CASO GÜRTEL :  LAS NOTICIAS 2009-2013

NOTICIAS DIVERSAS SOBRE LA TRAMA EN GENERAL

AÑO  2010

EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' INVESTIGA ADJUDICACIONES DEL GOBIERNO DE AZNAR

Pedreira reclama expedientes de 2002 del Ministerio de Economía y el ICO

La investigación del caso Gürtel , la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada al PP, alcanza el Gobierno de José María Aznar. El juez Antonio Pedreira firmó anteayer un auto en el que reclama numerosa documentación de 2001 y 2002 al Ministerio de Economía y Hacienda ; al Instituto de Crédito Oficial (ICO) y a Red Eléctrica Española relacionada con contratos adjudicados a empresas vinculadas a la trama corrupta de Francisco Correa. Dentro de esta investigación también ha metido el juez a otras instituciones como los Ayuntamientos de Logroño , Zaragoza y Ador (Valencia) y la Junta de Castilla y León .

"Las gestiones ante el FAD tuvieron su efecto. Crédito aprobado por 27 M"

Las pesquisas se amplían a los municipios de Soria, Zaragoza y Ador

El juez ha decidido iniciar estas pesquisas tras conocer un informe reciente de la policía basado en documentos incautados a la red Gürtel que probaban como Correa medió en la búsqueda de negocios para una empresa con los ministerios de Economía y Medio Ambiente.

La red Gürtel se asoció en 2001 con el Grupo Ros Roca , especializado en tratamiento de residuos, para ayudarlo en la ampliación del negocio. Correa ofreció a ese grupo empresarial su mediación para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos a cambio de una participación en el negocio y comisiones para sus contactos políticos, según la investigación. El jefe de la red Gürtel tocó al menos a dos ministerios y a otros organismos, como el Instituto de Crédito Oficial y Red Eléctrica Española, para favorecer a Ros Roca, según detalla el informe policial.

El Ministerio de Economía controlaba los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como la República Dominicana o Mozambique. El Ministerio de Medio Ambiente había sacado a concurso unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón que finalmente no fueron a Ros Roca.

Correa se dedicó a esta intermediación entre 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con una cómoda mayoría absoluta y el jefe de la red Gürtel era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas y actos del entonces presidente Aznar.

Diversos faxes y documentos hallados en los registros de las empresas de Correa acreditan las gestiones políticas que hacía para el Grupo Ros Roca. En varias ocasiones se habla de "Postura 3" o "Postura 4", que la policía interpreta, cotejando varios documentos sobre negociaciones entre la red y el grupo, como una forma de denominar a las comisiones políticas que tendrían que pagar para obtener contratos, licencias o subvenciones. Postura 3 sería una comisión del 3%, Postura 4, del 4%.

Documentos incautados a la red que figuran en el sumario señalan que la persona clave con la que contacta la red para conseguir créditos FAD a favor del Grupo Ros Roca sería Francisco Utrera Mora (identificado como U en varias ocasiones, según la policía), entonces secretario general de Comercio Exterior, entre 2000 y 2003, y hoy senador.

Uno de los múltiples documentos es muy claro. Resume una reunión el 7 de marzo de 2001 entre representantes de Ros Roca y la red y en el punto siete aclara: "República Dominicana. Las gestiones realizadas ante el FAD han tenido su efecto. El crédito ha sido aprobado por un montante de 27 M de USD. Le gustaría 'amarrar' más el asunto y solicita una gestión con el Presidente, incrementando su colaboración hasta una postura 4 del total".

La policía interpreta que Correa usa sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros Roca solicita que utilice esos mismos contactos para presionar al presidente de este país para que adjudique la planta a este grupo. Efectivamente, el crédito se concedió el 25 de julio de 2002, y Ros Roca se llevó el concurso, según el informe.

www.elpais.es 29.12.10

LA POLICÍA BUSCA NUEVOS NEGOCIOS DE 15 EMPRESAS DE FRANCISCO CORREA

La investigación del caso Gürtel no parece acabar nunca. El nuevo paso dado por el juez Antonio Pedreira abre el foco de las pesquisas a más instituciones, entre ellas la Administración central durante el último Gobierno de José María Aznar.

Para acreditar que la trama corrupta tuvo que ver con nuevas maniobras ilegales para conseguir dinero público, el juez ha pedido a un grupo empresarial privado, Ros Roca, que le facilite todos los contratos comerciales que haya tenido con hasta 15 empresas de la trama corrupta, desde las más conocidas que operaban en Madrid haciendo todos los actos de la presidenta Esperanza Aguirre, como Easy Concept, Diseño Asimétrico o Down Town, hasta la que se logró decenas de contratos a dedo de la Administración valenciana que preside Francisco Camps, llamada Orange Market.

El juez pretende demostrar que los beneficios conseguidos por el Grupo Ros Roca en sus relaciones con algunos departamentos de la Administración central fueron repartidos con alguna de las empresas de la trama corrupta.

De hecho, entre la documentación incautada a la red de empresas de Francisco Correa figuran algunos escritos donde se detallan todas las gestiones realizadas en la Administración central y en otras Administraciones a favor de las empresas del Grupo Ros Roca.

Hasta ahora no había aparecido en dos años de investigación del caso esta nueva vía que vincula directamente los negocios de la trama corrupta con la Administración central.

Tan solo en una declaración de Francisco Correa ante el juez Baltasar Garzón se sugirió un supuesto trato de favor del Ministerio de Fomento a la trama corrupta. "Paco Cascos, con el que tenía cierta relación, me dio la cuenta de AENA", señaló Correa a Garzón. Desde entonces, nadie investigó los numerosos cotratos que AENA había adjudicado a las empresas de la trama.

www.elpais.es 29.12.10

ARCHIVADA LA CAUSA CONTRA DOS ABOGADOS DE LA RED PESE A LA NEGATIVA FISCAL

El juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, ha decidido el sobreseimiento provisional de la causa abierta contra los abogados Manuel Delgado Solís y José Antonio López Rubal, a los que contrató inicialmente Francisco Correa, el jefe de la trama corrupta, para que le resolvieran algunos litigios que tenía pendientes en 2007, más de un año antes de que el juez Baltasar Garzón le metiera en prisión. Desde entonces, ambos abogados hicieron distintos trabajos para Francisco Correa y, en el momento de la desarticulación de la trama, fueron imputados por supuesto blanqueo de capitales.

El juez Antonio Pedreira ha tomado esta decisión pese al informe de la Fiscalía Anticorrupción, que rechazaba el sobreseimiento por entender que durante la investigación se habían descubierto suficientes indicios de blanqueo de dinero por parte de los dos abogados.

La fiscalía recuerda que las intervenciones telefónicas "evidencian" que ambos abogados hicieron gestiones para localizar nuevos domicilios de las sociedades relacionadas con Francisco Correa "con el objetivo de dificultar la vinculación de las empresas con su verdadero propietario".

Ocultar su patrimonio

La Fiscalía Anticorrupción también señala en el informe donde se oponía al sobreseimiento de la causa contra los abogados de Correa que Manuel Delgado y José Antonio López Rubal gestionaron "la deslocalización de Francisco Correa haciéndole aparecer como residente en el extranjero a fin de no tributar por las rentas obtenidas en España, así como de ocultar su patrimonio mediante la interposición del ciudadano francés Antoine Sánchez -su primo- como testaferro".

También participaron los dos abogados, según la Fiscalía Anticorrupción, en todas las gestiones para conseguir el permiso de residencia en Panamá para Francisco Correa.

El juez Antonio Pedreira resuelve "a pesar de la solidez de los argumentos del ministerio fiscal", por el sobreseimiento provisional y aclara: "No se trata de un supuesto de sobreseimiento libre, sino de sobreseimiento provisional, ya que existiendo, "prima facie", la comisión de delito, no hay motivo suficiente para acusar a las personas que solicitan el sobreseimiento".

www.elpais.es 29.12.10

EL PSOE EXIGE A CASCOS QUE ACLARE SU RELACIÓN CON LA 'TRAMA GÜRTEL'

El ex ministro facturó con una de sus empresas casi 70.000 euros a una de la trama corrupta

El PSOE quiere oír las explicaciones de Francisco Álvarez Cascos sobre su relación con la trama Gürtel, desvelada por Público este martes. Así lo ha asegurado Antonio Hernando, secretario de Ciudades y Política Municipal de los socialistas, quien cree que el ex ministro debe aclarar "qué relaciones ha mantenido él y sus empresas con la trama y con los cabecillas de la red" corrupta. 

Los socialistas piden "aclarar qué tipo de servicios prestó Cascos y sus empresas" a la trama de Correa

Hernando considera que las informaciones publicadas por este diario "delatan una relación oscura" entre Cascos y la Gürtel", razón por la que ha apelado a la "obligación" del "dirigente asturiano" y de "su propio partido" a "aclarar qué tipo de servicios prestó Cascos y sus empresas" a la trama dirigida por Rafael Correa. 

"Sería muy oportuno que en una de sus múltiples salidas en los medios de comunicación, para insultar y descalificar a otros, el portavoz del PP, Esteban González Pons, que de Gürtel sabe mucho, aprovechase para explicar si su partido conocía la relación del ex ministro de Aznar con la trama", ha añadido Hernando.

El socialista considera que "una persona tan locuaz como Pons seguro que encuentra hoy mismo la oportunidad para dar explicaciones sobre las relaciones entre Cascos y la trama Gürtel", ha ironizado.

Sobre Pons, Hernando ha asegurado que "se ha convertido en el bufón de su partido" y que nadie le "toma en serio" porque "ha dejado de tener credibilidad como dirigente político empeñado como está en recitar frases lapidarias de calibre grueso con las que hace el ridículo".

Por último, se ha referido al constante goteo de noticias que "cada día salpican a un nuevo dirigente del PP" con la trama corrupta para exigir a los conservadores que no miren "para otro sitio" ni se escondan "debajo de la mesa". "El PP tiene que dar explicaciones de forma urgente", ha concluido.

www.publico.es 21.12.10

UNA EMPRESA DE CASCOS FACTURÓ A LA 'TRAMA GÜRTEL'

Los documentos de Hacienda incorporados al sumario demuestran que Tecnas, propiedad del ex ministro y de su esposa, facturó 69.600 euros en 2008 a Creative Team, una sociedad ligada a la red

 

El ex vicepresidente y ex ministro conservador de Fomento Francisco Álvarez Cascos facturó 69.600 euros en 2008 a la empresa Creative Team SL, investigada en el caso Gürtel y presuntamente ligada a Guillermo Ortega, ex alcalde del PP en Majadahonda (Madrid).

Cascos, aspirante a candidato del PP en Asturias, facturó esos 69.600 euros a través de Tecnas SL, sociedad presidida por él mismo y que controla accionarialmente junto con su esposa, María Porto. Su objeto social comprende desde la elaboración de proyectos urbanísticos a la emisión de informes sin campo determinado.

El ex ministro se niega a desvelar qué servicios prestó a Creative Team

Durante su mandato como ministro de Fomento (2000-2004), tres empresas de la red corrupta obtuvieron 2,2 millones de euros en contratos de Aena. En febrero de 2009, el supuesto jefe de la trama, Francisco Correa, declaró ante el juez Baltasar Garzón. Y dijo esto: "Paco Cascos, con el que tenía cierta relación, me dio la cuenta de Aena".

En una breve conversación telefónica con este diario, el ex ministro rehusó ayer de manera tajante desvelar qué clase de servicios prestó Tecnas SL a Creative Team SL, compañía dedicada a la tenencia de activos, aunque su actividad real continúa bajo investigación. Al frente de Creative Team estuvieron, sucesivamente y como presuntos testaferros, los abogados Luis de Miguel Pérez y Santiago Lago Bornstein, ambos imputados en la causa. En el último año, el juez Pedreira ha ordenado rastrear los posibles contratos otorgados a Creative Team, así como las cuentas a su nombre.

Durante la charla telefónica, Cascos adujo que no tiene nada que explicar sobre "relaciones privadas" entre empresas. Lamentó los "intentos" por vincularlo con la red corrupta y negó de nuevo cualquier conexión con ella. Enfatizó que Tecnas es una empresa "honorable". Y remachó que su compañía "no figura en el sumario".

El ex titular de Fomento lamenta el "intento" de vincularlo al caso

El listado de Hacienda

Pero la relación comercial de Tecnas con Creative Team está acreditada precisamente por el sumario, cuyo secreto levantó el juez Antonio Pedreira el pasado día 3. Su denominación social, la cantidad facturada y su CIF, el carnet de identidad de las sociedades, figuran en el listado remitido por Hacienda al juez instructor sobre las operaciones con terceros efectuadas por Creative Team en 2008. Ese listado muestra que Creative Team declaró ese año compras (es decir, pagos) a siete proveedores. Al menos dos de los siete, Castellana 168 SL y Soluci SA, tienen o han tenido como administrador a Luis de Miguel Pérez, según los datos de los registros mercantiles.

Los 69.600 euros cobrados a Creative Team situaron a Tecnas SL en el segundo puesto de la relación de proveedores de Creative Team en cuanto a volumen de facturación. Y supusieron el 9% de los ingresos anuales de Tecnas en 2008 (764.855 euros), ejercicio en el que obtuvo un beneficio neto de 41.748 euros. Las otras empresas comandadas por Cascos registraron pérdidas.

"Paco Cascos me dio la cuenta de Aena", declaró Correa ante el juez

El nombre de Cascos, que nunca ha estado imputado, ha ido saltando a la palestra periódicamente desde el inicio del caso Gürtel. Una frase pronunciada por el supuesto jefe de la trama, Francisco Correa, colocó al ex ministro en el ojo del huracán apenas iniciada la instrucción: "Yo le he llevado a Bárcenas [ex tesorero del PP] más de 1.000 millones por adjudicaciones de obras de la época de Cascos". Correa no sabía que el ex edil del PP José Luis Peñas, luego denunciante del caso, estaba grabando aquella conversación. Y su contenido acabó trascendiendo. Durante su declaración judicial, Correa alegó que sus palabras se habían "malinterpretado". Y que lo que en realidad quería decir es que, al ofertar a la baja sus servicios, le había ahorrado al PP 1.000 millones de las antiguas pesetas. Seis millones de euros.

El ex vicepresidente y ex número dos del PP ya había negado cualquier ligazón con Correa y su grupo cuando, tras el estallido del caso, trascendió que AENA, la empresa gestora de los aeropuertos estatales, había otorgado numerosas adjudicaciones a Special Events, TCM y Pasadena Viajes, tres de firmas de la trama.

Meses más tarde, el Gobierno cifró la cuantía exacta en una respuesta parlamentaria: las tres sociedades cobraron de Aena 2,2 millones de euros entre 2000 y 2003. De ese monto, 1,2 millones se correspondían con expedientes de adjudicación. El resto, con contratos menores.

Instrucciones del alcalde

Por lo que concierne a Creative Team, los documentos incautados a la trama constatan que Luis de Miguel pedía instrucciones al entonces alcalde del PP en Majadahonda, el imputado Guillermo Ortega. Uno de esos documentos es una carta dirigida a Ortega y fechada el 27 de enero de 2004. "Adjunto le remito la declaración de IVA de la sociedad Sundry Advices SL y Creative Team SL para su presentación en Hacienda (...)", comienza la misiva. "Estoy a su disposición para cuantas aclaraciones estime pertinentes", dice en su segundo y último párrafo.

Este diario preguntó ayer al abogado de Ortega si su cliente ha reconocido ser propietario de Creative Team. No ha admitido nada, dijo el letrado, quien subrayó que la instrucción está "prácticamente parada". Pero los datos recabados a instancias del juez indican una estrechísima relación de Ortega con Creative Team y con otra sociedad, Sundry Advices.

Lo que dijo Correa

El comienzo del ascenso

En su declaración ante el juez Pedreira, Francisco Correa señaló a Cascos y a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, como los artífices de su ascenso en el PP. Según Correa, que no dio fechas exactas pero citó como marco temporal el bienio 1993-1994, fue entonces cuando empezó "a trabajar regularmente en la organización de mítines para el Partido Popular".

El secretario general

Cascos llevaba ocupando la secretaría general del PP desde 1989. Era el número dos de José Aznar. Pero, según Correa, la decisión de a quién contratar "no la tomaba siquiera el secretario general". Había, contó el presunto jefe de la red, "un grupo de personas". Y ese grupo, sostiene Correa, estaba integrado por Cascos, Jesús Sepúlveda, en aquellas fechas secretario electoral y luego alcalde de Pozuelo (Madrid) y Javier Arenas, que niega esa versión. 

www.publico.es 21.12.10

RECHAZADO EL INTENTO DEL ABOGADO DE CORREA DE APARTAR AL JUEZ PEDREIRA DEL CASO GÜRTEL

El magistrado Suárez Robledano inadmite la demanda de recusación porque "es abusiva y no respeta las reglas de la buena fe"

Las conversaciones más importantes del 'caso Gürtel'.

El juez Antonio Pedreira seguirá como instructor del caso Gürtel. Así queda establecido después de que hoy quedase inadmitida la recusación que había planteado contra él, para apartarle del caso, José Antonio Choclán, el abogado de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel. Así lo indica una resolución del magistrado de la Sala de lo Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Madrid José Manuel Suárez Robledano, al que la Sala encomendó analizar este incidente y que ha decidido inadmitir la recusación contra Pedreira por considerar que se incumplen los requisitos legales y que el planteamiento formulado por el abogado de Correa "no respeta las reglas de la buena fe y es abusivo".

El juez Suárez Robledano recuerda que la pretensión del abogado que ha presentado la recusación, José Antonio Choclán, "va dirigida o encaminada a la exclusión del juez ordinario predeterminado legalmente para conocer del asunto o causa en cuestión" y que la ley obliga a que se evite por parte de los abogados el uso de "medios, artificios o cauces inadecuados con la finalidad de obtener la remoción indebida de los jueces ordinarios legalmente llamados por la Ley a resolver los asuntos judicializados".

El abogado de Correa, con la adhesión de otros letrados que representan a políticos imputados por aceptar sobornos de la red Gürtel, quería apartar al juez Pedreira del caso alegando que no era imparcial porque, entre otros argumentos, había desestimado su petición para que decretase la libertad provisional de su cliente, el cabecilla de la red Francisco Correa.

Además, unía esta premisa al hecho de que Pedreira prorrogó las escuchas en las cárcel entre abogados y clientes que decretó el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, y que ello es objeto en la actualidad de diligencias previas abiertas por el Tribunal Supremo contra el ex titular del Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional. Por haber prorrogado tales escuchas, aunque con fundamentos diferentes y más nutridos que Garzón, Choclán sostenía que Pedreira era parcial y tenía interés en la causa.

El juez Suárez Robledano tumba todos sus argumentos y señala que las causas invocadas por Choclán, tal como reconoce el mismo abogado en su escrito, "pudieran existir" con anterioridad y que, pese a ello, no han sido alegadas hasta ahora, cuando el instructor de Gürtel ha denegado la libertad provisional de su cliente. Choclán también aludía a las escuchas prorrogadas por Pedreira y que luego fueron parcialmente anuladas.

Suárez Robledano explica: "Lo cierto es que la nulidad [de parte de las grabaciones], aun no concretada y pendiente del incidente de nulidad en curso, de la que deriva el recusante la causa de la apariencia de parcialidad sostenida fue declarada por la Sala de lo Civil y Penal el 25-3-2010 y, aun antes, se achaca nulidad asimismo al auto del Instructor del anterior 20-4-2009, por lo que pudo recusar con mucha anterioridad y, pese a poderlo hacer desde antes del levantamiento parcial del secreto que ha tenido lugar respecto de todas las dichas actuaciones hace varios meses, no planteó la recusación sino por la denegación de la libertad provisional del recusante, de inmediato a ello o a renglón seguido de tal decisión perjudicial para los intereses del recusante".

Suárez Robledano también refuta el otro argumento de Choclán para la recusación basado en la "decisión adoptada por el Instructor designado por la Sala 2ª del Tribunal Supremo", Alberto Jorge Barreiro, de abrir diligencias al juez Garzón, primer instructor de Gürtel, por supuesta prevaricación al haber ordenado los primeros pinchazos telefónicos en la cárcel entre implicados en la trama y sus abogados. Choclán alega que Pedreira prorrogó esas escuchas, si bien obvia el hecho de que "el asunto del Supremo no es fruto de un recurso de actuaciones dimanantes" de las que instruye Pedreira, explica Suárez Robledano. Y añade: "Ni es superior de ésta Sala en dicho procedimiento, ni puede corregir por ello lo que se decida sobre la nulidad concreta pendiente en atención a lo dispuesto en los artículos 12.2 y 418.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, habiéndose limitado el Instructor, en el auto denegando la libertad provisional del recusante, que determinó la inmediata presentación de la recusación de la que ahora se trata, a manifestar una opinión directamente relacionada con la decisión ya revocada por la Sala sobre la mera relevancia procesal de la nulidad acordada, referida a las evidencias que deban dejar de considerarse sin ser eliminadas del proceso de instrucción, sin repercusión añadida alguna, salvo, claro está, lo que se debe decidir en el futuro en el incidente de nulidad en curso, cuestión ésta aun pendiente de decisión definitiva tanto en la instrucción como en una posible alzada o apelación".

Según Suárez Robledano, el auto del Supremo en el que decide actuar contra Garzón por supuesta prevaricación al ordenar esas escuchas "no tiene prejudicialidad alguna en la instrucción" de Pedreira "y la imputación efectuada es provisional, sujeta, pues, al derecho constitucional a la presunción de inocencia".

El instructor del incidente de recusación entiende, además, que no cabe atribuir parcialidad al juez Pedreira por el hecho de no conceder la libertad provisional a Correa. "En definitiva, lo que se observa prístinamente es que el instructor (Pedreira) ha actuado con independencia judicial, con libertad de criterio y sin estar mediatizado por presión o interés alguno, directo o indirecto, sin perjuicio de que la garantía de los recursos, básica en el orden penal, pueda corregir, de darse y concurrir, los errores jurídicos basados en dichas consideraciones".

La Fiscalía y la Abogacía del Estado pidieron desestimar la recusación de Pedreira y entienden que se trata de maniobras de las defensas para excluir al juez sin fundamento jurídico alguno.

www.elpais.es 16.12.10

EL ESTADO Y LA FISCALÍA DENUNCIAN MANIOBRAS "TORTICERAS" DE CORREA PARA APARTAR AL JUEZ

El juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira, elevó ayer a su Sala un informe en el que rechaza el intento de abogados de algunos implicados en la red de apartarle de la instrucción alegando, sin pruebas, su "parcialidad". La recusación de Pedreira ha sido planteada por José Antonio Choclán, abogado del cabecilla de la trama, Francisco Correa, justo después de que Pedreira denegase a su cliente la libertad, por riesgo de fuga.

Al escrito del abogado de Correa se han adherido letrados de otros políticos del PP acusados de recibir sobornos de la red corrupta (entre ellos, el ex consejero de Madrid Alberto López Viejo y el diputado autonómico Alfonso Bosch). Pedreira ofrece en su escrito 41 motivos para no apartarse -la recusación "es inadmisible por extemporánea y por no concurrir ninguna causa de recusación"- y recuerda a los abogados que él "no es enemigo del reo" ni ha "generalizado el modelo de Derecho Penal del Enemigo".

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado han salido en tromba apoyando al juez y censurando las "torticeras" maniobras que están empleando algunos abogados para apartar a Pedreira de la instrucción y buscar a un juez más proclive que libere a un hombre, Correa, que esconde en el extranjero parte de la multimillonaria fortuna que amasó sobornando a políticos.

Correa ha recusado al juez alegando, en síntesis, que es parcial porque no accede a dejarle en libertad. Y conecta este hecho con el auto del Tribunal Supremo que abre diligencias al juez Garzón, primer instructor de Gürtel, por la forma en que decretó las escuchas entre abogados y sus clientes en la cárcel y la posterior anulación de parte de esas grabaciones. Algunos abogados han llegado a sugerir la posibilidad de denunciar a Pedreira por haber ampliado las escuchas de Garzón.

Pedreira prorrogó las escuchas a petición de la policía y la fiscalía, pero con una argumentación jurídica distinta y más nutrida que Garzón: el artículo 8.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el 579.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que permiten al juez pinchar teléfonos si, por ejemplo, ve connivencia entre abogados y clientes para cometer delitos (ocultar dinero en el extranjero). Además, hay una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de 2006, que respalda el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

www.elpais.es 16.12.10

LA FEMP DIO 1,3 MILLONES A DEDO A LA RED GÜRTEL EN EL MANDATO DE BARBERÁ

Un informe pericial remitido al tribunal señala que la contratación vulneró la ley

Un informe de la Unidad de Auxilio Judicial del caso Gürtel revela graves irregularidades en la contratación de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) durante gran parte del mandato de la actual alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, como presidenta de este organismo. El informe señala que entre 2000 y 2003 la FEMP contrató a dedo con empresas del cabecilla de Gürtel, Francisco Correa, por importe de 1,3 millones de euros. En esa época, el encargado de la contratación era el secretario general de la FEMP, Álvaro de la Cruz, uno de los imputados en el caso Gürtel y hombre de confianza de Barberá en la federación. La caja B de las sociedades de la trama Gürtel recoge una entrega de 30.000 euros en dinero negro a De la Cruz.

La federación se saltó la norma para favorecer a las empresas de Correa

El dinero se fue en viajes, 'stands', 3.000 maletines para alcaldes...

El informe señala que la FEMP se saltó la ley para favorecer a la red de Correa incumpliendo los principios de "concurrencia, objetividad y transparencia" que deben presidir los contratos que emanan de organismos públicos.

Como urdidor de estos contratos el informe apunta a De la Cruz, nombrado secretario general de la FEMP el 11 de noviembre de 1995 y apartado de este cargo el 23 de noviembre de 2003, periodo que coincide prácticamente con el de Barberá como presidenta del organismo (luego pasó a ser vicepresidenta).

El informe de la citada unidad recoge un escrito de la actual secretaria general de la FEMP, Isaura Leal, en el que subraya que ninguna propuesta de formalización de los fraudulentos contratos emitidos entre 2000 y 2003 fue sometida "a la aprobación de la Comisión Ejecutiva ni del Consejo Federal de la FEMP". Entre 1999 y 2003, este organismo realizó adjudicaciones a dedo a Special Events y Pasadena Viajes, ambas de la red Gürtel, por más de un millón de euros. Solo para el montaje de la VII Asamblea de la FEMP, celebrada los días 25, 26 y 27 de noviembre de 1999, fueron 276.000 euros. Se montaron 40 stands y se entregaron 3.000 maletines a los alcaldes participantes. Otros 570.000 euros fueron destinados a la organización de la VIII Asamblea de la FEMP, celebrada en noviembre de 2003. A esta cantidad hay que unir otros 149.000 euros para "trabajos extra".

"Las facturas las emitió un único proveedor" y todo se hizo a dedo, puesto que no consta un expediente previo de contratación de acuerdo con la ley, según el informe. Pese al volumen de dinero (a partir de 12.000 euros la ley obliga a sacar este tipo de actos a concurso), "todo indica que la FEMP tramitó esta actividad de forma similar a un contrato menor". Dado su "origen público", la FEMP debió someterse a los principios de "publicidad, concurrencia y transparencia" que estipula la ley, lo que le habría permitido alcanzar "una mayor eficacia y economía en la gestión de fondos públicos", destaca el informe.

La Unidad de Auxilio Judicial se detiene también en 222 facturas de viajes que la FEMP pagó a la sociedad de Gürtel Pasadena Viajes entre 2000 y 2003 por importe de 288.000 euros para "estancia y locomoción de personal o colaboradores de la FEMP". La mayoría de las facturas eran por importes menores aunque su suma es "significativa". Por ello, el informe reprocha que no se hubiese planteado "la posibilidad de tramitar un expediente de contratación para la prestación del servicio de Agencia de Viajes", lo que pudo evitar "costes innecesarios".

www.elpais.es 16.12.10

PEDREIRA RATIFICA QUE CORREA Y 'EL BIGOTES' HAN DE SER INVESTIGADOS EN VALENCIA POR LOS TRAJES DE CAMPS 

Los regalos de trajes de la trama Gürtel a Francisco Camps y otros altos cargos valencianos deben investigarse en Valencia. Así lo ha ratificado el instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, al rechazar un recurso presentado por el PP. Ello implica que el cabecilla de la red, Francisco Correa, actualmente en prisión, su lugarteniente Pablo Crespo y su representante en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, también sean investigados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). Mientras Camps y los altos cargos están imputados por cohecho pasivo impropio, Correa, Crespo y Pérez están imputados por un cohecho activo. 

En un auto notificado hoy, al que ha tenido acceso EFE, Pedreira confirma "en todas sus partes" la resolución dictada el 28 de julio de 2009, por la que acordó inhibirse en favor del TSJCV "de los hechos imputados a Francisco Correa, Pablo Crespo y Álvaro Pérez en relación con las eventuales entregas de prendas de vestir a Ricardo Costa, Francisco Camps, Rafael Betoret y Víctor Campos". Dada la condición de aforados de dos de estos -Camps, presidente de la Generalitat, y Costa, diputado autonómico; mientras que Betoret fue jefe de gabinete de la Consellería de Turismo y Campos vicepresidente del Gobierno valenciano-, Pedreira no puede investigarlos, sino que debe hacerlo el TSJCV. El magistrado consideró que ese mismo órgano debía investigar también a Correa, Crespo y El Bigotes, ya que podían ser autores de un delito de cohecho activo recogido en el artículo 423 del Código Penal, precepto que "no es sino el reverso del cohecho pasivo que se imputa a los cargos públicos de Valencia", por lo que se inhibió en favor de Valencia. 

En la resolución notificada hoy, Pedreira afirma que el recurso del PP contra su decisión "contiene importantes y graves inexactitudes que obligan a desestimarlo íntegramente" y que las alegaciones del partido "no desvirtúan ni enervan la fundamentación jurídica del auto recurrido". Además, el magistradoañade que hace suyos todos los argumentos empleados por la fiscalía Anticorrupción para rechazar el recurso. El ministerio público recordó al PP que está personado en la causa como acusación popular y no como defensa, por lo que no se entiende que alegara que la investigación podía perjudicarle. Tampoco estaba de acuerdo el fiscal en que el envío de estos hechos a Valencia rompieran la unidad de la causa, ya que las conductas atribuidas a Correa, Crespo y Pérez relativas a la entrega de prendas de vestir a los altos cargos valencianos "tienen una mayor conexión con las conductas imputadas a éstos" que con los otros delitos de cohecho de los que se les acusa". "Resulta indudable la íntima relación existente entre las conductas de quienes aparecen como donantes de los regalos y quienes aparecen como perceptores de los mismos. En definitiva se trata de los mismos hechos examinados desde dos perspectivas: la del particular que entrega y la del funcionario que recibe", añadía la fiscalía. 

Esta recordaba, por último, que cuando el Tribunal Supremo ha investigado algún caso similar, "ha asumido la competencia no sólo respecto de los (hechos) atribuidos a los cargos públicos cuyo aforamiento así lo exigía, sino también respecto de los de los particulares en relación con las eventuales entregas de dádivas a aquellos". Una vez rechazado su recurso de reforma, el PP puede ahora interponer uno de apelación ante la instancia superior a Pedreira, la Sala Civil y Penal del TSJM. 

(www.elpais.com, 15/12/10)

CORREA MEDIÓ EN LA BÚSQUEDA DE NEGOCIOS CON DOS MINISTERIOS DE AZNAR 

Según el informe policial, basado en decenas de documentos encontrados en los registros de las sedes de la red, Correa, Crespo y los demás ofrecían a Ros Roca su especialidad: contactos políticos para lograr subvenciones, autorizaciones o directamente contratos públicos. Todo ello a cambio de una participación en el negocio y comisiones para sus contactos políticos, según el informe. 

La novedad de esta investigación policial, muy detallada en cuanto a los documentos inéditos aportados, es que sostiene que esos contactos no se limitaron solo a comunidades autónomas o ayuntamientos gobernados por el PP, la especialidad de la red, sino que se extendió además al menos a dos ministerios del Gobierno de José María Aznar: Economía, que controlaba los créditos FAD (Fondos de Ayuda al Desarrollo) con los que Ros Roca pretendía construir plantas de tratamientos de residuos en países como la República Dominicana o Mozambique, y Medio Ambiente, para lograr unos contratos de suministros de contenedores destinados a la recogida selectiva de papel y cartón. 

El informe detalla toda la operación, centrada en 2001 y 2002, cuando el PP gobernaba con una cómoda mayoría absoluta y Correa era un personaje clave dentro del partido, ya que hacía todas las campañas electorales y actos importantes. La red de Correa, a través de su empresa Spinaker, creada por Luis de Miguel, el abogado que la red utilizaba presuntamente para ocultar su dinero en paraísos fiscales, se alió con el Grupo Ros Roca y se convirtió en su conseguidor, según el informe. 

Diversos faxes y documentos encontrados en los registros atestiguan las gestiones políticas que hacía la red Gürtel para el grupo Ros Roca. En varias ocasiones se habla de "Postura 3" o "Postura 4", que la policía interpreta, cotejando varios documentos sobre negociaciones entre la red y el grupo, como una forma de denominar a las comisiones políticas que tendrían que pagar para obtener contratos, licencias o subvenciones. Postura 3 sería una comisión del 3%, Postura 4 del 4%. 

Uno de los asuntos sobre el que más documentación hay es el de las gestiones de la red Gürtel para lograr que algunos créditos FAD, dependientes de Economía, se concedieran para la realización de plantas de depuración de residuos en países del tercer mundo que gestionaría Ros Roca. En los registros de la red han aparecido diversos documentos en los que la persona clave con la que contacta la red sería Francisco Utrera Mora (identificado como U en varias ocasiones, según la policía), secretario general de Comercio Exterior del Ministerio de Economía entre 2000 y 2003, y por tanto con responsabilidad sobre los FAD, según la policía. 

Uno de los múltiples documentos es muy claro. Resume una reunión el 7 de marzo de 2001 entre representantes de Ros Roca y la red y en el punto siete aclara: "República Dominicana. Las gestiones realizadas ante el FAD han tenido su efecto. El crédito ha sido aprobado por un montante de 27 M [millones] de USD [dólares]. Le gustaría 'amarrar' más el asunto y solicita una gestión con el Presidente, incrementando su colaboración hasta una postura 4 del total". 

Esto es, según la policía, Correa y su equipo utilizan sus contactos políticos para lograr el crédito FAD español para que la República Dominicana desarrolle una planta de tratamiento de residuos, y Ros Roca solicita que utilice esos mismos contactos para presionar al presidente de este país para que adjudique la planta a este grupo. Efectivamente, el crédito se concedió el 25 de julio de 2002, y Ros Roca se llevó el concurso, según el informe. 

(www.elpais.com, 13/12/10) 

GESTIONES CON AUTONOMÍAS PARA PLANTAS DE 'PURINES' 

El Grupo Ros Roca, una empresa catalana con presencia internacional, quiso hacer en 2001 una gran expansión en España y lograr autorización y subvenciones para construir varias plantas de tratamiento de purines [producción de energía a través de los residuos de la ganadería] en diversas autonomías. 

Y para facilitárselo, la red Gürtel se convirtió en su agente, realizando todo tipo de presiones políticas a cambio de comisiones. Lo hizo, según el informe policial, a través de sus contactos en el PP, en varias comunidades en manos de este partido -Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana- y en Aragón a través de sus contactos en el PAR, que cogobernaba con el PSOE. Decenas de documentos dan cuenta de estas gestiones, y la policía sostiene que al menos la planta de Langa del Duero (Soria) se logró llevar adelante gracias a estos contactos políticos. 

Entre las decenas de documentos se incluyen cartas a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, señalándole qué gestiones políticas había que hacer ante consejeros autonómicos de gobiernos controlados por el partido para ayudar al Grupo Ros Roca a lograr sus objetivos empresariales. También hay un fax dirigido al ex diputado Jesús Merino, que asesoraba a Ros Roca desde su despacho de abogados. 

La policía sostiene incluso, a través de un documento localizado en el que se incluyen seis iniciales, que tanto Bárcenas como Merino o Gerardo Galeote, actual miembro del Comité Ejecutivo del PP y asesor de Mariano Rajoy, tenían participación en la empresa de la red Spinaker, que se asoció con Ros Roca para entrar en el negocio de los purines. En el registro mercantil no figura ninguna participación de Bárcenas ni de Merino, pero la policía sostiene que era una entrada no oficial, suscrita en un documento privado. 

(www.elpais.com, 13/12/10)

Pedreira respaldó a Garzón en las escuchas a presos de Gürtel

Anticorrupción avaló las medidas sobre Correa y Crespo

El juez instructor del Tribunal Superior de Madrid para el caso Gürtel, Antonio Pedreira Andrade, reprodujo los argumentos del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón al prorrogar las escuchas a los principales cabecillas de la trama corrupta en prisión, con el beneplácito de la Fiscalía Anticorrupción, en un auto fechado el 20 de abril de 2009 que ha permanecido bajo secreto hasta el pasado viernes.

El auto con los argumentos estuvo bajo secreto hasta el pasado viernes

Se trata del auto que la defensa de Garzón ha pedido en reiteradas ocasiones que se incorpore como prueba. El instructor del Supremo Alberto Jorge Barreiro lo había reclamado y la Fiscalía había advertido que si no se incorporaba durante la instrucción podría generar "indefensión" al juez imputado.

El auto hasta ahora secreto demuestra que los argumentos de Garzón para acordar las escuchas en prisión fueron compartidos por el instructor del Tribunal Superior de Madrid y por la Fiscalía Anticorrupción. Según el auto, fue la Brigada de Blanqueo de Capitales la que instó del juez Pedreira la prórroga del control de las comunicaciones orales y escritas de los cabecillas de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez en el centro penitenciario, incluidas las "comunicaciones personales que mantengan los citados internos con los letrados personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos".

La fiscalía "informó favorablemente" sobre esa petición, en el sentido de "no oponerse a la prórroga" y con "expresa indicación a los funcionarios policiales de efectuar salvaguarda del derecho de defensa de los imputados". En consecuencia, el fiscal pidió el desglose de las transcripciones de todas las conversaciones, "salvo las que a continuación se transcriben".

El auto menciona a continuación las conversaciones que interesan al fiscal, entre las que figuran las de Pablo Crespo con su nuevo abogado, Pablo Rodríguez Mourullo; de Correa con sus dos abogados, el que también está imputado en la trama, José Antonio López Rubal, y el que le sustituyó, José Antonio Choclán; otras más de Correa con Choclán y de Crespo con Mourullo, etcétera. Así, hasta una docena de conversaciones que el juez del Supremo Jorge Barreiro considera presuntamente delictivas solo para Garzón.

Sin embargo, las escuchas fueron prorrogadas por Pedreira citando el Convenio Europeo de Derechos Humanos, artículo 8.2., que admite la injerencia de las autoridades en la vida privada y familiar si está prevista en la ley y constituye una medida que, "en una sociedad democrática, sea necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la prevención del delito (...)". El juez agregaba que la restricción del derecho al secreto de las comunicaciones estaba prevista en el artículo 579.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que deja en manos del juez de instrucción el juicio de la proporcionalidad y necesidad de la medida.

Según Pedreira, ese derecho a la intimidad no tiene carácter absoluto, y puede estar sujeto a limitaciones con dos requisitos: que solo el juez puede autorizar el sacrificio del derecho a la intimidad; y que dicho sacrificio tenga por finalidad exclusiva la investigación de un delito concreto y la detención de sus responsables.

El juez del Tribunal Superior de Madrid explicaba después que en el momento inicial del procedimiento en que se acuerda la intervención -se refiere obviamente a Garzón-, no resulta exigible una justificación fáctica exhaustiva, "pues se trata de una medida para profundizar en una investigación no acabada". Añadía que la medida debía de ser temporal, sin perjuicio de las sucesivas prórrogas y bastaba con que el juez "tenga puntual información de los resultados" de las escuchas, no siendo exigible "la audición personal y completa de las grabaciones obtenidas por la Policía".

Pedreira concluía prorrogando el control de las comunicaciones orales y escritas ordenadas por Garzón sobre Correa, Crespo y Sánchez en la cárcel donde se hallaban o a la que sean trasladados.

www.elpais.es 07.12.10

Correa creyó que Garzón iba a archivar el caso por su relación con el Santander

El cabecilla de la trama sospechaba un mes antes de ser detenido dela intervención de sus teléfonos y creía que iban a por él para "cazar" a Aznar y Agag

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, creyó en febrero de 2009 que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, no abriría una causa sobre sus actividades corruptas, según se desprende del sumario del caso, cuyo secreto se comenzado a levantarse este viernes. Correa pensaba que la investigación judicial podía arrojar datos sobre irregularidades en la construcción de la Ciudad del Santander y el magistrado tenía "un compromiso" con su presidente, Emilio Botín.

"El primero que va a decir que marcha atrás es Botín, y ahí, el que tiene un compromiso es el 'Rey Baltar'"

En un conversación telefónica con su abogado, Juan Pérez Mora admite que con "el tema Boadilla", es posible que el juez llame a varias personas a declarar pero añade que "luego lo archivan, porque ahí, si eso sigue adelante va a salir lo de la Ciudad del Santander". "El primero que va a decir que marcha atrás es Botín, y ahí, el que tiene un compromiso es el 'Rey Baltar'", apostilla el abogado. Correa fue detenido por orden de Garzón sólo un día después de mantener esta conversación.

Esta alusión al 'Rey Baltar' no es la única que figura en el sumario de la trama. El 4 de febrero de 2009, Correa ya habla del magistrado con otro de sus abogados, Manolo Delgado, al que anuncia que tiene noticia de que un sumario de la Fiscalía Anticorrupción donde se menciona que ha recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 5.

"Parece ser que el Rey Baltar ha asegurado que va a responder como muy pronto en julio", dice Correa que menciona que Pérez Mora tenía previsto mantener una reunión "con el segundo" de Garzón para convencerle de que la información que había reunido el Ministerio Público era sólo fruto "de una vendetta" en su contra.

  • Correa ya sospechaba en enero de 2009

Además, en una conversación anterior con el letrado Pérez Mora, concretamente en enero de 2009, Correa sospechaba que iban a por él para "cazar" al ex presidente del Gobierno José María Aznar y su yerno Alejandro Agag, de quien reconoce ser "amigo". Asimismo, también tenía la intuición de que sus teléfonos estuvieran pinchados y abordó el asunto con varios de sus colaboradores, que le aseguraban estar investigando la situación gracias "amigos" de la Policía.

"A lo mejor a través mio cazan a Alejandro y a Aznar... una historia que no hay quien se la crea"

Sobre Aznar y Agag aseguró: "Dicen que van a por Agag y Agag no tiene nada que ver con ese... con esa ciudad ni nada, nada, el pobre hombre, lo que pasa es que la gente que quiere una redecilla política, que quiere joder al alcalde, uno de su propio partido que lo ha cesado, pues ha denunciado y me ha metido a mi por el medio como que yo soy amigo de Alejandro, y que a lo mejor a través mio cazan a Alejandro y a Aznar... una historia que no hay quien se la crea, cuando nunca hemos tenido relación con ellos".

En otra conversación telefónica con otro de sus abogados, Manolo Delgado, Correa asegura haber hablado con un amigo suyo inspector jefe de Policía sobre los pinchazos telefónicos. Y sólo dos horas después habla con el ex secretario de Comunicación del PP gallego Pablo Crespo para tranquilizarle y asegurarle que no hay ninguna intervención telefónica "oficial".

"A mí me dijo que tiene que ser un periodista o alguien que tenga un amiguete, y el amiguete lo habrá hecho de forma personal", explica Correa a Pablo Crespo antes de recordarle que escuchas realizadas de forma ilegal pueden "joder un procedimiento entero".

El principal imputado en el caso Gürtel no se quedó quieto en prisión. Estando entre rejas entró en contacto con el bufete de abogados 'Fontan et Associés' con sede en Ginebra (Suiza) con la intención de evitar un bloqueo de los fondos de sus empresas desviados a cuentas de bancos suizos. 

Eso es lo que se desprende de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía incorporado en el sumario judicial.

En el escrito, los agentes interpretan notas manuscritas localizadas en un registro efectuado en la celda de Correa en la cárcel de Soto del Real el 6 de mayo de 2009, que ponen en relación con otros indicios, entre ellos varias conversaciones telefónicas mantenidas por el también imputado Pablo Crespo con su abogado.
 

  • Archivos con el título "expediente elecciones"

El sumario también revela que la Policía Nacional encontró un "grupo de archivadores AZ con la rotulación expediente elecciones" en una nave industrial en Alcorcón (Madrid), en la calle de Arganda del polígono Ventorro del Cano, donde se hallaba otros archivos relacionados con empresas de Francisco Correa.

Los archivos de expedientes de elecciones estaban en la misma nave donde se encontraron documentos de empresas de Correa, como Special Events o Pasadena Viajes, ésta última encargada de organizar todos los viajes del PP durante varios años.

En la misma caja en la que están los archivadores "expediente elecciones", hay otros titulados "Clientes" e "Inspección FCS". El sumario señala que están "todos ellos precintados con una cinta de embalar en la que está escrito "Confidencial J. Luis Díez".

Además de estos archivos, el sumario cita otra caja de cartón con las siglas "J.L. Díez" en la que se encuentra un archivo titulado "Expte. Elecciones Gallegas 1997".

En la misma nave, hay otra caja de cartón con siglas "OAC Majadaonda" en la que el sumario indica que se encuentran "diversos archivadores metálicos" titulados "OAC Ayuntamiento de Majadahonda 2003-2004", "Cita previa proveedores", "Gestión OAC, concursos de cuatro meses, concursos de 12 años", "Consultas al OAO", "Proveeores y documentación", "OAC Majadahonda con nombres de la empresa Atento - Quality Leach - Live".

Los archivos relacionados con las empresas de Francisco Correa son dos cajas de cartón con "unos veinte archivadores" que llevan por título "Especial E (Events)" de los años "2002-2003" y otra de "1999-2000-2001", según indica el sumario. También se encontraron otros conjuntos de archivadores "Special Events 2004" y otra con mismo título de 2007.

www.publico.es 05.12.10

Correa logró 14 millones en dos años y repartió la mitad en sobornos

El sumario refleja la vasta red de empresas de Gürtel para evadir dinero

La red Gürtel recibió de empresarios y personas "desconocidas" 14,1 millones de euros en solo dos años, de los que casi la mitad los destinó a pagar sobornos a altos cargos de Administraciones autonómicas y locales gobernadas por el PP. Así se desprende de un informe de la Agencia Tributaria que figura en la parte del sumario que seguía secreta (en torno a 30.000 folios) y que el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, hizo pública ayer.

El citado informe revela que gran parte de los 14,1 millones procedían de importantes empresarios que pagaron al cabecilla de la red, Francisco Correa, sumas de entre 60.000 y 1,5 millones de euros de una tacada para que este les consiguiese contratas amañadas de Administraciones gobernadas por cargos del PP que se dejaron sobornar.

Otros políticos que supuestamente recibieron sobornos son: el ex diputado por Segovia Jesús Merino, miembros de la familia Galeote (el ex concejal de Boadilla de Monte, Madrid, José Galeote, y su familiar y ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote); el ex alcalde Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón), y el todavía presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel Fernández Santiago, conocido como TOTI. También hay una partida de un millón de euros "de origen desconocido" de los que 420.000 acabaron en el PP de Valencia.

El sumario conocido ayer también refleja la vasta red de empresas que Correa tejió en el extranjero para ocultar el dinero de sus comisiones. Aunque se calcula que tiene mucho más dinero oculto, de momento hay 21 millones de Correa bloqueados por el juez Pedreira en Suiza y se le buscan otros 30 en Estados Unidos. El juez ha remitido comisiones rogatorias a más de una decena de países en busca de dinero e inmuebles propiedad de la trama. En una sucursal que Bancaja tiene Miami (EE UU) Correa ingresó 1,7 millones de euros a través de empresas opacas y empleó este dinero en adquirir inmuebles de lujo.

La policía, además, halló un "grupo de archivadores" en una nave de Alcorcón (Madrid), que contienen información sobre la intervención de la trama en procesos electorales del PP.

www.elpais.es 04.12.10

"Álvaro, saldrás adelante con tu talento"

Pablo Crespo, número dos de la trama de corrupción vinculada a Gobiernos del PP, intentó mantener la moral alta entre los dirigentes del grupo y escribió varias cartas en los primeros días de su estancia en prisión. En todas ellas, pedía a sus colaboradores que intentarán desbloquear las cuentas de las distintas sociedades para disponer de dinero con el que continuar la actividad. A Álvaro Pérez, El Bigotes, cuya empresa valenciana había logrado facturar más de ocho millones de euros con el Gobierno de Francisco Camps, le escribió al menos en dos ocasiones. En la segunda de las misivas, después de tres semanas en la cárcel, le recordó que tanto él como Correa seguían siendo "amigos incondicionales".

Crespo sostenía que las desgracias que les habían sucedido tendrían su final y pedía a Álvaro Pérez que no se agobiara "en exceso por las empresas". "Todo volverá a su sitio. Y recuerda que saldrás adelante con tu talento y tu ilusión. Y recuerda también que hay mucha gente que te quiere y que te apoya".

Pérez es el único de los directivos relevantes de la trama que no ha entrado en prisión, aunque en febrero de 2009 fue detenido por la policía y puesto a disposición judicial. "Porque si todo este asunto es un gran montaje político", le escribe Pablo Crespo, "en tu caso la injusticia y el trato que te han dado es, si cabe, más grave todavía (...) Nosotros estamos bien, dentro de lo que cabe. Yo ayudo a Paco que, como sabes, tiene una situación familiar bastante triste".

www.elpais.es 04.12.10

La trama Gürtel invirtió más de 12 millones en casas y yates de lujo en la Costa del Sol

La organización de Francisco Correa blanqueó más de 12 millones de euros que, tras pasar por complejas estructuras societarias montadas en el extranjero, fueron reintroducidos en España y utilizados en inversiones especulativas y compra de bienes. Así lo afirma la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) en un informe entregado el 5 de noviembre al juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira.

Un extenso informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) entregado el pasado 5 de noviembre al magistrado Antonio Pedreira, que investiga el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, afirma que a través de esas estructuras mercantiles en el extranjero, cuya ideación se atribuye a Ramón Blanco Balín y Luis de Miguel, la red de Correa limpió 12.262.435 euros que inicialmente serían «fondos obtenidos ilícitamente».

El informe analiza los numerosos documentos intervenidos en un registro al despacho de Ramón Blanco y llega a la conclusión de que la trama creó hasta seis estructuras societarias en el exterior para «responder a unas necesidades básicas de desvincular el origen ilícito de los fondos obtenidos en España».

La operativa que se seguía era, según la Policía, la creación o compra de una sociedad principal situada en un territorio off shore o paraíso fiscal, generalmente en alguna de las Antillas del Caribe, como Nevis o Curaçao. En el caso de la trama Gürtel, esas sociedades recibieron los nombres de Pacsa, Fountain Lake, Kitty Hawk, Forevermore, Walking Tall y Lubag.

La sociedad principal se convertía en accionista mayoritaria de otra sociedad, ubicada también en el extranjero: Rustfield, Windrate, Still Media, Bangtone, Permhall (estas cinco en Gran Bretaña) y Clandon (en Holanda). Estas compañías -denominadas sociedad agente- eran a su vez accionistas mayoritarias de las mercantiles domiciliadas en España. La sociedad agente era la que reintroducía el dinero en España y, según la Udef, lo hacía por tres procedimientos: ampliaciones de capital en las sociedades patrimoniales españolas, préstamos participativos e inversiones directas. Una vez inyectado el capital, esas sociedades patrimoniales (Kintamani y Caroki, las más activas) realizaban distintas inversiones y adquisiciones de bienes.

Para la salida del dinero hacia el exterior, la organización habría utilizado a personas como Eduardo Eraso, imputado en el procedimiento. El informe policial le atribuye la exportación de al menos 1.054.000 euros procedentes de la caja B de Pablo Crespo (mano derecha de Correa) que acabaron en la sociedad agente Rustfield mediante el procedimiento de la compensación. «Esta técnica consiste en que el dinero no se mueve físicamente del país», explica la Udef, «sino que lo que se hace es contactar con personas interesadas en introducir dinero desde el extranjero en España y compensar su cantidad con la que Eduardo Eraso quiere sacar del territorio nacional».

«Mediante transferencias bancarias», añade, «esa persona en el extranjero ingresa la cantidad en la cuenta bancaria de la sociedad en el exterior perteneciente a la organización de Francisco Correa y a su vez Eraso ingresa la misma cantidad en la cuenta bancaria de la entidad residente en España que la otra persona le indique».

La Policía concluye que «así, mediante una simple anotación en cuenta, cada uno de los partícipes tiene el dinero donde quiere, sin que las autoridades administrativas se hayan percatado de ello y sin que se produzca el movimiento físico de los fondos». La Policía ha constatado este procedimiento mediante el análisis de los extractos bancarios de Rustfield y los documentos intervenidos en el despacho de Ramón Blanco. Según la Udef, Eraso habría recibido una comisión del 1% o 2% de la cuantía exportada y operó «tanto con personas físicas (F. Carreno, J. De Herrera Fernández, Julia Llopis, ...) como con personas jurídicas (Serengueti Investements o Trébol Services)».

Una vez que el dinero quedaba colocado en las sociedades agentes ubicadas en el extranjero, la organización lo habría reintroducido en España mediante:
- Ampliaciones de capital, como las que Rustfield realizó en Kintamani (5,4 millones), Caroki (1,2 millones) o Proyedicon (260.000 euros). O como las que Lubag y Clandon realizaron en Osiris por un total de cinco millones.

- Préstamos participativos, como los realizados por Rustfield en Proyedicon.

- Inversiones directas. El informe analiza dos operaciones realizadas directamente desde Rustfield. Una de ellas es la participación con el 22,5% en el capital social de Nuevas Promociones Inmobiliarias Salobreñas, una sociedad dedicada a la construcción de viviendas unifamiliares. La otra operación fue la participación con el 50% en el capital social de Proyedicon, una sociedad creada por la organización de Correa para la compra de la finca Monte El Valle, en El Escorial (Madrid). «El objetivo de la operación», afirma la Udef, «era la obtención de beneficio mediante la venta posterior de la finca y la especulación mediante el cambio de utilidad urbanística de la misma». La Policía halló en el bufete de Blanco Balín documentos en los que se reflejaban distintas opciones distinguiendo entre dinero Alicante (el que circularía dentro de los cauces legales) y dinero Barcelona, o fondos opacos. Se trata de la misma terminología de la contabilidad de la trama que se encuentra en el pendrive intervenido a José Luis Izquierdo. La finca de El Escorial fue vendida al empresario José Luis Ulibarri, también imputado, por un montante escriturado de 8,5 millones.

El informe policial analiza las inversiones y adquisiciones de bienes que la trama realizó una vez que el dinero retornó a España desde las estructuras exteriores.

Así, valora la adquisición por Caroki de cuatro parcelas en la urbanización gaditana de Sotogrande, así como dos pisos en Residencial Mirador de Palacio de Vallehermoso.

Kintamani, por su parte, adquirió un ático, un piso y cinco plazas de garaje en la urbanización El Embrujo Playa, de Marbella (Málaga), cuatro fincas en Tarifa, cinco parcelas y dos garajes en Sotogrande, dos puntos de atraque en Sotogrande, una vivienda y dos plazas de garaje en el conjunto residencial Las Terrazas de Las Lomas en Marbella, una parcela en Las Rozas (Madrid) y dos parcelas en Algeciras.

Osiris, participada por la holandesa Clandon, adquirió inmuebles en Ibiza y Sotogrande, así como tres embarcaciones de recreo. Una de ellas, llamada Carmen Once, es descrita en el informe como «un barco preparado para ocho invitados con todo tipo de comodidades, valorado en unos 3.000.000 euros». Fue vendida a Vanique Ltd. en marzo de 2008 por 1,8 millones.

Otra de las sociedades de la trama, Pasadena Viajes, adquirió otra embarcación de recreo que fue vendida a Conseil Cabinet, vinculada, según la Policía, a José Luis Ulibarri.

La Udef incluye en el mismo informe la operativa de Hator Consulting, a la que describe como una sociedad utilizada por la organización de Correa para canalizar fondos al margen de las patrimoniales dependientes de las estructuras exteriores. Hator, administrada por Ramón Blanco (desde septiembre de 2005 a enero de 2009) y Pablo Crespo (desde enero de 2009), compró una parcela en la localidad alicantina de La Nucía gracias a fondos provenientes de Osiris. La venta la realizó otra sociedad de la organización, Castaño Corporate, vinculada a Jacobo Gordon.

Los investigadores sostienen que la trama funcionaba con una «unidad de caja». «Los fondos canalizados desde el exterior a las sociedades patrimoniales españolas se destinan a cubrir necesidades puntuales de tesorería de otras compañías de la organización mediante trasvases de capitales entre las distintas posiciones bancarias», explica.

El informe destaca el papel clave que habrían desempeñado Luis de Miguel y Ramón Blanco. «La creación de tales estructuras empresariales en el exterior», señala, «requiere de conocimientos legales, aportados por los artífices de su constitución: en un primer momento, Luis de Miguel y, posteriormente, Ramón Blanco». Eran precisos, igualmente, corresponsales en los países donde se establece el domicilio fiscal de las empresas que componen el entramado exterior. «La cantidad de documentación incautada», escribe la Udef «ha permitido conocer cómo desde el despacho de Luis de Miguel o desde el despacho de Ramón Blanco se remitían y recibían faxes y correos electrónicos a sociedades y despachos de asesoría sitos en las Islas del Canal de la Mancha, en Nevis, en Holanda o en Curaçao».

Según la Policía, la trama Gürtel se aprovechó de «legislaciones que permiten mantener la opacidad en las operaciones llevadas a cabo por las sociedades radicadas en sus territorios. Por este motivo se eligen territorios off shore como las islas Nevis o Curaçao, en el Caribe, o las Islas del Canal o Suiza en Europa».

www.elmundo.es 16.11.10

Los investigadores de Gürtel buscan en EE UU 30 millones opacos de la trama

El bróker estadounidense de Correa se negó a declarar en junio en Nueva York

Los investigadores del caso Gürtel buscan en Estados Unidos alrededor de 30 millones de euros opacos al fisco que la trama dejó supuestamente en manos del gestor americano de inversiones Randall Lew Caruso. Este bróker o asesor financiero figura entre las cinco personas radicadas en EE UU que se hallan imputadas por el juez Antonio Pedreira por haber ayudado supuestamente a los cabecillas de la red corrupta, Francisco Correa y Pablo Crespo, a evadir dinero español de procedencia ilícita.

  • Randall Lew Caruso trabaja ahora para el banco privado Morgan Stanley

  • La policía ve crucial interrogar al gestor americano de los fondos de Correa

Fuentes jurídicas y financieras estadounidenses han informado a EL PAÍS que Correa es cliente de Lew Caruso, quien ahora trabaja para la firma americana Morgan Stanley Smith Barney, y que supuestamente oculta un total de "30 millones de euros". Según estas fuentes, Caruso habría admitido ante personas de su entorno profesional que gestiona una cuenta con 30 millones que pertenece "a un promotor español". Los citados medios aseguran que se trata del cabecilla de la red, Francisco Correa.

La Fiscalía de Nueva York tiene en su poder una comisión rogatoria del juez Pedreira pidiéndole que interrogue a Caruso por delitos fiscales y de evasión de capitales, entre otros. Al ser consciente de que era investigado en España, el abogado de Caruso se entrevistó el pasado 14 de junio en Nueva York con funcionarios policiales comisionados por la justicia norteamericana a instancias de Pedreira. Fue el propio abogado de Caruso el que pidió a los agentes entrevistarse con ellos. El letrado quería información sobre la situación judicial de Caruso, ya que su cliente, comentó, le había expresado "su miedo" a salir del país ante la eventualidad de que fuese detenido.

El abogado habló con los agentes tras recibir de la fiscalía de Nueva York (EE UU) un requerimiento para que compareciese en sus dependencias y prestara declaración en relación con la petición de ayuda cursada por el juez español. Los agentes informaron al abogado de los delitos de los que estaba "imputado" su cliente y del carácter secreto de las diligencias, y le conminaron a que declarase al día siguiente, 15 de junio, ante la fiscalía neoyorquina. Incluso le sugirieron la posibilidad de que prestase declaración, a través de videoconferencia, simultáneamente con Madrid.

El abogado no se comprometió a nada en ese momento, aunque horas después comunicó a los policías que ni él ni su cliente Caruso acudirían a la citación. En ese instante, Caruso trabajaba para la sociedad Merrill Lynch, pero el 16 de septiembre, al ver que sus pasos eran seguidos por la justicia, informó a Wall Street de que cambiaba su firma de operaciones a favor de la citada Morgan Stanley, a la que trasladó su bolsa de clientes, se supone que entre ellos a Correa. Morgan Stanley ha pagado una fuerte suma a Caruso por sus servicios antes de conocer sus problemas con la justicia.

La policía sostiene en un informe al que ha tenido acceso EL PAÍS que Correa y Crespo crearon "una estructura societaria en los Estados Unidos de América y las Islas Vírgenes Británicas a través del despacho Juris Magister, dirigido por Vicente Luis Agramunt Siurana y dedicado a la realización de operaciones inmobiliarias en Miami a través del grupo inmobiliario Fortune".

Según el citado informe, que está en poder de la justicia estadounidense, "los fondos para la realización de dichas inversiones provienen de las entradas de dinero en la cuenta que la sociedad Hilgar posee en una sucursal de Miami" de Bancaja, "dirigida por Guillermo Martínez Lluch". La firma Hilgar pertenece a Correa y es un grupo que participa, a su vez, en una decena de sociedades ubicadas en Florida (EE UU).

Siempre según el citado informe, el dinero cosechado con las inversiones inmobiliarias "era enviado después a una cuenta que la compañía Chelmi Ltd., administrada por Caruso y residenciada en las Islas Caimán, tiene en la sociedad Merrill Lynch en un banco de la república de Singapur". Los investigadores de Gürtel están convencidos de que Caruso es el "asesor financiero y persona de confianza de Francisco Correa y [su lugarteniente en la trama] Pablo Crespo", y que se trata de la persona que "creó, gestionó y administró la estructura societaria en las Islas Caimán y los fondos de las sociedades a través de las posiciones que dichas compañías tienen en la entidad financiera Merrill Lynch", donde Caruso desarrolló su actividad hasta hace unos meses, cuando fue fichado por Morgan Stanley. En el citado informe, los investigadores de Gürtel "consideran crucial" interrogar a Caruso "para determinar el destino de parte de los fondos de la organización [de Correa] generados por operaciones delictivas en España, así como el dinero ya blanqueado en operaciones inmobiliarias de carácter especulativo desarrolladas en los Estados Unidos de América". En Morgan Stanley, ignorantes de los supuestos chanchullos de Correa y Caruso, existe preocupación por las consecuencias de la investigación a la que está sometido Caruso y la posible ilicitud de los fondos de Correa. Merrill Lynch fue adquirida el año pasado por el Bank of America a un precio de 44.000 millones de dólares. No obstante, Caruso ha recalado finalmente, con su cartera de clientes, en Morgan Stanley. En concreto, ahora trabaja para la división internacional de banca privada de esta firma, denominada Wealth Management, ubicada en la calle 399 de Park Avenue. Fuentes cercanas a Morgan Stanley señalan que la preocupación viene dada porque esta entidad tiene como principio básico "no gestionar u ocultar dinero de procedencia ilícita y menos aun de un país democrático como España".

El nombre de Randall Caruso aparece mencionado en las grabaciones efectuadas a los cabecillas de la Gürtel tras ser encarcelados por el juez Garzón en febrero de 2009. En esas grabaciones, que fueron anuladas por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el ex secretario de Organización del PP de Galicia, Pablo Crespo, número dos de Correa, da instrucciones a abogados desde la prisión de Soto del Real para recuperar y esconder fondos que la organización tiene en el extranjero.

Esas conversaciones revelan que la esposa de Crespo actuó de "intermediaria" con personas de la organización "para recibir o transmitir mensajes de su marido". Y que, entre otras personas, se puso en contacto con Caruso. En una de las llamadas interceptadas, señala que ha utilizado el móvil del novio de su hija para telefonear a Caruso.

El juez Pedreira tiene imputadas en Estados Unidos a otras cuatro personas aparte de Caruso: entre ellas, Ana Karlota Figueroa, persona de confianza de la red en Miami, donde Correa invirtió en pisos de lujo frente al mar. Otro de los investigados es el español Guillermo Martínez, director en Miami de Bancaja.

21 millones en Suiza

Hacienda calcula que el cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa, amasó dinero y bienes tasados en 85 millones de euros. En Miami (EE UU) y España tiene numerosos inmuebles a nombre de terceros que son suyos.

A los 30 millones que la investigación de Gürtel le busca en Estados Unidos y las Islas Caimán, se unen los 21 millones que ya le han sido localizados, y bloqueados, en Suiza. Todo este dinero procede del dinero que logró la red gracias a negocios basados en intermediación y sobornos a políticos del PP de Madrid, Valencia, Castilla-La Mancha y cuatro grandes municipios madrileños a cuyos ya ex alcaldes dio comisiones.

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha remitido más de una decena de comisiones rogatorias al extranjero en busca del dinero ilícito. Aparte de en Estados Unidos, se le busca dinero en Portugal, Colombia, Panamá y Reino Unido.

www.elpais.es 15.11.10

CASO GÜRTEL : BILLETES DE 500 PARA COMPRAR A CARGOS DEL PP

 

Documentos del sumario acreditan el pago a dirigentes populares de comisiones ilegales por adjudicación de obras públicas mediante "moneda de alta denominación"

 

Una "tira de impresión de calculadora" encontrada en una carpeta azul que guardaba el contable de la red Gürtel, cuya fotocopia está incorporada al sumario y se muestra en esta página, delata que la trama corrupta de Francisco Correa pagaba a los cargos públicos del PP con billetes de 500 euros la "primera fase del blanqueo de capitales", según señala un informe policial al que ha tenido acceso EL PAÍS.

  • Entre 2003 y 2007, Teconsa sacó cinco millones en billetes de 500 euros
  • Correa pagó comisiones ilegales a Bárcenas, Merino, Galeote y Santiago
  • La policía halló una tira de calculadora con sumas de billetes y monedas
  • El reparto de euros en efectivo era la primera fase del blanqueo de dinero

En dicho informe se detalla cómo la red corrupta se encargó de cobrar un 3% de comisión ilegal a la constructora leonesa Teconsa por al menos tres obras públicas adjudicadas por el Gobierno de Castilla y León, del Partido Popular.

En el historial tributario de Teconsa, según explica el informe policial, se recoge cómo entre 2003 y 2007 sacó más de cinco millones de euros en billetes de 500. Los pagos en billetes de 500 euros por obras adjudicadas en Castilla y León a los que hace referencia el sumario corresponden a 2002, cuando todavía no se hacían controles en los bancos sobre ese tipo de billetes.

Correa, según la investigación judicial, repartía esa comisión ilegal entre dirigentes políticos del PP, entre los que la policía señala al ex diputado nacional Jesús Merino, al ex senador y ex tesorero Luis Bárcenas; al ex eurodiputado Gerardo Galeote y al actual presidente de las Cortes de Castilla y León y ex consejero de Fomento de esta comunidad, José Manuel Fernández Santiago.

Las conclusiones de la policía se basan en documentos encontrados en las sedes de la trama corrupta, cotejados con los expedientes de contratos adjudicados por la Junta de Castilla y León.

La tira de impresión de calculadora que halló la policía refleja cómo el contable fue sumando las cantidades que tenía en billetes de 500 y en monedas de un euro y que sumaban exactamente el 3% del precio final de la adjudicación a Teconsa de las obras de la variante de Villanueva de Mena por 5,8 millones de euros. El reparto del dinero, según los documentos incautados a la trama corrupta, se hizo el 14 de junio de 2002 mientras la adjudicación fue el 9 de mayo de ese mismo año.

La policía escribe: "El dinero que recibe la organización de Francisco Correa por parte de los responsables de las empresas como contraprestación por la intermediación de esta para la consecución de la adjudicación de proyectos otorgados por parte de las Administraciones públicas se otorgaban en su mayor parte en billetes de alta denominación (200 o 500 euros). Estas cantidades posteriormente se repartían entre los partícipes en el proceso mediante entregas de dinero en metálico, también en billetes de alta denominación. Existe una preferencia por la utilización de billetes de alta denominación por parte de las organizaciones por su facilidad en el transporte".

Los investigadores hacen ver que este modo de repartir comisiones ilegales por la adjudicación de obras "constituye la primera fase del proceso de blanqueo de los capitales de procedencia ilícita denominada de adquisición y que se caracteriza por la utilización masiva de medios de pago transformables directamente en dinero en efectivo". Teconsa, la empresa que pagó las comisiones ilegales por obras en Castilla y León, es la misma que, según la investigación, repartió con Correa parte de los 3,5 millones que ganó cuando la televisión pública valenciana le adjudicó los trabajos de sonorización e instalación de pantallas de vídeo en las calles por las que iba a pasar el Papa en su visita a Valencia.

Teconsa carecía de experiencia para este trabajo, por el que cobró siete millones de euros. Y subcontrató por 3,5 millones todas las tareas.

www.elpais.es  10.11.10

EL FISCAL CREE NECESARIAS LAS ESCUCHAS QUE ORDENÓ GARZÓN EN EL 'CASO GÜRTEL'

El ministerio público solicita el sobreseimiento de la causa contra el juez

El fiscal del Tribunal Supremo ha vuelto a pedir el sobreseimiento de la causa de las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón a los cabecillas de la trama Gürtel, la red de corrupción vinculada al PP, por entender que Garzón dejó a salvo los derechos de defensa y al secreto profesional de sus abogados.

Según el fiscal, el propio juez instructor del Supremo, Alberto Jorge Barreiro, ha dejado claro que existe una "defectuosa regulación legal" sobre las escuchas en prisión, normativa que es insuficiente para apreciar "no ya una ilicitud, sino una ilegalidad injusta de los delitos imputados". El fiscal replica así al durísimo auto del juez Jorge Barreiro, que acusó a Garzón de destruir el Estado de derecho por haber ordenado las escuchas.

El abogado querellante Ignacio Peláez y la Sala de lo Penal centraron la imputación de prevaricación contra Garzón en que este no podía haber ordenado las escuchas al amparo del artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria, que establece esa posibilidad solo para supuestos de terrorismo y con autorización judicial.

Sin embargo, el instructor Jorge Barreiro "provoca un giro esencial", puesto que ya no afirma que Garzón "no podía" adoptar esas medidas, sino que "podía, pero no en el caso concreto". Así, la ilegalidad no derivaría de una "errónea interpretación", sino del "incumplimiento de los requisitos legales exigibles", lo que a lo sumo generaría una nulidad.

Para la fiscalía, el debate debe centrarse en las razones de por qué Garzón podía ordenar las escuchas en ese caso concreto, y por qué el juez Jorge Barreiro sitúa a los abogados como sujetos de las escuchas, cuando los destinatarios eran los presos.

Según el fiscal, Garzón contaba con indicios de que determinados abogados habían intervenido ya en operaciones tendentes al blanqueo de dinero y había acordado la prisión de alguno de ellos. Había indicios de otras operaciones que habían quedado en suspenso y que precisaban que los presos de la Gürtel transmitieran instrucciones al exterior. El fiscal insiste en que se trataba de investigar un delito grave, eran necesarias las escuchas y la complejidad de las maniobras delictivas exigía mantenerlas.

En lo que el fiscal difiere del juez Barreiro es en que Garzón "dejó a salvo el derecho de defensa" en dos resoluciones, y no lo hizo con una "mera cláusula de estilo", puesto que limitó las escuchas al centro penitenciario y excluyó las conversaciones de los autos. Por tanto, dejó a salvo también el derecho al secreto profesional de los abogados.

Por su parte, el juez Barreiro prorrogó ayer por otro mes el secreto sobre los documentos del caso Gürtel remitidos por el instructor del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira. La fiscalía ya le advirtió de que puede estar generando "indefensión" a Garzón por tolerar que se formulen escritos de acusación en una causa que todavía sigue parcialmente bajo secreto.

www.elpais.es  09.11.10

EL TS RECHAZA IMPUTAR A LAS FISCALES DEL CASO 

La Sala Segunda del Tribunal Supremo (TS) ha rechazado imputar a las fiscales del caso Gürtel en la causa en la que se juzgará al juez Baltasar Garzón por los delitos de prevaricación y contra las garantías de la intimidad, por haber ordenado intervenir las conversaciones de los imputados presos, incluidas las que mantuvieron con sus abogados.  

El auto que tiene la misma fecha que la resolución del instructor de la causa, Alberto Jorge Barreiro, que daba por concluida la instrucción del caso de las escuchas, pero se conoció ayer supone un revés para la estrategia de defensa del PP. 

El encargado de dirigir esa estrategia, el portavoz de justicia del PP, Federico Trillo, anunció el pasado 3 de junio en un comunicado que "el caso Gürtel podría dar un giro copernicano". Se basaba en la ampliación de querella que había presentado el 24 de mayo el abogado Ignacio Peláez contra las fiscales Concepción Sabadell y Myriam Segura. 

Peláez, ex fiscal y abogado del imputado José Luis Ulibarri, acusó a sus ex compañeras de permitir las escuchas acordadas por Garzón y no aportar a la causa que se sigue en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) contra el president de la Generalitat, Francisco Camps, conversaciones en las que se decía que se pagaba sus trajes. 

La ampliación de querella, que insistía en que la Fiscalía Anticorrupción eligió el momento para presentar la denuncia y que le correspondiera así a Garzón, fue acogida por Trillo con optimismo, dando por hecho que se había admitido a trámite. "Ha tenido que ser el Tribunal Supremo el que demuestre a las dos fiscales que habían violentado la presunción de inocencia y que habían actuado de manera sectaria al margen de la ley, al ocultar la prueba que exculparía al presidente de la Generalitat", señaló en su comunicado. 

Pero el Supremo lo que ha establecido cuatro meses después de sus palabras es que las fiscales sólo podrían haber cometido los delitos que se imputan a Garzón como cooperadoras necesarias y por omisión. 

El auto destaca que "la actitud de las fiscales no fue estrictamente pasiva, ya que en diversas ocasiones pusieron de relieve lo irregular que a su juicio resultaban algunas de las actuaciones y diligencias llevada a cabo por el instructor". La Sala reconoce que las fiscales tenían posibilidades procesales más efectivas, pero "lo cierto es también que la actuación incompleta o no exhaustiva difícilmente puede equipararse con la plena omisión", al menos en el momento en el que se encuentran las actuaciones, precisa la resolución. 

(www.publico.es, 22/10/10)

'EL GOBIERNO CREÍA QUE CON MI PRISIÓN AVERIGUARÍA ASUNTOS OSCUROS DE AZNAR'  

Se llama Francisco Correa, es el principal imputado en el caso Gürtel y ha cumplido 19 meses en la cárcel de Soto del Real (Madrid). Hoy, por primera vez, habla de su caso, de las comisiones que cobró, del dinero que sacó al extranjero y del «ensañamiento y presión» que está sufriendo para que «me ablande y confiese lo que ellos quieren». Correa no niega que regaló trajes, viajes y otras dádivas a dirigentes del PP y considera que «el Gobierno del PSOE estaba convencido de que a través de mi detención y encarcelamiento averiguaría asuntos oscuros relacionados con el señor Aznar».  

La entrevista con Francisco Correa -que está acusado de cohecho, tráfico de influencias, blanqueo de capitales, fraude fiscal y asociación ilícita- se ha realizado a través de un cuestionario que este periódico le ha hecho llegar a la cárcel. No ha contestado a todas las preguntas, pero reconoce que ganó mucho dinero desde 1992, «cuando comenzamos nuestra colaboración con el Partido Popular».  

Correa también reconoce que «la intensidad de los servicios que el PP demandaba fue haciendo que nos centráramos cada vez más en él, hasta que prácticamente llegó a representar el 90% de nuestro volumen de trabajo». El grupo de Correa estaba formado, principalmente, por las empresas Special Events y Orange Market. La primera estaba radicada en Madrid y la segunda en Valencia y al frente de ella estaba Álvaro Pérez, El Bigotes, que también está imputado y que, supuestamente, regaló trajes al presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps.  

«¿Cuántos regalos, trajes, vehículos, viajes y dádivas ofreció a políticos del PP para conseguir contratos de ese partido?» Esa era una de las primeras preguntas del cuestionario y Correa responde de la siguiente manera: «No voy a explicar si dimos o no comisiones por algún trabajo, si regalamos una chaqueta a un político o si invitamos a un viaje a un cliente. Lo que sí puedo decirle aquí y ahora es que no hemos hecho ni más ni menos que lo mismo que hace cualquier empresario en España, Francia o Estados Unidos».  

Correa va más lejos: «Podría escribirle una larga lista de empresarios que actúan como nosotros lo hemos hecho. Pero no es mi intención hacer público lo que es un secreto a voces y una práctica habitual». Sobre los «favores» a periodistas cuyos nombres aparecen en el sumario del caso Gürtel, «no sabe, no contesta».  

Hasta hace unos meses, Francisco Correa compartía celda en la prisión de Soto del Real con Pablo Crespo, que fue secretario de organización del PP de Galicia y que posteriormente se convirtió en el presidente de Special Events, la matriz del grupo. Y Special Events llegó a colocar, según las investigaciones policiales, unos 50 millones de euros en diferentes bancos de Suiza.  

Correa no habla de cantidades, pero asume algunos hechos en relación con esa cuestión: «El dinero que pudiera haber en Suiza no proviene de ningún negocio ilícito. Es simple y llanamente de puros negocios. Posiblemente pueda ser punible en el ámbito fiscal, pero nada más».  

Correa considera un agravio comparativo la situación que está viviendo en relación con otros casos similares donde los imputados tan sólo han estado meses o semanas en la cárcel. Para ello alude a los casos Malaya, saqueo de Marbella, Astapa, Palau de la Música, Pretoria...  

El jefe de la trama Gürtel está convenido de que «la única explicación que tiene este agravio es que están utilizando la prisión, como en la España franquista, como instrumento de presión. En nuestro país, hay jueces que mantienen en la cárcel a las personas para ver si se ablandan y confiesan lo que ellos quieren». Correa arremete de nuevo contra la magistratura e indica que «existen jueces que tienen intereses extrajurídicos, políticos o publicitarios por exceso de vanidad».  

Francisco Correa piensa que existe un ensañamiento especial contra su persona «por haber mantenido relaciones comerciales con el PP». Y va mucho más lejos: «El Gobierno del PSOE estaba convencido de que a través de mi detención y encarcelamiento averiguaría irregularidades o asuntos oscuros relacionados con Aznar o con Alejandro Agag».  

Los agentes de la UDEF han centrado parte de sus investigaciones en Pasadena Viajes, que también formaba parte del Grupo Correa. La Policía estaba convencida de que Correa pagó muchos favores políticos con billetes de avión y que uno de esos favorecidos era uno de los hijos de José María Aznar, que durante dos años residió en Nueva York. A esa pregunta Correa no contesta.  

El jefe de la trama Gürtel levanta la voz para recordar que «en mi caso se han ido produciendo una serie de violaciones de derechos fundamentales como la intervención continua de todas las comunicaciones con nuestros abogados a lo largo de 75 días y en las que se incluían todas las estrategias de defensa». Y ahí señala al juez Garzón, al magistrado Pedreira y a la Fiscalía Anticorrupción e indica que «con el uso de artimañas ilegales querían obtener lo que no obtuvieron en los interrogatorios en sede judicial».  

Cuando Correa responde al cuestionario de este periódico, en ningún momento enarbola la bandera de su inocencia, sino que indica «que la Justicia no es igual para todos y el futuro determinará si soy inocente».  

Francisco Correa, que en algunas de las transcripciones de las conversaciones telefónicas intervenidas es señalado como Don Vito, no ha respondido a las preguntas referidas a Luis Bárcenas, ex tesorero del PP y, presuntamente, uno de los políticos que cobró de la trama; Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo que recibió un vehículo Jaguar como regalo; o José Luis Peñas, ex concejal del PP que facilitó pruebas a la Policía sobre cobros irregulares por parte de destacados cargos y dirigentes del PP.  

El jefe también aplica el no sabe, no contesta a cuestiones como: «¿Qué policía le avisó de que iban a por usted?» o «¿dónde están los documentos que guardaba en la caja 52 de Caja Madrid y que comprometían a importantes cargos del PP y otras personalidades?»  

Correa ha tenido varias crisis en prisión e, incluso, pensó en el suicidio. Ha cumplido los 54 años en la cárcel y hoy, reconoce, «me veo obligado a tomar ansiolíticos». Ya no es el mismo que se fotografió en la boda de Agag. En sus sienes y barba han aparecido las canas; y su tez no luce el moreno de cuando surcaba el mar con sus barcos deportivos. 

(www.elmundo.es, 13/09/10)

«CORREA ERA MUY AMIGO DEL YERNO DE AZNAR... Y DE AZNAR» 

Son las 11.42 minutos de la mañana del jueves 17 de diciembre de 2009. En la calle hace un frío que pela, pero en el interior del Tribunal Superior de Justicia de Madrid la cosa está que arde. El juez del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, lleva a cabo uno de los interrogatorios, a priori, claves en este complejo sumario: el del abogado Luis de Miguel, imputado por siete delitos, y a las importantes relaciones que, siempre según él, tenía su cliente y la desazón que a éste le provocó que en marzo de 2004 el Partido Popular dejara La Moncloa. 

No ha hecho falta avanzar mucho en el interrogatorio para que afloren esos 'secretos' de manera espontánea. Apenas han transcurrido siete minutos de declaración. La fiscal inquiere a De Miguel hasta cuándo. (El 14 de marzo de 2005 el semanario publicó un extenso reportaje en el que se apuntaba por primera vez los contratos obtenidos por Correa en Madrid y se hablaba de la amistad del cabecilla de Gürtel con el yerno del ex presidente)". "Allí (en Interviú) me ponían a mí como si fuera el artífice de un invento, que tal. Bueno, ese artículo está por ahí y se puede ver en cualquier momento. Y yo ya le dije al señor Correa que, bueno, que si eso era verdad. Que si eso era verdad que yo me tenía que ir, que yo no podía mantenerle como cliente del despacho. Que yo tenía, digamos, unos clientes muy importantes y que, desde luego, no podía estar ahí... en fin... que me habían puesto a parir en una revista". 

"Y entonces claro, ¿Qué pasaba? Que en 2005 ya gobernaba el PSOE y este señor (Correa) era muy amigo del yerno de Aznar... y de Aznar. Pero claro, eso fue hasta el 2004. Una vez que -eso es lo que yo me imagino- el PP no gobierna en este país, pues entonces éste (Correa) está un poco fuera de sí y (piensa que) pueden ir contra él. Y entonces yo me veo en la tesitura de que yo le tendría que dejar. Y yo ya en el año 2005 dimito. Le digo que yo no puedo seguir en esas sociedades". 

No es la única referencia que el abogado-imputado durante su declaración hace al entorno de Agag. La fiscal le pregunta sobre Proyecto Twain Jones, una sociedad inmobiliaria investigada por blanqueo de capitales al haberse nutrido de fondos procedentes de firmas mercantiles radicadas en paraísos fiscales presuntamente pertenecientes al grupo Correa. "Twain era una cosa que organizó me parece Jacobo (Gordon, amigo y ex socio de Agag). Era una especie de grupo inversor. Se decía, vamos a comprar una parcelita o una parcela grande y vamos a poner dinero entre todos. Pero vamos yo ahí estuve muy poco tiempo", insiste en desvincularse. 

Luis de Miguel está imputado, según le anuncia en la vista el propio Pedreira, de los delitos de: blanqueo de capitales; defraudación fiscal; tráfico de influencias; cohecho; falsedad en documento público, oficial y mercantil; revelación de secretos y prevaricación. Según los datos que obran en la causa, en particular un informe de la Fiscalía Anticorrupción fechado el pasado 6 de mayo, en el despacho del letrado interrogado se encontraron documentos sobre "las estructuras de blanqueo off shore (paraísos fiscales) con sociedades ubicadas en Antillas Holandesas y la Isla de Nevis creadas por Luis de Miguel para sus clientes Francisco Correa y Guillermo Ortega", el ex alcalde de Majadahonda, también imputado en este sumario. 

(www.elpais.com, 13/09/10) 

"UNA VEZ QUE EL PP YA NO GOBIERNA, VEO A CORREA FUERA DE SÍ. ERA AMIGO DE AZNAR" 

El abogado Luis de Miguel, imputado por seis delitos en el caso Gürtel, es el hombre que supuestamente tejió en el extranjero la profusa red de sociedades que empleó el cabecilla de la red, Francisco Correa, para evadir y blanquear los muchos millones que obtuvo ilícitamente de Administraciones gobernadas por el PP. 

En su declaración ante el juez Pedreira, a finales de diciembre pasado, se mostró tajante al afirmar que, en septiembre de 2005, dimitió como "asesor" de Correa cuando empezó a sospechar sobre la ilicitud de la procedencia del dinero que ocultaba el líder de la trama. Y también al verse él mismo mezclado, por ser asesor de Correa, en una información periodística que situaba a Correa entre las peligrosas amistades de Alejando Agag, yerno del ex presidente del Gobierno José María Aznar. "Le dije a Correa", explicó al juez, "que si [lo del artículo de prensa] era verdad, que yo no podía mantenerle como cliente, porque yo tenía clientes muy importantes". "¿Y qué pasaba?", se preguntó De Miguel, "pues que en 2005 ya gobernaba el PSOE, y este señor [Correa] era muy amigo del yerno de Aznar y de Aznar.  

Y una vez que ya el PP no gobierna, le veo que está un poco nervioso, fuera de sí, y le dije que dimitía", según su declaración. En el interrogatorio, De Miguel se desentendió de la descomunal evasión de capitales que se atribuye a la red Gürtel: "Los fondos que haya sacado Correa de España", dijo, "ni sé cómo ha sido y no tengo ni idea de cómo los ha sacado". De Miguel afirmó también que aconsejó a Correa que "regularizase" su situación con Hacienda. "Pedí a Correa que pagara por los incrementos patrimoniales sin justificación, incluso le dije lo que le podía costar, pero no me hicieron caso". 

De Miguel admitió que hizo dos "viajes al extranjero" con Correa: uno "de placer" y otro a Reino Unido para constituir allí la sociedad opaca Rustfields, desde la que él, a instancias de Correa, rebotaba dinero a España para compras inmobiliarias de Gürtel. 

El abogado llevaba asesorando a Correa desde 1999. A raíz de un delito fiscal de uno de sus clientes, el juez Garzón ordenó en 2002 un registro en su despacho en el que aparecieron documentos comprometedores para decenas de multimillonarios españoles por evasión de ingentes cantidades de capitales al exterior. Correa era uno de ellos. Ese informe aún no está desclasificado, pero figura en el sumario. 

De Miguel comentó también al juez cómo conoció al cabecilla de Gürtel. "Me presentaron a Correa y a su primo Antoine Sánchez [testaferro de Correa, otro de los encarcelados por la trama], que vivía en Senegal. Me dijeron que querían hacer inversiones en España y que no querían aparecer".  

Según De Miguel, tras tomar contacto con Correa y su primo empezó a crear sociedades en la Isla de Nevis y luego en otros países con opacidad fiscal. De Miguel fue administrador único de algunas de las más importantes sociedades de Correa, como Easy Concept, Inversiones Kintamani y Caroki, SL, así como de la famosa Orange Market, que en Valencia dirigía Álvaro Pérez, El Bigotes, el "amiguito del alma" del presidente Francisco Camps. 

El abogado también ha ocupado cargos en otras sociedades de la red Gürtel (Special Events, Pasadena Viajes, TCM y Real Estate Equity Portfolio). El juez ha enviado comisiones rogatorias a una decena de países y paraísos fiscales en busca del dinero ilícito de Correa. Por el momento se han hallado 21 millones en Suiza y propiedades inmobiliarias en Miami y Colombia. Algunos países no están colaborando. 

De Miguel confesó que, tras apartarse de Correa, la estructura societaria de capitales quedó en manos de otro de los imputados de Gürtel, José Ramón Blanco Balín, que la agigantó aún más. Inspector de Hacienda, Blanco Balín fue durante años vicepresidente de Repsol.  

Pese a este supuesto desconocimiento que alega De Miguel, Garzón, primer instructor del caso, le imputó como uno de los tejedores del entramado financiero de Correa. Y el juez Pedreira lo sigue teniendo como tal. 

Anticorrupción preguntó a De Miguel por Proyecto Twain Jones, sociedad ideada para, entre otros proyectos, construir 16 chalés de lujo en Majadahonda. Se trata de una firma investigada por blanqueo de capitales detrás de la cual se oculta supuestamente Correa. De Miguel explicó: "Era una cosa que organizó Jacobo [Gordon, amigo y socio de Agag]. Era una especie de grupo inversor. Se decía, vamos a comprar una parcela y vamos a poner dinero entre todos. Y por eso se organizó. Pero yo ahí estuve muy poco tiempo". 

"Conozco a Bárcenas solo por la tele" 

El juez Pedreira acaba de pedir a Jacobo Gordon, ex socio del yerno de Aznar, Alejandro Agag, que le aporte el libro de registro de socios de Proyecto Twain Jones. Quiere saber qué personas están detrás de esta sociedad, creada para construir 16 chalés de lujo en Majadahonda (Madrid). Y es que Gordon es presidente de Estate Equity Portfolio, sociedad que posee el 75% del capital de Proyecto Twain Jones. La policía sostiene que uno de esos socios, con una aportación de 150.000 euros, es Rosalía Iglesias Villar, esposa del ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas. 

La policía dispone de un documento hallado en un registro en el despacho del ex asesor de Correa Ramón Blanco Balín en el que aparece manuscrito un supuesto reparto de 300.000 euros entre Correa y Bárcenas, a razón de 150.000 euros para cada uno. El juez preguntó al abogado Luis de Miguel si conocía a la esposa de Bárcenas. Dijo que no. Y que tampoco a Bárcenas. "Le conozco por la tele". 

-¿Usted reconoce una deuda de la mujer de Luis Bárcenas a favor de la entidad Rustfields, de Correa? 

-Ni idea. 

-¿Qué trabajos hizo la empresa De Miguel y Asociados para el Parlamento Europeo? 

-Trabajos de secretaría para uno de los eurodiputados [se refiere a  

José Gerardo Galeote, ex eurodiputado del PP y también imputado en la red Gürtel] 

(www.elpais.com, 13/09/10)

ROBAN EN UNA NOTARÍA DOCUMENTOS DE LA TRAMA GÜRTEL 

Un céntrica notaría madrileña ha sido objeto de un extraño robo vinculado a la operación Gürtel. El notario que presentó la denuncia fue el elegido por Isabel Jordan, colaboradora de Correa, para custodiar un disco duro con casi 100.000 documentos comprometidos sobre el día a día de la trama dirigida por Francisco Correa. 

Según la denuncia presentada por el notario Fernando Fernandez Medina y a la que ha tenido acceso la Cadena SER, durante el robo denunciado a mediados del pasado mes de marzo se desprecintó la caja depositada por Jordán y que custodiaba los sensibles documentos. 

El abogado de Isabel Jordan, que también está imputada en la operación, ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid que el objeto de dicho robo fue exclusivamente "destruir, borrar, modificar o hacer una copia, del citado soporte informático".  

Jordán ha solicitado que la información recabada por ella sea enviada a la Unidad de Delitos Económicos de la policía a fin de ser analizada y para aclarar si tras el robo ese disco duro ha sido objeto de algún tipo de modificación.  

(www.cadenaser.com.com, 03/09/10)

EL JUEZ RECHAZA BAJAR LA FIANZA A CRESPO POR HABER DINERO OCULTO

José Arturo Fernández, el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que sustituye por vacaciones a Antonio Pedreira, ha rechazado rebajar la fianza de 1.200.000 euros que pesa sobre Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP de Galicia y número dos de la trama de corrupción Gürtel.

El juez argumenta que Crespo era el "asesor áulico" del cabecilla de la red, Francisco Correa, y como tal "recibió cantidad ingente" de dinero que "aún no ha podido ser localizado". Hay una quincena de comisiones rogatorias enviadas al extranjero en busca de los millones que presuntamente tiene escondidos la trama en varios países.

Pedreira sí redujo sustancialmente en dos ocasiones la fianza a Antoine Sánchez, primo de Correa, y testaferro y gestor de buena parte de sus sociedades. El abogado de Crespo pedía para su cliente el mismo trato, habida cuenta de que, en su opinión, tiene arraigo en España (por lo que no huiría) y no se sustraería de la acción de la justicia.

Fernández asegura, sin embargo, que los seis delitos que se le imputan a Crespo están penados con más de dos años de cárcel "y están relacionados con su condición de gestor del patrimonio de Correa y de las sociedades vinculadas a este". Y añade: "De las diligencias practicadas se desprende que Crespo era uno de los especialistas en la organización de eventos y obtuvo extraordinarios beneficios económicos (...), siendo su colaboración con Correa indiscutible".

Financiación ilegal

De los tres detenidos por su presunta implicación en la trama que todavía permanecen en prisión, Pedreira sólo ha accedido a rebajar la fianza de Antoine Sánchez.

Por otra parte, la policía entregó hace dos semanas al juez Pedreira un informe de 50 páginas en el que solicita que reclame al PP de Madrid y a la fundación Fundescam toda la información contable referida a los años 2003 y 2004, indicaron a Europa Press fuentes judiciales. Público informó ayer de que la policía quiere esa información ante la sospecha de financiación ilegal del PP de Esperanza Aguirre a través de Fundescam.

En su informe, la policía también insta a Pedreira a que recupere los datos de facturación de Special Events, una de las empresas del líder de la trama, Francisco Correa, con la que se organizaban algunos actos del PP.

www.elpais.es 13.08.10

EL EMPRESARIO COLOMBIANO IMPUTADO EN EL CASO 'GÜRTEL' ENTREGA AL JUEZ FACTURAS DE CORREA

El empresario colombiano Miguel Uriel Hernández, imputado en el caso Gürtel por blanqueo de capitales y fraude fiscal, ha entregado al TSJ de Madrid la documentación y las facturas de las transacciones económicas que realizó con el supuesto líder de la trama de corrupción Francisco Correa.

En el escrito presentado al juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, y al que ha tenido acceso Efe, Miguel Hernández solicita al magistrado que archive la causa respecto a él, una vez que ha colaborado con el tribunal entregando toda las facturas de los préstamos y pagos que hizo a Correa.

Hernández fue detenido en Madrid el pasado 1 de junio, y un día después, durante su comparecencia ante el juez instructor, se comprometió a colaborar con la investigación. Tras su declaración, quedó en libertad, aunque Pedreira le imputa los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública.Según los informes policiales que obran en la causa, a los que tuvo acceso Efe, Hernández Chavarro era "una persona muy importante dentro de la estructura empresarial de Correa en el exterior" y, a través de sus empresas, recibía transferencias de dinero del cabecilla de la trama de corrupción, enmascarando el capital como entradas de fondos.

El empresario colombiano, que asegura que recibió de Correa una única transferencia el 22 de diciembre de 2008 de unos 100.000 dólares (unos 76.000 euros), cantidad que anteriormente le había prestado, ha aportado los justificantes de las distintas partidas en las que se distribuyó el dinero.

Así, incluye la documentación de varias deudas de Correa con el propio Miguel Hernández, con el abogado Gabriel Giraldo, la compra de una casa en Girardot (Colombia) y diversas cantidades en metálico entregadas a dos amigas del líder de la trama de corrupción.

Además, constan las facturas de un restaurante, varios billetes de avión de viajes que Correa realizó en diciembre de 2008 entre Bogotá y Miami y Cartagena, Medellín y Bogotá, pagos de hotel, recibos telefónicos y una entrega en metálico a Antoine Sánchez, primo de Correa, también imputado.

Tras aportar esta documentación, el empresario, que preside y es accionista mayoritario de varias empresas (Energing, Distasa y Senercol) del sector energético en Colombia, Venezuela y Panamá, solicita al juez el sobreseimiento libre de la causa respecto a él. 

En este sentido, destaca que su única relación con Correa ha sido la "propia de un empresario que busca inversores para sus proyectos" y que la imputación por blanqueo de capitales está causando un "enorme perjuicio" a sus empresas, que están sufriendo graves limitaciones por las entidades financieras de Colombia.  

www.efe.es 31.07.10

EL JUEZ DE GÜRTEL DEFIENDE SU INDEPENDENCIA DE LA FISCALÍA 

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, defiende la independencia de sus decisiones en el proceso, que ha destapado una de las principales tramas de corrupción política y que afecta a un partido político: el PP. Y lo hace frente a las acusaciones de los abogados de los detenidos, que de forma reiterada le han reprochado actuar siguiendo solo el criterio del ministerio público, sin tener en cuenta las peticiones de las defensas. 

Pedreira rechaza estas críticas en un auto firmado el 5 de julio, y notificado el pasado jueves a las partes, al subrayar que los acusadores olvidan que ha dictado resoluciones contrarias al criterio de la fiscalía. El magistrado defiende su trabajo en el auto en el que rechaza la pretensión del abogado del imputado Pablo Crespo, número dos del cabecilla de la trama, Francisco Correa, de rebajar su fianza. 

Como muestra de su independencia, el instructor del Gürtel recuerda algunas de sus recientes decisiones que han entrado en conflicto con las opiniones del ministerio público. Como por ejemplo la denegación de la pretensión de la fiscalía de que se impidiese que el Partido Popular ejercitase acciones penales, pidiendo incluso que fuera expulsado del proceso. El segundo caso de divergencia con Anticorrupción, según el auto, es el sobreseimiento de la acusación contra la mujer del ex tesorero y ex senador del PP, Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, que fue rechazada por el ministerio público. 

El magistrado explica en el auto que, a la hora de tomar decisiones puede seguir el criterio de la fiscalía o el de las partes, "según se estime más razonable desde una perspectiva jurídica y lo más ajustado a derecho desde una perspectiva normativa". 

El instructor del caso Gürtel justifica también en el auto su decisión de no rebajar la fianza de Pablo Crespo, que fue dirigente del PP gallego: "Los delitos imputados son graves. Era el principal colaborador de Francisco Correa, su asesor, copartícipe en todas sus actuaciones y organizador máximo". Además, recuerda que Pablo Crespo percibió una parte ingente del importante capital dinerario que no ha podido ser localizada, "excepto importantes cantidades en paraísos fiscales". 

Pedreira recuerda que la propia Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirmó la validez de esta fianza, que Crespo se niega a abonar, y constituyen "un importante estímulo para evitar que el imputado pueda sustraerse a la acción de la justicia". El auto indica también que el lugarteniente de Correa se ha resistido a localizar importantes cantidades de dinero.El magistrado instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha decidido confirmar la fianza de 1,2 millones de euros impuesta a Pablo Crespo, considerado el número dos de la trama encabezada por Francisco Correa, que fue además secretario de Organización del PP gallego. Entre los motivos que esgrime para no modificar su criterio, tal y como solicita la defensa, está el riesgo de fuga, ya que el imputado posee numerosos intereses económicos fuera de España. 

De esta forma Pedreira tiene en cuenta el último informe realizado por la Fiscalía Anticorrupción en el que justifica la fianza a Pablo Crespo por la gravedad de los delitos que se le imputan, entre otros los delitos de falsedad de documento mercantil, cohecho y delito fiscal, y también por "los importantes intereses financieros descubiertos hasta el momento en el extranjero y en territorio nacional". 

El informe de Anticorrupción rechaza las alegaciones de la defensa del número dos de Correa, que sostiene que Crespo carece de los recursos necesarios para afrontar la fianza de 1,2 millones de euros. Y para desmontar esta versión, pone de manifiesto que los bienes y las cuentas embargados a este imputado son únicamente aquellos a los que ha tenido acceso la investigación a través de los registros públicos, de documentación aportada por otro de los imputados, concretamente Arturo Gianfranco Fasana y de la documentación remitida por las autoridades extranjeras. 

Eso es lo que hace que la fiscalía considere que es posible que no se haya embargado todo el patrimonio de Pablo Crespo, pues desde un principio negó haber tenido ningún interés en entidades donde se le han descubierto cuentas de su titularidad. "De modo que no se puede descartar la existencia de otros bienes a los que pudiera tener acceso el imputado", explica el informe de la Fiscalía Anticorrupción. 

Pero independientemente de las cuentas ocultas de Crespo, la investigación ha puesto de manifiesto los importantes intereses financieros que posee en empresas españolas y del extranjero. Concretamente, y según los investigadores, Crespo dispondría de varias cuentas bancarias en Suiza y Colombia. Y al menos en una de ellas el saldo, a 21 de mayo de 2009, era de 1.327.794 millones de euros. Asimismo, también era titular de varias sociedades e inmuebles en ambos países y en Panamá. 

En España, Crespo era titular de notables intereses económicos al frente de la sociedad patrimonial Cresva, mediante la cual tiene una embarcación, varios inmuebles y acciones de una de las empresas intervenidas en el seno de la trama: Hator Consulting, SA. 

En los diferentes autos que comprenden la instrucción del juez se pone de manifiesto que el ex secretario de Organización del PP gallego dejó de declarar en 2006 a Hacienda 539.120,13 euros. Asimismo, el juez sostiene que todavía no se ha podido cuantificar la cuota que "podría haber dejado de ingresar la sociedad patrimonial Sabaris, Cresva, SL", de la que era titular el número dos de Correa. 

Asimismo, la investigación corrobora que este imputado jugaba "un papel relevante" en la gestión del patrimonio del cabecilla de la mayor red de corrupción destapada en España. En concreto, se encargaba de gestionar el patrimonio de la red, pues estaba autorizado a utilizar las cuentas bancarias localizadas en el extranjero, en Mónaco. 

Crespo es uno de los tres imputados en el caso Gürtel que todavía permanecen en prisión preventiva en Soto del Real. Los otros dos encarcelados son Antoine Sánchez, primo del cerebro de la trama, y el propio Correa. 

(www.elpais.com, 21/07/10) 

DOS BARCOS PARA PAGAR LAS DEUDAS DE ORANGE MARKET 

El administrador judicial que gestiona la empresa Orange Market tras la detención de Francisco Correa ha solicitado al juez Antonio Pedreira que permita la enajenación de uno de los yates intervenidos en la operación policial (el Montecristo), con el fin de afrontar con el resultado de su venta pagos urgentes de la compañía. Asimismo, solicitan al magistrado que permita la explotación de la embarcación Parapipi, que utilizaba el número dos de la trama, Pablo Crespo. 

El yate que usaba el lugarteniente de Correa se halla atracado en el club náutico de Altea (Alicante) desde la detención del cerebro de la trama. Parapipi es un Astondoa 36, un modelo de yate que ya no se fabrica, que fue matriculado el año 2000. Esta embarcación tiene casi 12 metros de eslora y, según fuentes del sector consultadas, costaba nuevo entre 250.000 y 300.000 euros. 

La policía halló en el barco pruebas para sustentar el posible cohecho por el que están imputados por el juez José Flors cuatro dirigentes de la Comunidad Valenciana, entre ellos el presidente Francisco Camps, y su número dos, Ricardo Costa, que recibieron supuestamente más de 30.000 euros en presuntos regalos de la red que dirigía Francisco Correa. 

Por el contrario, el barco Montecristo estaba registrado a nombre de una empresa con sede en Gibraltar, Blue Horizon. 

En este sentido, los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional llegaron a contabilizar movimientos por valor cercano al millón de euros entre el Peñón y España. Caroqui SL, cuyo objeto social es la compraventa de bienes inmuebles, fue recibiendo ingresos desde la cuenta de Pacsa, una sociedad creada en paraísos fiscales del Caribe. 

(www.elpais.com, 21/07/10)

LA ANSIEDAD ALEGADA POR CORREA NO LE SIRVE PARA SALIR DE LA CÁRCEL 

El presunto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, tendrá que seguir en prisión. La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid rechazó en un auto todas sus alegaciones, incluida la de padecer crisis de ansiedad, puesto que es la "propia de la privación provisional de libertad general a todo preso preventivo y puede ser tratada adecuadamente en el medio penitenciario". 

La resolución insiste en la legalidad de las intervenciones telefónicas acordadas por el primer instructor del caso, el juez Baltasar Garzón, salvo las anuladas por la Sala, es decir, las que mantuvieron con sus abogados los tres imputados presos: Correa, el considerado su lugarteniente, Pablo Crespo, y el primo del primero acusado de actuar como su testaferro, Antoine Sánchez.

"En este sentido afirma la resolución fechada el 2 de julio, pero notificada a las partes, debe destacarse que en diversas conservaciones telefónicas (cuya licitud ha sido expresamente declarada por la Sala) mantenidas en 2008 y a principios de 2009, se constató" que Correa "mostró una predecible intención de ubicar su residencia en el extranjero, efectuando diversas inversiones inmobiliarias en Colombia y actividades en Panamá, habiéndose localizado activos superiores a 17 millones de euros en Suiza." 

Precisamente la semana pasada declaró ante el juez un nuevo imputado, el empresario colombiano Miguel Uriel Hernández Chavarro, a quien se acusa de ayudar a Correa en las gestiones que realizó encaminadas a lograr la residencia en un país suramericano y a adquirir propiedades en países de ese continente. 

La Sala recuerda las "evidencias patrimoniales y activos descubiertos fuera de España", pese a la "penosa y difícil localización" que plantean, al encontrarse en paraísos fiscales, para hacer hincapié en el riesgo que existe de que Correa se fugue, siga delinquiendo o destruya pruebas, si queda en libertad. Por eso, en ningún caso su encarcelamiento obedece como alega la defensa, que ejerce el letrado José Antonio Choclán al cumplimiento anticipado de la pena, sino a que el imputado esté presente en el juicio que se celebrará. 

El auto, del que ha sido ponente el magistrado José Manuel Suárez Robledano, también considera proporcionada la prisión de Correa por "la gravedad de los plurales delitos que se le imputan", por los que le ha sido impuesta una fianza pecuniaria de 85 millones de euros para hacer frente a la responsabilidad a la que puede ser condenado. 

La Sala explica también que se debe al respeto que le merece la defensa de las partes, pero también "el derecho de la sociedad a aclarar las hipotéticas responsabilidades indiciariamente ya apreciadas y que se han ido consolidando en el tiempo". 

Con estos mimbres, el tribunal niega otro de los argumentos de la defensa. Para hacerlo señala que, a medida que han avanzado las investigaciones, Correa "aparece como el principal responsable de la red de corrupción" desarticulada, por lo que "no merece un trato igual al de otros responsables imputados en la causa". 

La defensa también recurría a la anulación de las conversaciones con abogados realizadas en la cárcel. La Sala le recuerda que los indicios existentes contra Correa son anteriores o no se ven afectados por ellas, sin perjuicio de lo que resuelva el incidente de nulidad de actuaciones abierto tras aquella decisión.  

(www.publico.es, 08/07/10) 

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID CONFIRMA LA PRISIÓN DE CORREA 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha confirmado la decisión del juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, de mantener en prisión incondicional al principal responsable de la trama corrupta, Francisco Correa. 

El tribunal aprecia que "persisten (...) el riesgo de fuga del interno preventivo, que altere o destruya pruebas y la comisión de nuevos hechos delictivos, aparte de la propia gravedad de los hechos que son objeto de la imputación que pesa sobre el recurrente". 

Para el tribunal, la medida cautelar de prisión preventiva es proporcionada a la gravedad de los delitos que son imputados a Correa y es "evidente la persistencia del riesgo de fuga", por las evidencias patrimoniales y activos descubiertos fuera de España. El auto destaca que en conversaciones telefónicas, cuya licitud ha sido declarada expresamente por la Sala, Correa "mostró una predecible intención de ubicar su residencia en el extranjero, efectuando inversiones inmobiliarias en Colombia y actividades en Panamá y activos superiores a 17 millones en Suiza". 

(www.elpais.com, 08/07/10) 

ANTICORRUPCIÓN ADVIERTE DEL INTENTO DE CORREA DE OBSTRUIR LA INVESTIGACIÓN 

La Fiscalía Anticorrupción ha advertido al juez instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, del intento de Francisco Correa de obstruir la investigación con "nuevas escrituras, contratos y otras operaciones continuadoras de delito".  En el escrito, las fiscales del caso se pronuncian sobre la petición de libertad provisional reclamada por el abogado José Antonio Choclán.  El letrado esgrime como motivos de la impugnación la falta de motivación de la resolución y la insuficiencia gravedad de las infracciones que se le imputan para justificar la prisión preventiva.  

Frente a los citados argumentos, Anticorrupción insiste en que los requisitos que fundamentan su permanencia en prisión siguen vigentes; riesgo de fuga; peligro de obstrucción de la investigación; y la gravedad de los delitos de los que se le acusa por su implicación en la trama corrupta. Sobre el riesgo de fuga, la Fiscalía recuerda que hay conversaciones que ponen de manifiesto la intención de Correa de residir en el extranjero ante la posibilidad de que le se incoara un procedimiento penal contra él.  

Además, señala que consta en la causa documentación acreditativa de un importantísimo patrimonio del imputado fuera de España que le facilitaría considerablemente su residencia en otros país.  De la declaración de Arturo Gianfranco Fasana se extrae un saldo de más de 17 millones de euros en una cuenta de Correa.  

En cuanto a la obstrucción de la causa, Anticorrupción insiste en que el riesgo "pervive en la actualidad". "Las conversaciones intervenidas y que se han visto confirmadas por numerosa documentación, reflejan un claro intento de eludir responsabilidades con nuevas escrituras, contratos y otras operaciones continuadoras de delitos", recoge el escrito. "No debe olvidarse sobre este particular que la evitación de que se hagan efectivas las responsabilidades civiles derivadas de la causa, se realiza destruyendo también elementos probatorios importantes. Un peligro concreto y fundado, al respecto, resulta de las actuaciones patrimoniales realizadas o intentadas entre octubre de 2008 y primeros de febrero de 2009", señala.  

El cerebro de la red corrupta investigada se encuentra encarcelado en la prisión de Soto del Real desde el 12 de febrero de 2009 por delitos de blanqueo de capitales, defraudación fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita, revelación de secretos, prevaricación y delitos de tráfico de influencias.  

El abogado de Correa, José Antonio Choclán, ha solicitado en repetidas ocasiones la puesta en libertad de su cliente, siendo denegada por el alto riesgo de fuga y el peligro de destrucción de pruebas.

Pedreira alegó que el empresario intentó fugarse antes de su detención y conseguir residencia legal en Colombia y Panamá Correa se enfrenta sólo por el delito fiscal al pago de una fianza de 85 millones de euros por defraudar 18 millones de euros en concepto de lo evadido en su IRPF, desviando los beneficios de sus operaciones a paraísos fiscales. Desde el 6 de febrero de 2009, fecha en la que estalló la
operación Gürtel, las cuentas bancarias, los depósitos y valores de Correa se encuentran bloqueados por orden judicial.  

De igual modo, ocurre con las cuentas del resto de los cabecillas de la red corrupta. Al jefe de la 'red Gürtel' se le acusa de dirigir un grupo organizado de personas y empresas cuya actividad se centraba en el sector de la publicidad, organización de eventos o diseño de campañas promocionales y cuyos principales clientes eran entes públicos pertenecientes a las Administraciones públicas. 

(www.lavanguardia.es, 08/07/10)

EL HOMBRE DEL AVE DE LAS 9 HORAS 

José Guillermo Pariente Muñoz llegó a Ciudad Real de la mano del entonces concejal de Vivienda del Ayuntamiento de Madrid, Sigfrido Herráez, de quien fue hombre de confianza entre 2003 y 2005. Herráez, que sabe mucho de ladrillos y salpicado por la trama Gürtel, “colocó” a Pariente en el consistorio manchego, que presidía el también popular Francisco Gil Ortega, quien depositó en él toda su confianza inmobiliaria nombrándole gerente de la Empresa Municipal de la Vivienda. Y aquí, entre Puerta de Atocha y la estación ciudarrealeña del AVE, estuvo Pariente dos años yendo y viniendo casi todos los días de Madrid a Ciudad Real, y de paso, cuando tenía tiempo, llamaba al cabecilla de la pandilla gürteliana, Francisco Correa, que en una conversación intervenida por la Justicia reconoce que: "Guillermo Pariente quiere hacer negocios conmigo en Ciudad Real".  

Y es que a Pariente no le es ajena la imagen de Francisco Correa, Don Vito, como gustaba que le llamaran al cabecilla de la banda Gürtel. Tanto es así que en la época en la que era mano derecha de Sigfrido Herráez, su concejalía amañó un concurso público para favorecer a Special Events, una de las empresas de Correa. Sin embargo, nuestro protagonista escurría con mucha facilidad el bulto y se presentaba como un mero técnico de urbanismo, aplaudido por el PP hasta la saciedad, como lo prueban las palabras elogiosas que pronunció la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero, el día de su despedida (13 de julio de 2007) al frente de la Empresa Municipal de la Vivienda. “Nada de lo que se ha hecho hasta ahora hubiera sido posible si no es gracias a su buena gestión, con la que ha ayudado a este Ayuntamiento y a la ciudad”.

Entre dos fuegos 

Guillermo abandonó definitivamente el AVE, dejó de acudir al bar Los Faroles, situado en la Plaza del Pilar, muy cerca de la calle Alarcos donde acudía no todos los días a su puesto de trabajo, y se difuminó entre la “neblina” de la indiferencia hasta que el 22 de enero de 2009, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, lo rescata del olvido e incomprensiblemente le nombra director general de Producción de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS). La designación más efímera de la Corte y Villa, ya que el propio Gallardón le destituye sólo tres semanas después. La presunta trama corrupta que investiga el juez Baltasar Garzón coge al PP madrileño y valenciano con el pie cambiado y a Pariente entre dos fuegos (Madrid y Ciudad Real) que le dejan achicharrado.

La “misma Correa” 

Sólo Gallardón es capaz de atarse dos veces con la “misma Correa”. El portavoz socialista, Pedro Sánchez, recordó a la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, que Pariente "tenía más puntos políticos que técnicos para el puesto", pero la popular basó su decisión en la gran experiencia de Pariente y ser coautor del libro Manual práctico de la promoción inmobiliaria, como no podía ser de otra forma, claro. 

(www.elplural.com, 05/07/10) 

¿QUÉ NEGOCIOS TENÍA DON VITO CORREA EN LA CIUDAD REAL DEL PP? 

En 2009, tras la explosión inicial, la mancha del caso Gürtel salpicó a numerosos altos cargos de Madrid, Valencia, Castilla y León y Galicia. Después de unos meses estancado, ahora, el mayor caso de corrupción de la democracia parece haber entrado en una nueva fase. El vertido empieza a llegar a las Islas Baleares de Jaume Matas y asoma en el municipio sevillano de Bormujos.  

Pero existe otro punto en el mapa sobre el que el PP aún no ha dado suficientes explicaciones: Ciudad Real. El municipio gobernado por los populares tiene una mención especial en el sumario Gürtel que, por una anécdota, ha pasado desapercibida y ha permitido a María Dolores de Cospedal no tener que dar explicaciones sobre los vínculos de Francisco Correa con la ciudad manchega. 

El sumario del caso Gürtel recoge una grabación efectuada en 2007. Según la transcripción policial, Correa atiende una llamada telefónica para dar unas indicaciones. Al terminar, indica a quienes le acompañan que es “un pariente suyo y que quiere hacer negocios con él”. En realidad, cuando Correa dice "es Pariente", se está refiriendo a José Guillermo Pariente Muñoz, gerente de la Empresa Municipal de Urbanismo, Suelo y Vivienda (Emusvi), de Ciudad Real. Y sí, Correa presume: "Quiere hacer negocios conmigo". 

Un salto cualitativo 

La pequeña confusión supone un salto cualitativo. Pariente era por entonces el gerente de la empresa pública que gestionaba el suelo y las recalificaciones de terrenos en Ciudad Real, ciudad gobernada por la popular Rosa Romero. En la empresa homóloga de Boadilla del Monte era donde Correa tenía sus contactos claves: los imputados Tomás Martín Morales, el diputado madrileño, Alfonso Bosch, y el concejal José Galeote.


“La campanada de España” 

Según la grabación efectuada a Correa, es Guillermo Pariente el que viene desde Ciudad Real a Madrid para “hacer negocios conmigo”. El cabecilla de la Gürtel desvela sus planes a los presentes: “Quiero que me den un Plan General bueno”. Según Correa, “Ciudad Real está subiendo como la espuma” y él se trae entre manos un asunto que “va a ser la campanada de España”.

 “Donde siempre” 

Las indicaciones de Correa a Pariente también son reveladores por dos razones. Por una parte, deja en evidencia que los contactos entre ambos eran habituales, ya que le confirma que pueden quedar “donde siempre”. Además, no necesita recordarle la dirección de su despacho en la Calle Serrano. Sólo le hace falta mencionarle que es “el 4º Izquierda”.

“Mira a los lados” 

Por otra parte, la actitud paranoica de Correa demuestra que no planeaban nada excesivamente limpio. “Date una vuelta antes de entrar, ¿eh?”, le sugiere a su interlocutor, “y mira bien a los lados”. Incluso, en un momento de la conversación en que se hace el silencio, Correa se asusta: “¿Qué pasa? ¿¡Por qué te quedas callado!?”.  

De Madrid a Ciudad Real 

El sumario recoge que José Guillermo Pariente Muñoz, además de ser gerente de la Emusvi, “era el hombre de confianza del Concejal de Madrid, Sigfrido Herraiz”. Herraiz dejó el Ayuntamiento de Gallardón en septiembre de 2005 y, siempre según el sumario, “antes de irse lo colocó [a Pariente] en la Empresa de Vivienda de Ciudad Real”. Antes de aterrizar en La Mancha, Pariente fue Director de Gestión de Vivienda y Patrimonio en la capital.

Responsable de Vallecas 

Por su parte, Herraiz sólo duró dos años con Gallardón, pero su mejor etapa la vivió con el anterior alcalde, José María Álvarez del Manzano. Con él, empezó siendo concejal por La Latina para acabar en el distrito de Vallecas, siendo concejal de Vivienda y presidiendo la correspondiente Empresa Municipal de Vivienda. Su marcha fue polémica, ya que dejó el sector público para convertirse en vicepresidente de Rayet, empresa encargada en aquel momento de construir diversos edificios en las zonas bajo control de Herraiz: Vallecas y el Ensanche de Vallecas. 

De visita por Boadilla 

Durante su etapa en Ciudad Real, a mediados de 2006, Guillermo Pariente acompaña al entonces alcalde de la ciudad, Francisco Gil-Ortega Rincón, de viaje al epicentro de la Gürtel, Boadilla del Monte. Allí, el ex alcalde imputado, Arturo González Panero El Albondiguilla, les hace un tour por las infraestructuras de la ciudad. Según recogió una publicación local, la delegación “mostró especial interés (…) por el Parque del Deporte y la Salud”. Casualmente, esta es una obra de 30 millones adjudicada a la empresa Hispánica, operación por la cual, la trama Gürtel percibió dinero negro, según el sumario. 

Imagina

En noviembre de 2009, los socialistas de Ciudad Real denunciaron que los vínculos de Guillermo Pariente aparecían en el sumario Gürtel. Tras una larga disputa, consiguieron acceder a los contratos firmados por Pariente en el Emusvi. Entre ellos, había dos adjudicaciones para montar eventos en torno a unos sorteos de viviendas, que fueron concedidos a Imagina. Más tarde, se sabría que dicha empresa estaba vinculada a la trama.

¿Y Cospedal? 

Mientras tanto, la coalición de Gobierno no da explicaciones de estos contratos. “La alcaldesa ha llegado a decir que el Emusvi y el Ayuntamiento son cosas distintas”, explica Pilar Zamora, portavoz socialista en Ciudad Real. El desliz era tan evidente “que tuvo que retractarse inmediatamente”. Por su parte, la presidenta del PP castellano-manchego, María Dolores de Cospedal, tampoco habla del tema: “Cuando ha venido por aquí y se lo han preguntado, ha eludido las preguntas”, afirma Zamora. 

(www.elplural.com, 05/07/10)

EL TESTAFERRO DE CORREA EN COLOMBIA AYUDARÁ AL JUEZ 

El empresario colombiano Miguel Uriel Hernández Chavarro declaró ayer por espacio de cuatro horas ante el juez del Tribunal Superior de Justicia Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel. Se comprometió a entregar documentos que esclarecerán las actividades económicas que el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, desarrolló en Colombia y Venezuela. 

Hernández Chavarro está considerado por los investigadores uno de los testaferros que Correa utilizaba en esos países para hacer negocios y adquirir propiedades en su nombre en Colombia, en concreto, en Cartagena de Indias. Se lo acusa de los delitos de blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública. Es una persona muy importante dentro de la estructura de Correa en el exterior, según la policía. 

No es el único imputado que ha comparecido ante el juez Pedreira en los últimos meses por colaborar con los imputados en la trama a blanquear dinero. Recientemente también lo ha hecho Carmen Leonor Hallax, apodada La Bruja, que además ayudó presuntamente a Correa a obtener el permiso de residencia en un país suramericano. 

La detención de Hernández Chavarro se produjo el miércoles en la calle Goya de Madrid. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) lo puso a disposición del juez, que decidió interrogarlo como imputado, pese a las reticencias de la Fiscalía Anticorrupción, más partidaria de que se le tomara declaración como testigo. 

En informes policiales que constan en el sumario figura que Correa pidió ayuda a Hernández para tratar de conseguir un permiso que acreditara de alguna forma su residencia legal en un país de Suramérica. Según la policía, el último imputado en la causa "se habría desplazado a Venezuela, entre otras cosas, para tal gestión, habiéndose reunido dicha persona con Hugo, el comandante', como indica el propio Correa". 

Hernández, de 48 años, es uno de los directores del Grupo Empresarial Energing, cuyo objeto principal es la comercialización de energía eléctrica y la promoción y desarrollo de productos asociados al sector eléctrico. La entidad tiene presencia en distintos países, como Colombia, Panamá, Estados Unidos y Venezuela. 

Ha sido socio del ex vicepresidente de Repsol también imputado en el caso José Ramón Blanco Balín, quien se lo presentó a Correa para que ambos hicieran negocios juntos. 

La colaboración entre ambos era mutua. De hecho, la policía ha encontrado indicios de que Hernández pidió a Correa que, a través de los también imputados Pablo Collado y Carlos Clemente Aguado que fue viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, mediase con el Ayuntamiento de Bogotá para que se nombrara a una persona determinada como gerente de la Empresa de Energía de dicha ciudad. En concreto, Hernández quería que ese puesto recayera en un tal Álvaro Villegas, pero su nombre no aparecía en la lista de candidatos con la que contaba el alcalde. 

Este dato se lo dio Carlos Clemente Aguado a Correa el 19 de enero de 2009, 18 días antes de que estallara el escándalo con la detención del presunto cabecilla de la trama. Aguado, que era amigo de Yuri Chillán Reyes, secretario de la Alcaldía Mayor de Bogotá, se disponía a ir a la Comunidad de Madrid para recoger una medalla por los servicios prestados. 

Hernández también pidió a Correa que la trama intercediese para cubrir una vacante que se iba a producir en la Unidad de Rehabilitación y Mantenimiento de la Secretaría de Infraestructuras.

El juez Antonio Pedreira tiene varias comisiones rogatorias cursadas a distintos países para tratar de recuperar el dinero del erario público presuntamente sustraído por la trama. La ayuda de Hernández puede ser crucial para lograrlo.  

(www.publico.es, 02/07/10)

EL FISCAL CRITICA LA "GRAVEDAD" DE LA ACTUACIÓN DEL PP EN GÜRTEL 

La Fiscalía Anticorrupción ha criticado la "gravedad" que comporta la actuación procesal del PP en el caso Gürtel, después de haber acusado de parcialidad, falta de objetividad y ligereza a varios funcionarios, en su recurso contra la decisión del instructor Antonio Pedreira de remitir parte de la causa a Valencia. Anticorrupción enumera las descalificaciones que dirige el PP a la fiscalía, a la que acusa de perder la imparcialidad, presentar una visión tendenciosa y "rayar incluso en el fraude procesal". Según Anticorrupción, todas esas imputaciones "deben entenderse extensivas" al juez instructor, Pedreira, ya que éste acogió íntegramente la argumentación del ministerio público. 

El PP también tildó de "peritos parciales" del fiscal a los inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica y financiera de la Policía (UDEF), a los de la Agencia Tributaria y los interventores del Estado. El PP está formalmente personado en la causa como "acusación popular". 

(www.elpais.com, 23/06/10) 

LA FISCALÍA CONSIDERA GRAVES LOS ATAQUES DEL PP CONTRA LOS FUNCIONARIOS DEL CASO GÜRTEL  

La Fiscalía ha impugnado el recurso del PP contra la decisión del instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, de remitir parte de la causa a Valencia y ha denunciado la gravedad de las acusaciones de ese partido contra funcionarios públicos. En el escrito remitido al juez el viernes, la Fiscalía Anticorrupción expresa "la gravedad" que comporta la actuación procesal del PP, que -dice- para oponerse a una decisión judicial "vierte sobre distintos funcionarios públicos" acusaciones de parcialidad, falta de rigor y objetividad y ligereza. 

Anticorrupción enumera las descalificaciones que, en su recurso contra la inhibición de Pedreira, el PP dirige a la Fiscalía, a la que acusa de perder la imparcialidad, presentar una visión tendenciosa y "rayar incluso en el fraude procesal". Indica que todas estas imputaciones "deben entenderse extensivas" al juez instructor, ya que éste acogió íntegramente la argumentación del Ministerio Público, y recuerda que el PP también tildó de "peritos parciales" del fiscal a los inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía (UDEF), los de la Agencia Tributaria y los interventores del Estado. 

Anticorrupción defiende la imparcialidad de todas las unidades de auxilio judicial cuyos informes han determinado la inhibición de Pedreira y resalta que ninguna de ellas depende de la Fiscalía "en modo alguno", sino del juez instructor. Para la Fiscalía, la "corrección formal" es si cabe más exigible cuando se trata de una acusación popular, como la que ejerce el PP en el caso, "toda vez que ni siquiera puede ampararse en la vehemencia de la defensa". 

En este sentido, añade que "hay que partir de la presunción de que (el PP), en tanto continúa personado como acusación popular continúa comprometido en el ejercicio de la función constitucional" que a esta acusación corresponde, "absolutamente alejada de la posición procesal de defensa". Además, las fiscales Concepción Sabadell y Miriam Segura insisten en que la inhibición del magistrado del TSJM al TSJCV es totalmente procedente debido al aforamiento de las personas investigadas y la "conexidad" de los delitos. 

Así, reitera que el último informe de la Intervención General del Estado ha revelado irregularidades en la contratación entre la Generalitat y Orange Market, dirigida por El Bigotes, considerado el cerebro de la trama en Valencia. 

Recuerda que en varios de esos expedientes intervinieron algunos de los imputados -como Rafael Betoret- y que, por ello, el delito de cohecho que se investigaba en Valencia podría no ser "en algunos casos" impropio. 

Otro informe al que alude es el de la Agencia Tributaria del 6 de mayo, que destapó posibles delitos electorales en la contratación y facturación entre Orange Market y el PP de Valencia en 2007, año delos comicios autonómicos. 

(www.levante-emv.com, 23/06/10) 

LA FISCALÍA DENUNCIA LA "GRAVEDAD" DE LA ACTUACIÓN DEL PP EN EL "CASO GÜRTEL" 

La Fiscalía ha impugnado el recurso del PP contra la decisión del instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, de remitir parte de la causa a Valencia y ha denunciado la gravedad de las acusaciones de ese partido contra funcionarios públicos. 

En el escrito remitido al juez el pasado viernes, la Fiscalía Anticorrupción expresa "la gravedad" que comporta la actuación procesal del PP, que -dice- para oponerse a una decisión judicial "vierte sobre distintos funcionarios públicos" acusaciones de parcialidad, falta de rigor y objetividad y ligereza. 

Anticorrupción enumera las descalificaciones que, en su recurso contra la inhibición de Pedreira, el PP dirige a la Fiscalía, a la que acusa de perder la imparcialidad, presentar una visión tendenciosa y "rayar incluso en el fraude procesal". 

Indica que todas estas imputaciones "deben entenderse extensivas" al juez instructor, ya que éste acogió íntegramente la argumentación del Ministerio Público, y recuerda que el PP también tildó de "peritos parciales" del fiscal a los inspectores de la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía (UDEF), los de la Agencia Tributaria y los interventores del Estado. 

Anticorrupción defiende la imparcialidad de todas las unidades de auxilio judicial cuyos informes han determinado la inhibición de Pedreira y resalta que ninguna de ellas depende de la Fiscalía "en modo alguno", sino que actúan por mandato del juez instructor. 

Para la Fiscalía, la "corrección formal" es si cabe más exigible cuando se trata de una acusación popular, como la que ejerce el PP en el caso, "toda vez que ni siquiera puede ampararse en la vehemencia de la defensa". En este sentido, añade que "hay que partir de la presunción de que (el PP), en tanto continúa personado como acusación popular continúa comprometido en el ejercicio de la función constitucional" que a esta acusación corresponde, "absolutamente alejada de la posición procesal de defensa". Además, las fiscales Concepción Sabadell y Miriam Segura insisten en que la inhibición del magistrado del TSJM al Tribunal Superior de Justicia de Valencia es totalmente procedente debido al aforamiento de las personas investigadas y la "conexidad" de los delitos que han puesto de manifiesto los nuevos datos que ha arrojado la instrucción. 

Así, reitera que el último informe de la Intervención General del Estado ha revelado irregularidades en la contratación entre la Generalitat valenciana y la empresa Orange Market, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, considerado el cerebro de la trama en Valencia. Recuerda que en varios de esos expedientes intervinieron algunos de los imputados -como el ex jefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret- y que, por ello, el delito de cohecho que se investigaba en Valencia podría no ser "en algunos casos" impropio. 

Otro informe al que alude la Fiscalía es el de la Agencia Tributaria del pasado 6 de mayo, que destapó posibles delitos electorales en la contratación y facturación entre Orange Market y el PP de Valencia en 2007, año de la celebración de los comicios autonómicos. 

A juicio del Ministerio Fiscal, la participación del ex secretario general del PP en Valencia Ricardo Costa en estos hechos podría determinar una calificación jurídica diferente de los regalos que recibió de la trama, que son el objeto de la instrucción del tribunal valenciano. 

La Fiscalía considera que con los nuevos datos aparecidos es preciso comprobar la posible relación entre los regalos que recibieron Costa, Betoret, el ex vicepresidente del Gobierno valenciano Víctor Campos y el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, y los cargos que éstos ocupaban en el PP de Valencia y el Gobierno de esta Comunidad.  

Por último, Anticorrupción defiende la importancia de inhibición de Pedreira ante "la eventual prescripción" de alguno de los delitos investigados. 

(www.publico.es, 23/06/10)

ULIBARRI UTILIZÓ SUS EMPRESAS PARA COMPRAR UN YATE A CORREA 

El constructor José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel por pagar presuntamente comisiones a la trama a cambio de adjudicaciones públicas, utilizó cinco de sus empresas para comprar en 2005 el yate Carmen Junior III a Francisco Correa. Según un informe elaborado por los expertos en delitos económicos de la policía y entregado al juez Antonio Pedreira el 24 de mayo, Ulibarri pagó casi 400.000 euros por el yate y el gasto lo distribuyó entre sus empresas, que declaraban encargos "ficticios" a la trama en lugar del motivo real del gasto. 

La operación se llevó a cabo el año antes de que, según la investigación, Ulibarri obtuviera la adjudicación para construir 139 viviendas en Boadilla del Monte, el epicentro del caso Gürtel en Madrid, a cambio presuntamente de pagar a Correa una comisión de tres millones de euros. Ulibarri, cuyo conglomerado empresarial tiene como base Castilla y León, es un constructor muy próximo al PP y al Gobierno de esta comunidad, que tras su imputación en el caso Gürtel le adjudicó la gestión de la televisión autonómica. 

La operación del yate muestra la coordinación entre Ulibarri y Correa. En la adquisición, que tras la venta pasó a llamarse Itciar I, participaron diez empresas: cinco de Ulibarri (Peñalba, Begar SA, Begar Construcciones y Contratas, Conseil Cabinet y Seralia) y cinco de la trama (TCM, Easy Concept, Good and Better, Rialgreen y Pasadena).  

Formalmente, la venta se realizó de Pasadena a Conseil Cabinet por 223.000 euros. El resto se repartió a través de las otras empresas de Ulibarri y de la trama por teóricos servicios que nada tenían que ver con el yate.  

"De esta forma se diluye el pago del sobrecoste de la embarcación en diferentes facturas emitidas por sociedades de Correa a distintas compañías de Ulibarri", sostiene la policía. Y añade: "Con ello se logra justificar la salida de fondos de las sociedades de Ulibarri y la entrada de los mismos a las de Correa, si bien no se corresponden con una verdadera prestación de servicios". 

La operación "alteró la imagen fiel de los estados contables" de las empresas de Ulibarri Begar, su buque insignia, se encuentra en concurso de acreedores desde junio de 2009 y causó "un perjuicio a la Hacienda pública en forma de adulteración de las cuentas de explotación y de la liquidación del IVA". 

Los servicios declarados, que la policía considera "ficticios" y con el objetivo de "enmascarar un sobrecoste de la embarcación", son encargos "genéricos y sin concreción". Las empresas de Ulibarri no han aportado las facturas requeridas alegando que no las han podido localizar, pese a que la ley obligaba a conservarlas hasta julio de 2010.  

Estos servicios coinciden siempre con las anotaciones de la compra del yate que constan en el documento "Detalle Vta. Barco" que formaba parte del pen drive que la policía se incautó en el registro del domicilio del contable de la trama.  

La Fiscalía Anticorrupción del área de Ponferrada (León) ha archivado la querella del sindicato ‘ultra' Manos Limpias contra un pelotazo urbanístico de 2002 que favoreció a José Luis Ulibarri. 

El alcalde y diputado nacional del PP, Carlos López Riesco, que ayer se mostró exultante, cedió parcelas para construir 2.000 pisos en el barrio de La Rosaleda a Ulibarri, que pagó apenas un 20% del precio de mercado. 

En 2007, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León anuló la reforma urbanística que facilitó el proyecto. En 2008, el mismo tribunal anuló la adjudicación por falta de respeto del principio de publicidad y concurrencia. 

Anticorrupción ha archivado las diligencias al no observar indicios de delito. La oposición mostró sorpresa porque el fiscal se limitó a solicitar información oficial.  

(www.publico.es, 01/06/10)

LA SOMBRA DEL DELITO ELECTORAL APUNTA A LA CÚPULA DEL PP 

La previsible imputación del ex tesorero del PP Luis Bárcenas por un presunto delito electoral cometido en Valencia durante las elecciones municipales de 2007 ha infligido a la cúpula nacional del PP un golpe inédito hasta ahora en el caso Gürtel. Porque de todos los delitos que se atribuyen a Bárcenas, que ya era sospechoso de blanqueo y fraude a Hacienda, sólo el electoral pudo cometerlo no a título particular sino precisamente por su condición de administrador general del partido.  

En un país cuyo Código Penal sigue sin tipificar la financiación ilegal, el delito electoral aparece aquí como uno de los de mayor calado político: porque su comisión no perseguía engrosar las cuentas privadas de nadie sino las del partido cuyos dirigentes supuestamente lo perpetraron. 

Es ese delito electoral el que compromete de modo drástico al conjunto del equipo de Mariano Rajoy, bajo cuyo mandato Luis Bárcenas presentó ante el Tribunal de Cuentas la contabilidad de los comicios locales de 2007. A diferencia de lo que sucede con las elecciones autonómicas, donde los partidos presentan sus cuentas propias en cada comunidad, en las municipales hay una sola cuenta estatal por cada formación política. Y eso significa que la responsabilidad recaerá sobre Bárcenas en lo penal y la ejecutiva nacional del PP en lo político si, tal como sostienen Anticorrupción y el juez Pedreira, el partido pagó en Valencia gastos de la campaña municipal con dinero negro y permitió que la red corrupta endosara facturas electorales a empresarios afines a los conservadores. 

El artículo 149 de la Ley Electoral (Loreg) no ofrece dudas: se arriesgan a penas de hasta tres años de cárcel los administradores generales "que falseen las cuentas, reflejando aportaciones o gastos o usando de cualquier artificio que suponga aumento o disminución de las partidas contables". Justamente, lo que, según los investigadores del caso Gürtel, ocurrió en Valencia.  

Según el PP, la dirección nacional está libre de polvo y paja dado que resulta imposible "vigilar cada acto de unas elecciones municipales", aducen fuentes del partido. "Si te acreditan con facturas que han gastado cinco pero en realidad han gastado ocho, no hay manera de saberlo", añaden los portavoces oficiales de los conservadores. 

Ese argumento desbarata el estribillo repetido estos días por la derecha mediática: que el Tribunal de Cuentas consagró la limpieza de las cuentas del PP y que, por tanto, el auto de Pedreira no se sostiene. Pero el Tribunal de Cuentas, como ocurrió con la Sindicatura de Comptes en Valencia en lo concerniente a las elecciones autonómicas, sólo verificó si los documentos presentados se ajustaban a la ley. Y resulta obvio que el Partido Popular no comunicó al tribunal ni los pagos en negro ni las facturas falsas endosadas a terceros.  

Aquella doble campaña municipal y autonómica evidenció un despliegue de medios sin parangón: aluvión de actos, aluvión publicitario y aluvión de merchandising electoral en la carrera por el voto. 

Pero, a tenor de la versión oficial del PP, a nadie en la sede central del partido llamó la atención aquella demostración de poder económico en una comunidad donde el límite legal de gasto para ambas campañas se había fijado en 1.634.348 euros, según se desprende de los informes del Tribunal de Cuentas y corroboran los técnicos en contabilidad consultados por Público.

El gasto real, y así lo acreditan los informes policiales y de Hacienda , fue muy superior: en las dos campañas simultáneas, el PP habría ocultado a Hacienda 2,5 millones de pagos en dinero negro. Y habría aceptado que la red corrupta endosara a empresarios afines facturas electorales por 376.000 euros. En otras palabras, se nutrió de fondos que duplicaban lo permitido por la legislación electoral.  

Tras constatar los indicios de ilegalidad referentes a 2007, el juez investiga ahora si el PP cometió otro delito electoral en las elecciones generales de 2008. Cuando el auto de Pedreira se conoció el miércoles, fuentes oficiales del PP aseguraron que Bárcenas continuaba siendo el administrador general del partido en esa campaña.  

El viernes, portavoces del partido corrigieron esa información para precisar que el cargo de administrador correspondió en aquella campaña a Cristóbal Páez. Fue Páez quien sustituyó de manera interina a Bárcenas como tesorero del PP mientras el ex senador permaneció temporalmente apartado de su responsabilidad interna. Bárcenas cesó definitivamente como tesorero en abril. Lo relevó el ex ministro José Manuel Romay Beccaría.  

(www.publico.es, 31/05/10)

EL JUEZ RECHAZA DE NUEVO PONER EN LIBERTAD A CORREA 

Francisco Correa lleva en prisión provisional desde hace más de un año y, por el momento, esta situación no va a cambiar. El juez que investiga la rama principal del Caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha rechazado una nueva petición de su abogado, José Antonio Choclán, para que sea puesto en libertad. Pedreira asegura que existe riesgo de fuga y de que oculte o destruya pruebas. Además, subraya la gravedad de los delitos por los que está imputado. El magistrado tampoco acepta el argumento de que está empeorando el estado de salud del presunto cabecilla de la red Gürtel y sostiene que "los informes médicos no son suficientes para modificar su situación". 

Pedreira acepta así el informe de la Fiscalía Anticorrupción que dirige Antonio Salinas y que se había mostrado en contra de la puesta en libertad de Correa. El documento del Ministerio Fiscal dedicaba un apartado a las escuchas practicadas a los abogados de los detenidos en prisión.  

Señalaba que, después de que el Tribunal de Justicia de Madrid las hubiera anulado, Correa ya no puede tener duda alguna de "la inexistencia de intervenciones en las comunicaciones con su letrado, con lo que dispone de plena libertad para ejercer su derecho de defensa". Aunque a renglón seguido, advertía de que la nulidad de esas conversaciones no tiene porqué generar "vicios o lesiones irremediables" 

(www.cadenaser.com, 27/05/10)

PEDREIRA INVESTIGA UN POSIBLE DELITO ELECTORAL DEL PP DE RAJOY EN LAS GENERALES DE 2008 

El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, cree que el Partido Popular pudo financiarse de forma ilegal en la campaña de las elecciones generales de 2008. En concreto, "el Partido Popular se encuentra pendiente informe de la AEAT [Agencia Estatal de Administración Tributaria] sobre si los pagos investigados se refieren a la campaña electoral de las elecciones celebradas el 9 de marzo de 2008". 

De ser así, el juez Pedreira sostiene que "los hechos podrían ser constitutivos de un delito electoral del que sería autor el administrador general del Partido Popular en esas elecciones (generales de 2008) cuya identidad en este momento se desconoce".  

Para delitos, los del PP Valenciano  

En un auto hecho público este miércoles , Pedreira también destaca que existen indicios de delito fiscal del PP valenciano en 2007 porque no declaró 2,5 millones de euros. Por este motivo, el juez ha remitido al TSJ de la Comunidad Valenciana la parte de la investigación sobre supuestos delitos electorales y cohecho, entre otros, que afectaría a altos cargos del PP valenciano. Su objetivo es que no prescriban los presuntos delitos electorales que resultan de los informes de la Agencia Tributaria, de la UDEF y de la Fiscalía, que apuntaban presuntas irregularidades en la financiación del PP de Camps.  

Delito electoral  

El magistrado, asumiendo la petición y el informe de la Fiscalía, ve en la actuación de algunos miembros de la Generalitat y del PP de Valencia indicios de delito electoral, contra la Hacienda Pública y de falsedad en documento mercantil durante los ejercicios de 2007 y 2008, además de cohecho y prevaricación. A éstos delitos añade los de blanqueo de capitales porque "su conexión" con los anteriores es "indiscutible" como lo es, también, el de asociación ilícita. 

Nombres propios  

El juez apunta al ex secretario del PPCV Ricardo Costa, al vicepresidente Vicente Rambla y al diputado David Serra, además del ex tesorero del PP Luis Bárcenas y la administradora general del partido durante los citados comicios municipales, Yolanda Ibañez, como presuntos autores de un delito electoral. Aunque señala que todavía no se puede "desdeñar el cargo" que ocupa en el partido el presidente valenciano, Francisco Camps. 

Deudas con la Gürtel 

Según el juez Pedreira, el informe aportado por la Agencia Tributaria refleja que un "importante porcentaje de la deuda" contraída en 2007 por el PPCV con la mercantil "se habría abonado de forma opaca en efectivo por aquél". Otra parte -al menos 345.200 euros- "habría sido pagada por algunos empresarios mediante el abono de facturas emitidas por Orange Market", la empresa dirigida por el considerado responsable de la trama Gürtel en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes. 

 Donaciones bajo sospecha  

Las facturas, añade el magistrado, "reflejarían servicios inexistentes entre dichas mercantiles" y que, de acuerdo con todos los indicios, "se elaborarían con el único fin de encubrir donaciones de esas empresas al Partido Popular de la Comunidad Valenciana en cuanto cancelan una deuda de éste". 

Sin anotaciones  

Los pagos, insiste, "no habrán sido reflejados" en las cuentas del PP de Valencia, "como tampoco lo habrán sido aquellos pagos que fueron efectuados por distintas mercantiles y no por el verdadero deudor, el PPCV", lo que, según Pedreira, podría constituir un delito electoral. 

¿Quiénes son? 

El auto también nombra a "el cantante" y "el príncipe", cuyas identidades se desconocen y que eran los encargados de efectuar "pagos opacos por cuenta del PPCV a Orange Market", cuyos ingresos obtenidos en 2007 "de forma opaca" fueron de 2.565.891,01 euros. En el delito electoral "colaborarían" también los gestores de cinco empresas que abonaron "parte de los servicios prestados" por Orange Market al PPCV durante la campaña electoral de 2007 y, además, los responsables de esta mercantil: el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, Álvaro Pérez, Pablo Crespo y Cándido Herrero, el contable de la sociedad. 

 Pagos y regalos  

Además, Pedreira se refiere a las presuntas irregularidades entre las empresas vinculadas a Correa y la administración valenciana entre 2004 y 2009 que destacaba el informe de la Unidad de Auxilio Judicial para sumar los delitos de prevaricación y cohecho, ya que las supuestas infracciones "podrían estar relacionadas con pagos o regalos efectuados" a las personas que intervinieron en la contratación. 

(www.elplural.com, 27/05/10)

LÓPEZ TAMPOCO PODRÍA DECIDIR SOBRE LA 'GÜRTEL' 

El magistrado ultraconservador Enrique López, a quien el PP apadrina como candidato al Constitucional, no sólo tendría que abstenerse en la deliberación sobre el Estatut y la ley del matrimonio homosexual sino, también, sobre el caso Gürtel si los imputados pidieran amparo al alto tribunal por vulneración de derechos fundamentales. A través de un familiar, López está vinculado a José Luis Ulibarri, el empresario más prominente de los imputados por su participación en la red corrupta.  

Miguel Manovel, casado con una hermana del magistrado, no sólo trabaja para Ulibarri como directivo y miembro de los consejos de varias de sus sociedades sino que fue quien firmó las cuentas de 2005 presentadas por su empresa UFC, clave en el caso Gürtel: gracias a un concurso amañado, UFC obtuvo en 2005 la adjudicación de una parcela municipal en Boadilla (Madrid). La empresa ganó pese a que ni siquiera estaba dada de alta en la Seguridad Social y a que su oferta era peor que las de otras compañías que acudieron al concurso. Manovel no atendió ayer las llamadas de Público. 

Tras el estallido del caso Gürtel, la adjudicación de la parcela de Boadilla a UFC fue descrita por el juez Baltasar Garzón como paradigma del modus operandi de la red que dirigía Francisco Correa: concursos manipulados a cambio de sobornos. "Como ejemplo de esta forma de actuar se puede citar la adjudicación de una parcela de terreno en Boadilla del Monte a la empresa UFC, de la que es administrador el imputado José Luis Ulibarri", escribió Garzón. Meses después, el empresario actuó como ariete contra Garzón por las escuchas a miembros de la red corrupta.  

Ayer, fuentes próximas al magistrado restaron importancia a este episodio y se limitaron a recordar que el cuñado de López no está imputado en el procedimiento. 

Mimado por el PP, que en 2001 lo aupó como vocal al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), López se ha destacado por opinar sin tapujos sobre asuntos pendientes de dictamen judicial. Como portavoz del CGPJ, se opuso con ferocidad a la ley del matrimonio homosexual y suscribió la extravagante tesis de que dar carta de naturaleza a la unión de dos personas del mismo sexo abre la puerta a la legalización de la poligamia.  

Sus insultos al Estatut no quedaron atrás. Desde el mismo momento en que el Parlament de Catalunya aprobó la nueva norma estatutaria, López emprendió una campaña de desprestigio del texto. Con el Estatut, dijo, se iniciaba "un proceso regular de reforma de la Constitución", que se veía "desbordada" de facto y de modo ilegal.  

Fuentes empresariales de Castilla y León sostienen que el PP de esa comunidad fue el propulsor de López para su salto al Poder Judicial. Fue en Castilla y León donde Ulibarri construyó su imperio, que alcanza a sectores tan dispares como el ladrillo y los medios de comunicación. En febrero de 2009, cuando Ulibarri ya estaba imputado en el caso Gürtel, el Gobierno de Castilla y León adjudicó la televisión digital autonómica a una sociedad donde el empresario participa al 50%. En agosto, la avaló con seis millones de euros.  

(www.publico.es, 26/05/10)

EL PP SÓLO DECLARÓ EL 1% DE SUS PAGOS A LA TRAMA 'GÜRTEL' 

El Partido Popular ocultó sistemáticamente a Hacienda su relación con las empresas de Francisco Correa, que entre 2000 y 2007 le facturó un mínimo de 23 millones de euros. La relación de pagos declarados a la Agencia Tributaria, incorporada al sumario del caso Gürtel, muestra que en este periodo el PP sólo declaró un gasto de 196.214 euros a las empresas de la trama, lo que supone el 0,8% del total que en teoría desembolsó. 

Hacienda recopila información sobre los principales proveedores y clientes de las entidades a través del Modelo 347, por el que anualmente se detallan los socios comerciales cuya facturación supere los 3.005,06 euros. La información se recibe por partida doble: está obligado a presentarlo tanto el que cobra el servicio como el que lo paga. Así la Agencia Tributaria se asegura de que las cuentas casen: que emisor y receptor declaran lo mismo y, por tanto, no se escatima el pago de impuestos. 

El sumario Gürtel incluye todas las declaraciones del Modelo 347 presentadas por las empresas de la trama, que según esta información facilitada a Hacienda facturó al PP 23 millones de euros entre 2000 y 2007. Prácticamente todos sus clientes declaran haber pagado las mismas cantidades aportadas por la trama, con lo que la información casa. Con una única excepción: el PP sólo declara el 0,8% de los pagos 

Los pagos reconocidos corresponden en todos los casos a actos de FAES. El think tank conservador declaró el 20% de los pagos que le hizo la trama en este periodo, según el listado aportado al sumario. 

Una portavoz del PP aseguró a Público que, al tratarse de un partido político, se rige por una normativa distinta a la de las empresas. Según dicha portavoz, los partidos están sujetos exclusivamente a las reglas del Tribunal de Cuentas, al que remiten toda la información, y que, en consecuencia, el PP no está obligado a presentar el Modelo 347 a Hacienda. 

Este periódico ha consultado a técnicos del Tribunal de Cuentas, de Hacienda y de tres partidos con representación en el Congreso. Todos coinciden en que los partidos sí están obligados a presentar cada año el Modelo 347 y a detallar todos los proveedores. Los tres partidos consultados lo presentan cada año. El impreso oficial de la Agencia Tributaria es tajante. El encabezado detalla quiénes están "obligados a presentar el modelo". Y cita explícitamente "los partidos políticos, los sindicatos y las asociaciones empresariales". 

Interpelada sobre la base legal que permitiría al PP evitar la presentación a Hacienda del Modelo 347, la portavoz afirmó: "El partido dispone de estudios que concluyen que no tiene la obligación de presentar este modelo".La ausencia de declaración por parte del que paga raramente provoca una inspección fiscal. Hacienda concentra sus recursos en rastrear a los proveedores al ser estos los responsables de abonar el IVA. "Cuando el cliente no declara algo que sí ha declarado el proveedor no suele ser para evitar pagar impuestos, sino porque prefiere ocultar la relación por algún motivo. Al no haber defraudación, Hacienda no suele indagar", explica un inspector. 

Sin embargo, el reciente informe de la Oficina Antifraude de Hacienda sobre el PP valenciano, que concluyó que el partido en esta comunidad ocultó en 2007 al fisco 2,5 millones facturados por la trama y pagados en negro por "terceros", ha colocado nuevas sombras sobre las cuentas del PP. Las mismas fuentes de Hacienda añaden que los olvidos en el Modelo 347 agrandan las dudas, a la luz del informe de Valencia. 

Otro documento, incorporado al sumario en diciembre de 2009, aumenta aún más los interrogantes. Lo redactó el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales o Infracciones Monetarias (Sepblac), adscrito al Banco de España, y rastrea los movimientos de las principales cuentas de la trama. El documento muestra cómo el PP pagaba en cheques a la Gürtel. Pero todavía ahora no se ha aclarado la titularidad de importantes pagadores de los cheques que cobró la trama por trabajos para el PP. 

Rialgreen es un ejemplo emblemático. Entre 2003 y 2004 esta empresa de la trama declaró ingresos de 4,45 millones. De ellos, el 90% lo abonó supuestamente el PP, según la información remitida a Hacienda. Pero en el informe del Sepblac sobre la principal cuenta de Rialgreen sólo queda acreditado que el PP abonó 193.293,69 euros en cheques. Los pagadores de 12 cheques que sumaron 1,834 millones aún están por identificar. 

(www.elplural.com, 25/05/10)

 

LA QUERELLA POR LAS ESCUCHAS DEL ‘CASO GÜRTEL’, AMPLIADA A LAS DOS FISCALAS  

El abogado Ignacio Peláez, que presentó una querella contra Baltasar Garzón por ordenar la intervención de las comunicaciones de varios acusados por el caso Gürtel que estaban encarcelados, ha decidido ir más allá. El letrado ha ampliado la querella a las fiscalas anticorrupción Concepción Sabadell y Myriam Segura. 

Peláez responsabiliza a ambas de los mismos delitos que al magistrado, es decir, prevaricación y contra las garantías de la intimidad. Pero agrega un matiz: las acusa de haber omitido una conversación clave para, según su opinión, exculpar al presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, de cohecho por aceptar varios trajes como regalo. El abogado subraya que en una de las conversaciones de Pablo Crespo grabadas este afirma que Camps «se ha pagado los trajes». «Eso no es cierto, esa imputación nunca la podrán demostrar porque no es cierto», aseguró también Crespo en la charla. 

El letrado añade que las aseveraciones no fueron enviadas al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia (TSJCV) y, con ello, afirma, se privó a la defensa de Camps «de una prueba fundamental». No deja de resultar llamativo que Peláez, que representa al constructor José Luis Ulibarri y que abomina de las grabaciones a las que fueron sometidos los acusados del caso Gürtel, emplee uno de los fragmentos de dichas conversaciones para atacar a las dos fiscalas. 

El asunto de los trajes regalados a Camps fue sobreseído en agosto del 2009 por el TSJCV. Sin embargo, el 12 de mayo, el Tribunal Supremo decidió anular esta resolución y reabrió el caso, para enviarlo de nuevo al TSJCV.  

(www.elperiodico.com, 25/05/10) 

Cospedal figura junto a Bárcenas como apoderada en un cuenta bancaria de la Gürtel

Los socialistas de Castilla-La Mancha exigen a la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que explique por qué su firma aparece como apoderada de una cuenta bancaria del Partido Popular que investiga la Unidad Antifraude (ONIF) de la Agencia Tributaria en relación con el caso Gürtel. Firma facultada que comparte también con el ex tesorero de su partido, Luis Bárcenas, imputado en la supuesta trama de corrupción y financiación ilegal de la formación que lidera Mariano Rajoy.

La Dirección General de Policía y Guardia Civil, a través de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Brigada de Blanqueo de Capitales, remitió a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid el número de una cuenta bancaria (0075-0446 0600062947), procedente de la sucursal que el Banco Popular tiene en la madrileña calle de Velázquez 34, en la que aparece como apoderada la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, el ex tesorero del mismo partido e imputado en el caso Gürtel, Luis Bárcenas, y Álvaro Lapuerta, predecesor de este último en el cargo.

Una de las tres cuentas investigadas
De la citada cuenta, de la que Cospedal tiene firma autorizada, salieron en su día cheques por valor de 3.159.515 euros destinados a pagar los servicios de tres sociedades relacionadas con la trama corrupta Gürtel que lidera el empresario cercano al PP, Francisco Correa, encarcelado en la actualidad y sobre el que pesa la acusación de numerosos delitos.



Viajes con la corrupción
Desde esa cuenta también se realizaron determinados pagos al grupo 'Pasadena viajes', agencia que Correa utilizaba para agasajar a sus supuestos socios, muchos del PP. Del mismo modo, esta empresa organizaba los desplazamientos de líderes y funcionarios del partido, así como para la Federación Española de Municipios y Provincias cuando la FEMP era presidida por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá. Rialgreen, sociedad mercantil relacionada con el entramado corrupto, corresponde al nombre de la tercera empresa que también recibió dinero de la cuenta de la que es apoderada Cospedal.

Cuenta de nóminas y proveedores
Desde el Partido Popular se resta importancia a que su secretaria comparta firma con el ex tesorero, asegurando que se trata de una cuenta donde ingresan el importe de las nóminas y pago a proveedores, entre otros. Sin embargo, los socialistas piden explicaciones a través de su portavoz en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Moreno, a quien “no parece razonable que haya compartido firma y responsabilidad con Luis Bárcenas, que lleva siendo investigado durante un año por corrupción y que finalmente ha dimitido, y aún así no haya dado ningún tipo de explicaciones”.

www.elplural.com 13.05.10

GARZÓN ORDENÓ LAS ESCUCHAS PARA EVITAR LA EVASIÓN DE LOS FONDOS GÜRTEL 

El juez Baltasar Garzón compareció ayer a declarar por tercera vez ante el Tribunal Supremo, en esta ocasión sobre las escuchas ordenadas a los principales implicados de la trama corrupta Gürtel con sus abogados en prisión. Garzón aseguró ante el magistrado instructor, Alberto Jorge Barreiro, que su intención al intervenir las comunicaciones no era enterarse de la estrategia ni limitar los derechos de defensa de los abogados, sino investigar una trama de especial complejidad y evitar que los fondos de la trama corrupta saliesen de España. 

El juez recordó que los abogados imputados José Ramón Blanco Balín y Manuel Delgado Solís habían organizado la estructura empresarial y los movimientos de dinero y tenían la misión de desvincular de las acusaciones al cerebro de la trama, Francisco Correa. Según fuentes jurídicas, Garzón explicó que otros dos abogados, Luis Miguel Pérez y José Antonio López Rubal, Pepechu, colaboraron en los movimientos de salida de capitales. Otros dos letrados, uno de ellos Arturo Gianfranco Massana, tenían encomendado el envío de los fondos a Suiza y Estados Unidos. 

Después de que estos letrados fueran imputados, Garzón decidió mantener las escuchas al tener indicios de que Correa y su lugarteniente Pablo Crespo no iban a cejar en su empeño, y era factible que transmitieran informaciones a través de los nuevos letrados, incluso sin que éstos fueran conscientes de que les estaban utilizando. Garzón precisó que esa técnica es muy utilizada por las redes del crimen organizado. Posteriormente, y a instancias del fiscal, ordenó expurgar las conversaciones que afectaban a la estrategia de defensa. 

A preguntas del juez Barreiro, Garzón dijo que ordenó las escuchas al amparo de la Ley Penitenciaria -que exige la autorización judicial y para casos de terrorismo- porque los imputados estaban en un centro penitenciario. Pero también citó "los demás artículos de pertinente y general aplicación", entre los cuales está el 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal , que no excluyen las escuchas en prisión. 

El imputado no contestó a las preguntas de los abogados de la acusación, entre los que estaban sus antiguos compañeros, el ex juez José Antonio Choclán y el ex fiscal Ignacio Peláez. A la salida, Peláez se quejó de que el Colegio de Madrid no apoye su querella. 

(www.elpais.com, 11/05/10) 

EL JUEZ DE LA AUDIENCIA JUSTIFICA EN EL TS LAS ESCUCHAS DEL ‘CASO GÜRTEL’  

El juez Baltasar Garzón defendió ayer ante el magistrado del Tribunal Supremo (TS) Jorge Alberto Barreiros su decisión de autorizar la grabación de las conversaciones que mantuvieron en la cárcel los principales implicados del caso Gürtel con varios letrados por la necesidad de desentrañar la trama de corrupción. El togado de la Audiencia Nacional aseguró que con su resolución no buscó lesionar el derecho de defensa, sino impedir que el jefe de la red, Francisco Correa, recuperara el dinero que tenía escondido. 

El imputado compareció con la lección bien aprendida y citó sin problemas las resoluciones que acordó en el marco de este caso que saltó a la luz en febrero del 2009. Así, desveló ante el TS que, según varios informes policiales, un grupo de abogados trabajaban a las órdenes de Correa y eran los encargados de controlar la estructura empresarial que la trama corrupta había creado para esconder el dinero que había captado en administraciones públicas, según fuentes jurídicas presentes en la declaración. Estos letrados comenzaron a visitar a Correa en la cárcel y Garzón optó pinchar las conversaciones para evitar que siguieran blanqueando dinero. 

El juez de la Audiencia Nacional negó que en su ánimo estuviera limitar el derecho de defensa o conocer la estrategia de los abogados. Solo quería evitar que la justicia perdiera la oportunidad de recuperar los fondos escondidos por el jefe de la red en EEUU y en paraísos fiscales como Suiza. Por ello, optó por esta medida, pese a ser la más gravosa para los imputados, y recordó que solo afectó a los cabecillas de la trama encarcelados. 

Asimismo, aseguró que retiró de la investigación las conversaciones que afectaban al derecho de defensa y confirmó que no utilizó los datos obtenidos en esas charlas para interrogar a otros implicados como el empresario José Luis Ulibarri, cuyo abogado, Ignacio Peláez, es el que le ha presentado la querella por prevaricación y contra la intimidad. Una demanda a la que se han añadido Correa y su lugarteniente, Pablo Crespo, en calidad de víctimas. 

Peláez lamentó ayer que el Colegio de Abogados de Madrid no se haya sumado a esa iniciativa. También se quedó solo en el TS, pues los letrados de Correa y Crespo, José Antonio Choclán y Pablo Rodríguez Mourullo, no formularon preguntas a Garzón. Esta es la tercera vez que el togado de la Audiencia Nacional declara como imputado en el alto tribunal en un año. 

(www.elperiodico.com, 11/05/10)

HACIENDA INVESTIGA TRES CUENTAS DEL PP VINCULADAS A LA 'GÜRTEL' 

Tres de las 262 cuentas bancarias investigadas por la unidad antifraude (ONIF) de la Agencia Tributaria en el marco del caso Gürtel pertenecen al PP. Una de las tres pertenece a la dirección nacional del partido y está domiciliada en la misma sucursal que aquella otra donde Luis Bárcenas, ex tesorero del partido e imputado en el caso, hizo un ingreso en metálico de 330.000 euros en enero de 2003. La segunda cuenta estaba asociada al PP gallego, y en ella tuvo firma Pablo Crespo, considerado número dos de la trama, hasta su cancelación en octubre de 2005. La tercera, abierta en Banesto, pertenece al grupo municipal del PP de Arganda (Madrid), cuyo ex alcalde, Ginés López, está imputado y se le atribuye el cobro de más de medio millón en comisiones.  

El propio Bárcenas, así como su predecesor en el cargo, Álvaro Lapuerta, y la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, tenían firma en la cuenta de la dirección nacional del partido. "Es la cuenta donde se ingresan las nóminas y en la que se lleva la gestión diaria del PP", subrayaron ayer fuentes cercanas al equipo de Mariano Rajoy. 

Los movimientos bancarios de empresas vinculadas a la Gürtel muestran que, a través de cheques librados contra esa cuenta, el PP pagó a tres sociedades de la red 3.159.515 euros entre 2003 y 2005, según la documentación obrante en el sumario. "Es normal, eran nuestros proveedores", aducen en el partido. 

La primera por volumen de cobros fue Special Events SL, buque insignia del conglomerado de Correa hasta que, tras las primeras informaciones sobre el privilegiado grupo, se vio relegada en favor de otras sociedades fuera de sospecha. Previo ingreso de 12 cheques, Special recibió 2,4 millones de euros a través de la cuenta del PP domiciliada en la sucursal que el Banco Popular posee en la calle Cedaceros, a escasos metros del Congreso. 

Pasadena Viajes, que organizaba los desplazamientos de líderes y funcionarios del partido y trabajó para la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) en la etapa de Rita Barberá, percibió 529.193 euros. Ese monto sólo representa los ingresos efectuados mediante 11 cheques por importe unitario superior a 10.000 euros.  

La tercera empresa remunerada a través de la cuenta de la calle Cedaceros fue Rialgreen. La pertenencia de esta sociedad a la trama corrupta no fue detectada hasta bien avanzada la investigación. De hecho, la reclamación de contratos formulada a la Comunidad de Madrid por el primer instructor del caso, Baltasar Garzón, no incluía a Rialgreen. Ahora bien, su participación en el holding de proveedores del PP resulta evidente a tenor de los movimientos bancarios: cobró dos cheques que sumaban 193.293 euros. 

La existencia de las tres cuentas del PP ya figuraba en el sumario. Pero la identidad de sus propietarios sólo ha trascendido después de que la ONIF enviase el 30 de marzo al juez Pedreira un dossier de 73 páginas que identifica a los titulares de los 262 depósitos bancarios. Ahora, el magistrado está a la espera de que Hacienda le informe de los movimientos registrados en ellas.  

La segunda cuenta fue abierta en noviembre de 1998 por el PP de Galicia bajo el epígrafe "Axuda a Iberoamérica". Se localiza en una sucursal de Caixa Galicia en Santiago muy próxima a La Nécora, como era conocida la sede principal de los conservadores. Hasta su cancelación en octubre de 2005, figuraba como autorizado Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego. 

Ayer, la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, aseguró ayer que el Tribunal de Cuentas ha revisado "todas" las cuentas de su formación. Además, De Cospedal mantuvo que el PP "ha hecho lo que no ha hecho ningún otro partido político en España" porque quienes "han tenido algo que ver, de forma más directa o indirecta" con el caso Gürtel no ocupan ahora "ningún cargo orgánico ni están en el PP". "Eso no lo puede decir ningún partido de este país", presumió. Cospedal obvió que Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo e imputado en el caso, sigue en nómina del PP, informa Yolanda González.  

(www.publico.es, 05/05/10)

EL JUEZ PEDREIRA INVESTIGA TRES CUENTAS DEL PP RELACIONADAS CON LA TRAMA GÜRTEL 

El magistrado del TSJM, Antonio Pedreira, ha pedido a la Agencia Tributaria que analice un total de 262 cuentas bancarias presuntamente relevantes para la investigación del caso Gürtel. El informe preliminar de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude que ha sido remitido al juez Pedreira incluye tres cuentas bancarias a nombre del partido popular. 

Dos de esas cuentas investigadas están a nombre del PP nacional y su domicilio fiscal es Génova 13, la sede central de la formación que dirige Mariano Rajoy. La primera de ellas está abierta en una sucursal del Banco Popular en la calle Cedaceros de Madrid. Se da la circunstancia que esta es la misma sucursal en la que Bárcenas ingresó 330.000 euros en billetes de 500, asunto por el que fue objeto de una investigación de Hacienda. 

La segunda cuenta a nombre del PP pertenece a la sede central de Caixa Galicia en Santiago de Compostela. Del PP gallego hemos sabido a través del sumario que este partido pagó en negro más del 50% de sus mítines durante el periodo 96 al 99. Sin embargo la cuenta investigada por Pedreira no está a nombre del PP de Galicia sino directamente del nacional. 

La agencia tributaria considera relevante una tercera cuenta bancaria cuyo titular es el grupo municipal popular de Arganda del Rey en Madrid. Se trata de una sucursal de Banesto ubicada en esa localidad. Según el sumario de la Gürtel el ex alcalde de esta localidad, el popular Ginés López, habría recibido comisiones de la trama por encima del medio millón de euros. Ha sido imputado por cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales entre otros delitos y se le ha impuesto una fianza de millón y medio de euros para evitar la cárcel. 

El juez investiga también las cuentas del Ayuntamiento de Pozuelo en Madrid, en su momento gobernado por el popular Jesús Sepúlveda, también imputado y a quien Rajoy le ha encontrado trabajo en Génova tras dimitir como alcalde en medio del escándalo. 

Las tres cuentas del partido popular investigadas por Pedreira forman parte de una larga lista de referencias bancarias en donde el magistrado investiga los movimientos de dinero de todos los cargos el PP imputados y analiza asimismo los movimientos bancarios de las empresas de la trama, así como las cuentas personales de los principales cabecillas de la Gürtel. 

(www.cadenaser.com, 04/05/10)

CRESPO PODRÁ SALIR DE PRISIÓN CON UNA FIANZA DE 1,2 MILLONES 

El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, permitirá al número dos de la trama corrupta, el ex secretario de organización del PP de Galicia Pablo Crespo, abandonar la prisión si abona una fianza de 1,2 millones de euros, tal y como había solicitado la fiscalía, al considerar que ya no tiene medios para obstaculizar la investigación. 

En un auto fechado el 21 de abril y hecho público ayer, Pedreira resta importancia a la anulación de las escuchas ordenadas por su antecesor, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y afirma tener pruebas suficientes contra Crespo, acusado de delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Según el juez, "los indicios racionales" de los delitos supuestamente cometidos por el lugarteniente del cabecilla de la red corrupta, Francisco Correa, "no sólo perviven en la actualidad, sino que a medida que avanza la instrucción se ven confirmados por nuevos datos, ninguno de ellos procedente de las diligencias derivadas de las comunicaciones cuya nulidad se ha declarado en auto el 25 de marzo". 

Crespo fue detenido junto con Correa el 6 de febrero de 2009 y seis días después fue enviado a la prisión de Soto del Real (Madrid). Ahora tiene por primera vez la posibilidad de salir de la cárcel. Sin embargo, su situación económica es delicada, toda vez que la justicia ha inmovilizado todo su patrimonio conocido tanto en España como en el extranjero. 

Quien ya ha reconocido no poder pagar su fianza es Antoine Sánchez, presunto testaferro de Correa. Ayer comunicó al juez Pedreira que no dispone de dinero suficiente para abonar su fianza, de 300.000 euros. El magistrado tiene ahora cuatro días para tomar una decisión al respecto. 

(www.elpais.com, 23/04/10)

EL BIGOTES OCULTÓ A HACIENDA INGRESOS DE 807.000 EUROS 

El responsable de Orange Market en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, ocultó a la Agencia Tributaria unos ingresos de 807.000 euros, obtenidos en cinco años y procedentes de la caja de dinero negro que manejaba la trama corrupta que dirigía Francisco Correa. El sumario del caso Gürtel que instruye el juez Antonio Pedreira en el TSJ de Madrid desvela que, desde que se hizo cargo en 2004 de la franquicia de Correa en Valencia hasta 2008, Álvaro Pérez sólo presentó dos declaraciones de renta, la de 2007 y la de 2008. En ambas, el resultado fue negativo y reclamó la devolución de 357 euros a Hacienda en 2007 y 1.766 euros en 2008. 

El informe solicitado por Pedreira a la Agencia Tributaria sobre la tesorería oculta de la trama que montó Correa -y cuyos extractos constaban en el pen drive incautado al contable José Luis Izquierdo- desvela que en 2007 Álvaro Pérez recibió sobres de dinero o ingresos en especie por importe de 263.250 euros. Una cantidad al margen de la nómina declarada por Orange Market. En el ejercicio de 2008 los pagos en dinero negro a Pérez, al margen de su nómina, llegaron a los 138.449 euros. 

Los cálculos de la Agencia Tributaria solo tienen en cuenta las cantidades que constan como pago a Álvaro Pérez en la contabilidad B de la trama, que se elevaron a 58.800 euros (2004), 117.341 euros (2005), 229.105 euros (2006), 263.250 euros (2007) y 138.449 euros (2008). Unos apuntes que indican que el responsable de Orange Market ingresaba 6.000 euros mensuales, con pagas extra del mismo importe, más otros bonus que establecía el propio Francisco Correa. 

Las elevadas cantidades de dinero negro destinadas a El Bigotes contrastan con sus ingresos declarados a Hacienda. En 2007, el amigo del presidente valenciano, Francisco Camps, declaró unos rendimientos netos por su trabajo en Orange Market de 20.574 euros. Empresa que elevó sus ingresos al año siguiente hasta los 51.107 euros. 

Cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón desató la operación Gürtel e interrogó a Álvaro Pérez sobre sus ingresos, El Bigotes declaró: "No tengo prácticamente clientes, trabajo para el Partido Popular, me presentaban muchas campañas y no me han dado nunca nada, ni de publicidad, ni de ninguna otra cosa, porque siempre estoy señalado y en cuanto me presento a algo se me machaca (...) Muy pocos clientes, señoría, me cuesta mucho salir adelante". 

Pese a sus manifestaciones, el responsable de Orange Market llevaba un ritmo de vida elevado. Pérez buscó su vivienda en una de las zonas más selectas del centro de Valencia -cerca de las oficinas de Orange Market-, escolarizó a su familia en el mismo centro privado donde acuden los hijos del presidente Francisco Camps y otros altos cargos como el vicepresidente Vicente Rambla, y se exhibió en vehículos de lujo como la motocicleta Bombardier Can Am, propiedad de la sociedad Orange Market -hoy incautada por orden del juez Antonio Pedreira junto con el Range Rover y el Ford Transit que figuran a nombre de la franquicia valenciana del caso Gürtel-. 

La Agencia Tributaria -en el informe remitido al juez que instruye el caso Gürtel- aplica su propia lógica contable y estima que, en función de los datos analizados, a Álvaro Pérez se le pueden atribuir unos rendimientos netos del trabajo de 46.400 euros en 2004 y de 185.669 euros, 389.380, 446.353 y 273.148 euros en los ejercicios siguientes. 

El mismo informe, incluido en el sumario, rebaja la deuda tributaria de Pérez a cantidades muy inferiores, ya que considera que la firma Orange Market es quien incumplió su deber de practicarle las retenciones. Conforme a este criterio, Pérez tendría una deuda tributaria -según los datos analizados- cercana a los 33.000 euros; mientras que la sociedad Orange Market, de la que era responsable El Bigotes, adeudaría más de medio millón de euros por las retenciones no practicadas durante el periodo 2004 y 2008. 

(www.elpais.com, 22/04/10) 

EL INFORME DE LA AGENCIA TRIBUTARIA SOBRE LOS INGRESOS DE PÉREZ 

- Las retribuciones cobradas en negro: 58.800 euros en 2004; 117.341 euros en 2005; 229.105 euros en 2006; 263.250 euros en 2007 y 138.449 euros en 2008. 

- Las retribuciones declaradas en Hacienda: 20.574 euros en 2007 y 51.107 en 2008 como rendimiento neto del trabajo. Orange Market, cuyo responsable era El Bigotes, ingresó en Hacienda por retenciones del trabajo de Pérez 3.474 euros en 2007 y 13.636 euros en 2008. 

- La deuda tributaria estimada: 10.321 euros en 2004; 5.327 euros en 2005; 4.910 en 2006, 10.070 euros en 2007 y 2.906 euros en 2008. 

- La deuda de Orange Market por eludir las retenciones en los pagos a su administrador: 11.600 euros en 2004, 68.328 en 2005, 160.275 en 2006, 170.558 en 2007 y 93.373 euros en 2008. 

(www.elpais.com, 22/04/10)

EL JUEZ OBLIGA A CORREA A ABRIR SU CORRESPONDENCIA PRIVADA EN LA SEDE DEL TSJM 

El capo de la trama Gürtel, Francisco Correa, salió ayer de la prisión de Soto del Real, pero solo por unas horas. El imputado fue trasladado a la sede del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para abrir allí su correspondencia, que está intervenida por orden judicial. Una vez realizado ese trámite, Correa fue escoltado por la Guardia Civil de nuevo a la cárcel, donde se encuentra preso desde el 6 de febrero del 2009. Si el juez considera que el contenido de la correspondencia abierta ayer tiene algún interés para la investigación, se incorporará a la causa. 

Con esta medida, el instructor del caso, Antonio Pedreira, se cura en salud ante posibles recursos como el que dejó sin efecto las intervenciones de las conversaciones del preso con sus abogados, que el TSJM anuló al considerar que se había vulnerado el derecho de defensa del acusado. A partir de aquellas escuchas, Pedreira autorizó el 6 del mayo del 2009 la entrada y el registro policial de la celda que ocupaban Correa y el presunto número dos de la organización, Pablo Crespo. En su interior aparecieron varios textos manuscritos que apuntalaron los indicios de un riesgo de fuga si se decretaba la libertad provisional. 

Precisamente, el TSJM avaló ayer las intervenciones de las conversaciones de varios de los imputados en el caso ordenadas por Baltasar Garzón hasta enero del 2009, antes de la detención de los presuntos cabecillas de la trama. El contable de la red, José Luis Izquierdo, había solicitado su nulidad, igual que pasó con las realizadas en la cárcel, pero el tribunal madrileño no le ha dado la razón y ha validado el resto de los pinchazos que constan en el sumario al considerar «lícitas» las medidas para obtener los números. 

(www.elpais.com, 21/04/10)

EL PP LANZA LA GÜRTEL CONTRA EL GOBIERNO, QUE SE LA DEVUELVE EN FORMA DE OBUS: FUE CASCOS QUIEN LES METIÓ EN FOMENTO 

El ministro de Fomento, José Blanco, ha recordado al PP que fue el popular Francisco Álvarez Cascos quien introdujo a Teconsa, empresa vinculada a la trama pública, en la lista de adjudicatarias de la cartera que ahora dirige. Blanco, preguntado por el diputado Rafael Hernando (PP) sobre las “relaciones entre el Gobierno y la empresa Teconsa”, ha dicho que Fomento contrata con esta constructora mediante concursos e “igual que con otras empresas que contratan con el sector público”. El socialista, eso sí, ha enmendado la plana a Hernando evidenciando que él personalmente no ha adjudicado ningún contrato a la entidad, porque los últimos están fechados dos meses antes de su llegada al Ejecutivo.  

Hernando ha pedido al titular de Fomento que “aclare si en La Moncloa existe un despacho de influencias para favorecer a las empresas amigas. Es una paradoja que mientras usted descalifica a todo el mundo sea usted quien está contratando a una de las empresas imputadas en la trama Gürtel”. Con ello hacía referencia a la conversación mantenida entre la directora general de Coordinación Informativa de Presidencia del Gobierno, Angélica Rubio, y el propietario de Teconsa, José Luis Martínez Parra y que forma parte de las escuchas de la trama corrupta. En su momento, fuentes de Moncloa aclararon a El Plural que la asesora de Zapatero lo había recibido como presidente de Crónica de León/ABC, “como sucede con todos y cada uno de los representantes más sobresalientes de los medios de comunicación españoles”. 

Cascos, introductor 

Blanco ha replicado rápidamente recordando que “esa empresa empezó a contratar con el Ministerio de Fomento cuando el señor Álvarez Cascos era ministro”. También habría sido Cascos quien introdujo a Francisco Correa, supuesto cabecilla de la red, en el PP según declaró el mismo Correa ante el juez Antonio Pedreira.

Blanco “no trocea contratos” 

El socialista ha pedido al popular que “no lance difamaciones” porque en su Ministerio “no se trocean contratos, todo se hace a través de concursos públicos, que estarán a su disposición porque los ha solicitado”. Finalmente, Blanco ha acusado a Hernando de “mentir” porque “desde que yo soy ministro de Fomento no ha habido ninguna adjudicación a Teconsa” ya que la última pasó “por una mesa de contratación de acuerdo a un concurso público dos meses antes de que yo tomara posesión”. 

Estragos del PP 

“No engañe a esta Cámara, todos los contratos están a su disposición y, por cierto, dos son complementarios por una obra adjudicada” por “el anterior ministro, cuando el Gobierno socialista estaba en funciones”. Blanco no ha precisado a qué obras se refería, pero ha explicado que su gabinete tuvo que firmar complementos pues dichas adjudicaciones rubricadas por el PP “eran desvaríos”.

Teconsa 

Tecnología de la Construcción (Teconsa) es una de las empresas citadas en el sumario del caso Gürtel. La entidad, actualmente en suspensión de pagos y desmantelando sus sedes, habría pagado comisiones a la Gürtel y altos cargos del PP incluido el ex tesorero Luis Bárcenas para hacerse con la adjudicación irregular de la variante de la autovía C-626 a su paso por la localidad leonesa de Olleros del Alba. También está bajo lupa el millonario contrato que la televisión pública valenciana, RTVV, otorgó a esta entidad, sin experiencia audiovisual, para la retransmisión de la visita del Papa. Teconsa habría agradecido la colaboración de los Correa en esta concesión con 900.000 euros.  

(www.elplural.com, 21/04/10)

BÁRCENAS Y MERINO DEJAN SUS ESCAÑOS UNA SEMANA DESPUÉS DE ABANDONAR LA MILITANCIA 

El PP insistió en que el sumario del caso Gürtel no contenía ninguna novedad, pero las consecuencias políticas de la apertura del secreto han provocado un auténtico terremoto en la calle Génova. El ex tesorero y senador Luis Bárcenas y el diputado Jesús Merino han decidido abandonar sus escaños, según ha adelantado el primero en una entrevista concedida al diario ABC y ha podido confirmar EL PAÍS. A primera hora de la mañana, en cuanto han abierto los registros, ambos han formalizado la entrega de sus actas. 

En el caso de Merino, el asunto no supone una sorpresa, ya que él había ofrecido esta salida y había puesto su cargo a disposición desde el primer momento, hace ya casi un año, para no perjudicar al partido. La dirección le aconsejó que esperara porque su salida habría dejado en muy mal lugar a Bárcenas, que hasta ayer mismo se negaba a abandonar su escaño. 

El entorno del ex tesorero ha insistido estos días en que se encontraba sometido a una gran presión personal, especialmente porque su esposa está imputada -declarará el miércoles ante el juez Pedreira- y sufría cada vez con más intensidad la presencia diaria en los medios y la constante vigilancia de fotógrafos a la puerta de su casa. 

Ese fue el motivo que alegó su entorno la semana pasada cuando, contra todo pronóstico, y después de hablar con Javier Arenas, uno de las personas más próximas en el partido, con Francisco Álvarez Cascos y Ana Mato, decidió visitar a Rajoy para anunciarle que dimitía definitivamente como tesorero y renunciaba a su militancia. Esta decisión arrastró a Merino. 

Dos días después, Bárcenas se vio con Rajoy y Arenas en Génova, y pactó renunciar también al privilegio de que el partido le pague el abogado y abandonar la dirección del Grupo Popular en el Senado, donde nunca dejó de ser tesorero. Sin embargo, en esa reunión en Génova, Rajoy no le pidió en ningún momento que dejara el escaño, al contrario de lo que Esperanza Aguirre ha hecho reiteradamente con sus diputados imputados. Éstos se resisten para evitar que la causa deje el Tribunal Superior de Madrid y vuelva al juez Garzón, de la Audiencia Nacional. 

La decisión de Bárcenas y Merino provocará que la parte de la causa que les afecta, que se había trasladado a Supremo, vuelva al juez Pedreira, del Superior de Madrid. Y allí seguirá siempre que los tres diputados madrileños no dejen sus escaños. La parte instruida por el Supremo sigue en este momento bajo secreto de sumario. 

El destino de ambos parlamentarios ha estado siempre unido puesto que son los dos únicos aforados nacionales imputados. El ex tesorero está imputado por delito fiscal y cohecho. Los investigadores le atribuyen haber recibido supuestos sobornos por al menos 1,3 millones de euros, y las pruebas del aumento de su patrimonio y operaciones extrañas de entrada y salida de 330.000 euros en billetes de 500 han sido consideradas sospechosas en distintos informes de la policía, la fiscalía y la Agencia Tributaria. A Merino se le imputa cohecho por haber recibido presuntamente 50.000 euros de la red. Ambos han negado ante los jueces estas acusaciones. 

La noticia supone un gran alivio y un exito interno para Rajoy, presionado no solo en los medios sino tambien internamente para que hiciera algo con Bárcenas y le forzara a dejar el escaño. Ayer mismo, Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego y baron regional en alza muy cercano a Rajoy, pidio en la Cadena Ser al ex tesorero que dejara el senado. Los mensajes del marianismo a Bárcenas para que se apartara han sido constantes y la presion interna mas clara que nunca, pero nunca hubo una exigencia directa y formal del lider a quien el nombro como tesorero en 2008. 

(www.elpais.com, 19/04/10) 

LA TESTIGO QUE HUYÓ DE LA SECTA GÜRTEL 

El 16 de octubre de 2007, una mujer se presentó ante la Guardia Civil y denunció que la empresa en la que trabajaba tenía una administración irregular. Ella era la administradora. Su jefe, un tal Pablo Crespo, tenía una caja en la que entraba dinero negro de procedencia desconocida y después salía en sobres que acababan en manos de un tal José Luis Izquierdo, el contable de otra empresa. También había descubierto facturas falsas para empresas virtuales. Además, y este era el motivo de su denuncia, había encargado por su cuenta una auditoría y como consecuencia le habían robado el ordenador y los documentos de su despacho. 

La empresa era Special Events. Lo que Isabel Jordán estaba describiendo a los agentes era parte de las entrañas de la trama de corrupción política más extensa de la democracia, aunque entonces aún no lo sabía. Al día siguiente, el 17 de octubre, tuvo que volver a llamar a la Guardia Civil de Boadilla a denunciar que la seguían dos coches. Los agentes detuvieron a los individuos, y hallaron una cámara de fotos con imágenes de la hija de ocho años de Jordán, su casa y su colegio. 

Su relación con la empresa había empezado en 2004, como empleada, cobrando 1.200 euros. Contactó con ellos a través de Jesús Sepúlveda, entonces responsable de actos del PP. Se estrenó en un acto de homenaje a los voluntarios del 11-M en el que conoció a Alberto López Viejo. 

De las declaraciones que figuran en el sumario, y de detalles aportados por personas que la conocen, se puede extraer que la pesadilla de Isabel Jordán comenzó un día de mayo de 2007. El PP acababa de volver a ganar las elecciones en Madrid. Para entonces cobraba 3.200 euros y la habían convencido para figurar como administradora y después, como socia. Jordán acudió a una cena con la cúpula de su empresa. En un reservado del restaurante del Hotel Fénix, se sentó a una mesa en la que estaban Francisco Correa y Pablo Crespo (el dueño de la empresa y el administrador), Ramón Blanco Balín (el asesor fiscal), Tomás Martín Morales (que sería vicepresidente de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla del Monte) y Alfonso Bosch (diputado y gerente de la misma empresa). 

Era la primera vez que participaba en una reunión de ese nivel. Por entonces, ya había empezado a hacer preguntas incómodas sobre la contabilidad, a raíz de cosas que le iban contando Javier Nombela (el contable) y José Luis Peñas (concejal de Majadahonda). Pero esa noche, en aquella mesa, vio en directo a qué se dedicaba su empresa. Tomás Martín, el hombre del PP, sacó un pliego de condiciones de un concurso de dos millones de euros para hacer todos los folletos y papelería del Ayuntamiento de Boadilla del Monte y dijo que se iban a presentar. Estaban todos compinchados. Jordán se encaró con los presentes. Le pareció escandaloso. Cuando fue a levantarse, Tomás Martín intentó convencerla con otro papel. Tenía preparada una hoja de costes donde se detallaba que Easy Concept gastaría unos 600.000 euros en el proyecto y tendría un beneficio de 1,5 millones. Ella, como todos los presentes, se llevaría un pellizco. Había entrado en la élite. 

Jordán figuraba ya entonces como administradora y firmaría personalmente el contrato. Amenazó con irse de la empresa. Comenzaron a gritarle, que si estaba loca, que era una oportunidad para todos. El diputado Bosch le dio una patada por debajo de la mesa para que se callara. Cuando se levantó para salir del reservado, Correa la cogió por el brazo: "Me esperas que quiero hablar contigo a solas". La llevó a la calle y allí le contó que había amañado un concurso de suelo en Boadilla, que se habían repartido comisiones con el alcalde y que lo tenía grabado en vídeo contando el dinero. Hizo el gesto de un cuenco con la mano y dijo: "Lo tengo comiendo en mi mano". En ese momento, Isabel Jordán se dio cuenta de que no trabajaba para un empresario, sino para un gánster. 

Llevaba 15 años en la profesión. Cuentan los que la conocen que le apasionaba su trabajo: montar escenarios, quedarse hasta la madrugada para que unas luces estuvieran perfectas, probar el sonido una y otra vez. Había trabajado hasta 14 horas diarias. Para hacer rico a un gánster. 

A partir de ese día, prácticamente no volvió por la empresa. Hasta que lo denunció, en octubre, fueron meses de depresión y amenazas. Ella se quería ir de la empresa, pero no sin un papel que la eximiera de responsabilidad. Correa le dejaba mensajes amenazantes en el contestador a gritos: "Hay muchas administradoras en la cárcel". Fue despedida estando de baja. 

El 6 de febrero de 2009, el juez Baltasar Garzón, que ignoraba toda esta historia, ordenó que la detuvieran. Ante Garzón, Isabel Jordán, de 41 años, se desahogó por primera vez. 

Hoy intenta trabajar en lo suyo pero su relación con Gürtel lo hace muy difícil. Sigue viviendo en la casa de Boadilla a la que se mudó por recomendación de Pablo Crespo. Costaba 1.200 euros al mes, cuando ella estaba pagando un alquiler de 600 en Valdebernardo. Pero Crespo la convenció de que dejara ese barrio, que no pegaba con el estatus de una directiva. Un estatus del que salió corriendo la noche que oyó a su engominado jefe hablar de alcaldes que comían en su mano. Ahora vive con protección policial, imputada por cohecho y delito fiscal. Sus jefes están en la cárcel. 

(www.elpais.com, 19/04/10)

PREDEIRA POSPONE LA DECLARACIÓN DE 'EL BIGOTES' AL 7 DE MAYO 

El magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha decidido aplazar hasta el 7 de mayo la declaración como imputado de Álvaro Pérez Alonso El bigotes, presunto delegado de la trama de corrupción en la Comunidad Valenciana. 

El instructor ha decidido posponer la declaración de El Bigotes después que su abogado alegase que no podía acudir al TSJM este miércoles, día en el que estaba prevista la declaración del imputado, "al tener señalado con anterioridad para esa fecha otro asunto judicial", según informaron fuentes del tribunal. 

El miércoles, a partir de las 13.00 horas, deberá declarar en el TSJM Rosalía Iglesias Villa, la mujer del senador del PP Luis Bárcenas, quien comparecerá en calidad de imputada. 

Asimismo, el jueves 22 de abril, a las 10.00 horas, el primo de Francisco Correa, Antoine Sánchez, uno de los principales imputados, volverá a prestar declaración ante el magistrado en la sede del TSJM. 

(www.publico.es, 19/04/10) 

AGUIRRE: "ES LO MEJOR PARA EL PP Y PARA ESPAÑA" 

La renuncia de Luis Bárcenas a su escaño como Senador ha suscitado una cadena de reacciones tanto dentro como fuera del PP.

Una de las primeras personas en dar su opinión ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, quien en declaraciones a Telecinco ha declarado: "Me parece bien. Creo que es bueno para el partido, porque el PP pretende el bien de España, sin ninguna duda, y es bueno para él, porque así podrá tener una instancia superior para ser juzgado, que será el Tribunal Supremo", aseguró . 

Al ser preguntada por si cree que los políticos dejen sus cargos cuando han sido imputados, la dirigente regional explicó que esto "no siempre" debe ser así, ya que, en ocasiones, se imputa a determinadas personas para que puedan acudir a los juzgados acompañados de un abogado. 

Otra dirigente conservadora que mostró su satisfacción por la dimisión de Bárcenas fue María Dolores de Cospedal. La secretaria general del PP confirmó que el ex tesorero de su partido dejará su escaño como senador, una "decisión personal" para garantizar mejor su defensa tras ser implicado en el caso Gürtel y también para no perjudicar los intereses de su formación.  

"Es una decisión que ha decidido anunciar hoy y yo creo que está muy bien que el anuncio además lo haga el propio que acaba de tomar la decisión", dijo De Cospedal en una entrevista a sobre la dimisión como senador de Luis Bárcenas.  

Preguntada si desde Génova le han sugerido que deje su acta en la Cámara Alta, respondió que "lo importante" es lo que "ocurre el día de hoy", cuando Bárcenas considera que con el abandono de su escaño puede garantizar un "mejor ejercicio de su defensa" y ante lo que habrá recibido las recomendaciones de sus abogados.  

(www.publico.es, 19/04/10) 

"UNA CAMARILLA DE POLICÍAS, CUYO JEFE ESTUVO EN LA CACERÍA CON GARZÓN, FABRICÓ LOS PAPELES DE LAOS Y PRUEBAS [GÜRTEL]" 

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha vuelto a insistir en la teoría de Álvarez Cascos sobre la “camarilla de policías que fabricó pruebas falsas” en el caso Gürtel, y ha puesto el ejemplo del propio Cascos para demostrarla. Así, ha asegurado que de él se dijo falsamente que recibió un viaje de la red. Cierto, pero fueron los propios imputados los que hablaron de ello y la Fiscalía, posteriormente, a instancias del ex presidente, descartó que hubiera sido así tras revisar los papeles que lo demostraban. Sin embargo, la lideresa da otra versión del asunto: “Ni a los jueces, ni a los fiscales, ni a la policía los hemos puesto en duda; al contrario, tienen todo nuestro respaldo. Pero hay una camarilla de policías cuyo jefe estuvo en la cacería con Garzón que son los que fabricaron los papeles de Laos que sí han fabricado pruebas falsas contra el señor Cascos”, ha dicho esta mañana en El Programa de Ana Rosa.  

Tras descolgarse con estas afirmaciones, la presidenta de Madrid ha matizado diciendo que no se han fabricado pruebas sino que se han filtrado datos en un momento en que la investigación ya había desestimado la hipótesis de los regalos a Cascos.

Vuelta de “históricos”

A propósito del ex vicepresidente, la lideresa ha admitido que le gustaría “muchísimo” que volviese, “por Asturias, por el PP y por España”. Preguntada por el regreso de “históricos” –palabras de la entrevistadora, Ana Rosa Quintana- como Cascos y Rodrigo Rato, actual presidente de Caja Madrid, Aguirre ha indicado que “los dos son personas valiosísimas” a las que no se debe “desaprovechar” porque “lo van a hacer estupendamente bien”.

 "Niña" de 58 años 

“Ahora que la esperanza de vida se prolonga tanto no veo por qué hay que desechar a los políticos porque tengan una edad, no sé, pues la mía probablemente: 58 años”, ha agregado. Su entrevistadora ha replicado ese comentario con un juicio de valor, “58 es una niña”, a lo que la sonriente popular ha replicado: “tenga usted en cuenta que Reagan fue elegido con 70”.

Dimisión de Bárcenas  

Sobre el asunto del día, que Luis Bárcenas ha abandonado su escaño de senador, Aguirre ha dicho que le parece “bien”. “Pues sí, me parece bien, creo que es bueno para el partido, para España e incluso creo que es bueno para él, porque así podrá tener una instancia superior, que será el tribunal Supremo”, ha indicado, en una aparente confusión. En realidad, quien juzgará a Bárcenas a partir de este momento será el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. La presidenta ha asegurado que la “responsabilidad política” debe prevalecer sobre la “presunción de inocencia” en casos en los que haya sospechas de enriquecimiento ilegal o corrupción.

Desmarque Gürtel  

Al ser preguntada por sí sentía “decepción personal” al tener tres diputados y varios alcaldes del PP de Madrid imputados, la lideresa se ha desmarcado, aunque ha asentido en el caso de su ex protegido consejero de Deportes, Alberto López Viejo. “En la mayoría de los casos yo no les había puesto, estaban ahí cuando yo llegué. Pero sí hay un caso de un consejero que para mí ha sido una decepción enorme”, ha apuntado, refiriéndose a López Viejo. “Cuando la revista Interviú sacó un reportaje en el año 2005 sobre este asunto, yo le llamé inmediatamente porque él organizaba los actos, para preguntarle si estábamos contratando con estos”. Según su versión, el ex consejero le habría indicado que “no estamos contratando con Special Events” sino "otras". "Lo que no me dijo es que esas otras eran de los mismos dueños, y eso lo considero realmente una traición”, sentenció. 

Encuesta de Público  

En otros asuntos, la presidenta ha criticado la encuesta del diario Público, que hoy asegura que el PP de Madrid perdería cuatro puntos en las autonómicas, indicando que ese medio no es partidario de ella y que parece “local” por su obsesión en sacar sus trapos sucios en la Comunidad. “Yo no quiero matar al mensajero, pero el periódico Público no ese especialmente favorable ni ala PP ni a mí misma, se ha convertido casi en un periódico local. Saca noticias de Madrid para meterse conmigo”, ha aseverado. Posteriormente, la dirigente ha precisado que sus encuestas le resultan muy favorables. 

Sobre Garzón  

Sobre la polémica del juez Garzón, Aguirre ha señalado que “presumo la inocencia penal, pero creo que no se pude decir que le han imputado por perseguir los delitos franquistas” sino por saltarse la Ley de Amnistía, una norma de “reconciliación” que ha sido vulnerada abiertamente: “Es un disparate saltársela, y si se quiere cambiarla tendrá que hacerlo el Congreso”, ha espetado. Asimismo, la presidenta ha opinado sobre otro de los procesos abiertos al juez en el Supremo, el de las escuchas de la Gürtel, tomando partido por Francisco Correa y compañía –quienes han acusado a Garzón-. En su opinión, “poner escuchas a los abogados cuando hablan con sus defendidos la Ley sólo permite hacerlo con los terroristas”. También es posible hacerlo si hay sospechas de que los letrados puedan destruir pruebas o ejercer de intermediarios, como parecía ser el caso. 

(www.elplural.com, 19/04/10)

Feijoo pide a Bárcenas que deje el acta de senador

El presidente de la Xunta considera "cuestionable" la "contundencia" del PP respecto a la 'trama Gürtel'

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, vio hoy "discutible y opinable" si se debieron "de tomar antes" las decisiones adoptadas por el PP respecto al caso Gürtel o "si se debieron anunciar con mayor contundencia", aunque destacó que el partido "está reaccionando y decidiendo sin ruido".

Asimismo, opinó que el ex-tesorero del PP, Luis Bárcenas, debería "dejar el acta de senador" que deje su acta de senador, aunque matizó que se trata de una decisión que "no depende del PP". "A él le corresponde tomar esa decisión", concluyó. el acta de senador", aseguró.

En declaraciones a la Cadena Ser recogidas por Europa Press, Feijóo insistió en que "el primer interesado" en que se aclare el caso "es el PP". "Que lo mande a la fiscalía, que lo mire, que lo revise, nosotros queremos que se investigue hasta el final, queremos un juicio y una sentencia, en política no somos todos iguales", dijo.

De este modo, consideró que "los miles de militantes del PP no se merecen que unos pocos manchen la ilusión, la confianza en la política".

www.publico.es 18.04.10

CORREA ORGANIZÓ UN CÓNCLAVE DE LA GUARDIA CIVIL EN LA ETAPA DE RAJOY

Special Events montó en 2002 la Convención del Consejo Asesor del Instituto armado. El PP asegura que su líder "no sabe"  a quién se contrató

Special Events, buque insignia de la trama Gürtel en su primera época, organizó en 2002 la convención del entonces recién aprobado y ya extinto Consejo Asesor de la Guardia Civil, un tímido intento del Gobierno de José María Aznar para dar a los agentes una participación pseudosindical que acabó en fracaso.

La convención para la elección de los 43 vocales del Consejo Asesor se celebró en julio de ese año y fue inaugurada por el entonces vicepresidente primero y ministro del Interior, Mariano Rajoy.

Sólo en 2002, Special Events declaró 1,1 millones por contratos públicos

A preguntas de este diario, fuentes del PP adujeron que su líder "ni sabe ni sabía" quién organizó la convención. "Un ministro no se dedica a contratar a quien organiza actos", añadieron las citadas fuentes. Rajoy mantuvo la cartera de Interior desde el 28 de febrero de 2001 hasta el 9 de julio de 2002, cuando Aznar remodeló su Ejecutivo y le asignó el Ministerio de la Presidencia.

Por el montaje de ese cónclave de la Guardia Civil, que se celebró en el parque ferial Juan Carlos I de Madrid a partir del 8 de julio de 2002, Special Events cobró al menos 34.829 euros. Pero la clave aquí no es la cuantía, sino que su elección para organizar un acto sensible desde el punto de vista de la seguridad denota su capacidad de penetración en las instituciones del PP.

2,2 millones a través del PP

Por la reunión del Instituto armado cobró 34.829 euros con dos facturas

A lo largo de 2002, y según los datos oficiales de la Agencia Tributaria, Special Events obtuvo más de 3,3 millones de euros por ingresos procedentes del PP y sus fundaciones, así como de administraciones donde gobernaba. Las adjudicaciones públicas le reportaron 1,1 millones de euros. Y el PP le pagó 2,2 millones a través del partido, el grupo parlamentario, la Fundación Popular Iberoamericana y la fundación madrileña Fundescam, investigada por presunta financiación ilegal del partido mediante el falseamiento de facturas en las elecciones autonómicas de 2003, el año del tamayazo, gracias al cual Esperanza Aguirre pudo alcanzar el Gobierno regional.

34.829 euros es la cifra que Special Events declaró a Hacienda como pagada por ese trabajo. Como en múltiples ocasiones, el pago se fraccionó paritariamente en dos facturas: una la pagó la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), adscrita al Ministerio de Economía; otra, la empresa Indra, una de las más prestigiosas compañías del sector tecnológico español.

Público no ha logrado averiguar quién y por qué decidió contratar a la compañía Special Events para un acto al que Interior dio gran relevancia. Pagaron la FNMT e Indra porque la Guardia Civil les encomendó a ambas gestionar el proceso de votación electrónica para la elección de representantes en el nuevo Consejo Asesor del Instituto armado. Indra obtuvo el contrato mediante concurso.

Parte del pago se canalizó a través de la Fábrica de Moneda y Timbre

Está en el sumario

Los documentos de Hacienda, que obran en el sumario Gürtel cuyos 50.000 folios últimos se desvelaron el pasado 5 de abril constatan que Special Events intentó aparentar que los 34.829 euros habían sido abonados por Indra. Es decir,la empresa de Francisco Correa, presunto líder de la trama, no hizo constar que la mitad procedía de un organismo gubernamental: la FNMT.

Este diario intentó averiguar a través de la FNMT y de Indra las razones de que se contratara a Special Events y cuál fue el procedimiento utilizado para su elección. Portavoces de la entidad pública y de la empresa privada subrayaron la dificultad de conocer tales extremos dado que los responsables de contratación de aquel momento ya fueron relevados.

"Un ministro no se dedica a contratar a quien organiza un acto", alega el PP

No es posible, por tanto, conocer si la decisión de adjudicar el evento a Special Events partió de la Guardia Civil dependiente en medios y servicios a Interior, o del Ministerio de Economía, que entonces dirigía el vicepresidente segundo, Rodrigo Rato. Según Indra, el de la convención del Consejo Asesor de la Guardia Civil es el único pago a Special Events que consta en sus archivos.

El concurso de Pammasa

La organización de la Convención del Consejo Asesor de la Guardia Civil fue incorporada por Special Events a los documentos remitidos para participar en un concurso de Majadahonda (Madrid). El concurso, como tantos otros, lo ganó. Lo convocaba Pammasa, la empresa municipal de suelo y vivienda que dirigía el hoy alcalde del municipio, el conservador Narciso de Foxá.

La convocatoria de Pammasa, lanzada en la primavera del año 2002, tenía por objeto elegir a la empresa encargada de conmemorar el décimo aniversario de esa sociedad municipal. Pammasa sólo aceptó dos ofertas: la de Special Events y la de otra compañía ajena a la trama.

Los pliegos del concurso otorgaban al coste económico la misma puntuación que a la experiencia demostrable en el montaje previo de actos similares.

La segunda empresa remitió un listado de servicios donde predominaban los clientes privados. Los documentos remitidos por Special Events certificaban, en cambio, que los organismos públicos (del PP) eran mayoría en su cartera de clientes.

www.publico.es 18.04.10

Pedreira cita a El Bigotes y se adentra en la trama de Valencia

El juez también interrogará a la esposa de Luis Bárcenas

El instructor del caso Gürtel en sus variantes de Madrid y Valencia, Antonio Pedreira, ha citado para el próximo miércoles como imputados a Álvaro Pérez, El Bigotes, y a Rosalía Iglesias, esposa del todavía senador por Cantabria y ex tesorero nacional del PP Luis Bárcenas. El jueves será interrogado también en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el número tres de la trama Gürtel, Antoine Sánchez, primo del cabecilla, Francisco Correa, ambos encarcelados.

Son muchas las preguntas que formulará la Fiscalía Anticorrupción a El Bigotes, el "amiguito del alma" del presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps. Él fue, entre 2004 y 2008, el hombre de Correa en Valencia a través de la sociedad corrupta Orange Market, que el PP contrataba en exclusiva para sus actos. Y también el que hizo regularmente lujosos regalos a gran parte de la cúpula del PP, al tiempo que conseguía que el Gobierno de esa región le diera a dedo al menos 40 contratas por casi ocho millones de euros, troceadas muchas de ellas para eludir la ley que obliga a sacar a concurso cualquier obra pública a partir de un coste de 12.000 euros.

El Bigotes es una pieza clave para ahondar en las pruebas que recopiló la policía en un registro en Orange Market y que revelan que el PP valenciano pudo incurrir en un delito electoral al financiar actos del partido con dinero procedente de cinco grandes empresas que, a su vez, recibieron multimillonarias adjudicaciones de obras de la Generalitat. Una de las firmas beneficiadas, Sedesa, la dirige un sobrino del vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino. Pedreira también tomará declaración ese mismo día a la esposa de Bárcenas, quien está imputado en el Tribunal Supremo al ser aforado nacional. Entre 2004 y 2008, el patrimonio de Bárcenas y su esposa se agigantó con la compra de un inmueble en el Valle de Arán (Lleida), valorado en 899.000 euros, y dos plazas de garaje en Madrid. En la contabilidad B de Correa figuran entregas periódicas de dinero a Bárcenas. El sumario revela que el ex tesorero del PP percibió, como mínimo, más de 1.300.000 euros de la red. A su esposa se le ha descubierto una cuenta con un millón de euros, y una inversión de 150.000 en una sociedad extranjera a la sombra de Correa.

Por otro lado, Pedreira ha aceptado la personación en la causa del Colegio de Abogados de Madrid en relación con las escuchas entre abogados y sus clientes, ya anuladas, en la cárcel del Soto del Real.

www.elpais.es 17.04.10

El Supremo confirma que investigará a Garzón por las escuchas de Gürtel

El tribunal cree que el delito "no es descartable" y rechaza el recurso del fiscal - Aplazada la decisión sobre la exhumación en el Valle de los Caídos

El Tribunal Supremo ha confirmado que investigará al juez Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel. El alto tribunal rechaza el recurso de la fiscalía, al que se adhirió el juez de la Audiencia Nacional, contra la admisión a trámite de la querella por un delito de prevaricación presentada por los abogados de tres imputados por la trama corrupta: José Luis Ulibarri (empresario), Francisco Correa (cabecilla de la red) y Pablo Crespo (secretario de Organización del PP gallego entre 1996 y 1999 y número dos de Correa) por intervenir sus comunicaciones en prisión con abogados.

Las escuchas fueron ordenadas por Garzón a petición de la Fiscalía Anticorrupción durante la instrucción inicial de Gürtel y avaladas posteriormente por el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, aunque finalmente la Sala de lo Penal de este tribunal acordó eliminarlas del sumario pocos días antes de que se hiciese público.

El auto de la Sala de lo Penal del Supremo, que firman los magistrados Juan Saavedra, Julián Sánchez Melgar, Perfecto Andrés Ibáñez, José Ramón Soriano y José Manuel Maza, considera que "la posibilidad de comisión delictiva no es totalmente descartable". En una de esas conversaciones, Correa y su abogado hablan de sacar con celeridad el dinero depositado por la red en Suiza antes de que la justicia española bloquee su salida.

La querella por las escuchas entre abogados e imputados de la trama Gürtel es la tercera presentada contra el magistrado de la Audiencia Nacional. En relación a la primera, por su decisión de abrir una investigación sobre los crímenes del franquismo, el Supremo ha notificado en una providencia que no decidirá si un juzgado de Granada y otro de El Escorial son competentes para asumir la exhumación de sendas fosas en Alfacar (en la que se pensaba que yacían los restos de Federico García Lorca) y El Valle de los Caídos hasta que se resuelva la causa abierta contra Garzón por prevaricación. El Supremo entiende que la decisión de esta causa "condiciona directamente" el contenido de las cuestiones de competencia planteadas.

Los juzgados de Granada y El Escorial que recibieron la causa de estas exhumaciones al inhibirse Garzón en favor de los juzgados territoriales decidieron devolver el caso a la Audiencia Nacional por entender que era la competente al tratarse de crímenes contra la humanidad. Pese a ello, la Junta de Andalucía abrió la fosa el pasado 28 de octubre amparándose en la Ley de Memoria Histórica. El abogado del juez ha solicitado la declaración de los titulares de estos dos juzgados a modo de prueba de descargo en su proceso por prevaricación, pero el juez instructor, Luciano Varela, se las ha denegado.

El pasado lunes, dos asociaciones para la recuperación de la memoria histórica de Cataluña y Mallorca presentaron una querella por prevaricación contra el juez Varela y el presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, por entender que ambos concertaron una "estratagema" consistente en que Saavedra habría mantenido paralizada la cuestión de competencia negativa planteada por los juzgados de Granada y El Escorial para que dicha competencia sea resuelta sólo en la causa contra Garzón y, una vez decidida, se comunique "como hecho consumado".

Por otra parte, la sala de gobierno del Tribunal Supremo emitió ayer un comunicado en el que asegura que "el ejercicio independiente de su jurisdicción no resultará perturbado", en referencia a las críticas sufridas los últimos días.

www.elpais.es 17.04.10

EL FISCAL PIDE LIBERTAD BAJO FIANZA PARA EL NÚMERO 2 DE GÜRTEL 

La Fiscalía Anticorrupción pidió ayer al juez Antonio Pedreira que dicte libertad bajo fianza de 1,2 millones para Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego y considerado el número dos de la trama Gürtel. La fiscalía considera que ya no hay riesgo de que Crespo obstruya la investigación o altere pruebas. Fuentes jurídicas explicaron ayer a Público que, previsiblemente, el plazo máximo de prisión preventiva para Crespo expira el próximo mes de junio. Al igual que Correa, su número dos está imputado por blanqueo, cohecho y fraude fiscal, entre otros delitos. 

Encarcelado desde el 12 de febrero de 2009, Crespo debe afrontar asimismo el depósito de una fianza de 85 millones de euros para cubrir la eventual responsabilidad civil que puede depararle una sentencia condenatoria. Impuesta por el juez Pedreira el pasado día 4, la elevadacuantía de la fianza se sustenta en el hecho de que, supuestamente, Crespo defraudó 18 millones de euros al fisco. 

Actualmente, y junto con Crespo, sólo permanecen encarcelados otros dos de los más de setenta imputados por su vinculación con la red corrupta: su jefe, Francisco Correa; y su primo Antoine Sánchez, que no pudo satisfacer la fianza que le fue fijada para eludir la prisión, incluso después de que el Tribunal Superior de Madrid la rebajara de 600.000 a 300.000 euros.  

Si Crespo abandona la penitenciaría de Soto del Real, el aislamiento y la soledad de Correa se harán más palpables. Don Vito quedaría preso, condición que sólo pasaría a compartir con su primo, un individuo problemático de cuyos continuos vaivenes vitales se quejaba el presunto jefe de la trama en sus conversaciones telefónicas.  

Correa, que padece claustrofobia, compartió celda con Crespo después de que el juez Garzón los enviara a la cárcel el 12 de febrero de 2009. Hace meses fueron separados. La razón oficial, que Crespo dedica su tiempo de recluso a estudiar Derecho en la UNED.  

Hace sólo unos días trascendió que, en mayo de 2009 y durante un registro en esa celda, la policía descubrió que sus ocupantes se habían hecho con el número de teléfono móvil del dueño de una empresa de alquiler y venta de helicópteros contra quien pesa una orden europea de detención. Correa guardaba también diferentes autos judiciales, recortes de periódicos y otros cinco números de teléfono. En lo que respecta a Crespo, el registro constató que seguía manteniendo el número de una empleada de Easy Concept y los de otras dos personas con antecedentes policiales.  

Easy Concept SL figura entre las empresas que formaban el núcleo duro de la red, aquellas que el conglomerado Gürtel utilizó para facturar casi 30 millones de euros a distintas Administraciones Públicas gobernadas por el PP. Como certifica el sumario, los empleados de Easy Concept rendían cuentas a Pablo Crespo.  

En los 14 meses transcurridos desde su ingreso en prisión, tanto el abogado de Correa como el de Crespo han solicitado en distintas ocasiones la libertad de sus clientes. Hasta ahora, la fiscalía se había opuesto en ambos casos.  

(www.publico.es, 14/04/10)

EL PP OTORGÓ A TECONSA CARRETERAS Y SERVICIOS EN LA VISITA DEL PAPA 

No ha realizado ninguna valoración Cospedal de los pagos y contratos que las Administraciones dirigidas por el PP adjudicaron a Teconsa.  

La documentación del sumario refleja como el gobierno conservador de Castilla León, adjudicó a la constructora la obra de la variante Olleros de Alba y el 3% del valor de la obra fue presuntamente a parar a políticos del PP y a Francisco Correa. Según contó El País, la obra pasó de costar 2,8 millones previstos a 3,5 millones. Un sobrecoste del 23%.  

También aparece construyendo carreteras en Arganda del Rey, otro municipio gobernado por el PP y en que su ex alcalde, Ginés López, ha sido imputado por aceptar presuntamente comisiones de la trama. En esta ocasión, como informó Público, los contratos adjudicados para construir la variante AR-30 cuadruplicó su coste inicial. La adjudicación pasó de 5,9 millones de presupuesto inicial a 20,3 millones que se embolsó la empresa finalmente, junto a la otra adjudicataria (e involucrada también en Gürtel), Constructora Hispánica. 

Del mismo modo, el PP utilizó esta empresa, no sólo para realizar obras, sino para algo ajeno a su actividad: sonorizar un acto del Papa . En esta ocasión, la trama se desplaza al sureste y aterriza en Valencia, a las instituciones dirigidas por Francisco Camps, un terreno sobradamente conocido por la telaraña Gürtel. Por sonorizar el acto de la visita de Benedicto XVI para Canal 9, la televisión autonómica valenciana, la contructora se embolsó 6,5 millones de euros. Y, presuntamente, los bolsillos de Correa 957.000 euros.  

(www.publico.es, 14/04/10)

COSPEDAL PRETENDE CONVERTIR 'GÜRTEL' EN LA TRAMA DEL PSOE 

El Partido Popular pretende convertir la trama Gürtel en la trama del PSOE. La secretaria general de los conservadores, María Dolores de Cospedal, ha dado un paso más en su campaña para revertir el estado de opinión generado en torno al caso y asegura que el Gobierno ha dado las mayores adjudicaciones a las empresas implicadas en la trama.  

Se refiere a la constructora Teconsa y acusa al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero de concederle "más dinero que todas las comunidades autónomas" del PP: 33 millones de euros, concretamente. 

La estrategia del PP ahonda ya en dos vías: acusar al Ministerio de Fomento de tener implicaciones en la trama de Francisco Correa y, como ha proclamado Cospedal hoy, propagar la idea de que Gürtel es la "mayor campaña de acoso" policial y político a un partido de la "democracia".  

La teoría de la conspiración policial procede de la vieja guardia del partido. La semana pasada fue el ex vicepresidente del Gobierno de José María Aznar, Francisco Álvarez-Cascos, el encargado de proporcionar la munición necesaria al asegurar que "una camarilla policial" se ha encargado de "fabricar pruebas" contra los conservadores. En un principio pareció una salida de tono aislada de un viejo barón alejado de la primera línea política, pero ayer la propia Cospedal elevó el argumento a la categoría de posición oficial del partido. Hoy ha dado un paso más en una entrevista concedida a Telemadrid, donde se ha referido a la "mayor campaña de acoso" a un partido de la historia.  

Cospedal se ha mostrado todavía más contundente que ayer: "Hay un juego sucio contra mi partido", ha sentenciado. De este modo, Cospedal asume la doctrina Cascos. Hasta ahora la dirigente sólo se había atrevido a poner en tela de juicio el sistema de escuchas Sitel, lo hizo este verano, a pesar de que fue adquirido por el propio Gobierno del PP. Pero ahora va más allá. Se ampara en lo que considera "filtraciones periodísticas interesadas" y vuelve a recuperar el episodio de la cacería del juez Garzón con el ex ministro de Justicia Mariano Fernández Bermejo. 

El PP ha tratado hasta ahora de restar importancia a los 50.000 folios que el levantamiento del sumario del juez Antonio Pedreira sacó a la luz la semana pasada. O ha guardado silencio, como ha hecho el presidente del PP, Mariano Rajoy, o ha cargado contra los informes policiales reflejados en el sumario. Dichos documentos aportan pruebas sobre la supuesta financiación ilegal del PP en Valencia, en Madrid o Galicia, además de apuntar a las supuestas implicaciones y pagos de comisiones a diputados madrileños como Benjamín Martín Vasco o Alfonso Bosch, o el propio ex tesorero del partido Luis Bárcenas. 

Ahora el PP ha buceado por los miles de folios del sumario y ha decidido dirigir sus esfuerzos informativos hacía Teconsa. Para ello no cuenta con más que una conversación grabada a Francisco Correa con el presidente de la constructora, José Luis Martínez Parra, en la que éste relata una visita a la Presidencia del Gobierno y presume de tener "unas buenas relaciones" con el presidente del Ejecutivo. Cospedal quiere poner el acento en que días después de esa supuesta visita, el Ministerio de Fomento adjudicó contratos a la empresa por valor de 33 millones de euros.  

"En Gürtel ha habido personas del PP que se han podido ver afectadas, pero no cabe duda de que las personas involucradas del PSOE y las cantidades adjudicadas son mucho mayores", ha sentenciado Cospedal. 

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha anunciado que el Ejecutivo presentará toda la documentación relativa a la adjudicación a la que se refiere Cospedal, pero le ha advertido de que "su estrategia" no le va a funcionar", ya que "este asunto afecta al PP y sólo al PP". 

A su juicio, el empecinamiento del PP en "meter a todos en el mismo saco de la corrupción" es "una falta de respeto a los ciudadanos" y no hace ningún bien a la imagen de la política".  

(www.publico.es, 14/04/10)

EL YERNO DE AZNAR TENÍA CUENTA EN EL ARCHIVO B GÜRTEL JUNTO A POLÍTICOS DE LA TRAMA  

Alejandro Agag, yerno del ex presidente Aznar, y el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, tenían una estrecha relación que justifica que Don Vito fuera testigo de la boda del yernísimo y Ana Botella en El Escorial. Agag aparece, junto a la flor y nata de la trama, en la contabilidad que llevaba exhaustivamente José Luis Izquierdo, al que la policía judicial decomisó el pendrive con la doble anotación de caja A y B. En sus declaraciones en sede policial, Izquierdo explicó que entre la treintena de personas y sociedades de la trama aparecía Agag, dentro de un "sistema de archivo de los apuntes contables" diseñado por Izquierdo "para llevar un control de los mismos y poder dar cuenta a Pablo Crespo de la situación". Para ello, "ha abierto una cuenta por cada persona física, jurídica o evento de los que tuviera que realizar alguna anotación", dice el informe policial.  

Agag es deudor de las empresas de la trama por viajes y hoteles, entre otros conceptos, contratados con la empresa Pasadena Viajes, la firma del grupo Correa con la que el cabecilla y el ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero viajaban, por ejemplo, a Miami, una de las plazas preferidas para las inversiones inmobiliarias de la trama. 

En diversas partes del sumario, Agag figura junto a El Bigotes, Pablo Crespo, Pau Collado, Antoine Sánchez, el despacho de abogados de Luis de Miguel Pérez y el resto de los cabecillas Gürtel, según ha comprobado Levante-EMV. Pero también con políticos del PP que recibieron presuntamente sobornos, como L. B. (Luis Bárcenas), Ricardo Galeote, Gerardo Galeote, Ginés López, el propio González Panero, "el albondiguilla" o Alberto López Viejo. También figuran en la contabilidad empresas patrimoniales de Correa como Inversiones Kintamani, Caroki, Osiris o la constructora Teconsa, que canalizó los 957.300 euros en comisiones por la visita del Papa a Valencia. Y junto a todos estos nombres, aparece el de Jacobo Gordon, ex socio de Agag e intermediario de Correa en las negociaciones para entrar en el PAI Pie de Monte de la Nucia, objetivo que logró la red Gürtel al segundo intento. Gordon era administrador de varias firmas de blanqueo de capitales, como Castaño Corporate. Estaba también en Parque Logístico Montalvo, que se llevó 60.000 euros en comisiones por la visita del Papa. 

Según información del sumario citada por la Cadena Ser, Agag consiguió un contrato de FCS, de la red Gürtel, con la francesa ByTheWay Productions. "No se como agradecer a Alejandro Agag que nos haya permitido conocerle", decía la responsable de ByTeWay en una carta a Correa en mayo de 1998. En la misma, la empresa francesa agradecía la calidad de varios viajes a Bilbao y decía que seguiría contratando con FCS.. Agag explicó ayer que la firmante de la carta era "una amiga de mi madre" que le pidió consejo sobre una agencia de viajes que le reservara hoteles en España. "Le sugerí la agencia que usaba entonces, FCS. Según parece, la amiga de mi madre quedo sumamente satisfecha con el servicio que le prestaron", afirma Agag. 

(www.levante-emv.com, 14/04/10)

ALEJANDRO AGAG MEDIÓ PARA QUE CORREA CONSIGUIESE CONTRATOS EN EL EXTRANJERO

Carta de "ByTheWay Productions" a Correa

Según los documentos que obran en el sumario, el yerno de Aznar intercedió ante una empresa francesa para que contratase los servicios de Correa. En aquel momento Agag trabajaba en Moncloa como ayudante personal del entonces presidente José María Aznar  

La parte del sumario sobre la que el juez Pedreira ha levantado el secreto, arroja luz definitivamente sobre el tipo de relación que mantenían Francisco Correa y Alejandro Agag. De acuerdo con la documentación incautada en los registros policiales, el líder de la trama tenía más "motivos", además de los ya conocidos, para asistir a la boda del Escorial. Su relación con el novio, Alejandro Agag, era lo suficientemente estrecha para justificar que el hoy encarcelado Correa firmase como testigo del enlace. 

Y es que Alejandro Agag, hoy yerno de Aznar y poseedor de una reconocida habilidad para las relaciones públicas, puso también su particular don al servicio del cabecilla de la trama Gürtel. 

De acuerdo con la documentación que obra en el sumario del Caso, Agag utilizó sus contactos empresariales en el extranjero para lograr que Correa consiguiese un suculento negocio con una compañía francesa dedicada a la publicidad y las relaciones públicas. La mediación de Agag se produjo durante el tiempo en el que el joven popular trabajaba en Moncloa como ayudante del entonces presidente José María Aznar. 

Gracias a Agag, Correa consiguió un importante contrato con la empresa "ByTheWay Productions" con sede en la parisina "Rue Galilée" y delegaciones en otras capitales internacionales. 

La empresa matriz de la trama, FCS, propiedad de Correa comenzó a prestar sus servicios como agencia de viajes para los clientes de la multinacional francesa, después de que Alejandro Agag recomendase personalmente a Correa a los responsables de la agencia en París. 

"No se como agradecer a Alejandro Agag que nos haya permitido conocerle" dice textualmente la responsable de "ByTheWay porductions" en una carta dirigida a Correa y fechada en París en mayo de 1998. En la misiva, la empresa gala manifiesta su satisfacción por la calidad de los servicios prestados por Correa a la hora de organizar varios viajes a Bilbao para sus clientes y manifiesta su intención de seguir contratando sus servicios. 

Años después, y en una actitud que quienes le conocen definen como "propia de Paco", Correa encargó un estudio legal para registrar un nombre similar al de la agencia francesa para una de sus sociedades. Cosa que finalmente hizo. 

El nombre de Alejandro Agag figura en varias carpetas halladas por la Policía en el 'pen-drive' en el que la trama llevaba su contabilidad B. Según el contenido de los documentos informáticos, el yerno de Aznar adeudaba cerca de 10.000 euros a las empresas de Francisco Correa en concepto de facturas de billetes de avión y noches de hotel. 

Uno de los apuntes es una compilación de facturas pendientes de los años 98 y 99. Se llama " Extracto a.agag" y suma más de 6000 en facturas pendientes de abono. 

El segundo de los ficheros tiene el encabezamiento de " facturas pendientes de Alejandro Agag". Suman un total de 4000 euros y se refieren igualmente a gastos de hoteles y billetes de avión facturados por la agencia Pasadena Viajes, propiedad de Correa. 

(www.cadenaser.com, 13/04/10)

ANA BOTELLA : "NO APARECE EN NINGÚN CASO, NI COMO IMPUTADO, ESTÁ CLARÍSIMO" 

La delegada de Medio Ambiente y teniente de alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Ana Botella, declaró hoy que su yerno, el empresario Alejandro Agag, "no aparece en ningún caso" en el Gürtel y que no está en el sumario "ni como imputado".  

"Él no aparece en ningún caso, ni como imputado, está clarísimo. Creo que los que tendrían que responder son aquellos que le quieren mezclar sin estar imputado para nada en ese sumario", zanjó la concejala.  

Conseguidor desde Moncloa 

Lo hace el mismo día en que la Cadena SER revela que Agag, cuando trabajaba como asesor de Aznar en Moncloa, facilitó el contacto entre una empresa francesa y el líder de la trama corrupta, Francisco Correa. Así se desprende precisamente del sumario de la Gürtel, que recoge una carta dirigida al propio Correa remitida por los responsables de la agencia gala en 1998 en la que se asegura textualmente: “No sé cómo agradecer a Alejandro Agag que nos haya permitido conocerle”.  

No está imputado pero sí aparece 

Ana Botella tiene razón en que su yerno no está imputado pero no es cierto que su nombre no salga en el sumario. De hecho no puede negar que los cabecillas de la trama no sólo participaron en la organización de su boda en El Escorial, sino que estuvieron en ella, algunos como testigos de honor, como sucede con Correa. 

¿Pagador de alquileres? 

De hecho no es la primera vez que su nombre salta vinculado al sumario destapado por Pedreira. Así, tal y como reveló El Plural, supimos que el yernísimo pagaba el alquiler de una oficina vinculada a Correa y su íntimo amigo Jacobo Gordon. Aunque en este caso sólo se hablaba de "Alejandro", resulta difícil no llegar a la conclusión que efectivamente era él ya que los que hablaban eran su socio e íntimo amigo Jacobo Gordon y su también amigo Correa. 

(www.elplural.com, 13/04/10)

Anticorrupción solicita la libertad provisional de Pablo Crespo bajo fianza de 1,2 millones

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en Madrid, que deje en libertad provisional al ex secretario de organización del PP gallego, Pablo Crespo, bajo una fianza de 1,2 millones de euros, informaron fuentes jurídicas.

Crespo, considerado el segundo de la trama Gürtel (ver especial), se encuentran encarcelado en la prisión de Soto del Real desde el 12 de febrero de 2009 por delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, falsedad, cohecho, asociación ilícita, revelación de secretos, prevaricación y delitos de tráfico de influencias.

Al igual que Francisco Correa, el ex secretario de Organización del PP gallego se enfrenta sólo por el delito fiscal al pago de una fianza de 85 millones de euros por defraudar 18 millones de euros en concepto de lo evadido en su IRPF, desviando los beneficios de sus operaciones a paraísos fiscales. Desde el seis de febrero de 2009, fecha en la que estalló la operación Gürtel, las cuentas bancarias, los depósitos y valores de los principales imputados, entre ellos Correa y Pablo Crespo, se encuentran bloqueados por orden judicial.

Special Events fue contratada por la Xunta de Fraga para promocionar el mercado de la carne gallega en plena crisis de las vacas locas 

Por ahora, Correa, Crespo y Antoine Sánchez son los únicos de los 71 imputados que permanecen en prisión preventiva. Al primo y asesor de Correa se le impuso una fianza de 600.000 euros para eludir la prisión, pero al tener bloqueadas sus cuentas no ha podido hasta el momento abonar esta cuantía.

Al jefe de la red Gürtel se le acusa de dirigir un grupo organizado de personas y empresas cuya actividad se centraba en el sector de la publicidad, organización de eventos o diseño de campañas promocionales y cuyos principales clientes eran entes públicos pertenecientes a las Administraciones públicas.

Trayectoria de Crespo

Pablo Crespo Sabarís es hijo de Manuel Crespo Alfaya, un histórico dirigente de Alianza Popular en Galicia y que era un hombre de confianza de Pío Cabanillas. A mediados de los años 80 ingresó en el PP y llegó a desempeñar el cargo de secretario de Organización de este partido con
Xosé Cuiña, de quien fue su mano derecha, además de ser presidente del PP en Vilagarcía. Tras conocerse su detención, el PPdeG emitió un comunicado en el que aclaró que Pablo Crespo "no tiene nada que ver con el PP de Galicia actual", puesto que dejó de ser secretario de Organización en 1999 y en la actualidad "no está afiliado al partido".

En las elecciones autonómicas de 1997 ocupó el puesto cinco de la candidatura del PP por Pontevedra y consiguió un escaño, pero abandonó la Cámara gallega en julio del año siguiente. Además, desde mayo de 1996 ejerció como vocal del Consejo de Administración de Puertos de Galicia en representación de la Consellería de Política Territorial que dirigía Xosé Cuiña y permaneció en ese puesto hasta su cese en diciembre de 2005, ya con el bipartito en la Xunta.

Bajo la presidencia de Crespo Sabarís, la empresa Special Events, dedicada a la comunicación y organización de eventos, fue contratada por la Xunta que gobernaba Manuel Fraga para promocionar el mercado de la carne gallega en plena crisis de las vacas locas, campaña de publicidad por la cual percibió un millón y medio de euros. En 2005 se desvelaron las vinculaciones de esta empresa con personas del PP y que era propiedad de sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, por lo que el entonces presidente de la Xunta, meses antes de perder la mayoría absoluta, aseguró que no se realizarían más contrataciones con Special Events.

www.publico.es 13.04.10

COSPEDAL PASA AL CONTRAATAQUE Y DUDA DEL GOBIERNO SOBRE EL 'CASO GÜRTEL' 

Ha llegado el momento de pasar a la ofensiva. Esta es la actitud que en las últimas horas ha tomado la dirección del Partido Popular, encabezada por la secretaria general, Dolores de Cospedal, para tratar de salir del mal momento que vive el partido por el caso Gürtel. Y nada mejor que sembrar la duda sobre la actuación del Gobierno socialista en este asunto y, singularmente, sobre el Ministerio del Interior, que dirige Alfredo Pérez Rubalcaba. 

"Algunos mandos policiales han pretendido manipular seguramente algún tipo de informe" del caso Gürtel, señaló Cospedal en Onda Cero. Con esta declaración, la secretaría general de los populares confería una entidad notable a la acusación que en la misma emisora realizó Francisco Álvarez-Cascos, vicepresidente con el Gobierno de José María Aznar y ex secretario general del PP, que acusó a una "camarilla" de policías de investigar al PP y "dedicada a prefabricar pruebas". 

Esta es la acusación general contra el Gobierno, pero después la concretan en denuncias parciales. Así, Álvarez-Cascos acudió a la Fiscalía Anticorrupción para denunciar una acusación sin fundamento sobre un viaje a costa de la trama corrupta. Por su parte, Cospedal recordó que el pasado mes de junio, el PP presentó una denuncia por "actuaciones dudosas" de funcionarios policiales, "instigadas por mandos políticos". Se refería Cospedal, al parecer, a su denuncia de que dirigentes del PP habían sido objeto de escuchas ilegales. 

El asunto, no obstante, quedó en un segundo plano después de que desde el Gobierno se insistiera con reiteración a Cospedal a que presentara pruebas de esas prácticas ilegales. 

Pero ayer era el día de juntar en el mismo cesto sospechas con acciones y resoluciones ya sustanciadas. Por ejemplo, la anulación de las escuchas entre abogados e imputados de la trama fue mencionada por Cospedal junto a "actuaciones irregulares de la policía o informes policiales mal utilizados". 

Sí tuvo ocasión de responder Alfredo Pérez Rubalcaba, ministro del Interior, sobre quien recaen en la práctica el grueso de las acusaciones. La dirigente del PP no ha dudado en tachar de "repugnantes" las prácticas de enriquecimiento ilícito de personas de su partido. "Pues el PP defiende a sus repugnantes atacando a la policía, a jueces y fiscales", replicó el ministro. Y Cospedal respondió a Rubalcaba: "Lo repugnante es tapar el chivatazo a ETA en el bar Faisán". 

No se trata de meros ataques verbales. La ofensiva del Partido Popular -"para que todos estemos igual", según fuentes de la dirección- se trasladará al Parlamento exigiendo explicaciones al Gobierno por los casos Gürtel, Faisán, Sistema de Interceptación de Telecomunicaciones (Sitel) y adjudicaciones del Ejecutivo socialista a la empresa Teconsa, relacionada a su vez con la red corrupta en Castilla y León. 

(www.elpais.com, 13/04/10)

EL PP REFUERZA SU CAMPAÑA DE DESPRESTIGIO A LA POLICÍA 

Una semana después del levantamiento del secreto del sumario del caso Gürtel, el PP evita responder sobre las pruebas de financiación ilegal de la formación en Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia que han salido a la luz y busca culpables fuera del partido. Y lo ha hecho intensificando su campaña de desprestigio contra la policía. Resucitando la teoría de la conspiración. Así lo puso ayer de manifiesto la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, cuando restó valor a los informes de la Brigada de Blanqueo que apuntan a que el PP se financió irregularmente.  

Cospedal no quiso entrar a valorar estos informes policiales incluidos en el sumario. ¿Por qué? "Porque tienen el valor de ayudar a una investigación pero no suponen el soporte documental último en el que el juez se tiene que apoyar". Fue muy insistente en que el levantamiento del sumario no ha aportado "nada distinto" a lo ya conocido. 

No obstante, entre los 50.000 folios se incluyen informes policiales en los que los investigadores aportan pruebas de financiación ilegal en la Comunitat Valenciana, Madrid y Galicia. Sobre el partido presidido por Francisco Camps, los informes ponen de manifiesto que cinco empresarios de la Comunitat pagaban facturas de actos del PP. Y que era Orange Market, la filial valenciana de la trama, la que se encargaba de manipular las facturas.  

En Madrid, fue la fundación Fundescam la que corrió con parte de los gastos electorales para las campañas de Aguirre de 2003. En este caso, Special Events, de la red de Francisco Correa, se encargaba de falsificar el concepto de las facturas. También en Madrid fue clave el apoyo de los empresarios que hicieron donaciones a Fundescam. Y en Galicia, el informe policial señala que, entre 1996 y 1999, el PP regional pagó en negro 3,2 millones. 

Siguiendo con la estrategia de poner en cuarentena los informes policiales, Cospedal mantuvo que cuando Francisco Álvarez Cascos dijo la semana pasada que "una camarilla policial" había falsificado pruebas contra el PP, sus palabras estaban "amparadas" en una denuncia interpuesta por el ex ministro. Y fue más allá al anunciar que el PP pedirá al fiscal que sume la denuncia de Cascos a la presentada por el partido el pasado mes de junio en la que, según Cospedal, ponían de manifiesto las "actuaciones dudosas" de los funcionarios policiales "instigadas por los mandos políticos" del Ministerio del Interior.  

El PP mantuvo acusaciones de este tipo a lo largo de todo el verano, con las supuestas escuchas ilegales a miembros del partido como eje vertebrador. 

Pese a que cada vez son más los dirigentes conservadores que reclaman que Luis Bárcenas sea apartado del Grupo Parlamentario Popular en el Senado tras haber sido suspendido de militancia, De Cospedal no quiso pronunciarse. "La imputación no es una condena", dijo, además de mantener que "lo importante" es que este no tiene cargo orgánico en el PP ni es militante. Esta línea de defensa contrasta con la actuación de Aguirre en la Asamblea de Madrid, donde expulsó del grupo parlamentario a sus tres diputados imputados. 

Tampoco supo Cospedal explicar por qué Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo, sigue siendo "funcionario" del partido pese a estar imputado por cobrar sobornos (ver recuadro). En vez de eso, solicitó explicaciones al ministro de Fomento, José Blanco, por las adjudicaciones a Teconsa. Según fuentes de Fomento, la firma empezó a contratar con el ministerio en 2001, con Álvarez Cascos al frente. Las únicas adjudicaciones irregulares a Teconsa que figuran en el sumario las realizó la Junta de Castilla y León. 

Cospedal concluyó que el PP "nunca va a tener problemas para pedir perdón a los ciudadanos" por el Caso Gürtel. Pero el partido, insistió, ha sido el "primer perjudicado" por esta trama.  

(www.publico.es, 13/04/10)

LA TRAMA CORRUPTA INTENTÓ IMPLICAR A MERCADONA EN UN NEGOCIO EN CANARIAS 

Álvaro Pérez recibe una de sus últimas misiones el 15 de enero de 2009. Faltan 22 días para que la red corrupta quede al descubierto por la intervención policial. Pablo Crespo, número dos de la trama, llama a El Bigotes desde Madrid para contarle que el abogado Manuel Delgado, cuyo nombre aparece reiteradamente en el sumario, tiene un problema con un local comercial en Fuerteventura: necesita venderlo rápidamente para hacer caja e impedir que termine en manos del Banco Santander.  

La solución, le explican a Pérez, sería que Mercadona lo comprara. “Ese es un local de unos cuatro millones de euros”, afirma Delgado, “porque tiene muchísimos metros, más sótano, más no sé cuántas plazas de parking, la hostia”. 

Crespo encarga a El Bigotes que ponga en práctica sus habilidades como conseguidor. El intento de negocio queda en nada, pero pone de relieve el modo de operar de la trama y su facilidad para acceder a mediadores secundarios muy cercanos al Gobierno valenciano.  

La primera idea de Pérez es acercarse a la cúpula de Mercadona a través de Pedro García, en ese momento director general de Ràdio Televisió Valenciana y hombre muy próximo al presidente Francisco Camps, que dimitió en agosto de 2009. 

Al final, sin embargo, la vía aparentemente más fructífera es la de Vicente Cotino, presidente del grupo Sedesa, uno de los cinco constructores valencianos denunciados por financiar ilegalmente al PP, adjudicatario de obras millonarias por parte de la Generalitat y sobrino del vicepresidente tercero del Consell y consejero de Medio Ambiente, Agua y Urbanismo, Juan Cotino. 

Entre el 15 de enero y el 3 de febrero Pérez habla tres veces con Vicente Cotino e intercambian algún SMS sobre el tema. El Bigotes, que como muestran las grabaciones tiende más bien a exagerar, pretende convencer a Cotino de que el negocio es más sencillo de lo que probablemente era: “La delegada que ellos tienen allí [en Canarias] está interesadísima, lo que necesitan es un achuchón”, le cuenta. 

(www.elpais.com, 13/04/10)

TODAS LAS CLAVES PARA NO PERDERSE EN EL CASO 'GÜRTEL' 

¿Qué es el 'caso Gürtel'? 

Es una trama de corrupción liderada por el empresario Francisco Correa que soborna a cargos políticos del Partido Popular con dinero, regalos y caprichos y después los chantajea para conseguir la adjudicación de contratos, unas veces a sus propias empresas y otras, a terceros.

¿Quién es Correa? 

El líder de la trama se llama Francisco Correa, pero entre sus secuaces se le conoce como Don Vito, en un intento de compararse con el personaje de 'El Padrino'. Así aparece en la contabilidad 'B' de la red. Este empresario entra en el PP ofertando viajes y, después, eventos más baratos que nadie. A partir de ahí, su don de gentes le ayuda a tejer una extensa red de amistades con militantes influyentes -como Bárcenas- o que posteriormente lo fueron -dirigentes del PP, alcaldes, diputados autonómicos o ministros-. Con las puertas abiertas del partido, su ambición de riqueza hizo el resto. 

¿Cómo estalla el caso? 

José Peñas, un ex concejal del PP de Majadahonda (Madrid) lleva al juzgado una serie de grabaciones realizadas a Francisco Correa en las que se ponen de manifiesto que controlaba una presunta red de corrupción de cargos públicos. Hasta entonces, según el sumario, Correa pagó durante meses una cantidad -entre 3.000 y 4.000 euros- a Peñas. Cuando dejó de pagar, Peñas les presiona para que continúen abonándole dinero. Y al final, decide ir a los tribunales. Peñas había sido expulsado del PP en 2005, tras negarse a aceptar el relevo al frente de la Alcaldía de Majadahonda de Guillermo Ortega, implicado en la trama. 

¿Por qué es tan importante? 

'Gürtel' se convierte en un seísmo que agita los bastiones más importantes del PP: Madrid y la Comunidad Valenciana; donde gobierna con mayoría absoluta desde hace varias legislaturas, amenaza a Galicia y Castilla y León; y tambalea los cimientos de Génova con la imputación del senador Luis Bárcenas, ex tesorero y guardián del dinero del partido. Su figura activa las alarmas por si el PP se financia ilegalmente. El diputado Jesús Merino también está imputado. Ambas causas están en el Tribunal Supremo por su condición de aforados nacionales. 

La red corrupta afecta principalmente a dos tramas: la madrileña y la valenciana. Imputan a importantes dirigentes 'populares' autonómicos (tres diputados en Madrid) y cuatro ex alcaldes y salpica al presidente valenciano Francisco Camps, cuya causa termina por archivarse pero que destapa la presunta recepción de ostentosos regalos a su familia, así como su amistad íntima con uno de los cabecillas. Su 'mano derecha' en el partido, Ricardo Costa, también sale airoso del tribunal valenciano, pero informes policiales acusan al partido de financiarse ilegalmente. 

¿Qué papel juega Bárcenas? 

Cuando Correa comienza a trabajar con el PP, Bárcenas es gerente del partido y tiene un papel influyente en la adjudicación de contratos. Es la puerta que Correa aprovecha para 'colarse' en el corazón de Génova e intimar con muchos de sus miembros. El sumario apunta que cobró 1,3 millones de euros en sobornos. Su patrimonio crece de forma espectacular en unos años con varias viviendas.

¿'Gürtel' es un caso de financiación ilegal del PP?  

Era la gran pregunta, sobre todo, por la presunta implicación del tesorero del PP, pero 'Gürtel' no es Filesa. El sumario apunta un enriquecimiento personal de dirigentes del PP, pero no desvela una financiación irregular del partido. En dos casos señala como destinatario del dinero a 'agrupaciones políticas' por dos anotaciones encontradas en la Caja B. Son el PP valenciano y el de Castilla y León. La Policía sospecha de que varias empresas de la trama pagaron actos electorales del PP valenciano contratados a Orange Market a cambio de adjudicaciones posteriores. 

¿Cómo las empresas de Correa consiguen los contratos?  

La mayoría de los contratos tienen relación con la organización de eventos aunque 'Gürtel' tiene una importante ramificación urbanística con su 'mediación' entre las constructoras y administraciones para la adjudicación de obras y servicios que al menos supuso 26,7 millones de euros en comisiones. Un dinero que Correa reparte en sobornos y entre su propia trama. 

¿De qué sobornos hablamos? 

De todo tipo. Desde sobres con jugosas cantidades de dinero en metálico hasta los caprichos más variopintos. En el sumario se recogen coches de lujo, relojes de hasta 4.000 euros, joyas, trajes, zapatos, bolsos, corbatas, maletas,... El ocio también es importante. Hay multitud de viajes -a lugares exóticos como la Polinesia o más 'tradicionales' como Londres o Berlín-, cruceros, noches de hotel en el Ritz o televisiones de plasma. La trama sacia incluso el amor a los colores del equipo de fútbol de algún imputado con dos abonos para toda la temporada. 

Estos movimientos de dinero corrupto se recogen en la contabilidad B. Ahí se detallan cantidades y nombres, muchos de ellos iniciales. Se mueve tanto dinero en efectivo que compran varias máquinas para contar dinero, como la de los bancos. 

¿Cuánto dinero habrían ganado Correa y compañía? 

No hay una cifra concreta, pero es muy alta. Los investigadores creen que Correa tiene unos 35 millones en paraísos fiscales. Y él sólo es el jefe. 

En cuanto a los políticos nacionales, el sumario recoge al menos 1.313.520 euros para Bárcenas y 254.210 euros para Merino. 

¿Cuándo, cómo y dónde empieza 'Gürtel'? 

No hay una fecha concreta, pero hace más de una década. La red de favores, extorsión y comisiones se extiende principalmente entre las autoridades y funcionarios de las administraciones del PP de la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana, donde los últimos años mueve grandes sumas de dinero tras 'cortar' vínculos con Génova. En menor medida, también el PP de Galicia y Castilla y León. Todo esto permanece a la sombra de este partido durante más de una década. 

¿Quiénes son socios clave de Correa? 

Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, es la 'mano derecha' de Don Vito. Como tal, desempeña un papel clave en la trama, su organización y contactos. 

Uno de los personajes más mediáticos es Álvaro Pérez, aunque por su rimbombante mostacho todo el mundo le conoce como 'El Bigotes'. Establece la 'sucursal' de Gürtel en Valencia y sorprende hasta qué punto intimó con dirigentes valencianos, como Camps, y sus familias. Es especialista en regalos y agasajos, y palabras bonitas, a tenor de sus conversaciones telefónicas. 

José Luis Izquierdo es el contable, el que movía todas las ganancias, todos los pagos y el que saneaba las cuentas de la corrupción. Gracias a su 'pendrive' y una carpeta azul con anotaciones la Policía tiró del hilo. 

José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol YPF, es uno de los 'cerebros' que construyeron el entramado societario y financiero sobre el que se sustentó la trama. 

¿Por qué el caso ha cambiado de manos el caso en los tribunales? 

La investigación comienza en la Audiencia Nacional bajo las órdenes del juez Garzón, quien, entre otras medidas, ordena intervenir las conversaciones entre imputados y abogados en prisión, que posteriormente son anuladas. El magistrado eleva la causa a los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid (TSJM) y la Comunidad Valenciana (TSJCV), aunque este último la archiva. El TSJM halla indicios contra Bárcenas y Merino y cede la jurisdicción al Tribunal Supremo por tratarse de aforados nacionales. 

¿Son claves las escuchas anuladas? 

La Fiscalía y el propio Garzón insisten en que no son la parte sustancial de la causa. Hay más pruebas y datos, pero destaca uno. En el piso de la calle Serrano (Madrid) se halló un 'pendrive' al contable de Gürtel con los movimientos de la Caja B, donde se recogen las ya famosas iniciales y el dinero integrado, entre otras cosas. Es una pista clave que guía a la Policía en sus investigaciones. 

¿Cuándo se sentarán en el banquillo y cuándo habrá una sentencia? 

Va para largo. El número de imputados, la extensa documentación y la anulación de las escuchas alarga más si cabe la instrucción, que aún se mantiene abierta para aclarar el paradero del dinero. Lo más probable es que hasta 2012 ó 2013 no haya juicio en el TSJM. Meses después, la sentencia. El caso del Supremo es más sencillo porque la causa se centra tan sólo en Bárcenas y Merino. 

¿Qué delitos se imputan? 

Depende de los casos, a los imputados más relevantes se les acusa de blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. 

¿Dónde está el dinero? ¿Cuánto se podrá recuperar? 

En eso está el juez instructor y la Policía. Las comisiones rogatorias que investigan el paradero de los millones de euros corruptos aún permanecen secretas pero bucean en paraísos fiscales habituales como Suiza o Islas Caimán. Entre las medidas aplicadas por la Justicia están el embargo de los bienes de los imputados para hacer frente a la posibles condenas. Como siempre, el objetivo de la Justicia es recuperar todo el dinero, pero valga el ejemplo del caso Roldán. 

(www.elmundo.es, 12/04/10)

SEIS IMPUTADOS SE LUCRAN AÚN CON LOS IMPUESTOS DE TODOS 

La trama Gürtel era una gigantesca máquina transformadora de dinero público en multimillonarios intereses únicamente privados. El pasado jueves, Luis Bárcenas, ex tesorero de Rajoy, anunciaba en un comunicado su baja temporal del PP: "Al adoptar esta decisión, quiero dejar constancia del daño irreparable que se nos ha hecho a mi familia y a mí" se lamentaba. Pero duelos con pan son menos, y el suyo lo gana todavía con la harina que aportan todos los ciudadanos con sus impuestos. Y ese pan se amasa y se cuece en el horno del PP.  

El senador por Cantabria Luis Bárcenas, así como el diputado por Segovia Jesús Merino, abandonaron el 8 de abril el partido de Rajoy, pero no sus escaños. Siguen siendo miembros del Grupo Parlamentario Popular con todo su sueldo y honores. Su calidad de aforados les garantiza, además, una alfombra roja ante la puerta del Tribunal Supremo en lugar de la gatera por la que acceden a la Justicia el resto de ciudadanos. El paraguas del PP en el Parlamento los permite percibir cada mes 3.126 euros brutos que se suman a una asignación neta de 1.823 por su condición de parlamentarios de circunscripciones distintas a Madrid. Bárcenas y Merino siguen recibiendo así dinero de las arcas públicas 4.000 euros netos mensuales y dos pagas extras, independientemente de su imputación por varios delitos de corrupción, entre los que figura el fraude fiscal.  

El PP acoge en su grupo a Bárcenas y Merino, y repudia a los diputados de Aguirre  

Según documentos incorporados al sumario del caso Gürtel, el ex tesorero Bárcenas ocultó 1.330.000 euros recibidos en sobornos y el diputado Merino se embolsó 8,44 millones de euros por asesorar a una docena de empresas que optaban a contratos públicos en Castilla y León, comunidad de la que fue vicepresidente hasta 1999.  

En una situación similar a la de los dos representantes del PP en las Cortes Generales se encuentran los tres diputados que, manchados también por la corrupción, dejaron en el grupo conservador en la Asamblea de Madrid, pero tampoco su escaño. Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch no obedecen desde octubre de 2009 las órdenes de Esperanza Aguirre, pero eso no impide que perciban del Parlamento regional 3.808 euros mensuales en 14 pagas. El partido de Rajoy y Aguirre los acomodó en su escaño, mullido gracias a los tributos públicos, sin que haya impedido legalmente no puede que estos actores principales de la trama Gürtel dejen de lucrarse gracias al dinero de todos.  

Su relación con Hacienda no se rige sin embargo por el principio de la simetría. Un informe de la Agencia Tributaria calcula en más de 430.000 euros el dinero que los tres imputados madrileños deben al fisco por el dinero que recibieron de la trama, casi un millón de euros. Caprichos del calendario, el grueso del sumario del caso se hizo público al día siguiente de abrirse la campaña de la Renta.  

El caso de Sepúlveda es llamativo: los conservadores aún le pagan como asesor 

Bárcenas, Merino, López Viejo, Martín Vasco y Bosch no son los únicos imputados que, a pesar de burlar al Estado escondiéndose de Hacienda, según la investigación, se sirven de los impuestos para mantener engrasadas sus cuentas privadas. La trama ahora descubierta nació en 1996 al calor del dinero que gastaba el PP y los fondos públicos alimentan las arcas del partido de Rajoy y del resto de formaciones al menos en un 90%, ya que la ley limita las aportaciones particulares al 10%.  

El dinero público nutre al PP 

El Estado asigna al Partido Popular 35,7 millones de euros 34 millones para su funcionamiento ordinario y 1,7 para su seguridad. Buena parte de este dinero, sembrado por el esfuerzo fiscal conjunto, se emplea en pagar las nóminas de los empleados del PP. Uno de esos asalariados de Rajoy está imputado en la trama Gürtel: el ex alcalde del municipio madrileño de Pozuelo Jesús Sepúlveda, que trabaja en la sede conservadora como asesor sin un área concreta y con una retribución que el PP no comunica, a pesar del requerimiento de este diario, y de que la matriz de ese salario es pública.  

Sepúlveda percibía casi 100.000 euros anuales en su anterior obligación. ¿Ha menguado su caché? 

Es una pregunta que el PP elude, igual que Rajoy no se atrevió a aclarar el pasado jueves otro interrogante. ¿Seguiría pagando la defensa del imputado Bárcenas? Lo hizo hasta el pasado sábado, cuando el ex tesorero anunció que se "haría cargo" esta costosa factura.  

Varias fuentes jurídicas coinciden en que el letrado de Bárcenas, Miguel Bajo, podría percibir entre 350.000 y medio millón de euros por su trabajo durante la fase de instrucción. Si Bárcenas se hubiese sentado en el banquillo, la minuta que costeó hasta ahora el PP con dinero público hubiese ascendido al millón de euros. Una paradoja cierra este círculo: fondos con origen en la Hacienda pública han servido para defender a quien está acusado de estafarla. 

En este capítulo de las defensas gratis total cabe hacer memoria. Cuando Rodríguez Zapatero asumió la dirección del PSOE en el año 2000, ordenó a su partido que dejara de costear el abogado de algunos implicados en costosos procesos judiciales ligados a la etapa socialista de Felipe González como Rafael Vera, José Barrionuevo y José Luis Corcuera.  

(www.publico.es, 12/04/10)

COSPEDAL AVALA LA TEORÍA DE LA 'CAMARILLA' POLICIAL DE CASCOS 

El Partido Popular se inclina definitivamente por la teoría de la conspiración policial para explicar sus implicaciones en el caso Gürtel. Lo que en un primer momento pareció una salida de tono de Francisco Álvarez-Cascos, un ex ministro retirado de la primera línea de fuego, se eleva a postura oficial del partido al apoyar la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, su acusación de que una "camarilla policial" está "manipulando informes" para implicar al PP. 

Cospedal ha afirmado directamente que "algunos policías han pretendido manipular informes en el caso", en una entrevista a Onda Cero. 

En su opinión, la acusación no es una afirmación gratuita del PP, sino que viene reflejada en el auto del juez instructor Antonio Pedreira. Así, afirma que se debe ayudar al "que se siente perseguido", en referencia al PP, e investigar lo que denuncia, a pesar de que el partido no ha puesto una demanda en este sentido.  

Sin embargo, los conservadores no aportan prueba de sus acusaciones contra la Policía y contra "varios miembros del Ministerio del Interior". Cospedal lo justifica porque no "tienen los medios necesarios para investigar" y por tanto son los jueces los que tiene que hacerlo.  

El PP se siente, por tanto, "víctima en el caso Gürtel". De Cospedal asegura que el PP no se ha beneficiado de la trama, sino que, por el contrario, "es el principal perjudicado".  

En menos de 24 horas, la dirigente del PP se ha desmarcado de una entrevista que aparece en El Mundo, en la que pedía disculpas por la trama Gürtel.  

Al ser preguntada por esta cuestión, ha negado esa interpretación de sus palabras. "Si se lee lo que yo he dicho, es que pido perdón por si personas dentro o fuera del PP han escandalizado a la población, pero en el PP nos sentimos vilipendiados y manipulados", ha subrayado. 

(www.publico.es, 12/04/10) 

COSPEDAL ELEVA A POSTURA DE PARTIDO LAS ACUSACIONES DE CASCOS  

Durante toda su intervención, Cospedal se ha reafirmado en la teoría de la conspiración policial. "Vivimos en un Estado de derecho", ha dicho, y "no en un Estado en el que los informes policiales tengan que ser necesariamente verdad".  

El PP sigue defendiendo la figura del ex tesorero del partido Luis Bárcenas. No cree Cospedal que deba abandonar el grupo del PP en el Senado por que haya dejado de ser militante. "Podría haber sido senador sin ser militante", ha informado. 

En su opinión, el PP ya "ha hecho lo que había que hacer" con Bárcenas, porque "la imputación no es una condena".  

(www.publico.es, 12/04/10)

CASCOS LLAMA A RUBALCABA "ACREDITADO MANIPULADOR" 

Francisco Álvarez-Cascos ha definido al ministro del Interior Alfredo Pérez Rubalcaba como un "acreditado manipulador", ya que intenta confundir a la "camarilla policial a sus órdenes con la Policía española al servicio de los españoles". 

En declaraciones a Europa Press, Alvarez-Cascos ha respondido de esta manera a unas manifestaciones del titular de Interior, quien esta mañana acusó tanto a María Dolores de Cospedal como al propio Cascos de "defender a sus repugantes- en referencia a los implicados en el caso Gürtel- atacando a la Policía". 

"El señor Rubalcaba, como acreditado manipulador utiliza el viejo sistema de confundir la parte con el todo. En este caso concreto intenta confundir a la camarilla policial a las ordenes suyas y a las de la señora Fernández de la Vega, desde hace 20 años, con la Policía española al servicio de todos los españoles, que es lo mismo que confundir los garbanzos negros con los garbanzos", argumentó el político popular. 

Mayor Oreja cree "totalmente previsible" que la Policía pueda estar "fabricando pruebas" 

El eurodiputado Jaime Mayor Oreja ha asegurado que ve "totalmente previsible" que la Policía pueda estar "fabricando pruebas" contra acusados de la trama Gürtel. Además, añadió que "si lo ha dicho Cascos sus razones tendrá". 

Jaime Mayor Oreja realizó estas declaraciones antes de dar una Conferencia en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Allí también fue preguntado por si seguía sosteniendo que hay una segunda parte de la negociación del Gobierno con ETA, ante lo que respondió que él se mantiene en sus afirmaciones. 

(www.cadenaser.com, 12/04/10)

BECCARÍA: "SUPONGO QUE LAS CUENTAS ESTARÁN BIEN"

El nuevo tesorero del PP, José Manuel Romay Beccaría , afirmó hoy que "supone" que las cuentas del partido "estarán bien" tras la marcha de su antecesor en el cargo, Luis Bárcenas. Pese que Bárcenas está imputado en el 'caso Gürtel' considera que "no hay motivo para pensar otra cosa".

El ex ministro de Sanidad comentó antes de comenzar el acto conmemorativo de la victoria electoral del PP de Galicia que no sabe "si habrá que cambiar muchas cosas" en la tesorería del partido y reconoció que siente "preocupación" por cómo lo hará en este nuevo cargo y si responderá "a lo que se espera de mí".

Romay Beccaría insistió en que no es "un experto" en cuestiones de tesorería, pero garantizó que asumirá el cargo "con sentido de la responsabilidad, como creo que hay que hacer en este tipo de situaciones", y que "intentará acertar y servir a los intereses del partido y del país".

"Seguro que ha sido una buena gestión en todos los años en que ha servido el partido"

Preguntado por la labor de Luis Bárcenas al frente de la tesorería del PP, dijo: "seguro que ha sido una buena gestión en todos los años en que ha servido el partido".

En cuanto a su implicación en el caso Gürtel, afirmó que "él insiste en su inocencia y serán los tribunales los que tengan la última palabra".

Romay Beccaría, ex ministro de Sanidad y gallego de origen, como Rajoy, desempeñaba desde hace unos meses la función de supervisor del nuevo código ético del PP, y junto a tres integrantes del Comité de Derechos y Garantías de la formación encabezaba una comisión de seguimiento del cumplimiento de este nuevo régimen disciplinario.

www.publico.es 11.04.10

EL PP DIO A LA TRAMA 48 MILLONES DE DINERO PÚBLICO

Madrid y Valencia, los dos grandes feudos territoriales del partido, asumieron el grueso de los contratos a partir de 2005  

La red corrupta dirigida por Francisco Correa obtuvo gracias al Partido Popular (PP) directamente, o a través de las instituciones bajo su control al menos 48 millones de euros de dinero público entre 2000 y 2008.

La cifra se desprende de las declaraciones presentadas por las distintas empresas de la trama a la Agencia Tributaria durante estos ejercicios. El listado forma parte del sumario, cuyo secreto levantó el pasado martes el juez Antonio Pedreira.

Los 48 millones representan únicamente la facturación declarada a Hacienda procedente de dinero público de la decena de empresas que integran el núcleo duro de la trama, con lo que la cifra amasada por el grupo en este periodo es necesariamente superior. No incluye ni los eventuales pagos en negro ni las subcontrataciones que permitieron que empresas Gürtel hicieran trabajos que formalmente fueron adjudicados a otros.

El Partido Popular (PP), que como todas las formaciones se financia en un 90% con dinero público, distribuyó directamente entre las empresas de Correa 23,44 millones de euros entre 2000 y 2008, el 48,7% del total. Le siguen la Comunidad de Madrid, donde se declararon contratos por valor de 9,5 millones entre el Gobierno autonómico y los ayuntamientos del PP; la Comunitat Valenciana, con 8,69 millones, y el Gobierno de José María Aznar, con otros 3,3.

En todos estos ejercicios, la trama en su conjunto se embolsó una cifra superior a los tres millones de euros anuales procedentes del dinero del contribuyente. Los años de mayor facturación fueron 2003 y 2004, años electorales. En 2003, con elecciones municipales y autonómicas, la trama logró 7,9 millones. El año siguiente, con la campaña de Mariano Rajoy a la presidencia del Gobierno, rozó los 10 millones de euros, sobre todo vehiculados a través de Special Events.

En 2005, Correa dejó de trabajar para FAES y el PP nacional

El PP y Special Events son los elementos clave de la etapa que culmina en 2004. A partir de esta fecha, ya con Mariano Rajoy al frente del PP, el partido deja de ser el principal cliente de la trama y el peso de las adjudicaciones pasa a ser asumido por las instituciones públicas de la Comunidad de Madrid y de Valencia, las dos organizaciones territoriales más importantes del PP.

El giro de 2004

El vuelco es total en el periodo examinado por la Agencia Tributaria: en 2000, el 99% de los contratos de la trama procedentes del dinero público recaían en el PP y en sus fundaciones. En cambio, en 2008, el PP no aportaba ya ni un euro directamente a la trama, ni siquiera en Valencia. El 100% del dinero público que recibía el grupo Gürtel tenía su origen en instituciones públicas o con participación pública mayoritaria de Madrid y de Valencia.

Rajoy se jacta de haber expulsado la trama del PP nacional, pero a partir de 2005 las empresas de Correa ya no trabajarán tampoco para la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES), el think tank de Aznar, bajo cuyo mandato se hicieron fuertes en el PP.

De hecho, las principales marcas iniciales de la trama van desapareciendo del mapa a partir de 2004. Special Events, Pasadena, Rialgreen y otras van dejando paso a siglas más especializadas territorialmente, como Easy Concept y Servimadrid en Madrid, y Orange Market en Valencia.

La cifra incluye sólo los contratos declarados por la trama a Hacienda

Los contratos públicos llegarán a partir de entonces casi exclusivamente de Madrid y Valencia. Pero del entramado institucional en su conjunto. No es sólo que los contratos se trocean a veces y se reparten por distintas consejerías para no superar el monto económico a partir del cual hay que convocar concurso público, sino que las adjudicaciones se van repartiendo también entre los organismos autónomos y con empresas distintas.

Organismos autónomos

Por ejemplo, en 2008 los pagos directos de la Generalitat valenciana a Orange Market fueron sólo de 45.000 euros. Pero en realidad esta empresa controlada por Francisco Correa a través de El Bigotes recaudó ese año 3,174 millones procedentes del conjunto institucional de la Comunitat Valenciana a través de múltiples organismos controlados por el PP: 1,4 millones de la Fira, 1,06 de la Agencia Valencia de Turismo, 516.000 de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, 69.600 de la Sociedad y Promoción Industrial Valenciana (Sepive), 34.626 de La Luz de las Imágenes, fundación adscrita a Cultura y Deporte, y 11.978 del Consejo Valenciano del Deporte.

Esta externalización hacia el conjunto de la Administración se da también en Madrid, donde muchos organismos autónomos contratan a las mismas empresas sin que computen a la Comunidad (ver recuadro). Y lo mismo sucede en los ayuntamientos del PP implicados. Un ejemplo: en 2007, Arganda declaró pagos de 11.689 euros a Easy Concept. Una minucia comparado con los 464.135 que le abonó la empresa municipal Fomento y Desarrollo.

www.publico.es 11.04.10

ADICTOS AL LUJO

Hasta la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, una de las personas que recibieron obsequios de la trama Gürtel (el suyo fue un bolso de Louis Vuitton que costó a los corruptos 815 euros) es partidaria de la prohibición de los regalos a los funcionarios públicos. En pleno escándalo, recurrió a las lagunas del Código Penal para defender a Camps y pidió a los críticos con el president que se leyeran el artículo 426 del texto: Incluso "en el caso de que se aplicara no conlleva ni la inhabilitación", argumentó. Una situación, ante la que la regidora abogaba abiertamente por la reforma, con el fin de "poner en claro el Código Penal y aplicarlo con el mismo rasero para todos".

Sin embargo, su deseo no parece que se vaya a cumplir del todo. La reforma que tramita actualmente en el Congreso está en fase de ponencia y, tras varias reuniones de los grupos parlamentarios en la Comisión de Justicia, ninguno de los acuerdos alcanzados va en esa dirección, aunque sí apuestan por el endurecimiento de las penas.

La reforma que tramita el Congreso sube las penas pero no aclara el delito

Entre las propuestas que se han quedado por el camino figura la enmienda presentada por la diputada de UPyD, Rosa Díez, para resolver la "laguna legal" sobre los regalos que pudiesen recibir los dirigentes de los partidos políticos, que no pueden ser acusados de cohecho por no ser funcionarios públicos.

UPyD defendía una redacción del Código Penal que recogiese que los dirigentes que recibieran una dádiva en beneficio propio o de terceros y de "cualquier naturaleza no justificados, ofrecidos en consideración de su cargo, incurrirá en la pena de prisión de seis meses a un año e inhabilitación absoluta de uno a tres años".

Pese a todo, el portavoz de Justicia del Grupo Parlamentario Socialista, Julio Villarrubia, afirma que la mayoría de los partidos están en sintonía para endurecer los delitos relacionados con la corrupción pública y privada.

Es muy difícil probar que el regalo persigue una contraprestración

La reforma presentada por el Gobierno ante la Cámara baja para reformar el Código Penal introduce una nueva redacción para el delito de cohecho relacionado con autoridades o funcionarios públicos que incluye "pena de prisión de seis meses a un año y suspensión de empleo y cargo público de uno a tres años", mientras que el actual sólo recoge penas de multa.

El PNV, que ha retirado sus enmiendas, y el grupo ERC-IU-ICV pretendían endurecer más las penas: prisión de uno a cuatro años; multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial de 7 a 12 años. En principio, las negociaciones proseguirán en las próximas semanas.

El Código Penal español no regula los regalos que pueden o no pueden recibir los funcionarios públicos y se limita a tipificarlos como delito exclusivamente si se ofrecen o se solicitan a cambio de algo. Lo importante, en cualquier caso, no es la cuantía de la dádiva, sino el hecho de que se entregue para que el funcionario público cometa un delito.

Camps fue acusado de aceptar los trajes en consideción a su cargo

Dificultades

El problema, sin embargo, es que aunque resulta sencillo establecer la existencia del regalo, muy a menudo es difícil probar su relación con una decisión concreta. El único resquicio que deja la legislación española para perseguir estas prácticas lo ofrece la noción de "cohecho pasivo impropio", previsto y penado por el artículo 426, primer inciso, del Código Penal. Ese parágrafo tipifica como tal "la conducta de la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función".

Este es, precisamente, el argumento que intentó utilizar el juez valenciano José Flors para imputar al president de la Generalitat, Francisco Camps , por los trajes que le regaló Orange Market, filial valenciana de la trama Gürtel.

De la Rúa salvó al president porque negó que hubiese beneficiado a Gürtel

Según aseguró Flors en el auto que afirmaba haber hallado indicios contra el president, "no existe ninguna razón" diferente de la condición personal y de su función pública que permita explicar porqué Álvaro Pérez el Bigotes o cualquiera de sus sociedades tuviera que obsequiar a Camps con trajes, un regalo que "no puede equipararse a los que marcan las reglas de cortesía que los usos sociales aceptan como inocuos y admisibles".

La ventaja del cohecho pasivo impropio radica en que no es necesario probar que el funcionario público ha favorecido al autor del regalo: basta con que haya aceptado cualquier dádiva ofrecida "en consideración a su función".

Claro que el Tribunal Superior De Justicia de la Comunidad Valenciana entendió todo lo contrario que Flors. Aunque admitió los indicios que apuntan a que Orange Market pagó los trajes de Camps, obvió la posible existencia de "cohecho pasivo impropio" y archivo el caso basándose exclusivamente en la inexistencia de "cohecho pasivo propio" porque, en opinión de la mayoría de los jueces que forman su Sala de lo Civil y de lo Penal (incluido Juan Luis de la Rúa, el amigo del propio president) los regalos de la trama Gürtel no perseguían ningún fin concreto, pese a que sus empresas se beneficiaban de contratos de la Generalitat valenciana.

Ningún partido ha propuesto la prohibición total de los obsequios

El asunto está aun pendiente de recurso en el Tribunal Supremo, pero a la vista de lo ocurrido, es una opinión extendida entre los penalistas españoles que la reforma del Código Penal, actualmente en trámite en el Congreso, no va a corregir esta situación.

Impunidad

Las voces de los partidarios de una prohibición total, único modo de eliminar cualquier duda, son cada vez más numerosas, porque la dificultad de probar el cohecho consagra una cierta impunidad de los funcionarios públicos que utilizan la administración al servicio de sus intereses personales.

En muchos países, el control público ha entrado de lleno en el intercambio de regalos. En EEUU, por ejemplo, ningún obsequio a un cargo público puede costar más de 20 dólares. En diversos estados del norte de Europa se contemplan límites parecidos. En la UE los miembros de la Comisión tienen vetado expresamente aceptar nada cuyo coste supere los 150 euros. Si Camps formase parte del Gobierno de la UE no habría dudas: los trajes habrían enterrado su carrera política.

www.publico.es 11.04.10

LA CORRUPCIÓN PASA FACTURA AL PP

Los populares han perdido dos puntos de estimación de voto en un mes

Los efectos de la corrupción han caído como una losa sobre el PP. La primera encuesta realizada después de que se haya levantado el velo del secreto del sumario del caso Gürtel muestra que la corrupción pasa factura a ese partido, por los hechos conocidos y porque los ciudadanos consideran que no está siendo adecuada la respuesta de Mariano Rajoy al escándalo.

Según la encuesta mensual de Metroscopia, el PP sigue siendo el partido con mayor respaldo y está en condiciones de ganar unas elecciones generales, pero ha perdido dos puntos de estimación de voto en sólo un mes. En marzo la ventaja de los populares sobre el PSOE alcanzó un máximo por encima de los seis puntos; ahora, un mes después, se ha reducido a cuatro.

En ese periodo de tiempo se ha producido una nueva detonación del caso, amén de la virulenta explosión del proceso contra Jaume Matas. Ha coincidido además con la reacción política del Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero a la crisis, con la negociación del llamado Pacto de Zurbano.

La reacción tibia y tardía de Rajoy era explicada por sus colaboradores como fruto del convencimiento de que al final tiene más coste político el paro y la crisis que las acusaciones de corrupción. Pero el resultado de la encuesta desmiente esta tesis y penaliza la estrategia impuesta por el líder del PP, basada en evitar gestos rápidos y enérgicos.

Los errores y silencios de Rajoy vuelven a beneficiar al PSOE, que en un mes gana medio punto, mientras que el PP pierde 1,6 puntos. Los socialistas obtendrían el 37,8% de los votos, todavía más de seis puntos por debajo del resultado electoral de hace dos años. El PP lograría el 41,8%, es decir, 1,7 puntos más que su resultado de los últimos comicios generales. No es descartable que haya una bolsa de voto oculto al PP, avergonzado por el escándalo, aunque compensado por lo que podría movilizar de apoyo en el último momento el PSOE para evitar un triunfo de los populares.

La mejor noticia para los socialistas sería consolidar esta tendencia, de forma que el deterioro de su expectativa de voto por la crisis económica hubiera tocado fondo ya, coincidiendo con el ecuador de la legislatura y con tiempo suficiente para remontar antes de 2012. Para el PP, la lectura más negativa sería comprobar que cabalgar sólo a lomos de las cifras económicas negativas, apostando todo a esa carta, no garantiza el triunfo electoral.

De hecho, es significativa la conjunción de varios resultados que dan un cierto respiro al Gobierno después de meses de malas noticias encadenadas: ha bajado el porcentaje de españoles que creen que el PP ganará las próximas elecciones generales, y han mejorado las cifras de valoración de Zapatero. Y todo ello a pesar de que la opinión sobre la crisis económica y el final de la recesión se mantiene en los mismos niveles de pesimismo que en las últimas encuestas.

En los sondeos de febrero y de marzo, el 62% de los encuestados aseguraba que ganaría el PP, mientras que ahora ese porcentaje ha descendido al 56%. El PSOE ha conseguido, como mínimo, frenar la tendencia negativa y la creciente imagen de final de ciclo. Y los casos de corrupción han minado las posibilidades de los populares. Hace un mes, el 62% de los españoles desaprobaba la gestión de Zapatero; ahora ese porcentaje es del 58%. El Gobierno espera que esa tendencia se mantenga o incluso acelere a medida que se vaya percibiendo una mejora de la situación económica. Para eso, además, ha lanzado una ofensiva política con la imagen del Pacto de Zurbano que, aunque no haya terminado en una foto por el rechazo del resto de partidos, al menos sí se ha concretado en un decreto con 30 medidas que apoyarán prácticamente todos, incluido el PP. No es exactamente lo que querían cuando arrancaron, pero algo es. El Gobierno pretende que esos acuerdos le blinden políticamente de las reiteradas acusaciones de inacción ante la crisis. Esa estrategia se completa con el paréntesis en la sucesión continua de traspiés y rectificaciones de los miembros del Gobierno, que tanto daño hicieron al PSOE en los dos primeros meses de este año.

La ligera mejora de Zapatero se refleja también en el aumento del nivel de confianza de los ciudadanos en él. El presidente del Gobierno sigue teniendo un balance negativo entre los que aprueban su actuación y los que le suspenden, pero ha ganado 10 puntos en un mes. Su consuelo es además que la valoración del líder de la oposición no sólo no remonta sino que cae en picado, hasta duplicar ya la nota negativa de Rodríguez Zapatero

www.elpais.es 11.04.10

El PP avala a Cascos en su denuncia "política" a la "policía de Rubalcaba"

De la Vega pide al ex ministro que vaya al juzgado y él responde que ya ha ido

"La policía que investiga al PP es una policía de camarilla; hay una camarilla policial, instalada en Canillas, dedicada a fabricar y preconstituir pruebas"... "La imparcialidad de instructores, policías y fiscales, no se da en estos momentos en el proceso que afecta al Partido Popular". Estas declaraciones de Francisco Álvarez-Cascos, vicepresidente del Gobierno en la etapa de José María Aznar, al programa Herrera en la Onda, de Onda Cero, provocaron que el PP volviera a situarse en su línea de defensa, basada en poner en duda la limpieza de la investigación del caso Gürtel. El Gobierno y la dirección del PSOE se han mostrado escandalizados y han emplazado a la dirección del PP para que exprese si comparte esas opiniones.

El ex ministro dice que con él "se preconstituyó una prueba falsa"

Y la dirección del PP lo ha hecho, a requerimiento de este periódico. Sólo quiere quedarse en la crítica a la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF). "El PP siempre ha criticado, como ha hecho el señor Álvarez-Cascos, y de forma contundente, a la UDEF", señalan fuentes oficiales de la dirección del PP.

Además, en un argumentario de uso interno de ese partido se afirma que "todos los informes de la UDEF, la policía de Rubalcaba, que ha hecho contra dirigentes del PP, en Valencia, Murcia y Canarias, han sido siempre desestimados por los tribunales de Justicia".

Los interlocutores oficiales del PP señalan que su crítica a esta unidad de la policía "es política", ya que si tuvieran pruebas susceptibles de llevar a los tribunales lo hubieran hecho.

"El PP mantiene su confianza absoluta en la justicia", señalan las mismas fuentes. Como complemento, la dirección del PP añade una coletilla: "Si el señor Álvarez-Cascos ha hecho estas declaraciones es porque tiene bases sólidas para hacerlas".

También la dirección del PP comparte con Cascos la crítica al juez Baltasar Garzón, que inició la investigación. "El juez Garzón es una anormalidad democrática que debería investigar el CGPJ", señaló el ex vicepresidente. Y la dirección del PP añade la "evidente animadversión de Garzón al PP, aunque nada hay que objetar al juez Pedreira", actual instructor.

Pero esas declaraciones han provocado que la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, pida al ex ministro que "si tiene pruebas de sus acusaciones vaya a los tribunales o rectifique".

A este respecto, Álvarez-Cascos declaró a EL PAÍS: "Agradezco a la vicepresidenta su invitación para ir a los tribunales, pero debe saber que ya lo he hecho hace meses". Cascos se refiere a su requerimiento a la Fiscalía Anticorrupción y posterior escrito al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, para denunciar "hechos falsos y calumniosos", que le atribuían viajes privados a Canarias pagados por la red corrupta.

El ex ministro envió al juez Pedreira documentos notariales con las pruebas de que había contratado y pagado sus viajes con agencias ajenas a la trama corrupta. A este hecho se refiere Álvarez-Cascos cuando asegura: "En mi caso, esa policía ha preconstituido una prueba falsa y como eso puede haber mucho más".

www.elpais.es 10.04.10

EL PP ACUSA A INTERIOR DE FABRICAR INFORMES YA DESECHADOS 

La versión del caso Gürtel que el ciudadano puede encontrar en la página web del PP recuerda a los meses del verano pasado, en los que el partido acusó de prevaricadores a jueces, fiscales y policías por investigar su corrupción, e incluso llegó a afirmar que el Gobierno ordenaba escuchas ilegales a sus dirigentes. En ese argumentario se explica que "el sumario es hasta ahora una acumulación de informes policiales ya conocidos y muchos desechados por la justicia". 

A continuación, se dice: "Todos los informes policiales parten de la misma unidad, la UDEF, Unidad de Delitos Económicos y Fiscales, que dirige directamente [el ministro Alfredo Pérez] Rubalcaba a través de [el comisario] José Luis Oliveras. Es la misma unidad que ha hecho informes policiales desestimados por la justicia contra otros dirigentes regionales del PP en Canarias, Murcia, Valencia y Ayuntamientos de Andalucía. En todos los casos fueron archivados por la Justicia". 

Entre esos informes, el PP cita aquel en el que la policía demuestra el reparto de comisiones sacadas de una adjudicación en la autopista de Olleros de Alba (León). Los populares afirman que "no ha sido tomado en consideración", cuando el juez instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha solicitado todos los contratos de la Junta de Castilla y León con esa constructora. 

El ciudadano se puede descargar otro documento llamado Caso Gürtel: Los hechos, en el que se detalla la situación disciplinaria de los imputados. En el caso de Alberto López-Viejo, se afirma que "deja su escaño en la Asamblea de Madrid". El ex consejero de Presidencia sigue siendo diputado, como otros dos imputados, en los que no se comete ese error. 

(www.elpais.com, 09/04/10)

BARCENAS SE RINDIÓ Y RAJOY RESPIRÓ 

No pudo más. Con su casa rodeada de fotógrafos, su partido lanzándole todo tipo de mensajes para que se quitara de en medio, los periódicos y las radios tronando por su caída, su abogado recomendándole que un poco menos de tensión mediática vendría bien a su defensa, y por último y no menos importante, su mujer, en una situación personal delicada, cada vez más molesta por no poder salir de casa y aparecer a diario en la prensa, Luis Bárcenas se rindió. Decidió renunciar a su militancia y dimitir definitivamente como tesorero. Pero no dejará su escaño en el Senado, porque su abogado le recomienda que mantenga el aforamiento. Y será el nuevo tesorero, José Manuel Romay Beccaria -nadie sustituyó a Bárcenas en estos meses- quien decidirá si se le quita el despacho y se le deja de pagar el abogado. 

Era la tarde del miércoles. Hasta ese momento, y desde hace un año, Bárcenas había insistido en que no pensaba dimitir porque eso sería como admitir su culpabilidad, que siempre ha negado. El PP, y Mariano Rajoy en especial, respiraron aliviados cuando se anunció, ayer a media mañana. Y todos los dirigentes empezaron a hacerse la misma pregunta ¿Ha sido Bárcenas quien se ha ido o Rajoy quien le ha echado? Sólo ellos dos saben lo que pasó en la reunión que mantuvieron en la calle Génova a última hora del miércoles. Pero hay muchos datos que aclaran la situación. Y que llevan a concluir que hay una mezcla de las dos cosas. 

El entorno de Bárcenas asegura que la cuestión familiar le pesó. Que cuando tomó la decisión, muy empujado por la situación de su esposa, decidió hablar con Javier Arenas, que estaba en Sevilla. Con él pactó las condiciones y le pidió que le apoyara para tener una salida digna, con un comunicado de respaldo a su inocencia. El hombre fuerte del PP, su amigo, le había defendido siempre. Hasta el punto de que había dos sectores, uno dirigido por Dolores de Cospedal con dirigentes regionales del PP, que querían echarlo, y otro con Arenas y Ana Mato al frente, que lo protegían. 

Rajoy había optado por la vía intermedia. Esto es, lanzar todo tipo de mensajes, a través de emisarios, para que Bárcenas se rindiera, pero si no lo hacía, esperar a la imputación definitiva en el Tribunal Supremo, que puede tardar unos meses, para exigirle la dimisión irrevocable. Estaba dispuesto a esperar, pero prefería que Bárcenas le hiciera el favor de marcharse cuanto antes, e hizo que el ex tesorero notara esa presión. 

El líder del PP siempre prefiere que sus éxitos internos, y la dimisión de Bárcenas lo es, caigan como fruta madura, explican los marianistas. Frente a su gran rival, Esperanza Aguirre, que desea que se note que es ella quien corta cabezas, o su mentor, José María Aznar, deseoso de demostrar su poderío, Rajoy prefiere exhibir resultados. Aunque haya que esperar, y correr riesgos, especialmente el de la erosión de su imagen. "Dicen que Rajoy no limpia, sí limpia, pero tiene sus tiempos", defendía un marianista. 

La decisión de Bárcenas arrastró al diputado Jesús Merino, imputado como él en el Supremo. También deja la militancia y se queda en el Grupo Popular, de momento. 

Ya con la cabeza política de Bárcenas en su bolsillo, Rajoy rompió su silencio, y atendió a los periodistas. Pero no contestó ninguna pregunta. No aclaró si se le dejará de pagar el abogado y dijo que "no sabe" si se irá al Grupo Mixto. Se limitó a lanzar un discurso preparado. Agradeció la dimisión y aseguró que llegaba "aunque a algunos les pese, después de que haya quedado acreditado que no había financiación ilegal del PP". Nada dijo de la Comunidad Valenciana. Muchos dirigentes asumen en privado que ése será el nuevo episodio de Gürtel, pero insisten en que no pasará nada hasta que no haya imputaciones. Y nadie tiene claro si las habrá. 

(www.elpais.com, 09/04/10) 

BECCARÍA, NUEVO TESORERO DE GÉNOVA, FUE OTRO DE LOS HOMBRES FUERTES DEL PP GALLEGO CONTROLADO POR PABLO CRESPO 

El líder del PP, Mariano Rajoy, ha anunciado que propondrá como sustituto de Luis Bárcenas al frente de la tesorería del partido a Romay Beccaría, aprovechando para anunciar una reestructuración en toda el área económica de Génova 13. Mientras las noticias destacan que el hombre elegido para esa reforma fue ministro con el Gobierno de Aznar, que ha participado activamente en la elaboración del código ético del partido o que, gallego como él y antiguos compañeros, cuenta con la plena confianza de Rajoy, otros aspectos de su biografía política no se están destacando tanto. Romay Beccaría fue el vicepresidente del PP gallego cuando al frente de su secretaría de organización estaba Pablo Crespo, mano derecha de Francisco Correa y secretario de organización del PP gallego entre 1996 y 1999.  

Es en esa época cuando, según la contabilidad B de la trama recogida en el sumario de la Gürtel, los gastos de las campañas electorales de la formación se financiaron en negro hasta en un 50%. Ante este pasado, los socialistas gallegos alertan de que “la regeneración que pretende vender el PP nace lastrada” ya que Romay es “corresponsable” de aquellas irregularidades como uno de principales dirigentes del partido entonces.  

Ante la baja como militante de Luis Bárcenas, imputado por la Gürtel, Rajoy ha anunciado que desea que su sustituto al frente de la tesorería nacional sea Romay Beccaría, nombramiento que propondrá en la próxima reunión del Comité Ejecutivo Nacional del PP. El lídel del PP ha aprovechado para anunciar también una restructuración de toda el área económica en la sede de Génova 13.

Confianza de Rajoy 

Desde el PP presentan a Beccaría como el hombre adecuado ya que cuenta con experiencia en los Gobiernos de Aznar como ministro de Sanidad, cuenta con la confianza de Rajoy, gallego como él, y ha participado activamente en la elaboración del código ético que pretende ser la brújula de la formación a partir de ahora a la hora de gestionar sus cuentas y sus contrataciones.

Junto a la oveja negra 

Otro aspecto de su biografía de Beccaría le sitúa como uno de los dirigentes claves del PP gallego de Manuel Fraga y de un Rajoy que entonces empezaba a despuntar en la política. Y una parte de ese período le muestra al lado de quien ahora se desmarcan todos marcándolo como la oveja negra del partido, Pablo Crespo, al que el sumario de la Gürtel presenta como mano derecha de Francisco Correa y secretario de organización del PP gallego entre 1996 y 1999. Es en esa época cuando, según la contabilidad B de la trama, los actos del partido de la formación se financiaron con dinero negro hasta en prácticamente la mitad de los gastos.

Vicepresidente y vocal del Comité Electoal en el 97 

Si en junio de 1996 Crespo tomó las riendas de la organización, en septiembre y durante el Congreso regional del partido Romay Beccaría fue nombrado como uno de los cuatro vicepresidentes del PP gallego, con Fraga como presidente y Xosé Cuiña como secretario general, según los datos de la tesis doctoral Génesis y Desarrollo del Partido Popular de Galicia. La tesis, a la ha tenido acceso El Plural, es obra de Nieves Lagares, de la Facultad de Ciencias Políticas de Santiago, y en ella se recurre a los diarios de la época. Romay también aparece en junio de 1997 como uno de los vocales elegido por el partido para integrar el Comité Electoral que debía preparar las autonómicas gallegas.

"Regeneración lastrada" 

Antes estos datos, fuentes del Partido Socialista de Galicia advierten de que “la regeneración que pretende vender el PP nace tan lastrada como que el nuevo responsable de las cuentas es corresponsable junto a Crespo de los pagos en dinero negro del PP gallego entre el 96 y el 99, cuando ambos formaban parte de la dirección del partido popular de Galicia”.

Financiación ilegal 

La presunta financiación del PP gallego durante la etapa de Crespo protagonizó además la rueda de prensa que ofreció este jueves el secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, quien anunció que su partido interpondrá una denuncia ante el Tribunal de Cuentas de Galicia para pedirle que investigue las campañas electorales de los populares gallegos entre 1996 y 1999, entre ellas las autonómicas del 97, en las que Romay integró el Comité Electoral. “Los datos conocidos [en el sumario] confirmaron nuestras sospechas sobre la financiación ilegal del PP, con el partido en Galicia como uno de los protagonistas fundamentales de la trama", alertó García, quien apuntó a "la nada despreciable cifra de tres millones de euros" en dinero negro para pagar los gastos de sus campañas electorales.

"Cómplices" de los "chorizos" 

García preguntó a Feijóo asímismo, ante las palaras de Fraga de que había echado a Crespo "a patadas" cuando se comenzó a "oler que había algo", si él también sabía lo que estaba pasando, ya que de ser así los dirigentes del PPdeG habrían incurrido también en "delitos" y se convertirían en "cómplices" o "encubridores" de los "chorizos" por no denunciar “nunca” los hechos.  

(www.elplural.com, 09/04/10) 

CÓMO MONTAR UN PARTIDO POLÍTICO SEGÚN FRANCISCO CORREA 

Primera norma para crear un partido político en España: comprar jamones, al menos, cuatro al día, durante las dos semanas que dura la campaña electoral. Ésos eran los sabios consejos que Francisco Correa daba a sus 'pupilos' de la localidad madrileña de Majadahonda, que pretendían lanzar una nueva formación política llamada 'Corporación Majadahonda'. 

Las ideas políticas de Francisco Correa harían levantarse de la tumba al mismísimo Maquiavelo. Ironías de la vida, el eslogan de esa nueva formación se basaba en que debía ser un partido diferente "y que no iba a ser para amiguetes", según palabras del propio Correa. "Que si después resulta que es igual, da lo mismo, porque ya estás gobernando", apostillaba el cabecilla de la 'trama Gürtel'. 

En el sumario del caso se recogen las numerosas reuniones en las que 'Don Vito' adoctrinaba a Juan José Moreno y José Luis Peñas para que triunfasen en las elecciones municipales de 2007. 

Peñas y Moreno eran los concejales díscolos del PP que se opusieron a la investidura del alcalde de Majadahonda Narciso de Foxá, tras la dimisión de Guillermo Ortega. En febrero de 2005, fueron expulsados del Partido Popular y es entonces cuando Correa les brindó la oportunidad de montar una formación local en Majadahonda. 

Desde noviembre de 2005 hasta abril de 2007, Correa financió el proyecto de este partido local e hizo 18 entregas de 3.500 euros a Moreno y a Peñas. En esos encuentros, se diseñaba la estrategia electoral y se planteaban la realización de ruedas de prensa, la elaboración de folletos explicativos, la creación de una página web y la elección de un eslogan. 

Precisamente, su brusca marcha del PP debía ser una de las bazas electorales que los dos ex concejales debían exponer ante la opinión pública para ganar votos, según el manual de Correa. 'Don Vito' les aconsejaba que contasen que se habían ido del PP porque en esa formación la gestión municipal se condicionaba a los intereses particulares. 

"¿Qué hemos vivido en estos 10 o 15 años en este partido? [refiriéndose al PP] Y pones lo que has vivido y pones cinco o seis cosas que son jodidas. Una, todo son intereses. Otra, la gestión municipal se condiciona a los intereses particulares. En el componente humano no se elige al más preparado sino al que es el amigo del secretario de la central que está no sé dónde. Y te joden a un tío que lleva seis años trabajando en el proyecto", afirmaba el cabecilla de la 'trama Gürtel'. 

Y proseguía así con sus recomendaciones: "Y yo pondría el enriquecimiento personal porque el interés personal ya se entiende. Se mueve mucho dinero... ¡El enriquecimiento personal! y a solucionarse la vida y a sus amigos. ¡Ponlo! Y tienes que poner que esto no es sólo en Majadahonda sino que es la experiencia en todos los ayuntamientos. ¡Ponlo! Que no importa el color". 

Con estos métodos, Correa pretendía que sus dos candidatos criticasen en público determinadas actitudes, que eran las que él estaba llevando a cabo presuntamente para enriquecerse. Es más, quería que las plasmasen en un folleto o díptico "donde se dijera la mierda que había antes". 

Pero 'Don Vito' no se andaba por las ramas y tenía clara una cosa: el partido debía tener un planteamiento empresarial más que ideológico. Además, se postulaba para ser jefe del área de deportes del Ayuntamiento de Majadahonda y así poder pedir becas para deportistas a empresas como Caja Madrid o el Corte Inglés. 

El plan del cabecilla de Gürtel no era sacar una Concejalía sino que le bastaba con un puesto en el Ayuntamiento sin responsabilidades. Su intención era ganarse a los 20.000 ciudadanos indecisos que en Majadahonda no acuden a votar porque "están hasta la polla de los partidos políticos", según sus declaraciones recogidas en el sumario. 

También quería aglutinar a los concejales independientes de las diversas formaciones en Madrid. Al hilo de sus intensas reuniones, Peñas llega a hacerse ilusiones y sostiene que si se sumaran todos los votos de los partidos independientes se convertirían en la tercera fuerza política a nivel nacional. 

El sumario del juez Antonio Pedreira no deja lugar a dudas sobre el objetivo del cabecilla de la red: "El interés de Correa en financiar la formación política creada por José Luis Peñas y Juan José Moreno tiene como objetivo posicionar a personas afines a él y manipulables en puestos de responsabilidad dentro de los órganos del Ayuntamiento con el fin que desde los mismos sirvan a sus intereses particulares". 

Sin embargo, los consejos de Correa no dieron muy buenos frutos, ya que la formación no llegó a cosechar ni 100 votos en los comicios municipales. Ante el fracaso del partido fantasma, Correa optó por cortar el grifo a sus pupilos. Es entonces cuando Peñas decidió vengarse de su ex jefe y amigo, comenzó a grabar sus conversaciones y acudió a la Policía con ellas. Así empezó toda la investigación. 

(www.elmundo.es, 09/04/10) 

RAJOY SE DESHACE SÓLO A MEDIAS DE BÁRCENAS 

El ex tesorero del PP Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel por presunto cohecho y delito fiscal, abandonó ayer definitivamente su cargo en el partido y renunció temporalmente a su militancia.  

Los conservadores dieron a conocer la noticia a través de un comunicado. En esta nota, el senador por Cantabria lamentaba el "daño irreparable" que se le había hecho tanto a él como a su familia. "Creo, sólo desde la convicción de mi inocencia, que este caso, dados los cargos que he desempeñado en el partido, está siendo el instrumento para dañar el PP y a su presidente. Ese el motivo por el que tomo esta dolorosa decisión". Este fue su mensaje de despedida. Su testamento político.  

La dirección conservadora respondió inmediata y oficialmente por el mismo conducto entre loas y alabanzas: "El PP quiere hacer un reconocimiento público a la magnífica gestión que en estos años ha prestado" y "quiere agradecerle igualmente su lealtad". Caso cerrado. 

Mariano Rajoy soltaba así lastre y sus filas respiraban, por fin, aliviadas. El jefe de la oposición se apuntaba el tanto. O al menos así lo vendía su equipo. "Él ha asumido personalmente la gestión de este asunto", comentaban. 

No querían que nadie más se colgara la medalla. Pero lo cierto es que el vicesecretario de política autonómica y local, Javier Arenas, ha sido una figura clave para convencer a Bárcenas de que diera el paso. El líder del PP andaluz es su amigo personal y uno de los dirigentes que más ha defendido su continuidad, frente a la oposición de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, que abogaba por echarle.  

Tras conocerse el grueso de sumario y ver cómo Bárcenas se convertía en el epicentro de la trama, el miércoles Rajoy se reunió con él para evaluar el problema. El líder del PP le planteó que reconsiderara su situación. Arenas le presionó, hablando con él en repetidas ocasiones por teléfono. Y, de fondo, el clamor de todo el partido pidiendo su cabeza.  

A muchos dirigentes conservadores les sorprendió ayer enterarse de que la número dos de la formación no hubiese participado. La mala relación de Cospedal con Bárcenas es de sobra conocida. Hay quien cree que se ha puesto en evidencia "su falta de peso". Pero los que la rodean están satisfechos porque consideran que el tiempo les ha dado la razón y han ganado la partida. 

En las filas conservadoras también se preguntan por qué ahora y no nada más levantarse el secreto de sumario. La explicación más sencilla para la mayoría es que a quienes han podido leer parte de sus 50.000 folios ya no les cabe la menor duda de que Bárcenas se enriqueció ilegalmente. 

Después de que le reprocharan su silencio durante estos días, Rajoy reapareció ayer con un discurso preparado en Sevilla. Y explicó, como siempre en estos casos, que el ex tesorero había abandonado no porque se lo hubiesen sugerido, sino para "defenderse mejor". "Lo hace después de que quede acreditado que no hay ninguna trama de financiación irregular", volvió a resaltar.  

Rajoy anunció que en el próximo comité ejecutivo nacional de su partido tenía previsto proponer a José Manuel Romay Beccaría como nuevo tesorero. "Haré una reestructuración", comentó. En el PP se esperan cambios. Incluso, se apunta que el actual gerente, Cristóbal Páez, también podría salir del actual organigrama. Beccaría fue nombrado en diciembre pasado auditor de prácticas internas del PP cuando se presentó el nuevo código ético.  

Con dar el nombre del sustituto, Rajoy pensó que estaba todo resuelto. Pero quedaban muchos interrogantes por resolver. Los periodistas le preguntaron si Bárcenas iba a seguir manteniendo despacho y si el PP iba a continuar pagándole la defensa. El líder conservador eludió responder. Sobre este tema, Arenas apuntó que será al nuevo equipo de tesorería a quien le corresponda decidirlo. Hasta entonces parece que todo se mantendrá igual. 

Según varias fuentes jurídicas consultadas, el abogado de Bárcenas, Miguel Bajo, podría cobrar entre 350.000 y medio millón de euros sólo por la instrucción. Si luego fuera a juicio y el proceso se alargara durante años, la factura podría superar claramente el millón de euros.  

También hubo curiosidad por saber si el senador permanecería o no en el Grupo Popular. "No lo sé. Lo tendrán que decidir en la Cámara Alta", reconoció. En el Senado decían que ya no era tampoco su tesorero y que se le había expulsado de la dirección. Pero dejaban en sus manos la decisión de irse al Grupo Mixto, tal y como han hecho los imputados de la Comunidad de Madrid.  

Rajoy aseguró que creía en la inocencia de Bárcenas. Pero para hacerlo recurrió a un paralelismo que no venía al caso. "Como dice el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, el juez Baltasar Garzón es inocente mientras la Justicia no diga lo contrario".  

El líder conservador incurrió, además, en un error: "Todos los imputados del PP se han dado de baja del partido y han abandonado sus cargos". Se olvidaba en ese momento de uno: el diputado Jesús Merino, imputado por los mismos delitos que Bárcenas. Se le preguntó por él. Mutismo absoluto. De nuevo sin respuesta. 

Por la tarde, Merino seguía el mismo camino que Bárcenas. El parlamentario comunicaba del mismo modo su baja temporal como afiliado incidiendo en que no quería "perjudicar los intereses" del partido en el que llevaba "casi 20 años". El grupo parlamentario también le arropó: "Siempre ha puesto por delante los intereses del PP y del grupo a los que ha servido con lealtad de manera permanente". De su marcha al mixto, aún no querían oír hablar.  

(www.publico.es, 09/04/10) 

DE COSPEDAL NO VE "OBSTÁCULOS" PARA QUE BÁRCENAS SIGA EN EL SENADO CON EL PP 

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha asegurado hoy que no ve "ningún obstáculo" para que Luis Bárcenas pueda permanecer en el Grupo Popular en el Senado, donde estaría como independiente, y ha añadido que "tendrá que ser de acuerdo" con el Reglamento de la Cámara Alta. 

En declaraciones a la Cadena COPE, De Cospedal ha añadido que Bárcenas, imputado en el caso Gürtel, mantiene su escaño en la Cámara Alta, donde es senador por Cantabria, y ha considerado que "es algo que está bien porque para eso sirve el fuero". 

Ha explicado que, "como es lógico" y al haber dejado de ser militante del PP, pierde su condición de tesorero del grupo parlametario y, sobre si continuará o no adscrito al mismo como independiente o pasará al grupo Mixto, ha señalado que "tendrá que ser de acuerdo con el Reglamento de la Cámara". 

Esa pérdida de la condición de militante, ha dicho De Cospedal, significará también que Bárcenas dejará de contar con un despacho en la sede nacional del PP, algo que -ha señalado- "parece bastante lógico". 

Sobre si el PP seguirá costeándole la defensa, ha indicado que será el partido, junto con el nuevo tesorero nacional, José Manuel Romay Beccaría, el que "tomará la decisión más adecuada" en un tema que no es "de absoluta importancia". 

Respecto al hecho de que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, haya asegurado que fue ella la que destapó el caso Gürtel, De Cospedal ha respondido que lo importante es la forma en que han actuado la dirección regional del partido en Madrid y la nacional. 

"Se ha actuado de una manera conjunta y, siempre, siempre, con una absoluta idea conjunta de lo que había que hacer. siempre hemos contrastado lo que teníamos que hacer cuando se trataba, por ejemplo, de miembros del PP de Madrid, y siempre hemos estado de acuerdo, nunca ha habido ninguna pega por ninguna de las dos partes", ha concluido. 

(www.publico.es, 09/04/10) 

JESÚS MERINO TAMBIÉN SE DA DE BAJA COMO MILITANTE DEL PP 

El diputado del PP por Segovia, Jesús Merino, imputado en el caso Gürtel ha seguido los pasos de Luis Bárcenas y ha anunciado este jueves a través de un comunicado que ha solicitado su baja temporal como militante del PP. 

El comunicado íntegro de Merino es el siguiente: 

"En la tarde de hoy he comunicado a la dirección del Partido y del Grupo Parlamentario mi decisión de solicitar mediante escrito que presentaré de forma inmediata, mi baja temporal como militante del Partido Popular. 

Desde la aparición pública de este asunto siempre he manifestado mi disposición a aceptar las decisiones que tanto el Partido como el Grupo Parlamentario considerasen más convenientes, y en consecuencia adopto esta decisión de petición de baja temporal de militancia, para no perjudicar los intereses del Partido Popular del que formo parte desde hace casi 20 años y de mi grupo Parlamentario. 

De esta forma considero que podré ejercer mejor mi derecho de defensa en el procedimiento abierto en el Tribunal Supremo ante el que demostraré mi absoluta inocencia. 

Quiero agradecer al Partido Popular y al Grupo Parlamentario, la confianza que han depositado en mí en las distintas responsabiliades políticas que he ejercido en estos años". 

Merino no aclara en el comunicado si renunciará al escaño que tiene en el Congreso o si abandonará el Grupo Popular para pasarse al Grupo Mixto.  

Según el sumario del caso Gürtel, cuyo secreto se levantó el pasado martes, Merino recibió más de 254.000 euros en comisiones del líder de la trama, Francisco Correa, en las mismas fechas que lo hizo el senador y ex tesorero del PP, Luis Bárcenas, quien también se ha dado de baja este jueves.  

El PP, convencido de su inocencia

La dirección del Grupo Popular en el Congreso ha manifestado que entiende la decisión adoptada por Merino, a la vez que valora su "lealtad y colaboración" en el trabajo parlamentario y reafirma el convencimiento de su inocencia. 

El PP ha hecho pública otra nota oficial  en la que considera que esta decisión "servirá para ejercer mejor su derecho de defensa desde el convencimiento de que quedará demostrada su inocencia". 

"La dirección del Grupo Popular quiere poner de manifiesto la colaboración y disposición que siempre ha recibido de Jesús Merino, y especialmente desde que se inició el procedimiento abierto ante el Tribunal Supremo", señala el comunicado. En el texto, los conservadores hablan de Merino como un hombre que "en todo momento, ha puesto por delante los intereses del Partido Popular y del Grupo Parlamentario, a los que ha servido con lealtad de manera permanente en su trabajo político y parlamentario". 

(www.publico.es, 09/04/10) 

LAS PRUEBAS DE LA FINANCIACIÓN ILEGAL CUYA EXISTENCIA NIEGA EL PP 

"Ha quedado acreditado que no había una trama de financiación irregular del PP". La frase la pronunció ayer Mariano Rajoy, mientras anunciaba que el hombre que aupó a tesorero del partido dejaba de ser militante. Y la misma idea la han repetido una y otra vez los dirigentes del PP desde el pasado martes, cuando se conoció el contenido de los 50.000 folios del sumario del caso Gürtel que estaban bajo secreto. Pero la lectura de esos folios lo que demuestra es exactamente lo contrario: que la policía ha encontrado pruebas de financiación ilegal en la Comunitat Valenciana, en Madrid y en Galicia. 

La forma fraudulenta de financiar las campañas electorales de Francisco Camps y Esperanza Aguirre muestra enormes similitudes: en ambos casos el dinero procedía de empresarios, en ambos casos fueron sociedades de la trama corrupta las que falsificaban las facturas para ocultar que se estaban pagando gastos del PP (Orange Market en Valencia y Special Events en Madrid) y en ambos casos los empresarios que entregaron fondos al partido recibieron después millonarias adjudicaciones de los Gobiernos autonómicos respectivos.  

Sólo existe una diferencia entre ambas organizaciones del PP: en Madrid se utilizó una fundación como intermediaria para recibir el dinero de los empresarios, mientras que en Valencia pagaron directamente las facturas que les giraba Orange Market. Un detalle irrelevante que, en todo caso, lo único que demuestra es que el partido de Camps decidió tomarse menos molestias a la hora de ocultar el origen ilegal de los fondos. 

El objetivo en ambos casos era saltarse la ley, que fija a cada partido un tope de gasto en cada campaña electoral. Al falsificar las facturas, los gastos no se imputaban al PP y así el partido no superaba el límite establecido. Esas cuentas oficiales trucadas son las que analizó el Tribunal de Cuentas, que lógicamente no detectó las irregularidades.  

Este hecho se ha convertido en otro de los argumentos de defensa utilizado por los principales dirigentes del PP: que sus cuentas "están auditadas" y el Tribunal de Cuentas no "encontró irregularidades". Claro que lo mismo ocurrió con Filesa, un caso de financiación ilegal que afectó al PSOE a principios de los años noventa. El escándalo tampoco lo detectó el Tribunal de Cuentas, ya que este sólo examina los documentos que le envían los partidos, y parece lógico concluir que si un tesorero decide montar una trama de financiación ilegal, no informa de ello a ningún tribunal. 

Los datos sobre la financiación ilegal del PP en Madrid y Valencia constan en un detallado informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía, incorporado en el tomo 25 del sumario instruido por el magistrado Antonio Pedreira. En el primer caso, los documentos aparecieron en un lápiz de memoria que la trama corrupta guardaba en un "piso de seguridad" en Madrid. En Valencia, las pruebas fueron halladas en ordenadores y documentos incautados a la empresa Orange Market, que dirigía Álvaro Pérez, conocido como El Bigotes y autodeclarado "amiguito del alma" de Francisco Camps (ver cuadro adjunto). 

En cuanto a Galicia, en el informe policial se explica que, entre abril de 1996 y septiembre de 1999, el PP autonómico liderado por Manuel Fraga abonó en negro 3,2 millones de euros. Su secretario de Organización era Pablo Crespo, ahora encarcelado.  

(www.publico.es, 09/04/10) 

AZNAR: "EL PP NO TOLERA LA CORRUPCIÓN" 

Teóricamente no era más que una comida de viejos compañeros, los miembros electos de la Ejecutiva de 1990, para compartir un poco de nostalgia, 20 años después del congreso que aupó a Aznar como sucesor de Fraga. Pero el discurso de Aznar se convirtió rápidamente en noticia. El ex presidente no había hablado de corrupción desde que estalló el caso Gürtel, hace un año, y eso que Francisco Correa organizó todas sus campañas, y se hizo rico con el PP en su época. "El Partido Popular era, y debe seguir siendo, incompatible con la corrupción. Debemos estar siempre alerta, no restar nunca valor a la honradez, y no tolerar nunca ni minimizar la corrupción. El PP que surgió de Sevilla fue implacable contra la corrupción, y creo que nuestros militantes nos exigen que así siga siendo", dijo. También reivindicó "la necesidad de ideas claras y fuerza de voluntad" para alcanzar el poder. 

Por suerte para Rajoy, ese discurso, que estaba preparado y redactado mucho antes, se produjo después de que Bárcenas ya hubiera dimitido. Así que el líder del PP pudo contestar. Habló poco y anunció a sus compañeros que había decidido proponer como nuevo tesorero a José Manuel Romay Beccaria, presente en la comida, y lanzó un homenaje a su mentor, que le eligió para sucederle: "Quiero agradecer a Aznar lo que ha hecho por el partido y por España, y, a título personal, lo que ha hecho por mí".  

También aprovechó para responder a la crítica más frecuente del ala dura, la de que ha abandonado los principios del PP: "Seguimos siendo continuadores del proyecto de Sevilla. Continuamos defendiendo los mismos principios y los mismos valores". 

(www.elpais.com, 09/04/10) 

AZNAR ALERTA A RAJOY DEL PELIGRO DE SER BLANDO CON LA CORRUPCIÓN 

José María Aznar celebró ayer el 20° aniversario de su ascenso a la presidencia del PP (para serlo de España tuvo que esperar seis años más) con un discurso trufado de elogios a su propia trayectoria política, pero, sobre todo, con un par de advertencias a Mariano Rajoy para que salga ileso del zarzal del caso Gürtel. «Los españoles no entenderían que el PP dejase de ser incompatible con la corrupción», alertó Aznar. Fue un discurso ante quienes hace 20 años formaron parte de su primera ejecutiva. Y lo ofreció en la misma ciudad, Sevilla, donde se celebró aquel congreso de renovación popular.  

A ese cónclave se remontó el expresidente del Gobierno y presidente de honor del PP en una velada comparación entre el equipo que formó él en 1990 y la actual cúpula de los conservadores. «El PP que surgió del congreso de Sevilla fue implacable contra la corrupción, y creo que nuestros militantes nos exigen que así siga siendo». Ayer y hace 20 años, Rajoy estuvo en Sevilla para escuchar a Aznar. 

Ambos políticos se conjuraron para que en el seno del PP no vuelvan a destaparse conductas corruptas como la que, presuntamente, según la investigación del caso Gürtel, cometió el dimitido Luis Bárcenas. Aznar había convocado a su primera ejecutiva a una foto de familia a la vera del río Guadalquivir, con la Torre del Oro al fondo, y a un almuerzo en el mismo restaurante en el que cenaron dos décadas atrás una vez terminado el congreso hispalense. Pero la actualidad reciente en el PP se llevó por delante todo simbolismo. 

Aznar se refirió de lleno al presente cuando se dirigió en pasado a los asistentes: «Quiero agradeceros vuestro apoyo en la determinación política de demostrar a los españoles que el PP era, y debe seguir siendo, incompatible con la corrupción. Estoy seguro de que compartís conmigo la convicción de que la buena política es siempre una política ética. Y que la mala política desprecia los límites éticos. Por eso debemos estar siempre alerta, no restar nunca valor a la honradez y no tolerar ni minimizar la corrupción». 

La receta del presidente de honor llegó en el momento justo. Después de que el amparo inicial de Rajoy a Bárcenas causase nerviosismo en las filas conservadoras. Y el día en que ambos pactaron los términos de la dimisión del extesorero del PP. No lo citó, pero a Aznar solo le faltó poner como ejemplo su labor de limpieza interna con el caso Naseiro. 

El resto del discurso del expresidente del Gobierno, además de los agradecimientos a su primer equipo por los servicios prestados, no defraudó las expectativas. Incluyó ataques al PSOE, de entonces y de ahora.  

Mirando al futuro pero recordando siempre el pasado, Aznar alentó al PP a mantener la convicción y la determinación de 1990, y a lograr una voluntad mayor «que la de aquellos que ponen en cuestión el país o que, incluso, quieren destruirlo». También acusó al socialismo de pretender «ser hegemónico y aplastar todo lo que pudiera convertirse en alternativa de gobierno».  

(www.elperiodico.com, 09/04/10) 

AZNAR, AZOTE DE LA CORRUPCIÓN, SENTÓ EN SU MESA AL EX NÚMERO TRES DEL PP DESTITUIDO POR SU IMPLICACIÓN EN EL CASO NASEIRO 

¿Es el PP un partido nostálgico? Oyendo a Jaime Mayor Oreja hablar sobre el franquismo, aquella etapa de “extraordinaria placidez”, muchos podrían pensar que sí. Pero no es la única prueba. El acto celebrado ayer en Sevilla para recordar los 20 años transcurridos desde la elección de José María Aznar como presidente del PP también valdría de ejemplo. Como también es válido el hecho de que hoy hace 20 años que fueron detenidos el entonces tesorero del PP, Rosendo Naseiro, y el que fuera concejal en Valencia, Salvador Palop, acusados de cohecho, dentro del conocido como caso Naseiro. 

En plena tormenta por los 50.000 folios del <i>caso Gürtel</i>, la coincidencia de fechas parece una broma del destino. A broma también suena que Aznar ayer <i>enmendara la plana</i> a Mariano Rajoy, exigiendo ser “implacables con la corrupción” al tiempo que sentaba en su mesa a Arturo Moreno, quien tuviera que dimitir como responsable electoral del partido por su implicación en el <i>caso Naseiro</i>.

El azote de la corrupción 

El <i>caso Naseiro</i> no tuvo repercusiones judiciales por un defecto de forma en la obtención de las escuchas incriminatorias. Un derrotero por el que a muchos les gustaría que acabase caminando el <i>caso Gürtel</I>. Pero sí tuvo unas consecuencias políticas que ayer Aznar pareció pasar por alto en su enésimo empeño de mostrarse como azote de la corrupción.

El fiscal Gallardón 

Ante las graves revelaciones de las escuchas del <i>caso Naseiro</i>, el flamante presidente del PP, Aznar, pidió una investigación interna a un joven senador del PP, fiscal en excedencia, llamado Alberto Ruíz-Gallardón. El ahora alcalde de Madrid desarrolló en 75 páginas las consecuencias judiciales y políticas que podría tener el caso.

Un tal Zaplana y un tal Aragonés 

Aunque la prensa de la época apuntó en esa dirección, finalmente se salvaron de la quema de cargos el entonces presidente del PP de Alicante, un tal Eduardo Zaplana; y el secretario de Estudios y Programas, un tal Carlos Aragonés, amigo personal de José María Aznar. Quien sí tuvo que dimitir fue Arturo Moreno, vicesecretario general del PP y miembro del <i>clan de Valladolid</i>, el grupo de políticos creado en torno a Aznar y al que pertenecían la mayoría de implicados en el <i>caso Naseiro</i>.

La boda 

El estigma que pesa sobre Moreno no le impidió ayer hacerse la foto con el grupo que reunió Aznar a orillas del Guadalquivir. Nada estrafalario, en cualquier caso. Sobre todo si se tiene en cuenta que el ex presidente volvió a presumir de su <i>incompatibilidad</i> con la corrupción a pesar de que la <i>trama Gürtel</i> empezó a corromper al PP en el momento en que él llegó al poder. Y a pesar de que Correa y <i>El Bigotes</i> fueron los encargados de organizar la fastuosa boda entre su hija y Alejandro Agag. 

(www.elplural.com, 09/04/10) 

UN HOMENAJE A TIEMPOS MEJORES 

Era una comida de políticos, no de amigos, y se notó. A todos les une sobre todo una cosa: la voluntad de que el PP vuelva al poder. Y eso estaba en las conversaciones. Tanto que, Manuel Fraga, el gran patriarca, recordó al final que sólo Aznar pudo gobernar y brindó por la recuperación del poder, esto es, por la victoria de Mariano Rajoy. 

La corrupción provocó corrillos. "Menos mal que se ha resuelto lo de Bárcenas antes", respiraba un comensal. Muchas miradas estaban puestas en Arturo Moreno, que fue vicesecretario de Organización y cayó por el caso Naseiro, tras un informe de Alberto Ruiz-Gallardón y Federico Trillo, que ahí siguen. Le saludaron como si nada. 

Fraga entró en silla de ruedas y salió andando, con ayuda. Los periodistas acosaron a Aznar -al que una señora a la salida le gritó "Aznar, vuelve, por Dios"- y a Francisco Álvarez- Cascos, más que probable candidato en Asturias. Y dentro, dos sectores. Uno, el de los que siguen con Rajoy -Gallardón, Trillo, Villalobos, Romay, Posada- y otro, mucho más escéptico. 

(www.elpais.com, 09/04/10) 

CORREA: "DALE PASTA Y QUE NO TOQUE EL EXPEDIENTE" 

En la mente del jefe de la trama Gürtel anidaba una idea fija: todo el mundo tiene un precio. Para Francisco Correa, un buen soborno es irresistible, a juzgar por la altanería que exhibe en las conversaciones con sus adláteres grabadas por la policía. Dos meses antes de que el juez Baltasar Garzón lo metiera entre rejas, su obsesión era desbloquear la licencia del lujoso chalé que se construía en Ibiza al margen de toda legalidad. 

Había invertido "tres millones y pico" de euros y no estaba dispuesto a que un simple carguillo del Gobierno balear obstaculizara sus deseos de asueto y lujo. Y menos a él, testigo de la suntuosa boda de la hija del ex presidente Aznar, alguien de lazos directos con el entorno de Génova, alguien que tenía a su vera, untados, a altísimos cargos del PP. 

En una conversación con Pablo (Pau) Collado, su hombre al frente de la sociedad Easy Concept, le ordena que contacte con la responsable de Litoral y Costas de Baleares para que libere su chalé, en un exótico paraje de Sant Joan de Abritja (Ibiza), de las trabas administrativas. "Le dices: 'Oye, toma tanta pasta para guardar el expediente y no lo menees". Señala que uno de los frentes, el municipal, lo tiene "resuelto" [sic], porque su gente ha hecho gestiones con alguien del Ayuntamiento y que "mirarán para otro lado". Que su estrategia es llevar "15 o 20" obreros al chalé un fin de semana para desdibujar la fachada con yeso y aparentar, si iban los técnicos municipales, que era una vieja casa sin lujos sometida a una necesaria rehabilitación. Su intención era acabar las obras, vender el chalé y comprarse un barco.

"Hazle un buen regalo" 

Días después, Collado le llama y le da una "buena noticia". Le dice que ha contado con un "buen amigo suyo" que resulta que es el jefe de la responsable de Litoral y Costas. "Dile al tío ése que coja el expediente, se lo lleve a su casa y lo guarde. Y si lo arregla todo, hazle un buen regalo". Era su principal arma disuasoria: los regalos, en especie o en metálico. Con mucho dinero y carísimas dádivas engatusó a alcaldes, consejeros y a altos cargos popularesde Madrid, Valencia y, según la policía, también de Castilla y León. Las grabaciones policiales muestran a un Correa todoterreno, temeroso de que el juez Garzón le eche el guante tras el registro del despacho de su asesor financiero, Ramón Blanco Balín, el hombre que le colocó su fortuna en el extranjero y le blanqueó parte de ella para seguir sobornando a políticos. 

(www.elpais.com, 09/04/10)

CASCOS RECUPERA LA TEORÍA DE LA CONSPIRACIÓN: "HAY UNA CAMARILLA POLICIAL DEDICADA A FABRICAR PRUEBAS CONTRA EL PP" 

Francisco Álvarez Cascos, ex ministro de Fomento y ex secretario general del PP durante la etapa en la que germinó la trama de corrupción liderada por Francisco Correa juzgada en el caso Gürtel, ha restado toda credibilidad a los más de 50.000 folios del sumario que instruye el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira y ha acusado a "los policías que investigan al PP" de ser una "camarilla" que "está falsificando papeles y preconstuituyendo pruebas" contra el partido.  

"Algunos se hicieron famosos por falsificar los papeles de Laos", ha subrayado en referencia al caso Luis Roldán.  

Entre esas supuestas pruebas preparadas ha aludido al viaje que realizó junto a su esposa a Lanzarote en 2003 y que, según refleja el sumario, fue sufragado por los cabecillas de la red corrupta. Cascos no ha ofrecido ni un solo dato que contradiga la acusación, aunque sí ha justificado la concesión de contratos a Francisco Correa en  que las ofertas que presentaba eran "más atractivas" económicamente que las de otras empresas y que "no había quejas de su servicio". 

"Hasta ahí puedo dar fe de que eso es lo que conocimos los que en ese momento estábamos en el PP. Si luego Correa se metió en otras andanzas, en otros ámbitos de tipo institucional o municipal, yo lo ignoro", ha reconocido antes de recalcar que "en absoluto" los dirigentes del PP tuvieron "sombras de duda" sobre "la conducta", "los comportamientos" o "los métodos irregulares o delictivos de esa trama". 

Cascos ha recuperado la teoría de la conspiración, que los propios conservadores despreciaron, contra el PP. El partido, asegura, "se enfrenta a una operación donde está clarísima la intencionalidad política de los promotores. Ni partidos, ni empresas, ni clubes, ni medios de comunicación tienen medios especiales de investigación, ni policía, ni agentes tributarios... Queremos confiar en la imparcialidad de instructores, policías, de fiscales. Eso no se da en estos momentos en el proceso instruido contra el PP".  

El ex ministro subraya que la instrucción del caso Gürtel "está viciada en su origen" por culpa de Garzón 

Sin decirlo de forma explícita, Cascos ha situado en el centro de la conspiración al juez Baltasar Garzón —primer juez instructor del caso Gürtel—, quien tiene una "animadversión pública y proclamada" hacia el PP, lo que permite sospechar de su "imparcialidad y ecuanimidad". La instrucción del caso Gürtel "está viciada en su origen" por culpa del juez Garzón, al que el ex ministro ha definido de "anormalidad democrática de la que debería tomar nota el Consejo General del Poder Judicial". "Es el único personaje que, en un mismo año, ha formado parte de los tres poderes: el ejecutivo, el legislativo y el judicial", ha denunciado. 

Por todo ello, tanto el PP como las personas del partido afectadas en la instrucción del caso Gürtel "tienen toda la razón para no considerarse juzgados con ecuanimidad". Entre ellos Luis Bárcenas, que ayer dimitió de forma definitiva como tesorero del PP y presentó su "baja temporal" como militante del partido por las decenas de pruebas que le vinculan con la trama corrupta.  

Al respecto, Cascos ha reconocido que es amigo de Bárcenas "desde hace más de diez años" y que, por eso, nunca hablará mal de él. ""Es mi amigo. A los amigos y a las personas que pueda ayudar las ayudaré siempre y, como estoy convencido de su inocencia, estoy seguro de que sabrá defenderse y que saldrá airoso del envite durísimo al que está siendo sometido", ha augurado para zanjar: "No me consta ni una sola de las irregularidades que se le imputan".  

En una entrevista concedida a la cadena Onda Cero, Álvarez-Cascos ha reconocido que le hace "gracia" que "la estrategia de acoso" que sufren los conservadores esté liderada por el PSOE, "con lo que tiene encima como partido". "No a todos los políticos se les juzga con el mismo rasero", se ha lamentado. 

A Cascos le hace "gracia" que "la estrategia de acoso" al PP esté liderada por el PSOE, "con lo que tiene encima como partido" 

Francisco Correa, presunto jefe de la trama corrupta, contó al juez Antonio Pedreira cómo en el primer tercio de los 90 las empresas del conglomerado Gürtel se instalaron en la órbita del PP, hasta trabajar casi en exclusiva para el partido, y cómo lo lograron gracias a Luis Bárcenas y a otros dirigentes de la formación conservadora, entre ellos Francisco Álvarez Cascos.  

Cascos se ha negado a realizar una sola crítica a su formación: "Las criticas tienen que ser oportunas, ahora no creo que sea el momento ni yo estoy en una circunstancia que me permita lanzar críticas", ha señalado. Aun así, no ha desaprovechado la ocasión para recordar a los conservadores que "tenemos que ser más exigentes". "Hay algo que a veces se ignora o no se quiere reconocer, porque claro, le quita morbo y probablemente intensidad, y es que no hay ideologías redentoras ni estatutos redentores. La maldad o el vicio está en las personas y a partir de ahí tiene que ver actitudes o respuestas por parte de los partidos", ha insistido. 

El vicepresidente del primer Gobierno de José María Aznar se jactó el pasado 31 de marzo en una entrevista en la Cope de que existe "una marea creciente de personas" que cree oportuno que regrese como candidato en Asturias. 

(www.publico.es, 09/04/10) 

COTINO, EXDIRECTOR DE LA POLICÍA, CRITICA EL INFORME DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD  

«El informe policial incluido en el sumario es mentira». Así de contundente se mostró ayer el exdirector general de la Policía y vicepresidente tercero del Gobierno de Francisco Camps, Juan Cotino, quien también aseguró que «está hecho ad hoc para ir en contra de la Comunidad Valenciana».

«La inmensa mayoría de las cosas que se han publicado están hechas para arremeter contra el PP», añadió en referencia a las informaciones que aseguran que Cotino recibió un chaquetón de la trama Gürtel. «Me gustaría que el juicio se celebrara mañana para decirle al juez que nadie me ha regalado eso [el chaquetón]», afirmó.

No obstante, el vicepresidente valenciano admitió que su familia ha tenido «relaciones comerciales» con el responsable de la empresa Orange Market, Álvaro Pérez, alias el Bigotes, que ahora «ya no existen». De hecho, su sobrino, Vicente Cotino, es director de Sedesa, una de las compañías bajo sospecha. 

(www.elperiodico.com, 09/04/10)

Correa dice al juez que llegó al PP de la mano de Cascos, Arenas y Sepúlveda

El supuesto cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, admitió ante el juez instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, que comenzó su andadura en el PP en 1993 de la mano del entonces secretario general del grupo, Francisco Álvarez Cascos. Según la versión de Correa recogida en el sumario destapado esta mañana, fue el dimitido tesorero del grupo, Luis Bárcenas, quien le llamó para trabajar con el partido. Pero no fue Bárcenas, que entonces era gerente del grupo, sino Cascos quien hizo la entrevista y dio el visto bueno para que organizara los actos y mítines del partido, asegura la SER. La explicación dada por el principal imputado del caso es que su oferta era más barata que la de la empresa anterior.

Según relató Correa en su declaración, cinco cargos del PP tomaron la decisión de contratarle, entre ellos, Jesús Sepúlveda -ex marido de Ana Mato cuya imputación en la Gürtel le obligó a dimitir como alcalde de Pozuelo-, y Javier Arenas, actual vicesecretario nacional para asuntos territoriales y presidente del PP en Andalucía. Entonces era responsable de organización del partido.

Buena relación con Aznar
En otro momento de su declaración, Correa reconoció que con “el presidente viajábamos fuera, acompañando al señor Aznar con lo cual se creó una relación bastante buena”, recoge la
cadena SER. El ex concejal de Majadahonda que destapó la trama corrupta, José Luis Peñas, aseguró en una entrevista a este periódico que el cabecilla de la red solía presumir de su amistad con el ex presidente del Gobierno.

Viaje a Venezuela para asesorar a una Miss
El pasado 12 de noviembre,
El Plural publicó la noticia de que, en 1998 un todavía desconocido Correa recibió un encargo exclusivo del entonces presidente del Gobierno, José María Aznar: organizar un viaje a Venezuela para el asesor de cabecera de los populares, Pedro Arriola; para el futuro yernísimo, Alejandro Agag, y para el que fuera jefe de Comunicación del PP, Francisco García Diego. Su misión era asesorar a el ex Miss Universo Irene Sáez en su candidatura a la presidencia del Gobierno en los comicios que finalmente ganó Hugo Chávez.

Vuelos para todos

Pasadena Viajes, la agencia de Francisco Correa que organizó todos los viajes del PP entre 2000 y 2006, ha sido un filón documental para el juez y los peritos.
El mismo Mariano Rajoy voló a Canarias tras su derrota electoral de 2004, aunque este viaje nunca fue abonado por el PP. Pasadena también organizó viajes privados más fastuosos como un safari exclusivo en África para Bárcenas, un vuelo a Venezuela para el yernísimo Agag, o incontables desplazamientos para Jesús Sepúlveda. A falta de aviones, Gürtel también puso a disposición del ex marido de Ana Mato fastuosos vehículos, Jaguar incluido.

De Cascos
Precisamente, un viaje habría sido el germen de la relación de Cascos y Correa. El político conoció al empresario al acudir a su agencia de viajes, situada en las inmediaciones de la calle Génova, a comprar dos billetes de avión para Estambul. Entonces estaba el PP todavía en la oposición. El supuesto cabecilla de la Gürtel adquirió una plaza en ese mismo vuelo para hacerse el encontradizo y abordar al entonces número dos del PP. Ambos habrían trabado relación en el aire, aunque ya en tierra y de vuelta a la calle Génova el segundo del PP le contrató. Este extremo fue desmentido por Cascos, quien aseguró que adquirió los billetes cuando Correa ya era “proveedor” del PP.

A Bárcenas y Galeote
A partir de Cascos, Correa tuvo luz verde en la sede del PP de la que entraba y salía a sus anchas. Así, el supuesto cabecilla Gürtel también logró relacionarse con los citados Bárcenas, a quien la policía ha señalado como el mediador de los supuestos corruptos con capacidad decisoria en el partido, con Gerardo Galeote, ex eurodiputado también imputado en el caso, y con Antonio Cámara, secretario personal del ex presidente José María Aznar.

Las conversaciones acusan
Los nombres de Cascos y Bárcenas aparecen en las 18 horas de conversaciones telefónicas intervenidas por orden del juez Baltasar Garzón. En un momento de una de las interlocuciones, el imputado apuntaba: “Ya te he dicho que yo le he llevado a Bárcenas (ex tesorero del PP), a su casa y a Génova, 1.000 millones de pesetas por adjudicaciones de obras en la época de Cascos, y sé cómo lo ha sacado y el paraíso fiscal donde lo tiene”. Cuando Cascos era ministro de Fomento Aena, ente público que gestiona los aeropuertos, pagó 350.000 euros a una de las empresas Gürtel.

Correa no pagó las vacaciones de Cascos en Tenerife
Según revela El País, Cascos se dirigió el pasado 6 de noviembre al jefe de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, en relación con algunas
informaciones filtradas del sumario que aseguraban se estaba investigando un viaje realizado con su mujer a Tenerife, que presuntamente le habría regalado la trama. Él mismo se ofreció a demostrar lo contrario y pidió al fiscal que reclamara a las empresas hoteleras y de viajes la documentación pertinente para demostrar que todos los gastos corrieron de su cuenta. Así se hizo y Anticorrupción comunicó al ex ministro que se había podido documentar que tal regalo no existió y que se había pagado sus vacaciones en Tenerife.

www.elplural.com 06.04.10

«QUÉ PUTADA TÍO, A CADA CERDO LE LLEGA SU SAN MARTÍN»  

LUIS BÁRCENAS. El político del PP que lo sabía todo

El número dos de la red, Pablo Crespo, habla con un tal Gerardo el 30 de enero del 2009 y destaca el papel de Luis Bárcenas y su predecesor en el cargo de tesorero, Álvaro Lapuerta.

GERARDO: Yo tengo una información de que en cuanto pierda las gallegas y las europeas va a tener problemas [...]. Lo que pasa es que no sé cómo va a influir esto de los dosieres y de los espías.

PABLO CRESPO: Pues parece ser que el grupo Prisa o por lo menos la Ser [tienen] la de Dios.

G.: Sí, tiene mucho, dada por Lapuerta, que tiene 80 años me parece.

P. C.: Sí hombre, yo lo conozco muy bien. [...] A Álvaro le pueden sacar la de Dios, porque sabe mucho.

os últimos 20 años, eh.

G.: Yo no le conozco.

P. C.: Yo sí. Él y Luis Bárcenas lo saben todo.

EL TEMOR. «Si meten la cabeza ahí, no acaban»

En enero del 2009, cuando todavía no ha estallado el ‘caso Gürtel’, Francisco Correa comenta con Álvaro Pérez, alias ‘el Bigotes’, una portada de ‘El Mundo’ que acusa a Bárcenas de presionar para conseguir contratos en la Comunidad de Madrid.

FRANCISCO CORREA: Lo has visto, ¿no? En portada. [...] A nuestros amigos, que les están tocando. 

ÁLVARO PÉREZ: Sí, sí, esto no es nada. Es el inicio [Risas]. 

F. C.: Qué putada tío, a cada cerdo le llega su San Martín. [...] Bárcenas, presionado por adjudicación.

Alvarito de la Cruz está aquí también.  

Á. P.: Sí, sí, sí, es el principio, es el principio. 

F. C.: Oye, como metan ahí... acabar, si metes la cabeza no acabas.

Á. P.: Ya, ya, hombre, tú lo sabes mejor que nadie en el planeta Tierra, o sea que imagínate. Por eso te digo que bueno, tranquilidad, que aquí [inauguración de Fitur]... éxito absoluto tío.

F. C.: Me han dicho que ha quedado espectacular.

EL BAUTIZO. La buena relación con el PP valenciano

Correa y Pérez conversan sobre la preparación del bautizo de la hija de Álvaro, al que esperan que asista la cúpula de PP valenciano.

F. C.: ¿Quién va más? ¿Va Vicente Cotino? 

Á. P.: No, Vicente Cotino está fuera de España, viene Rambla, viene Ricardo Costa, y viene Pedro y la mujer del presi sola.

EL VATICANO. «Hay 500 millones de negocio»

A finales del 2008, Pérez intenta cerrar un acuerdo con un tal José para intervenir en la organización de un acto de la diócesis de Madrid.

JOSÉ: Yo me reúno la semana que viene con el tío de la diócesis de Madrid. Cuando sepa la fecha y demás, si te quieres venir , te vienes.

Á. P.: No tío. Es que yo tengo tanta confianza en ti... porque sé lo que es eso, sé la que se puede liar, sé lo que se puede montar, lo que puede ser y lo que puede suponer para ti y para mí. Aquí solo se trata de una cosa, de que seamos discretos.

J.: Yo no he dicho nada.

Á. P.: Segundo punto, yo ya te contaré, por qué razones y por qué motivos tengo un contacto en el Vaticano que es la hostia. Así que si tú haces fuerza por un lado y yo hago fuerza por otro, pues mira, a lo mejor nos toca el Niño a mediados de año.

J.: A mí, quien me da el nombre es el tío que va a lleva el tema en la diócesis, que es la mano derecha de Antonio Rouco Varela. Y me han dicho que lo que diga él va a misa .

Á.P.: Audio y vídeo. Nosotros tenemos que poner pantallas y el audio en Madrid, nada más. Alrededor hay 500 millones de negocio.

FITUR Y LA CONVENCIÓN. Un buen principio de año para la empresa

Crespo y Pérez se las prometían muy felices a principios del año pasado, como refleja esta conversación.

Á. P.: Otra cosa. A últimos de este mes, aparte de Fitur, tengo una convención para unas 8.000 personas con el partido.

P. C.: ¿Pero a nivel nacional o qué?

Á. P.: En Alicante, sí, a nivel nacional.

P. C.: Hostias. Esto es una pasta, ¿no? ¿Quién lo paga?

Á. P.: Ricardo [Costa]

P. C.: Pobre Ricardo.

LOS TRAJES. Las medidas del presidente Camps

La policía incluye en el sumario un mensaje de móvil de enero del 2009 en el que un tal Juan Bautista Pastor le envía a Pérez las medidas de Francisco Camps, el presidente de la Comunidad Valenciana.

SMS JUAN BAUTISTA: Medidas Sr. Camps americana t 54 pantalón t 48 largo pant 108 tiro a 79,50 saludos pastor.

SMS ÁLVARO PÉREZ: Gracias amigo.

LA SEGURIDAD. «Cualquiera mata por esto»

El temor a que los teléfonos móviles estén pinchados crece entre los protagonistas de la trama corrupta. De hecho, ‘el Bigotes’ exige a su amigo Juan que sea precavido en enero del 2009, cuando todavía no se ha producido ninguna detención.

ÁLVARO PÉREZ: A partir de mañana se acabó el hablar con teléfono con nadie [...]. Porque no sabemos si nos graban, si nos escuchan, si su puta madre, eso va a ser un credo [...]. Insisto, te compras un equipo que vale 1.700 euros en el espía, en la tienda de la Castellana, y pinchas un móvil, tío.

JUAN: Es que es la polla.

Á. P.: [...] O nos vamos a conseguir una tarjetita de esas que venden en Estados Unidos, que es como la tarjeta de un garaje, para llevarla en el bolsillo de la chaqueta, eh, y que evita que nos puedan pinchar el teléfono [...].

J.: Totalmente de acuerdo.

Á. P.: Porque, si no, es la hostia, y nos estamos metiendo en un tinglado que es muy heavy, porque cualquiera mata por esto.

J.: Cualquiera, cualquiera.

EL CONTABLE DE LA RED. Ataque de ingenuidad en el interrogatorio

En un interrogatorio del 6 de marzo del 2009, José Luis Izquierdo, el contable de la ‘red Gürtel’ y el que controlaba todos los pagos, los sobornos y la caja B, intenta aparecer como un ingenuo que actuó sin mala fe.

FISCAL: La selección de la documentación que usted se llevó [a su casa], ¿la hizo el propio Pablo Crespo [número dos de la red]?

JOSÉ LUIS IZQUIERDO: Sí, yo, incluso, tendría que añadir que yo ni sabía lo que contenía. O sea que yo tal como me lo dieron lo metí imprudentemente en mi casa. Vamos, pero yo no sabía ni lo que contenía.

EL REAL MADRID. El intento de un cambio de tercio

A finales de enero del 2009, Pérez le explica a su mujer, Noemí Ramal, que le han ofrecido llevar la posible campaña de Juan Vilallonga como candidato a la presidencia del Madrid.

Á. P.: Sí, tenemos que sentarnos y ver, porque me quiere contratar para toda la campaña suya del Real Madrid [...] y este va a ser más importante que el presidente de una Generalitat, va a ser el presidente de uno de los tres clubs más importantes del mundo.

NOEMÍ RAMAL: ¿Pero va a ser él el presidente del Madrid al final? 

Á. P.: Sí, si se presenta, se presenta, tiene posibilidades de ganar. 

N. M.: Bueno, claro, posibilidades.

Á. P.: Tenemos que hablar a ver, porque esa es otra. Yo hago esto solo por una cosa, por pasta, por pasta y por un futuro claro. O sea, quiero dejar de trabajar para políticos, o sea, es lo más importante. Es mi objetivo prioritario. Pero absoluto, ¿eh?

EL ‘PEN DRIVE’. El lápiz de memoria maldecido por todos

En un registro de la casa de Izquierdo, el contable de la red, la policía se incautó de un lápiz de memoria (‘pen drive’). Y ese pequeño objeto se ha convertido en una de las pruebas decisivas. Esta conversación es entre Correa, el cabecilla de la red, y su abogado, José Antonio Choclán.

FRANCISCO CORREA: Sin el pen drive no tendrían nada, me pongo malo.

JOSÉ ANTONIO CHOCLÁN: Será muy importante conocer el origen, las noticias sobre el pen drive.

F. C.: En un momento determinado se puede decir que ese pen drive es un montaje que ha hecho [José Luis] Izquierdo [el contable] con Pepe Peñas [el denunciante de toda la trama investigada y antiguo colaborador]. Ahí, en el pen drive, tienen que aparecer los pagos a Pepe Peñas cuando era concejal de Majadahonda. Él cobraba, todos los meses le pagamos nosotros [...]. Si me preguntan «¿Usted le ha dado el dinero a esos señores?», ¿yo qué les digo?

J. A. C.: Vamos a ver. Yo negaría la realidad, que lo acrediten.

F. C.: Claro, que me demuestren que yo le he dado eso a esos señores.

LOS CÁLCULOS DE LA PENA. Los jueces ‘amigos’ del Tribunal de Madrid

En una de las charlas anuladas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) entre los encarcelados y sus abogados, Crespo, número dos de la red, habla con su defensor, José Antonio López Rubal, sobre las consecuencias de los delitos.

PABLO CRESPO: No creo que sea un problema jurídico muy grave, salvo lo del ejercicio de 1999.  

¿Cuándo prescriben ese tipo de cosas?

JOSÉ ANTONIO LÓPEZ RUBAL: Depende de lo que estamos hablando. Si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral, como mucho 10 años, pero yo creo que es menos.

En otro momento de la conversación, hablan de las consecuencias si la causa la lleva un tribunal u otro.

J. A. L. R.: Si la causa viene al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ahí hay un magistrado que nos ayuda.

EL TESTAFERRO. Con cuentas en Suiza y cobrando el paro

Antoine Sánchez, el testaferro de la red, es primo de Correa y «un elemento decisivo», según el sumario, «en la estrategia de ocultación de la estructura societaria». Sánchez vivía a caballo entre Senegal y Francia. Pese a sus posesiones, le pedía «préstamos» a su primo Correa.

FISCAL: ¿Cómo explica que tenga necesidad, si es propietario de esos muebles inmuebles, además de la cuenta en Suiza con cinco millones, que tenga que pedir un préstamo entre el 2002 y el 2008 y que no haya devuelto nada a su primo?

ANTOINE SÁNCHEZ: Porque la cuenta esta más o menos... Porque sé que las patrimoniales actualmente son difíciles de vender porque hay una crisis bastante fuerte, así que el dinero lo tengo aplazado [...].

El fiscal quiere saber cómo se repartía el dinero entre los implicados.

A. S.: He descubierto este caso en la prensa y me duele porque llevo 32 años en mi trabajo. He pasado mucho riesgo en África, he estado en la selva, he cogido enfermedades, la malaria, la difteria... [...] He corrido mucho riesgo de enfermedades, riesgos de golpes de Estado, en Zimbabue, cuando hubo la revolución en el 84 y en estos temas, en confianza, he entregado dinero, porque yo soy muy malo para gestionar. 

Soy muy malo, yo lo que sé es trabajar, y sé que mi primo lo hacía muy bien aquí, y he descubierto muchas cosas a través de la prensa, yo paso poco tiempo con mi primo, quiero que las cosas se aclaren...

Su penosa situación le llevó, incluso, a pedir el cobro del subsidio de paro en Francia. El fiscal le enseña los documentos de dicha solicitud.

A. S.: Como estoy sin trabajo, en Francia me han concedido una pequeñita pensión mensual de 394 euros. Tenía que firmar cada mes, pero como desde febrero no estoy en Francia, me la habrán quitado.  

(www.elperiodico.com, 08/04/109

LA TRAMA GASTÓ MÁS DE 140.000 EUROS EN 33 RELOJES DE LUJO 

Cuando la banda de Francisco Correa quería regalar relojes a políticos, dentro de su negocio de sobornos y contratos, acudía a la Joyería Suárez, a pocos portales de la oficina central de la organización, en la calle Serrano de Madrid. Allí se gastaron, según consta en facturas entre 2003 y 2008, un total de 143.106 euros en relojes de lujo. En las facturas aparecen consignados 33 relojes. Entre ellos, consta la factura del reloj Hublot de acero "grabado con anagrama de empresa" que costó 2.400 euros en enero de 2006 y pagado por Orange Market para Milagrosa Martínez, entonces consejera de Turismo del Gobierno valenciano y ahora presidenta de las Cortes. 

En el listado de compras de los cabecillas de la trama y sus empresas que la joyería facilitó al juzgado, la mayoría de estos costosos relojes se pagaron en efectivo. Sólo Correa se gastó 6.000 euros en un reloj Pierre Kunz de acero. Las piezas más caras que compró la trama son un Patek Philippe de oro amarillo de 8.959,99 euros y otros relojes sin detallar el modelo (algo que extraña al juez) entre 9.000 y 11.000 euros. En las facturas también hay compras personales de Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda, por 754 euros. En declaración ante el juez, el director de la joyería indicó que Ortega fue allí con Correa. 

En su declaración, el joyero niega una relación más allá de lo comercial con Correa, y dice no recordar una conversación telefónica con Pablo Crespo en la que le ofrece un contacto en Panamá. Era el líder de la trama el que le decía a qué empresa debía facturar cada reloj que le compraba. 

(www.elpais.com, 08/04/10)

BODA Y VIAJE DE NOVIOS A COSTA DE CORREA 

La boda fue en Arganda del Rey el 9 de julio de 2004. El convite posterior se celebró en el palacio del Negralejo, en Mejorada del Campo. Los contrayentes: el diputado madrileño del PP Benjamín Martín Vasco y Esther Arévalo. Gran parte de los gastos de ese enlace fueron sufragados por las empresas de Correa. 

La contabilidad B de la trama refleja siete gastos relacionados con el matrimonio. Entre ellos estaba el viaje de novios a EE UU y Polinesia (28.888 euros), pero también el alquiler de las sillas (460 euros) o el minibús para trasladar a los invitados al banquete (174). Correa se hizo cargo, además, de la factura de dos noches en una suite del hotel Ritz de Madrid (2.707), el alquiler de un juego de luces con láser para el evento (1.500), un generador (750) e incluso la moqueta (174). 

En total fueron 34.779 euros los gastos de la boda de Martín Vasco sufragados por la trama, sólo la décima parte de todos los sobornos presuntamente recibidos por el diputado (345.166 euros). El resto lo recibió en entregas de dinero y viajes por 67.197 euros. También fue agasajado con un reloj Cartier de 3.975 euros. 

(www.elpais.com, 08/04/10) 

VACACIONES DE FAMILIA PAGADAS POR LA GÜRTEL 

Varios de los altos cargos del Partido Popular imputados en el caso Gürtel en Madrid no tenían reparos en aceptar todo tipo de regalos. Llevaban un elevado nivel de vida gracias a las prebendas que recibían de la trama. 

El ex alcalde de Arganda del Rey, Ginés López, viajó a Orlando con su esposa y las niñas, según consta en el sumario. El viaje, que costó 12.103 euros fue pagado por la trama, según se desprende de la cuenta personal de Ginés López hallada en la contabilidad B de la red Gürtel. 

El ex alcalde de Arganda y su familia se desplazaron a Orlando, donde está el parque de atracciones de Disneylandia, el 25 de marzo de 2008. Volaron con aviones de la compañía US Airways. 

El ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, también aceptó que la trama le pagara un viaje para toda la familia. Ortega, conocido como El Rata por los cabecillas de la red corrupta, viajó a Venecia con su esposa y tres niños. Se hospedaron en dos suites del hotel Luna Baglioni, situado en el centro histórico de la ciudad italiana. Se ahorró 19.838 euros. 

(www.elpais.com, 08/04/10) 

UN "DESCEREBRADO" EN REGALOS DE JOYERÍA 

Guillermo Ortega, alcalde del municipio madrileño de Majadahonda entre 2001 y 2005, tenía un hobby. "Era un apasionado de los relojes, un apasionado no, un descerebrado", contó al juez el ex concejal del municipio Juan José Moreno, que explicó que tenía un armario en su casa "absolutamente bestial" lleno de relojes. 

Ortega, que favoreció suculentos contratos municipales a la trama, figuraba como Willy en la contabilidad B de la red Gürtel. Fue obsequiado con más de 72.000 euros en regalos de una joyería de Madrid entre 2001 y 2004. Entre ellos, al menos, cinco relojes de lujo. Pero también recibió obsequios más mundanos, como cinco talonarios de gasolina (separados en cheques de 20 euros) por un total de 1.000 euros. 

El sumario revela otros intercambios protagonizados por altos cargos madrileños que quedaron registrados en la contabilidad opaca de la trama. Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, le dio su BMW al ex alcalde de Arganda del Rey, Ginés López. La transferencia se hizo con el dinero de la caja B de la trama. 

(www.elpais.com, 08/04/10)

JOYAS, ARMAS Y DINERO EN LAS CASAS DE CORREA Y CRESPO 

Gemelos Bulgari y Loewe, plumas Cartier, dos Rolex, un mechero Dupont, monedas de coleccionista, 2.825 euros y 1.725 dólares en efectivo, una pistola, una escopeta, cajas de munición, dos revólveres... Los registros en los domicilios del cabecilla de la trama corrupta, Francisco Correa , de su segundo, Pablo Crespo, y en la sede social de algunas de las empresas de la red reflejan un elevado tren de vida y una cierta afición por las armas, que se encontraban incluso en los edificios societarios. 

En el piso de la madrileña calle de Serrano que hacía de domicilio social de Rialgreen, Special Events, FCS, Estudios Vesubio y Forever Tracer la policía encontró un revólver detonador de doble acción Blow 38 Magnum y un ME 38 Compact calibre Kal 380/91000 Rkanll, junto a cuatro relojes de lujo. Pablo Crespo también tenía armas en su domicilio de Madrid: una escopeta -con permiso y licencia-, una pistola de fogueo y una Derringer de nueve milímetros. 

No menos aficionados eran los miembros de la trama a todo tipo de vehículos, especialmente de lujo. Un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales refleja que entre el material bloqueado figura una embarcación de marca Astonda y modelo AS39GL, bautizada como Parapipi, 18 turismos y dos motocicletas. A nombre de María del Carmen Rodríguez, esposa de Correa, figuraban dos Land Rover Range Rover, un Chrysler Jeep Wrangler y un Suzuki Chrysler Leep Wrang. 

Otro informe de la misma unidad policial enumera un total de 113 cuentas bancarias bloqueadas, con unos fondos totales de 4.180.792 euros y 3.496 dólares. La esposa de Correa disponía, entre otras muchas, de una cuenta en el Banco de Santander con 246.900 euros de saldo, mientras que la empresa Artas Consulting tenía un depósito en Caja Madrid con dos millones de euros. La firma Osiris Patrimonial disponía de 492.061 euros en una cuenta del Barclays. 

(www.elpais.com, 07/04/10)

CORREA: "CUANDO REGISTRARON EL DESPACHO DE RAMÓN, ENTRÉ EN UN INFIERNO; ERA MI ASESOR" 

El cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, mantuvo una conversación el 3 de enero de 2009 con Pablo [Pau] Collado Serra, su hombre al frente de la empresa Easy Concept Comunicación, una de las sociedades de la trama que Correa utilizaba para captar contratas de Administraciones públicas gobernadas por el PP tras colmar de regalos y sobornos a sus dirigentes. 

En esa conversación, Correa habla a su subordinado del "infierno" que vive desde que la policía registró el despacho de Ramón Blanco Balín, a quien el cabecilla de la red Gürtel utilizó como administrador de sus empresas y asesor para que colocase su enorme fortuna en paraísos fiscales. Correa comenta a Pau que ha pagado un dineral para conseguir un permiso de residencia en Panamá y deja entrever su intención de huir allí si la situación se le complica a raíz del registro policial. 

Correa. "(...) Escúchame, Pablo, lo que no es normal es que este verano, cuando yo tuve la movida gorda, cuando pasó eso en el despacho de Ramón... ¿Te enteraste de lo que pasó en el despacho de Ramón o no?". 

Pau. "Sé por Pablo que ha habido movida, que Ramón está teniendo mucho lío y tal...". 

Correa. "Entró la policía en el despacho (...) y se llevaron los ordenadores. A partir de ahí yo entré en un infierno, porque, claro, inmediatamente se llevaron todos mis temas. Date cuenta de que Ramón es mi administrador, ¿entiendes? (...) Entonces me fui a Montecarlo y allí conocí a una persona que me ha estafado una millonada, porque me iba a arreglar unos papeles en Panamá; esa persona es una cónsul de Panamá en Montecarlo y es íntima amiga de la que tú tienes ahí". 

Pau. "Sí, sí, lo sé". 

Correa. "Pero espera, es que en Montecarlo estaba el amigo de Román Villaescusa, que es Javier Tudela, el que me ha comprado el barco, que me debe ciento y pico millones del barco, que no me lo ha pagado, y resulta que mi amigo Javier Tudela ha invitado a navegar en el barco a Adriana, a su hija, a la madre... Fíjate, tío, si el mundo era grande que yo aterrizo en Montecarlo para conocer a esta hija de puta de la cónsul que me ha robado, que me ha estafado, y esta cónsul es amiga intima de ella macho, de la madre [parece que se refiere a Adriana]". 

(www.elpais.com, 07/04/10)

RAJOY EXPLICA SUS SILENCIOS COMO "CONTUNDENCIA ANTE LA CORRUPCIÓN

Mariano Rajoy ha tratado hoy de convertir sus silencios ante los continuos casos de corrupción que asolan las filas conservadoras en una respuesta "contundente". En su intervención ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido, el presidente del PP ha hecho mención a la red Gürtel y al proceso contra el ex presidente balear, Jaume Matas. Rajoy ha considerado que el PP ha ido reaccionando caso a caso cuando se han ido conociendo los nombres de los implicados, "que han abandonado sus cargos administrativos y políticos". Del mismo modo, ha presumido de que Matas "ya no es militante del PP". 

Sin embargo, la realidad es que cada vez que ha salido a la luz un caso de corrupción dentro del PP, la respuesta de Rajoy ha sido la de guardar silencio, y fueron los propios implicados los que presentaron su dimisión. 

Así ocurrió en la red Gürtel. La trama corrupta de Francisco Correa se extendió en Madrid y Valencia como la pólvora. Los diputados Alberto López Viejo, Alberto Bosch y Benjamín Martín Vasco, todos hombres de confianza de la presidenta Esperanza Aguirre, presentaron su dimisión, no los expulsó el partido. Igualmente ocurrió con Guillermo Ortega, gerente del Mercado Puerta de Toledo, y los alcaldes de grandes municipios que se han visto implicados: es el caso de Ginés López (ex alcalde de Arganda del Rey) o Jesús Sepúlveda (ex alcalde de Pozuelo de Alarcón).

La respuesta en el País Valenciano fue similar. De hecho, la suspensión de militancia del número dos de Francisco Camps, Ricardo Costa, se produjo por "contradecir" la línea oficial del partido, no por su posible implicación en la red corrupta.  

Igualmente sucedió en el caso Palma Arena . Ni antes de que Matas prestará declaración por el caso del velódromo balear, en el que se le imputan hasta doce casos de corrupción -con un desvió de 50 millones de euro s en la obra y un posible delito de financiación irregular del PP en el caso-, ni después de que se conociera el auto del juez, con una fianza en firme de tres millones de euros contra el ex ministro de José María Aznar, Rajoy no abrió la boca ni tomó medida alguna. Fue el propio Matas el que presentó su dimisión. 

Especialmente sangrante es la respuesta del Partido Popular y del propio Rajoy ante la imputación de Luis Bárcenas, el ex tesorero nacional del PP. Al conocerse la implicación del Bárcenas, nuevamente el PP no lo cesó, sino que fue el propio tesorero el que se marchó. 

Sin embargo, Rajoy le ha dado un mimo especial al ex tesorero. En primer lugar, los gastos del abogado que defiende a Bárcenas en la causa Gürtel son pagados por el propio PP. Maria Dolores de Cospedal, secretaria general de los conservadores, lo justifica por la "dedicación al partido en los últimos 30 años". No en vano, Bárcenas conserva su despacho en la sede del partido nacional. La dirección del partido considera, como casi en cada caso,  que su renuncia es "transitoria", ya que confían en su inocencia. 

Luis Bárcenas actualmente sigue ocupando su escaño en el Senado y ejerce como responsable de Finanzas del PP en la Cámara Baja, lo que le permite tener un hueco como vocal en su consejo de dirección. Algo que pone en entredicho la "contundencia" de la que presume Rajoy ante la corrupción.  

(www.publico.es, 24/03/10) 

COSPEDAL: "NO DEBE ESCANDALIZAR QUE BÁRCENAS TENGA UN DESPACHO EN LA SEDE DEL PP" 

La secretaria general del PP, María Dolores De Cospedal, aseguró este lunes que "no tiene que escandalizar a nadie" que el ex tesorero del partido Luis Bárcenas tenga "un lugar" en la sede nacional de la organización, ya que ello no supone ningún "privilegio". "Luis Bárcenas tiene un lugar en la sede, su antiguo despacho, y no creo que eso tenga que escandalizar a nadie (...) No es una situación de privilegio". Así se ha manifestado la número dos de los populares en la conferencia de prensa que ofreció después de la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. 

Preguntada por la situación de Bárcenas ante el inminente levantamiento del secreto de una parte considerable del sumario del caso Gürtel, De Cospedal empleó las mismas palabras que hace unas semanas, cuando el diario El País publicó que el partido paga la defensa del ex tesorero.Dijo entonces que ello obedecía a que el senador por Cantabria había servido al partido durante muchos años. 

Hoy la secretaria general del PP se manifestó en términos parecidos y concluyó que la permanencia de Bárcenas en la sede no supone una decisión "contradictoria". Asimismo, aseguró que su partido tiene "un compromiso de ejemplaridad" con la opinión pública, y por ello, ante las posibles nuevas revelaciones del Gürtel, destacóque la formación "no consentirá actuaciones impresentables" de nadie. 

De Cospedal repitió las palabras que unas horas antes, en la reunión del Comité Ejecutivo, había pronunciado el líder, Mariano Rajoy, para quien en la formación no caben comportamientos "que no sean presentables". Según constataron fuentes del PP presentes en el cónclave, éstas fueron las palabras del presidente de la organización en una intervención más centrada en la coyuntura económica que en la expectación que ha generado de nuevo el caso Gürtel, ya que mañana se levantará el secreto de otra parte considerable del sumario judicial. 

Rajoy no dedicó mucho tiempo el asunto, sólo remarcó que no consentirá actuaciones que "no sean presentables". 

También se refirió al caso Gürtel el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, para quien el partido ha de mostrar "contundencia" contra quienes cometan delitos o irregularidades. Personas que, a su juicio, según indicó ante el Comité y según ha manifestado luego a los periodistas, son "unos pocos", y "unos pocos se equivocan si quieren hacer daño a tantos", ha asegurado acto seguido. 

Sobre ello, De Cospedal señaló que el Partido Popular ya ha actuado con "contundencia" y que así se seguirá comportando, pero sin que ello signifique un menoscabo de la defensa de la presunción de inocencia o de la igualdad de todos ante la ley. Por ello, la número dos de los populares pidió a las instancias judiciales "la misma vara de medir", aunque también que "se sepa toda la verdad" y que "se persiga con contundencia a quienes hayan actuado al margen de la ley". En este sentido, recalcó que en el PP no existe preocupación por las informaciones que puedan conocerse y por las implicaciones que de éstas se deriven. De hecho, De Cospedal se mostró convencida de que ningún dato nuevo afectará a la dirección nacional del partido. 

(www.publico.es, 24/03/10) 

COSPEDAL NIEGA QUE LA TRAMA DE CORRUPCIÓN AFECTE DE FORMA COLECTIVA AL PP COMO SUGIERE EL PSOE 

A pocas horas de conocer la verdadera extensión de la infección que afecta a la honestidad del Partido Popular, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, se ha esforzado en dejar claro que no se trata de "una trama de partido sino de personas que se han querido aprovechar" de la formación política. Respondía a las preguntas de los periodistas, que de manera insistente han incidido en esa cuestión, y al PSOE, cuya secretaria de organización, Leire Pajín, ha insinuado la posibilidad de que la red Gürtel sea un problema troncal y no de algunas manzanas podridas. 

Pajín cree que "las palabras se las lleva el viento", y pide al presidente del PP, Mariano Rajoy, que aproveche esta "enorme oportunidad" para tomar "medidas contundentes", no como hasta ahora, que "ha mirado hacia otro lado". En su opinión, "hay una forma similar de actuar que pone bajo sospecha a casi todas las comunidades gobernadas por el PP", "comportamientos que afectan al partido", "sospechas individuales y colectivas que debe aclarar" porque "esto aparece con más fuerza que nunca". 

Cospedal ha asegurado en la rueda de prensa posterior a la reunión del órgano directivo del PP que actuarán "con toda la contundencia si es necesario hacerlo", en la línea de lo que, según han informado fuentes del partido, ha afirmado Rajoy en la reunión. Eso sí, la dirigente consevadora ha puntualizado que emplearán la misma contundencia para defender la presunción de inocencia de sus cargos imputados. 

Respecto al ex presidente del PP balear, Jaume Matas, "el PP ha hecho lo que tenía que hacer y ahora debe actuar la justicia", puesto que "ya no es militante" de la formación. Ahora "hay una dirección completamente nueva y renovada", que "ofrece garantías de honestidad y buena gestión con gran diferencia sobre el resto del arco parlamentario balear". 

Preguntada sobre los dos miembros de la nueva dirección balear que están imputados en casos de corrupción, Cospedal ha puntualizado que el partido se ha renovado "casi prácticamente". "Habrá personas que tengan algún tipo de imputación, pero eso no significa en este país que estén condenados, si no nadie tendría derecho a la presunción de inocencia", ha explicado. "Una cosa es la imputación y otra la condena. Hay que mirar supuesto por supuesto para no ser terriblemente injusto", ha añadido.

Ese ha sido también su argumento para defender la distinta actuación del PP en los casos de Matas y el ex tesorero del partido, Luis Bárcenas, imputado en el caso Gürtel. "Respecto al antiguo tesorero del PP, tiene un lugar en la sede, en su antiguo despacho, y no creo que eso deba escandalizar a nadie, aunque su puesto lo mantenga en el Senado. No creo que sea una situación de privilegio, fue una persona que prestó sus servicios durante mucho tiempo al PP y se entendió que debía ser así, no creo que sea contradictario", ha explicado Cospedal. 

"Uno no puede tomar decisiones exactamente igual con todas las personas porque cada caso judicial es distinto. Está claro que algunas personas están imputadas por una clase de delitos y otras por otro, la alarma social es distinta, los delitos son distintos. Por el solo hecho de ser imputado, una persona no puede ser condenada porque si no viviríamos en un estado policial. Hay que atender a la gravedad de cada caso concreto para no cometer tremendas injusticias", ha sostenido Cospedal para diferenciar entre el trato de favor dado a Bárcenas o al presidente valenciano, Francisco Camps, y a Matas y otros imputados por los que el partido no ha dado la cara. 

(www.elpais.com, 05/04/03)

EE UU INVESTIGA POR BLANQUEO AL CABECILLA DE LA RED CORRUPTA 

Las supuestas actividades ilícitas de Francisco Correa, cabecilla de la trama corrupta que afecta a altos cargos del PP, no sólo se centraron en España. La Justicia de Estados Unidos, en concreto de Miami (Florida), también sigue sus pasos y le ha abierto una investigación penal por un presunto delito de blanqueo de capitales a gran escala. Correa trasladó parte de la fortuna que hizo en España, gracias a sobornos a políticos del PP, a Miami, donde constituyó, junto a otros socios, sociedades que supuestamente fueron utilizadas para blanquear dinero. 

Según fuentes de la investigación, fiscales de Miami se han desplazado a Madrid para recabar datos y tratar de averiguar dónde llevó Correa el dinero que logró en Estados Unidos (mediante inversiones con dinero ilícito obtenido en España) y luego evadió al fisco estadounidense. 

En este momento hay en marcha 15 comisiones rogatorias a diez países y paraísos fiscales para localizar el dinero que Correa consiguió ilícitamente y que movía en el extranjero antes de retornarlo a España (ya blanqueado) para pagar sobornos a políticos del PP. Después, obtenía de ellos para sí mismo o para empresarios afines suculentos contratos de Administraciones públicas. 

Una de las comisiones rogatorias que están en marcha es la enviada precisamente a Miami. Estados Unidos se ha mostrado dispuesto a colaborar en las pesquisas. Según se deduce del informe de la Fiscalía en el que ésta pide que se mantenga el secreto respecto a las comisiones rogatorias, ya hay cinco que han dado resultado positivo: además de la de Suiza (donde se han hallado 21 millones), la de las Islas Caimán, Colombia, Panamá y Mónaco. 

(www.elpais.com, 05/04/03) 

UN FALLO INFORMÁTICO IMPIDE CONOCER HASTA MAÑANA EL GRUESO DEL SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL' 

Los 50.000 folios de la parte del sumario del caso Gürtel que aún quedan por conocerse se entregarán a las partes personadas un poco más tarde lo previsto. La entrega de la documentación, que en principio se iba a producir este lunes, se ha retrasado hasta las 09,00 horas del martes por los problemas técnicos derivados "del ingente volumen de documentación" que se va a facilitar. 

El magistrado Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), indica en una providencia que el fallo está provocado porque se van a utilizar "nuevas tecnologías en la Administración de Justicia", como es "el uso de un servidor que realice funciones de secretaria virtual y que reúna los requisitos de seguridad, integridad y confidencialidad de la información intercambiada". 

Los 50.000 folios del sumario serán cargados esta misma noche, a las 00.00 horas, en un portal especialmente habilitado por la Comunidad de Madrid. Pero no será hasta nueve horas más tarde cuando los 70 imputados, la Fiscalía y demás partes personadas podrán acceder al sumario de la mayor trama de corrupción política conocida por ahora en España. Siempre, por supuesto, que el sistema telemático funcione correctamente. 

A lo largo de este lunes el tribunal está enviando al Colegio de Procuradores varios sobre cerrados con las claves necesarias para poder acceder, a través del portal, al contenido del sumario. Los procuradores de los imputados podrán recoger hoy mismo los citados sobres. 

De igual forma, técnicos del TSJM e informáticos enviados al tribunal por la Comunidad de Madrid están realizando pruebas para asegurarse de que el nuevo sistema de notificación del sumario funciona correctamente, ya que existen dudas de que la web habilitada pueda soportar el tráfico de descargas. 

Antonio Pedreira ha considerado que este método es el mejor para dar traslado a las partes del contenido del sumario, dado "el ingente volumen de documentación intervenida o requerida a diversas entidades públicas y privadas", y que además garantiza los requisitos de seguridad, integridad y confidencialidad, al ser accesible sólo a los usuarios registrados 

Las partes tendrán así acceso a la parte de la investigación que se ha instruido en este tribunal, después de que a principios del pasado mes de octubre se levantara el secreto sobre las actuaciones que llevó a cabo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Se sabrá así si en las más de tres horas que Correa permaneció en el despacho del magistrado el 30 de abril del año pasado aportó o no datos nuevos acerca del funcionamiento de la trama.

El instructor interrogó semanas después a Arturo Gianfranco Fasana, que presuntamente dirigía la estructura encargada de enviar al extranjero los recursos económicos de la trama y que según informaron en su día fuentes del TSJM colaboró "estrechamente" con la investigación de los hechos.

Durante el año en el que ha estado investigando el caso, el juez ha cursado una quincena de comisiones rogatorias a países como Suiza, Mónaco, el Reino Unido, Estados Unidos y Panamá para tratar de averiguar el destino del dinero supuestamente desviado por la red de corrupción, pero éstas seguirán bajo secreto de sumario para no perjudicar las investigaciones.  

(www.publico.es, 24/03/10) 

CORREA PRETENDE PAGAR SU FIANZA CON LOS BIENES QUE YA TIENE EMBARGADOS 

Francisco Correa, el cabecilla de la trama corrupta Gürtel, pretende pagar la fianza de 86 millones de euros que le ha impuesto el juez con el importe de los bienes que ya tiene embargados. El juez de Madrid Antonio Pedreira, instructor del caso (cuyo sumario será hoy conocido en su mayor parte tras casi un año de pesquisas secretas), requirió el pasado miércoles a Correa y otros destacados miembros de la red (entre ellos, Álvaro Pérez, el Bigotes, y la ex esposa de Correa) para que aportaran una fianza global de 116 millones de euros por dinero no declarado al fisco y procedente de actividades supuestamente ilícitas. El juez Pedreira dio a todos ellos un día de plazo para que las abonasen. 

Según fuentes de las partes, no hay constancia de que ninguno haya abonado aún una fianza orientada a asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse de una eventual condena. Las fianzas impuestas están basadas en un informe de la Agencia Tributaria sobre cuotas correspondientes al IRPF e impuesto de patrimonio no abonadas por Correa y otros implicados de la red corrupta entre los años 2002 y 2007. El abogado de Correa, José Antonio Choclán, a preguntas de este periódico, señaló ayer que su cliente carece de dinero para satisfacer esa fianza. "Obviamente, no hay capacidad de pago", argumenta Choclán. "En todo caso, hay una pluralidad de bienes trabados que habrán de tasarse para determinar si son suficientes para cubrir la fianza, en cuyo caso ésta ya estaría constituida". El letrado se refiere a las sociedades cuyas cuentas y bienes están bloqueados por la Justicia debido a que los investigadores del caso Gürtel sostienen que pertenecen a Correa a través de testaferros. 

Según informes de la Agencia Tributaria incorporados al sumario del caso Gürtel, Correa no ha declarado ningún ingreso al fisco desde hace más de diez años. Pese a las decenas de millones de euros de dinero de procedencia ilícita que han movido sus empresas en la última década, el cerebro de la red lleva escondido por completo de Hacienda desde 1999. No ha declarado nada: ni rendimientos de actividades económicas o patrimoniales ni IRPF. Sin embargo, Don Vito, como le gustaba ser llamado entre sus subordinados, está detrás, a través de hombres de paja, de más de una veintena de sociedades, algunas de ellas radicadas en paraísos fiscales y que presuntamente utilizaba para blanquear el dinero ilícito que obtuvo de, entre otros chanchullos, comisiones de empresas a las que conseguía contratas de Administraciones públicas gobernadas por el PP. 

Según la investigación policial y de Hacienda, Correa sólo tiene acceso a una cuenta bancaria a nombre de la sociedad FCS, Formación, Comunicación y Servicios. Las iniciales de esta sociedad, de la veintena que se cree posee, coinciden "curiosamente" con su nombre, Francisco Correa Sánchez. Esta sociedad, carente de actividad, figura como titular de un piso y una plaza de garaje en Madrid. Inicialmente, a Correa sólo se le pudo embargar una moto Suzuki que estaba a su nombre, pero después el juez Pedreira le ha encontrado ocultos en Suiza 18 millones de euros. A quien sí le han sido halladas propiedades es a su ex esposa, María del Carmen Rodríguez Quijano, que está imputada y a quien Pedreira también le ha impuesto una fianza de 800.000 euros por responsabilidad pecuniaria. Tiene embargados al menos cinco vehículos de gran cilindrada (dos todoterrenos Chrysler, dos Land Rover y un Lincoln) y un piso. 

Garzón intentó, sin éxito, embargar bienes de Correa a través de los registros de la propiedad de Barcelona, Las Rozas y Majadahonda (Madrid), Marbella (Málaga), San Roque y Algeciras (Cádiz), Altea (Alicante), Cambados (Pontevedra) e Ibiza. 

La red Gürtel (de la que hoy se conocerán unos 50.000 folios de diligencias secretas) ha salpicado de lleno a una veintena de cargos del PP (alcaldes y diputados regionales de Madrid, Valencia y Castilla y León), además del corazón financiero del partido, cuyo ex tesorero está también imputado. 

(www.elpais.com, 05/04/03)

El PP contiene la respiración ante la apertura del sumario del 'caso Gürtel'

Pedreira levantará el secreto sobre 50.000 folios de la investigación.- Los populares, pendientes de las posibles nuevas implicaciones.- Tensión en el PP valenciano ante los supuestos indicios de financiación irregular del partido

El juez de Madrid Antonio Pedreira levantará mañana la mayor parte del sumario del caso Gürtel que aún estaba secreta y dará luz a unos 50.000 folios de las diligencias que incluyen decenas de informes policiales y de la Agencia Tributaria sobre el mayor escándalo de corrupción política que azota a España desde la llegada de la Democracia y que tiene en la diana a numerosos altos cargos del PP, principal partido de la oposición. En el PP contienen la respiración ante el contenido de las diligencias y las nuevas implicaciones que puede deparar la avalancha documental que ha elaborado la policía en los últimos 12 meses.

Los primeros 17.000 folios del sumario, que se correspondían con las pruebas recabadas por el juez primer juez instructor de la trama Gürtel, Baltasar Garzón, desencadenaron una tormenta política en el PP de Génova y particularmente en el de Valencia, que causó la destitución del entonces secretario general de los populares valencianos, Ricardo Costa, hermano del ex ministro del Gobierno de José María Aznar Juan Costa. Las grabaciones policiales de conversaciones entre Costa y el jefe de la trama corrupta en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes, poniendo de manifiesto la estrecha relación entre ambos y dejando al descubierto pagos supuestamente vinculados a la financiación ilegal del PP de esa comunidad, causó sonrojo e hizo temblar las filas del PP nacional.

Los populares valencianos aguardan con especial tensión el levantamiento del secreto del sumario. Tanto Presidencia de la Generalitat como la dirección regional del PP en la Comunidad Valenciana están en estado de alerta ante la posibilidad de que aparezcan nuevos indicios que sustenten la existencia de financiación ilegal o que algún elemento del sumario deteriore, aún más, la imagen del presidente autonómico, Francisco Camps. Los populares valencianos confían en el calendario para amortiguar el efecto de las posibles revelaciones del sumario del caso Gürtel.

Mañana es día festivo en la Comunidad Valenciana, en una semana de Pascua donde, a diferencia de lo que ocurre en la mayoría de España que celebra la Semana Santa, la actividad pública se mantiene bajo mínimos. Así, mañana no hay previsto ningún acto público por parte de Francisco Camps, ni de sus consejeros y la agenda a partir del martes todavía está por decidir. Durante la última semana, el PP no ha parado de arremeter contra el portavoz socialista en las Cortes Valencianas, Ángel Luna, por insistir en pedir explicaciones sobre los contratos de la Generalitat con la trama corrupta y exhibir un informe policial en sede parlamentaria que está todavía bajo secreto sumarial.

El consejero y portavoz parlamentario, Rafael Blasco, ha llegado, incluso a presentar una denuncia contra Luna al entender que se podría haber vulnerado el secreto judicial y ha presentado una reprobación en la Mesa de las Cortes contra el portavoz socialista. Luna, que cree que los populares están "expurgando los expedientes" supuestamente irregulares, ha solicitado a los funcionarios que le trasladen información.

Con la apertura del sumario saldrán a la luz nuevas grabaciones a implicados en la trama corrupta. También hay expectación sobre los detalles que depare el sumario sobre la red Gürtel en su vertiente de Madrid en relación con los supuestos sobornos recibidos por el ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, y otros dos diputados de la formación de Aguirre en la Asamblea de Madrid, así como cuatro ex alcaldes de grandes municipios de la Comunidad de Madrid que se vieron forzados a dejar sus cargos tras aflorar que habían recibido fuerte sumas de dinero de la trama corrupta a cambio de adjudicaciones de contratas de obras públicas, entre otros chanchullos.

Lo que aún permanecerá secreto, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, son los resultados y evolución de las 15 comisiones rogatorias que el juez Pedreira ha remitido a una decena de países y paraísos fiscales en los que la trama corrupta esconde "muchos millones de euros", según explicaba el juez Pedreira en un auto. Sólo en Suiza, está acreditado que el cabecilla de la trama, Francisco Correa, y su socio, Pablo Crespo, ocultan 21 millones de euros.

Una trama que salpica en El Ejido

"Esto funciona como funciona: si me rascas la espalda yo rasco la tuya, pero si me vas a estar jodiendo...". Las palabras de José Alemán, ex interventor municipal y consejero de la sociedad Elsur, sintetizan el modo de operar de la trama corrupta de El Ejido, que ha quedado al descubierto este mes de marzo, cuando se han hecho públicos en dos fases 9.090 folios del sumario del caso, que suma 23 arrestados, entre ellos el alcalde, Juan Enciso, y los empresarios Juan Antonio Galán y José Amate.

A lo largo de estas páginas, que recogen las conversaciones intervenidas a los supuestos cabecillas entre abril y octubre, se advierte que la red que aprovechó la empresa para la prestación de servicios municipales Elsur para incrementar su patrimonio lo hizo fundamentalmente a base de favores mercantiles que fueron posibles gracias al potente sistema de relaciones establecido por los investigados. Un sistema que abarcó desde empresarios a cargos públicos de distintas administraciones, pasando por políticos de diverso signo a empleados de banca, entre otros, al que se ha sumado en los últimos dos tomos de escuchas liberados por la juez el nombre de Ramón Blanco Balín, asesor financiero y testaferro de Francisco Correa, supuesto cabecilla del `caso Gürtel´. Su cercanía con Juan Antonio Galán, uno de los principales implicados en la trama ejidense, se destapó el 9 de octubre a través de una charla que éste mantuvo con el también imputado Ambrosio Cuevas, quien le informó de que su "amigo" Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol, había sido vinculado con las millonarias inversiones en el exterior de la trama Gürtel.

Galán, que no vuelve a aludir a esta conexión en las escuchas, sí ahonda en ellas en sus propias inversiones en Costa Rica, donde se investiga el posible desvió de fondos obtenidos de Elsur.

www.elpais.es 04.04.10

La mancha de la financiación ilegal se expande en el PP

Informes policiales y judiciales destapan irregularidades en las cuentas del partido en Balears, Valencia, Madrid y Galicia. La cúpula del partido intenta desmarcarse: "Esto no es Filesa"

Detrás de los casos Gürtel, Fundescam y Palma Arena, escándalos de presunta corrupción que han salpicado al Partido Popular en el último año, no sólo han aflorado comportamientos poco transparentes de militantes y destacados dirigentes conservadores. Lo que más preocupa a la formación presidida por Mariano Rajoy son los informes judiciales y policiales que desvelan la financiación ilegal del partido y que tienen en el punto de mira a los conservadores de Balears, Valencia, Galicia y Madrid.

A tenor de lo que señalan estos documentos, la tesis de la dirección nacional del PP de que no se está "ante una trama organizada de financiación irregular del Partido Popular, sino ante una trama de corrupción para aprovecharse del Partido Popular", esgrimida desde el estallido del caso Gürtel, podría tambalearse. El levantamiento del secreto del grueso del sumario de la Gürtel, previsto para mañana lunes, será clave para conocer si, tal y como sostiene la número dos del PP, María Dolores de Cospedal, "esto no es Filesa", en alusión a la trama de financiación ilegal creada por el PSOE a finales de los ochenta.

Hasta la fecha, las últimas pruebas sobre posibles irregularidades en las cuentas del partido se pusieron sobre la mesa el pasado martes, cuando el juez encargado de la instrucción del caso Palma Arena hizo público un auto en el que se confirma que, para sufragar un mitin de Rajoy en Palma en 2007, en plena campaña para las elecciones autonómicas, se utilizaron fondos públicos. El pago de las facturas que generó este mitin fue realizado por la Fundación Illesport. Dependiente del Govern, la citada fundación pagó además, según el auto del juez José Castro, "facturas falsas" a la empresa de publicidad Nimbus, la adjudicataria de cabecera de la era Matas, cuyo importe iba en realidad al PP.

El modus operandi no era una peculiaridad balear. Es precisamente este mismo método, el del desvío de fondos públicos a través de contratos irregulares con empresas privadas, el que presuntamente empleó la trama Gürtel para hacer frente a actos del PP en Madrid y en la Comunitat Valenciana. A continuación, se profundiza en los casos en los que informes judiciales y policiales han puesto la financiación del PP en el punto de mira.

1 Balears
Dinero público para pagar un mitin de Rajoy

Cuando el líder del PP, Mariano Rajoy, dijo en un acto político en Palma en noviembre de 2004 "vamos a intentar hacer en España lo que Jaume [Matas] y todos vosotros hicisteis en Baleares", en alusión al cambio político en las islas, no se imaginaba el desenlace de los hechos. Ahora, seis años después, su "amigo" Jaume tiene que reunir tres millones de euros antes del miércoles para evitar la prisión por su implicación en el caso Palma Arena. Y las primeras investigaciones apuntan a que, en la era Matas, la formación se financió ilegalmente. El mismo auto en el que el juez Castro concluye que "Matas ha venido a burlarse de los simples mortales" desvela poca transparencia en las cuentas del partido.

Según la resolución judicial, fue la fundación pública Illesport la que se hizo cargo de correr con parte de los gastos que acarreó un mitin de Mariano Rajoy en mayo de 2007 en el Palma Arena. Existen dos facturas, una de 2.726 euros por la limpieza del velódromo y otra de 1.769 por servicios de seguridad. Las facturas, según el texto judicial, "corresponden a servicios particulares del Partido Popular pagadas con fondos públicos". Todo, pese a que se trató de un acto de partido.

Camps y Aguirre recurrieron a empresarios para pagar las campañas

Un asunto menor comparado con el papel de la agencia Nimbus a la hora de camuflar facturas ha quedado demostrado en el auto del juez Castro. La firma, cuyo representante legal está imputado, fue la adjudicataria, por cerca de un millón de euros, de la campaña de promoción del campeonato de ciclismo del velódromo Palma Arena. Es lo que el juez llega a calificar de "cúmulo de casualidades". Y es que el escrito revela que la empresa corría en realidad con gastos del partido.

El auto refleja que en los registros practicados en la sede de Nimbus fue localizada una contabilidad paralela en dinero B relativa a los pagos del PP. "Si la venta va por B como al PP, no se pone", recogía uno de los documentos. Otros aludían a "no facturar" o hacerlo "a coste cero". De hecho, Miguel Romero, imputado en este caso y representante de Nimbus, confesó ante el juez que parte de los servicios prestados al partido durante la campaña de 2007 "no los facturó oficialmente" al PP. Servicios que dijo haberlos cobrado "en negro". Fernando Areal, cuñado de Matas y gerente del partido por aquellas fechas, era el encargado de realizar los pagos.

También reconoció "que se habían cobrado del PP, en efectivo y sin libramiento de facturas, determinadas facturas por cuñas publicitarias de la campaña con objeto de no superar los límites que las subvenciones imponen a los gastos electorales". El juez Castro cree que estas irregularidades constituyen un delito electoral.

2 Comunitat valenciana
Cinco empresarios al servicio del partido

Nimbus sería al PP de Balears lo mismo que Orange Market al PP valenciano. Esta última empresa, filial de la trama Gürtel en la Comunitat, y sus relaciones con los hombres de Francisco Camps ocupan gran parte de un informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de la Policía.

Según se desprende de las conclusiones de los investigadores, la empresa, dirigida por Álvaro Pérez, El Bigotes, sirvió como vía para la financiación ilegal de la formación. Todo, con el conocimiento de la cúpula regional del partido, con su entonces secretario general, Ricardo Costa, a la cabeza.

El modus operandi ha sido similar en Madrid,Valencia y Balears

El informe desvela una doble contabilidad para facturar los servicios prestados al PP, una oficial y otra en dinero B. "No existe transparencia en las actividades económicas de-sarrolladas por Orange Market en relación al Partido Popular de la Comunidad Valenciana", reza el informe. Según los investigadores, Orange Market, una de las máximas adjudicatarias de actos de la Generalitat, facturó a cinco conocidos empresarios de la Comunitat eventos que había organizado para el PP. A cambio, El Bigotes se beneficiaba de más contratos con la Generalitat. Y los empresarios que se prestaban obtenían cuantiosas concesiones públicas.

El informe adjudica a Ricardo Costa, ahora suspendido de militancia en el PP, el papel de "canalizador de los pagos". El modus operandi era el siguiente: la factura correspondiente a un acto del PP era sustituida por otra que se emitía a nombre de una empresa privada cambiando el concepto.

Este informe fue remitido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) en julio de 2009, pero este no lo tuvo en consideración. Dos meses más tarde, los socialistas presentaron una querella contra el PP ante el TSJCV basándose en los datos de este informe. El 15 de febrero, el tribunal se declaró incompetente, puesto que el caso está en manos del TSJ de Madrid. Pero reconoció que contiene "hechos de posible significación delictiva que necesariamente se han de investigar".

3 Madrid
Para esconder los gastos, Fundescam

Varios archivos almacenados en un lápiz de memoria del que se incautó la policía en un piso de seguridad de la trama Gürtel en Madrid ponen de manifiesto la doble facturación de la formación presidida por Esperanza Aguirre para financiar sus campañas electorales en 2003. Y en este caso, Special Events, la empresa matriz de la trama corrupta realizó un papel similar a Orange Market, su filial en la Comunidad Valenciana. La encargada de realizar los pagos, como ocurría con Illesport en Balears, fue la fundación Fundescam, creada en 2000 y perteneciente al propio partido.

El mismo informe elaborado por la Brigada de Blanqueo de la Policía que desvela la financiación ilegal del PP valenciano pone de manifiesto que Fundescam corrió con los gastos de las dos campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003. La del 25 de mayo y después, tras el episodio del tamayazo, la del 26 de octubre.

Los fondos de Fundescam provenían de importantes empresarios

La forma de burlar la ley electoral y así poder gastar más dinero de lo permitido era la siguiente: Special Events organizaba actos para el PP de Madrid que pagaba Fundescam. Y para maquillar esta práctica, la empresa de la trama emitía facturas que nada tenían que ver con el concepto real. Es decir, no podía aparecer por ningún lado que se trataba de actos de partido. Estos hechos habían sido desvelados por Público meses antes de que la policía redactara su informe, basándose en el hallazgo del pen drive.

En el citado lápiz de memoria, la policía encontró dos hojas de cálculo de Special Events con las siguientes denominaciones: "Facturación P. P. Madrid.xls" y "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls". Este último documento, en el que aparece el apellido del ex tesorero del PP, imputado en este escándalo de corrupción, es clave para determinar que las facturas no se emitieron por conceptos reales.

Los fondos de Fundescam provenían de importantes empresarios, entre otros de Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE. Con una aportación de 246.000 euros, el presidente de la patronal encabezaba la lista de hombres de negocios que hicieron aportaciones a Fundescam. En total, la fundación llegó a recaudar cerca de 800.000 euros.

Como ocurrió en la Comunitat Valenciana, el círculo se cerraba cuando las aportaciones de estos empresarios eran correspondidas por el Gobierno de Aguirre mediante la adjudicación de contratos.

4 Galicia
3,2 millones de pagos en dinero negro

El PP de Galicia se sumó a los dolores de cabeza de Rajoy a cuenta del caso Gürtel. El PP gallego había pagado 3,2 millones de euros en dinero negro entre abril de 1996 y septiembre de 1999. Los beneficiarios de esta cantidad fueron proveedores que se dedicaron a organizar eventos para la formación que por entonces presidía Manuel Fraga y que tenía a Pablo Crespo como secretario de Organización. Actualmente en prisión, a Crespo se le considera la mano derecha de Francisco Correa, cabecilla de la trama Gürtel.

La policía llegó a esta conclusión después de analizar la documentación encontrada en una caja de seguridad de una oficina del Banco Santander en Pontevedra. El registro se practicó en febrero de 2009 por orden judicial. Por estas fechas el ex número tres de Fraga ya estaba en prisión. El caso Gürtel empezaba a causar problemas al partido.

"El lío que se puede montar es morrocotudo"

Los documentos incautados reflejaban que los gastos del PP de Galicia en el citado periodo ascendieron a 6,1 millones de euros. Y que 3.224.826, más de la mitad, se pagaron en negro. De hecho, entre los papeles se encontró una relación incompleta de acreedores que habían organizado actos de la formación. Pero el partido no tenía ni un sólo recibí. Entre los acreedores, dos nombres eran ya familiares. Se trata de Special Events y FCS, del conglomerado de Correa.

Las conclusiones de los investigadores apuntan que este modo de actuar "dota de opacidad a la forma de financiación y por tanto no aporta transparencia a la actividad económica de la formación política". Días después de que este escándalo viera la luz, Crespo venía a confirmar las irregularidades.

En una conversación con su abogado intervenida en prisión, Crespo no ocultaba su preocupación: "El lío que se puede montar es morrocotudo", admitía mientras se preguntaba cuándo prescribían este tipo delitos.

Una reciente decisión del TSJ de Madrid ha invalidado las escuchas realizadas en la cárcel a los presos de la Gürtel, de forma que la financiación ilegal del PP de Galicia puede quedar fuera del sumario. Pero los documentos están ahí y, una vez conocidos por la opinión pública, no son tan fáciles de borrar.

www.publico.es 04.04.10

LAS NUEVAS PRUEBAS DEL 'CASO GÜRTEL' APUNTALAN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

El sumario documenta cuentas anómalas del partido en Valencia, Madrid y Galicia - Nueve cargos del PP defraudaron 3,8 millones, según la Agencia Tributaria

La formación política que preside Mariano Rajoy, alternativa de Gobierno más que probable según todas las encuestas, tiene un problema mayor que amenaza seriamente su credibilidad e imagen. La supuesta financiación ilegal del PP a través de la trama empresarial delictiva que dirigía Francisco Correa aparece documentada en la parte del sumario del caso Gürtel que el juez Antonio Pedreira pretende hacer pública mañana y que hasta hoy permanecía secreta. El PP, en algunas de sus organizaciones territoriales, habría pagado al menos 12 millones de euros en dinero negro por sus actos electorales.

  • Hay documentados pagos electorales en Madrid a través de una fundación

  • En Valencia se pagaron hasta 6,3 millones en negro para actos del PP

La red Gürtel es la trama de corrupción más extensa conocida en democracia pues sus tentáculos alcanzan a media docena de Ayuntamientos y a cuatro comunidades autónomas e implican a dos decenas de altos cargos del Partido Popular, entre ellos a su ex tesorero, a una decena de empresarios y a varios bufetes de abogados.

La investigación judicial que arrancó hace dos años sobre las actividades ilegales de esa red ha permitido reunir numerosas pruebas, incautadas en las sedes de las distintas empresas de la trama o halladas en las cajas de seguridad abiertas en distintos bancos, que aportan fuertes indicios de la financiación irregular del PP.

Los indicios de uno de los delitos más graves en que puede incurrir un partido político se refieren a las organizaciones de Madrid, Comunidad Valenciana y Galicia, y siembran de sospecha las finanzas de la dirección nacional del PP por los numerosos apuntes referidos a supuestos pagos de comisiones ilegales a Luis Bárcenas, que fue durante muchos años gerente del partido, y después tesorero.

Las pruebas que el sumario sacará a la luz son las que siguen.

- Archivo "Cambios de facturación 2003-2004-barcenas.xls". En un piso de seguridad que la trama corrupta tenía en la calle del General Martínez Campos de Madrid se guardaban apuntes relacionados con la actividad electoral del PP de Madrid, pues las empresas de Francisco Correa se encargaban del montaje y desmontaje de todos los actos. En esos apuntes aparecen pagos que el PP hizo a través de Fundescam para "las elecciones autonómicas de 2003, las elecciones europeas de 2004 y el congreso regional 2004".

Fundescam es una fundación del PP de Madrid que se alimentaba de las donaciones de empresarios privados y que no podían servir, según la ley, para financiar campañas electorales. Un informe policial, que consta en la parte del sumario que mañana se hará pública, apunta las sospechas sobre este procedimiento irregular.

Además, en las conversaciones grabadas al jefe de la trama por el autor de la denuncia original que dio lugar a la investigación (José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda), Correa sostenía que actos electorales del PP en Madrid se pagaban con dinero adjudicado por la Comunidad de Madrid a las empresas de la red Gürtel. El PP lo negó.

- La contabilidad de la filial valenciana de la trama. En la sede de Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta, la policía halló todo el historial de las relaciones de esta empresa con el PP y encontró numerosos apuntes en su contabilidad sobre pago en dinero negro, hasta 6,3 millones de euros, de numerosos actos organizados para la formación que preside Francisco Camps.

Además, la policía cruzó los datos de la documentación incautada con las grabaciones de las conversaciones telefónicas mantenidas por Álvaro Pérez, el jefe valenciano de la red Gürtel, con Camps; su lugarteniente y ex número dos del partido, Ricardo Costa; el vicesecretario general del partido en esa comunidad, el vicepresidente Vicente Rambla; y la tesorera regional. La investigación, resumida en un informe de cientos de páginas, apunta directamente a la financiación ilegal del PP valenciano. Los líderes de esta formación explicaron al Tribunal Superior de Justicia de Valencia que el control de sus finanzas correspondía a la dirección nacional del partido y, en concreto, al tesorero Luis Bárcenas.

- La caja de seguridad con las cuentas del PP en Galicia. En una caja de seguridad de la sucursal de un banco en Pontevedra, la policía halló documentos de Pablo Crespo, el número dos de la trama y ex secretario de Organización del PP gallego, que apuntaban pagos con dinero negro de hasta 5,9 millones de euros e incluso la existencia de facturas falsas.

Además de estas evidencias, el juez también cuenta con informes de la Agencia Tributaria sobre la situación patrimonial de una decena de altos cargos del PP, entre ellos los diputados autonómicos madrileños Alberto López Viejo (ex consejero de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y Benjamin Martín Vasco y cuatro ex alcaldes. En todos los casos, la Agencia Tributaria concluye que han cometido fraude fiscal en relación con el cobro de las comisiones ilegales no declaradas por 3,8 millones.

Lo que la trama defraudó al fisco

- Alfonso Bosch: 250.000 euros.

- Alberto López Viejo: 352.000 euros.

- Benjamín Martín Vasco: 340.000 euros.

Alcaldes

- Arturo González Panero: 642.000 euros

- Ginés López: 534.000 euros

- Jesús Sepúlveda: 455.000 euros

Cargos intermedios

- Tomás Martín Morales: 450.000 euros

- Gerardo Galeote y José Galeote: 800.000 euros

Cabecillas de la red Gürtel

- Francisco Correa: 38,5 millones de euros.

- Álvaro Pérez: 330.833 euros.

- Pablo Crespo: 539.120 euros

UNA MANCHA EN CUATRO AUTONOMÍAS

La investigación acredita la trama de adjudicaciones amañadas y sobornos con ayuda de cargos del PP en Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León

Francisco Correa hizo negocio con su red de empresas gracias a su amistad con dirigentes del PP que gobernaban en una decena de Administraciones. Por un lado, lograba a dedo numerosos contratos de servicios; por otro, intermediaba en adjudicaciones de obras o de suelo a favor de empresarios amigos y cobraba comisión. Para alimentar estas dos vías de negocio, sobornaba a políticos del PP. La rapiña al erario público que Correa perpetró durante más de diez años mancha a cuatro autonomías.

COMUNIDAD DE MADRID Contratos a trozos

El Gobierno de Esperanza Aguirre fue un chollo para Correa. La red corrupta logró cientos de contratos a dedo para montaje de actos institucionales que ordenaba el ex consejero de Deportes y hombre de confianza de Aguirre Alberto López Viejo. Algunos de los contratos se troceaban para evitar que su coste superase los 12.000 euros, con lo que se evitaba el concurso.

El PP de la Comunidad de Madrid pagó a la trama corrupta algunos de sus actos electorales de 2003 y 2004 con cargo a los fondos aportados por empresas privadas a su fundación Fundescam, según los archivos encontrados en un piso de seguridad que utilizaba la trama.

Los ex alcaldes de Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Boadilla del Monte adjudicaron contratos a las empresas de la trama y favorecieron con obras o suelo a constructoras que, como contrapartida, pagaron comisiones ilegales, según la investigación.

COMUNIDAD VALENCIANA Empresas pagan actos electorales

Orange Market, la empresa de la trama corrupta que organizaba en exclusiva los actos electorales del PP de la Comunidad Valenciana, cobró al menos 6,3 millones en dinero negro, según la investigación judicial. Además, cinco empresas contratistas de la Administración valenciana pagaron supuestamente actos electorales del PP: Lubasa, Sedesa, Piaf, Facsa y Ortiz e Hijos, según un informe policial. Desde el Gobierno regional se adjudicaron más de 40 contratos a dedo a Orange Market, cuyo principal responsable hizo regalos de todo tipo a los dirigentes del PP, entre ellos Francisco Camps y Rita Barberá, según documentos del sumario.

La trama corrupta regaló trajes a Camps; a Victor Campos, ex vicepresidente; a Ricardo Costa, ex secretario general; a Rafael Betoret, ex jefe de gabinete de la consejera de Turismo; y a Pedro García, ex director general de la televisión autonómica valenciana. García adjudicó a una constructora leonesa, Teconsa, el contrato de sonorización e instalación de pantallas de vídeo para la visita del Papa a Valencia por seis millones de euros. Teconsa, que no sabía nada de sonorizaciones, subcontrató el trabajo por tres millones a empresas especializadas y el resto se lo repartió con Correa, según la investigación judicial.

CASTILLA Y LEÓN Las comisiones por un tramo de carretera

La documentación sobre la adjudicación de la obra de la variante de Olleros de Alba a la empresa Teconsa apareció en el registro de la sede principal de la red Gürtel junto al reparto de comisiones. El 3% del valor de la obra enriqueció a políticos y al cabecilla de la trama, según esa documentación que, investigada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ha destapado la supuesta implicación del entonces consejero de Fomento, José Manuel Fernández Santiago, hoy presidente del Parlamento de Castilla y León. Fernández Santiago aún no ha sido imputado.

GALICIA Facturas falsas

Documentos incautados en una caja de seguridad de una sucursal bancaria de Pontevedra a nombre de Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta y ex secretario de Organización del PP de Galicia, apuntan a la emisión de facturas falsas para justificar gastos electorales del PP y hasta 5,9 millones de euros pagados en dinero no declarado a Hacienda. El 47% de los actos del PP en aquella época se financiaron en dinero negro, según un informe policial. "Los fondos destinados al pago generado por esa formación política proceden de recursos ajenos a los circuitos financieros, que pueden proceder de terceros que financian los actos del partido con dinero ajeno a los circuitos económicos".

PP NACIONAL Álvarez-Cascos y Bárcenas

El PP nacional aparece salpicado por las andanzas de Correa, que tenía trato especial, según él mismo ha confesado, con quien fue secretario general del partido y ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos, con Bárcenas, el tesorero, y con el que fue secretario de Acción Electoral, Jesús Sepúlveda.

Bárcenas cobró supuestamente comisiones ilegales de la trama corrupta. Correa declaró al juez Garzón que Álvarez-Cascos le dio el contrato de AENA, ente público dependiente de Fomento. El montaje y desmontaje de pabellones de AENA en ferias de turismo fue adjudicado a dedo o por concursos restringido a empresas de la trama corrupta durante la etapa en que al frente de Fomento estaba Álvarez-Cascos. El ex ministro niega haber dado trato de favor a Correa y no está imputado de momento. Sepúlveda cobró supuestamente comisiones ilegales por sus favores a la red corrupta, primero desde el PP nacional y luego desde su cargo de alcalde de Pozuelo, según la investigación.

www.elpais.es 04.04.10

CORREA SE AFERRA A LA ANULACIÓN DE LAS ESCUCHAS PARA RECURRIR SU FIANZA

El juez le pide que ponga 85 millones de euros si no quiere que le embargue

de Madrid Antonio Pedreira, que instruye desde hace un año el caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada a un partido, requirió el pasado miércoles a los cabecillas de la red delictiva que presten una fianza de más de 116 millones de euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en caso de que sean condenados, se les podría imponer por lo defraudado con sus actividades ilegales. Si no satisfacen esa cantidad, el juez les avisa de que embargará sus bienes, según publicó El Periódico de Catalunya.

El abogado del cabecilla de la trama corrupta pide de nuevo su libertad

Francisco Correa, cabecilla de la trama, no pagó las cuotas tributarias correspondientes al IRPF entre 2002 y 2007 por casi 36 millones de euros, ni tampoco liquidó el Impuesto de Patrimonio. Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, tampoco abonó sus cuotas de IRPF del año 2006 por 539.120 euros. Álvaro Pérez, el Bigotes, que abrió sucursal de la trama corrupta en Valencia con la empresa Orange Market, tampoco abonó las cuotas tributarias correspondientes a sus trabajadores durante los años 2006 y 2007 por 330.830 euros.

La Agencia Tributaria ha elaborado un informe, cuya base documental es todo lo investigado en relación con la trama corrupta, en el que pone de manifiesto estos impagos. Por esa razón, el juez Pedreira, que ya había fijado fianzas de responsabilidad civil a otros implicados, entre ellos varios altos cargos del PP, decidió imponer las nuevas garantías a los principales responsables de la trama, entre los que incluye a José Ramón Blanco Balín, asesor de Correa en la creación de sociedades con las que blanqueaba dinero, según el juez. A Blanco Balín, Pedreira le pide 30 millones de euros para atender las posibles responsabilidades pecuniarias que pudieran corresponderle como consecuencia de la investigación judicial.

Los implicados tienen un día para abonar la fianza, aunque el abogado de Correa, José Antonio Choclán, ya aclaró ayer a EL PAÍS que presentará un recurso de reforma contra el auto de Pedreira al entender que, tras la anulación de las escuchas en la cárcel , su defendido podría beneficiarse de la anulación de otras pruebas que podrían llevar al magistrado a tomar una decisión distinta en relación con la fianza.

Choclán cree que no tiene sentido anticipar una resolución de ese tipo después de la anulación de las escuchas y sólo cinco días antes de que se levante el secreto de sumario, momento en el que podrían conocerse nuevos datos relevantes para la defensa de Correa. El abogado del jefe de la trama corrupta ha anunciado que volverá a pedir la libertad de su defendido, que ha sido rechazada en anteriores ocasiones por el instructor del caso y por la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Correa lleva en la cárcel desde febrero de 2009. Su abogado entiende que se han vulnerado derechos fundamentales de su defendido por la intervención que ordenó Garzón de todas sus comunicaciones en la cárcel, incluidas las que mantenía con distintos letrados.

La decisión de Choclán anticipa una avalancha de recursos de los abogados de los distintos imputados en la causa tras la resolución de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de anular las escuchas en prisión.

El auto que anulaba las escuchas, aprobado con el voto a favor de dos magistrados y en contra de un tercero, señalaba que a partir de ahora los abogados de los distintos imputados en la causa podrían solicitar la anulación de pruebas siempre y cuando se hubieran obtenido como consecuencia de las escuchas practicadas en la cárcel.

El juez Pedreira deberá resolver, una vez que se conozca todo el sumario, sobre las pruebas que deberían anularse en función del auto de las escuchas telefónicas en la cárcel y de los recursos que presenten los abogados de los implicados en la trama corrupta.

Antes de la intervención de las comunicaciones en prisión, ahora anuladas, el juez Baltasar Garzón había acumulado durante seis meses pruebas que acreditan el pago de sobornos por parte de la trama corrupta, el blanqueo de capitales, el trato de favor de algunas administraciones públicas gobernadas por el PP y el fraude fiscal de los principales implicados.

Los impagos de los corruptos

- La Agencia Tributaria, en su informe número 1.903, recoge las deudas tributarias que supuestamente afectan a Francisco Correa, jefe de la red Gürtel; a Pablo Crespo, número dos de la trama; y a Álvaro Pérez, el Bigotes, responsable de la filial valenciana del entramado delictivo.

- Para hacer su informe, la Agencia Tributaria se ha basado en la documentación que obra en el sumario del caso Gürtel, y concluye que Francisco Correa no ha pagado las cuotas tributarias del IRPF que le correspondían entre 2002 y 2007. El primer año fueron 2,2 millones; el segundo, 1,8 millones; el tercero, 7 millones; el cuarto 460.000 euros; el quinto, 1,07 milones; el sexto, 5,07 millones, y el séptimo, 18,7 millones.

- En el caso de Pablo Crespo, por el concepto de IRPF la Agencia Tributaria sólo le atribuye el impago de 539.120 euros en 2006.

- Álvaro Pérez no pagó el IRPF correspondiente a su empresa Orange Market, con la que obtuvo numerosos contratos a dedo del Gobierno valenciano de Francisco Camps, por un total de 330.000 euros entre los años 2006 y 2007. Durante aquellos ejercicios, Orange Market ganó los concursos para el pabellón valenciano en la feria de turismo FITUR.

www.elpais.es 02.04.10

EL TRIBUNAL ANULA LOS 'PINCHAZOS' EN LA CÁRCEL PERO MANTIENE PRESO A CORREA 

La investigación del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción conocida en democracia vinculada a un partido, en este caso el PP, se ha topado con un obstáculo mayor: la anulación de dos meses de grabaciones de las conversaciones mantenidas por los cabecillas de la red con distintos abogados. Este hecho complicará la instrucción, pues a partir de ahora pueden llover los recursos para anular nuevas pruebas supuestamente conectadas a las que han sido anuladas. 

Por dos votos frente a uno, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Madrid admitió ayer los recursos de los abogados de 22 supuestos corruptos y anuló las escuchas. En las conversaciones invalidadas, Francisco Correa y Pablo Crespo, los cerebros de la trama, tratan con los abogados sobre la forma de ocultar y usar los fondos que guardaban en paraísos fiscales; reconocen la financiación ilegal del PP y se lamentan de que la policía haya requisado documentos que prueban los sobornos a cargos populares. La resolución rechaza la puesta en libertad de Correa y Crespo al considerar que se mantienen los indicios que motivaron su ingreso en prisión. 

Los dos jueces que han anulado las escuchas sostienen que la intervención de las comunicaciones ordenada por Garzón vulnera el derecho de defensa al entender que el artículo 51.2 de la Ley General Penitenciaria, invocado para justificar la medida, sólo es válido para casos de terrorismo. 

Los magistrados contrarios a las escuchas, Emilio Fernández Castro y el presidente del Tribunal, Francisco José Vieira, consideran "muy deficiente" el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, citado por el fiscal en su recurso a favor de las escuchas, que ampara la intervención judicial de las comunicaciones en la cárcel sin restricciones de ningún tipo en función del delito investigado. 

El auto llega a comparar las escuchas en la cárcel con la tortura: "Desaparecida, afortunadamente, en nuestro Derecho la facultad de obtener la confesión forzada del culpable a través de la tortura, la generalización de la intervención de las comunicaciones de los imputados con sus abogados permitiría renacer, en cierto modo, ese método inquisitorial, sustituyéndolo por el aprovechamiento de situaciones en las que la apariencia de confianza en la comunicación con el abogado permitiría obtener datos incriminadores directamente del acusado, en contra de su voluntad". 

Durante las deliberaciones, Vieira llegó a coincidir con José Manuel Suárez Robledano -el juez que ha hecho un voto particular a favor de validar todas las escuchas- respecto a la legalidad de la intervención de una de las comunicaciones, la del letrado José Antonio López Rubal, imputado por blanqueo. A última hora, Vieira cambió de opinión y se sumó a la tesis de la nulidad total de las escuchas, según fuentes conocedoras de las deliberaciones. En el auto, los magistrados citan una sentencia del Supremo que defiende las escuchas cuando "existe una constancia suficientemente contrastada de que el abogado ha podido integrarse en la actividad delictiva". Pues bien, según el auto, Garzón no cumplió con estas exigencias y sólo habló de conjeturas. El voto particular establece que se trataba de "indicios objetivados antes". 

Los dos jueces explican que las pruebas derivadas de lo descubierto por las escuchas de la cárcel deberán ser anuladas siempre que se pruebe lo que denominan "conexión de antijuricidad", algo que deberá decidir el instructor. 

(www.elpais.com, 26/03/10)

"LA INMUNIDAD ABSOLUTA IMPEDIRÍA LA PREVENCIÓN DE DELITOS" 

El magistrado José Manuel Suárez Robledano defendió, en contra del criterio mayoritario de los otros dos jueces que formaban sala con él, que las escuchas ordenadas por Garzón en el caso Gürtel son legales. El magistrado considera que el auto aprobado ayer, al que se opuso, concede un margen muy elevado de "impunidad y privilegio" a los abogados. Hasta el punto de que considera que con ese criterio, que ha permitido anular las escuchas a los cabecillas de la red, "el proceso español sería un apartado islote en el mundo de las normativas de otros países democráticos que no mantienen, como regla, las consecuencias derivadas en general y para todo tipo de comunicaciones entre los clientes en prisión preventiva y sus abogados que cooperan o se involucran en la ejecución, la ocultación o la continuidad de actividades delictivas". 

"Esa fue la finalidad de las intervenciones decretadas", señala Suárez Robledano en su voto particular, "ya que para su acuerdo existían previas imputaciones de tres abogados y de un asesor fiscal, imputaciones que no se han dejado sin efecto en la actualidad, siendo irrelevante, como ocurre en la generalidad de las intervenciones telefónicas que parten de indicios comprobados en la instrucción, que no se mencionen por el nombre determinado a los intervinientes en las conversaciones, siempre que éstas reúnan las precisas condiciones de prueba de cargo y no de estrategias de defensa, que deben excluirse como evidencias en todo caso". "Pensemos que un interno en prisión preventiva se concierta con su abogado para que transmita -y eso nunca es derecho de defensa sino otra cosa muy diferente- y para que dé instrucciones de matar a una persona o hacer desaparecer el cadáver de la persona asesinada o para facilitar el blanqueo de dinero sucio procedente del tráfico de drogas, de la prostitución ilegal o del tráfico de influencias. La inmunidad absoluta que se da en esos casos a la confidencialidad en el locutorio impediría la prevención e investigación y acaso hasta la comisión de delitos contra la vida o de otros considerados siempre con la categoría de graves en el Código Penal vigente". 

Suárez Robledano considera la decisión de la sala "desmesurada y contraria a la interpretación restrictiva que debe tener todo privilegio en conflicto con otros derechos fundamentales". El juez cita legislación de Italia, Estados Unidos y otros países que amparan escuchas como las ordenadas por Garzón. 

(www.elpais.com, 26/03/10)

EL TSJM COMPARA LAS ESCUCHAS DE LA GÜRTEL CON LA TORTURA 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló ayer todas las conversaciones mantenidas entre los tres imputados en el caso Gürtel presos y sus abogados. Afirma que "relacionado el derecho de defensa con el derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable", la generalización de estas intervenciones "permitiría renacer, en cierto modo, el método inquisitorial" de forzar la confesión mediante la "tortura". 

El auto cuenta con el voto particular del magistrado José Manuel Suárez Robledano, que, como hizo el actual instructor del caso, Antonio Pedreira, avala las intervenciones acordadas por Garzón por dirigirse a la averiguación del delito de blanqueo de capitales que se imputa a la trama de corrupción presuntamente liderada por Francisco Correa. 

La resolución, de la que ha sido ponente el presidente del TSJM, Francisco Javier Vieira, tendrá una importante relevancia en la causa, porque obliga al instructor a anular todas las actuaciones derivadas de esas escuchas "de oficio o a instancia de parte". 

Suárez Robledano señala en su voto que como esas diligencias no se han identificado en los recursos, salvo con "menciones genéricas", será difícil determinar qué se debe anular, por lo que debería hacerlo, en sentencia, el tribunal que juzgue finalmente la trama de corrupción. 

La resolución aprobada con los votos a favor de Vieira y Emilio Fernández Castro, precisa que, pese a la nulidad, no quedarán en libertad ni Correa, ni su presunto lugarteniente, Pablo Crespo, ni su primo Antoine Sánchez, porque no "han desaparecido de forma automática los indicios que en su día aconsejaron adoptar tales prevenciones". 

El tribunal basa su decisión en que Garzón infringió el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria, porque sólo permite la intervención de las conversaciones entre presos y abogados en los delitos de terrorismo. Añade que el artículo 579 de la Ley de Enjuciamiento Criminal las autoriza en otros casos, "aunque de modo absolutamente excepcional". La Sala justifica el caso Vioque en que los dos interlocutores desarrollaban una actividad delictiva y se investigaba un intento de homicidio. 

Suárez Robledano recuerda que el secreto profesional de los abogados no es absoluto, porque no lo puede exigir el que habla por teléfono con un cliente que lo tiene intervenido, y señala que no se puede justificar el caso Vioque y negar la misma medida en el caso Gürtel, aplicando una "inmunidad absoluta" a los letrados. 

El tribunal explica que anula las conversaciones que mantuvo el abogado José Antonio López Rubal, pese a su imputación en el caso, porque Garzón no concretó las sospechas que tenía sobre la conducta delictiva que le imputaba en el auto en el que acordó las intervenciones. El juez de la Audiencia Nacional detalló las prácticas corruptas de la trama, pero eso no es suficiente, según el TSJM, para violar su derecho a la intimidad y de defensa. 

Para la Sala ni siquiera es salvable el auto en el que Garzón incluyó la premisa de que no se transcribieran las conversaciones que versaran sobre estrategias de defensa. Considera que siguieron grabándose y, al no tener reflejo en la causa, son las más peligrosas, porque impiden comprobar si fueron utilizadas. 

Antes de ofrecer una conferencia en Sevilla, Baltasar Garzón se mostró "absolutamente de acuerdo" con el fiscal del Estado sobre el futuro del caso. Las "observaciones telefónicas", señaló, no son "la parte más importante ni siquiera relevante" de la investigación. A su juicio, "cuando se toman las decisiones con arreglo al derecho y a las normas vigentes, deben prosperar", informa José Alberto Romero.  

(www.publico.es, 26/03/10)

LA PERSECUCIÓN CONTRA EL JUEZ ARRECIÓ A RAÍZ DE DESTAPAR EL 'CASO GÜRTEL' 

La persecución contra el juez Baltasar Garzón arreció hace poco más de un año a raíz de que el magistrado destapara el caso Gürtel, la red de corrupción en la que resultaron implicados dirigentes del PP de Madrid y Valencia, entre los que destacan el senador y ex tesorero del partido Luis Bárcenas y el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps. 

Hasta ese momento sólo se había interpuesto contra él una querella del seudosindicato ultraderechista Manos Limpias, por declararse Garzón competente en la investigación de los crímenes cometidos por el bando franquista en la Guerra Civil. El Tribunal Supremo decidió admitir la querella por supuesta prevaricación. 

Luego, en junio de 2009, fue presentada una querella, por cohecho y prevaricación, en relación con el patrocinio del banco Santander de dos cursos en el Centro Rey Juan Carlos de la Universidad de Nueva York y que fueron coordinados por el magistrado en un permiso por estudios. La querella fue admitida. 

El caso ya había sido denunciado en junio de 2008 con datos falsos y fue archivado, aunque el ponente aprovechó para atacar a Garzón y pasar los datos a la comisión disciplinaria del Consejo del Poder Judicial por si constituía una falta. La comisión ya había archivado el caso, pero por si acaso volvió a revisar el expediente. 

La asociación Libertad e Identidad y Falange presentaron querellas sobre la exhumación de fosas de la Guerra Civil para personarse en la causa. 

La Audiencia Nacional abrió expediente por falta leve a Garzón por la puesta en libertad de dos presuntos narcotraficantes. Aunque inicialmente fue sancionado con una multa de 300 euros, la sala de gobierno pretendió una sanción más grave, que finalmente no se produjo. 

El 1 de julio de 2009, el abogado Santiago Muñoz Machado, uno de los acusados en el caso Tele 5, en el que estuvo imputado el presidente del Gobierno italiano Silvio Berlusconi, presentó una nueva querella contra Garzón que fue archivada por la Sala Segunda del Supremo. 

El 9 de diciembre de 2009, el abogado Ignacio Peláez presentó una nueva querella contra Garzón por prevaricación en relación con las escuchas en la cárcel de conversaciones entre acusados de la trama Gürtel y sus abogados. El PP y el Colegio de Abogados de Madrid han utilizado todos los medios a su alcance para que se anulen las escuchas y para que se persiga al juez por ordenarlas. 

Tras el auto de ayer, Garzón está con un pie en el banquillo. 

(www.elpais.com, 26/03/10)

CONDE-PUMPIDO: "HAY PRUEBAS QUE PERMITEN CONTINUAR" 

La anulación de las escuchas de las conversaciones entre algunos letrados del caso Gürtel con sus clientes en prisión no acaba con la investigación sobre la trama corrupta que afecta al PP. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, aseguró ayer que en la causa existen "pruebas completamente independientes y desvinculadas" de esas conversaciones que permitirán continuar la instrucción que sigue el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. 

Conde-Pumpido vaticinó que la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) "tendrá un efecto muy parcial ya que hay pruebas completamente independientes y desvinculadas que permitirán continuar con la instrucción". Fuentes de la fiscalía citadas por Efe confirmaron que "hay material de sobra" para que el caso siga adelante. "Sigue habiendo caso Gürtel", dijeron.

Una de esas pruebas, según fuentes de la investigación, es el pen drive intervenido a la persona que llevaba la contabilidad de la trama corrupta, José Luis Izquierdo, durante su detención. Este empleado del cabecilla de la organización, Francisco Correa, explicó a la policía y al juez Garzón que en ese dispositivo anotó el pago de comisiones a una decena de cargos del PP con capacidad para adjudicar contratos. Entre ellos estaban el ex tesorero del partido Luis Bárcenas y el ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo, además de dos parlamentarios madrileños y cuatro alcaldes de la región (Boadilla, Arganda y Pozuelo). 

También constan en el sumario todas las intervenciones telefónicas que se realizaron con anterioridad a que los principales implicados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, fueran detenidos. En ellas daban detalles sobre los presuntos favores y sobornos a miembros del PP de diferentes administraciones a cambio de la adjudicación de contratos millonarios para las empresas de la trama corrupta o para otros imputados para los que Correa y sus compinches habrían actuado como conseguidores. 

Pero aunque la anulación de las escuchas no afecte al contenido de la investigación, sí servirá para retrasarla y enmarañarla. Es más que previsible que, a partir de ahora, cada una de las defensas de los más de 60 imputados en la causa recurra sistemáticamente cada paso de la instrucción -en reforma ante el propio Pedreira y después en apelación ante la Sala de lo Civil y Penal- argumentando que los nuevos datos obtenidos por el instructor se hayan conocido gracias a las conversaciones anuladas. 

(www.elpais.com, 25/03/10) 

DEL 'PEN DRIVE' CON LOS SOBORNOS AL "AMIGUITO DEL ALMA, TE QUIERO UN HUEVO" 

La anulación de las escuchas en la cárcel decidida por el Tribunal Superior de Madrid supone retirar un puñado de arena de la montaña de pruebas levantada por la investigación judicial durante dos años para acreditar la existencia de una trama de corrupción masiva vinculada al PP. Seis meses antes de que ingresaran en la cárcel Francisco Correa, jefe de la red delictiva; y su lugarteniente Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego, y de que sus conversaciones en prisión fueran grabadas, el juez Baltasar Garzón había iniciado la investigación de un caso en el que ya llevaba trabajando un año la Fiscalía Anticorrupción. 

Garzón ordenó entonces escuchas telefónicas de los sospechosos, pidió informes a la Agencia Tributaria, encargó vigilancias policiales a las empresas y los directivos de la trama y citó a testigos para ir sumando indicios contra los corruptos. Esas pruebas, reunidas en decenas de tomos con miles de folios, acreditan los delitos que se imputan a los principales implicados: asociación ilícita, falsedad documental, cohecho, delitos contra la hacienda pública, blanqueo de capitales... Las principales pruebas, obtenidas antes de grabar a Correa y Crespo en la cárcel, son las que siguen: 

- Sobornos a cargos del PP. El 10 de febrero (diez días antes de las grabaciones en la cárcel), el juez Garzón ordenó el registro de la oficina principal de la trama corrupta en la calle de Serrano. La documentación incautada en el principal centro de operación de la trama ponía de manifiesto una actividad vinculada a administraciones públicas del PP donde destacaba el pago de comisiones ilegales a políticos de este partido. Además de la documentación incautada, que reflejaba las contabilidades y amaños de muchas de las empresas de la red, la policía requisó el pen drive que el contable José Luis Izquierdo escondía en su mano. En ese pen drive se recogía la supuesta caja B que llevaba la trama para apuntar ingresos de fondos procedentes de actividades ilegales y el supuesto pago de comisiones a políticos del PP, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas, tres diputados autonómicos madrileños, media docena de alcaldes del PP y otros cargos menores. 

- Financiación ilegal. En los registros de las empresas y distintas cajas de seguridad que poseía la trama, se encontraron documentos que supuestamente apuntaban la financiación ilegal del PP. Además, las conversaciones grabadas en Valencia a los sospechosos en diciembre de 2008 y enero de 2009 por orden de Garzón, apuntaban la existencia de numerosos sobornos en forma de trajes o regalos de distinta índole a la cúpula del PP valenciano, con el presidente Francisco Camps a la cabeza. 

- Los trajes de Camps. Entre el 24 de diciembre de 2008 y el 5 de enero de 2009, Álvaro Pérez habló por teléfono con Camps al menos en dos ocasiones que quedaron grabadas. El contenido de la conversación demostraba la estrecha vinculación de Camps con Pérez, contratista privilegiado por adjudicaciones a dedo en la Administración valenciana. En una de esas conversaciones, Camps se dirigía a Pérez así: "Amiguito del alma, te quiero un huevo". En la conversación, la mujer de Camps reprochaba a Pérez haberle hecho un regalo tan caro que pensaba devolverlo. Pérez deja claro su mensaje con los costosos regalos: "Fíjate si te debo", le dice a Camps. La investigación de la Fiscalía Anticorrupción sobre los regalos de trajes de la trama a Camps se aceleró entre diciembre de 2008 y enero de 2009. El sastre José Tomás, de la tienda Forever Young, acreditó en febrero con documentos de la tienda que hasta cinco cargos del PP valenciano, entre ellos Camps, recibieron trajes regalados. Todo ocurrió antes de las detenciones. 

- Constructores y promotores implicados. Documentos incautados a primeros de febrero y conversaciones grabadas meses antes de que Correa y Crespo fueran encarcelados, demuestran el pago de fuertes sumas de dinero por parte de diversas constructoras a la trama corrupta a cambio de su intermediación para lograr obras y contratos públicos en administraciones gobernadas por el PP. 

(www.elpais.com, 25/03/10) 

LAS PRUEBAS QUE IMPLICAN A LOS ALTOS CARGOS DEL PP 

CORRUPCIÓN EN LOS ACTOS DE AGUIRRE  

La trama organizó y cobró durante años los actos de Esperanza Aguirre. A cambio, pagaban comisiones ilegales a Alberto López Viejo, hombre de confianza de la presidenta. El pen drive localizado el 10 de febrero acredita los pagos. Testimonios de directivos de la trama lo avalan. 

LOS COBROS DE BÁRCENAS  

En la caja B de la trama corrupta, incautada el 10 de febrero de 2009, aparecen numerosos pagos a Luis Bárcenas. 

CAMPS, COSTA, EL BIGOTES Y LOS TRAJES  

La documentación incautada a las empresas de la trama corrupta, los testimonios de directivos de la red de Correa y conversaciones grabadas a Álvaro Pérez, el Bigotes, acreditan el pago de trajes por la trama corrupta a Camps y a parte de su equipo. 

(www.elpais.com, 25/03/10)

EL CASO GÜRTEL SIGUE ADELANTE: CONOZCA LOS PORQUÉS  

Este miércoles, la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) decidió anular el grueso de las escuchas ordenas por Baltasar Garzón en la cárcel a los principales imputados en el caso Gürtel. Sin embargo, esta decisión no supone en absoluto el cierre de la trama de corrupción vinculada al Partido Popular. Éstas son algunas de las claves del caso que El Plural ha podido conocer tras ponerse en contacto con fuentes conocedoras de la investigación:  

- ¿Ha anulado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid todas las escuchas del caso Gürtel?  

No. Las escuchas que se han anulado se limitan a las que mantuvieron en prisión con sus abogados los tres principales imputados en la trama: Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el ex secretario general del PP de Galicia y número dos de la operación, Pablo Crespo.

Siguen formando parte del caso las decenas de llamadas interceptadas antes de que se destapara la trama corrupta y los principales imputados entraran en prisión.

Tampoco se han anulado las conversaciones que el abogado López Rubal mantuvo en la cárcel con sus clientes. En esas conversaciones se escucha a Pablo Crespo negociar con Rubal la fórmula para proteger el dinero que tienen en paraísos fiscales.

- ¿La anulación de las escuchas dan al traste con el caso Gürtel?

No. Las escuchas anuladas simplemente confirmaban algunos hechos que ya estaban acreditados previamente. Es más, los investigadores de la trama corrupta aseguran que ninguna de estas grabaciones carcelarias contenían datos que pudieran ser utilizadas en el juicio. En general son “conversaciones muy vagas, genéricas, que no aportaron nada a la investigación principal”. Y es que la información obtenida sobre este caso es ingente, existiendo datos que nada tienen que ver con las polémicas grabaciones.

- Si no son las escuchas, ¿cuál es el contenido probatorio del delito?  

El grueso de las pruebas se encuentra en el pen drive - incautado en el piso de la calle Serrano y donde se guardan los datos sobre los pagos a los imputados-, en la memoria informática interceptada al contable del grupo y en las conversaciones fuera de la cárcel (intervenidas por orden judicial y en los documentos incautados).

- ¿Qué buscan los abogados de la Gürtel con la anulación de las polémicas escuchas?  

Los abogados de los imputados del caso Gürtel son conscientes de que las escuchas anuladas no han tenido ningún efecto en el curso del procedimiento. Sin embargo, con su anulación pretenden contaminar, mediante el criterio del “árbol envenenado”, todo lo que se encuentre próximo a ellas, y en especial, el codiciado pen drive.

De hecho, el abogado de Francisco Correa, José Antonio Choclán, ha indicado este mismo miércoles a la prensa que la prueba del famoso pen drive, elemento clave para dar continuidad a la instrucción, podría estar "contaminada”. No debemos olvidar que en una de las conversaciones anuladas, Correa le dijo a su letrado: “Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo”.

- ¿Es posible que en un futuro próximo se anule el pen drive u otras pruebas clave?

Es prácticamente improbable. La inmensa mayoría de lo los juristas descartan por completo esta opción. Todos ellos están convencidos de que la Justicia sabrá distinguir el grano de la paja.

Una vez que queda claro que el caso Gürtel sigue adelante, ¿cuándo se levantará el secreto del sumario?

Antonio Pedreira, magistrado de la causa, ha manifestado su interés en levantar el secreto de la totalidad del sumario el día 5 de abril, salvo que no concurra ninguna circunstancia que lo impida. Así, todo apunta que la totalidad del sumario, salvo la información referida a las comisiones rogatorias, se conocerá a la vuelta de Semana Santa.

- ¿Qué valoración han hecho los políticos, Pumpido, los fiscales anticorrupción… de la anulación de las escuchas?

La mayoría de ellos han restado importancia a la decisión adoptada por la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Éstas son las declaraciones más relevantes.

Cándido Conde Pumpido, Fiscal general del Estado: “Esta decisión no provoca el desmorone del caso Gürtel. Tiene un efecto muy parcial, ya que hay pruebas completamente independientes y desvinculadas que permitirán continuar con la instrucción del caso".

Francisco Caamaño, ministro de Justicia: “Estoy convencido de que el proceso seguirá y terminará por arrojar resultados (…) Esperemos y dejemos trabajar a los jueces”.

José Blanco, ministro de Fomento y número dos del PSOE: “Anular una de las pruebas no significa absolutamente nada (…) Yo confío en la Justicia y estoy seguro de que la verdad va a resplandecer al final”.

Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid: “Queremos que el caso Gürtel se esclarezca hasta el final (…) y no queden impunes delitos graves”. Fuentes de la Fiscalía Anticorrupción a la agencia EFE: “Hay material de sobra (…) Sigue habiendo caso Gürtel”.  

(www.elplural.com, 25/03/10)

EL TRIBUNAL DE MADRID ANULA EL GRUESO DE LAS ESCUCHAS EN LA CÁRCEL DEL 'CASO GÜRTEL' 

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid tomó ayer la decisión de anular del sumario del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada al PP, el grueso de las conversaciones grabadas en la cárcel entre los dos cabecillas de la red y sus abogados. El acuerdo, que será trasladado a un auto judicial en los próximos días, fue adoptado ayer tras cuatro sesiones de deliberaciones en las que dos magistrados (el presidente del Tribunal, Francisco José Vieira, y Emilio Fernández Castro) impusieron sus dos votos a favor de anular las escuchas frente al criterio del tercer miembro de la sala, José Manuel Suárez Robledano, quien era partidario de validar todas las grabaciones, según fuentes consultadas por este periódico que han sido informadas del desarrollo de las deliberaciones y que aseguran que la decisión es inamovible porque fue votada formalmente. 

El magistrado Suárez Robledano emitirá previsiblemente un voto particular contrario a la decisión de la Sala de anular totalmente las otras grabaciones, lo que supone un fuerte revés para la investigación del caso Gürtel. 

El acuerdo (dos votos contra uno) supone que quedan anuladas todas las conversaciones grabadas en la cárcel, salvo una, a los tres principales cabecillas de la trama corrupta (Francisco Correa, su primo Antoine Sánchez y el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, que ejercía de número dos de la trama) con sus respectivos letrados. 

Antes de la votación final, la sala había llegado a un callejón sin salida porque había tres posturas diferentes: Vieira, a favor de anular todas las conversaciones salvo las mantenidas por el abogado José Antonio López Rubal, imputado en la causa; Fernández de Castro, defensor de la anulación total; y Suárez Robledano, que quería validar todas las escuchas. Al final, para evitar la formación de una Sala de la Discordia para dirimir los desacuerdos, con otros dos magistrados, los tres jueces optaron por votar conversación a conversación, de manera que se anularon todas, salvo las de López Rubal con sus clientes. 

En esas conversaciones se escucha a Crespo negociar con su abogado la fórmula para proteger el dinero que tienen en paraísos fiscales. Con posterioridad a esta conversación, Suiza ha informado al Tribunal Superior de que Correa y Crespo disponen de 21 millones de euros en cuentas en ese país. En la conversación validada, Crespo también habla con López Rubal de financiación ilegal del PP de Galicia cuando él era secretario de organización del partido en esa región. 

Esta grabación la considera legal el tribunal porque Garzón, antes de que la policía interceptase estas conversaciones, dictó un auto en el que cita expresamente a López Rubal como presunto cómplice de la trama. 

Hasta llegar a la decisión de anular el grueso de las conversaciones, lo que supone un duro revés a la instrucción cuyas consecuencias nadie acierta a precisar a estas alturas, el tribunal ha mantenido cuatro deliberaciones muy tensas. 

Fernández Castro, anexionado a esta Sala por el anterior Consejo del Poder Judicial pero sin plaza de titular, ha sido, de los tres, el más beligerante a favor de anular las escuchas. Las citadas fuentes no descartan que Fernández Castro incluso pueda formular otro voto discrepante respecto a la validación por parte de sus dos colegas de este punto. Para él, todas las escuchas eran ilegales y quebrantan el derecho constitucional de defensa, siempre según los citados medios. 

La postura de Suárez Robledano, que hará un voto particular a favor de la legalidad de las escuchas, coincide con la del juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, que también es magistrado titular de esta sala pero que, al ser el instructor, no interviene en las deliberaciones. A petición de la Fiscalía Anticorrupción, Pedreira ya expuso en un auto que las grabaciones decretadas por Garzón eran válidas formal y jurídicamente porque algunos de los letrados actuaron como cómplices de sus clientes en determinados actos delictivos que permitieron ayudar a ocultar y, en algún caso, evitar que la justicia española recuperase los millones de euros que la red Gürtel tiene en paraísos fiscales. Un dinero que salió de pagos de comisiones y sobornos procedentes de contratas y adjudicaciones hechas por organismos públicos gobernados por el PP. 

Entre las conversaciones grabadas por orden de Garzón que el Tribunal de Madrid ha decidido anular figura una de Correa con su abogado en la que se lamenta de que la policía hubiese decomisado al contable de su trama, José Luis Izquierdo, un pen drive con anotaciones de sobornos a dirigentes del PP. No obstante, fuentes de la investigación señalan que hay muchas pruebas, entre ellas el pen drive decomisado antes de las escuchas en la cárcel, que aportan indicios sólidos de corrupción y que serían perfectamente válidas para establecer condenas. 

(www.elpais.com, 24/03/10) 

CRESPO: "¿CUÁNDO PRESCRIBE ESTO?"; ABOGADO: "COMO MUCHO, DIEZ AÑOS" 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid salvará algunas conversaciones grabadas en la cárcel a los cabecillas de la trama Gürtel, la red de corrupción vinculada a una decena de administraciones gobernadas por el PP, con sus abogados. 

Las conversaciones corresponden a los primeros días de estancia en prisión de Francisco Correa, el jefe de la trama, y de su lugarteniente Pablo Crespo, ex secretario de Organización del PP gallego entre 1996 y 1999. 

Durante aquellos días, una de las principales preocupaciones de Pablo Crespo y Francisco Correa, según se deduce de sus conversaciones en prisión, era mantener a buen recaudo e incluso utilizar parte del dinero que habían atesorado durante años de negocios ilícitos vinculados a administraciones gobernadas por el PP y que tenían escondidos en varios paraísos fiscales o guardados en cuentas asignadas a sus numerosas empresas. 

Lo que sigue es la parte principal de las conversaciones grabadas en la cárcel por orden de Garzón que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid no ha anulado. En todas ellas participaba el abogado José Antonio López Rubal, que diez días antes de que se produjeran había sido imputado en la causa de la trama Gürtel por Garzón. 

DISPOSICIÓN DE FONDOS "La sociedad no está bloqueada" 

Abogado. La buena nueva que te iba a decir es que la sociedad de los locales de Boadilla [un negocio supuestamente obtenido gracias al trato de favor de un alcalde del PP] no está bloqueada. 

Pablo Crespo. No. 

Abogado. No sé cuánto en este momento, Ramón no estaba seguro pero pensaba... 

Pablo Crespo. Sí, sí, vale... 

Abogado. Entonces, si esto es así y podemos disponer, obviamente, salvo que vosotros me digáis otra cosa. 

Pablo Crespo. No, no. 

Abogado. Voy a atender primero a vuestras familias, voy a hacer un cálculo de cinco meses, por ejemplo, en base a los números que me habéis dado, el otro día, eso será lo primero, en vez de mes a mes, porque si no tenemos el riesgo de que esto se bloquee. 

Pablo Crespo. Lo administras tú de alguna manera.

[Supuesta conversación sobre fondos en Suiza y otros paraísos fiscales] 

Abogado. Una cosa desproporcionada salta las alarmas allí. 

Pablo Crespo. Desde luego, totalmente de acuerdo. 

Abogado. Con calma. Esto, cuando el instructor sea Baltasar Garzón o sea el Tribunal Superior de Justicia, mande una comisión allí, se plantea un pleito para ver si procede o no procede. 

Pablo Crespo. Entiendo, pero mientras tanto... 

Abogado. Y allí vamos a tener un pleito bien defendido, va a tardar esto unos meses. 

Pablo Crespo. Bien, pero ¿mientras bloquean? 

Abogado. No. 

Pablo Crespo. Bien, perfecto, acuérdate que hay también... 

Abogado. Sí, sí. 

FINANCIACIÓN IRREGULAR "Eso traerá cola cuando se levante el secreto" 

Pablo Crespo. Han abierto una caja de seguridad que tenía yo en Pontevedra, donde yo tenía toda la información económica de toda mi gestión como secretario de Organización del PP de Galicia durante cuatro años, cuatro ejercicios completos, entonces ahí hay una documentación ordenada por mí en su día, porque cuando me marché quería dejar las cosas claras. Porque allí había documentación que correspondía de 1996 hasta mediados de 1999 y esa documentación económica pura, gastos del partido, y una relación de ingresos y gastos, sin especificar quién ingresaba. Eso va a traer cola cuando se levante el secreto de sumario. 

Abogado. Seguramente. 

Pablo Crespo. Pero no creo que sea un problema jurídico muy grave, salvo lo del ejercicio de 1999. ¿Cuándo prescriben ese tipo de cosas? 

Abogado. Depende de lo que estemos hablando, si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral, como mucho diez años, pero yo creo que es menos. 

EL TESORERO DEL PP "Sabía que lo de Bárcenas no iba a ningún sitio" 

Pablo Crespo. ¿Cómo veis el tema en general? 

Abogado. Bueno, pues parece que va aflojando, no. 

Pablo Crespo. Bueno, a ver. 

Abogado. Parece, según la prensa, que es como conocemos las cosas, parece que no hay indicios suficientes sobre aforados nacionales. 

Pablo Crespo. Ya. 

Abogado. Es decir, que lo que se decía del Bárcenas este y de Galeote, nada. 

Pablo Crespo. Sí, eso ya lo sabía yo que no iba a acabar en ningún sitio, igual que muchas otras cosas.

La Fiscalía Anticorrupción remitió al juez Garzón un escrito el 20 de marzo de 2009, un mes después de las grabaciones de las conversaciones en la cárcel, en el que pedía que "una parte importante de las transcripciones que se refieren exclusivamente a tácticas de defensa deberían ser excluidas del procedimiento", y citaba las páginas y los párrafos a los que se refería. 

El juez contestó a ese requerimiento el 27 de marzo de 2009 con un auto en el que disponía: "Excluir de esta pieza las transcripciones de las conversaciones mantenidas entre los imputados Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez y sus letrados y que se refieren en exclusiva a estrategias de defensa". 

(www.elpais.com, 24/03/10) 

UN VOTO PARTICULAR A FAVOR DE LA INSTRUCCIÓN DEL JUEZ GARZÓN 

La orden de Baltasar Garzón de intervenir las comunicaciones en la cárcel de los cabecillas de la red con sus abogados y otros letrados que representaban a distintos implicados en la trama Gürtel le ha costado, de momento, una querella en el Tribunal Supremo. La presentó el abogado de un constructor, José Luis Ulibarri, sobre el que pesan numerosas pruebas de pago de comisiones ilegales a cambio de contratos y obras. 

El Supremo admitió a trámite la querella. En el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) hay al menos dos magistrados, de los cuatro que la componen, que entienden que las escuchas ordenadas por Garzón son legales. Uno de ellos, el instructor de la causa, Antonio Pedreira. El otro, el magistrado José Manuel Suárez Robledano, quien ha participado en las deliberaciones de la Sala de lo Penal y que defiende la legalidad de las escuchas basándose en la existencia de una resolución firmada por Garzón, dictada diez días antes de que se produjeran las grabaciones en la cárcel, en la que Garzón menciona expresamente al abogado José Antonio López Rubal y ordena que se grabe la conversación que mantenga con su cliente en la prisión. Francisco Vieira, presidente del TSJM, también avaló ayer este criterio. 

El auto de Garzón, del 19 de febrero de 2009, dictamina que se observen "las comunicaciones personales que mantengan Francisco Correa y Pablo Crespo, los cabecillas de la trama, con los letrados que están personados en la causa u otros que mantengan entrevistas con ellos, y, con carácter especial, las que mantengan con el letrado López Rubal, previniendo el derecho de defensa, en el centro penitenciario en que se encuentran". Garzón se apoyó en el artículo 51 de la Ley Orgánica General Penitenciaria para justificar la legalidad de la medida de intervención de las comunicaciones de los abogados con sus clientes. Y explicó así la conveniencia de intervenir las comunicaciones: "Dado que en el procedimiento empleado para la práctica de sus actividades pueden haber intervenido letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen actuar como enlace de los tres mencionados con personas del exterior, deviene necesaria también la intervención que aquellos puedan mantener con los mismos, dado que el canal entre otros miembros de la organización y los tres miembros ahora en prisión podrían ser los letrados que estarían aprovechando su condición en claro interés de la propia organización y con subordinación a ella". 

(www.elpais.com, 24/03/10)

EL JUEZ PEDREIRA LEVANTARÁ EL 5 DE ABRIL EL SECRETO DE SUMARIO DEL 'CASO GÜRTEL' 

El magistrado de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira levantará el próximo 5 de abril el secreto de sumario del caso Gürtel, en el que mantiene imputadas a cerca de 70 personas, entre ellas, Francisco correa y su primo Atoine Sánchez, el ex secretario de organización del PP gallego Pablo Crespo y Álvaro Pérex, El Bigotes, cabecilla en valencia de la red corrupta. Según un auto dictado hoy, el juez prorroga hasta después de Semana Santa el secreto de las actuaciones, siempre y cuando no concurran circunstancias que lo impidan. 

A tal fin, el juez tiene previsto facilitar ese día a los imputados y a las partes personadas el acceso a la documentación hasta ahora declarada secreta, con la excepción de la información que no puede hacerse pública todavía al referirse a las comisiones rogatorias internacionales, a la intimidad de los implicados, así como al interés público. 

El pasado 23 de marzo, fuentes del TSJ de Madrid anunciaron que el juez instructor del caso Gürtel de Madrid levantaría el secreto de sumario en la tercera semana del mes de marzo, entre los días 15 y 18. 

(www.elpais.com, 22/03/10)

ARMAS DE DESTRUCCIÓN SUMARIAL 

Han pasado 20 días desde que el teniente fiscal del Tribunal Supremo, Juan José Martín-Casallo, presentara un recurso de súplica ante el auto de admisión a trámite de la querella por prevaricación contra el juez Baltasar Garzón en el caso de las intervenciones telefónicas del caso Gürtel. Sería desafiar la lógica pensar que la fiscalía albergaba expectativas de admisión sobre su súplica. Porque este tipo de recursos suelen serdesestimados.

Pero, mira por dónde, precisamente en esta querella, que supera de lejos el objetivo inmediato de acabar con el juez Garzón, proyectándose como un arma de destrucción masiva del sumario Gürtel, la fiscalía cree, según fuentes fidedignas, que la sala puede aprovechar su recurso de súplica como una oportunidad para acotar o delimitar el ámbito preciso de las actuaciones a investigar. 

En su informe previo a la admisión de la querella y en la súplica del pasado 1 de marzo, Martín-Casallo advertía que la deformación de los hechos sumariales realizada por la defensa de los acusados en el caso Gürtel era tal que "confirman la intención del que-rellante [Ignacio Peláez, abogado del acusado José Luis Ulibarri] de obtener fraudulentamente una resolución en un tribunal distinto de aquel que tiene conocimiento pleno e inmediato de los hechos [el Tribunal Superior de Justicia de Madrid] tomados en consideración para la práctica de las distintas actuaciones judiciales".  

Martín-Casallo se quedó corto. Los acusados y los políticos que se ven salpicados por este caso van a por todas y en todos los tribunales. Por tanto, siendo así que la querella en el Tribunal Supremo es un intento de "obtener fraudulentamente" aquello que los acusados no habían logrado durante la instrucción del juez del TSJ de Madrid Antonio Pedreira, el objetivo es una ofensiva conjunta con efectos recíprocos al mismo tiempo en el TSJ de Madrid y el Tribunal Supremo. La admisión de la querella lanzó, de hecho, más allá del deseo de los cinco magistrados de la sala, una señal al TSJ de Madrid, abocado en estos momentos a decidir sobre recursos de contenido parecido contra las resoluciones del juez Pedreira (¡que no incluyen la acusación de prevaricación, claro, porque, como todos sabemos, este es un delito que Garzón detenta en exclusiva!). 

Si se sigue al teniente fiscal, la pregunta es: ¿y qué va a decidir sobre la legalidad o ilegalidad de las intervenciones telefónicas "el tribunal que tiene conocimiento pleno e inmediato de los hechos"? Fuentes judiciales estiman que el tribunal formado por el presidente del TSJ de Madrid, Francisco Vieira, y los magistrados Emilio Fernández Castro y José Manuel Suárez Robledano, intentan llegar a un acuerdo para declarar la nulidad parcial de algunas intervenciones entre los acusados y sus abogados, autorizadas por el juez Garzón después de declarar imputados a aquellos letrados implicados en presuntas operaciones de blanqueo de capitales. "El TSJ de Madrid busca una resolución por consenso. Y parece que este se conseguirá con una anulación parcial", sostiene una fuente informada. En todo caso, las espadas siguen en alto. 

En su escrito de súplica, el teniente fiscal Martín-Casallo advierte del propósito tan rentable como espurio de los acusados en su abuso de la doctrina del "árbol envenenado" o del "árbol podrido que todo lo contamina", quienes pretenden la nulidad de todas las intervenciones telefónicas, un primer paso para litigar a favor de una ilegalización de todas las actuaciones, la ilusión en el caso Naseiro bis. Pero, en todo caso, si lo que se quiere de verdad es proteger el derecho legítimo a la defensa, la fiscalía propone por así decir un "mecanismo corrector": que el Tribunal de Justicia de Madrid, como órgano judicial competente, proceda a "expurgar" de la causa aquellos pasajes de las grabaciones que puedan revelar estrategias de defensa de los acusados.  

(www.publico.es, 22/03/10)

La policía peina el tribunal del 'caso Gürtel' sin encontrar micrófonos

La investigación descarta el espionaje electrónico de las deliberaciones

La policía ha rastreado sin resultado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a la caza de micrófonos ocultos. Los agentes buscaban algún dispositivo electrónico que justificara el conocimiento público de las deliberaciones secretas que tienen lugar en la Sala de lo Penal para dirimir el futuro del caso Gürtel, la trama de corrupción masiva vinculada al PP en cuatro comunidades y media docena de ayuntamientos. Pero los policías, que concluyeron en la noche del pasado jueves su trabajo, no han hallado ni rastro de algo parecido a espionaje electrónico en las salas del Tribunal, según confirmaron a EL PAÍS fuentes conocedoras del resultado de la investigación.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, magistrado de tendencia conservadora, como los otros dos que deciden junto a él si anulan escuchas a los implicados del caso Gürtel, sospechaba que alguien pudiera estar espiándoles y llamó hace varios días al jefe superior de Policía de Madrid para que enviara a los agentes a rastrear las salas en busca de micrófonos ocultos. Pero sus sospechas -la última extravagancia dentro de la accidentada instrucción del caso, con decenas de abogados empeñados en anular todo un proceso judicial cargado de cientos de pruebas que acreditan cómo desde hace más de diez años creció en España la más extensa trama de corrupción política conocida en democracia- se han disuelto como humo en el aire.

Vieira y sus dos compañeros de sala seguirán deliberando la próxima semana, aunque tras las tres reuniones previas las posiciones permanecen inamovibles y todo conduce a una votación final de dos votos, el del propio presidente del Tribunal y el del magistrado Fernández Castaño, favorables a la anulación de las grabaciones obtenidas en la cárcel; y uno en contra, el del ponente del caso, José Manuel Suárez Robledano.

Como en el caso de Valencia, donde dos magistrados (también conservadores, y entre ellos el presidente del Tribunal Superior, Juan Luis de la Rúa) archivaron la causa contra el presidente autonómico Francisco Camps, mientras el instructor, que no intervenía en la resolución de los recursos, y otro magistrado conservador, que sí participaba de las deliberaciones, consideraron que el jefe del Ejecutivo valenciano debía sentarse en el banquillo.

www.elpais.es 20.03.10

Aguirre: "¡Los móviles fuera, a mi bolso!"

¿Psicosis tras el caso de los espías? ¿Obsesión con los micrófonos ocultos? No. Sólo temor a las filtraciones antes de tiempo. El jueves, justo a la entrada del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid en el que se conoció el relevo de Juan José Güemes, la presidenta Esperanza Aguirre exigió a sus consejeros que dejaran sus teléfonos móviles fuera de la sala de reuniones. Concretamente, en su bolso. La presidenta Aguirre no se fiaba de que alguno de sus consejeros enviara la noticia, vía SMS, a alguno de sus colaboradores, o incluso a la prensa, antes de que ella la diera a conocer en rueda de prensa junto al propio afectado. Fue tal su control que a alguno de sus consejeros o consejeras les tuvo que recordar que tenían varios móviles y que todos debían quedarse atrás.

Aunque es experta en la escenografía política, la orden de Aguirre sorprendió a sus consejeros. Por inhabitual. Todo resultó raro. La mayoría de ellos no conocían de antemano la salida de Güemes y se quedaron expectantes. "Algo muy político o espectacular nos va a comunicar que no quiere que se sepa". Pero transcurrió el orden del día sin ningún hecho inusual. Hasta Güemes defendió algunas medidas de futuro de su departamento (Sanidad). Y llegó el último punto y saltó la sorpresa. Aguirre y Güemes dieron su salida por hecha, por inevitable.

El consejero habló de que quería dar clases, prepararse el doctorado, estudiar. Más desconcierto entre los presentes. También dejó una lección para la conciliación política: "Con uno de la pareja dedicado a la política vale, no hay que arriesgar, que acabamos de pedir una ampliación de la hipoteca".

www.elpais.es 20.03.10

El presidente del Tribunal del 'caso Gürtel' busca micrófonos ocultos

El magistrado pide a la Policía un barrido electrónico del edificio judicial

En plena deliberación de su Sala de lo Penal sobre la legalidad de las escuchas ordenadas en la cárcel a los implicados del caso Gürtel -la más extensa trama de corrupción vinculada al PP en toda la historia de este partido-, el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, ha pedido a la policía que haga un exhaustivo barrido electrónico en las instalaciones de su sede judicial con el fin de comprobar si hay micrófonos ocultos. Él y los otros dos magistrados de su Sala están deliberando en estos días si admiten los recursos de los abogados de los implicados en la trama corrupta y cree que puede haber micrófonos ocultos en los despachos judiciales.

La petición de Vieira causa perplejidad en ámbitos policiales y judiciales

El tribunal debate si anula parte de las escuchas de la red de corrupción

La deliberación de estos tres magistrados, entre los que se encuentra el propio Vieira, puede dar un vuelco a la investigación del caso Gürtel en el caso de que la Sala de lo Penal de este tribunal decida -por dos votos contra uno- anular una parte o el conjunto de las escuchas en prisión ordenadas en febrero de 2009 por el juez Garzón, primer instructor de un proceso que afecta a una decena de altos cargos del PP.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, aupado a este cargo a propuesta de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, afín al PP, sospecha que alguien puede estar espiando desde fuera lo que ocurre dentro del edificio judicial. Y por esa razón, ha pedido al responsable del Cuerpo Nacional de Policía en Madrid que haga un barrido electrónico del edificio del Tribunal Superior en busca de posibles micrófonos ocultos.

Vieira se ha reunido en las dos últimas semanas en al manos cuatro ocasiones con los otros dos magistrados de la Sala de lo Penal, ambos conservadores, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández de Castro, para resolver los numerosos recursos, una treintena, presentados por los abogados de los implicados en el caso Gürtel. Estos letrados pretenden que se anulen las grabaciones judiciales sobre las comunicaciones que mantuvieron con sus clientes en la cárcel de Soto del Real y que fueron ordenadas por el juez Baltasar Garzón. Tales intervenciones fueron instadas al juez por la Fiscalía Anticorrupción y revelan connivencias delictivas entre algunos letrados y sus clientes.

Según ha trascendido, en esas deliberaciones Vieira y Fernández de Castro se han mostrado partidarios de anular total o parcialmente las escuchas porque, según sostienen, contravienen el artículo de la Ley General Penitenciaria en el que se apoyó Garzón para ordenar las intervenciones puesto que ese precepto sólo permite esa actuación excepcional contra abogados si se trata de casos de terrorismo.

En contra del criterio de Viera y Fernández Castro, el juez Suárez Robledano defiende validar todas las escuchas realizadas y entiende que tienen valor probatorio y cobertura legal dentro de la investigación de la más extensa trama de corrupción que salpica a altos cargos del PP desde el caso Naseiro.

Determinados aspectos de las deliberaciones sobre las escuchas, que aún no han concluido, han trascendido a la opinión pública. Por eso, Vieira, que preside el Tribunal Superior de Justicia de Madrid tras ser avalado por los vocales del Poder Judicial elegidos a propuesta del PP y algunos de los elegidos por el PSOE, ha trasladado su preocupación a la policía y ha pedido un rastreo. La policía aún no ha realizado el citado barrido electrónico, una operación insólita que ha causado perplejidad tanto en ámbitos judiciales como policiales.

www.elpais.es 19.03.10

El magistrado pide un juez de apoyo y más medios

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco José Vieira, ha pedido a la Consejería de Justicia e Interior de la Comunidad que proporcione más recursos técnicos y humanos al magistrado instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira. La consejería ha aumentado la plantilla de funcionarios, según fuentes del Gobierno regional, pero no parecen ser aún suficientes dado el enorme volumen de las diligencias del caso Gürtel.

Según fuentes de la consejería, Vieira dispone de un escrito del secretario del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en el que éste se queja de la falta de medios técnicos y exige que, sólo para tramitar el caso Gürtel, se doble la plantilla de funcionarios y se ponga al servicio de su oficina judicial máquinas fotocopiadoras y escáneres potentes que permitan agilizar la transmisión de las diligencias a CD para ser entregados éstos a los más de 60 abogados personados en la causa. Parte de esos recursos ya se han aportado, según la Comunidad.

Secreto sumarial

Los citados medios señalan que uno de los motivos de la tardanza en levantar el sumario de este proceso se debe precisamente a esa falta de recursos, que se ha ido solventado parcialmente pero que aún dista de lo deseable. Aparte de los problemas técnicos, otro de los motivos del retraso en levantar el secreto que pesa sobre estas diligencias es la negativa de las fiscales Anticorrupción a que se hagan públicas las diligencias mientras no culminen algunas de las investigaciones en curso.

Además, Vieira también ha pedido al Consejo del Poder Judicial, según han explicado fuentes del órgano de gobierno de los jueces, un juez de apoyo para el instructor Pedreira, quien en la actualidad tramita uno de los sumarios más complejos y profusos de los últimos años, con unas diligencias que se acercan a los 80.000 folios. Fuentes del Poder Judicial señalan que, si bien es posible aumentar la plantilla de secretarios a disposición de Pedreira, no es factible en estos casos añadir un juez de apoyo.

Según fuentes del Tribunal Superior, el juez Pedreira quiere levantar cuanto antes (el próximo plazo expira la semana próxima) la parte del sumario que aún sigue secreta, unos 50.000 folios. Y sólo mantener en secreto las investigaciones relacionadas con la decena de comisiones rogatorias que ya ha enviado a otros tantos países y paraísos fiscales en busca de los millones de euros que la policía cree que oculta la red de Francisco Correa en el extranjero.

www.elpais.es 19.03.10

El vicepresidente del Poder Judicial cree que habría que suspender a Garzón de forma "automática"

Fernando de Rosa anunció que se abstendrá de las deliberaciones tras ser recusado por el magistrado por ser amigo de Camps

Pese a asegurar que no existe ningún tipo de enemistad manifiesta entre él y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, el vicepresidente del Consejo General del

Poder Judicial (CGPJ), Fernando de Rosa, ha asegurado hoy que sería "sano" para la Justicia y la sociedad que el magistrado fuera apartado de sus funciones de manera cautelar y "automática" por las tres querellas contra él que estudia el Tribunal Supremo, según ha declarado hoy en Onda Cero.

De Rosa fue uno de los tres vocales recusados por Garzón para que no participaran en las deliberaciones sobre dicha suspensión. El juez de la Audiencia adujo entonces que el vicepresidente del Poder Judicial había cuestionado "continuamente" su labor instructora, lo que "le priva de objetividad de juicio" para decidir sobre la suspensión. Además, alega que Rosa tiene "amistad íntima" con uno de los interesados en la causa, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de quien dijo que era "totalmente honorable". Asimismo, Garzón asegura que existe "relación de servicio" entre ambos pues Rosa fue consejero de Justicia en el gobierno valenciano.

De Rosa negó la mayor, al igual que otra de las vocales recusadas, Margarita Robles, aunque anunció su abstención en el proceso por el bien de la independencia del Consejo.

El vicepresidente del CGPJ ha reconocido durante la entrevista que es amigo personal de Camps aunque no cree que esta circunstancia le inhabilite para actuar con objetividad e independencia con Garzón.

De Rosa ha insistido en que "lo medular" de esta causa es si el juez de la Audiencia Nacional, con tres querellas en el Supremo, "puede seguir tramitando asuntos en su Juzgado" ya que nadie puede pensar que tiene "méritos adquiridos" para que la Justicia actúe con él "de forma diferente", y ha defendido su abstención en el procedimiento contra Garzón para eliminar cualquier sombra de duda sobre su independencia y objetividad.

www.elpais.es 19.03.10

DOS MAGISTRADOS INSISTEN EN ANULAR PARTE DEL 'CASO GÜRTEL' 

Continúan las discrepancias. Los magistrados de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid siguen sin ponerse de acuerdo sobre la legalidad de las escuchas acordadas por el juez Garzón en la cárcel de Soto del Real entre imputados del caso Gürtel y sus abogados. Los jueces volvieron a reunirse ayer y si algo queda claro luego de tres días de deliberaciones es que hay dos jueces (el presidente Francisco José Vieira y el magistrado Emilio Fernández de Castro) que son partidarios de anular esas escuchas y que hay un tercer magistrado, José Manuel Suárez Robledano, que discrepa y que, según fuentes conocedoras de las deliberaciones, entiende que las grabaciones ordenadas por Garzón tienen cobertura legal porque algunos de los abogados actuaron en connivencia con sus clientes para ocultar los millones de euros que la trama corrupta tiene en paraísos fiscales. Las autoridades suizas, por ejemplo, han acreditado que el cabecilla de la red y su número dos, Francisco Correa y Pablo Crespo, respectivamente, ocultaban un total de 21 millones de euros. 

Según las citadas fuentes, los tres magistrados volverán a reunirse el lunes. De momento, los dos jueces partidarios de anular las escuchas llevarán el lunes al tribunal un escrito en el que fundamentan su criterio contrario al de Suárez Robledano, que hasta el momento es el ponente. Al estar en desacuerdo con ellos, la ponencia cambiará a las manos de otros de los jueces, posiblemente el propio presidente del tribunal. 

Los citados medios no descartan que ambos magistrados hagan un auto en el que digan que esas escuchas son nulas e insten a los abogados a que expongan de forma individualizada y por escrito aquellas fases de la investigación o pruebas que entiendan colisionan con las escuchas que resulten anuladas. 

Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS señalan que la anulación de las escuchas permitiría a los abogados de los supuestos delincuentes aferrarse a esta sentencia para seguir recurriendo y pedir la anulación de nuevas pruebas, lo que podría dilatar la causa durante años. Las grabaciones impugnadas por los abogados de los principales imputados en la red corrupta probarían la connivencia entre los cabecillas de la trama para que no fructificase, por ejemplo, la comisión rogatoria enviada por Garzón a Suiza. 

(www.elpais.com, 18/03/10)

LOS PINCHAZOS, EN MANOS DE UN JUEZ QUE SE NEGÓ A INVESTIGAR A ULIBARRI 

Emilio Fernández Castro, uno de los tres jueces que deben decidir si se anulan o no las escuchas en prisión a imputados del caso Gürtel, se negó en 2007 a admitir una querella sobre los manejos de dos de los principales personajes de la que terminaría siendo conocida como trama Gürtel: el entonces alcalde de Boadilla del Monte (Madrid), Arturo González Panero apodado en la trama como el Albondiguilla y el empresario José Luis Ulibarri. Fuentes próximas al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) creen que el magistrado no está contaminado para decidir sobre las escuchas.  

Sin estudiar el fondo del asunto la oscura adjudicación de una parcela municipal a una empresa de Ulibarri, Fernández Castro dio carpetazo a la querella. No había indicios de delito, sostuvo el magistrado. La empresa adjudicataria, UFC, ni siquiera estaba inscrita en la Seguridad Social. 

Dos años más tarde, el juez Baltasar Garzón citaba en dos de sus autos sobre el caso Gürtel la adjudicación de esa parcela como una de las operaciones urdidas por la red corrupta. La parcela, subrayaba el juez en un auto, se adjudicó de forma "directa" a UFC "tras la intervención de Francisco Correa", jefe del clan Gürtel. 

La querella por prevaricación que Fernández de Castro se negó a admitir llevaba el sello de Ángel Galindo, concejal de oposición en el Ayuntamiento de Boadilla y abogado de José Peñas, el ex edil del PP cuya denuncia permitió a Garzón tirar del hilo de la red corrupta.  

En su denuncia, Galindo desgranaba el cúmulo de irregularidades que habían rodeado la adjudicación de la parcela, destinada a albergar 139 viviendas libres: la oferta económica de UFC 35 millones era cuatro millones inferior a la más alta. Y, sobre todo, UFC era en aquel momento una empresa fantasma o infractora, como demostró su ausencia de registro en la Seguridad Social. 

Tras el carpetazo dado a la querella por Fernández Castro, el querellante recurrió a la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJ. La inadmisión de la querella fue confirmada. Pero lo fue con el voto particular de uno de los tres miembros de la Sala: Antonio Pedreira, quien como instructor de la pieza principal del caso Gürtel revalidó en febrero las escuchas ordenadas por Garzón.  

Los imputados en el caso Gürtel han convertido en prioridad lograr la nulidad de las escuchas en prisión. Sobre esos pinchazos deben pronunciarse dos tribunales: el TSJ de Madrid, que debe revalidar o revocar el auto de Pedreira por el que confirmaba la legalidad de tales escuchas; y el Tribunal Supremo, que investiga la querella interpuesta contra Garzón precisamente por José Luis Ulibarri, a quien el sumario presenta como uno de los pesos pesados de la trama. 

La decisión del Tribunal Superior de Madrid está en manos de tres magistrados: José Manuel Suárez Robledano, ponente; Francisco Javier Vieira, presidente del TSJ; y Fernández de Castro.  

(www.publico.es, 17/03/10) 

EL VICEPRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL SE ABSTIENE EN EL PROCESO CONTRA GARZÓN 

El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el conservador Fernando de Rosa, ha decidido abstenerse en la tramitación que desarrolla el órgano de gobierno de los jueces para decidir si suspende cautelarmente al juez Garzón por las querellas que tramita contra él el Tribunal Supremo. De Rosa envió ayer un escrito a la Comisión Permanente en el que justifica su decisión en el deseo de "preservar la independencia" del órgano de gobierno de los jueces, aunque añade que no existe "ninguna razón de peso" para abstenerse. 

De Rosa es uno de los tres vocales del Consejo -junto con la progresista Margarita Robles y la conservadora Gemma Gallego- cuya abstención solicitó Garzón al entender que mantienen hacia él una "enemistad manifiesta". El vicepresidente del Consejo explica: "La independencia del Consejo está por encima de todo. No puede existir ni una sombra de duda sobre mi dignidad y mi honorabilidad, algo que siempre he preservado en todas las instituciones a las que he servido". 

Garzón esgrimía "la amistad personal" que De Rosa, ex consejero de Justicia de la Comunidad Valenciana, mantenía con el presidente valenciano, Francisco Camps, que fue imputado en el caso Gürtel. De Rosa ha señalado que este asunto nada tiene que ver con los dos procedimientos abiertos en el Consejo. La vocal Robles anunció hace días que, aunque tampoco existe motivo para apartarse del procedimiento, se abstiene para que no se ponga en duda su imparcialidad. La vocal Gallego ha difundido otro escrito en el que señala que no hay argumentos para recusarla. 

Por otro lado, la Comisión Permanente del Consejo rechazó ayer el escrito de los abogados Antonio Mazón y José Luis Panea en el que pedían la recusación de otros tres vocales del Consejo por "amistad" con Garzón -los progresistas José Manuel Gómez Benítez y Miguel Carmona y el conservador Pío Aguirre-. Estos abogados se han querellado contra Garzón por los supuestos cobros que habría recibido el magistrado del banco Santander por unos cursos en la Universidad de Nueva York. 

Por otra parte, la mayor asociación de abogados de Estados Unidos, American Bar Association (ABA), ha remitido al Consejo del Poder Judicial y a la Fiscalía General del Estado una carta de apoyo a Garzón. 

(www.elpais.com, 17/03/10) 

EL JUEZ ACUSA AL QUERELLANTE DE LA GÜRTEL DE "GROSERAS INEXACTITUDES" 

El juez Baltasar Garzón se adhirió ayer al recurso de súplica del Ministerio Fiscal contra la admisión a trámite de la querella por las escuchas de los imputados de la trama Gürtel, y acusó al abogado querellante, Ignacio Peláez, de haber incurrido en "groseras inexactitudes que desvirtúan notablemente la realidad de lo sucedido". 

El defensor de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, se adhiere "íntegramente" al recurso de la Fiscalía y en especial al extenso alegato contrario a la "inmunidad absoluta" de las conversaciones entre los presos y sus abogados. 

El defensor de Garzón insiste en que las comunicaciones de los internos sólo se pueden intervenir por orden judicial, "pero no sólo en casos de terrorismo", -como sostiene el querellante- "sino en todos aquellos casos en que haya motivos para ello por estar comprometido el descubrimiento de un delito". El letrado cita en su apoyo sentencias del propio Tribunal Supremo y del Constitucional. 

(www.elpais.com, 17/03/10)

GARZÓN DICE QUE EL CASO GÜRTEL NO PELIGRA AUNQUE SE ANULE PARTE DE LAS ESCUCHAS 

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha presentado un recurso de súplica ante el Tribunal Supremo contra la admisión a trámite de una tercera querella contra él, en concreto la relativa a la intervención de las conversaciones mantenidas por los tres presuntos cabecillas de la trama Gürtel con sus abogados en prisión. La querella, presentada por el abogado de uno de los imputados, acusa a Garzón de prevaricar al cometer un delito conta la garantía institucional de la intimidad.  

La defensa del juez, además de defender la legalidad de las conversaciones, mantiene que aún en el caso de que algunas de las escuchas carecieran de interés para la causa, en modo alguno afectaría al derecho de defensa ni peligraría el resto de la investigación. Garzón argumenta que la selección del material que debe integrar la instrucción depende del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. "Esto impide, por principio, -prosigue el escrito de alegaciones- toda suerte de contaminación del órgano encargado del enjuiciamiento, derivado de un supuesto conocimiento de la estrategia de defensa legítimamente hilvanada, una vez que se hubiera tomado la decisión de excluir todo lo relativo a estas cuestiones en la misma fase de instrucción", afirma. 

Garzón rechaza de esta manera la doctrina del árbol envenenado a la que se acogen los abogados de los imputados, según la cual la nulidad de una prueba invalidaría todo el proceso. Tal como publicó ayer este diario, si el Tribunal Superior de Justicia aplica la jurisprudencia del Constitucional el caso Gürtel, incluida la parte que afecta a la Comunitat, no estaría en riesgo. Dos sentencias del Constitucional de 1998 y 1999 indican que la anulación de una prueba no afecta al resto del caso. 

En el escrito de 17 páginas presentado por el abogado de Garzón, Gonzalo Martínez-Fresneda, se adhiere al recurso en el mismo sentido que presentó la Fiscalía el pasado 1 de marzo y acusa al querellante de manipular los hechos relacionados con las intervenciones telefónicas mediante "inexactitudes y mendicidades tendentes a crear una sensación global de desprecio por el Derecho". La defensa de Garzón subraya que la ley "no declara la inmunidad absoluta de las conversaciones entre los internos de los centros penitenciarios y los abogados que les visiten", ni tampoco lo ha hecho la jurisprudencia del Tribunal Constitucional. "Es indudable que la práctica de diligencias ha de respetar los derechos fundamentales y, entre ellos, el derecho a la defensa, pero de ahí a asumir que las conversaciones entre un interno y un abogado son inviolables media un notable ? 

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) aplazó ayer por problemas de agenda la reunión que tenía prevista celebrar para retomar las deliberaciones de los 23 recursos interpuestos por los letrados defensores del caso Gürtel contra el juez Baltasar Garzón. El pasado miércoles, Francisco Javier Vieira, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández iniciaron las deliberaciones para llegar a un acuerdo sobre los recursos que podría provocar la nulidad parcial o total de las escuchas telefónicas. 

Fuentes del TSJM indicaron que, una vez que la Sala llegue a un acuerdo, el ponente redactará un auto en el que se motivará la decisión alcanzada. En el caso de que se decrete la nulidad de las conversaciones, los abogados defensores podrían solicitar la nulidad de otras pruebas como declaraciones solicitadas a raíz de las intervenciones realizadas en la cárcel. Seria el caso del abogado de José Luis Ulibarri. El instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, tiene previsto levantar el secreto del sumario cuando la Sala Civil y Penal tome una decisión. No obstante, no descarta otra prórroga. 

(www.levante-emv.com, 17/03/10)

CORREA Y SU 'NÚMERO DOS' GUARDABAN EN SUIZA 21 MILLONES DE LOS NEGOCIOS ILEGALES 

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que instruye una parte de la trama de corrupción vinculada al PP, tiene ya en su poder los resultados definitivos de la comisión rogatoria para investigar los fondos que supuestamente el cabecilla de la red, Francisco Correa, había sacado ilegalmente de España. 

La comisión rogatoria ha permitido localizar en Suiza 21 millones de euros que reunían Francisco Correa (17 millones) y su principal colaborador, Pablo Crespo (cuatro), que fue durante un tiempo secretario de Organización del PP gallego. 

Correa y Crespo permanecen en prisión desde el mes de febrero del año pasado y son considerados por los jueces que han instruido el caso y por los responsables de la Fiscalía Anticorrupción los dos cerebros de la trama que extendió la corrupción por cuatro comunidades autónomas gobernadas por el PP (Madrid, Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León). 

Los 21 millones de euros localizados por la investigación judicial en Suiza habrían sido amasados por la trama de Correa como consecuencia de negocios basados en el tráfico de influencias, el cohecho o la prevaricación con la connivencia de dirigentes políticos del PP, a juzgar por todas las pruebas que atesora la causa sobre las actividades de la red de corrupción. 

Correa contrató a lo largo de su aventura empresarial a dos asesores fiscales, que le crearon sociedades en paraísos fiscales donde ingresaba el dinero logrado con sus negocios en España, basados en muchas ocasiones en la adjudicación de contratos, la recalificación de terrenos o la concesión de obras o servicios a empresas para las que intermediaba. 

Además, fichó al suizo Arturo Gianfranco Fasana para gestionar sus fondos en paraísos fiscales, por lo que le cobraba un 0,3% de su cartera anual. Fasana, identificado como FAFA en los documentos incautados a la trama corrupta, ha confesado ante el juez de Madrid que investiga esta trama, Antonio Pedreira, que conoció a Correa hace ocho años y que el jefe de la red corrupta se mostró interesado en traspasar unos fondos de Mónaco a Suiza. Fasana explicó en su declaración judicial que su cliente, Francisco Correa, era muy conservador a la hora de invertir su dinero y sólo quería obligaciones de categoría AAA, que garantizan un beneficio razonable con mínimo riesgo. 

En medio de la crisis económica y a sólo unos meses de ser detenido, Correa pidió consejo a Fasana para invertir cuatro millones de euros y su gestor le aconsejó el Banco Europeo de Inversiones. Además, Fasana reconoció al juez que gestionó alguna operación inmobiliaria de la red corrupta en el extranjero, como la compra de dos viviendas en Cartagena de Indias (Colombia). 

Además, Fasana declaró al juez que había creado la sociedad Rutsfield, domiciliada en la Isla de Man, para que Correa pudiera hacer inversiones inmobiliarias en España a través de esta empresa. En una de esas inversiones en Majadahonda para construir viviendas de lujo participó supuestamente Luis Bárcenas, según investiga el Tribunal Supremo. La mujer de Bárcenas aparece entre las personas que participan de la sociedad inmobiliaria creada para levantar la promoción de lujo en Majadahonda. Un informe policial que ha sido remitido por el juez Garzón al Tribunal Superior de Madrid así lo acredita. Tanto la mujer de Bárcenas como el ex tesorero nacional del PP están imputados en el caso Gürtel. 

El instructor del caso Gürtel en Madrid ha remitido más de una decena de comisiones rogatorias al extranjero en busca del dinero que ilícitamente acaparó la trama que dirigía Correa. Países receptores de estas comisiones rogatorias son, entre otros, Estados Unidos, Portugal, Colombia, Panamá y Reino Unido. La parte del sumario abierta revela sospechas de que Correa (como ya se ha demostrado con Suiza) ocultó en ellos fuertes sumas de dinero. 

UN INVERSOR QUE HUÍA DEL RIESGO 

- Deuda pública o privada. Francisco Correa, jefe de la trama corrupta, prefería inversiones seguras para el dinero que sacaba de España. Y elegía obligaciones AAA. Estas obligaciones son títulos de deuda pública o privada, que emite el Tesoro de un país o una determinada empresa o banco para financiarse. 

- Máxima nota. La triple A es la máxima nota que otorgan las agencias de calificación (Moody's, S&P y Fitch): significa que la probabilidad de impago es cero, e imprime un marchamo de máxima seguridad a la deuda. Pero tiene sólo un valor indicativo: las subprime tenían esa nota, así como varios productos de Lehman Brothers, que quebró a finales de 2008. 

- Obligaciones 'AAA'. Las obligaciones de deuda de EE UU, británicas y alemanas, por ejemplo, son triple A. Las españolas también, pese a que una de las tres grandes agencias le rebajó el rating en 2009. Y hay obligaciones subordinadas de algunos bancos y unas pocas empresas con la misma nota. 

- Rentabilidad. Mínimo riesgo suele suponer mínima rentabilidad, pero ésta depende del emisor y del plazo. Por ejemplo, en las obligaciones a 10 años alemanas está en torno al 3%, y en las españolas es del 4%. Grecia, en plena crisis fiscal, las paga al 7%, pero no son triple A. 

(www.elpais.com, 16/03/10) 

LOS JURISTAS DISCREPAN SOBRE LA VALIDEZ DE LAS ESCUCHAS  

Los juristas tienen opiniones dispares sobre la legalidad de las grabaciones entre los miembros de la trama corrupta de Gürtel y sus abogados. La mayoría cree que tendrían validez legal si el letrado está ayudando a blanquear dinero, aunque un ex magistrado del Constitucional considera que por encima de todo está el derecho de defensa y sí que serían anulables las escuchas. 

Vicente Gimeno Sendra, ex magistrado del Tribunal Constitucional, indicó que las escuchas del caso Gürtel pueden "estar tocadas. El derecho de defensa es sagrado. Si los jueces empezaran a intervenir conversaciones entre los abogados y sus clientes sería algo impresentable. Yo en el Constitucional defendí que nunca debían intervenirse. Aquí parece que todo vale. El derecho de defensa está ahí. Si el Estado se entera de las conversaciones entre los abogados y sus defendidos ¿para qué sirve el proceso penal? Yo creo que si ha sucedido así estamos ante una violación al derecho del secreto de las comunicaciones y al derecho de defensa".

Por contra, el ex magistrado de Instrucción Luis Segovia opina que las grabaciones sí son legales. "La Ley de Enjuiciamiento Criminal permite al juez pinchar los teléfonos cuando tiene indicios de que se está cometiendo un delito. En caso de terrorismo ni siquiera hace falta la autorización judicial". Segovia añadió que en el caso Gürtel "hay cuatro abogados imputados por blanqueo". El ex juez lamentó que el problema de anular las escuchas es que "todas las investigaciones que se deriven de ellas también están viciadas. Es la teoría del árbol envenado. Esto puede provocar que queden impunes estos delincuentes, lo que sería un disparate". 

Luis Segovia recordó que a un abogado "no se le puede pinchar el teléfono si no hay indicios de criminalidad, pero se hace muchas veces. En este caso sí hay indicios de blanqueo. ¿Qué quieren los abogados? ¿la inmunidad para delinquir?" El ex magistrado añadió que lo que sí le parece grave "es que se hayan filtrado a los periódicos las conversaciones". 

El abogado penalista Francisco Galiana Botella explicó que es "muy extraño que intenten anular las escuchas antes del juicio. Están condicionado la libertad del tribunal que vaya a enjuiciar el caso. Para que se pueda anular tiene que ser una vulneración escandalosa como que la policía efectúe un registro sin autorización judicial". Galiana apuntó que "si el abogado es sospechoso de cometer un delito sí están justificadas las escuchas". 

El catedrático de Derecho Procesal, José María Asencio, aseguró que le parece precipitado que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid "se pronuncie sobre si son nulas o no las escuchas telefónicas, cuando todavía persiste el secreto del sumario en el caso Gürtel". Asencio indicó que la normativa de la Unión Europea y también la española permiten las intervenciones para delitos de blanqueo de capitales cuando el abogado delinque. 

(www.levante-emv.com, 16/03/10)

DEBATE EN EL PP SOBRE CÓMO LE AFECTARÍA LA NULIDAD DEL CASO 

La época de las unanimidades en el PP acabó hace mucho tiempo. Incluso en el caso Gürtel hay división de opiniones. Federico Trillo, principal estratega de la defensa de los populares, está muy contento por la posibilidad de que todo el caso acabe en nada, según su entorno. Pero algunos dirigentes creen que la nulidad, esto es, lo mismo que pasó en los 90 con el caso Naseiro, no sería positiva para el PP. 

Dolores de Cospedal fue tajante. ¿Le gustaría al PP que el caso Gürtel acabara con una nulidad?, era la pregunta. "El PP está personado en ese caso y no ha pedido la nulidad. Creo que eso responde a la pregunta", sentenció. 

Sin embargo, la noticia publicada por EL PAÍS ayer, según la cual hay un dos a uno en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a favor de anular las escuchas realizadas en la cárcel a los máximos dirigentes de la red corrupta mientras hablaban con sus abogados, llenó de euforia a las personas más cercanas a la estrategia de defensa del PP, que lidera Trillo, según diversas fuentes del partido. 

El portavoz de Justicia del PP es un histórico, uno de los pocos supervivientes de la quema de los últimos años. Con su influencia en la judicatura, como extensión del PP, lleva más de 20 años siendo el factótum del ala conservadora del mundo judicial. 

Decenas de ascensos a puestos clave, especialmente en los tribunales superiores y en el Supremo, controlados durante años por la sólida mayoría del PP en el Consejo General del Poder Judicial, han pasado directa o indirectamente por sus manos. 

Por eso maneja siempre información de primera mano, tiene influencia y trata de ejercerla. No en vano los presidentes de los Tribunales de Madrid y Valencia, los dos más afectados por Gürtel, fueron elegidos a propuesta de los vocales designados por el PP. 

La anulación de algunas escuchas, paso previo que podría llevar a la nulidad total, sería definitiva para Trillo porque justificaría su tesis central, esto es, que el caso Gürtel nació de un complot contra el PP urdido por la fiscalía, la policía y el juez Baltasar Garzón. 

Sin embargo, otros dirigentes creen que la nulidad dejaría un flanco abierto eterno para el PP, y prefieren que los tribunales lleguen hasta el final. Según el análisis que realizan en privado estos últimos, el PP ya ha sufrido el desgaste por este caso, y si no aparecen nuevos implicados, es mejor para el partido que los ya destituidos sean condenados y se cierre el círculo. 

(www.elpais.com, 16/03/10) 

LA JUSTICIA DELIBERA SOBRE LOS RECURSOS CONTRA LAS ESCUCHAS DE GÜRTEL 

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid retomará hoy las deliberaciones de los 23 recursos interpuestos contra las escuchas ordenadas por le juez Baltasar Garzón. Si sus recursos prosperan, podrían desarticular la trama Gürtel.  

La posibilidad de que se declare ilegal parte o todas las escuchas telefónicas practicadas por Garzón entre los cabecillas de la Red Gürtel y sus abogados en prisión podría poner en peligro la totalidad del proceso en el que se investiga la trama de corrupción ligada a administraciones del PP al producirse la denominada Teoría de los frutos del árbol envenenado. 

Esta teoría se fundamenta en que todos aquellos medios de prueba que, aún siendo lícitos, tienen su origen en los resultados que se obtienen a partir de una actuación ilegal, son ineficaces y, por tanto, no gozan de ninguna virtualidad en el proceso judicial. Es la misma estrategia que utilizó el PP para desactivar el Caso Naseiro , que lo implicaba presuntamente en una red de financiación ilegal en la primera época de José María Aznar, en 1990.  

El pasado miércoles, Francisco Javier Vieira, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández iniciaron las deliberaciones para llegar a un acuerdo sobre los recursos que podría provocar la nulidad parcial o total de las escuchas telefónicas. 

Fuentes del TSJM indicaron que, una vez que la Sala llegue a un acuerdo, el ponente redactará un auto en el que se motivará la decisión alcanzada por los magistrados. 

En el caso de que se decrete la nulidad de las conversaciones, los abogados defensores podrían solicitar la nulidad de otras pruebas como declaraciones solicitadas a raíz de las intervenciones realizadas en la cárcel, en base a la citada Teoría de los frutos del árbol envenenado. 

El abogado Ignacio Peláez, que defiende a José Luis Ulibarri, explicó que, en el caso de su cliente, su imputación se basa precisamente en la conversación que mantuvo en Soto del Real con Correa, Pablo Crespo y sus letrados cuando acudió en condición de abogado expresamente llamado. 

"Fui a preparar mi estrategia de defensa porque se relacionaba a mi cliente con Correa y Crespo. Nunca sospechamos que se nos podía estar grabando. El contenido de la charla se utilizó para imputar a mi cliente, tal y como aparece en el atestado policial", indicó Peláez, quien adelantó que si se anulan las conversaciones, solicitará que se levanta la imputación sobre su patrocinado. 

"Me da rabia que algunos medios nos critiquen por querer anular el proceso, pero la culpa es de Garzón y de las fiscales por permitir la ilegalidad de estas escuchas. La Fiscalía debe velar por la legalidad de las actuaciones, más aún cuando los abogados no podemos acceder a la causa. Si se anula, es por culpa del juez y las fiscales", aseveró. 

Este mismo asunto está también en manos del Tribunal Supremo después de que haya admitido a trámite una querella interpuesta por este mismo letrado. A este querella se sumó el letrado de Francisco Correa, que participará en la causa como acusación particular. 

El instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, tiene previsto levantar el secreto del sumario de las actuaciones cuando la Sala Civil y Penal tome una decisión sobre los recursos contra las comunicaciones. No obstante, no se descarta que haya una prórroga más de las diligencias. 

El pasado enero, el juez Pedreira ya avaló las escuchas al desestimar los recursos interpuestos por José Luis Izquierdo y Javier Nombela Olmos en el que solicitaban la nulidad de las resoluiones dictadas por el juez Garzón referidas a la intervención de las comunicaciones telefónicas. 

Los letrados alegaron en sus recursos que las intervenciones violaban lo dispuesto en la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), que reserva exclusivamente a los supuestos de terrorismo toda intervención de las comunicaciones entre un interno y sus abogados. 

En el auto, la Sala de lo Civil y Penal criticó que "la estrategia de los recurrentes consiste en confundir la intervención de las comunicaciones a un interno como medida de régimen penitenciaria, con la intervención de esas comunicaciones como medida de investigación adoptada en un procedimiento penal, de manera que las limitaciones de una se trasmitan a la otra". 

(www.publico.es, 16/03/10) 

EL CASO GÜRTEL NO PELIGRA SI SE APLICA LA JURISPRUDENCIA DEL CONSTITUCIONAL 

El caso Gürtel no está en peligro de nulidad, como ocurrió con el caso Naseiro si se aplica la jurisprudencia del Tribunal Constitucional avalada por su entonces vicepresidente, el magistrado valenciano Tomás Vives Antón, el primero en aplicar la teoría de la desconexión de antijuridicidad. Así, aunque las escuchas realizadas en prisión a los imputados en este caso fueran declaradas ilegales, las mismas u otras pruebas conseguidas de forma independiente y legítima serían válidas.  

Las primeras sentencias del Constitucional que aplican la desconexión de antijuridicidad son la 81/1998 y la 49/99, ambas con Tomás Vives como ponente. Las dos se oponen a la doctrina de los frutos del árbol envenenado, por la que una prueba nula, anula el proceso. Por el contrario, la teoría del Constitucional establece la independencia de las pruebas y su validez por sí mismas, sin contaminarse ni contaminar el proceso. En este sentido, explica un experto jurista, "en oposición a la teoría de los frutos del árbol envenenado, estas sentencias avalan las pruebas que tengan virtualidad en sí misma considerada y halladas de forma independiente a la que deriven directamente del contenido de las conversaciones" anuladas o declaradas ilegales. 

Desde el pasado miércoles el Tribunal Superior de Justicia de Madrid delibera si debe aplicar la doctrina medieval del árbol envenenado, tras las 23 peticiones de nulidad de las actuaciones iniciadas por el juez Garzón hace un año y encabezadas por el líder de la trama Gürtel, Francisco Correa. Sus abogados han pedido que se anulen todas las actuaciones en general o bien a partir del 19 de febrero, cuando ingresaron en la prisión de Soto del Real (Madrid) y el juez Garzón ordenó las escuchas de las conversaciones con sus abogados en el locutorio. Nula la prueba, nula la causa, defienden los imputados. El Tribunal Supremo así lo hizo cuando declaró nulas las escuchas obtenidas en el caso Naseiro, en el que también se investigaba una supuesta financiación ilegal del PP.  

No obstante, la jurisprudencia posterior del Tribunal Constitucional habría avalado estas escuchas con la teoría de la desconexión de antijuridicidad. De esta forma, si se llega a la misma prueba por otro medio legítimo, anterior o posterior, la prueba será válida, aunque se anulen los hechos derivados de las escuchas declaradas ilegales, es decir, los frutos del árbol envenenado. 

Un ejemplo sería la conversación de 24 de febrero de 2009 entre José Antonio López Rubal, Pablo Crespo y Francisco Correa. En su recurso, el abogado pretende que se anule la conversación en la que se habla de "la sociedad de los locales de Boadilla". Aplicando la teoría del Constitucional, si en un registro legal de estos locales se hallara una prueba, ésta sería legítima y perfectamente válida al tratarse de una prueba independiente de las conversaciones, incluso si éstas se anularan del proceso. 

(www.levante-emv.com, 16/03/10)

EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID SE INCLINA POR ANULAR LAS ESCUCHAS DEL 'CASO GÜRTEL' 

El caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que afecta al PP desde el caso Naseiro y la más extensa conocida en democracia al afectar a varias comunidades y Ayuntamientos, tiene a los corruptos implicados pendientes de una resolución clave para el desarrollo de la investigación judicial. Tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) han mantenido ya dos sesiones para deliberar si las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón en la cárcel entre los corruptos y sus abogados, algunos también implicados en la ocultación de fondos, son legales o hay que anularlas.  

Dos de los tres jueces que deliberan sobre este asunto defienden la anulación total o parcial de las escuchas decretadas por Garzón y avaladas por el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. 

Las grabaciones que preocupan a los corruptos y a sus abogados probarían la connivencia entre los cabecillas de la trama (Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo) estableciendo estrategias comunes, por un lado, y tratando de evitar que la justicia localizara decenas de millones de euros evadidos a paraísos fiscales. 

La tensión en la Sala que delibera sobre la legalidad o no de las conversaciones es muy notable, según fuentes conocedoras de las mismas. En las dos sesiones que han celebrado hasta ahora los tres jueces hay una mayoría de dos a uno a favor de anular las escuchas, aunque no se ponen de acuerdo respecto a si hay que declarar ilegales todas las conversaciones grabadas en la cárcel con abogados o sólo algunas de ellas. 

La decisión de esta Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid puede poner en la picota una instrucción que acumula ya decenas de miles de folios, cientos de pruebas y que afecta a un centenar de imputados. Los delitos cometidos por la trama corrupta han dejado fuera del juego político a cuatro alcaldes madrileños del PP, tres diputados autonómicos, entre ellos un ex consejero de Esperanza Aguirre, y han cuestionado las prácticas, muchas de ellas ilegales, de Gobiernos que colaboraron con la trama corrupta, todos ellos del PP. 

Cada uno de los tres jueces que dirimen los recursos presentados por los abogados de los corruptos tiene un criterio distinto y opuesto al de los demás, si bien ya se ha conformado una mayoría de dos magistrados frente a uno que son partidarios de anular estas pruebas. 

Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS señalan que la anulación de las escuchas permitiría a los abogados de los supuestos delincuentes aferrarse a esta sentencia para seguir recurriendo y pedir la anulación de nuevas pruebas, lo que podría dilatar la causa durante años. 

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, aupado al este cargo a propuesta de la conservadora, y afín al PP, Asociación Profesional de la Magistratura, se ha mostrado hasta ahora partidario de anular parcialmente las escuchas. Es decir, considera que el juez Baltasar Garzón se excedió cuando ordenó pinchar las comunicaciones que mantuvieron en la cárcel de Soto del Real los dos jefes de la trama con sus abogados.  

Colateralmente, admitir los recursos de los abogados también afectaría tangencialmente a Garzón, sobre quien pende una querella por este motivo que presentó el abogado del constructor José Luis Ulibarri, sobre el que pesa la sospecha de haber pagado millones de euros para conseguir adjudicaciones de Gobiernos del PP. El Supremo ha admitido y está instruyendo esta causa contra Garzón. 

En principio, Vieira contaría con el apoyo y el voto, para conformar una mayoría de dos contra uno y anular gran parte de las escuchas, de su colega Emilio Fernández Castro. Este magistrado se ha mostrado aún más radical que Vieira y su propósito inicial es anular casi todas las escuchas hechas desde la cárcel. 

La postura discrepante la mantiene el magistrado José Manuel Suárez Robledano, también perteneciente a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Su criterio pasa por convalidar todas las escuchas decretadas por Garzón y desestimar los recursos de los abogados que piden la anulación parcial o total del proceso sobre la base de la ilegalidad de estas grabaciones. 

Si la deliberación sigue por los actuales derroteros, lo previsible es que al final, si hay votación, Viera y Fernández Castro apoyen la anulación de las escuchas, total o parcialmente, al sumar sus dos votos en contra del de Suárez Robledano, cuya opinión está en sintonía, por otro lado, con la ya expuesta en un auto por el actual juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, quien validó las escuchas de Garzón rechazando los recursos de los abogados de los corruptos. 

Pedreira sostuvo que las escuchas eran válidas porque algunos de los abogados indagados actuaban en connivencia con sus clientes y colaboraban con ellos para, entre otras cosas, tratar de ocultar y evadir de la justicia española "muchos millones de euros" ocultos por la trama corrupta en casi una quincena de paraísos fiscales. 

Según fuentes conocedoras de las deliberaciones, en este momento el nivel de colisión entre los magistrados es tal que Vieira está meditando incluso cambiar al ponente y poner otro, es decir, a él mismo o a Fernández Castro. Y es que su postura y la de Suárez Robledano, ponente en este recurso, parecen de momento irreconciliables, mientras que Fernández Castro estaría dispuesto a modificar la suya, nulidad total, y unirla a una de consenso entre ambos. A Fernández Castro no le importa que pasen semanas antes de tomar una decisión definitiva si con ello la Sala del tribunal alcanza un consenso. La deliberación, según las citadas fuentes, continuará mañana mismo. 

Los jueces que quieren anular las escuchas sostienen, entre otros argumentos, que el artículo que invocó Garzón para las escuchas sólo permite intervenir las comunicaciones entre clientes y abogados en los supuestos de terrorismo. El juez Pedreira entendió, en cambio, que eran válidas porque, al margen de ese supuesto, la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite intervenir comunicaciones de abogados y ordenar registros de sus despachos si, como en este caso, media una orden judicial y el abogado puede ser cómplice del delito. 

El sumario del caso Gürtel desvela que el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, el número dos de la trama corrupta, dio instrucciones desde la prisión de Soto del Real en relación con los fondos de la organización en Suiza, según las conclusiones de la policía extraídas de las intervenciones de comunicaciones en la cárcel. 

En la parte de las escuchas, la documentación recoge varias comunicaciones, fechadas en el mes de marzo del año 2009, del cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, y de su lugarteniente, Pablo Crespo, con sus respectivos abogados. 

(www.elpais.com, 15/03/10)

FINANCIACIÓN ILEGAL EN EL PP GALLEGO 

El ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, número dos de la trama corrupta, admite que hubo financiación irregular ante su letrado. 

Pablo Crespo. Mira una cosa, hay un dato que tengo que darte. Cuando viniste la última vez, que estaba en unas diligencias, esas diligencias pertenecían a la apertura de una caja de seguridad que tenía yo en Pontevedra, donde yo tenía la información económica de toda mi gestión como secretario de Organización del PP de Galicia durante cuatro años, cuatro ejercicios completos, entonces ahí hay una documentación ordenada por mí en su día, porque cuando yo me marché quería dejar las cosas claras. 

Abogado. Seguramente. 

Pablo Crespo. Pero no creo que sea un problema jurídico muy grave, salvo lo del ejercicio de 1999. ¿Cuándo prescriben ese tipo de cosas? 

Abogado. Depende de lo que estemos hablando, si es un problema de financiación irregular que puede conducir a un delito electoral, como mucho 10 años, pero yo creo que es menos. 

Pablo Crespo. (...) Yo te hablo de 1999, pero nada más. Pero bueno, les va a dar alas para... 

Abogado. Seguro, seguro. Aunque hiciese 20 años de esto, EL PAÍS lo sacaría igual. 

Pablo Crespo. Lo que me sorprende es que no lo saquen esta semana. (...) El lío que se puede montar es morrocotudo. 

(www.elpais.com, 15/03/10) 

COMISIONES ILEGALES A CONCEJALES Y ALCALDES 

Francisco Correa, principal imputado en el caso Gürtel, reconoce a su abogado pagos a políticos populares madrileños. 

Abogado. Esa asociación todavía no se ha establecido [...]. Ése es el debate que tenemos que dar. [...] Lo único que tenemos es la aplicación a un pen drive. 

Correa. El famoso pen drive es el lío famoso, si no existiera... [...] Sin este pen drive todo esto no hubiera ocurrido (...) En un momento determinado se puede decir que ese pen drive es un montaje que ha hecho [José Luis] Izquierdo [contable de la red de sociedades corruptas] con Pepe Peñas, ahí en el pen drive tienen que aparecer los pagos a Peñas cuando era concejal de Majadahonda. Él cobraba, todos los meses le pagábamos [Peñas, ex colaborador de Correa, acabó traicionándole y presentó en 2007 la denuncia que dio origen a la investigación]. 

Abogado. Nosotros en ningún caso vamos a reconocer que los pagos que aquí se documentan estén asociados a una decisión administrativa. 

Correa. Si me preguntan "¿Usted le ha dado el dinero a estos señores?", ¿yo qué les digo? 

Abogado. Yo negaría la realidad. Que lo acrediten. 

Correa. Habrá que ver qué contestan el día 18 Sepúlveda, Ginés... [ex alcaldes madrileños imputados en el caso]. 

Abogado. Más o menos tenemos controlados a todos. Excepto a Izquierdo. 

(www.elpais.com, 15/03/10) 

COSPEDAL: "NOSOTROS NO HEMOS PEDIDO LA NULIDAD DEL 'CASO GÜRTEL" 

En una semana clave en el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción que afecta al PP, la secretaria general de los populares, Dolores de Cospedal, ha señalado esta mañana que a pesar de que su partido está personado como acusación en el proceso, no ha pedido en ningún momento la nulidad de la instrucción. La secretaria general respondía así a la pregunta de si al PP le gustaría que el caso Gürtel concluyera en una nulidad, como sucedió con el caso Naseiro en los años noventa. 

Dos de los tres magistrados del Tribunal Superior de Justicia de Madrid están a favor de que se anulen total o parcialmente algunas de las escuchas en la cárcel a implicados en la trama corrupta y abogados defensores del caso. Se espera una decisión de los magistrados en este sentido en las próximas horas. 

En declaraciones a la prensa, tras la reunión del comité de dirección del partido Cospedal señaló: "Yo lo que le puedo decir es que el PP está personado como acusación y no ha pedido la nulidad". "Creo que es bastante clara nuestra posición", apostilló la secretaria general del PP. 

Esas escuchas de conversaciones entre imputados en la trama corrupta -dirigida por Francisco Correa- y abogados del caso, se produjeron en prisión y fueron autorizadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón y avaladas por el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso en el Tribunal Superior madrileño. La intención de los presuntos corruptos encarcelados era definir una estrategia común para evitar que la justicia localice millones escondidos en paraísos fiscales. 

Expertos jurídicos consultados por EL PAÍS señalan que la anulación de las escuchas permitiría a los abogados de los supuestos delincuentes aferrarse a esta sentencia para seguir recurriendo y pedir la anulación de nuevas pruebas, lo que podría dilatar la causa durante años. 

En el caso Gürtel están implicados ayuntamientos populares y varios representantes de ese partido. En total, hay un centenar de imputados. 

(www.elpais.com, 15/03/10)

El veneno que amenaza el 'caso Gürtel'

Abogados de imputados por corrupción, el aparato del PP y magistrados quieren anular las escuchas para desactivar todo el proceso

El PP y los abogados de la red Gürtel, vinculada a ese partido, se disponen a liquidar un caso que puede estallarles en periodo electoral. El juez Baltasar Garzón está a punto de quedar despojado de funciones y cautivo de tres procedimientos penales orientados a su inhabilitación. Y el Tribunal Supremo ha autorizado que el líder de la trama corrupta, Francisco Correa, dirija la acusación contra el juez que le envió a prisión.

  • El Tribunal Superior de Madrid estudia las intervenciones de Garzón

  • La nulidad podría intentar extenderse más tarde al resto de las actuaciones

  • Los abogados no son inmunes a ser investigados, según Anticorrupción

  • Hay cuatro letrados imputados en la causa contra la trama corrupta

Para el PP y los abogados de la trama Gürtel, la vía más rápida es la nulidad de actuaciones, que tan buenos resultados les dio en el caso Naseiro: declarar nulas las escuchas ordenadas por Garzón, extender la nulidad a las del magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira y, siguiendo la teoría del árbol envenenado, procurar que las ramas de éste se extiendan a toda la trama.

En la ofensiva desencadenada para liquidar las escuchas hay abiertos tres frentes, en los que trabajan activamente, junto al aparato del PP, abogados de bufetes de campanillas y hasta el Colegio de Abogados de Madrid. Mientras, en la Secretaría de Causas Especiales del Supremo sestean el recurso contra la exoneración del presidente valenciano, Francisco Camps, o la imputación del ex tesorero del PP Luis Bárcenas.

- Las escuchas de Garzón. La intervención de las comunicaciones en prisión entre los principales implicados en la trama Gürtel y sus abogados, instadas por la Fiscalía Anticorrupción, ordenadas por el juez Baltasar Garzón y refrendadas por su sucesor en el Tribunal Superior de Madrid, Antonio Pedreira, constituyen la primera fase de la ofensiva para conseguir anular el caso Gürtel. El objetivo es que el Tribunal Superior de Madrid declare nulas esas intervenciones.

La Sala Penal del Tribunal Supremo ha enviado su mensaje al Tribunal Superior de Madrid, admitiendo a trámite por primera vez en su historia una querella contra un juez por ordenar una intervención de comunicaciones. No es sólo la tercera querella contra Garzón en apenas nueve meses. Es también la vía de acceso para que todos los implicados en la trama corrupta sienten en el banquillo y acusen al juez.

Desde el miércoles, el Tribunal Superior estudia la validez de las comunicaciones en prisión entre los presuntos corruptos de la Gürtel y sus abogados. Los defensores de los imputados en la trama se aferran a que la intervención de comunicaciones en prisión sólo es válida "con autorización judicial y en supuestos de terrorismo", tal como establece el artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Sostienen que, fuera de ese supuesto, el sistema constitucional y el derecho procesal penal no autorizan a interferir "jamás" las comunicaciones de un abogado con su cliente.

Para la Fiscalía Anticorrupción esa postura llevaría a que los abogados fueran inmunes a una investigación penal, y aporta sentencias del Tribunal Supremo que autorizan a interferir el secreto profesional de los abogados cuando existen indicios de que éstos están cometiendo un delito. Anticorrupción se acoge al artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que autoriza al juez a intervenir las comunicaciones para descubrir o comprobar algún hecho importante para la causa y las que sirvan para fines delictivos. Según la fiscalía, la doctrina constitucional no impone ninguna limitación por razón del delito cuando la intervención de comunicaciones de los internos con sus abogados constituye una medida de investigación penal.

Según el fiscal, algunos de los abogados que han informado ante el Tribunal Superior de Madrid, incluso algunos de los que no han sido escuchados, pretenden que la nulidad se extienda no sólo a las comunicaciones en prisión, sino a todas las actuaciones practicadas por Garzón desde el 19 de febrero de 2009 y a todas aquellas que traigan causa de la información obtenida en esas intervenciones, incluidas las medidas cautelares. Las consecuencias serían bien rentables para los presuntos corruptos: libertad de los imputados, devolución de fianzas, alzamiento de embargos, nulidad de las imputaciones y archivo del caso Gürtel.

Si sólo se anulan las escuchas decretadas por Garzón, Anticorrupción prevé unos efectos más limitados. En la causa hay cuatro abogados imputados, pero sobre ellos hay abundantes diligencias anteriores a esas escuchas. Algunas, incluso, desde septiembre de 2005. Se trata de los titulares de bufetes Luis de Miguel, José Ramón Blanco Balín, Manuel Delgado Solís y del abogado de este último José Antonio López Rubal, al que Garzón citó nominativamente en su auto de intervención. Se trata de los despachos que diseñaron la estructura de los circuitos financieros para el blanqueo de los fondos de Francisco Correa.

A este frente se ha incorporado el Colegio de Abogados de Madrid, personado en el caso Gürtel para combatir las resoluciones de Garzón y el auto de Pedreira que las refrenda.

- Las escuchas del Sitel. El segundo frente de la ofensiva lo abrió directamente el PP al cuestionar la legalidad del Sistema Integrado de Interceptación Telefónica (Sitel), un avanzado sistema de escuchas de teléfonos móviles adquirido cuando ese partido estaba en el Gobierno; obviamente, no había previsto que lo utilizaran Anticorrupción y Garzón para desmontar la trama corrupta vinculada al propio PP.

El sistema se había venido utilizando pacíficamente hasta entonces y durante 2009 el Tribunal Supremo lo había avalado en una decena de sentencias, pasando todos los filtros tanto sobre su funcionamiento como sobre la suficiencia de su cobertura legal.

Sin embargo, a principios de febrero, en la última sentencia sobre el Sitel, dos magistrados del sector más conservador de la Sala Penal, Manuel Marchena y José Manuel Maza, que nunca antes habían puesto pegas al sistema, emitieron un voto particular discrepante, criticando la falta de garantías del aparato. Ambos justificaron después en una nota de prensa que no es que ellos hubieran cambiado de criterio, sino que en las anteriores sentencias en que habían participado nunca se había cuestionado que durante el traslado al juzgado de los DVD conteniendo las escuchas, los agentes de policía no las alterasen manipulando su contenido.

Sin embargo, en medios judiciales y en el propio Supremo no pasó inadvertido un encuentro celebrado días antes en Quintanilla de Onésimo (Valladolid), en el que coincidieron magistrados del Supremo afines al PP con algún destacado defensor de imputados en la trama Gürtel en unas jornadas de estudio patrocinadas por una editorial jurídica. El evento, recogido ampliamente por el diario Expansión, fue organizado por el ex ministro de Justicia del PP José María Michavila, y al mismo asistieron los magistrados del Supremo Manuel Marchena y Julián Sánchez Melgar, los de la Audiencia Nacional Enrique López y Eloy Velasco y el catedrático de Derecho Penal y vicedecano del Colegio de Abogados, Luis Rodríguez Ramos, defensor de varios de los implicados en la trama Gürtel, directamente o a través de abogados de su despacho.

Según el citado diario, Rodríguez Ramos urgió la reforma del artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, precisamente el precepto sobre el que se fundamentan las escuchas en prisión avaladas por el instructor del Tribunal Superior de Madrid Antonio Pedreira. "Con el caso Gürtel como telón de fondo", detallaba Expansión, Rodríguez Ramos cargó contra ese artículo que autoriza la intervención judicial de comunicaciones porque "otorga unas facultades de discrecionalidad tan amplias al juez que no existe seguridad jurídica y no se protege el derecho a la intimidad de las comunicaciones y de los datos que resulten de estas comunicaciones".

Pero, además, la información de Expansión atribuye al magistrado Manuel Marchena unas palabras en las que queda sintetizado el voto particular discrepante que emitieron él y Maza a la última sentencia del Supremo sobre el sistema Sitel. En concreto, Marchena reflexionó acerca de la validez de la prueba electrónica si ésta no viene avalada por la firma electrónica, y señaló que "el DVD que presenta la policía o la Guardia Civil ante el juez instructor debería tener el mismo régimen jurídico probatorio que cuando se aporta en cualquier otro orden jurisdiccional por las partes o por cualquier otro fedatario público". Ésa es la idea central del voto particular discrepante del Sitel.

Ese voto contiene el embrión de la que en medios judiciales ha comenzado a denominarse doctrina Naseiro 2, y viene a suponer que los DVD con conversaciones grabadas que hubieran sido aportados al juzgado por la policía sin la salvaguarda de unos complejos requisitos de sellado electrónico e intervención de un tercero serían nulos, al no poderse acreditar que no hubieran sido manipulados desde que se extraen de la máquina hasta que se depositan ante el juez. De momento es una propuesta, pero ya ha abierto una brecha a que en su día el Supremo la pueda utilizar para liquidar las escuchas a la trama Gürtel.

- Investigaciones de policías y fiscales. Si después de la ofensiva de los abogados y la doctrina Naseiro 2 todavía quedara alguna escucha por eliminar, quizá le pudiera ser de aplicación el reciente acuerdo adoptado en sala general por la Sala Penal del Supremo que elimina las investigaciones previas de policías y fiscales sobre la identidad de portadores de teléfonos móviles. El acuerdo aún no ha sido redactado por el encargado de hacerlo, el juez Luciano Varela, aparentemente desbordado por la instrucción de la querella contra Garzón sobre la investigación del franquismo, pero por lo que se conoce los policías y fiscales no podrían haber solicitado, sin autorización judicial, las identidades ni la dirección IP de los titulares de un teléfono móvil, so pena de nulidad.

www.elpais.es 14.03.10

ANTONIO HERNÁNDEZ-GIL Decano del Colegio de Abogados de Madrid :  "Lo que hizo Garzón es gravísimo"

El decano del Colegio de Abogados de Madrid, Antonio Hernández-Gil, afirma que las escuchas ordenadas por el juez Garzón a los imputados de la red Gürtel que están en prisión y a sus letrados son nulas porque se ordenaron de forma genérica. Sostiene que no se debió escuchar a los abogados aunque el juez buscase evidencias de que varios de ellos podían ayudar a sus clientes a blanquear dinero y han sido imputados en la causa.

“No se puede escuchar a un abogado por si comete un delito”

Pregunta. ¿Por qué se ha personado el Colegio en el caso Gürtel?

Respuesta. Tras los primeros autos de Garzón, cuando conocimos la resolución que había dictado el magistrado instructor del TSJ, pensamos que si ese criterio se consolidaba, el derecho de defensa que nosotros como abogados queríamos habría resultado transformado en uno distinto. Con el aval de la Junta, yo tomé la decisión de personarnos. Decimos en el recurso que nosotros no tenemos interés más que en esto, no en el resultado del proceso. Por tanto, los temas de nulidades no tienen que ver con nosotros.

P. No buscan nada, pero si se cargan las escuchas, están buscando un resultado: la nulidad de las actuaciones y dejar impune la conducta de unos abogados y de unos imputados en un tema de corrupción…

R. Yo como institución no puedo dejar de actuar respecto de lo que causa la lesión al derecho de defensa. Las consecuencias procesales de eso, en las que yo no entro, pueden ser muy variadas.

P. No será de su interés, pero una cosa lleva a la otra... Los abogados ¿pueden delinquir o no?

R. Yo no defenderé la actuación de un abogado que da un paso más allá de lo que es el ejercicio de su profesión. Estará sujeto a lo que tenga que estar en función de su actuación. Pero aquí no estamos hablando de esto. Estamos hablando de la intervención de comunicaciones de "cualesquiera abogados", que lo sean hoy o que estén en el futuro. Imposible vincular la autorización con la situación de un abogado, porque se extiende a todos.

P. Se determinó respecto de unos abogados…

R. Se mencionó nominativamente a uno, pero en la misma resolución se extiende a todos.

P. Entre los que están el despacho De Miguel, del que dice el fiscal que intervino "en la creación de circuitos financieros para la ocultación y expatriación de fondos", y Blanco Balín, por la "creación de nuevos circuitos financieros en Holanda, las Antillas Holandesas y Suiza".

R. Pero la orden es respecto de todos, no respecto de esos…

P. Sí, pero esos están imputados en la causa ahora mismo.

R. Se ha escuchado a abogados sin ninguna imputación.

P. Pero están imputados De Miguel, Blanco Balín, y también Manuel Delgado Solís…

R. Yo no quiero mencionar nombres… No es ese el tema.

P. Es que no es sólo un abogado. Hay cuatro imputados y parece que son esos los que nombran a los que les sustituyen.

R. No se puede cercenar así el derecho de defensa.

P. En el caso del abogado y narco Pablo Vioque, ¿está justificada la intervención porque dio instrucciones de matar a un fiscal?

R. Si yo, sin saberlo antes, a través de las intervenciones averiguo eso, aunque sea una enormidad, si lo sé porque he hecho algo que la ley no me ampara a hacer, eso no puede ser.

P. Es que no podemos desconocer el caso concreto. No es el primero que ha habido.

R. Nada de esto se ha dicho en la resolución que combatimos nosotros. Cuando se ordena algo tan grave como intervenir la comunicación personal, hay que explicitar las razones, no se puede confiar en que el órgano de instrucción ya sabe suficiente.

P. ¿Eso justifica la querella? ¿Hay que buscar la condena del juez que ordena las escuchas?

R. Es una decisión de la Junta. Lo que ha pasado es gravísimo. Tenemos que tomar la reacción más enérgica.

P. ¿La inhabilitación del juez?

R. No, no…

P. Una querella no se pone por cariño…

R. No, no. Es la depuración de las responsabilidades en que pueda haber incurrido, pero quien tiene que hacerlo, desde luego, no es el Colegio. Nosotros tenemos la obligación de reaccionar con las armas que nos da el ordenamiento jurídico.

P. ¿Y eso no es un aviso a los demás jueces?

R. Es un acto de afirmación de la importancia del derecho de defensa.

P. ¿En un caso de corrupción que vincula al PP, y da la casualidad de que hay que querellarse contra Garzón?

R. Precisamente por la independencia no puedo dejarme llevar porque es el caso que es, ni porque tiene la implicación política que tiene, ni porque afecta a un juez que ha hecho, seguro, mucho bien al país en muchas cosas.

P. Ahora que el juez está en el banquillo del Supremo, y el principal implicado, Correa, se persona. ¿Todo eso no modifica nada?

R. A día de hoy, lo que hemos hecho ha sido actuar en el seno del proceso porque allí había una actuación necesaria. ¿Qué más vayamos a hacer? Pues iremos ponderando las circunstancias.

www.elpais.es 14.03.10

Margarita Robles niega enemistad con Garzón pero no participará en la votación sobre su suspensión

La Permanente del CGPJ traslada al Pleno las alegaciones del juez y la decisión de recusar a otros dos vocales.- De Rosa dice que estudiará el documento y niega que haber sido consejero de Camps influya en su juicio

La vocal del Consejo General del Poder Judicial Margarita Robles ha decidido no participar en las deliberaciones sobre la suspensión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, como él mismo había solicitado. Robles ha hecho el anuncio durante la reunión de la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces, que ha decidido trasladar al Pleno del próximo día 24 las alegaciones que presentó Garzón contra su posible suspensión por las causas que tiene abiertas en el Supremo.

Robles, miembro de la asociación Jueces para la Democracia,rechaza "cualquier género de enemistad" con el juez en un escrito presentado ante el propio Consejo, aunque síreconoce que ambos coincidieron en funciones públicas. Ambos fueron secretarios de Estado cuando Juan Alberto Belloch estaba al frente del Ministerio de Justicia e Interior.

Al respecto, Robles recuerda en su nota que estima procedente la aplicación analógica al presente supuesto, de la doctrina contenida en la sentencia del TEDH [Tribunal Europeo de Derechos Humanos] de 6 de enero de 2010, a que se remite el magistrado Sr. Garzón, sentencia que precisamente puso al mismo de manifiesto que hubiera debido abstenerse -lo que no hizo- en la instrucción de la causa 17/1989, seguida contra personas, "con las que estuvo en contacto, en el contexto de su cargo en el Gobierno", en referencia al ex secretario de Estado para la Seguridad Rafael Vera.

En el escrito que presentó la semana pasada, Garzón también pidió la abstención de otros dos vocales, el vicepresidente del propio Consejo, Fernando de Rosa, y la juez Gemma Gallego.

De Rosa actuará "en conciencia"

De Rosa ha asegurado este mediodía en la cadena SER que está estudiando la documentación y en principio no cree que vaya a apartarse. En su opinión, el hecho de haber sido consejero de la Comunidad Valenciana no tiene ninguna influencia ni le quita "objetividad", de la misma manera que Garzón fue también diputado y no ha afectado en su actividad. "Voy a actuar en conciencia y defendiendo los intereses de la institución", ha afirmado De Rosa.

Preguntado por si cree que hay razones objetivas para sancionar a Garzón, De Rosa ha eludido pronunciarse directamente porque sería inmiscuirse en cuestiones futuras. "Habrá que esperar a lo que diga el Supremo", ha señalado el vicepresidente del CGPJ.

Fuentes del entorno de ambos vocales aseguran que tampoco tienen ninguna enemistad con el magistrado y que estudiarán las alegaciones. Estas fuentes aseguran que ninguno de los dos asuntos que les ha remitido el Tribunal Supremo (las querellas por la investigación sobre los crímenes del franquismo y la supuesta percepción de dinero por parte del Banco Santander) tiene que ver con ellos ni Garzón, en su escrito de recusación, hace alusión a ellos.

Sin embargo, según las mismas fuentes, no descartan por completo hacerlo para preservar el buen nombre y la imagen de imparcialidad del CGPJ.

Por otro lado, la Comisión Permanente ha decidido trasladar al Pleno del24 de marzo el escrito presentado por Garzón para que estudie sus alegaciones y si procede suspenderle o no.

Como no existen precedentes de recusación de un vocal ni la Ley Orgánica del Poder Judicial lo prevé, la Permanente ha decidido aplicar por analogía la Ley de Procedimiento Administrativo, según fuentes del CGPJ, que establece que la recusación la tiene que resolver el órgano superior.

Así, el Pleno estudiará por separado cada caso sin la presencia de los vocales, siempre que no decidan abstenerse.

www.elpais.es 09.03.10

Garzón pide al Poder Judicial que no le suspenda y recusa a tres vocales

Pincha aquí para bajarte las alegaciones integras

El juez de la Audiencia Nacional alega la amistad de Camps con el vicepresidente del Consejo

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha pedido en su escrito de alegaciones al Poder Judicial que no le suspenda de sus funciones por las tres causas contra él que estudia el Tribunal Supremo. Además, ha pedido la abstención en las deliberaciones de tres de los vocales del Consejo por las relaciones que tienen con alguno de los interesados y por "enemistad manifiesta" con él mismo.

En concreto, Garzón pide la abstención del vicepresidente del Consejo, Fernando de Rosa, porque, en su opinión, ha cuestionado "continuamente" su labor instructora, lo que "le priva de objetividad de juicio" para decidir sobre la suspensión. Además, alega que Rosa tiene "amistad íntima" con uno de los interesados en la causa, el presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, de quien dijo que era "totalmente honorable". Asimismo, Garzón asegura que existe "relación de servicio" entre ambos pues Rosa fue consejero de Justicia en el gobierno valenciano.

Por otro lado, Garzón solicita la abstención de la juez Gema Gallego ya que, según ha alegado, tiene enemistad manifiesta durante su labor como vocal de la Comisión Disciplinaria del Consejo. El magistrado extiende la petición a Margarita Robles para lo que alega enemistad manifiesta y recuerda que coincidió con ella en funciones públicas. Ambos fueron secretarios de Estado cuando Juan Alberto Belloch ostentaba el ministerio de Justicia e Interior.

Razones contra la suspensión

En cuanto a los motivos que Garzón alega para evitar su suspensión, el magistrado asegura en su escrito que no existe riesgo de daño para la administración de Justicia en caso de que se acuerde su continuidad. Por el contrario, asegura que su "perturbaría de una forma extremadamente grave a los magistrados que en la actualidad están tramitando aquellas mismas causas por cuya tramitación" se ve imputado.

Garzón recuerda que todas las querellas que el Supremo ha admitido contra él lo han sido en contra de la opinión jurídica del fiscal "que no advierte delito en mi comportamiento". Además, el magistrado insiste en que el fiscal "ha presentado recurso de súplica contra el auto de la admisión a trámite de la querella". Asimismo, el juez informa de que la Fiscalía "ha manifestado su oposición a que el Consejo acuerde" su suspensión porque si lo hiciera sería "efectivamente contraria a las garantías de independencia e inamovilidad de los jueces".

El magistrado recuerda en su escrito que las querellas que se han presentado contra él "se refieren a hechos de los cuales este Consejo ya ha conocido por vía de inspección sin que se haya observado en ninguno de los casos la más leve irregularidad disciplinaria ni por supuesto deducir testimonio".

Mención especial a la Gürtel

Garzón hace especial mención a la querella presentada contra él por haber ordenado grabar las conversaciones que algunos de los imputados de la trama Gürtel con sus abogados.

Al respecto, Garzón recuerda que sus resoluciones "cuentan con el aval de la Fiscalía, en particular la del Tribunal Supremo" y que "fueron refrendadas" por un auto del magistrado instructor del caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, como "conformes a derecho".

El magistrado recuerda que en este momento la Sala de lo Penal del TSJ debe decidir "en una situación delicada la confirmación o revocación de mis decisiones y las del instructor actual" que las ha ratificado. Y continúa: "Esta nueva realidad creada extramuros del proceso penal puede incidir en forma decisiva sobre la libertad de valoración e interpretación de las normas jurídicas de los magistrados que han de resolver la cuestión, bajo el riesgo latente de recibir la misma sanción y castigo que yo".

www.elpais.es 05.03.10

Fernando de Rosa y su "amistad íntima" con Camps

Garzón pide su recusación en las deliberaciones para decidir su suspensión de funciones

La "amistad íntima" y la "relación de servicio" de Fernando de Rosa, vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con Francisco Camps, uno de los imputados en el caso Gürtel, son dos de los motivos que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, alega para recusarlo como miembro de la comisión del CGPJ que delibera sobre su suspensión de funciones. De Rosa, miembro de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha cuestionado además "continuamente" la labor instructora del magistrado, lo que "le priva de objetividad de juicio" para decidir sobre la suspensión.

Garzón recuerda que Fernando de Rosa fue conseller de Justicia del gobierno valenciano desde 2003 hasta septiembre de 2008, cuando fue nombrado vocal del CGPJ. Es decir, De Rosa fue miembro del Gobierno de Francisco Camps, "persona de la cual se dedujeron indicios de delitos en la instrucción" que Garzón practicó en el caso Gürtel, lo que motivo su inhibición a favor del Tribunal Superior de Justicia de Valencia, dado el aforamiento del imputado.

"Este vocal, lejos de guardar la debida prudencia a la que su nuevo cargo le obligaba en declaraciones el 20 de febrero de 2009 a la televisión pública valenciana Canal 9 no tuvo reserva alguna en salir en desaforada defensa de su antiguo jefe, a quien calificó frente a las primeras noticias de su comportamiento cuestionable como persona absolutamente honorable", añade Baltasar Garzón. Fernando de Rosa insistió entonces, subraya el magistrado, en que el comportamiento de Garzón como instructor podría "pasar una línea roja que es muy importante, que es la prevaricación".

Garzón recuerda además, en alusión a "noticias de prensa", que el Gobierno valenciano, al que perteneció De Rosa, "habría presentado quejas contra" el juez ante el CGPJ "e incluso habría trabajado en la redacción de una querella" que ignora si finalmente se presentó.

www.elpais.es 05.03.10

La "manifiesta animadversión" de Gemma Gallego contra Garzón

El magistrado pide su recusación en las deliberaciones para decidir su suspensión de funciones

La vocal del CGPJ Gemma Gallego, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), ha exteriorizado "su manifiesta animadversión" contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, razón por la cual el magistrado pide su recusación como miembro de la comisión que delibera sobre su suspensión de funciones.

Previamente a su nombramiento como vocal de Consejo General del Poder Judicial, Gemma Gallego era la titular del Juzgado de Instrucción Número 35 de Madrid, al que correspondió la causa de la supuesta falsificación de un informe pericial que "una notabilísima falta de consistencia intentaba vincular la posesión de ácido bórico en poder de un implicado en los atentados del 11M con anteriores aprehensiones de esa sustancia a miembros de ETA", alega Garzón en su recusación.

Durante el transcurso de la investigación que el magistrado hizo de los hechos, imputó a los peritos "que de forma tan acrítica e irracional habían aparentado esta inexistente vinculación". Garzón recuerda que Gemma Gallego "revirtió la situación para exculpar a aquellos e imputar sin motivo" al comisario general de policía científica, y otros profesionales de la policía , que habían desestimado por insolvente aquella supuesta vinculación y que posteriormente fueron absueltos por la Audiencia Provincial de Madrid.

Dos meses después de estos hechos, Gemma Gallego fue aupada al CGPJ a propuesta del Partido Popular. "Desde entonces, y posiblemente sintiéndose desautorizada por la Audiencia, esta vocal se ha caracterizado como miembro de la comisión disciplinaria por una constante persecución" de Garzón "hasta un punto poco razonable" y que muestra, según el juez de la Audiencia Nacional, una nula disposición para afrontar de forma objetiva y serena el estudio" de la posible suspensión del magistrado.

Como ejemplos de esta animadversión, Garzón cita tres casos:

Cuando la comisión disciplinaria del CGPJ rechazó la queja interpuesta por la Generalitat valenciana contra Garzón por haber instruido el caso Gúrtel, Gemma Gallego se quedó sola para impugnar el archivo y solicitar que las actuaciones se remitieran al servicio de inspección. Esta vocal habría redactado un voto particular insinuando que el juez "tenía la costumbre de intervenir en causas cuya instrucción" no le correspondía.

En segundo lugar, Garzón recuerda que cuando la comisión disciplinaria le impuso en junio de 2009 "una sanción de 300 euros por falta leve con dos votos a favor incluso del archivo", Gemma Gallego se descolgó proponiendo contra él una desmedida sanción por falta muy grave, que se castiga con la suspensión o la expulsión de la carrera.

Por último, el magistrado señala que cuando Antonio Panea y José Luis Mazón propusieron que se le sancionara por haber pedido un permiso para ir a Perú, la comisión acordó el archivo de semejante denuncia, "huérfana de todo sentido", pese al voto en contra de Gema Gallego.

www.elpais.es 05.03.10

Margarita Robles, enemiga de Garzón desde los 90

El magistrado pide su recusación en las deliberaciones para decidir su suspensión de funciones

"Reiteradas noticias de prensa informan de la enemistad profunda que profesa" la vocal progresista del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por el juez Baltasar Garzón, según alega el magistrado en su recusación. Esta enemistad procede de la época en la que ambos fueron secretarios de Estado cuando Juan Alberto Belloch ostentaba el ministerio de Justicia e Interior.

Según Garzón "basta consultar las hemerotecas" para comprobar las "posturas encontradas con su juzgado". En concreto, el magistrado hace referencia al caso Roldán, los llamados papeles de Laos, los fondos reservados y la investigación de los GAL.

Para el magistrado, la "falta de imparcialidad se puso de manifiesto en la reunión del 8 de febrero de 2010 en la que se preparaba el orden del día de la comisión disciplinaria". Margarita Robles propuso entonces incluir el estudio de los autos del Tribunal Supremo que afectan a Garzón para analizar la posible suspensión en sus funciones que había sido rechazada con anterioridad. "Es una iniciativa personal y fuera del cauce ordinario", apunta el juez, que subraya que el propio presidente del CGPJ, Carlos Dívar, aseguró que era prematuro dictar suspensión para Garzón y que no tenía precedentes.

Margarita Robles ha mostrado además "un interés especial", alega Garzón, con la causa de la Memoria Histórica, "interés que desfigura la apariencia de imparcialidad necesaria para participar en una decisión tan relevante" como la suspensión del juez, añade el magistrado. Efectivamente, Margarita Robles, reclamó al secretariado de su asociación, Jueces para la Democracia, a la que también pertenece Luciano Varela, un comunicado de apoyo al mismo por las críticas que éste había estado recibido por atribuir a Garzón un delito de prevaricación, castigado con inhabilitación de 12 a 20 años, por querer investigar los crímenes del franquismo. No obtuvo tal apoyo.

"Coincidencia en funciones públicas"

Junto a la "enemistad manifiesta", Baltasar Garzón añade que coincidió con Margarita Robles en funciones públicas. En una reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos del 6 de enero de 2010 sobre el caso Vera contra España, que instruyó Garzón, se señalaba que el hecho de haber coincidido el magistrado con el interesado el Ministerio del Interior -lo que Garzón asegura que no fue así pese a que el tribunal lo da por cierto- era un motivo que podría poner en cuestión la precisa apariencia de objetividad. Según señala la sentencia. "el hecho de que el juez haya ejercido una función pública y haya estado en contacto con ciertas personas en este contexto", puede justificar una queja por falta de imparcialidad-

De acuerdo con esta sentencia, Garzón recuerda que en "ese mismo contexto" coincidió con Margarita Robles por "lo que el mero hecho de nuestra mutua coincidencia en labores de Gobierno hasta que presente mi dimisión es un dato para fundar una solicitud de abstención" ya que "en esta materia incluso las apariencias pueden revestir importancia".

www.elpais.es 05.03.10

Rubalcaba cree que la red Gürtel "ataca" a Garzón para evitar que "la ley les caiga encima"

"No hay que ser un genio para entender que Correa pretende que todas las pruebas contra él se anulen", afirma Rubalcaba sobre su admisión en la causa

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, considera que detrás de los "ataques" al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón hay un intento de los cabecillas de la red Gürtel de evitar que "la ley les caiga encima" y que algunas pruebas queden fuera del sumario.

"Hay quien, como Correa, ataca a Garzón para defenderse. No hay que ser un genio para entender que pretende que todas las pruebas contra él se anulen", ha asegurado en una entrevista en TVE, tras la decisión de ayer de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de permitir al cerebro de la trama personarse en la querella contra el juez por las escuchas de las conversaciones entre los dirigentes de la red encarcelados y sus abogados.

Rubalcaba ha subrayado que respeta de forma absoluta la decisión Supremo. "Es bastante evidente que al ministro, como a cualquiera, hay decisiones que le gustan más y otras menos, que comprende más y otras menos, pero respeto absoluto", ha indicado.

La decisión del tribunal permitirá a Correa unirse al acoso contra Garzón, contra quien se han admitido, al margen de ésta, dos querellas más -por la causa contra el franquismo y los cursos de Nueva York-. Pero Rubalcaba ha expresado su confianza en que la justicia "ponga en su sitio" al cabecilla de la red.

La aceptación de la personación de Correa gana relevancia ante el inminente pronunciamiento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid sobre los recursos de los implicados en la trama contra la interceptación de sus conversaciones. El ministro ha destacado además el valor de la presunción de inocencia aunque ha añadido que sobre la culpabilidad de "alguna gente pocas dudas hay".

www.elpais.es 05.03.10

El Supremo admite la personación de Correa contra Garzón

El Supremo permite al cerebro de la red Gürtel sumarse al acoso a Garzón

La Sala Penal admite que Correa acuse al juez por las escuchas en prisión

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo aceptó ayer la personación del principal implicado en la red Gürtel -la trama corrupta vinculada al PP-, Francisco Correa, en la querella recientemente admitida contra Baltasar Garzón por haber intervenido en prisión las comunicaciones de los principales implicados en la red y sus abogados, ante la sospecha de que éstos pudieran blanquear el patrimonio obtenido por sus clientes.

El líder de la trama podrá personarse en calidad de ofendido por las escuchas

Aunque el Supremo no facilitó la providencia que admite la personación de Correa, fuentes del alto tribunal informaron de que éste sólo puede ser tenido por parte "perjudicada u ofendida" por los supuestos delitos cometidos por el juez Baltasar Garzón.

La admisión de Correa en la causa para poder ejercer la acusación contra Garzón gana mayor proyección al recaer pocos días antes de que el Tribunal Superior de Madrid tenga que pronunciarse sobre los recursos de los implicados en la red corrupta contra la intervención de sus comunicaciones en prisión, el próximo día 10.

Las escuchas de Garzón, instadas por la Fiscalía Anticorrupción, fueron prorrogadas primero y avaladas después por el actual instructor de la causa, Antonio Pedreira. Contra ese aval de Pedreira a las escuchas se han volcado todos los abogados de los implicados en la red Gürtel, respaldados por el Colegio de Abogados de Madrid, que ha solicitado la nulidad.

El Supremo tampoco ha esperado a resolver el recurso de la Fiscalía contra la admisión a trámite de la querella contra Garzón sobre las escuchas. Esa querella, a la que ahora se ha sumado Correa, fue interpuesta por el abogado Ignacio Peláez en representación del empresario José Luis Ulibarri.

El pasado 25 de febrero, la Sala de lo Penal admitió la querella contra Garzón por un delito de prevaricación y otro de vulneración de la intimidad, en contra de la opinión del fiscal. Contra esa admisión a trámite, el teniente fiscal del Tribunal Supremo cuestionó seriamente en un recurso de súplica la conducta procesal del abogado Ignacio Peláez, al haber "ocultado interesadamente" a la Sala documentos del proceso, y haber presentado una versión "calculadamente fragmentada" de los hechos para lograr la admisión de la querella.

Aunque es muy difícil o casi imposible que prospere un recurso de súplica en una "causa especial" contra aforados, la admisión de Correa en la causa contra Garzón antes de estar resuelto el recurso del fiscal deja aún más en entredicho las escasas posibilidades de que los argumentos de la Fiscalía puedan ser tenidos en cuenta.

El fiscal alegaba que la intervención de comunicaciones ordenada por Garzón era "objetivamente necesaria" para la investigación de los hechos, y proporcionada a la gravedad de éstos, ya que iba encaminada especialmente "a investigar el delito de blanqueo de capitales que, según sólidos indicios, los imputados seguían cometiendo desde el establecimiento penitenciario".

El fiscal detalla en su recurso la participación de tres despachos de abogados en el sumario que instruye Pedreira por la presunta constitución de circuitos financieros para "ocultar, expatriar y repatriar los fondos de Francisco Correa"; por la creación de "nuevos circuitos financieros en Holanda, Antillas Holandesas y Suiza" y por "realizar gestiones para deslocalizar a Francisco Correa y hacerlo reaparecer como residente en el extranjero a fin de no tributar por las rentas obtenidas en España". También le atribuyen haber tratado de ocultar su patrimonio "mediante la interposición del ciudadano francés Antoine Sánchez como testaferro".

La admisión de Correa refuerza también la posición procesal de Peláez, cuyo defendido, el empresario José Luis Ulibarri, no fue sometido a escuchas, puesto que no llegó a ingresar en prisión. Sin embargo, Peláez fue a la cárcel a entrevistarse con los principales implicados en la trama y sus abogados para, según él, "preparar la defensa" de Ulibarri. Como Garzón había ordenado intervenir las escuchas de Correa, Crespo y Antoine Sánchez, Peláez fue escuchado. El fiscal adujo que al no haber ido a prisión a entrevistarse con su cliente preso, no estaba legitimado para actuar como acusador particular. El Supremo desechó este argumento y dio a Peláez la condición de "ofendido", posición que ahora queda reforzada por la presencia de Correa, como "ofendido o perjudicado" directamente por las escuchas.

www.elpais.es 04.03.10

"Sin ese 'pen drive' no tendrían nada"

Francisco Correa, jefe de la trama de corrupción más extensa vinculada a un partido político que se ha desarticulado en España, habló con su abogado en la cárcel y todo quedó grabado por orden del juez Baltasar Garzón.

En su conversaciones del 6 de marzo en la prisión de Soto del Real, Correa se lamenta por la existencia de un pen drive (dispositivo electrónico para almacenar información) donde su contable, José Luis Izquierdo, guardaba la contabilidad de la caja B de su red empresarial, una de las pruebas clave para desentrañar a todos los implicados en la trama.

El jefe de los corruptos habla con su abogado para buscar salidas a su apurada situación. De la conversación se desprende que Correa planea inculpar a Pablo Crespo (su número dos), a Isabel Jordán (ex directiva de una de sus empresas) y a Alberto López Viejo (ex consejero autonómico) de haberlo organizado todo a sus espaldas, o acusar al contable de mentir a la policía para salvarse a sí mismo.

Pero una y otra vez vuelve a escena el archivo USB: "Es que sin ese pen drive no tendrían nada, me pongo malo".

Abogado: "Aquí tenemos un problema que es el pen drive, que está expresado con toda claridad. Garzón se ha ocupado, la policía mejor dicho, de hacer cuadros de lo que cobra cada uno [...]. Para que exista delito hay que probar la relación entre los pagos realizados a determinados cargos públicos y una decisión administrativa contraria a derecho. Esa asociación todavía no se ha establecido. Ése es el debate que tenemos que dar".

Correa: "Si me preguntan '¿usted le ha dado el dinero a estos señores?', ¿yo qué les digo?".

Abogado: "Yo negaría la realidad. Que lo acrediten".

Correa: "Habrá que ver qué contestan el día 18 Sepúlveda, Ginés...[ex alcaldes madrileños imputados en el caso]".

Abogado: "Más o menos tenemos controlados a todos. Excepto a Izquierdo".