Caso Gurtel. Quien es quien en la C.Valenciana

CASO GÜRTEL : BÁRCENAS & CAMPS

QUIEN ES QUIEN

ÁLVARO DE LA CRUZ. Ex jefe de gabinete de Francisco Álvarez Cascos y ex Secretario general de la FEMP. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) adjudicó a la empresa Special Events, pieza clave de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa, la celebración de sus asambleas generales de 1999 y 2003 por un monto total de más de 800.000 euros. Por su parte, la caja B de Correa apunta un pago de 30.000 euros que está siendo investigado. Álvaro de la Cruz se dedica al mundo de la Seguridad con su empresa Serygur. De la Cruz reconoció en enero pasado al diario El Mundo que Luis Bárcenas, tesorero del PP y presuntamente implicado en el caso de corrupción -recibió 1,3 millones de la red, según un auto del juez Baltasar Garzón-, intermedió a su favor ante la Comunidad de Madrid en varios concursos de seguridad. "Luis Bárcenas es amigo mío y me preguntó si podía ayudar a Serygur. Le dije que estábamos interesados en el contrato de la seguridad de la Ciudad de la Justicia y se ofreció a llamar a Alfredo Prada [entonces consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid]. Fue un acto de buena voluntad y por pura amistad", declaró entonces De la Cruz. Su empresa consiguió el contrato de la Ciudad de la Justicia por 400.000 euros. Sin embargo, el contrato que generó más polémica interna fue el de la seguridad de la sede del Gobierno autonómico en la Puerta del Sol. Al llegar el equipo de Esperanza Aguirre, que sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón, la empresa de De la Cruz temió perder el contrato, que debía renovarse. Entonces entró en liza el ex concejal del PP en Madrid Ignacio del Río, socio de De la Cruz en esta empresa. Entre los dos, y con el apoyo de Bárcenas, trataron de convencer al entorno de Aguirre para que renovara el contrato. Fracasaron, y Serygur perdió ese suculento pastel de seguridad.

Eius Abogados. Despacho en el que trabaja el ex Ministro de Justicia y ex Diputado, José Mª Michavila. Tras conocerse su relación con la trama el pasado 28 de agosto presentó la dimisión como Diputado por Valencia. El bufete tiene sucursales en Madrid, Barcelona, Valencia, Londres y Miami, aparece relacionado con actuaciones vinculadas a la trama de corrupción que investiga Garzón y tiene nexos con algunos imputados y con las administraciones públicas bajo sospecha. Así, los letrado de las Cortes Alberto Dorrego y Andrés Jiménez Díaz, socios de Michavila, asesoran al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y han intervenido a favor de las empresas de José Luis Ulibarri, imputado en el caso, para que la Generalitat valenciana otorgara 13 licencias de TDT a su empresa, Mediamed. El despacho facturó a la firma Mediamed al menos 150.000 euros por labores de asesoramiento legal y mercantil .Ambos tienen concedida una compatibilidad genérica para ejercer el derecho sin que puedan vulnerar el estatuto de funcionarios de las Cortes que impide en su artículo 62 "la elaboración de informes o dictámenes para las administraciones públicas".Dorrego es secretario del consejo de Cabanyal 2010 y vicesecretario de Comunitat Valenciana d'Inversions, ambas empresas públicas de Valencia. La ley les impide "el desempeño por sí o persona interpuesta de cargos de todo orden en Empresas o Sociedades concesionarias, contratistas de obras, servicios o suministros, arrendatarias o administradoras de monopolios, o con participación o aval del sector público, cualquiera que sea la configuración jurídica de aquéllas". Está adscrito como letrado a la Comisión de Administraciones Públicas del Congreso En el despacho de Michavila trabaja también José Marí Olano, ex Subsecretario de Trabajo con Eduardo Zaplana y que llegó al Ministerio de Administraciones Públicas con Francisco Camps. Ahora es el portavoz de economía del PP en las Cortes valencianas. Marí asesora, a través de Eius, a Andrés Selma, promotor socio de Ulibarri en Mediamed, en operaciones urbanísticas. Otro caso es el del letrado Francisco Javier González Sánchez que fue nombrado en 2007 director técnico jurídico del entonces alcalde Boadilla, imputado y recién dimitido. Cuando cesó en 2008 fue sustituido por Carlos Ruiz Cabrera, vinculado también al despacho. Michavila, además, conoce desde hace más de 20 años a uno de los imputados, Jesús Calvo. Éste era gerente de la Universidad Complutense de Madrid y él secretario general. Michavila es amigo personal y vecino de Enrique López, ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial, cuyo cuñado, Miguel Hernán Manovel, es secretario del consejo de una empresa de Ulibarri investigada por Garzón. Además, la actividad del bufete se extiende a múltiples ayuntamientos de Madrid, con relaciones muy estrechas con el urbanismo de esas localidades. Con el ayuntamiento de Pozuelo, el despacho tiene una doble relación: ha firmado multitud de contratos de asistencia jurídica y asesoramiento y, además, uno de sus letrados compatibilizó en 2006 la pertenencia al bufete con la función de asesor en el Área de Urbanismo. Francisco José Rodríguez García simultaneó su actividad en Eius con un contrato como personal laboral de apoyo al área de Urbanismo del consistorio de esa localidad. Ocupó ese cargo dentro de la Oficina de Apoyo al Plan General Urbanístico de Pozuelo desde mediados de 2005 hasta el 31 de diciembre de 2006, cuando pasó a ser asesor del alcalde. La web del despacho, ahora borrada, aseguraba que este letrado se incorporó en 2006 a Eius. Ahora ya no pertenece al bufete, pero tiene cargo de consejero del alcalde de Pozuelo desde 2007 y su llegada al ayuntamiento coincide con la contratación del bufete en diversos pleitos para representar al consistorio. Sepúlveda es un histórico dirigente del PP próximo a José María Aznar. El regidor es amigo de Michavila, residente en ese municipio, y de Francisco Correa, vecino también de Pozuelo y presunto cerebro de la trama que investiga el juez Garzón. Entre los contratos de Eius con Pozuelo destaca uno firmado en 2006 por el cual el despacho redactaba los estatutos de las empresas públicas del ayuntamiento. Eius cobró 27.000 euros por ese trabajo. Otro caso es el de un largo pleito por la denuncia de unos vecinos sobre el uso de una zona verde. La última sentencia fue de diciembre de 2008 y fue condenado el consistorio. En esos litigios intervino el socio-director del despacho, Alberto Dorrego,.También el presidente del CEU, Alfredo Dagnino Guerra, es uno de los socios de Eius Abogados,

francisco Enrique camps Ortiz . Imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la C.Valenciana y posteriormente - 3 de Agosto 2009 - la Sala de lo Penal de ese mismo Tribunal decide archivar la causa . Presidente de la Generalitat Valenciana, desde mayo de 2003 y Presidente Regional del Partido Popular de la Comunidad Valenciana desde abril de 2004.Licenciado en Derecho, casado y con tres hijos, Según Garzón está implicado en la trama valenciana. Se le atribuye recibir en especie trajes a la medida por un importe de 12.783 €. Las facturas de los trajes de Camps se pagaron en su totalidad, según los datos facilitados al juez por la empresa Forever Young, con transferencias bancarias y cheques de las firmas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico del entramado de Correa. Según las declaraciones del sastre José Tomás, Francisco Camps es "destinatario de otras compras efectuadas durante 2008 cuyo pago se efectuó mediante transferencia de 4.040 euros de la empresa Orange Market -documento 31 de la causa- a cuyo nombre se realizó la factura -documento 30-". El presidente Camps todavía no ha aportado facturas que demuestren que él pagó de su bolsillo los trajes. Según el auto de Garzón, constan dos pedidos en Milano a nombre de Francisco Camps. El primero tiene fecha de 24 de enero (un día antes de la inauguración de Fitur) y el segundo de 26 de enero. Francisco Camps estuvo en Madrid el 26 de enero porque se celebraba el día de la Comunitat Valenciana. El juez precisa que, según la investigación policial, el pedido del día 26 de enero corresponde a dos trajes a medida de Camps que pagó la concesionaria del stand de Fitur por 1.400 euros. Camps telefoneó , al menos en ocho ocasiones al sastre . Las llamadas se produjeron cuando el sastre José Tomás declaraba ante la policía antes de pasar a disposición del juez Baltasar Garzón. Se ha inhibido a favor del TSJ de la C.Valenciana. Según alguna versión periodística en el año 2000 Camps trabajaba en la sede central del PP, en el número 13 de la calle Génova de Madrid. Colaboraba con Ana Mato en al área sectorial, antes de ser nombrado secretario de Estudios y Programas. Allí es cuando el ahora presidente de la Generalitat trabó relaciones con Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de Orange Market, la rama valenciana de la supuesta trama corrupta investigada por varios delitos En el año 2003, las empresas de Correa, que había estado en las campañas electorales de Aznar en 1996 y en 2000, comenzaron a perder predicamento en la dirección del PP. En ese momento, 2003, Camps se hizo con la presidencia de la Generalitat, lo que coincide en el tiempo con el asentamiento de el Bigotes en Valencia, donde montó Orange Market. Camps asistió a la boda del El Bigotes en marzo de 2008. El banquete se celebró en las instalaciones de la Copa del América. Entre los invitados estuvieron también el vicepresidente primero del Consell, Vicente Rambla, y el portavoz parlamentario y secretario regional del PP, Ricardo Costa.

ISABEL BAS. Esposa de Francisco Camps. Copropietaria de la mitad de la farmacia que posee en la Plaza del Ayuntamiento de Valencia. Bas decidió vender la farmacia que tenía en la localidad valenciana de El Puig en 2003 para estar más cerca de Francisco Camps durante la campaña electoral que le llevaría al gobierno de la Generalitat. Luego decidió adquirir una nueva en el centro de Valencia y compró el 50% de una farmacia en la Plaza del Ayuntamiento. Se lo vendió Jose Miguel Escrig Navarro, actual subsecretario de la Conselleria de Ecomomía, Hacienda y Enpleo, es decir, 'número dos' del departamento que dirige Gerardo Camps. Antes fue director general de Presupuestos. La otra mitad del negocio corresponde a una íntima amiga suya, la mujer de José Luis López Guardiola, un abogado y profesor en la Universitat de València, que entró como asesor en 1997 en la Conselleria de Educación cuando Camps era el titular y que luego fue asesor en Presidencia. En 2007 fue nombrado consejero delegado de Ciegsa, una de las empresas de la Generalitat más polémicas. Es además primo de la actual consellera de Justicia y portavoz del Consell, Paula Sánchez de León Guardiola. Ciegsa es una empresa pública que se encarga de la construcción de colegios e institutos. Cuando Camps llegó a la Generalitat la deuda de la firma era de 1.000 millones de euros y ahora supera los 2.500 millones. Recibió como regalo de El Bigotes un bolso de Loewe. 780 E

RITA BARBERA. ex Presidenta de la FEMP y actual alcaldesa de Valencia. Diputada regional. Durante su mandato en la FEMP, a través Álvaro de la Cruz, su hombre de confianza, sugerido por Cascos, se contrataron los servicios de empresas ligadas a la trama Gürtel por un importe no inferior a 800 mil €. La alcaldesa no ha negado recibir regalos de los propietarios de esas empresas adjudicatarias en forma de bolsos de Vuitton y algun que otro detalle más.
Orange Market. CONTRATOS CON LA GENERALITAD

- Consejería de Presidencia. La empresa se adjudicó con el ex consejero Esteban González Pons la Guía de la Comunicación. Con Vicente Rambla, logró por 445.000 euros la fiesta de inauguración de la Volvo Ocean Race.

- Consejería de Turismo. Adjudicación de los pabellones de Fitur entre 2005 y 2009, por un importe global que ronda los 5,5 millones de euros.

- Consejería de Medio Ambiente. A través de Vaersa. Empresa pública del Gobierno de Camps. Orange Market fue la adjudicataria a dedo una campaña sobre el uso del contenedor amarillo por 138.678 euros se hizo por procedimiento negociado sin publicidad. Sobre el papel se consultaron tres firmas. En realidad, eran la misma con tres caretas: la citada Orange Market, Easy Concept (entonces llamada Down Town Consulting) y Boomerangdrive. Las dos primeras están en el centro de la trama investigada. Las tres tenían al mismo administrador único, Luis de Miguel Pérez. Las ofertas supuestamente presentadas no pasaron por el registro de entrada ni estaban en el expediente cuando el Síndic hizo el informe. No se levantaron actas de la apertura de ofertas ni de decisión de ninguna mesa de contratación. Pliego de condiciones no hubo, por lo que no constaba ni plazo de presentación ni criterios de valoración técnica de las ofertas. ¿Qué se publicó en el DOCV? Nada. ¿Cómo se justificó la adjudicación, entonces? Solamente en la experiencia que acumulaba la empresa. Que llevaba funcionando desde el 24 de julio de 2003. Puestos a comparar, una de las otras tarjetas de visita que presentó Luis de Miguel Pérez-concretamente Boomerangdrive- tenía más edad, dado que esa otra firma nació el 8 de octubre de 2002. A Orange Market tampoco se le pidió ningún aval, como es preceptivo. Ni siquiera el DNI que figuraba en el contrato se correspondía con el del representante legal de la empresa. Una de las mayores irregularidades fue cobrar el 50% del contrato (69.310 euros) y no devolver esa cantidad pese a que la campaña nunca se hizo. Sobre toda esta ristra de anomalías, el conseller de Medio Ambiente, José Ramón García Antón, no ha dicho nada en las Corts. El informe de la Sindicatura de Comptes de 2004 puso de manifiesto numerosas irregularidades en los contratos de esta empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa), de la Conselleria de Medio Ambiente, entonces dirigida por Rafael Blasco.

- Consejería de Bienestar Social. Dos actos de una de sus fundaciones por cerca de 32.000 euros.

- Consejería de Cultura. Un contrato de 100.000 euros en el décimo aniversario de Castelló Cultural.

- Feria Valencia. La empresa Orange Market que preside Álvaro Pérez, El Bigotes, se encargó de trabajos relacionados con la web de Feria Valencia y con el diseño de folletos institucionales. Pero el contrato más sustancioso para Orange Market fue por su cuantía -unos 800.000 euros un plan de marketing para Hábitat elaborado a iniciativa del director general, Carlos Vargas. El comité organizador de Hábitat tuvo la primera noticia de la campaña en una reunión convocada en junio de 2008 por Vargas, en la que Álvaro Pérez distribuyó entre los organizadores un material gráfico que a algunos de los presentes les pareció pretencioso por su coste, pero pobre en diseño. Belén Juste, directora de la institución ferial entre los años 2000 y 2006 y consejera de Industria y Comercio del Gobierno de Camps desde 2007, habló de Orange Market en un acto donde le preguntaron sobre posibles vinculaciones de esta empresa con el departamento que dirige. Juste negó cualquier relación de la consejería con Orange Market, pero añadió: "No puedo ni debo hacer ninguna valoración porque es una empresa estupenda".La empresa de Álvaro Pérez organizó en Feria Valencia los congresos regionales del PP en 2002, y en 2008. En el congreso nacional del año pasado tuvo un encargo menor. El recinto ferial ha albergado numerosos actos del PP, entre ellos una convención en 2005 bajo el lema, Imagina más Comunidad; dos mítines con Mariano Rajoy en 2006 y 2007, y un acto de precampaña ese mismo año.

- Fundación Agua y Progreso. Contrato de 13.502 euros para un acto de la campaña Agua para todos con Special Events, la empresa madre de Orange Market.

- RTVV. Un servicio de transporte y montaje de mesas por 2.178 euros.

- Otros encargos. Orange Market trabajó para el Open de Tenis en Valencia e hizo un vídeo del hospital Clínico.
Sociedad para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat. Adjudicó a Orange Market, sociedad presidida por Álvaro Pérez,la cabalgata con la que se festejó la salida desde Alicante de la vuelta al mundo a vela. Según el contrato, el 20 de agosto de 2008 la sociedad de la Generalitat acordó contratar la fiesta, el 1 de septiembre invitó a tres empresas a presentar ofertas, entre ellas Orange Market-. La empresa de Álvaro Pérez entregó su propuesta el 9 de septiembre y tres días después, el 12, se quedó con un contrato valorado en 445.000 euros más IVA. Los plazos fueron más que ajustados porque la fiesta de inauguración se celebró solo siete días después de la adjudicación del contrato.

RICARDO COSTA CLIMENT, Imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la C.Valenciana y posteriormente - 3 de Agosto 2009 - la Sala de lo Penal de ese mismo Tribunal decide archivar la causa. Dimite y/o es cesado como Secretario General del PP en valencia y Portavoz de los genoveses en el Parlamento de esa C.A.tras conocerse sus conversaciones con El Bigotes y sus implicaciones en la trama. Pertenece al denominado Clan Costa. Es socio de una asesoría en Castellón, que medió en la compra de una de las empresas del caso Fabra.Ocupa el cargo de Diputado de las Cortes Valencianas y el de Secretario General del Partido Popular de la Comunidad Valenciana. Según Garzón está implicado en la trama valenciana.Se le atribuye recibir en especie trajes a la medida por un importe de 7.325 €. El magistrado, recurriendo al documento 71, sostiene que los trajes de Costa los pagaron las empresas Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico.Garzón incide en que los hechos relacionados con las conductas de Camps y Costa se apoyan en datos e indicios como "facturas, listas de clientes (de Forever Young), patronajes y declaraciones policiales y judiciales". Costa contrató la mayoría de los eventos del partido y del grupo parlamentario con Orange Market. Recibió como regalo de El Bigotes una maleta de Loewe valorada en. 1.100 E

JOSÉ VÍCTOR CAMPOS GUINOT. Imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la C.Valenciana y posteriormente - 3 de Agosto 2009 - la Sala de lo Penal de ese mismo Tribunal decide archivar la causa .Ex Vicepresidente de la Generalitat Valenciana y ex Consejero de Justicia y Administraciones Públicas. Dimitió en el año 2007.Ex secretario de Organización del PP en la C. Valenciana. Representó la cuota del presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, en el Gobierno valenciano en la anterior legislatura. Ocupó los puestos de consejero de Justicia, primero, y vicepresidente, después. Dimitió en 2007 para dedicarse a los negocios. Como vicepresidente participó en la organización de la visita del Papa y los contactos para llevar la fórmula 1 a Valencia. Fabra lo repescó en octubre pasado para el PP provincial de Castellón. Según Garzón está implicado en la trama valenciana. Se le atribuye recibir en especie trajes a la medida por un importe de 4.850 €. Ha solicitado la baja voluntaria como militante del PP
RAFAEL BETORET PARREÑO, Imputado por el Tribunal Superior de Justicia de la C.Valenciana y posteriormente - 3 de Agosto 2009 - la Sala de lo Penal de ese mismo Tribunal decide archivar la causa .Concuñado de Carlos Fabra, Betoret accedió al puesto de jefe de gabinete de la Consejería de Turismo con Milagrosa Martínez en la primera legislatura de Camps. En 2005, con Betoret ya en este puesto, Orange Market obtuvo el primer concurso para montar el pabellón de la Comunidad Valenciana en Fitur. Al ser nombrada Milagrosa Martínez presidenta de las Cortes en 2007, Betoret pasó a jefe de protocolo de la Diputación de Valencia.

David Serra.ex secretario autonómico de Deportes Recibió como regalo de El Bigotes unos gemelos de 100 euros. Vicesecretario de Organización del PP regional y portavoz adjunto en las Cortes valencianas. Hombre de confianza de Costa en la gestión diaria del partido. Según la policía, participaba en la decisión de los conceptos por los que facturaba Orange Market, preparaba los cheques y fijaba el cómputo total.

Yolanda García Santos, ex jefa del gabinete del ex consejero de Cultura Alejandro Font de Mora y actual diputada autonómica. Recibió como regalo de El Bigotes un bolso de 290 euros. Tesorera regional del Partido Popular en la Comunidad Valenciana y diputada autonómica por Alicante. El informe policial sobre financiación ilegal indica que libraba los fondos a indicación de Costa con conocimiento de que las facturas que le cobraban al PP eran por conceptos ficticios.

Vicente Rambla. Vicepresidente primero del Consell y consejero de Industria y Comercio. Hasta el pasado agosto presidía la empresa pública Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Generalitat. Desde esta empresa se adjudicó a Orange Market parte de los eventos de las regatas Volvo Ocean Race por 450.000 euros.

Pedro García. Director general de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) y ex jefe de prensa del presidente Camps. No está imputado .Aparece en el auto de Garzón en tanto que fue obsequiado con trajes.Recibió como regalo de El Bigotes una bufanda de CH. 180 E. El pasado 28 de Agosto presentó su dimisión como D.G de RTVV

BERNABÉ CANO. Alcalde de La Nucia. Grabadas comprometidas conversaciones de algunos imputados en la trama corrupta sobre negocios inmobiliarios en La Nucia. A Francisco Correa lo grabaron contando el negocio que iban a hacer con el PAI Pie de Monte (casi 400.000 metros de techo en menos de un millón de metros de suelo), del que acabarían repartiéndose 72 millones de euros.Las malas compañías de las que se rodeó el alcalde -desde que en 2002 contratara a Special Events para organizar en La Nucia la gala de los premios periodísticos Luis del Olmo- han acabado siendo su perdición. Que se sepa hasta hoy, con Cano se han relacionado Francisco Correa, Jacobo Gordon, Álvaro Pérez (del que reconoció su íntima amistad) o Pablo Crespo, que incluso tenía un barco en el Club Náutico de Altea. Su empecinamiento por invertir en La Nucia fue más que evidente. Y ahora los cuatro amigos de Cano están imputados en el caso Gürtel y los planes urbanísticos paralizados.

Esteban González Pons. Vicesecretario de Comunicación del PP . En relación con un negocio urbanístico que gestionaba en La Nucía (Alicante) y topaba con restricciones legales, Correa manifestó a fines de 2006: "Lo desbloqueo yo con el contacto, con el hijoputa de Esteban González Pons, me lo arregla con el pollo que está cayendo en Valencia".

Ana Michavila. Hermana del ex Ministro de Justicia, José Mª. Es Jefa de gabinete de Camps. Recibió como regalo de El Bigotes un Portafolios de CH. 220 E. Dimite del cargo el pasado 17 de Octubre

EMPRESAS VALENCIANA CITADAS POR LA POLICÍA Y PRESUNTAMENTE IMPLICADAS FINANCIACIÓN PP

Cuatro de las principales empresas valencianas de la construcción son señaladas en el informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía por haber financiado ilegalmente al PP con la cobertura de Orange Market, compañía de la trama corrupta del caso Gürtel. Se trata de las castellonenses Lubasa y Facsa, de la alicantina Ortiz e Hijos y de la valenciana Sedesa. A ellas se añade Piaf, una concesionaria de menor entidad. Facsa, Lubasa y Sedesa desmintieron ayer su relación con la trama.

El administrador de Servicios de Excavaciones, SA, (Sedesa) es Vicente Cotino Escrivà, sobrino de Juan Cotino, vicepresidente con Francisco Camps. Según cálculos de la oposición socialista, Sedesa ha facturado al Gobierno valenciano en 10 años más de 830 millones. Vicente Cotino llevó en su avión privado al ex director general de Ràdio Televisió Valenciana, Pedro García, dimitido hace un mes, a una fiesta en Marraquech en diciembre de 2007 con unos amigos entre los que estaba Álvaro Pérez, jefe de Orange Market.

Sedesa y Ortiz comparten negocio en el ámbito de las residencias de ancianos, a través de Savia, firma que recibió 15,9 millones del Ejecutivo autonómico en 2007. Ortiz, por su parte, es el urbanizador del plan Rabassa, que prevé construir en Alicante 13.503 viviendas sobre 3,6 millones de metros cuadrados.

Lubasa explota la mayoría de los aparcamientos subterráneos de Castellón. Además, participa en la construcción del futuro aeropuerto y del circuito de Fórmula 1. Su propietario, Luis Batalla, fue condenado por un fraude fiscal de 2,2 millones. La condena le inhabilita para contratar con la Administración, pero el grupo presenta otras empresas a los concursos.

Fomento Agrícola Castellonense (Facsa), cuyo responsable es Enrique Gimeno, es concesionaria del suministro de agua potable de la mayoría de municipios de Castellón. Una de sus últimas actuaciones fue la construcción de la ciudad deportiva del Castellón C. F., a cambio de la recalificación de los terrenos.

Finalmente, Piaf es la concesionaria del servicio de mantenimiento de edificios de la Diputación y del Ayuntamiento de Castellón, contratos que le reportan más de un millón de euros anuales, aunque facturó al margen de estos contratos, entre 2008 y 2009, más de 10 millones al ayuntamiento y 1,3 millones a la diputación. Su responsable, Antonio Pons Dols, fue socio de Víctor Campos, imputado con Camps, Costa y Betoret por los regalos de la trama Gürtel.

PARTIDO POPULAR C. VALENCIANA. Según Garzón "En la contabilidad B de Serrano [la calle donde tenía su sede principal la red corrupta] aparece una hoja de ingresos y su distribución con un apunte de fecha 18 de diciembre de 2002. En dicho apunte figura una cantidad de 1.000.000 euros sin constar la procedencia de la misma. Dentro de la distribución de esa cantidad y como primer concepto aparece 'PP VLC', con una cantidad asociada de 420.000 euros"."El dinero recibido, 420.000 euros, se distribuyó para algo relacionado con el PP de Valencia. A partir de los datos anteriores se puede afirmar, de acuerdo con la información policial suministrada, que:

1. Consta una entrada de procedencia desconocida y en el reparto de la misma corresponde 420.000 euros hacia el Partido Popular de Valencia.

2. No existe lógica en dicho traspaso ya que un dinero generado de las comisiones en adjudicaciones amañadas de Francisco Correa se deriva a una formación política que no tendría que participar en este tipo de operaciones.

3. Esta entrega podría obedecer a una participación en la propia adjudicación mediante la intervención directa de los responsables políticos para direccionar el resultado del concurso hacia la empresa que presente Francisco Correa. Este extremo está pendiente de investigación".

En el pen drive intervenido al contable aparece un archivo con el nombre Congreso regional de Valencia, desde septiembre de 2002 a enero de 2003, conteniendo los siguientes apuntes:

El 10 de diciembre de 2002 cobro en A por valor de 90.181 euros y cuatro cobros en B en efectivo por un importe de 150.421 euros recibidos en efectivo".

[El Congreso al que se refiere es el X Congreso regional del PP que se celebró en Valencia el 28 de septiembre de 2002].

"El pago por los gastos de organización del congreso del Partido Popular en Valencia facturados por Orange Market y abonados por el Partido Popular valenciano se realizó, aparentemente, con dinero de procedencia A y B fuera del control fiscal y en efectivo".

Las relaciones de la trama de empresas de Correa con el PP valenciano fueron denunciadas por sendos informes del Tribunal de Cuentas en las últimas elecciones autonómicas. Los auditores públicos se quejaron en las conclusiones de su informe de que las empresas de Correa no entregaron al Tribunal de Cuentas las facturas que permitían justificar los gastos que el PP declaró durante la campaña electoral en la Comunidad Valenciana.

Milagrosa Martínez, ex consejera de Turismo y actual presidenta de las Cortes valencianas. Recibió como regalo de El Bigotes un reloj de 2.400 euros de una acreditada joyería de Madrid.

Juan Cotino, consejero de Bienestar Social del Gobierno valenciano y vicepresidente tercero del Gobierno de Camps. Recibió como regalo de El Bigotes un chaquetón de unos 300 euros.

Adela Pedrosa, ex secretaria general del PP valenciano y actual alcaldesa de Elda. Recibió como regalo de El Bigotes un pañuelo de 140 euros

Yolanda García Santos, ex jefa del gabinete del ex consejero de Cultura Alejandro Font de Mora y actual diputada autonómica. Recibió como regalo de El Bigotes un bolso de 290 euros

Alejandro Font de Mora, ex consejero de Cultura y actual consejero de Educación. Recibió como regalo de El Bigotes una corbata de 452 euros

Jorge Bellver, concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Valencia. Recibió como regalo de El Bigotes unos gemelos de 100 euros.

Enrique Pérez Boada, director general del Instituto Valenciano de Finanzas. Recibió como regalo de El Bigotes unos gemelos de 100 euros

César Sánchez, ex asesor de Camps. Actual diputado autonómico. Recibió como regalo de El Bigotes unos gemelos de 100 euros

Isabel Bas. Esposa de Francisco Camps. Recibió como regalo de El Bigotes un bolso de Loewe. 780 E

Hijo de Camps. Recibió como regalo de El Bigotes un Robot juguete Aibo. 1.800 E

Víctor Campos. 'Vicepresident' valenciano. Recibió como regalo de El Bigotes corbata de Hermés. 115 E

Lourdes Soriano. Mujer de Pedro García. Recibió como regalo de El Bigotes un bolso de CH. 290 E

Nuria Romeral. Secretaria regional de Comunicación. Recibió como regalo de El Bigotes un Portadocumentos de CH. 230 E

JUAN LUÍS DE LA RUA. Presidente del TSJCV. Se le atribuye una amistas manifiesta con el Pte Camps. En un acto publico el 19 de septiembre del año 2008, en la toma de posesión de la nueva consellera de Justicia Paula Sánchez de León. Camps pronunció la siguiente frase : «Tendremos que buscar en el diccionario otra palabra distinta a ˝amistad˝ que resuma esta íntima y sentida relación entre De la Rúa y el presidente de la Generalitat». Muestra de esa amistad es también la presencia de De la Rúa en un acto electoral del PP. Fue en la precampaña de las autonómicas de 2007. El presidente del TSJ fue el invitado estrella de la presentación del programa del partido en materia de justicia. De la Rúa acudió al acto a pesar de que ostentaba la presidencia de la Junta Electoral. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) es la que deberá juzgar, en caso de que haya imputación y posterior acusación, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a cualquier otro miembro electo de Les Corts Esta Sala está formada por cinco magistrados. Tres de ellos han sido elegidos por el Consejo General del Poder Judicial. Son los jueces de carrera Juan Luis de la Rúa, José Flor y José Ceres. Los dos restantes fueron elegidos por los partidos más representativos en Les Corts. Se trata de dos catedráticos de la Universitat de València, Juan Montero (PP) y Juan Climent (PSOE).De los jueces de carrera, Juan Luis de la Rúa y José Ceres pertenecen a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mientras que José Flors es de «Francisco de Vitoria, de carácter más moderado y progresista.

José Flors Matíes. Juez de la La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que deberá juzgar, en caso de que haya imputación y posterior acusación, al presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y a cualquier otro miembro electo de Les Corts. Aficionado a la música y la montaña .Pertenece a la Asociación Francisco de Vitoria. 60 años. Lleva más de 30 vistiendo la toga, desde el Juzgado de Instrucción número dos de Valencia en sus inicios hasta la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).Dirige la Revista jurídica y ha firmado decenas de análisis sobre leyes y códigos del ordenamiento español. Hace un año frustró las intenciones de Eduardo Zaplana cuando éste se querelló contra dos diputados autonómicos y dos empresarios por unas grabaciones que le vinculaban al cobro de comisiones ilegales en Terra Mítica. Y hace 11 años instruyó una causa contra el entonces consejero popular Luis Fernando Cartagena por supuesto delito fiscal en las cesiones de crédito del Santander. Mucho antes, en 1986, llevó ante un tribunal al juez Guillermo Forteza, que acabaría expulsado de la carrera. Está casado y tiene dos hijos.

Fernando de Rosa. Vicepresidente del órgano de gobierno de los jueces. Fue hasta hace cinco meses conseller de Justicia a las órdenes de Camps. El 20 de febrero atacó duramente al juez Garzón, acusándolo de rozar la prevaricación en la instrucción del caso Gürtel. Ese mismo día, había mantenido una reunión con su antiguo jefe.

Ricard Cabedo, Fiscal Jefe de la Comunitat Valenciana.Tras su llegada a Valencia hace cuatro años fue recibido por una salva de ataques a su persona y a su cargo por parte del PP valenciano. Precisamente, uno de los investigados, Ricardo Costa, calificó al Fiscal Superior cuando fue nombrado como «árbitro comprado del Gobierno de Zapatero».

Álvaro Pérez Alonso : "El bigotes". Centraba su actividad en la Comunidad Valenciana tras haber tenido un aterrizaje triunfal: el gran mitin de Mestalla de 1996, que organizaron Special Events y Jesús Sánchez Carrascosa, asesor de Eduardo Zaplana. El era un trabajador más, pero participó en el mayor acto electoral celebrado hasta la fecha por un partido, que abarrotó las gradas y el terreno de juego con 55.000 seguidores. Pérez trabajaba como asesor externo de José María Aznar en Génova. Fue entonces cuando el actual presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, vio por primera vez al hoy investigado por Baltasar Garzón. Los siguientes encuentros se produjeron en los congresos nacionales del PP de 1999 y 2002. En 1999, Special Events organiza parte de la campaña electoral de Zaplana a la Generalitat y percibe por ello 10 millones de pesetas. Es la tercera firma en facturación (Media Estrategia cobra 22,3 y Grupo Cencal, 13,3). En conversaciones grabadas por la policía queda acreditada su amistad con Camps :

Camps. Feliz Navidad, amiguito del alma. Oye... que te sigo queriendo mucho.

Á. Y yo también... tenía que haberte llamado, te quería haber llamado, para contarte todo, cómo fue, para decirte que tienes un amigo maravilloso, Romero, y que el otro es un tipo excepcional, ¿eh?

C. Ya, ya lo sé, pero sobre todo para decirte que te quiero un huevo.

Á. Bueno, qué... contarás durante muchos años con mi lealtad, ¿vale?

C. Perdona, ¿durante muchos años? No, hijo de puta, durante toda tu vida. Ja, ja...

Francisco Javier Pérez Alonso. Aunque la cara visible de Orange Market es Álvaro Pérez Alonso, el representante oficial de la empresa para todas esas gestiones publicitarias era su hermano, Francisco Javier , entonces administrador único de la empresa y de otras tres sociedades vinculadas a Pablo Crespo Sabaris, ex secretario de organización del PP en Galicia, detenido por orden del juez Garzón, y a Ramón Balín Blanco, también imputado en la misma investigación. Ofrecía un domicilio social, en el número 133 de la calle de Guzmán el Bueno, en Madrid, distinto del de Orange Market en Valencia, era también administrador único de Easy Concept Comunicación, SL; de Caroki, SL, y de Good and Better, SL, todas ellas empresas de la trama que investiga el juez de la Audiencia Nacional. Pero Francisco Javier Pérez Alonso dejó sus cargos en las cuatro sociedades hace poco y casi simultáneamente, entre el 24 de septiembre y el 16 de octubre del año pasado. El denominador común de todas estas empresas, aparte de que sus consejos de administración agrupan a más de una decena de los 37 imputados por Garzón, es la vinculación al ex secretario de organización del PP en Galicia Pablo Crespo Sabaris, bien personalmente, bien a través de Hator Consulting, SA, empresa que comparte con Juan Ramón Balín Blanco y cuyo domicilio social estuvo precisamente en la calle de Guzmán el Bueno, número 133, en Madrid.

José Luis Urribarri. Imputado. Nacido en Burgos hace 54 años, es el presidente de Begar Construcciones y Contratas, SA, una empresa de obras que entre abril de 2004 y octubre de 2008 ha resultado adjudicataria de obras por 32.946.195 euros en tres consejerías (Transportes, Educación y Justicia) del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre. También recibió el encargo, junto a otras seis empresas, de construir el hospital Infanta Leonor de Vallecas. Juntas formaron una empresa (hospital de Vallecas, SA), que recibe 15,4 millones de euros de canon anual por el centro hospitalario. Su negocio más conocido en Valencia es Mediamed, empresa desde la que, con otros socios, se ha hecho con el control de 13 televisiones digitales adjudicadas por el Gobierno que preside Francisco Camps (PP). Begar también ha logrado en Valencia dos aparcamientos y un colector de la Generalitat. El Gobierno valenciano le concedió con la constructora Ocide la obra del hospital de Lliria por 25 millones. El trato de Correa con Ulibarri es casi íntimo. "Os traigo a Ulibarri y se sienta con vosotros dos; soy amigo de los dos; le he vendido mi barco a Ulibarri, en la parcela de Boadilla me ha dado unas pesetas por la parcela. Debemos ayudarlo".

José Tomás GARCÍA. Sastre de Milano y Forever Young . Segú sus declaraciones ante el juez Garzón : "La secretaria de [Ricardo] Costa me llamaba, me encargaba los trajes, me preguntaba cuánto había que pagar y, luego, venía Álvaro Pérez y pagaba. Si el dinero era suyo o no, eso, a mí, ya no me compete". Era también el sastre del presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y del secretario general del PP, Ricardo Costa. Ambos figuran en el auto del juez Baltasar Garzón, junto a dos imputados, el ex vicepresidente del Consell Víctor Campos y el ex jefe de gabinete de la Consejería de Turismo Rafael Betoret, que también se hicieron trajes con Tomás.El auto del juez Garzón explica que en la relación de pagos a cuenta de Orange Market en Milano "consta un pedido de fecha 26/01/2006 por un importe de 2.400 euros a nombre del señor Costa que corresponde a tres trajes a medida". Y añade: "Se abonan junto con otros pedidos mediante dos talones de 10.672 y 16.936 euros declarados por la tienda el día 15/09/06 e ingresado en Barclays el día 20/09/06 con cargo a Orange Market".Y en cuanto a la compra de trajes en Forever Young señala que el nombre de Costa figura relacionada con una cantidad de 4.925 euros. "Su nombre", añade el juez en referencia a Costa, "figura en varias hojas del listado de encargos de sastrería donde constan las medidas de esta persona" y que hacen mención a "un traje (americana pantalón) y a dos pantalones, así como a otros pedidos de prendas". El auto resume que Costa gastó en ambas tiendas madrileñas un total de 7.325 euros -2.400 en Milano y 4.925 en Forever Young. Por lo que respecta a Francisco Camps, el juez detalla compras por valor de 4.700 en Milano y de 8.083 euros en Forever Young, también pagados por empresas de la trama de corrupción de la que forma parte El Bigotes. También aparecen como beneficiarios de trajes Víctor Campos y Rafael Betoret, que desde el día que se hizo público el auto del juez de la Audiencia Nacional han guardado un silencio absoluto.

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