NOTICIAS
DIVERSAS SOBRE LA TRAMA EN GENERAL 2012
CASO GÜRTEL: OBJETIVO DINAMITARLO
Tras la inhabilitación de Garzón y la destitución
de los investigadores antifraude, el defensor de Correa quiere anular a las
dos fiscales del casoSegún ha publicado el diario El Mundo, el defensor de
Francisco Correa, actualmente en prisión por orden de Baltasar Garzón como
presunto líder de la trama, ha pedido en un escrito al jefe de la Fiscalía
Anticorrupción, Antonio Salinas, que “sustituya a las representantes del
Ministerio Público en el caso, una vez se constate el nivel de intervención
de ambas en las escuchas que dieron lugar a la condena de Baltasar Garzón”.
Eliminar delitos
“Si se desnaturaliza la postura de las fiscales,
si se cuestiona su parcialidad, el proceso queda dinamitado-añadieron las
citadas fuentes-. Y puede ocurrir que de los diversos delitos fiscales
planteados, al final solo quede uno, el número de imputados se reduzca y
Francisco Correa vaya a la calle”.´
Francisco Correa tiene fijada actualmente fijada
una fianza de un millón de euros (inicialmente era de 15 millones, pero la
Audiencia Nacional redujo en enero sustancialmente tal cantidad). Aun así,
se trata de una cifra muy elevada que no es fácil conseguir.
Complicadas situaciones económicas
“En algunas ocasiones, las situaciones económicas
de los imputados pueden ser complicadas y no hay que olvidar que se producen
gastos importantes, simplemente, por ejemplo, por la necesidad de pagar a
los abogados. No tiene nada de particular que en este tipo de casos haya
bufetes que queden prácticamente bloqueados al no percibir sus honorarios…
por pura imposibilidad de sus clientes de hacerlo”, comentaban las mismas
fuentes.
En cuanto al planteamiento de futuro: “No sería
extraño que Choclán pensara en presentar una querella contra estas fiscales
Myriam Segura y Concepción Sabadell, a fin de conseguir dar un giro a la
situación”, concluyeron.
Torres Dulce se opone
Esta última afirmación puede ir muy encaminada, ya
que tal vez sea la única vía que le quede al letrado para conseguir apartar
del caso a las dos fiscales después de que el Fiscal General del Estado,
Eduardo Torres Dulce, haya aclarado que no existen motivos para hacerlo y
que así lo expondrá la Fiscalía “de forma clara y tajante”. Torres Dulce
hizo estas declaraciones en un desayuno organizado por Nueva Economía-Forum
en el que también comentó que la Fiscalía se va a oponer a la petición de
nulidad de la sentencia que condenó a Garzón por el caso de las escuchas,
presentada por su abogado defensor. Esta petición de nulidad es un requisito
previo para poder presentar recurso de amparo ante Tribunal Constitucional.
www.elplural.com 02.03.12
MÁS COINCIDENCIAS ENTRE LOS JUECES DE LAS ESCUCHAS Y LOS
DEFENSORES DE LOS ‘IMPUTADOS GÜRTEL’
Un total de nueve jueces de las causas contra
Garzón -incluyendo la sala al completo del juicio de las 'escuchas'-, uno de
los letrados que le acusaron y otros seis abogados más que asumieron la
defensa de personas relacionadas con 'Gürtel', aparecen juntos en el anuncio
de un curso de la Universidad Rey Juan Carlos.
Un master de la Universidad Rey Juan Carlos
incluía a los magistrados que condenaron por unanimidad a Garzón con varios
abogados de la trama y el acusadorLa falta de alumnos motivó que este master
sobre Derecho Penal Económico que preparó la URJC junto a la empresa KPMG y
que estaba programado desde septiembre de 2011 hasta junio de 2012 no se
llevara finalmente a cabo. El master se estuvo ofertando desde la página web
de la Universidad y mediante un completo folleto que incluye objetivos,
programa y profesores del curso. Según informan en el centro de información
de dicho master, pronto se abrirá de nuevo la convocatoria para el próximo
curso.
Ponente y acusador, en el Consejo Científico
El curso de Derecho Penal Económico cuenta con un
consejo científico. Como presidente figura el magistrado José Manuel Maza
Martín ponente en la admisión a trámite del caso de las escuchas, que acabo
con la condena a 11 años de inhabilitación de Baltasar Garzón. Entre los
vocales de dicho consejo se encuentra Gonzalo Rodríguez Mourullo que ejerció
la acusación en el citado caso contra Garzón. Rodríguez Mourullo era el
defensor del exdirigente popular Pablo Crespo Sabaris, imputado por la
Gürtel.
En la relación de profesores de este master
figuran magistrados, fiscales, abogados, catedráticos y profesores
universitarios.
Todos los jueces de las escuchas…
En el plantel de profesores figuran los siete
magistrados que componen la sala que juzgó y sentenció a Garzón: Joaquín
Giménez, presidente de la sala; Miguel Colmenero, ponente de la sentencia y
que forma parte, además de las salas de los otros dos casos contra Garzón;
Manuel Marchena, instructor del caso de Nueva York quien lo cerró por
prescripción, incidiendo en su convicción en la culpabilidad del acusado;
Andrés Martínez Arrieta que coincide en la causa del franquismo; Francisco
Monterde; Luciano Varela, instructor de la causa del franquismo; y Juan
Ramón Berdugo.
…Prego también…
Entre el profesorado se cita asimismo al exjuez y
ahora abogado Adolfo Prego, ponente en su día en la admisión a trámite de la
denuncia contra Garzón del denominado sindicato Manos Limpias por el tema
del franquismo.
…y muchos defensores Gürtel
En el capítulo abogados del profesorado figuran
una serie de letrados que en su día asumieron la defensa de personas
relacionadas con la trama Gürtel. Es el caso de Ignacio Ayala, de “Oliva
Ayala Abogados”, Joaquín Burkhalter abogado de “Cuatrecases Gonçalves
Pereira”; Adriana de Buerba (“Perez Llorca-Andres de la Oliva abogados”);
Ángel González Franco; Luis Rodríguez Ramos, Javier Sánchez Vera (“Oliva
Ayala Abogados”); y el citado Gonzalo Rodríguez Mourullo.
Por el mismo orden y atendiendo al auto inicial
Gürtel, se refieren las personas relacionadas con la trama cuya defensa
asumieron estos letrados:
Ignacio Ayala: defensor del entonces diputado
regional del PP Alfonso Bosch Tejedor y de Alberto López Viejo exconsejero
del PP en la Comunidad de Madrid y exdiputado regional.
Joaquín Burkhalter asumió la defensa de Arturo
Gianfranco Fasana a quien se acusó de gestionar en el exterior los recursos
económicos de la trama Gurtel.
Adriana de Buerba, defensora de César Tomás Martín
Morales, exvicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de
Boadilla, epicentro de la presunta trama corrupta.
Ángel González Franco representó a Santiago Lago
Borstein a quien se relacionaba con empresas de la trama.
Luis Rodríguez Ramos. Vicedecano del Colegio de
Abogados de Madrid quien motivó un informe del ICAM ante el juez instructor
y cuyo despacho se ocupó de la defensa por el caso Gürtel de los populares
Martín Vasco, Jesús Merino y Guillermo Ortega.
Javier Sánchez Vera representó a Jacobo Gordon
Levenfel (amigo de Alejandro Agag).
Lucha contra el blanqueo de capitales
Este master es una de las ofertas académicas fruto
del convenio entre URJC y la empresa KPMG que presenta así la cátedra:
“Bienvenidos a la página web de la Cátedra de Investigación Financiera y
Forense KPMG-URJC. La lucha contra el blanqueo de capitales, la financiación
del terrorismo, el fraude fiscal, los delitos socioeconómicos cometidos
mediante las nuevas tecnologías… Este es el objetivo y razón de ser de esta
Cátedra: fomentar una cultura ética y de transparencia en la investigación
financiera de los delitos económicos y fraudes en las empresas”.
www.elplural.com 21.02.12
EL PONENTE DE LA
CONDENA A GARZÓN POR LAS ‘ESCUCHAS’ DIRIGE FOROS EN UNA FUNDACIÓN JUNTO A
‘ABOGADOS GÜRTEL’
El magistrado Miguel Colmenero, ponente en el
juicio de las escuchas Gürtel que concluyó con la sentencia de
inhabilitación por prevaricación del juez Baltasar Garzón, figura desde el
año 2007 en la dirección de un foro de la Fundación para la Investigación
sobre el Derecho y la Empresa (Fide) junto a abogados defensores de personas
imputadas en el año 2009, precisamente en el sumario del caso Gürtel.
Además, alguno de los despachos a los que pertenecen estos letrados figuran
como patrocinadores de los foros organizados por esta Fundación y, por
tanto, del que dirige el magistrado Miguel Colmenero.
Los despachos de los letrados de algunos
‘populares’ imputados en la trama han financiado, además, estas actividades
Fide afirma en su presentación que quiere ser
referencia para los profesionales del mundo jurídico económico y que realiza
su actividad a través de foros de debate. El consejo académico está
compuesto por notables juristas. Celebran foros, mesas redondas y eventos
dirigidos por profesionales entre los que se encuentra el juez Miguel
Colmenero.
Los foros de Colmenero
Entre 2011 y 2012, Colmenero participó en la
dirección de dos foros: el de Jurisprudencia del Tribunal Supremo y el de
Derecho Penal de los Negocios y la Empresa. En este último coincidió en la
dirección, entre otros juristas, con Silvina Bacigalupo Saggese, Catedrática
de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid y Javier Sánchez-Vera
Gómez-Trelles, socio del bufete “Oliva – Ayala Abogados”. Este foro se viene
realizando con prácticamente el mismo equipo, desde el año 2007.
El abogado de Jacobo Gordon…
Estos dos
letrados tienen en común haber defendido a algunos de los imputados en el
caso Gürtel. Silvina Bacigalupo se hizo cargo de la defensa de
Francisco Javier del Valle Petersfeldt y Francisco Javier Sánchez Vera
Gómez Trelles representó a
Jacobo Gordon Levenfel (amigo de Alejandro Agag).
…y los de algunos populares Gürtel
Otro defensor de imputados en el caso Gürtel
que aparece en Fide, es el letrado Luis Rodríguez Ramos quien asumió la
representación los populares
Benjamín Martín Vasco (exdiputado en la Asamblea de Madrid),
Jesús Merino Delgado (exdiputado en el Congreso) y
Guillermo Ortega Alonso (exalcalde de Majadahonda), los tres
relacionados con la trama.
Quiso personar al Colegio de Abogados contra
Garzón
En octubre de
2011, apenas cuatro meses antes del juicio de las escuchas, el abogado y
catedrático Rodríguez Ramos intervenía junto al magistrado Miguel Colmenero
en el acto “Compliance y Derecho Penal”. En relación al proceso contra el
juez Garzón, este letrado protagonizó el debate sobre la conveniencia de
que el Colegio de Abogados de Madrid, del que es vicedecano, se personara
como acusación. El colegio finalmente se decidió por emitir un informe. Es
asimismo socio fundador y director de “Rodríguez Ramos Abogados”
Despachos que financian los foros
Fide cuenta con
un consejo asesor empresarial cuya función es, según definición de la propia
Fundación, la siguiente: “Promueven que la plataforma de reflexión
que pretende ser la Fundación se amplíe a los diferentes sectores
económicos, administrativos y jurídicos. Contribuyen económicamente al
desarrollo de las diferentes actividades. Está integrado por un conjunto de
empresas y despachos que financian y participan decididamente a la
Fundación”.
En el listado del curso 2011- 2012 de Fide, aparecen como empresas de
este consejo asesor empresarial diversos despachos de abogados. Entre estos
patronos de los foros figura el despacho “Oliva-Ayala” (Horacio Oliva
e Ignacio Ayala), del que forma parte, como ya hemos indicado, el letrado de
Jacobo Gordon. Horacio Oliva García se ocupó de la defensa de
Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal. Por su parte,
Ignacio Ayala Gómez, del mismo despacho, llevó la representación de Alberto
López Viejo (exconsejero del PP en la Comunidad de Madrid y exdiputado
regional).
Por otro lado, el despacho “Rodríguez Ramos
Abogados”, encargado de la defensa de los populares Martín Vasco,
Jesús Merino y Guillermo Ortega, también figura en el listado de
patrocinadores.
Curiosa coincidencia
El 9 de febrero de 2012 a las 19:30 de la tarde,
el juez Baltasar Garzón redactó un comunicado manifestando su rechazo hacia
la sentencia que esa misma mañana le habían comunicado. A esa misma hora, en
la sede de Fide, según su programa de actividades estaba previsto que el
magistrado Miguel Colmenero presentara la tercera edición de los
“Comentarios al Código Penal” obra coordinada por Conde Pumpido, ex
fiscal general del Estado y magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal
Supremo. Como es habitual en estos eventos el acto concluía con la
degustación de un vino español.
www.elplural.com 16.02.12
La ley
coloca a Eloy Velasco, excargo del PP, al frente del
juzgado de la red Gürtel.
Velasco
fue director general de Justicia de los Gobiernos
valencianos de Eduardo Zaplana y Francisco Camps
La condena de Baltasar Garzón
a 11 años de inhabilitación
abre una nueva batalla en la Audiencia Nacional. Se
trata de determinar quién ocupará el juzgado Central
de Instrucción 5, el destino del juez durante los
últimos 24 años y que, durante su suspensión, ha
sido ocupado por
Pablo Ruz.
El mejor situado, según fuentes de la Audiencia, es
Eloy Velasco,
su compañero del juzgado 6. Velasco fue ocho años
director general de Justicia de la Comunidad
Valenciana en los gobiernos de
Eduardo Zaplana
y
Francisco Camps,
ambos del PP. Ahora tendrá que lidiar con la mayor
trama de corrupción que afecta a ese partido, el
caso Gürtel.
El paso de Velasco al juzgado
de Garzón no es una decisión del
Poder Judicial,
sino un acto reglado. La
Ley Orgánica del Poder
Judicial obliga a
destinar “a la primera vacante que se produzca (...)
en los juzgados del mismo orden del lugar de la
plaza reservada” a los jueces que ocupen su puesto
en situación de adscritos, según su artículo 118.3.
El único juez de la Audiencia que ocupa su plaza en
esa situación es Velasco, ya que el titular de su
juzgado es
Manuel García Castellón,
actual magistrado enlace en Francia. Y la vacante
más inmediata, la del juzgado de Garzón, de cuya
condena tomó ayer conocimiento el órgano de gobierno
de los jueces.
El proceso es el mismo por el
que
Fernando Grande-Marlaska
obtuvo su plaza al frente del juzgado central 3 en
2006. Tras sustituir a Garzón durante su estancia en
Nueva York, Marlaska quedó adscrito a la Sala de lo
Penal. En cuanto la anterior titular del juzgado,
Teresa Palacios,
pasó a la Sala, el juez ocupó la vacante que esta
dejaba.
Que
Velasco sea destinado a esa plaza no quiere decir
que, necesariamente, tenga que ocuparse del caso
Gürtel. El magistrado podría abstenerse dada su
pasada relación con el partido al que pertenecían
algunos de los imputados y que supuestamente se
aprovechaban de adjudicaciones de administraciones
gobernadas por esa formación. El juez también podría
ser recusado por las partes personadas en el caso.
Por otro lado, hoy comienza el
proceso de nombramiento del nuevo presidente de la
Sala de lo Penal de la Audiencia con las entrevistas
de siete candidatos. El puesto es clave
ante el final de ETA
ya que la sección que preside, la primera, tiene la
última palabra sobre los presos de la banda. Fuentes
del Poder Judicial aseguran que las opciones del
actual titular,
Javier Gómez Bermúdez,
han quedado muy mermadas al haber sido cuestionado
tanto por vocales conservadores como por algunos
progresistas.
Bermúdez compite con otros
cinco magistrados de la Audiencia Nacional —Javier
Martínez Lázaro,
Alfonso Guevara,
Ángel Hurtado,
Teresa Palacios y Fernando Grande-Marlaska— y con
Juan Pablo González,
de la Audiencia de Madrid. Tras las entrevistas, la
comisión de calificación del Poder Judicial se
quedará con tres nombres entre los que elegirá el
Pleno.
www.elpais.es
15.02.12
GARZÓN DICE ADIÓS A LA CARRERA JUDICIAL AL SER
CONDENADO A 11 AÑOS DE INHABILITACIÓN
El exmagistrado de la Audiencia Nacional tiene
otras dos causas pendientes
El fallo ha sido adoptado por unanimidad de los
miembros de la Sala de lo Penal del Supremo
El condenado se muestra "desolado" y estudia un
posible recurso ante el Tribunal Constitucional
El juez que destapó el
caso Gürtel, que desarticuló una
trama corrupta especializada en el saqueo de fondos públicos, y que sacó de
la política a dos decenas de dirigentes del PP que colaboraron en el
pillaje, ha sido expulsado de la carrera judicial.
El magistrado Baltasar Garzón, titular
del Juzgado de Instrucción Central número 5 de la Audiencia Nacional desde
1988, ha sido condenado a 11 años de inhabilitación y expulsado de la
carrera judicial por el Tribunal Supremo a instancias de los cabecillas de
la trama corrupta
Gürtel, vinculada al
Partido Popular.
Garzón desarticuló esa red corrupta en los
primeros meses de 2009 tras casi un año de investigación secreta. La
sentencia arremete contra el juez con una dureza extraordinaria, tachando a
Garzón de “arbitrario” y “totalitario”, y le acusa de “laminar derechos” y
ordenar
prácticas “propias de sistemas políticos
ya superados” al intervenir las comunicaciones en la cárcel de los corruptos
con sus abogados.
Garzón rechazó anoche “frontalmente” la sentencia
del Supremo, adoptada por unanimidad de los
siete magistrados del tribunal, por
entender que le condena de forma “injusta y predeterminada”. El juez se
queja de que sus derechos han sido “sistemáticamente violentados” con “una
sentencia que ya estaba anunciada desde hace meses”. Defiende su actuación
en el caso Gürtel, critica
que le hayan impedido aportar pruebas y considera una “aberración” que la
sentencia diga que la cláusula en la que previno el derecho de defensa
“revela que sabía que su resolución afectaba a ese derecho”. Garzón anunció
que recurrirá la sentencia a través de las vías legales que correspondan.
El Supremo pone fin así a la trayectoria del juez
español más reconocido a nivel internacional, cuyo triple encausamiento ha
sido descalificado por juristas de todo el mundo. Es también el punto final
a sus 31 años de carrera judicial, 22 de ellos en la
Audiencia Nacional, durante los que
desarticuló el entramado de ETA y su entorno, combatió otras formas de
terrorismo, desmanteló multitud de redes de narcotráfico y blanqueo de
capitales,
ordenó la detención del general Pinochet
y persiguió los crímenes contra la humanidad de dictaduras
latinoamericanas.
El Supremo le ha impuesto una condena de 11 años
de inhabilitación especial para el cargo de juez o magistrado con pérdida
definitiva de su cargo, una multa de 2.520 euros y las costas del juicio,
incluidas las de las acusaciones particulares. Es decir, que tendrá que
pagar a los cabecillas de la Gürtel,
Francisco Correa y
Pablo Crespo, las minutas de sus
abogados, además de la del querellante inicial, su antiguo compañero
el exfiscal Ignacio Peláez.
La sentencia ha sido adoptada
por unanimidad de los siete juzgadores.
Al presidente, Joaquín Jiménez y al magistrado Andrés Martínez Arrieta se
les atribuían posiciones menos beligerantes contra Garzón. Sobre la posición
del ponente, Miguel Colmenero, considerado el jefe del sector conservador de
la sala, y de los magistrados del mismo sector Juan Ramón Berdugo y
Francisco Monterde no había demasiadas dudas. Y respecto del voto de los
jueces
Manuel Marchena y
Luciano Varela, que se han significado como instructores de los
otros dos procesos contra Garzón, sus inclinaciones eran inequívocas.
La sentencia, además, le expulsa
de la carrera judicial y le obliga a pagar a los abogados de los corruptos
de la red Gürtel
La sentencia mantiene una redacción profesional
hasta el fundamento jurídico 12, en el que se ensaña con el juez de la
Audiencia, al que acusa de haber
“laminado” los derechos de defensa y
otros anejos. Se trata de una especie de homenaje al instructor de la causa,
Alberto Jorge Barreiro, que ya utilizó esa expresión en el auto de
transformación de procedimiento. De hecho, el resto del fundamento parece
una transposición de los razonamientos de Barreiro. Así, Garzón ha colocado
a todo el sistema procesal penal “al nivel de sistemas políticos ya
superados” y ha admitido prácticas “propias de regímenes totalitarios” en
los que “todo se considera válido para obtener la información que interesa
al Estado, prescindiendo de las garantías mínimas para los ciudadanos”.
El Supremo resuelve las posibles dudas sobre la
legalidad de la intervención de las comunicaciones en prisión señalando que
estas solo pueden decretarse, “acumulativamente”, si son acordadas por la
autoridad judicial en casos de terrorismo. Es decir, las escuchas entre los
internos y sus letrados “solo pueden acordarse en casos de terrorismo” y
previa orden del juez competente. Para resolver otros casos en que una
intervención pudiera ser imprescindible, “sería precisa una reforma legal
que contuviera una habilitación de calidad suficiente”. El argumento de la
defensa de Garzón de que en el proyecto de nueva Ley de Enjuiciamiento
Criminal se contempla la intervención de comunicaciones del investigado con
su letrado cuando haya indicios de la participación del abogado en el hecho
delictivo, es rechazado de plano. Al margen de que el proyecto ha decaído,
el Supremo dice que la conducta de Garzón no podría haberse amparado en esta
norma por la “inexistencia de indicios contra los letrados”.
El Supremo tampoco admite el argumento de que se
intervinieron las comunicaciones telefónicas “de los presos, no de los
letrados”. La resolución de Garzón se refería “expresamente” a las
comunicaciones de los internos con los letrados, dicen los jueces. “No se
trata de un acceso accidental, sino de una orden judicial, concreta y
específica, directamente encaminada a intervenir esas precisas
comunicaciones”.
En el juicio, Garzón y los policías que
testificaron coincidieron en que
no había otra solución que las escuchas para
impedir que los de la trama siguieran delinquiendo. La sentencia
dice en este punto que la investigación criminal “no justifica en sí misma
cualquier clase de actuación”.
Y añade que planteado así, conduce a la
desaparición de “controles efectivos sobre el ejercicio del poder, lo que
afectaría a la misma esencia del Estado de derecho”. Para el tribunal “nada
impedía” desarrollar otra clase de actuaciones, como “vigilar las
actividades” de la trama Gürtel hasta “identificar a los culpables”, tomando
entonces “las medidas pertinentes”.
El tribunal rechaza también que Garzón previniera
el derecho de defensa, porque “una vez que la policía, el juez y el fiscal
del caso oyen las conversaciones” su exclusión de la causa “solo evita su
utilización como prueba”. Añade el texto que la “cláusula” introducida por
Garzón, quedó reducida a su “simple aparición”, a algo “puramente formal”.
La Sala Penal también rechaza una “interpretación
errónea de la ley” por parte del juez; califica su resolución de “injusta, a
sabiendas” porque “no existía ningún indicio de actuación delictiva de los
abogados”. El tribunal le considera asimismo autor de un delito de
interceptación de comunicaciones con aparatos de escucha y grabación, pero
por aplicación del concurso de normas, le aplica solamente el delito de
prevaricación por ser el más amplio.
www.elpais.es 10.02.12
CRESPO SALE DE PRISIÓN TRAS ABONAR 100.000 EUROS
DE FIANZA
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ordenó ayer la
libertad del número dos de la trama Gürtel, el ex secretario de
Organización del PP gallego Pablo Crespo. El magistrado lo excarceló después
de que abonara los 100.000 euros de fianza que le impuso el pasado 25 de
febrero, cuando, tras un informe favorable del fiscal, rebajó a la mitad los
200.000 euros que había establecido el anterior instructor del caso en el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira.
Crespo ha tardado dos días en reunir el dinero. Sus abogados
depositaron el martes la mitad de la fianza en dos transferencias -de 35.000
y 15.000 euros- realizadas desde bancos españoles. La tercera transferencia,
de otros 50.000 euros y enviada desde fuera de España, llegó ayer a la
Audiencia. Tras su salida, aseguró que fueron sus hermanos los que le
ayudaron con el pago, y sobre las acusaciones de la policía de que cuenta
con fondos en el extranjero, afirmó: "Que se lo hagan ver por un
psiquiatra".
El lugarteniente del cerebro de la trama, Francisco Correa, se
encontraba en prisión desde el 11 de febrero de 2009, cuando Baltasar Garzón
decretó la prisión incondicional de ambos y la del primo de Correa, Antoine
Sánchez. Correa es el único que permanece encarcelado al no haber abonado el
millón de euros de fianza que le impuso la Sala Penal la pasada semana.
www.elpais.es 01.02.12
CORREA
PODRÁ SALIR DE LA CÁRCEL CON UNA FIANZA DE UN MILLÓN DE EUROS
La
Audiencia Nacional estimó ayer parcialmente el recurso de apelación del
presunto cabecilla del caso Gürtel, Francisco Correa, que se
encuentra en la cárcel desde hace casi tres años, y le permitirá salir si
abona una fianza de un millón de euros. Los jueces asumen el "dilatado
espacio" de tiempo que Correa lleva en prisión, que en la causa ya se han
realizado diligencias "de toda índole" y el arraigo personal del presunto
cabecilla de la trama.
Correa se
encuentra en la cárcel de Soto del Real (Madrid) desde febrero de 2009 junto
con su número dos, Pablo Crespo, por los delitos de cohecho, tráfico
de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y
falsedad documental. Si sale de prisión, debería comparecer diariamente en
comisaría, y no podría abandonar España, por lo que se le retiraría el
pasaporte, según Efe.
La sección
cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia argumenta que el posible
juicio se celebraría pasados cuatro años desde su ingreso en prisión, por lo
que no ve necesario agotar ese plazo para evitar el riesgo de fuga. "Debemos
precisar que dicho riesgo se tendría que asumir, guste o disguste, en fecha
15 de febrero de 2013, día en que el inculpado obtendría su libertad
provisional por imperio de la ley y sin fianza pecuniaria de tipo alguno",
recalca.
Reproche
al TSJM
Los
magistrados recuerdan que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
anuló en septiembre de 2011 la fianza de 15 millones que el instructor del
caso, Antonio Pedreira, le había fijado a Correa para poder ser excarcelado,
y le sugirió que le impusiera medidas telemáticas. Pedreira confirmó la
prisión y descartó el control telemático al considerar que no ofrecía
garantías plenas para evitar la fuga.
La
Audiencia Nacional critica que el TSJM pretendiera que la policía asumiera
"el más mínimo riesgo de fuga, por ínfimo que resultase". Argumenta que para
conjurar al cien por cien ese riesgo se precisaría no solo el empleo de
medios electrónicos de localización sino encomendar a un "elevado número de
funcionarios la única y exclusiva función de vigilar todos los movimientos
de Francisco Correa, minuto a minuto, mañanas, tardes y noches de todos los
días". Y añade que, en todo caso, quien tiene que asumir el riesgo de fuga
de cualquier individuo privado de libertad es el Poder Judicial".
www.elpais.es 28.01.12
LAS ESCUCHAS DE GARZÓN SOBRE GÜRTEL FUERON
AVALADAS POR JUECES Y FISCALES
El juez Baltasar Garzón se sentará a las 10.30 de esta mañana
en el banquillo de los acusados del Salón de Plenos del Tribunal Supremo
para ser juzgado por haber ordenado grabar las conversaciones de los
cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine
Sánchez, y las del abogado Ignacio Peláez, que acudió a entrevistarse con el
primero. Nunca un juez ha respondido penalmente por ordenar unas
intervenciones telefónicas, aunque se han anulado centenares de ellas por
defectos de forma. Garzón no solo se enfrenta a un juicio por ordenar dicha
prueba, sino a la una más que probable pena de hasta 17 años de
inhabilitación que conllevará su expulsión irreversible de la carrera
judicial.
La intervención de las comunicaciones de los cabecillas de la
trama Gürtel con sus abogados, por las que hoy se sienta en Garzón en el
banquillo, fueron avaladas por el juez del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) que le sucedió en la instrucción, Antonio Pedreira, por las
dos fiscales Anticorrupción adscritas a la causa y por el magistrado de la
Sala de lo Civil y Penal del TSJM José Manuel Suárez Robledano. Frente a
todos ellos y frente al criterio de los fiscales de Sala del Tribunal
Supremo Antolín Herrero y Pilar Valcárcel, el instructor del Supremo,
Alberto Jorge Barreiro, decidió abrir juicio oral aceptando los argumentos
de los abogados de los cabecillas de la trama corrupta.
Las escuchas, según ha explicado Garzón y su defensa, no
fueron ordenadas porque sí. Ya en el primer auto en febrero de 2009, Garzón
centró las escuchas en el abogado José Antonio López Rubal, dados los claros
indicios de que en las actividades de la trama habían intervenido abogados,
que dada su condición, podrían actuar de "enlace" de los cabecillas con el
exterior. Al resultar ese abogado imputado en la trama, Correa y Crespo lo
sustituyeron por Rodríguez Mourullo y Choclán. Garzón prorrogó las escuchas
y Anticorrupción no puso trabas.
En su informe de 20 de marzo, Anticorrupción informó a Garzón
de que una parte importante de seis conversaciones grabadas se referían a
"estrategias de defensa" y debían ser excluidas del procedimiento. Pero al
final de ese mismo informe, la fiscalía dijo expresamente que no se oponía a
las intervenciones la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, la unidad
policial antifraude. El 27 de marzo, Garzón ordenó la exclusión de las
conversaciones interesadas por Anticorrupción.
Al aparecer indicos de criminalidad contra aforados, Garzón se
inhibió al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El nuevo instructor,
Antonio Pedreira, prorrogó a petición de la fiscalía las escuchas ordenadas
por Garzón y, más adelante, en enero de 2010, rechazó anular las
grabaciones. Pedreira sostuvo entonces que el derecho de defensa no era
"ilimitado" ni una patente de corso a los abogados para colaborar en
delitos. También expuso que, bajo supervisión judicial, sí es posible la
intervención entre un abogado cooperador y sus clientes. Según Pedreira, de
la misma forma que se puede ordenar la entrada y registro en despachos
profesionales, se puede, de forma motivada, acordar la intervención de
comunicaciones.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin embargo, anuló
parte de las intervenciones ordenadas por Garzón. Aunque uno de los tres
magistrados, José Manuel Suárez Robledano, se opuso a la anulación por
entender que se daba un margen muy elevado de "impunidad y privilegio" a los
abogados.
www.elpais.es 17.01.12
LA TRAMA CORRUPTA GÜRTEL SIENTA A GARZÓN EN EL
BANQUILLO DEL SUPREMO
Los jefes de la red delictiva que salpica al PP
piden para el juez que les encarceló hasta 17 años de inhabilitación por
pinchar sus conversaciones con abogados
El juez Baltasar Garzón, magistrado reconocido
internacionalmente por la instrucción de casos relacionados con crímenes
contra la Humanidad, el terrorismo etarra y las redes del narcotráfico,
enfilará mañana la escalinata del Tribunal Supremo hacia el que
previsiblemente será el último acto de su trayectoria judicial: se sentará
en el banquillo de los acusados para ser sometido a juicio por supuesta
prevaricación al haber intervenido las comunicaciones en prisión de los
jefes de la red Gürtel, a los que encarceló, con sus abogados. La red Gürtel
es la mayor trama de corrupción política de España vinculada al PP.
Varela y Marchena, los instructores de los otros
procesos, están en el tribunal
El magistrado vuelve al banquillo el día 24 por
abrir la causa del franquismo
Dos antiguos compañeros de Garzón son ahora sus
acusadores
El testimonio del juez que prorrogó las escuchas
ha sido rechazado
La acusación, sustentada por los jefes corruptos, Francisco
Correa y Pablo Crespo, además de por el abogado Ignacio Peláez, que
representa al empresario vinculado a la trama José Luis Ulibarri, reclaman
entre 10 y 17 años de inhabilitación para Garzón por haber vulnerado su
derecho de defensa al haber intervenido sus comunicaciones en prisión,
incluidas las mantenidas con sus abogados. Correa y Crespo, que
supuestamente repartieron millones entre cargos del PP para conseguir
sustanciosos contratos, siguen en prisión desde que los encarceló Garzón,
pero han dispuesto de medios sobrados para pagar unos abogados muy caros que
han conseguido sentar al juez Garzón en el banquillo y, muy posiblemente,
acabar con su carrera para siempre. Entre esos letrados, hay dos antiguos
colegas de Garzón en la Audiencia: el exjuez José Antonio Choclán, abogado
de Correa, y el exfiscal Ignacio Peláez, que promovió la querella inicial.
Si Garzón es condenado, será expulsado de la carrera judicial.
El pesimismo sobre la suerte del magistrado, que lleva casi
dos años suspendido de funciones, pesa en su entorno. El desarrollo de la
instrucción, en paralelo con otras dos causas que tiene abiertas -por
investigar crímenes del franquismo y por cobros de dos cursos jurídicos
impartidos en Nueva York y en los que otro juez lleva más de dos años
buscando un supuesto cohecho- dejan pocos resquicios, según su entorno,
sobre las intenciones de la Sala Penal del Supremo. Y la arremetida final
del instructor del caso de las escuchas, Alberto Jorge Barreiro, cierra
virtualmente cualquier especulación sobre un resultado distinto al de
culpable, según las mismas fuentes. Garzón, según Barreiro, al ordenar las
escuchas a los abogados lesionó "uno de los principios básicos del sistema
penal, retrotrayéndonos a un estatus procesal anterior al Estado de
derecho". Las escuchas a los abogados fueron anuladas por la Sala de lo
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Aunque la fiscalía solicitó desde un primer momento el
sobreseimiento y ahora reclama la absolución asegurando que Garzón no
cometió ningún delito, los distintos fiscales que han intervenido en los
tres procesos han visto rechazadas una y otra vez todas sus peticiones.
La defensa de Garzón, a cargo del abogado Francisco Baena
Bocanegra en este proceso, ha visto rechazadas por el Supremo sus
principales peticiones de prueba: la declaración del juez del Tribunal
Superior de Madrid Antonio Pedreira, que tras suceder a Garzón en la
instrucción prorrogó las escuchas, y la de las dos fiscales Anticorrupción
que las validaron. El testimonio de Pedreira era clave para la defensa, dado
que este juez no solo prorrogó las escuchas sino que desestimó los recursos
de los imputados y resolvió sobre las propuestas de las fiscales respecto a
qué escuchas debían incorporarse a la causa.
El juicio se desarrollará en principio en tres sesiones de
mañana, que son las que el Supremo considera suficientes para liquidar el
asunto. Se trata de un proceso técnico, basado en la prueba documental, y
sin poder contar con la versión del juez Pedreira y la de las dos fiscales
Anticorrupción el interés de las sesiones queda restringido a las
explicaciones que el propio Garzón exponga durante su interrogatorio. A
renglón seguido, a Garzón le espera nuevamente el banquillo el próximo día
24, en que afrontará su segundo juicio por la investigación de los crímenes
del franquismo, hasta mediados de febrero.
Durante los dos años que ha durado el proceso del Supremo a
Garzón, sus abogados han conseguido que la Sala Especial del alto tribunal
reconociese que los mismos magistrados que abrieron los procesos y que
después planeaban juzgarle estaban contaminados. Por primera vez en la
historia del Supremo, la Sala Especial declaró que el presidente de la Sala
Penal, Juan Saavedra, y otros ocho magistrados carecían de la necesaria
apariencia de imparcialidad para juzgar a Garzón.
Pero esa única victoria procesal pronto se demostró ineficaz y
hasta contraproducente. La Sala Penal sustituyó a los jueces iniciales de un
tribunal por los contaminados del otro y viceversa. Así, tras la remoción de
los cinco jueces iniciales de las escuchas a Gürtel, en el tribunal
definitivo figuran tres magistrados que abrieron la causa contra Garzón por
investigar el franquismo. Y a estos se han sumado los jueces instructores de
los otros dos procesos: Luciano Varela, el juez que procesó a Garzón por su
investigación del franquismo, y Manuel Marchena, que lleva dos años
investigando las ganancias del juez.
El tribunal de las escuchas a Gürtel ha quedado
definitivamente configurado por Joaquín Giménez, como presidente; Miguel
Colmenero, ponente de la sentencia; y los magistrados Andrés Martínez
Arrieta, Francisco Monterde, Juan Ramón Berdugo, Luciano Varela y Manuel
Marchena. Ideológicamente, son tres progresistas (Jiménez, Arrieta y Varela)
y cuatro conservadores, pero en este caso alguno de los progresistas, como
Varela, puede ser más letal para Garzón que cualquiera de los conservadores,
según fuentes del entorno del encausado.
En cuanto a Marchena, será seguramente el primer magistrado de
la historia que juzgue a un imputado por las mañanas (por las escuchas a
Gürtel) e instruya una causa contra el mismo por las tardes (el caso de sus
honorarios en Nueva York). Y ambos asuntos, por presuntos delitos de
prevaricación. El intento de última hora del defensor de Garzón de apartar a
ambos jueces del tribunal ha fracasado. Garzón ha explicado hasta la
saciedad que los cabecillas de la trama corrupta, Francisco Correa y Pablo
Crespo, disponían de un conglomerado de sociedades en paraísos fiscales
creadas por testaferros a través de despachos de asesoramiento jurídico y
fiscal. Su detención retrasó varias operaciones en marcha, entre ellas la
relativa al blanqueo de fondos de una cuenta en Suiza de más de 20 millones
de euros. A la vista de que los imputados iban a continuar el blanqueo de
fondos a través de terceros que les visitasen en prisión, Garzón ordenó la
grabación de todas sus conversaciones, incluidos sus abogados, aunque
después expurgó las que afectasen a la estrategia de defensa.
Frente a esta versión de Garzón, el instructor Alberto Jorge
Barreiro ha preferido la de los cabecillas de la trama y sostiene que Garzón
quiso conocer "indebidamente" la estrategia de defensa de sus abogados.
Barreiro considera a Garzón autor de un delito continuado de prevaricación y
otro de uso de artificios de escucha y grabación con violación de las
garantías constitucionales.
www.elpais.es 16.01.12
VOLVER
