El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha contratado como funcionario al exempleado de la Comunidad de Madrid Gerardo R. C., acusado por los socialistas madrileños de favorecer desde su anterior puesto a las empresas de la red Gürtel encabezada por Francisco Correa. En concreto, y según consta en el sumario del caso Gürtel, el nuevo funcionario municipal participó en la adjudicación a la empresa Easy Concept de un contrato para la inauguración del curso escolar de 2004 en 11 colegios de la Comunidad de Madrid. "De acuerdo con la naturaleza de estos servicios consideramos que ha habido un fraccionamiento del objeto del contrato con el fin de no utilizar otros procedimientos de contratación (negociado o abierto), por lo que se han vulnerado los principios de publicidad y concurrencia", asegura el informe de la Unidad de Auxilio Judicial que analizó las cuentas de la Comunidad de Madrid relacionadas con las empresas de Correa. En dichas cuentas se halla la adjudicación en la que participó el ahora funcionario de Boadilla del Monte. De esta forma, y según el sumario, Gerardo R. C. participó desde su cargo de secretario general técnico de la Consejería de Educación en ese fraccionamiento realizando por un mismo trabajo dos facturas de 11.990 euros y 11.984 euros. Ambas facturas no superan el límite de los 12.000 euros, algo que hubiera obligado a la Comunidad de Madrid a sacar a concurso público la organización del inicio del curso escolar, que acabó engrosando las cuentas de las empresas de Correa.

En el escrito de acusación de los socialistas, que más de un año después no ha sido contestado por el magistrado Pedreira, se solicita la imputación de numerosos cargos del Gobierno regional, incluido Gerardo R. C., atribuyéndole tres y no dos fraccionamientos, como asegura el sumario, del contrato del inicio del curso escolar. De esta forma, el beneficio de Correa gracias a la gestión del mencionado funcionario sería de 5.432 euros, superando entonces los 29.300 euros.

La contratación de este funcionario choca con las anteriores iniciativas desplegadas por el nuevo alcalde de Boadilla del Monte, Antonio González Terol, quien ha manifestado su intención de dotar de transparencia su gestión después de que en la pasada legislatura dos alcaldes, Arturo González Panero y Juan Siguero, tuvieran que abandonar el cargo tras ser imputados en el caso Gürtel. Por decisión del nuevo primer edil, todos los gastos serán enviados al Tribunal de Cuentas para que fiscalice los presupuestos municipales, al mismo tiempo que ha creado un órgano de control de las adjudicaciones municipales.

Por otra parte, un sector de los exconcejales del PP que se presentaron en la lista que hace cuatro años encabezó el exalcalde Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel, y que no resultaron implicados en el escándalo, han sido recolocados en los Ayuntamientos adyacentes en los que gobierna el PP. Este es el caso de al menos cuatro integrantes del equipo de González Panero, como por ejemplo la que después fuera alcaldesa Mercedes Nofuentes: tras aceptar el cargo, al dimitir Juan Siguero, fue contratada en el Ayuntamiento de Las Rozas como responsable de área con una retribución anual de 45.832 euros en 14 pagas (3.273 euros mensuales). Los socialistas también solicitaron que Nofuentes declarase como imputada en el caso Gürtel, algo que el juez Pedreira dejó sobre la mesa.

La exconcejal en Boadilla Isabel Fernández de Guzmán también fue nombrada asesora en Las Rozas pero con un sueldo menor: 37.654 euros. Fernández de Guzmán fue citada a declarar como testigo por Pedreira por la gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Boadilla, un servicio adjudicado por González Panero a una de las empresas de Correa por más de dos millones de euros. La oficina fue cerrada por su sucesor, Juan Siguero, tras reconocer que su funcionamiento había sido irregular. Otras de las recolocadas son Olivia García Moyano, concejal en Villaviciosa de Odón; y Cristina Sánchez Massa, edil en Pozuelo de Alarcón.

LA RED GÜRTEL FINANCIÓ AL PARTIDO POPULAR DE MAJADAHONDA

Un informe policial dice que Correa facturó a contratistas las campañas del PP.- Correa pagó el hotel a dos ediles del PP majariego, según la policía.- El Ayuntamiento lo confirma, pero les defiende "porque eran jóvenes y no eran cargos públicos"

El presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, llegó a tener un control casi absoluto del Ayuntamiento de Majadahonda durante el periodo en el que el exalcalde del municipio Guillermo Ortega, imputado en el caso, estuvo al frente del Consistorio. Esta es la principal conclusión de un reciente informe elaborado por la Policía Judicial y que consta en el sumario del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en el periodo democrático ligada a un partido político: el PP.

El modo de actuar de Correa en el Consistorio majariego, gracias al que recibió pingües beneficios al menos entre 2001 y 2005, consistía en asignar dentro de su contabilidad una cuenta denominada "gabinete Majadahonda". Esta partida se nutría del dinero que recibía de las empresas concesionarias del Ayuntamiento. En ella se reflejaban todos los ingresos presuntamente ilegales procedentes de las empresas, alguna de las cuales resultó adjudicataria de servicios y obras municipales por un valor superior a los 20 millones de euros. Francisco Correa también se hizo cargo, con este dinero obtenido de una forma presuntamente ilegal de los contratistas de Majadahonda, de los gastos personales del exalcalde majariego Guillermo Ortega; así como de campañas publicitarias del Consistorio y del PP local.

"Los fondos que entran en la cuenta proceden del cobro de facturas emitidas por las sociedades de servicios de Francisco Correa", explica el documento policial, que especifica el nombre de estas empresas: Special Events, Down Town Consulting, TCM o Pasadena. Estas firmas facturaban a terceros: "En unos casos adjudicatarios de contratos públicos por el Ayuntamiento, como por ejemplo la unión temporal de empresas (UTE) de la recogida de las basuras Sufi-FCC, a Equipamientos Ambientales, a Osepsa, la UTE Saglas-Panasfalto, Licuas o Tecmed". También cobraron, según la policía "a sociedades como Serprinsa, al Patronato Monte del Pilar, al Ayuntamiento y a la firma Creative Team, de la red de Francisco Correa".El informe de la policía, que tiene como fecha de realización el 1 de junio de 2011, indica que los fondos de la cuenta que Correa destina a Majadahonda se aplican al pago de facturas relativas a publicidad institucional del Ayuntamiento o del PP de Majadahonda. Todas ellas realizadas en diferentes medios de comunicación. El dinero de la cuenta de Correa también se asignó al pago de servicios profesionales, como por ejemplo los trabajos gráficos realizados para el Ayuntamiento o el PP de Majadahonda en los años 2003 y 2004. Para ello la sociedad Boomerangdrive emitió una factura de servicios profesionales de asesoramiento.

También utilizaban el dinero de la caja b de Correa para entregárselo a José Luis Peñas, el denunciante del caso Gürtel; al exedil Juan José Moreno Alonso; a la entonces mujer de Correa María del Carmen Rodríguez Quijano, que era jefa de gabinete del Consistorio; y a Francisco Javier Agulló Sagastizábal, que en la actualidad es miembro de la junta directiva del PP de Majadahonda, según consta en la página web del partido. Las empresas de Correa también destinaban el dinero que recibían de las firmas concesionarias del Ayuntamiento de Majadahonda para realizar pagos a la empresa Citytime, así como para sufragar los gastos particulares de Guillermo Ortega y de su mujer, como la adquisición de turismos de lujo (ha tenido a su nombre, junto con su esposa, hasta 39 vehículos).

Llama la atención que en uno de los que la policía denomina "servicios turísticos", consta el nombre de dos miembros del PP de Majadahonda que en la actualidad son concejales del grupo municipal: el primer teniente de alcalde, José Antonio Carnevali y el edil de Medio Ambiente y Jardines, Pablo García. También está el exconcejal de Deportes Ricardo Riquelme. Según el albarán que consta en la documentación, Correa pagó a estos tres miembros del PP de Majadahonda y al exalcalde Guillermo Ortega una noche de hotel en el NH Villa de Bilbao el 31 de marzo de 2001. El importe de este "servicio turístico" que aparece en las cuentas de la sociedad de Correa Pasadena Viajes fue de 388,42 euros.

Fuentes del Ayuntamiento de Majadahonda con las que se ha puesto en contacto este periódico confirman que los dos ediles disfrutaron de los servicios de Pasadena, aunque en su defensa aseguran que entonces "eran muy jóvenes, pues estaban en un viaje de Nuevas Generaciones, y que entonces no desempeñaban ningún cargo público, por lo que no se trata de ninguna ilegalidad". Estas mismas fuentes indican que entonces los ediles Carnevali y García tenían entre 25 y 30 años, por lo que le pidieron al presidente del partido en Majadahonda, el propio alcalde Guillermo Ortega, viajar y por eso se fueron al acto del partido en Bilbao. "Se fueron cinco en una furgoneta y se alojaron en dos habitaciones dobles. Es perfectamente legal, tan legal es que te lo pague el partido como que alguien te ayude", expresa esta fuente municipal que prefiere no citar su nombre.

El informe policial hace especial hincapié en la figura del popular Agulló Sagastizábal, quien recibió rentas de forma periódica procedentes de las cuentas de Correa: "Seguramente por la realización de un servicio profesional", indica el documento, que resalta que según la página web del PP de este municipio Agulló es miembro del partido a nivel local.

El trabajo policial destaca, por otra parte, que las facturas emitidas por las empresas de Correa emplean conceptos genéricos, "como campaña publicitaria, creatividad, artes finales, reparto e instalación de elementos de la campaña", "diseño y creatividad para distintas promociones en Madrid", "diversos trabajos de creatividad". Pero todas estas facturas no tienen nada que ver con el trabajo desempeñado en realidad.

En conclusión, según el informe, se crean facturas específicas para justificar los movimientos de fondos y con ellos "alimentar" la cuenta por parte de las sociedades de Correa. Las sociedades pagadoras son en su mayoría entidades adjudicatarias de contratos públicos en Majadahonda. El dinero de dicha cuenta se dedica al pago de servicios de carácter publicitario del propio Ayuntamiento y del PP.

El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha citado a declarar el próximo 30 de junio al presidente de la constructora Martinsa, Fernando Martín, al que imputa delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra Hacienda.

Pedreira le preguntará por un desembolso de casi 13 millones de euros que acabó en Panamá en manos del cabecilla de la trama, Francisco Correa. El juez investiga si estos millones tienen relación con una operación inmobiliaria desarrollada por Martinsa en Arganda del Rey (Madrid) en la que Correa habría actuado de intermediario ante el Ayuntamiento, entonces gobernado por Ginés López, del PP, otro de los imputados.

En el marco de esa operación, Martinsa pagó al Ayuntamiento 66 millones por unas parcelas tasadas en 100 y se comprometió a abonar otros 11 millones, pero ese dinero nunca llegó al municipio. Fuentes de Martinsa negaron ayer haber pagado comisión alguna a la red.

Los recursos de dos imputados ante el Supremo frenan el traspaso del sumario

El juez Antonio Pedreira continuará investigando durante varios meses el caso Gürtel antes de enviarlo, presumiblemente, a la Audiencia Nacional. Los recursos ante el Supremo anunciados ayer por el extesorero del PP Luis Bárcenas y el empresario José Luis Ulibarri, también imputado, implican que la instrucción continuará en el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) al menos otros seis meses.

Bárcenas y Ulibarri tienen ahora un mes para impugnar el auto por el que la Sala Penal y Civil del TSJM ratificó el pasado día 8 la inhibición de Pedreira en favor de la Audiencia Nacional. La ratificó por dos razones: porque ya no hay imputados con aforamiento y porque el delito de blanqueo internacional de capitales compete a la Audiencia.

Fuentes jurídicas indicaron ayer que Pedreira proseguirá al frente de la investigación hasta comienzos de 2012 si el Supremo admite a trámite uno o los dos recursos de casación. En el caso de los trajes, la ramificación del sumario por la que Francisco Camps está imputado como presunto receptor de sobornos en especie (los trajes), el Alto Tribunal se tomó ocho meses para ordenar la reapertura de diligencias tras el cerrojazo dictado por el Tribunal Superior valenciano (TSJCV).

Quienes siguen el caso de cerca indicaron que Pedreira no planea limitarse en esta fase de prórroga a realizar los trámites imprescindibles. De hecho, el día 30 interrogará al presidente de Martinsa y a otros dos empresarios bajo sospecha de haber pagado 24,8 millones a Francisco Correa. Al menos uno de esos pagos, de 12,8 millones, está presuntamente vinculado a un pelotazo de Martinsa en Arganda (Madrid).

Ayer, y en relación con ese mismo pelotazo, declaró como imputado Juan Fernández Caballero, gerente de la empresa municipal de Arganda que, en 2004, adjudicó una gran bolsa de suelo público a Martinsa en un concurso que las acusaciones creen amañado. Fernández, a quien el juez imputó los delitos de soborno y prevaricación tras un interrogatorio de dos horas y media, se escudó en que siguió el criterio de "los técnicos". Su declaración llegó al culmen cuando, pese a la existencia de papeles oficiales, negó que dos empresas privadas hubieran sido las encargadas de evaluar distintos puntos de las ofertas presentadas al concurso.

Una de las empresas evaluadoras fue Plarquin, de la que había sido copropietario Enrique Porto, entonces director general de Urbanismo de Esperanza Aguirre. Fue el dictamen de Plarquin el que inclinó la balanza en favor de Martinsa. Antes de la adjudicación, Luis Bárcenas y el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta, alertaron a Aguirre del amaño que se avecinaba. El aviso fue desoído.

CAE UN ALTO CARGO DE ALCOBENDAS POR FAVORECER A UNA EMPRESA AFÍN

La directora de Comunicación adjudicó contratos públicos valorados en más de 400.000 euros a la compañía de un socio de su hermano- Teresa Alonso-Majagranzas trabajó para una empresa relacionada con Gürtel

La directora de Comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas (PP), Teresa Alonso-Majagranzas, presentó ayer su dimisión tras haberse hecho público que desde 2008 y hasta marzo de 2011 concedió a la empresa Simple Part of Design Place, SL (SPD), contratos de publicidad por un valor cercano a los 400.000 euros, según informó ayer la cadena SER. SPD es una empresa de Roberto Guitián Yustas, socio en otra compañía del hermano de Teresa Alonso-Majagranza. Los dos son los dueños de una compañía de publicidad que compartía el mismo objeto social; la misma dirección y el mismo teléfono que la firma beneficiada por las adjudicaciones del Consistorio. La responsable de estas adjudicaciones fue presuntamente Teresa Alonso-Majagranza, quien ayer no respondió a las llamadas de este periódico para aclarar estos términos. La denominación de esta segunda empresa, en la que aparece el hermano de la empleada municipal es Adquiere Publicidad. Esta firma fue creada un mes antes de la llegada de Teresa Alonso-Majagranza al Consistorio de Alcobendas, en agosto de 2007.

Tal y como consta en la documentación que obra en poder de EL PAÍS, a lo largo de 2008 la sociedad SPD realizó varias campañas institucionales de publicidad en Alcobendas, con unos ingresos de 118.252 euros. En 2009 fueron 120.932 euros; en 2010, 127.000 euros; y en lo que va del presente ejercicio 11.275 euros. El Ayuntamiento difundió ayer una nota en la que tras defender la "honestidad" y "profesionalidad" de este cargo de confianza anunció su "suspensión" como empleada del Consistorio.El Ayuntamiento de Alcobendas sostiene que la exdirectora de Comunicación, Teresa Alonso-Majagranzas, presentó su dimisión por la sensibilidad que rodea al periodo preelectoral: "Con el ánimo de no perjudicar ni a la candidatura conformada por el actual equipo de Gobierno del Ayuntamiento ni a la propia institución".

El Gobierno local mantiene su total confianza en la exempleada, de la que destaca su "generosidad". Pese a ello, el Consistorio ha decidido suspenderla: "Con la intención de preparar la documentación precisa que demuestre que los procedimientos llevados a cabo durante su gestión han sido, en todo momento, transparentes, conformes a los procesos existentes, y siempre en la mejor defensa de los intereses del Ayuntamiento". Por todo ello, el Consistorio explica que una vez aclaradas las circunstancias por las que se suspende a Teresa Alonso-Majagranzas, esta se reincorporará de nuevo a su puesto: "Para poder seguir ejerciendo en un puesto clave para la promoción de la buena imagen de la ciudad de Alcobendas".

El miércoles, la cadena SER adelantaba que Alonso-Majagranzas había reconocido que fue ella quien encargó el diseño y la maquetación del folleto de las Navidades de 2007 a una empresa de la que había sido apoderada. La factura por estos servicios ascendieron a 3.364 euros. Esta mercantil es Traci Comunicación, una sociedad limitada que en 2007 tenía el mismo domicilio social; el mismo número de teléfono y de fax que Over Marketing y Comunicación. Esta última mercantil está presuntamente implicada en el caso Gürtel y Palma Arena.

Además, en declaraciones a la misma emisora, Teresa Alonso-Majagranza dijo que en el momento en el que fue nombrada en el Ayuntamiento de Alcobendas, abandonó el cargo de directora de comunicación en Over MC y dejó de ser apoderada de Traci. Este cargo de Alcobendas también reconoció que la cuantía de la factura reflejaba un trabajo menor: un folleto del que se realizaron 45.000 ejemplares y que fue repartido en los domicilios del municipio.

En Baleares, la fiscalía investiga contratos publicitarios suscritos por Over MC con instituciones gobernadas por el PP. Over MC hizo la campaña del exministro de Medio Ambiente y presidente balear, Jaume Matas, en 2003. Asimismo, Over MC fue beneficiaria de un contrato de creatividad publicitaria del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), por un valor de dos millones de euros. Según declaró Isabel Jordán, empleada de la red Gürtel, Over MC fue una de las sociedades pantalla de las empresas del cerebro de la trama, Francisco Correa.

En una de las conversaciones interceptadas a la trama entre Correa y Pau Collado, otro de los empleados de la red, el cabecilla llega a preguntar por "lo de Alcobendas", a lo que Collado contesta: "Lo de Alcobendas ya está, ya está cerrado, en marzo empezamos". "En marzo empezamos, lo que pasa es que, claro, no son los presupuestos que había antes". Ante lo que Correa le responde: "Lo que hay que hacer es la campaña", contestándole Collado: "Alcobendas ya está, ya está facturada una parte".

LOS ATAQUES AL JUEZ PEDREIRA DIVIDEN Y TENSAN AL TRIBUNAL DEL CASO

Los magistrados se tiran los trastos a la cabeza a cuenta de las grabaciones en prisión

La división y la tensión son totales entre los tres magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que dirime los recursos del caso Gürtel. Emilio Fernández Castro, el juez partidario de dejar libre bajo fianza al jefe de la trama, Francisco Correa, ha sido ponente de un auto (al que se ha adherido con su firma el presidente del tribunal, Francisco Vieira) en el que ataca con extrema dureza al instructor del caso, Antonio Pedreira.

Uno de los magistrados de la Sala, José Manuel Suárez Robledano, ha emitido un voto particular en el que respalda a Pedreira y sostiene que las expresiones que Fernández Castro vierte son "innecesarias, inadecuadas e impropias del funcionamiento ordinario y regular de las instituciones del Poder Judicial, y que además no responde a la realidad de lo ocurrido en el caso".

Fernández Castro recrimina a Pedreira una supuesta demora en la instrucción del proceso, y trata de darle clases sobre cómo debe tramitar la anulación de las escuchas. Suárez Robledano le replica recordando la complejidad de un sumario que acumula ya "632 tomos con aproximadamente 265.000 páginas", comisiones rogatorias en tres continentes y "más de 60 imputados". La propia Sala ha tenido que resolver casi 200 recursos presentados por las partes, lo que da idea de la enorme actividad de las investigaciones que desarrolla Pedreira desde hace casi dos años.

Fernández Castro y Vieira dejan entrever que Pedreira no ha escuchado todas las conversaciones grabadas. Le instan pues a hacerlo y a eliminar, palabra por palabra y anotando periodos concretos del diálogo, aquellos pasajes que atenten contra el derecho de defensa, así como cuestiones referidas a la intimidad.

Suárez Robledano sugiere que los firmantes del auto, que suman mayoría de dos a uno, tampoco han escuchado las grabaciones.

El auto de Fernández Castro estima tres recursos presentados por los imputados Alberto López Viejo (exconsejero del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre), Isabel Jordán y Alfonso Bosch, contra una decisión de Pedreira que ordenaba eliminar en bloques las grabaciones entre abogados y clientes en la cárcel, así como todos aquellos pasajes que afectaran a su intimidad.

Dice así la Sala: "Lo cierto [es] que la formulación de los tres citados recursos de apelación ha puesto antes que nada de manifiesto la singular forma en que el instructor, sin acompañar o exponer, como es imprescindible en derecho, sin motivación alguna al respecto (...)".

En su voto particular, Suarez Robledano rechaza esta afirmación. Recuerda que en el auto de Pedreira sí existe "la motivación" que marca la ley, y que se desarrollan -a lo largo de ocho folios- los pasos a seguir para eliminar las partes del sumario afectadas por la nulidad.

Los abogados de los tres procesados afirman que Pedreira ha hecho "una poda excesiva de las grabaciones", y exigen tener acceso a ellas íntegramente.

El auto de Fernández Castro da la razón a los apelantes y señala, entre otras consideraciones: "Esa no es la tarea que se espera del instructor. Es, por el contrario, preciso que este, digámoslo con propósito no solo didáctico, sino en estricto ejercicio de la potestad funcional que a esta Sala incumbe, lea detenidamente las transcripciones de todas las conversaciones intervenidas".

A continuación, en una suerte de ejercicio pedagógico, trata de aleccionar a Pedreira: "Todo lo que no sea actuar así, implicará una persistencia en el error y una pérdida de tiempo tan lamentable como insubsanable".

PEDREIRA CITA A DECLARAR COMO IMPUTADO A UN ALTO CARGO DE ARGANDA

Es Juan Fernández, presidente de la Sociedad Municipal para el Fomento que, según la investigación del 'caso Gürtel', contrató a las empresas de Correa

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha citado a declarar como imputado el próximo 10 de mayo al presidente de la Sociedad Municipal para el Fomento de Arganda del Rey, Juan Fernández Caballero. El juez accede a la petición realizada por la Fiscalia Anticorrupción, a la que recientemente se adhirió la acusación popular ejercida por los concejales socialistas de Boadilla del Monte. Según la investigación del caso, la Sociedad Municipal para el Fomento de Arganda fue el organismo público que contrató a las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa. Entre 2005 y 2008 adjudicó contratos por valor de 1.200.00 euros. El PSOE de Arganda ha exigido el "cese fulminante" de Fernández Caballero. Además, los socialistas argumentan que el alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero, que es a su vez presidente de la Sociedad, "debe asumir inmediatamente las responsabilidades que correspondan".

Además de a Fernández Caballero, Pedreira también cita a declarar, pero en esta ocasión como testigo, al empleado del Ayuntamiento de Boadilla del Monte Juan Carlos Rey, uno de los responsables del informe técnico que determinó la adjudicación de la Ciudad del Deporte a una de las empresas de la trama: Constructora Hispánica. También tendrá que testificar en calidad de testigo la concejal de Boadilla responsable del contrato de la Oficina de Atención al Ciudadano con la empresa Easy Concept, Isabel Fernández de Guzmán.

El antecesor de Fernández Caballero en el cargo, Benjamín Martín Vasco, también está imputado en la causa, así como el exalcalde de Arganda, Ginés López (PP). En contra de la doctrina aplicada en otros municipios salpicados por el escándalo de corrupción -admitir la culpa, pedir perdón y cambiar al candidato- el PP ha mantenido como candidato en Arganda al actual regidor pese a que fue el teniente alcalde de López.

El Ayuntamiento de Arganda, cuando era alcalde el imputado Ginés López, adjudicó una obra en noviembre de 2004 por 77 millones a la empresa Martinsa, que había sido tasada en 100 millones, según consta en el expediente de la operación aprobada en el Consistorio. La decisión corrió a cargo de Martín Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP, cuando era consejero delegado de la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda, de la que Fernández Caballero es consejero delegado desde 2006.

Pedreira investiga si Correa cobró 13 millones de euros por intermediar en esta operación urbanística. Entre los contratos firmados por Benjamín Vasco al frente de la empresa del suelo de Arganda destacan los 48.893 euros abonados a las subcontratas del Grupo Rafael, que el sumario considera muy cercanas a Correa. Este diputado también contrató a la empresa Vox Pública, de la que era director gerente Jesús Calvo Soria, otro de los imputados. El pago, de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la directora comercial de la empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa.

Pese a que la adjudicación era de 77 millones, Martinsa, cuyo principal accionista era el empresario Fernando Martín, pagó un total de 66 millones comprometiéndose a abonar en especie otros 11 millones. Pero ese dinero nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Ayuntamiento permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más; en total, 2.400. Martinsa no ha edificado ningún. Además, el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha constado que una firma de Correa instalada en Suiza había recibido 12,8 millones de euros procedentes de una cuenta de Mónaco y que, según investigó la justicia helvética, procedían de Martinsa.

La información de las autoridades suizas demuestra la veracidad de las grabaciones realizadas por el ex concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, cuya denuncia constituyó el inicio de la instrucción del caso Gürtel, en el que permanecen imputadas más de un centenar de personas por su supuesta implicación en la que es considerada como la mayor trama de corrupción ligada a un partido político: el PP. Según estas grabaciones, que constan en el sumario, Francisco Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez, en otra grabación de Peñas a la número dos del cerebro de la trama, Isabel Jordán, alude a la operación: "[A Martín Vasco] le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama corrupta. Sobre este diputado pesa una fianza judicial de 950.000 euros.

El concurso que dio lugar a esa adjudicación fue denunciado por el PSOE en dos ocasiones: en lo contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante la Fiscalía, que remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de 2007. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fió solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa).

PEDREIRA CITA AL EXTESORERO DEL PP ROSENDO NASEIRO

El juez indaga si Bárcenas pidió un crédito de 325.000 euros para cuadros

El juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha citado en calidad de testigo para el próximo día 4 de mayo al extesorero nacional del PP Rosendo Naseiro, quien en 1990 se vio envuelto en un escándalo relacionado con la financiación ilegal del PP. La Fiscalía Anticorrupción quiere preguntar a Naseiro si es cierto que él era el destinatario final de las dos obras de arte para cuya adquisición Luis Bárcenas -sucesor de Naseiro en el cargo hasta abril de 2009- pidió un crédito de 325.000 euros que un mes y medio después devolvió al banco tras frustrarse la compra.

Bárcenas fue forzado a dimitir en abril de 2009 como tesorero del PP tras verse implicado en el escándalo Gürtel por haber recibido supuestamente más de un millón de euros de la trama que dirigía Francisco Correa por mediar para la red corrupta en la consecución de contratas de obras públicas.

Préstamo fallido

Anticorrupción pidió al juez Pedreira que citase a Naseiro después de que Bárcenas, durante el interrogatorio al que fue sometido el pasado 29 de marzo, le mencionase como receptor final de los cuadros. En resumen, Bárcenas subrayó que pidió ese dinero para prestárselo a Naseiro, coleccionista de arte, y que este comprara los cuadros. Y añadió que el motivo de devolver el dinero al banco es porque la operación se frustró, y que recibió 5.000 euros de Naseiro para sufragar los gastos del préstamo ante el banco.

La policía sospecha que no hubo tal crédito, que el dinero en realidad procedía de sobornos de la red Gürtel y que todo consistió en una operación destinada al blanqueo de capitales. Según la policía, en la contabilidad B de Correa figuran anotaciones relativas a esa fecha que dan cuenta de la entrega a Bárcenas de una cantidad de dinero similar a la que supuestamente pidió como préstamo.

El juez Pedreira también ha citado para el día 4 de mayo a Miguel Granados, el experto en cuadros al que supuestamente acudió Bárcenas para desarrollar la frustrada operación de los cuadros.

Naseiro tuvo problemas con la justicia en 1990, siendo tesorero del PP, tras aparecer su nombre en grabaciones telefónicas judiciales vinculado con operaciones de financiación ilegal del PP. Pero pudo esquivar aquella investigación gracias a que el Tribunal Supremo anuló las escuchas interceptadas.

EL CONSTITUCIONAL AMPARA AL EXCONCEJAL DEL PP QUE DENUNCIÓ EL GÜRTEL TRAS SER EXPULSADO

El Tribunal Constitucional estimó el pasado lunes la cuarta demanda de amparo de las 112 presentadas por el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. Este exedil recurrió al Alto Tribunal al negarle el equipo de Gobierno del PP, encabezado por su alcalde, Narciso de Foxá, la participación en las comisiones informativas municipales. Según la fiscalía, el Consistorio del PP vació de contenido el derecho político a participar de los recurrentes, ya que se les convocaba pero no se les dejaba votar. Además, el primer edil impidió que José Luis Peñas constituyera el Grupo Mixto municipal junto a otro edil que también había sido obligado a abandonado el PP: Juan José Moreno Alonso. Ambos fueron expulsados del partido el 29 de julio de 2005, y al no poder formar el Grupo Mixto tuvieron la consideración de concejales no adscritos.

Peñas fue quien asesorado por el letrado Ángel Galindo, concejal de Alternativa por Boadilla (APB) en este municipio, presentó la denuncia inicial que dio paso al caso Gürtel, que ha destapado la mayor trama de corrupción conocida en la democracia española ligada a un partido político: el PP. El mencionado abogado recurrió al Constitucional tras ver cómo la Sección Octava y Novena de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazaba los recursos que había presentado contra las sentencias de los juzgados de lo Contencioso-administrativo de Madrid.

Estos exediles argumentaban en sus recursos de amparo que el equipo de gobierno del PP de este municipio había vulnerado sus derechos constitucionales. Precisamente el primero de los cuatro amparos concedidos por el Tribunal Constitucional, que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), declara, tras reconocer su derecho a la participación política en condiciones de igualdad, la nulidad de la comisión informativa de 24 de enero de 2006 de asuntos económicos del Ayuntamiento de Majadahonda recurrido por Peñas.

Este fallo del Tribunal Constitucional pone de manifiesto que el equipo de Gobierno de Narciso de Foxá vulneró los derechos constitucionales de los dos ediles al prohibir su participación en las comisiones informativas.

La decisión del Tribunal Constitucional se produce después de que el fiscal Alfredo Ramos solicitara al Alto Tribunal que unificara sus criterios, con la intención de que se admitieran a trámite todos los recursos presentados por los exconcejales del PP de Majadahonda José Luis Peñas y Juan José Moreno. Y lo hizo al constatar que no todas las demandas se admitían a trámite. Hasta el momento, el Constitucional ha admitido 45 recursos, de lo que cuatro ya han sido estimados. Por el contrario, inadmitió 11, lo que provocó las quejas del fiscal del Constitucional, que ha recurrido esta decisión, tratando de guardar la homogeneidad en las decisiones.

LA LISTA DE BOADILLA DESMIENTE LA PROMESA DE AGUIRRE DE BORRAR EL RASTRO DE GÜRTEL

El pasado 23 de marzo, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, pidió disculpas ante “el 70% de los ciudadanos de Boadilla del Monte que votaron al PP en las elecciones municipales de 2007 por haber defraudado su confianza" y aseguraba que a su partido "nunca le ha temblado el pulso para cortar todas las cabezas necesarias", incluso antes de que los presuntos responsables hayan sido condenados.

Lo dijo en un acto en Boadilla para apoyar a su candidato a la Alcaldía, Antonio González Terol, donde prometió que se produciría una renovación en la lista popular en ese municipio. Sin embargo, fuentes cercanas al PP local han denunciado a ELPLURAL.COM que la presidenta madrileña no ha conseguido “borrar el rastro de Gürtel” dejado por el ex alcalde Arturo González Panero (El Albondiguilla), imputado por corrupción.

En la lista del PP de Boadilla a las próximas elecciones municipales del 22 de mayo se mantienen antiguos miembros del equipo de El Albondiguilla, como como Natalia Suárez, que aspira a un puesto de concejal. El padrino político de Suárez fue Alfonso Bosch, diputado en la Asamblea de Madrid que dejó el PP tras ser imputado en el caso Gürtel. Bosch manejaba los hilos en la EMSV, la empresa municipal de suelo donde introdujo a Suárez con un contrato blindado que aún mantiene. También irá en las listas Trinidad Muñoz, la jefa de gabinete de Juan Siguero, el hombre que sustituyó a Panero como alcalde cuando estalló la Gürtel, aunque después también tuviera que dejar el cargo al ser imputado en el caso de corrupción.

Manuel Malavé de Cara

Así mismo, cabe destacar la presencia de Manuel Malavé de Cara, exsecretario de Comunicación en la etapa del exalcalde, y exconsejero de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda en las etapas de Tomás Martín Morales y Bosch, ambos acusados de recibir sobornos por presuntas adjudicaciones irregulares de la entidad pública.

Sin embargo, las mismas fuentes denuncian que no estarán en la lista electoral los cargos María Jesús Díaz, Francisco Pastor y Francisco Sánchez Arranz, que se enfrentaron a Panero por sus presuntas irregularidades.

En el actual comité electoral aparece el nombre de José María de la Mata, ex concejal de Hacienda en la época de Panero, procesado por malversación de fondos y prevaricación.

El equipo de Comunicación de Panero

El gabinete de Comunicación del grupo popular que acompaña a la nueva apuesta del PP en Boadilla, Antonio González Terol, es también el mismo equipo de González Panero. Entre estas personas se encuentra Elena Cerezo, esposa del portavoz del PP en la Asamblea de Madrid y candidato popular a Alcorcón, David Pérez, y persona de confianza de El Albondiguilla y de su sustituto Juan Siguero, también implicado en el caso Gürtel.

PEDREIRA DICTARÁ LA APERTURA DEL JUICIO POR EL ‘CASO GÜRTEL’ ANTES DEL 15 DE JUNIO

El instructor del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha afirmado este miércoles en las que han sido sus primeras declaraciones a los medios, que si Baltasar Garzón “es inocente, los tribunales se pronunciarán” y ha precisado al respecto que él presume “de la inocencia” del juez. Pedreira ha anunciado que decretará la apertura del proceso antes del próximo 15 de junio.

El magistrado ha contestado a los medios a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, antes de tomar declaración como imputados al exsecretario general del PP de Estepona y exconcejal Ricardo Galeote y al empresario José Luis Ulibarri.

El instructor del caso Gürtel ha explicado que la prueba “ya está terminada” y que cree que el procedimiento “se terminará” con la legislatura madrileña actual “y se celebrará el juicio a continuación” de las próximas elecciones autonómicas.

Pedreira ha valorado positivamente la actuación del Tribunal Supremo contra Garzón por ordenar la grabación de las conversaciones mantenidas en la cárcel por los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, con sus abogados.

Sobre el caso Gürtel, el juez ha admitido que le ha caído “una buena encima”, aunque ha agregado que está “contento”. Pedreira investiga la parte más importante de este proceso que fue distribuido por el instructor inicial, Baltasar Garzón, entre varios juzgados.

LA COMUNIDAD NO ENVÍA FACTURAS DE GÜRTEL PEDIDAS HACE SEIS MESES

Asegura en un escrito a Pedreira que es normal que se dilate

El letrado de la Comunidad de Madrid Roberto Pérez Sánchez ha remitido un escrito al magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, en el que asegura, seis meses después de ser requeridos por el juez, que es normal que el proceso de localización y recopilación de los documentos pedidos se dilate "algo" en el tiempo. Así justifica el letrado que pese a solicitarlo por primera vez el juez el 1 de septiembre las facturas pagadas por el Gobierno regional al Grupo Rafael, cuyas empresas ejercían de pantalla para Francisco Correa, no se hayan enviado todavía. "La detección y recopilación de las facturas lleva una ingente labor de búsqueda y clasificación en los archivos administrativos de las diferentes consejerías", recalca el letrado del Ejecutivo de Esperanza Aguirre.

El juez Pedreira no se ha quedado de brazos cruzados y, un día después de recibir el escrito de la Comunidad, dictó una providencia en la que solicitó a la Intervención General del Estado (IGAE) que le informara sobre la existencia de facturas de la Comunidad al Grupo Rafael.

La falta de colaboración del Ejecutivo regional, que niega el abogado, ya fue objeto el 16 de diciembre de 2010 de una providencia de Pedreira, en la que el magistrado advertía de la responsabilidad penal de la persona que no colaborara. Por eso el PSOE solicitó la declaración como imputado del secretario general técnico de la Comunidad, Héctor Casado López, al considerar que esta forma de actuar ponía en evidencia la "intención manifiesta" de ocultación de los datos solicitados por el tribunal. Además, el abogado defiende en el escrito la labor realizada por el Ejecutivo popular en relación a las peticiones judiciales: "La Comunidad de Madrid ha atendido, con plena exactitud, todos y cada uno de los requerimientos cursados por los órganos judiciales que, de forma sucesiva, se han ocupado de la instrucción".

Pero el funcionario regional hace también una valoración política de la petición de los concejales socialistas: "Resulta triste que el ansia de perjudicar a toda costa al adversario electoral, el deseo de obtener rédito político por cualquier medio, lleve a algunos a hacer pasar por auténtico aquello que no lo es".

Www.elpais.es 01.04.11

LA POLICÍA DESTAPA UNA RED PARALELA DE CONTRATAS IRREGULARES EN MADRID

El exconsejero López Viejo otorgó concesiones a una empresa ajena a Correa.- "Pillé a López Viejo dándole trabajo a otro; dice que se lo pidió la presidenta"

Una empresa constituida en enero de 2006, Ilusiona Comunicación, entró solo unos meses después en el reparto supuestamente ilegal de contratos por cientos de miles de euros para la organización de actos institucionales de la Comunidad de Madrid en los que participaba la presidenta Esperanza Aguirre.

El cerebro político de esta trama corrupta, según la investigación del caso Gürtel, era Alberto López Viejo, exconsejero de Aguirre y encargado por orden de la presidenta de organizar todos sus eventos.

Durante la primera mitad del primer mandato de Aguirre (2003-2007), la mayoría de los actos fueron encargados por López Viejo, aunque no tuviera responsabilidad ni mando sobre la consejería que los convocaba, a empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa.

A partir de 2006, la cosa cambió un poco, según el último informe policial fechado el pasado 2 de marzo de 2011 e incorporado al sumario del caso Gürtel, donde se hacen públicos los correos electrónicos que se cruzaban entre sí los directivos de la red Gürtel para tratar las incidencias en la actividad de sus empresas.

En mayo de 2006, los responsables de la trama corrupta estaban preocupados porque López Viejo había diversificado el reparto de actos institucionales de la presidenta y, por tanto, de un negocio que podía alcanzar varios millones de euros al año.

Isabel Jordán, directiva de Easy Concept, la empresa de la red Gürtel encargada de los actos de Aguirre, escribe a su jefe, Pablo Crespo, número dos de la trama para trasladarle algunos motivos de preocupación respecto a una firma que organiza actos para Aguirre: "He hablado con Alberto [supuestamente López Viejo] de la empresa Ilusiona y, según él, no son muy amigos. Los conoce pero que nosotros vamos a seguir haciendo los trabajos, solo que facturamos a través de ellos. Ya son cuatro actos que hemos hecho con ellos".

Jordán se refiere, y la cita por su nombre en el correo electrónico, a la empresa Ilusiona, que por entonces tenía como administrador único a Javier Fernández Verea, vinculado a un amigo de López Viejo y propietario de la discoteca Gabana, según la investigación.

Entre la documentación incautada a la trama corrupta figuran 23 trabajos por actos institucionales de la presidenta de la Comunidad de Madrid entre abril y julio de 2006 por 345.190 euros facturados a nombre de Ilusiona. Esos trabajos los hacía en realidad la empresa Servimadrid Integral, perteneciente a la trama corrupta, pero los facturaba Ilusiona, según la documentación que aporta en su informe la policía.

En junio de 2006, la desconfianza de la trama corrupta en López Viejo había aumentado. Isabel Jordán remite entonces otro correo electrónico a Pablo Crespo: "Este señor (en referencia supuestamente al exconsejero autonómico Alberto López Viejo) está haciendo cosas raras. Le he pillado dándole trabajo a una empresa que se llama Ilusiona para la cual nosotros trabajamos. Según él, ha sido la presidenta [Esperanza Aguirre] quien le ha pedido que le dé trabajo, pero yo me he informado a través de cierto alcalde, que este chico es amigo de él... A nosotros nos sigue dando trabajos pero está diversificando, porque todo el mundo habla de él y de sus chanchullos (...)".

JORDÁN: "... EL DINERO QUE DIMOS A ALBERTO" CRESPO: "ESTO NO SE COMENTA POR 'E-MAIL"

Isabel Jordán, directiva de Easy Concept, la empresa de la trama Gürtel que organizaba todos los actos institucionales presididos por Esperanza Aguirre entre 2004 y 2006, tenía contactos con Alberto López Viejo, el consejero del Gobierno regional que le adjudicaba a dedo la mayoría de los contratos de la Comunidad de Madrid.

De esta relación con el consejero daba cuenta Jordán a su jefe Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego y lugarteniente de Francisco Correa.

En uno de los correos electrónicos que envía Jordán a Crespo y que este responde, se produce un curioso intercambio de informaciones en base a tres de los seis puntos que abordan en la siguiente conversación.

Isabel Jordán. (...) "2. Las facturas de José Luis, le dije a Javier que hablaría contigo para comentar lo de las facturas porque no sabía que era para no pagar tantos impuestos".

"4. Cuando hicimos cuentas pusimos el dinero que le habíamos dado a Alberto López Viejo, pero lo hicimos desde el año 2004".

"6. También te mando documento que me ha remitido Alberto López Viejo sobre la Asamblea de Madrid".

Pablo Crespo. "(...) 2. Sin comentarios. No obstante, creo que estos temas no se deben comentar por e-mail (todavía menos que por teléfono)".

Los socialistas citan un informe policial sobre la financiación de la red Gürtel al PP

El PSOE ha solicitado al magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que cite a declarar como imputados a los responsables de la organización y de la financiación de los actos de la campaña electoral del PP en 2003, como presuntos autores de un delito de cohecho. Esa campaña fue la primera en la que Esperanza Aguirre se presentó como candidata a la Comunidad, y en la que se produjo la espantada de dos diputados socialistas, conocida como el tamayazo, que impidió un pacto de gobierno del PSOE con IU. Los máximos responsables del PP en Madrid eran Pío García Escudero, ahora portavoz en el Senado, y Ricardo Romero de Tejada.

El PSOE ha tomado esta decisión tras conocer el contenido de un informe de la Policía Judicial que concluye que el acto electoral celebrado el 6 de marzo de 2003 por Esperanza Aguirre en Boadilla del Monte (Madrid), con un coste de 11.449 euros, fue sufragado al 50% por las empresas FCC y Sufi a través de la red Gürtel. Estas dos sociedades habían logrado el contrato para la recogida de la basura en ese municipio y, según la investigación, pagaron una comisión ilegal que acabó sufragando actos electorales del PP.

Para enmascarar el pago de los actos del PP -uno de ellos, el protagonizado por Aguirre- y de los regalos que la trama hizo a Arturo González Panero, el Consistorio de Boadilla del Monte ideó una forma de hacer pasar como legales los abonos realizados por las empresas privadas al cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, según el informe.

Un apartado de los pliegos de la adjudicación de la basura en Boadilla obligaba a las empresas que se hicieran con el servicio a realizar campañas de comunicación por el 2% del total del dinero que recibían del Ayuntamiento. Y en todos los casos, Correa cobraba por esas campañas que no se realizaron. Así, la trama facturaba a FCC y Sufi los actos que le organizaba al PP en Boadilla, lo que demostraría la financiación ilegal del PP en la Comunidad de Madrid. El pasado jueves, Pedreira dictó una providencia en la que solicita a los Ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda y Madrid información sobre las campañas de publicidad desarrolladas por la empresa Special Events, de Correa, con las que se financiaron al menos cinco actos del PP en Boadilla.Los socialistas reclaman en su escrito al juez que solicite al PP que certifique el nombre de los responsables del partido en la campaña de 2003, y señalan que para abonar el acto electoral de Esperanza Aguirre sobre el Metro ligero tuvo que haber una "concertación previa", teniendo en cuenta "la superioridad jerárquica" de Aguirre sobre el PP de Boadilla del Monte. La petición considera necesario que se "aclaren" los términos en los que fue financiado dicho evento y el grado de participación de las personas que intervinieron en el mismo: "Por eso consideramos esencial la declaración de los responsables de la campaña electoral del PP de Madrid en las elecciones autonómicas y locales de 2003, pues es dicha organización política la que resultó beneficiada por la irregularidad manifiesta cometida por el alcalde de Boadilla".

El informe policial remitido al juez hace dos semanas, y que sirve de base para que los socialistas pidan la imputación de los responsables de la campaña electoral del PP madrileño, no es el primero que la policía entrega al juez sobre la presunta financiación ilegal de los populares. A mediados de 2010, otro exhaustivo documento ofrecía múltiples indicios de financiación ilegal de las campañas electorales del PP en Madrid a través de Fundescam, una fundación del PP que recibía fondos de numerosas empresas privadas contratistas de la Comunidad de Madrid, donde gobiernan los populares desde 1995. "Estos fondos, obtenidos por la Fundación, provienen de empresas privadas a las que se le ha adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en Administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una propensión al intercambio de favores", relata el texto policial, que cita de forma expresa los nombres de importantes empresas y algunos particulares.

Y como conclusión, el informe indica que existen un conjunto de facturas emitidas por Special Events al PP por actos relativos a campañas electorales o al congreso regional, en las que se ha producido un cambio de entidad y/o de concepto. "Es decir, por actos realizados al PP de Madrid o al PP Nacional con motivo de las elecciones realizadas en 2003 y 2004 se emiten facturas con conceptos ficticios. Asimismo, por actos realizados al PP de Madrid, europeo o nacional con motivo de las elecciones autonómicas de 2003, al Parlamento Europeo o generales de 2004, o por el congreso regional del PP de Madrid de 2004 se emiten facturas cambiando la entidad, que pasa a ser Fundescam, y el concepto de la misma". Precisamente en una de estas facturas interceptadas a la trama, uno de los empleados de Correa anotó a mano que el concepto de la misma se cambiaría tras hablar "con el gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez".

La Fiscalía Anticorrupción ya expresó en su día que los hechos eran constitutivos de delito pero que este había prescrito y que salvo que en el curso de la investigación se descubrieran conductas semejantes en años más recientes no podía apoyar la imputación de los dirigentes del Partido Popular.

Por otra parte, el PSOE también ha solicitado a Pedreira que testifique como imputada la parlamentaria del PP Ana Mato, que en 2003 estaba casada con el también imputado Jesús Sepúlveda, como presunta autora de un delito de cohecho al recibir dádivas por parte de las empresas de la trama de corrupción mientras ejercía como cargo público. Según el informe policial, la red de Correa le pagó a ella y a su hija un viaje a Suiza y la estancia en un hotel de lujo.

La factura con la que se abona el viaje de Ana Mato, según el escrito de los socialistas que manejan un informe policial, así como otras facturas a nombre de su exmarido se pagaban mediante ingresos en metálico con origen en la denominada caja B de Francisco Correa. Por su parte, Ana Mato aseguró que ella misma había abonado estos gastos.

Los socialistas recuerdan que en esas fechas Ana Mato era miembro destacado del comité nacional del PP, diputada nacional hasta junio de 2004 y eurodiputada a partir de esa fecha, habiendo ocupado desde 2003 a 2004 el cargo de julio de coordinadora de Organización del PP.

El abogado de la acusación popular en el caso Gürtel, ejercida por el PSM-PSOE, ha pedido al magistrado que investiga la trama presuntamente encabezada por Francisco Correa que cite a declarar como imputada a la nueva alcaldesa del PP de Boadilla del Monte, Mercedes Nofuentes, y a la concejal Belén Húmera. De tener en cuenta el juez esta petición, Nofuentes sería el tercer alcalde de Boadilla imputado en la trama Gürtel.

Los socialistas consideran que ambas deben declarar por su participación en la adjudicación de la construcción de la Ciudad del Deporte a Constructora Hispánica, por 30 millones de euros, en una junta de gobierno extraordinaria de la que se ausentó el ex primer edil Arturo González Panero. Según los socialistas, el contrato se adjudicó días antes de la campaña electoral de las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2007, con la asistencia de solo tres concejales y la ausencia de otros cinco. Los ediles que asistieron a la junta fueron: como presidenta accidental Mercedes Nofuentes; así como el exalcalde Juan Siguero, también imputado, y Belén Húmera, además del interventor y de la secretaria general.

El escrito enviado al juez destaca que en un archivo interceptado a la trama se explica que el 22 de mayo, 11 días después de la adjudicación, se produce en la contabilidad del Grupo Correa un ingreso de 900.000 euros, que posteriormente será repartido entre los imputados Tomás Martín Morales, que ocupó los cargos de gerente, vicepresidente y consejero de la empresa municipal del suelo (EMSV) de Boadilla; el exalcalde Arturo González Panero; Alfonso Bosch Tejedor (gerente de la EMSV) y Pablo Crespo, número dos de Correa, y exsecretario de Organización del PP gallego.

Los socialistas piden también al juez que cite como testigo al empleado municipal Juan Carlos Rey Rico, quien se encargó de uno de los dos informes que constan en el expediente de la Ciudad del Deporte, la adjudicación de mayor cuantía de la historia de Boadilla del Monte.

Antonio Pedreira, juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, encargó ayer a la Agencia Tributaria que realice las "liquidaciones" correspondientes a 13 de los imputados en la investigación. Es decir, que diga cuánto dinero ingresaron los cabecillas de la trama de forma opaca, sin pagar impuestos a Hacienda. Lo hizo a petición de la Abogacía General del Estado, que lo reclamaba en nombre de la Agencia Tributaria.

Los imputados señalados por el fisco son dos supuestos jefes de la trama -Francisco Correa y Pablo Crespo-; la esposa de Correa; los exparlamentarios del PP Luis Bárcenas y Jesús Merino; y ocho exdiputados o exalcaldes populares de la Comunidad de Madrid. El juez insta a establecer el dinero defraudado siempre que las cantidades superen los 120.000 euros por impuesto y año. Los informes que Hacienda ha hecho hasta la fecha ya apuntan a que Correa defraudó presuntamente 18 millones de euros entre 2002 y 2007, y Crespo, 500.000 euros en 2006.

El juez ha vuelto a pedir también de forma "urgente" a varios países que localicen el dinero blanqueado por la trama.

En una grabación recogida en el sumario, el jefe de la trama Gürtel asesora al exviceconsejero Carlos Clemente para hacer negocios turbios en ColombiaClemente pide una participación "y no un sueldo" a la red Gürtel en un negocio

Francisco Correa. Yo no creo que debas ser transparente. Yo creo que deberías ser opaco. Porque siendo gerente de una fundación de ese tipo no deberías transmitir que estás haciendo business, ¿entiendes?

Carlos Clemente. No, bueno, pero los hace mi mujer. No, si lo que yo te he dicho es la primera opción, que la ponga alguien a su nombre y yo compraré las participaciones.

F. C. Me parece bien, pues ese es el camino que tienes que coger. Y yo te recomendaría que fueras opaco...

Esto es un extracto de una conversación telefónica entre el presunto cerebro de la trama Gürtel y el exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid Carlos Clemente Aguado. "Configura", según el juez instructor Pedreira, "una estrategia apta para el blanqueo de capitales: asesoramiento legal especializado, opacidad en la constitución de empresas, empleo de testaferros, uso de información privilegiada, control indirecto de las empresas y transmisión de una imagen exterior de legalidad".

Correa asesora a Clemente, según un auto del juez del 2 de marzo, para hacer negocios aprovechando la posición que va a tener en Colombia. Meses antes, Clemente había dejado el Gobierno de la Comunidad por voluntad propia para presidir la fundación privada Alas, en sus palabras, "gracias a la recomendación de [el exministro de Justicia de Aznar José María] Michavila".

Correa, tras comprobar que Clemente había dejado "todo pagado", le ofrece participar en sus negocios en el país sudamericano. En otra de las conversaciones recogidas en el sumario, Clemente interrumpe al cerebro de la trama porque, resalta el juez, "se iba a recoger a la Comunidad la medalla por los servicios prestados".

3El exviceconsejero de Inmigración Carlos Clemente -imputado en la trama como presunto autor de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos- se había preocupado de mantener contactos con dirigentes de Colombia, meses antes de recibir la llamada de Correa para intermediar en un negocio allí. En julio de 2008, participó junto al consejero Javier Fernández-Lasquetty en un viaje al país sudamericano, cuya finalidad era conocer in situ el destino de la inversión de la Comunidad en cooperación para el desarrollo de 212.670 euros. En ese viaje ambos se entrevistaron, entre otros, con altos cargos del Gobierno colombiano y con el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno.

Precisamente, en Bogotá Carlos Clemente Aguado logró hacer amistad, según el juez Pedreira, con el secretario de alcaldía, Yuri Chillán Reyes, al que Clemente trató de recurrir para extender los negocios de Correa en Colombia. Correa ya estaba relacionado con empresas de la energía gracias a su socio Miguel Uriel Hernández Navarro. Pero el exviceconsejero fue muy ambicioso y, según la conversación que consta en el sumario, quiso más: "le pregunta a Correa que, si sale bien la llamada, podría meterse a participar. No un sueldo, una participación. Correa le contesta que sí, y que su mujer podría estar trabajando en una de las empresas".

Pedreira llega a la conclusión de que Correa asesora a Clemente para que este cree una estructura empresarial opaca en Colombia con la que podría operar y rentabilizar la "información privilegiada" obtenida de su posición, y que consiste en: "asesoramiento legal especializado por abogados de su confianza; constitución de empresas por terceros; compra de las participaciones sociales sin registrarlas; opacidad en el conocimiento del beneficiario real de las operaciones desvinculándose de ellas; empleo de testaferros; control directo de las empresas; transmisión de una imagen exterior de legalidad; y uso de la información y de los contactos para obtener negocios".

En el auto de Pedreira, que mantiene la fianza contra Clemente en 37.000 euros, decisión que confirmó el pasado martes, se explican otras presuntas relaciones del excargo madrileño. En la cuenta de la caja B de Correa, según el juez, consta un apunte de la entrega de un sobre de dinero por orden de "don Vito" -es decir, de Correa- que el empleado de este Andrés Bernabé debía realizar a Carlos Clemente. Además, Isabel Jordán, una de las empleadas de la trama, reconoce en su declaración ante el juez que han hecho regalos a Carlos Clemente y que, antes de las Navidades de 2006, le entregaron un sobre con 6.000 euros.

Asimismo, la propia Isabel Jordán explicó que estos regalos coincidieron en el tiempo con la concesión de eventos de la Consejería de Inmigración a las empresas de Francisco Correa. Clemente, antes de salir del Gobierno regional, "agilizó" el pago de las deudas pendientes con las empresas de la red corrupta. En otra conversación, un empleado tranquiliza a Correa, asegurando sobre los contratos con la Consejería tras la salida de Clemente: "todo sigue igual, están contentos con nosotros. [...] No va a haber grandes cambios. Todo es gente de la casa".

El magistrado Antonio Pedreira considera que la imputación en el caso Gürtel del excargo de Esperanza Aguirre es "clara", ya que, explica en su auto, "trata de trasladar su conducta delictiva a Colombia, pese a que la mayor parte de los hechos imputados se cometieron en España".

- "Yo no creo que debas ser transparente. Hay que ser opaco. Porque siendo gerente de una fundación de ese tipo no deberías transmitir que estás haciendo business, ¿entiendes?".

- "Me parece bien, pues ese es el camino que tienes que coger. Y yo te recomendaría que fueras opaco, y que no salieras porque me imagino que ahí generarás muchos enemigos a medida que vas manejando temas y presupuestos... envidias y enemigos e irán a por ti".

- "Has hecho muy bien [dejando la Comunidad], como ciudadano colombiano te saldrán 500.000 oportunidades".

La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó ayer que sean sus colegas de Valencia quienes decidan si los tres máximos jefes de la trama Gürtel deben ser juzgados junto a Francisco Camps en relación con el regalo de los trajes y joyas que hizo la red al presidente valenciano y a otros altos cargos del PP de esa comunidad (Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos).

La Sala ratifica en gran parte la decisión del juez instructor de Gürtel, Antonio Pedreira, quien en el tema de los trajes se inhibió a favor del Tribunal Superior de Valencia por entender que tanto el cabecilla de la red, Francisco Correa, como su número dos, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, el Bigotes, debían ser enjuiciados junto a los citados altos cargos del PP por ser ellos quienes les sobornaron con esas dádivas.

La Sala Penal de Madrid analizó ayer el recurso del PP contra la decisión de Pedreira en el tema de los trajes y en la que sostenía que no es posible juzgar de forma aislada a Camps y los otros altos cargos como receptores de los regalos sin enjuiciar paralelamente a quienes les sobornaron. El PP actúa en Gürtel como acusación particular, aunque a juzgar por sus constantes recursos más bien parece ser una defensa.

La decisión de la Sala Penal de Madrid puede demorar el previsible juicio contra Camps por aceptar trajes de la trama Gürtel, a pesar de que este asunto ya está instruido por el juez de Valencia José Flors, quien solo está pendiente de recibir los escritos de dos imputados antes de tomar una última decisión. Salvo que su Sala dictamine otra cosa, la intención inicial de Flors es sentar en el banquillo a Camps y a los otros altos cargos pero no a la cúpula de Gürtel.

En julio de 2009, Flors dio por instruida la causa de los trajes y dictó un auto en el que reveló que existe "constancia" de que las prendas de vestir adquiridas por Camps en diferentes tiendas de Madrid fueron pagadas por sociedades vinculadas a Orange Market. También consideró que los hechos "eran constitutivos de un delito de cohecho pasivo del artículo 426 del Código Penal", que determina que "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".

Pero el asunto quedó entonces paralizado porque Camps y los otros imputados recurrieron la decisión de Flors ante la Sala de lo Penal de Valencia, que acabó archivando el caso de los trajes con el voto a favor del expresidente de este órgano Juan Luis de la Rúa. La Fiscalía Anticorrupción apeló el archivo ante el Tribunal Supremo, que un año después tumbó la decisión de la Sala y ordenó reabrir la causa para juzgar a Camps y los otros imputados. Como el objeto de ese recurso era el archivo decretado en Valencia, el Supremo no se pronunció sobre si la cúpula de Gürtel debía ser enjuiciada junto a Camps. Anticorrupción, que pide para Camps, por cohecho pasivo, una multa de 41.250 euros, es partidaria de que el presidente de la Comunidad Valenciana y los otros altos cargos se sienten en el banquillo junto a los responsables de Gürtel por la conexión entre los donantes de los regalos y sus receptores.

Fuentes jurídicas de Valencia creen que es factible juzgar a Camps, Costa, Campos y Betoret como receptores de regalos sin necesidad de enjuiciar en la misma causa a los donantes de los trajes. Estos medios señalan que el delito de cohecho pasivo del artículo 426 del Código Penal es un tipo residual y diferente del activo, y que va dirigido solo contra los funcionarios que aceptan regalos en función de sus cargos, no contra los donantes.

Fuentes jurídicas de Madrid entienden, en cambio, que el tipo base, el de cohecho propio, castiga a receptor y dador, y entienden que separar a unos de otros cara al juicio rompe los principios de "economía procesal" y el de no ruptura de la continencia de la causa, por lo que lo normal es que se juzgue a Correa, el Bigotes, Camps y al resto de los imputados en un mismo procedimiento.

EL ÚLTIMO INFORME POLICIAL DE GÜRTEL DESTAPA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP

Correa organizó, según el documento remitido a Pedreira hace seis días, actos de los populares en Boadilla y se los facturó a las concesionarias de la basura

El acto celebrado el 6 de marzo de 2003 en Boadilla del Monte por la entonces candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Esperanza Aguirre, con el fin de presentar su propuesta para construir el metro ligero hacia el oeste de la Comunidad de Madrid y que tuvo un coste de 11.449 euros, fue pagado al 50% por las empresas Sufi y FCC, concesionarias del contrato de la basura en Boadilla del Monte. Las dos firmas abonaron en total a Special Events, propiedad del presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, cinco facturas de eventos que había organizado este para el PP en el municipio. El coste de estos actos fue de 24.901 euros, según indica el último informe realizado por la Policía Judicial y que fue remitido el pasado martes al magistrado Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en la democracia ligada a un partido político: el PP.

El folio de la izquierda es un manuscrito interceptado a la red, en el que aparecen los gastos generados en Boadilla por el PP y González Panero. También se ve el reparto que se hace entre las empresas. Los otros dos documentos son facturas de Correa al PP, cuyos datos coinciden con la cantidad que abonan FCC y Sufi.-

Además del acto de Esperanza Aguirre, las empresas a las que el Ayuntamiento de Boadilla les adjudicó la gestión de las basuras pagaron a Special Events por otros trabajos que hizo el PP, como la realización de carteles (2.405 euros); el montaje de la reunión celebrada en el hotel Convento de Boadilla el 27 de abril de 2002 (1.637 euros); la organización de un evento el 4 de junio de 2002 (2.504 euros) y un acto de "alcaldía", del 25 de febrero de 2003 ( 4.475 euros).

La organización de Correa, según las conclusiones de la policía, actuó como "canalizadora" y "ejecutora" de la operación mediante la que el PP evitó pagar los actos que celebró en Boadilla, uno de ellos el que encabezó la entonces candidata del PP a la presidencia de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Así lo explica su informe: "Correa presta los servicios turísticos al alcalde a través de su empresa Pasadena Viajes, realiza las compras de prendas de vestir para González Panero mediante facturas emitidas a través de su empresa Special Events, anotando la indicación de facturar a Sufi por publicidad, al mismo tiempo que organiza los eventos del PP de Boadilla, que cobra de las sociedades Sufi y FCC mediante cuatro facturas emitidas por Special Events por unos supuestos servicios prestados".Las facturas por el pago de los servicios, según la policía, son "ficticias"y su "único fin es el de hacerse cargo de distintos servicios de carácter particular [...], así como a gastos relativos a distintos actos efectuados para el Partido Popular en dicha localidad pendientes de cobro, por un importe total de 98.389,42 euros".

En el registro efectuado en una nave de un polígono de Alcorcón, en donde se almacenaba la documentación de la sociedad de Correa Easy Concept, se encontró un documento manuscrito que la policía considera "especialmente significativo", ya que en él se refleja la suma del importe de los regalos realizados a González Panero (33.074 euros), el pago por los actos del PP (24.901 euros) y el coste de un vídeo (26.843 euros). La suma de los tres conceptos asciende a 84.818 euros. En el mismo folio se calcula el IVA, que eleva la cifra final hasta los 98.389 euros. Pero una vez establecido el importe final, según indica el informe policial, este se divide en dos, a nombre de Sufi (49.149,71 euros) y FCC (49.149,71 euros). A continuación, estas dos empresas facturan a Special Events por la cantidad indicada.

Para enmascarar el pago de los actos del PP -uno de ellos protagonizado por Esperanza Aguirre- y de los regalos que la trama hizo a Arturo González Panero, el Consistorio de Boadilla del Monte ideó una forma de hacer pasar como legales los abonos realizados por las empresas privadas a Correa. Así, un apartado de los pliegos de condiciones de la adjudicación de la basura obligaba a las empresas que se hicieran con el servicio a realizar campañas de comunicación por el 2% del total del dinero que recibían del Consistorio. Y en todos los casos eran las empresas de Correa las que cobraban por estas campañas de publicidad, que tampoco se llegaron a realizar. De esta forma, Correa facturaba a FCC y Sufi los actos que le organizaba al PP, lo que demostraría la financiación ilegal del Partido Popular en la Comunidad de Madrid.

El modus operandi de los populares madrileños es muy parecido al del PP valenciano, que desde el Gobierno presidido por Francisco Camps adjudicaba obras a empresas que pagaban los actos de este partido organizados por la sociedad de Correa Orange Market.

El informe policial que tiene el juez sobre la mesa destaca, además, que en otro folio encontrado en una carpeta azul durante la inspección efectuada en el domicilio particular de José Luis Izquierdo, el contable de Francisco Correa, se registra la entrega de la cantidad de 157.800 euros por parte del presidente de la sociedad Sufi, Gonzalo Naranjo, tres meses después de que se le adjudicara el contrato de las basuras en Boadilla, a Arturo González Panero, José Galeote, Tomás Martín Morales, todos ellos de Boadilla, y al propio Correa.

El informe de la Policía Judicial también indica que el exalcalde del municipio Juan Siguero, que dimitió el mes pasado tras ser imputado por Pedreira, fue quien promovió la modificación del contrato de la basura de FCC y Sufi. Siguero, que fue tesorero del PP de Boadilla del Monte, también formó parte de la mesa de contratación, según la policía.

Asimismo, los investigadores consideran que Correa utilizó el importe de las distintas prendas de vestir compradas a González Panero para aumentar el coste de los eventos que le cobraba a las instituciones públicas y privadas, con la finalidad de que estas fueran las que finalmente pagaran el producto. Como pasó con facturas que Correa cobró al PP por el acto de cierre de la campaña de 2003 y por un evento de 2004 para celebrar los ocho años de Gobierno de José María Aznar.

UN EMPRESARIO ADMITE PAGOS DE 1,6 MILLONES EN SUIZA A GÜRTEL

Sufi recibió de López Viejo una contrata de 48 millones

El presidente de la empresa Sufi, SA, Rafael Naranjo, afirmó ayer ante el juez Antonio Pedreira que pagó 1,6 millones de euros en una cuenta en Suiza a nombre de los directivos de la red Gürtel, según explicaron ayer fuentes jurídicas conocedoras de su declaración. Este dinero correspondía supuestamente al pago de una comisión del 3% por la adjudicación en 2002 del servicio de recogida de basuras en el distrito de Moratalaz (Madrid) por 48 millones de euros. El encargado de la concejalía de Limpieza entonces era Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y exviceconsejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre. López Viejo está imputado en el caso Gürtel por el cobro de comisiones de la red corrupta a cambio de la adjudicación de numerosos contratos a dedo para organizar los actos institucionales en los que participaba Esperanza Aguirre.

Naranjo dice que algunos Consistorios pedían dinero para publicitar proyectos

Naranjo, uno de los empresarios imputados en Gürtel por pagos a la trama para conseguir contratas, no especificó la cuenta ni el banco de Suiza en los que depositó el dinero, según explicaron ayer fuentes jurídicas. En una anterior declaración ante Pedreira, Naranjo había admitido pagos de comisiones del 3% pero lo había vinculado a las obligaciones que imponía el Ayuntamiento de Madrid para dedicar ese dinero a publicidad institucional. Tras su declaración de ayer, el dueño de Sufi se convierte en el primero de la decena de empresarios imputados que reconoce abiertamente haber pagado comisiones ilegales a cambio de contratos.

Otro empresario también imputado, Alfonso García Pozuelo, ha reconocido implícitamente haber pagado comisiones a la trama de Correa, ya que recientemente regularizó su situación con Hacienda pagando 23 millones de euros por cuotas defraudadas en los últimos años. Hacienda le pidió ese dinero por delitos fiscales antiguos y también contabilizó en ellos, a la hora de fijar la deuda tributaria, todas las anotaciones de dinero negro que constan en el sumario de Gürtel como entregadas por García Pozuelo a Correa.

Preguntado ayer por las partes, Naranjo reconoció que conocía al todavía diputado autonómico Alberto López Viejo pero negó que tuviera relación con los cabecillas de Gürtel.

Informes policiales que constan en el sumario que instruye Pedreira acreditan pagos de Naranjo a la red, basados en anotaciones halladas en la contabilidad B de Correa, por importe de al menos 1,2 millones.

En su primera declaración ante el juez, efectuada hace varios meses, Naranjo justificó el pago de comisiones en que entonces había Ayuntamientos del PP que exigían en los pliegos de adjudicación de contratos el abono de unas partidas del 2% o 3% para publicidad e información de sus proyectos.

EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' IMPUTA CUATRO DELITOS AL ANTERIOR ALCALDE DE BOADILLA

Siguero reconoce ante Pedreira que envió pliegos de contratas solo a la trama

El exalcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), apeló ayer a su desmemoria en la declaración que prestó ante el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel. Ante las preguntas de las partes relacionadas con los supuestos chanchullos por adjudicaciones irregulares de contratas a la red que dirigía Francisco Correa, Siguero respondió con frases como "no recuerdo" y otras del tipo "me remito a los informes técnicos", según asistentes al interrogatorio.

Tras dos horas de declaración, Siguero salió del Tribunal Superior de Madrid con la imputación por parte del juez de cuatro delitos: negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias y posible colaboración como cooperador en los delitos que se imputan a su predecesor en el cargo, Arturo González Panero como él forzado a dimitir por su implicación con la trama. Sobre este pesa una fianza de 1,8 millones. Pedreira no fijó ninguna medida cautelar contra Siguero.

Un informe policial atribuye a Siguero haber facilitado a la red Gürtel datos previos sobre contratas que luego sacó a concurso el Ayuntamiento. "Participó en el diseño de los pliegos ad hoc" para el concurso de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla, adjudicado a una empresa Gürtel por más de 600.000.

Ayer, a preguntas de la Fiscalía Anticorrupción, Siguero reconoció que participó en la elaboración del pliego de licitación de la oficina y que se lo envió a una empresa de la trama. En concreto, admitió que le envió una copia a José Javier Nombela, uno de los imputados en la red y, hasta 2006, asesor de un concejal de Moncloa-Aravaca. La fiscalía le preguntó si remitió esos pliegos a las otras empresas que pugnaban por esa contrata. Su respuesta fue no. También admitió que El Albondiguilla fue quien le presentó a Nombela y a Isabel Jordán, ejecutiva de la trama.

A Siguero se le preguntó también sobre la adjudicación de un polideportivo en mayo de 2007, 10 días antes de las elecciones municipales de ese año, a una constructora madrileña. La adjudicación fue de 29,6 millones y, supuestamente, la trama recibió en comisiones 1.050.000 euros.

El polideportivo fue adjudicado en una comisión municipal a la que asistieron solo tres concejales -entre ellos él mismo- . Concurrían 21 empresas y sobre la mesa había dos informes: uno, de técnicos de la Concejalía de Deportes del municipio, y otro de técnicos del Ayuntamiento. En el primero, la firma adjudicataria tuvo la mejor puntuación; en el segundo, quedó en tercer lugar. Se tuvo en cuenta el informe más favorable. Uno de los redactores del informe, Juan Carlos Rey, según el sumario, era una persona de total confianza de González Panero. Preguntado por esta contrata dijo que no recordaba y se remitió, sin más, a los informes técnicos.

PEDREIRA CONFIRMA LA IMPUTACIÓN A JUAN SIGUERO TRAS TOMARLE DECLARACIÓN POR EL 'CASO GÜRTEL'

El exalcalde de Boadilla reconoce que envió pliegos de contratas solo a una empresa de la trama de corrupción

El ex alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte Juan Siguero ha declarado esta mañana durante dos ante el magistrado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en la comunidad, por cuatro delitos: negociaciones prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias y posible colaboración como cooperador necesario en los delitos que se imputan a su predecesor en el cargo, Arturo González Panero, también dimitido e imputado en la trama de corrupción. Tras la declaración, el juez mantiene las imputaciones y no ha impuesto medidas cautelares.

Un documento de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) denominado Informe sobre Boadilla del Monte acusa al exregidor de facilitar a "la trama Gürtel información previa de contratas que luego sacó a concurso el Consistorio". En este informe, la UDEF asegura que Juan Siguero "participa en el diseño de los pliegos ad-hoc para que este concurso (la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla) fuese adjudicado a una de las empresas de la organización". Además, señala que "existe una negociación previa a la publicación del concurso entre el órgano contratante, representado por Juan Siguero, y el grupo de empresas de Francisco Correa". La adjudicación de la oficina se hizo por más de 600.000 euros y un periodo de 14 años. A preguntas de la fiscalía al respecto, el ex alcalde ha reconocido que participó en la elaboración del pliego de licitación de la oficina y que se lo entregó tan solo a una empresa de la trama. En concreto, ha admitido que envió una copia a José Javier Nombela, uno de los imputados en la red de corrupción y hasta el 2006 fue asesor del concejal presidente del distrito de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín (PP). También ha dicho que González Panero, alias El Albondiguilla, fue quien le presentó a Nombela y a Isabel Jordán, ejecutiva de la trama Gürtel y una de las principales imputadas.

También se le ha preguntado sobre la adjudicación de un polideportivo en mayo de 2007, 10 días antes de las elecciones municipales celebradas ese año, a la firma Constructora Hispánica. La inversión, de 29,6 millones de euros, era la más cuantiosa realizada por el Consistorio de Boadilla y, al parecer, la trama recibió en concepto de comisiones 1.050.000 euros. El polideportivo fue adjudicado en una comisión municipal a la que asistieron solo tres concejales -entre ellos él mismo, entonces edil de Boadilla-, pero no el alcalde González Panero. Concurrían 21 empresas y sobre la mesa había dos informes: uno, de técnicos de la Concejalía de Deportes del municipio, y otro de técnicos del Ayuntamiento. En el primero, Constructora Hispánica lograba la mayor puntuación, mientras que el segundo la consideraba la tercera mejor opción. Preguntado por el PSOE, que ejerce la acusación particular, por qué se lo acabó llevando Constructora Hispánica, el ex alcalde ha respondido, como casi en todas las ocasiones, que no lo recuerda y se ha remitido a los informes técnicos.

La citación responde a una providencia en la que Pedreira imputaba a Siguero en la trama el pasado día 10. Horas más tarde, el ex alcalde de Boadilla presentaba su dimisión. También solicitó la baja del PP. El ex alcalde González Panero, que está imputado en la misma causa como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, acusó el pasado junio a Siguero de haber intervenido en todas las adjudicaciones de ese Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama de corrupción. "Por eso tendrían que investigarle más a él que a mí", dijo el alcalde en declaraciones a EL PAÍS. Su sucesor en el cargo era el número cuatro en la lista encabezada por González Panero en 2007 y fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el Gürtel en febrero de 2009, el PP regional optó por dar la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez. Pero Panero exigió -y logró- que la dirección popular aceptara a Siguero, su hombre de confianza.

González Panero afronta una de las fianzas más altas impuestas a los imputados, de 1,8 millones de euros por los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. Tras la caída de ambos alcaldes, este municipio de 42.430 habitantes nombró a su tercer regidor en dos años el pasado día 18. Se trata de Mercedes Nofuentes, la número cinco del PP en en municipio. La oposición, PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) abandonó el pleno en protesta por no poder intervenir. Nofuentes fue una de las tres ediles que asisterion a la comisión en la que se adjudicó el polideportivo, según el PSOE.

EL CONTRATO POR LA VISITA DEL PAPA EN VALENCIA LO PREPARÓ UN ALTO CARGO DE BOADILLA DEL MONTE

El imputado Tomás Martín Morales, ex director general del consistorio madrileño, adaptó los pliegos del concurso de la visita del Papa a Valencia desde el Ayuntamiento de Boadilla, adjudicados a Teconsa, por lo que cobró comisión, según la investigación

Novedades judiciales del caso Gürtel. Según un auto, el magistrado Antonio Pedreira reclama al Ayuntamiento de Boadilla los expedientes de todos los contratos investigados, acusa a los responsables municipales de ocultar información, y acusa a quien fuera gerente de la EMV en ese municipio de asesorar a las empresas de Correa en la elaboración de pliegos para concursos que después ganaba, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana.

En un extenso auto centrado en Boadilla, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, el juez instructor Antonio Pedreira solicita de nuevo al Ayuntamiento todos los expedientes de los contratos investigados por los que la policía señala que cobraron comisiones el ex alcalde Arturo González Panero, el ex concejal popular José Galeote y otros altos cargos. En especial, solicita las operaciones, contratos menores, facturas y expedientes completos del consistorio y la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda con el entramado de sociedades de Francisco Correa.

Los más señalados son la Ciudad del Deporte de la constructora Hispánica; 140 viviendas sobre una parcela municipal por parte de la empresa UFC de José Luis Ulibarri y los proyectos de reparcelación de Narcisos 22 de Jesús Calvo Soria, ex gerente de la Complutense. Los supuestos pagos en B de los cargos del Ayuntamiento, según el auto, figuran documentados en la contabilidad de Correa y sobre los que los imputados no han dado explicación al juez.

Pedreira mantiene que Tomás Martín Morales, ex consejero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda y ex director general del ayuntamiento, asesoró a las empresas de Francisco Correa desde el Ayuntamiento de Boadilla. Martín Morales adaptó los pliegos de condiciones de contratos que luego se adjudicaban en la Generalitat Valenciana. Es el caso del contrato de Radiotelevisión Valenciana a Teconsa por la visita del Papa en el V Encuentro Mundial de las Familias y por lo que Martín Morales habría cobrado una parte de la comisión ilegal.

El auto, del 22 de febrero, resuelve la negativa de Tomás Martín Morales a entregar su agenda municipal, alegando que era personal, requerida en su día por el juez y los fiscales anticorrupción.

El magistrado Pedreira se queja de una reitera conducta municipal que impide el avance de la investigación, así como el hecho de que los responsables municipales oculten a la justicia expedientes investigados.

NUEVAS FACTURAS DE GÜRTEL PRUEBAN LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP EN BOADILLA

Un auto del juez Pedreira asegura que dos empresas privadas pagaron a Correa varios actos que organizó la trama corrupta para los populares

El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, hizo público el pasado viernes un auto en el que constata la existencia de nuevas facturas y transferencias bancarias de las empresas que conforman la UTE Boadilla (formada por FCC y Sufi), a la que se le adjudicó los servicios de las basuras del municipio en 2002 por 2,2 millones anuales, que prueban que algunos de los actos del PP organizados por Special Events, de Francisco Correa, fueron pagados por FCC y Sufi. Esta forma de financiar los actos del partido se asemeja al modus operandi del PP valenciano, según constata un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía, que concluyó que la financiación ilegal del PP de esta comunidad se hizo a través de diversas constructoras que recibían contratos públicos del Gobierno de Francisco Camps y que colaboraban con Orange Market, la empresa que se encargaba de todos los actos del PP valenciano. Queda acreditado, de acuerdo con este informe, que el PP valenciano fue financiado mediante "entregas" realizadas por el propio PP con fondos "ajenos al sistema económico real" que engrosan la caja B de Orange Market y "facturas reales emitidas por esta empresa a la formación política y abonadas por esta".

En el auto, de 30 páginas, Pedreira resuelve una petición del exalcalde de Boadilla Arturo González Panero en la que solicitaba que se le rebajara la fianza de 1,8 millones de euros. El magistrado ha decidido mantener la cuantía al considerar que el conocido por los miembros de la red como El Albondiguilla tiene propiedades con un valor muy superior en diferentes partes de España, Marruecos, Estados Unidos y en el paraíso fiscal caribeño de las islas Caimán. En el caso de que Arturo González Panero no consigne el dinero, se procedería al embargo de sus bienes.El auto del magistrado Pedreira en el que se describen de forma detallada los presuntos hechos protagonizados por Arturo González Panero, y que se encuentran en el sumario del caso Gürtel, resalta que tras encontrar nueva documentación, como albaranes, facturas y justificantes de transferencias bancarias, que complementan los datos reflejados en un informe policial del 8 de junio de 2009, se ha podido comprobar que el ex primer edil de Boadilla recibió numerosos regalos pagados por las empresas FCC y Sufi, a las que adjudicó siendo alcalde la gestión de las basuras.

Toda esta nueva documentación se encontraba en los apuntes de la cuenta personal del exalcalde en la contabilidad b de las empresas de Francisco Correa. Como principal novedad con respecto a la información ya incorporada, según Pedreira, se ha podido constatar cómo la organización delictiva efectúa el cargo de numerosos viajes efectuados por Arturo González Panero, uno de ellos a Miami (Estados Unidos), que fueron prestados por una de sus empresas del cerebro de la trama (la agencia de viajes Pasadena). También FCC y Sufi pagaron las compras de ropa realizadas a nombre del entonces alcalde de Boadilla en 2002: "Encubriendo dicho cobro como pago de varias facturas de las empresas a Special Events, con motivo de una campaña de publicidad supuestamente establecida para publicitar el concurso relativo a la recogida de basuras, adjudicado a la UTE de FCC y Sufi por parte del Ayuntamiento, hasta un monto total de 98.389 euros", explica el magistrado Pedreira en el auto del pasado viernes. "Entre las facturas hechas efectivas por la UTE de estas dos empresas también se cargan diversos actos realizados por Special Events al PP de Boadilla del Monte pendientes de cobro", especifica el magistrado que instruye el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en la Democracia relacionada con un partido político: el Partido Popular.

La adjudicación de los servicios de las basuras de Boadilla se encuentra en el punto de mira de Pedreira, que ordenó registrar los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y de Majadahonda en busca de la documentación de ambas concesiones. Estos expedientes ponen de manifiesto que tan solo siete meses después de adjudicarse el servicio en Boadilla por un precio anual de 2,2 millones, el contrato de la recogida de las basuras se modificó al alza, encareciéndose 617.906 euros. En marzo de 2007, tres años después, volvió a encarecerse en 468.715,53 euros y en 2008 se elevó otra vez en 707.523,2 euros. Estas sucesivas ampliaciones sirvieron de base para que la interventora municipal elaborara un informe en el que destacaba que el total de las modificaciones suponía un importante aumento del coste anual de la gestión de las basuras para Boadilla, que pasó de 2,2 millones a 3,97 millones.

En este sentido, el auto incluye la declaración de Rafael Caballero Mateos, el sastre que realizaba de forma habitual la ropa a Correa, que de forma voluntaria reconoció a los agentes de la policía judicial que confeccionó varios trajes a Panero por indicación de Correa, quien le explicó que El Albondiguilla era "uno de esos alcaldes que no se sabe vestir". El sastre testificó que los encargos los abonaba uno de los empleados de la trama, concretamente José Luis Izquierdo, que le encargaba que pusiera en las facturas conceptos que no tenían nada que ver con la realidad. Como por ejemplo, según su declaración, cuando el 29 de junio de 2004 facturó a Special Events por un importe total de 3.721 euros con el concepto de "Suministro y colocación de tejidos en el stand de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de Boadilla (EMSV)': "Cuando debería figurar la venta de tres americanas, dos trajes completos y cinco pantalones para Arturo González Panero, que es lo que realmente se confeccionó", relata el informe policial basado en la declaración del sastre. Este trabajador aseguró, además, que en una ocasión González Panero le citó en la misma sede del Consistorio de Boadilla del Monte.

En sus conclusiones, Pedreira cita un informe del 23 de enero de 2009 concluyendo que entre agosto de 2002 y febrero de 2004 en la contabilidad b de Correa a aparecen 24 pagos de facturas con conceptos como billetes de avión, compra de ropa o compra de televisor de plasma, de 4.034 euros, a favor de González Panero por un importe total de 48.941 euros. Esta cuenta b de Correa contiene un apunte con fecha del 21 de febrero de 2006 por un importe de 124.000 euros. "Dicha cantidad podría tratarse de la comisión cobrada a través de Panero por la obtención de algún tipo de contrato vinculado a jardines y que engrosa la caja b de la calle Serrano", explica el auto del juez que relata al menos otros pagos al El Albondiguilla de 660.000, 18.000, 24.000, 12.000 y 30.000 euros. El exalcalde también es propietario de un piso en Marruecos de 100.000 euros e invirtió en Bolsa 144.000 euros.

FUNDESCAM Y REPARTO DE SOBRES

El auto del pasado viernes no es la primera ocasión en la que el sumario de la operación Gürtel alude a la posible financiación irregular del PP en la Comunidad de Madrid, ya que en una memoria externa en poder de la trama los investigadores descubrieron una carpeta con el epígrafe "Facturación PP Madrid", en el que se sugiere que las empresas de la trama financiaron actos de este partido.

Además, un documento de la Agencia Tributaria refleja que Special Events, una de las empresas de la trama corrupta liderada por Francisco Correa, facturó a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social (Fundescam), vinculada al PP, en 2004 y que ha encargado actos electorales para el partido.

Por otra lado, un informe elaborado por la policía y que está incluido en el sumario detalla cómo en un reparto de dinero entre los miembros de la trama por la consecución de tres contratos en Boadilla del Monte, aparece una entrega de 30.050 euros bajo el concepto "campaña", 15 días antes de las elecciones autonómicas de 2003. Entre las personas que presuntamente habría recibido dinero estarían el responsable de la campaña en Boadilla Tomás Martín Morales, imputado en la causa, y el propio ex primer edil Arturo González Panero. En las conclusiones, Pedreira indica que la empleada de Correa Isabel Jordán explicó que la red corrupta había grabado un vídeo en el que éste contaba dinero junto con el ex teniente alcalde de Boadilla Miguel Ignacio González Sánchez.

Otro informe policial sobre el ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, señala que Correa financió actos del partido en el municipio, en concreto en las elecciones generales de 2004 y que el dinero se había ingresado en una cuenta a nombre de Ortega.

¿PASARÁ FACTURA EL GÜRTEL EN LAS URNAS?

Los expertos y los propios candidatos coinciden en que la crisis mitigará los efectos electorales de la corrupción en los municipios afectados por la trama

La concejal del PP de Boadilla del Monte Mercedes Nofuentes fue investida ayer como alcaldesa en un atípico pleno municipal en el que la regidora no recibió ni un aplauso. Ni tan siquiera de los ocho cargos de confianza que se sentaron entre el público. Antes de la votación, los ediles de la oposición abandonaron sus asientos, tras comprobar que la alcaldesa en funciones, Belén Húmera, volvía a impedirles tomar la palabra. Con Nofuentes, Boadilla ya ha tenido cuatro alcaldes en cuatro años, después de las renuncias de Arturo González Panero, de Juan Siguero y de Belén Húmera. Nofuentes participó en una adjudicación a la trama de Francisco Correa.

La situación límite que viven en estos momentos Boadilla y otros Ayuntamientos ha obligado al PP a eliminar de las candidaturas para las próximas elecciones a los relacionados con Gürtel. Sin embargo, esta doctrina no se ha mantenido en un municipio como Arganda del Rey, en el que el candidato era el número dos del primer edil imputado, Ginés López, y el resultado electoral podría ser incierto. Al PP no le importa soportar el coste electoral que le puede suponer recurrir a los paracaidistas en los municipios en los que la ventaja es amplia, en detrimento de sus afiliados. Pero este partido apuesta en los municipios con resultado más apretado por copiar la doctrina Fabra, que ahora podría ser la del presidente valenciano, Francisco Camps: "Las elecciones me absolverán".El resultado electoral de Boadilla del Monte, al igual que el del resto de los Ayuntamientos relacionados con el caso Gürtel (Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Las Rozas), va a ser mirado con lupa por los sociólogos y los ciudadanos en general, que querrán saber si la corrupción pasa factura o no a los partidos que la protagonizan. En este caso, el más importante de la Democracia, afecta de forma directa al PP. "Está en juego si triunfa o no la doctrina Fabra o Camps, que sostiene que un resultado electoral positivo absuelve al presunto corrupto", argumentan Pablo Nieto, candidato del PSOE en Boadilla, y Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla (APB).

"Claro que vamos a hacer una lectura de los resultados electorales. Es uno de los temas clave. Intentaremos saber cómo ha afectado la corrupción: si da o quita votos. Pero no es fácil aislar la variable corrupción de otras que también son importantes, como por ejemplo la crisis económica que estamos viviendo", explica el catedrático de Ciencia Política de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria, uno de los investigadores sobre la corrupción más prestigiosos de España.

Al contrario que en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad de Madrid el PP ha optado, salvo casos excepcionales (Alcobendas, Coslada y Pinto), por no presentar como candidatos a imputados. Pero no siempre ha hecho limpieza total. En este sentido, el todavía alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado, llegó a lamentar ante el juez que investiga el caso del parque del Arroyo de las Cárcavas los efectos políticos de su presunta implicación ya que, según dijo, el PP no presenta a candidatos que están imputados.

La reacción política del PP madrileño, que públicamente no reconoce que la corrupción haya tenido un coste económico para los municipios afectados por el caso Gürtel, se puede resumir en dos formas de actuar. En los Ayuntamientos con amplia mayoría absoluta se opta por una limpieza total, asumiendo un posible castigo por la incomprensión de los militantes, que no entienden por qué un paracaidista tiene que ser el nuevo candidato del PP. Por el contrario, en los Consistorios con un resultado para los populares más incierto, como por ejemplo Arganda del Rey, donde dimitió el anterior alcalde, Ginés López, se apuesta por negar la evidencia y se mantiene el actual corregidor, Pablo Rodríguez Sardinero, como número uno, pese a que fue el teniente alcalde de Ginés López.

El caso del alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado, se puede ubicar en el grupo de Ayuntamientos en los que el PP se ha planteado realizar una limpieza a fondo, asumiendo los posibles costes electorales de la desmovilización de los afiliados. Además, este caso tiene ciertas similitudes con el del ya exalcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero, a quien el partido le comunicó que no iba a ser candidato antes de ser imputado por el juez. En sus círculos más íntimos, Siguero considera que el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, le ha imputado por una confabulación de la oposición y de los medios de comunicación. A ellos culpa de que se hiciesen públicos los informes de la policía, que llegó a solicitar su detención para que no destruyera pruebas. Tanto en Pozuelo como en Boadilla, los militantes del PP no están de acuerdo con la decisión de Granados, que ha optado por una limpieza total de las candidaturas. Pero en el PP regional consideran que este cambio, lejos de ser un problema, posibilitará que los simpatizantes del PP puedan votar a este partido, sin necesidad de taparse la nariz. El coste interno no será excesivo, según explican en el PP, al tiempo que están seguros de que de ninguna manera se perderá la mayoría absoluta, ya que los resultados electorales en Pozuelo y Boadilla de 2007 dejaron a una distancia sideral al ganador, el PP, del PSOE e Izquierda Unida.

Sin embargo, los socialistas de Pozuelo y Boadilla están seguros de que la corrupción pasará factura al PP, pero coinciden con los populares en que será muy difícil romper las mayorías absolutas. El panorama que se espera pasa por una leve bajada del PP y una subida de IU y los partidos localistas. La incógnita es el PSOE, cuyas candidaturas sufren dos fuerzas contrapuestas: la inercia nacional de la crisis -o hablando claro, la figura del presidente José Luis Rodríguez Zapatero- y el fuerte desgaste del PP con el caso Gürtel.

Llama la atención que todavía se desconozcan los candidatos del PP en Las Rozas y Majadahonda, pese a que cualquier militante al que se le pregunte considera que tanto Narciso de Foxá como Bonifacio de Santiago seguirán.

Para el catedrático Manuel Villoria la incidencia electoral de la corrupción es "obvia", ya que en las investigaciones se ha comprobado que influye de forma negativa en la confianza en las instituciones, en los partidos y en la calidad de la Democracia: "Pero habrá que ver la incidencia concreta en estas elecciones. Creo que no será suficiente para generar cambios, ya que existe otra factor, el de la crisis económica, que hará que muchos ciudadanos prefieran castigar a los socialistas antes que al PP".

Tanto en Pozuelo como en Boadilla los militantes del PP acudirán divididos a las elecciones en dos o más facciones: los partidarios de que no se haga tabla rasa, y los que apuestan por empezar de cero, echando mano de los paracaidistas Antonio González Perol y Paloma Adrados. Un sector de los militantes del PP apostaría por cambiar las cabezas visibles, pero manteniendo la presencia de los militantes de toda la vida. Los más realistas consideran obligatorio hacer borrón y cuenta nueva para acabar con las familias políticas. Pero la realidad se impone y los candidatos apostarán por limpiar las listas y evitar posibles contaminaciones que den balas a la oposición.

El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel Villoria entra de lleno en una de las principales controversias de los últimos días sobre si la corrupción molesta más a los simpatizantes del PP o del PSOE: "Considero que la relación de la izquierda con la corrupción no nos indica que haya grandes diferencias. Y una prueba de esto es que los socialistas, encabezados por Felipe González, perdieron por la mínima las elecciones de 1996, pese a que cada semana se destapaba un caso nuevo".

En este sentido, este catedrático considera que no hay grandes diferencias entre los partidos, aunque puntualiza: "Algo hay, en el sentido de que en la izquierda los discursos éticos y de transformación social forman parte de su tradición, por lo que una conducta corrupta puede ser más incoherente que el discurso de la derecha sociológica, en el que prevalece el desarrollo económico". Por eso Villoria advierte de que el candidato del PSOE madrileño, Tomás Gómez, ha tomado una decisión errónea manteniendo en el partido a su número dos, Trinidad Rollán, porque de esa forma legitima un discurso del PP que podría ser demoledor, ya que al recibir cualquier tipo de acusación sobre su presunta corrupción podría recurrir al y tú más. Por otra parte, el profesor de la Universidad Rey Juan Carlos advierte de que, si Rajoy focaliza el discurso solo en el desarrollo económico, se equivocaría porque, sin un discurso ético, prevalecería la corrupción. "El problema de Rajoy, con esta actuación tan permisiva con la corrupción interna, es que parece que está diciendo, aunque sea sin querer, que cuando él gobierne va a ser mucho más fácil ser corrupto. Eso es terrible y un peligro, por lo que debe reaccionar y pasar a la acción", argumenta.

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, dictó el pasado jueves una providencia en la que solicita al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que se informe de las licencias que se han podido conceder en relación a una finca denominada El Valle y que, presuntamente, pertenece a una de las empresas relacionadas con la trama. Asimismo, Pedreira ha presentado un requerimiento al Área de Urbanismo y Licencias Generales del Ayuntamiento de Madrid para que certifique si la mercantil UFC,empresa de uno de los principales imputados en la trama, el empresario José Luis Ulibarri, solicitó entre los años 2002 y 2004 alguna licencia relacionada con varias fincas situadas en la Avenida de Aragón. Esta licencia podría estar relacionada, según Pedreira, con la construcción de apartamentos turísticos. El magistrado informa también de la petición de una de las partes para que se tome declaración como imputada a una empleada de la mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones, propiedad de Francisco Correa y Jacobo Gordon. Este último era amigo y socio de juventud de Alejandro Agag, yerno del expresidente José María Aznar y, junto al propio Correa, uno de sus testigos en su boda con Ana Aznar celebrada en El Escorial, en presencia de entre otros mandatarios del presidente italiano, Silvio Berlusconi, y del ex primer ministro británico, Tony Blair.

HACIENDA PIDE INDAGAR UN TRÁFICO DE DIVISAS LIGADO AL PP DE MADRID

El dinero es de comisiones por contratas amañadas por Gürtel

La Agencia Tributaria ha pedido al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que ordene investigar movimientos bancarios de divisas por importe de casi 700.000 euros procedentes de cinco países relacionados con la sociedad Special Events, administrada por el número dos de Francisco Correa en la trama corrupta, Pablo Crespo.

Según un informe de Hacienda, tales divisas están ligadas con supuestos pagos de comisiones hechos por la firma Sufi a la red corrupta de Correa a cambio de contratas vinculadas al PP de Madrid y a Alberto López Viejo, exviceconsejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre.

Asimismo, Hacienda pide investigar "salidas y entradas de divisas" en España que suman casi otros dos millones de euros y que también estarían relacionadas con pagos "sin justificar" de Sufi a una extraña firma llamada Nige, sin apenas actividad y con un solo trabajador, Plácido Vázquez Diéguez. La policía sostiene que Vázquez entregó a la trama 1,7 millones a cambio de favores en la adjudicación de contratas de organismos gobernados por políticos del PP.

Hacienda destaca que Sufi "prestó fundamentalmente servicios a los Ayuntamientos de Madrid" -cuando López Viejo era edil del área de Limpieza, con José María Álvarez del Manzano en la alcaldía- y al de Majadahonda, en la época del alcalde Guillermo Ortega, otro de los principales imputados en Gürtel y a quien se le han descubierto cuentas en el extranjero.

Moratalaz

Las entradas y salidas de divisas de Special Events se produjeron, según Hacienda, entre 2002 y 2004. Fue precisamente en 2002 cuando se adjudicó la limpieza del distrito madrileño de Moratalaz a Sufi por 48 millones y por un periodo de 10 años. Según consta en el sumario de Gürtel, Sufi, entonces presidida por Rafael Naranjo, logró la adjudicación gracias a una comisión millonaria (un 3% de la operación, 1,2 millones) entregada a la red de Correa.

Otras contratas que recibió Sufi para tareas de limpieza salieron del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, entonces regido por Arturo González Panero, El Albondiguilla, imputado en Gürtel por haber recibido sobornos de la red a cambio de adjudicaciones. Hacienda destaca que hay "entregas de dinero" de Sufi "a la organización de Correa equivalentes al 3% del monto total de la adjudicación de los servicios de limpieza". Y añade que López Viejo, "que recibió dinero" de la red a través de Crespo, "obligaba a facturar por debajo de dos millones de pesetas [12.000 euros]

para así adjudicar los contratos directamente". También da por sentado la Agencia Tributaria, basándose en informes policiales, que las entregas de dinero de Sufi a la trama no están justificadas en trabajos reales. Hacienda explica al juez que, "teniendo en cuenta que el principal cliente" de Sufi "en los años 2002, 2003 y 2004 fue el Partido Popular, y en 2005 empresas vinculadas al Ayuntamiento de Madrid", es conveniente examinar el origen y destino de los fondos y divisas que se canalizan a través de las cuentas bancarias de Special Events.

www.elpais.es 14.02.11

GÜRTEL PROVOCA LA CAÍDA DEL SEGUNDO ALCALDE DE BOADILLA EN DOS AÑOS

Juan Siguero, sucesor de Arturo González Panero, deja el cargo tras ser imputado por el juez a petición del PSM, que ejerce la acusación particular

La decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, de llamar a declarar como imputado el próximo miércoles al alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (Partido Popular), ha obligado a este a anunciar su dimisión, según confirmó una escueta nota hecha pública ayer por el gabinete de prensa del Ayuntamiento.

Ya son dos los regidores del PP de este municipio de 42.430 habitantes que se han visto obligados a abandonar su cargo en la actual legislatura. En febrero de 2009 su predecesor, Arturo González Panero, fue expulsado del partido pero siguió manteniendo el acta de concejal en el Consistorio.

En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la instrucción del caso Gürtel -la mayor trama de corrupción destapada en la democracia española ligada al PP- el número de alcaldes imputados se eleva a cuatro: los mencionados Juan Siguero y Arturo González Panero (de Boadilla), Jesús Sepúlveda (de Pozuelo de Alarcón) y Ginés López (de Arganda del Rey).

Pedreira ha comunicado en una providencia su decisión tras recibir la petición de la acusación particular ejercida por los concejales del PSM-PSOE de Boadilla del Monte, que fue registrada en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el pasado 10 de enero. El magistrado tomará declaración al regidor como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, así como por su posible participación como cooperador necesario en los delitos que se le imputan al exalcalde del municipio Arturo González Panero.

A su vez, este último, conocido como El Albondiguilla entre los miembros de la trama, está acusado de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. El propio Panero, en declaraciones a EL PAÍS, llegó a acusar a Siguero de amañar los contratos de acuerdo con la red corrupta. "Tendrían que investigarle antes a él que a mí", aconsejó el ex alcalde.En el comunicado hecho público por el Consistorio, Siguero manifiesta también "su total y absoluta inocencia". "Con la finalidad de aclarar de forma inmediata su inocencia se pone a disposición judicial, toda vez que el escrito de la fiscalía se basa en una solicitud del Partido Socialista". Fuentes del PP aseguraron ayer que la presidenta regional, Esperanza Aguirre, recibió a las tres de la tarde una llamada de Siguero en la que le comunicó su intención de dimitir para no perjudicar al PP.

Sobre Siguero pesaban graves acusaciones contenidas en varios informes policiales en los que los agentes solicitaban su detención tras constatar su "estrecha relación" con las empresas de Francisco Correa, el presunto cerebro de la trama Gürtel. En uno de los informes se relata que el regidor llegó a pedir a las empresas de la trama un puesto de trabajo para su mujer: "Retomando el favor que te pedí en su día acerca de la posibilidad de un trabajo para Beatriz, (...), si sabes de algún cliente tuyo o conocido que necesite contratar a alguien te agradecería que te acordases de ella. Espero tus noticias y gracias de antemano", escribió Siguero en un correo electrónico.

La decisión del alcalde dimisionario se produce el mismo día en el que se ha dado a conocer una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 12 de noviembre que declara nulo el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Boadilla, aprobado en 2002, por denegar el Ayuntamiento la documentación del plan a miembros de la oposición. La sentencia, que no es recurrible, estima un recurso de casación de lo contencioso-administrativo presentado por un particular contra los acuerdos de la comisión de Urbanismo de la Comunidad de Madrid, celebrados el 7 de noviembre de 2001 y el 20 de febrero de 2002, que se declaran nulos. En el orden del día de estos acuerdos se incluía la aprobación de forma definitiva del PGOU del municipio, ahora paralizado, y que tendrá que volver a aprobarse pasando todos los filtros establecidos en la normativa, como es la declaración de impacto ambiental.

El particular inició el litigio porque estaba disconforme con el cambio de calificación de una parcela de su propiedad: "Tenía un uso comercial y, por obra y gracia de la aprobación definitiva del plan general que se recurría, pasaba a zona verde pública", explica el fallo.

EL ALCALDE DE BOADILLA PRESENTA SU DIMISIÓN TRAS SER IMPUTADO EN EL 'CASO GÜRTEL'

Pedreira cita a Siguero a declarar por prevaricación y tráfico de influencias.- También le considera presunto cooperador necesario de los delitos de su predecesor, que también dejó el cargo tras ser imputado

Antonio Pedreira, el magistrado que investiga el caso Gürtel, ha imputado al actual alcalde de la localidad madrileña de Boadilla del Monte, Juan Siguero Aguilar (PP), por los delitos de negociaciones prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cooperación necesaria en los delitos que a su vez se le imputan al anterior regidor, Arturo González Panero, expulsado del PP y conocido como El Albondiguilla. Según la resolución, conocida esta mañana y contra la que cabe un recurso de reforma en un plazo de tres días o de apelación en cinco, Siguero Aguilar deberá comparecer el día 16 a las 12.00.

Unas horas después de conocerse el audio, Esperanza Aguirre ha declarado esta tarde en la Asamblea de Madrid que Siguero Aguilar ha presentado su dimisión. "Como no quiere perjudicar al partido presenta la dimisión para defenderse, pero asegura que es inocente", ha explicado la presidenta regional, informa J. Sérvulo González. Tras "agradecerle en nombre del PP de Madrid" esa decisión al alcalde imputado, Aguirre ha sostenido que eso "es lo que hay que hacer", sin que ello signifique "faltar a la presunción de inocencia, que a todos nos tiene que afectar y que en este caso desde luego que se la concedo al alcalde de Boadilla como a todos los demás", ha subrayado.

Pedreira ha decidido llamarle a declarar después de que un informe policial solicitara su detención. La investigación realizada por la policía puso de manifiesto que el regidor de Boadilla, que era concejal de Hacienda con Arturo González Panero como primer edil, informó a las empresas de la trama corrupta dirigida por Francisco Correa de las adjudicaciones. También llegó a recibir instrucciones de la trama acerca de los precios de las adjudicaciones, según los informes policiales. Con esta decisión ya son cuatro los alcaldes del PP de Madrid que han sido imputados en el caso Gúrtel. Los anteriores fueron el propio Arturo González Panero (Boadilla); Jesús Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón); y Ginés López (Arganda del Rey). Todos ellos dimitieron y fueron expulsados del PP.

A la oposición no le vale con la renuncia. El portavoz de IU en la Asamblea, Gregorio Gordo, ha dicho que "cada día que aparece una noticia nueva sobre la trama Gürtel hace más irrespirable la política en la Comunidad de Madrid" y que "es una situación que está acorralando al PP en Madrid y está acorralando a Esperanza Aguirre". Por su parte, la portavoz del PSOE en la Asamblea, Maru Menéndez, ha vuelto hoy a pedir a la presidenta del PP de Madrid que "asuma la responsabilidad que tiene en el caso Gürtel".

El ex alcalde de Boadilla Arturo González, que está imputado en la misma causa como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, acusó el pasado junio a Siguero de haber intervenido en todas las adjudicaciones de ese Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama de corrupción. "Por eso tendrían que investigarle más a él que a mí", dijo el alcalde en declaraciones a EL PAÍS. Su sucesor en el cargo era el número cuatro en la lista encabezada por González Panero en 2007 y fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el Gürtel en febrero de 2009, el PP regional optó por dar la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez. Pero Panero exigió -y logró- que la dirección popular aceptara a Siguero, su hombre de confianza.

Así, el ex alcalde asegura que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al entramado que dirigía Francisco Correa: "Él firmó la adjudicación de una parcela a la constructora UFC [implicada en la trama Gürtel]. Y esta decisión de Siguero fue a la comisión informativa, que también presidía él mismo". Además, Panero relaciona a su sustituto con otras dos operaciones Gürtel. La primera es la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla a la empresa Easy Concept por 500.000 euros anuales. "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo lo presidió él. Además, toda la documentación la hizo personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine". La segunda es la cesión de terrenos municipales a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMSV) de Boadilla que acabaron en manos de la trama. "La EMSV adjudicó estos terrenos a una empresa de Ramón Blanco Balín [presunto testaferro de Correa]".

La Comunidad adjudicó a una firma implicada en Gürtel por 39 millones

El Servicio Madrileño de Salud adjudicó entre 2005 y 2009 ocho contratos por un importe de 11,5 millones a Constructora Hispánica, una empresa vinculada al caso Gürtel, la trama de corrupción que afectó a administraciones gobernadas por el Partido Popular. Este partido ha evitado desde entonces la fiscalización de los ocho contratos. Entre ellos se encuentra la construcción del centro polivalente de Vallecas (4,3 millones) en 2005, la del centro de salud de la Casa de Campo (3 millones) en 2006 o las obras de reforma del Hospital de la Princesa (2,6 millones) en 2006. El Gobierno del PP impide el acceso a los contratos.

La diputada socialista Livia Castillo detectó que el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) había adjudicado hasta ocho grandes contratos a Hispánica para la realización de obras de reforma, mantenimiento de diferentes instalaciones e incluso climatizaciones por un importe total de 11,5 millones (en total, las adjudicaciones de la Comunidad a Hispánica superan los 39 millones). En marzo de 2009, la parlamentaria reclamó por primera vez, una copia íntegra de todos los documentos que conformaban los expedientes. Pero el Gobierno regional esquivó el requerimiento alegando que no era posible identificar los contratos solicitados, a pesar de que se aportaba la fecha, la identificación de la empresa y el importe del mismo. El Sermas es una de las entidades regionales que, según la Cámara de Cuentas, ha dilatado más la presentación de su contabilidad. La oposición ha criticado en repetidas ocasiones la opacidad del Sermas. Esta entidad que gestiona un tercio del presupuesto de la Comunidad de Madrid (unos 7.000 millones de euros) no está obligada a fiscalizar sus cuentas en la Asamblea.

Pocos meses más tarde de la primera negativa, en noviembre del mismo año la diputada socialista Livia Castillo volvió a reclamar información sobre los contratos. En esta ocasión precisó el número del expediente de contratación, desde entonces no se ha producido ninguna comunicación formal por parte del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, explica la parlamentaria. En diciembre, Castillo remitió un burofax al consejero de Sanidad, Javier Fernández Lasquetty, reclamándole una "cita para examinar los expedientes" que afectan a los contratos con Hispánica después de ver como ignoraba sus peticiones. Hoy está previsto que el consejero intervenga en la cámara y aporte luz sobre estos contratos después de que los socialistas lo exigieran.

Los socialistas se cuestionan si realmente se ejecutaron las obras y los suministros acordados. La supervisión de los contratos es relevante porque Hispánica es una de las principales empresas salpicadas por el caso Gürtel. El que fuera su propietario, Alfonso García Pozuelo, figura en el sumario como uno de los empresarios que hacía negocios con la red corrupta. Supuestamente entregaba dinero a cambio de contratos públicos. En la documentación intervenida por la investigación figuran pagos de 4,1 millones de euros a Francisco Correa. Este empresario decidió en 2009 entregar 19,7 millones de euros a Hacienda para hacer frente a los delitos fiscales. Hispánica, que ahora se llama Assignia, ya no pertenece a García Pozuelo sino a la constructora Essentium. Un portavoz de la firma dice que la cifra de 11,5 millones "no es sustancial" ya que esta licita al año por un valor de 15.000 millones. Además, apunta que en 2008 una de las empresas de Andalucía, gobernada por el PSOE, les adjudicó una obra de 15 millones.

Fuentes del Gobierno regional niegan que sea verdad que no se haya permitido el control de los expedientes a los diputados de la oposición, y sostienen que en éstos se han seguido todos los trámites previstos por la ley. El mismo portavoz del Ejecutivo autonómico justifica su retraso de más de un año intentando endosar la culpa a la oposición: "La última petición coincidió con un cambio en Sanidad, pero hace dos semanas nos pusimos en contacto con la diputada Castillo para contestarle, pero no fue posible", dijo.

CORREA COBRÓ DE UNA EMPRESA 12 MILLONES EN EL EXTRANJERO

Francisco Correa, considerado el jefe de la trama Gürtel, cobró, en diciembre de 2004 y sin explicación conocida, 12 millones de euros de Manuel Salinas, dueño del grupo empresarial aragonés Salgar, que ahora participa en el holding Ros Roca Internacional. El pago, y así lo detalla un informe de Hacienda incorporado al sumario, se hizo mediante una transferencia a una cuenta abierta en Mónaco por Awberry License, una de las sociedades utilizadas por Correa para canalizar el dinero negro que le proporcionaban sus enjuagues con administraciones controladas por el PP. El envío de fondos se realizó desde Fairway International, compañía panameña donde el empresario Manuel Salinas consta como mandatario y beneficiario, explica Hacienda.

Este es el segundo pago multimillonario en el extranjero que destapan las pesquisas ordenadas por el juez Antonio Pedreira. Hace 20 días, el magistrado reveló en un escrito la existencia de otra comisión de 13 millones abonada a Correa en 2006 por sus labores de conseguidor en un pelotazo urbanístico de Arganda (Madrid) que reportó no menos de 73 millones de euros a la inmobiliaria Martinsa. Tanto el ex alcalde de Arganda como el ex consejero delegado de la sociedad municipal de suelo, ambos elegidos por el PP, permanecen imputados en el caso.

Golf y viviendas

Ayer, Público intentó recabar la versión del propietario del grupo Salgar. Salinas, de 89 años, confirmó que Salgar participa en Ros Roca Internacional, cuyas adjudicaciones públicas en la etapa del PP investiga Pedreira. El empresario adujo asimismo que ignora el porqué de ese pago de 12 millones. Y dijo que ni siquiera conoce a Correa. En una conversación posterior, su abogado rehusó hacer declaraciones.

El informe de la Agencia Tributaria sobre este nuevo pago detectado en Mónaco, donde Correa tiene ya bloqueados 4,3 millones de euros, se muestra cauto sobre el origen de la comisión. Pero señala cómo Agrícola Ganadera La Corona, una de las empresas de la constelación Salgar, participó en la gestación de un macroproyecto urbanístico en Bárboles, municipio aragonés de 300 habitantes situado muy cerca de la capital zaragozana. Ese macroproyecto, que preveía originalmente hasta 7.000 viviendas y dos campos de golf, no existe aún.

Fuentes del Gobierno de Aragón subrayaron ayer que tanto la Diputación de Zaragoza como el Ejecutivo regional vetaron el plan "por descabellado". Sin embargo, el actual alcalde de Bárboles aseguró en noviembre de 2009 a Heraldo de Aragón que el proyecto, para 1.500 viviendas, seguía en marcha, aunque sus promotores, impulsores de un convenio urbanístico presentado en 2006, ya no tenían "tanta prisa como antes".

Cuando, en octubre de 2004, Agrícola Ganadera La Corona vendió los terrenos de Bárboles a una sociedad en teoría ajena a Salgar Davalu, del grupo Proconsol, la localidad estaba gobernada por la socialista Tomasa Joven. Este diario no logró anoche contactar con la ex regidora, a quien en 2007 relevó el también socialista José Ángel Subías.

Pero la operación urbanística de Bárboles no es la única hipótesis para el origen del pago. Hacienda sugiere que, dado que no hay "ninguna causa aparente" para el traspaso de 12 millones a Don Vito, cabe la opción de que Salinas fuera una especie de pagador vicario. Es decir, que hubiera satisfecho "una deuda que un tercero tuviera con Francisco Correa". Respecto a quién podría ser ese tercero y en concepto de qué se habría generado la deuda, Hacienda no se aventura.

El traspaso de 12 millones no fue el único efectuado por Fairway a Correa o su entorno. El pasado verano, Mónaco comunicó al juez Pedreira que, el 27 de junio de 2006, la sociedad panameña de Manuel Salinas hizo llegar cuatro millones de euros a una cuenta suiza de Cedargrove Inv., una de las que manejaba Arturo Fasana, gestor de Correa imputado en el caso.

AGUIRRE PAGÓ 200 EUROS POR METRO DE MOQUETA A UNA FIRMA LIGADA A GÜRTEL

La policía envía al juez un informe del contrato de los actos institucionales de 2006

La red Gürtel, la trama de corrupción vinculada al PP, logró beneficios de hasta el 50% en el contrato principal de los actos institucionales de la presidenta Esperanza Aguirre durante 2006 aunque su nombre no apareció por ningún lado.

La adjudicación por 317.000 euros de ese contrato recayó en Decoraciones CMR, una firma aparentemente nada sospechosa. La investigación judicial del caso Gürtel ha puesto al descubierto cómo esta empresa trabajaba al dictado de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa.

Hasta el punto de que, según el último informe aportado por la policía al juez Antonio Pedreira, la proposición económica que presentó CMR al concurso para montar todos los actos institucionales de la presidenta Esperanza Aguirre fue redactada por empresas de la red Gürtel con los siguientes precios:

Así se recoge en uno de los numerosos correos electrónicos que forman parte de la documentación incautada a la trama que dirigía Francisco Correa.

En la documentación recabada por el juez y analizada ahora por la policía, se registran unos beneficios por cada acto montado para alguna de los actos donde interviniera la presidenta autonómica de casi el 50%.

También presenta la policía en su informe un contrato privado por el que Decoraciones CMR, la adjudicataria del concurso convocado por la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, subcontrata el servicio a Servimadrid Integral, una de las empresas de la trama corrupta.

Este contrato privado demostraría, según la investigación, como la red Gürtel siguió recibiendo contratos de la Comunidad de Madrid a través de sociedades pantalla que utilizaba para que se presentaran a los concursos públicos.

No es la primera vez que, tras dos años de investigación judicial, aparece documentación que acredita como la trama corrupta logró contratos de la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, para el que trabajó casi en exclusiva, a través de empresas pantalla, como Decoraciones CMR.

El informe señala que esta pauta de actuación era dirigida desde la viceconsejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, que ocupaba aquel año Alberto López Viejo, que fue la mano derecha de Aguirre en sus actos institucionales. "La viceconsejería de Presidencia determinaba con quién contratar, si se solicitaba presupuesto previo o no, a qué consejería había que facturar y por qué importes".

La policía concluye que la trama corrupta pagaba a las empresas pantalla una comisión de la factura a la Comunidad de Madrid. "Esto", según la policía, "atenta contra uno de los principios de la contratación administrativa seguida por la Comunidad de Madrid, como es el principio de transparencia".Las empresas del grupo Correa que utilizaban como pantalla a la firma Decoraciones CMR, SL, para realizar los actos en los que intervenía la presidenta regional Esperanza Aguirre, tenían una contabilidad opaca al fisco. Una doble contabilidad. Aunque Correa tenía todo un abanico de empresas para conseguir actos o contratas de la Comunidad de Madrid sin que la competencia se diera cuenta de que siempre resultaba él beneficiado, a veces pedía a empresas amigas que se presentaran ellas: les garantizaba la adjudicación y, en contraprestación, les daba una comisión del 5% del abultado beneficio.

En realidad, tales empresas ni siquiera hacían ellas los trabajos. Formalmente se los adjudicaban, pero los obreros eran los de Correa; en concreto los de Servimadrid Integral, SL. Había tajada para todos. En registros a las empresas de la trama Gürtel, los investigadores se incautaron, por ejemplo, de un archivo consistente en una hoja de cálculo bajo el título Actos CMR 2005-2006. En esa hoja, la trama calcula el beneficio antes incluso de realizar el trabajo. Por un acto relativo a la celebración de los dos primeros años de Gobierno de Aguirre, en 2006, la trama factura a la Comunidad "12.607 euros", cuando el coste real del evento era, según la citada hoja de cálculo, 9.237. Obtuvo un beneficio de 3.370 euros, con un 27%.

El Grupo Rafael

Por el montaje de los actos del 2 de mayo del año 2005, la trama facturó a las arcas públicas de la Comunidad 26.816,71 euros, cuando el coste real era de 11.468,06. Es decir, Correa se llevó 15.348,65 euros de beneficio (un 50,16% de margen). De esa cantidad, entregaba una comisión del 5% a la empresa pantalla, Decoraciones CMR, SL. De ahí también salía dinero para comisiones que supuestamente acababan en manos del responsable político que autorizaba los pagos: en este caso, el ex viceconsejero de Presidencia, Alberto López Viejo.

Correa no se sirvió solo de esta empresa para simular. Tenía otras dos: el Grupo Rafael y la firma MQM. Con ellas hizo los mismos chanchullos. El saqueo de la red Gürtel en todas las consejerías de la Comunidad de Madrid le llevó a facturar en solo cuatro años más de cinco millones de euros. Cuatro millones directamente y otro millón a través de las citadas sociedades pantalla. Muchas de las adjudicaciones eran a dedo (menos de 12.020 euros).

ARGANDA DEJÓ DE COBRAR 23 MILLONES EN UNA OBRA DE GÜRTEL

Una valoración privada permitió que Fernando Martín ganara el concurso

El Ayuntamiento de Arganda del Rey, cuyo alcalde era el imputado en Gürtel Ginés López, adjudicó una obra en noviembre de 2004 por 77 millones a la empresa Martinsa. No obstante, esta iniciativa urbanística había sido tasada en 100 millones, según consta en el expediente administrativo de la operación aprobada en el Consistorio. La decisión corrió a cargo del también imputado Benjamín Martín Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP, cuando era consejero delegado de la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de Arganda.

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, investiga si Correa cobró 13 millones de euros por intermediar en esta operación urbanística.Entre los contratos firmados por Benjamín Vasco al frente de la empresa del suelo de Arganda destacan los 48.893 euros abonados a las subcontratas del Grupo Rafael, que el sumario considera muy cercanas a Correa. Este diputado también contrató a la empresa Vox Pública, de la que era director gerente Jesús Calvo Soria, otro de los imputados. El pago, de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la directora comercial de la empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa.

Pese a que la adjudicación era de 77 millones, Martinsa, cuyo principal accionista era el empresario Fernando Martín, pagó 66 millones y se comprometió a abonar en especie otros 11 millones. Pero ese dinero nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Ayuntamiento permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más; en total, 2.400. Martinsa no ha construido las casas.

La obra en la que Arganda dejó de ganar 23 millones es precisamente la que está bajo sospecha después de que el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, constatara que una firma de Correa instalada en Suiza había recibido 12,8 millones de euros procedentes de una cuenta de Mónaco y que, según investigó la justicia helvética, procedían de Martinsa.

La información de las autoridades suizas demuestra la veracidad de las grabaciones realizadas por el ex concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, cuya denuncia constituyó el inicio de la instrucción del caso Gürtel, en el que permanecen imputadas más de un centenar de personas por su supuesta implicación en la que es considerada como la mayor trama de corrupción ligada a un partido político: el PP. Según estas grabaciones, que constan en el sumario, Francisco Correa afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez, en otra grabación de Peñas a la número dos del cerebro de la trama, Isabel Jordán, alude a la operación: "[A Martín Vasco] le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama corrupta. Sobre este diputado pesa una fianza judicial de 950.000 euros.

El concurso que dio lugar a esa adjudicación fue denunciado por el PSOE en dos ocasiones: en lo contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante la Fiscalía, que remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de 2007. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fio solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa).

Cada uno de los tres consultores (los técnicos del Ayuntamiento, la sociedad Aguirre Newman y Plarquin) se ocupaban de aspectos diferentes. Y entregaron sus puntuaciones de forma sucesiva. Primero entregó su parte Aguirre Newman, ganando Sacresa. Cuando los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, también. El último en entregar su valoración fue Plarquin, que se encargaba de determinar la solución técnica y la propuesta estética. Y dio tantos puntos a Martinsa que ganó el concurso. Por eso, el magistrado Antonio Pedreira ordenó el pasado 5 de enero a peritos judiciales que elaboraran un informe sobre esta operación.

EL JUEZ RASTREA 13 MILLONES QUE CORREA COBRÓ POR INTERMEDIAR EN ARGANDA

Pedreira reclama a Mónaco información sobre la sociedad que hizo el ingreso

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha solicitado a las autoridades de Mónaco más información acerca de la identidad de los accionistas de una sociedad mercantil de este pequeño país que pagó una comisión de 13 millones de euros que, según la investigación realizada por la Fiscalía Anticorrupción, acabó cuatro días después en poder del presunto cerebro de la trama, Francisco Correa. Según el ministerio público, que utiliza nuevos documentos procedentes de Suiza, el pago se produjo a cambio de la intermediación en 2004 de Correa en la adjudicación por parte del Ayuntamiento de Arganda de unos terrenos urbanizables a la sociedad Martinsa. En el momento de la adjudicación, el alcalde de este consistorio era Ginés López (imputado en el caso). Además, otro presunto implicado, Benjamín Martín Vasco, ex diputado del PP (ahora en el grupo mixto) en la Asamblea, era responsable de la empresa municipal del suelo.

En la providencia, Pedreira solicita a Mónaco que complete la documentación remitida en una anterior comisión rogatoria solicitada en mayo de 2009 a tenor de la aparición de nuevos datos procedentes de Suiza relacionados con el cerebro de la trama corrupta. Esta nueva documentación atribuye a la empresa Martinsa el pago de la comisión ilegal. Y es precisamente eso lo que pretende determinar el juez, que solicita información del beneficiario económico y de las personas con firma autorizada de la empresa Cedargrove. El juez quiere conocer también el extracto de movimientos bancarios con sus soportes documentales desde 2004 y el saldo actual de esta firma mercantil. De confirmarse que la empresa Cedargrove está relacionada de alguna manera con Martinsa, se demostraría que el pago a Correa se pudo haber producido a cambio de su intermediación en la operación urbanística de Arganda del Rey.

Para tratar de acelerar la investigación de las autoridades monegascas, Pedreira recuerda que tres de los implicados en este caso de corrupción, el mayor ligado a un partido político: el PP, permanecen en prisión, por lo que recuerda la urgencia en la práctica de las diligencias.

Según el sumario, el Ayuntamiento del PP adjudicó en 2004 a Martinsa terrenos para desarrollar 2.400 viviendas y dos años después la promotora vendió un tercio de estos suelos por 73 millones de euros, lo que demostraría que esta operación había sido muy ventajosa para esta empresa privada.

Fuentes de Martinsa-Fadesa citadas por Europa Press insisten en la "absoluta transparencia" de este proceso de adjudicación. Aseguran que no hubo "ninguna situación irregular ni ningún pago o comisión encubierta".

UN FUNCIONARIO DENUNCIA PRESIONES POR OBRAS DE GÜRTEL

El ingeniero acusa al Ayuntamiento de Pozuelo de imponerle sobrecostes

El ingeniero del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Leopoldo García ha denunciado en un juzgado haber sido sometido a presiones por parte de los responsables del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para que certifique la recepción de una obra municipal cuya adjudicación está siendo investigada por dos jueces: el primero, el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, y el segundo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo. "Solo podré firmar el acta de recepción cuando el juez resuelva sobre este asunto, y en las condiciones que fije el mismo y en concreto, respecto a la fecha de inicio de la conservación del parque y el plazo de la misma, y su coste", que pasó de 300.000 euros al año a más del doble.

El afectado calificó de "burrada" pagar un millón de euros por cuidar un parque

Este proyecto se aprobó en el año 2005 y en marzo de 2006 se adjudicó por 4,5 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Cárcavas. El grupo empresarial que conforma esa UTE está encabezado por el empresario Alfonso García Pozuelo Asins, uno de los imputados en el caso Gürtel. Con la posterior aprobación de la modificación del proyecto, la obra pasó a costar 11 millones de euros, un 110% más de lo que inicialmente se había aprobado.

El funcionario Leopoldo García presentó un escrito ante el juez en el que denunció haber sido amenazado con la apertura de un expediente disciplinario si no firmaba la recepción de las obras, con cuyos sobrecostes no estaba de acuerdo. En el escrito, este empleado municipal se lamenta también porque estas amenazas eran "un bonito broche de oro a 34 años de funcionario del Ayuntamiento".

Según el documento que obra en poder del juzgado y que sirve de base para la imputación de los responsables municipales, el funcionario se oponía a regularizar las obras al considerar "una burrada" un acuerdo suscrito entre el alcalde de Pozuelo, Antonio Aguado, y el responsable de los trabajos, en el que acordaba fijar el precio del mantenimiento del parque en un millón de euros. Según Leopoldo García, el coste del mantenimiento era de 661.000 euros en tres años, pero con el nuevo acuerdo pasaba a ser de 661.000 euros por un año.

"En concreto", explica este informe remitido al juzgado, "la decisión adoptada era la siguiente: que se abone la totalidad de la partida de conservación, siendo el plazo de un año". "Mi contestación, ante una orden tan insólita y sin sentido es la siguiente: esto es una burrada, va en contra de la adjudicación. No tiene lógica ni nada que se parezca".

La portavoz del PSM en Pozuelo, Eva Izquierdo, indicó que seis meses después de la inauguración del parque, la Junta de Gobierno municipal aprobó el modificado con el que se finalizaban las obras. "Esta aprobación se realizó con un informe contrario de la secretaria general del Ayuntamiento, un informe negativo que se sumó al que emitió el interventor municipal con relación al abono de 625.000 euros por parte del Ayuntamiento a la empresa constructora en concepto de mantenimiento del parque", añadió.

Después de la declaración el 21 de junio del ingeniero municipal Leopoldo García, ahora jubilado, el juez de Pozuelo decidió citar como imputados al actual alcalde, Gonzalo Aguado, que declarará el 28 de febrero; al ex alcalde, Jesús Sepúlveda (también imputado en la trama Gürtel); al actual concejal de Hacienda, José María Mayo; a su predecesor, Roberto Fernández, que declarará hoy a las diez de la mañana; a la concejal expulsada del PP Yolanda Estrada (imputada en la trama Gürtel); y al jefe del departamento de Contratación.

La investigación acerca de la construcción de esta obra municipal se inició tras una denuncia presentada por el PSOE de la localidad en 2008, al considerar ilegal el incremento en el presupuesto para construir el parque,que, según los socialistas, se adjudicó por 4,5 millones de euros y terminó costando 11 millones.

En el auto de citación, el juez ordenó al Ayuntamiento que remita al juzgado copia del proyecto modificado del parque. Asimismo, pedía a la Unidad de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que prosiga con las averiguaciones, en especial con relación al viaje de Bélgica para la adquisición de árboles. Este funcionario reconoció haber participado en un viaje a este país para adquirir un árbol centenario de 109.000 euros: "Como en Bélgica había viveros que disponían de árboles especiales, viajó a Bruselas a fin de elegirlos con el alcalde, el concejal de Urbanismo y la edil de Obras".

ANTICORRUPCIÓN DESCUBRE EL 'BAILE' DE EMPRESAS DE CORREA

Anticorrupción denuncia el uso de las sociedades de Correa

Las principales empresas del cerebro de la trama de corrupción destapada con el caso Gürtel funcionaban como si se tratara de una sola, según la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe reciente ha solicitado que la liquidación del impuesto sobre sociedades y el IVA de Servimadrid Integral, Diseño Asimétrico, Good and Better y Easy Concept se efectúe considerándolas como una única sociedad. "En definitiva, la utilización de cuatro entidades diferentes con actividad indiferenciada tenía como objeto ocultar la identidad de quienes se encontraban tras ellas y evitar el conocimiento de la vinculación entre ellas en la contratación administrativa", según la fiscalía, que relata que las cuatro empresas, que facturaban básicamente en la Comunidad de Madrid, funcionaban "desde todos los puntos de vista" como una única mercantil con idénticas actividades, trabajadores y administración. Estas cuatro empresas están consideradas por su volumen de negocio como las principales del caso.

Hasta el momento, unas 130 personas están imputadas en el Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular. El caso, inicialmente instruido por el magistrado Baltasar Garzón, está en manos ahora del juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira.

Las sociedades objeto del informe recibieron decenas de contratos del Gobierno regional y de los Ayuntamientos implicados en la trama, todos ellos del PP, por más de tres millones de euros, según el sumario, que amplía esta cantidad hasta los cuatro millones si se incluye el Grupo Rafael.

El empleo de estas cuatro sociedades mercantiles por parte de Correa le habría permitido dificultar la identidad de las personas propietarias de las mismas, y copar los concursos públicos con entidades del mismo grupo, consiguiendo aparecer como entidades independientes "vulnerando así los principios de publicidad y concurrencia", explica el ministerio público.

Un ejemplo que ilustra esta forma de actuación de las empresas de Correa en Madrid se halla, según la Fiscalía, en la contratación pública referida a Arganda del Rey. Un informe de la Agencia Tributaria sobre la contratación en este municipio del sureste madrileño pone de manifiesto el fraccionamiento de expedientes utilizando las distintas empresas del grupo. Y el informe destaca algunas de estas adjudicaciones: la VII Olimpiada Escolar, la VIII Gala del Deporte y la X Olimpiada del Deporte. Pero la Agencia Tributaria también detectó irregularidades como adjudicaciones a las que solo se pedían presupuestos a tres empresas del grupo de Correa, tal y como ocurrió en el acto de la colocación de la primera piedra de la comisaría del municipio y en la XII Gala del Deporte.

Los fiscales aportan más evidencias de esta "unidad", como por ejemplo que todas estas empresas estaban administradas por las mismas personas, entre otras Isabel Jordán. Esta forma de controlar las cuatro empresas continuó tras la salida de esta mujer, que fue sustituida en 2007 por Javier Nombela, entre otros. Por encima de estos gestores siempre se encontraban el ex secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo Sabaris, y el propio Correa.

Las cuatro mercantiles de la red corrupta también tienen una composición accionarial semejante, pues los accionistas mayoritarios son desde 2005 Isabel Jordán y otra empresa, Hator Consulting (80%). Por eso, los accionistas reales son, según la Fiscalía, además de Jordán, Francisco Correa, Pablo Crespo y José Ramón Blanco Balín, este último uno de los gestores de las inversiones de la trama en los paraísos fiscales caribeños de las islas Nieves y Curaçao. Aunque el porcentaje de Blanco Balín, un conocido empresario, podrían ser los honorarios recibidos de Correa por su trabajo.

Lo que parece determinante para dar la razón a la Fiscalía, que considera que se trata de una única empresa, es que las cuatro desarrollaban la misma actividad con los mismos empleados y en la misma sede. Todos los empleados admitieron en sus declaraciones judiciales que pese a la existencia de diferentes sedes sociales, todos trabajaban a diario en la misma dirección de Pozuelo de Alarcón.

Los registros realizados en las diferentes empresas han permitido que el sumario incorpore datos que muestran también que la contabilidad de las cuatro firmas se había unificado, algo que compartían con otras empresas de la trama como las del Grupo Rafael, que de forma periódica justificaban sus ingresos a las empresas de Correa.

La investigación de Anticorrupción se amplía con un análisis de los cambios registrados en la red como consecuencia de las investigaciones realizadas por distintos juzgados. En 2005, a raíz de unas publicaciones periodísticas y de un procedimiento judicial relacionado con Luis de Miguel Pérez

[uno de los gestores del dinero de Francisco Correa en los paraísos fiscales], la trama se desvinculó de este abogado, transfiriendo la gestión de las sociedades Kintamani y Caroki al despacho de Ramón Blanco Balín, que continuó con su administración. Correa también se desvinculó de De Miguel en otras empresas: Orange Market y Down Town Consulting, siendo esta última el origen de Easy Concept, que pasó a controlar Isabel Jordán.

Aguirre no remite al juez de Gürtel facturas de empresas de la trama

Pedreira apercibe a la Comunidad del deber de colaborar y advierte de las posibles responsabilidades penales de la negativa

La falta de colaboración del Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre ha obligado al magistrado encargado de la instrucción de la operación Gürtel, Antonio Pedreira, a firmar el pasado jueves una providencia en la que habilita a los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) para que consigan que la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de Madrid aporte de una vez por todas las facturas de cualquiera de los departamentos autonómicos con las sociedades del conocido como Grupo Rafael: Tecnimagen, Fotomecánica, Kilda Producciones y Fotomecánica Doble. Estas empresas eran utilizadas como pantalla por el cerebro de la trama, Francisco Correa, para evitar que los contratos del Gobierno regional fueran a parar a las empresas de su grupo, y así eludir las sospechas. También estas sociedades eran utilizadas como maniobra de distracción, incluyéndolas en concursos como relleno, y consiguiendo que solo se presentaran las relacionadas con la red corrupta.

Además, el magistrado realiza en la providencia un "apercibimiento del deber de colaboración con la Administración de justicia impuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal". El magistrado Antonio Pedreira recuerda además que los responsables de que esta documentación solicitada no se haya enviado tres meses después de haberse pedido por primera vez serán las personas físicas que actúen en nombre y representación de la Comunidad, por lo que podrían incurrir en una responsabilidad penal, tal y como prevé el artículo 31 del Código Penal.

La decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel de requerir a la Comunidad de Madrid para que coopere con la investigación se produce después de que los agentes de la UDEF encargados de la investigación le remitieran al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), el pasado 9 de diciembre, una comunicación en la que constataban la falta de cooperación de la Secretaría General de la Consejería de Economía y Hacienda a la hora de enviar la documentación solicitada de las facturas de las empresas pantalla de Correa, denominadas Grupo Rafael, entre los años 2004 y 2007.

En este documento, los agentes incluyen un relato de los cuatro intentos fallidos para obtener esta información, vital para conocer la total implicación de las empresas de la trama Gürtel en la Comunidad de Madrid, ya que uno de cada cuatro euros que cobró Correa del Ejecutivo autónomo lo hizo utilizando estas empresas pantalla.

El primero de los requerimientos por parte de los policías a la Comunidad para conseguir esta documentación se produjo días después de que el magistrado Pedreira lo solicitara el pasado 1 de septiembre. Un mes después, el 7 de octubre, el Gobierno regional remite los documentos solicitados, pero de forma incompleta. Concretamente, solo aporta la documentación relativa a un contrato adjudicado a la empresa MQM y otros relacionados con las sociedades Decoraciones CMR y Sagitour 200. Pero no se adjuntan las facturas del Grupo Rafael, las que tienen una mayor presencia en la red de Correa. Ante este olvido los agentes se pusieron en contacto el 13 de octubre con el secretario que firmó la contestación de la Comunidad, asegurando en la misma esta persona que buscaría estas facturas, tal y como consta en una grabación de la Policía Judicial.

Pese a este, los agentes no han recibido estos documentos, por lo que volvieron a llamar hasta dos veces después: el 29 de noviembre y el 2 de diciembre. Pero en esta ocasión no logran contactar con el secretario, que se había comprometido a buscar estos documentos vitales para la instrucción del caso.

Ante esta falta de cooperación de la Consejería de Economía y Hacienda, los agentes se deciden a enviar al magistrado la documentación incompleta, lo que ha obligado al propio Pedreira a recordar a los responsables de la Comunidad las posibles responsabilidades penales que podrían acarrear la falta de colaboración con la justicia.

El Grupo Rafael es un conglomerado de cuatro empresas que en 2003 apenas tenía relaciones comerciales con las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Fue a partir de 2005 cuando su suerte cambió, ya que los contratos adjudicados por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre a estas empresas sufrían un aumento exponencial. Según los datos que obran en el sumario de la operación Gürtel, entre 2004 y 2008, el Grupo Rafael facturó más de un millón de euros a instituciones municipales y regionales relacionadas con el PP. En el mismo periodo estas sociedades consideradas pantalla abonaron un poco menos, unos 900.000 euros, a las empresas de Correa, especialmente Easy Concept y Good and Better. El análisis de la documentación obtenida en los registros de las empresas de la trama demuestra la estrecha vinculación entre el Grupo Rafael y las sociedades de Correa. Un correo electrónico enviado por una de las trabajadoras del Grupo Rafael a la responsable de las empresas de la trama es claro al respecto: "Espero haber cumplido los objetivos marcados".

Además de a los organismos pertenecientes a la Comunidad, el Grupo Rafael llegó a facturar más de 100.000 euros al Ayuntamiento de Boadilla del Monte y más de 30.000 del Consistorio de Arganda del Rey.

www.elpais.es 18.12.10

"No hay ningún informe donde se recojan dichos datos"

El Gobierno regional que preside Esperanza Aguirre tampoco informa en la Asamblea a los grupos parlamentarios de la oposición sobre los contratos adjudicados a las empresas relacionadas con la operación Gürtel, el principal caso de corrupción destapado en la democracia española ligada a un partido político: el PP.

Una contestación por escrito a una pregunta realizada por la diputada socialista Rosa Alcalá pone una sombra de duda en la facturación de la Comunidad a las empresas del Grupo Rafael, que Correa utilizaba como pantalla. "En relación a la interpelación se comunica que no es posible facilitar la información solicitada, ya que no obra en poder de la Administración informe o documento donde se recojan dichos datos", dice este texto.

Esta contestación por parte de los diferentes departamentos del Gobierno regional es habitual ya, una y otra vez dicen que no hay información acerca de los contratos formalizados con empresas como Easy Concept o Good and Better. Por el contrario, los diferentes informes de la policía aseguran que en total la Comunidad abonó más de cuatro millones de euros en adjudicaciones de menos de 12.000 euros a las sociedades de la red Gürtel.

www.elpais.es 18.12.10

Cartas y correos electrónicos intervenidos por la policía reflejan los tejemanejes entre la trama Gürtel y ex altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre para lograr que el montaje de los actos de la Comunidad de Madrid recayese en sociedades de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. El último informe de la Unidad de Blanqueo de Capitales sobre la empresa Marketing Quality Management (MQM), utilizada por la red como pantalla de sus operaciones con la Comunidad, concluye que el ex viceconsejero de Presidencia de Aguirre, Alberto López Viejo, era la persona a quien acudía la red para desbloquear las pegas que surgían con las facturas.

López Viejo -el cargo público que organizaba en las distintas consejerías los actos en los que intervenía la presidenta Aguirre- y también su hombre de confianza en Vicepresidencia, Pedro Rodríguez Pendas, no solo encargaban los actos en que intervenía Aguirre. También daban instrucciones a la red, según el informe policial, de cómo había que fraccionar las facturas e indicaban a qué funcionarios de la Comunidad había que remitirlas.

Aun así, surgían problemas, dado que algunas consejerías se daban cuenta de que las facturas llegaban troceadas, lo que vulnera la ley, y ponían pegas para abonarlas. Era entonces cuando la red apelaba a López Viejo (que también llegó a ser consejero de Deportes) o a Rodríguez Pendas para que desbloqueasen los pagos.

Tras ser implicado en estos amaños, Rodríguez Pendas pidió declarar ante el juez Pedreira, si bien luego rehusó contestar preguntas y se limitó a entregar un escrito exculpatorio en el que afirmó que él siempre siguió las órdenes del ex consejero. "(...) Alberto López Viejo me decía con qué empresa había que contactar para cada evento, cuándo había que hacerlo, qué había que solicitar y quién era la persona de contacto", expuso. López Viejo es uno de los políticos del PP supuestamente sobornados por Gürtel.

El juez Pedreira le ha impuesto una fianza de 750.000 euros. La UDEF ha incorporado al sumario un archivo informático hallado en registros a sociedades de la trama bajo el nombre "Estimado Alberto2.doc", que avala los amaños entre la red y quien fuera hombre de confianza de la presidenta. Se trata de una carta remitida a López Viejo. Empieza así: "Estimado Alberto. Como bien sabes estamos teniendo muchos problemas para cobrar en la Comunidad [de Madrid] y a continuación te detallo los problemas más usuales que tenemos" para el cobro de facturas: "(...) Nos hacen cambiar facturas de una Consejería a otra y ninguna se quiere hacer cargo y les pasan la pelota a otras y así continuamente". "En la Consejería de Empleo y Mujer estamos teniendo muchos problemas porque tiene unas cuantas facturas retenidas Rosario Jiménez, ya que dice que de esos actos, al pasar de 12.000 euros, tenían que haberse hecho por contrato y no desglosar las facturas". "En la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Mar Gil siempre nos dice que ya están las facturas y es mentira"...

Al margen de estos contactos, el informe policial destapa, además, que la principal empresa que Correa usó como pantalla para evitar sospechas de amaños era MQM. Esta firma facturó al Gobierno de Aguirre en 2007 casi tres millones. Por cada acto, cualquier otra empresa habría cobrado un tercio menos que Correa. El informe evidencia el sobreprecio que se pagó, por ejemplo, por la escenografía de la entrega de la medalla de Madrid por parte de Esperanza Aguirre a los Príncipes de Asturias, el 12 de septiembre de 2007, en la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol. Según la UDEF, el acto lo montó la empresa Gürtel Easy Concept, pero bajo la tapadera de MQM, que se llevó por ello una comisión del 11,5%. Su coste real fue de 39.143 euros, pero fue facturado al Gobierno de Aguirre por 65.475 euros (26.331 euros de beneficio).

MQM se ponía de escaparate para conseguir las contratas de los actos de la Comunidad relacionados con mercadotecnia y escenografía. Pero era la red Gürtel quien realmente realizaba esos trabajos, cobraba por ellos cantidades muy infladas y pagaba con el sobreprecio comisiones a políticos y a la empresa testaferro. Correa tenía una veintena de sociedades, pero muchas de ellas las tenía quemadas como multiadjudicatarias de actos de la Comunidad.

Por eso buscó empresas pantalla: fundamentalmente MQM y el llamado Grupo Rafael, que facturó un millón a la Comunidad entre 2005 y 2008. Se trataba de disimular, que en la competencia no corriera la voz de que la Comunidad de Madrid siempre daba sus actos a las mismas sociedades. Formalmente, MQM se adjudicó una veintena de actos de Aguirre. Pero los obreros que los ejecutaban eran los de la firma Diseño Asimétrico; es decir, Correa, que pagaba a MQM comisiones de entre un 5% y un 11,5% por actuar de testaferro.

Eran encargos a dedo, muchas veces a través de llamadas telefónicas. Las facturas se troceaban por debajo de los 12.000 euros para escabullir la ley que obliga a sacar a concurso cualquier obra que rebase esa cuantía. Todo funcionaba así, según el informe policial: si Aguirre participaba en un acto en la Consejería de Sanidad, López Viejo o su asesor Rodríguez Pendas encargaban su montaje a Correa o a sus empresas testaferro. Correa remitía las facturas a la Consejería en la que se hacía el acto. Pero a veces las inflaba tanto que tenían que trocearlas por debajo de 12.000 euros y las consejerías ponían pegas para abonarlas, conscientes de que se vulneraba la ley. Es cuando Correa o sus empleados, por orden suya, se ponían en contacto con Rodríguez Pendas o López Viejo para que desbloqueasen la situación. El acto de los príncipes motivó el siguiente correo electrónico de una empleada de la firma Easy Concept ("paula@easyconcept.net") al número dos de la trama, Pablo Crespo (gerencia@fcsgrupo.com):

"Hola, Pablo, te cuento cómo ocurrió lo del acto de los Príncipes de Asturias. (...) Me lo contrató Pedro Rodríguez Pendas por teléfono la semana anterior. Él expresamente me contó que como no había dinero en el contrato, se facturara fuera del mismo (...) El presupuesto aumentó con extras durante el acto. Todas estas facturas se prepararon para que MQM las facturase a la Comunidad (...) Antonio Martín [funcionario] las paró y no dijo nada a Julia López Valladares de Presidencia. Una vez que se lo dijo fue cuando Julia le comentó que MQM solo puede facturar una inferior a 12.000 euros y el resto [del dinero] otras empresas, y en ello estamos (hay una de Dimo y otra de Impacto), pero el resto tiene que ser del Grupo Rafael, ya que nosotros, con nuestras empresas, también estamos facturando otras que MQM no quiere (...) Si tienes cualquier duda, dímelo", concluye el revelador correo.

Así actuaba Alberto López Viejo

Un informe de la Unidad Central de Policía Judicial (UDEF) concluye que el ex consejero y diputado regional Alberto López Viejo y el ex asesor técnico Pedro Rodríguez Pendas definieron un sistema de actuación dentro de la Comunidad de Madrid para moldear la facturación con la finalidad de realizar un procedimiento administrativo conforme a todos los principios de contratación pública.

Así consta en un informe policial fechado el 4 de junio de 2010, cuyo contenido está incluido en el sumario del 'caso Gürtel'. Estas conclusiones se extraen tras analizar la relación de la empresa Marketing Quality Management (MQM) con la Comunidad de Madrid.

Según el informe, MQM es una empresa que concurre a concursos públicos ofertados por la Comunidad de Madrid. MQM recibía una comisión por cada factura que ella misma cobraba a la Comunidad de Madrid por cuenta de Diseño Asimétrico, una de las empresas de Francisco Correa, entregando el resto a ésta, la cual también emite la correspondiente factura a MQM.

En las conclusiones, el informe recoge que "existe un sistema de actuación dentro de la Comunidad de Madrid ordenada por los responsables políticos Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez Pendas dirigido a definir el sistema de contratación público, indicando así mismo la forma de facturación, número de facturas, si estaban dentro o fuera de contrato...etc"

"Con todo ello se otorgaría la prestación final del servicio a una serie de empresas, relacionadas con la organización de Francisco Correa Sánchez y se consigue moldear la forma de facturación para evitar un procedimiento administrativo conforme a todos los principios de contratación pública", recoge el informe.

Asimismo, señala que la organización de Correa desarrolló un conjunto de mecanismos de ingeniería financiera a fin de ocultar su verdadera posición de prestador del servicio público a través de una sociedad pantalla mediante acuerdos privados relativos a la forma de facturación, cobro de comisiones, pago de los servicios y asunción de la deuda.

www.elmundo.es 03.12.10

DECLARACIÓN DEL ALCALDE DE LAS ROZAS AL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL'

"Me ofreció 350 millones, pero callé a Correa inmediatamente"

El alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago (PP), justificó en su declaración como testigo ante el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que no denunciara al cerebro de la trama, Francisco Correa, después de que le ofreciera en febrero de 2003 un soborno de 2,1 millones de euros (350 millones de pesetas) a cambio de que una empresa fuera la adjudicataria del servicio de recogida de basuras, porque no tenía pruebas: "Hubiera sido su palabra contra la mía". EL PAÍS ha tenido acceso a la declaración íntegra del regidor ante el juez, en la que detalla el intento de soborno por parte de Correa: "350 millones [de pesetas] para ti y 50 para mí", fue la oferta.

"Los concejales tienen autonomía con su presupuesto para contratar"

La declaración del alcalde se produjo el pasado 10 de junio, tras asegurar en una entrevista publicada en ELPAIS.com que había expulsado "amablemente" a Correa de su despacho después de que este le ofreciera 350 millones de pesetas.

- Su palabra contra la mía. De Santiago, a la pregunta de la fiscal sobre si tras expulsar a Correa no consideró pertinente denunciar el hecho en algún otro foro, el primer edil roceño dijo: "Pues no, porque en la conversación no me dijo cómo, de qué manera, cuándo, cuál era la empresa, cómo lo iba a hacer, porque no le di pie. Si yo lo denuncio hubiera sido su palabra contra la mía".

- Aviso a otros concejales. Según el relato del alcalde, ese mismo día llamó al jefe de Contratación y al coordinador de Medio Ambiente, que eran los que estaban preparando el pliego de condiciones: "Y les dije que hicieran el mejor pliego de condiciones. Y de hecho lo hicieron tan bien que en 15 años es lo único que me ha votado a favor la oposición".

- Contactos en Génova. En la declaración el alcalde de Las Rozas explica cómo Correa utilizaba sus contactos en el Partido Popular para urdir sus planes. De Santiago conoció en 1989 al líder de la trama en la sede del PP "en la calle de Génova", donde el regidor trabajó durante 15 años.

- "Beneficio para los dos". Tras ser elegido como alcalde De Santiago en 1995, Correa llamó "por primera vez" a su secretaria y concertó una cita en el despacho del alcalde. Allí, según el testimonio del regidor de Las Rozas, le pidió segregar un terreno de su propiedad en la urbanización del Golf. No lo consiguió. Pero Correa volvió a concertar otra cita. Fue en febrero de 2003. "En esta ocasión estaba interesado en una concesión. Me dijo que podría haber presumiblemente un beneficio para los dos".

- Fuera del despacho. El beneficio consistía, según la declaración de De Santiago, en 400 millones de pesetas (2.400.000 euros): "350 para mí y 50 para él. No me dijo cómo. Él me dijo que había una empresa interesada en las basuras, pero no me dijo el nombre porque yo inmediatamente le callé y le dije amablemente que abandonara mi despacho, le acompañé hasta la puerta". En su relato explicó que no fue hasta que saltara a los medios de comunicación el caso Gürtel cuando se enteró de que la empresa era Sufi. "Me enteré después, pero en aquel momento no; pero le vuelvo a decir que no le dejé que me hablara más del asunto". Al final, de las dos empresas que se presentaron a la adjudicación, Urbaser y Sufi, resultó ganadora la primera, por lo que Correa tampoco tuvo éxito en este segundo intento de obtener beneficio en Las Rozas.

- "No conocía Special Events". Sin embargo, tanto en 2002 como en 2003, tal y como reconoció el regidor, el Consistorio adjudicó dos contratos menores para celebrar las Olimpiadas Escolares de Las Rozas a una empresa mercantil de la red. "Fueron adjudicadas a Special Events, que yo no sabía ni de quién era, porque los concejales tienen autonomía dentro de su presupuesto para contratar. La concejal de Educación [Gema Matamoros, responsable de Contratación y mujer de Tomás Martín Morales, imputado por el caso Gürtel] hizo una propuesta y pasó por todos los cauces del Ayuntamiento...".

Veinte días después de la declaración de De Santiago, la concejal Matamoros presentó la dimisión tras conocerse que, según un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales incluido en el sumario del caso Gürtel, la edil popular había recibido 51.086 euros de Special Events, propiedad de Correa.

Matamoros fue quien adjudicó contratos del Ayuntamiento de Las Rozas (por valor de 41.306 euros, una cantidad sin relación directa con el dinero que ella percibió de la trama de Correa) a la sociedad que le hizo el abono, Special Events, para organizar los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de 2002 (24.040 euros) y 2003 (17.266 euros).

La edil troceó los contratos de la empresa de Correa en importes inferiores a 12.000 euros, con lo que evitaba sacar esas adjudicaciones a concurso público. Además, Matamoros aprobó el gasto con carácter de urgencia. Según consta en un acta municipal, "hubo que ordenarlo sin disponer del tiempo para poder realizar cualquier tipo de tramitación".

- No a la Oficina de Atención al Ciudadano. Correa intentó que el Ayuntamiento le instalara una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) al igual que hicieron otros Consistorios del PP relacionados con la trama Gürtel: "Pues que a mí me presentó la idea un concejal, y yo le dije que no necesitamos ninguna oficina de atención al ciudadano; de hecho, ni la necesitamos, ni la hemos necesitado, ni la necesitaremos", declaró el alcalde.

www.elpais.es 29.11.10

La austeridad se convirtió ayer en el argumento oficial de Esperanza Aguirre para suprimir de un plumazo el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), una poderosa entidad pública refractaria al control parlamentario y que, como adelantó Público, pagó en 2007 a la empresa MQM 1,2 millones de euros por una campaña de publicidad fantasma. Ese contrato, adjudicado en octubre de 2006, está ahora siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Gürtel, tras la denuncia formulada en abril por la entonces diputada autonómica de IU Reyes Montiel.

En su denuncia, la parlamentaria Reyes Montiel acreditó y los documentos constan en el sumario Gürtel cómo el Imade eximió a MQM de cumplir el 80% del contrato. Lo hizo en vísperas de las elecciones autonómicas de 2007, que permitieron a Aguirre afianzar su mayoría absoluta. Pese a la modificación sustancial de ese contrato, supuestamente dirigido a desarrollar una campaña de publicidad denominada Made in Madrid, MQM cobró sin rebajas los 1,2 millones pactados. MQM, siglas de Marketing Quality Management, figura entre los "proveedores" habituales de las empresas que formaban el núcleo duro de la trama Gürtel. Los investigadores creen que la red corrupta se rodeó de un grupo de sociedades amigas que actuaban como pantalla para obtener adjudicaciones sin atraer sospechas.

Que la adjudicación a MQM está siendo objeto de pesquisas en el caso Gürtel se confirmó hace 20 días, cuando Anticorrupción envió al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un escrito en el que confirmaba los indicios de financiación ilegal del PP de Madrid en 2003 y 2004 a través de la fundación Fundescam. En su escrito, Anticorrupción alegaba que esas presuntas conductas criminales ya habían prescrito.

El Imade no es el único organismo bajo control total del PP abocado a la desaparición: otras 18 entidades públicas dejarán de serlo o, directamente, desaparecerán. Se disuelve, por ejemplo, Mercado Puerta de Toledo SA, del que fue gerente Guillermo Ortega hasta su imputación en el caso Gürtel. Esa sociedad pertenece al grupo del Imade, al igual que Promomadrid, dedicada a la promoción internacional y que registró pérdidas por 13,1 millones de en 2009.

En los últimos cuatro años, Promomadrid ha destinado al capítulo de publicidad y propaganda 19,1 millones de euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y según un informe de la Cámara de Cuentas relativo a 2006. El ejercicio con más gasto fue 2008 (6,2 millones).

Ese informe de fiscalización sobre el Imade y las empresas de su grupo ofrece un valioso retrato sobre el funcionamiento de este conglomerado empresarial. En 2006, desvela la Cámara de Cuentas de Madrid, el Imade destinó a publicidad y relaciones públicas 3.185.000 euros, lo que implicó multiplicar por ocho lo gastado el año anterior (395.000 euros). Fue en octubre de 2006 cuando el Instituto de Desarrollo adjudicó a MQM la campaña fantasma, valorada en 1,2 millones y de cuyo concurso fue excluida la agencia Bassat Ogilvy porque ofrecía realizar el trabajo... por 167 euros menos, y no más, que MQM.

El mismo día en que MQM obtuvo ese sustancioso contrato, el Imade adjudicó una segunda campaña de publicidad, esta por dos millones de euros. Aquí, la beneficiaria fue Over Marketing y Comunicación SL, que también se coordinaba con las empresas de Francisco Correa. Over ya estaba siendo investigada en Baleares por el juez que instruye el caso Matas.

La trama de corrupción masiva que organizó Francisco Correa con la colaboración de múltiples Administraciones gobernadas por el PP en Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana, afecta directamente a la financiación ilegal de esta formación política en las campañas electorales de Francisco Camps y Esperanza Aguirre .

Mientras que el Tribunal Superior de Justicia de Valencia tiene que decidir en los próximos días si asume la competencia para investigar la financiación ilegal que ha destapado la investigación policial con documentación inequívoca, en Madrid, tras descubrir que el PP se financió ilegalmente en 2003, a través de su fundación Fundescam , y concluir que el delito había prescrito, la fiscalía investiga ahora las cuentas más recientes (de 2007 y 2008) con varias citas electorales, para conocer si se repitió el mismo modelo en los siguientes comicios, según explicaron fuentes de la investigación.

Aunque Fundescam es la fundación madrileña del PP dedicada a cursos, seminarios, libros y conferencias, entre la documentación incautada a la trama Gürtel figuran suficientes pruebas de que los dirigentes populares utilizaron este instrumento para financiar parte de los gastos electorales, algo prohibido por ley.

El diario Público reveló que los principales financiadores de Fundescam eran empresarios contratistas de la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre, como Gerardo Díaz Ferrán, presidente de la CEOE, y Arturo Fernández, presidente de la patronal madrileña y adjudicatario de diversas concesiones en establecimientos de Administraciones públicas. El PP logró por esta vía más de un millón de euros en periodo electoral.

El PSOE, que competía por la presidencia de la Comunidad de Madrid y que en primera instancia logró un resultado suficiente para desbancar al PP aunque dos tránsfugas arruinaron sus aspiraciones de recuperar el Gobierno regional, ha asegurado a este periódico que ni Díaz Ferrán ni Arturo Fernández le financiaron la campaña electoral.

La Fiscalía Anticorrupción que investiga los hechos relacionados con la financiación ilegal del PP ha acreditado múltiples irregularidades en la contratación a las empresas de la trama Gürtel por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al igual que también ocurrió en la Comunidad Valenciana.

Anticorrupción quiere conocer ahora si esas prácticas irregulares de financiación ilegal se prolongaron en paralelo a la adjudicación ilegal de los contratos públicos, que llegó hasta prácticamente la desarticulación de la trama en febrero de 2009.

"Los delitos [electorales y de falsedad en documento mercantil correspondiente a los años 2003 y 2004] mencionados se encontrarían prescritos no procediendo, en consecuencia, una más profunda investigación", señala la fiscalía en un escrito ya conocido del 15 de octubre pasado. Pero añade: "Ello sin perjuicio de la valoración de los informes policiales y la documentación intervenida como indicios de conductas semejantes no prescritas y de la participación de distintos imputados en éstas".

Anticorrupción señala también que "la única excepción a la extinción de responsabilidad criminal sería la atribuible a los responsables de la mercantil Special Events por la elaboración de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados puesto que a los mismos se les imputa un delito continuado de falsedad en documento mercantil". Special Events, según la investigación, facturaba a Fundescam por servicios prestados al PP en campaña electoral, cuando eso es ilegal.

El Gobierno de Esperanza Aguirre, que adjudicó cientos de contratos sin concurso a la trama corrupta mediante una contratación ilegal durante más de cuatro años, ha intentado en todo momento obstaculizar la investigación de las cuentas de Fundescam, que negó reiteradamente al diario Público cuando este las solicitó. La propia Aguirre, presidenta del PP, ha intentado desvincularse de Fundescam al asegurar que en las fechas investigadas el máximo responsable de su partido en Madrid era Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado. Sin embargo, cuando Aguirre se hizo cargo del partido continuó con el mismo gerente, Beltrán Gutiérrez, que, a su vez, continuó contratando con la trama corrupta.

Los dos sistemas de financiación ilegal del PP en Madrid y en Valencia tenían un rasgo en común: los empresarios que terminaban pagando actos electorales eran, a su vez, contratistas en las comunidades respectivas donde gobiernan Camps y Aguirre. Pero, mientras en Valencia los empresarios pagaban el dinero a una empresa intermediaria (en este caso Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta), en Madrid, los empresarios hacían donaciones a una fundación del PP para cursos y seminarios pero el dinero se utilizaba, en muchos casos, para fines electorales.

De esta manera, los populares pudieron gastar en la campaña electoral que llevó a Esperanza Aguirre hasta la presidencia de la Comunidad de Madrid mucho más dinero del permitido por la ley, al derivar alguno de sus gastos a las cuentas de Fundescam, cuyos fondos solo se podían dedicar a cursos y seminarios pero en ningún caso a acciones electorales.

Las fotografías que complementan esta información prueban los actos y los objetivos que el Partido Popular cubría con fondos de Fundescam.

La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción más extensa que ha conocido la democracia, vinculada a Gobiernos del PP, con un centenar de imputados, cuatro comunidades afectadas y los alcaldes y concejales de una decena de Ayuntamientos implicados, tiene en Madrid su principal fuente de negocios turbios de la que bebió, como en ningún otro lugar, la red empresarial montada por Francisco Correa.

Cuatro grandes Ayuntamientos (Arganda, Pozuelo, Boadilla del Monte y Majadahonda) y las entrañas del Gobierno de la Comunidad de Madrid, llenaron la mayoría de los libros de contabilidad de la trama con ingresos que, a su vez, nutrían la caja B de los corruptos para pagar comisiones ilegales a los políticos. Veinte meses de investigación han dejado fuera de juego a cuatro alcaldes de la confianza de Esperanza Aguirre, Ginés López (Arganda del Rey), Jesús Sepúlveda (Pozuelo), Arturo González (Boadilla) y Guillermo Ortega (Majadahonda); tres diputados autonómicos a los que valoraba, entre ellos su consejero de Deportes, Alberto López Viejo, que le organizaba los actos, y varios ex altos cargos más.

La investigación avanzó mucho en estos 20 meses hasta descubrir la ilegalidad en cientos de contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid sin concurso previo.

De hecho, los últimos informes aclararon cómo había cargos intermedios de distintas consejerías del Gobierno de Esperanza Aguirre que conocían la ilegalidad que suponían los contratos con las empresas de Francisco Correa pero que aceptaron pagar siempre que lo ordenase la Consejería de Presidencia.

El PSOE denunció a decenas de cargos intermedios que habían firmado los expedientes para contratar a las empresas de la trama corrupta.

La misma investigación ha destapado que los actos de Aguirre se troceaban sin razón alguna para evitar los concursos. El Gobierno regional del PP llegó a cargar sobre los presupuestos públicos de la Comunidad de Madrid los actos de autobombo en los que, subidos a una tarima pintada de rojo, se ensalzaba la gestión que había hecho durante el año. Aguirre, que ha presumido de "ser austera en todo", fue el cargo público del PP al que más actos organizó la trama corrupta con un porcentaje de beneficio que siempre rondaba el 50%.

El Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo de Alarcón ha citado a declarar como imputados al actual alcalde de Pozuelo y a otros cuatro miembros del equipo de gobierno del PP en las legislaturas de 2003 y 2007, además de a un funcionario municipal, por presuntas irregularidades en la construcción del parque de las Cárcavas.

El juez ha llamado a declarar al actual alcalde, Gonzalo Aguado; al ex primer edil Jesús Sepúlveda (que dimitió en 2009 tras ser imputado en la trama Gürtel); al concejal de Hacienda, José María Mayo; a su predecesor, Roberto Fernández; a la edil no adscrita Yolanda Estrada, expulsada del PP tras ser imputada en la trama Gürtel; y al jefe del Departamento de Contratación, Leopoldo Gómez. Este funcionario fue quien redactó el proyecto e intervino en el concurso de adjudicación otorgado a una unión temporal de empresas compuesta por EOC Obras y Servicios y Acanto Instalaciones. Alfonso García Pozuelo Asins, imputado en el caso Gürtel, era el administrador único de EOC. Este empresario devolvió recientemente más de 20 millones de euros a la Agencia Tributaria.

Preguntado sobre la legalidad del expediente de las Cárcavas, un portavoz del Ayuntamiento de Pozuelo aseguró a EL PAÍS: "En cuanto a todas las decisiones políticas sobre esta obra, sin duda". Pero después, en su respuesta por escrito, prosigue: "En cuanto a la parte técnica, fue el ingeniero jefe de área el que tuvo la responsabilidad de redactar los proyectos y los modificados. Posteriormente, las certificaciones, basándose en los aspectos técnicos, fueron competencia y responsabilidad exclusivamente suya". Asimismo, el portavoz del Consistorio explica que cualquier pago del Ayuntamiento está fiscalizado por el interventor. "Una certificación de obra sin firmar por el director de obras correspondiente, primero, no llega ni a tramitarse; y segundo, el interventor no podría autorizar ese pago".

El proyecto del parque de las Cárcavas fue adjudicado en marzo de 2006 por 4,5 millones de euros. Meses más tarde el coste de la obra se disparó hasta los 11 millones por añadidos y modificados al proyecto original. El secretario municipal elaboró un informe en el que señalaba algunas irregularidades y manifestó: "La dirección facultativa ha incumplido su obligación de pedir autorización previa para firmar un acta de suspensión de las obras". Esta suspensión fue definitiva para elevar el presupuesto final.

En el auto de citación el juez, que inició la investigación tras denunciarlo el PSOE en 2008, ordena al Ayuntamiento que remita al juzgado copia del proyecto modificado del parque. Asimismo, pide a la Policía Judicial que prosiga con las averiguaciones, "en especial con relación al viaje de Bélgica para la adquisición de árboles".

Respecto al viaje a este país, la portavoz del PSM en el municipio, Eva Izquierdo, explicó que en el mismo participaron tres de los imputados con un acompañante cada uno para adquirir arbolado para el parque. "Nos parece fuera de lo normal que un árbol costara más de 100.000 euros", relató.

Esta operación urbanística también está siendo investigada en la Operación Gürtel. La ex concejal del PP de Pozuelo Yolanda Estrada aseguró el 16 de septiembre ante el magistrado Antonio Pedreira que no tenía competencias en esa materia. La propia Estrada dijo a la prensa que ella fue concejal de Obras, Servicio y Contratas hasta 2007 y que luego su concejalía pasó a Obras, Servicios y Limpieza, dejando de tener competencias en contratación.

La presidenta de la Comunidad y del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, restó importancia a los hechos, asegurando que el origen de la querella es el "encarecimiento de unas obras", algo que, dijo, pasa muy a menudo. Por ello, dijo que esperará a ver "si la imputación tiene trascendencia", porque ella es partidaria de que dimita "el que esté imputado por haber usado su cargo político para enriquecerse", y "no todo el que esté imputado".

Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla (Madrid), y dos de sus más estrechos colaboradores, el todavía diputado Alfonso Bosch y el ex directivo de la empresa local de suelo, Tomás Martín Morales, se repartieron en 2007 un soborno de 780.000 euros que, presuntamente, pagó Constructora Hispánica por una sola obra: el Parque de la Salud y el Deporte, adjudicado en 29,6 millones de euros pese a que la oferta de Hispánica no había sido la mejor valorada por los servicios técnicos municipales. Así consta en un informe policial incorporado al sumario Gürtel y al que ha tenido acceso Público.

El informe desvela cifras exorbitantes. Porque la comisión ilegal pagada por Hispánica, ahora en manos de propietarios ajenos al caso, fue aún mayor: 900.000 euros "como mínimo", dice el informe. Esa cifra equivale al 3,53% de la adjudicación de la obra sin IVA. A Panero y sus correligionarios, los tres imputados, no llegó todo el dinero: Pablo Crespo, considerado el lugarteniente de Correa en la red Gürtel, retuvo 120.000 euros.

González Panero, El Albondiguilla como lo llamaba la trama, cobró 510.000 euros. Martín Morales, uno de los hombres fuertes de Correa para sus gestiones en ayuntamientos del PP, recibió 150.000. Y Alfonso Bosch, entonces gerente de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda (EMSV) de Boadilla, se hizo con 120.000 euros, según el informe policial.

Los archivos de la contabilidad secreta de la red corrupta han resultado, de nuevo, cruciales para tirar del hilo. El informe policial cita los denominados Caja B Actual.xls y Box V51x.ls, que reflejan la entrada de los 900.000 euros en las arcas de la trama corrupta. La red, continúa la Brigada de Blanqueo, se refería al concurso con la referencia "Neveras -2" al concurso del Parque del Deporte, "que origina el cobro de una cantidad tan elevada en concepto de comisión". El dinero para los tres políticos se entregó en mano a Tomás Martín. El archivo Box 51 lo hace constar, así como los criterios para su reparto con Panero, "Ref. Albondiguilla" y Bosch, a quien la red llamaba "Bujías", relata el informe.

El soborno, argumenta la policía, podía ser aún mayor si se computan otros 150.000 euros anotados en la contabilidad opaca de la trama el 22 de mayo de 2005 con idéntica referencia: "Neveras-2".

Según la policía, que se basa en la contabilidad de la trama, cobraron el 22 de mayo de 2007. Tres semanas antes, el 11 de mayo, el ayuntamiento había adjudicado el Parque del Deporte a Hispánica. Para la adjudicación fue clave un informe de los técnicos de Deportes que contradecía al emitido por los servicios técnicos. Lo firmó un empleado eventual, y fue él quien inclinó la balanza en favor de Hispánica. Un mes después, fue nombrado director técnico de Actividades Físico Deportivas.

La investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid en combinación con la trama Gürtel no ha agotado su camino. Así se desprende del informe de la Fiscalía Anticorrupción , que considera prescritos los presuntos delitos electorales y de falsedad derivados del uso de la fundación Fundescam como canal paralelo de financiación electoral en 2003 y 2004.

"Los delitos mencionados -dice Anticorrupción en referencia a los electorales y de falsedad que describe el informe policial sobre Fundescam- se encontrarían prescritos". Pero -añade- ello es "sin perjuicio de la valoración de los informes policiales y la documentación intervenida como indicios de conductas semejantes no prescritas y de la participación de distintos imputados en estas".

La fiscalía abona con otro elemento la tesis de que las pesquisas sobre la financiación del PP madrileño no han acabado. Anticorrupción recuerda que "están siendo investigados" los hechos que la diputada de IU Reyes Montiel denunció en abril de 2010 tras lo publicado por este diario sobre un contrato fantasma otorgado en 2007 a la empresa MQM, que se coordinaba con la Gürtel.

MQM, siglas de Marketing Quality Management, fue una de las adjudicatarias de la publicidad fantasma pagada por la Comunidad de Madrid a cambio de campañas que nunca llegaron a realizarse. A las puertas de las elecciones autonómicas de 2007, el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade) pagó un total de 4,5 millones de euros a tres agencias que se coordinaban con la trama Gürtel: 1,3 millones a Swat SL, dos a Over Marketing y Comunicación y 1,25 a MQM.

La fiscalía ya ha solicitado la imputación del director de MQM. Esta empresa fue elegida por Alberto López Viejo para organizar los actos institucionales de Esperanza Aguirre, también a las puertas de los comicios de 2007.

Fuentes cercanas al PSOE sostienen que, al hablar de "conductas semejantes no prescritas", Anticorrupción está dejando la puerta abierta para investigar no otros delitos posteriores sino conectados a los de 2003 y 2004. Con nombre y apellidos, el líder del PSM, Tomás Gómez, expresó ayer esa sospecha: "Ya veremos si no hay otros presuntos delitos. No solamente financiación irregular, sino a lo mejor delito de cohecho o asociación ilícita, delitos que no estarían prescritos", aventuró Gómez.

El informe policial de julio señala que Fundescam, a la que la red endosó facturas del PP, recibió casi un millón de euros en donaciones de empresarios. Seis de ellos obtuvieron luego de la Comunidad de Madrid contratos por más de 300 millones.

El sistema de funcionamiento de Fundescam, aduce la Brigada de Blanqueo en su informe, generó "una propensión al intercambio de favores" con los donantes de Fundescam.

El documento policial traza un triángulo sobre cómo funcionaba el sistema de financiación: en un vértice, se situaría el gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, a quien la trama tenía como "interlocutor"; en otro, el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante quien "reportaba" la red corrupta. Y en la cúspide estarían los archivos de la contabilidad secreta de la red, que consignan la falsificación de facturas, y aquellos que almacenó bajo el nombre de "pufos" del PP de Madrid. En ámbitos socialistas se sostiene que la conjugación de los tres factores indica que hubo un concierto previo para falsificar las facturas y cometer delito electoral. Y ese concierto previo es lo que el Código Penal define como asociación ilícita

Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de Madrid financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas. Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso de la fundación Fundescam como canal opaco de captación de fondos y pago de facturas.

Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de euros el valor de las facturas que Special Events, buque insignia de la red corrupta, falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear facturas en 2004 por más de 800.000 euros.

La fiscalía otorga máximo crédito al informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados ni los que ejercen la acusación popular.

Las fuentes jurídicas consultadas discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año; y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó tarde.

El primer informe policial sobre la financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.

El PSOE de Madrid (PSM) esperará al levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de asociación ilícita, que prescriben a los diez años.

El informe policial remitido en julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar las campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos "provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores".

A lo largo de 2003, Fundescam, entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000 euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández.

Al menos la mitad de esas donaciones se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004, Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005, ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos por donaciones.

El informe policial de julio de este año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor" en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas, entonces tesorero del PP.

El grueso de los manejos contables entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid. La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.

El delito electoral y el de falsedad documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.

LA 'GÜRTEL' TAMBIÉN FALSEÓ LA FACTURA DEL CONGRESO QUE ELIGIÓ A LA PRESIDENTA

Special Events, marca de cabecera de la trama Gürtel, endosó a la fundación Fundescam una factura de 70.644 euros que en realidad se correspondía con la organización del congreso regional del PP de 2004 y en el que Esperanza Aguirre fue elegida presidenta de los conservadores madrileños. Special Events giró contra la fundación del PP la factura del congreso regional el 30 de noviembre de 2004. Es decir, lo hizo tres días después de que Aguirre ya hubiera tomado formalmente el timón del PP madrileño. En abril de 2005, Aguirre ascendió también a la presidencia de Fundescam, cargo en el que permaneció hasta meses después de estallar el escándalo.

El falseamiento de la factura congresual consta en el informe policial sobre financiación del PP remitido el 30 de julio al juez Antonio Pedreira y cuyo contenido acaba de ratificar Anticorrupción . El informe cifra en 1,3 millones de euros las facturas que el PP falseó entre 2003 y 2004 en supuesta connivencia con la red corrupta y gracias al uso de Fundescam como fuente de financiación opaca. Ratifica, asimismo, que Special Events no sólo organizó algunos actos electorales de Aguirre para las autonómicas de 2003 sino que llevó toda su campaña.

Emitida con el número 04/099, la factura falsificada sobre el congreso regional del PP es una de las halladas por la policía en el registro del piso que la trama tenía en la madrileña calle de Serrano. Y sobre esa factura había una anotación manuscrita con la siguiente leyenda: "Congreso Regional PP. Madrid". Formalmente, Special Events reclamaba a Fundescam los 70.644 euros por un concepto propio del objeto social de la fundación y ajeno, por tanto, a la actividad partidaria del PP: "Importe correspondiente al montaje de cursos, seminarios y presentación de publicaciones durante el 2º semestre de 2004", dice la factura.

Pero la anotación manuscrita no es el único indicio que sustenta la sospecha de falsificación. La referencia a esa factura endosada a Fundescam consta en tres archivos distintos, todos ellos pertenecientes a la contabilidad secreta de Special Events y cuyo contenido reproduce el informe policial.

Uno de esos tres archivos es una hoja en formato Excel denominada "Detalle facturas actos P.P. Madrid" y en ella se consignan los gastos que fueron generando los actos del partido entre diciembre de 2002 y 2004. En ese archivo, los datos se organizan en columnas bajo los siguientes epígrafes: fecha, factura, cliente, importe, concepto y una última columna sin denominar. Los "clientes" eran cinco: PP de Madrid, Grupo Popular Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y PP nacional. En la columna de "cliente" la factura 04/099 aparece endosada a Fundescam. Pero en la columna "concepto", figura el verdadero origen del cargo: "Congreso Regional P.P. Madrid".

La Brigada de Blanqueo subraya que tanto ese como los restantes archivos almacenados en el disco duro externo del piso de seguridad que la trama tenía en General Martínez Campos (Madrid) el ya célebre pendrive estaban "encriptados". O sea, cifrados mediante un código que hacía ilegible su contenido si no se conocía la clave.

La factura del congreso regional aparece igualmente reseñada en el archivo "Cambios facturación 2003-2004.xls", cuyo contenido es la relación de facturas del PP falseadas. Hay otro archivo casi idéntico, llamado "cambios facturación 2003-2004-barcenas.x". Lo único que lo diferencia del anterior es que, en la parte inferior, podía leerse esto: "Demanda de Special Events contra el PP de Madrid procedimiento ordinario 1200/2005 juzgado de primera instancia número 8 de Madrid 1ª Audiencia día 1-2-06 a las 11.30 horas". Esa demanda es la que Special Events planteó para exigir el pago de lo que la propia trama denominaba los "pufos del PP de Madrid".

El secretario general del PSM y candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez, subrayó ayer que "haya prescrito o no, no significa que no hubiese financiación irregular" en las campañas de su oponente, Esperanza Aguirre.

Tomás Gómez aseguró que si el juez Pedreira da la razón a la Fiscalía Anticorrupción, el PSM tendrá que estudiar si cabe o no recurso para mantener abierta la investigación sobre Fundescam y el PP de Madrid. "Intuimos cómo puede seguir financiándose" el PP, avisó el líder de los socialistas madrileños.

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por el PP con mayoría absoluta, era un coto cerrado para los negocios de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa, hoy en la cárcel. La red corrupta operaba con total impunidad en este municipio, según demuestra uno de los correos electrónicos interceptados por la policía durante los registros. Dicho mensaje, del 20 de marzo de 2007, se dirigía a Tomás Martín Morales, entonces alto cargo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En este correo electrónico, incluido en el informe de la policía al que ha tenido acceso EL PAÍS, aparecían las instrucciones a Martín Morales: "Te mando este email siguiendo las instrucciones de Isabel Jordán

[responsable de las empresas de Correa]. Tenemos que facturar una serie de trabajos que ya hemos hecho para el Ayuntamiento de Boadilla en el edificio nuevo y vamos a hacerlo de la siguiente forma: hemos dividido por zonas todo lo que hemos hecho: tres zonas van a ir con concursos de contratos menores (menos de 30.000 euros)".

Sigue el mensaje con las instrucciones: "Presentamos tres ofertas para cada zona. Hay que hacer los pliegos del concurso. Y la empresa que factura tiene que aportar un informe de los trabajos realizados. Necesitamos que nos digas cómo lo hacemos". Y enumera los trabajos y las empresas que debían participar en los concursos: "En la construcción de la alcaldía y secretarías tres empresas: Servimadrid: 28.733 euros, Fotomecánica Rafael 29.999, Kilda Producciones 29.500 euros. Factura Servimadrid". Lo mismo hace con otras obras para la construcción de una sala de prensa y un hall por 29.365 euros, la instalación de escudos por 11.086 y el diseño de la imagen interior por 15.323.El correo electrónico interceptado a los empleados de Francisco Correa es una muestra, según la policía, de cómo la organización corrupta, además de amañar un concurso para justificar una adjudicación directa utiliza a empresas pantalla. Concretamente, se trata de las sociedades del Grupo Rafael, que la red Gürtel incluía como terceros en los concursos. Según un informe de la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de Boadilla facturó en cuatro años casi 100.000 euros.

El informe policial demuestra cómo Correa recibe una adjudicación directa de servicios en el Ayuntamiento, cuyos dirigentes justifican después mediante la creación de unos pliegos ad hoc. Todo con la finalidad, según los agentes, de que le sean otorgadas a las empresas de la trama Gürtel. Además, otras sociedades actúan como terceros en los concursos. Este sistema es ordenado por la red, que utilizaba los servicios del imputado Tomás Martín Morales. Este dirigente del PP de Boadilla del Monte era el encargado de buscar el modo de justificar estos gastos.

Un portavoz oficial del Ayuntamiento de Boadilla reconoció que el Consistorio había abonado una factura de 11.086 euros a la empresa de Correa Servimadrid por la instalación de los escudos del municipio en el nuevo edificio del Ayuntamiento, siguiendo las instrucciones de la trama. Esta factura fue, según el portavoz municipal, una de las primeras peticiones que realizó el juez Baltasar Garzón, que fue quien inició la investigación del caso después de la denuncia del ex concejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas. Precisamente, en el correo interceptado por la policía a la trama, un empleado de Correa le daba instrucciones a Tomás Martín Morales para que les pagara como "partida de menos de 12.000 euros".

No obstante, el portavoz del Consistorio sostiene que el resto de las obras incluidas en el correo electrónico que tenían que ser amañadas fueron finalmente realizadas por otras empresas que nada tienen que ver con el caso Gürtel.

La persona que se encargaba de forma habitual del pago de estas facturas de menos de 12.000 euros era el entonces concejal de Hacienda y ahora alcalde, Juan Siguero, quien realizaba estos trabajos por delegación del entonces primer consejero, Arturo González Panero, expulsado del PP de Boadilla. Precisamente, Panero aseguró a EL PAÍS en una entrevista que si fuera el juez investigaría antes al actual alcalde [Siguero], ya que él no había firmado nada. No obstante, fuentes del Consistorio de Boadilla aseguraron que Siguero no adjudicó ningún contrato a dedo ni amañado a las empresas de la trama Gürtel. En este sentido, la policía pidió hace meses la detención de Juan Siguero, al considerar que había suministrado información privilegiada a las empresas de la trama.

Los grupos de la oposición, el PSM-PSOE y Alternativa por Boadilla (APB) pidieron la disolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte ya que, de resultar imputado el actual alcalde, sería el segundo regidor implicado en la mayor operación contra la corrupción en la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular. Por el momento, el número de imputados en la región de Madrid supera ya el centenar.

EL ÚLTIMO INFORME POLICIAL DETALLA MÁS DESPILFARROS DEL GOBIERNO DE AGUIRRE

La rapiña de la red Gürtel en todas las consejerías de la Comunidad de Madrid le llevó a facturar en cuatro años varios millones de euros directamente y otro millón a través de sociedades pantalla por los actos presididos por Esperanza Aguirre. Y casi siempre con adjudicaciones a dedo que nunca superaban los 12.020 euros con la finalidad de evitar los concursos públicos, según la investigación judicial de este caso de corrupción. En el listado, que incluye el último informe policial incorporado al sumario, se encuentran eventos como la presentación en 2005 de los 174 nuevos bomberos de la Comunidad. En una sola jornada de trabajo las empresas de la trama y las pantallas libraron hasta ocho facturas diferentes: Kilda Producciones (11.832); Rafael (5.329); Dimo Stand (11.774); Quasar Iluminación y Sonido (4.930); Aekio (4.118) y Mediática Producciones (4.234), que fueron las sociedades ligadas a la trama que cobraron por organizar el acto. Pero los integrantes de la red Gürtel no tenían bastante con los 37.973 euros que habían conseguido de Aguirre, por lo que enviaron dos recibos más: de 5.921 y 4.977 euros, elevando la cifra total hasta los casi 50.000 euros que abonó la Consejería de Justicia e Interior, según el informe de la investigación judicial.

El Grupo Rafael, vinculado a la red Gürtel a través de contratos de la Comunidad, cobró 10.336 euros por un trabajo de "adaptación del atril de Presidencia", que utilizó la presidenta Esperanza Aguirre. También llama la atención que la visita del entrenador de baloncesto universitario de EE UU Ken Carter, conocido por impedir que sus jugadores jugaran un campeonato por sus malas notas, y que se retrató con Aguirre, tuvo un coste de 12.000 euros, que se incluyó en la partida Campeonatos Escolares, y que fueron pagados a dos empresas pantalla.

También Presidencia abonó a seis empresas de Correa más de 58.000 euros por un único acto de Aguirre: los premios a la Tolerancia Raúl Rivero (Mediática Producciones, Aekio, Quasar, Dimo Stand, Kilda y Rafael). Otro ejemplo de despilfarro fue la contratación de la campaña denominada Gracias a todos. Agradecimientos a los médicos, que costó al erario público más de 17.000 euros, que fueron a parar a Servimadrid y Kilda.

La argucia de trocear los contratos fue precisamente uno de los consejos de Correa a uno de sus alumnos aventajados, el ex viceconsejero de Inmigración, Carlos Clemente Aguado, quien según la policía era junto al funcionario de Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás, quien solicitaba los eventos directamente a las empresas de la trama, también indicaba los conceptos, cantidad y el fraccionamiento de las facturas que había que hacer. En concreto, la empresa de la trama Good and Better le remite copia de los actos celebrados para el Ejecutivo regional con indicación del importe y la empresa pantalla que lo facturaba. Precisamente los imputados Carlos Clemente Aguado y Pedro Rodríguez Pendás eran, según la policía, quienes se encargaban de adjudicar y cobrar los trabajos del Grupo Rafael, según el informe.

La relación económica entre las empresas de Correa y del Grupo Rafael era mediante un sistema de compensación entre las facturas que ya habían cobrado las sociedades pantalla a la Comunidad y las facturas que las sociedades de Correa emitían a estas. El modus operandi de la red se iniciaba al prestar un servicio por parte de las sociedades de la trama a las consejerías. Sin embargo, la emisión de los recibos corría a cargo de las sociedades pantalla del Grupo Rafael y otras. El cobro lo gestionaban Carlos Clemente Aguado o Pedro Rodríguez Pendás con la responsable de las cuentas de la red Gürtel en Madrid, que era Isabel Jordán.

Las gestiones de ambos lograron alterar incluso el proceso de contratación de la Comunidad. En algunos casos, se saltaban a la torera la obligatoriedad de aprobación previa de las dotaciones presupuestarias destinadas a cubrir el costo del objeto contratado. En alguna ocasión, según la policía, se produce una alteración del proceso de contratación, de forma que primero se ejecuta el acto y se emiten las facturas al órgano administrativo sin una previa existencia de crédito presupuestario. Posteriormente se busca su encaje en una partida presupuestaria: los Premios Siete Estrellas.

El propio Rodríguez Pendás, mano derecha del ex consejero López Viejo, en su declaración ante el magistrado, negó cualquier responsabilidad sobre la contratación de los actos: "Yo no tenía ninguna competencia ni relación directa o indirecta con la contratación ni la facturación de los eventos de ninguna consejería de la Comunidad. Afirmo con rotundidad que mi papel era irrelevante en todo el procedimiento administrativo. Siempre actué siguiendo instrucciones directas de Alberto López Viejo. Simplemente ejecutaba lo que me ordenaba".

Rodríguez Pendás explicó también que no tenía capacidad para proponer "y mucho menos" para elegir las empresas que realizaban los eventos. "López Viejo me decía con qué empresa había que contactar para cada evento, cuando había que hacerlo, qué había que solicitar y quién era la persona de contacto". "Cada consejería organizaba o promovía sus eventos o actuaciones publicas, pero tan solo en el caso de que se acordara la presencia de la presidenta de la Comunidad, solo entonces, participaba en la organización la Consejería de Presidencia", en la que trabajaba Pendás.

El colaborador de López Viejo sostuvo ante el juez que nunca sospechó que los contratos eran ilegales: "Lo normal en mi caso es suponer que todo se hacía de la manera acordada y por supuesto de forma legal. La prueba para mí de que se hacían las cosas del modo acordado es que no se hizo un evento o dos y luego se cambió el procedimiento. Se hicieron así todos durante los años que López Viejo fue responsable de los actos públicos de la presidenta".

Además, en su declaración asegura haber oído a los responsables del Ejecutivo regional que los contratos se formalizaban de acuerdo con la legalidad. "Por tanto, mi percepción ha sido siempre la misma que la que tenían los responsables políticos y legales de la contratación y la facturación de los eventos".

Nunca el concepto primera piedra fue tan elástico. En primer término, Esperanza Aguirre, paleta en mano, realizando un fino trabajo de albañilería -"¡qué arte, presidenta!", le gritó, arrebatado, un vecino- para sellar con cemento una losa conmemorativa. Colocaba la primera piedra del centro de salud Maqueda, en Latina, o eso decía la convocatoria de prensa. Porque justo a su espalda se alzaba el edificio en cuestión, a medio construir, con la primera planta ya perfectamente visible. Esa piedra debía de ser, como poco, la número un millón.

A las arcas regionales hace tiempo que se les ve el fondo. Pero las elecciones ya están ahí. Así que a falta de nuevos edificios que inaugurar, buenas son las primeras piedras, o segundas, o terceras. Aguirre repitió ayer la cantinela habitual: que ha construido 68 centros de salud desde que es presidenta. "Uno cada mes". El problema es que lleva diciendo eso desde julio, cuando inauguró el último, en Guadalix de la Sierra. El 68. Desde entonces, ha tenido que conformarse con primeras piedras, como el centro del PAU de Carabanchel o Maqueda.

La visita de ayer empezó mal. En cuanto Aguirre se bajó del coche oficial, una decena de vecinos de la asociación de Aluche desdoblaron sus pancartas caseras -"Hospital, ya" y "Mentirosa", decían- y empezaron a corear "¡Hospital de Carabanchel!", "Esperanza, cumple" y a preguntar dónde está el centro que prometió construir en los terrenos de la antigua cárcel de Carabanchel. "¿Cómo, hospital?", se sorprendió Aguirre. "Pero si hoy venimos a este centro de salud, ¿es que no os parece bastante?". La presidenta se encaró con dos o tres vecinos: "Pero si no me da el terreno Rubalcaba", les repetía. La Consejería de Sanidad asegura que Interior aún no ha cedido el solar al Ayuntamiento de Madrid, que a su vez debe cederlo a la Comunidad. Lo que Aguirre no repitió ayer es que, después de firmar el convenio para que el Gómez Ulla tenga uso civil, ya no tiene intención de construir el otro hospital.

El acto siguió sin abucheos porque la escolta de la presidenta impidió el paso a los vecinos que protestaban y cerró con candado la entrada a la obra para dejarlos fuera. Se quejaban de que, pese a ser de una asociación vecinal, no les habían invitado. "Si somos nosotros, con nuestras manifestaciones, los que hemos conseguido que lo construyan", decía Julián Rebollo. El actual centro de salud de Maqueda es, probablemente, el peor de Madrid. Saturado, pequeño, sin ventilación, sin sillas suficientes... El nuevo, que entrará en funcionamiento el próximo verano, atenderá a los casi 29.000 ciudadanos de la zona en dos plantas y 23 consultas.

EL EX ALCALDE DEL PP DE COSLADA SERÁ JUZGADO POR FAVORECER A GINÉS JIMÉNEZ

El caso Coslada, la desarticulada trama de corrupción de los agentes municipales presuntamente liderada por Ginés Jiménez, que estalló cuando gobernaba el municipio el PSOE, se ha cobrado, sin embargo, su primera víctima política en el PP: el anterior regidor, el popular Raúl López Vaquero. El PSOE lo denunció por prevaricación y malversación en junio de 2008 por mantener el salario a Ginés Jiménez cuando una sentencia judicial le obligaba a suspenderle de empleo y sueldo.

El juez que instruyó este caso ha concluido sus pesquisas y ha señalado la apertura de juicio oral. La petición de la fiscalía para el ex alcalde popular es de cuatro años de prisión y nueve años de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos y de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un delito de prevaricación. El juez, asimismo, le ha impuesto una fianza de 21.639 euros para responder de las responsabilidades pecuniarias.

La querella contra el ex regidor popular deriva de la siguiente actuación: el Ayuntamiento de Coslada, bajo gobierno socialista, sancionó en 2000 a Ginés Jiménez, que ya ocupaba el puesto de jefe de la Policía Local, con una suspensión de empleo y sueldo de 10 meses por seis faltas graves. Tras un largo pleiteo de Jiménez, en julio de 2002 el Tribunal Superior de Justicia de Madrid decretó ajustado a derecho el expediente, salvo una falta.

Su castigo quedó reducido a suspensión de empleo y sueldo durante ocho meses. Según la denuncia, Ginés sí cumplió tal apartamiento del cargo durante dicho periodo entre 2001 y 2002, salvo 15 días, pero nunca se le embargaron dichas retribuciones del periodo sancionado.

El anterior alcalde socialista, Juan Granados, asegura que pidió a la justicia la ejecución de la sentencia. Pero cuando llegó la respuesta, el nuevo regidor, Raúl López, solicitó al letrado del Ayuntamiento, en junio de 2003, que desistiera de la ejecución de la sentencia en lo relativo a la suspensión del sueldo a Jiménez, ya que, según alegó, "el Ayuntamiento poseía medios suficientes" para garantizar su cumplimiento. Pero no fue así. Según la denuncia que originó esta bola de nieve que amenaza con prisión ahora a López, el ex regidor popular no realizó ninguna actuación tendente al cumplimiento del fallo. Además, en la práctica, el alcalde popular imposibilitó que su sucesor exigiera el cobro de los haberes del jefe de la Policía Municipal que debieron ser embargados.

La denuncia señalaba que al dejar de transcurrir "de forma dolosa el plazo de prescripción (seis meses)" evitó que pudiera ejecutarse posteriormente la sanción por otros posibles gobernantes. "Lejos de tratarse de un mero trámite administrativo, el expediente afectaba al jefe de la policía local y por ello tenía una evidente notoriedad". Por ello, la denuncia socialista, firmada por todos los concejales del equipo que dirige el regidor Ángel Viveros, veía en tal inacción del ex alcalde popular una prevaricación al "desistir del procedimiento judicial para posteriormente no ejecutar ningún acto administrativo tendente al cumplimiento de la sanción impuesta, y todo ello de forma absolutamente arbitraria".

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, insiste en desvincular su etapa al frente del PP de Madrid de la trama Gürtel, a pesar de que los últimos informes policiales apuntan a que los responsables de la red corrupta organizaron todos los actos de las primeras autonómicas de 2003 cuando ella era la candidata.

"Una vez que se sabe que todos los actos de su campaña electoral de 2003 los organizó la red Gürtel, ¿mantienen en el PP de Madrid que hay que seguir pidiendo explicaciones a Pío García-Escudero, su antecesor en el cargo?", fue preguntada ayer en rueda de prensa. La líder del PP de Madrid respondió con otra cuestión: "En el año 2003, ¿quién era el responsable de las campañas electorales [en Madrid]?", en alusión a Pío-García Escudero, ex presidente de los conservadores de Madrid y actual portavoz del partido en el Senado.

No es la primera vez que la presidenta de la Comunidad de Madrid marca distancias con la etapa de su predecesor. El 19 de mayo de 2009, cuando estalló el escándalo de Fundescam, fue contundente en sus declaraciones. "En el 2003, yo no estaba [en el partido]. O sea que se lo pregunten a Pío, pío, pío". Esperanza Aguirre no llegó a la primera planta del número 13 de la madrileña calle de Génova, sede del PP de Madrid, hasta noviembre de 2004.

Según ha informado este periódico, Special Events, una de las empresas de la red corrupta, se encargó de organizar todos los actos de las autonómicas de 2003 anteriores al tamayazo. Así se desprende de un documento de excel, "Relación actos E. A.-Beltrán.xls", hallado por la policía en un ordenador de la trama Gürtel.

Las siglas E. A. se refieren a la presidenta madrileña y el siguiente nombre es el de Beltrán Gutiérrez, gerente del PP de Madrid. Según la policía, el PP de Madrid falseó facturas electorales de las campañas de Aguirre de 2003 por más de 1,2 millones de euros. Y, para ello, se sirvió de la fundación Fundescam, perteneciente al partido. Hasta hace unos meses, la norma ha sido que el presidente del PP de Madrid lo sea también de la citada fundación.

Transcurridas las autonómicas, las empresas de la red corrupta recibieron adjudicaciones de actos de las diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid.

Una vez más, la presidenta madrileña restó ayer valor a los informes que prueban la financiación ilegal del PP de Madrid. "No hay nada nuevo, más que un informe policial que pone de manifiesto la enorme transparencia con la que el PP ha funcionado en todo momento".

Mañana, Esperanza Aguirre y Pío García-Escudero podrán ser fotografiados juntos. El portavoz conservador en el Senado será uno de los participantes en la convención regional del PP de Madrid. Hasta el sábado, la plana mayor del partido se dará cita en el hotel Auditorio de Madrid para debatir sobre educación, inmigración, deporte, financiación local, economía e ideología.

El plato fuerte ha sido reservado para la clausura. Será cuando intervengan Alberto Ruiz-Gallardón,, Aguirre y Mariano Rajoy.

El juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha ordenado a 79 entidades bancarias con sede en España que en el plazo de un mes informen sobre las cuentas y cualquier otra clase de activos financieros vinculados a 38 sociedades y 27 imputados en la trama, entre ellos 14 ex cargos del PP.

El marco temporal sobre el que el juez extiende sus pesquisas abarca hasta el 31 de diciembre de 2009 en el caso del jefe de la red, Francisco Correa, y su mujer así como de su círculo de máxima confianza: su lugarteniente, Pablo Crespo; su delegado en Valencia, Álvaro Pérez, El Bigotes, y su primo Antoine Sánchez.

Que el juez pida datos bancarios de hasta diez meses después del estallido del caso sugiere que los investigadores albergan una sospecha: que los implicados pudieron tener margen de maniobra para mover el dinero incluso después de los arrestos e imputaciones. Correa, Crespo y Sánchez permanecen en prisión. Lo investigado sobre las conversaciones que en prisión mantuvieron con sus abogados aún continúa bajo secreto.

Entre los 27 imputados sobre los que el juez requiere información figuran 14 antiguos cargos del PP madrileño, entre ellos Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego y considerado el número dos de la trama corrupta; y los tres diputados que mantienen su acta en la Asamblea de Madrid: el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.

El magistrado también solicita los datos relativos a los cuatro ex alcaldes del PP madrileño a quienes se atribuye el presunto cobro de sobornos a cambio de adjudicaciones: Arturo González Panero (Boadilla), Ginés López (Arganda), Jesús Sepúlveda (Pozuelo) y Guillermo Ortega (Majadahonda).

El ex viceconsejero madrileño de Inmigración Carlos Clemente; Pau Collado, ex director general del Govern balear con Jaume Matas; los ex concejales Ricardo y José Galeote (Estepona y Boadilla, respectivamente), la ex edil de Pozuelo Yolanda Estrada y el ex gerente de la Empresa Municipal de Suelo de Vivienda de Boadilla Tomás Martín Morales completan la lista de cargos del PP sobre los que el juez demanda información.

La mayoría de ellos tuvo participación en las adjudicaciones a empresas del núcleo duro de la red corrupta o a otras que, a cambio de contratos, pagaban comisión al grupo dirigido por Francisco Correa. Pedreira solicita también información sobre José Luis Peñas, ex edil del PP en Majadahonda y denunciante del caso Gürtel.

Por lo que respecta a Arturo González Panero y Yolanda Estrada, hasta ahora la última militante del PP en ser imputada, los requerimientos también alcanzan hasta diciembre de 2009.

Y entre las sociedades investigadas se cuentan todas las patrimoniales ligadas a Correa y sus socios y las que obtuvieron contratos de administraciones del PP, incluida la valenciana Orange Market. También figura Astrolago de Inversiones, donde el ex tesorero del PP Luis Bárcenas poseía acciones con el ex diputado Jesús Merino y el ex alcalde Jesús Sepúlveda.

La solicitud del juez consta en un auto dictado el martes. El redactado de la resolución sugiere que Pedreira no está dispuesto a aceptar negativas o dilaciones como las que se han sucedido desde el comienzo de la instrucción.

El juez pide a las entidades bancarias "una relación comprensiva de las cuentas, depósitos, cajas de seguridad y cualquiesquiera otros productos financieros, activos o pasivos, existentes en la entidad o gestionados por la misma". Y precisa que la solicitud se extiende no sólo a aquellos productos donde las sociedades implicadas o los imputados constaban como titulares sino también a aquellos en los que figuraban como autorizado o donde hayan tenido "otro tipo de intervención".

El curso de formación con prácticas de tiro por el que la empresa pública Promoción Madrid pagó en 2009 más de 16.000 euros para potenciar el trabajo en equipo de su plantilla incendió ayer la comisión del Área de Economía y Empleo, dependiente de Miguel Ángel Villanueva. La oposición, especialmente IU, cargó contra el concejal y le acusó de irregularidades en la contratación del curso de formación. Villanueva, que no esperaba tales ataques, negó cualquier ilegalidad, aunque sí asumió que las prácticas de tiro que realizaron los empleados de la televisión pública no eran apropiadas.

El concejal de IU, Ángel Lara, tachó a Villanueva y a su equipo de "irresponsables" por haber permitido la contratación de ese curso que tuvo que suspenderse porque varios empleados se negaron a disparar, a meterse una cuerda por el interior de la ropa o a participar en actividades que consideraron machistas.

Lara defendió que Promoción Madrid, dedicada a fomentar el turismo de la capital, nunca tendría que haber contratado aquel curso porque la empresa que se lo ofreció, Megatraining, según publicó el BOE, no estaba al corriente de pago con las Administraciones públicas, lo que la "inhabilita legalmente" para contratar con la empresa pública.

Villanueva replicó que en contratos inferiores a 18.000 euros -este costó 16.397 euros- no tiene obligación de investigar la situación de las empresas que le prestan servicios. Unas horas después, sin embargo, un portavoz envió un documento que se había solicitado a la Agencia Tributaria de Barcelona, fechado en febrero de 2009, que certificaba que Megatrainig estaba al corriente de pago.

"¿Sabe usted quién era el presidente de la empresa [Fyrs] donde se impartió el curso?", le inquirió Lara a Villanueva. "¿No lo sabe? ¿No se lo han dicho sus compañeros?", continuó. "Pues era un compañero de su partido que se llama Guillermo Ortega Alonso, ex alcalde de Majadahonda e imputado en el caso Gürtel".

El concejal del PP, al que le pilló por sorpresa la afirmación, aseguró desconocer "el accionariado" de las empresas subcontratadas por otras y siguió: "Nosotros hemos contratado con Megatraining. No tenemos ninguna relación contractual con Fyrs. Si Ortega es el presidente no nos afecta. Y me parece que está montando una historia donde no hay tema".

"Relación actos E.A.-Beltrán.xls". Un documento en formato excel creado con ese título y hallado por la policía en un ordenador de la trama Gürtel prueba que la red corrupta organizó a través de Special Events no algunos sino todos los actos protagonizados por Esperanza Aguirre en la precampaña y la campaña de las primeras autonómicas de 2003. E.A. son las iniciales de la presidenta y Beltrán, el nombre de pila de Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del PP de Madrid ya en esa época y a quien, según la policía, la trama tenía como interlocutor regional en el partido. Tras su nombramiento como presidenta del PP en el congreso regional de noviembre de 2004, Aguirre revalidó en el cargo a Beltrán Gutiérrez. Público intentó ayer sin éxito contactar con el gerente del PP de Madrid.

Las revelaciones sobre el papel sustancial de la trama Gürtel en esa campaña de Aguirre, aquella tras la que se produjo el tamayazo, constan en el informe policial remitido al juez Antonio Pedreira el pasado 30 de julio y al que ha tenido acceso Público. El informe cifra en 1,3 millones de euros las facturas electorales falseadas por el PP entre 2003 y 2004. La falsificación se hizo, según la policía, en connivencia con la red de Francisco Correa y gracias al uso de Fundescam como canal opaco de financiación del PP.

Desde que, en mayo de 2009, este diario informó del falseamiento de facturas electorales endosadas a Fundescam, Aguirre ha alegado que nada de lo ocurrido en 2003 le concierne. La presidenta argumenta que, entonces y hasta noviembre de 2004, el partido y Fundescam tenían como presidente a Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado.

Pero el hallazgo de un archivo en formato excel dedicado en exclusiva a contabilizar los actos de la hoy presidenta de Madrid pone en solfa la versión de Aguirre sobre su desconocimiento de los entresijos financieros de 2003. En el estadillo archivado con las iniciales de la presidenta se consignan relata el informe policial "el conjunto de los actos realizados por fecha, lugar, importe facturado y tipología del acto".

La trama clasificaba los actos de Aguirre según su tamaño (pequeño, mediano, grande). Todos ellos figuran en el archivo dedicado a Aguirre. Y los organizó de principio a fin: el estadillo incluye el acto de apertura de la campaña para las elecciones del 25 de mayo de 2003, que contaba con su propia hoja de cálculo, "Hoja Costes Inicio Campaña Regional Madrid.xls". Y también el acto de cierre, para el que Special Events creó un documento denominado "Presupuesto Pta. del Sol.doc", al que se añadió un complementario llamado "Extras.doc".

Special Events preparó incluso, y así figura en el estadillo sobre la presidenta, uno con interventores y apoderados y otro con agentes electorales.

Un año después de las autonómicas de mayo de 2003, la trama Gürtel comenzó a recibir un aluvión de contratos a dedo adjudicados por la Comunidad de Madrid, ya bajo la presidencia de Esperanza Aguirre. El fraccionamiento de los contratos, táctica urdida para que el importe de cada adjudicación fuese inferior al mínimo legal que obliga a convocar concurso (12.020 euros entonces), resultó providencial para la red: sus empresas obtuvieron en cinco años más de tres millones de euros en contratos otorgados por todas las consejerías de la Comunidad de Madrid.

La versión oficial del PP sostiene que fue el viceconsejero de Presidencia y luego consejero de Deportes, Alberto López Viejo, quien maniobró para beneficiar a la trama con contratos a dedo. Imputado desde el estallido del caso Gürtel, López Viejo ocupó el puesto de director adjunto en la campaña de Esperanza Aguirre en 2003 para las autonómicas de octubre, las segundas del año y en las que venció por mayoría absoluta. El ex consejero de Deportes mantiene su acta en la Asamblea de Madrid como diputado no adscrito. El informe policial, incorporado a las actuaciones secretas del sumario Gürtel, señala a Beltrán Gutiérrez como "interlocutor de la organización [la red corrupta] con el Partido Popular Regional para el desarrollo de la campaña" para las elecciones del 25 de mayo de 2003.

Que entonces era el interlocutor de la Gürtel queda claro por la existencia del documento "Temas a tratar Beltrán Gutiérrez", incluido en el archivo "Beltran Gutierrez.doc". "A esta persona señala la policía en referencia expresa al gerente se le anotan el conjunto de actos realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña electoral".

El apartado relativo a la organización de actos no es el único del informe que otorga relevancia a Beltrán Gutiérrez: junto con Francisco Granados, número dos del PP de Madrid, Gutiérrez es uno de los dirigentes a quienes escribió cartas Pablo Crespo, lugarteniente de Francisco Correa. En sus misivas, Crespo reclamaba la deuda pendiente con Special Events, aquella que la propia trama definía como los "pufos" del PP de Madrid.

Los documentos de la trama analizados por la policía refutan la línea de defensa que tanto el PP como Francisco Correa han esgrimido desde el inicio del caso Gürtel: que las empresas de ese grupo se convirtieron en la marca favorita del PP porque eran las más baratas. Según el informe, que cita como fuente "los datos del archivo Campaña.Madrid.xls.", Special Events logró un beneficio medio del 50% en cada acto de Aguirre. Por qué el PP no eligió ofertas más baratas es todavía una cuestión abierta.

A tenor de los documentos requisados, los actos "medianos" eran los más rentables, con un beneficio del 65,5% sobre el precio de coste. Por un acto grande, Special Events se hacía con una ganancia del 50,2%. En otros casos, como el que aparece consignado como "Acto Villaverde", la rentabilidad se situó en el 59,19%. El 24 de febrero de 2003, aún en fase de precampaña, Aguirre fue la estrella en la Convención de Metro celebrada por el PP en un conservatorio del distrito de Villaverde.

"Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del Partido Popular de Madrid, es el interlocutor de la organización con el Partido Popular Regional para el desarrollo de la campaña, así en el archivo "Beltran Gutierrez.doc", bajo el título "Temas a tratar con Beltrán Gutiérrez", se establecen una serie de puntos a abordar como el presupuesto de la campaña, acto 22-02, actos principio y fin de campaña y economía donde se plantea que las facturas de los pueblos cree que las irán pagando y que él les va a pagar una parte de la factura de 120.000 euros. A esta persona se le anotan el conjunto de actos realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña electoral, de esta forma en el archivo "Relación Actos E.A.-Beltrán.xls" se establecen, a fecha 14/5/03 el conjunto de actos realizados por fecha, lugar, importe facturado y tipología del acto".

El secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, desconoce a qué tipo de "pufos" se refería Pablo Crespo, número dos de la Gürtel, en las dos cartas que le envió para reclamarle que pagase la deuda contraída por el partido con la trama corrupta. Eso es, al menos, lo que mantuvo ayer cuando fue preguntado por los periodistas.

"Evidentemente, no entiendo de contabilidades de empresas y, por lo tanto, no sé a lo que se refiere". Una respuesta llamativa teniendo en cuenta que Granados es licenciado en Económicas y Empresariales.

Según desveló Público la semana pasada, la red Gürtel tenía en sus ordenadores dos misivas que prueban que Granados estaba al tanto de la existencia de una deuda con Special Events, una de las empresas de la trama corrupta. El "pufo" ascendía presuntamente a 60.000 euros.

Las citadas cartas aparecen en un informe realizado por la Brigada de Blanqueo de la Policía, fechado el pasado 30 de julio y que ha sido incorporado al sumario de este escándalo de corrupción. El informe recopila datos que prueban la financiación ilegal del PP de Madrid.

Concretamente, según la policía, el PP de Madrid falseó facturas electorales de las campañas de Aguirre del año 2003 por más de 1,2 millones de euros. Para ello, se sirvió de Fundescam, una fundación perteneciente al partido.

Pese a desconocer supuestamente a qué se refería la red en sus misivas un documento hallado en un ordenador de la Gürtel se llama "Carta Granados-Pufos Reg. Madrid.doc", el número dos de Aguirre reconoció que "es verdad" que cuando el actual equipo llegó a la dirección del PP de Madrid (noviembre de 2004) recibió "dos cartas de estos señores".

En estas, siempre según las palabras de Granados, se reclamaba al PP de Madrid una "deuda" que el partido entendía "excesiva". Para el secretario general del PP de Madrid, la demostración "fehaciente" de que su formación "nada tenía que ver con estos señores" es que el partido fue llevado a los tribunales para que hiciese frente a los pagos. "Acudieron a los tribunales y en los tribunales se dictaminó que teníamos que pagar mucho menos de lo que ellos decían", señaló Granados, que también aseguró que el PP de Madrid "nunca" trabajó con esta trama.

Pese a estas declaraciones, este periódico ha revelado, y así consta en los informes policiales incluidos en el sumario, que el juicio, fijado para el 16 de mayo de 2006, nunca se celebró. Y es que ambas partes llegaron a un acuerdo previo.

Tras las declaraciones de ayer de Granados en las que aseguraba que el PP de Madrid "nunca" trabajó con la trama, se halla la estrategia que el equipo de Esperanza Aguirre ha mantenido desde que estalló el escándalo de Fundescam. Justo el día que se publicaron las primeras informaciones, la presidenta madrileña intentó salir al paso apuntando a su antecesor en el PP madrileño, Pío García-Escudero, ahora portavoz de los conservadores en el Senado. "Pregunten a Pío, pío, pío", espetó.

No obstante, el sumario del caso Gürtel ha desvelado que la Comunidad de Madrid, en manos de Aguirre, adjudicó a la trama más de 300 contratos por un valor superior a los tres millones de euros. Lo hizo entre los años 2004 y 2008, con la presidenta ya en la Puerta del Sol. Menos dos, todos estos contratos fueron adjudicados a dedo.

Granados acudió ayer a Getafe, donde el PP local presentó una oficina móvil de atención al ciudadano. Junto a él, participaron Antonio Basagoiti, líder del PP vasco, y Carlos González, presidente de los conservadores de Getafe. Todos confiaron en arrebatar el municipio al PSOE.

EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' RECLAMA A 79 BANCOS INFORMACIÓN DE 12 EX ALTOS CARGOS DEL PP

El juez Antonio Pedreira, que investiga desde hace año y medio el caso Gürtel, la más extensa trama de corrupción de la democracia, que salpica a más de 30 dirigentes del PP de varias comunidades autónomas, ha solicitado a 79 bancos con sede en 30 provincias españolas la información de 27 personas imputadas en la causa.

En el listado de los afectados por esta investigación especial figuran 12 ex altos cargos del PP: los tres diputados autonómicos expulsados del grupo popular que mantienen todavía su escaño en la Asamblea, Alberto López Viejo (ex mano derecha de Esperanza Aguirre para todos sus actos institucionales de propaganda), Benjamín Martín Vasco (al que colocó como presidente de la comisión que investigó el espionaje político pagado con fondos de la Comunidad de Madrid), y Alfonso Bosch Tejedor. El juez pide a los bancos que le faciliten todos los movimientos de dinero de sus cuentas corrientes.

Reclama la misma información para los ex alcaldes de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo y Arganda del Rey y para otros cargos intermedios del PP. En el listado figura Francisco Correa, el cerebro de la trama que montó su red empresarial tras hacerse con los actos del PP durante el mandato de José María Aznar, y sus principales colaboradores, entre ellos Álvaro Pérez, El Bigotes, que tejió una red corrupta en la Comunidad Valenciana con la complicidad del Gobierno de Francisco Camps, que le adjudicó decenas de contratos sin concurso.

El auto del juez también solicita a los 79 bancos información de 38 sociedades montadas durante más de diez años por Francisco Correa para sus distintos negocios.

"Carta Granados-Pufos Reg. Madrid.doc". Bajo ese título de significado inequívoco, la red Gürtel guardaba en sus ordenadores dos cartas de relevancia para las indagaciones sobre la presunta financiación ilegal de PP madrileño y que aparecen reseñadas en el informe policial al que ha tenido acceso Público. Porque esas misivas prueban que su destinatario, Francisco Granados, secretario general del PP madrileño y consejero de Presidencia en el Gobierno de Esperanza Aguirre, fue informado de la existencia de una deuda con Special Events cifrada oficialmente en 60.000 euros. Tal deuda, reclamada a Granados por Pablo Crespo, a quien se considera el lugarteniente de Don Vito, era el "pufo". En otras palabras: se trataba de una deuda que, a criterio de la propia trama corrupta, poseía un carácter engañoso, turbio o fraudulento. La palabra "pufo" se repite en el enunciado de cinco archivos informáticos incautados por la policía, todos ellos referidos a la citada deuda. Una portavoz de Granados confirmó que este recibió al menos una carta de Crespo.

Fechado el pasado 30 de julio e incorporado a las actuaciones secretas del sumario Gürtel, el informe de la Brigada de Blanqueo aporta numerosos datos sobre la financiación ilegal del PP madrileño. El PP, sostiene la UDEF, usó un sistema de "facturas ad hoc" cuyo concepto y destinatario el PP o Fundescam variaba según "las necesidades del cliente". Según la policía, el PP de Madrid falseó facturas electorales de las campañas de Aguirre en 2003 por importe superior a 1,2 millones de euros.

"Este sistema de facturación ad hoc y de financiación irregular de los actos realizados por el conjunto de empresas de Francisco Correa para el PP tiene una persistencia en el tiempo", dice el informe. En otro momento, la Brigada de Blanqueo pone el dedo en la llaga de Fundescam: "El partido ha canalizado a través de Fundescam recursos que han sido empleados para financiar campañas electorales".

Por lo que respecta a la reclamación del "pufo", la policía reproduce en estilo indirecto parte de una de las dos misivas de Crespo a Granados: "Le indica [Crespo] la existencia de una deuda pendiente como consecuencia de los trabajos realizados en beneficio de la formación política", detalla el informe antes de precisar que esa carta obtuvo "acuse de recibo y respuesta", y que todo ello quedó almacenado en los ordenadores del conglomerado Gürtel.

En el apartado relativo al tráfico postal entre la trama y los dirigentes del PP madrileño, el informe policial introduce un elemento incómodo para el equipo de Aguirre cuando relata cómo Crespo subraya en su carta a Granados que "ellos [la trama] han seguido las instrucciones marcadas desde la primera planta de la calle Génova". En esa primera planta se localiza el cuartel general del PP madrileño. Y, también, la sede de Fundescam.

A preguntas de este diario, una portavoz de Granados negó de manera tajante que la deuda pendiente con Special Events incluyera facturas giradas a nombre de Fundescam. La portavoz confirmó que Crespo se había dirigido por carta a Granados y añadió que, dado que no hubo acuerdo, Special Events "planteó un pleito". En efecto, la empresa que en esa época operaba como marca principal de la trama Gürtel demandó al PP de Madrid. El juicio, señalado para el 16 de mayo de 2006, no llegó a celebrarse, dado que las dos partes alcanzaron un acuerdo.

Como informó este periódico en mayo de 2009, fue Crespo quien al final frenó el juicio cuando llevó a la sede del PP de Madrid un documento que evidenciaba la falsificación de facturas. Fuentes que conocen esa información de primera mano aseguran que Crespo esgrimió un archivo Excel titulado "Detalle facturas con cambio de entidades y/o conceptos (PP de Madrid)". Ese estadillo figura en el informe policial y está incorporado al sumario Gürtel.

En ese juicio de Special Events contra el PP estaban citados como testigos dos personajes clave en el caso Gürtel: el ex concejal del PP José Luis Peñas, que grabó sus conversaciones con Francisco Correa y denunció los hechos ante Anticorrupción, y José Luis Izquierdo, el contable de la trama.

Así, se preguntó a Peñas. "Me consta que en el total de la deuda que reclamaban había actos facturados a Fundescam", aseguró el ex edil de Majadahonda, que permanece imputado en la causa. Peñasacudía a todos los actos como miembro del equipo de organización del PP. Y, según pudo saber este diario, Special Events planeaba aportar fotos de los actos de Fundescam como prueba contra el PP. En algunas de esas fotos se observa el logotipo de Fundescam en la esquina superior izquierda de las traseras de los actos. El logo del PP aparece en la esquina superior derecha.´

Las cartas a Granados no fueron las únicas que escribió Crespo. El número dos de la organización de Don Vito remitió una misiva a Salvador Victoria en su calidad de "secretario de la comisión jurídica asesora del PP de Madrid". Victoria es actualmente viceconsejero de la Vicepresidencia, a las órdenes de Ignacio González.

Otra carta igualmente remitida por Pablo Crespo al gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y reproducida fotográficamente en el informe afianza la tesis policial sobre el falseamiento contable. "Aprovecho la ocasión escribió Crespo para recordarte el asunto de las facturas pendientes de los pueblos de Madrid de hace un año". "Recordarás dice a renglón seguido que quedamos en encajarlas en esta campaña", la autonómica de 2003, según la policía.

Además de gerente del PP, Beltrán Gutiérrez ya era en 2003 apoderado de Fundescam. Es su firma la que consta en los certificados que Fundescam entregó a los empresarios que, con Gerardo Díaz Ferrán en cabeza, aportaron a sus arcas casi un millón de euros entre 2003 y 2004. Al menos un tercio de ese dinero sirvió para sufragar gastos electorales de Esperanza Aguirre, sostiene el informe policial, que incluye la lista de facturas de Fundescam que fueron falseadas.

El PP de Madrid falseó, según la policía, facturas electorales de las autonómicas de 2003 por importe superior a 1,2 millones de euros. Lo hizo con la connivencia de Special Events, entonces buque insignia de la trama Gürtel. Y lo hizo también utilizando la fundación Fundescam como canal de financiación paralelo gracias a donaciones de empresarios cuya "opacidad" subraya la policía. El grueso de las donaciones (649.255 euros) llegó a Fundescam el año del tamayazo, la traición de dos diputados socialistas que abrió a Esperanza Aguirre la puerta del Gobierno de Madrid.

Las nuevas revelaciones policiales, que agravan las sospechas de financiación ilegal y corroboran las informaciones de Público sobre Fundescam, constan en un informe de la Brigada de Blanqueo fechado el pasado 30 de julio. El informe, al que ha tenido acceso este diario, concluye que el falseamiento de las facturas electorales del PP madrileño se hizo "con conciencia y voluntad" de "enmascarar la realidad".

Siempre según el informe, el monto de las facturas "ficticias" que Special Events giró al PP y a Fundescam entre 2003 y 2004 es aún superior: "El importe total en euros al que ascienden las facturas alcanza un montante de 1.316.103 euros", dice en referencia expresa al archivo llamado "Detalle facturas con cambio de entidades y/o conceptos (P.P. de Madrid)". En ese archivo, una columna agrupaba datos bajo el epígrafe "concepto real". Y, bajo el título "concepto factura", en otra columna se alineaban los datos falsos utilizados a efectos oficiales.

Elaborado en formato excel, ese es uno de los estadillos que la trama almacenaba en la carpeta denominada "PP.-Madrid". Su contenido, cruzado con el del archivo "Detalle facturas emitidas por actos PP de Madrid", ha sido clave para la investigación. El análisis de esos documentos, incautados en los pisos francos de la trama, ha permitido a la policía abordar por primera vez con carácter monográfico la financiación del PP madrileño a través de Fundescam. En su informe, la policía reseña que Luis Bárcenas era en 2003 el responsable del PP a efectos de control de ingresos y gastos electorales. Y que Fundescam tenía como presidente en esas fechas a Pío García Escudero, hoy portavoz del PP en el Senado.

Había un doble modus operandi y el informe abunda en datos al respecto. En unos casos, Special Events alteraba el concepto de la factura e incluso la fecha del supuesto acto que la había originado, de modo que esa factura no quedara sujeta a las severas limitaciones de gasto que la legislación impone a los partidos durante las campañas electorales. Mediante ese procedimiento y según los documentos de la trama corrupta reproducidos por la policía, el PP pagó a Special Events un millón de euros entre 2003 y 2004.

En otros casos, la empresa endosaba la factura a Fundescam. Aquí, Special Events fingía haber organizado para la fundación actos ajenos a la actividad partidaria, ya fueran jornadas o seminarios. Atendiendo a los datos del informe y de los anexos, Fundescam abonó así más de 300.000 euros que se correspondían con gastos electorales del PP madrileño.

Como norma, el concepto de la factura y/o su destinatario se alteraban a conveniencia. El informe lo resume así: "El sistema de actuación consistía en elaborar una factura de carácter provisional una vez realizado el acto, que posteriormente estaba sujeta a cambios tanto de entidad como de concepto en el momento de ser enviada al cliente según las necesidades de este".

En referencia a los empresarios que, con Gerardo Díaz Ferrán en cabeza, donaron casi un millón de euros a Fundescam entre 2003 y 2004, el informe habla de "opacidad" y lanza un misil contra el Ejecutivo de Aguirre: "Estos fondos obtenidos por Fundescam, vinculada orgánicamente al PP, provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una propensión al intercambio de favores". Seis de las empresas donantes de Fundescam obtuvieron luego de la Comunidad de Madrid contratos por más de 300 millones de euros.

El informe policial, que evita nombrar delitos imputables a los dirigentes del PP pero los describe con precisión, incluye este párrafo: "[El PP madrileño utilizó] un mecanismo de financiación ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y la Ley de Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada orgánicamente al partido".

El informe policial que ratifica los indicios de financiación ilegal en el PP madrileño propone al juez una amplia batería de pruebas para avanzar en las pesquisas. Una de ellas, que se reclame a Fundescam la lista de donaciones recibidas en 2003 y 2004 "con indicación del donante y de la cuantía de la donación, así como el destino dado a las mismas". En esos dos años, ambos electorales, Fundescam recaudó 941.574 euros por aportaciones de origen privado. A partir de 2005, y a tenor de sus propias cuentas, la fundación ya no recibió un solo euro en donaciones.

Como ha venido informando Público a lo largo del último año, las cuentas de esta misteriosa fundación ligada al PP madrileño no aportan el más mínimo detalle sobre el destino de las donaciones. Las memorias anuales de Fundescam relativas a 2003 y 2004 ni siquiera pormenorizan la relación de donantes. Tampoco ofrecen pistas sobre el destino dado a las generosas ofrendas económicas hechas por una quincena de hombres de negocios con intereses en la Comunidad de Madrid. Los encabezaba el todavía jefe de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que donó en total 246.000 euros.

Fundescam centra el grueso de las propuestas de actuación planteadas en su informe por la Brigada de Blanqueo. La policía propugna que se requiera a la fundación para que facilite "toda la documentación soporte de las relaciones comerciales" que haya podido mantener con las empresas más señeras de la red corrupta. Y en ese "toda" se incluye desde facturas a informes realizados a correos electrónicos cruzados entre ambas partes. La relación de empresas por cuyas relaciones con Fundescam se interesa la policía es esta: Special Events, Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid Integral, Good and Better, Technology Consulting Management, Orange Market, Pasadena Viajes, Orange Factory, Forever Travel Group y Ventana Única.

La policía propone igualmente que se reclame al Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid los siguientes datos sobre Fundescam: "Fundadores, patronato fundacional, cargos de responsabilidad, estatutos, memorias y estados contables y toda la información obrante en el registro desde su fundación y hasta el año 2004".

Respecto al PP de Madrid, la Brigada de Blanqueo solicita que se le requiera "para que facilite la documentación relativa a las operaciones llevadas a cabo con la sociedad Special Events durante 2003 y 2004". Esa petición se hace extensiva al PP nacional, incluyendo aquí la "justificación bancaria y contable" de los pagos.

En los dos meses hábiles transcurridos desde el envío del informe al juez Pedreira, Anticorrupción no ha solicitado la práctica de ninguna de las diligencias propuestas por la Brigada de Blanqueo .

LA POLICÍA CONSTATA QUE EL PP MADRILEÑO SE FINANCIÓ ILEGALMENTE ENTRE 2003 Y 2004

El PP madrileño utilizó "un mecanismo de financiación ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y la Ley de Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada orgánicamente al partido". Así de contundente es el informe policial incluido en el caso Gürtel, que asegura que los populares en la Comunidad de Madrid falsearon facturas de activides electorales de las autonómicas de 2003 por un importe superior a 1,2 millones de euros y que para ello utilizaron la fundación Fundescam a partir de donaciones de determinados empresarios.

El diario Público, que ha tenido acceso al informe policial, asegura que la mayor de las donaciones (unos 649.255 euros) llegó a Fundescam el año del tamayazo, la traición de dos diputados socialistas que abrió a Esperanza Aguirre la puerta del Gobierno de Madrid, en 2004.

La autoría del informe corresponde a la Brigada de Blanqueo, y está fechado el pasado 30 de julio. En él se concluye que el falseamiento de las facturas electorales del PP madrileño se hizo "con conciencia y voluntad" de "enmascarar la realidad".

La empresa que falseó presuntamente las facturas que suman un montante de 1.316.103 euros fue Special Events, una de las compañías del cabecilla de la trama Gürtel, entre 2003 y 2004. Estos datos están recogidos en al archivo llamado "Detalle facturas con cambio de entidades y/o conceptos (P.P. de Madrid)". La Policía halló en ese documento una columna con datos bajo el epígrafe "Concepto real". Y, bajo el título "Concepto factura", en otra columna, se alineaban los datos falsos utilizados a efectos oficiales.

Special Events en ocasiones alteraba el concepto de la factura e incluso la fecha del supuesto acto que la había originado, para que no quedara sujeta a las limitaciones de gasto que la ley impone a los partidos durante las campañas electorales. Mediante ese procedimiento y según los documentos de la trama corrupta reproducidos por la Policía, el PP pagó a Special Events un millón de euros entre 2003 y 2004. Al respecto, la Policía establece que "el sistema de actuación consistía en elaborar una factura de carácter provisional una vez realizado el acto, que posteriormente estaba sujeta a cambios tanto de entidad como de concepto en el momento de ser enviada al cliente según las necesidades de ´éste".

En otros casos, la empresa de Correa elaboraba la factura a nombre de Fundescam, con conceptos “ficticios” ajenos a la actividad partidaria, como jornadas o seminarios. Atendiendo a los datos del informe y de los anexos, Fundescam pagó más de 300.000 euros que se correspondieron, realmente, con gastos electorales del PP madrileño.

Sobre los empresarios que presuntamente financiaron al PP madrileño, entre 2003 y 2004, con donaciones que sumaron casi un millón de euros, está el todavía presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán(en la foto junto a Aguirre). "Estos fondos obtenidos por Fundescam, vinculada orgánicamente al PP, provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una propensión al intercambio de favores". Seis de las empresas donantes de Fundescam obtuvieron luego de la Comunidad de Madrid contratos por más de 300 millones de euros, según el informe policial, citado por Público.

Una fuente próxima a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, que ha sido consultada por El Plural para la elaboración de esta información, ha afirmado que en la noticia de Público, según su criterio, no hay datos nuevos, y que sobre las acusaciones vertidas en la misma, el juez que lleva el caso Gürtel no ha tomado medida alguna. El Plural ha intentado, sin éxito, conocer la versión del PP madrileño.

El sumario sobre el caso Gürtel incluye, en su tomo 60, las pruebas que permiten concluir que el PP de Madrid falsificó facturas para financiar las campañas electorales de 2003. Y que lo hizo a través de Fundescam, una fundación del propio partido. Los datos que demuestran el maquillaje de facturas a fin de burlar la Ley Electoral, que fija un límite de gastos a los partidos políticos, figuran en un informe de la Brigada de Blanqueo de la Policía incluido en el sumario.

Fue durante un registro policial en un piso de seguridad de Francisco Correa, ubicado en la madrileña calle General Martínez Campos, donde los investigadores hallaron una memoria portátil en la que figuraban hojas de cálculo de la empresa Special Events, firma clave de la trama. Los nombres de los archivos no dejaban indiferente: "Cambios facturación 2003-2004.xls", "Cambio facturación 2003-2004.barcenas.xls" y "Facturación P.P. Madrid.xls". Esta información ya fue adelantada por Público el pasado octubre.

El archivo "Facturación P.P. Madrid.xls", según figura en la página 136 del tomo 60, consta de "seis columnas con las denominaciones: fecha, factura, cliente, importe, concepto y una última sin denominar". Los datos abarcan el periodo comprendido entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004.

Entre los clientes que figuran en esta hoja de cálculo, están el PP de Madrid, el Grupo Popular del Ayuntamiento de Móstoles. el PP de Majadahonda, Fundescam y el PP nacional.

A la hora de citar el concepto, los investigadores destacan que, en ocasiones, consta una denominación genérica, como "campaña municipales y autonómicas Madrid", "campaña autonómicas E. Aguirre octubre", "campaña elecciones generales 2004 Madrid" y "congreso regional PP Madrid". Junto a estos conceptos, figura, según sostiene la policía, un número 1. Son los actos que después se facturarán falsamente. El apunte en el que se hace mención a octubre se refiere a las elecciones posteriores al tamayazo.

El archivo en el que aparece el nombre de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, junto a la expresión "cambios facturación", ofrece detalles de las facturas con modificaciones en lo referente a los clientes y los conceptos. Al igual que el archivo "Facturación P.P. Madrid.xls", este consta de seis columnas. Pero en este caso hay una ligera variación: "fecha, factura, cliente, importe, concepto real y concepto factura". Esto permite concluir que se facturaron cantidades por conceptos falsos. Las fechas siguen siendo las mismas, pero los clientes son ahora tres: PP de Madrid, Fundescam y PP Nacional.

En cuanto al concepto real, se citan "las elecciones autonómicas 2003, elecciones europeas 2004" y el "congreso regional 2004". Y en el concepto factura, aparece, según el sumario "la descripción del acto atribuido".

Los investigadores concluyen que "existe una correlación entre ambos archivos, de tal forma que los apuntes genéricos que figuran en el archivo "Facturación P. P. Madrid xls" con el número 1 al lado se traspasan casi en su totalidad al archivo "Cambios facturación 2003-2004 barcenas.xls" asignando un concepto determinado a cada uno de ellos, si bien sigue siendo genérico sin aportar datos concretos sobre los mismos como: lugar de realización, fecha de celebración etc." El informe policial también incorpora una información publicada en mayo por Público, en la que se menciona que el PP de Madrid recaudó cerca de un millón de euros de empresarios a través de Fundescam. Con ellos se pagaron facturas de las campañas de 2003.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha salido en defensa de Francisco Camps, relacionado con el caso Gürtel por haber aceptado supuestamente trajes de una de las empresas del entramado de Correa, el cerebro de la trama.

En una entrevista concedida a la Cadena SER, Aguirre se ha escandalizdo con "ese nuevo delito llamado cohecho impropio". "Cuando yo estudiaba derecho, el cohecho era aceptar una dádiva a cambio de algo, pero ahora el impropio es aceptar un regalo en consideración de la función, pero como no dice la valía del regalo, algunas 'pulseritas' podrían ser cohecho impropio, de modo que me lleven a la cárcel ya", ha sugerido. "Con el cohecho impropio me llevarían a mí a la cárcel", ha insistido, "porque a mí me regalan toda clase de cosas sin valor".

La dirigente conservadora ha optado por la línea del victimismo elaborada por su partido para defender la inocencia de Camps al afirmar que los informes policiales, que "no condenan a nadie, de momento", son fruto de "una camarilla en la que estaba un señor que participó en una cacería con Garzón y al que acaba de nombrar Rubalcaba y que presuntamente aparece en el caso Malaya".

Además, ha asegurado que los ciudadanos "lo que no perdonan es que usemos nuestro cargo para hacernos ricos de manera corrupta" para añadir que "cuando Camps llegó a la política tenía un patrimonio y no le ha aumentado". Sobre este tema, Aguirre ha apuntado que su Gobierno se vió afectado por la trama Gürtel y que las personas implicadas "están todos fuera del partido". "Y creo que en Valencia también lo están", ha afirmado.

Sobre su rival en las próximas elecciones autonómicas, Tomás Gómez, la presidenta regional ha asegurado que se trata de "un rival muy respetable" al que ha criticado por "hacer una oposición que no ha resultado creíble para los madrileños". "Criticar por criticar no le ha resultado efectivo", ha añadido.

Aguirre no se siente preocupada por la elección de Gómez , aunque ha "seguido con interés el proceso de primarias" en el que no ha visto "una sola idea en que los candidatos hayan discrepado". "Eran cuestiones personales sobre si una es más atractiva que el otro", ha ironizado.

Aún así, la conservadora no quiere relajarse ni confiarse. "Todos los rivales me parecen duros y correosos y mi peor enemigo es el exceso de confianza", ha afirmado.

Aguirre ha vuelto a repetir elogios hacia Francisco Álvarez-Cascos, que aún no es candidato, aunque para la presidenta regional es un apersona "que suma" para el partido y de la que "una inmensa mayoría de ciudadanos" piensa que "podría hacer mucho por Asturias". "En este momento en que Areces lo deja, es una oportunidad para el PP".

También ha echado un capote al gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que pidió a las Comunidades Autónomas un mayor control de las cuentas, llegando a proponer "un límite de gasto". "No es ningún secreto que estoy de acuerdo con él", ha afirmado la conservadora, que pide "imponer la ortodoxia financiera".

"España debería usar la crisis para arreglar los problemas que tiene", ha continuado Aguirre que cree que "la descentralización" tiene una parte "de incremento de gasto que hay que cuidar". Por esa razón ha pedido que si se ceden competencias a los entes regionales, se mantengan y no se dividan entre ayuntamientos y Gobierno central. "La crisis es una buena base para comenzar las negociaciones", ha añadido después de pedir que "los dos grandes partidos" aprovechen la situación de crisis "para arreglar lo que tenemos que arreglar".

LO QUE AGUIRRE NO CUENTA DE LOS ACTOS DEL 11-M: LA DERECHA PERMITIÓ QUE SUS AMIGOS GÜRTEL HICIERAN NEGOCIOS CON LOS MUERTOS

La presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, ya ve a Tomás Gómez como un peligroso rival de cara a mantener su mayoría absoluta en Madrid. De hecho, este miércoles la líderesa del PP no ha dudado en cargar contra su contrincante socialista por no haber “tenido a bien” atender a las numerosas llamadas de teléfono que, según ha dicho, le ha hecho para felicitarle por su victoria frente a Trinidad Jiménez.

No obstante, Aguirre ha indicado que el comportamiento de Gómez es propio de alguien "que no acudió al homenaje a las víctimas del 11-M" o que hizo un acto paralelo al de la Comunidad en la fiesta del 2 de mayo de 2009. Sin duda, sorprende que la presidenta del PP madrileño utilice los actos de homenaje a las víctimas del atentado de Atocha para atacar a los socialistas cuando fue su gobierno el que permitió que la trama Gürtel hiciera negocios con los muertos.

En concreto, el Gobierno de Esperanza Aguirre pagó. según el sumario, a Marketing Quality Management (MQM), empresa proveedora de la trama Gürtel, facturas infladas al 400% por organizar el homenaje a las víctimas del 11-M celebrado en 2008 en la Puerta del Sol. De este modo, la empresa de la trama corrupta ligada al PP pudo embolsarse 118.595 euros por montar la escenografía de un acto que apenas duró 5 minutos.

Pero esta no fue la única ocasión que el Gobierno de Aguirre permitió que sus amigos Gürtel aumentaran sus ingresos a costa de las víctimas del atentado más duro ocurrido en España. El 25 de marzo de 2004, dos semanas después del atentado, fue la terminal corrupta Easy Concept la que se llevó 140.000 euros por el montaje. Dada la cuantía, la entidad fraccionó los cobros en 15 facturas, todas inferiores a 12.000 euros (el tope para no salir a concurso). Quien habría teledirigido esa operación sería Alberto López Viejo, entonces asesor extraoficial de Aguirre. Dos meses después, el protegido de la lideresa ingresó oficialmente en el Ejecutivo.

Asimismo, cabe aclarar que Tomás Gómez fue elegido secretario general del PSM en julio de 2007. Todos los años, excepto en 2009, acudió a las ceremonias de recuerdo a las víctimas celebradas en la sede del Gobierno regional. Si ese año no acudió a Sol fue porque su partido había decidido boicotear todos los actos presididos por Esperanza Aguirre por su "falta de respeto institucional". Y es que los socialistas estaban muy enfadados por el "carpetazo en falso" que el Gobierno del PP dio a la polémica comisión de espionaje. Eso sí, Gómez suspendió su agenda ese 11 de marzo de 2009 para reunirse a lo largo de todo el día con las víctimas del terrible atentado perpetrado por Al-Qaeda.

Los magistrados de la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJ) han decidido anular la adjudicación del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) del palacio del Infante Don Luis a la Fundación Autor, dependiente de la Sociedad General del Autores y Editores (SGAE). Los cinco jueces justifican esta decisión al considerar que la concesión administrativa otorgada por el Ayuntamiento, encabezado entonces por Arturo González Panero (PP), se realizó "con absoluto desconocimiento" del procedimiento y de los requisitos que la regulan. Panero, imputado en el caso Gürtel como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, fue expulsado del PP.

Para obtener esta adjudicación la SGAE se comprometió en noviembre de 2006 a invertir 30 millones de euros para rescatar de la ruina en la que se encuentra al palacio del Infante Don Luis, construido por el arquitecto Ventura Rodríguez en 1765 y declarado Bien de Interés Cultural (BIC). El edificio, una vez rehabilitado, iba a ser destinado a albergar la sede de la Fundación Autor. El compromiso entre la SGAE y el Ayuntamiento se selló con la firma de un contrato entre el alcalde de Boadilla del Monte y el presidente de la SGAE, Eduardo Bautista, por el que se le cedía el palacio durante 75 años. A cambio se comprometían a rehabilitar, conservar y mantener el edificio.

En ese sentido, el Ayuntamiento de Boadilla con Juan Siguero (PP) como alcalde rescindió a finales de mayo el contrato que firmó con la SGAE en 2006 para que el palacio acogiera la sede de la Fundación Autor. El propio Siguero justificó esta decisión por la "inadecuación" del proyecto presentado por la SGAE a las "especificaciones técnicas" marcadas por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, que consideró que el proyecto no era viable por los restos arqueológicos hallados en los jardines.

Esta decisión judicial, que discrepa de la sentencia dictada en primera instancia por el titular del Juzgado de lo Contencioso-administrativo número 1 de Madrid, había desestimado la denuncia del abogado y concejal de Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, supone un nuevo traspiés para un Ayuntamiento que ha sido seriamente golpeado por la corrupción, convirtiéndose en el epicentro madrileño de la Operación Gürtel, la mayor trama de corrupción de la democracia ligada a un partido político: el Partido Popular.

A la postre, el TSJ ha terminado por dar la razón al representante de APB, que alegaba que la concesión era nula de pleno derecho. "La justicia vuelve a darnos la razón con esta sentencia. Gracias a eso volvemos a recuperar el palacio para los vecinos de Boadilla. Y no ha sido nada fácil, ya que el PP decidió con su mayoría absoluta adjudicar ilegalmente esta concesión a la SGAE, y Alternativa por Boadilla ha tenido que oponerse en solitario".

La sentencia, que es firme y ante la que no cabe recurso, ahonda en las graves irregularidades detectadas. Como que en la concesión no se ha observado ninguna de las formalidades ni requisitos descritos en la normativa vigente, al mismo tiempo que "falta" la aprobación previa del proyecto de obras que no fue realizado con anterioridad a la adjudicación. Los magistrados recuerdan que el proyecto de actuación de obras fue aprobado después de haberse adjudicado el uso del palacio, según un informe de la Comunidad de Madrid.

La SGAE emitió ayer un comunicado de prensa en el que destaca que la Fundación Autor "no tiene ninguna responsabilidad del acuerdo del pleno del Ayuntamiento". Además, recuerda que el Consistorio decidió a finales de mayo extinguir la concesión del uso privativo del inmueble, por lo que esta entidad privada daba ya el expediente por terminado.

EL JUEZ INCORPORA LA FINANCIACIÓN DEL PP DE MADRID AL NÚCLEO DEL 'CASO GÜRTEL'

El juez instructor del caso Gürtel ha dado un paso clave en las pesquisas sobre la financiación del PP madrileño a través de Fundescam, fundación a la que la red corrupta endosó facturas de las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo. Antes de las vacaciones de agosto, Pedreira decidió que lo relativo a Fundescam se uniera al sumario en la parte que continúa secreta y que dejara, por tanto, de instruirse como pieza separada. Fuentes del caso subrayaron ayer a Público el significado de esa decisión: que el juez valora Fundescam como un elemento indisolublemente unido a las pesquisas sobre la trama y no como una mera derivada. Las piezas separadas se forman con asuntos conectados al sumario original pero que, por su carácter colateral, se consideran ajenos al núcleo de la investigación.

En fechas cercanas a aquella en que Pedreira adoptó su decisión, la policía le envió un informe de 50 páginas que recogía sus avances en la investigación sobre la presunta financiación ilegal del PP madrileño a través de Fundescam. Un año antes, en julio de 2009, la Brigada de Blanqueo ya había remitido al juez un dossier en el que desgranaba la mecánica supuestamente delictiva que seguía la fundación.

Ahora, el balón está en el tejado de la Fiscalía Anticorrupción, que deberá pronunciarse: es decir, pedir declaraciones o nuevas pruebas. O no pedir nada sobre la fundación que presidió la propia Esperanza Aguirre desde marzo de 2005 y hasta poco después de que, en mayo de 2009, Público desvelase sus conexiones con la trama de Francisco Correa. Su predecesor en Fundescam fue Pío García Escudero, ahora portavoz del PP en el Senado.

Pero, al incorporarse a autos las actuaciones sobre Fundescam, el juez puede mantenerlas vivas aun si Anticorrupción posterga su pronunciamiento. Ahora bien, cuanto más tiempo transcurra, mayores serán las posibilidades de que el PP madrileño alegue la prescripción del presunto delito electoral, uno de los que, según las fuentes consultadas, serían atribuibles a quienes dirigían Fundescam.

Entre 2003 y 2004, Fundescam captó más de un millón de euros en donaciones procedentes de notorios empresarios, con el todavía presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a la cabeza. Seis de las empresas donantes lograron luego de la Comunidad de Madrid más de 200 contratos cuyo importe global superó los 300 millones de euros.

Ferviente admirador de Esperanza Aguirre, Gerardo Díaz Ferrán fue el donante más generoso: aportó a la fundación del PP madrileño 240.000 euros. Su empresa Marsans obtuvo después cuatro contratos sucesivos del Gobierno de Madrid para gestionar los viajes de mayores. Y esos cuatro contratos le reportaron 16,7 millones de euros en el cuatrienio 2005-2008.

Fundescam endosó a Special Events, entonces buque insignia de la red corrupta, más de 300.000 euros correspondientes a deudas electorales del PP. Para ocultar que se trataba de una deuda partidaria con la que el PP podía estar vulnerando el límite máximo de gasto que marca la legislación electoral, Special Events camufló las facturas como si tuvieran su origen en trabajos hechos para la fundación Fundescam. En el registro a uno de los pisos francos de la red, la policía halló un archivo encriptado de formato excel que acreditaba el falseamiento de facturas y corroboraba las informaciones publicadas por este diario.

Esa información quedó consignada en el informe que la Brigada de Blanqueo envió al juez Pedreira y al Tribunal Superior de Valencia (TSJCV) el 31 de julio de 2009. En sus páginas, la policía citaba de forma expresa dos hojas de cálculo de Special Events con los siguientes nombres: "Facturación P.P.Madrid.xls" y "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls".

Las fuentes consultadas ayer no precisaron si Fundescam ha remitido ya al juez la contabilidad de los ejercicios comprendidos entre 2003 y 2009. Tampoco desvelaron si el juez ha pedido a la fundación que certifique quiénes eran sus rectores en 2003 y 2004, los dos años que aparecen en el listado de facturas supuestamente falsificadas.

Las cuentas de Fundescam, a las que este periódico logró acceder previo requerimiento notarial, muestran cómo los ingresos de la fundación evolucionaron de año en año según hubiera o no elecciones. En 2003, cuando el tamayazo impidió gobernar al PSOE y abrió a Esperanza Aguirre la puerta del Gobierno de Madrid tras la repetición de las elecciones autonómicas, Fundescam recaudó 649.255 euros en donaciones empresariales. En el ejercicio siguiente, fecha de las primeras elecciones generales que ganó Zapatero, la fundación obtuvo por esa vía 292.319 euros. En 2005, año en que no se celebraron comicios, la fundación anotó un cero en la casilla de donaciones.

La Agencia Tributaria acaba de remitir al juez Pedreira un listado con los informes realizados hasta la fecha y aquellos otros que quedan pendientes. Entre estos últimos figura el relativo a Grupo Rafael, cuyas cuentas solicitó investigar la fiscalía bajo la sospecha de que había actuado como empresa pantalla de la red corrupta.

Como informó este diario en abril, la contabilidad secreta de la ‘trama Gürtel' computaba la facturación de Grupo Rafael como si se tratara de una empresa de su conglomerado.

Anticorrupción pidió a Hacienda que investigara los contratos otorgados a Grupo Rafael por varias administraciones del PP, entre ellas la Comunidad de Madrid.

UN IMPUTADO DE LA GÜRTEL SE NIEGA A DECLARAR PESE A COMPARECER A PETICIÓN PROPIA

El juez que instruye el caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha confirmado hoy la imputación por 11 delitos de Francisco Rodríguez Pendas, ex asesor del diputado regional y ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo. Rodríguez Pendas ha comparecido hoy a petición propia ante el magistrado aunque se ha negado a declarar amparándose en el artículo 24 de la Constitución.

Pedreira ha decidido mantener las imputaciones contra el acusado, aunque no ha decretado contra él medida cautelar alguna, según informa el TSJ de Madrid en una nota.

Rodríguez Pendas es una de las cuatro personas que la policía pidió al juez detener, antes del verano, en lo que cabría definir como la segunda fase de la Operación Gürtel en las Comunidades de Madrid y Valencia, en la que resultaron implicadas otra veintena de personas, entre funcionarios de sendas regiones y empresas colaboradoras de la red corrupta.

El imputado se ha negado a responder hoy sobre las decenas de contratos troceados que, por orden del también ex consejero de Deportes López Viejo, otorgó la Consejería de Presidencia a la red Gürtel. Rodríguez Pendas, entonces hombre de confianza de López Viejo, figura como implicado en una trama que proporcionaba a Gürtel contratos bien directamente o bien a través de empresas utilizadas por la red mafiosa de Correa como pantalla desde 2004.

Por ejemplo, el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias el 12 de septiembre de 2007, que se desarrolló en la sede de la Presidencia del Gobierno de Aguirre. La puesta en escena la realizó Easy Concept, una de las sociedades corruptas de Correa, si bien, como tapadera ante la opinión pública, para que nadie sospechase de amaños en la Comunidad a favor de Correa, fue utilizada como adjudicataria la firma MQM (Marketing Quality Management). La empresa tapadera se llevaba supuestamente una comisión por prestarse al chanchullo.

EL JUEZ DEL GÜRTEL CITA COMO IMPUTADO A UN EX ASESOR DE ALBERTO LÓPEZ VIEJO

El juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en Madrid, ha citado para el próximo día 30, como imputado de 11 delitos, a Pedro Rodríguez Pendas, ex asesor del ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, quien supuestamente recibió de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa más de 250.000 euros a cambio de adjudicarle a dedo contratos del Gobierno regional. Rodríguez Pendas es una de las cuatro personas que la policía pidió al juez detener, antes del verano, en lo que cabría definir como la segunda fase de la Operación Gürtel en las Comunidades de Madrid y Valencia, en la que resultaron implicadas otra veintena de personas, entre funcionarios de sendas regiones y empresas colaboradoras de la red corrupta.

Entre las personas cuya detención también pedía la policía, e incluso el registro de su despacho, se halla el actual alcalde de Boadilla, Juan Jesús Siguero, y otros dos asesores del Gobierno de Esperanza Aguirre. Siguero accedió a la alcaldía de Boadilla, como sustituto de Arturo González Panero, El Albondiguilla, con el respaldo del PP de Madrid, pero dimitió tras acreditar la policía que había cobrado comisiones de la red Gürtel que superan los 500.000 euros.

El juez y la Fiscalía Anticorrupción quieren interrogar a Rodríguez Pendas, que había pedido comparecer voluntariamente, sobre las decenas de contratos troceados que, por orden del también ex consejero de Deportes López Viejo, otorgó la Consejería de Presidencia a la red Gürtel. Rodríguez Pendas, entonces hombre de confianza de López Viejo, figura como implicado en una trama que proporcionaba a Gürtel contratos bien directamente o bien a través de empresas utilizadas por la red mafiosa de Correa como pantalla desde 2004. Por ejemplo, el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias el 12 de septiembre de 2007, que se desarrolló en la sede de la Presidencia del Gobierno de Aguirre. La puesta en escena la realizó Easy Concept, una de las sociedades corruptas de Correa, si bien, como tapadera ante la opinión pública, para que nadie sospechase de amaños en la Comunidad a favor de Correa, fue utilizada como adjudicataria la firma MQM (Marketing Quality Management). La empresa tapadera se llevaba supuestamente una comisión por prestarse al chanchullo.

En principio, el juez Pedreira iba a tomar declaración hoy, viernes, a Rodríguez Pendas, pero el juez ha optado por citarle en forma y con todas las garantías y por ello ha aplazado el interrogatorio hasta el próximo día 30. En la citación le indica que acuda como imputado de 11 delitos. Entre ellos destacan tráfico de influencias, cohecho, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

El asesor técnico del ex consejero de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendas, ya tiene fecha para declarar como imputado ante el instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira. Pidió declarar voluntariamente después de que varias informaciones le relacionaran con la trama corrupta y el juez le ha citado para mañana.

Rodríguez Pendas, que fue asesor de López Viejo mientras este fue viceconsejero de Presidencia de Madrid, aparece en informes policiales como quien dio instrucciones a la red presuntamente dirigida por Francisco Correa para trocear los contratos en cantidades inferiores a 12.000 euros, y así eludir la licitación pública de las adjudicaciones.

Se sospecha que era uno de los que ayudaban a la trama a cobrar las facturas que les planteaban problemas con las consejerías de Madrid. Tras hacerse público este dato, el PSM pidió su imputación en la causa.

En 2007, López Viejo pasó de Presidencia a la Consejería de Deportes, cargo del que dimitió al estallar el caso Gürtel, en el que se le atribuyen los delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.

La Fiscalía Anticorrupción considera que los 5,9 millones de euros que se ha comprometido a pagar la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) a la sociedad Artas Consultores, una de las empresas implicadas en la trama Gürtel, es una cantidad "excesiva". Por eso, se oponen al acuerdo suscrito entre el representante legal de la firma, el imputado Ramón Blanco Balín, en virtud del cual el Consistorio asumía la hipoteca de esta sociedad, cuyos propietarios renunciarían al uso y explotación de 33 locales comerciales y 138 plazas de garaje situados en el Residencial Siglo XXI.

Estas superficies fueron adjudicadas por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda a Rústicas MBS, SL, de Ramón Blanco Balín, en 2005, y posteriormente cedidas a la sociedad Artas Consultores, del mismo empresario. El sumario Gürtel pone de manifiesto que en realidad el auténtico propietario de ambas firmas es el cerebro de la trama, Francisco Correa, por lo que está intervenida judicialmente.

En un informe dirigido al magistrado instructor del caso, Antonio Pedreira, que es quien deberá tomar una decisión definitiva, el fiscal justifica su oposición al acuerdo: "La suscripción del contrato inicial podría constituir una infracción penal de lo que derivaría inexorablemente su declaración de nulidad". Y en el caso de declararse nula esa operación acordada en 2005, según el documento del ministerio público, serviría de base a una "extinción unilateral" por parte de la empresa municipal del suelo "con un menor coste" para Boadilla.

Anticorrupción considera, además, que el acuerdo es perjudicial para Boadilla porque el contrato de resolución de la adjudicación goza de una garantía de dos millones de euros ajena a los inmuebles gravados por la hipoteca que se hiciera efectiva en caso de impago. Asimismo, el fiscal explica que, hasta el momento, todos los plazos se están abonando con los fondos embargados a la mercantil Artas Consultoría, los cuales se incrementan con los ingresos percibidos mensualmente en concepto de alquiler. Entre otras instituciones, la Policía Local de Boadilla y la Empresa Municipal del Suelo pagan un alquiler mensual.

Esta operación ha sido rechazada por la interventora municipal del Ayuntamiento, quien en un informe anunció su "disconformidad". El trato también fue criticado por los grupos de la oposición (PSOE y Alternativa por Boadilla), ya que la hasta hace unos meses edil Rosalía de Padura (la mujer del que fuera accionista de Artas, Tomás Martín Morales) participó en la votación celebrada en la comisión municipal de Hacienda en la que el PP dio el visto bueno a la operación.

El portavoz del PSM, Pablo Nieto, asegura que Anticorrupción "defiende" a los vecinos: "Frente a los intereses de las empresas implicadas, es vergonzoso e indecente que el alcalde pretenda pagar 5,9 millones más a Correa". Nieto rechaza que se asuma la hipoteca, y plantea otra opción: "Debe rescindirse el contrato y defender esta decisión en los tribunales".

Por otra parte, el PSM, como acusación popular del caso Gürtel, ha pedido al juez que llame a declarar al alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), en calidad de imputado. Los socialistas quieren que explique su participación en las adjudicaciones del Consistorio que están siendo investigadas por Pedreira, y por las que la policía ha pedido su detención.

La fiscalía anticorrupción se opone a que la empresa municipal del suelo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) asuma una hipoteca de 7,1 millones de euros que la empresa Artas Consultores, propiedad de Francisco Correa, tiene con una entidad financiera.

La última palabra la tiene el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que será quien tome la decisión acerca de si permite esta operación, que posibilitaría al Consistorio de Boadilla recuperar el uso de 33 locales comerciales y 138 aparcamientos en la zona del municipio denominada Residencial Siglo XXI. La empresa Artas Consultores está intervenida judicialmente, por lo que cualquier operación debe tener la autorización de la autoridad competente, en este caso el juez Pedreira.

Los locales comerciales y aparcamientos que trata de rescatar el Consistorio fueron adjudicados por la empresa municipal del suelo de Boadilla -cuyo gerente era otro imputado en el Gürtel: el diputado regional Alfonso Bosch Tejedor- en 2005 a la empresa Rústicas MBS, encabezada por Ramón Blanco Balín.

Este empresario, también imputado por los delitos de fraude fiscal y evasión de capitales en el caso, es considerado uno de los testaferros de Correa, finalmente traspasó la propiedad a otra sociedad: Artas Consultores, dirigida por él mismo.

Pero un informe de la Agencia Tributaria que obra en el sumario de la operación que inició el juez Baltasar Garzón destapó que Artas Consultores es, en realidad, propiedad de Correa, aunque también fueron accionistas de la misma Bosch Tejedor y Tomás Martín Morales, ambos acusados en Gürtel. Precisamente el parlamentario, expulsado del grupo parlamentario popular en la Asamblea, fue el encargado de rebajar el canon anual que debía pagar la empresa al Ayuntamiento, que pasó de 244.750 euros a 84.344 euros, aumentando los años de concesión de 75 a 99 años. No obstante, la investigación del juez ha puesto de manifiesto que esta empresa de Correa no ha llegado a pagar ni un solo euro por el canon.

El juez Pedreira está en espera de recibir un informe de los funcionarios de la Intervención General del Estado, que hace dos meses recibieron el encargo de que investigaran la mencionada operación. Con toda esta documentación sobre la mesa, incluyendo un informe de la empresa acerca de una valoración realizada por técnicos de la Comunidad de Madrid, el magistrado tendrá que tomar una decisión al respecto. También tendrá que decidir si llama a declarar como imputado al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), presuntamente por facilitar información municipal confidencial a las empresas de la trama Gürtel.

Un portavoz del Ayuntamiento aseguró ayer que el Consistorio aprobó la operación con la intención de desbloquear una de las zonas comerciales más importantes del municipio.

No es la primera vez que lo dice, pero se nota que ahora lo hace con el convencimiento de que el tiempo le ha dado la razón. La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a pedir la expulsión del PP del caso Gürtel por "claro fraude de ley por cuanto desempeña una labor de defensa amparándose en su condición de acusación popular". La fiscalía sostiene que, en vez de acusar para tratar de esclarecer lo ocurrido con la trama de corrupción, el PP ejerce la defensa, y de sus escritos, "plagados de descalificaciones contra todos los funcionarios intervinientes en la causa", se infiere que lo que busca "es realmente el archivo de los hechos".

Como ejemplo cita el recurso que el partido conservador interpuso contra el auto de inhibición a favor de Valencia dictado por el instructor en Madrid, el magistrado Antonio Pedreira. Una resolución que "ninguna de las defensas ha impugnado", destaca la fiscalía.

Anticorrupción se adhiere en su escrito a la petición formulada por los socialistas valencianos a finales de julio y notificada el pasado día 1 a las partes. El ministerio público recuerda, como hacía el PSPV en su escrito, que la investigación judicial se extiende ahora a la posible comisión de delitos electorales en el seno del Partido Popular valenciano. Es decir, se investigan unos hechos "que previsiblemente podrían afectar directa o indirectamente" al PP.

Y así, ambas acusaciones y la que ejerce la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) neutralizan la única alegación presentada por el PP para oponerse a su expulsión del procedimiento: que la Sala de lo Civil y Penal ya rechazó una petición similar que Anticorrupción formuló el pasado 6 de octubre.

En esa ocasión, el tribunal se basó en que determinar cómo iba a ejercer la acusación el PP "se trataba de una mera hipótesis". Sin embargo, su actuación, lejos de disipar los temores que planteaban las demás acusaciones, los ha confirmado. ADADE apunta que "la forma de ejercicio de dicha legítima condición de origen la ha convertido claramente en ilegítima".

"La actividad procesal y extraprocesal del Partido Popular a partir de esa fecha es absolutamente reveladora del verdadero papel que asume en esta causa y que no es otro que el de una defensa más", señala Anticorrupción. Otra prueba de ello es que también recurrió la providencia con la que el juez Pedreira requería a la Abogacía de la Generalitat valenciana la identificación de las personas que ocuparon cargos en la Administración de su competencia.

ADADE asegura no haber encontrado "ningún caso en el que un supuesto acusador popular desnaturalizase su condición". Esta prueba era imprescindible tras el informe de la Intervención General de la Administración del Estado que ponía de manifiesto "la continua y reiterada infracción de todos los principios básicos de la contratación pública en los contratos examinados".

ADADE, que dice haber realizado una "exhaustiva investigación", asegura no haber encontrado "ningún caso en el que un supuesto acusador popular desnaturalizase su condición y se convirtiera objetivamente en una defensa más, ya sea de los imputados, ya fuere de la organización política (el PP) a la que muchos de ellos pertenecen".

Esta acusación también afirma que "el sentido común jurídico y la propia filosofía y ratio de la figura de la acusación popular abona su tesis: la absoluta incompatibilidad ante la actitud adoptada por la dirección técnica del PP en este proceso, con su ubicación como acusador popular en el mismo".

Por otra parte, el ex tesorero y senador del PP hasta el pasado 19 de abril, Luis Bárcenas, se personó ayer en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juez Pedreira tendrá que volver a interrogarlo como imputado, junto con el ex diputado de esta formación Jesús Merino. Ambos comparecieron ya en el Tribunal Supremo como imputados por la condición de aforados que entonces mantenían.

ANTICORRUPCIÓN PIDE EXPULSAR AL PP DEL PROCESO DEL GÜRTEL POR ESTAR IMPLICADO

La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a pedir al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que "expulse" del proceso al PP en su actual condición de acusación popular al entender que puede verse afectado por "la posible comisión de delitos electorales en el seno del Partido Popular de la Comunidad Valenciana".

Anticorrupción entiende que la investigación ha destapado pruebas suficientes de la implicación del PP en la trama corrupta. El PP, ahora personado como acusación particular, pretende evitar mediante un recurso que todos los indicios de delito que pesan sobre el PP valenciano puedan ser investigados en el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, por lo que rechaza el auto de inhibición del juez Pedreira a favor del traslado de una parte de la causa a la Comunidad Valenciana por estar implicados en los supuestos delitos dirigentes del PP aforados.

Con su petición al juez, formulada en un escrito del pasado 8 de septiembre, la Fiscalía se adhiere así a la solicitud formulada ante el juez por el PSOE de Valencia en la que se señala que el PP está actuando en el caso Gürtel como defensa de los imputados y no como acusación particular. El juez Pedreira ya rechazó hace meses una petición similar de la fiscalía.

El juez que instruye el caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, deberá decidir en los próximos días si, como le ha pedido la policía, si interroga o detiene al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero, sustituto de Arturo González Panero, uno de los principales implicados en la trama corrupta por el cobro de cientos de miles de euros a cambio de favorecer los intereses de Francisco Correa y su red empresarial.

Siguero, según las investigaciones policiales, colaboró activamente en las gestiones para favorecer a la trama corrupta en diversos contratos. Aún sigue como alcalde. Cuando se destapó el caso, el PP intentó sustituir a Panero con una concejal, pero Siguero impuso su poder en Boadilla para hacerse con el cargo. La policía también ha pedido al juez que ordene la detención de tres personas de confianza del diputado autonómico Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y mano derecha de la presidenta Esperanza Aguirre.

Las tres personas trabajaban en la Consejería de Presidencia durante la etapa en que todos los actos institucionales presididos por Aguirre eran organizados por la trama corrupta, a los que se adjudicaba el trabajo sin concurso previo, según la investigación. En esta trama, la policía ha encontrado a otras empresas privadas que hacían de intermediarias para que el dinero llegara a la red Gürtel.

Además, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid investiga múltiples operaciones urbanísticas sospechosas en la Comunidad de Madrid relacionadas con la trama corrupta y una supuesta financiación ilegal del PP a través de una de sus fundaciones, Fundescam. El juez ha ordenado en los últimos días el embargo de bienes de alcaldes y diputados autonómicos del PP, que no han hecho frente a la fianza de responsabilidad civil que les impuso.

El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, tomará hoy declaración como imputados a un ex funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda y a dos empresarios. Se trata de Luis Valos San Román, ex director del área de Nuevas Tecnologías de este Consistorio madrileño; del ex presidente de la sociedad Sufi, SA, Rafael Naranjo Anegón, y José Luis Cortés Bañares.

Al ex funcionario de Majadahonda, que ahora trabaja en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, Pedreira le acusa de cooperación en un delito de prevaricación por su intervención en una adjudicación millonaria que benefició a las empresas del cerebro de la trama Gürtel.

Este ex empleado de Majadahonda fue el autor, según el sumario, de los pliegos y los informes técnicos que condujeron a la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Majadahonda a la empresa Technology Consulting Management (TCM), vinculada a la red corrupta.

Por su parte, el empresario Naranjo está acusado de un delito de cohecho continuado, según el sumario instruido por Pedreira, que especifica que Naranjo podría haber pagado "una comisión" de 1.232.074 euros por intermediar en una adjudicación de 48 millones de euros de la Concejalía de Limpieza Urbana de Madrid de la que era responsable Alberto López Viejo, también imputado. A la tercera persona que declarará hoy ante el juez, José Luis Cortés Bañares, se le acusa de los delitos de falsedad y fraude fiscal.

EL JUEZ DEL 'EL CASO GÜRTEL' DESVELARÁ EL SECRETO DE SUMARIO EN OCTUBRE. T

ambién se destapará el contenido de las piezas de Fundescam y la relativa a los contratos de la Comunidad con empresas de Correa.

El juez Antonio Pedreira, que instruye el 'caso Gürtel' en Madrid, levantará a finales de octubre el secreto del sumario que destapará la totalidad de la causa. También revelará las piezas separadas del groso de la investigación, entre las que se encuentra la que investiga los contratos de la Comunidad de Madrid con las empresas implicadas en la trama de corrupción y la supuesta financiación del PP a través de la fundación Fundescam, así informaron fuentes jurídicas.

Los flecos que quedan aún por resolver para que la investigación penal concluya se refieren a la resolución de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la inhibición a favor de Valencia de la parte que alcanza a la cúpula del Gobierno de Francisco Camps, así como la resolución de los recursos que se presenten en el incidente de nulidad por las escuchas telefónicas realizadas en la prisión de Soto del Real.

El levantamiento del sumario incluirá el contenido de las piezas separadas. Una de las piezas se refiere a las intervenciones de las comunicaciones en la prisión de Soto del Real entre los imputados encarcelados, Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados.

"Podría haber pagado a la organización de Correa, la cantidad de 1.232.074,8 €"

El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal acordó anular todas las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los abogados y sus clientes. Esto dio lugar a un incidente de nulidad que forma parte de una pieza separada en el que los abogados vienen reclamando la nulidad parcial o total de la causa al estar muchas partes contaminadas por las escuchas anuladas.

Otra de las piezas separadas se refiere a la que investiga la supuesta financiación irregular del PP a través de la fundación Fundescam en los años 2003 y 2004. En aquellos años, Pío García Escudero estaba al frente de la formación, siendo sustituido el 30 de noviembre de 2004 por la actual presidenta, Esperanza Aguirre.

Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que esta pieza se desgajó a raíz de tres denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción, el abogado del PSM y la defensa de una diputada de IU.

Otra de las piezas abiertas trata lo relativo a los contratos de la Comunidad de Madrid con empresas relacionadas con la red Gürtel, así como la facturación del Gobierno regional y otras administraciones municipales gobernadas por el PP con la facturación entre los años 2000 y 2009 con las empresas que conforman el Grupo Rafael.

Niegan la imputación

Por otro lado, el juez ha tomado declaración al que fuera director del Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda, Luis Valor San Román, y a José Luis Cortes Bañares. Ambos han negado su participación en la red corrupta de Correa.

Estaba prevista la declaración también del empresario Rafael Naranjo Anegón, que presidió la empresa Sufi, pero quedó aplazada al certificar éste un problema de salud.

Según el juez, Sufi, a través de Naranjo, "podría haber pagado a la organización de Correa, la cantidad de 1.232.074,8 euros, que se correspondería con un porcentaje del 3 por ciento del monto total de la adjudicación, en concepto de comisión, por su intermediación ante un cargo público con responsabilidad de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, y por tanto, con capacidad de adjudicación de contratos públicos".

En su declaración, San Román negó su participación en el expediente de 'consultoría y asistencia técnica para el diseño e implantación de la Oficina de Atención al Ciudadano' de Majadahonda.

Así, aparece como la persona que elabora los pliegos y hace los informes técnicos de la adjudicación inicial de Technology Consulting Management S.L. Según el juez, "las irregularidades se hacen constar en el Informe emitido por la Unidad de Auxilio de la Intervención General del Estado, de fecha 29 de mayo de 2009.

El abogado de Pedro Rodríguez Pendás, que fue asesor técnico del diputado regional en la viceconsejería de Presidencia encabezada por Alberto López Viejo, ha solicitado al magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que su cliente pueda comparecer ante el tribunal de forma voluntaria.

La solicitud se realiza a consecuencia de las informaciones publicadas que reflejan un informe de la Policía Judicial en el que se solicita la detención de este ex asesor de la Comunidad y de otras tres personas, una de ellas el alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP). El primer edil de Boadilla fue el encargado de suceder a Arturo González Panero, imputado en la trama y conocido por los demás miembros de la red como El Albondiguilla.

El documento, que se encuentra sobre la mesa del despacho del juez Pedreira, pone de manifiesto que los miembros de la trama Gürtel acudían a Rodríguez Pendás y otros empleados de la Consejería de Presidencia para tratar de cobrar los contratos "problemáticos". En un escrito presentado ante el magistrado, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado del ex asesor indica que "no teniendo nada que ocultar" su cliente, y "desde su responsabilidad", Rodríguez Pendás ha manifestado su voluntad de ponerse a disposición del juez.

El sumario revela que tres empleados de Presidencia se encargaban de conseguir que las facturas inicialmente rechazadas por los distintos departamentos de la Comunidad de Madrid se cobraran.

La Sra Condesa Aguirre dixit : " Yo destapé la trama Gürtel" ( Asamblea de Madrid.08.04.10 )