimismo, en su declaración ante el juez, el contable de la fundación, Felipe Gómez, admitió que Cotino, pese a no formar parte del patronato, “era un hombre que pesaba mucho” en la organización del encuentro. Ante la pregunta del juez sobre si las decisiones del exconsejero de Agricultura estaban por encima de las del obispo auxiliar, Esteban Escudero, que ejercía de presidente ejecutivo, Gómez respondió: “Teóricamente, no. Pero prácticamente, sí”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/07/valencia/1391804100_633837.htmlHACIENDA CONSIDERA QUE GÜRTEL PAGÓ A PEDRO GARCÍA A TRAVÉS DE DOS EMPRESAS
El exdirector de RTVV recibió 415.200 euros por el contrato de la visita del Papa
La adjudicación de la sonorización y montaje de pantallas de vídeo de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) a la constructora Teconsa, con motivo de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006, supuso un suculento negocio para la trama Gürtel. Según consta en un archivo Excel incautado por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) en uno de los locales de la red, la operación motivó un reparto de 2.830.000 euros entre Francisco Correa (900.000), Pablo Crespo (630.000), Álvaro Pérez, El Bigotes (500.000), el director general de RTVV, Pedro García (500.000) y una persona sin identificar designada como “R” (300.000).
García, según el informe de la Agencia Tributaria sobre las contingencias fiscales de Teconsa, tuvo una “intervención decisiva” para que la organización de Correa resultara beneficiada en la adjudicación de la cobertura audiovisual del evento. Era “el nexo de unión entre la organización (por su estrecha amistad con Álvaro Pérez) y la Televisión Autonómica Valenciana”, así como “el principal responsable” en el ente del contrato que firmó el 10 de mayo de 2006 pese a que los técnicos advirtieron de que la oferta (7,4 millones) era por el doble de lo que costaba (3,2).
¿Pero cómo debía recibir el dinero por los servicios prestados Pet o Peter, que era el nombre utilizado por la organización de Correa para referirse al director general de RTVV, sin levantar la liebre? El informe de la Udef sobre el contrato refleja que la adjudicataria instrumental Teconsa y otra empresa de su mismo grupo, Proinsa, abonaron dos facturas a las sociedades Grupo Alvalón 2006 SL y Vinago, cuyos administradores son Vicente Torró Casanova y Ana María Martínez Penadés, por 243.600 y 238.032 euros respectivamente. El pago a estas sociedades valencianas cuyos administradores están unidos “personal y profesionalmente” se justificaba por los servicios de intermediación en la compra de un solar de las Benedictinas sito en la provincia de Zamora.
Tras examinar las cuentas bancarias de ambas sociedades, se comprobó que nada más recibirse los ingresos, el 11 de enero de 2007, se produjeron movimientos que las dejaron prácticamente sin saldo. En cuatro meses, en la cuenta de Vinago se producen 25 cargos de cheques por importes que oscilan entre 500 y 12.000 euros, así como varias transferencias y reintegros. En la de Alvalón, en un mes hubo seis traspasos de fondos, 10 cargos de cheques por importes entre 1.900 y 6.148 euros y dos inversiones de bolsa, por un total de 110.855,76 euros.
A la Udef también le llamó la atención que la sede de la sociedad Vinago se encontraba en el mismo edificio en el que vivían Pedro García y Lourdes Soriano Cabanes, su cónyuge, que había trabajado como economista en una de las mercantiles a las que Teconsa había transferido fondos (Alvalón), siendo además prima de Vicente Torró. Ante la “inconsistente justificación” aportada por Torró, que representa a ambas sociedades, y “la sistemática de funcionamiento” de las empresas de la trama, la policía infiere que ambas facturas “no corresponden a una contraprestación de servicios real”, sino que fueron “elaboradas ad hoc” y “enmascaran” el pago de una comisión de 415.200 euros “a un tercero” por su “participación activa” en el contrato entre RTVV y Teconsa a través de “sociedades instrumentales”.
Como refuerzo de la posible vía por la que Pedro García recibió su parte, la Udef indica que su mujer, el 30 de marzo de 2007, coincidiendo con el período de numerosos cargos de cheques en las cuentas de las sociedades instrumentales, compró un Volvo XC90 por un importe de 54.475 euros, mediante un cheque de 15.474, contra una cuenta de su marido, y un pago en efectivo de 39.000 euros. García alegó ante el juez que el dinero provenía de la venta de unos locales de su familia en Alzira.
Con esos datos, la Agencia Tributaria asegura que “se puede concluir” que las facturas pagadas por Teconsa y Proinsa fueron el instrumento utilizado por la organización de Correa “para satisfacer la participación que Pedro García Gimeno se llevaba por su intermediación en la adjudicación del evento, por importe de 415.200 euros”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/07/valencia/1391802642_384493.htmlCÍSCAR DICE QUE TRAS LAS SIGLAS A.F. EN UN APUNTE "NO HAY NADA NUEVO" SALVO QUERER SACAR "RÉDITO POLÍTICO"
El vicepresidente y portavoz del Consell, José Císcar, ha asegurado que tras las siglas a.f. que aparecen en un apunte de la trama del 'caso Gürtel' al grupo municipal del PP en Castellón --que la oposición atribuye al entonces alcalde Alberto Fabra--, Císcar ha señalado que se trata de "un tema antiguo que ya se contestó en su momento". Por tanto, "no hay nada nuevo, salvo ganas de sacar rédito político de esta cuestión que ya se aclaró", ha subrayado.
Císcar se ha pronunciado de esta manera en la rueda de prensa posterior al pleno del Consell ha precisado que "en su momento se dijo" que ese apunte contable hacía referencia a una contratación "que hizo el partido, no el grupo municipal de Castellón". Además, "se dijo también que el proceso había resultado caro y que no iba a contratarse más a esa empresa, como así ha sido".
Preguntado por si la Generalitat, tras las informaciones conocidas, se plantea personarse en la pieza separada número cuatro del 'caso Gürtel' que hace referencia a la visita del Papa a Valencia en 2006, Císcar ha asegurado que el Gobierno valenciano "está siguiendo con mucho interés todo lo que se va conociendo" aunque no tienen "constancia oficial" de esos hechos porque no disponen de los autos y diligencias judiciales ni se les ha hecho "ningún ofrecimiento de acciones".
Por tanto, "en el momento que esto se produzca, si se produce, se tomará la decisión como hemos hecho en otros casos". "El Gobierno valenciano, como no puede ser de otra manera, se mueve por decisiones judiciales y, en la medida que se produzcan, iremos tomando las decisiones oportunas". En este punto, ha agregado, a preguntas de los medios, que no tiene el dato de los gastos de lo que costó la visita del Papa.
También a preguntas de los medios en relación a la participación de la fundación V Encuentro de las Familias en la organización de la visita del Papa a Valencia en 2006, su proceso de disolución y si presenta un agujero de ocho millones, el portavoz del Consell ha explicado que se encuentra en fase de disolución y que "ni de lejos la fundación puede tener ese déficit de ocho millones de euros".
En este punto, ha precisado que "no es la única fundación que aún no ha podido completar su proceso de disolución" y además, la Generalitat no tiene la mayoría en la dirección de la misma porque esto "facilitaría ir más rápido".
Así, "cuando se completen todos los trámites se procederá a su disolución" porque el objetivo para la que se creó "ya está completamente cerrado".
Preguntado por si el Consell va a pedir explicaciones al presidente de las Corts, Juan Cotino, por su relación con la organización de la visita del Papa, el portavoz del Consell ha remarcado que "las decisiones son las que toman los tribunales y ningún tribunal ha tomado ninguna decisión al respecto".
http://www.teinteresa.es/comunitat-valenciana/valencia/Ciscar-apunte-querer-redito-politico_0_1080493333.htmlVÍCTOR CAMPOS DESCARGA EN RICARDO COSTA
Un correo enviado por equivocación atribuye una deuda a A. F. de Castellón
El testimonio y las aportaciones documentales realizadas por el ingeniero de sonido Juan José Rincón, en la parte de la pieza que instruye el TSJ sobre la visita del Papa y que todavía permanecía bajo secreto, han arrojado algunas sorpresas.
El exdirector de producción de Orange Market, Juan José Rincón Feliu, entregó al juez un documento fechado el 23 de diciembre de 2005 “que se prepara para que Álvaro [Pérez] se lo lleve a Víctor Campos [a la sazón vicepresidente del Consell]”, en el que en dos folios estaban calculados todos los costes y facturación, así como el margen de beneficio. “Al señor Campos se le tenía informado de las deudas del partido o la Generalitat con la empresa”, relató.
El documento tuvo una segunda versión solo para uso interno de la trama corrupta, en el que se advertía que el porcentaje de beneficio imputado, tras la negociación con los proveedores, era del 20%, aunque podía disimularse entre las distintas partidas para que disimular las ganancias. “Realmente, excepto las pantallas, la pirotecnia y las vallas, que están avaladas presupuestariamente, todo lo demás es humo”, señaló el redactor del documento.
Entre la documentación del sumario también figura la declaración del entonces vicepresidente del Consell Víctor Campos ante el juez que instruye el sumario. Campos se inhibe de cualquier responsabilidad en los contratos con Orange Market con el argumento de que “no tenía autorización ni para contratar un lápiz” y apunta directamente hacia el exsecretario general del PP y todavía diputado Ricardo Costa, del que afirma que era el más “amigo” de Álvaro Pérez.
“Yo nunca intermedié para un tema concreto. Decirme [El Bigotes] más de una vez que no me pagan o me deben dinero, muchas veces, pero sólo como un comentario” prosigue Campos ante el juez, “El partido siempre estaba muy mal de dinero, como casi todos los partidos. Yo decía: ‘He visto a Álvaro y me ha dicho que se le debe dinero' A Ricardo [Costa] o si veía a alguien del partido”. Respecto a su participación en la visita del Papa a Valencia, Campos asegura que las reuniones del patronato de la Fundación V Encuentro llegaron a ser “surrealistas” por los temas que se hablaban, pero que su participación fue “testimonial”.
El exvicepresidente afirma no recordar cómo se formalizaron los expedientes de contratación, ni cómo se gestionaron ni por qué se adjudicó el servicio a Ràdio Televisió Valenciana. Y que del escándalo se enteró, como otros, por la prensa.
Rincón, que entonces trabajaba para El Bigotes, también aporta un correo electrónico del 22 de febrero de 2006 remitido “por error” por el propio Álvaro Pérez. El correo, con el epígrafe “pendiente de cobro global”, corresponde supuestamente a varios apuntes contables realizado por la trama Gürtel al PP valenciano. En ellos se detallan 178.151 euros al PP de la Comunidad Valenciana pendientes de cobro más otra cantidad de 102.000 con el epígrafe Barcelona —en referencia a que es una cantidad en b— asociadas a las siglas V. C.
En la tabla se incluye un apunte al Grupo Municipal Popular de Castellón junto a las siglas A. F. por valor de 18.444 euros. El actual presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, hacía apenas dos meses que había asumido la alcaldía de Castellón en la fecha en que Álvaro Pérez remitió el correo por equivocación. Además de estos apuntes figuran otro de 8.148 euros asignado a PP de Valencia junto a las siglas J. M. y uno más asignado a la Presidencia de la Generalitat de 62.548 euros junto a las siglas E.G.P. Las cantidades citadas suman 369.561 euros.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/06/valencia/1391719186_996649.htmlLA OMNIPRESENCIA DE EL BIGOTES
Álvaro Pérez estuvo en el epicentro de la organización de la visita del Papa a Valencia
El año anterior a la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia la trama Gürtel ya trabajaba en la organización del evento y “el encargado desde el punto de vista institucional de todos los eventos vinculados a la visita” era Álvaro Pérez, El Bigotes. Así se presentó el responsable de Orange Market, la empresa de la trama radicada en Valencia, al ingeniero de sonido José Luis Álvarez Alario en enero de 2006, al que pidió un proyecto para la sonorización del evento, según consta en la documentación que hasta ahora estaba bajo secreto de sumario en la pieza sobre la visita del pontífice que instruye el magistrado del Tribunal Superior de Justicia valenciano José Ceres.
Que era el “encargado”, pese a que no se había convocado ningún concurso público al respecto, lo tenía muy claro el patronato de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, organizadora del evento. En el acta de su reunión del 2 de enero de 2006 se relata que ya se han mantenido “varias reuniones” con Canal 9 y el arquitecto para modificar la maqueta del escenario, así como “con Álvaro Pérez”, de quien se esperaba una propuesta “para el tema de la realización del acto televisado”. “En la parte musical”, sigue el acta, “se está en conversaciones también con Álvaro Pérez y Helga Schmidt [la intendente del Palau de les Arts]”.
La fundación dejó asimismo en manos del responsable de Orange Market la “gestión” de “la posibilidad de contactar con el grupo musical Il Divo”, para “buscar más actuaciones suaves y bonitas” para el evento, según el acta del 9 de enero. Un mes después, el 27 de febrero de 2006, la fundación firmó el convenio con Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) para la distribución de la señal audiovisual de los actos del V Encuentro Mundial de las Familias, en cuyo desarrollo ya llevaba tiempo trabajando El Bigotes.
El propio presidente ejecutivo de la fundación, el entonces obispo auxiliar de Valencia Esteban Escudero (actual prelado de Palencia), reconoció en su declaración ante Ceres el pasado enero la omnipresencia de El Bigotes en la organización del acontecimiento. Incluso admitió que el responsable de Orange Market “llegó a estar en el Vaticano mucho tiempo antes para ofrecerse allí como la persona que organizaba la visita e intentó hablar con el cardenal [Alfonso López] Trujillo”.
Según Escudero, “sería alguien del PP” quien situó a Álvaro Pérez en el epicentro de la organización. “Quería hacer como que controlaba la organización”, pero “se le acabó apartando”, explicó al juez. En su relato, el prelado atribuye al entonces consejero de Agricultura, Juan Cotino, que El Bigotes, cuya visita al Vaticano había causado muchos recelos, no tuviese mayor protagonismo: “Nos dijo que en ese momento no había pruebas, pero que no nos fiáramos”. Álvaro Pérez seguiría trabajando con posterioridad a la visita del Papa, aún con más intensidad si cabe, con la dirección regional del PP y con la Generalitat, donde obtuvo jugosos contratos como el de los pabellones de Fitur.
Respecto a la decisión de dejar en manos de RTVV la exclusividad de la señal en vez de otorgar la responsabilidad a Televisión Española, como era lo habitual siendo el Papa un jefe de Estado, Escudero refirió que “sería la alcaldesa [Rita Barberá], el presidente [Francisco] Camps... se tomó a esos niveles”. El prelado aseguró al juez que se le dio al patronato “como algo hecho” y se limitó a firmar como presidente de la fundación el acuerdo para la distribución de la señal con el entonces director general de RTVV, Pedro García (imputado en el caso por haberse quedado supuestamente medio millón de euros de la adjudicación a Gürtel, a través de la firma Teconsa, de la instalación de las pantallas y sistema de sonido del evento). La justificación para descartar a TVE, tras una reunión en la que acabaron a gritos los representantes de la Generalitat y el Gobierno central, fue que se trataba de una “visita pastoral” del pontífice y no de una visita “como jefe de Estado”.
Pérez se presentó como “el encargado desde el punto de vista institucional”
RTVV convocó el 6 de abril de 2006 un concurso para la contratación del suministro de equipamiento de pantallas, sonido y megafonía para la cobertura integral de la programación especial que tenía previsto emitir con motivo del evento. Presentaron ofertas siete empresas pero se adjudicó a la constructora Teconsa por 7,4 millones, cuando el coste de estos servicios apenas alcanzó 3,2 millones según la contabilidad hallada en los registros que se realizó en las empresas de la trama. Teconsa, según el informe realizado por Hacienda, “actuó solo como empresa pantalla para ocultar que el destinatario último de la mayor parte del dinero pagado por la televisión autonómica era la organización de Francisco Correa”. La red incluso llegó a utilizar este encargo como aval ante un gestor suizo.
Negoció los detalles de la retransmisión de RTVV con la fundación
RTVV consideró a Teconsa “la más favorable” porque el resto “no cumplía con la totalidad de los requisitos demandados”. Posteriormente, un informe de la Agencia Tributaria que analizaba la contabilidad de las empresas de la trama detectó cómo la adjudicataria de la sonorización e instalación de pantallas para la visita del Papa defraudó a Hacienda 633.000 euros en el IVA y en impuesto de sociedades al facturar a otras sociedades de la red por servicios que no se prestaron.
La trama había estado preparando el pelotazo desde un año antes. A finales de 2005, en una reunión en Valencia en la que participaron, entre otros, Correa y Pérez, se redactó incluso un pliego con las condiciones económicas, administrativas y técnicas que habían de regir el contrato para la organización del evento previsto para julio de 2006. El encargado de los detalles, así como de la estructura empresarial necesaria para llevar a cabo el proyecto, no era otro que el experto en blanqueo de dinero Ramón Blanco Balín, considerado por la policía como el cerebro que tejió en paraísos fiscales la maraña de empresas utilizada por la red que dirigía Correa. Estaba todo atado y bien atado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/06/valencia/1391718553_777452.htmlLA FUNDACIÓN DE LA VISITA DEL PAPA GASTÓ 2,65 MILLONES EN URINARIOS
Los patronos encargaron mochilas del peregrino por valor de 3,5 millones
A lo grande, se trataba de pensar a lo grande. La burbuja inmobiliaria estaba en su apogeo y la política de grandes eventos del PP en el Gobierno valenciano estaba a punto de alcanzar su paroxismo el 3 de julio de 2006 con la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia con motivo del V Encuentro Mundial de las Familias. Un acontecimiento impulsado por el presidente Francisco Camps, el consejero y miembro del Opus Dei Juan Cotino y el arzobispo de Valencia Agustín García Gasco ya fallecido, quienes junto con la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, crearon una fundación específica para organizar la visita del pontífice.
El levantamiento del secreto de sumario de la pieza cuatro del caso Gürtel, relativa a la visita del Papa a Valencia, desvela los millonarios contratos firmados por la Fundación V Encuentro para un evento en el que se manejaron unas previsiones de asistencia (dos millones de peregrinos) que quedaron, finalmente, en una décima parte.
El ‘caso Gürtel’ desvela los contratos del V Encuentro Mundial de las Familias
La Fundación V Encuentro contrató con Acciona cerca de 7.000 urinarios portátiles, cuyo coste se elevó a 2,65 millones de euros. La mayoría de los sanitarios repartidos por el antiguo cauce del Turia y las principales arterias de la ciudad quedaron sin utilizar. El pedido incluyó 5.940 urinarios a 295 euros la unidad, otros 60 preparados para personas con minusvalías del mismo precio y otros 864 sanitarios de mayor categoría (355 euros la unidad).
Las cifras contrastan con el número de sanitarios que instala el Ayuntamiento de Valencia durante la semana grande de Fallas. Un número que en los últimos años ha oscilado entre los 200 y los 300 urinarios portátiles repartidos por las zonas de mayor afluencia de visitantes.
El coste del evento con el Pontífice se estimó en unos 22 millones de euros
A cambio del contrato de los 7.000 urinarios, Acciona se comprometió a donar 550.000 euros en dinero a la Fundación V Encuentro.
Con ser excesivo, el contrato de los sanitarios portátiles no fue el de mayor montante. Los patronos encargaron a la firma Cronosport SL casi medio millón de mochilas del peregrino por un valor de 3,46 millones de euros. La documentación remitida al Tribunal Superior de Justicia de Valencia revela que se encargaron 390.000 mochilas senior y 110.000 junior que incluía un lote de artículos para el peregrino (gorra, abanico de plástico, camisa de manga corta, plano, acreditación, banderita, chapa y plano). Para las mochilas destinadas a los adultos se acordó un precio de 7,60 euros y para los niños de 4,50. El fabricante se comprometió a donar 90.000 euros a la Fundación, un porcentaje en función de la facturación final y 12.000 mochilas gratis para los voluntarios.
En los gastos se incluyó vestuario y regalos para la curia eclesiástica
Los contratos, mantenidos en secreto por la Fundación pese a que tres de sus cuatro patronos son Administraciones públicas, incluyen toda clase de dispendios. A la firma Cuco Comunicación se le contrataron por un millón de euros (990.000 para ser exactos) la construcción de los expositores de la Feria de las Familias —celebrada en Feria Valencia— los materiales necesarios y la campaña de publicidad.
La documentación, remitida por el entonces presidente ejecutivo de la Fundación y hoy prelado de Palencia, incluye el contrato para la confección de 900 casullas y 500 mitras para las autoridades religiosas por importe de 84.500 euros más IVA. Al Papa se decidió regalarle una réplica del Santo Cáliz en plata dorada valorado en 6.055 euros.
Los documentos contables y las actas reflejan la falta de rigor en la gestión económica de la Fundación V Encuentro en un presupuesto que se estimó inicialmente en más de 22 millones de euros.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/06/valencia/1391718113_901495.htmlCOTINO, UN VOLUNTARIO MUY ACTIVO
El presidente de las Cortes Valencianas salpica diversos escándalos de corrupción
El nombre del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, salpica los diversos frentes judiciales que acucian al Partido Popular. Recientemente ha tenido que declarar como testigo en el caso Bárcenas, una de las piezas del caso Gürtel sobre la supuesta contabilidad B en el PP en la que está imputado su sobrino Vicente Cotino. Además, la fiscalía apoya que declare en el caso Emarsa, que investiga el presunto saqueo de 20 millones en la depuradora de Pinedo, por su vinculación como exconsejero de Agricultura a una sociedad de la Generalitat que transfirió a Emarsa 100 millones de euros y pagó el doble por el lodo tratado, según la investigación.
Y su nombre vuelve a resonar en el caso de la financiación del PP valenciano, donde se investiga, con motivo de la visita del Papa a Valencia, la subcontrata millonaria de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) a Teconsa, una empresa que Hacienda considera una pantalla de la trama Gürtel. La declaración de un extécnico de RTVV, Lluís Sabater, uno de los dos testigos secretos de la causa, apunta el activo papel que tuvo Cotino en los detalles de la sonorización de la señal televisiva del V Encuentro Mundial de las Familias. Según relató al juez este técnico que está imputado en la causa, el entonces consejero de Agricultura fue quien tuvo la idea de instalar pantallas en el viejo cauce del río Turia, donde se celebró el evento, e incluso indicó los sitios en los que se tenían que ubicar algunos de los 47 monitores que se montaron, así como decidió que dos de ellos estuvieran en la plaza de la Virgen y en la plaza de Zaragoza.
Sabater, que reconoció no sabe en calidad de qué tomaba decisiones Cotino, también explicó al juez que fue el exdirector general de RTVV, Pedro García, quien le dijo que se pusiera en contacto con Álvaro Pérez que tenía una empresa que se iba a ocupar de las pantallas.
Cotino explicó ayer que en la visita del Papa a Valencia colaboró “como voluntario”, pero negó haber tomado “ninguna decisión” ni haber “adjudicado nada”. El presidente de las Cortes Valencianas justificó su aportación en que es católico y fue “invitado por un arzobispo [el desaparecido Agustín García-Gasco]”. “Estuve colaborando en todo lo que creía que tenía que opinar y tenía que decir, aunque ni tomé ninguna decisión, ni estaba en ningún órgano para tomar ninguna decisión de ninguna manera. La verdad es que yo trabajé de voluntario todo lo que podía, como muchos más voluntarios”, manifestó.
“Si mañana volviera a hacerse otra visita [de un pontífice] y pudiera, volvería a trabajar todo lo que pudiera. En esta vida puedo haber metido la pata, y la he metido muchas veces, pero nunca he metido la mano, ni en esto ni en nada”, declaró. El presidente de las Cortes, que acaba de renunciar a la exclusividad para centrarse en tareas agrícolas, participo en varias reuniones del patronato de la Fundación V encuentro Mundial de las Familias. El entonces presidente del patronato, Esteban Escudero, actual obispo de Palencia, aseguró al juez que Cotino no participó en las decisiones, pero “facilitó permisos”. Todos los partidos de la oposición pidieron ayer su dimisión.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/06/valencia/1391718902_969051.html‘EL BIGOTES’ COLOCÓ A SUS HOMBRES EN EL AYUNTAMIENTO DE VALENCIA
Desde la fundación municipal VEO se encargaron de «animar» a peregrinos del Papa
El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana está investigando varios contratos relacionados con la visita del Papa a Valencia en 2006 y que hasta ahora no habían sido judicializados. Los interrogatorios que en los últimos meses ha practicado el juez José Ceres en secreto han dado un vuelco a las diligencias y el instructor empieza a unir las piezas de la Gürtel valenciana.
Anticorrupción siempre ha sospechado que Orange Market mordió (o al menos lo intentó) de otros contratos –de hecho, elaboraron un pliego de condiciones técnicas para organizarlo todo, tal y como desveló ayer EL MUNDO–, y las últimas declaraciones apuntalan una tesis que cada vez cobra más fuerza. Los investigadores miran ya al Ayuntamiento de Valencia.
Que la empresa de Álvaro Pérez El Bigotes era la sociedad cabecera del PP de Francisco Camps es un hecho probado para la Policía. Ningún testigo lo niega y hasta la Iglesia estaba al corriente, tal y como acreditó el testimonio del obispo de Palencia ante el juez. Orange Market colocó a dos de sus empleados (en plantilla sólo eran cuatro o cinco personas en la oficina) en la Fundación VEO del Ayuntamiento de Valencia unos meses antes de la llegada de Benedicto XVI. A ellos se les encomendó la organización de espectáculos callejeros para animar al millón y medio de peregrinos que recibió la ciudad.
Así lo aseguró ante el juez Ceres uno de los empleados, que declaró como testigo el pasado 7 de noviembre. Según su testimonio, entró a trabajar en Orange a través de Juan Carlos Rincón, el productor arrepentido que entregó documentación reveladora al magistrado. A él le encomendaron un primer estudio inicial sobre el evento: «Me informaron de la visita del Papa. Yo tenía que investigar lo que implicaba a nivel técnico esa visita y preparé un informe de preproducción».
Cuando el testigo acabó sus labores dejó Orange para trabajar junto a Juan Carlos Rincón en la citada fundación municipal. Ambos pasaron de organizar «mítines del PP o cenas de Nuevas Generaciones» al Consistorio.
En concreto, facturaron para la Fundación VEO, Valencia Escena Oberta, que creó la Concejalía de Juventud en febrero de 2003 para impulsar y acercar las artes escénicas al ciudadano. Al frente había estado el actor Toni Cantó, ahora diputado en el Congreso por UPyD. Cantó dejó VEO meses antes de la visita del Papa y la periodista Mariví Martín fue nombrada directora. La Fundación la integraban Ayuntamiento, Diputación y Generalitat; las mismas instituciones que inyectaron fondos públicos a la Fundación V Encuentro de las Familias.
«Después de salir de Orange, Rincón y yo fuimos contratados por la Fundación VEO para organizar los festejos de la visita del Papa». El testigo se refería a los actos callejeros que los organizadores prepararon para animar a los peregrinos. «Estábamos a cargo de eventos artísticos que se darían durante todos los días para entretener a la gente; la Fundación VEO depende del Ayuntamiento. Durante la visita del Papa estuvimos trabajando con ellos porque se organizaron eventos artísticos para entretener a los visitantes». Los interrogatorios han destapado que la red controló hasta los grupos de teatro con los que había que contar. Víctor Campos, ex vicepresidente, pidió contratar a Xarxa Teatre «porque eran de Castellón».
18.444 € al PP de Castellón para ‘A. F.’
> Los apuntes contables entregados en las últimas semanas han destapado presuntas nuevas entregas y regalos a cargos del PP y de la Generalitat valenciana.
> En un correo que se remitieron ‘El Bigotes’ y Pablo Crespo (y que por error recibió el empleado arrepentido) consta una donación para el grupo municipal del PP de Castellón de 18.444 euros junto a las iniciales ‘A. F.’, que podrían corresponder al actual jefe del Consell, Alberto Fabra, entonces alcalde de Castellón. También figura la cantidad de 62.548 euros para ‘E. G. P.’, que podrían ser las siglas de Esteban González Pons.
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=20622919&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=07_02_2014&pla=pla_11014_Madrid
LA FUNDACIÓN DEL PAPA DEDICÓ 7,7 MILLONES PARA PUBLICIDAD
Los papeles enviados al juez apuntan a un gasto de 22 millones
La documentación de carácter económico que la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias ha enviado al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), a requerimiento del juez que instruye el caso Gürtel y las irregularidades en la visita del Papa, apunta a unos gastos globales en el evento de 22,2 millones de euros y a partidas tan sangrantes como 7.777.737,50 euros en publicidad. Se trata de su propio presupuesto, enviado junto a toda una serie de actas reclamadas por el magistrado y a los contratos realizados por la Fundación. Con la participación a partes iguales del Ayuntamiento, la Generalitat, la Diputación y el Arzobispado, la creación de este órgano permitió adjudicar sin ningún control todo el operativo de este acto religioso.
En los 22 millones de euros no están incluidos los 7,4 millones (más otros contratos al margen en Canal 9) de las pantallas de RTVV y que, según el testimonio del obispo de Palencia, Esteban Escudero, presidente ejecutivo de la Fundación, la Generalitat adelantó para que la televisión autonómica pudiera hacer frente a este pago, que acabó formando parte del botín de Gürtel.
El presupuesto diseñado por el V Encuentro Mundial de las Familias revela costes elevadísimos en un evento que duró dos días. De esta forma, 1,3 millones se destinaron a la liturgia; 1,2, a alojamientos; 1 millón, a la web y la producción audiovisual; 1,2, a medios técnicos: 4,1, a infraestructuras y, sorprendentemente, 7,7 a publicidad. El propio obispo relató al juez en su comparecencia en el TSJCV de principios de diciembre que, aunque la principal motivación de las personas que estaban en la Fundación era religiosa, él es consciente de que «los motivos de las cuatro partes eran distintos». «No se nos escapa», dice «que la señora alcaldesa pretendía la promoción de la ciudad y un deseo de la Generalitat de aumentar el turismo», asegura. «Por eso se hizo la Fundación, aparte de la gran amistad del cardenal (Agustín García Gasco) con Camps y Barberá», añade.
En los documentos que ahora obran en poder del juez figuran todos los contratos firmados por la Fundación; la mayoría con contratistas habituales del PP.
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=20622920&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=07_02_2014&pla=pla_11014_MadridGÜRTEL REDACTÓ EL PLIEGO DEL CONCURSO QUE GANÓ PARA LA VISITA DEL PAPA
Un ex empleado de Orange Market da al juez una copia del documento
La trama Gürtel sabía que iba a organizar la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia un año antes de su celebración. El Bigotes sería el encargado «institucional»? y el enlace con la banda de Francisco Correa en Madrid. Tan buena información tenían que redactaron, meses antes, el pliego de condiciones para quedarse con la organización de todo el evento. Ramón Blanco, el blanqueador de Gürtel, lo inspiró.
La trama coordinó el proceso de adjudicación con Presidencia de la Generalitat, que filtró la llegada a la comunidad de un jefe de Estado por la buena sintonía que Gürtel mantenía con el PP de Valencia, según el relato ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de un ex trabajador de Orange Market.
Tras el chivatazo, la red empezó a cocinar el presunto amaño de la sonorización y la instalación de pantallas por el recorrido durante el último trimestre de 2005; es decir, seis meses antes de que concluyera el proceso administrativo. Hasta el punto de que redactó un pliego de condiciones técnicas para quedarse con la organización (ver documento adjunto).
Para conseguir información del concurso, Orange Market habría recurrido al ex vicepresidente Víctor Campos y a Enrique Pérez Boada, ex director del Instituto Valenciano de Finanzas y comisionado de la visita de Benedicto XVI. Un hombre de la estricta confianza de Juan Cotino, actual presidente de las Cortes y entonces investido en factótum del evento con el Papa. «El que partía el bacalao», según ha declarado un colaborador.
El testigo clave que ha irrumpido en la pieza de Gürtel que investiga la visita del Papa a Valencia, Juan Carlos Rincón, ha dado un giro a la instrucción. Ex productor de Orange, era la sombra de El Bigotes en los meses previos a la llegada del Pontífice y aportó al juez José Ceres datos muy concretos.
Según su testimonio, Gürtel urdió el plan a finales de 2005 después de que ex altos cargos de Radio Televisión Valenciana (RTVV) enviaran a la sede de Orange los planos del escenario. El productor arrepentido fijó a finales de noviembre una reunión clave en la sede de Trasgos, la empresa a la que se adjudicó el logotipo de la visita. Allí estaban El Bigotes, Blanco, Correa, Pablo Crespo y los gerentes de Trasgos. También insinuó que estaría Pérez Boada, algo que éste niega rotundamente.
«El peso de la reunión lo llevaba Orange, Correa estaba sentado a mi lado. Al final era poner encima de la mesa este evento que les iba a caer y en la reunión se habló de cómo hacerle frente. Había que decidir lo que aportaba cada uno y qué partidas se autoasignaban», subrayó al juez el testigo clave.
Según el productor, «se habló de formar una UTE. A partir de esa reunión es cuando se empieza hablar de un pliego, porque si se está hablando de hacer una UTE se entiende que hay que tenerlo lo más amarrado posible. Y es cuando surge la idea de hacer un pliego».
«Allí se habló de construir las cláusulas de tal manera que cuando se hace público el concurso, la empresa que ha estado preparando el pliego tiene todas las papeletas de llevárselo, en definitiva hacer un traje a medida», especificó al juez.
Ramón Blanco, consejero de Teconsa, habría asumido este encargo, que finalmente les valió un contrato de 7,4 millones de euros.
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=20586558&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=06_02_2014&pla=pla_11014_MadridEL OBISPO DE PALENCIA AL JUEZ: «QUIEN TRAJO A ‘EL BIGOTES’ AL EVENTO SERÍA ALGUIEN DEL PP»
El levantamiento de la parte secreta de la pieza sobre la visita del Papa y el pelotazo de Gürtelen el contrato de las pantallas ha revelado el interés del juez por todo lo que sucedió en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, creada por la Generalitat, el Ayuntamiento, la Diputación y el Arzobispado de Valencia para gestionar el evento. Tanto ha querido profundizar en este asunto el magistrado que a principios de diciembre llamó a declarar como testigo al obispo de Palencia, Esteban Escudero, en aquellos tiempos obispo auxiliar en la capital valenciana.
A lo largo de varios requerimientos, el juez instructor del caso, José Ceres, ha reclamado a la Fundación todas las actas previas al viaje del Papa en julio de 2006, así como sus cuentas y los contratos firmados. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Valencia no alcanza a comprender por qué se cedió a Radio Televisión Valenciana (RTVV) cuestiones de organización, como fue la instalación de pantallas para difundir por todos los rincones de la ciudad las intervenciones de Benedicto XVI. Y tampoco por qué y quién tomó la decisión de ceder esta potestad a Canal 9. De esto preguntó en su declaración al obispo. «¿Quién trajo a Álvaro Pérez El Bigotes a este evento?», le dijo el juez. «Sería alguien del PP», respondió. «Luego hemos sabido –añadió– que hacía todo para el PP».
El prelado aseguró en su testimonio que la decisión de dejar toda esta responsabilidad a RTVV vino dada. Supongo, asegura, «que sería la alcaldesa, el presidente Camps... se tomó a estos niveles». Él –relató al juez– se limitó a firmar el convenio con el director de RTVV, Pedro García, en febrero de 2006, pero «todo había sido pactado anteriormente». «Eran asuntos que se daban hechos, en bambalinas se negociaban y luego se presentaban al Patronato». «Había tres personas muy importantes en la Fundación; don Agustín García-Gasco (el obispo ya fallecido), doña Rita Barberá y don Francisco Camps, a través de su representante, y esas cosas se cocían previamente», insistió.
En las reuniones del patronato «todo era muy limpio», pero «lo que se hizo a espaldas o a otro nivel pudo haber habido y de hecho ha habido cosas delictivas», apuntó como conclusión de su testimonio.
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=20584735&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=06_02_2014&pla=pla_11014_MadridEL PP DE VALENCIA PAGÓ 200.000 EUROS EN B A LA TRAMA GÜRTEL
Los actos fueron celebrados entre 2002 y 2004
Gürtel pagó una estancia de hotel a Camps, según la Policía
La trama corrupta Gürtel recibió del PP valenciano cerca de 200.000 euros en b por tres actos celebrados entre 2002 y 2004, cuando Francisco Camps presidía la formación. El Tribunal Superior de Justicia valenciano ya está investigando la posible financiación ilegal del PP durante las campañas de 2007 y 2008. Según detalla la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en un informe entregado al juez que instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, así se deduce de la documentación intervenida a las empresas de la trama y analizada por la policía.
El primero de los actos estudiados fue la convención regional del PP valenciano, celebrada en junio de 2002. “Se efectúa un pago en b mediante entrega de dinero en efectivo por importe de 17.429 euros”, señala la policía en su escrito.
El segundo fue el Congreso regional, celebrado en septiembre de 2002. Según el mismo análisis, la policía acredita “cuatro pagos mediante entregas de dinero en efectivo (cobros en b sin justificación documental a través de factura) por importe de 150.421 euros”.
El tercero de los actos se celebró en Mislata (Valencia) en enero de 2004. En este caso, la policía detecta dos pagos en b. El primero de ellos se refiere a un documento cuya destinataria es la gerente del PP valenciano, Cristina Ibáñez, de la que la policía señala: “puede ser conocedora de los hechos”. En este se explicita el pago de 16.400 euros “que la propia organización de Francisco Correa denominad b, no reflejándose el coste real del acto en sí llevado a cabo”.
Al margen de los tres actos de los que se desprenden pagos en b, la policía analiza otros dos eventos. Uno de ellos se refiere a la presentación de Francisco Camps como candidato, en octubre de 2002. El coste del acto se elevó a 54.119 euros pero, según consta en el informe, la trama corrupta pidió a los proveedores del acto que “modifiquen los conceptos de las facturas a emitir por otros que no tienen nada que ver con el acto en sí llevado a cabo”. La policía también detalla cómo en otro acto de presentación del candidato, en febrero de 2003, “se desprende que una empresa privada con sede en Castellón, Tierra Atomizada y el PP de Alicante se hicieron cargo de los gastos generados (38.464 euros más IVA), mediante el abono de facturas cuyo concepto no tiene nada que ver con los actos de verdad llevados a cabo”.
http://politica.elpais.com/politica/2014/02/04/actualidad/1391542627_511804.htmlALTOS CARGOS IMPUTADOS POR CONTRATOS CON GÜRTEL APUNTAN CADA VEZ MÁS ALTO
Tras implicar a seis exconsejeros, la investigación llega a las puertas del Palau
“Primero va de testigo y dice una cosa. Después, cuando declara como imputado, cambia la versión”. El portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Antonio Torres, se refería así hace unos días al exconsejero de Sanidad Luis Rosado, que el pasado día 27 de enero declaró como imputado en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ante el juez José Ceres y pidió que se anularan sus declaraciones anteriores como testigo en la denominada pieza cinco del caso Gürtel porque podrían perjudicar a su defensa.
Rosado había defendido la legalidad de su actuación y exculpado a todos sus superiores en su declaración inicial y, sin embargo, al volver como imputado aseguró que seguía instrucciones “de Presidencia” cuando se troceó en cuatro facturas un contrato de 47.178 euros con empresas de la trama Gürtel en 2008 para un vídeo y la presentación de la ampliación del hospital Clínico. Rosado era entonces director de la Agencia Valenciana de Salud. Manuel Cervera, su consejero en aquel momento, ya está imputado por los mismos hechos y dijo también en noviembre que siguió órdenes de Presidencia de la Generalitat.
Aunque no señalara a nadie con nombre y apellidos, la declaración de Rosado, que sería consejero de Sanidad años después de los hechos que se investigan, endosó a la dirección general de Promoción Institucional la procedencia de las instrucciones para contratar con empresas como Orange Market, Easy Concept y Diseño Asimétrico, todas ellas manejadas por Álvaro Pérez, cabecilla de la trama en Valencia. Hasta cuatro direcciones generales de Sanidad asumieron facturas de 12.000 euros cada una con esas sociedades para pagar un mismo servicio, lo que permitía eludir el concurso público.
Los socialistas aluden a “una trama de altos cargos”
La responsable de la dirección general de Promoción Institucional de ese momento era Dora Ibars, asimismo imputada en el caso. Ibars dijo en diciembre al juez que actuó por indicación de la entonces secretaria autonómica de Presidencia Paula Sánchez de León. La cosa, de momento, está en ese punto, pero la mancha de aceite de la investigación judicial amenaza con salpicar a la actual delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. Sánchez de León llegó a ser vicepresidenta de Camps en los peores momentos del escándalo Gürtel.
“A medida que avanzan las declaraciones judiciales se demuestra más claramente que existió una trama de altos cargos de la Generalitat con los corruptos de Gürtel que se apropiaron del dinero de todos los valencianos”, denunció el socialista Torres tras la comparecencia de Rosado ante el juez. Los socialistas, que ejercen la acusación popular en el caso, sostienen que, pese a que se va revelando que un gran número de consejeros de la época de Francisco Camps estaban relacionados con las contrataciones de la trama que saqueó las arcas públicas, “lo más grave es comprobar que la mayor parte de los que están testificando en los juzgados responsabilizan directamente al entorno de Presidencia de todos los contratos irregulares que se realizaron en su momento”.
Sánchez de León no es la única exconsejera de Camps sobre la que se cierne la sombra de la instrucción de los contratos de la Generalitat con la red corrupta. El juez José Ceres ha actuado hasta ahora con mucha meticulosidad y, lento pero implacable, ha ido imputando a altos cargos de los departamentos afectados hasta llegar a sus máximos responsables. En este momento, en la pieza cinco están imputados tres antiguos consejeros: Manuel Cervera y Luis Rosado, de Sanidad, y Alicia de Miguel, de Bienestar Social. Sumados a los otros tres que el mismo juez ha imputado en otras piezas de Gürtel (Vicente Rambla, Milagrosa Martínez y Angélica Such), son ya seis los exconsejeros implicados. Algunas, como Milagrosa Martínez y Angélica Such, están procesadas y a la espera de juicio por las adjudicaciones a Orange Market del pabellón valenciano en la feria Fitur.
Al tiempo que el juez desarrolla su investigación, que fundamenta en informes de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la policía, los socialistas están reclamando desde su grupo en las Cortes Valencianas revisar los expedientes de algunos de los polémicos contratos con la trama de corrupción. Lo han hecho con el Congreso de Software Libre y los premios Salud y Sociedad. Ahora han solicitado acceder, entre otros, al expediente de la desaparecida Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, que pagó a Orange Market 450.000 euros más IVA en 2008 por la ceremonia inaugural de la Volvo Ocean Race en Alicante. El PSPV-PSOE apunta a Esteban González Pons, de quien dependía esa sociedad cuando fue consejero en los gobiernos de Camps.
El juez del caso, José Ceres, avanza meticulosamente en la instrucción
En conjunto, la quinta de las seis piezas de Gürtel que instruye el Tribunal Superior investiga 85 contratos con empresas de la trama corrupta por un importe de más de ocho millones de euros, que afectan a siete consejerías, vicepresidencia y presidencia de la Generalitat, tres agencias autonómicas, cinco empresas públicas y dos fundaciones. La cifra de imputados alcanza la treintena. Su sombra se acerca a las puertas del Palau de la Generalitat.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/02/02/valencia/1391366422_465403.htmlNUEVA DOCUMENTACIÓN CONFIRMA EL AMAÑO DE CANAL 9 CON LA VISITA PAPAL
Un testigo aporta más evidencias sobre el pelotazo de la trama corrupta en Valencia
Nueva documentación confirma el amaño entre la cúpula de Canal 9 y la trama Gürtel en la cobertura de la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en 2006, que permitió presuntamente a la red hacerse con un contrato de más de siete millones de euros. El juez que investiga el caso Gürtel en Valencia, José Ceres, dictó este miércoles un auto en el que alzaba el secreto parcial de sumario decretado sobre la pieza que indaga ese pelotazo.
El magistrado revela que un contratista de la trama, Juan Rincón, compareció el 25 de octubre y aportó “14 documentos” que han permitido “profundizar” en el “acercamiento previo” —esto es, antes de que se convocara el concurso público— de la red “a la contratación”. Una ventaja que habría conseguido “ya a través de la Fundación V Encuentro de las Familias ya a través de Ràdio Televisió Valenciana”.
Rincón, un productor independiente a quien Orange Market, la filial de la red en Valencia, subcontrataba trabajos, fue quien declaró hace unos meses que el exdirector del Instituto Valenciano de Finanzas Enrique Pérez Boada, miembro del PP y de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, la organizadora del cónclave religioso, asistió a reuniones con los cabecillas de la trama Gürtel “en representación de Juan Cotino”, hoy presidente de las Cortes Valencianas. Tanto Boada como Cotino rechazaron entonces que tal testimonio fuera cierto.
La red sabía que haría el trabajo antes de realizarse la convocatoria
A los pocos días de que Rincón compareciese en el Tribunal Superior valenciano, prestó también declaración de forma voluntaria el ex jefe técnico de la televisión e imputado Luis Sabater, indica el auto. Sabater apuntó que el expediente sobre la contratación de la cobertura de los actos papales supuestamente rapiñado por Gürtel fue manipulado por la dirección del ente.
El juez destaca que lo declarado por Sabater, así como la documentación que aportó en el acto, cuestionan “el expediente de contratación respecto de las reales fechas que se incorporan como realizadas en distintos actos relevantes del íter de la contratación”. Sabater apuntó, entre otras cosas, manipulaciones que habrían realizado presuntamente los miembros de la mesa de contratación, integrada por varios cargos de la cúpula del ente.
A raíz de ambas declaraciones, el juez ordenó numerosas diligencias. Entre ellas el “requerimiento de aportación documental e información sobre diversos particulares” a la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que fue constituida por la Generalitat, el Ayuntamiento y la Diputación de Valencia para organizar la visita del Papa. Así como la retirada de ordenadores de Canal 9 por parte de la policía y su posterior análisis por “especialistas informáticos de la UDEF” (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía). El objetivo explica el juez, consistía en “verificar la realidad y fecha de realización y demás aspectos que resulten de interés” para contrastar la “regularidad de los actos que comprenden los distintos trámites del expediente administrativo de contratación”.
El juez ha requerido documentos a Canal 9 y a la Fundación de las Familias
El juez señala que el “cotejo” realizado entre la documentación del expediente de contratación que ha obtenido ahora de Canal 9 —durante los días de “conflictividad sociolaboral” que precedieron al cierre de la televisión pública— y los que ya obraban en la causa refleja que existen algunos “coincidentes” y otros “no coincidentes”. Ello parece confirmar la manipulación del expediente con el supuesto fin de ocultar las trampas.
Según diversos testimonios, entre ellos los de Rincón y Sabater, Orange Market ya preparaba la cobertura de los actos del Papa en Valencia a través de pantallas gigantes en febrero de 2006, meses antes de que se convocara el concurso público y se adjudicara el millonario contrato a Teconsa, una constructora leonesa que actuó de pantalla de la trama a cambio de una comisión del importe del contrato.
Fechas imposibles en el expediente
I. Z., VALENCIA
El juez José Ceres reitera en el auto que las declaraciones y documentados aportados por las dos personas cuya identidad se había mantenido oculta desde que dictara el secreto parcial de la causa han puesto “en cuestión” las fechas clave del expediente por el que se contrató la retransmisión de los actos papales a través de pantallas gigantes distribuidas por Valencia. Más de siete millones de euros que, por un acuerdo entre la Fundación V Encuentro de las Familias y la Generalitat, se decidió que pagara Canal 9.
Las fechas no cuadran porque en febrero de 2006, dos meses antes de que se iniciaran los trámites, Orange Market ya preparaba la cobertura sobre el terreno. Aquel mes visitaron Valencia los técnicos alemanes que se encargaron del sonido a petición del propio Pontífice, que había quedado satisfecho con sus servicios anteriormente. Según Luis Sabater, ex jefe técnico de Canal 9 la orden de reunirse tan pronto con Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, se la dio Pedro García, ex director de Ràdio Televisió Valenciana e imputado. Y ese relato coincide con el ofrecido por Rincón.
La trama, según sostiene la investigación, habría recurrido a la constructora Teconsa porque a pesar de no tener experiencia en el sector audiovisual —la red lo subcontrató después a empresas especializadas— podía hacer frente a las condiciones económicas que requería la convocatoria.
También fueron supuestamente manipuladas otras fechas del expediente, relativas a informes técnicos preceptivos. Esas fechas fueron defendidas como reales por los miembros de la mesa de contratación cuando testificaron. De esa mesa formaron parte entre otros el ex secretario general de RTVV Vicente Sanz, el exdirector de Canal 9 José Llorca y el exjefe de gabinete del director del ente Juan Prefaci.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/29/valencia/1391021518_224527.htmlEL JUEZ DE GÜRTEL INVESTIGA UNA NUEVA VÍA TRAS OÍR AL TESTIGO QUE IMPLICÓ A COTINO
El levantamiento del secreto de sumario revela que los testigos ocultos son el exdirectivo de RTVV Lluís Sabater y un exresponsable de Orange Market
El juez del caso Gürtel, José Ceres, ha abierto una nueva línea de investigación tras escuchar la declaración de un testigo que implicó a Cotino en la sonorización de la visita del Papa. El magistrado reveló ayer a las partes que los testigos ocultos que le llevaron a decretar el secreto de sumario son el ex jefe del departamento técnico de RTVV durante la transmisión, Lluís Sabater, y el ex director de producción de Orange Market Juan Carlos Rincón. Lluís Sabater explicó en un vídeo no emitido del programa Societat Anònima grabado durante la desmantelación del ente que el presidente de las Corts, Juan Cotino, fue quien tuvo la idea de instalar pantallas gigantes en Valencia. La trama dirigida por Francisco Correa facturó 7,5 millones de euros a RTVV por la sonorización de la visita del Papa.
El juez, según recoge el auto notificado ayer, decidió decretar el secreto parcial del sumario tras la comparencia voluntaria de Juan Carlos Rincón. El testigo acudió al TSJ el 25 de octubre y aportó 14 documentos. Fuentes cercanas al caso explicaron que Rincón también optó en 2006 al contrato de la sonorización de la visita del Papa cuando ya no estaba en Orange Market.
El testigo informó al magistrado de un presunto acercamiento previo por parte de Orange Market y de personas vinculadas a la firma de Correa y «a través de la Fundación V Encuentro y de RTVV». Hasta ahora la investigación se había centrado en la fase de contratación y ejecución del contrato de sonorización. Rincón ya vinculó en una declaración que hizo en septiembre a Cotino con las negociaciones del contrato.
Adjudicación de la vigilancia
Unos días después el 30 de octubre compareció de forma voluntaria en el TSJ Lluís Sabater. El ex directivo de RTVV que está imputado en esta pieza aseguró que quería colaborar con la Justicia «con la finalidad de que la verdad brille cuanto antes en este proceso». Sabater aportó abundante documentación sobre el proceso de adjudicación a Teconsa y a la adjudicación de la vigilancia en la visita de Benedicto XVI.
Lluís Sabater participó poco después en el vídeo de Societat Anònima, grabado durante la revolución de los trabajadores del ente tras anunciar el Consell el cierre de RTVV. Lluís Sabater señala en el vídeo que compró laSexta por 300 euros y que no ha emitido todavía por contener
declaraciones sobre las pesquisas que mantuvo una reunión con otros jefes de RTVV y Juan Cotino, en aquella época conseller de Agricultura aunque muy involucrado en la organización de la visita del papa Benedicto XVI a Valencia. En esa reunión, según fuentes conocedoras del contenido del vídeo, es donde el actual presidente de las Corts insiste en montar pantallas gigantes por toda la ciudad de Valencia. La otra idea de Juan Cotino, según fuentes conocedoras del caso, fue la instalación de 7.000 urinarios móviles.
Las declaraciones de Juan Carlos Rincón y de Lluís Sabater dieron lugar a la intervención de diferente documentación en la sede de RTVV y en la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias y 22 diligencias relativas al acceso de ficheros informáticos del ente público.
El magistrado del caso ha remitido toda la documentación a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la policía para que elabore un informe. El juez José Ceres cierra el auto apuntando que ya no es necesario mantener el secreto parcial de las actuaciones para continuar con las pesquisas.
http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2014/01/30/juez-gurtel-investiga-nueva-via/1073240.htmlFARNÓS QUEDA APARTADO DE LA SUBDIRECCIÓN DE CASTELLÓ CULTURAL
El directivo también dejará de asistir a los plenos del Consell de Cultura tras su imputación
La Generalitat Valenciana ha decidido apartar de la subdirección de Castelló Cultural en CulturArts a Vicente Farnós hasta que se resuelva su situación procesal. El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) le ha citado a declarar como imputado por contratos firmados con empresas de la red corrupta durante su etapa como director de Castelló Cultural.
Farnós ya anunció este lunes que dejará de asistir a las reuniones del Consell Valencià de Cultura mientras se "sustancia" su caso, y hoy fuentes de la Consejería de Cultura han confirmado que se le aparta de las responsabilidades de dirección en Castelló Cultural. No obstante, Farnós continuará trabajando en la entidad pública.
Farnós aseguró este lunes que "desde el punto de vista jurídico" está "tranquilo", puesto que las contrataciones en Castelló Cultural se hicieron, a su juicio, respetando la legalidad.
Por su parte, el vicepresidente y portavoz del Consell, José Ciscar, ya había afirmado el pasado viernes que la Generalitat Valenciana iba a estudiará el contrato laboral con Farnós y que, "seguramente", iba a "tomar medidas".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/28/valencia/1390926352_332438.htmlFERIA VALENCIA PAGABA POR CONTRATO 25.000 EUROS AL MES A GÜRTEL
Feria Valencia, con una deuda acumulada de 550 millones que religiosamente debe abonar la Generalitat, pagaba 25.000 euros al mes a la red de Francisco Correa por supuestos servicios de marketing. Un último informe policial, remitido al juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, donde se investiga la rama central del caso Gürtel, apunta a la existencia de múltiples facturas de estos pagos encontradas en el despacho de la calle Serrano 40, desde donde se gestionaba la contabilidad B de la trama.
Los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal hallaron allí una propuesta de contrato de arrendamiento de servicios integrales de marketing, publicidad y promoción, con fecha 1 de febrero de 2008, firmado por Cándido Herrerro, en representación de Orange Market -la empresa de Álvaro Pérez El Bigotes- y por Alberto Català, ex presidente de Feria Valencia. La duración del contrato se establece por el período de tres años con una contraprestación incial de 20.000 euros, más un pago fijo de 25.000 euros mensuales y pagos variables por la realización de trabajos específicos.
Junto a este documento aparecieron en el despacho una relación de facturas entre febrero de 2008 y febrero de 2009- por servicios presuntamente prestados a Feria Valencia y que suman la escandalosa cifra de 1.232.236,18 euros. Esta documentación prueba el abono de los 25.000 euros fijados en el contrato y da fe de la existencia de otros trabajos puntuales como la precampaña de la Feria Habitat por la que se reembolsó 895.000 euros en dos facturas, una de 500.000 y otra de 395.000, de julio y de septiembre de 2008, respectivamente. Más allá de la constancia del pago de los 25.000 euros mensuales, a los que cabe añadir el IVA preceptivo, se desconoce qué trabajos hizo cada mes Orange Market para Feria Valencia. Sobre esto no hay ninguna documentación.
El informe forma parte del grueso de la investigación que se sigue en Madrid y es fruto del análisis de los documentos encontrados en Serrano 40. A no ser que el juez instructor Pablo Ruz haya decidido remitirlo al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), donde se investiga la rama valenciana del caso Gürtel, o que la Policía Judicial haya tenido a bien hacerlo, no forma parte de esta causa. Y resultaría vital su traslado ya que la relación entre Feria Valencia y Orange Market ha sido objeto de indagaciones por parte del TSJCV.
A propuesta de la Fiscalía, el juez Ceres, que conduce la investigación en Valencia, pidió en mayo pasado a Feria Valencia que remitiera a la causa las facturas sufragadas a este empresa de la trama y le preguntó por el contrato con ellos. Alberto Català, relegado ahora de la institución, aportó en ese momento dos pagos, por un importe total de 1.038.000 euros, relacionadas con unos "servicios" prestados en la precampaña de Feria Valencia Habitat 2008. Eran dos facturas, de 580.000 euros y 458.000 euros, que sumando el IVA coinciden con las localizados en el despacho de la red corrupta. Según se aseguró desde la institución, se entregó también el contrato cuya copia guardaba la red en su oficina central.
Sólo unas semanas más tarde, en junio, se cursó una nueva solicitud de documentación a Feria Valencia para que aclarase de manera pormenorizada pagos en 2008 por importe de 1.438.400 euros. Este dinero, si se le suma el IVA, coincide con la lista de facturas de la que disponía la red, que aparecen en el informe policial y que se reproducen en el gráfico de esta página. Según Feria Valencia en ese momento se aportó al juez una relación más detallada, donde también aparecen los trabajos realizados por Orange Market.
Sin embargo, a lo largo de la investigación del Gürtel valenciano se ha puesto de manifiesto que Orange Market emitía facturas por servicios fictícios para enmascarar pagos en B de empresarios al PPCV. En definitiva, financiación ilegal.
Desde Feria Valencia se defendió que antes y después de Orange Market la institución ha tenido una empresa contratada para marketing -ya no- pero se evitó precisar cuánto pagaba al mes a estas firmas. Tampoco se aclaró si lo pagado cada mes (desde 2008 hasta que en 2009 estalló el escándalo) era poco o mucho.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/01/13/52d2daf1e2704e40528b4570.htmlEN BUSCA DEL ‘SEÑOR X’
Los socialistas valencianos insisten en revisar a fondo los expedientes para llegar al último responsable de los contratos de la Generalitat con la trama Gürtel
El expresidente Francisco Camps salió absuelto del juicio del caso de los trajes. El jurado popular no consideró cohecho que una red corrupta le regalara ropa. La actuación de la trama que lideraba Francisco Correa y que tenía a Álvaro Pérez como representante en tierras valencianas, sin embargo, todavía sigue baja investigación judicial. Una de sus piezas se centra en los contratos de las empresas de la red Gürtel con la Generalitat entre 2005 y 2009 (otras se refieren al fraude en RTVV con la visita del Papa, a la adjudicación del pabellón valenciano en Fitur, a la supuesta financiación ilegal del PP y a los delitos fiscales de las empresas que participaron en esa financiación).
Los socialistas están empeñados en que se revisen y auditen las 85 operaciones de adjudicación irregular o de fraccionamiento de contratos por cerca de ocho millones de euros, además de los cinco millones por los pabellones de Fitur, que implican a siete consejerías, tres agencias, cinco empresas públicas y dos fundaciones de la Generalitat. No renuncian a llegar al último responsable de tan amplio saqueo. “Había un señor X”, sostiene el portavoz del PSPV-PSOE en las Cortes Valencianas, Antonio Torres.
El magistrado José Ceres, que lleva la instrucción, ha ido imputando en los últimos meses, a medida que iban declarando los implicados, a varios cargos públicos. Es el caso del alcalde de Castellón, Alfonso Bataller; del exconsejero de Sanidad Luis Rosado y de la diputada y también exconsejera de Bienestar Social Alicia de Miguel, que dejó su escaño el mismo día que la imputaban. “Muchos antiguos cargos declaran elevando la responsabilidad”, dice Torres. “Es importante saber, más allá de los que firmaron los contratos, quiénes daban las órdenes. Hay que identificar a los responsables”.
La trama hizo una escultura de tres metros de los premios Salud y Sociedad
En opinión del diputado socialista, al margen de la investigación judicial queda mucho por hacer. De ahí que haya reclamado que la Sindicatura de Comptes audite todas las contrataciones con la red de empresas de Gürtel, como Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, Special Events o Diseño Asimétrico. “Pensamos que puede haber mucho más de lo que hasta ahora se conoce”, señala el portavoz socialista, que está solicitando revisar uno por uno los expedientes sospechosos. Por ejemplo, los del segundo Congreso de Software Libre celebrado en Castellón en 2005, que costó 112.484 euros, en el que están implicados la sociedad Proyecto Cultural de Castellón y la dirección general de Archivos e Innovación Tecnológica y cuyas responsabilidades más altas todavía no se han aclarado, en opinión de Torres (Alejandro Font de Mora era consejero de Cultura y Educación y Esteban González Pons, inspirador de la cita, portavoz del Consell). O la del vídeo y acto de presentación de la ampliación del hospital Clínico en 2008, que costó 47.179 euros y por el que está imputado Luis Rosado, entonces director gerente de la Agencia Valenciana de Salud (después sería consejero). O de los premios Salud y Sociedad de 2007, que costaron 30.190 euros, por los que está imputado Alfonso Bataller, entonces subsecretario de Sanidad. Para esos premios, Diseño Asimétrico hizo una escultura que reproducía a escala de tres metros y con “mecanismo giratorio” la estauilla de los galardones en 2006. Cobró por ella 18.000 euros y otros 1.800 al año siguiente por su reutilización. El actual titular de Sanidad, Manuel Llombart, ha respondido al diputado socialista Ignacio Subías, que preguntó por su paradero, que la escultura “figura en el inventario con el número de certificación 217/06”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/11/valencia/1389464529_930378.htmlBATALLER SE POSTULA A LA ALCALDÍA DE CASTELLÓN PESE A SU IMPUTACIÓN EN GÜRTEL
Alberto Fabra aseguró en octubre que no llevará imputados en las candidaturas municipales
El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, se ha postulado este viernes como candidato del PP a la alcaldía en las próximas elecciones a pesar de que está imputado en el caso Gürtel por la contratación de unos premios con Orange Market cuando era subsecretario en la Consejería de Sanidad. El regidor ha comparecido en rueda de prensa para hacer balance del año finalizado y ha asegurado que irá en el número uno en las listas en contra de la doctrina del presidente de la Generalitat. Alberto Fabra aseguró en una entrevista en octubre que no llevará imputados en casos de corrupción en las candidaturas municipales y autonómicas.
Bataller fue imputado el 25 de abril por su “presunta y aparente intervención relevante” en las contrataciones para la celebración del Acto Premio Salud y Sociedad 2007. El alcalde declaró ante el TSJ dos meses después y aseguró que sus respuestas iban a servir para “clarificar perfectamente toda su actuación” y confiando en que su imputación se resolvería en poco tiempo. El juez Ceres mantiene su imputación a día de hoy.
Este viernes ha insistido en que en su interrogatorio ya dejó “bien claro” que su actuación fue “correcta”. “Es un tema de tiempos y ya no tengo nada más que decirles”, ha dicho.
Bataller deja, eso sí, al PP la decisión final al afirmar que será candidato si el partido confía en él y ha apuntado que está trabajando para lograr que confíe “plenamente” en la gestión que ha realizado junto a su equipo de gobierno.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/10/valencia/1389381251_581539.htmlLA SOMBRA DEL ‘CASO GÜRTEL’ SE EXTIENDE AL AEROPUERTO SIN AVIONES DE CASTELLÓN
Se trata de Juan José Morenilla
Albiol: "La Sindicatura de Comptes ya ha advertido de que la deuda será incobrable"
EUPV inicia una ofensiva parlamentaria al respecto
La diputada de EUPV, Marina Albiol, ha presentado una batería de preguntas dirigidas a la Consejería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua sobre la deuda de 5.787.722 euros que mantiene AEROCAS, con la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) por el proyecto y ejecución de la tubería de abastecimiento en alta con el aeropuerto sin aviones de Castellón. Albiol ha señalado que todas las resoluciones de adjudicación de la EPSAR sobre esta infraestructura “están firmadas por uno de los principales imputados del caso Emarsa, el entonces gerente del EPSAR, Juan José Morenilla Martínez”. “Además, Morenilla contrató las obras a una empresa vinculada al caso Gürtel, en la que acabó trabajando, es decir el fenómeno de la puerta giratoria llevado al extremo”, ha añadido según consta en un comunicado difundido por marca valenciana de Izquierda Unida este sábado.
Según denuncia la Sindicatura de Cuentas en su reciente informe correspondiente al ejercicio 2012, la EPSAR “ha construido totalmente las obras previstas (fueron entregadas en octubre de 2011) pero la entidad que había firmado el convenio [AEROCAS] no ha aportado el importe comprometido (50% del coste real de las obras)”. La Sindicatura añade: “dada la actual situación económica y financiera de la entidad que ha subscrito el convenio, surgen dudas sobre la posibilidad de cobro de la deuda reclamada (2.291.103 euros). Así mismo, se desconoce la posibilidad real de resarcimiento del restante 50% de los gastos ocasionados por las obras realizadas que, según el convenio se tiene que repercutir a los usuarios durante un periodo de 20 años, y que no indican a través de qué figura impositiva”. Además, la Sindicatura reprocha a la Diputación de Castelló, también parte firmante del convenio, haber “eludido hasta el momento de nuestra fiscalización las obligaciones que le competen derivadas del convenio subscrito en la gestión y explotación de las obras ejecutadas al no firmar el acta de entrega de las instalaciones, a pesar de los requerimientos efectuados por la EPSAR”.
Para Albiol, el Aeropuerto de Castellón “ha sido planificado de manera desastrosa, como se demuestra con las deudas millonarias que hoy por hoy mantiene con el EPSAR”. “Curiosamente la máxima responsabilidad política por este asunto recae en la misma persona: el vicepresidente del Consell y consejero de Agricultura, José Císcar”, explicó la parlamentaria de izquierdas en el citado comunicado, quien anunció que EUPV pedirá su comparecencia en las Cortes Valencianas para que dé explicaciones sobre las “explosivas advertencias de la Sindicatura de Cuentas respecto a las obras de la tubería del Aeropuerto de Castelló”.
Albiol también destacó que Morenilla adjudicará estas obras precisamente a una empresa vinculada al Caso Gürtel: “Todo queda en casa y entre amigos”.
El exgerente de EPSAR, Juan José Morenilla, firmó el 14 de enero de 2010 la resolución de adjudicación del contrato para la dirección de obras de abastecimiento de agua al Aeropuerto de Castelló a la mercantil I.V. Ingenieros Consultoras SA por un importe total de 313.200 euros. El 28 de enero de 2010, Morenilla firmó la resolución de adjudicación del contrato para las obras de abastecimiento de agua al Aeropuerto de Castelló con la empresa Renos SL por un importe total de 4.049.669,13 euros.
"La empresa adjudicataria es Renos SL, participada por la empresa FACSA, presidida por Enrique Gimeno, uno de los empresarios investigados por la causa de la presunta financiación ilegal del PP valenciano en el marco de la causa Gürtel. EPSAR adjudicó globalmente a FACSA más de 30 millones de euros", reza el citado comunicado.
“Al final, los casos de corrupción y los imputados están interconectados. Son presuntas tramas laberínticas”, apostilla la diputada de izquierdas. “Para cerrar el círculo de manera perfecta, al final Morenilla pasa a trabajar en FACSA”, añade Albiol.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2014/01/11/la_sombra_del_caso_gurtel_extiende_aeropuerto_sin_aviones_castellon_12156_1012.htmlUN IMPUTADO EN EMARSA CONTRATÓ CON GÜRTEL OBRAS DE AEROPUERTO CASTELLÓN
Aerocas debe 5,7 millones a la EPSAR por abastecerle de agua
La Sindicatura advierte que la deuda será 'incobrable'
EU: 'Casos de corrupción e imputados están interconectados'
La diputada de EUPV Marina Albiol ha presentado una batería de preguntas dirigidas a la Consellería de Presidencia y Agricultura, Pesca, Alimentación y Agua sobre la deuda de 5.787.722 euros que mantiene Aerocas con la Entidad de Saneamiento de Aguas Residuales (EPSAR) por el proyecto y ejecución de la tubería de abastecimiento en alta con el aeropuerto sin aviones de Castellón.
Albiol ha señalado que todas las resoluciones de adjudicación de la EPSAR sobre esta infraestructura "están firmadas por uno de los principales imputados del caso EMARSA, el entonces gerente del EPSAR, Juan José Morenilla Martínez". "Además, Morenilla contrató las obras a una empresa vinculada al caso Gürtel, en la que acabó trabajando, es decir el fenómeno de la puerta giratoria llevado al extremo", ha añadido.
Según denuncia la Sindicatura de Cuentas en su reciente informe correspondiente al ejercicio 2012, la EPSAR "ha construido totalmente las obras previstas (fueron entregadas en octubre de
2011) pero la entidad que había firmado el convenio, Aerocas, no ha aportado el importe comprometido (50% del coste real de las obras)". La Sindicatura añade: "dada la actual situación económica y financiera de la entidad que ha subscrito el convenio, surgen dudas sobre la posibilidad de cobro de la deuda reclamada (2.291.103 euros).
Asimismo, se desconoce la posibilidad real de resarcimiento del restante 50% de los gastos ocasionados por las obras realizadas que, según el convenio se tiene que repercutir a los usuarios durante un periodo de 20 años, y que no indican a través de qué figura impositiva". Además, la Sindicatura reprocha a la Diputación de Castellón, también parte firmante del convenio, haber "eludido hasta el momento de nuestra fiscalización las obligaciones que le competen derivadas del convenio subscrito en la gestión y explotación de las obras ejecutadas al no firmar el acta de entrega de las instalaciones, a pesar de los requerimientos efectuados por la EPSAR".
Para Albiol, el Aeropuerto de Castellón "ha sido planificado de manera desastrosa, como se demuestra con las deudas millonarias que hoy por hoy mantiene con el EPSAR". "Curiosamente la máxima responsabilidad política por este asunto recae en la misma persona: el vicepresidente del Consell y conseller de Agricultura, José Císcar", ha explicado la parlamentaria de izquierdas quien ha anunciado que EUPV pedirá su comparecencia en las Cortes Valencianas para que dé explicaciones sobre las "explosivas advertencias de la Sindicatura de Cuentas respecto a las obras de la tubería del Aeropuerto de Castellón". Albiol también ha destacado que Morenilla adjudicara estas obras precisamente a una empresa vinculada al Caso Gürtel: "todo queda en casa y entre amigos".
El ex gerente de EPSAR, Juan José Morenilla, firmó el 14 de enero de 2010 la resolución de adjudicación del contrato para la dirección de obras de abastecimiento de agua al Aeropuerto de Castelló a la mercantil I.V. Ingenieros Consultoras SA por un importe total de 313.200 euros (Albiol ha recordado que según el informe de la consultora del ex ministro Piqué, que consultó recientemente, la empresa I.V. Ingenieros Consultoras SA ha recibido de Aerocas un total de 9.835.924 euros y tiene pendientes de pago un total de 1.307.624 euros).
El 28 de enero de 2010, Morenilla firmó la resolución de adjudicación del contrato para las obras de abastecimiento de agua al Aeropuerto de Castellón con la empresa Renos SL por un importe total de 4.049.669,13 euros (la resolución fue publicada más tarde en el Diario Oficial). La empresa adjudicataria es Renos SL, participada por la empresa FACSA, presidida por Enrique Gimeno, uno de los empresarios investigados por la causa de la presunta financiación ilegal del PP valenciano en el marco de la causa Gürtel. EPSAR adjudicó globalmente a FACSA más de 30 millones de euros.
http://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2014/01/11/52d10e03e2704eda488b456b.htmlEL JUEZ DE GÜRTEL EN VALENCIA PRORROGA OTRO MES EL SECRETO SOBRE CUATRO PIEZAS
El TSJ amplía por segunda vez la medida para ampliar la investigación
El magistrado José Ceres, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV), acordó a finales de diciembre la segunda prórroga del secreto parcial que decretó en octubre sobre las piezas 1, 2, 4 y 5 -en total hay seis- de la causa. Ceres tomó esta decisión tras la comparecencia de un testigo que aportó documentos "que resultan de interés" para la investigación, según indicó en el auto.
Las piezas declaradas parcialmente secretas se refieren a los contratos por la visita del Papa, a los presuntos delitos electorales del PP, y a otras irregularidades en la contratación entre la Generalitat con Orange Market y otras sociedades de la trama Gürtel. La búsqueda de nuevos datos en relación con el contrato de Canal 9 con Teconsa para la retransmisión de la visita de Benedicto XVI a Valencia en 2006, del que la red de Francisco Correa sacó un beneficio millonario, ha llevado al magistrado del TSJCV a ordenar tres registros de la sede de RTVV en Burjassot justo antes de su cierre.
Las indagaciones llevaron al magistrado a prolongar la medida en noviembre. Ahora, en el auto de finales de diciembre, el magistrado indica que "pese al avance de la investigación subsisten las razones que motivaron la declaración del secreto y su prórroga", entre otros motivos, porque quedan diligencias pendientes. Ceres subraya la necesidad de mantener el secreto parcial ya que el conocimiento de los nuevos datos "podría suponer un serio obstáculo" para la "debida culminación o para la realización con eficacia de otras posibles diligencias complementarias".
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/07/valencia/1389121980_040511.htmlRUZ ACEPTA QUE COTINO DECLARE EN LA AUDIENCIA NACIONAL POR EL ‘CASO BÁRCENAS’
El presidente de las Cortes está citado como testigo por el 'caso Bárcenas'
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha aceptado la petición del presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, de declarar como testigo el próximo día 17 en la Audiencia Nacional, y no en su despacho del Parlamento valenciano, por el caso Bárcenas.
Según fuentes jurídicas, Ruz ha citado ese día a las 12.00 a Cotino y ha aprovechado para citar también en la sede de la Audiencia Nacional a su sobrino Vicente Cotino, que declarará como imputado en el marco de la causa en la que investiga la supuesta contabilidad B del PP por su cargo de administrador único de Asedes Capital y de Sedesa.
El pasado 30 de diciembre, horas después de que Ruz citara a Cotino en su despacho oficial de la Cámara valenciana en vista de que no respondió al requerimiento que le hizo el día 4 de ese mes para fijar el lugar del interrogatorio, el presidente de las Cortes pidió al magistrado declarar en la sede del tribunal en Madrid con la intención de evitar cualquier tipo de "privilegio".
Cotino expresó públicamente el 6 de diciembre, coincidiendo con una jornada de puertas abiertas de las Cortes, su intención de ir a Madrid a declarar y adujo que se había producido un malentendido. Aseguró ese día que no conoce al extesorero del PP Luis Bárcenas, a quien "nunca en la vida" ha dado nada, y afirmó que pondría "la mano en el fuego" por toda su familia, sin ningún problema".
El juez ha citado a Juan Cotino porque aparece en las anotaciones de la contabilidad B de Bárcenas en relación con supuestas donaciones al partido, al igual que su sobrino.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/01/07/valencia/1389109447_869566.htmlEL 'CASO COOPERACIÓN' INAUGURA UN 'VÍA CRUCIS' JUDICIAL PARA EL PP VALENCIANO
La sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) inicia este martes un año difícil de digerir para el PP valenciano, con tres juicios consecutivos que afectan a diputados y siete piezas en fase de instrucción que pueden afectar a los próximos períodos electorales.
El primero es el caso Cooperación, donde se investiga, en dos piezas, la presunta adjudicación irregular de ayudas a ONG y el presunto desvío de fondos de la Generalitat que iban destinados al Tercer Mundo.
El principal acusado que se sentará en el banquillo es Rafael Blasco, siete veces consejero de la Generalitat, primero con el socialista Joan Lerma, que lo destituyó por otro caso de corrupción en 1989, y luego con Zaplana, Olivas y Camps. Blasco fue portavoz del Grupo Popular en las Cortes autonómicas hasta su imputación, en octubre de 2012, y continuó en el grupo hasta el pasado mes de junio, cuando la propia Generalitat, personada en el caso, pidió para él una pena de 11 años de prisión. Ahora es diputado no adscrito.
La pena que solicita la Fiscalía para Blasco aún es mayor, 14 años de cárcel y 33 de inhabilitación, por presuntos delitos de malversación, prevaricación, tráfico de influencias y falsedad documental, en la pieza relativa a las ayudas a la Fundación Cyes.
Blasco tiene como abogado a Javier Boix, que defendió a Francisco Camps y a Carlos Fabra en sus respectivos procesos. Junto al exconseller de Solidaridad y Cooperación se sentarán en el banquillo el empresario Augusto César Tauroni, que está en la cárcel por esta causa desde febrero de 2012; el exsubsecretario de la consejería Alexandre Catalá; el exdirector general Josep María Felip; el exjefe del servicio Marc Llinares; el exjefe de gabinete Xavier Llopis; la exsecretaria Tina Sanjuán; el presidente de la Fundación Cyes, Marcial López, y una trabajadora de esta fundación, Josefa Cervera.
La jueza instructora relató en el auto de apertura de juicio oral que la consejería que dirigía Blasco aprobó en 2008 cinco proyectos a la Fundación Cyes, por los que obtuvo 1,82 millones de euros, que no debieron ser concedidos al incumplirse requisitos "imprescindibles", como no estar acreditada la experiencia previa. Y que se concedieron "de modo injusto" con "el conocimiento, favor y participación" de Blasco, para "allanar el camino".
La otra pieza del caso Cooperación está en fase de instrucción, lo mismo que cinco piezas del la trama valenciana del caso Gürtel y el caso Brugal.
'Gürtel' y Alperi, en cola
Cuando termine este juicio, en marzo, el TSJCV pondrá fecha al primer proceso de Gürtel, relativo a la contratación de pabellones en Fitur. Su instrucción acabó antes, pero se priorizó el de Cooperación porque hay un encarcelado. Entre los acusados están las exconsejeras de Turismo y diputadas Milagrosa Martínez y Angélica Such. El fiscal pide 11 años de cárcel para Martínez, que también es alcaldesa de Novelda (Alicante).
Luego será juzgado el exalcalde de Alicante y diputado Luis Díaz Alperi, por delito fiscal y cohecho. La instrucción de este caso está acabada, a falta de que se dicte la apertura de juicio. Alperi esta imputado también en Brugal.
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