CASO GÜRTEL : VERSIÓN MADRID
La Sra Condesa
Aguirre dixit : " Yo destapé la trama Gürtel"
( Asamblea de Madrid.08.04.10 )
LAS NOTICIAS SOBRE LA TRAMA
EN MADRID
EL PSM CRITICA LA “CONTINUA” FALTA DE RESPUESTAS DE LA COMUNIDAD
SOBRE GÜRTEL
El TSJM admite a trámite un recurso socialista al no poder acceder a
contratos troceados de la trama
Las preguntas sobre López Viejo siguen sin respuesta
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha admitido a trámite un
recurso del PSOE conforme a la “protección de derechos fundamentales
de la persona” ante la negativa del Gobierno regional a facilitar a
la oposición la documentación que reclaman en la Asamblea de Madrid
sobre los contratos troceados de la trama Gürtel, liderada por
Francisco Correa, y en general a pronunciarse sobre las preguntas
referentes a la red corrupta. La decisión judicial, de finales de
julio, parte de las alegaciones de los socialistas madrileños en las
que resaltan que el Consejo de Gobierno “deberá, en plazo no
superior a 30 días, facilitar los datos, informes o documentos
solicitados o manifestar las razones fundadas en Derecho que lo
impidan”. Precisamente a finales de la semana pasada el juez de la
Audiencia Nacional Pablo Ruz solicitó al Ejecutivo autonómico la
documentación de 71 de los 317 contratos que ya reclamó en mayo de
2012 sobre las adjudicaciones a empresas de Gürtel entre 2004 y
2006. El responsable del juzgado central de instrucción número 5
demanda “toda la documentación que obre en su poder” de eventos de
lo más variado, que van desde la colocación de la primera piedra de
una decena de hospitales, una cumbre internacional de terrorismo en
2005 o la presentación de la Vuelta a España de un año después.
Ruz, instructor del caso Gürtel, apunta que las diligencias están
“dirigidas de manera especial a impulsar, simplificar y permitir la
próxima conclusión de la instrucción en curso”. Para ello, entre
otros procedimientos, solicita a la Agencia Tributaria la situación
patrimonial de Teresa Gabarra, esposa de Alberto López Viejo,
exconsejero de Deportes en el Gobierno de Esperanza Aguirre acusado
de cobrar comisiones de la trama. Ruz también ha ordenado una prueba
caligráfica a Isabel Jordán, administradora de varias firmas de la
trama, y ha citado para el 9 de octubre a declarar como testigo a
Joaquín Molpeceres, que avaló un préstamo de 1,6 millones al
exconsejero de Deportes.
Aparte de la documentación que el PSOE y el resto de partidos de la
oposición vienen pidiendo en el Parlamento regional sin resultado,
la Mesa de la Asamblea, que el Partido Popular controla con su
mayoría de representantes, se ha convertido en un obstáculo
prácticamente insalvable. La Mesa de la Cámara está compuesta por
siete miembros: cuatro del PP (el presidente del Parlamento
regional, José Ignacio Echeverría; Jacobo Beltrán, Rosa Posada y
Carlos González), uno del PSOE (Juan Barranco), uno de IU (Antero
Ruiz) y uno de UPyD (Enrique Normand).
Entre las últimas peticiones de información de los socialistas, que
lamentan la “continua falta de respuestas”, están dos que afectan al
exconsejero de Deportes. “¿Ha cuantificado la Comunidad de Madrid el
perjuicio económico ocasionado a la Comunidad de Madrid por Alberto
López Viejo? ¿Qué acciones judiciales va a emprender?”, registró en
agosto como “pregunta para contestación oral ante el Pleno” la
diputada regional Maru Menéndez. Frente a las críticas de la
oposición a la Administración, el PP argumenta que el caso Gürtel
está sub judice y que tantos las preguntas y documentación
solicitadas por la oposición pertenecen a legislaturas anteriores y
ya se trataron en ellas.
La policía calcula en unos 400.000 euros la mordida de López Viejo,
que montó casi 350 actos para el Gobierno de Aguirre, en los que
contaba con una comisión del 10%. La esposa del exconsejero, con
cuentas en Suiza en francos, libras y euros también está imputada,
en su caso por un delito de blanqueo.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/09/27/madrid/1380315318_009541.html
FERNANDO MARTÍN DECLARA ANTE EL JUEZ HABER PERDIDO 225 MILLONES EN
LA OPERACIÓN CALDERÓN
El constructor se comprometió a edificar el estadio olímpico de
Madrid a cambio de construir en los solares del estadio del Atlético
de Madrid y de la antigua fábrica de la cerveza Mahou
El sueño de Martinsa niega haber pagado a Francisco Correa a cambio
de que éste intermediaria con el Ayuntamiento de Arganda del Rey
para obtener la adjudicación de un solar
El presidente de Martinsa, Fernando Martín, ha asegurado este lunes
al magistrado que investiga el caso Gürtel en la Audiencia Nacional,
Pablo Ruz, que en la 'Operación Calderón' ha perdido 225 millones de
euros, según indican fuentes del caso a infoLibre. Martinsa era la
empresa que inicialmente se iba a encargar de la construcción del
estadio olímpico de Madrid. A cambio, la firma de Martín tenía el
visto bueno para derribar el estadio Vicente Calderón y la antigua
fábrica de la cerveza Mahou. En los solares resultantes estaba
previsto construir las viviendas que darían rentabilidad a la
operación, que también incluía el soterramiento de la M-30 en esa
zona oeste de Madrid. Pero el concurso de acreedores alejó a Martín
de este negocio, que ha asumido la constructora FCC.
Fernando Martín ha aludido en su declaración como imputado a las
pérdidas en sus negocios, un total de 273 millones, después de que
la fiscal se interesara sobre el motivo de una transferencia de 13
millones que acabaron en una cuenta del presunto cerebro de la red
Gürtel, Francisco Correa. Según uno de los documentos aportados por
los bancos, ese dinero lo abonó el dueño de Martinsa a cambio de la
adjudicación irregular de varias parcelas en la localidad madrileña
de Arganda del Rey, en lo que se considera el mayor pelotazo de
Gürtel. Pero otra documentación, también aportada por la entidad
financiera británica Lloyd's TBS, pone de manifiesto que esta
transferencia se había producido en el marco de la inversión de
Fernando Martín en la empresa RTM, que era la encargada de la
operación Calderón-Mahou.
Fernando Martín invirtió en la empresa RTM. La familia Gil había
traspasado en 2006 la propiedad del estadio Vicente Calderón,
valorado en 226,18 millones, a la división inmobiliaria del Atlético
de Madrid (Dicam). Y en su constitución los dueños del equipo
madrileño vendieron el 10% (22,6 millones) a RTM y el 5% a Caja
Madrid, obteniendo en total 33,9 millones. Ese dinero, según el
club, fue devuelto años después al no fructificar la operación
urbanística.
Un documento del banco inglés en el que Fernando Martín guardaba
parte de su dinero indica el montante total de la inversión que
tenía previsto realizar este contructor en el Calderón: 564 millones
de euros. Así, Martinsa iba a urbanizar el terreno comprado, de
751.000 metros cuadrados. "Multiplicarán por cuatro sus inversiones
y tienen pensado vender las propiedades en un plazo de unos cuatro
años. La inversión total del cliente representará alrededor de un
tercio del importe total", destaca en sus notas un empleado del
Lloyd's TBS.
A su vez, un informe de Hacienda asegura que el empresario
zaragozano Manuel Salinas Lázaro pagó en junio de 2006 a Fernando
Martín cuatro millones "sin declarar" a cambio de entrar en el
negocio de la recalificación del Vicente Calderón.
Legalidad de la adjudicación
Asimismo, Fernando Martín ha rechazado en su declaración ante el
juez la existencia de irregularidades en la adjudicación del
Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid), explicando además que no
se puede hablar de pelotazo y que no conocía a Francisco Correa.
Según el sumario, Martín adquirió los solares por 77 millones de
euros, de los que abonó 67 millones al Consistorio. Tan solo un año
después vendió un tercio de los terrenos por 73 millones de euros.
Además, y según la declaración del arquitecto que se encargó del
diseño del plan parcial de Arganda del Rey para Martinsa, esta
empresa pudo haber ganado hasta 500 millones de euros. Fernando
Martín niega que su negocio de Arganda haya tenido tales plusvalías.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/09/17/fernando_martin_operacion_calderon_mahou_perdi_225_millones_quot_7783_1012.html
GALLARDÓN ADJUDICÓ 10 MILLONES A UNA SOCIEDAD LIGADA A BÁRCENAS Y
LAPUERTA
Alberto Ruiz-Gallardón, siendo alcalde del Ayuntamiento de Madrid, concedió
más de veinte contratos a una empresa de seguridad vinculada al extesorero
del PP Álvaro Lapuerta y al exgerente Luis Bárcenas. La sociedad Serygur,
una desconocida en el sector y sin ninguna trayectoria profesional, obtuvo,
entre 2006 y 2009, adjudicaciones para la vigilancia de edificios
municipales por un importe de diez millones y medio de euros.
Sólo en 2006 -el ejercicio más productivo- Serygur logró contratos por más
de cuatro millones de euros, casi la mitad de los ingresos de la sociedad en
ese año. La cifra superaba con creces los ingresos de ejercicios anteriores
y llegó a provocar suspicacias y protestas por parte de empresas mucho más
consolidadas del sector de la seguridad.
El acceso a contratos millonarios de Serygur en la corporación local,
presidida por Ruiz-Gallardón, se debía no sólo a la influencia de la dupla
Lapuerta-Bárcenas, sino también a la participación en la sociedad de otros
dos pesos pesados del Partido Popular: Álvaro de la Cruz e Ignacio del Río.
El primero, con un amplio historial en el PP como jefe de Gabinete del
secretario general Francisco Álvarez Cascos (1989/1992), director de
Innovación Tecnológica y secretario de Comunicación. El segundo, tras su
paso por el Ayuntamiento de Madrid como teniente alcalde de Urbanismo, entre
1995 y 2003, durante el mandato de Álvarez del Manzano, el predecesor de
Gallardón. Ambos conocían de sobra las interioridades del Partido Popular y
del consistorio madrileño para acceder a las ofertas públicas de los
contratos de vigilancia.
El onubense Álvaro de la Cruz, que en 1982, a los 24 años, inició su carrera
política en la sede de Génova, sumaba a sus cargos en el PP el de secretario
general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). En el
sumario de la Gürtel figura como el responsable de la adjudicación a la
empresa de Francisco Correa, Special Events, de la organización de las
asambleas de este organismo en 1999 y 2003 por 800.000 euros. En esos años,
Correa mantenía unas excelentes relaciones con Bárcenas y, con la ayuda de
este, facturaba centenas de miles de euros a la contabilidad de Génova. El
extesorero, a cambio, era recompensado, como demuestran los documentos del
sumario de la Gürtel.
Gracias a esas intermediaciones, Serygur pudo obtener también contratos tan
sustanciosos en el Ayuntamiento -ver gráfico- como la Agencia de Empleo de
Madrid por 2,5 millones de euros; el distrito de La Latina por 1,1 millones;
el edificio del área de Gobierno de Familia y Servicios Sociales por 0,6
millones; la Dirección General de Patrimonio Verde por 0,5 millones o el
Organismo Autónomo de Madrid Salud por 0,8 millones. En 2006, obtuvo
adjudicaciones por un importe de 4.046.166,15 euros; en 2007, por
1.310.684,04; en 2008, por 3.313.877,24 y en 2009, por 1.149.420,37, según
un pormenorizado estudio realizado por El Confidencial a partir de los
concursos municipales publicados en el Boletín Oficial del Estado y
adjudicados en esos años.
En el Ayuntamiento de Madrid señalan que todas las adjudicaciones se
concedieron dentro de la legalidad, a partir de concursos públicos y con
criterios técnicos y económicos. Según un portavoz municipal, "cada contrato
obtenido por Serygur pertenecía a un área de Gobierno o un distrito
diferente y tanto los órganos de contratación como las mesas de
adjudicaciones eran autónomas".
En aquellos años, la hoy alcaldesa de Madrid, Ana Botella, y otros miembros
del actual consistorio ya formaban parte del Ayuntamiento, tras las
elecciones de 2003. Botella, desde 2007, se encargó del Área de Medio
Ambiente.
De la Cruz, Bárcenas y la Gürtel
Álvaro de la Cruz mantenía, asimismo, una excelente relación con Jesús
Sepúlveda, el exalcalde Pozuelo de Alarcón y exmarido de la ministra de
Sanidad Ana Mato, imputado en el sumario de la Gürtel. Sus vínculos quedaban
sellados a través de la fundación municipal Pozuelo Siglo XXI, de la que De
la Cruz era director general.
En un informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales
(UDEF) en mayo de 2009, tres meses después de estallar el caso Gürtel, los
agentes policiales le atribuyen a De la Cruz el cobro de 30.000 euros de la
caja B de Correa, según la documentación intervenida en sus oficinas de la
calle Serrano de Madrid. El informe policial mantiene que De la Cruz es
apoderado de varias sociedades de seguridad, entre ellas Serygur (Alium) y
otras afines y concluye que “está vinculado a Luis Bárcenas”. Según las
investigaciones de la Policía, el extesorero del PP, en la actualidad en la
cárcel de Soto del Real, presionó en 2007 a la Comunidad de Madrid para
obtener contratos a favor de De la Cruz y Serygur. Fuentes del Partido
Popular en Madrid afirman que Bárcenas y Lapuerta buscaban las
adjudicaciones "por su propio interés".
Ademas de apoderado de Serygur (Alium) desde 2007, Álvaro de la Cruz
compartía el mismo cargo en otras sociedades del grupo como Serycur,
ProtecnySegurity o Facilita Servicios Auxiliares. Todas ellas estaban
centralizadas en un mismo domicilio social y vinculadas a la sociedad que
conseguía los contratos millonarios en el consistorio madrileño.
Se da la circunstancia de que el ex alto cargo popular aparece en el
registro mercantil como administrador de todas esas sociedades con el nombre
de "Álvaro Cruz". Sin embargo, cuando inscribe su nombre en otras dos
empresas, exclusivamente de su propiedad -InternetXXI Soluciones
Tecnológicas Avanzadas y Ciudad21 Foro de Innovación Local-, sí lo hace con
la preposición y el artículo "de la".
Ni Álvaro Lapuerta ni Bárcenas figuran en el registro mercantil como socios,
apoderados o administradores de Serygur (Alium). Tampoco Ignacio del Río. En
todas las sociedades del grupo, desde su constitución en 1989, aparece como
administrador único un empresario de perfil bajo: José Luis Cuadros Arias.
Sin embargo, Cuadros es todo un desconocido en el sector de las empresas de
seguridad. Si se pregunta por él, todos coinciden en su condición de hombre
pantalla.
El Confidencial ha podido verificar, empero, en fuentes de la propia
compañía y del sector de la seguridad que el extesorero y el exgerente del
PP participaban en el negocio de la sociedad. No se ocultaban a la hora de
negociar contratos -gestiones que las realizaban en persona- y se valían de
su posición dentro de partido para obtener adjudicaciones de las
Administraciones regional y local de Madrid. Y, aunque en esas fechas los
populares habían sido desalojados de la Moncloa, Serygur también obtuvo
importantes adjudicaciones de la Administración central.
El nombre de Mariano como reclamo
Para convencer a los compañeros más reticentes, Bárcenas y Lapuerta
utilizaban como reclamo el nombre de Mariano Rajoy, como sucedió con algunos
de los contratos exigidos a la Comunidad de Madrid. Una de las frases más
recurrentes de Bárcenas, según un alto cargo de la Administración madrileña,
era: “Si no nos arropamos entre nosotros y favorecemos a los nuestros, quién
nos va a ayudar”. Ese discurso provocó roces con miembros del equipo de
Esperanza Aguirre en el Gobierno autonómico madrileño, en el que algunos
consejeros negociaron directamente las adjudicaciones con la empresa de
seguridad, tras las presiones de Bárcenas y Génova.
Serygur fue constituida en mayo de 1989 y fue una desconocida en el sector
hasta que, a mediados del 2000, desembarcaron en ella los altos cargos del
PP. En el registro figura como una sociedad anónima cuyo objeto social es
“la vigilancia y protección de toda clase de bienes muebles o inmuebles,
certámenes, ferias o cualquier acto público”, entre otros.
El último depósito de cuentas de la sociedad, declarado por sus
propietarios, está fechado en octubre de 2010 y corresponde al ejercicio de
2009. En ese año Serygur comienza a comprobar cómo se le pincha el globo del
tráfico de influencias. La sociedad se ve penalizada por el escándalo que
arrastra el estallido de la operación Gürtel y la posterior caída de los
contratos y el volumen de negocio. Se podría afirmar que existe una
causa-efecto entre las investigaciones a Correa y Bárcenas y el declive de
Serygur.
Para afrontar la tormenta, sus políticos-accionistas decidieron modificar,
en abril de 2009, la denominación social de Serygur por la de Alium. Un mes
después, Álvaro de la Cruz también dimitía como apoderado. Esas decisiones
coincidían con las filtraciones sobre las investigaciones secretas del juez
Baltasar Garzón acerca de las relaciones inconfesables entre Bárcenas y
Correa. El escándalo provocó la dimisión de este como senador y su salida de
la Tesorería de Génova, tras ser imputado en el caso Gürtel por el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid.
Ni que decir tiene que las caídas de Bárcenas y De la Cruz provocaron una
importante merma en el negocio de Serygur. En el ejercicio de 2009, según
los propios datos de la empresa de seguridad, los ingresos cayeron en
picado. De recaudar 13 millones de euros en 2006; 16, en 2007 y 11, en
2008, la recaudación descendió a 8,7 millones en 2009, con unas pérdidas
declaradas de 1,6 millones.
De la opulencia a la nada
Los cuatro años de crecimiento meteórico, con la adjudicación de la
vigilancia de edificios públicos, permitieron incluso a Serygur situarse en
el puesto 17 del ranking nacional por facturación, entre más de 500 empresas
de seguridad. Esa evolución también se manifestó en sus signos externos: de
unas modestas instalaciones en la calle Alcocer, en el barrio obrero de
Villaverde, pasaron a un moderno y lujoso edificio en la carretera de La
Coruña. Sin embargo, tras la quiebra, las instalaciones de la zona
residencial de Las Rozas fueron abandonadas y la empresa regresó a su
domicilio original de Villaverde.
Con la deserción de los pesos pesados del PP, Serygur/Alium regresaba a la
realidad de su potencial, a los años en los que ingresaba 1,6 millones, en
1999, o 5,2 en 2000. Las palabras de un exdirectivo de la compañía, que
prefiere permanecer en el anonimato, son concluyentes: “Aquello era un
chiringuito iluminado por las influencias de Bárcenas y De la Cruz. Pero la
luz se apagó cuando el caso Gürtel se llevó todo por delante y los contratos
con la Administración dejaron de llegar. Los otrora conseguidores
influyentes del PP pasaron a convertirse en unos apestados”.
En la actualidad, las acciones de Serygur/Alium están en poder de la
sociedad Lovermats SL en un 81,08% del capital; de Gloria Cabañas Aranda, en
un 15,71%, de José Luis Cuadros Arias, en un 2,9 y de ProtecnySegurity, en
un 0,31%. En la práctica, la propiedad pertenece a su administrador y
fundador, José Luis Cuadros, ya que su esposa, Gloria Cabañas, que tiene
estudios de enfermería, figura en el registro como la única accionista de
Lovermats. La pareja reúne, por tanto, el 99,69 de la compañía.
El matrimonio Cuadros/Cabañas ha estado arropado en el negocio por el equipo
directivo de sus comienzos: Juan Antonio Martínez Peinado, director
financiero de Serygur; Carmen Pernía, la directora general, colocada por
Álvaro de la Cruz; el padre de la anterior, Ángel María PerníaPernía; y los
hermanos del exdirigente del PP, María de los Ángeles de la Cruz y Emilio de
la Cruz.
Este diario ha intentado por todos los medios contactar con José Luis Cuadro
y Gloria Cabañas, pero las gestiones han resultado infructuosas. Los
teléfonos de Serygur, que figuran en las guías de empresas de seguridad y en
la propia web de la compañía, no están operativos y los números particulares
del matrimonio asimismo están inactivos. Como su domicilio familiar, un
lujoso chalé de Las Rozas, valorado en tres millones de euros, que ha salido
a pública subasta este verano.
http://www.elconfidencial.com/espana/2013-09-16/gallardon-adjudico-10-millones-a-una-sociedad-ligada-a-barcenas-y-lapuerta_28691/
La
‘Gürtel’ pagó un lujoso viaje de novios por 21.000 euros a un
exdiputado del PP
Como en la boda Aznar-Agag, Correa asumió costes de los enlaces
del exparlamentario Martín Vasco y el exalcalde de Arganda
La trama Gürtel no sólo pagó gastos de la boda de la hija de
Aznar con Alejandro Agag, también agasajó a cargos populares con
regalos similares. Son los casos del exdiputado de la Asamblea de
Madrid Benjamín Martín Vasco y el exalcalde de Arganda, Ginés López.
Un viaje de novios de 21.000 euros
Un informe policial remitido al instructor del caso Gürtel, Pablo
Ruz, al que ha tenido acceso la SER, incluye información sobre las
facturas que corroboran los gastos a Martín Vasco y Ginés López.
El entramado empresarial de Francisco Correa corrió con los gastos
de la lujosa boda y viaje de novios de Martín Vasco. Sólo este
último costó más de 21.000 euros. El exdiputado popular se libró de
abonar, además, las banquetas de Teka y, como en la boda Aznar-Agag-
la iluminación, el auto, el minibús para los amigos del novio.
Benjamín Vasco y su esposa se fueron de luna de miel por Estados
Unidos y Polinesia, en hoteles de cinco estrellas, a cargo también
de la Gürtel.
Cheques de 3.000 euros por servicios no realizados
La Policía también encontró numerosos cheques, por casi 3.000 euros
cada uno, pagados por Francisco Correa al exdiputado a cambio de
servicios que realmente no se realizaron.
Microondas a costa de la Gürtel
La trama abonó, además, casi 6.000 euros por diversos
electrodomésticos para el domicilio de Vasco: dos televisores de
marca Loewe, un horno microondas y una nevera marca Bosch.
3.000 euros para la boda de Ginés López
Los investigadores han incluido en su informe un gasto de unos 3.000
euros hecho por la Gürtel, esta vez para el viaje de novios del
exalcalde de Arganda Ginés López.
Declaraciones ante el juez
Martín Vasco y Ginés López tendrán que declarar ante el juez el
próximo lunes, cuando están citados, también, la esposa del
exdiputado regional y el empresario Fernando Martín.
http://www.elplural.com/2013/09/14/la-gurtel-pago-un-lujoso-viaje-de-novios-por-21-000-euros-a-un-exdiputado-del-pp/
LA POLICÍA FIJA EN EL
10% LA COMISIÓN ILEGAL QUE COBRABA EL ORGANIZADOR DE LOS ACTOS DE
AGUIRRE
El número de trabajos que organizó la red corrupta a la presidenta
madrileña en cuatro años fue de 348, que generaron a López Viejo
290.000 euros en comisiones
La trama incluía la cantidad para el exconsejero entre los gastos
que debía abonar la Comunidad de Madrid, que era quién cargaba con
el sobreprecio
El importe de la comisión "lo soportaba la Administración pública",
explica la Policía Judicial.
Alberto López Viejo, el exconsejero de Deportes madrileño imputado
en el caso Gürtel, cobraba el 10% del dinero total que Francisco
Correa se embolsó entre 2004 y 2007 organizando los actos de la
entonces presidenta madrileña, Esperanza Aguirre. Esta es la
principal conclusión que contiene un informe de la Policía Judicial
del pasado 29 de julio que analiza la documentación de las empresas
de Gürtel, y que pone de manifiesto también que el número de actos
que organizó Correa a la presidenta madrileña en cuatro años fue de
348, que le generaron 290.000 euros en comisiones a López Viejo. La
mayor parte de estos actos, según la Intervención General del Estado
(IGAE) fueron otorgados a Correa a dedo, sin concurso público.
López Viejo era una persona de la máxima confianza de Aguirre y
tenía encomendada la misión de organizarle los actos. Ese acceso a
la presidente madrileña le permitía decidir con quién contrataba, y
lo hacía casi siempre con la red corrupta de Correa, a cambio de las
comisiones ilegales.
En la contabilidad de las sociedades de Correa el concepto 'varios'
escondía las comisiones ilegales para López Viejo: "Correspondía en
la mayoría de las ocasiones con el 10% del importe facturado. Este
dinero era entregado a López Viejo por la intermediación en la
contratación de las sociedades madrileñas del Grupo Correa para la
ejecución de diversos trabajos para varias de las consejerías de la
Comunidad de Madrid, debido al puesto de trabajo que ocupaba en esos
momentos", indica la Policía.
Según la Policía Judicial, el modo en el que los responsables de la
trama calculaban la parte de López Viejo consistía en sumar los
importes de los costes de ejecución del evento. "Una vez calculado
este resultado, obtenían el 10% o el porcentaje correspondiente,
pues en algunos casos era inferior o superior". A partir de 2006, el
porcentaje lo calculaban de la misma manera, aunque empleaban como
base de cálculo el importe total de la facturación, lo que suponía
una ampliación del beneficio de López Viejo.
Aplicaban el margen de beneficio
Al analizar la documentación de las empresas de Correa, la Policía
llega a la conclusión de que a la hora de facturar los trabajos, los
dirigentes de la red corrupta imputaban el 10% de López Viejo como
otro gasto más de la ejecución del acto: "También le aplicaban el
margen de beneficio correspondiente, de tal manera que las empresas
nunca perdían dinero, siendo la Administración Pública la que en
última instancia soportaba esa comisión".
Los agentes también han comprobado cómo miembros de la organización
corrupta, en unos casos Isabel Jordán y en otros el propio Francisco
Correa, llevaron a cabo entregas de efectivo a Alberto López Viejo
entre los años 2004 y 2007. "Estos pagos ascendieron a la cantidad
de 397.000 euros aportados en doce entregas diferentes, con origen
en las cantidades incluidas en cada acto realizado para la Comunidad
de Madrid, y con el concepto de varios". A esta suma habría que
añadir a la cuenta de López Viejo otros 14.000 euros procedentes de
la empresa Easy Concept.
El informe de la Policía llega a la mesa del juez Pablo Ruz después
de que la semana pasada decidiera llamar a declarar como imputada a
Teresa Gabarra, la mujer de López Viejo, ante la existencia de
indicios que apuntan a que participó en el blanqueo del dinero que
presuntamente cobraba su marido en concepto de comisiones por la
adjudicación de contratos a empresas de la trama Gürtel.
En un auto del pasado viernes, el magistrado detalla que el
matrimonio mantenía una cuenta en el banco Mirabaud de Ginebra en la
que Gabarra figuraba como apoderada, "con facultades para todas las
transacciones".
Concejal de Moratalaz (Madrid)
El depósito se nutrió de ingresos en efectivo realizados entre julio
y octubre del año 2002, en distintas monedas, y alcanzó un saldo
total cercano al medio millón de euros. "Precisamente en esas
fechas, Alberto López Viejo ocupaba el cargo de concejal de limpieza
del Ayuntamiento de Madrid" y se adjudicó a la sociedad Sufi un
contrato de limpieza en el distrito de Moratalaz, especifica el
auto.
El auto precisa que un mes más tarde, se llevaron a cabo por parte
de Gabarra y López Viejo diversas operaciones de compra y venta de
inmuebles y obtención y cancelación de préstamos hipotecarios. "Se
ingresó para el pago de uno de ellos 91.500 euros en efectivo y se
transfirió desde una cuenta titularidad de Teresa Gabarra más de
medio millón de euros como parte del precio de la compra de un
inmueble", informa Europa Press.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/08/06/la_policia_confirma_que_lopez_viejo_cobraba_del_dinero_que_pagaba_correa_por_organizar_los_actos_aguirre_6609_1012.html
UN ACUSADO
DE LA GÜRTEL SE NIEGA A DECLARAR ANTE EL JUEZ
El expropietario de Constructora Hispánica, Alfonso García Pozuelo
también rechazó hablar en mayo
El expropietario de Constructora Hispánica Alfonso García Pozuelo se
negó ayer de nuevo a prestar declaración ante el juez que instruye
el llamado caso Gürtel, Pablo Ruz, tal y como hizo el pasado 27 de
mayo cuando el magistrado tomó declaración a siete empresarios
imputados por supuestas donaciones irregulares al Partido Popular.
El juez Pablo Ruz había citado ayer a García Pozuelo y al presunto
blanqueador de la red Gürtel Ramón Blanco Balín para interrogarles
acerca de varios contratos sospechosos adjudicados a sus empresas
por el Ayuntamiento de Boadilla del Monte, del PP.
En el auto de citación, Ruz explicaba que dos de las empresas
beneficiadas con contratos a cambio de comisiones pagadas a cargos
públicos del consistorio eran Constructora Hispánica SA y a EOC de
Obras y Servicios, vinculadas a García Pozuelo.
Destacaba el juez como “especialmente relevantes” las adjudicaciones
relacionadas con García Pozuelo, entre las que se cuentan la
ejecución de las obras del parque del Deporte y la Salud de Boadilla
del Monte y las obras para la eliminación de barreras
arquitectónicas en el casco urbano del municipio.
Contratos irregulares
Blanco Balín, por su parte, sí accedió a declarar ante el juez
acerca de esos contratos en Boadilla y también sobre las presuntas
contrataciones irregulares en el Ayuntamiento de Arganda del Rey,
hechos estos últimos por los que le había citado para el 16 de
septiembre, día en el que ya no deberá comparecer al haber
respondido ayer sobre este asunto.
También comparecieron ayer en el juzgado el exalcalde de
Majadahonda, Guillermo Ortega; Elena Villaroya, mujer del exalcalde
de Boadilla Arturo González Panero, y el considerado también
blanqueador de Gürtel Eduardo Eraso.
El juez les preguntó si tenían previsto impugnar la comisión
rogatoria de Suiza que tienen pendiente de conocer. Se sospecha que
en este país pueden tener cuentas bancarias no declaradas.
Todos ellos manifestaron su consentimiento a esa comisión rogatoria,
aunque Eraso advirtió de que solo es suya una cuenta en el banco
Crédit Suisse, mientras que otros movimientos bancarios que se le
atribuyen en Suiza no son suyos, según aseguró.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/30/madrid/1375175532_990233.html
EL EXALCALDE DE
MAJADAHONDA PERMITE QUE SE ACCEDA A SUS CUENTAS EN SUIZA
El excalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega y la esposa
del exalcalde de Boadilla Arturo González Panero, Elena Villarroya,
ambos imputados en la rama madrileña del "caso Gürtel", han acudido
este lunes a la Audiencia Nacional para dar al juez instructor de la
causa, Pablo Ruz, permiso expreso para remitir a Suiza sendas
comisiones rogatorias relativas a determinadas cuentas que tienen
abiertas en la confederación helvética.
Para el mismo trámite tambien ha acudido este lunes ante el juez
central de Instrucción número 5 el presunto blanqueador de la trama
comandada por Francisco Correa Eduardo Eraso, que ha dado su permiso
para que la justicia española pueda acceder únicamente a una de las
cuentas que se le atribuyen, abierta en el CreditSuisse. Para el
resto no ha dado su permiso porque niega que sean suyas, han
informado fuentes jurídicas.
Igualmente, este lunes comparecieron ante el juez Ruz el empresario
Alfonso García Pozuelo, quien se negó a declarar, y el abogado Ramón
Blanco Balín, que además de por su implicación en la trama referida
a Majadahonda y Boadilla ha sido interrogado por las supuesta
entrega de dádivas a cambio de contratos públicos para empresas
vinculadas a la trama en Arganda del Rey, aspecto para el que había
sido citado para el 16 de septiembre.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-ex-alcalde-majadahonda-mujer-boadilla-permiten-acceda-cuentas-suiza-20130729143311.html
RUZ CITA PARA
SEPTIEMBRE A JORDÁN Y OTROS 6 IMPLICADOS EN LA TRAMA DE OBTENCIÓN DE
CONTRATOS PÚBLICOS EN MADRID
El instructor del "caso Gürtel", Pablo Ruz, ha citado en calidad de
imputados para los próximos 11 y 12 de septiembre a la que fuera
empleada del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, hasta
2007, Isabel Jordán, y otras seis personas vinculadas con el grupo
de sociedades creadas por éste para la obtención irregular de
contratos públicos.
Se les imputan delitos contra la administración pública, cohecho,
prevaricación, malversación y fraude a la administración pública,
delitos contra la Hacienda pública, falsedad en documento mercantil
y blanqueo. Algunos de ellos ya declararon cuando la causa estaba
secreta.
Jordán declarará el día 11 y ese mismo día están citados Javier
Nombela y Alicía Mínguez Chacón, encargados de la facturación y de
la gestión contable del entramado societario, además de la
colaboradora Mónica Magariños, quien según el juez "habría permitido
que se contratara una caja de seguridad a su nombre para
desvincularla de sus verdaderos titulares".
Un día después comparecerán Pablo Collado Serra (sustituto de Jordán
la primera en la administración de las sociedades) y otras dos
personas vinculadas con la confección de facturas falsas y que
serían los encargados de elaborar las declaraciones tributarias de
la trama: Carlos Ignacio Hernández-Montiel Gener y Pablo Ignacio
Gallo Alcántara Criado
El auto de citaciones dictado este viernes por Ruz les vincula con
el grupo de Correa y del abogado también imputado en la trama Ramón
Blanco Balín para presentarse a concursos públicos como entidades
independientes, vulnerando los principios de publicidad y
concurrencia, así como simulando operaciones mercantiles para
reducir la cuota tributaria.
Connivencia con cargos públicos
Según el juez, este grupo de sociedades habría obtenido múltiples
adjudicaciones públicas de forma irregular en connivencia con
distintos cargos públicos con influencia o competencia en el ámbito
de la contratación pública a los que entregaban dádivas en forma de
regalos, viajes, artículos de joyería o efectivo.
Esta actividad se desplegó básicamente en la Comunidad de Madrid, en
los municipios de Boadilla del Monte, Pozuelo de Alarcón y Arganda
del Rey, y la práctica más habitual sería la de fraccionar los
contratos en varios servicios de cuantía inferior a 12.020,24 euros,
de modo que las adjudicaciones se pudieran obtener sin concurso.
En otras ocasiones, según detalla el auto, los implicados habrían
obtenidos los pliegos de condiciones administrativas y técnicas
"antes de su publicación oficial llegando incluso a participar en la
redacción de los mismos".
Para alcanzar sus fines, la trama habría hecho uso de otras
sociedades ajenas al grupo como Elba Grupo Comunicación S.L.,
Marketing Quality Management SI (MQM), y el "grupo Rafael"
(Fotomecánica Rafael S.A., Techimagen Rafael S.L., Fotomecánica
Doble M S.L. y Kilda producciones Fotográficas S.L.).
Al menos parte del dinero entregado a cargos públicos, según el
juez, se habrían generado con la elaboración de facturas falsas
simulando servicios facturados a otras sociedades o profesionales (KloberAster
S.L., Loribel S.L., Clásica Capital S.L., Elvinde Europea S.L., El
dinero revertiría en la caja B del entramado.
Empleados de Easy Concept
En otro auto, Ruz acuerda la práctica de varias diligencias
solicitadas en su día por Isabel Jordán, consistentes en la
aportación de documentos de las empresas investigadas y la
declaración como testigos también el próximo 12 de septiembre de los
trabajadores de Easy Concept Cristina Montaña Claver, Noemí Martínez
Mouteira y Laura Sánchez Martínez.
En la primera de sus resoluciones, el magistrado se hace eco de un
dictamen de la Fiscalía en el que se señala que Correa, su mano
derecha Pablo Crespo y Blanco Balín idearon en 2005 la constitución
de un grupo de sociedades dedicado a la organización de eventos que
continuara con la actividad anteriormente desarrollada por en
tidades como Special Events S.L., Boomerangdrive S.L. y Technology
Consulting Management S.L. (TCM) pero que apareciera desvinculada
del primero.
Este nuevo grupo estaría formado por Good&Better S.L., Diseño
Asimétrico S.L., Servimadrid Integral S.L. e Easy Concept
Comunicación S.L.(antes Down Town consulting), participadas por los
tres antes señalados más Isabel Jordán.
Para ocultar la participación de Correa y Crespo en estas sociedades
dicha participación se canalizó a través de Hator Consulting S.A.,
en la que participaba Correa en un 50 por ciento (Inversiones
Kintamani S.L.), Crespo en un 20 por ciento (Cresva S.L.) y Blanco
Balín en el 30 por ciento restante (R. Blanco Asesores Fiscales S.L.).
Todas ellas, sin embargo, "funcionarian desde todos los puntos de
vista como una única mercantil con identidad de actividad,
trabajadores y administración", según el juez. Jordán administró
estas sociedades bajo instrucciónes de Correa.
"Operación Arganda"
Por otra parte, el juez Central de Instrucción número 5 ha citado
también para septiembre, concretamente el día 16, al exalcalde de
Arganda Ginés López, al ex diputado del PP Benjamín Martín Vasco, al
propietario de Martinsa Fadesa Fernando Martín Álvarez y al abogado
Blanco Balín también como imputados.
También siguiendo el dictamen de la Fiscalía Anticorrupción, el juez
detalla en su auto de citación que desde 2003 desde el entorno de
Correa se habrían entregado dádivas al exprimer edil de Arganda y al
exdiputado y exconcejal de este municipio Martín Vasco, así como al
que fuera responsable de la Empresa Municipal de la Vivienda en este
municipio Juan Fernández Caballero. Ninguno de los cobros o regalos
fueron declarados a Hacienda.
Como operación relevante, Ruz destaca en su auto la conocida como
"Operación Arganda", que concluiría en noviembre de 2004 con la
adjudicación por el Ayuntamiento a la empresa promotora Martinsa de
una parcela para construir, lo que justifica la citación de Martín
Álvarez como imputado.
http://www.europapress.es/nacional/noticia-ruz-cita-septiembre-jordan-otros-implicados-trama-obtencion-contratos-publicos-madrid-20130726161936.html
LOS VISITADORES DE LA TRAMA GÜRTEL
La trama organizó dos
días de reuniones con los responsables de las consejerías que ponían
problemas para pagar las facturas irregulares
La Intervención General
del Estado (IGAE) ha enviado al juez que investiga la trama Gürtel, Pablo
Ruz, un detallado informe sobre cómo este grupo dirigido por Francisco
Correa lograba los contratos de la Comunidad. En total, 5,1 millones, de los
que 240.00 euros fueron para Alberto López Viejo, exconsejero del Gobierno
de Esperanza Aguirre. Los auditores explican con detenimiento su modus
operandi e, incluso, los problemas que tenían, consejería por consejería,
para convencer a sus responsables de que pagasen las facturas que les
giraban. Si estos no pagaban, los miembros de la trama les visitaban para
convencerlos o pedían a Alberto López Viejo que lo solucionase. Todo quedó
escrito en un documento que halló la policía y que se denomina Informe sobre
visitas a las consejerías.Según los investigadores, “las conclusiones
obtenidas” tras analizar estos nuevos documentos y que complementan un
anterior informe de abril pasado, “siguen siendo válidas”.
Este es su resumen:
“El Grupo FCS
[iniciales de Francisco Correa Sánchez] de forma artificial fraccionaba el
objeto del contrato [que lograba de las consejerías] mediante la emisión de
varias facturas siempre por importe inferior a 12.120,24 euros con el fin de
eludir los requisitos de publicidad o relativos al procedimiento de
adjudicación”. Por encima de esta cantidad hay que convocar un concurso o
invitar a varias empresas para que presenten sus ofertas. Luego, el
organismo que requiere los servicios decide de acuerdo con unos baremos
legales. Todo está reglado.
Para evitar los
controles, el grupo emitía facturas con diferentes empresas de su propiedad.
Los auditores mencionan las siguientes: Easy Concept, ServiMadrid, Diseño
Asimétrico y Bomerangdrive. “Posteriormente, el grupo [de Correa] actuaba en
colaboración con otras empresas que inicialmente eran sus proveedores de
servicios [FCS carecía de la infraestructura para darlos por lo que tenía
que subcontratarlos]. El más importante era el Grupo Rafael, formado por las
empresas Fotomecánica Rafael, Fotomecánica Doble, Kilda Producciones y Dimo
Stand, aunque también colaboraba con otras como Raro, Dinámica, Ilusiona,
Latalatina y Apogee Telecomunicaciones”.
Esta colaboración
implicaba que los servicios que prestaban las subcontratas —las que hacían
en realidad los trabajos— eran facturados directamente a la Comunidad, “pero
siguiendo las indicaciones de FCS”. “Se había establecido un sistema de
compensación cruzada, de forma que estas empresas colaboradoras facturaban y
cobraban de la Comunidad y posteriormente las sociedades del grupo FCS les
emitían facturas por un importe inferior, siendo la diferencia el beneficio
que obtenían por sus servicios de intermediación”.
El exconsejero López
Viejo recibió 290.000 euros del entramado, según los investigadores
Pero el fraccionamiento
de las facturas provocaba que algunas consejerías se negasen a pagar. Sus
responsables (directivos o funcionarios) no entendían por qué un trabajo —en
el informe mencionan 348 de ellos, desde el homenaje a las víctimas del 11-M
hasta el belén navideño de la Puerta del Sol— estaba fraccionado.
Así, algunas consejerías
pusieron trabas: pedían más datos, rechazaban el pago o daban largas. La
trama decidió entonces llamarles por teléfono o visitarlos. El programa de
visitas duró dos días (21 y 22 de julio de 2006). Los resultados quedaron
plasmados en un documento que los investigadores hallaron:
Consejería de Cultura y
Deportes. “De esta factura no se van a hacer cargo, lo que me dicen es que
si lo encargó Presidencia, que lo paguen ellos”. (10.297,13 euros)
Dirección General de
Deportes. “Estas dos facturas se las entregué en mano a Antonio Guerrero
\[subdirector general\], ya que decía que no las tenía. Me dijo que las iba
a tramitar y que si tenía cualquier problema nos llamaría” (12.153,80
euros).
Consejería de
Presidencia. “Se las he vuelto a enviar a Edelmiro [Galván, jefe de
Gabinete], ya que nos dice que no las tiene” (15.092,68).
Consejería de
Inmigración. “Ya están en tesorería y entre mediados y finales de julio
\[nos dicen que\] las pagarán” (23.170,36).
Consejería de Asuntos
Sociales. “Me dice María del Mar Gil que estas facturas ya están tramitadas
y en tesorería. No me ha confirmado cuándo nos la pagarán” (11.549,17
euros).
Consejería de Economía.
“No puedo hablar con nadie, solo con Toñi (secretaria general técnica) y no
quiere saber nada” (3.734,87).
Consejería de Empleo y
Mujer. “De estas facturas Lourdes Berreda [subsecretaria] nos dice que no se
quieren hacer cargo, ya que se ve claramente que es un fraccionamiento del
acto. Que ellos no pueden asumir costes tan elevados. Me ha dicho que si
desde la Consejería de Presidencia dan la orden de que hay que pagarlas,
pues que lo más probable es que lo hagan, pero que si no, no hay manera. Y
he hablado con Carmen [sin apellido] y le he comentado el problema. Me ha
dicho que tiene que hablar con el viceconsejero” (30.014,57 euros).
Consejería de Sanidad.
“De momento no me puede decir nada, pero lo más seguro es que nos hagan
cambiar las facturas y tendremos que refacturar directamente con los
hospitales” (13.011,98 euros).
Finalmente, la trama
escribe a Alberto López Viejo y le explica que están “teniendo muchos
problemas para cobrar en la Comunidad”. Detallan que las consejerías se
niegan porque no han encargado los trabajos. “Cuando les llamas para
reclamar, no te hacen caso. Te dicen que no tienen las facturas. Vamos en
persona a cada consejería. Se las llevamos en mano. Cuando les vuelves a
llamar, te dicen que siguen sin tener las facturas. También te dicen que
tienen que hablar con sus jefes o con las personas que llevan el tema y
siempre están fuera o de reuniones”.
Y ponen un ejemplo:
“Hemos hablado con Antonio Puentes [de la Consejería de Educación]. Nos dijo
que no estaba muy conforme [con las facturas] y desde ese día no se ha
vuelto a poner al teléfono”.
La esposa de López Viejo, imputada
Teresa Gabarra, esposa
de Alberto López Viejo, ha sido imputada por el juez Ruz por una cuenta que
abrió su marido en Suiza y de la que ella es apoderada. Gabarra ha sido
llamada a declarar el próximo 16 de septiembre, junto con el exdiputado de
la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco; al exalcalde de Arganda del Rey
Ginés López; el presidente de Martinsa, Fernando Martín Álvarez, y el
presunto blanqueador de Gürtel, Ramón Blanco Balín.
En un auto notificado
ayer, Ruz decide la imputación de Gabarra tras conocer que, el 31 de mayo de
2002, López Viejo abrió una cuenta en la sucursal del banco Mirabaud& Cie de
Ginebra, en la que su esposa figuraba como apoderada general.
Esa condición le
otorgaba a Gabarra, según el juez, “facultades para todas las transacciones
relativas a esa cuenta, incluidas las de comprar y vender sus activos,
retirar los fondos y disponer de cualquier forma de los títulos, fondos y
valores”.
Dicha cuenta, añade el
auto, se nutrió de ingresos en efectivo realizados entre el 23 de julio y el
29 de octubre de 2002 por un importe total de 495.450 francos suizos,
42.393,75 libras esterlinas y 46.784,63 euros.
En esas fechas, López
Viejo ocupaba el cargo de concejal de Limpieza en el Ayuntamiento de Madrid,
cuando se adjudicó a la sociedad Sufi el contrato de “gestión del servicio
público de limpieza viaria” en Moratalaz, “adjudicación respecto de la que
se investiga el posible pago de comisiones”.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/26/madrid/1374862775_344837.html
DESAHUCIAN AL
EXALCALDE DE MAJADAHONDA, IMPUTADO EN EL CASO GÜRTEL
No ha podido hacer frente a los pagos de la hipoteca con la que
compró su casa en el municipio madrileño.
La mitad de la vivienda, la que corresponde a Ortega, se encuentra
ya embargada por orden de la Audiencia Nacional.
El exalcalde de Majadahonda (Madrid) Guillermo Ortega, imputado en
la Audiencia Nacional en el marco del ‘caso Gürtel’, se encuentra
inmerso en proceso de desahucio iniciado después de que no haya
podido hacer frente a los pagos de la hipoteca con la que compró su
casa en el municipio madrileño.
Este proceso de desahucio, que instruye el Juzgado de Primera
Instancia número 6 de Majadahonda, se ha topado con un escollo: la
mitad de la vivienda, la que corresponde a Ortega, se encuentra
embargada por orden de la Audiencia Nacional.
El instructor del ‘caso Gürtel’, el juez Pablo Ruz, decretó el
embargo de los bienes de Ortega después de que el antiguo regidor no
haya podido abonar la fianza de responsabilidad civil que le fue
impuesta para que pueda devolver el dinero presuntamente defraudado
si es condenado.
El Registro de la Propiedad de Majadahonda ha remitido a la
Audiencia Nacional un escrito en el que comunica a Ruz el proceso de
desahucio seguido contra Ortega. El escrito, al que ha tenido acceso
Servimedia, señala que “sobre la mitad indivisa de la citada finca
propiedad de Guillermo Ortega aparece anotado un embargo, que se
sigue en el Juzgado Central de Instrucción número 5, Audiencia
Nacional”.
Prueba caligráfica
Ruz sometió el 7 de junio al exalcalde de Majadahonda a una prueba
caligráfica para determinar si es el autor de unas órdenes de
transferencia manuscritas encontradas en un banco de Suiza.La prueba
caligráfica se está cotejando con las órdenes de transferencia
remitidas por las autoridades suizas y con las que habría
transferido entre 2002 y 2003 un total de 270.781 euros desde el
banco CIC suizo a cuentas españolas.
El juez Ruz ordenó la práctica de esta prueba después de que el
presunto testaferro de la red ‘Gürtel’, Antonio Villaverde,
reconociese en la declaración que prestó el pasado 23 de abril que
fue apoderado de unas cuentas que el exalcalde de Majadahonda tenía
en Suiza. Estos datos se vieron corroborados por la última
información remitida a la Audiencia Nacional por las autoridades
suizas, en la que consta que Villaverde aparecía como autorizado en
una cuenta en el banco CIC a nombre de la sociedad Tranquil Sea
Inc., en la que también operaba Ortega.
http://noticias.lainformacion.com/espana/desahucian-al-exalcalde-de-majadahonda-imputado-en-el-caso-gurtel_JjxugOShhS97NUu36YwpQ1/
RUZ PREGUNTA A ANTICORRUPCIÓN SI DEBE LLAMAR A DECLARAR A
ESPERANZA AGUIRRE
Los socialistas madrileños quieren que la expresidenta regional
testifique sobre los fraccionamientos de contratos para la trama
Gürtel
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha preguntado a la
Fiscalía Anticorrupción si debe citar a declarar como testigo a la
expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre en el marco
de la causa de investiga la adjudicación fraudulenta de contratos a
empresas de la trama Gürtel.
El magistrado ha tramitado la solicitud realizada por el Partido
Socialista Madrileño (PSM) en un escrito al que ha tenido acceso
Europa Press. La acusación popular asegura que Aguirre "debía tener
conocimiento directo, cuando no participación, de la forma en que se
contrataban las empresas de sus actos".
La Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y 2008 un total
de 104 contratos con la red 'Gürtel', por un importe total de
3.160.549,23 euros, para "eludir los requisitos de publicidad y de
adjudicación" establecidos por la ley, según constaba en un informe
de la Intervención General de la Administración del Estado del
pasado mes de abril.
El dictamen analizaba un total de 686 operaciones por un importe de
6.484.080,07 euros adjudicados por la administración autonómica que
se concretaron en seis expedientes de contratación por un importe
total de 1.148.271,62 euros y en 657 expedientes tramitados como
contratos menores por un total de 5.335.808,45 euros.
Entre los actos investigados se encuentran la Cumbre Flamenca 2005,
la celebración del Día de la Comunidad de Madrid y los Premios de
Cultura y la Medalla Internacional de las Artes 2005, así como
contratos del Ente Público Radio Televisión Madrid (RTVM),
Promomadrid y Arpegio con empresas como Servimadrid, MQM, CMR o
Pasadena Viajes.
El desglose por consejerías revela que el departamento de Cultura,
Deportes y Turismo, que dirigía el imputado en el 'caso Gürtel'
Alberto López Viejo, organizó 23 actos por importe de 719.345,85
euros. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por su
parte, contrató 24 actos con las empresas de Francisco Correa por
importe de 974.107,45 euros.
Los socialistas especifican en su escrito que, con ocasión de la
dimisión de López Viejo como diputado del PP y consejero de
Deportes, Aguirre realizó unas declaraciones en las que indicaba que
le dio "instrucciones clarísimas de no contratar ninguno de mis
actos con esas empresas".
"Si impartió instrucciones a López Viejo de no contratación es
porque conocía que sí se estaban contratando con las mismas", deduce
el PSM. "No deja de ser llamativo que una autoridad administrativa
pueda impartir órdenes de contratar o no contratar fuera de los
expedientes administrativos correspondientes", agrega el escrito.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/04/actualidad/1372961158_346703.html
AGUIRRE TRASLADA A RAJOY LA PETICIÓN DE INVESTIGAR A LA DIPUTADA
PROTEGIDA DE LAPUERTA
La presidenta del PP de Madrid anunció el lunes la apertura de una
investigación en el seno del comité de derechos y garantías regional
sobre el patrimonio, desvelado por El Mundo, de la diputada Carmen
Rodríguez Flores, amiga íntima de Álvaro Lapuerta, extesorero del PP
Según los estatutos del partido, el órgano facultado para abrir un
expediente a una diputada nacional es el comité de derechos y
garantías nacional
El PP de Madrid trasladará el caso al órgano nacional
correspondiente
El comité de derechos y garantías del PP de Madrid trasladará en los
próximos días a su órgano homólogo nacional la petición de
investigar el patrimonio de la diputada Carmen Rodríguez Flores. Tal
y como adelantó infoLibre, el órgano, que a nivel regional preside
la delegada del Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, no es
competente para abrir un expediente a un parlamentario nacional, por
lo que la queja ha de ser derivada al comité de conflictos nacional,
presidido por Alfonso Fernández Mañueco. La pelota está, pues, en el
tejado de Mariano Rajoy. Será la dirección nacional del partido la
que tenga que decidir si abre expediente a Rodríguez Flores, amiga
íntima del extesorero Álvaro Lapuerta.
Todo arrancó este lunes después de que el diario El Mundo publicara
que "un donante de Bárcenas traspasó tres naves a la protegida de
Lapuerta". Una noticia ante la que la presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, reaccionó anunciando que Rodríguez Flores tendría
"la oportunidad de dar explicaciones" ante el comité de derechos y
garantías regional. La "protegida" de Lapuerta es diputada por
Madrid y, además, concejal del distrito de Arganzuela.
El Mundo precisa que el constructor andaluz José Luis Sánchez
Domínguez (Sando), imputado en el caso Bárcenas, traspasó en 2000 y
2005 a la diputada tres propiedades tasadas en 800.000 euros.
La noticia provocó un terremoto en el partido. Porque a la reacción
de Aguirre siguió otra del abogado de la diputada en la que instaba
a la presidenta del PP de Madrid a dar explicaciones sobre la trama
de espionaje desatada en 2008 en la Comunidad de Madrid y sobre
ciertas adjudicaciones de la Comunidad. No pasa por alto que
Rodríguez Flores fue víctima de uno de los seguimientos.
El próximo martes está prevista una nueva reunión del comité de
derechos y garantías del PP de Madrid. Fuentes del partido
consultadas apuntan a que podría ser en esta reunión en la que se dé
traslado al nacional de la petición de investigar a la diputada.
En el partido atribuyen la presencia de Rodríguez Flores en las
listas al Congreso y al ayuntamiento a las presiones de Lapuerta
ante la dirección nacional del PP.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/07/04/aguirre_traslada_rajoy_peticion_investigar_diputada_protegida_lapuerta_5501_1012.html
RUZ REACTIVA LA INVESTIGACIÓN DEL ‘CASO GÜRTEL’ EN BOADILLA DEL
MONTE
El juez instructor cita a declarar de nuevo al exalcalde
González Panero y al exdiputado regional Alfredo Bosch, entre otros
políticos y empresarios imputados
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz está próximo a cerrar la
instrucción del caso Gürtel, la gran trama de corrupción en el
Partido Popular. Y para ello trata de apuntalar judicialmente las
diferentes ramas de la investigación. Una de ellas tiene que ver con
el ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, en el que las
empresas de organización de eventos de Francisco Correa y otras
empresas –la mayoría constructoras- cubrieron de regalos y dinero a
los políticos locales a cambio de adjudicaciones de contratos
públicos entre los años 2000 y 2009.
El magistrado ha citado nuevamente como imputados a los políticos,
empresarios y testaferros que componen la trama de Boadilla. En su
escrito, Ruz recuerda que el exalcalde de la localidad Arturo
González Panero, conocido como El Albondiguilla, percibió de manos
de la trama viajes, joyas y dinero en efectivo por valor de 637.000
euros. César Tomás Martín Morales, consejero delegado de la Empresa
Municipal de Vivienda obtuvo 600.000 euros; el exdiputado regional
Alfonso Bosch, 250.000 euros y el exedil José Galeote, medio millón.
A cambio de estas dádivas, las empresas de Correa obtuvieron
numerosos contratos públicos de organización de eventos mediante
distintos procedimientos fraudulentos, como el fraccionamiento de
los contratos en varios servicios de cuantía inferior a 12.020 euros
para evitar así tener que abrir un concurso público con publicidad.
Otras compañías constructoras como Teconsa, Constructora Hispánica o
Sufi pagaron sobornos a los dirigentes políticos por la adjudicación
de obras como la construcción de piscinas cubiertas, colegios o
viviendas de protección oficial. Teconsa, por ejemplo, entregó 1,8
millones de euros por distintas concesiones.
Según la investigación, González Panero ocultó sus fondos ilícitos
en cuentas en Suiza a nombre de sociedades interpuestas y utilizó el
dinero para invertir en bienes situados en Miami (EE UU) y
Marruecos.
http://politica.elpais.com/politica/2013/07/03/actualidad/1372872637_765158.html
EL PSOE PIDE QUE AGUIRRE TESTIFIQUE
La ex presidenta niega que se pagara la campaña electoral del PP
con fondos públicos
El secretario general del Partido Socialista de Madrid, Tomás Gómez,
afirmó ayer que «los madrileños tienen derecho a saber cuánto dinero
de las arcas públicas ha pagado la Comunidad de Madrid a Gürtel,
ante las informaciones que cada día revelan la vinculación de la
trama corrupta con los gobiernos del PP», en referencia a la
información publicada ayer por EL MUNDO, en la que se denuncia que,
según Hacienda, la Comunidad de Madrid pagó gastos electorales del
Partido Popular.
Gómez indicó que, por todos estos datos que se están conociendo,
«los socialistas de Madrid, que ejercen la acusación particular en
el sumario Gürtel, han pedido a la Audiencia Nacional que testifique
Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid entre los
años 2003 y 2012 y actual presidenta del PP de Madrid, para que
explique el Informe de la Intervención General de la Administración
del Estado (IGAE) de fecha 30 de abril de 2013 sobre la contratación
en la Comunidad de Madrid».
Para el líder de los socialistas madrileños, «había un triángulo
maldito en términos de Gürtel: el señor Ignacio González, la señora
Aguirre, que era presidenta de la Comunidad de Madrid, y el señor
López Viejo, el muñidor y el hacedor de todo», destacó. Y explicó
que, según el informe de IGAE, la práctica totalidad de los actos en
cuestión, cuyo pago se tramitó a través de fraccionamiento de
contratos, corresponden a actos de la entonces presidenta de la
Comunidad de Madrid que fueron encargados al grupo empresarial del
imputado Francisco Correa.
En la misma línea se expresó ayer el diputado Rafael Simancas, quien
afirmó que «Aguirre y González deben saber que lo que produce
bochorno es certificar que el PP pagaba sus campañas electorales con
el dinero público de todos los madrileños, ya que en 2007 todos
éramos conscientes de que el PP estaba gastando mucho más dinero que
los demás. Lo escandaloso es comprobar que se pagaba con fondos de
la Comunidad de Madrid», afirmó.
Sin embargo, la presidenta del PP de Madrid, Esperanza Aguirre, dijo
ayer que las facturas publicadas por este diario corresponden a
actos institucionales de la Comunidad de Madrid, no del partido.
Aguirre aseguró que «es completamente falso que el dinero de esas
facturas se utilizara para pagar actos del partido».
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=16188748&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=03_07_2013&pla=pla_11014_Madrid
«LAS FACTURAS CORRESPONDEN TODAS ELLAS A ACTOS INSTITUCIONALES»
En relación a la información que EL MUNDO lleva hoy [por ayer]
en su portada, según la cual la Comunidad de Madrid habría pagado
gastos de la campaña electoral del Partido Popular en junio de 2007,
el Partido Popular de Madrid tiene que declarar que se trata de una
información absolutamente falsa.
Según el periódico, la Agencia Tributaria habría concluido que el
dinero que la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid
pagó a una empresa por la organización y montaje de actos de
seguimiento electoral fue un dinero que, en realidad, se habría
empleado en organizar actos electorales del Partido Popular de
Madrid.
No sabemos cómo la Agencia Tributaria habría llegado a esa
conclusión, pero la realidad es que las facturas que EL MUNDO exhibe
para justificar su titular de primera página corresponden todas
ellas a actos institucionales de la Comunidad de Madrid, desde la
organización de la noche electoral para todos los medios de
comunicación que seguían las elecciones, hasta el montaje de la toma
de posesión de la presidenta electa y la del Gobierno.
Es verdad que, según están demostrando las investigaciones
judiciales en marcha, algunos altos responsables de la Comunidad de
entonces utilizaron las atribuciones de sus cargos para su provecho
propio y que, por ello, están encausados y serán juzgados en su
momento. Como también es verdad que, ante los primeros indicios de
sus actuaciones delictivas y antes de que siquiera fueran imputados,
todos ellos fueron separados de sus cargos.Pero ninguno de esos
altos cargos tuvo nada que ver con la organización de la campaña del
Partido Popular de Madrid para las elecciones municipales y
autonómicas que se celebraron en mayo de ese año. Y, por supuesto,
es completamente falso que el dinero de esas facturas se utilizara
para pagar actos del Partido.
Sólo nos queda lamentar que, en contra de lo que es norma habitual
en el periodismo de investigación en el que ese periódico ha
prestado grandes servicios a la sociedad española descubriendo
graves casos de corrupción, nadie del periódico haya recabado
información directa al PP de Madrid para contrastar la información
de la Agencia, que, si existe, tampoco ha sido comunicada al Partido
por esa Agencia.
Ahora más que nunca es necesario ser inflexibles ante cualquier caso
de corrupción, por pequeño que sea, y, si lo que proclama EL MUNDO
fuera verdad, estaríamos ante un caso importante. Pero el deseo de
limpiar de corruptos la escena política española de hoy no puede
llevarnos a lanzar acusaciones sin contrastar todas las fuentes
implicadas. Si no somos rigurosos en la identificación de los
corruptos y de los casos de corrupción, acabarán por ser iguales los
honrados y los que utilizan el dinero público para su provecho
personal.
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=16188747&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=03_07_2013&pla=pla_11014_Madrid
LA COMUNIDAD DE MADRID PAGÓ GASTOS DEL PP, SEGÚN HACIENDA
Un informe enviado a Ruz señala que el viceconsejero López Viejo
abonó 178.000 de dinero público a una empresa de Gürtel por actos
electorales
La Comunidad de Madrid financió actos electorales del PP durante la
campaña para las elecciones autonómicas y municipales celebradas el
27 de mayo de 2007, según se desprende de un informe remitido ayer
al juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz por la Unidad de Auxilio
Judicial de la Agencia Tributaria.
Según el documento, la Consejería de Presidencia de la Comunidad
abonó durante el mes de junio de 2007 un total de 286.866 euros por
el montaje de actos de carácter político, de los que casi 178.000 se
habrían destinado a gastos electorales. La trama usó una sociedad
pantalla para disimular su elevada facturación con el Gobierno
autonómico.
La empresa que teóricamente habría llevado a cabo dichos trabajos
fue MQM (Marketing Quality Management), cuyo administrador único es
Antonio Martín Sánchez. Pero la que realmente los ejecutó fue Diseño
Asimétrico, una sociedad que forma parte de la trama Gürtel.
En la conclusión segunda de su informe, la Agencia Tributaria
afirma: «Dentro del contrato administrativo nº 3-AT-6.6/2007 para la
ejecución de servicios de Montajes escenográficos de los actos
institucionales a celebrar por la Comunidad de Madrid se prestaron
servicios de carácter electoral. Del listado de facturas emitidas
por MQM a la Comunidad de Madrid deducimos que el total de servicios
por actos de apariencia electoral que fueron prestados por MQM tuvo
un importe, IVA incluido, de 286.866 euros».
En el listado de las facturas que aparecen en el informe las hay de
dos tipos: «Toma de posesión» (que podrían corresponder a gastos
institucionales) y «Seguimiento electoral». Según fuentes de la
investigación, éstas son las que se corresponderían con actos del
PP. En conjunto, esas siete facturas suman una cantidad cercana a
los 178.000 euros.
MQM forma parte de una larga lista de empresas que teóricamente
trabajaban para la Comunidad de Madrid pero que, en la práctica,
actuaban como pantalla para ocultar el enorme volumen de facturación
de las empresas de la trama Gürtel con el Gobierno autonómico.
Según señala la Agencia Tributaria, MQM y Diseño Asimétrico firmaron
un acuerdo de subcontrata el 27 de abril de 2007. Es sencillo: el
contratista se compromete a subcontratar el 100% de las obras y
servicios para la Comunidad de Madrid con el subcontratista. Por su
parte, y como compensación, el contratista recibe 17.400 euros
(15.000 más IVA) del subcontratista por el simple hecho de poner su
nombre. El total facturado por MQM por cuenta de Diseño Asimétrico
se elevó a 462.450 euros. Otra modalidad utilizada por dicha
sociedad pantalla (además de recibir un dinero fijo) era cobrar una
comisión del 11,5% sobre total facturado.
El modus operandide la ocultación queda así definido en el informe
de la Agencia Tributaria remitido a la Audiencia Nacional: «Estaba
acordado que Diseño no cobraba hasta que no lo hiciera MQM, lo que
tiene toda su lógica siendo MQM un mero velo».
Según la Agencia Tributaria (que ha utilizado para su trabajo el
informe elaborado por la Udef el pasado 21 de mayo), Alberto López
Viejo «estaba detrás de todo el proceso». Por esas funciones, Gürtel
le retribuía puntualmente en dinero negro. El informe de la Agencia
dice textualmente que López Viejo «resolvía los problemas».
Hasta las elecciones de mayo de 2007, López Viejo era viceconsejero
de Presidencia de la Comunidad de Madrid (justamente desde esa
Consejería era desde donde se abonaban las facturas de actos
electorales a la empresa pantalla MQM).
Entre las empresas que la red Gürtel utilizaba como pantalla, el
informe de la Agencia Tributaria destaca: Decoraciones CMR (que
llegó a facturar 538.023 euros); empresas del Grupo Rafael (que
facturaron un total de 801.866 euros); Sagitour 2000 (50.553 euros);
Lata Latina (400.814); Quasar Iluminación y Sonido (42.745 euros);
Dimo Stand (74.881 euros); Aekio (23.193 euros) y Dinámica
Producciones y Eventos (108.306 euros).
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=16168639&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=02_07_2013&pla=pla_11014_Madrid
AGUIRRE PIDE QUE RODRÍGUEZ SE EXPLIQUE ANTE EL PARTIDO
El abogado de la diputada le replica que aclare el «espionaje»
Llegó sola y sola se quedó en su «bochorno» por el caso Bárcenas y
por la noticia publicada ayer en EL MUNDO sobre los millonarios
traspasos de naves por parte del constructor José Luis Sánchez
Domínguez, antiguo donante del PP, a la «protegida» política del ex
tesorero Álvaro Lapuerta, hoy diputada nacional, Carmen Rodríguez
Flores.
«Yo vengo hoy absolutamente abochornada», enfatizó Esperanza Aguirre
a los periodistas, a su entrada al Comité Ejecutivo Nacional del PP,
«por las informaciones que se están publicando sobre la corrupción
en el PP». Así, con todas las letras: «corrupción en el PP», afirmó.
«Los políticos honrados estamos indignados», añadió la presidenta
del partido en Madrid, que no contenta con ello, abogó por «poner
freno a esta situación» y por sugerir que actúe el Comité de
Derechos y Garantías regional. Un Comité que preside la delegada del
Gobierno en Madrid, Cristina Cifuentes, y que casualmente se reúne
hoy mismo en la sede madrileña de Génova. «Creo que será el Comité
de Derechos y Garantías el que posiblemente le dé la oportunidad de
dar explicaciones», fueron sus palabras.
Unas palabras que rompieron con la ley del silencio impuesta con
disciplina casi militar por el presidente del partido, Mariano
Rajoy, y por la propia cúpula de Génova, pero que no tuvieron
reflejo en el seno del Comité Ejecutivo. Puertas adentro, ni Aguirre
pidió la palabra, ni Rajoy dio más turno que unos pocos segundos
antes de levantar la sesión.
Fue sin embargo la propia diputada la que replicó a Aguirre a través
de su abogado, Javier Iglesias Redondo, quien en declaraciones a
Europa Press, arremetió contra la líder del PP de Madrid. Aseguró
que ella también tiene que dar una explicación del «espionaje» que
se realizó a su cliente y a Álvaro Lapuerta.
Y es que la matrícula del coche de la «protegida» de Lapuerta
apareció en uno de los partes del presunto espionaje de la Comunidad
de Madrid, dos veces archivado y dos, reabierto, hasta ahora. Un año
antes de los hechos, en plena crisis interna del PP en 2008,
Lapuerta había investigado al vicepresidente del Gobierno regional,
Ignacio González (Ver EL MUNDO 24-I-2009), lo que da idea de que la
tensión viene de lejos. Fuentes del partido la sitúan en el
tamayazo.
Además, el letrado retó ayer a Aguirre a hablar de «operaciones
inmobiliarias» de personas muy cercanas a ella en la Comunidad de
Madrid sobre las que no quiso dar detalles. Cuestión que mereció una
nueva réplica de la propia Aguirre dirigida al letrado: «Por favor,
le pido de rodillas que si tiene un indicio o sospecha de alguna
operación opaca o irregular, la denuncie al juzgado o a los medios
de comunicación, que también sirve».
El portavoz de Flores aseguró que lo pagado por las naves de Sando
«no son 800.000 euros», pese a ser su valor de tasación, y que el
dinero «no procede de ningún acto ilícito ni es una donación o un
regalo». Sin embargo, no dio explicaciones sobre su origen, y se
limitó a prometer que su cliente las dará, llegado el caso, ante el
partido.
http://quiosco.elmundo.orbyt.es/ModoTexto/paginaNoticia.aspx?id=16167968&tipo=1&sec=El%20Mundo&fecha=02_07_2013&pla=pla_11014_Madrid
LAS FIGURITAS NO ERAN DE LA GÜRTEL
El nacimiento que la trama facturó al Gobierno en 2005 era propiedad
de la Asociación de Belenistas
La red cobró 80.000 euros por las luces y la tarima
El belén que el Gobierno regional colocó en la Casa de Correos en
2005 no costó 80.988,63 euros, tal y como sostienen los auditores
del Ministerio de Hacienda, sino más de 100.000. En el informe que
los inspectores de la Intervención General del Estado enviaron al
juez Pablo Ruz —que investiga el presunto cobro de comisiones
ilegales por parte de la llamada trama Gürtel—, se olvida que el
belén (figuras y decorado) fue transportado, montado y desmontado
por la Asociación de Belenistas de Madrid, entidad sin ánimo de
lucro y ajena a la trama. La entidad, tras un concurso, se quedó con
la adjudicación del portal por unos 20.000 euros.
Las empresas de la Gürtel, en cambio, cobraron más de 80.000 euros
solo por la tarima sobre la que iba el nacimiento, la iluminación o
la impresión de trípticos relativos al evento.
Ángel Ibáñez, presidente de la Asociación de Belenistas de Madrid,
recuerda que su entidad es la adjudicataria de numerosos nacimientos
navideños en la capital desde 1945. “No tenemos nada que ver Gürtel.
Nosotros fuimos los que montamos y desmontamos ese belén en 2005.
Nos hicimos cargo de todo, excepto de la iluminación, la seguridad o
la tarima. Cuando llegamos a un lugar, necesitamos que esté montada
la tarima. Pero las figuras y todo lo demás es nuestro”.
La asociación de belenistas, ajena a la trama, monta nacimientos en
la capital desde 1945
Esta entidad, según explica, se presenta a los concursos que
convocan las administraciones y, por lo general, suele ganarlos
porque es la más antigua y la que cuenta con los mejores
especialistas. Ibáñez no puede precisar cuánto cobraron por el belén
de 2005 porque en ese momento él no era el presidente de la
asociación. “Depende de lo grande que sea y de la calidad de las
figuras. Pero un belén de esas características, uno de los más
visitados de España, puede costar entre 20.000 y 30.000 euros”.
En 2005, el presidente de la asociación era José Manuel
Sánchez-Molina, que ratifica las palabras de su sucesor. “Desconozco
los conceptos por los que otras empresas pudieron cobrar, nosotros
no nos acercamos a esas cantidades ni de lejos”.
A la cantidad que recibió la asociación de belenistas, hay que sumar
la que la trama facturó al Gobierno regional. Según los auditores,
los 80.988,63 euros recibidos se desglosan de la siguiente manera:
Montaje del escenario (24.413,96); diseño, cuatro lonas
microperladas, soporte y maqueta de 21,90 metros cuadrados
(18.765,40 euros); sonido, transporte, personal técnico, montaje y
desmontaje y coordinación agencia (11.990,83), tapicería,
mantenimiento un mes de las flores, moqueta e iluminación
(5.997,81), creatividad, diseño e impresión de trípticos,
coordinación y producción (7.996,62), manipulación de los 50.000
trípticos, mostrador, carga y descarga y transporte (11.824,3).
Los auditores de Hacienda insisten en su informe en que dos empresas
de la red cobraron por duplicado por la iluminación y la tapicería,
pero que es imposible “calcular el presunto pago indebido, ya que en
dichas facturas no especifica el tipo de servicio, las unidades y el
coste unitario”.
En 2007, la trama cobró un poco más por el nacimiento: 81.053,88
euros. Las figuras y la decoración corrieron, de nuevo, a cargo de
la Asociación de Belenistas. “Nos presentamos todos los años al
concurso de la Comunidad. Como siempre”, dicen.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/01/madrid/1372702128_784081.html
UN TESTIGO VUELVE A IMPLICAR A GERARDO GALEOTE EN LA ‘GÜRTEL’
El exedil del PP de Pozuelo Roberto Fernández dice al juez que
el exeurodiputado participó en una reunión con la trama en la que se
nombró a su padre gerente de un campo de golf
Galeote, que no está imputado, niega conocer a Isabel Jordán y
anuncia una querella contra el exteniente alcalde de Jesús Sepúlveda
El testigo explica al magistrado Pablo Ruz que el exalcalde de
Pozuelo le recomendó como abogada a la hermana de la ministra Ana
Mato
El exconcejal denuncia la desaparición de varios millones de euros
en la compra del centro comercial El Torreón
El exteniente alcalde del PP de Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández
ha vuelto a implicar al exeurodiputado del PP Gerardo Galeote en una
adjudicación de la trama Gürtel, según consta en la declaración
realizada el pasado 2 de abril ante el juez Pablo Ruz: "Hay una
reunión y se decide que se plantea esa adjudicación [el campo de
golf de Las Rejas]. Está Gerardo Galeote, está Isabel Jordán, creo
recordar que Ana García y está el alcalde [Jesús Sepúlveda].
Entonces se produce la adjudicación y se da la gerencia y la
dirección del campo a una persona inhabilitada, que es el padre de
Gerardo Galeote, inhabilitado durante diez años".
Isabel Jordán era una de las principales empleadas del cerebro de la
red, Francisco Correa, por lo que está imputada, al igual que Jesús
Sepúlveda, exmarido de la ministra de Sanidad, Ana Mato. Gerardo
Galeote fue imputado inicialmente en el caso, pero Antonio Pedreira,
que sustituyó a Garzón al frente de la instrucción, rechazó llamarle
a declarar como imputado al considerar que no había indicios
suficientes de que hubiera cometido ningún delito. De esta forma,
Pedreira se oponía a la petición de la Policía Judicial, que en
varios informes aseguraba que Galeote podría haber cobrado de la red
de Correa más de 600.000 euros en comisiones ilegales. La
investigación se archivó y Galeote fue rehabilitado por Mariano
Rajoy, que en 2011 pasó a ser el quinto político del PP con mayor
sueldo: 151.000 euros anuales. Entre 2009 y 2011, percibió 373.424
euros, con una subida en uno de los ejercicios de más del 40%.
Gerardo Galeote también forma parte de la Fundación para el Análisis
y los Estudios Sociales (FAES), dirigida por el expresidente del
Gobierno José María Aznar.
infoLibre se ha puesto en contacto con un portavoz del PP para
conocer la versión de Gerardo Galeote de los hechos. Según esta
portavoz, Galeote ha negado haber participado en ninguna reunión con
la que fuera número dos de Francisco Correa, Isabel Jordán. "No ha
visto nunca a Isabel Jordán. Conoce su nombre por los medios de
comunicación", explica la portavoz del PP. Además, Galeote también
niega haber conocido al edil Roberto Fernández, que ha denunciado
los hechos ante el juez. En relación al nombramiento de su padre,
Galeote ha asegurado que sí fue designado como gerente del club de
golf, pero que puso como condición no cobrar nada. También ha
anunciado su intención de presentar una querella contra Roberto
Fernández.
"La presencia de Gerardo Galeote era continuada"
En relación a este campo de golf, explica el testigo, Isabel Jordán
presentó al Ayuntamiento la posibilidad de crear un campo "en
colaboración con Gerardo Galeote, que no sé si esta imputado o no.
Pero la presencia de Gerardo Galeote era continuada. Y decidimos
formalizar una especie de mancomunidad entre Boadilla del Monte,
Pozuelo de Alarcón y Majadahonda para elaborar este campo de las
Rejas. Aquí sí que conozco a Paco Correa. Viene Isabel Jordán y
posteriormente viene él, y se produce la adjudicación. No recuerdo a
qué empresa, pero se produce la adjudicación y se nombra como
gerente del campo de Las Rejas al padre de Gerardo Galeote, que está
inhabilitado para ejercer cualquier cargo público". Este
nombramiento supone, según Fernández, un problema para Sepúlveda:
"Al no tener Galeote ningún tipo de formación, porque solo tiene
asignaturas de primero de Derecho, tuvimos que pagarle desde el
Ayuntamiento un programa de alta dirección para poder darle una
cobertura formativa", especificó al juez en su declaración el
exconcejal del PP de Pozuelo de Alarcón. Fuentes del PP aseguran que
Galeote ha asegurado que nunca ha visita el Ayuntamiento de Pozuelo
de Alarcón.
La declaración del 2 de abril como testigo del exedil del PP de
Pozuelo de Alarcón Roberto Fernández se centró en las presuntas
irregularidades protagonizadas por los imputados de la red Gürtel.
En su testimonio, Fernández relata lo que considera irregularidades.
Entre estas destaca, explica el mismo exedil, la Oficina de Atención
Ciudadana (OAC): "Sepúlveda me envía un correo electrónico para que
tratara correctamente a Isabel Jordán y a Correa", indica Fernández,
que en otro momento de la declaración llega a asegurar que Sepúlveda
le pide que le adjudique el servicio a Correa. En su testimonio
Fernández también aseguró, en relación a los seguros municipales:
"Se me pide a reciba a la hermana de Ana Mato. Y se me presenta en
el Ayuntamiento como intermediaria". También Sepúlveda le dio la
indicación de que recibiera "al cuñado de Ana Mato. Pero yo me negué
en este caso".
La mujer del exdiputado del PP Jesús Merino
El ex teniente alcalde de Pozuelo del PP también se refirió Ana
García, la mujer del exdiputado del PP Jesús Merino, también
imputado en Gürtel y propietaria de la sociedad Everland,
propietaria del piso alquilado por el PP en el que vive el diputado
del PP en el Congreso Esteban González Pons. En relación al centro
comercial El Torreón "Isabel Jordán nos presenta a la intermediaria
del grupo Sigla-Vips, Ana García, a la sazón abogada, comisionista,
intermediaria y la mujer de un diputado imputado en el caso Gürtel
[Jesús Merino]. Actúa como intermediaria a través de Isabel Jordán".
Y Sepúlveda, según este testimonio, decide comprar el centro
comercial: "Nos reunimos con el director de Sigla, Ana García, el
director de VIPS y Jesús Sepúlveda y acordamos un precio de compra
con mi oposición", relata el testigo, que destaca que se compra por
19: "Jesús [Sepúlveda] me llama y me dice: Roberto he conseguido una
negociación mucho mejor, y en vez de 26 lo vamos a comprar por 19.
Pagamos 19 después de estar cerrados los 26... blanco y en
botella...Yo cierro un precio y elaboro un pliego de condiciones. Y
hay una partida presupuestaria por 26 millones....y 6 desaparecen",
concreta el concejal.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/06/24/un_testigo_vuelve_implicar_gerardo_galeote_gurtel_5112_1012.html
UNA EMPRESA PÚBLICA PAGÓ LAS FACTURAS DE GÜRTEL DE LA CONSEJERÍA
DE LÓPEZ VIEJO
Funcionarios de la Comunidad de Madrid testifican que recibieron
“órdenes políticas” para derivar los pagos a Arpegio
Funcionarios de la Comunidad de Madrid han declarado esta mañana
ante el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz que recibieron
“órdenes políticas” para derivar a la empresa pública de suelo
Arpegio las facturas que empresas de la trama Gürtel giraba por la
celebración de actos de propaganda a la consejería de Cultura,
Deportes y Turismo, en la época en la que estuvo dirigida por
Alberto López Viejo.
El juez ha analizado esta mañana tres contratos celebrados con la
empresa MQM, vinculada a Francisco Correa y pagados por Arpegio. El
secretario general de Arpegio, Francisco Esquivias, ha admitido que
pagaban los actos de la consejería pese a que la empresa pública no
había contratado los servicios, que además no tenían que ver su
campo de actividad. Uno de los contratos consistía en un acto del
servicio de emergencias 112 y otro del desarrollo urbanístico de
Arroyo Culebro. “No era tanto el importe de los actos [13.000 y
6.000 euros] como asumir el coste de un servicio que no habían
contratado”, ha afirmado un letrado presente en los interrogatorios.
Tras tomar declaración a estos testigos, el juez Ruz interrogará
este jueves a cuatro imputados por las adjudicaciones que la
Comunidad de Madrid concedió de forma presuntamente irregular a las
empresas de la trama Gürtel’. Supuestamente, Francisco Correa
recurrió a ellos para poder amañar las adjudicaciones investigadas.
Se trata de Juan Ignacio Hernández Rodríguez (Grupo Elba), Antonio
Martín Sánchez (Marketing Quality Management), y Carmen Moreno
Crespo y Carmen García Moreno (Grupo Rafael).
El instructor de la Audiencia Nacional les imputó en un auto en el
que acusó a la Comunidad de “ocultar la reiterada e incorrecta
adjudicación de eventos” a sociedades de Correa, así como de
“facilitar el fraccionamiento de los contratos y simular una
concurrencia entre distintas sociedades realmente vinculadas con el
mismo grupo”.
El magistrado realizó esta acusación tras estudiar el informe
realizado por la Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE) sobre 686 adjudicaciones de la Comunidad de Madrid por
un importe total de 6,48 millones de euros. El informe determinó que
en 104 casos se realizó un fraccionamiento de los contratos para que
no superasen los 12.020 euros –límite legal- y no tener que sacarlos
a concurso. Entre las adjudicaciones investigadas se encuentra
contratos para actos como el primer aniversario del 11-M, la visita
de Bill Gates en noviembre de 2004, la firma de un convenio con el
Real Madrid, la realización de un vídeo de Esperanza Aguirre y un
cuadro de Alberto Ruiz-Gallardón.
El juez sitúa en el centro de esta trama de contratos irregulares al
imputado Alberto López Viejo, que fue consejero de Deportes en el
Gobierno de Esperanza Aguirre.
La resolución dictada por Ruz señalaba que desde el entorno de
Correa “se habrían efectuado cuantiosos pagos” a López Viejo “como
consecuencia de la adjudicación irregular de actos y contratos
públicos por distintas entidades y consejerías de la Comunidad de
Madrid”. Ruz detallaba que las comisiones por las adjudicaciones
iban desde el 5% al 11,5% de la cuantía del contrato.
A López Viejo se le imputan delitos de prevaricación, cohecho,
malversación, fraudea la Administración y contra la Hacienda
Pública.
http://politica.elpais.com/politica/2013/06/19/actualidad/1371644481_644724.html
El juez Ruz interroga a
tres testigos por los "cuantiosos pagos" que López Viejo recibía de
Correa
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz interrogará este
miércoles a tres testigos del 'caso Gürtel' por los "cuantiosos
pagos" que el exconsejero de Cultura, Deportes y Turismo de la
Comunidad de Madrid Alberto López Viejo presuntamente recibió de la
red de empresas liderada por Francisco Correa, informaron fuentes
jurídicas.
Los comparecientes son Carmen García Expósito, que era jefa de la
Secretaría de la Viceconsejería de Presidencia del Gobierno regional
cuando López Viejo simultaneaba este cargo con sus funciones como
consejero, y Javier Peña, director de Servicios Generales de la
Academia de Policía Local de Madrid en 2007.
Además, el magistrado ha citado a declarar a la persona que firmó
uno de los contratos que son objeto de la investigación, en
concreto, la factura y propuesta de la adjudicación de la
presentación del Parque Forestal del Sur.
CUATRO EMPRESARIOS IMPUTADOS
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 también
tomará declaración el jueves a cuatro empresarios que presuntamente
intermediaron en el pago de comisiones a López Viejo: Juan Ignacio
Hernández Rodríguez, vinculado al Grupo Elba; Antonio Martín
Sánchez, relacionado con MQM; y Carmen Moreno Crespo y Carmen García
Moreno, administradoras de varias sociedades del Grupo Rafael.
En un auto dictado el pasado 30 de mayo, el juez destacaba que desde
el entorno de Correa "se habrían efectuado cuantiosos pagos" a López
Viejo como consecuencia "de la adjudicación irregular de actos y
contratos públicos por distintas entidades y Consejerías de la
Comunidad Autónoma de Madrid".
El magistrado explicaba que para facilitar el fraccionamiento de los
contratos y así simular "una concurrencia de distintas sociedades",
realmente vinculadas con el mismo grupo, Correa empleó no sólo
empresas vinculadas con él si no también otras, que accedían a
figurar en los documentos oficiales a cambio de comisiones de entre
el 5 y el 11,5 por ciento.
El cabecilla de la red 'Gürtel' contaba con la "connivencia" de los
gestores de las empresas para realizar este tipo de operaciones, de
las que tenía también "conocimiento" el entonces consejero del
Gobierno de Esperanza Aguirre.
FRACCIONAMIENTO DE CONTRATOS
Además, Ruz pedía a la Intervención General de la Administración del
Estado (IGAE) que ampliara el informe que realizó el pasado 30 de
abril y que ha motivado los nuevos interrogatorios. En él se
aseguraba que la Comunidad de Madrid fraccionó entre los años 2004 y
2008 un total de 104 contratos con la red 'Gürtel', por un importe
total de 3.160.549,23 euros, para "eludir los requisitos de
publicidad y de adjudicación" establecidos por la ley.
Del desglose de los actos contratados por cada consejería se
desvelaba que el departamento de Cultura, Deportes y Turismo, que
dirigía López Viejo, organizó 23 actos por importe de 719.345,85
euros. La Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, por su
parte, contrató 24 actos con las empresas de Francisco Correa por
importe de 974.107,45 euros.
En el examen de la documentación analizada se ponían de manifiesto,
según la IGAE, "facturas cuyo concepto es genérico o sin desglosar
las unidades y su coste unitario, facturas cuya fecha de emisión es
muy posterior a la celebración del acto y actos en los que
intervienen diferentes órganos gestores que no inician el expediente
de contratación sino que se limitan a pagar una factura por
indicación del titular de una consejería determinada".
También se destacaba que se llevaron a cabo actos "negociados sin
publicidad" como la presentación del Plan Prisma o la fabricación
del 'stand' de la feria Integramadrid 2008, en los que no se
promovió "realmente" la concurrencia "vulnerando los principios
aplicables a la contratación pública".
http://www.europapress.es/madrid/noticia-juez-ruz-interroga-hoy-tres-testigos-cuantiosos-pagos-lopez-viejo-recibia-correa-20130619094218.html
REFERÉNDUM A UN PALACIO DE CONGRESOS "INCRUSTAO" EN UN CAMPO DE
GOLF
Un proyecto para colocar un palacio de congresos en un campo de
golf levanta polvareda política en Segovia. Ulibarri y Jesús Merino,
imputados en Gürtel, se encuentran detrás.
"La Real Quinta de Quitapesares, que quitó los pesares de María
Cristina de Borbón-Dos Sicilias, se ha convertido en el pesar de los
distintos presidentes de la Diputación de Segovia". El portavoz del
PSOE en el Ayuntamiento de Segovia y fundador del Rancho de la
Aldegüela de Torrecaballeros, Javier Giráldez, se refirió así al
monumental lío que hay montado a cuenta de un palacio de congresos
que a la Diputación de Segovia, la Junta de Castilla y León, y la
Cámara de Comercio se les ha ocurrido empotrar en la casa club de un
campo de golf, y que ha levantado una polvareda tal que incluso ha
provocado que el alcalde de Segovia lo vaya a someter a referéndum.
En Quitapesares, en los alrededores de La Granja, la viuda de
Fernando VII se solazaba con Muñoz, un guapo sargento de su guardia
de corps, con el que contrajo matrimonio morganático en secreto y
con el que tuvo numerosa descendencia. Fue en esa finca pública,
sita en el término municipal de Palazuelos de Eresma, donde a
Atilano 'Milano' Soto, presidente de la Diputación de Segovia y de
su caja de ahorros, se le ocurrió dar el pelotazo, con un complejo
residencial, hotelero, empresarial y deportivo, con campo de golf
incluido, que lleva por nombre Segovia 21 y que ha resultado ser un
tremendo fracaso: El hotel, de NH Hoteles, está abandonado; las 40
viviendas, en pleitos; el vivero de empresas, medio vacío; y el
campo de golf, sin socios suficientes. Para más inri, la deuda
confesa de esta sociedad participada por Diputación de Segovia,
Bankia y Cámara de Comercio era de 18 millones de euros a finales de
2012.
Jesús Merino, Ulibarri y Elías Benatar
Hace un año, UPyD denunció ante la Fiscalía que un trato de favor de
Segovia 21 hacia la inmobiliaria Segóbrida del Eresma causó un
perjuicio a la Diputación de 1,4 millones de euros y recomendaba a
la institución provincial, máxima accionista del complejo, que
renovara el Consejo de Administración. Dicho y hecho. La corporación
destituyó al Consejo en favor de una sociedad unipersonal, Verae, y
llevó ante la Fiscalía un sospechoso contrato con Fomento
Territorial por un "posible exceso de pagos".
Fomento Territorial, presidida por el empresario francés Elías
Benatar, tenía lazos con empresas consultoras vinculadas al
exdiputado segoviano y exconsejero de Fomento de la Junta de
Castilla y León, Jesús Merino, apartado de la carrera política a
raíz de su imputación en el 'caso Gürtel'. Cabe recordar que la
urbanización de Segovia 21 fue adjudicada en su día por más de 14
millones de euros a Begar, pata constructora de otro imputado en
Gürtel: José Luis Ulibarri.
El antiguo Consejo de Administración desfila ante el fiscal
Así pues, a principios de 2013, desfilaron ante el fiscal jefe de
Segovia, Antonio Silva, los antiguos consejeros de Segovia 21, o
sea: Atilano Soto (Caja Segovia), Manuel Escribano (Caja Segovia),
Jesús Sánchez (Segovia 21), Benigno Rodríguez (Banco Santander),
Miguel Ángel González (Ontex), Tomás Rivilla (Cámara de Comercio),
Jesús Postigo (Cámara de Comercio), David Rubio (PSOE), y Elías
Benatar (Fomento Territorial).
Para enmarañar más las cosas, al caso aún abierto en la Fiscalía,
hay que añadir la demanda de Fomento Territorial a Segovia 21 por
impago de 280.000 euros y la reclamación por parte de Atilano
'Milano' Soto de 80.000 euros de finiquito al dejar de ser consejero
delegado de la sociedad.
El Santander financiará a la Junta ocho millones en diez años
Así las cosas, llegamos a la primavera de 2013. Y para intentar
salir del atolladero, a alguien se le ocurre la genial idea de
montar un palacio de congresos en Segovia 21. En medio del campo de
golf hay un edificio del siglo XIX, antiguo pabellón de caza, que
lleva por nombre La Faisanera. Reconvertido en casa club del campo
de golf, o "jaus clab" (sic), según Giráldez, la Diputación, la
Junta de Castilla y León y la Cámara de Comercio pretenden insertar
en su patio el palacio de congresos. Es por ello que el socarrón de
Torrecaballeros llama a la ocurrencia "el incrustao". Su pariente,
Luis Peñalosa, portavoz de IU en el Ayuntamiento de Segovia, lo ha
calificado de "aberración arquitectónica".
Peor aún es la ‘ingeniería’ con que aspiran a financiarlo. En un
momento en el que la Junta de Castilla y León deja a sus pueblos sin
urgencias nocturnas, a sus universitarios sin campus y a sus
paisanos sin tren, la consejera de Agricultura y Ganadería Silvia
Clemente, actual responsable de la Junta en Segovia 21 tras Jesús
Merino, anunció que el gobierno de Juan Vicente Herrera financiaría
el 40% del engendro a través de una subvención a diez años, gracias
a un préstamo del Santander que aún estaba pendiente de cerrar. En
total, ocho milloncejos de euros. A los que hay que añadir la
construcción de un vial desde el palacio de congresos a la estación
del AVE Segovia-Guiomar.
"El palacio de congresos busca tapar vergüenzas"
Al conocer la noticia, la primera reacción del alcalde de Segovia,
Pedro Arahuetes, que lleva años exigiendo al presidente de la Junta,
Juan Vicente Herrera, que cumpla su palabra de implantar un palacio
de congresos en cada provincia de la región, fue la siguiente: "El
palacio de congresos puede ser una nave de cerdos". El hedor
levantado todavía se siente en la ciudad del cochinillo.
Pedro Arahuetes, también presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio
de la Humanidad de España, dice no entender cómo se pretende
construir un palacio de congresos a dos kilómetros del de La Granja
y a ocho del que ansían en Segovia. Y denuncia alto y claro lo que
muchos en Segovia murmuran: Que "el palacio de congresos busca tapar
vergüenzas". Es por ello que decretará una consulta popular de diez
días entre los segovianos, coincidiendo con las fiestas de San Juan
y San Pedro, con la siguiente pregunta: "Quiere usted que se
construya el palacio de congresos de Segovia en Palazuelos de Eresma?".
http://www.vozpopuli.com/buscon/26395-referendum-a-un-palacio-de-congresos-incrustao-en-un-campo-de-golf
EL JUEZ HACE UNA PRUEBA DE CALIGRAFÍA A ORTEGA, IMPUTADO EN EL
GÜRTEL
El exalcalde de Majadahonda realiza un examen de su escritura en
la Audienca Nacional
Se quiere comprobar si coincide con la de unas transferencias a
cuentas en Suiza
Guillero Ortega, exalcalde de Majadahona (2001-2005) e imputado en
el caso Gürtel, llegó a la Audiencia Nacional esta mañana a pie y
con semblante tranquilo, acompañado por su abogado alrededor de las
11.00. El juez Pablo Ruz, que lleva el caso Gürtel, le había citado
para que se le realizara una prueba caligráfica que permitirá
comparar su escritura con la de unas órdenes de transferencia
manuscritas en bancos de Suiza realizadas entre 2002 y 2003 por un
importe de 270.781 euros.
La toma del cuerpo de escritura duró media hora, tras la cual Ortega
abandonó la Audiencia sin realizar ninguna declaración al respecto.
El abogado confirmó que se había llevado a cabo la prueba y que se
había desarrollado sin ningún problema. Ortega solo se refirió a su
estado de salud y a una operación de corazón que se le ha realizado
y que indicó "ha salido muy bien".
Según informa Efe, dos de los manuscritos que el juez pretende
cotejar con la letra del alcalde son del año 2002. En febrero se
ordena una transferencia de 90.151 euros desde una cuenta de la
sociedad Tranquil Sea en el banco CIC a la empresa Sundry Advices,
vinculada a Ortega. La segunda orden de transferencia, de 18 de
marzo, también desde Tranquil Sea a la misma cuenta por un importe
de 30.000 euros. El tercer envío de dinero (150.630 euros) tiene
fecha 4 de junio de 2003 y se realiza desde Suiza a una cuenta de la
empresa Pacsa, vinculada a Francisco Correa, uno de los cabecillas
de la trama.
Los tratos de Ortega con entidades bancarias en Suiza han salido a
relucir también en un informe que la Agencia Tributaria ha remitido
a la Audiencia Nacional, en el que se indica que Ortega tenía en
2002 una cuenta en el banco suizo Banque Cial, abierta a nombre de
la "sociedad interpuesta Tranquil Sea, con un saldo de más de
420.000 euros.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/06/07/madrid/1370610348_630063.html
MADRID TROCEÓ LAS
ADJUDICACIONES A GÜRTEL EN 657 CONTRATOS PARA CAMUFLARLAS
La Intervención General certifica que los contratos vulneraron la
transparencia y la publicidad
Sobre la mesa del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz se
encuentra desde el pasado lunes un informe que certifica el supuesto
trato de privilegio y las irregularidades cometidas por la Comunidad
de Madrid a favor de las empresas de la trama Gürtel entre 2004 y
2008. La Intervención General de la Administración del Estado (IGAE),
máximo responsable del control de la gestión económica del sector
público, ha analizado por orden del magistrado todos los contratos
celebrados por el ejecutivo regional con las sociedades de la red
liderada por Francisco Correa. Estos tuvieron como eje a Alberto
López Viejo, que fue consejero de Deportes en el Gobierno de
Esperanza Aguirre y que está imputado en la causa por cobrar
supuestamente sobornos a cambio de los contratos. El resultado es un
cúmulo de sobrecostes, concursos amañados, facturas sin justificar y
otras vulneraciones de la Ley de Contratos Públicos.
Las empresas de Correa se dedicaban principalmente al montaje y
organización de actos conmemorativos e institucionales de las
diferentes consejerías de la Comunidad de Madrid. Los interventores
han verificado 686 actos por un importe de 6,48 millones de euros.
Del total de eventos —inauguraciones de escuelas, primeras piedras
de hospitales, o entregas de premios diversos— 103 pagos carecen de
facturas justificativas, y su gasto ha tenido que imputarse
genéricamente a la consejería que supuestamente lo contrató.
La Comunidad tramitó seis expedientes de contratación por un importe
de 1,14 millones y 657 contratos menores —inferiores a 12.020 euros,
y por lo tanto no sujetos a publicidad— por valor total de 5,33
millones. Los auditores de la IGAE consideran que “en al menos 104
actos ha quedado acreditado el fraccionamiento”, es decir, que se
trocearon los contratos para no superar los 30.050 euros, lo que
obligaría a convocar un concurso público. El importe de los
expedientes fraccionados suma 3,16 millones de euros, un 69% del
total de los contratos menores.
Las supuestas irregularidades también alcanzan a los seis
expedientes por importe superior a 30.050 euros. Dos de ellos se
celebraron por el procedimiento “negociado sin publicidad”, por el
que la Administración invita a una serie de empresas a que presenten
sus ofertas, y se escoge a la que resulte más ventajosa. En ambos
casos, la Comunidad invitó a licitar a tres empresas, pero con una
salvedad: todas ellas eran del mismo grupo de Correa.
Los otros cuatro expedientes mayores —en los que se celebraron
concursos públicos que recayeron en las empresas de la trama—
presentan llamativos sobrecostes. En el acto de los Premios de
Cultura y la Medalla Internacional de las Artes de 2006, se produjo
un “pago indebido” de 15.200 euros por “duplicidad de servicios”. En
el contrato para el montaje escenográfico de los actos
institucionales de la Comunidad de Madrid, adjudicado a MQM SL en
2007, la sociedad subcontrató servicios a empresas del mismo grupo,
lo que supuso una desviación del 80% sobre el presupuesto de
ejecución. Los interventores entienden que el contrato con MQM
funcionó “como una especie de cuenta corriente en donde de forma
arbitraria se han ido incluyendo o no los servicios prestados” por
esa sociedad adjudicataria.
Otros actos, como la Cumbre Flamenca de septiembre de 2005, cuya
organización costó 21.480 euros, se adjudicó directamente pese a que
superaba los 12.020 euros. La factura del acto se emitió en enero de
2007, 16 meses después de la celebración. La visita de Esperanza
Aguirre al Parque Empresarial de La Carpetana, con un importe de
34.700 euros, se adjudicó a una empresa de Gürtel “por razones de
urgencia”, que no fueron nunca justificadas.
Además, de las 573 facturas que han examinado los fiscalizadores
estatales, 418 carecen de desglose o detalle de las operaciones
cobradas, como exige el reglamento que regula las obligaciones de
facturación de los gastos públicos. Otras 56 facturas apenas cuentan
con un concepto genérico. Solo 96 recibos —un 17% del total— están
debidamente cumplimentados. El que en las facturas figuren
“cantidades a tanto alzado” no solo vulnera el reglamento, sino que
“imposibilita verificar y certificar correctamente” que el servicio
prestado por las empresas de la trama se correspondía con lo
solicitado por la consejería contratante.
El último bloque de la investigación
El análisis de los contratos de la Comunidad de Madrid con las
empresas de la trama Gürtel es previsiblemente el último bloque que
se plantea el juez Pablo Ruz de una investigación que se inició en
el año 2008. Aunque el magistrado pretendía que las pesquisas del
tronco principal del caso estuvieran terminadas antes del verano,
fuentes de la Audiencia Nacional calculan que la causa seguirá
abierta hasta principios del otoño.
En esta fase, uno de los personajes clave es Alberto López Viejo,
uno de los antiguos hombres fuertes de la Comunidad y que fue
destituido en febrero de 2009 como consejero de Deportes por la
entonces presidenta regional, Esperanza Aguirre, su gran valedora
política, tras destaparse la operación policial contra la corrupción
en el entorno del PP.
López Viejo, de 45 años, está acusado de cobrar hasta 563.000 euros
en sobornos de la trama corrupta. El pasado 29 de abril, el juez Ruz
ordenó el embargo de dos casas y de todas las cuentas bancarias del
exconsejero y exdiputado regional del PP. El embargo tiene como
objetivo que haga frente a la fianza por responsabilidad civil de
750.000 euros que le impuso el anterior instructor del caso Gürtel
en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira.
El que fue una de las personas de mayor confianza de Aguirre está
imputado por blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación, tráfico
de influencias y asociación ilícita. López Viejo abrió una cuenta en
Suiza en 2002 y regularizó su situación con el fisco en 2012.
http://politica.elpais.com/politica/2013/05/08/actualidad/1368036870_972285.html
CAJA MADRID, CON
BLESA COMO PRESIDENTE, CONCEDIÓ 6,7 MILLONES DE EUROS AL ‘CEREBRO
FINANCIERO’ DE LA TRAMA
Artas Consultoría, cuyo administrador único en José Ramón Blanco
Balín, recibió dos préstamos
Sirvieron para financiar la construcción de 33 locales y 106 plazas
de garaje en una superficie cedida por el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte
Caja Madrid otorgó en 2008 dos créditos por un valor conjunto de 6,7
millones de euros a Artas Consultoría, sociedad anónima cuyo único
administrador es José Ramón Blanco Balín, considerado el cerebro
financiero de la trama Gürtel. Miguel Blesa presidía entonces la
caja de ahorros (cuyo negocio financiero fue traspasado al grupo
Bankia en 2011).
El primero de los préstamos concedidos, formalizado en el mes de
julio de ese año, ascendió a 5,9 millones de euros; el segundo, por
800.000 euros, fue evaluado durante agosto. Ambos sirvieron para
financiar la construcción de varios locales y plazas de garaje en
una superficie que el Ayuntamiento de Boadilla del Monte cedió a
Artas Consultoría, cuando Arturo González Panero era alcalde por el
Partido Popular (éste renunció al cargo después de ser imputado en
el caso Gürtel por los delitos de cohecho, asociación ilícita,
fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad).
La excusa del sobrecoste
La sociedad de José Ramón Blanco Balín había resultado adjudicataria
de tres parcelas de uso terciario en la localidad madrileña, en las
que construyó 33 locales y 106 plazas de garaje que explotaba en
régimen de alquiler. El Ayuntamiento de Boadilla del Monte asignó el
derecho de esta superficie por un plazo de 99 años y un canon anual
de 81.344 euros, cantidad considerada “realmente reducida” por Caja
Madrid, según consta en el informe de riesgos de la segunda
operación, solicitada para pagar el IVA de las obras realizadas. En
este documento [consultar] al que ha tenido acceso ZoomNews queda
recogido, asimismo, que el consistorio de la localidad madrileña
bajó el precio de esta cesión desde los 320.000 euros iniciales por
“el sobrecoste de la construcción respecto a la planificación
inicial”.
Pese a que Artas Consultoría apenas había tenido actividad desde
2005 (cuando fue constituida con un capital social de algo más de
60.000 euros) y que en el ejercicio previo a la solicitud de los
créditos (2007) el resultado de explotación arrojó unas pérdidas de
7.000 euros, el Comité Financiero de la entidad resolvió la
concesión del primero de los préstamos por 5,9 millones de euros.
Asimismo, el Comité de Dirección de Negocio de Caja Madrid,
evaluador de los riesgos, aconsejó la siguiente operación por
800.000 euros sobre la base de la “excelente” ubicación de los
locales y las perspectivas de beneficio que eso hacía albergar.
El análisis de la entidad correspondiente al segundo crédito
apuntaba: “Se enclavan en el corazón del ámbito financiero y
comercial de Boadilla del Monte, totalmente consolidada en cuanto a
población, comercio y servicios se refiere. Los locales de Artas son
los únicos disponibles en toda la zona, habiendo comprobado
personalmente que la ocupación en los alrededores es superior al
95%. Justo enfrente de los locales de Artas se encuentra la parada
del Metro Ligero, estación Infante Don Luis. Entre los arrendatarios
ya contratados se encuentra El Corte Inglés (Opencor), Gilmar y el
propio Ayuntamiento de Boadilla del Monte donde ha ubicado la
Oficina de Atención al Ciudadano, una comisaría de policía local y
las oficinas de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda”.
Clientes de "primera fila"
El informe también aludía a la previsión de resultados de la
sociedad de Blanco Balín y a la evolución de las rentas: “En estos
momentos, suponen unos ingresos mensuales de 48.000 euros. Los
ingresos por alquiler, con el 100% de los locales y plazas
contratados ascenderá a 115.000 euros mensuales. La cuota mensual de
amortización del préstamo supone un 42% de esta cantidad. En cuanto
a la capacidad de generación de recursos, Artas nos ha facilitado la
cuenta de Pérdidas y Ganancias provisional en la que se observa un
elevado excedente de la explotación y cash flow suficiente para
atender correctamente el repago de la operación”.
No fue ésta, no
obstante, la única razón para que Caja Madrid financiara a Artas
Consultoría. Según recoge la valoración de la entidad, “la principal
compensación a futuro es el inicio de operaciones con el entorno de
D. Ramón Blanco, cuyo potencial de negocio es elevadísimo, y sin
duda nos aportará nuevas relaciones comerciales con clientes de
primera fila, económicamente hablando”.
José Ramón Blanco Balín fue vicepresidente de Repsol cuando Alberto
Cortina ocupó la Presidencia de la petrolera y es conocido por la
amistad que le vinculó al expresidente del Gobierno, José María
Aznar. Durante años estuvo considerado parte de los círculos de
decisión del país. Asesor fiscal (es inspector de Fianzas del Estado
en excedencia) ha sido retratado como una de las piezas claves del
caso Gürtel, como responsable del entramado societario en el
extranjero que Francisco Correa y el resto de la trama utilizó para
evadir capitales.
En febrero de este año saltaba de nuevo a la palestra porque la UDEF
(Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía) lo
relacionaba con quien aconsejó a Gerardo Díaz Ferrán, expresidente
de CEOE, que contratara a Ángel del Cabo para vaciar Marsans.
También a cuenta de Díaz Ferrán y de un crédito de 26,5 millones de
euros que éste recibió en 2009, está imputado el antiguo presidente
de Caja Madrid, Miguel Blesa, y el Comité Financiero de Caja Madrid
por aquel entonces.
Bankia pretende recuperar una parte
El pasado mes de marzo, Bankia dirigió un escrito al Juzgado Central
de Instrucción Nº5 de la Audiencia Nacional para notificar que dado
que Artas Consultoría S.A. no había atendido el pago de la cuota de
algo más de 38.000 euros con fecha de vencimiento 3 de marzo (en el
contexto de la investigación sobre la trama Gürtel quedaron
bloqueados los bienes tanto de la sociedad como de José Ramón Blanco
Balín) procedía a aplicar dicho cargo a la cuenta constituida como
prenda del préstamo de 5,9 millones.
Explicaba, asimismo, que esa cuenta, en la que queda un saldo de
algo más de 165.000 euros, “continúa pignorada en garantía de la
operación de préstamo”. Bankia pretende así recuperar una parte,
casi testimonial, de los 6,7 millones de euros concedidos a Blanco
Balín por Caja Madrid.
http://www.zoomnews.es/48148/actualidad/espana/caso-guertel-caja-madrid-blesa-como-presidente-concedio-67-millones-euros-al
EL JUEZ DE ‘GÜRTEL’
INVESTIGA OTRA OPERACIÓN DE 12 MILLONES EN MADRID
La firma Vancouver Gestión compró la finca en 2006, obtuvo la
licencia de obras para construir 99 viviendas el 6 de septiembre de
2007 y vendió el terreno un mes más tarde
El vendedor fue David Marjaliza, conocido por su amistad con el ex
secretario general del PP Francisco Granados
El magistrado ya ha tomado declaración como testigo a uno de los
responsables de la empresa de Marjaliza
El magistrado que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional,
Pablo Ruz, está investigando una operación urbanística de 12
millones de euros firmada el 5 de octubre de 2007 en el municipio
madrileño de Valdemoro, según un auto aportado al sumario el pasado
23 de abril. Se trata de la venta de un solar por parte del
empresario David Marjaliza, con gran presencia en negocios
inmobiliarios en la Comunidad de Madrid (entre otras firmas a través
de Dico) y conocido por su amistad personal con el ex secretario
general del PP madrileño Francisco Granados.
Ruz ha solicitado la escritura pública de la compraventa de esta
finca de Valdemoro en relación con la investigación que se
desarrolla sobre el imputado Antonio Villaverde Landa, considerado
testaferro del presunto cerebro de la red 'Gürtel', Francisco
Correa. Hasta el momento, según el sumario, las pesquisas apuntan a
que Villaverde Landa era uno de los encargados de transferir el
dinero opaco de Correa a Suiza y Estados Unidos mediante un sistema
de "compensación" (ver PDF). Asi, Villaverde Landa recibía el dinero
en efectivo del entorno de Correa y se lo entregaba a otras personas
en España, que eran las encargadas de transferir desde sus propias
cuentas el dinero a Suiza o Estados Unidos. El total de fondos
transferidos superó los 1,8 millones de euros. Este testaferro
también gestionó el dinero del número dos de Correa, Pablo Crespo, y
de una sociedad atribuida al exalcalde de Majadahonda Guillermo
Ortega.
En Valdemoro Ruz centra sus pesquisas en la adquisición por parte de
la empresa Staig Madrid, representada por Antonio Francisco Calvo
Leira, de un solar en el centro de esta localidad madrileña a la
firma Vancouver Gestión SL, de David Marjaliza. Según la
documentación aportada por el Órgano Centralizado de Prevención del
Blanqueo (OCP) del Consejo General del Notariado, Marjaliza vendió
el 5 de octubre de 2007 un solar de 1.475 metros cuadrados, en la
Plaza Duque de Ahumada, que había adquirido un año antes. La
escritura de la venta del solar indica, además, que Marjaliza
suscribió el 19 de septiembre de 2006 un préstamo por 6,4 millones
de euros, que canceló el mismo día de la venta a Staig Madrid, una
sociedad con sede en Pozuelo de Alarcón.
La licencia de obras fue concedida por el Ayuntamiento de Valdemoro
apenas unos días antes de la operación, en concreto el 6 de
septiembre de 2007. La propuesta partió del concejal de Urbanismo y
Obras, José Javier Hernández Nieto, que permitió la construcción de
99 viviendas, locales comerciales y garajes.
El pago, según la escritura, se efectuó mediante dos cheques.
Utilizando la sociedad de Marjaliza uno de ellos, por un valor de
6,4 millones, para cancelar la hipoteca con la Caja de Ahorros del
Mediterráneo (CAM).
Para completar la información, Ruz ha solicitado a la Agencia
Tributaria que recabe el modelo 347 (un formulario que deben
presentar todas las empresas comunicando las operaciones superiores
a 3.000 euros) del año 2007 de las mercantiles que realizaron la
compraventa en Valdemoro, concretamente Vancouver Gestión y Staig
Madrid. En ese sentido el juez, según fuentes de la investigación,
ya ha tomado declaración como testigo a José Luis Cápita Gallardo,
uno de los administradores de la empresa de Marjaliza.
infoLibre se ha puesto en contacto con un portavoz de la firma
Vancouver, que rechazó cualquier ilegalidad en la operación.
"Nosotros estamos al día con la venta, y los talones estaban en
regla. Debe ser que quién nos compró el terreno ha hecho algo mal.
Pero no sabemos nada", explicó dicho portavoz. Pese a la elevada
cifra de la operación, de 12 millones de euros, aseguró "no
recordar" la identidad del comprador y alegó que la mayor parte de
las operaciones se realizaban con intermediarios: "Y nosotros le
pagamos su comisión, y no hubo ningún problema".
Esta no es la primera vez que aparece el nombre del Marjaliza en el
sumario del caso Gürtel. La propia denuncia inicial presentada en
2008 por el exconcejal del PP de Majadahonda José Luis Peñas ante la
Fiscalía Anticorrupción incluía una grabación en la que el
constructor de la firma Dico Raúl Calvo conversaba con el
denunciante de 'Gürtel' acerca de la situación del PP madrileño. En
esta grabación, que fue publicada por El País el 10 de abril de
2010, el contructor vinculaba a Marjaliza con el ex consejero
madrileño Francisco Granados. "Marjaliza es el tapado de Granados",
especifica la grabación que consta en el sumario.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/05/02/ruz_investiga_venta_por_millones_terreno_importante_constructor_madrid_3243_1012.html
EL JUEZ ORDENA EL
EMBARGO DE DOS CASAS Y LAS CUENTAS DEL EXCONSEJERO LÓPEZ VIEJO
El exconsejero debe hacer frente a la fianza civil de 750.000 euros que le
impuso el juez Pedreira
El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz ha ordenado el embargo de dos
casas y de todas las cuentas bancarias del exconsejero de Deportes del
Gobierno de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo. El embargo tiene como
objetivo que haga frente a la fianza por responsabilidad civil de 750.000
euros que le impuso el anterior instructor del caso Gürtel Antonio Pedreira.
Hasta ahora, López Viejo solo había depositado como aval una vivienda que
comparte en Madrid con su esposa. El juez le había dado un plazo para que
mostrara más bienes con los que avalar esa fianza, al entender que la citada
casa era un bien insuficiente. Por eso ahora Ruz ordena embargar otra casa
que posee en Caspe, Alicante, y todas sus cuentas corrientes.
Ruz destaca que el dinero es para que haga frente a las responsabilidades
pecuniarias derivadas de los delitos (seis en total) que le imputan él y la
Fiscalía Anticorrupción: blanqueo de capitales, cohecho, prevaricación,
tráfico de influencias y asociación ilícita. López Viejo, uno de los más
estrechos colaboradores de Aguirre, fue el encargado de organizar todos los
actos de la presidenta durante sus mandatos al frente de la Comunidad de
Madrid: desde primeras piedras de nuevos hospitales, inauguración de
escuelas y guarderías, hasta actos benéficos…
Los actos los realizaba la trama Gürtel, a precios superinflados, casi el
doble de lo que podían costar en el mercado, y López Viejo se llevaba
supuestamente una comisión. Los distintos jueces instructores del Gürtel han
requerido a la comunidad para que les facilite más de 400 contratos de actos
del Gobierno regional en los que habría intervenido el exconsejero López
Viejo.
http://politica.elpais.com/politica/2013/04/29/actualidad/1367235637_830567.html
HACIENDA ASEGURA QUE 4 MILLONES DE LA OPERACIÓN CALDERÓN SIRVIERON PARA
PAGAR UNA COMISIÓN A CORREA
La Agencia Tributaria acusa al dueño de Martinsa de defraudar casi 6
millones por tener dinero en paraísos fiscales
Fernando Martín declaró un ingreso de 5 millones por vender acciones de una
empresa, pero realmente fueron 9 millones, según el informe oficial
El empresario zaragozano Manuel Salinas Lázaro pagó en junio de 2006 al
dueño de Martinsa, Fernando Martín, cuatro millones "sin declarar" a cambio
de entrar en el negocio de la recalificación delVicente Calderón, según
indica un informe de la Agencia Tributaria. "Las rentas no declaradas por
Martín son consecuencia del descubrimiento de la existencia de un patrimonio
oculto, que estaba situado ya sea de forma directa o con una sociedad
pantalla interpuesta, en cuentas en entidades bancarias situasas en paraísos
fiscales", sostiene el documento.
Hacienda indica también que la declaración presentada por Martinsa reseña
ingresos de 5 millones de euros, pero que no contabiliza los cuatro millones
de euros que recibió directamente en una cuenta a nombre de Cedargrove en
Mónaco. Por ese dinero y otras cuentas Hacienda le acusa de defraudar casi 6
millones de euros.
El documento elaborado por Hacienda el pasado 7 de marzo especifica también
que los cuatro millones que no declaró Martinsa pasaron a engrosar las
cuentas del Fernando Martín en Mónaco, que transfirió 13 millones a
Francisco Correa como intermediario de la operación Arganda. Considerado el
mayor pelotazo del caso Gürtel, que en total se elevó a 25 millones de
euros. Según un arquitecto que trabajó para Martinsa en Arganda, el
Ayuntamiento, gobernado por el PP, permitió modificaciones de la
edificabilidad que favorecieron a la firma de Fernando Martín, que obtuvo
unas plusvalías de casi 200 millones de euros.
El informe de Hacienda, que consta de 118 folios, relata que la empresa
Tasal, cuyos dueños son el matrimonio Salinas-Villaba, compró a la de
Fernando Martín el 5,01% de las acciones de RTM Desarrollos Urbanísticos y
Sociales. Esta firma era la titular del 10% de las acciones de la División
Inmobiliaria del Atlético de Madrid, que fueron adquiridas a los dirigentes
del Atlético de Madrid, como paso previo a la reclasificación del estadio
Vicente Calderón y de la antigua fábrica de la cerveza Mahou. Este acuerdo,
según explicó el Atlético de Madrid, fue finalmente disuelto.
Estos cuatro millones "opacos" elevarían el coste del 5% de RTM "como mínimo
a los 9 millones de euros", argumenta el documento de Hacienda, que
especifica que Martinsa incluyó en su contabilidad una entrada de 5
millones, declarando solo por eso unos beneficios de 4,8 millones de euros.
"El señor Salinas manifiesta que el destino de la transferencia a favor de
Cedargrove de 27 de junio de 2006 por 4 millones de euros es el pago por la
compra de acciones de RTM", indica la funcionaria de Hacienda, confirmando
que el empresario zaragozano adquiere finalmente las acciones, pero no a su
nombre, sino al de su empresa Tasal. "Es importante señalar que en el
documento bancario en el que Manuel Salinas Lázaro ordena la transferencia
se menciona expresamente a RTM S.L."
La información suministrada por el Principado de Mónaco sobre el banco
Lloyds TBS, en el que Fernando Martín tenía una cuenta, confirma quede los
13 millones pagados a Correa, Fernando Martín aportó 7, Manuel Salinas, 4; y
Amando Mayo, 2. Todos imputados en el caso 'Gurtel'.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/03/13/hacienda_explica_que_millones_dinero_opaco_compra_rtm_sirvio_para_pagar_una_comision_millones_correa_1111_1012.html
350.000 EUROS TRAS LA RECALIFICACIÓN DEL ESTADIO DEL ATLÉTICO DE MADRID
Fernando Martín y su socio pactan el reparto del dinero tras la aprobación
urbanística
El Ayuntamiento de Madrid firmó dos años después del acuerdo privado un
protocolo de actuación para reclasificar el terreno
La existencia de un contrato privado firmado en febrero de 2005entre
Fernando Martín y Amando Mayo, regulando el pago de 700.000 euros en
concepto de inversión en la operación Calderón, pone de manifiesto que los
dos imputados estaban interesados en que se reclasificara el estadio, con la
intención de construir viviendas. En el documento se cita un contrario
previo, suscrito el 27 de enero del mismo año entre RTM y el Atlético de
Madrid, en el que se explica que el club había vendido el 10% de la división
inmobiliaria rojiblanca a RTM, que compraba 2.261.848 de acciones (22,6
millones de euros). Ambas partes se prometen "de forma recíproca", la
compraventa de los 20 millones de acciones restantes del club en la División
Inmobiliaria del Atlético (Dicam).
El apartado segundo del contrato, relativo a la contraprestación por la
aportación de 700.000 euros, indica que el socio-gestor (Martinsa) se obliga
a realizar al cuenta partícipe (Amando Mayo) los siguientes pagos a cuenta
de la liquidación definitiva del proyecto: "La cantidad de 350.000 euros en
el plazo de 15 días desde la aprobación definitiva del planeamiento que
resulte necesario para la obtención de losaprovechamientos acordados en el
convenio urbanístico que se firme entre el club, la Comunidad de Madrid y el
Ayuntamiento de Madrid para la reordenación de la parcela en que se ubica
actualmente el estadio Vicente Calderón". Martinsa también se comprometió en
el acuerdo, que en su punto octavo incluye una cláusula de confidencialidad,
"a abonar 350.000 euros en el plazo de 15 días desde el otorgamiento de las
licencias de obras necesarias para la ejecución del proyecto inmobiliario".
De esta forma, tanto Fernando Martín como Amando Mayo confiaban en que el
Consistorio madrileño, encabezado por el ahora ministro de Justicia, Alberto
Ruiz-Gallardón, como la Comunidad de Madrid, con Esperanza Aguirre de
presidente e Ignacio González como número dos, iban a dar el visto bueno a
la operación urbanística. Pero el acuerdo con el Ayuntamiento no llegó hasta
el 30 de julio de 2007, dos años después de que Martinsa y Amando Mayo
firmaran su contrato.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/02/27/350_000_euros_dias_desde_aprobacion_definitiva_del_planeamiento_650_1012.html
EL ALCALDE DE ARGANDA MANTUVO HASTA 2005 UNA CUENTA CONJUNTA CON MARTÍN
VASCO Y GINÉS LÓPEZ
Pablo José Rodríguez Sardinero sustituyó al exregidor tras dimitir por su
imputación en el caso 'Gürtel'
Benjamín Martín Vasco cobró 150.000 euros de la cuenta en la que Correa
recibió 13 millones de euros del empresario Fernando Martín
El informe de la Agencia Tributaria del pasado 7 de marzo sobre el mayor
pelotazo del caso Gürtel dedica un apartado especial a los cargos públicos
del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid). En el asignado al exalcalde
del PP Ginés López, se incluye una referencia al actual regidor del
municipio: "Ginés López mantiene hasta el 2005 una cuenta abierta a su
nombre y el de Benjamín Martín Vasco y Pablo José Rodríguez Sardinero
(alcalde de Arganda desde la dimisión de Ginés López desde 2009). Desde un
principio el alcalde siempre ha rechazado cualquier relación con la trama
corrupta.
Pero el excargo del PP de Arganda del Rey que parece tener mayor importancia
en el informe es el exdiputado en la Asamblea madrileña Benjamín Martín
Vasco. A quien atribuye la propiedad de la sociedadFermayor, que recibió
150.000 euros de la empresa Golden ChainProperties del presunto cerebro de
la red corrupta, Francisco Correa, unos meses después de que el Ayuntamiento
de Arganda adjudicara unas parcelas municipales a Martinsa. El principal
propietario de esta última firma, Fernando Martín, está acusado de pagar 13
millones de euros a Correa por su intermediación en la operación de Arganda.
En la contabilidad b de Correa aparece el apunte BENJ: 150.000 euros, algo
que según la Agencia Tributaria confirmaría el cobre de Benjamín Martín
Vasco, que también fue presidente de la empresa municipal de Arganda
Sociedad de Fomento. Pero en realidad la empresa atribuida a Martín Vasco
está a nombre del ciudadano hispanovenezolano Jorge L. Viña Fernández. Por
eso la Agencia Tributaria ha solicitado al juez que busque todas las cuentas
a nombre de esta persona.
En cuanto al exregidor de Arganda Ginés López el informe resalta que recibió
más de medio millón de euros de Correa: "En este caso queda probado que las
rentas proceden en su totalidad de la participación de Ginés López como
cargo público del Ayuntamiento de Arganda en las actividades de Correa",
explica la inspectora de Hacienda, que reseña que en 2006 el fraude fue de
148.500 euros, por lo que al superar los 120.000 euros se puede hablar de
delito fiscal.
Sobre el consejero de la sociedad de Fomento de Arganda Juan Fernández
Caballero el informe recuerda que su familia fue objeto de regalos por parte
de Pasadena Viajes, la agencia de Francisco Correa.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/03/13/el_alcalde_arganda_tuvo_una_cuenta_bancaria_hasta_2005_con_martin_vasco_gines_lopez_1125_1012.html
EL JUEZ INVESTIGA LA RELACIÓN ENTRE EL MAYOR PELOTAZO DE LA ‘GÜRTEL’ Y LA
RECALIFICACIÓN DEL CALDERÓN
Mónaco suministra los datos sobre la transferencia de 13 millones que recibe
Correa tras comprar Martinsa acciones de la división inmobiliaria del
Atlético de Madrid
Fernando Martín, uno de los promotores de la operación urbanística, abonó el
dinero desde una empresa de Panamá, según el sumario
El magistrado que instruye la Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, y
las dos fiscales asignadas a la investigación, Concepción Sabadell y Miriam
Segura, tienen sobre la mesa numerosa documentación procedente del
Principado de Mónaco que siembra dudas sobre el origen del mayor pelotazo
del caso, de 25 millones de euros.
Hasta el momento, el juez y las fiscales consideraban que tanto los primeros
12 millones, abonados en diciembre de 2004, como los 13 siguientes, pagados
en 2006, y de los que se benefició el presunto cerebro de la red corrupta,
Francisco Correa, tenían como explicación única la adjudicación por parte
del Ayuntamiento de Arganda del Rey (Madrid) de unas parcelas a la empresa
Martinsa. Pero si se comprueba, tal y como se manifiesta la documentación
aportada por el banco británico Lloyds TBS, que el segundo pago de 13
millones realizado en junio de 2006 estaba relacionado con la operación
Calderón-Mahou, la investigación sufrirá un importante cambio.
Según los cálculos del arquitecto que se encargó del diseño del plan parcial
de Arganda del Rey para Martinsa, esa decisión municipal pudo haber supuesto
para esta firma hasta 500 millones de euros de beneficio. El principal dueño
de la promotora, Fernando Martín, niega que su negocio de Arganda haya
tenido tales plusvalías, al mismo tiempo que reitera la legalidad de esta
operación urbanística, recordando la existencia de varias sentencias que
redundan en la limpieza de la misma.
Pero la documentación aportada por Mónaco, como por ejemplo los informes
internos del banco británico Lloyds TBS, y por Panamá, país que certifica la
apertura de Fernando Martín de una empresa en este país relacionada con
Lloyds, muestra que la comisión de 13 millones podrían tener otra
justificación: la inversión de Fernando Martín en la empresa RTM, que en
2006 se hizo con el 10% de la División Inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam),
promotora de la operación Calderón-Mahou. La familia Gil traspasó en 2006 el
estadio Vicente Calderón, valorado en 226,18 millones, a la división
inmobiliaria del Atlético de Madrid (Dicam). Y en su constitución vendieron
el 10% (22,6 millones) a RTM y el 5% a Caja Madrid, obteniendo en total 33,9
millones. Ese dinero, según el club, fue devuelto años después al no
fructificar la operación urbanística. Además, en enero de 2012 el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anuló la modificación puntual del Plan
General de Ordenación Urbana (PGOU) de Madrid en el ámbito Mahou-Vicente
Calderón. El tribunal censuró la decisión de la Comunidad de Madrid y del
Ayuntamiento de la capital de aumentar la edificabilidad de las viviendas
previstas en el terreno del Calderón y la fábrica Mahou: "Por no ser
conforme a derecho permitir una edificabilidad general por encima de la
prohibición legal de edificar una altura superior a tres plantas más ático".
La documentación aportada en octubre de 2011 por la Policía Judicial del
Principado de Mónaco al anterior instructor del caso Gürtel, Antonio
Pedreira, incluye las notas del responsable de la cuenta de la empresa
panameña CedargroveInvestments, SA, abierta en el banco británico Lloyds por
el empresario Fernando Martín, principal accionista de la promotora Martinsa-Fadesa.
Desde esta cuenta se abonan los 13 millones a Francisco Correa en junio de
2006. Estas notas indican el motivo de la apertura de la misma: "Para
atender pagos no oficiales". Estos documentos evidencian, también, que
Fernando Martín abrió esa cuenta en junio de 2005 a nombre de Cedargrove. Y
para demostrar su propiedad aportan hasta fotocopias del DNI de Fernando
Martín, así como los de sus familiares, como beneficiarios de la cuenta.
Inversión de "564 millones de euros"
Y estas notas del banco, incluidas en el sumario, ponen de manifiesto que el
19 de junio de 2006 el encargado de la cuenta bancaria, Malcolm Klein,
mantiene una reunión con los imputados en la Gürtel: Fernando Martín y
Amando Mayo. Este último como intermediario. En la entrevista se habla de
dinero: "La cantidad total que ha de transferirse será de 13 millones de
euros y representará el 2% de la inversión total que están realizando en
España"; pero también del destino del mismo: "Se trata de las inversiones
relacionadas con la compra de acciones en una empresa de inversión llamada
RTM, propietaria del terreno en el que se encuentra el campo donde entrenan
(sic) los jugadores del equipo de fútbol Atlético de Madrid, la propiedad
adyacente donde se encuentra la fábrica de cerveza Mahou y tres grandes
extensiones de tierra en la ciudad de Málaga". En el informe del empleado
dek banco se explica que la inversión total será aproximadamente de 564
millones de euros. Y que la idea de Fernando Martín era urbanizar el terreno
comprado, de 751.000 metros cuadrados urbanizables. "Adelantan que
multiplicarán por cuatro sus inversiones y tienen pensado vender las
propiedades en un plazo de unos cuatro años. La inversión total del cliente
representará alrededor de un tercio del importe total". Además, numerosa
documentación aportada por Mónaco incluye en los justificantes de las
transferencias bancarias la referencia: RTM S. L.
Con toda esta información, el magistrado Ruz, a petición de las fiscales y
de la Agencia Tributaria, ha solicitado varias diligencias relacionadas con
la empresa RTM. En concreto, la fiscalía ha reiterado la ampliación de la
comisión rogatoria de Mónaco con la intención de que se recabe la
documentación aportada a la entidad Lloyds Bank como justificación de la
transferencia de un millón de euros efectuada desde la cuenta de la sociedad
ArthingtonInvestments en junio de 2006 a favor de la cuenta
CedargroveInvestments. "Por cuanto de la documentación remitida con
anterioridad por las autoridades monegascas resulta que en la reunión
mantenida el 19 de junio de 2006 el cliente se habría comprometido a aportar
copia de la escritura o documento de la inversión inmobiliaria a la que
estarían destinados los fondos". La Fiscalía quiere salir de dudas sobre si
los 13 millones se pagaron por RTM o por Arganda del Rey.
Además, la aparición de un supuesto contrato entre Amando Mayo y Fernando
Martín sobre la salida del primero de RTM a cambio de 700.000 euros, ha
obligado al juez a modificar hasta en dos ocasiones un auto. El 30 de enero
Ruz rectifica un auto del 15 de octubre pasado en el que inicialmente se
refería de forma concreta a un acuerdo de Arganda. Ahora, con el cambio,
aparece el texto siguiente:"En el que se indica que División Inmobiliaria
del Club Atlético de Madrid S.L. (Dicam) es propietaria del Estadio Vicente
Calderón y de los terrenos sobre el que el mismo se asienta, sobre los que
pretende realizar una reordenación urbanística para su posterior desarrollo
inmobiliario] de fecha 27-10-2010 por importe de 744.743,53 euros".
Por el contrario, un informe de la Agencia Tributaria del 27 de agosto de
2012 pone en duda que los 13 millones de euros se deban a la inversión de
Fernando Martín en RTM. La Agencia Tributaria recurre también a las notas
del banco sobre la reunión con Fernando Martín llevado a cabo el 19 de junio
de 2006: "Por tanto, en esta reunión se trata de justificar la transferencia
de los 13 millones como una inversión en RTM, cuando lo cierto es que
Martinsa efectivamente participa en esta sociedad en un tercio, pero desde
su constitución en 2004". Hacienda destaca también que Amando Mayo aportó en
2005 alrededor de 700.000 euros a la sociedad Martinsa-Fadesa para
participar en la compra de acciones de la compañía mercantil RTM Desarrollos
Urbanísticos y Sociales S.A. "para un proyecto inmobiliario sobre los
terrenos privados del estadio Vicente Calderón". Y hasta la fecha, el
magistrado Pablo Ruz ha rechazado los intentos de la Asociación Señales de
Humo de personarse en el caso Gürtel. Esta asociación, compuesta por
aficionados del Atlético de Madrid contrarios a la gestión de la familia Gil
al frente del club madrileño, fueron los artífices de varios recursos
judiciales, como por ejemplo el que ha paralizado la operación Calderón-Mahou.
infoLibre se ha puesto en contacto con Fernando Martín, que no ha querido
responder a las preguntas relativas al caso. Sin embargo, emitió un
comunicado en el que reconoce que abrió cuentas en Mónaco. Aunque sostiene
que los dos pagos, de 12 y 13 millones, no tenían como destino España: "Las
transferencias bancarias a las que se hace alusión en algunas informaciones
guardan relación única y exclusivamente con unas antiguas inversiones
personales realizadas por Fernando Martín en el extranjero, y no con ninguna
operación inmobiliaria en España".
Fernando Martín no ha querido responder a estas preguntas:
1. Las comisiones rogatorias de Mónaco y Suiza han aportado documentación de
la presunta apertura por su parte (y su familia) de varias cuentas en el
banco británico Lloyds. Una de ellas a nombre de la sociedad Cedargrove, y
que en junio de 2006 hace una transferencia de 13 millones de euros. Según
el sumario 7 son suyos, dos de Amando Mayo y cuatro de Manuel Salinas. ¿Me
puede confirmar este dato?
2. En las transferencias el motivo que se alega es RTM S.L., ¿se refiere al
pago del tercio de los 22,6 millones que se abona al Atlético de Madrid?
3. ¿Esa inversión era relativa a la operación Calderón? En su declaración de
junio de 2011 Amando Mayo reconoce que Salinas participa en esa operación,
que al final se ha desechado.
4. ¿Cómo puede explicar que los 13 millones de euros acabaran en manos de la
empresa Golden ChainProperties, propiedad de Francisco Correa?
5. ¿Sabía que la empresa Cedargrove y Golden Chain tienen una misma raíz
panameña? ¿Y que a su vez podría estar relacionada con la empresa
CoastInversors, expropietaria del ático de presidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González?
6. Además, en una grabación de una conversación entre Amando Mayo y el
empleado de Lloyds Malcolm Klein sobre una inversión se cita al "tío
Fernando". ¿De qué hablan, de Arganda o de la Operación Calderón?
7. En el sumario de la Gürtel se incluye la existencia de un acuerdo privado
entre Amando Mayo y Martinsa de febrero de 2005 sobre RTM. ¿Está relacionado
con el pago de los 13 millones de euros?
El Atlético de Madrid tampoco ha querido contestar a las preguntas relativas
a la inversión de RTM en Dicam.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/02/27/el_juez_investiga_relacion_entre_mayor_pelotazo_gurtel_recalificacion_del_calderon_643_1012.html
UNA CUENTA BANCARIA PARA "LOS PAGOS NO OFICIALES" DE FERNANDO MARTÍN
"El cliente puede generar grandes cantidades de fondos no oficiales a través
de sus transacciones inmobiliarias", explica un empleado del banco
"Ha sido nombrado presidente del Real Madrid y prefiere evitar cualquier
contacto directo"
El perfil sobre el inversor elaborado por los empleados del banco británico
Lloyds describe a Fernando Martín, según las autoridades de Mónaco: “Como
uno de los mayores promotores inmobiliarios de Madrid. Su empresa Martinsa
está involucrada en varios proyectos, incluyendo la construcción de un área
de entrenamiento para el Real Madrid F. C.”. Después de la definición, el
empleado de Lloyds TBS Malcolm Klein relata que Martín había sido
recomendado por la empresa Asignia, cuyo titular era Amando Mayo, otro de
los imputados en Gürtel.
En los documentos de la entidad finaciera se especifica también el uso que
Fernando Martín quiere dar a la cuenta abierta en el Principado de Mónaco a
nombre de la panameña Cerdargrove, desde la que se pagaron 13 millones a
Francisco Correa: "La cuenta recoge los ahorros familiares 'off shore' y
podría utilizarse para la financiación de pagos no oficiales para algunas de
las mayores inversiones del cliente".
En octubre de 2005, Fernando Martín abre una la cuenta que se usará “para
financiar parte de sus operaciones inmobiliarias. Estos activos han de
separarse de la otra cuenta, que representa sus ahorros”. Y el 13 de julio
de 2005 Fernando Martín participa en una reunión con el ejecutivo de cuentas
de Lloyds acompañado de su mujer y dos hijos: “El introductor [en referencia
a Amando Mayo, según las autoridades monegascas] ha vuelto a confirmar que
éste es un cliente importante para él en España y que deberíamos mantener
siempre el contacto con él ya que el cliente puede generar grandes
cantidades de fondos no oficiales a través de sus transacciones
inmobiliarias”.
Malcolm Klein relata que tras explicarles en la reunión el contenido de la
directiva europea sobre tributos, “se mostró conforme de crear esta empresa
en Panamá a través de Alemán [notario de Panamá] por, entre otros, motivos
de confidencialidad y de seguridad. Nos informó de otra cuenta que tiene en
el CFM con una cantidad similar a la de esta (1,5 millones). Está disgustado
con ellos porque no le han informado de las implicaciones que tiene para él
la directiva europea. Hablará con el introductor y puede que decida
concentrar todos sus activos en paraísos fiscales en un banco y transferir
esta cuenta (CFM), además de la que tiene en el KBL (3 millones de euros
transferidos inicialmente desde nosotros en 2004). Él y el introductor nos
mantendrán informados de su decisión”.
El 10 de mayo de 2006, Fernando Martín se vuelve más cauto al sernombrado
presidente del Real Madrid, según el ejecutivo de cuentas: "Por el momento
todos los contactos se realizan a través del 'PoA' (apoderado) o a través de
la mujer, dado que el marido ha sido nombrado presidente del Real Madrid
Club de Fútbol, y ahora es una personalidad que ocupa una posición
destacada. Aunque puede que no sea por mucho tiempo, aun así prefiere evitar
cualquier contacto directo".
La cuenta de Cedargrove se nutrió de otra previa de Fernando Martín, abierta
el 14 de abril de 2003, y que el empresario denominó "Finca". En el informe
del banco se constata que Fernando Martín se mostró descontento porque el
banco le enviara el correo de las operaciones, y que por tanto le cobraran
por eso: “El cliente pidió detalles de los movimientos de la cuenta
corriente. Los repasamos y no se mostró conforme con que le estuviéramos
pasando cargos anuales por mantenimiento de la cuenta y por conservación de
correo. Pide que lo anulemos".
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/02/27/una_cuenta_bancaria_para_quot_los_pagos_oficiales_quot_646_1012.html
“YO LO QUE HICE FUE FIRMAR DOS TRANSFERENCIAS A FERNANDO MARTÍN”
Amando Mayo, socio del dueño de Martinsa, asegura ante el juez Ruz que
desconoce el destino de su dinero
"Sé que el Grupo Salinas tenía un activo que era el del Calderón-Mahou"
Amando Mayo, uno de los imputados en Gürtel, al que la Agencia Tributaria
considera intermediario financiero de Fernando Martín con el banco Lloyds
TBS, reconoció en su declaración ante el juez del 14 de julio de 2011 haber
participado junto con el dueño de Martinsa en una inversión: “Me dijo: tengo
una operación de inversión en tema… para un tema inmobiliario, que va a ser
una gran operación, con otra serie de clientes. ¿Qué hay que hacer?
Traspasar a mi cuenta personal. Yo tenía en este caso los dos millones, se
traspasaron y en paz”. En una grabación que consta en el sumario, aportada
por el Lloyds TBS, Amando Mayo, habla con el empleado Malcolm Klein,
aludiendo al "tío Fernando”. “Te va a llamar para que hagas líquida la
cartera. Le ha salido un tema inmobiliario importante e incluso me ha
invitado a mí a participar. Es un tema de recuperación máximo en 5 meses”,
le dice
Amando a Malcolm Klein.
Durante el interrogatorio de Mayo una de las fiscales trató de saber más
datos sobre la operación, iniciando una conversación que contó connumerosas
imprecisiones por parte del imputado:
Pregunta. “Le explicaron en qué consistía el proyecto inmobiliario?
Respuesta. “Él habló de países en abstracto”.
P. “¿Pero le informó de qué es lo que pensaba hacer? Usted es un experto….”.
R. “Un desarrollo… no, yo soy experto en valores inmobiliarios. Ahí me ha
ido bien. Y en el inmobiliario soy un inútil, me ha ido fatal.Es la
realidad…”.
P. “¿Y no recuerda, en concreto, si en relación a la operación de los 13
millones de euros, en la que usted envió 2 millones, pudiera ser que
mantuviera una reunión con el gestor de la cuenta, y se informara de cuál
era la finalidad de esa inversión, y cuál era la aportación que iba a hacer
cada uno?”.
R. "Yo lo que hice fue firmar dos transferencias de mi dinero personal a la
cuenta de Fernando Martín, exclusivamente".
Después, la fiscal se interesa en saber si Amando Mayo tuvo intención o si
había realizado alguna inversión en relación con la compra de un terreno del
Real Madrid o del Atlético de Madridcomo campo de entrenamiento.
Respuesta. "Jamás, eso que es..".
Pregunta. "Y en relación a la sociedad RTM, usted ha dicho que sí que ha
efectuado alguna inversión...".
R. “En la sociedad RTM el Grupo Salinas [Manuel Salinas, imputado en Gürtel]
tiene el 5%, y yo suelo asistir a las reuniones que realizan los consejos de
administración. Y sé que tenía un activo que era el del Atlético de Madrid
Calderón-Mahou. Ese lo vendieron, ya no está. Sé que queda un solar en
Alcorcón que está cerca de la ciudad deportiva, de lo que va a ser la ciudad
deportiva del Atlético de Madrid. Tienen otro tema en Málaga, y tienen otro
que va de horror. La última vez en el consejo de administración hablaron de
la posibilidad de adjudicar a los socios de RTM el terreno ese…”.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/02/27/quot_que_hice_fue_firmar_dos_transferencias_dinero_personal_cuenta_fernando_martin_quot_647_1012.html
UNA GRABACIÓN ENVIADA POR MÓNACO APORTA NUEVOS DATOS SOBRE EL MAYOR PELOTAZO
DE LA 'GÜRTEL'
La Policía Judicial del Principado de Mónaco ha enviado al magistrado que
instruye el caso Gürtel, Pablo Ruz, una grabación en la que el
intermediario financiero Amando Mayo anuncia en 2006 al banco británico
Lloyds una importante inversión del “tío Fernando”. Según los informes
previos de la Policía española, los 13 millones de euros, considerados el
mayor pelotazo de Gürtel, finalizan en manos del presunto cerebro de la red
corrupta, Francisco Correa. La Policía vincula esa transferencia bancaria a
Fernando Martín, dueño de la inmobiliaria Martinsa e imputado en el caso.
Esta comisión tendría su origen, según los mismos documentos policiales, en
la intermediación del propio Correa para lograr que el Ayuntamiento de
Arganda del Rey, cuyo exalcalde Ginés López (PP) también está imputado,
adjudicara unas fincas municipales a Martinsa.
Además, el Principado de Mónaco, citando al Lloyds Bank, explica que la
persona a la que la entidad financiera denomina en sus informes internos
como PoA (Power of Attorney) es Amando Mayo, a quien identifica como uno de
los participantes en la grabación. Su interlocutor es Malcolm Klein,
ejecutivo de cuentas de Lloyds Bank. En el audio, Amando habla sobre “el tío
Fernando”. “Te va a llamar para que hagas líquida la cartera. Le ha salido
un tema inmobiliario importante e incluso me ha invitado a mí a participar.
Es un tema de recuperación máximo en cinco meses”, le dice Amando a Malcolm
Klein en vísperas de la operación de Arganda, tal y como se puede oír en la
grabación aportada por el Principado de Mónaco.
"Yo no tengo nada que ver con este tema"
Según la Agencia Tributaria y la Policía Judicial, Amando Mayo sería
unintermediario de la cuenta de Fernando Martín en Mónaco, pero que además
aportó de su propio dinero dos de los 13 millones.
infoLibre se ha puesto en contacto con Fernando Martín, quien ha negado ser
“el tío de ninguna de esas personas". "Yo no tengo nada que ver con este
tema”, explicó el máximo accionista de Martinsa, que siempre ha asegurado
que la adjudicación del Consistorio de Arganda “fue totalmente legal”.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/02/12/una_grabacion_enviada_por_monaco_aporta_nuevos_datos_sobre_mayor_pelotazo_gurtel_289_1012.html
EL EMPRESARIO CALVO SORIA ASEGURA QUE LA RED 'GÜRTEL' FALSIFICÓ SU FIRMA
Está imputado por blanqueo de capitales y como cooperador necesario en
varios delitos fiscales
Ha sido preguntado por una transacción de 240.000 euros que Rustfield,
ligada a Correa, hizo a Lujeca Inversiones, de la que era socio Calvo Soria
El empresario Jesús Calvo Soria, que ha declarado este miércoles como
imputado en el marco del caso Gürtel, ha negado ser testaferro del cabecilla
de la trama, Francisco Correa, y ha asegurado que alguien le falsificó la
firma para que apareciera como administrador de varias sociedades que la red
habría utilizado para blanquear dinero procedente de comisiones ilegales por
la adjudicación de concursos públicos, informaron a Europa Press fuentes de
la causa presentes en la declaración.
Calvo Soria, que ha declarado ante el juez Pablo Ruz antes de que lo hiciera
el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (PP) Jesús Sepúlveda, está imputado por
blanqueo de capitales y como cooperador necesario en varios delitos fiscales
por estas operaciones, que ha defendido ante el juez como "legales" dentro
del mercado inmobiliario.
En concreto, el imputado ha sido preguntado por una transacción de 240.000
euros que la sociedad Rustfield, radicada en el Reino Unido y vinculada a
Correa, hizo a Lujeca Inversiones, de la que era socioCalvo Soria, en junio
de 2003, cuando Sepúlveda era alcalde de la localidad madrileña, informaron
fuentes jurídicas.
60.000 euros para Sepúlveda
Según la documentación que obra en la causa, ese dinero se hizo llegar al
contable de la trama Gürtel, José Luis Izquierdo, que lo repartió de la
siguiente manera: 60.000 euros fueron a parar a una sociedad denominada
Quintamari, 96.000 al colaborador de Correa Plácido Vázquez y otros 60.000 a
"J.S. (Jesús Sepulveda)", según consta en un escrito incautado por la
Policía, que añade que el resto se lo quedó Correa.
Las citadas fuentes también han indicado que el imputado ha reconocido su
vinculación a la sociedad Nuevos Proyectos Inmobiliarios Salobreña, también
vinculada a la trama, aunque ha dicho que trabajó en ella porque conocía a
la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano.
http://www.infolibre.es/noticias/politica/2013/02/13/calvo_soria_asegura_que_red_gurtel_falsifico_firma_315_1012.html
EL JUEZ RUZ ORDENA EMBARGAR LOS BIENES DEL EXALCALDE DE BOADILLA
La medida pretende asegurar la fianza civil de 1,8 millones dictada contra
González Panero
El juez del caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decretado
hoy el embargo de los bienes del exalcalde de Boadilla (Madrid) Arturo
González Panero, para asegurar la fianza civil de 1,8 millones de euros
dictada contra él dentro de esta causa de supuesta corrupción. En un auto
notificado esta mañana, el juez recuerda que el 1 de diciembre de 2009 se
impuso la fianza civil al ex primer edil para asegurar las responsabilidades
pecuniarias que podrían derivar de una condena por este caso.
El 20 de junio de 2011, el juzgado acordó el embargo de las cuantías que
recibió Panero —al que el cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa,
llamaba El Albondiguilla—, en concepto de indemnización por importe de
25.691 euros, y un año después el fiscal pidió que se decretara el embargo
sobre sus bienes muebles e inmuebles para cubrir la fianza civil.
En respuesta a esta petición, el magistrado decreta el embargo del dinero
que tiene el exalcalde en varias cuentas bancarias a su nombre, así como
derechos de uso de instalaciones, un coche de su propiedad, y varias
acciones y participaciones en tres fondos de inversión.
Panero está imputado en este caso por los delitos de cohecho, asociación
ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad.
Según el auto de imputación que firmó contra él el juez Baltasar Garzón, que
instruyó el caso, en una reunión entre el exdiputado del PP en la Asamblea
de Madrid Benjamín Martín Vasco y los líderes de la trama, Francisco Correa
y Pablo Crespo, se habló de las entregas de cantidades de dinero a González
Panero, entre otros.
Además, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte habría participado en la
adjudicación directa de contratos a la empresa de Correa Town Consulting, la
actual Easy Concept Comunicación, así como en la adjudicación del proyecto
de la construcción de la ciudad deportiva de Boadilla del Monte a la empresa
Hispánica.
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/07/actualidad/1362661630_821335.html?rel=rosEP
“TUVIMOS MUCHAS FACTURAS RETENIDAS, MUY SUPERIORES A UN IMPORTE
NORMAL”
Funcionarias de la Consejería de Empleo desvelan las
irregularidades en los recibos
Los últimos interrogatorios llevados a cabo en diciembre por el
magistrado que instruye el caso en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, tienen
que ver con la adjudicación de cientos de contratos a dedo, sin un mínimo
expediente, a las empresas de la trama Gürtel para organizar actos de
autobombo en los que intervenía la expresidenta de la Comunidad de Madrid
Esperanza Aguirre. Cientos de contratos ilegales de la Comunidad por un
valor, según el sumario del caso, que podía superar los cuatro millones de
euros.
Las declaraciones de los técnicos autonómicos ante el juez
cierran el círculo en torno al mismo culpable: Alberto López Viejo,
exconsejero de Deportes y mano derecha de Aguirre para sus actos
institucionales. En concreto, las dos últimas funcionarias que declararon
como testigos, Rosario Jiménez y Lourdes Barreda, de la Consejería de Empleo
y Mujer, indicaron que apenas tenían conocimiento de los actos que se
realizaban en la Puerta del Sol, pero que pagaba su departamento: “Nos venía
la factura dada de Sol [la Consejería de Presidencia] y no participábamos.
Me la ponían en un sobre encima de la mesa con un post-it que decía:
“Tramítese”. Esa era toda la información que tenía”, declaró ante el
magistrado Lourdes Barreda, cuyo cargo en los años en los que operó la red
Gürtel era el de subsecretaria de Gestión Económica Presupuestaria y de
Análisis de la Gestión de la Consejería de Empleo y Mujer de la Comunidad.
Se trata de cientos de contratos ilegales por valor de cuatro
millones de euros
Según el testimonio de esta funcionaria, las empresas cuyas
facturas procedían “de la Puerta del Sol eran cuatro o cinco, que se
repetían en 2004 y 2005. Y luego aparecieron las del Grupo Rafael y
Tecnoimagen”.
Lourdes Barreda reseñó también que una mujer, Alicia, en nombre
de Servimadrid y Good and Bette —dos de las empresas del presunto cerebro de
la trama Gürtel, Francisco Correa— llamaba de forma “persistente” para
interesarse por las facturas que no se habían pagado: “Fue la propia Alicia
la que me dijo que las personas que estaban detrás de los actos eran de
Presidencia, concretamente me nombró a Alberto López Viejo y Pedro Rodríguez
Pendás [exasesor del exviceconsejero de Presidencia de la Comunidad López
Viejo]”. Precisamente Rodríguez Pendás fue objeto de un informe policial en
el que se solicitaba su detención. Pero el entonces instructor del caso, el
magistrado Antonio Pedreira, no accedió a la petición policial.
Había empresas que facturaban distintas partes del mismo evento
Por su parte, la funcionaria Lourdes Barreda, según su versión,
trató de ponerse en contacto con Rodríguez Pendás tras poner en conocimiento
de la empleada de Francisco Correa que las facturas estaban paradas porque
no tenía información acerca de si el acto se había hecho, y si había
existido un mínimo procedimiento.
“Le envié varios correos y al final hable con él, pero no me
solucionó nada”, recordó la número dos del Departamento de Gestión Económica
de la Consejería de Empleo y Mujer. Y como no obtuvo información, la
funcionaria se vio obligada a comprobar de forma improvisada si el evento se
había publicado en la página web de la Comunidad de Madrid: “Nadie me daba
información de si se había hecho, de si esa era la empresa que lo había
hecho y de si se había hecho bien. Por eso yo veía mínimamente si el acto se
había desarrollado”, completó Lourdes Barreda en su declaración.
Quién dijo que había que pagarlas?”, “Juan José Güemes
Con los contratos menores se eludía el procedimiento de
contratación: “Lo que nos llegaba al final era la factura, nosotros nos
enterábamos ya a posteriori. Se realizaba el acto y después se presentaba
una factura con la justificación documental. Y la elección de la empresa la
realizaba la gente que tenía Alberto López Viejo, que era Pedro Rodríguez
Pendás, directamente en Presidencia. Era el que se lo daba a protocolo de la
Consejería [de Empleo y Mujer]”, destacó por su parte Rosario Jiménez,
responsable de la Secretaría General Técnica de la Consejería de Empleo y
Mujer, y por tanto la que entonces era la superior de Lourdes Barreda, que
fue interpelada por una de las fiscales del caso: “¿Y eso pasaba siempre que
los actos se hacían en Sol, siempre que estaba la presidenta [Esperanza
Aguirre]?”. “Sí”, contestó. Posteriormente, la fiscal se interesó en si en
todos esos eventos estaba presente la expresidenta de la Comunidad Autónoma
de Madrid: “Hombre, normalmente, eran en Sol. La elección de la empresa no
procedía del órgano gestor sino que procedía de Sol, de la gente de Alberto
López Viejo, de Pedro Rodríguez Pendas, me parece que se llamaba, el que nos
daba directamente la empresa que tenía que hacer el acto”. Precisamente, a
preguntas de Jaime González, el abogado de López Viejo, Rosario Jiménez,
explicó que los eventos de la Puerta del Sol se celebraban en fechas
concretas. “Los que se hacían en Sol eran los más importantes y tenían fecha
concreta, y eran actos a los que iba la presidenta. Y como iba la presidenta
había que incluirlos en la agenda con más antelación”.
Se trataba en todos los casos de facturas con un coste inferior a
los 12.000 euros. Y si costaban más, se fraccionaban, con la intención de
burlar la normativa. Por eso, en la Secretaría General Técnica de la
Consejería de Empleo y Mujer no podían fiscalizar el procedimiento
administrativo, que al ser de un contrato menor no requería un concurso:
“Mirábamos la correspondencia entre el gasto y lo que nos parecía a nosotros
que era el precio de mercado. Teníamos una planilla de lo que costaban los
plasmas, las sillas, e intentábamos buscar una racionalidad en la
correspondencia del gasto”, explicó por su parte Rosario Jiménez, la jefa de
Lourdes Barreda. “Recuerdo que tuvimos retenidas muchas facturas, porque
revisábamos el gasto y veíamos que eran muy superiores a un importe normal”,
resaltó esta funcionaria, que reconoció que no tenía conocimiento de que
había un fraccionamiento real: “Había unas empresas que facturaban
diferentes partes de lo que había sido el evento, pero lo que no
comprobábamos, porque no se nos ocurrió comprobarlo en aquel momento era que
había administradores conjuntos, o que había algún tipo de vinculación
jurídica con las empresas. Lo que sí mirábamos era que fuese un importe
razonable, y si no la paralizábamos para discutirlas”, sostuvo Rosario
Jiménez, que recordó que las empresas del Grupo Rafael eran algunas de las
que se llevaban los contratos de la Consejería de Presidencia. “Me suenan el
Grupo Rafael, Servimadrid y Kilda Producciones. Siempre eran las mismas
empresas las que hacían este tipo de facturaciones”. Precisamente una de las
facturas, concretamente de Kilda Producciones, no fue abonada por la
Consejería de Empleo: “Pues era un importe exagerado, e incluso llamamos a
los teléfonos y no contestó nadie. Por esta factura, que se refería a un
reportaje fotográfico, nadie preguntó”, especificó Lourdes Barreda.
Algunas de estas facturas estuvieron paradas durante más de un
año, pero al final se abonaron todas, excepto dos. Por eso la fiscal se
interesó sobre las posibles presiones procedentes de la Consejería de
Presidencia: “¿En algún momento usted recuerda que desde la Consejería de
Presidencia les dijeran que tendrían que pagar esas facturas?”, a lo que la
funcionaria contestó: “No, a nosotros directamente no, pero es cierto que
estuvieron retenidas muchas facturas por parte de la Consejería de Empleo y,
en un momento determinado, se dijo que teníamos que pagarlas”, contestó la
empleada regional.
—¿Quién dijo que había que pagarlas?
—A mí me lo indicó mi superior… el consejero…
—¿El consejero? ¿quién era en aquel momento?
—Juan José Güemes.
—¿Le dijo el motivo por el que tenía que pagarla si ustedes las
estaban reteniendo desde tanto tiempo?
—Fue con el cambio de legislatura, y normalmente en todos los
cambios de legislatura lo que se hace es hacer toda la tramitación pendiente
porque el acto estaba realizado.
Pero a preguntas del abogado de la acusación Wilfredo Jurado, la
funcionaria completó su respuesta: “Yo informé al consejero, que sabía que
estaban paradas. Se dijo que el gasto estaba realizado, y creo que por parte
de López Viejo hubo presión porque hubo muchas llamadas a la consejería de
las empresas. Y en un momento se dio la orden de pago”.
La 'cabezonería' del juez Ruz
La negativa del magistrado Pablo Ruz a archivar el caso Gürtel,
tal y como solicitaba Ignacio Peláez, abogado del empresario José Luis
Ulibarri, ha evitado que uno de los casos de corrupción política más
importantes de la democracia española resultara impune.
Gracias a la decisión de continuar con el caso, el magistrado le
ha dado alas y ha hecho efectivos los embargos de varios de los 70
imputados, entre los que destacan el exalcalde de Boadilla del Monte Arturo
González Panero, o el exdiputado del PP en la Asamblea de Madrid Benjamín
Martín Vasco.
El sumario que sigue investigando Ruz mantiene al menos cuatro
líneas de investigación: la primera está relacionada con las adjudicaciones
a dedo en AENA. La segunda engloba la corrupción en los diferentes
Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. La tercera se centra en el presunto
expolio en relación con la visita del PP a Valencia. Y la cuarta se refiere
a la adjudicación a dedo de cientos de facturas por parte de la Comunidad de
Madrid a empresas de Gürtel.
Este último punto es uno de los que está más avanzado, según
demuestra una providencia firmada el 23 de noviembre por el juez en la que
solicitaba una ampliación de los informes ya existentes sobre “los
eventuales cobros del imputado Alberto López Viejo”. Además, el magistrado
ha solicitado a la Intervención General del Estado la ampliación de un
informe sobre la regularidad de la contratación de la Comunidad con el Grupo
Rafael, uno de los intermediarios entre Correa y el Ejecutivo de Esperanza
Aguirre para evitar que los funcionarios se percataran de que los
beneficiarios de los contratos eran miembros de la red corrupta
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/01/06/madrid/1357502148_131237.html
EL JUEZ EMBARGA CASAS A TRES EXCARGOS DEL PP
Las viviendas están ubicadas en Madrid y la
costa valenciana
La costa valenciana era el lugar elegido para
veranear por miembros de la trama Gürtel como Pablo Crespo, número dos de la
red, quien, además de un apartamento en Altea (Alicante), tenía su yate
Parapipi atracado en el club náutico del municipio. En el mismo litoral
tienen propiedades varios de los excargos del PP imputados en la causa. El
Juzgado Central de Instrucción 5 de Madrid ha dictado en las últimas semanas
el embargo —o ha avanzado en los trámites para llevarlo a cabo— de varias
viviendas de tres exresponsables políticos en las poblaciones de Calpe y
Jávea, ambas en la provincia de Alicante.
El primero, a principios de agosto, fue Alfonso
Bosch, exdiputado popular en la Asamblea de Madrid, a quien el juez ha embargado
un apartamento en el edificio Apolo, en primera línea de mar de Calpe, tasado
por los peritos en 275.800 euros. Y una vivienda unifamiliar en San Lorenzo del
Escorial (Madrid), valorada en 330.000 euros. La fórmula para llevar a cabo el
embargo ha sido la de fianza hipotecaria. A Bosch, acusado de blanqueo de
dinero, fraude fiscal, tráfico de influencias, cohecho, falsedad en documento
público y mercantil, revelación de secretos y prevaricación, el juez le impuso
una fianza de responsabilidad civil de 750.000 euros.
El mismo procedimiento se ha seguido contra dos
propiedades del exconsejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo: otro
apartamento en el edificio Apolo de Calpe y un chalé en Madrid. La fianza para
hacer frente a su eventual responsabilidad asciende a un millón de euros. López
Viejo está también imputado en el caso Guateque por tráfico de influencias.
El tercer afectado por los embargos es César Tomás
Martín Morales, que fue jefe de la empresa municipal del suelo de Boadilla del
Monte (Madrid) y estrecho colaborador de su exalcalde Arturo González Panero,
conocido en la trama Gürtel como El Albondiguilla. El juez ha ordenado, en su
caso, que se proceda a valorar por parte de la oficina de peritos de la
Audiencia Nacional una casa ubicada en el municipio de Jávea, en segunda línea
de playa, y un local comercial en el barrio de Salamanca de Madrid. La
investigación apunta, según fuentes jurídicas, a que Martín Morales participó en
la elaboración de pliegos de convocatorias públicas a las que se presentaba la
trama, como la cobertura televisiva de la visita del Papa a Valencia en 2006. El
juez le exige 1,5 millones de fianza.
http://politica.elpais.com/politica/2012/09/26/actualidad/1348684417_716688.html
EL JUEZ INVESTIGA EL MACROFESTIVAL SUMMERCASE DE MADRID
Ruz requiere el expediente al Ayuntamiento de Boadilla, donde se celebró
El juez Pablo Ruz, que instruye la causa central del caso Gürtel, ha empezado a
investigar el Summercase, el macrofestival de música indie y electrónica que se
celebró en Madrid entre 2006 y 2008 con decenas de miles de asistentes. Ruz ha
requerido al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, en cuyo término municipal
tuvieron lugar los conciertos, toda la documentación relativa a la primera
edición del festival. El magistrado del Juzgado Central de Instrucción número 5
de la Audiencia Nacional, el mismo del que era titular Baltasar Garzón, tomó la
decisión el 21 de junio tras solicitárselo la Fiscalía Anticorrupción.
El alcalde de Boadilla del Monte —uno de los núcleos de la trama Gürtel— era
entonces Arturo González Panero, a quien la red corrupta apodaba El
Albondiguilla. Y una de las personas que intervinieron en la organización del
festival, actuando formalmente como agente entre la empresa promotora de los
conciertos, Sinnamon, y compañías patrocinadoras fue Elena Sánchez, por entonces
esposa del exministro de José María Aznar y exdiputado Juan Costa.
Los documentos suscritos entre la productora y la empresa de Sánchez, Free
Handicap, revelan que esta recibía hasta el 20% de lo que aportasen los
patrocinadores. Solo en una de las ediciones, los documentos indican que ese
porcentaje habría alcanzado los 700.000 euros. Hay que tener en cuenta, sin
embargo, que una de las peculiaridades del Summercase era que se celebraba
simultáneamente en Madrid y Barcelona —aunque el juez solo se ha interesado por
el de Boadilla— y que los anexos firmados por Sánchez y el representante de
Sinnamon hacían referencia a que el patrocinio se extendía a todos los
conciertos que la productora hiciera ese año en España.
Fuentes jurídicas sostienen, sin embargo, que esa fue la fachada utilizada para
cobrar comisiones. Y que en realidad, como declaró un testigo, exfuncionario de
Boadilla, ante el anterior juez instructor, Antonio Pedreira, el Summercase cayó
en la misma dinámica que los negocios en los que intervino la trama Gürtel.
Correos electrónicos aportados a la causa por este testigo indicarían que el
festival fue diseñado con anterioridad por la empresa de Sánchez y altos
responsables del Ayuntamiento de Boadilla, y luego se buscó una productora para
llevarlo a término (Sinnamon), que pagó generosos porcentajes por el patrocinio.
Y que, siempre según estas fuentes, la decisión del juez tiene como objetivo
averiguar si lo aportado por el testigo se corresponde con la realidad.
El Summercase de 2006, que llevó a Madrid a grupos como Chemical Brothers, Rufus
Wainwright, Belle & Sebastian y Primal Scream, levantó polémica en el municipio
por el lugar elegido para los conciertos —muy cerca de viviendas— y porque el
Ayuntamiento no cobró la correspondiente tasa a los promotores por la cesión del
espacio. Al tratarse de 70.000 metros cuadrados, los ingresos que el Consistorio
dejó de percibir superaron, según las fuentes consultadas, los 350.000 euros
anuales.
Free Handicap, la empresa de Sánchez, también trabajó para el PP. En 2008, como
publicó este periódico, se encargó del montaje del congreso nacional del partido
celebrado en Valencia, en el que el presidente, Mariano Rajoy, fue ratificado en
el cargo. En aquel congreso también tuvo una participación menor Álvaro Pérez,
El Bigotes. En 2009, tras el estallido del caso Gürtel y la dimisión de González
Panero, el Summercase dejó de celebrarse.
http://politica.elpais.com/politica/2012/07/04/actualidad/1341432967_621943.html
EL JUEZ RUZ CITA AL EXDIPUTADO MARTÍN VASCO Y A SU
HERMANO
El exdiputado regional imputado en el Caso Gürtel es
sospechoso por la compraventa de una parte de un piso con la intención de
eludir el pago de una fianza
El magistrado del Juzgado Central de Instrucción Pablo
Ruz, que instruye el caso Gürtel, ha citado a declarar al exdiputado
regional del Partido Popular Benjamín Martín Vasco y a su hermano, Joaquín
Martín Vasco, por haber realizado la compraventa de una parte de un piso que
estaba a nombre del primero con la intención de eludir presuntamente el pago
de una fianza, según un auto hecho público el pasado miércoles.
Los hermanos Martín Vasco declararán el próximo 11 de
julio como posibles autores de un delito de insolvencia punible o, lo que es
lo mismo, por permitir que el primero se hiciera pasar por insolvente para
evitar hacer frente a un posible embargo. El 3 de marzo de 2010 el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) impuso al exparlamentario regional del
PP madrileño —uno de los tres imputados inicialmente por el exmagistrado
Baltasar Garzón en el caso Gürtel— una fianza de 950.000 euros para
garantizar sus eventuales responsabilidades pecuniarias. Pero Martín Vasco
no abonó la cantidad requerida, por lo que el 5 de mayo de 2011 el
magistrado del TSJM Antonio Pedreira acordó el embargo de sus cuentas y de
un inmueble de su propiedad en Arganda del Rey.
"El 12 de noviembre de 2009, Benjamín Martín Vasco y su
hermano, con el fin de eludir la traba y la posterior ejecución del
inmueble, otorgaron escritura pública por la que se procedía a su venta a
Joaquín Martín Vasco por un precio de 42.000 euros que se decía haber
recibido por el vendedor en efectivo entre los años 2005 y 2008. Los hechos
podrían ser constitutivos de un delito de insolvencia punible", explica el
magistrado.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/28/madrid/1340918969_610390.html
LA TRAMA GÜRTEL COBRÓ A AGUIRRE
GASTOS DEL RESTAURANTE DE LÓPEZ VIEJO
El exviceconsejero derivó a su negocio familiar
dinero público de la Comunidad
"Solo preguntarte que si los costes de lo del
restaurante de Alberto ¿los divido en tres y los imputamos a distintos
actos de la CAM como hicimos la otra vez?". "Lo de La Hacienda
Argentina, hay que hacer lo mismo de la otra vez. Tenemos que repercutir
en nuestros costes".
Con esa soltura, los trabajadores de las empresas de
la trama Gürtel exponían en sus correos electrónicos cómo se iba a pagar
un trabajo realizado para el restaurante del que era propietaria la
esposa del entonces viceconsejero de Presidencia de la Asamblea de
Madrid, Alberto López Viejo. La trama realizaba servicios para el
establecimiento, dividía el coste de estos y los repartía y endosaba en
diferentes facturas que emitía la propia trama a la Comunidad de Madrid,
por la celebración de distintos eventos. Así lo refleja la policía en un
informe que remitió hace apenas unos días al juez de la Audiencia
Nacional Pablo Ruz, instructor del caso Gürtel.
La red corrupta endosó costes de publicidad y
azafatas del local
"Los 1.000 tarjetones van a: Plza. Pontejos.
Viceconsejería de Presidencia", señala otro de los correos electrónicos
intervenidos. "Hola Alberto. Te llevan esta mañana los tarjetones a la
Plaza de Pontejos. Al final te hemos hecho 1.000 uds., que nos daba lo
mismo que hacerte 700 más. Espero que te guste el color", dice otro de
los mensajes analizados que lleva a la policía a concluir que "del
contenido de los datos reflejados en los distintos correos se puede
inferir que el llamado Alberto López Viejo, es el destinatario de un
trabajo encargado previamente relacionado con un negocio vinculado al
"Restaurante La Hacienda Argentina (Tarjetones con publicidad y servicio
de azafatas)".
El acuerdo en correos electrónicos
De: Rocío, de Servimadrid
A: Isabel Jordán, de Easy Concept
Asunto: La Hacienda Argentina y otros
Hola Isabel. Sólo preguntarte que si los costes de
los del restaurante de Alberto los divido entre tres y los imputamos a
distintos actos de la CAM como hicimos la otra vez?
De: Isabel Jordán, de Easy Concept
A: Rocío, de Servimadrid
Asunto: Re: La Hacienda Argentina y otros.
Sí, ok a imputar los costes a diferentes actos.
De: Rocío, de Servimadrid
A: otras dos trabajadoras de Servimadrid
Asunto: Hola Chicas. Lo de la Hacienda Argentina, hay
que hacer lo mismo de la otra vez. Tenemos que repercutir en nuestros
costes cada una de 971,08 euros. Besos
De: Rocío de Servimadrid
A: López Viejo, Alberto
Asunto: Re: argentina
Hola Alberto.
Te llevan esta mañana los tarjetones a la plaza de
Pontejos. Al final te hemos hecho 1.000 uds., que nos daba los mismo que
hacerte 700 más. Espero que te guste el color. Un abrazo, Rocío.
Ese trabajo, según añade la policía, fue encargado a
Servimadrid, una de las empresas que componían la trama Gürtel. Y,
posteriormente, y tras previa autorización, se cargaron los costes de
los servicios prestados, "referidos al restaurante de Alberto, tras
dividirlos entre tres, en distintos actos de la CAM". Además, el informe
hace hincapié en el hecho de que en los correos hablan de "tal y como
hicieron la otra vez" de lo que la policía concluye que "se puede
inferir que no es la primera vez que utilizaban dicha práctica".
El informe también llama la atención sobre el hecho
de que los encargos se remitieran directamente al despacho oficial del
viceconsejero, lo que no deja lugar a dudas de su destinatario. Además,
entre los correos intervenidos se encuentra uno del propio Alberto López
Viejo a una de las trabajadores de la trama en la que le reclama uno de
los servicios encargados a la red que lideraba Francisco Correa. "Me
dice Esteban, el gerente del restaurante que las azafatas llevan
esperando un buen rato la llegada de la publicidad, ¿Sabes algo?",
indica el mail remitido por el viceconsejero que, al parecer, se hacía
cargo también de hacer gestiones del restaurante.
En el caso de uno de los gastos analizados, la
confección de unos tarjetones y un servicio de azafatas, el trabajo fue
realizado realmente por dos empresas ajenas a la trama y su coste
ascendió a cerca de 3.000 euros. Pero, tal como sostiene el informe, la
contabilidad de la trama corrupta no lo sumó como deuda del verdadero
cliente "de lo que se desprende la intención inicial de no facturar el
acto al destinatario final". Y así, la policía concluye que "de esta
forma el acto genera un coste a la organización que enjuga imputándole
el mismo a distintos actos realizados para la CAM.".
La investigación se dirigió entonces a intentar
comprobar si esos costes se repercutieron realmente en facturas a la
Comunidad de Madrid. Y la policía encontró documentación de tres actos
en los que se "refleja el coste repercutido". Uno de ellos fue una
presentación de rallies, por el que la Comunidad de Madrid pagó los
primeros 1.359 euros, cantidad semejante a la que se coló en la factura
de los "Premios tolerancia 2006" y en la de "Entrega diplomas rumbo al
sur".
Cartas de restaurante, carteles, más tarjetones y el
reparto de estos son otros de los servicios prestados entre julio de
2006 y febrero de 2007.
El informe analiza otro documento que refleja una
relación detallada de actos efectuados para la Comunidad de Madrid y
unas cantidades de dinero asociadas a cada uno de ellos, que se
corresponden con un porcentaje del coste de cada uno de los eventos. La
policía apunta que se trata de las comisiones a "ALV" cuyo resultado
asciende a 76.389,74 euros. En esa relación se descuenta una cantidad
correspondiente a trabajos hechos para el restaurante que López Viejo no
pagó pero que sí que provocó que se le rebajara el cobro de comisiones,
según la policía.
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/06/13/madrid/1339608449_228777.html
EL PRESIDENTE DEL
TRIBUNAL DE MADRID EXPEDIENTA AL JUEZ QUE INSTRUYÓ GÜRTEL
Vieira atribuye a Pedreira no haber tramitado ante
el Supremo un incidente jurídico
La Sala registra numerosos votos particulares
contra decisiones de Vieira
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, Francisco Vieira, ha abierto “un expediente” a quien durante casi tres
años ha sido el juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, una de las
causas de corrupción más complejas y voluminosas que se instruyen en España en
los últimos años.
Entre otros argumentos, Vieira fundamenta el
expediente en la no tramitación por parte de Pedreira de una cuestión de
competencia negativa ante el Tribunal Supremo para dilucidar qué órgano —si el
Tribunal Superior de Madrid o el de Valencia— debía investigar el cohecho que
Anticorrupción atribuye a Pedro García, exdirector general de Canal 9. Este
cohecho tiene relación con los contratos fraudulentos de la visita del Papa a
Valencia en 2006, que depararon comisiones a las empresas de la red Gürtel por
casi tres millones de euros, de los que 500.000 fueron supuestamente para
García.
El principal delito que se imputa a García, el
cohecho, habría prescrito el pasado 8 de enero, según entiende la Fiscalía
Anticorrupción. La Sala de lo Penal, en una decisión de Vieira y su colega
Emilio Fernández Castro, rechazó imputar a Pedro García a pesar del voto
particular en contra del tercer juez de la Sala, José Manuel Suárez Robledano,
que alertó sin éxito a sus colegas sobre la prescripción del delito.
Discrepancias judiciales
Francisco Vieira fue nombrado presidente del
Tribunal Superior por el actual Consejo del Poder Judicial, tras haber presidido
la Audiencia de Madrid y, antes de eso, la Sección que condenó el asunto de los
fondos reservados del Ministerio del Interior en época del PSOE, caso que fue
denunciado por el dirigente del PP Federico Trillo.
Para llegar a la presidencia de la Sala Civil y
Penal Vieira contó con el aval del grupo conservador del Poder Judicial y el del
varios vocales progresistas, entre ellos Margarita Robles, según fuentes de este
órgano. Mientras Pedreira ha instruido Gürtel no formaba parte de la Sala, lo
que permitía a Vieira y su colega Emilio Fernández Castro imponer sus criterios
(por mayoría de dos a uno) al tercer magistrado, Suárez Robledano. Al dejar
Pedreira el caso Gürtel, ha vuelto a la Sala como titular. En esta Sala, las
decisiones las toman tres jueces que se van turnando con el cuarto, por lo que
es factible que en algunas decisiones la postura de Vieira quede en minoría si a
su lado están Pedreira y Robledano.
En este contexto, Vieira envió el pasado 13 de
marzo la incoación de su expediente contra Pedreira a los servicios de
inspección del Consejo del Poder Judicial. Y, además, pidió un informe a la
secretaria de su tribunal, Julia Fabián, para que explique por qué no se tramitó
esa incidencia, subsanada sin mayor problema hace poco más de un mes por el
actual instructor del caso Gürtel, el juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz.
Fuentes jurídicas sostienen que detrás de
expediente se halla un intento de Vieira de apartar a Pedreira de la Sala de lo
Penal y Civil que preside para poder ejercer sobre ella un mayor control, dadas
las fuertes desavenencias que existen entre los cuatro magistrados que la
conforman: el propio Vieira, Suárez Robledano, Pedreira y un juez de apoyo
nombrado por el anterior Consejo del Poder Judicial, pero que no es titular de
la misma: Emilio Fernández Castro. Estos jueces son los que tramitan las causas
en las que hay aforados (diputados autonómicos madrileños o miembros del
Gobierno regional) y también la que enjuicia las querellas que se interponen
contra los jueces de la región. Según estos medios, apartando a Pedreira, Vieira
trata de exhibir su poder de presidente en la Sala. Y evitar así los constantes
votos particulares a que son sometidas muchas de las resoluciones que ha
adoptado junto al juez de apoyo Fernández Castro.
Casi todos los votos particulares han sido
emitidos por el magistrado Suárez Robledano, ex portavoz de la conservadora
Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y se han hecho más patentes
durante el tiempo en que Pedreira estuvo fuera de la Sala instruyendo el caso
Gürtel. Decenas de resoluciones adoptadas por mayoría entre Vieira y Fernández
Castro se han topado con votos particulares de Suárez Robledano. Uno de esos
votos particulares fue, por ejemplo, el que formuló en la resolución en la que
Vieira y Fernández Castro decretaron anular las escuchas que mantuvieron en la
cárcel los cabecillas de la red mafiosa Gürtel con sus abogados. Y que supuso un
precedente para la posterior condena por el Supremo del juez que ordenó esas
escuchas, Baltasar Garzón.
Detrás del expediente incoado a Pedreira, los
citados medios jurídicos atisban la siguiente jugada: Pedreira es magistrado de
elección autonómica. Es decir, por acuerdo del Consejo General del Poder
Judicial tras optar entre una terna de candidatos propuesta por la Asamblea de
Madrid. Lleva 20 años en el Tribunal Superior, al que accedió tras ocupar la
jefatura de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid, cargo al que
accedió por oposición y obtuvo el número uno. Si Pedreira tuviera que marcharse
de la Sala Penal y Civil, la asamblea madrileña, controlada ahora por el
Gobierno de Esperanza Aguirre, sería la encargada de nombrar la terna con sus
posibles sustitutos, todo ello en un momento de especial convulsión.
Robledano advirtió sin éxito de que uno de los
cohechos iba a prescribir
Fuentes jurídicas señalan que Vieira y Fernández
Castro han pedido verbalmente a Pedreira, de 66 años, que pida la baja médica y
deje el tribunal debido a su problema de movilidad física, lo que daría luz
verde a la Asamblea de Madrid para proponer una terna de sustitutos. De ahí
extraen las citadas fuentes el expediente abierto ahora por Vieira a Pedreira
luego de casi tres años instruyendo el caso Gürtel, causa que Pedreira remitió a
finales del año pasado al juez Ruz con más de medio millón de folios.
El expediente se debe a que Pedreira no tramitó
ante el Supremo una cuestión de competencia negativa. Es decir, cuando empezaron
a salir implicados en el caso políticos y funcionarios de Valencia, Pedreira
remitió a sus colegas de esa comunidad una parte de la causa al entender que los
delitos se habían cometido allí. Pero Valencia rechazó investigar esa parte y la
devolvió a Pedreira. Al ver que le llegaba devuelta la causa, Pedreira, con
fecha 20 de septiembre de 2011, firmó una resolución, que ocupa 20 folios, en el
que eleva este incidente ante el Supremo. Sin embargo, el escrito no llegó al
alto tribunal. Hecho ya subsanado por Ruz.
La secretaria judicial del Tribunal Superior de
Madrid, Julia Fabián, ha comunicado a Vieira que Pedreira solía despachar con la
oficial encargada de tramitar Gürtel, y que ella no tuvo conocimiento de esa
resolución. Vieira ha pedido también a Fabián información sobre dos
colaboradores que tuvo Pedreira en el tramo final de la instrucción de Gürtel.
Según los citados medios, se trata de un asistente del magistrado para ayudarle
en su problema de movilidad y de un funcionario judicial que le fue designado
como apoyo por la Consejería de Justicia de Madrid.
Al periodo de tensión que vive ahora la Sala de lo
Penal se une el hecho de la posible prescripción del delito de cohecho que se
atribuye al exjefe de Canal 9 por la visita del Papa, Pedro García. Vieira y
Fernández Castro desatendieron un voto particular de Suárez Robledano en el que
les advertía que había que actuar contra García antes del 8 de enero pasado o el
delito prescribiría. Pasó esa fecha y no se hizo nada. El pasado viernes el juez
Ruz acabó por fin con la nebulosa que se cernía sobre García y le imputó cinco
delitos, incluido el de cohecho. Si ha prescrito o no se verá en el juicio.
www.elpais.es 02.04.12
SALTA A LOS JUZGADOS
DE ALCALÁ, QUE INVESTIGARÁN AL CONSISTORIO
Un juez de instrucción examinará la adjudicación
de un contrato de cinco millones
Un juzgado de instrucción de Alcalá de Henares
será el encargado de investigar si el Ayuntamiento de Alcalá de Henares,
gobernado por el popular Bartolomé González, cometió alguna ilegalidad al
adjudicar el servicio de pavimentación municipal por cinco millones de euros a
la empresa Constructora Hispánica, relacionada con el caso Gürtel. El magistrado
que instruye el caso Gürtel en la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, ha decidido que
la competencia para investigar un presunto caso de corrupción en el seno del
Ayuntamiento complutense la tienen los juzgados de Alcalá, por lo que ha
acordado la inhibición parcial en favor del juez decano de este municipio. Y lo
hace después de comprobar que no hay ninguna relación con el presunto cerebro de
la trama Gürtel, Francisco Correa.
De esta forma, la pieza separada en la que se
investiga el expediente de contratación para la conservación y reforma de los
pavimentos de Alcalá, “así como el eventual pago de comisiones ilegales
derivadas de su adjudicación”, según la denuncia del funcionario municipal Juan
Antonio Camargo, se desgaja del tronco principal del sumario, que seguirá en la
Audiencia Nacional.
Esta pieza separada contiene importante
documentación, entre la que destaca un informe de la Intervención General del
Estado (IGAE) que sostiene que la tramitación y adjudicación de este contrato a
la empresa Constructora Hispánica se hizo de manera "arbitraria" y "subjetiva".
El documento resalta el Ayuntamiento ha pagado a Hispánica unos 500.000 euros
más de lo previsto en dos contratos, siendo el desembolso total de 10 millones
de euros. Además, explica que dos ofertas idénticas han sido valoradas de forma
diferente, lo que ha provocado que al final Hispánica adelantara a las otras
empresas que optaban a los servicios municipales ofertados por Alcalá.
“Esta oferta no vale ni las pastas”
“¿Quien le dijo que lo hiciera así, según dice en
el escrito, fue Francisco Javier Fernández Abad?”, preguntó en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) una de las fiscales al funcionario de
Alcalá Juan Antonio Camargo, que contestó: “Exactamente. Es mi jefe directo, el
concejal de Obras y Seguridad”.
“¿Lo que dice en ese escrito es que le dijeron que
adjudicara las obras a Construcciones Hispánica a pesar de que la mejor oferta
era la de la empresa API?. ¿En qué momento del expediente se encontraban?”,
preguntó de nuevo la representante del ministerio público.
Este fue el momento en el que Camargo explicó todo
el operativo: “Una vez que se abren las plicas ya se sabe cuales son las mejores
ofertas. Vemos que la oferta de Api es la mejor. Todos estamos de acuerdo en que
es la mejor. Pero me hacen volver de un curso en Salamanca y me dice primero que
a Api ni hablar. Que bajo ningún concepto se le adjudique a Api las obras. A
pesar de que él es consciente de que es la mejor oferta. Y nos dice que ya nos
dirá a qué empresa hay que adjudicarlo”. Al poco tiempo, según Camargo, el
concejal le dijo que la empresa adjudicataria era FCC, la tercera. “Di
instrucciones a Juan María y a los demás. Estudia la oferta de FCC que parece
que finalmente va a ser la que va a resultar adjudicataria”, explicó Camargo,
que prosiguió: “No parecía una mala oferta aunque no era la mejor. Y bueno, nos
dicen que no, que esa tampoco y que era la de Constructora Hispánica. Y yo le
digo: esa oferta es tan mala que no vale ni las pastas, es que es espantosa, es
como mucho la peor de todas”, declaró este funcionario.
Precisamente, la declaración del funcionario
municipal Juan Antonio Camargo añade todavía mayor credibilidad al informe de la
Igae. En la misma, explica cómo su jefe directo, el concejal de Obras y
Servicios, Francisco Javier Fernández, le dijo a qué empresa tenía que otorgar
el servicio: “Nos hizo una indicación de que debíamos adjudicar el contrato de
mantenimiento de pavimentos a la empresa Constructora Hispánica”.
En su testificación, Camargo explica también que
la decisión de sus jefes de utilizar una fórmula novedosa para adjudicar el
servicio fue decisiva para que Hispánica lograra el contrato. “Normalmente hay
un concejal responsable y luego esta Héctor Bárez, que es el que abre las
ofertas y el que lleva todo el asunto. Esta [fórmula] me la ha dado Gustavo
Severián y me la tienes que aplicar. Y yo le pregunto: ¿Y esto …esta novedad.
Esto no está en ningún sitio”. Para Camargo la aplicación de esta fórmula es la
clave de la operación irregular del Consistorio: “Efectivamente minimiza el
impacto del precio. De manera que una baja por encima del 20% prácticamente no
tiene importancia”. “La formula que él me da, que yo lógicamente aplico, abre la
posibilidad de que ese concurso acabe donde se quiere. Yo veo lo que está
pasando”.
En el sumario de la operación Gürtel se mantiene
la investigación sobre el segundo de los servicios municipales que analizó la
Intervención General del Estado en Alcalá de Henares: la construcción de un
parque de bomberos. Y seguirá instruyéndose en la Audiencia Nacional porque uno
de los apuntes de la contabilidad de Correa recoge que la organización recibió
78.899 euros por el parque de bomberos. El PSM a través de su abogado ya ha
pedido en el TSJM la imputación de los ediles del PP Javier Fernández Abad y
Marta Viñuelas.
www.elpais.es 04.03.12
EL EXALCALDE DE MAJADAHONDA DESVIÓ 28.000 EUROS A
SU CUENTA
Ortega envió el dinero público a una firma de
Gürtel que, a su vez, pagó los relojes que había comprado en una joyería, según
la policía
El exalcalde de Majadahonda Guillermo Ortega pidió en 2001 al
Ayuntamiento que dirigía 28.000 euros para pagar un vídeo. Recibió el dinero,
pero en vez de pagar el trabajo audiovisual ingresó el dinero en una de sus
cuentas. Y después le envió el dinero a una de las empresas del presunto cerebro
de la red Gürtel, Francisco Correa, que se encargó de pagar una factura que
había generado el propio Ortega, que había comprado relojes en una conocida
joyería madrileña por un importe de 28.000 euros. Estas son las conclusiones que
se desprenden del último informe realizado por los agentes de la policía
judicial que investigan el caso.
"El exalcalde recibió un cheque nominativo a su
nombre"
El dinero era supuestamente para pagar un vídeo
promocional
Correa, el cerebro de la red Gürtel, sufragó las
compras de joyas del edil
El último informe policial destapa el 'modus
operandi' de la trama
El informe, con fecha del 26 de enero, y que tiene el
magistrado de la Audiencia Nacional Pablo Ruz sobre la mesa, explica que el 29
de agosto de 2001 el propio Guillermo Ortega solicitó al Consistorio un total de
28.571,51 euros. Supuestamente era para pagar la confección de un vídeo en el
que se iban a reflejar los proyectos abordados por el equipo de Gobierno
majariego. Pero la realidad, según la policía judicial, era muy distinta:
"Francisco Correa crea una operación económica ficticia, como es el servicio
prestado al Ayuntamiento de Majadahonda, para dar cobertura al trasvase de
fondos", sostiene el informe remitido a Ruz, magistrado titular del Juzgado
Central Número 5 de la Audiencia Nacional en sustitución de Baltasar Garzón, que
fue quien inició la investigación tras la denuncia presentada por el exconcejal
de Majadahonda José Luis Peñas, asesorado por el letrado y concejal de Boadilla
del Monte Ángel Galindo.
La investigación de la Unidad Central de Delincuencia
Económica y Fiscal (UDEF-BLA) pone de manifiesto que días después de que Ortega
solicitara el dinero, el exalcalde recibió "un cheque nominativo a su nombre"
con fecha de 20 de septiembre del mismo año y con cargo a las cuentas del
municipio. E ingresó el dinero en una de sus cuentas. Seis días después una de
las empresas del presunto cabecilla de la red Gürtel, Francisco Correa,
concretamente Special Events, recibió un cheque por el mismo importe: 28.571,51
euros. En este punto, las pesquisas policiales argumentan que Ortega transfirió
el dinero a Special Events, ya que ese mismo día la firma de Francisco Correa
efectuó el pago de 27.117,66 euros a una joyería de Madrid. La misma de la que
Ortega se había llevado relojes por el mismo precio.
Tres meses después, Ortega trató de regularizar la situación,
algo que finalmente no logró, pues el interventor municipal acabó por oponerse a
los presuntos tejemanejes del exalcalde de Majadahonda: "Con la finalidad de
justificar el libramiento de fondos por parte del Ayuntamiento de Majadahonda a
nombre de Guillermo Ortega, Special Events confecciona una factura pagada por el
Consistorio por un importe de 28.571,51 euros". En la memoria de la factura,
Francisco Correa indicó que el cobro del dinero está justificado por la
realización del vídeo Creciendo en calidad de vida.
Pero hubo un problema, y la factura fue anulada, ya que el
montante era superior a los 6.000 euros. Y cualquier adjudicación municipal
superior a esta cantidad debería haber obligado a Ortega a convocar un concurso
público, que no se había celebrado. Por eso la firma de Correa envió en lugar de
la factura anulada otras cinco, con importes similares, que no superaban los
6.000 euros. Pero la Intervención municipal se opuso a esta operación, al
considerar que se había fraccionado el contrato, tal y como consta en un informe
del 11 de febrero de 2002.
www.elpais.es 07.02.12
BOADILLA FICHA A UN ACUSADO DE TROCEAR CONTRATOS A
CORREA
El exfuncionario regional trabaja ahora en el
Consistorio
El Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha contratado como
funcionario al exempleado de la Comunidad de Madrid Gerardo R. C., acusado por
los socialistas madrileños de favorecer desde su anterior puesto a las empresas
de la red Gürtel encabezada por Francisco Correa. En concreto, y según consta en
el sumario del caso Gürtel, el nuevo funcionario municipal participó en
la adjudicación a la empresa Easy Concept de un contrato para la inauguración
del curso escolar de 2004 en 11 colegios de la Comunidad de Madrid. "De acuerdo
con la naturaleza de estos servicios consideramos que ha habido un
fraccionamiento del objeto del contrato con el fin de no utilizar otros
procedimientos de contratación (negociado o abierto), por lo que se han
vulnerado los principios de publicidad y concurrencia", asegura el informe de la
Unidad de Auxilio Judicial que analizó las cuentas de la Comunidad de Madrid
relacionadas con las empresas de Correa. En dichas cuentas se halla la
adjudicación en la que participó el ahora funcionario de Boadilla del Monte. De
esta forma, y según el sumario, Gerardo R. C. participó desde su cargo de
secretario general técnico de la Consejería de Educación en ese fraccionamiento
realizando por un mismo trabajo dos facturas de 11.990 euros y 11.984 euros.
Ambas facturas no superan el límite de los 12.000 euros, algo que hubiera
obligado a la Comunidad de Madrid a sacar a concurso público la organización del
inicio del curso escolar, que acabó engrosando las cuentas de las empresas de
Correa.
Cuatro ediles de la época de Panero, reubicados en
otros Ayuntamientos
En el escrito de acusación de los socialistas, que más de un
año después no ha sido contestado por el magistrado Pedreira, se solicita la
imputación de numerosos cargos del Gobierno regional, incluido Gerardo R. C.,
atribuyéndole tres y no dos fraccionamientos, como asegura el sumario, del
contrato del inicio del curso escolar. De esta forma, el beneficio de Correa
gracias a la gestión del mencionado funcionario sería de 5.432 euros, superando
entonces los 29.300 euros.
La contratación de este funcionario choca con las anteriores
iniciativas desplegadas por el nuevo alcalde de Boadilla del Monte, Antonio
González Terol, quien ha manifestado su intención de dotar de transparencia su
gestión después de que en la pasada legislatura dos alcaldes, Arturo González
Panero y Juan Siguero, tuvieran que abandonar el cargo tras ser imputados en el
caso Gürtel. Por decisión del nuevo primer edil, todos los gastos serán
enviados al Tribunal de Cuentas para que fiscalice los presupuestos municipales,
al mismo tiempo que ha creado un órgano de control de las adjudicaciones
municipales.
Por otra parte, un sector de los exconcejales del PP que se
presentaron en la lista que hace cuatro años encabezó el exalcalde Arturo
González Panero, imputado en el caso Gürtel, y que no resultaron
implicados en el escándalo, han sido recolocados en los Ayuntamientos
adyacentes en los que gobierna el PP. Este es el caso de al menos cuatro
integrantes del equipo de González Panero, como por ejemplo la que después fuera
alcaldesa Mercedes Nofuentes: tras aceptar el cargo, al dimitir Juan Siguero,
fue contratada en el Ayuntamiento de Las Rozas como responsable de área con una
retribución anual de 45.832 euros en 14 pagas (3.273 euros mensuales). Los
socialistas también solicitaron que Nofuentes declarase como imputada en el
caso Gürtel, algo que el juez Pedreira dejó sobre la mesa.
La exconcejal en Boadilla Isabel Fernández de Guzmán también
fue nombrada asesora en Las Rozas pero con un sueldo menor: 37.654 euros.
Fernández de Guzmán fue citada a declarar como testigo por Pedreira por la
gestión de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Boadilla, un servicio
adjudicado por González Panero a una de las empresas de Correa por más de dos
millones de euros. La oficina fue cerrada por su sucesor, Juan Siguero, tras
reconocer que su funcionamiento había sido irregular. Otras de las
recolocadas son Olivia García Moyano, concejal en Villaviciosa de Odón; y
Cristina Sánchez Massa, edil en Pozuelo de Alarcón.
www.elpais.es 26.10.11
LA RED GÜRTEL FINANCIÓ AL PARTIDO POPULAR DE
MAJADAHONDA
Un informe
policial dice que Correa facturó a contratistas las campañas del PP.- Correa
pagó el hotel a dos ediles del PP majariego, según la policía.- El Ayuntamiento
lo confirma, pero les defiende "porque eran jóvenes y no eran cargos públicos"
El presunto cerebro de la red Gürtel, Francisco Correa, llegó
a tener un control casi absoluto del Ayuntamiento de Majadahonda durante el
periodo en el que el exalcalde del municipio Guillermo Ortega, imputado en el
caso, estuvo al frente del Consistorio. Esta es la principal conclusión de un
reciente informe elaborado por la Policía Judicial y que consta en el sumario
del caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en el periodo
democrático ligada a un partido político: el PP.
El modo de actuar de Correa en el Consistorio majariego,
gracias al que recibió pingües beneficios al menos entre 2001 y 2005, consistía
en asignar dentro de su contabilidad una cuenta denominada "gabinete
Majadahonda". Esta partida se nutría del dinero que recibía de las empresas
concesionarias del Ayuntamiento. En ella se reflejaban todos los ingresos
presuntamente ilegales procedentes de las empresas, alguna de las cuales resultó
adjudicataria de servicios y obras municipales por un valor superior a los 20
millones de euros. Francisco Correa también se hizo cargo, con este dinero
obtenido de una forma presuntamente ilegal de los contratistas de Majadahonda,
de los gastos personales del exalcalde majariego Guillermo Ortega; así como de
campañas publicitarias del Consistorio y del PP local.
"Los fondos que entran en la cuenta proceden del cobro de
facturas emitidas por las sociedades de servicios de Francisco Correa", explica
el documento policial, que especifica el nombre de estas empresas: Special
Events, Down Town Consulting, TCM o Pasadena. Estas firmas facturaban a
terceros: "En unos casos adjudicatarios de contratos públicos por el
Ayuntamiento, como por ejemplo la unión temporal de empresas (UTE) de la
recogida de las basuras Sufi-FCC, a Equipamientos Ambientales, a Osepsa, la UTE
Saglas-Panasfalto, Licuas o Tecmed". También cobraron, según la policía "a
sociedades como Serprinsa, al Patronato Monte del Pilar, al Ayuntamiento y a la
firma Creative Team, de la red de Francisco Correa".El informe de la policía,
que tiene como fecha de realización el 1 de junio de 2011, indica que los fondos
de la cuenta que Correa destina a Majadahonda se aplican al pago de facturas
relativas a publicidad institucional del Ayuntamiento o del PP de Majadahonda.
Todas ellas realizadas en diferentes medios de comunicación. El dinero de la
cuenta de Correa también se asignó al pago de servicios profesionales, como por
ejemplo los trabajos gráficos realizados para el Ayuntamiento o el PP de
Majadahonda en los años 2003 y 2004. Para ello la sociedad Boomerangdrive emitió
una factura de servicios profesionales de asesoramiento.
También utilizaban el dinero de la caja b de Correa
para entregárselo a José Luis Peñas, el denunciante del caso Gürtel; al
exedil Juan José Moreno Alonso; a la entonces mujer de Correa María del Carmen
Rodríguez Quijano, que era jefa de gabinete del Consistorio; y a Francisco
Javier Agulló Sagastizábal, que en la actualidad es miembro de la junta
directiva del PP de Majadahonda, según consta en la página web del partido. Las
empresas de Correa también destinaban el dinero que recibían de las firmas
concesionarias del Ayuntamiento de Majadahonda para realizar pagos a la empresa
Citytime, así como para sufragar los gastos particulares de Guillermo Ortega y
de su mujer, como la adquisición de turismos de lujo (ha tenido a su nombre,
junto con su esposa, hasta 39 vehículos).
Llama la atención que en uno de los que la policía denomina
"servicios turísticos", consta el nombre de dos miembros del PP de Majadahonda
que en la actualidad son concejales del grupo municipal: el primer teniente de
alcalde, José Antonio Carnevali y el edil de Medio Ambiente y Jardines, Pablo
García. También está el exconcejal de Deportes Ricardo Riquelme. Según el
albarán que consta en la documentación, Correa pagó a estos tres miembros del PP
de Majadahonda y al exalcalde Guillermo Ortega una noche de hotel en el NH Villa
de Bilbao el 31 de marzo de 2001. El importe de este "servicio turístico" que
aparece en las cuentas de la sociedad de Correa Pasadena Viajes fue de 388,42
euros.
Fuentes del Ayuntamiento de Majadahonda con las que se ha
puesto en contacto este periódico confirman que los dos ediles disfrutaron de
los servicios de Pasadena, aunque en su defensa aseguran que entonces "eran muy
jóvenes, pues estaban en un viaje de Nuevas Generaciones, y que entonces no
desempeñaban ningún cargo público, por lo que no se trata de ninguna
ilegalidad". Estas mismas fuentes indican que entonces los ediles Carnevali y
García tenían entre 25 y 30 años, por lo que le pidieron al presidente del
partido en Majadahonda, el propio alcalde Guillermo Ortega, viajar y por eso se
fueron al acto del partido en Bilbao. "Se fueron cinco en una furgoneta y se
alojaron en dos habitaciones dobles. Es perfectamente legal, tan legal es que te
lo pague el partido como que alguien te ayude", expresa esta fuente municipal
que prefiere no citar su nombre.
El informe policial hace especial hincapié en la figura del
popular Agulló Sagastizábal, quien recibió rentas de forma periódica procedentes
de las cuentas de Correa: "Seguramente por la realización de un servicio
profesional", indica el documento, que resalta que según la página web del PP de
este municipio Agulló es miembro del partido a nivel local.
El trabajo policial destaca, por otra parte, que las facturas
emitidas por las empresas de Correa emplean conceptos genéricos, "como campaña
publicitaria, creatividad, artes finales, reparto e instalación de elementos de
la campaña", "diseño y creatividad para distintas promociones en Madrid",
"diversos trabajos de creatividad". Pero todas estas facturas no tienen nada que
ver con el trabajo desempeñado en realidad.
En conclusión, según el informe, se crean facturas específicas
para justificar los movimientos de fondos y con ellos "alimentar" la cuenta por
parte de las sociedades de Correa. Las sociedades pagadoras son en su mayoría
entidades adjudicatarias de contratos públicos en Majadahonda. El dinero de
dicha cuenta se dedica al pago de servicios de carácter publicitario del propio
Ayuntamiento y del PP.
www.elpais.es 03.10.11
EL PELOTAZO DE CORREA EN ARGANDA SE ACERCA A LOS 24
MILLONES DE EUROS
La policía cree que cobró comisiones de Martinsa y de
otros dos empresarios
Un informe de la Policía Judicial hecho público ayer
destapa la relación entre dos comisiones de más de 12 millones de euros cada
una (en total 24,8 millones) cobradas por el presunto cabecilla de la red
Gürtel, Francisco Correa, por intermediar entre las instituciones gobernadas
por el PP madrileño y empresas relacionadas con la red corrupta. El
documento vincula el pago de 12,8 millones a Correa en junio de 2006 por
parte del empresario Fernando Martín, máximo accionista de la promotora
Martinsa, para lograr una adjudicación de suelo público en Arganda del Rey
con otra supuesta comisión ilegal de 12 millones, realizada en diciembre de
2004, de origen desconocido.
"Martinsa se portó conmigo", asegura el líder de la trama
Gürtel en una cinta
El resguardo de uno de los pagos en Suiza lo identifica
como "comisión"
La policía atribuye este pago a los empresarios Manuel
Salinas y Amando Mayo. Los dos responsables de la empresa que pagó esta
comisión están citados a declarar mañana ante el magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) que instruye la rama madrileña del
caso Gürtel, Antonio Pedreira.
La presunta comisión ilegal abonada por el propietario de
Martinsa estaba considerada hasta ahora el mayor pelotazo de Correa. Si
ahora se demuestra que estas dos transferencias están relacionadas, el
beneficio del cerebro de la trama por intermediar con el Ayuntamiento de
Arganda se podría haber multiplicado por dos, llegando a superar los 24
millones de euros. Por el momento son cuatro los imputados del caso
Gürtel relacionados con el Consistorio de Arganda: el exalcalde Ginés
López, el exdiputado regional Benjamín Martín Vasco, el cargo local Tomás
Martín Morales, y el responsable de la sociedad municipal de fomento Juan
Fernández Caballero.
Según consta en un documento incluido en el informe
remitido por las autoridades suizas, el resguardo de la transferencia de
12,8 millones a Correa realizada desde una cuenta del empresario Fernando
Martín no esconde el verdadero motivo del pago: "Montante recibido como
comisión por la intervención en el desarrollo inmobiliario Ramón Arganda de
Madrid hecho por la sociedad Martinsa". Esto probaría que el pago se debió,
según el informe policial, a la intermediación del cerebro de la red
corrupta con el alcalde de Arganda del Rey, Ginés López. El Consistorio,
gobernado por el PP, adjudicó finalmente a Martinsa la denominada Unidad de
Ejecución 124, donde estaba prevista la construcción de 2.676 viviendas, por
un precio de 77 millones de euros, cuando inicialmente se había tasado en
100 millones. Dos años después, la promotora vendió un tercio del suelo por
73 millones de euros, una cantidad tres veces superior al precio pagado, que
fue de 25 millones. Hasta el momento no se ha puesto ni un ladrillo en el
terreno.
Al concurso que ganó Martinsa en Arganda del Rey el 23 de
junio de 2004 se presentaron tres empresas. Pero el Consistorio de Ginés
López, a la hora de valorar las ofertas, delegó parte de la baremación en
dos consultoras privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Los técnicos del
Ayuntamiento y las dos sociedades valoraron diferentes aspectos del polémico
concurso y entregaron sus puntuaciones sucesivamente. Primero se pronunció
Aguirre Newman, que optó por una empresa distinta de Martinsa. Cuando los
técnicos del Consistorio presentaron su baremación, tampoco resultó ganadora
la sociedad de Martín. El último en valorar fue Plarquin, que puntuó la
solución técnica y la propuesta estética. Y Martinsa ganó el concurso.
El establecimiento de la conexión entre las dos
comisiones de 12 millones fue posible gracias a la documentación remitida
por Suiza, que ha destapado que, de los 12,8 millones de Martinsa, ocho ya
se encontraban inicialmente en la cuenta de Fernando Martín, mientras que
otros cuatro fueron aportados por Ostara Services, del empresario Manuel
Salinas. El millón restante tenía su origen en una cuenta de la sociedad
Arthington Investments, relacionada con Amando Mayo. Estos empresarios
fueron los responsables de la otra comisión pagada a Correa en 2004, sin que
se conozca el motivo de la misma. La policía no ha podido determinar el
verdadero motivo de esta comisión.
El informe policial aporta la transcripción de
conversaciones grabadas por el denunciante del caso Gürtel, el
exconcejal de Majadahonda José Luis Peñas, en las que Correa afirma:
"Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis
meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros".
www.elpais.es 29.06.11
2) CASO GÚRTEL: LA EXESPOSA DE PANERO SE NIEGA A DECLARAR
ANTE EL JUEZ
Pedreira mantiene imputada a la que fue mujer del
exalcalde de Boadilla
La exmujer del exalcalde de Boadilla del Monte Arturo
González Panero se negó ayer a declarar ante el magistrado que instruye el
caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, que la había citado como
presunta autora de un delito contra la Hacienda pública. Elena Villarroya
rechazó testificar al entender que el juez no era competente tras inhibirse
de la investigación del caso a favor de la Audiencia Nacional, según
explicaron ayer fuentes del caso, que especificaron que el magistrado ha
decidido mantener su imputación. También estaba prevista la declaración de
González Panero, pero esta se ha aplazado hasta el 14 de julio.
En su comparecencia ante el TSJM, Villarroya resaltó,
además, su intención de no prestar declaración hasta que concluya la
inspección de Hacienda a la que está sujeta.
La decisión del juez de imputar la semana pasada a
González Panero, conocido como El Albondiguilla, y a su exesposa ha
alejado la posibilidad de que el delito contra la Hacienda pública que el
magistrado les atribuye prescriba, al haber pasado seis años, ya que fue el
28 de junio de 2005 cuando se abrió la cuenta en Suiza. Tanto Villarroya
como González Panero fueron imputados como presuntos autores de un delito
fiscal al poseer una cuenta no declarada al fisco en un banco suizo.
El fraude del que se les acusa asciende a 365.000 euros.
En la cuenta, abierta a nombre de Longridge Internacional, SA, Villarroya
aparecía como apoderada y González Panero como gestor. En declaraciones a EL
PAÍS, González Panero negó tener ninguna relación con la empresa, asegurando
que la figura de "gestor" no existe en relación con las cuentas bancarias.
Asimismo, indicó que si el juez considera que la cuenta era propiedad de los
dos ya no podrían ser acusados de un delito fiscal. No obstante, en la
actualidad el límite para ser considerado delito fiscal es de 120.000 euros.
www.elpais.es 30.06.11
EL PRESIDENTE DE MARTINSA, IMPUTADO
El juez del caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, ha citado a declarar
el próximo 30 de junio al presidente de la constructora Martinsa, Fernando
Martín, al que imputa delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra
Hacienda.
Pedreira le preguntará por un desembolso de casi 13 millones de euros que acabó
en Panamá en manos del cabecilla de la trama, Francisco Correa. El juez
investiga si estos millones tienen relación con una operación inmobiliaria
desarrollada por Martinsa en Arganda del Rey (Madrid) en la que Correa habría
actuado de intermediario ante el Ayuntamiento, entonces gobernado por Ginés
López, del PP, otro de los imputados.
En el marco de esa operación, Martinsa pagó al Ayuntamiento 66 millones por unas
parcelas tasadas en 100 y se comprometió a abonar otros 11 millones, pero ese
dinero nunca llegó al municipio. Fuentes de Martinsa negaron ayer haber pagado
comisión alguna a la red.
www.elpais.es
14.06.11
EL JUEZ SEGUIRÁ MESES CON EL CASO ANTES DE ENVIARLO A LA AUDIENCIA
Los recursos de dos imputados ante el Supremo frenan el traspaso del sumario
El juez Antonio Pedreira continuará investigando durante varios meses el caso
Gürtel antes de enviarlo, presumiblemente, a la Audiencia Nacional. Los
recursos ante el Supremo anunciados ayer por el extesorero del PP Luis Bárcenas
y el empresario José Luis Ulibarri, también imputado, implican que la
instrucción continuará en el Tribunal Superior de Madrid (TSJM) al menos otros
seis meses.
Bárcenas y Ulibarri tienen ahora un mes para impugnar el auto por el que la Sala
Penal y Civil del TSJM ratificó el pasado día 8 la inhibición de Pedreira en
favor de la Audiencia Nacional. La ratificó por dos razones: porque ya no hay
imputados con aforamiento y porque el delito de blanqueo internacional de
capitales compete a la Audiencia.
Fuentes jurídicas indicaron ayer que Pedreira proseguirá al frente de la
investigación hasta comienzos de 2012 si el Supremo admite a trámite uno o los
dos recursos de casación. En el caso de los trajes, la ramificación del
sumario por la que Francisco Camps está imputado como presunto receptor de
sobornos en especie (los trajes), el Alto Tribunal se tomó ocho meses para
ordenar la reapertura de diligencias tras el cerrojazo dictado por el Tribunal
Superior valenciano (TSJCV).
Quienes siguen el caso de cerca indicaron que Pedreira no planea limitarse en
esta fase de prórroga a realizar los trámites imprescindibles. De hecho,
el día 30 interrogará al presidente de Martinsa y a otros dos empresarios
bajo sospecha de haber pagado 24,8 millones a Francisco Correa. Al menos uno
de esos pagos, de 12,8 millones, está presuntamente vinculado a un pelotazo de
Martinsa en Arganda (Madrid).
Otro imputado por soborno
Ayer, y en relación con ese mismo pelotazo, declaró como imputado Juan Fernández
Caballero, gerente de la empresa municipal de Arganda que, en 2004, adjudicó una
gran bolsa de suelo público a Martinsa en un concurso que las acusaciones creen
amañado. Fernández, a quien el juez imputó los delitos de soborno y
prevaricación tras un interrogatorio de dos horas y media, se escudó en que
siguió el criterio de "los técnicos". Su declaración llegó al culmen cuando,
pese a la existencia de papeles oficiales, negó que dos empresas privadas
hubieran sido las encargadas de evaluar distintos puntos de las ofertas
presentadas al concurso.
Una de las empresas evaluadoras fue Plarquin, de la que había sido copropietario
Enrique Porto, entonces director general de Urbanismo de Esperanza Aguirre. Fue
el dictamen de Plarquin el que inclinó la balanza en favor de Martinsa. Antes de
la adjudicación, Luis Bárcenas y el entonces tesorero del PP, Álvaro Lapuerta,
alertaron a Aguirre del amaño que se avecinaba. El aviso fue desoído.
www.publico.es
16.06.11
LA TRAMA PREPARÓ UN NEGOCIO PARA UN UN MIEMBRO DEL GRUPO
DE TAMAYO
La red guardaba copia de un contrato de venta de acciones
a Dionisio Ramos, a quien el escolta del tránsfuga señaló como quien le
encargó proteger al diputado
Un documento hallado por la Policía en los ordenadores de
Luis de Miguel, imputado en el sumario Gürtel como uno de los
presuntos blanqueadores de la trama, amenaza con dar una vuelta de tuerca al
caso. Porque el documento, datado en 2002, es la copia informática de un
contrato de venta de acciones de una sociedad del grupo de Correa, Gestión y
Equipamientos Deportivos SL, creada según la propia trama para hacer
negocios con la Universidad Complutense. Y quien figura como comprador es
Dionisio Ramos, el exgerente de esta universidad a quien el escolta de
Eduardo Tamayo señaló ante un juez en 2005 como persona vinculada al encargo
que recibió para proteger al diputado tránsfuga tras el tamayazo, el
golpe que el 10 de junio de 2003 impidió al PSOE gobernar la Comunidad de
Madrid y abrió la puerta de la victoria a Esperanza Aguirre.
El agente de seguridad privada que protegió a Tamayo,
José Antonio Expósito, se retractó de su versión judicial sobre el papel de
Dionisio Ramos tras ser contratado por Intereconomía, informó entonces la
cadena SER. Según Ramos, cambió su relato por otro motivo: "Porque provoqué
un careo". Expósito fue condenado en 2010 por fingir que era agente del CNI.
El exgerente de la Complutense niega tajante que el
contrato sea real
Público
localizó a Ramos a través de una empresa
donde comparte cargo de administrador con la esposa de José Luis Balbás,
jefe de filas de Tamayo en la corriente socialista Renovadores por la Base
hasta la fulminante expulsión de ambos. El ex alto cargo del PP fue
secretario general de Educación en Madrid y de la Complutense negó rotundo
la existencia de ese contrato, anunció acciones legales contra este diario y
remachó que Gestión y Equipamientos Deportivos jamás trabajó para la
universidad mientras él fue gerente. "Ya demandé a una periodista de El
País y eso se va a repetir", espetó en referencia a cómo actuó después
de que el citado rotativo informase en 2006 sobre la caja B con que la
Complutense hizo pagos opacos durante la etapa de Ramos, gerente hasta 2003.
Fuentes de la universidad madrileña confirmaron el viernes la existencia de
ese "fondo de reptiles", así como que el escolta Expósito cobró de la
universidad días después del tamayazo. Y corroboraron que el caso,
denunciado por el Rectorado, continúa en manos de un juez.
Integrado por tres folios, el contrato de venta de
acciones a Dionisio Ramos consta incorporado al sumario Gürtel junto
con los restantes archivos informáticos incautados en el despacho de De
Miguel. Fechado el 8 de mayo de 2002, su contenido refleja cómo Spinaker
2000, empresa largamente investigada por el juez Antonio Pedreira, declara
haber vendido al entonces gerente universitario 1.800 de sus 5.990
participaciones en Gestión y Equipamientos Deportivos SL. El precio, 1.800
euros.
Vehículo de pagos ilegales
La sociedad de la que habla el documento buscaba
contratos con la universidad
Un informe policial del sumario Gürtel presenta a
Spinaker 2000 como una de las sociedades que, con estructura de muñeca rusa
sus títulos pertenecían a una compañía radicada en un paraíso fiscal utilizó
la trama para canalizar pagos ilegales a varios dirigentes del PP. El
informe cita como supuestos receptores al exdiputado Jesús Merino, el
exsecretario de acción electoral y exalcalde de Pozuelo Jesús Sepúlveda, el
eurodiputado Gerardo Galeote y el extesorero Luis Bárcenas, todos ellos
salvo Galeote ya imputados. Bárcenas y Merino niegan todo vínculo con
Spinaker.
La venta de participaciones a Dionisio Ramos quedó
fechada 20 días después de la constitución de Gestión y Equipamientos
Deportivos, cuya titularidad real pertenecía a la trama. Así lo reconoce el
propio Luis de Miguel en un escrito recibido por el juez Pedreira. "La
sociedad dice ahí el abogado de De Miguel fue constituida pensando en que
sería utilizada por el grupo empresarial del Sr. Correa. Por ello, se
confirieron poderes a Pablo Crespo Sabarís", considerado el número dos de la
red corrupta. En ese mismo texto, el defensor de De Miguel reconoce que
también Spinaker fue creada a petición de Correa.
A lo largo de dos conversaciones, el exgerente
universitario negó con reiteración haber hecho ningún negocio con Luis de
Miguel, a quien dijo no conocer, o con cualquier otro miembro de la red
Gürtel. Y anunció "una querella o una demanda" contra este diario en
el momento mismo en que se ligara su nombre a la trama corrupta. Público
le ofreció enviarle una copia del contrato para que pudiese estudiarlo y
comprobar que la foliación lo identifica como un documento sumarial. En la
primera llamada telefónica, el exgerente accedió a recibirlo mediante fax o
correo electrónico. Una hora más tarde había cambiado de opinión: ya no
estaba interesado en ver los papeles.
Ante la insistencia del diario en saber si, a su juicio,
la única explicación posible es entonces la de que alguien hubiese
suplantado su identidad, Ramos terminó por responder así: "Yo no le digo
nada. No tengo ni idea de si han suplantado mi personalidad o de si se lo ha
inventado usted [el contrato]".
Con este, son ya dos los nexos entre la Gürtel y
el grupo de Tamayo que destapa el sumario. El primero se relaciona con una
anotación en la agenda de Pablo Crespo, quien en el otoño de 2005 escribió
un apunte sobre la creación de un nuevo partido valenciano destinado a
debilitar a los socialistas. El apunte se hizo en las mismas fechas en que
irrumpió el Partido Social Demócrata (PSD), que nació con el objetivo
confeso de atrapar votos del PSPV y cuya sede oficial coincide con la del
despacho de José Luis Balbás. Ramos participa en numerosas sociedades
inmobiliarias y de servicios 27, según sus datos, en parte de las cuales
comparte gestión con ejecutivos ligados a Balbás.
www.publico.es 02.05.11
CAE UN ALTO CARGO DE ALCOBENDAS POR FAVORECER A
UNA EMPRESA AFÍN
La directora de Comunicación adjudicó contratos
públicos valorados en más de 400.000 euros a la compañía de un socio de su
hermano- Teresa Alonso-Majagranzas trabajó para una empresa relacionada con
Gürtel
La directora de Comunicación del Ayuntamiento de Alcobendas
(PP), Teresa Alonso-Majagranzas, presentó ayer su dimisión tras haberse hecho
público que desde 2008 y hasta marzo de 2011 concedió a la empresa Simple Part
of Design Place, SL (SPD), contratos de publicidad por un valor cercano a los
400.000 euros, según informó ayer la cadena SER. SPD es una empresa de Roberto
Guitián Yustas, socio en otra compañía del hermano de Teresa Alonso-Majagranza.
Los dos son los dueños de una compañía de publicidad que compartía el mismo
objeto social; la misma dirección y el mismo teléfono que la firma beneficiada
por las adjudicaciones del Consistorio. La responsable de estas adjudicaciones
fue presuntamente Teresa Alonso-Majagranza, quien ayer no respondió a las
llamadas de este periódico para aclarar estos términos. La denominación de esta
segunda empresa, en la que aparece el hermano de la empleada municipal es
Adquiere Publicidad. Esta firma fue creada un mes antes de la llegada de Teresa
Alonso-Majagranza al Consistorio de Alcobendas, en agosto de 2007.
El Consistorio dice que volverá a contar con la
empleada expulsada
Tal y como consta en la documentación que obra en poder de EL
PAÍS, a lo largo de 2008 la sociedad SPD realizó varias campañas institucionales
de publicidad en Alcobendas, con unos ingresos de 118.252 euros. En 2009 fueron
120.932 euros; en 2010, 127.000 euros; y en lo que va del presente ejercicio
11.275 euros. El Ayuntamiento difundió ayer una nota en la que tras defender la
"honestidad" y "profesionalidad" de este cargo de confianza anunció su
"suspensión" como empleada del Consistorio.El Ayuntamiento de Alcobendas
sostiene que la exdirectora de Comunicación, Teresa Alonso-Majagranzas, presentó
su dimisión por la sensibilidad que rodea al periodo preelectoral: "Con el ánimo
de no perjudicar ni a la candidatura conformada por el actual equipo de Gobierno
del Ayuntamiento ni a la propia institución".
El Gobierno local mantiene su total confianza en la exempleada,
de la que destaca su "generosidad". Pese a ello, el Consistorio ha decidido
suspenderla: "Con la intención de preparar la documentación precisa que
demuestre que los procedimientos llevados a cabo durante su gestión han sido, en
todo momento, transparentes, conformes a los procesos existentes, y siempre en
la mejor defensa de los intereses del Ayuntamiento". Por todo ello, el
Consistorio explica que una vez aclaradas las circunstancias por las que se
suspende a Teresa Alonso-Majagranzas, esta se reincorporará de nuevo a su
puesto: "Para poder seguir ejerciendo en un puesto clave para la promoción de la
buena imagen de la ciudad de Alcobendas".
El miércoles, la cadena SER adelantaba que Alonso-Majagranzas
había reconocido que fue ella quien encargó el diseño y la maquetación del
folleto de las Navidades de 2007 a una empresa de la que había sido apoderada.
La factura por estos servicios ascendieron a 3.364 euros. Esta mercantil es
Traci Comunicación, una sociedad limitada que en 2007 tenía el mismo domicilio
social; el mismo número de teléfono y de fax que Over Marketing y Comunicación.
Esta última mercantil está presuntamente implicada en el caso Gürtel y
Palma Arena.
Además, en declaraciones a la misma emisora, Teresa
Alonso-Majagranza dijo que en el momento en el que fue nombrada en el
Ayuntamiento de Alcobendas, abandonó el cargo de directora de comunicación en
Over MC y dejó de ser apoderada de Traci. Este cargo de Alcobendas también
reconoció que la cuantía de la factura reflejaba un trabajo menor: un folleto
del que se realizaron 45.000 ejemplares y que fue repartido en los domicilios
del municipio.
En Baleares, la fiscalía investiga contratos publicitarios
suscritos por Over MC con instituciones gobernadas por el PP. Over MC hizo la
campaña del exministro de Medio Ambiente y presidente balear, Jaume Matas, en
2003. Asimismo, Over MC fue beneficiaria de un contrato de creatividad
publicitaria del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), por un valor de dos
millones de euros. Según declaró Isabel Jordán, empleada de la red Gürtel, Over
MC fue una de las sociedades pantalla de las empresas del cerebro de la trama,
Francisco Correa.
En una de las conversaciones interceptadas a la trama entre
Correa y Pau Collado, otro de los empleados de la red, el cabecilla llega a
preguntar por "lo de Alcobendas", a lo que Collado contesta: "Lo de Alcobendas
ya está, ya está cerrado, en marzo empezamos". "En marzo empezamos, lo que pasa
es que, claro, no son los presupuestos que había antes". Ante lo que Correa le
responde: "Lo que hay que hacer es la campaña", contestándole Collado:
"Alcobendas ya está, ya está facturada una parte".
www.elpais.es 19.04.11
LOS ATAQUES AL JUEZ PEDREIRA DIVIDEN Y TENSAN AL
TRIBUNAL DEL CASO
Los magistrados se tiran los trastos a la cabeza a
cuenta de las grabaciones en prisión
La división y la tensión son totales entre los tres
magistrados de la Sala de lo Civil y lo Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, que dirime los recursos del caso Gürtel.
Emilio Fernández Castro, el juez partidario de dejar
libre bajo fianza al jefe de la trama, Francisco Correa, ha sido
ponente de un auto (al que se ha adherido con su firma el presidente del
tribunal, Francisco Vieira) en el que ataca con extrema dureza al instructor del
caso, Antonio Pedreira.
Robledano considera "innecesarias e impropias" las
críticas al instrutor
Este auto, que revoca una decisión de Pedreira sobre los pasos
a seguir para eliminar de las diligencias las
grabaciones de las conversaciones entre los
cabecillas de la red y sus abogados en la cárcel, emplea términos
casi insultantes y aleccionadores sobre cómo debe abordar el instructor el
incidente de
nulidad de las citadas escuchas.
Uno de los magistrados de la Sala, José Manuel Suárez
Robledano, ha emitido un voto particular en el que respalda a Pedreira y
sostiene que las expresiones que Fernández Castro vierte son "innecesarias,
inadecuadas e impropias del funcionamiento ordinario y regular de las
instituciones del Poder Judicial, y que además no responde a la realidad de lo
ocurrido en el caso".
Fernández Castro recrimina a Pedreira una supuesta demora en
la instrucción del proceso, y trata de darle clases sobre cómo debe tramitar la
anulación de las escuchas. Suárez Robledano le replica recordando la complejidad
de un sumario que acumula ya "632 tomos con aproximadamente 265.000 páginas",
comisiones rogatorias en tres continentes y "más de 60 imputados". La propia
Sala ha tenido que resolver casi 200 recursos presentados por las partes, lo que
da idea de la enorme actividad de las investigaciones que desarrolla Pedreira
desde hace casi dos años.
Fernández Castro y Vieira dejan entrever que Pedreira no ha
escuchado todas las conversaciones grabadas. Le instan pues a hacerlo y a
eliminar, palabra por palabra y anotando periodos concretos del diálogo,
aquellos pasajes que atenten contra el derecho de defensa, así como cuestiones
referidas a la intimidad.
Suárez Robledano sugiere que los firmantes del auto, que suman
mayoría de dos a uno, tampoco han escuchado las grabaciones.
El auto de Fernández Castro estima tres recursos presentados
por los imputados Alberto López Viejo (exconsejero del Gobierno madrileño de
Esperanza Aguirre), Isabel Jordán y Alfonso Bosch, contra una decisión de
Pedreira que ordenaba eliminar en bloques las grabaciones entre abogados y
clientes en la cárcel, así como todos aquellos pasajes que afectaran a su
intimidad.
Dice así la Sala: "Lo cierto [es] que la formulación de los
tres citados recursos de apelación ha puesto antes que nada de manifiesto la
singular forma en que el instructor, sin acompañar o exponer, como es
imprescindible en derecho, sin motivación alguna al respecto (...)".
En su voto particular, Suarez Robledano rechaza esta
afirmación. Recuerda que en el auto de Pedreira sí existe "la motivación" que
marca la ley, y que se desarrollan -a lo largo de ocho folios- los pasos a
seguir para eliminar las partes del sumario afectadas por la nulidad.
Los abogados de los tres procesados afirman que Pedreira ha
hecho "una poda excesiva de las grabaciones", y exigen tener acceso a ellas
íntegramente.
El auto de Fernández Castro da la razón a los apelantes y
señala, entre otras consideraciones: "Esa no es la tarea que se espera del
instructor. Es, por el contrario, preciso que este, digámoslo con propósito no
solo didáctico, sino en estricto ejercicio de la potestad funcional que a esta
Sala incumbe, lea detenidamente las transcripciones de todas las conversaciones
intervenidas".
A continuación, en una suerte de ejercicio pedagógico, trata
de aleccionar a Pedreira: "Todo lo que no sea actuar así, implicará una
persistencia en el error y una pérdida de tiempo tan lamentable como
insubsanable".
www.elpais.es 20.04.11
PEDREIRA CITA A DECLARAR COMO IMPUTADO A UN ALTO
CARGO DE ARGANDA
Es Juan Fernández, presidente de la Sociedad
Municipal para el Fomento que, según la investigación del 'caso Gürtel',
contrató a las empresas de Correa
El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio
Pedreira, ha citado a declarar como imputado el próximo 10 de mayo al presidente
de la Sociedad Municipal para el Fomento de Arganda del Rey, Juan Fernández
Caballero. El juez accede a la petición realizada por la Fiscalia
Anticorrupción, a la que recientemente se adhirió la acusación popular ejercida
por los concejales socialistas de Boadilla del Monte. Según la investigación del
caso, la Sociedad Municipal para el Fomento de Arganda fue el organismo público
que contrató a las empresas de la trama dirigida por Francisco Correa. Entre
2005 y 2008 adjudicó contratos por valor de 1.200.00 euros. El PSOE de Arganda
ha exigido el "cese fulminante" de Fernández Caballero. Además, los socialistas
argumentan que el alcalde, Pablo Rodríguez Sardinero, que es a su vez presidente
de la Sociedad, "debe asumir inmediatamente las responsabilidades que
correspondan".
Además de a Fernández Caballero, Pedreira también cita a
declarar, pero en esta ocasión como testigo, al empleado del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte Juan Carlos Rey, uno de los responsables del informe técnico
que determinó la adjudicación de la Ciudad del Deporte a una de las empresas de
la trama: Constructora Hispánica. También tendrá que testificar en calidad de
testigo la concejal de Boadilla responsable del contrato de la Oficina de
Atención al Ciudadano con la empresa Easy Concept, Isabel Fernández de Guzmán.
El efecto electoral
El antecesor de Fernández Caballero en el cargo, Benjamín
Martín Vasco, también está imputado en la causa, así como
el exalcalde de Arganda, Ginés López (PP).
En contra de la doctrina aplicada en otros municipios salpicados por el
escándalo de corrupción -admitir la culpa, pedir perdón y cambiar al candidato-
el PP
ha mantenido como candidato en Arganda
al actual regidor pese a que fue el teniente alcalde de López.
El Ayuntamiento de Arganda, cuando era alcalde el imputado
Ginés López, adjudicó una obra en noviembre de 2004 por 77 millones a la empresa
Martinsa, que había sido tasada en 100 millones, según consta en el expediente
de la operación aprobada en el Consistorio. La decisión corrió a cargo de Martín
Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP,
cuando era consejero delegado de la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de
Arganda, de la que Fernández Caballero es consejero delegado desde 2006.
Pedreira investiga si Correa cobró 13 millones de euros por
intermediar en esta operación urbanística. Entre los contratos firmados por
Benjamín Vasco al frente de la empresa del suelo de Arganda destacan los 48.893
euros abonados a las subcontratas del Grupo Rafael, que el sumario considera muy
cercanas a Correa. Este diputado también contrató a la empresa Vox Pública, de
la que era director gerente Jesús Calvo Soria, otro de los imputados. El pago,
de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la directora comercial de la
empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer de Correa.
"Martinsa se portó conmigo"
Pese a que la adjudicación era de 77 millones, Martinsa, cuyo
principal accionista era el empresario Fernando Martín, pagó un total de 66
millones comprometiéndose a abonar en especie otros 11 millones. Pero ese dinero
nunca llegó al municipio. Inicialmente, el Ayuntamiento permitió a la empresa
levantar 1.600 viviendas en esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a
construir otras 800 casas más; en total, 2.400. Martinsa no ha edificado ningún.
Además, el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha constado
que una firma de Correa instalada en Suiza había recibido 12,8 millones de euros
procedentes de una cuenta de Mónaco y que, según investigó la justicia
helvética, procedían de Martinsa.
La información de las autoridades suizas demuestra la
veracidad de las grabaciones realizadas por el ex concejal del PP de
Majadahonda, José Luis Peñas, cuya denuncia constituyó el inicio de la
instrucción del caso Gürtel, en el que permanecen imputadas más de un
centenar de personas por su supuesta implicación en la que es considerada como
la mayor trama de corrupción ligada a un partido político: el PP. Según estas
grabaciones, que constan en el sumario, Francisco Correa afirma: "Martinsa se
portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó seis meses. En mayo,
todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez, en otra grabación de
Peñas a la número dos del cerebro de la trama, Isabel Jordán, alude a la
operación: "[A Martín Vasco] le dieron su dinero. Él amenazó con hablar sobre el
negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero". La investigación de
Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000 euros de la trama
corrupta. Sobre este diputado pesa una fianza judicial de 950.000 euros.
El concurso que dio lugar a esa adjudicación fue denunciado
por el PSOE en dos ocasiones: en lo contencioso-administrativo, que lo archivó;
y ante la Fiscalía, que remitió el caso a un juzgado de Arganda en abril de
2007. Al concurso se presentaron tres empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El
Consistorio, a la hora de valorar las ofertas, no se fió solo de las opiniones
de sus técnicos, sino que delegó parte de la baremación en dos empresas
privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta última había sido propiedad de Enrique
Porto antes de ser nombrado director general de Urbanismo por Esperanza Aguirre
en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar planes urbanísticos diseñados por su
antigua empresa).
www.elpais.es 20.04.11
PEDREIRA CITA AL EXTESORERO DEL PP ROSENDO NASEIRO
El juez indaga si Bárcenas pidió un crédito de
325.000 euros para cuadros
El juez instructor del caso Gürtel en Madrid, Antonio
Pedreira, ha citado en calidad de testigo para el próximo día 4 de mayo al
extesorero nacional del PP Rosendo Naseiro, quien en 1990 se vio envuelto en un
escándalo relacionado con la financiación ilegal del PP. La Fiscalía
Anticorrupción quiere preguntar a Naseiro si es cierto que él era el
destinatario final de las dos obras de arte para cuya adquisición Luis Bárcenas
-sucesor de Naseiro en el cargo hasta abril de 2009- pidió un crédito de 325.000
euros que un mes y medio después devolvió al banco tras frustrarse la compra.
Bárcenas fue forzado a dimitir en abril de 2009 como tesorero
del PP tras verse implicado en el escándalo Gürtel por haber recibido
supuestamente más de un millón de euros de la trama que dirigía Francisco Correa
por mediar para la red corrupta en la consecución de contratas de obras
públicas.
Préstamo fallido
Anticorrupción pidió al juez Pedreira que citase a Naseiro
después de que Bárcenas, durante el interrogatorio al que fue sometido el pasado
29 de marzo, le mencionase como receptor final de los cuadros. En resumen,
Bárcenas subrayó que pidió ese dinero para prestárselo a Naseiro, coleccionista
de arte, y que este comprara los cuadros. Y añadió que el motivo de devolver el
dinero al banco es porque la operación se frustró, y que recibió 5.000 euros de
Naseiro para sufragar los gastos del préstamo ante el banco.
La policía sospecha que no hubo tal crédito, que el dinero en
realidad procedía de sobornos de la red Gürtel y que todo consistió en una
operación destinada al blanqueo de capitales. Según la policía, en la
contabilidad B de Correa figuran anotaciones relativas a esa fecha que dan
cuenta de la entrega a Bárcenas de una cantidad de dinero similar a la que
supuestamente pidió como préstamo.
El juez Pedreira también ha citado para el día 4 de mayo a
Miguel Granados, el experto en cuadros al que supuestamente acudió Bárcenas para
desarrollar la frustrada operación de los cuadros.
Naseiro tuvo problemas con la justicia en 1990, siendo
tesorero del PP, tras aparecer su nombre en grabaciones telefónicas judiciales
vinculado con operaciones de financiación ilegal del PP. Pero pudo esquivar
aquella investigación gracias a que el Tribunal Supremo anuló las escuchas
interceptadas.
www.elpais.es 16.04.11
EL CONSTITUCIONAL AMPARA AL EXCONCEJAL DEL PP QUE
DENUNCIÓ EL GÜRTEL TRAS SER EXPULSADO
El Tribunal Constitucional estimó el pasado lunes la cuarta
demanda de amparo de las 112 presentadas por el exconcejal del PP de Majadahonda
José Luis Peñas. Este exedil recurrió al Alto Tribunal al negarle el equipo de
Gobierno del PP, encabezado por su alcalde, Narciso de Foxá, la participación en
las comisiones informativas municipales. Según la fiscalía, el Consistorio del
PP vació de contenido el derecho político a participar de los recurrentes, ya
que se les convocaba pero no se les dejaba votar. Además, el primer edil impidió
que José Luis Peñas constituyera el Grupo Mixto municipal junto a otro edil que
también había sido obligado a abandonado el PP: Juan José Moreno Alonso. Ambos
fueron expulsados del partido el 29 de julio de 2005, y al no poder formar el
Grupo Mixto tuvieron la consideración de concejales no adscritos.
Peñas fue quien asesorado por el letrado Ángel Galindo,
concejal de Alternativa por Boadilla (APB) en este municipio, presentó la
denuncia inicial que dio paso al caso Gürtel, que ha destapado la mayor
trama de corrupción conocida en la democracia española ligada a un partido
político: el PP. El mencionado abogado recurrió al Constitucional tras ver cómo
la Sección Octava y Novena de lo Contencioso-administrativo del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) rechazaba los recursos que había
presentado contra las sentencias de los juzgados de lo
Contencioso-administrativo de Madrid.
Estos exediles argumentaban en sus recursos de amparo que el
equipo de gobierno del PP de este municipio había vulnerado sus derechos
constitucionales. Precisamente el primero de los cuatro amparos concedidos por
el Tribunal Constitucional, que ya ha sido publicado en el Boletín Oficial del
Estado (BOE), declara, tras reconocer su derecho a la participación política en
condiciones de igualdad, la nulidad de la comisión informativa de 24 de enero de
2006 de asuntos económicos del Ayuntamiento de Majadahonda recurrido por Peñas.
Este fallo del Tribunal Constitucional pone de manifiesto que
el equipo de Gobierno de Narciso de Foxá vulneró los derechos constitucionales
de los dos ediles al prohibir su participación en las comisiones informativas.
La decisión del Tribunal Constitucional se produce después de
que el fiscal Alfredo Ramos solicitara al Alto Tribunal que unificara sus
criterios, con la intención de que se admitieran a trámite todos los recursos
presentados por los exconcejales del PP de Majadahonda José Luis Peñas y Juan
José Moreno. Y lo hizo al constatar que no todas las demandas se admitían a
trámite. Hasta el momento, el Constitucional ha admitido 45 recursos, de lo que
cuatro ya han sido estimados. Por el contrario, inadmitió 11, lo que provocó las
quejas del fiscal del Constitucional, que ha recurrido esta decisión, tratando
de guardar la homogeneidad en las decisiones.
www.elpais.es 20.04.11
LA LISTA DE
BOADILLA DESMIENTE LA PROMESA DE AGUIRRE DE BORRAR EL RASTRO DE GÜRTEL
El pasado 23
de marzo, la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, pidió disculpas ante “el
70% de los ciudadanos de Boadilla del Monte que votaron al PP en las elecciones
municipales de 2007 por haber defraudado su confianza" y aseguraba que a su
partido "nunca le ha temblado el pulso para cortar todas las cabezas
necesarias", incluso antes de que los presuntos responsables hayan sido
condenados.
Lo dijo en un acto en Boadilla para apoyar a su
candidato a la Alcaldía, Antonio González Terol, donde prometió que
se produciría una renovación en la lista popular en ese municipio. Sin
embargo, fuentes cercanas al PP local han denunciado a ELPLURAL.COM que la
presidenta madrileña no ha conseguido “borrar el rastro de Gürtel” dejado
por el ex alcalde Arturo González Panero (El Albondiguilla), imputado por
corrupción.
Suárez y
Muñoz
En la lista del
PP de Boadilla a las próximas elecciones municipales del 22 de mayo se mantienen
antiguos miembros del equipo de El Albondiguilla, como como Natalia
Suárez, que aspira a un puesto de concejal. El padrino político de Suárez
fue Alfonso Bosch, diputado en la Asamblea de Madrid que dejó el PP tras ser
imputado en el caso Gürtel. Bosch manejaba los hilos en la EMSV, la
empresa municipal de suelo donde introdujo a Suárez con un contrato blindado que
aún mantiene. También irá en las listas Trinidad Muñoz, la jefa de gabinete de
Juan Siguero, el hombre que sustituyó a Panero como alcalde cuando estalló la
Gürtel, aunque después también tuviera que dejar el cargo al ser imputado en
el caso de corrupción.
Manuel Malavé de Cara
Así mismo, cabe
destacar la presencia de Manuel Malavé de Cara, exsecretario de Comunicación en
la etapa del exalcalde, y exconsejero de la Empresa Municipal del Suelo y
Vivienda en las etapas de Tomás Martín Morales y Bosch, ambos acusados de
recibir sobornos por presuntas adjudicaciones irregulares de la entidad pública.
Los
disidentes no están en la lista
Sin embargo,
las mismas fuentes denuncian que no estarán en la lista electoral los cargos
María Jesús Díaz, Francisco Pastor y Francisco Sánchez Arranz, que se
enfrentaron a Panero por sus presuntas irregularidades.
Un
procesado, miembro del comité electoral
En el actual
comité electoral aparece el nombre de José María de la Mata, ex concejal de
Hacienda en la época de Panero, procesado por malversación de fondos y
prevaricación.
El equipo de Comunicación de Panero
El gabinete de
Comunicación del grupo popular que acompaña a la nueva apuesta del PP en
Boadilla, Antonio González Terol, es también el mismo equipo de González Panero.
Entre estas personas se encuentra Elena Cerezo, esposa del portavoz del PP en la
Asamblea de Madrid y candidato popular a Alcorcón, David Pérez, y persona
de confianza de El Albondiguilla y de su sustituto Juan Siguero, también
implicado en el caso Gürtel.
www.elplural.com 09.04.11
PEDREIRA
DICTARÁ LA APERTURA DEL JUICIO POR EL ‘CASO GÜRTEL’ ANTES DEL 15 DE JUNIO
El instructor
del 'caso Gürtel', Antonio Pedreira, ha afirmado este miércoles en las que han
sido sus primeras declaraciones a los medios, que si Baltasar Garzón “es
inocente, los tribunales se pronunciarán” y ha precisado al respecto que él
presume “de la inocencia” del juez. Pedreira ha anunciado que decretará la
apertura del proceso antes del próximo 15 de junio.
El magistrado
ha contestado a los medios a las puertas del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid, antes de tomar declaración como imputados al exsecretario general del PP
de Estepona y exconcejal Ricardo Galeote y al empresario José Luis Ulibarri.
A continuación
de las elecciones regionales
El instructor
del caso Gürtel ha explicado que la prueba “ya está terminada” y que cree
que el procedimiento “se terminará” con la legislatura madrileña actual “y se
celebrará el juicio a continuación” de las próximas elecciones autonómicas.
Cree que el
Supremo lo está haciendo bien
Pedreira ha
valorado positivamente la actuación del Tribunal Supremo contra Garzón por
ordenar la grabación de las conversaciones mantenidas en la cárcel por los
cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Pablo Crespo, con sus
abogados.
Le ha caído una
buena encima
Sobre el
caso Gürtel, el juez ha admitido que le ha caído “una buena encima”, aunque
ha agregado que está “contento”. Pedreira investiga la parte más importante de
este proceso que fue distribuido por el instructor inicial, Baltasar Garzón,
entre varios juzgados.
www.elplural.com 13.04.11
LA COMUNIDAD NO ENVÍA FACTURAS DE GÜRTEL PEDIDAS
HACE SEIS MESES
Asegura en un escrito a Pedreira que es normal que se dilate
El letrado de la Comunidad de Madrid Roberto Pérez Sánchez ha
remitido un escrito al magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio
Pedreira, en el que asegura, seis meses después de ser requeridos por el juez,
que es normal que el proceso de localización y recopilación de los documentos
pedidos se dilate "algo" en el tiempo. Así justifica el letrado que pese a
solicitarlo por primera vez el juez el 1 de septiembre las facturas pagadas por
el Gobierno regional al Grupo Rafael, cuyas empresas ejercían de pantalla para
Francisco Correa, no se hayan enviado todavía. "La detección y recopilación de
las facturas lleva una ingente labor de búsqueda y clasificación en los archivos
administrativos de las diferentes consejerías", recalca el letrado del Ejecutivo
de Esperanza Aguirre.
El juez Pedreira no se ha quedado de brazos cruzados y, un día
después de recibir el escrito de la Comunidad, dictó una providencia en la que
solicitó a la Intervención General del Estado (IGAE) que le informara sobre la
existencia de facturas de la Comunidad al Grupo Rafael.
La falta de colaboración del Ejecutivo regional, que niega el
abogado, ya fue objeto el 16 de diciembre de 2010 de una providencia de Pedreira,
en la que el magistrado advertía de la responsabilidad penal de la persona que
no colaborara. Por eso el PSOE solicitó la declaración como imputado del
secretario general técnico de la Comunidad, Héctor Casado López, al considerar
que esta forma de actuar ponía en evidencia la "intención manifiesta" de
ocultación de los datos solicitados por el tribunal. Además, el abogado defiende
en el escrito la labor realizada por el Ejecutivo popular en relación a las
peticiones judiciales: "La Comunidad de Madrid ha atendido, con plena exactitud,
todos y cada uno de los requerimientos cursados por los órganos judiciales que,
de forma sucesiva, se han ocupado de la instrucción".
Pero el funcionario regional hace también una valoración
política de la petición de los concejales socialistas: "Resulta triste que el
ansia de perjudicar a toda costa al adversario electoral, el deseo de obtener
rédito político por cualquier medio, lleve a algunos a hacer pasar por auténtico
aquello que no lo es".
LA POLICÍA
DESTAPA UNA RED PARALELA DE CONTRATAS IRREGULARES EN MADRID
El
exconsejero López Viejo otorgó concesiones a una empresa ajena a Correa.- "Pillé
a López Viejo dándole trabajo a otro; dice que se lo pidió la presidenta"
Una empresa constituida
en enero de 2006, Ilusiona Comunicación, entró solo unos meses después en el
reparto supuestamente ilegal de contratos por cientos de miles de euros para la
organización de actos institucionales de la Comunidad de Madrid en los que
participaba la presidenta Esperanza Aguirre.
El cerebro político de
esta trama corrupta, según la investigación del caso Gürtel, era Alberto
López Viejo, exconsejero de Aguirre y encargado por orden de la presidenta de
organizar todos sus eventos.
Durante la primera mitad
del primer mandato de Aguirre (2003-2007), la mayoría de los actos fueron
encargados por López Viejo, aunque no tuviera responsabilidad ni mando sobre la
consejería que los convocaba, a empresas de la trama corrupta que dirigía
Francisco Correa.
A partir de 2006, la
cosa cambió un poco, según el último informe policial fechado el pasado 2 de
marzo de 2011 e incorporado al sumario del caso Gürtel, donde se hacen
públicos los correos electrónicos que se cruzaban entre sí los directivos de la
red Gürtel para tratar las incidencias en la actividad de sus empresas.
En mayo de 2006, los
responsables de la trama corrupta estaban preocupados porque López Viejo había
diversificado el reparto de actos institucionales de la presidenta y, por tanto,
de un negocio que podía alcanzar varios millones de euros al año.
Isabel Jordán, directiva
de Easy Concept, la empresa de la red Gürtel encargada de los actos de Aguirre,
escribe a su jefe, Pablo Crespo, número dos de la trama para trasladarle
algunos motivos de preocupación respecto a una firma que organiza actos para
Aguirre: "He hablado con Alberto [supuestamente López Viejo] de la empresa
Ilusiona y, según él, no son muy amigos. Los conoce pero que nosotros vamos a
seguir haciendo los trabajos, solo que facturamos a través de ellos. Ya son
cuatro actos que hemos hecho con ellos".
Jordán se refiere, y la
cita por su nombre en el correo electrónico, a la empresa Ilusiona, que por
entonces tenía como administrador único a Javier Fernández Verea, vinculado a un
amigo de López Viejo y propietario de la discoteca Gabana, según la
investigación.
Entre la documentación
incautada a la trama corrupta figuran 23 trabajos por actos institucionales de
la presidenta de la Comunidad de Madrid entre abril y julio de 2006 por 345.190
euros facturados a nombre de Ilusiona. Esos trabajos los hacía en realidad la
empresa Servimadrid Integral, perteneciente a la trama corrupta, pero los
facturaba Ilusiona, según la documentación que aporta en su informe la policía.
En junio de 2006, la
desconfianza de la trama corrupta en López Viejo había aumentado. Isabel Jordán
remite entonces otro correo electrónico a Pablo Crespo: "Este señor (en
referencia supuestamente al exconsejero autonómico Alberto López Viejo) está
haciendo cosas raras. Le he pillado dándole trabajo a una empresa que se llama
Ilusiona para la cual nosotros trabajamos. Según él, ha sido la presidenta
[Esperanza Aguirre] quien le ha pedido que le dé trabajo, pero yo me he
informado a través de cierto alcalde, que este chico es amigo de él... A
nosotros nos sigue dando trabajos pero está diversificando, porque todo el mundo
habla de él y de sus chanchullos (...)".
www.elpais.es 23.03.11
JORDÁN: "...
EL DINERO QUE DIMOS A ALBERTO" CRESPO: "ESTO NO SE COMENTA POR 'E-MAIL"
Isabel Jordán, directiva
de Easy Concept, la empresa de la trama Gürtel que organizaba todos los actos
institucionales presididos por Esperanza Aguirre entre 2004 y 2006, tenía
contactos con Alberto López Viejo, el consejero del Gobierno regional que le
adjudicaba a dedo la mayoría de los contratos de la Comunidad de Madrid.
De esta relación con el
consejero daba cuenta Jordán a su jefe Pablo Crespo, exsecretario de
Organización del PP gallego y lugarteniente de Francisco Correa.
En uno de los correos
electrónicos que envía Jordán a Crespo y que este responde, se produce un
curioso intercambio de informaciones en base a tres de los seis puntos que
abordan en la siguiente conversación.
Isabel Jordán. (...)
"2. Las facturas de José Luis, le dije a Javier que hablaría contigo para
comentar lo de las facturas porque no sabía que era para no pagar tantos
impuestos".
"4.
Cuando hicimos cuentas pusimos el dinero que le habíamos dado a Alberto López
Viejo, pero lo hicimos desde el año 2004".
"6.
También te mando documento que me ha remitido Alberto López Viejo sobre la
Asamblea de Madrid".
Pablo Crespo. "(...)
2. Sin comentarios. No obstante, creo que estos temas no se deben comentar
por e-mail (todavía menos que por teléfono)".
"4.
¿Quién es Alberto López Viejo? No le conozco".
"6.
Sigo sin saber quién es ese señor".
www.elpais.es 23.03.11
EL PSOE PIDE QUE DECLAREN LOS JEFES DEL PP EN LA CAMPAÑA DEL 'TAMAYAZO'
Los socialistas citan un informe policial sobre la financiación de la red Gürtel
al PP
El PSOE ha solicitado al magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio
Pedreira, que cite a declarar como imputados a los responsables de la
organización y de la financiación de los actos de la campaña electoral del PP en
2003, como presuntos autores de un delito de cohecho. Esa campaña fue la primera
en la que Esperanza Aguirre se presentó como candidata a la Comunidad, y en la
que se produjo la espantada de dos diputados socialistas, conocida como el
tamayazo, que impidió un pacto de gobierno del PSOE con IU. Los máximos
responsables del PP en Madrid eran Pío García Escudero, ahora portavoz en el
Senado, y Ricardo Romero de Tejada.
-
Según el
escrito de la policía, la red pagó a Mato y a su hija un viaje a Suiza
-
El PSM
considera que hubo una concertación previa con la red corrupta
El PSOE ha tomado esta decisión tras conocer el contenido de un informe de la
Policía Judicial que concluye que el acto electoral celebrado el 6 de marzo de
2003 por Esperanza Aguirre en Boadilla del Monte (Madrid), con un coste de
11.449 euros, fue sufragado al 50% por las empresas FCC y Sufi a través de la
red Gürtel. Estas dos sociedades habían logrado el contrato para la recogida de
la basura en ese municipio y, según la investigación, pagaron una comisión
ilegal que acabó sufragando actos electorales del PP.
Para enmascarar el pago de los actos del PP -uno de ellos, el protagonizado por
Aguirre- y de los regalos que la trama hizo a Arturo González Panero, el
Consistorio de Boadilla del Monte ideó una forma de hacer pasar como legales los
abonos realizados por las empresas privadas al cerebro de la red corrupta,
Francisco Correa, según el informe.
Un apartado de los pliegos de la adjudicación de la basura en Boadilla obligaba
a las empresas que se hicieran con el servicio a realizar campañas de
comunicación por el 2% del total del dinero que recibían del Ayuntamiento. Y en
todos los casos, Correa cobraba por esas campañas que no se realizaron. Así, la
trama facturaba a FCC y Sufi los actos que le organizaba al PP en Boadilla, lo
que demostraría la financiación ilegal del PP en la Comunidad de Madrid. El
pasado jueves, Pedreira dictó una providencia en la que solicita a los
Ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda y Madrid información sobre las campañas
de publicidad desarrolladas por la empresa Special Events, de Correa, con las
que se financiaron al menos cinco actos del PP en Boadilla.Los socialistas
reclaman en su escrito al juez que solicite al PP que certifique el nombre de
los responsables del partido en la campaña de 2003, y señalan que para abonar el
acto electoral de Esperanza Aguirre sobre el Metro ligero tuvo que haber una
"concertación previa", teniendo en cuenta "la superioridad jerárquica" de
Aguirre sobre el PP de Boadilla del Monte. La petición considera necesario que
se "aclaren" los términos en los que fue financiado dicho evento y el grado de
participación de las personas que intervinieron en el mismo: "Por eso
consideramos esencial la declaración de los responsables de la campaña electoral
del PP de Madrid en las elecciones autonómicas y locales de 2003, pues es dicha
organización política la que resultó beneficiada por la irregularidad manifiesta
cometida por el alcalde de Boadilla".
El informe policial remitido al juez hace dos semanas, y que sirve de base para
que los socialistas pidan la imputación de los responsables de la campaña
electoral del PP madrileño, no es el primero que la policía entrega al juez
sobre la presunta financiación ilegal de los populares. A mediados de 2010, otro
exhaustivo documento ofrecía múltiples indicios de financiación ilegal de las
campañas electorales del PP en Madrid a través de Fundescam, una fundación del
PP que recibía fondos de numerosas empresas privadas contratistas de la
Comunidad de Madrid, donde gobiernan los populares desde 1995. "Estos fondos,
obtenidos por la Fundación, provienen de empresas privadas a las que se le ha
adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en
Administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una
propensión al intercambio de favores", relata el texto policial, que cita de
forma expresa los nombres de importantes empresas y algunos particulares.
Y
como conclusión, el informe indica que existen un conjunto de facturas emitidas
por Special Events al PP por actos relativos a campañas electorales o al
congreso regional, en las que se ha producido un cambio de entidad y/o de
concepto. "Es decir, por actos realizados al PP de Madrid o al PP Nacional con
motivo de las elecciones realizadas en 2003 y 2004 se emiten facturas con
conceptos ficticios. Asimismo, por actos realizados al PP de Madrid, europeo o
nacional con motivo de las elecciones autonómicas de 2003, al Parlamento Europeo
o generales de 2004, o por el congreso regional del PP de Madrid de 2004 se
emiten facturas cambiando la entidad, que pasa a ser Fundescam, y el concepto de
la misma". Precisamente en una de estas facturas interceptadas a la trama, uno
de los empleados de Correa anotó a mano que el concepto de la misma se cambiaría
tras hablar "con el gerente del PP madrileño, Beltrán Gutiérrez".
La Fiscalía Anticorrupción ya expresó en su día que los hechos eran
constitutivos de delito pero que este había prescrito y que salvo que en el
curso de la investigación se descubrieran conductas semejantes en años más
recientes no podía apoyar la imputación de los dirigentes del Partido Popular.
Por otra parte, el PSOE también ha solicitado a Pedreira que testifique como
imputada la parlamentaria del PP Ana Mato, que en 2003 estaba casada con el
también imputado Jesús Sepúlveda, como presunta autora de un delito de cohecho
al recibir dádivas por parte de las empresas de la trama de corrupción mientras
ejercía como cargo público. Según el informe policial, la red de Correa le pagó
a ella y a su hija un viaje a Suiza y la estancia en un hotel de lujo.
La factura con la que se abona el viaje de Ana Mato, según el escrito de los
socialistas que manejan un informe policial, así como otras facturas a nombre de
su exmarido se pagaban mediante ingresos en metálico con origen en la denominada
caja B de Francisco Correa. Por su parte, Ana Mato aseguró que ella misma había
abonado estos gastos.
Los socialistas recuerdan que en esas fechas Ana Mato era miembro destacado del
comité nacional del PP, diputada nacional hasta junio de 2004 y eurodiputada a
partir de esa fecha, habiendo ocupado desde 2003 a 2004 el cargo de julio de
coordinadora de Organización del PP.
www.elpais.es 15.03.11
EL JUEZ DECIDIRÁ SI CITA A LA ALCALDESA DE BOADILLA
El abogado de la acusación popular en el caso Gürtel, ejercida por el PSM-PSOE,
ha pedido al magistrado que investiga la trama presuntamente encabezada por
Francisco Correa que cite a declarar como imputada a la nueva alcaldesa del PP
de Boadilla del Monte, Mercedes Nofuentes, y a la concejal Belén Húmera. De
tener en cuenta el juez esta petición, Nofuentes sería el tercer alcalde de
Boadilla imputado en la trama Gürtel.
Los socialistas consideran que ambas deben declarar por su participación en la
adjudicación de la construcción de la Ciudad del Deporte a Constructora
Hispánica, por 30 millones de euros, en una junta de gobierno extraordinaria de
la que se ausentó el ex primer edil Arturo González Panero. Según los
socialistas, el contrato se adjudicó días antes de la campaña electoral de las
elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2007, con la asistencia de solo
tres concejales y la ausencia de otros cinco. Los ediles que asistieron a la
junta fueron: como presidenta accidental Mercedes Nofuentes; así como el
exalcalde Juan Siguero, también imputado, y Belén Húmera, además del interventor
y de la secretaria general.
El escrito enviado al juez destaca que en un archivo interceptado a la trama se
explica que el 22 de mayo, 11 días después de la adjudicación, se produce en la
contabilidad del Grupo Correa un ingreso de 900.000 euros, que posteriormente
será repartido entre los imputados Tomás Martín Morales, que ocupó los cargos de
gerente, vicepresidente y consejero de la empresa municipal del suelo (EMSV) de
Boadilla; el exalcalde Arturo González Panero; Alfonso Bosch Tejedor (gerente de
la EMSV) y Pablo Crespo, número dos de Correa, y exsecretario de
Organización del PP gallego.
Los socialistas piden también al juez que cite como testigo al empleado
municipal Juan Carlos Rey Rico, quien se encargó de uno de los dos informes que
constan en el expediente de la Ciudad del Deporte, la adjudicación de mayor
cuantía de la historia de Boadilla del Monte.
www.elpais.es 15.03.11
DINERO OPACO AL FISCO
Antonio Pedreira, juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, encargó ayer a la Agencia Tributaria que realice las
"liquidaciones" correspondientes a 13 de los imputados en la investigación. Es
decir, que diga cuánto dinero ingresaron los cabecillas de la trama de forma
opaca, sin pagar impuestos a Hacienda. Lo hizo a petición de la Abogacía General
del Estado, que lo reclamaba en nombre de la Agencia Tributaria.
Los imputados señalados por el fisco son dos supuestos jefes de la trama
-Francisco Correa y Pablo Crespo-; la esposa de Correa; los exparlamentarios del
PP Luis Bárcenas y Jesús Merino; y ocho exdiputados o exalcaldes populares de la
Comunidad de Madrid. El juez insta a establecer el dinero defraudado siempre que
las cantidades superen los 120.000 euros por impuesto y año. Los informes que
Hacienda ha hecho hasta la fecha ya apuntan a que Correa defraudó presuntamente
18 millones de euros entre 2002 y 2007, y Crespo, 500.000 euros en 2006.
El juez ha vuelto a pedir también de forma "urgente" a varios países que
localicen el dinero blanqueado por la trama.
www.elpais.es 15.03.11
MANUAL DE CORRUPCIÓN DE CORREA
En una grabación recogida en el sumario, el jefe de la trama Gürtel asesora al
exviceconsejero Carlos Clemente para hacer negocios turbios en ColombiaClemente
pide una participación "y no un sueldo" a la red Gürtel en un negocio
Francisco Correa.
Yo no creo que debas ser transparente. Yo creo que deberías ser opaco. Porque
siendo gerente de una fundación de ese tipo no deberías transmitir que estás
haciendo business, ¿entiendes?
Carlos Clemente.
No, bueno, pero los hace mi mujer. No, si lo que yo te he dicho es la primera
opción, que la ponga alguien a su nombre y yo compraré las participaciones.
F. C.
Tienes que ser opaco, tienes que ser opaco, Carlos.
C. C.
O sea, entonces hago que la monte uno y yo le compro las acciones...
F. C.
Y no la registras.
C. C.
Y no la registro. Eso es. La llevo al notario y ya está [...].
F. C.
Me parece bien, pues ese es el camino que tienes que coger. Y yo te recomendaría
que fueras opaco...
Esto es un extracto de una conversación telefónica entre el presunto cerebro de
la trama Gürtel y el exviceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid
Carlos Clemente Aguado. "Configura", según el juez instructor Pedreira, "una
estrategia apta para el blanqueo de capitales: asesoramiento legal
especializado, opacidad en la constitución de empresas, empleo de testaferros,
uso de información privilegiada, control indirecto de las empresas y transmisión
de una imagen exterior de legalidad".
Correa asesora a Clemente, según un auto del juez del 2 de marzo, para hacer
negocios aprovechando la posición que va a tener en Colombia. Meses antes,
Clemente había dejado el Gobierno de la Comunidad por voluntad propia para
presidir la fundación privada Alas, en sus palabras, "gracias a la recomendación
de [el exministro de Justicia de Aznar José María] Michavila".
Correa, tras comprobar que Clemente había dejado "todo pagado", le ofrece
participar en sus negocios en el país sudamericano. En otra de las
conversaciones recogidas en el sumario, Clemente interrumpe al cerebro de la
trama porque, resalta el juez, "se iba a recoger a la Comunidad la medalla por
los servicios prestados".
3El exviceconsejero de Inmigración Carlos Clemente -imputado en la trama como
presunto autor de los delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación
de fondos públicos- se había preocupado de mantener contactos con dirigentes de
Colombia, meses antes de recibir la llamada de Correa para intermediar en un
negocio allí. En julio de 2008, participó junto al consejero Javier Fernández-Lasquetty
en un viaje al país sudamericano, cuya finalidad era conocer in situ el destino
de la inversión de la Comunidad en cooperación para el desarrollo de 212.670
euros. En ese viaje ambos se entrevistaron, entre otros, con altos cargos del
Gobierno colombiano y con el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno.
Precisamente, en Bogotá Carlos Clemente Aguado logró hacer amistad, según el
juez Pedreira, con el secretario de alcaldía, Yuri Chillán Reyes, al que
Clemente trató de recurrir para extender los negocios de Correa en Colombia.
Correa ya estaba relacionado con empresas de la energía gracias a su socio
Miguel Uriel Hernández Navarro. Pero el exviceconsejero fue muy ambicioso y,
según la conversación que consta en el sumario, quiso más: "le pregunta a Correa
que, si sale bien la llamada, podría meterse a participar. No un sueldo, una
participación. Correa le contesta que sí, y que su mujer podría estar trabajando
en una de las empresas".
Pedreira llega a la conclusión de que Correa asesora a Clemente para que este
cree una estructura empresarial opaca en Colombia con la que podría operar y
rentabilizar la "información privilegiada" obtenida de su posición, y que
consiste en: "asesoramiento legal especializado por abogados de su confianza;
constitución de empresas por terceros; compra de las participaciones sociales
sin registrarlas; opacidad en el conocimiento del beneficiario real de las
operaciones desvinculándose de ellas; empleo de testaferros; control directo de
las empresas; transmisión de una imagen exterior de legalidad; y uso de la
información y de los contactos para obtener negocios".
En el auto de Pedreira, que mantiene la fianza contra Clemente en 37.000 euros,
decisión que confirmó el pasado martes, se explican otras presuntas relaciones
del excargo madrileño. En la cuenta de la caja B de Correa, según el juez,
consta un apunte de la entrega de un sobre de dinero por orden de "don Vito" -es
decir, de Correa- que el empleado de este Andrés Bernabé debía realizar a Carlos
Clemente. Además, Isabel Jordán, una de las empleadas de la trama, reconoce en
su declaración ante el juez que han hecho regalos a Carlos Clemente y que, antes
de las Navidades de 2006, le entregaron un sobre con 6.000 euros.
Asimismo, la propia Isabel Jordán explicó que estos regalos coincidieron en el
tiempo con la concesión de eventos de la Consejería de Inmigración a las
empresas de Francisco Correa. Clemente, antes de salir del Gobierno regional,
"agilizó" el pago de las deudas pendientes con las empresas de la red corrupta.
En otra conversación, un empleado tranquiliza a Correa, asegurando sobre los
contratos con la Consejería tras la salida de Clemente: "todo sigue igual, están
contentos con nosotros. [...] No va a haber grandes cambios. Todo es gente de la
casa".
El magistrado Antonio Pedreira considera que la imputación en el caso Gürtel
del excargo de Esperanza Aguirre es "clara", ya que, explica en su auto, "trata
de trasladar su conducta delictiva a Colombia, pese a que la mayor parte de los
hechos imputados se cometieron en España".
Algunos consejos
-
"Yo no creo que debas ser transparente. Hay que ser opaco. Porque siendo gerente
de una fundación de ese tipo no deberías transmitir que estás haciendo
business, ¿entiendes?".
-
"Me parece bien, pues ese es el camino que tienes que coger. Y yo te
recomendaría que fueras opaco, y que no salieras porque me imagino que ahí
generarás muchos enemigos a medida que vas manejando temas y presupuestos...
envidias y enemigos e irán a por ti".
-
"Has hecho muy bien [dejando la Comunidad], como ciudadano colombiano te saldrán
500.000 oportunidades".
www.elpais.es 18.03.11
EL TRIBUNAL DE MADRID DEFIENDE JUZGAR A CORREA Y EL BIGOTES JUNTO A CAMPS
Los jueces dejan en manos de la justicia de Valencia decidir si hay delito
La Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordó ayer que sean
sus colegas de Valencia quienes decidan si los tres máximos jefes de la trama
Gürtel deben ser juzgados junto a Francisco Camps en relación con el regalo de
los trajes y joyas que hizo la red al presidente valenciano y a otros altos
cargos del PP de esa comunidad (Ricardo Costa, Rafael Betoret y Víctor Campos).
La Sala ratifica en gran parte la decisión del juez instructor de Gürtel,
Antonio Pedreira, quien en el tema de los trajes se inhibió a favor del Tribunal
Superior de Valencia por entender que tanto el cabecilla de la red, Francisco
Correa, como su número dos, Pablo Crespo, y Álvaro Pérez, el Bigotes,
debían ser enjuiciados junto a los citados altos cargos del PP por ser ellos
quienes les sobornaron con esas dádivas.
La Sala Penal de Madrid analizó ayer el recurso del PP contra la decisión de
Pedreira en el tema de los trajes y en la que sostenía que no es posible juzgar
de forma aislada a Camps y los otros altos cargos como receptores de los regalos
sin enjuiciar paralelamente a quienes les sobornaron. El PP actúa en Gürtel como
acusación particular, aunque a juzgar por sus constantes recursos más bien
parece ser una defensa.
La decisión de la Sala Penal de Madrid puede demorar el previsible juicio contra
Camps por aceptar trajes de la trama Gürtel, a pesar de que este asunto ya está
instruido por el juez de Valencia José Flors, quien solo está pendiente de
recibir los escritos de dos imputados antes de tomar una última decisión. Salvo
que su Sala dictamine otra cosa, la intención inicial de Flors es sentar en el
banquillo a Camps y a los otros altos cargos pero no a la cúpula de Gürtel.
Cohecho pasivo
En julio de 2009, Flors dio por instruida la causa de los trajes y dictó un auto
en el que reveló que existe "constancia" de que las prendas de vestir adquiridas
por Camps en diferentes tiendas de Madrid fueron pagadas por sociedades
vinculadas a Orange Market. También consideró que los hechos "eran constitutivos
de un delito de cohecho pasivo del artículo 426 del Código Penal", que determina
que "la autoridad o funcionario público que admitiere dádiva o regalo que le
fueren ofrecidos en consideración a su función o para la consecución de un acto
no prohibido legalmente, incurrirá en la pena de multa de tres a seis meses".
Pero el asunto quedó entonces paralizado porque Camps y los otros imputados
recurrieron la decisión de Flors ante la Sala de lo Penal de Valencia, que acabó
archivando el caso de los trajes con el voto a favor del expresidente de este
órgano Juan Luis de la Rúa. La Fiscalía Anticorrupción apeló el archivo ante el
Tribunal Supremo, que un año después tumbó la decisión de la Sala y ordenó
reabrir la causa para juzgar a Camps y los otros imputados. Como el objeto de
ese recurso era el archivo decretado en Valencia, el Supremo no se pronunció
sobre si la cúpula de Gürtel debía ser enjuiciada junto a Camps. Anticorrupción,
que pide para Camps, por cohecho pasivo, una multa de 41.250 euros, es
partidaria de que el presidente de la Comunidad Valenciana y los otros altos
cargos se sienten en el banquillo junto a los responsables de Gürtel por la
conexión entre los donantes de los regalos y sus receptores.
Fuentes jurídicas de Valencia creen que es factible juzgar a Camps, Costa,
Campos y Betoret como receptores de regalos sin necesidad de enjuiciar en la
misma causa a los donantes de los trajes. Estos medios señalan que el delito de
cohecho pasivo del artículo 426 del Código Penal es un tipo residual y diferente
del activo, y que va dirigido solo contra los funcionarios que aceptan regalos
en función de sus cargos, no contra los donantes.
Fuentes jurídicas de Madrid entienden, en cambio, que el tipo base, el de
cohecho propio, castiga a receptor y dador, y entienden que separar a unos de
otros cara al juicio rompe los principios de "economía procesal" y el de no
ruptura de la continencia de la causa, por lo que lo normal es que se juzgue a
Correa, el Bigotes, Camps y al resto de los imputados en un mismo procedimiento.
www.elpais.es 18.03.11
EL ÚLTIMO
INFORME POLICIAL DE GÜRTEL DESTAPA LA FINANCIACIÓN ILEGAL DEL PP
Correa
organizó, según el documento remitido a Pedreira hace seis días, actos de los
populares en Boadilla y se los facturó a las concesionarias de la basura
El acto celebrado el 6 de
marzo de 2003 en Boadilla del Monte por la entonces candidata del PP a la
presidencia de la Comunidad, Esperanza Aguirre, con el fin de presentar su
propuesta para construir el metro ligero hacia el oeste de la Comunidad de
Madrid y que tuvo un coste de 11.449 euros, fue pagado al 50% por las empresas
Sufi y FCC, concesionarias del contrato de la basura en Boadilla del Monte. Las
dos firmas abonaron en total a Special Events, propiedad del presunto cerebro de
la red Gürtel, Francisco Correa, cinco facturas de eventos que había organizado
este para el PP en el municipio. El coste de estos actos fue de 24.901 euros,
según indica el último informe realizado por la Policía Judicial y que fue
remitido el pasado martes al magistrado Antonio Pedreira, que instruye el
caso Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en la democracia ligada
a un partido político: el PP.
El folio de la izquierda es un manuscrito interceptado a la red, en
el que aparecen los gastos generados en Boadilla por el PP y González Panero.
También se ve el reparto que se hace entre las empresas. Los otros dos
documentos son facturas de Correa al PP, cuyos datos coinciden con la cantidad
que abonan FCC y Sufi.-
Además del acto de
Esperanza Aguirre, las empresas a las que el Ayuntamiento de Boadilla les
adjudicó la gestión de las basuras pagaron a Special Events por otros trabajos
que hizo el PP, como la realización de carteles (2.405 euros); el montaje de la
reunión celebrada en el hotel Convento de Boadilla el 27 de abril de 2002 (1.637
euros); la organización de un evento el 4 de junio de 2002 (2.504 euros) y un
acto de "alcaldía", del 25 de febrero de 2003 ( 4.475 euros).
La organización de Correa,
según las conclusiones de la policía, actuó como "canalizadora" y "ejecutora" de
la operación mediante la que el PP evitó pagar los actos que celebró en
Boadilla, uno de ellos el que encabezó la entonces candidata del PP a la
presidencia de la Comunidad, Esperanza Aguirre. Así lo explica su informe:
"Correa presta los servicios turísticos al alcalde a través de su empresa
Pasadena Viajes, realiza las compras de prendas de vestir para González Panero
mediante facturas emitidas a través de su empresa Special Events, anotando la
indicación de facturar a Sufi por publicidad, al mismo tiempo que organiza los
eventos del PP de Boadilla, que cobra de las sociedades Sufi y FCC mediante
cuatro facturas emitidas por Special Events por unos supuestos servicios
prestados".Las facturas por el pago de los servicios, según la policía, son "ficticias"y
su "único fin es el de hacerse cargo de distintos servicios de carácter
particular [...], así como a gastos relativos a distintos actos efectuados para
el Partido Popular en dicha localidad pendientes de cobro, por un importe total
de 98.389,42 euros".
En el registro efectuado en
una nave de un polígono de Alcorcón, en donde se almacenaba la documentación de
la sociedad de Correa Easy Concept, se encontró un documento manuscrito que la
policía considera "especialmente significativo", ya que en él se refleja la suma
del importe de los regalos realizados a González Panero (33.074 euros), el pago
por los actos del PP (24.901 euros) y el coste de un vídeo (26.843 euros). La
suma de los tres conceptos asciende a 84.818 euros. En el mismo folio se calcula
el IVA, que eleva la cifra final hasta los 98.389 euros. Pero una vez
establecido el importe final, según indica el informe policial, este se divide
en dos, a nombre de Sufi (49.149,71 euros) y FCC (49.149,71 euros). A
continuación, estas dos empresas facturan a Special Events por la cantidad
indicada.
Para enmascarar el pago de
los actos del PP -uno de ellos protagonizado por Esperanza Aguirre- y de los
regalos que la trama hizo a Arturo González Panero, el Consistorio de Boadilla
del Monte ideó una forma de hacer pasar como legales los abonos realizados por
las empresas privadas a Correa. Así, un apartado de los pliegos de condiciones
de la adjudicación de la basura obligaba a las empresas que se hicieran con el
servicio a realizar campañas de comunicación por el 2% del total del dinero que
recibían del Consistorio. Y en todos los casos eran las empresas de Correa las
que cobraban por estas campañas de publicidad, que tampoco se llegaron a
realizar. De esta forma, Correa facturaba a FCC y Sufi los actos que le
organizaba al PP, lo que demostraría la financiación ilegal del Partido Popular
en la Comunidad de Madrid.
El modus operandi de los
populares madrileños es muy parecido al del PP valenciano, que desde el Gobierno
presidido por Francisco Camps adjudicaba obras a empresas que pagaban los actos
de este partido organizados por la sociedad de Correa Orange Market.
El informe policial que
tiene el juez sobre la mesa destaca, además, que en otro folio encontrado en una
carpeta azul durante la inspección efectuada en el domicilio particular de José
Luis Izquierdo, el contable de Francisco Correa, se registra la entrega de la
cantidad de 157.800 euros por parte del presidente de la sociedad Sufi, Gonzalo
Naranjo, tres meses después de que se le adjudicara el contrato de las basuras
en Boadilla, a Arturo González Panero, José Galeote, Tomás Martín Morales, todos
ellos de Boadilla, y al propio Correa.
El informe de la Policía
Judicial también indica que el exalcalde del municipio Juan Siguero, que dimitió
el mes pasado tras ser imputado por Pedreira, fue quien promovió la modificación
del contrato de la basura de FCC y Sufi. Siguero, que fue tesorero del PP de
Boadilla del Monte, también formó parte de la mesa de contratación, según la
policía.
Asimismo, los
investigadores consideran que Correa utilizó el importe de las distintas prendas
de vestir compradas a González Panero para aumentar el coste de los eventos que
le cobraba a las instituciones públicas y privadas, con la finalidad de que
estas fueran las que finalmente pagaran el producto. Como pasó con facturas que
Correa cobró al PP por el acto de cierre de la campaña de 2003 y por un evento
de 2004 para celebrar los ocho años de Gobierno de José María Aznar.
www.elpais.es 07.03.11
UN EMPRESARIO
ADMITE PAGOS DE 1,6 MILLONES EN SUIZA A GÜRTEL
Sufi recibió de
López Viejo una contrata de 48 millones
El presidente de la empresa
Sufi, SA, Rafael Naranjo, afirmó ayer ante el juez Antonio Pedreira que pagó 1,6
millones de euros en una cuenta en Suiza a nombre de los directivos de la red
Gürtel, según explicaron ayer fuentes jurídicas conocedoras de su declaración.
Este dinero correspondía supuestamente al pago de una comisión del 3% por la
adjudicación en 2002 del servicio de recogida de basuras en el distrito de
Moratalaz (Madrid) por 48 millones de euros. El encargado de la concejalía de
Limpieza entonces era Alberto López Viejo, exconsejero de Deportes y
exviceconsejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre. López Viejo
está imputado en el caso Gürtel por el cobro de comisiones de la red
corrupta a cambio de la adjudicación de numerosos contratos a dedo para
organizar los actos institucionales en los que participaba Esperanza Aguirre.
Naranjo dice
que algunos Consistorios pedían dinero para publicitar proyectos
Naranjo, uno de los
empresarios imputados en Gürtel por pagos a la trama para conseguir contratas,
no especificó la cuenta ni el banco de Suiza en los que depositó el dinero,
según explicaron ayer fuentes jurídicas. En una anterior declaración ante
Pedreira, Naranjo había admitido pagos de comisiones del 3% pero lo había
vinculado a las obligaciones que imponía el Ayuntamiento de Madrid para dedicar
ese dinero a publicidad institucional. Tras su declaración de ayer, el dueño de
Sufi se convierte en el primero de la decena de empresarios imputados que
reconoce abiertamente haber pagado comisiones ilegales a cambio de contratos.
Otro empresario también
imputado, Alfonso García Pozuelo, ha reconocido implícitamente haber pagado
comisiones a la trama de Correa, ya que recientemente regularizó su situación
con Hacienda pagando 23 millones de euros por cuotas defraudadas en los últimos
años. Hacienda le pidió ese dinero por delitos fiscales antiguos y también
contabilizó en ellos, a la hora de fijar la deuda tributaria, todas las
anotaciones de dinero negro que constan en el sumario de Gürtel como entregadas
por García Pozuelo a Correa.
Preguntado ayer por las
partes, Naranjo reconoció que conocía al todavía diputado autonómico Alberto
López Viejo pero negó que tuviera relación con los cabecillas de Gürtel.
Informes policiales que
constan en el sumario que instruye Pedreira acreditan pagos de Naranjo a la red,
basados en anotaciones halladas en la contabilidad B de Correa, por importe de
al menos 1,2 millones.
En su primera declaración
ante el juez, efectuada hace varios meses, Naranjo justificó el pago de
comisiones en que entonces había Ayuntamientos del PP que exigían en los pliegos
de adjudicación de contratos el abono de unas partidas del 2% o 3% para
publicidad e información de sus proyectos.
www.elpais.es 04.03.11
EL JUEZ DEL
'CASO GÜRTEL' IMPUTA CUATRO DELITOS AL ANTERIOR ALCALDE DE BOADILLA
Siguero
reconoce ante Pedreira que envió pliegos de contratas solo a la trama
El exalcalde de Boadilla,
Juan Siguero (PP), apeló ayer a su desmemoria en la declaración que prestó ante
el juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel. Ante las preguntas
de las partes relacionadas con los supuestos chanchullos por adjudicaciones
irregulares de contratas a la red que dirigía Francisco Correa, Siguero
respondió con frases como "no recuerdo" y otras del tipo "me remito a los
informes técnicos", según asistentes al interrogatorio.
El instructor
no fijó ninguna medida cautelar contra el imputado
Tras dos horas de
declaración, Siguero salió del Tribunal Superior de Madrid con la imputación por
parte del juez de cuatro delitos: negociaciones prohibidas, prevaricación,
tráfico de influencias y posible colaboración como cooperador en los delitos que
se imputan a su predecesor en el cargo, Arturo González Panero como él forzado a
dimitir por su implicación con la trama. Sobre este pesa una fianza de 1,8
millones. Pedreira no fijó ninguna medida cautelar contra Siguero.
Un informe policial
atribuye a Siguero haber facilitado a la red Gürtel datos previos sobre
contratas que luego sacó a concurso el Ayuntamiento. "Participó en el diseño de
los pliegos ad hoc" para el concurso de la Oficina de Atención al Ciudadano de
Boadilla, adjudicado a una empresa Gürtel por más de 600.000.
Ayer, a preguntas de la
Fiscalía Anticorrupción, Siguero reconoció que participó en la elaboración del
pliego de licitación de la oficina y que se lo envió a una empresa de la trama.
En concreto, admitió que le envió una copia a José Javier Nombela, uno de los
imputados en la red y, hasta 2006, asesor de un concejal de Moncloa-Aravaca. La
fiscalía le preguntó si remitió esos pliegos a las otras empresas que pugnaban
por esa contrata. Su respuesta fue no. También admitió que El Albondiguilla fue
quien le presentó a Nombela y a Isabel Jordán, ejecutiva de la trama.
A Siguero se le preguntó
también sobre la adjudicación de un polideportivo en mayo de 2007, 10 días antes
de las elecciones municipales de ese año, a una constructora madrileña. La
adjudicación fue de 29,6 millones y, supuestamente, la trama recibió en
comisiones 1.050.000 euros.
El polideportivo fue
adjudicado en una comisión municipal a la que asistieron solo tres concejales
-entre ellos él mismo- . Concurrían 21 empresas y sobre la mesa había dos
informes: uno, de técnicos de la Concejalía de Deportes del municipio, y otro de
técnicos del Ayuntamiento. En el primero, la firma adjudicataria tuvo la mejor
puntuación; en el segundo, quedó en tercer lugar. Se tuvo en cuenta el informe
más favorable. Uno de los redactores del informe, Juan Carlos Rey, según el
sumario, era una persona de total confianza de González Panero. Preguntado por
esta contrata dijo que no recordaba y se remitió, sin más, a los informes
técnicos.
www.elpais.es 25.02.11
PEDREIRA
CONFIRMA LA IMPUTACIÓN A JUAN SIGUERO TRAS TOMARLE DECLARACIÓN POR EL 'CASO
GÜRTEL'
El exalcalde de
Boadilla reconoce que envió pliegos de contratas solo a una empresa de la trama
de corrupción
El ex alcalde de la
localidad madrileña de Boadilla del Monte
Juan Siguero ha declarado esta mañana durante dos ante el magistrado el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que instruye el
caso Gürtel en la comunidad, por cuatro delitos: negociaciones
prohibidas, prevaricación, tráfico de influencias y posible colaboración como
cooperador necesario en los delitos que se imputan a su predecesor en el cargo,
Arturo González Panero, también dimitido e imputado en la trama de corrupción.
Tras la declaración, el juez mantiene las imputaciones y no ha impuesto medidas
cautelares.
Un documento de la Unidad
Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) denominado Informe sobre
Boadilla del Monte acusa al exregidor de facilitar a "la trama Gürtel
información previa de contratas que luego sacó a concurso el Consistorio". En
este informe, la UDEF asegura que Juan Siguero "participa en el diseño de los
pliegos ad-hoc para que este concurso (la Oficina de Atención al
Ciudadano de Boadilla) fuese adjudicado a una de las empresas de la
organización". Además, señala que "existe una negociación previa a la
publicación del concurso entre el órgano contratante, representado por Juan
Siguero, y el grupo de empresas de Francisco Correa". La adjudicación de la
oficina se hizo por más de 600.000 euros y un periodo de 14 años. A preguntas de
la fiscalía al respecto, el ex alcalde ha reconocido que participó en la
elaboración del pliego de licitación de la oficina y que se lo entregó tan solo
a una empresa de la trama. En concreto, ha admitido que envió una copia a José
Javier Nombela, uno de los imputados en la red de corrupción y hasta el 2006 fue
asesor del concejal presidente del distrito de Moncloa-Aravaca, Álvaro Ballarín
(PP). También ha dicho que González Panero, alias El Albondiguilla, fue
quien le presentó a Nombela y a Isabel Jordán, ejecutiva de la trama Gürtel y
una de las principales imputadas.
Alega que no se
acuerda
También se le ha preguntado
sobre la adjudicación de
un polideportivo en mayo de 2007, 10 días antes de las elecciones
municipales celebradas ese año, a la firma Constructora Hispánica. La inversión,
de 29,6 millones de euros, era la más cuantiosa realizada por el Consistorio de
Boadilla y, al parecer, la trama recibió en concepto de comisiones 1.050.000
euros. El polideportivo fue adjudicado en una comisión municipal a la que
asistieron solo tres concejales -entre ellos él mismo, entonces edil de
Boadilla-, pero no el alcalde González Panero. Concurrían 21 empresas y sobre la
mesa había dos informes: uno, de técnicos de la Concejalía de Deportes del
municipio, y otro de técnicos del Ayuntamiento. En el primero, Constructora
Hispánica lograba la mayor puntuación, mientras que el segundo la consideraba la
tercera mejor opción. Preguntado por el PSOE, que ejerce la acusación
particular, por qué se lo acabó llevando Constructora Hispánica, el ex alcalde
ha respondido, como casi en todas las ocasiones, que no lo recuerda y se ha
remitido a los informes técnicos.
La citación responde a una
providencia en la que Pedreira
imputaba a Siguero en la trama el pasado día 10. Horas más tarde, el ex
alcalde de Boadilla
presentaba su dimisión. También
solicitó la baja del PP. El ex alcalde González Panero, que está imputado en
la misma causa como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación
ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad,
acusó el pasado junio a Siguero de haber intervenido en todas las
adjudicaciones de ese Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama de
corrupción. "Por eso tendrían que investigarle más a él que a mí", dijo el
alcalde en declaraciones a EL PAÍS. Su sucesor en el cargo era el número
cuatro en la lista encabezada por González Panero en 2007 y fue nombrado
concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local
y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el Gürtel
en febrero de 2009, el PP regional optó por dar la alcaldía a María Jesús
Díaz Pérez. Pero Panero exigió -y logró- que la dirección popular aceptara a
Siguero, su hombre de confianza.
González Panero afronta una
de las fianzas más altas impuestas a los imputados, de 1,8 millones de euros por
los delitos de asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude
fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. Tras la caída de ambos alcaldes, este
municipio de 42.430 habitantes
nombró a su tercer regidor en dos años el pasado día 18. Se trata de
Mercedes Nofuentes, la número cinco del PP en en municipio. La oposición, PSOE y
Alternativa por Boadilla (APB) abandonó el pleno en protesta por no poder
intervenir. Nofuentes fue una de las tres ediles que asisterion a la comisión en
la que se adjudicó el polideportivo, según el PSOE.
www.elpais. 24.02.11
EL CONTRATO POR
LA VISITA DEL PAPA EN VALENCIA LO PREPARÓ UN ALTO CARGO DE BOADILLA DEL MONTE
El imputado Tomás Martín
Morales, ex director general del consistorio madrileño, adaptó los pliegos del
concurso de la visita del Papa a Valencia desde el Ayuntamiento de Boadilla,
adjudicados a Teconsa, por lo que cobró comisión, según la investigación
Novedades judiciales del
caso Gürtel. Según un auto, el magistrado Antonio Pedreira reclama al
Ayuntamiento de Boadilla los expedientes de todos los contratos investigados,
acusa a los responsables municipales de ocultar información, y acusa a quien
fuera gerente de la EMV en ese municipio de asesorar a las empresas de Correa en
la elaboración de pliegos para concursos que después ganaba, por ejemplo, en la
Comunidad Valenciana.
En un extenso auto centrado
en Boadilla, al que ha tenido acceso la Cadena Ser, el juez instructor Antonio
Pedreira solicita de nuevo al Ayuntamiento todos los expedientes de los
contratos investigados por los que la policía señala que cobraron comisiones el
ex alcalde Arturo González Panero, el ex concejal popular José Galeote y otros
altos cargos. En especial, solicita las operaciones, contratos menores,
facturas y expedientes completos del consistorio y la Empresa Municipal del
Suelo y la Vivienda con el entramado de sociedades de Francisco Correa.
Los más señalados son la
Ciudad del Deporte de la constructora Hispánica; 140 viviendas sobre una parcela
municipal por parte de la empresa UFC de José Luis Ulibarri y los proyectos de
reparcelación de Narcisos 22 de Jesús Calvo Soria, ex gerente de la Complutense.
Los supuestos pagos en B de los cargos del Ayuntamiento, según el auto, figuran
documentados en la contabilidad de Correa y sobre los que los imputados no han
dado explicación al juez.
Pedreira mantiene que Tomás
Martín Morales, ex consejero de la Empresa Municipal del Suelo y la Vivienda y
ex director general del ayuntamiento, asesoró a las empresas de Francisco Correa
desde el Ayuntamiento de Boadilla. Martín Morales adaptó los pliegos de
condiciones de contratos que luego se adjudicaban en la Generalitat Valenciana.
Es el caso del contrato de Radiotelevisión Valenciana a Teconsa por la visita
del Papa en el V Encuentro Mundial de las Familias y por lo que Martín
Morales habría cobrado una parte de la comisión ilegal.
El auto, del 22 de febrero,
resuelve la negativa de Tomás Martín Morales a entregar su agenda municipal,
alegando que era personal, requerida en su día por el juez y los fiscales
anticorrupción.
El magistrado Pedreira se
queja de una reitera conducta municipal que impide el avance de la
investigación, así como el hecho de que los responsables municipales oculten a
la justicia expedientes investigados.
www.cadenaser.com 24.02.11
NUEVAS FACTURAS DE GÜRTEL PRUEBAN LA FINANCIACIÓN
ILEGAL DEL PP EN BOADILLA
Un auto del juez Pedreira asegura que dos empresas
privadas pagaron a Correa varios actos que organizó la trama corrupta para los
populares
El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, hizo público el
pasado viernes un auto en el que constata la existencia de nuevas facturas y
transferencias bancarias de las empresas que conforman la UTE Boadilla (formada
por FCC y Sufi), a la que se le adjudicó los servicios de las basuras del
municipio en 2002 por 2,2 millones anuales, que prueban que algunos de los actos
del PP organizados por Special Events, de Francisco Correa, fueron pagados por
FCC y Sufi. Esta forma de financiar los actos del partido se asemeja al modus
operandi del PP valenciano, según constata un informe de la Brigada de Blanqueo
de Capitales de la Policía, que concluyó que la financiación ilegal del PP de
esta comunidad se hizo a través de diversas constructoras que recibían contratos
públicos del Gobierno de Francisco Camps y que colaboraban con Orange Market, la
empresa que se encargaba de todos los actos del PP valenciano. Queda acreditado,
de acuerdo con este informe, que el PP valenciano fue financiado mediante
"entregas" realizadas por el propio PP con fondos "ajenos al sistema económico
real" que engrosan la caja B de Orange Market y "facturas reales emitidas por
esta empresa a la formación política y abonadas por esta".
-
Panero recibió como
regalo una televisión de más de 4.000 euros
-
El sastre acudió a la
sede del Consistorio para tomar medidas al exalcalde
En el auto, de 30 páginas, Pedreira resuelve una petición del
exalcalde de Boadilla Arturo González Panero en la que solicitaba que se le
rebajara la fianza de 1,8 millones de euros. El magistrado ha decidido mantener
la cuantía al considerar que el conocido por los miembros de la red como El
Albondiguilla tiene propiedades con un valor muy superior en diferentes partes
de España, Marruecos, Estados Unidos y en el paraíso fiscal caribeño de las
islas Caimán. En el caso de que Arturo González Panero no consigne el dinero, se
procedería al embargo de sus bienes.El auto del magistrado Pedreira en el que se
describen de forma detallada los presuntos hechos protagonizados por Arturo
González Panero, y que se encuentran en el sumario del caso Gürtel,
resalta que tras encontrar nueva documentación, como albaranes, facturas y
justificantes de transferencias bancarias, que complementan los datos reflejados
en un informe policial del 8 de junio de 2009, se ha podido comprobar que el ex
primer edil de Boadilla recibió numerosos regalos pagados por las empresas FCC y
Sufi, a las que adjudicó siendo alcalde la gestión de las basuras.
Toda esta nueva documentación se encontraba en los apuntes de
la cuenta personal del exalcalde en la contabilidad b de las empresas de
Francisco Correa. Como principal novedad con respecto a la información ya
incorporada, según Pedreira, se ha podido constatar cómo la organización
delictiva efectúa el cargo de numerosos viajes efectuados por Arturo González
Panero, uno de ellos a Miami (Estados Unidos), que fueron prestados por una de
sus empresas del cerebro de la trama (la agencia de viajes Pasadena). También
FCC y Sufi pagaron las compras de ropa realizadas a nombre del entonces alcalde
de Boadilla en 2002: "Encubriendo dicho cobro como pago de varias
facturas de las empresas a Special Events, con motivo de una campaña de
publicidad supuestamente establecida para publicitar el concurso relativo a la
recogida de basuras, adjudicado a la UTE de FCC y Sufi por parte del
Ayuntamiento, hasta un monto total de 98.389 euros", explica el magistrado
Pedreira en el auto del pasado viernes. "Entre las facturas hechas efectivas por
la UTE de estas dos empresas también se cargan diversos actos realizados por
Special Events al PP de Boadilla del Monte pendientes de cobro", especifica el
magistrado que instruye el caso Gürtel, la mayor trama de corrupción
destapada en la Democracia relacionada con un partido político: el Partido
Popular.
La adjudicación de los servicios de las basuras de Boadilla se
encuentra en el punto de mira de Pedreira, que ordenó registrar los
Ayuntamientos de Boadilla del Monte y de Majadahonda en busca de la
documentación de ambas concesiones. Estos expedientes ponen de manifiesto que
tan solo siete meses después de adjudicarse el servicio en Boadilla por un
precio anual de 2,2 millones, el contrato de la recogida de las basuras se
modificó al alza, encareciéndose 617.906 euros. En marzo de 2007, tres años
después, volvió a encarecerse en 468.715,53 euros y en 2008 se elevó otra vez en
707.523,2 euros. Estas sucesivas ampliaciones sirvieron de base para que la
interventora municipal elaborara un informe en el que destacaba que el total de
las modificaciones suponía un importante aumento del coste anual de la gestión
de las basuras para Boadilla, que pasó de 2,2 millones a 3,97 millones.
En este sentido, el auto incluye la declaración de Rafael
Caballero Mateos, el sastre que realizaba de forma habitual la ropa a Correa,
que de forma voluntaria reconoció a los agentes de la policía judicial que
confeccionó varios trajes a Panero por indicación de Correa, quien le explicó
que El Albondiguilla era "uno de esos alcaldes que no se sabe vestir". El sastre
testificó que los encargos los abonaba uno de los empleados de la trama,
concretamente José Luis Izquierdo, que le encargaba que pusiera en las facturas
conceptos que no tenían nada que ver con la realidad. Como por ejemplo, según su
declaración, cuando el 29 de junio de 2004 facturó a Special Events por un
importe total de 3.721 euros con el concepto de "Suministro y colocación de
tejidos en el stand de la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda de
Boadilla (EMSV)': "Cuando debería figurar la venta de tres americanas, dos
trajes completos y cinco pantalones para Arturo González Panero, que es lo que
realmente se confeccionó", relata el informe policial basado en la declaración
del sastre. Este trabajador aseguró, además, que en una ocasión González Panero
le citó en la misma sede del Consistorio de Boadilla del Monte.
En sus conclusiones, Pedreira cita un informe del 23 de enero
de 2009 concluyendo que entre agosto de 2002 y febrero de 2004 en la
contabilidad b de Correa a aparecen 24 pagos de facturas con conceptos
como billetes de avión, compra de ropa o compra de televisor de plasma, de 4.034
euros, a favor de González Panero por un importe total de 48.941 euros. Esta
cuenta b de Correa contiene un apunte con fecha del 21 de febrero de 2006
por un importe de 124.000 euros. "Dicha cantidad podría tratarse de la comisión
cobrada a través de Panero por la obtención de algún tipo de contrato vinculado
a jardines y que engrosa la caja b de la calle Serrano", explica el auto
del juez que relata al menos otros pagos al El Albondiguilla de 660.000, 18.000,
24.000, 12.000 y 30.000 euros. El exalcalde también es propietario de un piso en
Marruecos de 100.000 euros e invirtió en Bolsa 144.000 euros.
www.elpais.es 22.02.11
FUNDESCAM Y REPARTO DE SOBRES
El auto del pasado viernes no es la primera ocasión en la que
el sumario de la operación Gürtel alude a la posible financiación irregular del
PP en la Comunidad de Madrid, ya que en una memoria externa en poder de la trama
los investigadores descubrieron una carpeta con el epígrafe "Facturación PP
Madrid", en el que se sugiere que las empresas de la trama financiaron actos de
este partido.
Además, un documento de la Agencia Tributaria refleja que
Special Events, una de las empresas de la trama corrupta liderada por Francisco
Correa, facturó a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social
(Fundescam), vinculada al PP, en 2004 y que ha encargado actos electorales para
el partido.
Por otra lado, un informe elaborado por la policía y que está
incluido en el sumario detalla cómo en un reparto de dinero entre los miembros
de la trama por la consecución de tres contratos en Boadilla del Monte, aparece
una entrega de 30.050 euros bajo el concepto "campaña", 15 días antes de las
elecciones autonómicas de 2003. Entre las personas que presuntamente habría
recibido dinero estarían el responsable de la campaña en Boadilla Tomás Martín
Morales, imputado en la causa, y el propio ex primer edil Arturo González
Panero. En las conclusiones, Pedreira indica que la empleada de Correa Isabel
Jordán explicó que la red corrupta había grabado un vídeo en el que éste contaba
dinero junto con el ex teniente alcalde de Boadilla Miguel Ignacio González
Sánchez.
Otro informe policial sobre el ex alcalde de Majadahonda,
Guillermo Ortega, señala que Correa financió actos del partido en el municipio,
en concreto en las elecciones generales de 2004 y que el dinero se había
ingresado en una cuenta a nombre de Ortega.
www.elpais.es 22.02.11
¿PASARÁ FACTURA EL GÜRTEL EN LAS URNAS?
Los expertos y los propios candidatos coinciden en
que la crisis mitigará los efectos electorales de la corrupción en los
municipios afectados por la trama
La concejal del PP de Boadilla del Monte Mercedes Nofuentes
fue investida ayer como alcaldesa en un atípico pleno municipal en el que la
regidora no recibió ni un aplauso. Ni tan siquiera de los ocho cargos de
confianza que se sentaron entre el público. Antes de la votación, los ediles de
la oposición abandonaron sus asientos, tras comprobar que la alcaldesa en
funciones, Belén Húmera, volvía a impedirles tomar la palabra. Con Nofuentes,
Boadilla ya ha tenido cuatro alcaldes en cuatro años, después de las renuncias
de Arturo González Panero, de Juan Siguero y de Belén Húmera. Nofuentes
participó en una adjudicación a la trama de Francisco Correa.
La situación límite que viven en estos momentos Boadilla y
otros Ayuntamientos ha obligado al PP a eliminar de las candidaturas para las
próximas elecciones a los relacionados con Gürtel. Sin embargo, esta doctrina no
se ha mantenido en un municipio como Arganda del Rey, en el que el candidato era
el número dos del primer edil imputado, Ginés López, y el resultado
electoral podría ser incierto. Al PP no le importa soportar el coste electoral
que le puede suponer recurrir a los paracaidistas en los municipios en
los que la ventaja es amplia, en detrimento de sus afiliados. Pero este partido
apuesta en los municipios con resultado más apretado por copiar la doctrina
Fabra, que ahora podría ser la del presidente valenciano, Francisco Camps: "Las
elecciones me absolverán".El resultado electoral de Boadilla del Monte, al igual
que el del resto de los Ayuntamientos relacionados con el caso Gürtel
(Majadahonda, Pozuelo de Alarcón, Arganda del Rey y Las Rozas), va a ser mirado
con lupa por los sociólogos y los ciudadanos en general, que querrán saber si la
corrupción pasa factura o no a los partidos que la protagonizan. En este caso,
el más importante de la Democracia, afecta de forma directa al PP. "Está en
juego si triunfa o no la doctrina Fabra o Camps, que sostiene que un resultado
electoral positivo absuelve al presunto corrupto", argumentan Pablo Nieto,
candidato del PSOE en Boadilla, y Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla
(APB).
"Claro que vamos a hacer una lectura de los resultados
electorales. Es uno de los temas clave. Intentaremos saber cómo ha afectado la
corrupción: si da o quita votos. Pero no es fácil aislar la variable corrupción
de otras que también son importantes, como por ejemplo la crisis económica que
estamos viviendo", explica el catedrático de Ciencia Política de la Universidad
Rey Juan Carlos Manuel Villoria, uno de los investigadores sobre la corrupción
más prestigiosos de España.
Al contrario que en la Comunidad Valenciana, en la Comunidad
de Madrid el PP ha optado, salvo casos excepcionales (Alcobendas, Coslada y
Pinto), por no presentar como candidatos a imputados. Pero no siempre ha hecho
limpieza total. En este sentido, el todavía alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado,
llegó a lamentar ante el juez que investiga el caso del parque del Arroyo de las
Cárcavas los efectos políticos de su presunta implicación ya que, según dijo, el
PP no presenta a candidatos que están imputados.
La reacción política del PP madrileño, que públicamente no
reconoce que la corrupción haya tenido un coste económico para los municipios
afectados por el caso Gürtel, se puede resumir en dos formas de actuar.
En los Ayuntamientos con amplia mayoría absoluta se opta por una limpieza total,
asumiendo un posible castigo por la incomprensión de los militantes, que no
entienden por qué un paracaidista tiene que ser el nuevo candidato del
PP. Por el contrario, en los Consistorios con un resultado para los populares
más incierto, como por ejemplo Arganda del Rey, donde dimitió el anterior
alcalde, Ginés López, se apuesta por negar la evidencia y se mantiene el actual
corregidor, Pablo Rodríguez Sardinero, como número uno, pese a que fue el
teniente alcalde de Ginés López.
El caso del alcalde de Pozuelo, Gonzalo Aguado, se puede
ubicar en el grupo de Ayuntamientos en los que el PP se ha planteado realizar
una limpieza a fondo, asumiendo los posibles costes electorales de la
desmovilización de los afiliados. Además, este caso tiene ciertas similitudes
con el del ya exalcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero, a quien el partido
le comunicó que no iba a ser candidato antes de ser imputado por el juez. En sus
círculos más íntimos, Siguero considera que el magistrado que instruye el
caso Gürtel, Antonio Pedreira, le ha imputado por una confabulación de la
oposición y de los medios de comunicación. A ellos culpa de que se hiciesen
públicos los informes de la policía, que llegó a solicitar su detención para que
no destruyera pruebas. Tanto en Pozuelo como en Boadilla, los militantes del PP
no están de acuerdo con la decisión de Granados, que ha optado por una limpieza
total de las candidaturas. Pero en el PP regional consideran que este cambio,
lejos de ser un problema, posibilitará que los simpatizantes del PP puedan votar
a este partido, sin necesidad de taparse la nariz. El coste interno no será
excesivo, según explican en el PP, al tiempo que están seguros de que de ninguna
manera se perderá la mayoría absoluta, ya que los resultados electorales en
Pozuelo y Boadilla de 2007 dejaron a una distancia sideral al ganador, el PP,
del PSOE e Izquierda Unida.
Sin embargo, los socialistas de Pozuelo y Boadilla están
seguros de que la corrupción pasará factura al PP, pero coinciden con los
populares en que será muy difícil romper las mayorías absolutas. El panorama que
se espera pasa por una leve bajada del PP y una subida de IU y los partidos
localistas. La incógnita es el PSOE, cuyas candidaturas sufren dos fuerzas
contrapuestas: la inercia nacional de la crisis -o hablando claro, la figura del
presidente José Luis Rodríguez Zapatero- y el fuerte desgaste del PP con el
caso Gürtel.
Llama la atención que todavía se desconozcan los candidatos
del PP en Las Rozas y Majadahonda, pese a que cualquier militante al que se le
pregunte considera que tanto Narciso de Foxá como Bonifacio de Santiago
seguirán.
Para el catedrático Manuel Villoria la incidencia electoral de
la corrupción es "obvia", ya que en las investigaciones se ha comprobado que
influye de forma negativa en la confianza en las instituciones, en los partidos
y en la calidad de la Democracia: "Pero habrá que ver la incidencia concreta en
estas elecciones. Creo que no será suficiente para generar cambios, ya que
existe otra factor, el de la crisis económica, que hará que muchos ciudadanos
prefieran castigar a los socialistas antes que al PP".
Tanto en Pozuelo como en Boadilla los militantes del PP
acudirán divididos a las elecciones en dos o más facciones: los partidarios de
que no se haga tabla rasa, y los que apuestan por empezar de cero, echando mano
de los paracaidistas Antonio González Perol y Paloma Adrados. Un sector
de los militantes del PP apostaría por cambiar las cabezas visibles, pero
manteniendo la presencia de los militantes de toda la vida. Los más realistas
consideran obligatorio hacer borrón y cuenta nueva para acabar con las familias
políticas. Pero la realidad se impone y los candidatos apostarán por limpiar las
listas y evitar posibles contaminaciones que den balas a la oposición.
El catedrático de la Universidad Rey Juan Carlos Manuel
Villoria entra de lleno en una de las principales controversias de los últimos
días sobre si la corrupción molesta más a los simpatizantes del PP o del PSOE:
"Considero que la relación de la izquierda con la corrupción no nos indica que
haya grandes diferencias. Y una prueba de esto es que los socialistas,
encabezados por Felipe González, perdieron por la mínima las elecciones de 1996,
pese a que cada semana se destapaba un caso nuevo".
En este sentido, este catedrático considera que no hay grandes
diferencias entre los partidos, aunque puntualiza: "Algo hay, en el sentido de
que en la izquierda los discursos éticos y de transformación social forman parte
de su tradición, por lo que una conducta corrupta puede ser más incoherente que
el discurso de la derecha sociológica, en el que prevalece el desarrollo
económico". Por eso Villoria advierte de que el candidato del PSOE madrileño,
Tomás Gómez, ha tomado una decisión errónea manteniendo en el partido a su
número dos, Trinidad Rollán, porque de esa forma legitima un discurso del PP que
podría ser demoledor, ya que al recibir cualquier tipo de acusación sobre su
presunta corrupción podría recurrir al y tú más. Por otra parte, el
profesor de la Universidad Rey Juan Carlos advierte de que, si Rajoy focaliza el
discurso solo en el desarrollo económico, se equivocaría porque, sin un discurso
ético, prevalecería la corrupción. "El problema de Rajoy, con esta actuación tan
permisiva con la corrupción interna, es que parece que está diciendo, aunque sea
sin querer, que cuando él gobierne va a ser mucho más fácil ser corrupto. Eso es
terrible y un peligro, por lo que debe reaccionar y pasar a la acción",
argumenta.
LICENCIAS EN SAN LORENZO DEL ESCORIAL
El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio
Pedreira, dictó el pasado jueves una providencia en la que solicita al
Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial que se informe de las licencias que se
han podido conceder en relación a una finca denominada El Valle y que,
presuntamente, pertenece a una de las empresas relacionadas con la trama.
Asimismo, Pedreira ha presentado un requerimiento al Área de Urbanismo y
Licencias Generales del Ayuntamiento de Madrid para que certifique si la
mercantil UFC,empresa de uno de los principales imputados en la trama, el
empresario José Luis Ulibarri, solicitó entre los años 2002 y 2004 alguna
licencia relacionada con varias fincas situadas en la Avenida de Aragón. Esta
licencia podría estar relacionada, según Pedreira, con la construcción de
apartamentos turísticos. El magistrado informa también de la petición de una de
las partes para que se tome declaración como imputada a una empleada de la
mercantil Consultoría y Gestión de Inversiones, propiedad de Francisco Correa y
Jacobo Gordon. Este último era amigo y socio de juventud de Alejandro Agag,
yerno del expresidente José María Aznar y, junto al propio Correa, uno de sus
testigos en su boda con Ana Aznar celebrada en El Escorial, en presencia de
entre otros mandatarios del presidente italiano, Silvio Berlusconi, y del ex
primer ministro británico, Tony Blair.
www.elpais.es 19.02.11
HACIENDA PIDE INDAGAR UN TRÁFICO DE DIVISAS LIGADO
AL PP DE MADRID
El dinero es de comisiones por contratas amañadas
por Gürtel
La Agencia Tributaria
ha pedido al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que
ordene investigar movimientos bancarios de divisas por importe de casi 700.000
euros procedentes de cinco países relacionados con la sociedad Special Events,
administrada por el número dos de Francisco Correa en la trama corrupta,
Pablo Crespo.
Según un informe de Hacienda, tales divisas están ligadas con
supuestos pagos de comisiones hechos por la firma Sufi a la red corrupta de
Correa a cambio de contratas vinculadas al PP de Madrid y a Alberto López Viejo,
exviceconsejero de Presidencia del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Asimismo, Hacienda pide investigar "salidas y entradas de
divisas" en España que suman casi otros dos millones de euros y que también
estarían relacionadas con pagos "sin justificar" de Sufi a una extraña firma
llamada Nige, sin apenas actividad y con un solo trabajador, Plácido Vázquez
Diéguez. La policía sostiene que Vázquez entregó a la trama 1,7 millones a
cambio de favores en la adjudicación de contratas de organismos gobernados por
políticos del PP.
Hacienda destaca que Sufi "prestó fundamentalmente servicios a
los Ayuntamientos de Madrid" -cuando López Viejo era edil del área de Limpieza,
con José María Álvarez del Manzano en la alcaldía- y al de Majadahonda, en la
época del alcalde Guillermo Ortega, otro de los principales imputados en Gürtel
y a quien se le han descubierto cuentas en el extranjero.
Moratalaz
Las entradas y salidas de divisas de Special Events se
produjeron, según Hacienda, entre 2002 y 2004. Fue precisamente en 2002 cuando
se adjudicó la limpieza del distrito madrileño de Moratalaz a Sufi por 48
millones y por un periodo de 10 años. Según consta en el sumario de Gürtel,
Sufi, entonces presidida por Rafael Naranjo, logró la adjudicación gracias a una
comisión millonaria (un 3% de la operación, 1,2 millones) entregada a la red de
Correa.
Otras contratas que recibió Sufi para tareas de limpieza
salieron del Ayuntamiento de Boadilla del Monte, entonces regido por Arturo
González Panero, El Albondiguilla, imputado en Gürtel por haber recibido
sobornos de la red a cambio de adjudicaciones. Hacienda destaca que hay
"entregas de dinero" de Sufi "a la organización de Correa equivalentes al 3% del
monto total de la adjudicación de los servicios de limpieza". Y añade que López
Viejo, "que recibió dinero" de la red a través de Crespo, "obligaba a facturar
por debajo de dos millones de pesetas [12.000 euros]
para así adjudicar los contratos directamente". También da por
sentado la Agencia Tributaria, basándose en informes policiales, que las
entregas de dinero de Sufi a la trama no están justificadas en trabajos reales.
Hacienda explica al juez que, "teniendo en cuenta que el principal cliente" de
Sufi "en los años 2002, 2003 y 2004 fue el Partido Popular, y en 2005 empresas
vinculadas al Ayuntamiento de Madrid", es conveniente examinar el origen y
destino de los fondos y divisas que se canalizan a través de las cuentas
bancarias de Special Events.
GÜRTEL PROVOCA LA CAÍDA DEL SEGUNDO ALCALDE DE
BOADILLA EN DOS AÑOS
Juan Siguero, sucesor de Arturo González Panero,
deja el cargo tras ser imputado por el juez a petición del PSM, que ejerce la
acusación particular
La decisión del magistrado que instruye el caso Gürtel,
Antonio Pedreira, de llamar a declarar como imputado el próximo miércoles al
alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (Partido Popular), ha obligado a
este a anunciar su dimisión, según confirmó una escueta nota hecha pública ayer
por el gabinete de prensa del Ayuntamiento.
Ya son dos los regidores del PP de este municipio de 42.430
habitantes que se han visto obligados a abandonar su cargo en la actual
legislatura. En febrero de 2009 su predecesor, Arturo González Panero, fue
expulsado del partido pero siguió manteniendo el acta de concejal en el
Consistorio.
En el ámbito de la Comunidad de Madrid, la instrucción del
caso Gürtel -la mayor trama de corrupción destapada en la democracia española
ligada al PP- el número de alcaldes imputados se eleva a cuatro: los mencionados
Juan Siguero y Arturo González Panero (de Boadilla), Jesús Sepúlveda (de Pozuelo
de Alarcón) y Ginés López (de Arganda del Rey).
Pedreira ha comunicado en una providencia su decisión tras
recibir la petición de la acusación particular ejercida por los concejales del
PSM-PSOE de Boadilla del Monte, que fue registrada en el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid el pasado 10 de enero. El magistrado tomará declaración al
regidor como presunto autor de los delitos de tráfico de influencias,
prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios, así como por su posible
participación como cooperador necesario en los delitos que se le imputan al
exalcalde del municipio Arturo González Panero.
A su vez, este último, conocido como El Albondiguilla
entre los miembros de la trama, está acusado de los delitos de cohecho,
asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad. El propio
Panero, en declaraciones a EL PAÍS, llegó a acusar a Siguero de amañar los
contratos de acuerdo con la red corrupta. "Tendrían que investigarle antes a él
que a mí", aconsejó el ex alcalde.En el comunicado hecho público por el
Consistorio, Siguero manifiesta también "su total y absoluta inocencia". "Con la
finalidad de aclarar de forma inmediata su inocencia se pone a disposición
judicial, toda vez que el escrito de la fiscalía se basa en una solicitud del
Partido Socialista". Fuentes del PP aseguraron ayer que la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, recibió a las tres de la tarde una llamada de Siguero en la
que le comunicó su intención de dimitir para no perjudicar al PP.
Sobre Siguero pesaban graves acusaciones contenidas en varios
informes policiales en los que los agentes solicitaban su detención tras
constatar su "estrecha relación" con las empresas de Francisco Correa, el
presunto cerebro de la trama Gürtel. En uno de los informes se relata que el
regidor llegó a pedir a las empresas de la trama un puesto de trabajo para su
mujer: "Retomando el favor que te pedí en su día acerca de la posibilidad de un
trabajo para Beatriz, (...), si sabes de algún cliente tuyo o conocido que
necesite contratar a alguien te agradecería que te acordases de ella. Espero tus
noticias y gracias de antemano", escribió Siguero en un correo electrónico.
La decisión del alcalde dimisionario se produce el mismo día
en el que se ha dado a conocer una sentencia del Tribunal Supremo del pasado 12
de noviembre que declara nulo el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)
de Boadilla, aprobado en 2002, por denegar el Ayuntamiento la documentación del
plan a miembros de la oposición. La sentencia, que no es recurrible, estima un
recurso de casación de lo contencioso-administrativo presentado por un
particular contra los acuerdos de la comisión de Urbanismo de la Comunidad de
Madrid, celebrados el 7 de noviembre de 2001 y el 20 de febrero de 2002, que se
declaran nulos. En el orden del día de estos acuerdos se incluía la aprobación
de forma definitiva del PGOU del municipio, ahora paralizado, y que tendrá que
volver a aprobarse pasando todos los filtros establecidos en la normativa, como
es la declaración de impacto ambiental.
El particular inició el litigio porque estaba disconforme con
el cambio de calificación de una parcela de su propiedad: "Tenía un uso
comercial y, por obra y gracia de la aprobación definitiva del plan general que
se recurría, pasaba a zona verde pública", explica el fallo.
www.elpais.es 11.02.11
EL ALCALDE DE BOADILLA PRESENTA SU DIMISIÓN TRAS
SER IMPUTADO EN EL 'CASO GÜRTEL'
Pedreira cita a Siguero a declarar por prevaricación y tráfico de
influencias.- También le considera presunto cooperador necesario de los delitos
de su predecesor, que también dejó el cargo tras ser imputado
Antonio Pedreira, el magistrado que investiga el caso
Gürtel, ha imputado al actual alcalde de la localidad madrileña de Boadilla
del Monte, Juan Siguero Aguilar (PP), por los delitos de negociaciones
prohibidas a funcionarios, prevaricación, tráfico de influencias y cooperación
necesaria en los delitos que a su vez se le imputan al anterior regidor, Arturo
González Panero, expulsado del PP y conocido como El Albondiguilla. Según
la resolución, conocida esta mañana y contra la que cabe un recurso de reforma
en un plazo de tres días o de apelación en cinco, Siguero Aguilar deberá
comparecer el día 16 a las 12.00.
Juan Siguero Aguilar, imputado
DOCUMENTO (PDF -
74,06Kb) - 10-02-2011
Unas horas después de conocerse el audio, Esperanza Aguirre ha
declarado esta tarde en la Asamblea de Madrid que Siguero Aguilar ha presentado
su dimisión. "Como no quiere perjudicar al partido presenta la dimisión para
defenderse, pero asegura que es inocente", ha explicado la presidenta regional,
informa J. Sérvulo González. Tras "agradecerle en nombre del PP de
Madrid" esa decisión al alcalde imputado, Aguirre ha sostenido que eso "es lo
que hay que hacer", sin que ello signifique "faltar a la presunción de
inocencia, que a todos nos tiene que afectar y que en este caso desde luego que
se la concedo al alcalde de Boadilla como a todos los demás", ha subrayado.
Pedreira ha decidido llamarle a declarar después de que un
informe policial solicitara su detención. La investigación realizada por la
policía puso de manifiesto que el regidor de Boadilla, que era concejal de
Hacienda con Arturo González Panero como primer edil, informó a las empresas de
la trama corrupta dirigida por Francisco Correa de las adjudicaciones. También
llegó a recibir instrucciones de la trama acerca de los precios de las
adjudicaciones, según los informes policiales. Con esta decisión ya son cuatro
los alcaldes del PP de Madrid que han sido imputados en el caso Gúrtel.
Los anteriores fueron el propio Arturo González Panero (Boadilla); Jesús
Sepúlveda (Pozuelo de Alarcón); y Ginés López (Arganda del Rey). Todos ellos
dimitieron y fueron expulsados del PP.
A la oposición no le vale con la renuncia. El portavoz de IU
en la Asamblea, Gregorio Gordo, ha dicho que "cada día que aparece una noticia
nueva sobre la trama Gürtel hace más irrespirable la política en la Comunidad de
Madrid" y que "es una situación que está acorralando al PP en Madrid y está
acorralando a Esperanza Aguirre". Por su parte, la portavoz del PSOE en la
Asamblea, Maru Menéndez, ha vuelto hoy a pedir a la presidenta del PP de Madrid
que "asuma la responsabilidad que tiene en el caso Gürtel".
El
ex alcalde de Boadilla Arturo
González, que está imputado en la misma causa como presunto autor de los delitos
de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal, blanqueo de capitales y falsedad,
acusó el pasado junio a Siguero de
haber intervenido en todas las adjudicaciones de ese Ayuntamiento incluidas en
el sumario de la trama de corrupción. "Por eso tendrían que investigarle más a
él que a mí", dijo el alcalde en declaraciones a EL PAÍS. Su sucesor en el cargo
era el número cuatro en la lista encabezada por González Panero en 2007 y fue
nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del
PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el Gürtel en febrero de
2009, el PP regional optó por dar la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez. Pero
Panero exigió -y logró- que la dirección popular aceptara a Siguero, su hombre
de confianza.
Así, el ex alcalde asegura que Siguero participó activamente
en las adjudicaciones al entramado que dirigía Francisco Correa: "Él firmó la
adjudicación de una parcela a la constructora UFC [implicada en la trama
Gürtel]. Y esta decisión de Siguero fue a la comisión informativa, que también
presidía él mismo". Además, Panero relaciona a su sustituto con otras dos
operaciones Gürtel. La primera es la adjudicación de la Oficina de Atención al
Ciudadano de Boadilla a la empresa Easy Concept por 500.000 euros anuales. "Siguero
firmó los pliegos y encabezó la mesa de contratación. Todo lo presidió él.
Además, toda la documentación la hizo personalmente, con su propio ordenador. Yo
no intervine". La segunda es la cesión de terrenos municipales a la Empresa
Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMSV) de Boadilla que acabaron en manos de
la trama. "La EMSV adjudicó estos terrenos a una empresa de Ramón Blanco Balín
[presunto testaferro de Correa]".
www.elpais.es 10.02.11
LA COMUNIDAD OCULTA CONTRATOS
DE GÜRTEL
La Comunidad adjudicó a una firma implicada en
Gürtel por 39 millones
El Servicio Madrileño de Salud adjudicó entre 2005 y 2009 ocho
contratos por un importe de 11,5 millones a Constructora Hispánica, una empresa
vinculada al caso Gürtel, la trama de corrupción que afectó a
administraciones gobernadas por el Partido Popular. Este partido ha evitado
desde entonces la fiscalización de los ocho contratos. Entre ellos se encuentra
la construcción del centro polivalente de Vallecas (4,3 millones) en 2005, la
del centro de salud de la Casa de Campo (3 millones) en 2006 o las obras de
reforma del Hospital de la Princesa (2,6 millones) en 2006. El Gobierno del PP
impide el acceso a los contratos.
La diputada socialista Livia Castillo detectó que el Servicio
Madrileño de Salud (Sermas) había adjudicado hasta ocho grandes contratos a
Hispánica para la realización de obras de reforma, mantenimiento de diferentes
instalaciones e incluso climatizaciones por un importe total de 11,5 millones
(en total, las adjudicaciones de la Comunidad a Hispánica superan los 39
millones). En marzo de 2009, la parlamentaria reclamó por primera vez, una copia
íntegra de todos los documentos que conformaban los expedientes. Pero el
Gobierno regional esquivó el requerimiento alegando que no era posible
identificar los contratos solicitados, a pesar de que se aportaba la fecha, la
identificación de la empresa y el importe del mismo. El Sermas es una de las
entidades regionales que, según la Cámara de Cuentas, ha dilatado más la
presentación de su contabilidad. La oposición ha criticado en repetidas
ocasiones la opacidad del Sermas. Esta entidad que gestiona un tercio del
presupuesto de la Comunidad de Madrid (unos 7.000 millones de euros) no está
obligada a fiscalizar sus cuentas en la Asamblea.
Pocos meses más tarde de la primera negativa, en noviembre del
mismo año la diputada socialista Livia Castillo volvió a reclamar información
sobre los contratos. En esta ocasión precisó el número del expediente de
contratación, desde entonces no se ha producido ninguna comunicación formal por
parte del Ejecutivo de Esperanza Aguirre, explica la parlamentaria. En
diciembre, Castillo remitió un burofax al consejero de Sanidad, Javier Fernández
Lasquetty, reclamándole una "cita para examinar los expedientes" que afectan a
los contratos con Hispánica después de ver como ignoraba sus peticiones. Hoy
está previsto que el consejero intervenga en la cámara y aporte luz sobre estos
contratos después de que los socialistas lo exigieran.
Los socialistas se cuestionan si realmente se ejecutaron las
obras y los suministros acordados. La supervisión de los contratos es relevante
porque Hispánica es una de las principales empresas salpicadas por el caso
Gürtel. El que fuera su propietario, Alfonso García Pozuelo, figura en el
sumario como uno de los empresarios que hacía negocios con la red corrupta.
Supuestamente entregaba dinero a cambio de contratos públicos. En la
documentación intervenida por la investigación figuran pagos de 4,1 millones de
euros a Francisco Correa. Este empresario decidió en 2009 entregar 19,7 millones
de euros a Hacienda para hacer frente a los delitos fiscales. Hispánica, que
ahora se llama Assignia, ya no pertenece a García Pozuelo sino a la constructora
Essentium. Un portavoz de la firma dice que la cifra de 11,5 millones "no es
sustancial" ya que esta licita al año por un valor de 15.000 millones. Además,
apunta que en 2008 una de las empresas de Andalucía, gobernada por el PSOE, les
adjudicó una obra de 15 millones.
Fuentes del Gobierno regional niegan que sea verdad que no se
haya permitido el control de los expedientes a los diputados de la oposición, y
sostienen que en éstos se han seguido todos los trámites previstos por la ley.
El mismo portavoz del Ejecutivo autonómico justifica su retraso de más de un año
intentando endosar la culpa a la oposición: "La última petición coincidió con un
cambio en Sanidad, pero hace dos semanas nos pusimos en contacto con la diputada
Castillo para contestarle, pero no fue posible", dijo.
www.elpais.es 03.02.11
CORREA COBRÓ DE UNA EMPRESA 12 MILLONES EN EL EXTRANJERO
Francisco Correa, considerado el jefe de la
trama
Gürtel, cobró, en diciembre de 2004
y sin explicación conocida, 12 millones de euros de Manuel Salinas, dueño del
grupo empresarial aragonés Salgar, que ahora participa en el holding Ros Roca
Internacional. El pago, y así lo detalla un informe de Hacienda incorporado al
sumario, se hizo mediante una transferencia a una cuenta abierta en Mónaco por
Awberry License, una de las sociedades utilizadas por Correa para canalizar el
dinero negro que le proporcionaban sus enjuagues con administraciones
controladas por el PP. El envío de fondos se realizó desde Fairway
International, compañía panameña donde el empresario Manuel Salinas consta como
mandatario y beneficiario, explica Hacienda.
Este es el segundo pago multimillonario en el extranjero que
destapan las pesquisas ordenadas por el juez Antonio Pedreira. Hace 20 días, el
magistrado reveló en un escrito la existencia de otra comisión de 13 millones
abonada a Correa en 2006 por sus labores de
conseguidor en un pelotazo urbanístico de Arganda (Madrid) que
reportó no menos de 73 millones de euros a la inmobiliaria Martinsa. Tanto el
ex alcalde de Arganda como el ex consejero delegado de la sociedad municipal
de suelo, ambos elegidos por el PP, permanecen imputados en el caso.
Salgar vendió suelopara un proyecto en Bárboles, donde gobierna el
PSOE
Golf y viviendas
Ayer, Público
intentó recabar la versión del propietario del grupo Salgar. Salinas, de 89
años, confirmó que Salgar participa en Ros Roca Internacional, cuyas
adjudicaciones públicas en la etapa del PP investiga Pedreira. El empresario
adujo asimismo que ignora el porqué de ese pago de 12 millones. Y dijo que ni
siquiera conoce a Correa. En una conversación posterior, su abogado rehusó
hacer declaraciones.
El informe de la Agencia Tributaria sobre este nuevo pago detectado
en Mónaco, donde Correa tiene ya bloqueados 4,3 millones de euros, se muestra
cauto sobre el origen de la comisión. Pero señala cómo Agrícola Ganadera La
Corona, una de las empresas de la constelación Salgar, participó en la gestación
de un macroproyecto urbanístico en Bárboles, municipio aragonés de 300
habitantes situado muy cerca de la capital zaragozana. Ese macroproyecto, que
preveía originalmente hasta 7.000 viviendas y dos campos de golf, no existe
aún.
Hacienda sospecha que el pago buscara saldar la deuda de "un
tercero"
Fuentes del Gobierno de Aragón subrayaron ayer que tanto la
Diputación de Zaragoza como el Ejecutivo regional vetaron el plan "por
descabellado". Sin embargo, el actual alcalde de Bárboles aseguró en noviembre
de 2009 a Heraldo de Aragón que
el proyecto, para 1.500 viviendas, seguía en marcha, aunque sus promotores,
impulsores de un convenio urbanístico presentado en 2006, ya no tenían "tanta
prisa como antes".
Cuando, en octubre de 2004, Agrícola Ganadera La Corona vendió los
terrenos de Bárboles a una sociedad en teoría ajena a Salgar Davalu, del grupo
Proconsol, la localidad estaba gobernada por la socialista Tomasa Joven. Este diario no logró anoche contactar con la ex regidora, a quien en
2007 relevó el también socialista José Ángel Subías.
Pero la operación urbanística de Bárboles no es la única hipótesis
para el origen del pago. Hacienda sugiere que, dado que no hay "ninguna causa
aparente" para el traspaso de 12 millones a
Don Vito, cabe la opción de que Salinas fuera una especie de pagador
vicario. Es decir, que hubiera satisfecho "una deuda que un tercero tuviera con
Francisco Correa". Respecto a quién podría ser ese tercero y en concepto de qué
se habría generado la deuda, Hacienda no se aventura.
El traspaso de 12 millones no fue el único efectuado por Fairway a
Correa o su entorno. El pasado verano, Mónaco comunicó al juez Pedreira que, el
27 de junio de 2006, la sociedad panameña de Manuel Salinas hizo llegar cuatro
millones de euros a una cuenta suiza de Cedargrove Inv., una de las que manejaba
Arturo Fasana, gestor de Correa imputado en el caso.
www.publico.es 02.02.11
AGUIRRE PAGÓ 200 EUROS POR METRO DE MOQUETA A UNA
FIRMA LIGADA A GÜRTEL
La policía envía al juez un informe del contrato
de los actos institucionales de 2006
La red Gürtel, la
trama de corrupción vinculada al PP, logró beneficios de hasta el 50% en el
contrato principal de los actos institucionales de la presidenta Esperanza
Aguirre durante 2006 aunque su nombre no apareció por ningún lado.
La adjudicación por 317.000 euros de ese contrato recayó en
Decoraciones CMR, una firma aparentemente nada sospechosa. La investigación
judicial del caso Gürtel ha puesto al descubierto cómo esta empresa
trabajaba al dictado de la trama corrupta que lideraba Francisco Correa.
Hasta el punto de que, según el último informe aportado por la
policía al juez Antonio Pedreira, la proposición económica que presentó CMR al
concurso para montar todos los actos institucionales de la presidenta Esperanza
Aguirre fue redactada por empresas de la red Gürtel con los siguientes precios:
- Fondo de escenario: 224 euros por metro cuadrado.
- Escenario: 194 euros por metro cuadrado.
- Laterales de escenario: 306 euros por unidad.
Así se recoge en uno de los numerosos correos electrónicos que
forman parte de la documentación incautada a la trama que dirigía Francisco
Correa.
En la documentación recabada por el juez y analizada ahora por
la policía, se registran unos beneficios por cada acto montado para alguna de
los actos donde interviniera la presidenta autonómica de casi el 50%.
También presenta la policía en su informe un contrato privado
por el que Decoraciones CMR, la adjudicataria del concurso convocado por la
Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, subcontrata el servicio a
Servimadrid Integral, una de las empresas de la trama corrupta.
Este contrato privado demostraría, según la investigación,
como la red Gürtel siguió recibiendo contratos de la Comunidad de Madrid a
través de sociedades pantalla que utilizaba para que se presentaran a los
concursos públicos.
No es la primera vez que, tras dos años de investigación
judicial, aparece documentación que acredita como la trama corrupta logró
contratos de la presidencia del Gobierno de la Comunidad de Madrid, para el que
trabajó casi en exclusiva, a través de empresas pantalla, como Decoraciones CMR.
El informe señala que esta pauta de actuación era dirigida
desde la viceconsejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid, que ocupaba
aquel año Alberto López Viejo, que fue la mano derecha de Aguirre en sus
actos institucionales. "La viceconsejería de Presidencia determinaba con quién
contratar, si se solicitaba presupuesto previo o no, a qué consejería había que
facturar y por qué importes".
La policía concluye que la trama corrupta pagaba a las
empresas pantalla una comisión de la factura a la Comunidad de Madrid. "Esto",
según la policía, "atenta contra uno de los principios de la contratación
administrativa seguida por la Comunidad de Madrid, como es el principio de
transparencia".Las empresas del grupo Correa que utilizaban como pantalla a la
firma Decoraciones CMR, SL, para realizar los actos en los que intervenía la
presidenta regional Esperanza Aguirre, tenían una contabilidad opaca al fisco.
Una doble contabilidad. Aunque Correa tenía todo un abanico de empresas para
conseguir actos o contratas de la Comunidad de Madrid sin que la competencia se
diera cuenta de que siempre resultaba él beneficiado, a veces pedía a
empresas amigas que se presentaran ellas: les garantizaba la adjudicación y,
en contraprestación, les daba una comisión del 5% del abultado beneficio.
En realidad, tales empresas ni siquiera hacían ellas los
trabajos. Formalmente se los adjudicaban, pero los obreros eran los de Correa;
en concreto los de Servimadrid Integral, SL. Había tajada para todos. En
registros a las empresas de la trama Gürtel, los investigadores se incautaron,
por ejemplo, de un archivo consistente en una hoja de cálculo bajo el título
Actos CMR 2005-2006. En esa hoja, la trama calcula el beneficio antes
incluso de realizar el trabajo. Por un acto relativo a la celebración de los dos
primeros años de Gobierno de Aguirre, en 2006, la trama factura a la Comunidad
"12.607 euros", cuando el coste real del evento era, según la citada hoja de
cálculo, 9.237. Obtuvo un beneficio de 3.370 euros, con un 27%.
El Grupo Rafael
Por el montaje de los actos del 2 de mayo del año 2005, la
trama facturó a las arcas públicas de la Comunidad 26.816,71 euros, cuando el
coste real era de 11.468,06. Es decir, Correa se llevó 15.348,65 euros de
beneficio (un 50,16% de margen). De esa cantidad, entregaba una comisión del 5%
a la empresa pantalla, Decoraciones CMR, SL. De ahí también salía dinero para
comisiones que supuestamente acababan en manos del responsable político que
autorizaba los pagos: en este caso, el ex viceconsejero de Presidencia, Alberto
López Viejo.
Correa no se sirvió solo de esta empresa para simular. Tenía
otras dos: el Grupo Rafael y la firma MQM. Con ellas hizo los mismos
chanchullos. El saqueo de la red Gürtel en todas las consejerías de la Comunidad
de Madrid le llevó a facturar en solo cuatro años más de cinco millones de
euros. Cuatro millones directamente y otro millón a través de las citadas
sociedades pantalla. Muchas de las adjudicaciones eran a dedo (menos de
12.020 euros).
www.elpais.es 31.01.11
ARGANDA DEJÓ DE
COBRAR 23 MILLONES EN UNA OBRA DE GÜRTEL
Una valoración
privada permitió que Fernando Martín ganara el concurso
El Ayuntamiento
de Arganda del Rey, cuyo alcalde era el imputado en Gürtel Ginés López, adjudicó
una obra en noviembre de 2004 por 77 millones a la empresa Martinsa. No
obstante, esta iniciativa urbanística había sido tasada en 100 millones, según
consta en el expediente administrativo de la operación aprobada en el
Consistorio. La decisión corrió a cargo del también imputado Benjamín Martín
Vasco, ahora diputado del Grupo Mixto en la Asamblea tras ser expulsado del PP,
cuando era consejero delegado de la empresa Fomento y Desarrollo Municipal de
Arganda.
El magistrado
que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, investiga si Correa cobró 13
millones de euros por intermediar en esta operación urbanística.Entre los
contratos firmados por Benjamín Vasco al frente de la empresa del suelo de
Arganda destacan los 48.893 euros abonados a las subcontratas del Grupo Rafael,
que el sumario considera muy cercanas a Correa. Este diputado también contrató a
la empresa Vox Pública, de la que era director gerente Jesús Calvo Soria, otro
de los imputados. El pago, de unos 8.000 euros, lo recibió en abril de 1998 la
directora comercial de la empresa: María del Carmen Rodríguez Quijano, la mujer
de Correa.
Pese a que la
adjudicación era de 77 millones, Martinsa, cuyo principal accionista era el
empresario Fernando Martín, pagó 66 millones y se comprometió a abonar en
especie otros 11 millones. Pero ese dinero nunca llegó al municipio.
Inicialmente, el Ayuntamiento permitió a la empresa levantar 1.600 viviendas en
esas parcelas, pero posteriormente le autorizó a construir otras 800 casas más;
en total, 2.400. Martinsa no ha construido las casas.
La obra en la
que Arganda dejó de ganar 23 millones es precisamente la que está bajo sospecha
después de que el magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira,
constatara que una firma de Correa instalada en Suiza había recibido 12,8
millones de euros procedentes de una cuenta de Mónaco y que, según investigó la
justicia helvética, procedían de Martinsa.
La información
de las autoridades suizas demuestra la veracidad de las grabaciones realizadas
por el ex concejal del PP de Majadahonda, José Luis Peñas, cuya denuncia
constituyó el inicio de la instrucción del caso Gürtel, en el que permanecen
imputadas más de un centenar de personas por su supuesta implicación en la que
es considerada como la mayor trama de corrupción ligada a un partido político:
el PP. Según estas grabaciones, que constan en el sumario, Francisco Correa
afirma: "Martinsa se portó conmigo; le quedaba un pago de lo de Arganda. Tardó
seis meses. En mayo, todo liquidado. Me debe aún un millón de euros". A su vez,
en otra grabación de Peñas a la número dos del cerebro de la trama, Isabel
Jordán, alude a la operación: "[A Martín Vasco] le dieron su dinero. Él amenazó
con hablar sobre el negocio de Arganda con Martinsa si no le daban su dinero".
La investigación de Pedreira ha constatado que Martín Vasco percibió 340.000
euros de la trama corrupta. Sobre este diputado pesa una fianza judicial de
950.000 euros.
El concurso que
dio lugar a esa adjudicación fue denunciado por el PSOE en dos ocasiones: en lo
contencioso-administrativo, que lo archivó; y ante la Fiscalía, que remitió el
caso a un juzgado de Arganda en abril de 2007. Al concurso se presentaron tres
empresas: Alcosto, Sacresa y Martinsa. El Consistorio, a la hora de valorar las
ofertas, no se fio solo de las opiniones de sus técnicos, sino que delegó parte
de la baremación en dos empresas privadas: Aguirre Newman y Plarquin. Esta
última había sido propiedad de Enrique Porto antes de ser nombrado director
general de Urbanismo por Esperanza Aguirre en 2003 (dimitió en 2006 por aprobar
planes urbanísticos diseñados por su antigua empresa).
Cada uno de los
tres consultores (los técnicos del Ayuntamiento, la sociedad Aguirre Newman y
Plarquin) se ocupaban de aspectos diferentes. Y entregaron sus puntuaciones de
forma sucesiva. Primero entregó su parte Aguirre Newman, ganando Sacresa. Cuando
los técnicos del Consistorio presentaron su baremación, también. El último en
entregar su valoración fue Plarquin, que se encargaba de determinar la solución
técnica y la propuesta estética. Y dio tantos puntos a Martinsa que ganó el
concurso. Por eso, el magistrado Antonio Pedreira ordenó el pasado 5 de enero a
peritos judiciales que elaboraran un informe sobre esta operación.
www.elpais.es 13.01.11
EL JUEZ RASTREA 13 MILLONES QUE CORREA COBRÓ POR
INTERMEDIAR EN ARGANDA
Pedreira reclama a Mónaco información sobre la sociedad que hizo el
ingreso
El magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio
Pedreira, ha solicitado a las autoridades de Mónaco más información acerca de la
identidad de los accionistas de una sociedad mercantil de este pequeño país que
pagó una comisión de 13 millones de euros que, según la investigación realizada
por la Fiscalía Anticorrupción, acabó cuatro días después en poder del presunto
cerebro de la trama, Francisco Correa. Según el ministerio público, que utiliza
nuevos documentos procedentes de Suiza, el pago se produjo a cambio de la
intermediación en 2004 de Correa en la adjudicación por parte del Ayuntamiento
de Arganda de unos terrenos urbanizables a la sociedad Martinsa. En el momento
de la adjudicación, el alcalde de este consistorio era Ginés López (imputado en
el caso). Además, otro presunto implicado, Benjamín Martín Vasco, ex diputado
del PP (ahora en el grupo mixto) en la Asamblea, era responsable de la empresa
municipal del suelo.
El pago fue posterior a una adjudicación a
Martinsa de terreno urbanizable
En la providencia, Pedreira solicita a Mónaco que complete la
documentación remitida en una anterior comisión rogatoria solicitada en mayo de
2009 a tenor de la aparición de nuevos datos procedentes de Suiza relacionados
con el cerebro de la trama corrupta. Esta nueva documentación atribuye a la
empresa Martinsa el pago de la comisión ilegal. Y es precisamente eso lo que
pretende determinar el juez, que solicita información del beneficiario económico
y de las personas con firma autorizada de la empresa Cedargrove. El juez quiere
conocer también el extracto de movimientos bancarios con sus soportes
documentales desde 2004 y el saldo actual de esta firma mercantil. De
confirmarse que la empresa Cedargrove está relacionada de alguna manera con
Martinsa, se demostraría que el pago a Correa se pudo haber producido a cambio
de su intermediación en la operación urbanística de Arganda del Rey.
Para tratar de acelerar la investigación de las autoridades
monegascas, Pedreira recuerda que tres de los implicados en este caso de
corrupción, el mayor ligado a un partido político: el PP, permanecen en prisión,
por lo que recuerda la urgencia en la práctica de las diligencias.
Según el sumario, el Ayuntamiento del PP adjudicó en 2004 a
Martinsa terrenos para desarrollar 2.400 viviendas y dos años después la
promotora vendió un tercio de estos suelos por 73 millones de euros, lo que
demostraría que esta operación había sido muy ventajosa para esta empresa
privada.
Fuentes de Martinsa-Fadesa citadas por Europa Press insisten
en la "absoluta transparencia" de este proceso de adjudicación. Aseguran que no
hubo "ninguna situación irregular ni ningún pago o comisión encubierta".
www.elpais.es 12.01.11
UN FUNCIONARIO DENUNCIA PRESIONES POR OBRAS DE
GÜRTEL
El ingeniero acusa al Ayuntamiento de Pozuelo de
imponerle sobrecostes
El ingeniero del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón Leopoldo
García ha denunciado en un juzgado haber sido sometido a presiones por parte de
los responsables del Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón para que certifique la
recepción de una obra municipal cuya adjudicación está siendo investigada por
dos jueces: el primero, el instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira,
y el segundo, el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Pozuelo. "Solo
podré firmar el acta de recepción cuando el juez resuelva sobre este asunto, y
en las condiciones que fije el mismo y en concreto, respecto a la fecha de
inicio de la conservación del parque y el plazo de la misma, y su coste", que
pasó de 300.000 euros al año a más del doble.
El afectado calificó de "burrada" pagar un millón
de euros por cuidar un parque
Este proyecto se aprobó en el año 2005 y en marzo de 2006 se
adjudicó por 4,5 millones de euros a la Unión Temporal de Empresas (UTE)
Cárcavas. El grupo empresarial que conforma esa UTE está encabezado por el
empresario Alfonso García Pozuelo Asins, uno de los imputados en el caso
Gürtel. Con la posterior aprobación de la modificación del proyecto, la obra
pasó a costar 11 millones de euros, un 110% más de lo que inicialmente se había
aprobado.
El funcionario Leopoldo García presentó un escrito ante el
juez en el que denunció haber sido amenazado con la apertura de un expediente
disciplinario si no firmaba la recepción de las obras, con cuyos sobrecostes no
estaba de acuerdo. En el escrito, este empleado municipal se lamenta también
porque estas amenazas eran "un bonito broche de oro a 34 años de funcionario del
Ayuntamiento".
Según el documento que obra en poder del juzgado y que sirve
de base para la imputación de los responsables municipales, el funcionario se
oponía a regularizar las obras al considerar "una burrada" un acuerdo suscrito
entre el alcalde de Pozuelo, Antonio Aguado, y el responsable de los trabajos,
en el que acordaba fijar el precio del mantenimiento del parque en un millón de
euros. Según Leopoldo García, el coste del mantenimiento era de 661.000 euros en
tres años, pero con el nuevo acuerdo pasaba a ser de 661.000 euros por un año.
"En concreto", explica este informe remitido al juzgado, "la
decisión adoptada era la siguiente: que se abone la totalidad de la partida de
conservación, siendo el plazo de un año". "Mi contestación, ante una orden tan
insólita y sin sentido es la siguiente: esto es una burrada, va en contra de la
adjudicación. No tiene lógica ni nada que se parezca".
La portavoz del PSM en Pozuelo, Eva Izquierdo, indicó que seis
meses después de la inauguración del parque, la Junta de Gobierno municipal
aprobó el modificado con el que se finalizaban las obras. "Esta aprobación se
realizó con un informe contrario de la secretaria general del Ayuntamiento, un
informe negativo que se sumó al que emitió el interventor municipal con relación
al abono de 625.000 euros por parte del Ayuntamiento a la empresa constructora
en concepto de mantenimiento del parque", añadió.
Después de la declaración el 21 de junio del ingeniero
municipal Leopoldo García, ahora jubilado, el juez de Pozuelo decidió citar como
imputados al actual alcalde, Gonzalo Aguado, que declarará el 28 de febrero; al
ex alcalde, Jesús Sepúlveda (también imputado en la trama Gürtel); al actual
concejal de Hacienda, José María Mayo; a su predecesor, Roberto Fernández, que
declarará hoy a las diez de la mañana; a la concejal expulsada del PP Yolanda
Estrada (imputada en la trama Gürtel); y al jefe del departamento de
Contratación.
La investigación acerca de la construcción de esta obra
municipal se inició tras una denuncia presentada por el PSOE de la localidad en
2008, al considerar ilegal el incremento en el presupuesto para construir el
parque,que, según los socialistas, se adjudicó por 4,5 millones de euros y
terminó costando 11 millones.
En el auto de citación, el juez ordenó al Ayuntamiento que
remita al juzgado copia del proyecto modificado del parque. Asimismo, pedía a la
Unidad de Delincuencia Económica de la Brigada Provincial de la Policía Judicial
que prosiga con las averiguaciones, en especial con relación al viaje de Bélgica
para la adquisición de árboles. Este funcionario reconoció haber participado en
un viaje a este país para adquirir un árbol centenario de 109.000 euros: "Como
en Bélgica había viveros que disponían de árboles especiales, viajó a Bruselas a
fin de elegirlos con el alcalde, el concejal de Urbanismo y la edil de Obras".
www.elpais.es 11.01.11
ANTICORRUPCIÓN DESCUBRE EL 'BAILE' DE EMPRESAS DE
CORREA
Anticorrupción denuncia el uso de las sociedades
de Correa
Las principales empresas del cerebro de la trama de corrupción
destapada con el caso Gürtel funcionaban como si se tratara de una sola,
según la Fiscalía Anticorrupción, que en un informe reciente ha solicitado que
la liquidación del impuesto sobre sociedades y el IVA de Servimadrid Integral,
Diseño Asimétrico, Good and Better y Easy Concept se efectúe considerándolas
como una única sociedad. "En definitiva, la utilización de cuatro entidades
diferentes con actividad indiferenciada tenía como objeto ocultar la identidad
de quienes se encontraban tras ellas y evitar el conocimiento de la vinculación
entre ellas en la contratación administrativa", según la fiscalía, que relata
que las cuatro empresas, que facturaban básicamente en la Comunidad de Madrid,
funcionaban "desde todos los puntos de vista" como una única mercantil con
idénticas actividades, trabajadores y administración. Estas cuatro empresas
están consideradas por su volumen de negocio como las principales del caso.
Hasta el momento, unas 130 personas están imputadas en el
Gürtel, la mayor trama de corrupción destapada en la democracia ligada a un
partido político: el Partido Popular. El caso, inicialmente instruido por el
magistrado Baltasar Garzón, está en manos ahora del juez del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid Antonio Pedreira.
Las sociedades objeto del informe recibieron decenas de
contratos del Gobierno regional y de los Ayuntamientos implicados en la trama,
todos ellos del PP, por más de tres millones de euros, según el sumario, que
amplía esta cantidad hasta los cuatro millones si se incluye el Grupo Rafael.
El empleo de estas cuatro sociedades mercantiles por parte de
Correa le habría permitido dificultar la identidad de las personas propietarias
de las mismas, y copar los concursos públicos con entidades del mismo grupo,
consiguiendo aparecer como entidades independientes "vulnerando así los
principios de publicidad y concurrencia", explica el ministerio público.
Un ejemplo que ilustra esta forma de actuación de las empresas
de Correa en Madrid se halla, según la Fiscalía, en la contratación pública
referida a Arganda del Rey. Un informe de la Agencia Tributaria sobre la
contratación en este municipio del sureste madrileño pone de manifiesto el
fraccionamiento de expedientes utilizando las distintas empresas del grupo. Y el
informe destaca algunas de estas adjudicaciones: la VII Olimpiada Escolar, la
VIII Gala del Deporte y la X Olimpiada del Deporte. Pero la Agencia Tributaria
también detectó irregularidades como adjudicaciones a las que solo se pedían
presupuestos a tres empresas del grupo de Correa, tal y como ocurrió en el acto
de la colocación de la primera piedra de la comisaría del municipio y en la XII
Gala del Deporte.
Los fiscales aportan más evidencias de esta "unidad", como por
ejemplo que todas estas empresas estaban administradas por las mismas personas,
entre otras Isabel Jordán. Esta forma de controlar las cuatro empresas continuó
tras la salida de esta mujer, que fue sustituida en 2007 por Javier Nombela,
entre otros. Por encima de estos gestores siempre se encontraban el ex
secretario de Organización del PP gallego, Pablo Crespo Sabaris, y el propio
Correa.
Las cuatro mercantiles de la red corrupta también tienen una
composición accionarial semejante, pues los accionistas mayoritarios son desde
2005 Isabel Jordán y otra empresa, Hator Consulting (80%). Por eso, los
accionistas reales son, según la Fiscalía, además de Jordán, Francisco Correa,
Pablo Crespo y José Ramón Blanco Balín, este último uno de los gestores de las
inversiones de la trama en los paraísos fiscales caribeños de las islas Nieves y
Curaçao. Aunque el porcentaje de Blanco Balín, un conocido empresario, podrían
ser los honorarios recibidos de Correa por su trabajo.
Lo que parece determinante para dar la razón a la Fiscalía,
que considera que se trata de una única empresa, es que las cuatro desarrollaban
la misma actividad con los mismos empleados y en la misma sede. Todos los
empleados admitieron en sus declaraciones judiciales que pese a la existencia de
diferentes sedes sociales, todos trabajaban a diario en la misma dirección de
Pozuelo de Alarcón.
Los registros realizados en las diferentes empresas han
permitido que el sumario incorpore datos que muestran también que la
contabilidad de las cuatro firmas se había unificado, algo que compartían con
otras empresas de la trama como las del Grupo Rafael, que de forma periódica
justificaban sus ingresos a las empresas de Correa.
La investigación de Anticorrupción se amplía con un análisis
de los cambios registrados en la red como consecuencia de las investigaciones
realizadas por distintos juzgados. En 2005, a raíz de unas publicaciones
periodísticas y de un procedimiento judicial relacionado con Luis de Miguel
Pérez
[uno de los gestores del dinero de Francisco Correa en los
paraísos fiscales], la trama se desvinculó de este abogado, transfiriendo la
gestión de las sociedades Kintamani y Caroki al despacho de Ramón Blanco Balín,
que continuó con su administración. Correa también se desvinculó de De Miguel en
otras empresas: Orange Market y Down Town Consulting, siendo esta última el
origen de Easy Concept, que pasó a controlar Isabel Jordán.
Aguirre no remite al
juez de Gürtel facturas de empresas de la trama
Pedreira apercibe a la Comunidad del deber de colaborar y advierte
de las posibles responsabilidades penales de la negativa
La falta de
colaboración del Gobierno regional que preside Esperanza
Aguirre ha obligado al magistrado encargado de la
instrucción de la operación Gürtel, Antonio Pedreira, a
firmar el pasado jueves una providencia en la que habilita a
los agentes de la Unidad Central de Delincuencia Económica y
Fiscal (UDEF) para que consigan que la Secretaría General de
la Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de
Madrid aporte de una vez por todas las facturas de
cualquiera de los departamentos autonómicos con las
sociedades del conocido como Grupo Rafael: Tecnimagen,
Fotomecánica, Kilda Producciones y Fotomecánica Doble. Estas
empresas eran utilizadas como pantalla por el cerebro de la
trama, Francisco Correa, para evitar que los contratos del
Gobierno regional fueran a parar a las empresas de su grupo,
y así eludir las sospechas. También estas sociedades eran
utilizadas como maniobra de distracción, incluyéndolas en
concursos como relleno, y consiguiendo que solo se
presentaran las relacionadas con la red corrupta.
Además, el
magistrado realiza en la providencia un "apercibimiento del
deber de colaboración con la Administración de justicia
impuesto por la Ley de Enjuiciamiento Criminal". El
magistrado Antonio Pedreira recuerda además que los
responsables de que esta documentación solicitada no se haya
enviado tres meses después de haberse pedido por primera vez
serán las personas físicas que actúen en nombre y
representación de la Comunidad, por lo que podrían incurrir
en una responsabilidad penal, tal y como prevé el artículo
31 del Código Penal.
La decisión del
magistrado que instruye el caso Gürtel de requerir a
la Comunidad de Madrid para que coopere con la investigación
se produce después de que los agentes de la UDEF encargados
de la investigación le remitieran al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM), el pasado 9 de diciembre, una
comunicación en la que constataban la falta de cooperación
de la Secretaría General de la Consejería de Economía y
Hacienda a la hora de enviar la documentación solicitada de
las facturas de las empresas pantalla de Correa, denominadas
Grupo Rafael, entre los años 2004 y 2007.
En este
documento, los agentes incluyen un relato de los cuatro
intentos fallidos para obtener esta información, vital para
conocer la total implicación de las empresas de la trama
Gürtel en la Comunidad de Madrid, ya que uno de cada cuatro
euros que cobró Correa del Ejecutivo autónomo lo hizo
utilizando estas empresas pantalla.
El primero de
los requerimientos por parte de los policías a la Comunidad
para conseguir esta documentación se produjo días después de
que el magistrado Pedreira lo solicitara el pasado 1 de
septiembre. Un mes después, el 7 de octubre, el Gobierno
regional remite los documentos solicitados, pero de forma
incompleta. Concretamente, solo aporta la documentación
relativa a un contrato adjudicado a la empresa MQM y otros
relacionados con las sociedades Decoraciones CMR y Sagitour
200. Pero no se adjuntan las facturas del Grupo Rafael, las
que tienen una mayor presencia en la red de Correa. Ante
este olvido los agentes se pusieron en contacto el 13
de octubre con el secretario que firmó la contestación de la
Comunidad, asegurando en la misma esta persona que buscaría
estas facturas, tal y como consta en una grabación de la
Policía Judicial.
Pese a este, los
agentes no han recibido estos documentos, por lo que
volvieron a llamar hasta dos veces después: el 29 de
noviembre y el 2 de diciembre. Pero en esta ocasión no
logran contactar con el secretario, que se había
comprometido a buscar estos documentos vitales para la
instrucción del caso.
Ante esta falta
de cooperación de la Consejería de Economía y Hacienda, los
agentes se deciden a enviar al magistrado la documentación
incompleta, lo que ha obligado al propio Pedreira a recordar
a los responsables de la Comunidad las posibles
responsabilidades penales que podrían acarrear la falta de
colaboración con la justicia.
El Grupo Rafael
es un conglomerado de cuatro empresas que en 2003 apenas
tenía relaciones comerciales con las diferentes consejerías
de la Comunidad de Madrid. Fue a partir de 2005 cuando su
suerte cambió, ya que los contratos adjudicados por el
Ejecutivo de Esperanza Aguirre a estas empresas sufrían un
aumento exponencial. Según los datos que obran en el sumario
de la operación Gürtel, entre 2004 y 2008, el Grupo Rafael
facturó más de un millón de euros a instituciones
municipales y regionales relacionadas con el PP. En el mismo
periodo estas sociedades consideradas pantalla abonaron un
poco menos, unos 900.000 euros, a las empresas de Correa,
especialmente Easy Concept y Good and Better. El análisis de
la documentación obtenida en los registros de las empresas
de la trama demuestra la estrecha vinculación entre el Grupo
Rafael y las sociedades de Correa. Un correo electrónico
enviado por una de las trabajadoras del Grupo Rafael a la
responsable de las empresas de la trama es claro al
respecto: "Espero haber cumplido los objetivos marcados".
Además de a los
organismos pertenecientes a la Comunidad, el Grupo Rafael
llegó a facturar más de 100.000 euros al Ayuntamiento de
Boadilla del Monte y más de 30.000 del Consistorio de
Arganda del Rey.
www.elpais.es 18.12.10
"No
hay ningún informe donde se recojan dichos
datos"
El Gobierno regional que preside
Esperanza Aguirre tampoco informa en la
Asamblea a los grupos parlamentarios de
la oposición sobre los contratos
adjudicados a las empresas relacionadas
con la operación Gürtel, el principal
caso de corrupción destapado en la
democracia española ligada a un partido
político: el PP.
Una contestación por escrito a una
pregunta realizada por la diputada
socialista Rosa Alcalá pone una sombra
de duda en la facturación de la
Comunidad a las empresas del Grupo
Rafael, que Correa utilizaba como
pantalla. "En relación a la
interpelación se comunica que no es
posible facilitar la información
solicitada, ya que no obra en poder de
la Administración informe o documento
donde se recojan dichos datos", dice
este texto.
Esta contestación por parte de los
diferentes departamentos del Gobierno
regional es habitual ya, una y otra vez
dicen que no hay información acerca de
los contratos formalizados con empresas
como Easy Concept o Good and Better. Por
el contrario, los diferentes informes de
la policía aseguran que en total la
Comunidad abonó más de cuatro millones
de euros en adjudicaciones de menos de
12.000 euros a las sociedades de la red
Gürtel.
www.elpais.es
18.12.10
"NOS HACEN CAMBIAR FACTURAS DE
UNA CONSEJERÍA A OTRA Y NO SE HACEN CARGO"
Cartas y correos electrónicos intervenidos por la policía
reflejan los tejemanejes entre la trama Gürtel y
ex altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre para
lograr que el montaje de los actos de la Comunidad de Madrid recayese en
sociedades de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. El último informe de
la Unidad de Blanqueo de Capitales sobre la empresa Marketing Quality Management
(MQM), utilizada por la red como pantalla de sus operaciones con la Comunidad,
concluye que
el ex viceconsejero de Presidencia de Aguirre, Alberto López Viejo,
era la persona a quien acudía la red para desbloquear las pegas que surgían con
las facturas.
López Viejo -el cargo público que organizaba en las
distintas consejerías los actos en los que intervenía la presidenta Aguirre- y
también su hombre de confianza en Vicepresidencia,
Pedro Rodríguez Pendas, no solo encargaban los actos
en que intervenía Aguirre. También daban instrucciones a la red, según el
informe policial, de cómo había que fraccionar las facturas e indicaban a qué
funcionarios de la Comunidad había que remitirlas.
Aun así, surgían problemas, dado que
algunas consejerías se daban cuenta de que las facturas llegaban troceadas, lo
que vulnera la ley, y ponían pegas para abonarlas. Era entonces cuando la red
apelaba a López Viejo (que también llegó a ser consejero de Deportes) o a
Rodríguez Pendas para que desbloqueasen los pagos.
Tras ser implicado en estos amaños,
Rodríguez Pendas pidió declarar ante el juez Pedreira,
si bien luego rehusó contestar preguntas y se limitó a entregar un escrito
exculpatorio en el que afirmó que él siempre siguió las órdenes del ex
consejero. "(...) Alberto López Viejo me decía con qué empresa había que
contactar para cada evento, cuándo había que hacerlo, qué había que solicitar y
quién era la persona de contacto", expuso. López Viejo es uno de los políticos
del PP supuestamente sobornados por Gürtel.
El juez Pedreira le ha impuesto una
fianza de 750.000 euros. La UDEF ha incorporado al sumario un archivo
informático hallado en registros a sociedades de la trama bajo el nombre
"Estimado Alberto2.doc", que avala los amaños entre la red y quien fuera hombre
de confianza de la presidenta. Se trata de una carta remitida a López Viejo.
Empieza así: "Estimado Alberto. Como bien sabes estamos teniendo muchos
problemas para cobrar en la Comunidad [de Madrid] y a continuación te detallo
los problemas más usuales que tenemos" para el cobro de facturas: "(...) Nos
hacen cambiar facturas de una Consejería a otra y ninguna se quiere hacer cargo
y les pasan la pelota a otras y así continuamente". "En la Consejería de Empleo
y Mujer estamos teniendo muchos problemas porque tiene unas cuantas facturas
retenidas Rosario Jiménez, ya que dice que de esos actos, al pasar de 12.000
euros, tenían que haberse hecho por contrato y no desglosar las facturas". "En
la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, Mar Gil siempre nos dice que ya
están las facturas y es mentira"...
Al margen de estos contactos, el informe policial destapa,
además, que la principal empresa que Correa usó como pantalla para evitar
sospechas de amaños era MQM. Esta firma facturó al Gobierno de Aguirre en 2007
casi tres millones. Por cada acto, cualquier otra empresa habría cobrado un
tercio menos que Correa. El informe evidencia el sobreprecio que se pagó, por
ejemplo, por la escenografía de
la entrega de la medalla de Madrid por parte de Esperanza Aguirre a los
Príncipes de Asturias, el 12 de septiembre de 2007, en
la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol. Según la UDEF, el acto
lo montó la empresa Gürtel Easy Concept, pero bajo la tapadera de MQM, que se
llevó por ello una comisión del 11,5%. Su coste real fue de 39.143 euros, pero
fue facturado al Gobierno de Aguirre por 65.475 euros (26.331 euros de
beneficio).
MQM se ponía de escaparate para conseguir las contratas de
los actos de la Comunidad relacionados con mercadotecnia y escenografía. Pero
era la red Gürtel quien realmente realizaba esos trabajos, cobraba por ellos
cantidades muy infladas y pagaba con el sobreprecio comisiones a políticos y a
la empresa testaferro.
Correa tenía una veintena de sociedades, pero muchas
de ellas las tenía quemadas como multiadjudicatarias de actos de la Comunidad.
Por eso buscó empresas pantalla:
fundamentalmente MQM y el llamado Grupo Rafael, que facturó un millón a la
Comunidad entre 2005 y 2008. Se trataba de disimular, que en la competencia no
corriera la voz de que la Comunidad de Madrid siempre daba sus actos a las
mismas sociedades. Formalmente, MQM se adjudicó una veintena de actos de
Aguirre. Pero los obreros que los ejecutaban eran los de la firma Diseño
Asimétrico; es decir, Correa, que pagaba a MQM comisiones de entre un 5% y un
11,5% por actuar de testaferro.
Eran encargos a dedo, muchas veces a través de llamadas
telefónicas.
Las facturas se troceaban por debajo de los 12.000 euros para escabullir la ley
que obliga a sacar a concurso cualquier obra que
rebase esa cuantía. Todo funcionaba así, según el informe policial: si Aguirre
participaba en un acto en la Consejería de Sanidad, López Viejo o su asesor
Rodríguez Pendas encargaban su montaje a Correa o a sus empresas testaferro.
Correa remitía las facturas a la Consejería en la que se hacía el acto. Pero a
veces las inflaba tanto que tenían que trocearlas por debajo de 12.000 euros y
las consejerías ponían pegas para abonarlas, conscientes de que se vulneraba la
ley. Es cuando Correa o sus empleados, por orden suya, se ponían en contacto con
Rodríguez Pendas o López Viejo para que desbloqueasen la situación. El acto de
los príncipes motivó el siguiente correo electrónico de una empleada de la firma
Easy Concept ("paula@easyconcept.net") al número dos de la trama, Pablo Crespo (gerencia@fcsgrupo.com):
"Hola, Pablo, te cuento cómo ocurrió
lo del acto de los Príncipes de Asturias. (...) Me lo contrató Pedro Rodríguez
Pendas por teléfono la semana anterior. Él expresamente me contó que como no
había dinero en el contrato, se facturara fuera del mismo (...) El presupuesto
aumentó con extras durante el acto. Todas estas facturas se prepararon para que
MQM las facturase a la Comunidad (...) Antonio Martín [funcionario] las paró y
no dijo nada a Julia López Valladares de Presidencia. Una vez que se lo dijo fue
cuando Julia le comentó que MQM solo puede facturar una inferior a 12.000 euros
y el resto [del dinero] otras empresas, y en ello estamos (hay una de Dimo y
otra de Impacto), pero el resto tiene que ser del Grupo Rafael, ya que nosotros,
con nuestras empresas, también estamos facturando otras que MQM no quiere (...)
Si tienes cualquier duda, dímelo", concluye el revelador correo.
(www.elpais.com,
13/12/10)
Un informe de la Unidad Central de
Policía Judicial (UDEF) concluye que
el ex consejero y diputado regional
Alberto López Viejo
y el ex asesor técnico Pedro
Rodríguez Pendas definieron
un sistema de actuación dentro de la
Comunidad de Madrid para
moldear la facturación con
la finalidad de realizar un
procedimiento administrativo
conforme a todos los principios de
contratación pública.
Así consta en un informe policial
fechado el 4 de junio de 2010, cuyo
contenido está incluido en el
sumario del 'caso Gürtel'. Estas
conclusiones se extraen tras
analizar la relación de la empresa
Marketing Quality Management (MQM)
con la Comunidad de Madrid.
Según el informe, MQM es una empresa
que concurre a concursos públicos
ofertados por la Comunidad de
Madrid. MQM recibía una
comisión por cada factura que ella
misma cobraba a la Comunidad de
Madrid por cuenta de Diseño
Asimétrico, una de las empresas de
Francisco Correa, entregando el
resto a ésta, la cual también emite
la correspondiente factura a MQM.
En las conclusiones, el informe
recoge que "existe un sistema de
actuación dentro de la Comunidad de
Madrid ordenada por los responsables
políticos Alberto López Viejo y
Pedro Rodríguez Pendas dirigido a
definir el sistema de contratación
público, indicando así mismo la
forma de facturación, número de
facturas, si estaban dentro o fuera
de contrato...etc"
"Con todo ello se otorgaría la
prestación final del servicio a una
serie de empresas, relacionadas con
la organización de Francisco Correa
Sánchez y se consigue
moldear la forma de facturación para
evitar un procedimiento
administrativo conforme a todos los
principios de contratación pública",
recoge el informe.
Asimismo, señala que la organización
de Correa desarrolló un conjunto de
mecanismos de ingeniería financiera
a fin de ocultar su verdadera
posición de prestador del servicio
público a través de una sociedad
pantalla mediante acuerdos privados
relativos a la forma de facturación,
cobro de comisiones, pago de los
servicios y asunción de la deuda.
www.elmundo.es
03.12.10
DECLARACIÓN DEL ALCALDE
DE LAS ROZAS AL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL'
"Me
ofreció 350 millones, pero callé a Correa inmediatamente"
El alcalde de Las Rozas, Bonifacio de Santiago (PP), justificó
en su declaración como testigo ante el magistrado que instruye
el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que no denunciara al
cerebro de la trama, Francisco Correa, después de que le
ofreciera en febrero de 2003 un soborno de 2,1 millones de euros
(350 millones de pesetas) a cambio de que una empresa fuera la
adjudicataria del servicio de recogida de basuras, porque no
tenía pruebas: "Hubiera sido su palabra contra la mía". EL PAÍS
ha tenido acceso a la declaración íntegra del regidor ante el
juez, en la que detalla el intento de soborno por parte de
Correa: "350 millones [de pesetas] para ti y 50 para mí", fue la
oferta.
"Los
concejales tienen autonomía con su presupuesto para
contratar"
La declaración del alcalde se produjo el pasado 10 de junio,
tras asegurar en una entrevista publicada en ELPAIS.com que
había expulsado "amablemente" a Correa de su despacho después de
que este le ofreciera 350 millones de pesetas.
-
Su palabra contra la mía. De Santiago, a la pregunta de la
fiscal sobre si tras expulsar a Correa no consideró pertinente
denunciar el hecho en algún otro foro, el primer edil roceño
dijo: "Pues no, porque en la conversación no me dijo cómo, de
qué manera, cuándo, cuál era la empresa, cómo lo iba a hacer,
porque no le di pie. Si yo lo denuncio hubiera sido su palabra
contra la mía".
-
Aviso a otros concejales. Según el relato del alcalde, ese mismo
día llamó al jefe de Contratación y al coordinador de Medio
Ambiente, que eran los que estaban preparando el pliego de
condiciones: "Y les dije que hicieran el mejor pliego de
condiciones. Y de hecho lo hicieron tan bien que en 15 años es
lo único que me ha votado a favor la oposición".
-
Contactos en Génova. En la declaración el alcalde de Las Rozas
explica cómo Correa utilizaba sus contactos en el Partido
Popular para urdir sus planes. De Santiago conoció en 1989 al
líder de la trama en la sede del PP "en la calle de Génova",
donde el regidor trabajó durante 15 años.
-
"Beneficio para los dos". Tras ser elegido como alcalde De
Santiago en 1995, Correa llamó "por primera vez" a su secretaria
y concertó una cita en el despacho del alcalde. Allí, según el
testimonio del regidor de Las Rozas, le pidió segregar un
terreno de su propiedad en la urbanización del Golf. No lo
consiguió. Pero Correa volvió a concertar otra cita. Fue en
febrero de 2003. "En esta ocasión estaba interesado en una
concesión. Me dijo que podría haber presumiblemente un beneficio
para los dos".
-
Fuera del despacho. El beneficio consistía, según la declaración
de De Santiago, en 400 millones de pesetas (2.400.000 euros):
"350 para mí y 50 para él. No me dijo cómo. Él me dijo que había
una empresa interesada en las basuras, pero no me dijo el nombre
porque yo inmediatamente le callé y le dije amablemente que
abandonara mi despacho, le acompañé hasta la puerta". En su
relato explicó que no fue hasta que saltara a los medios de
comunicación el caso Gürtel cuando se enteró de que la
empresa era Sufi. "Me enteré después, pero en aquel momento no;
pero le vuelvo a decir que no le dejé que me hablara más del
asunto". Al final, de las dos empresas que se presentaron a la
adjudicación, Urbaser y Sufi, resultó ganadora la primera, por
lo que Correa tampoco tuvo éxito en este segundo intento de
obtener beneficio en Las Rozas.
-
"No conocía Special Events". Sin embargo, tanto en 2002 como en
2003, tal y como reconoció el regidor, el Consistorio adjudicó
dos contratos menores para celebrar las Olimpiadas Escolares de
Las Rozas a una empresa mercantil de la red. "Fueron adjudicadas
a Special Events, que yo no sabía ni de quién era, porque los
concejales tienen autonomía dentro de su presupuesto para
contratar. La concejal de Educación [Gema Matamoros, responsable
de Contratación y mujer de Tomás Martín Morales, imputado por el
caso Gürtel] hizo una propuesta y pasó por todos los
cauces del Ayuntamiento...".
Veinte días después de la declaración de De Santiago, la
concejal Matamoros presentó la dimisión tras conocerse que,
según un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de
Capitales incluido en el sumario del caso Gürtel, la edil
popular había recibido 51.086 euros de Special Events, propiedad
de Correa.
Matamoros fue quien adjudicó contratos del Ayuntamiento de Las
Rozas (por valor de 41.306 euros, una cantidad sin relación
directa con el dinero que ella percibió de la trama de Correa) a
la sociedad que le hizo el abono, Special Events, para organizar
los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de 2002
(24.040 euros) y 2003 (17.266 euros).
La edil troceó los contratos de la empresa de Correa en importes
inferiores a 12.000 euros, con lo que evitaba sacar esas
adjudicaciones a concurso público. Además, Matamoros aprobó el
gasto con carácter de urgencia. Según consta en un acta
municipal, "hubo que ordenarlo sin disponer del tiempo para
poder realizar cualquier tipo de tramitación".
-
No a la Oficina de Atención al Ciudadano. Correa intentó que el
Ayuntamiento le instalara una Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)
al igual que hicieron otros Consistorios del PP relacionados con
la trama Gürtel: "Pues que a mí me presentó la idea un concejal,
y yo le dije que no necesitamos ninguna oficina de atención al
ciudadano; de hecho, ni la necesitamos, ni la hemos necesitado,
ni la necesitaremos", declaró el alcalde.
www.elpais.es 29.11.10
AGUIRRE ELIMINA UNA ENTIDAD
INVESTIGADA EN EL 'CASO GÜRTEL'
La austeridad se convirtió ayer en
el argumento oficial de Esperanza Aguirre para suprimir de un plumazo el
Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), una poderosa entidad pública
refractaria al control parlamentario y que, como adelantó Público, pagó en 2007
a la empresa MQM 1,2 millones de euros por una campaña de publicidad fantasma.
Ese contrato, adjudicado en octubre de 2006, está ahora siendo investigado por
la Fiscalía Anticorrupción en el marco del caso Gürtel, tras la denuncia
formulada en abril por la entonces diputada autonómica de IU Reyes Montiel.
En su denuncia, la parlamentaria
Reyes Montiel acreditó y los documentos constan en el sumario Gürtel cómo el
Imade eximió a MQM de cumplir el 80% del contrato. Lo hizo en vísperas de las
elecciones autonómicas de 2007, que permitieron a Aguirre afianzar su mayoría
absoluta. Pese a la modificación sustancial de ese contrato, supuestamente
dirigido a desarrollar una campaña de publicidad denominada Made in Madrid, MQM
cobró sin rebajas los 1,2 millones pactados. MQM, siglas de Marketing Quality
Management, figura entre los "proveedores" habituales de las empresas que
formaban el núcleo duro de la trama Gürtel. Los investigadores creen que la red
corrupta se rodeó de un grupo de sociedades amigas que actuaban como pantalla
para obtener adjudicaciones sin atraer sospechas.
Que la adjudicación a MQM está
siendo objeto de pesquisas en el caso Gürtel se confirmó hace 20 días, cuando
Anticorrupción envió al juez instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un
escrito en el que confirmaba los indicios de financiación ilegal del PP de
Madrid en 2003 y 2004 a través de la fundación Fundescam. En su escrito,
Anticorrupción alegaba que esas presuntas conductas criminales ya habían
prescrito.
El Imade no es el único organismo
bajo control total del PP abocado a la desaparición: otras 18 entidades públicas
dejarán de serlo o, directamente, desaparecerán. Se disuelve, por ejemplo,
Mercado Puerta de Toledo SA, del que fue gerente Guillermo Ortega hasta su
imputación en el caso Gürtel. Esa sociedad pertenece al grupo del Imade, al
igual que Promomadrid, dedicada a la promoción internacional y que registró
pérdidas por 13,1 millones de en 2009.
En los últimos cuatro años,
Promomadrid ha destinado al capítulo de publicidad y propaganda 19,1 millones de
euros, según las cuentas depositadas en el Registro Mercantil y según un informe
de la Cámara de Cuentas relativo a 2006. El ejercicio con más gasto fue 2008
(6,2 millones).
Ese informe de fiscalización sobre
el Imade y las empresas de su grupo ofrece un valioso retrato sobre el
funcionamiento de este conglomerado empresarial. En 2006, desvela la Cámara de
Cuentas de Madrid, el Imade destinó a publicidad y relaciones públicas 3.185.000
euros, lo que implicó multiplicar por ocho lo gastado el año anterior (395.000
euros). Fue en octubre de 2006 cuando el Instituto de Desarrollo adjudicó a MQM
la campaña fantasma, valorada en 1,2 millones y de cuyo concurso fue excluida la
agencia Bassat Ogilvy porque ofrecía realizar el trabajo... por 167 euros menos,
y no más, que MQM.
El mismo día en que MQM obtuvo ese
sustancioso contrato, el Imade adjudicó una segunda campaña de publicidad, esta
por dos millones de euros. Aquí, la beneficiaria fue Over Marketing y
Comunicación SL, que también se coordinaba con las empresas de Francisco Correa.
Over ya estaba siendo investigada en Baleares por el juez que instruye el caso
Matas.
(www.publico.es,
12/11/10)
ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA LAS
CUENTAS MÁS RECIENTES DEL PP DE AGUIRRE
La trama de corrupción masiva que
organizó Francisco Correa con la colaboración de múltiples Administraciones
gobernadas por el PP en Madrid, Castilla y León y Comunidad Valenciana, afecta
directamente a la financiación ilegal de esta formación política en las campañas
electorales de Francisco Camps y Esperanza Aguirre .
Mientras que el Tribunal Superior de
Justicia de Valencia tiene que decidir en los próximos días si asume la
competencia para investigar la financiación ilegal que ha destapado la
investigación policial con documentación inequívoca, en Madrid, tras descubrir
que el PP se financió ilegalmente en 2003, a través de su fundación Fundescam ,
y concluir que el delito había prescrito, la fiscalía investiga ahora las
cuentas más recientes (de 2007 y 2008) con varias citas electorales, para
conocer si se repitió el mismo modelo en los siguientes comicios, según
explicaron fuentes de la investigación.
Aunque Fundescam es la fundación
madrileña del PP dedicada a cursos, seminarios, libros y conferencias, entre la
documentación incautada a la trama Gürtel figuran suficientes pruebas de que los
dirigentes populares utilizaron este instrumento para financiar parte de los
gastos electorales, algo prohibido por ley.
El diario Público reveló que los
principales financiadores de Fundescam eran empresarios contratistas de la
Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre, como Gerardo Díaz
Ferrán, presidente de la CEOE, y Arturo Fernández, presidente de la patronal
madrileña y adjudicatario de diversas concesiones en establecimientos de
Administraciones públicas. El PP logró por esta vía más de un millón de euros en
periodo electoral.
El PSOE, que competía por la
presidencia de la Comunidad de Madrid y que en primera instancia logró un
resultado suficiente para desbancar al PP aunque dos tránsfugas arruinaron sus
aspiraciones de recuperar el Gobierno regional, ha asegurado a este periódico
que ni Díaz Ferrán ni Arturo Fernández le financiaron la campaña electoral.
La Fiscalía Anticorrupción que
investiga los hechos relacionados con la financiación ilegal del PP ha
acreditado múltiples irregularidades en la contratación a las empresas de la
trama Gürtel por parte del Gobierno de la Comunidad de Madrid, al igual que
también ocurrió en la Comunidad Valenciana.
Anticorrupción quiere conocer ahora
si esas prácticas irregulares de financiación ilegal se prolongaron en paralelo
a la adjudicación ilegal de los contratos públicos, que llegó hasta
prácticamente la desarticulación de la trama en febrero de 2009.
"Los delitos [electorales y de
falsedad en documento mercantil correspondiente a los años 2003 y 2004]
mencionados se encontrarían prescritos no procediendo, en consecuencia, una más
profunda investigación", señala la fiscalía en un escrito ya conocido del 15 de
octubre pasado. Pero añade: "Ello sin perjuicio de la valoración de los informes
policiales y la documentación intervenida como indicios de conductas semejantes
no prescritas y de la participación de distintos imputados en éstas".
Anticorrupción señala también que
"la única excepción a la extinción de responsabilidad criminal sería la
atribuible a los responsables de la mercantil Special Events por la elaboración
de facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados puesto que
a los mismos se les imputa un delito continuado de falsedad en documento
mercantil". Special Events, según la investigación, facturaba a Fundescam por
servicios prestados al PP en campaña electoral, cuando eso es ilegal.
El Gobierno de Esperanza Aguirre,
que adjudicó cientos de contratos sin concurso a la trama corrupta mediante una
contratación ilegal durante más de cuatro años, ha intentado en todo momento
obstaculizar la investigación de las cuentas de Fundescam, que negó
reiteradamente al diario Público cuando este las solicitó. La propia Aguirre,
presidenta del PP, ha intentado desvincularse de Fundescam al asegurar que en
las fechas investigadas el máximo responsable de su partido en Madrid era Pío
García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado. Sin embargo, cuando
Aguirre se hizo cargo del partido continuó con el mismo gerente, Beltrán
Gutiérrez, que, a su vez, continuó contratando con la trama corrupta.
Los dos sistemas de financiación
ilegal del PP en Madrid y en Valencia tenían un rasgo en común: los empresarios
que terminaban pagando actos electorales eran, a su vez, contratistas en las
comunidades respectivas donde gobiernan Camps y Aguirre. Pero, mientras en
Valencia los empresarios pagaban el dinero a una empresa intermediaria (en este
caso Orange Market, la filial valenciana de la trama corrupta), en Madrid, los
empresarios hacían donaciones a una fundación del PP para cursos y seminarios
pero el dinero se utilizaba, en muchos casos, para fines electorales.
De esta manera, los populares
pudieron gastar en la campaña electoral que llevó a Esperanza Aguirre hasta la
presidencia de la Comunidad de Madrid mucho más dinero del permitido por la ley,
al derivar alguno de sus gastos a las cuentas de Fundescam, cuyos fondos solo se
podían dedicar a cursos y seminarios pero en ningún caso a acciones
electorales.
Las fotografías que complementan
esta información prueban los actos y los objetivos que el Partido Popular cubría
con fondos de Fundescam.
(www.elpais.com,
01/11/10)
20 MESES DE IRREGULARIDADES EN LA
COMUNIDAD DE MADRID
La investigación del caso Gürtel, la
trama de corrupción más extensa que ha conocido la democracia, vinculada a
Gobiernos del PP, con un centenar de imputados, cuatro comunidades afectadas y
los alcaldes y concejales de una decena de Ayuntamientos implicados, tiene en
Madrid su principal fuente de negocios turbios de la que bebió, como en ningún
otro lugar, la red empresarial montada por Francisco Correa.
Cuatro grandes Ayuntamientos
(Arganda, Pozuelo, Boadilla del Monte y Majadahonda) y las entrañas del Gobierno
de la Comunidad de Madrid, llenaron la mayoría de los libros de contabilidad de
la trama con ingresos que, a su vez, nutrían la caja B de los corruptos para
pagar comisiones ilegales a los políticos. Veinte meses de investigación han
dejado fuera de juego a cuatro alcaldes de la confianza de Esperanza Aguirre,
Ginés López (Arganda del Rey), Jesús Sepúlveda (Pozuelo), Arturo González
(Boadilla) y Guillermo Ortega (Majadahonda); tres diputados autonómicos a los
que valoraba, entre ellos su consejero de Deportes, Alberto López Viejo, que le
organizaba los actos, y varios ex altos cargos más.
La investigación avanzó mucho en
estos 20 meses hasta descubrir la ilegalidad en cientos de contratos adjudicados
por la Comunidad de Madrid sin concurso previo.
De hecho, los últimos informes
aclararon cómo había cargos intermedios de distintas consejerías del Gobierno de
Esperanza Aguirre que conocían la ilegalidad que suponían los contratos con las
empresas de Francisco Correa pero que aceptaron pagar siempre que lo ordenase la
Consejería de Presidencia.
El PSOE denunció a decenas de cargos
intermedios que habían firmado los expedientes para contratar a las empresas de
la trama corrupta.
La misma investigación ha destapado
que los actos de Aguirre se troceaban sin razón alguna para evitar los
concursos. El Gobierno regional del PP llegó a cargar sobre los presupuestos
públicos de la Comunidad de Madrid los actos de autobombo en los que, subidos a
una tarima pintada de rojo, se ensalzaba la gestión que había hecho durante el
año. Aguirre, que ha presumido de "ser austera en todo", fue el cargo público
del PP al que más actos organizó la trama corrupta con un porcentaje de
beneficio que siempre rondaba el 50%.
(www.elpais.com,
01/11/10)
COMUNIDAD DE MADRID. EL ALCALDE
DE POZUELO, IMPUTADO POR CORRUPCIÓN
El Juzgado de Instrucción número 3
de Pozuelo de Alarcón ha citado a declarar como imputados al actual alcalde de
Pozuelo y a otros cuatro miembros del equipo de gobierno del PP en las
legislaturas de 2003 y 2007, además de a un funcionario municipal, por presuntas
irregularidades en la construcción del parque de las Cárcavas.
El juez ha llamado a declarar al
actual alcalde, Gonzalo Aguado; al ex primer edil Jesús Sepúlveda (que dimitió
en 2009 tras ser imputado en la trama Gürtel); al concejal de Hacienda, José
María Mayo; a su predecesor, Roberto Fernández; a la edil no adscrita Yolanda
Estrada, expulsada del PP tras ser imputada en la trama Gürtel; y al jefe del
Departamento de Contratación, Leopoldo Gómez. Este funcionario fue quien redactó
el proyecto e intervino en el concurso de adjudicación otorgado a una unión
temporal de empresas compuesta por EOC Obras y Servicios y Acanto Instalaciones.
Alfonso García Pozuelo Asins, imputado en el caso Gürtel, era el administrador
único de EOC. Este empresario devolvió recientemente más de 20 millones de euros
a la Agencia Tributaria.
Preguntado sobre la legalidad del
expediente de las Cárcavas, un portavoz del Ayuntamiento de Pozuelo aseguró a EL
PAÍS: "En cuanto a todas las decisiones políticas sobre esta obra, sin duda".
Pero después, en su respuesta por escrito, prosigue: "En cuanto a la parte
técnica, fue el ingeniero jefe de área el que tuvo la responsabilidad de
redactar los proyectos y los modificados. Posteriormente, las certificaciones,
basándose en los aspectos técnicos, fueron competencia y responsabilidad
exclusivamente suya". Asimismo, el portavoz del Consistorio explica que
cualquier pago del Ayuntamiento está fiscalizado por el interventor. "Una
certificación de obra sin firmar por el director de obras correspondiente,
primero, no llega ni a tramitarse; y segundo, el interventor no podría autorizar
ese pago".
El proyecto del parque de las
Cárcavas fue adjudicado en marzo de 2006 por 4,5 millones de euros. Meses más
tarde el coste de la obra se disparó hasta los 11 millones por añadidos y
modificados al proyecto original. El secretario municipal elaboró un informe en
el que señalaba algunas irregularidades y manifestó: "La dirección facultativa
ha incumplido su obligación de pedir autorización previa para firmar un acta de
suspensión de las obras". Esta suspensión fue definitiva para elevar el
presupuesto final.
En el auto de citación el juez, que
inició la investigación tras denunciarlo el PSOE en 2008, ordena al Ayuntamiento
que remita al juzgado copia del proyecto modificado del parque. Asimismo, pide a
la Policía Judicial que prosiga con las averiguaciones, "en especial con
relación al viaje de Bélgica para la adquisición de árboles".
Respecto al viaje a este país, la
portavoz del PSM en el municipio, Eva Izquierdo, explicó que en el mismo
participaron tres de los imputados con un acompañante cada uno para adquirir
arbolado para el parque. "Nos parece fuera de lo normal que un árbol costara más
de 100.000 euros", relató.
Esta operación urbanística también
está siendo investigada en la Operación Gürtel. La ex concejal del PP de Pozuelo
Yolanda Estrada aseguró el 16 de septiembre ante el magistrado Antonio Pedreira
que no tenía competencias en esa materia. La propia Estrada dijo a la prensa que
ella fue concejal de Obras, Servicio y Contratas hasta 2007 y que luego su
concejalía pasó a Obras, Servicios y Limpieza, dejando de tener competencias en
contratación.
La presidenta de la Comunidad y del
PP de Madrid, Esperanza Aguirre, restó importancia a los hechos, asegurando que
el origen de la querella es el "encarecimiento de unas obras", algo que, dijo,
pasa muy a menudo. Por ello, dijo que esperará a ver "si la imputación tiene
trascendencia", porque ella es partidaria de que dimita "el que esté imputado
por haber usado su cargo político para enriquecerse", y "no todo el que esté
imputado".
(www.elpais.com,
30/10/10)
TRES EX CARGOS DEL PP COBRARON
780.000 EUROS DE SOBORNO POR UNA OBRA
Arturo González Panero, ex alcalde
de Boadilla (Madrid), y dos de sus más estrechos colaboradores, el todavía
diputado Alfonso Bosch y el ex directivo de la empresa local de suelo, Tomás
Martín Morales, se repartieron en 2007 un soborno de 780.000 euros que,
presuntamente, pagó Constructora Hispánica por una sola obra: el Parque de la
Salud y el Deporte, adjudicado en 29,6 millones de euros pese a que la oferta de
Hispánica no había sido la mejor valorada por los servicios técnicos
municipales. Así consta en un informe policial incorporado al sumario Gürtel y
al que ha tenido acceso Público.
El informe desvela cifras
exorbitantes. Porque la comisión ilegal pagada por Hispánica, ahora en manos de
propietarios ajenos al caso, fue aún mayor: 900.000 euros "como mínimo", dice el
informe. Esa cifra equivale al 3,53% de la adjudicación de la obra sin IVA. A
Panero y sus correligionarios, los tres imputados, no llegó todo el dinero:
Pablo Crespo, considerado el lugarteniente de Correa en la red Gürtel, retuvo
120.000 euros.
González Panero, El Albondiguilla
como lo llamaba la trama, cobró 510.000 euros. Martín Morales, uno de los
hombres fuertes de Correa para sus gestiones en ayuntamientos del PP, recibió
150.000. Y Alfonso Bosch, entonces gerente de la Empresa Municipal de Suelo y
Vivienda (EMSV) de Boadilla, se hizo con 120.000 euros, según el informe
policial.
Los archivos de la contabilidad
secreta de la red corrupta han resultado, de nuevo, cruciales para tirar del
hilo. El informe policial cita los denominados Caja B Actual.xls y Box V51x.ls,
que reflejan la entrada de los 900.000 euros en las arcas de la trama corrupta.
La red, continúa la Brigada de Blanqueo, se refería al concurso con la
referencia "Neveras -2" al concurso del Parque del Deporte, "que origina el
cobro de una cantidad tan elevada en concepto de comisión". El dinero para los
tres políticos se entregó en mano a Tomás Martín. El archivo Box 51 lo hace
constar, así como los criterios para su reparto con Panero, "Ref. Albondiguilla"
y Bosch, a quien la red llamaba "Bujías", relata el informe.
El soborno, argumenta la policía,
podía ser aún mayor si se computan otros 150.000 euros anotados en la
contabilidad opaca de la trama el 22 de mayo de 2005 con idéntica referencia:
"Neveras-2".
Según la policía, que se basa en la
contabilidad de la trama, cobraron el 22 de mayo de 2007. Tres semanas antes, el
11 de mayo, el ayuntamiento había adjudicado el Parque del Deporte a Hispánica.
Para la adjudicación fue clave un informe de los técnicos de Deportes que
contradecía al emitido por los servicios técnicos. Lo firmó un empleado
eventual, y fue él quien inclinó la balanza en favor de Hispánica. Un mes
después, fue nombrado director técnico de Actividades Físico Deportivas.
(www.publico.es,
27/10/10)
ANTICORRUPCIÓN NO DESCARTA MÁS
DELITOS DEL PP DE MADRID
La investigación sobre la presunta
financiación ilegal del PP de Madrid en combinación con la trama Gürtel no ha
agotado su camino. Así se desprende del informe de la Fiscalía Anticorrupción ,
que considera prescritos los presuntos delitos electorales y de falsedad
derivados del uso de la fundación Fundescam como canal paralelo de financiación
electoral en 2003 y 2004.
"Los delitos mencionados -dice
Anticorrupción en referencia a los electorales y de falsedad que describe el
informe policial sobre Fundescam- se encontrarían prescritos". Pero -añade- ello
es "sin perjuicio de la valoración de los informes policiales y la documentación
intervenida como indicios de conductas semejantes no prescritas y de la
participación de distintos imputados en estas".
La fiscalía abona con otro elemento
la tesis de que las pesquisas sobre la financiación del PP madrileño no han
acabado. Anticorrupción recuerda que "están siendo investigados" los hechos que
la diputada de IU Reyes Montiel denunció en abril de 2010 tras lo publicado por
este diario sobre un contrato fantasma otorgado en 2007 a la empresa MQM, que se
coordinaba con la Gürtel.
MQM, siglas de Marketing Quality
Management, fue una de las adjudicatarias de la publicidad fantasma pagada por
la Comunidad de Madrid a cambio de campañas que nunca llegaron a realizarse. A
las puertas de las elecciones autonómicas de 2007, el Instituto Madrileño de
Desarrollo (Imade) pagó un total de 4,5 millones de euros a tres agencias que se
coordinaban con la trama Gürtel: 1,3 millones a Swat SL, dos a Over Marketing y
Comunicación y 1,25 a MQM.
La fiscalía ya ha solicitado la
imputación del director de MQM. Esta empresa fue elegida por Alberto López Viejo
para organizar los actos institucionales de Esperanza Aguirre, también a las
puertas de los comicios de 2007.
Fuentes cercanas al PSOE sostienen
que, al hablar de "conductas semejantes no prescritas", Anticorrupción está
dejando la puerta abierta para investigar no otros delitos posteriores sino
conectados a los de 2003 y 2004. Con nombre y apellidos, el líder del PSM, Tomás
Gómez, expresó ayer esa sospecha: "Ya veremos si no hay otros presuntos delitos.
No solamente financiación irregular, sino a lo mejor delito de cohecho o
asociación ilícita, delitos que no estarían prescritos", aventuró Gómez.
El informe policial de julio señala
que Fundescam, a la que la red endosó facturas del PP, recibió casi un millón de
euros en donaciones de empresarios. Seis de ellos obtuvieron luego de la
Comunidad de Madrid contratos por más de 300 millones.
El sistema de funcionamiento de
Fundescam, aduce la Brigada de Blanqueo en su informe, generó "una propensión al
intercambio de favores" con los donantes de Fundescam.
El documento policial traza un
triángulo sobre cómo funcionaba el sistema de financiación: en un vértice, se
situaría el gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, a quien la trama tenía
como "interlocutor"; en otro, el entonces tesorero del PP, Luis Bárcenas, ante
quien "reportaba" la red corrupta. Y en la cúspide estarían los archivos de la
contabilidad secreta de la red, que consignan la falsificación de facturas, y
aquellos que almacenó bajo el nombre de "pufos" del PP de Madrid. En ámbitos
socialistas se sostiene que la conjugación de los tres factores indica que hubo
un concierto previo para falsificar las facturas y cometer delito electoral. Y
ese concierto previo es lo que el Código Penal define como asociación ilícita
(www.publico.es,
26/10/10)
ANTICORRUPCIÓN CONFIRMA QUE
AGUIRRE SE FINANCIÓ ILEGALMENTE
Un informe remitido por la Fiscalía Anticorrupción al juez
instructor del
caso Gürtel, Antonio Pedreira, ratifica que el PP de
Madrid
financió ilegalmente las campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003,
el año del tamayazo, y en 2004, fecha de las elecciones generales y europeas.
Las ilegalidades se cometieron en connivencia con la red Gürtel y gracias al uso
de la
fundación Fundescam como canal opaco de captación de
fondos y pago de facturas.
Anticorrupción confirma así lo publicado sobre Fundescam
por este diario a partir de mayo de 2009. Y ratifica el contenido del informe
policial de la Brigada de Blanqueo enviado a Pedreira el pasado 30 de julio y
del que también ha dado cuenta Público. Ese informe cifra en 1,2 millones de
euros el valor de las facturas que
Special Events, buque insignia de la red corrupta,
falsificó para el PP en 2003. Y volvió a falsear
facturas en 2004 por más de 800.000 euros.
La fiscalía otorga máximo crédito al
informe policial y da por cierto que el PP de Madrid incurrió en delito
electoral al alterar las cuentas de las campañas de 2003 y 2004. Y en falsedad
documental por la alteración de las facturas. Pese a lo anterior, Anticorrupción
sostiene que no cabe ya actuar contra los responsables de tal conducta criminal
porque los delitos han prescrito. En cualquier caso, la última palabra la tendrá
el juez Pedreira. El magistrado tiene previsto levantar a mitad de noviembre el
secreto de aquellas actuaciones que aún no conocen los abogados de los imputados
ni los que ejercen la acusación popular.
Las fuentes jurídicas consultadas
discrepan sobre el plazo de prescripción aplicable: unas mantienen que tres
años, que es lo establecido tras la reforma del Código Penal aprobada este año;
y otras lo cifran en cinco, que era lo que señalaba la norma legal cuando
presuntamente se cometieron estos delitos. En este sentido, otras fuentes
jurídicas cercanas al caso subrayan que la denuncia del PSOE, que acudió en mayo
de 2009 a Anticorrupción tras las primeras informaciones de Público, llegó
tarde.
El primer informe policial sobre la
financiación ilegal del PP de Madrid a través de Fundescam se remonta al 31 de
julio de 2009. Aunque menos pormenorizado que el emitido este verano tras el
avance de la investigación, aquel informe ya desvelaba cómo la contabilidad
secreta de la trama aportaba indicios de falsificación de facturas.
El PSOE de Madrid (PSM) esperará al
levantamiento del secreto para conocer qué decide Pedreira y perfilar así su
propia estrategia sobre el asunto. No obstante, quienes en el PSM siguen el caso
de cerca creen que, aun si Anticorrupción da por prescritos los delitos
electorales y de falsedad, no se cierra la vía para investigar otros hechos
presuntamente delictivos y conectados. Entre ellos, los de cohecho y el de
asociación ilícita, que prescriben a los diez años.
El informe policial remitido en
julio a Pedreira e incorporado al sumario Gürtel sugiere la existencia de un
delito de cohecho o, como mínimo, de tráfico de influencias. El informe recalca
que el uso de Fundescam como receptor de donaciones que sirvieron para financiar
las campañas de Aguirre creó una "propensión al intercambio de favores" entre el
PP y los empresarios donantes. Seis de los empresarios que donaron un millón de
euros a Fundescam entre 2003 y 2004 obtuvieron luego más de 300 millones de
euros en contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre. El informe
de la Brigada de Blanqueo argumenta sus sospechas de esta forma: los fondos
"provienen de empresas privadas a las que se les han adjudicado concursos
públicos, con lo que existe una propensión al intercambio de favores".
A lo largo de 2003, Fundescam,
entonces una desconocida fundación dependiente del PP de Madrid, recaudó 649.000
euros entre empresarios afines a Esperanza Aguirre, encabezados por el todavía
presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y por el actual presidente de la
patronal madrileña, Arturo Fernández.
Al menos la mitad de esas donaciones
se destinó a pagar actos electorales de la entonces candidata del PP. En 2004,
Fundescam recaudó 292.000 euros en aportaciones privadas. A partir de 2005,
ejercicio en que no se celebraron comicios, Fundescam dejó de anotar ingresos
por donaciones.
El informe policial de julio de este
año también dibuja la existencia de un posible delito de asociación ilícita. Y
lo hace al poner el acento en dos puntos: que la trama tenía como "interlocutor"
en el PP de Madrid a su gerente regional. Y que "reportaba" a Luis Bárcenas,
entonces tesorero del PP.
El grueso de los manejos contables
entre el PP y la trama se localiza en 2003. Tras los primeros comicios
autonómicos de ese año, los del 25 mayo, la deserción de los diputados
socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez impidió al PSOE gobernar Madrid.
La situación de bloqueo forzó la repetición de las elecciones. En la segunda
convocatoria, la de octubre, Aguirre logró mayoría absoluta.
El delito electoral y el de falsedad
documental están aquí conectados, dado que la falsificación de facturas fue la
clave para que el Partido Popular alterase sus cuentas electorales y excediera
el límite de gasto permitido. La ley electoral (LOREG) estipula penas de prisión
menor -hasta cinco años- para los administradores de campañas electorales que
falseen las cuentas. Por lo que respecta al delito de falsedad documental, el
Código Penal castiga con penas de entre seis meses y tres años de cárcel la
falsificación de documentos públicos, en este caso las facturas electorales.
(www.publico.es,
25/10/10)
LA 'GÜRTEL' TAMBIÉN FALSEÓ LA
FACTURA DEL CONGRESO QUE ELIGIÓ A LA PRESIDENTA
Special Events, marca de cabecera de la
trama Gürtel, endosó a la
fundación Fundescam una factura de 70.644 euros que en
realidad se correspondía con la organización del congreso regional del PP de
2004 y en el que Esperanza Aguirre fue elegida presidenta de los conservadores
madrileños. Special Events giró contra la fundación del PP la factura del
congreso regional el 30 de noviembre de 2004. Es decir, lo hizo tres días
después de que Aguirre ya hubiera tomado formalmente el timón del PP madrileño.
En abril de 2005, Aguirre ascendió también a la presidencia de Fundescam, cargo
en el que permaneció hasta meses después de estallar el escándalo.
El falseamiento de la factura congresual consta en el
informe policial sobre financiación del PP remitido el 30 de julio al juez
Antonio Pedreira y
cuyo contenido acaba de ratificar Anticorrupción . El
informe cifra en 1,3 millones de euros las
facturas que el PP falseó entre 2003 y 2004 en
supuesta connivencia con la red corrupta y gracias al uso de Fundescam como
fuente de financiación opaca. Ratifica, asimismo, que Special Events no sólo
organizó algunos actos electorales de Aguirre para las autonómicas de 2003 sino
que llevó toda su campaña.
Emitida con el número 04/099, la
factura falsificada sobre el congreso regional del PP es una de las halladas por
la policía en el registro del piso que la trama tenía en la madrileña calle de
Serrano. Y sobre esa factura había una anotación manuscrita con la siguiente
leyenda: "Congreso Regional PP. Madrid". Formalmente, Special Events reclamaba a
Fundescam los 70.644 euros por un concepto propio del objeto social de la
fundación y ajeno, por tanto, a la actividad partidaria del PP: "Importe
correspondiente al montaje de cursos, seminarios y presentación de publicaciones
durante el 2º semestre de 2004", dice la factura.
Pero la anotación manuscrita no es
el único indicio que sustenta la sospecha de falsificación. La referencia a esa
factura endosada a Fundescam consta en tres archivos distintos, todos ellos
pertenecientes a la contabilidad secreta de Special Events y cuyo contenido
reproduce el informe policial.
Uno de esos tres archivos es una
hoja en formato Excel denominada "Detalle facturas actos P.P. Madrid" y en ella
se consignan los gastos que fueron generando los actos del partido entre
diciembre de 2002 y 2004. En ese archivo, los datos se organizan en columnas
bajo los siguientes epígrafes: fecha, factura, cliente, importe, concepto y una
última columna sin denominar. Los "clientes" eran cinco: PP de Madrid, Grupo
Popular Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y PP nacional. En
la columna de "cliente" la factura 04/099 aparece endosada a Fundescam. Pero en
la columna "concepto", figura el verdadero origen del cargo: "Congreso Regional
P.P. Madrid".
La Brigada de Blanqueo subraya que
tanto ese como los restantes archivos almacenados en el disco duro externo del
piso de seguridad que la trama tenía en General Martínez Campos (Madrid) el ya
célebre pendrive estaban "encriptados". O sea, cifrados mediante un código que
hacía ilegible su contenido si no se conocía la clave.
La factura del congreso regional
aparece igualmente reseñada en el archivo "Cambios facturación 2003-2004.xls",
cuyo contenido es la relación de facturas del PP falseadas. Hay otro archivo
casi idéntico, llamado "cambios facturación 2003-2004-barcenas.x". Lo único que
lo diferencia del anterior es que, en la parte inferior, podía leerse esto:
"Demanda de Special Events contra el PP de Madrid procedimiento ordinario
1200/2005 juzgado de primera instancia número 8 de Madrid 1ª Audiencia día
1-2-06 a las 11.30 horas". Esa demanda es la que Special Events planteó para
exigir el pago de lo que la propia trama denominaba los "pufos del PP de
Madrid".
"INTUYO CÓMO SIGUE FINANCIÁNDOSE
EL PP"
Campañas bajo sospecha
El secretario general del PSM y
candidato socialista a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Tomás Gómez,
subrayó ayer que "haya prescrito o no, no significa que no hubiese financiación
irregular" en las campañas de su oponente, Esperanza Aguirre.
Posible recurso
Tomás Gómez aseguró que si el juez
Pedreira da la razón a la Fiscalía Anticorrupción, el PSM tendrá que estudiar si
cabe o no recurso para mantener abierta la investigación sobre Fundescam y el PP
de Madrid. "Intuimos cómo puede seguir financiándose" el PP, avisó el líder de
los socialistas madrileños.
(www.publico.es,
25/10/10)
CORREA DECIDÍA CÓMO BOADILLA LE
ADJUDICABA LOS CONCURSOS
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte, gobernado por el PP con mayoría absoluta, era un coto cerrado para los
negocios de la trama Gürtel que dirigía Francisco Correa, hoy en la cárcel. La
red corrupta operaba con total impunidad en este municipio, según demuestra uno
de los correos electrónicos interceptados por la policía durante los registros.
Dicho mensaje, del 20 de marzo de 2007, se dirigía a Tomás Martín Morales,
entonces alto cargo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte. En este correo
electrónico, incluido en el informe de la policía al que ha tenido acceso EL
PAÍS, aparecían las instrucciones a Martín Morales: "Te mando este email
siguiendo las instrucciones de Isabel Jordán
[responsable de las empresas de
Correa]. Tenemos que facturar una serie de trabajos que ya hemos hecho para el
Ayuntamiento de Boadilla en el edificio nuevo y vamos a hacerlo de la siguiente
forma: hemos dividido por zonas todo lo que hemos hecho: tres zonas van a ir con
concursos de contratos menores (menos de 30.000 euros)".
Sigue el mensaje con las
instrucciones: "Presentamos tres ofertas para cada zona. Hay que hacer los
pliegos del concurso. Y la empresa que factura tiene que aportar un informe de
los trabajos realizados. Necesitamos que nos digas cómo lo hacemos". Y enumera
los trabajos y las empresas que debían participar en los concursos: "En la
construcción de la alcaldía y secretarías tres empresas: Servimadrid: 28.733
euros, Fotomecánica Rafael 29.999, Kilda Producciones 29.500 euros. Factura
Servimadrid". Lo mismo hace con otras obras para la construcción de una sala de
prensa y un hall por 29.365 euros, la instalación de escudos por 11.086 y el
diseño de la imagen interior por 15.323.El correo electrónico interceptado a los
empleados de Francisco Correa es una muestra, según la policía, de cómo la
organización corrupta, además de amañar un concurso para justificar una
adjudicación directa utiliza a empresas pantalla. Concretamente, se trata de las
sociedades del Grupo Rafael, que la red Gürtel incluía como terceros en los
concursos. Según un informe de la Agencia Tributaria, el Ayuntamiento de
Boadilla facturó en cuatro años casi 100.000 euros.
El informe policial demuestra cómo
Correa recibe una adjudicación directa de servicios en el Ayuntamiento, cuyos
dirigentes justifican después mediante la creación de unos pliegos ad hoc. Todo
con la finalidad, según los agentes, de que le sean otorgadas a las empresas de
la trama Gürtel. Además, otras sociedades actúan como terceros en los concursos.
Este sistema es ordenado por la red, que utilizaba los servicios del imputado
Tomás Martín Morales. Este dirigente del PP de Boadilla del Monte era el
encargado de buscar el modo de justificar estos gastos.
Un portavoz oficial del Ayuntamiento
de Boadilla reconoció que el Consistorio había abonado una factura de 11.086
euros a la empresa de Correa Servimadrid por la instalación de los escudos del
municipio en el nuevo edificio del Ayuntamiento, siguiendo las instrucciones de
la trama. Esta factura fue, según el portavoz municipal, una de las primeras
peticiones que realizó el juez Baltasar Garzón, que fue quien inició la
investigación del caso después de la denuncia del ex concejal del PP de
Majadahonda José Luis Peñas. Precisamente, en el correo interceptado por la
policía a la trama, un empleado de Correa le daba instrucciones a Tomás Martín
Morales para que les pagara como "partida de menos de 12.000 euros".
No obstante, el portavoz del
Consistorio sostiene que el resto de las obras incluidas en el correo
electrónico que tenían que ser amañadas fueron finalmente realizadas por otras
empresas que nada tienen que ver con el caso Gürtel.
La persona que se encargaba de forma
habitual del pago de estas facturas de menos de 12.000 euros era el entonces
concejal de Hacienda y ahora alcalde, Juan Siguero, quien realizaba estos
trabajos por delegación del entonces primer consejero, Arturo González Panero,
expulsado del PP de Boadilla. Precisamente, Panero aseguró a EL PAÍS en una
entrevista que si fuera el juez investigaría antes al actual alcalde [Siguero],
ya que él no había firmado nada. No obstante, fuentes del Consistorio de
Boadilla aseguraron que Siguero no adjudicó ningún contrato a dedo ni amañado a
las empresas de la trama Gürtel. En este sentido, la policía pidió hace meses la
detención de Juan Siguero, al considerar que había suministrado información
privilegiada a las empresas de la trama.
Los grupos de la oposición, el PSM-PSOE
y Alternativa por Boadilla (APB) pidieron la disolución del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte ya que, de resultar imputado el actual alcalde, sería el
segundo regidor implicado en la mayor operación contra la corrupción en la
democracia ligada a un partido político: el Partido Popular. Por el momento, el
número de imputados en la región de Madrid supera ya el centenar.
(www.elpais.com,
25/10/10)
EL ÚLTIMO INFORME POLICIAL
DETALLA MÁS DESPILFARROS DEL GOBIERNO DE AGUIRRE
La rapiña de la red Gürtel en todas
las consejerías de la Comunidad de Madrid le llevó a facturar en cuatro años
varios millones de euros directamente y otro millón a través de sociedades
pantalla por los actos presididos por Esperanza Aguirre. Y casi siempre con
adjudicaciones a dedo que nunca superaban los 12.020 euros con la finalidad de
evitar los concursos públicos, según la investigación judicial de este caso de
corrupción. En el listado, que incluye el último informe policial incorporado al
sumario, se encuentran eventos como la presentación en 2005 de los 174 nuevos
bomberos de la Comunidad. En una sola jornada de trabajo las empresas de la
trama y las pantallas libraron hasta ocho facturas diferentes: Kilda
Producciones (11.832); Rafael (5.329); Dimo Stand (11.774); Quasar Iluminación y
Sonido (4.930); Aekio (4.118) y Mediática Producciones (4.234), que fueron las
sociedades ligadas a la trama que cobraron por organizar el acto. Pero los
integrantes de la red Gürtel no tenían bastante con los 37.973 euros que habían
conseguido de Aguirre, por lo que enviaron dos recibos más: de 5.921 y 4.977
euros, elevando la cifra total hasta los casi 50.000 euros que abonó la
Consejería de Justicia e Interior, según el informe de la investigación
judicial.
El Grupo Rafael, vinculado a la red
Gürtel a través de contratos de la Comunidad, cobró 10.336 euros por un trabajo
de "adaptación del atril de Presidencia", que utilizó la presidenta Esperanza
Aguirre. También llama la atención que la visita del entrenador de baloncesto
universitario de EE UU Ken Carter, conocido por impedir que sus jugadores
jugaran un campeonato por sus malas notas, y que se retrató con Aguirre, tuvo un
coste de 12.000 euros, que se incluyó en la partida Campeonatos Escolares, y que
fueron pagados a dos empresas pantalla.
También Presidencia abonó a seis
empresas de Correa más de 58.000 euros por un único acto de Aguirre: los premios
a la Tolerancia Raúl Rivero (Mediática Producciones, Aekio, Quasar, Dimo Stand,
Kilda y Rafael). Otro ejemplo de despilfarro fue la contratación de la campaña
denominada Gracias a todos. Agradecimientos a los médicos, que costó al erario
público más de 17.000 euros, que fueron a parar a Servimadrid y Kilda.
La argucia de trocear los contratos
fue precisamente uno de los consejos de Correa a uno de sus alumnos aventajados,
el ex viceconsejero de Inmigración, Carlos Clemente Aguado, quien según la
policía era junto al funcionario de Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendás,
quien solicitaba los eventos directamente a las empresas de la trama, también
indicaba los conceptos, cantidad y el fraccionamiento de las facturas que había
que hacer. En concreto, la empresa de la trama Good and Better le remite copia
de los actos celebrados para el Ejecutivo regional con indicación del importe y
la empresa pantalla que lo facturaba. Precisamente los imputados Carlos Clemente
Aguado y Pedro Rodríguez Pendás eran, según la policía, quienes se encargaban de
adjudicar y cobrar los trabajos del Grupo Rafael, según el informe.
La relación económica entre las
empresas de Correa y del Grupo Rafael era mediante un sistema de compensación
entre las facturas que ya habían cobrado las sociedades pantalla a la Comunidad
y las facturas que las sociedades de Correa emitían a estas. El modus operandi
de la red se iniciaba al prestar un servicio por parte de las sociedades de la
trama a las consejerías. Sin embargo, la emisión de los recibos corría a cargo
de las sociedades pantalla del Grupo Rafael y otras. El cobro lo gestionaban
Carlos Clemente Aguado o Pedro Rodríguez Pendás con la responsable de las
cuentas de la red Gürtel en Madrid, que era Isabel Jordán.
Las gestiones de ambos lograron
alterar incluso el proceso de contratación de la Comunidad. En algunos casos, se
saltaban a la torera la obligatoriedad de aprobación previa de las dotaciones
presupuestarias destinadas a cubrir el costo del objeto contratado. En alguna
ocasión, según la policía, se produce una alteración del proceso de
contratación, de forma que primero se ejecuta el acto y se emiten las facturas
al órgano administrativo sin una previa existencia de crédito presupuestario.
Posteriormente se busca su encaje en una partida presupuestaria: los Premios
Siete Estrellas.
El propio Rodríguez Pendás, mano
derecha del ex consejero López Viejo, en su declaración ante el magistrado, negó
cualquier responsabilidad sobre la contratación de los actos: "Yo no tenía
ninguna competencia ni relación directa o indirecta con la contratación ni la
facturación de los eventos de ninguna consejería de la Comunidad. Afirmo con
rotundidad que mi papel era irrelevante en todo el procedimiento administrativo.
Siempre actué siguiendo instrucciones directas de Alberto López Viejo.
Simplemente ejecutaba lo que me ordenaba".
Rodríguez Pendás explicó también que
no tenía capacidad para proponer "y mucho menos" para elegir las empresas que
realizaban los eventos. "López Viejo me decía con qué empresa había que
contactar para cada evento, cuando había que hacerlo, qué había que solicitar y
quién era la persona de contacto". "Cada consejería organizaba o promovía sus
eventos o actuaciones publicas, pero tan solo en el caso de que se acordara la
presencia de la presidenta de la Comunidad, solo entonces, participaba en la
organización la Consejería de Presidencia", en la que trabajaba Pendás.
El colaborador de López Viejo
sostuvo ante el juez que nunca sospechó que los contratos eran ilegales: "Lo
normal en mi caso es suponer que todo se hacía de la manera acordada y por
supuesto de forma legal. La prueba para mí de que se hacían las cosas del modo
acordado es que no se hizo un evento o dos y luego se cambió el procedimiento.
Se hicieron así todos durante los años que López Viejo fue responsable de los
actos públicos de la presidenta".
Además, en su declaración asegura
haber oído a los responsables del Ejecutivo regional que los contratos se
formalizaban de acuerdo con la legalidad. "Por tanto, mi percepción ha sido
siempre la misma que la que tenían los responsables políticos y legales de la
contratación y la facturación de los eventos".
(www.elpais.com,
23/10/10)
QUEDA INAUGURADA LA PIEDRA UN
MILLÓN Y PICO
Nunca el concepto primera piedra fue
tan elástico. En primer término, Esperanza Aguirre, paleta en mano, realizando
un fino trabajo de albañilería -"¡qué arte, presidenta!", le gritó, arrebatado,
un vecino- para sellar con cemento una losa conmemorativa. Colocaba la primera
piedra del centro de salud Maqueda, en Latina, o eso decía la convocatoria de
prensa. Porque justo a su espalda se alzaba el edificio en cuestión, a medio
construir, con la primera planta ya perfectamente visible. Esa piedra debía de
ser, como poco, la número un millón.
A las arcas regionales hace tiempo
que se les ve el fondo. Pero las elecciones ya están ahí. Así que a falta de
nuevos edificios que inaugurar, buenas son las primeras piedras, o segundas, o
terceras. Aguirre repitió ayer la cantinela habitual: que ha construido 68
centros de salud desde que es presidenta. "Uno cada mes". El problema es que
lleva diciendo eso desde julio, cuando inauguró el último, en Guadalix de la
Sierra. El 68. Desde entonces, ha tenido que conformarse con primeras piedras,
como el centro del PAU de Carabanchel o Maqueda.
La visita de ayer empezó mal. En
cuanto Aguirre se bajó del coche oficial, una decena de vecinos de la asociación
de Aluche desdoblaron sus pancartas caseras -"Hospital, ya" y "Mentirosa",
decían- y empezaron a corear "¡Hospital de Carabanchel!", "Esperanza, cumple" y
a preguntar dónde está el centro que prometió construir en los terrenos de la
antigua cárcel de Carabanchel. "¿Cómo, hospital?", se sorprendió Aguirre. "Pero
si hoy venimos a este centro de salud, ¿es que no os parece bastante?". La
presidenta se encaró con dos o tres vecinos: "Pero si no me da el terreno
Rubalcaba", les repetía. La Consejería de Sanidad asegura que Interior aún no ha
cedido el solar al Ayuntamiento de Madrid, que a su vez debe cederlo a la
Comunidad. Lo que Aguirre no repitió ayer es que, después de firmar el convenio
para que el Gómez Ulla tenga uso civil, ya no tiene intención de construir el
otro hospital.
El acto siguió sin abucheos porque
la escolta de la presidenta impidió el paso a los vecinos que protestaban y
cerró con candado la entrada a la obra para dejarlos fuera. Se quejaban de que,
pese a ser de una asociación vecinal, no les habían invitado. "Si somos
nosotros, con nuestras manifestaciones, los que hemos conseguido que lo
construyan", decía Julián Rebollo. El actual centro de salud de Maqueda es,
probablemente, el peor de Madrid. Saturado, pequeño, sin ventilación, sin sillas
suficientes... El nuevo, que entrará en funcionamiento el próximo verano,
atenderá a los casi 29.000 ciudadanos de la zona en dos plantas y 23 consultas.
(www.elpais.com,
23/10/10)
EL EX ALCALDE DEL PP DE COSLADA
SERÁ JUZGADO POR FAVORECER A GINÉS JIMÉNEZ
El caso Coslada, la desarticulada
trama de corrupción de los agentes municipales presuntamente liderada por Ginés
Jiménez, que estalló cuando gobernaba el municipio el PSOE, se ha cobrado, sin
embargo, su primera víctima política en el PP: el anterior regidor, el popular
Raúl López Vaquero. El PSOE lo denunció por prevaricación y malversación en
junio de 2008 por mantener el salario a Ginés Jiménez cuando una sentencia
judicial le obligaba a suspenderle de empleo y sueldo.
El juez que instruyó este caso ha
concluido sus pesquisas y ha señalado la apertura de juicio oral. La petición de
la fiscalía para el ex alcalde popular es de cuatro años de prisión y nueve años
de inhabilitación absoluta por un delito de malversación de caudales públicos y
de nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un
delito de prevaricación. El juez, asimismo, le ha impuesto una fianza de 21.639
euros para responder de las responsabilidades pecuniarias.
La querella contra el ex regidor
popular deriva de la siguiente actuación: el Ayuntamiento de Coslada, bajo
gobierno socialista, sancionó en 2000 a Ginés Jiménez, que ya ocupaba el puesto
de jefe de la Policía Local, con una suspensión de empleo y sueldo de 10 meses
por seis faltas graves. Tras un largo pleiteo de Jiménez, en julio de 2002 el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid decretó ajustado a derecho el
expediente, salvo una falta.
Su castigo quedó reducido a
suspensión de empleo y sueldo durante ocho meses. Según la denuncia, Ginés sí
cumplió tal apartamiento del cargo durante dicho periodo entre 2001 y 2002,
salvo 15 días, pero nunca se le embargaron dichas retribuciones del periodo
sancionado.
El anterior alcalde socialista, Juan
Granados, asegura que pidió a la justicia la ejecución de la sentencia. Pero
cuando llegó la respuesta, el nuevo regidor, Raúl López, solicitó al letrado del
Ayuntamiento, en junio de 2003, que desistiera de la ejecución de la sentencia
en lo relativo a la suspensión del sueldo a Jiménez, ya que, según alegó, "el
Ayuntamiento poseía medios suficientes" para garantizar su cumplimiento. Pero no
fue así. Según la denuncia que originó esta bola de nieve que amenaza con
prisión ahora a López, el ex regidor popular no realizó ninguna actuación
tendente al cumplimiento del fallo. Además, en la práctica, el alcalde popular
imposibilitó que su sucesor exigiera el cobro de los haberes del jefe de la
Policía Municipal que debieron ser embargados.
La denuncia señalaba que al dejar de
transcurrir "de forma dolosa el plazo de prescripción (seis meses)" evitó que
pudiera ejecutarse posteriormente la sanción por otros posibles gobernantes.
"Lejos de tratarse de un mero trámite administrativo, el expediente afectaba al
jefe de la policía local y por ello tenía una evidente notoriedad". Por ello, la
denuncia socialista, firmada por todos los concejales del equipo que dirige el
regidor Ángel Viveros, veía en tal inacción del ex alcalde popular una
prevaricación al "desistir del procedimiento judicial para posteriormente no
ejecutar ningún acto administrativo tendente al cumplimiento de la sanción
impuesta, y todo ello de forma absolutamente arbitraria".
(www.elpais.com
, 22/10/10)
AGUIRRE SE DESMARCA DE LA
'GÜRTEL' Y SEÑALA OTRA VEZ A ESCUDERO
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, insiste en desvincular su etapa al frente del PP de
Madrid de la trama Gürtel, a pesar de que los últimos informes policiales
apuntan a que los responsables de la red corrupta organizaron todos los actos de
las primeras autonómicas de 2003 cuando ella era la candidata.
"Una vez que se sabe que todos los
actos de su campaña electoral de 2003 los organizó la red Gürtel, ¿mantienen en
el PP de Madrid que hay que seguir pidiendo explicaciones a Pío García-Escudero,
su antecesor en el cargo?", fue preguntada ayer en rueda de prensa. La líder del
PP de Madrid respondió con otra cuestión: "En el año 2003, ¿quién era el
responsable de las campañas electorales [en Madrid]?", en alusión a Pío-García
Escudero, ex presidente de los conservadores de Madrid y actual portavoz del
partido en el Senado.
No es la primera vez que la
presidenta de la Comunidad de Madrid marca distancias con la etapa de su
predecesor. El 19 de mayo de 2009, cuando estalló el escándalo de Fundescam, fue
contundente en sus declaraciones. "En el 2003, yo no estaba [en el partido]. O
sea que se lo pregunten a Pío, pío, pío". Esperanza Aguirre no llegó a la
primera planta del número 13 de la madrileña calle de Génova, sede del PP de
Madrid, hasta noviembre de 2004.
Según ha informado este periódico,
Special Events, una de las empresas de la red corrupta, se encargó de organizar
todos los actos de las autonómicas de 2003 anteriores al tamayazo. Así se
desprende de un documento de excel, "Relación actos E. A.-Beltrán.xls", hallado
por la policía en un ordenador de la trama Gürtel.
Las siglas E. A. se refieren a la
presidenta madrileña y el siguiente nombre es el de Beltrán Gutiérrez, gerente
del PP de Madrid. Según la policía, el PP de Madrid falseó facturas electorales
de las campañas de Aguirre de 2003 por más de 1,2 millones de euros. Y, para
ello, se sirvió de la fundación Fundescam, perteneciente al partido. Hasta hace
unos meses, la norma ha sido que el presidente del PP de Madrid lo sea también
de la citada fundación.
Transcurridas las autonómicas, las
empresas de la red corrupta recibieron adjudicaciones de actos de las diferentes
consejerías de la Comunidad de Madrid.
Una vez más, la presidenta madrileña
restó ayer valor a los informes que prueban la financiación ilegal del PP de
Madrid. "No hay nada nuevo, más que un informe policial que pone de manifiesto
la enorme transparencia con la que el PP ha funcionado en todo momento".
Mañana, Esperanza Aguirre y Pío
García-Escudero podrán ser fotografiados juntos. El portavoz conservador en el
Senado será uno de los participantes en la convención regional del PP de Madrid.
Hasta el sábado, la plana mayor del partido se dará cita en el hotel Auditorio
de Madrid para debatir sobre educación, inmigración, deporte, financiación
local, economía e ideología.
El plato fuerte ha sido reservado
para la clausura. Será cuando intervengan Alberto Ruiz-Gallardón,, Aguirre y
Mariano Rajoy.
(www.publico.es,
21/10/10)
PEDREIRA RASTREA LAS CUENTAS DE
14 EX CARGOS DEL PP
El juez instructor del caso Gürtel,
Antonio Pedreira, ha ordenado a 79 entidades bancarias con sede en España que en
el plazo de un mes informen sobre las cuentas y cualquier otra clase de activos
financieros vinculados a 38 sociedades y 27 imputados en la trama, entre ellos
14 ex cargos del PP.
El marco temporal sobre el que el
juez extiende sus pesquisas abarca hasta el 31 de diciembre de 2009 en el caso
del jefe de la red, Francisco Correa, y su mujer así como de su círculo de
máxima confianza: su lugarteniente, Pablo Crespo; su delegado en Valencia,
Álvaro Pérez, El Bigotes, y su primo Antoine Sánchez.
Que el juez pida datos bancarios de
hasta diez meses después del estallido del caso sugiere que los investigadores
albergan una sospecha: que los implicados pudieron tener margen de maniobra para
mover el dinero incluso después de los arrestos e imputaciones. Correa, Crespo y
Sánchez permanecen en prisión. Lo investigado sobre las conversaciones que en
prisión mantuvieron con sus abogados aún continúa bajo secreto.
Entre los 27 imputados sobre los que
el juez requiere información figuran 14 antiguos cargos del PP madrileño, entre
ellos Pablo Crespo, ex secretario de organización del PP gallego y considerado
el número dos de la trama corrupta; y los tres diputados que mantienen su acta
en la Asamblea de Madrid: el ex consejero de Deportes Alberto López Viejo,
Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch.
El magistrado también solicita los
datos relativos a los cuatro ex alcaldes del PP madrileño a quienes se atribuye
el presunto cobro de sobornos a cambio de adjudicaciones: Arturo González Panero
(Boadilla), Ginés López (Arganda), Jesús Sepúlveda (Pozuelo) y Guillermo Ortega
(Majadahonda).
El ex viceconsejero madrileño de
Inmigración Carlos Clemente; Pau Collado, ex director general del Govern balear
con Jaume Matas; los ex concejales Ricardo y José Galeote (Estepona y Boadilla,
respectivamente), la ex edil de Pozuelo Yolanda Estrada y el ex gerente de la
Empresa Municipal de Suelo de Vivienda de Boadilla Tomás Martín Morales
completan la lista de cargos del PP sobre los que el juez demanda información.
La mayoría de ellos tuvo
participación en las adjudicaciones a empresas del núcleo duro de la red
corrupta o a otras que, a cambio de contratos, pagaban comisión al grupo
dirigido por Francisco Correa. Pedreira solicita también información sobre José
Luis Peñas, ex edil del PP en Majadahonda y denunciante del caso Gürtel.
Por lo que respecta a Arturo
González Panero y Yolanda Estrada, hasta ahora la última militante del PP en ser
imputada, los requerimientos también alcanzan hasta diciembre de 2009.
Y entre las sociedades investigadas
se cuentan todas las patrimoniales ligadas a Correa y sus socios y las que
obtuvieron contratos de administraciones del PP, incluida la valenciana Orange
Market. También figura Astrolago de Inversiones, donde el ex tesorero del PP
Luis Bárcenas poseía acciones con el ex diputado Jesús Merino y el ex alcalde
Jesús Sepúlveda.
La solicitud del juez consta en un
auto dictado el martes. El redactado de la resolución sugiere que Pedreira no
está dispuesto a aceptar negativas o dilaciones como las que se han sucedido
desde el comienzo de la instrucción.
El juez pide a las entidades
bancarias "una relación comprensiva de las cuentas, depósitos, cajas de
seguridad y cualquiesquiera otros productos financieros, activos o pasivos,
existentes en la entidad o gestionados por la misma". Y precisa que la solicitud
se extiende no sólo a aquellos productos donde las sociedades implicadas o los
imputados constaban como titulares sino también a aquellos en los que figuraban
como autorizado o donde hayan tenido "otro tipo de intervención".
www.publico.es, 20/10/10)
'GÜRTEL' ASOMA EN LA POLÉMICA DEL
CURSO MUNICIPAL CON PRÁCTICAS DE TIRO
El curso de formación con prácticas
de tiro por el que la empresa pública Promoción Madrid pagó en 2009 más de
16.000 euros para potenciar el trabajo en equipo de su plantilla incendió ayer
la comisión del Área de Economía y Empleo, dependiente de Miguel Ángel
Villanueva. La oposición, especialmente IU, cargó contra el concejal y le acusó
de irregularidades en la contratación del curso de formación. Villanueva, que no
esperaba tales ataques, negó cualquier ilegalidad, aunque sí asumió que las
prácticas de tiro que realizaron los empleados de la televisión pública no eran
apropiadas.
El concejal de IU, Ángel Lara, tachó
a Villanueva y a su equipo de "irresponsables" por haber permitido la
contratación de ese curso que tuvo que suspenderse porque varios empleados se
negaron a disparar, a meterse una cuerda por el interior de la ropa o a
participar en actividades que consideraron machistas.
Lara defendió que Promoción Madrid,
dedicada a fomentar el turismo de la capital, nunca tendría que haber contratado
aquel curso porque la empresa que se lo ofreció, Megatraining, según publicó el
BOE, no estaba al corriente de pago con las Administraciones públicas, lo que la
"inhabilita legalmente" para contratar con la empresa pública.
Villanueva replicó que en contratos
inferiores a 18.000 euros -este costó 16.397 euros- no tiene obligación de
investigar la situación de las empresas que le prestan servicios. Unas horas
después, sin embargo, un portavoz envió un documento que se había solicitado a
la Agencia Tributaria de Barcelona, fechado en febrero de 2009, que certificaba
que Megatrainig estaba al corriente de pago.
"¿Sabe usted quién era el presidente
de la empresa [Fyrs] donde se impartió el curso?", le inquirió Lara a
Villanueva. "¿No lo sabe? ¿No se lo han dicho sus compañeros?", continuó. "Pues
era un compañero de su partido que se llama Guillermo Ortega Alonso, ex alcalde
de Majadahonda e imputado en el caso Gürtel".
El concejal del PP, al que le pilló
por sorpresa la afirmación, aseguró desconocer "el accionariado" de las empresas
subcontratadas por otras y siguió: "Nosotros hemos contratado con Megatraining.
No tenemos ninguna relación contractual con Fyrs. Si Ortega es el presidente no
nos afecta. Y me parece que está montando una historia donde no hay tema".
(www.elpais.com,
20/10/10)
LA 'GÜRTEL' ORGANIZÓ TODOS LOS
ACTOS DE AGUIRRE EN LA CAMPAÑA DE 2003
"Relación actos E.A.-Beltrán.xls". Un documento en formato
excel creado con ese título y hallado por la policía en un ordenador de la trama
Gürtel prueba que la red corrupta organizó a través de
Special Events no algunos sino todos los actos
protagonizados por Esperanza Aguirre en la precampaña y la campaña de las
primeras autonómicas de 2003. E.A. son las iniciales de la presidenta y Beltrán,
el nombre de pila de Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente del PP de Madrid ya en
esa época y a quien, según la policía, la trama tenía como interlocutor regional
en el partido. Tras su nombramiento como presidenta del PP en el congreso
regional de noviembre de 2004, Aguirre revalidó en el cargo a Beltrán Gutiérrez.
Público intentó ayer sin éxito contactar con el gerente del PP de Madrid.
Las revelaciones sobre el papel sustancial de la trama
Gürtel en esa campaña de Aguirre, aquella tras la que se produjo el tamayazo,
constan en el informe policial remitido al juez Antonio Pedreira el pasado 30 de
julio y al que ha tenido acceso Público. El informe cifra en 1,3 millones de
euros las facturas electorales falseadas por el PP entre 2003 y 2004. La
falsificación se hizo, según la policía, en connivencia con la red de Francisco
Correa y gracias al uso de
Fundescam como canal opaco de financiación del PP.
Desde que, en mayo de 2009, este
diario informó del falseamiento de facturas electorales endosadas a Fundescam,
Aguirre ha alegado que nada de lo ocurrido en 2003 le concierne. La presidenta
argumenta que, entonces y hasta noviembre de 2004, el partido y Fundescam tenían
como presidente a Pío García Escudero, actual portavoz del PP en el Senado.
Pero el hallazgo de un archivo en
formato excel dedicado en exclusiva a contabilizar los actos de la hoy
presidenta de Madrid pone en solfa la versión de Aguirre sobre su
desconocimiento de los entresijos financieros de 2003. En el estadillo archivado
con las iniciales de la presidenta se consignan relata el informe policial "el
conjunto de los actos realizados por fecha, lugar, importe facturado y tipología
del acto".
La trama clasificaba los actos de
Aguirre según su tamaño (pequeño, mediano, grande). Todos ellos figuran en el
archivo dedicado a Aguirre. Y los organizó de principio a fin: el estadillo
incluye el acto de apertura de la campaña para las elecciones del 25 de mayo de
2003, que contaba con su propia hoja de cálculo, "Hoja Costes Inicio Campaña
Regional Madrid.xls". Y también el acto de cierre, para el que Special Events
creó un documento denominado "Presupuesto Pta. del Sol.doc", al que se añadió un
complementario llamado "Extras.doc".
Special Events preparó incluso, y
así figura en el estadillo sobre la presidenta, uno con interventores y
apoderados y otro con agentes electorales.
Un año después de las autonómicas de
mayo de 2003, la trama Gürtel comenzó a recibir un aluvión de contratos a dedo
adjudicados por la Comunidad de Madrid, ya bajo la presidencia de Esperanza
Aguirre. El fraccionamiento de los contratos, táctica urdida para que el importe
de cada adjudicación fuese inferior al mínimo legal que obliga a convocar
concurso (12.020 euros entonces), resultó providencial para la red: sus empresas
obtuvieron en cinco años más de tres millones de euros en contratos otorgados
por todas las consejerías de la Comunidad de Madrid.
La versión oficial del PP sostiene
que fue el viceconsejero de Presidencia y luego consejero de Deportes, Alberto
López Viejo, quien maniobró para beneficiar a la trama con contratos a dedo.
Imputado desde el estallido del caso Gürtel, López Viejo ocupó el puesto de
director adjunto en la campaña de Esperanza Aguirre en 2003 para las autonómicas
de octubre, las segundas del año y en las que venció por mayoría absoluta. El ex
consejero de Deportes mantiene su acta en la Asamblea de Madrid como diputado no
adscrito. El informe policial, incorporado a las actuaciones secretas del
sumario Gürtel, señala a Beltrán Gutiérrez como "interlocutor de la organización
[la red corrupta] con el Partido Popular Regional para el desarrollo de la
campaña" para las elecciones del 25 de mayo de 2003.
Que entonces era el interlocutor de
la Gürtel queda claro por la existencia del documento "Temas a tratar Beltrán
Gutiérrez", incluido en el archivo "Beltran Gutierrez.doc". "A esta persona
señala la policía en referencia expresa al gerente se le anotan el conjunto de
actos realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza
Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña electoral".
El apartado relativo a la
organización de actos no es el único del informe que otorga relevancia a Beltrán
Gutiérrez: junto con Francisco Granados, número dos del PP de Madrid, Gutiérrez
es uno de los dirigentes a quienes escribió cartas Pablo Crespo, lugarteniente
de Francisco Correa. En sus misivas, Crespo reclamaba la deuda pendiente con
Special Events, aquella que la propia trama definía como los "pufos" del PP de
Madrid.
Los documentos de la trama
analizados por la policía refutan la línea de defensa que tanto el PP como
Francisco Correa han esgrimido desde el inicio del caso Gürtel: que las empresas
de ese grupo se convirtieron en la marca favorita del PP porque eran las más
baratas. Según el informe, que cita como fuente "los datos del archivo
Campaña.Madrid.xls.", Special Events logró un beneficio medio del 50% en cada
acto de Aguirre. Por qué el PP no eligió ofertas más baratas es todavía una
cuestión abierta.
A tenor de los documentos
requisados, los actos "medianos" eran los más rentables, con un beneficio del
65,5% sobre el precio de coste. Por un acto grande, Special Events se hacía con
una ganancia del 50,2%. En otros casos, como el que aparece consignado como
"Acto Villaverde", la rentabilidad se situó en el 59,19%. El 24 de febrero de
2003, aún en fase de precampaña, Aguirre fue la estrella en la Convención de
Metro celebrada por el PP en un conservatorio del distrito de Villaverde.
"Beltrán Gutiérrez Moliner, gerente
del Partido Popular de Madrid, es el interlocutor de la organización con el
Partido Popular Regional para el desarrollo de la campaña, así en el archivo "Beltran
Gutierrez.doc", bajo el título "Temas a tratar con Beltrán Gutiérrez", se
establecen una serie de puntos a abordar como el presupuesto de la campaña, acto
22-02, actos principio y fin de campaña y economía donde se plantea que las
facturas de los pueblos cree que las irán pagando y que él les va a pagar una
parte de la factura de 120.000 euros. A esta persona se le anotan el conjunto de
actos realizados en la Comunidad de Madrid en los que ha intervenido Esperanza
Aguirre, tanto relativos a la precampaña como a la campaña electoral, de esta
forma en el archivo "Relación Actos E.A.-Beltrán.xls" se establecen, a fecha
14/5/03 el conjunto de actos realizados por fecha, lugar, importe facturado y
tipología del acto".
(www.publico.es,
19/10/10)
GRANADOS SE DEFIENDE: "NO
ENTIENDO DE CONTABILIDAD"
El secretario general del PP de
Madrid, Francisco Granados, desconoce a qué tipo de "pufos" se refería Pablo
Crespo, número dos de la Gürtel, en las dos cartas que le envió para reclamarle
que pagase la deuda contraída por el partido con la trama corrupta. Eso es, al
menos, lo que mantuvo ayer cuando fue preguntado por los periodistas.
"Evidentemente, no entiendo de
contabilidades de empresas y, por lo tanto, no sé a lo que se refiere". Una
respuesta llamativa teniendo en cuenta que Granados es licenciado en Económicas
y Empresariales.
Según desveló Público la semana
pasada, la red Gürtel tenía en sus ordenadores dos misivas que prueban que
Granados estaba al tanto de la existencia de una deuda con Special Events, una
de las empresas de la trama corrupta. El "pufo" ascendía presuntamente a 60.000
euros.
Las citadas cartas aparecen en un
informe realizado por la Brigada de Blanqueo de la Policía, fechado el pasado 30
de julio y que ha sido incorporado al sumario de este escándalo de corrupción.
El informe recopila datos que prueban la financiación ilegal del PP de Madrid.
Concretamente, según la policía, el PP de Madrid falseó
facturas electorales de las campañas de Aguirre del año 2003 por más de 1,2
millones de euros. Para ello, se sirvió de
Fundescam, una fundación perteneciente al partido.
Pese a desconocer supuestamente a
qué se refería la red en sus misivas un documento hallado en un ordenador de la
Gürtel se llama "Carta Granados-Pufos Reg. Madrid.doc", el número dos de Aguirre
reconoció que "es verdad" que cuando el actual equipo llegó a la dirección del
PP de Madrid (noviembre de 2004) recibió "dos cartas de estos señores".
En estas, siempre según las palabras
de Granados, se reclamaba al PP de Madrid una "deuda" que el partido entendía
"excesiva". Para el secretario general del PP de Madrid, la demostración
"fehaciente" de que su formación "nada tenía que ver con estos señores" es que
el partido fue llevado a los tribunales para que hiciese frente a los pagos.
"Acudieron a los tribunales y en los tribunales se dictaminó que teníamos que
pagar mucho menos de lo que ellos decían", señaló Granados, que también aseguró
que el PP de Madrid "nunca" trabajó con esta trama.
Pese a estas declaraciones, este
periódico ha revelado, y así consta en los informes policiales incluidos en el
sumario, que el juicio, fijado para el 16 de mayo de 2006, nunca se celebró. Y
es que ambas partes llegaron a un acuerdo previo.
Tras las declaraciones de ayer de
Granados en las que aseguraba que el PP de Madrid "nunca" trabajó con la trama,
se halla la estrategia que el equipo de Esperanza Aguirre ha mantenido desde que
estalló el escándalo de Fundescam. Justo el día que se publicaron las primeras
informaciones, la presidenta madrileña intentó salir al paso apuntando a su
antecesor en el PP madrileño, Pío García-Escudero, ahora portavoz de los
conservadores en el Senado. "Pregunten a Pío, pío, pío", espetó.
No obstante, el sumario del caso
Gürtel ha desvelado que la Comunidad de Madrid, en manos de Aguirre, adjudicó a
la trama más de 300 contratos por un valor superior a los tres millones de
euros. Lo hizo entre los años 2004 y 2008, con la presidenta ya en la Puerta del
Sol. Menos dos, todos estos contratos fueron adjudicados a dedo.
Granados acudió ayer a Getafe, donde
el PP local presentó una oficina móvil de atención al ciudadano. Junto a él,
participaron Antonio Basagoiti, líder del PP vasco, y Carlos González,
presidente de los conservadores de Getafe. Todos confiaron en arrebatar el
municipio al PSOE.
(www.publico.es,
19/10/10)
EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' RECLAMA
A 79 BANCOS INFORMACIÓN DE 12 EX ALTOS CARGOS DEL PP
El juez Antonio Pedreira, que
investiga desde hace año y medio el caso Gürtel, la más extensa trama de
corrupción de la democracia, que salpica a más de 30 dirigentes del PP de varias
comunidades autónomas, ha solicitado a 79 bancos con sede en 30 provincias
españolas la información de 27 personas imputadas en la causa.
En el listado de los afectados por
esta investigación especial figuran 12 ex altos cargos del PP: los tres
diputados autonómicos expulsados del grupo popular que mantienen todavía su
escaño en la Asamblea, Alberto López Viejo (ex mano derecha de Esperanza Aguirre
para todos sus actos institucionales de propaganda), Benjamín Martín Vasco (al
que colocó como presidente de la comisión que investigó el espionaje político
pagado con fondos de la Comunidad de Madrid), y Alfonso Bosch Tejedor. El juez
pide a los bancos que le faciliten todos los movimientos de dinero de sus
cuentas corrientes.
Reclama la misma información para
los ex alcaldes de Boadilla del Monte, Majadahonda, Pozuelo y Arganda del Rey y
para otros cargos intermedios del PP. En el listado figura Francisco Correa, el
cerebro de la trama que montó su red empresarial tras hacerse con los actos del
PP durante el mandato de José María Aznar, y sus principales colaboradores,
entre ellos Álvaro Pérez, El Bigotes, que tejió una red corrupta en la Comunidad
Valenciana con la complicidad del Gobierno de Francisco Camps, que le adjudicó
decenas de contratos sin concurso.
El auto del juez también solicita a
los 79 bancos información de 38 sociedades montadas durante más de diez años por
Francisco Correa para sus distintos negocios.
(www.elpais.com,
19/10/10)
LA 'GÜRTEL' INFORMÓ AL NÚMERO DOS
DE AGUIRRE DE LOS "PUFOS" EN MADRID
"Carta Granados-Pufos Reg.
Madrid.doc". Bajo ese título de significado inequívoco, la red Gürtel guardaba
en sus ordenadores dos cartas de relevancia para las indagaciones sobre la
presunta financiación ilegal de PP madrileño y que aparecen reseñadas en el
informe policial al que ha tenido acceso Público. Porque esas misivas prueban
que su destinatario, Francisco Granados, secretario general del PP madrileño y
consejero de Presidencia en el Gobierno de Esperanza Aguirre, fue informado de
la existencia de una deuda con Special Events cifrada oficialmente en 60.000
euros. Tal deuda, reclamada a Granados por Pablo Crespo, a quien se considera el
lugarteniente de Don Vito, era el "pufo". En otras palabras: se trataba de una
deuda que, a criterio de la propia trama corrupta, poseía un carácter engañoso,
turbio o fraudulento. La palabra "pufo" se repite en el enunciado de cinco
archivos informáticos incautados por la policía, todos ellos referidos a la
citada deuda. Una portavoz de Granados confirmó que este recibió al menos una
carta de Crespo.
Fechado el pasado 30 de julio e incorporado a las
actuaciones secretas del sumario Gürtel, el informe de la Brigada de Blanqueo
aporta numerosos datos sobre la financiación ilegal del PP madrileño. El PP,
sostiene la UDEF, usó un sistema de "facturas ad hoc" cuyo concepto y
destinatario el PP o Fundescam variaba según "las necesidades del cliente".
Según la policía, el PP de Madrid
falseó facturas electorales de las campañas de Aguirre
en 2003 por importe superior a 1,2 millones de euros.
"Este sistema de facturación ad hoc
y de financiación irregular de los actos realizados por el conjunto de empresas
de Francisco Correa para el PP tiene una persistencia en el tiempo", dice el
informe. En otro momento, la Brigada de Blanqueo pone el dedo en la llaga de
Fundescam: "El partido ha canalizado a través de Fundescam recursos que han sido
empleados para financiar campañas electorales".
Por lo que respecta a la reclamación del "pufo", la
policía reproduce en estilo indirecto parte de una de las dos misivas de Crespo
a Granados: "Le indica [Crespo] la existencia de una deuda pendiente como
consecuencia de los trabajos realizados en beneficio de la formación política",
detalla el informe antes de precisar que esa carta obtuvo "acuse de recibo y
respuesta", y que todo ello quedó almacenado en los ordenadores del
conglomerado Gürtel.
En el apartado relativo al tráfico
postal entre la trama y los dirigentes del PP madrileño, el informe policial
introduce un elemento incómodo para el equipo de Aguirre cuando relata cómo
Crespo subraya en su carta a Granados que "ellos [la trama] han seguido las
instrucciones marcadas desde la primera planta de la calle Génova". En esa
primera planta se localiza el cuartel general del PP madrileño. Y, también, la
sede de Fundescam.
A preguntas de este diario, una portavoz de Granados negó
de manera tajante que la deuda pendiente con
Special Events incluyera facturas giradas a nombre de
Fundescam. La portavoz confirmó que Crespo se había dirigido por carta a
Granados y añadió que, dado que no hubo acuerdo, Special Events "planteó un
pleito". En efecto, la empresa que en esa época operaba como marca principal de
la trama Gürtel demandó al PP de Madrid. El juicio, señalado para el 16 de mayo
de 2006, no llegó a celebrarse, dado que las dos partes alcanzaron un acuerdo.
Como informó este periódico en mayo
de 2009, fue Crespo quien al final frenó el juicio cuando llevó a la sede del PP
de Madrid un documento que evidenciaba la falsificación de facturas. Fuentes que
conocen esa información de primera mano aseguran que Crespo esgrimió un archivo
Excel titulado "Detalle facturas con cambio de entidades y/o conceptos (PP de
Madrid)". Ese estadillo figura en el informe policial y está incorporado al
sumario Gürtel.
En ese juicio de Special Events
contra el PP estaban citados como testigos dos personajes clave en el caso
Gürtel: el ex concejal del PP José Luis Peñas, que grabó sus conversaciones con
Francisco Correa y denunció los hechos ante Anticorrupción, y José Luis
Izquierdo, el contable de la trama.
Así, se preguntó a Peñas. "Me consta que en el total de la
deuda que reclamaban había actos facturados a Fundescam", aseguró el ex edil de
Majadahonda, que permanece imputado en la causa. Peñasacudía a todos los actos
como miembro del equipo de organización del PP. Y, según pudo saber este diario,
Special Events planeaba aportar fotos de los
actos de Fundescam como prueba contra el PP. En
algunas de esas fotos se observa el logotipo de Fundescam en la esquina superior
izquierda de las traseras de los actos. El logo del PP aparece en la esquina
superior derecha.´
Las cartas a Granados no fueron las
únicas que escribió Crespo. El número dos de la organización de Don Vito remitió
una misiva a Salvador Victoria en su calidad de "secretario de la comisión
jurídica asesora del PP de Madrid". Victoria es actualmente viceconsejero de la
Vicepresidencia, a las órdenes de Ignacio González.
Otra carta igualmente remitida por
Pablo Crespo al gerente del PP de Madrid, Beltrán Gutiérrez, y reproducida
fotográficamente en el informe afianza la tesis policial sobre el falseamiento
contable. "Aprovecho la ocasión escribió Crespo para recordarte el asunto de las
facturas pendientes de los pueblos de Madrid de hace un año". "Recordarás dice a
renglón seguido que quedamos en encajarlas en esta campaña", la autonómica de
2003, según la policía.
Además de gerente del PP, Beltrán
Gutiérrez ya era en 2003 apoderado de Fundescam. Es su firma la que consta en
los certificados que Fundescam entregó a los empresarios que, con Gerardo Díaz
Ferrán en cabeza, aportaron a sus arcas casi un millón de euros entre 2003 y
2004. Al menos un tercio de ese dinero sirvió para sufragar gastos electorales
de Esperanza Aguirre, sostiene el informe policial, que incluye la lista de
facturas de Fundescam que fueron falseadas.
(www.publico.es,
16/10/10)
EL PP FALSEÓ FACTURAS PARA LA
CAMPAÑA DE AGUIRRE
El PP de Madrid falseó, según la policía, facturas
electorales de las autonómicas de 2003 por importe superior a 1,2 millones de
euros. Lo hizo con la connivencia de
Special Events, entonces buque insignia de la
trama Gürtel. Y lo hizo también utilizando la
fundación Fundescam como canal de financiación
paralelo gracias a donaciones de empresarios cuya "opacidad" subraya la policía.
El grueso de las donaciones (649.255 euros) llegó a Fundescam el año del
tamayazo, la traición de dos diputados socialistas que abrió a Esperanza Aguirre
la puerta del Gobierno de Madrid.
Las nuevas revelaciones policiales,
que agravan las sospechas de financiación ilegal y corroboran las informaciones
de Público sobre Fundescam, constan en un informe de la Brigada de Blanqueo
fechado el pasado 30 de julio. El informe, al que ha tenido acceso este diario,
concluye que el falseamiento de las facturas electorales del PP madrileño se
hizo "con conciencia y voluntad" de "enmascarar la realidad".
Siempre según el informe, el monto
de las facturas "ficticias" que Special Events giró al PP y a Fundescam entre
2003 y 2004 es aún superior: "El importe total en euros al que ascienden las
facturas alcanza un montante de 1.316.103 euros", dice en referencia expresa al
archivo llamado "Detalle facturas con cambio de entidades y/o conceptos (P.P. de
Madrid)". En ese archivo, una columna agrupaba datos bajo el epígrafe "concepto
real". Y, bajo el título "concepto factura", en otra columna se alineaban los
datos falsos utilizados a efectos oficiales.
Elaborado en formato excel, ese es
uno de los estadillos que la trama almacenaba en la carpeta denominada
"PP.-Madrid". Su contenido, cruzado con el del archivo "Detalle facturas
emitidas por actos PP de Madrid", ha sido clave para la investigación. El
análisis de esos documentos, incautados en los pisos francos de la trama, ha
permitido a la policía abordar por primera vez con carácter monográfico la
financiación del PP madrileño a través de Fundescam. En su informe, la policía
reseña que Luis Bárcenas era en 2003 el responsable del PP a efectos de control
de ingresos y gastos electorales. Y que Fundescam tenía como presidente en esas
fechas a Pío García Escudero, hoy portavoz del PP en el Senado.
Había un doble modus operandi y el
informe abunda en datos al respecto. En unos casos, Special Events alteraba el
concepto de la factura e incluso la fecha del supuesto acto que la había
originado, de modo que esa factura no quedara sujeta a las severas limitaciones
de gasto que la legislación impone a los partidos durante las campañas
electorales. Mediante ese procedimiento y según los documentos de la trama
corrupta reproducidos por la policía, el PP pagó a Special Events un millón de
euros entre 2003 y 2004.
En otros casos, la empresa endosaba
la factura a Fundescam. Aquí, Special Events fingía haber organizado para la
fundación actos ajenos a la actividad partidaria, ya fueran jornadas o
seminarios. Atendiendo a los datos del informe y de los anexos, Fundescam abonó
así más de 300.000 euros que se correspondían con gastos electorales del PP
madrileño.
Como norma, el concepto de la
factura y/o su destinatario se alteraban a conveniencia. El informe lo resume
así: "El sistema de actuación consistía en elaborar una factura de carácter
provisional una vez realizado el acto, que posteriormente estaba sujeta a
cambios tanto de entidad como de concepto en el momento de ser enviada al
cliente según las necesidades de este".
En referencia a los empresarios que,
con Gerardo Díaz Ferrán en cabeza, donaron casi un millón de euros a Fundescam
entre 2003 y 2004, el informe habla de "opacidad" y lanza un misil contra el
Ejecutivo de Aguirre: "Estos fondos obtenidos por Fundescam, vinculada
orgánicamente al PP, provienen de empresas privadas a las que se les han
adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en
administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una
propensión al intercambio de favores". Seis de las empresas donantes de
Fundescam obtuvieron luego de la Comunidad de Madrid contratos por más de 300
millones de euros.
El informe policial, que evita
nombrar delitos imputables a los dirigentes del PP pero los describe con
precisión, incluye este párrafo: "[El PP madrileño utilizó] un mecanismo de
financiación ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y la Ley de
Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada
orgánicamente al partido".
(www.publico.es,
15/10/10)
LA POLICÍA PIDE DATOS SOBRE LAS
DONACIONES
El informe policial que ratifica los indicios de
financiación ilegal en el PP madrileño propone al juez una amplia batería de
pruebas para avanzar en las pesquisas. Una de ellas, que se reclame a Fundescam
la lista de donaciones recibidas en 2003 y 2004 "con indicación del donante y de
la cuantía de la donación, así como el destino dado a las mismas". En esos dos
años, ambos electorales,
Fundescam recaudó 941.574 euros por aportaciones de
origen privado. A partir de 2005, y a tenor de sus propias cuentas, la fundación
ya no recibió un solo euro en donaciones.
Como ha venido informando Público a
lo largo del último año, las cuentas de esta misteriosa fundación ligada al PP
madrileño no aportan el más mínimo detalle sobre el destino de las donaciones.
Las memorias anuales de Fundescam relativas a 2003 y 2004 ni siquiera
pormenorizan la relación de donantes. Tampoco ofrecen pistas sobre el destino
dado a las generosas ofrendas económicas hechas por una quincena de hombres de
negocios con intereses en la Comunidad de Madrid. Los encabezaba el todavía jefe
de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, que donó en total 246.000 euros.
Fundescam centra el grueso de las
propuestas de actuación planteadas en su informe por la Brigada de Blanqueo. La
policía propugna que se requiera a la fundación para que facilite "toda la
documentación soporte de las relaciones comerciales" que haya podido mantener
con las empresas más señeras de la red corrupta. Y en ese "toda" se incluye
desde facturas a informes realizados a correos electrónicos cruzados entre ambas
partes. La relación de empresas por cuyas relaciones con Fundescam se interesa
la policía es esta: Special Events, Easy Concept, Diseño Asimétrico, Servimadrid
Integral, Good and Better, Technology Consulting Management, Orange Market,
Pasadena Viajes, Orange Factory, Forever Travel Group y Ventana Única.
La policía propone igualmente que se
reclame al Registro de Fundaciones de la Comunidad de Madrid los siguientes
datos sobre Fundescam: "Fundadores, patronato fundacional, cargos de
responsabilidad, estatutos, memorias y estados contables y toda la información
obrante en el registro desde su fundación y hasta el año 2004".
Respecto al PP de Madrid, la Brigada
de Blanqueo solicita que se le requiera "para que facilite la documentación
relativa a las operaciones llevadas a cabo con la sociedad Special Events
durante 2003 y 2004". Esa petición se hace extensiva al PP nacional, incluyendo
aquí la "justificación bancaria y contable" de los pagos.
En los dos meses hábiles
transcurridos desde el envío del informe al juez Pedreira, Anticorrupción no ha
solicitado la práctica de ninguna de las diligencias propuestas por la Brigada
de Blanqueo .
(www.publico.es,
15/10/10)
LA POLICÍA CONSTATA QUE EL PP
MADRILEÑO SE FINANCIÓ ILEGALMENTE ENTRE 2003 Y 2004
El PP madrileño utilizó "un
mecanismo de financiación ajeno a lo contemplado en la Ley Electoral General y
la Ley de Financiación de Partidos Políticos a través de una fundación vinculada
orgánicamente al partido". Así de contundente es el informe policial incluido en
el caso Gürtel, que asegura que los populares en la Comunidad de Madrid
falsearon facturas de activides electorales de las autonómicas de 2003 por un
importe superior a 1,2 millones de euros y que para ello utilizaron la fundación
Fundescam a partir de donaciones de determinados empresarios.
El diario Público, que ha tenido
acceso al informe policial, asegura que la mayor de las donaciones (unos 649.255
euros) llegó a Fundescam el año del tamayazo, la traición de dos diputados
socialistas que abrió a Esperanza Aguirre la puerta del Gobierno de Madrid, en
2004.
"Enmascarar la realidad"
La autoría del informe corresponde a
la Brigada de Blanqueo, y está fechado el pasado 30 de julio. En él se concluye
que el falseamiento de las facturas electorales del PP madrileño se hizo "con
conciencia y voluntad" de "enmascarar la realidad".
Special Events
La empresa que falseó presuntamente
las facturas que suman un montante de 1.316.103 euros fue Special Events, una de
las compañías del cabecilla de la trama Gürtel, entre 2003 y 2004. Estos datos
están recogidos en al archivo llamado "Detalle facturas con cambio de entidades
y/o conceptos (P.P. de Madrid)". La Policía halló en ese documento una columna
con datos bajo el epígrafe "Concepto real". Y, bajo el título "Concepto
factura", en otra columna, se alineaban los datos falsos utilizados a efectos
oficiales.
Facturas a medida
Special Events en ocasiones alteraba
el concepto de la factura e incluso la fecha del supuesto acto que la había
originado, para que no quedara sujeta a las limitaciones de gasto que la ley
impone a los partidos durante las campañas electorales. Mediante ese
procedimiento y según los documentos de la trama corrupta reproducidos por la
Policía, el PP pagó a Special Events un millón de euros entre 2003 y 2004. Al
respecto, la Policía establece que "el sistema de actuación consistía en
elaborar una factura de carácter provisional una vez realizado el acto, que
posteriormente estaba sujeta a cambios tanto de entidad como de concepto en el
momento de ser enviada al cliente según las necesidades de ´éste".
Facturas a Fundescam con "conceptos
ficticios"
En otros casos, la empresa de Correa
elaboraba la factura a nombre de Fundescam, con conceptos “ficticios” ajenos a
la actividad partidaria, como jornadas o seminarios. Atendiendo a los datos del
informe y de los anexos, Fundescam pagó más de 300.000 euros que se
correspondieron, realmente, con gastos electorales del PP madrileño.
Las donaciones de empresarios
Sobre los empresarios que
presuntamente financiaron al PP madrileño, entre 2003 y 2004, con donaciones que
sumaron casi un millón de euros, está el todavía presidente de la CEOE, Gerardo
Díaz Ferrán(en la foto junto a Aguirre). "Estos fondos obtenidos por Fundescam,
vinculada orgánicamente al PP, provienen de empresas privadas a las que se les
han adjudicado concursos públicos en sus respectivos sectores de actividad en
administraciones públicas gobernadas por dicha formación, con lo que existe una
propensión al intercambio de favores". Seis de las empresas donantes de
Fundescam obtuvieron luego de la Comunidad de Madrid contratos por más de 300
millones de euros, según el informe policial, citado por Público.
La versión del Gobierno de Aguirre
Una fuente próxima a la Presidencia
de la Comunidad de Madrid, que ha sido consultada por El Plural para la
elaboración de esta información, ha afirmado que en la noticia de Público, según
su criterio, no hay datos nuevos, y que sobre las acusaciones vertidas en la
misma, el juez que lleva el caso Gürtel no ha tomado medida alguna. El Plural ha
intentado, sin éxito, conocer la versión del PP madrileño.
(www.elplural.com,
15/10/10)
ASÍ FUNCIONABA FUNDESCAM
El sumario sobre el caso Gürtel
incluye, en su tomo 60, las pruebas que permiten concluir que el PP de Madrid
falsificó facturas para financiar las campañas electorales de 2003. Y que lo
hizo a través de Fundescam, una fundación del propio partido. Los datos que
demuestran el maquillaje de facturas a fin de burlar la Ley Electoral, que fija
un límite de gastos a los partidos políticos, figuran en un informe de la
Brigada de Blanqueo de la Policía incluido en el sumario.
Fue durante un registro policial en
un piso de seguridad de Francisco Correa, ubicado en la madrileña calle General
Martínez Campos, donde los investigadores hallaron una memoria portátil en la
que figuraban hojas de cálculo de la empresa Special Events, firma clave de la
trama. Los nombres de los archivos no dejaban indiferente: "Cambios facturación
2003-2004.xls", "Cambio facturación 2003-2004.barcenas.xls" y "Facturación P.P.
Madrid.xls". Esta información ya fue adelantada por Público el pasado octubre.
El archivo "Facturación P.P.
Madrid.xls", según figura en la página 136 del tomo 60, consta de "seis columnas
con las denominaciones: fecha, factura, cliente, importe, concepto y una última
sin denominar". Los datos abarcan el periodo comprendido entre diciembre de 2002
y noviembre de 2004.
Entre los clientes que figuran en
esta hoja de cálculo, están el PP de Madrid, el Grupo Popular del Ayuntamiento
de Móstoles. el PP de Majadahonda, Fundescam y el PP nacional.
A la hora de citar el concepto, los
investigadores destacan que, en ocasiones, consta una denominación genérica,
como "campaña municipales y autonómicas Madrid", "campaña autonómicas E. Aguirre
octubre", "campaña elecciones generales 2004 Madrid" y "congreso regional PP
Madrid". Junto a estos conceptos, figura, según sostiene la policía, un número
1. Son los actos que después se facturarán falsamente. El apunte en el que se
hace mención a octubre se refiere a las elecciones posteriores al tamayazo.
El archivo en el que aparece el
nombre de Luis Bárcenas, ex tesorero del PP, junto a la expresión "cambios
facturación", ofrece detalles de las facturas con modificaciones en lo referente
a los clientes y los conceptos. Al igual que el archivo "Facturación P.P.
Madrid.xls", este consta de seis columnas. Pero en este caso hay una ligera
variación: "fecha, factura, cliente, importe, concepto real y concepto factura".
Esto permite concluir que se facturaron cantidades por conceptos falsos. Las
fechas siguen siendo las mismas, pero los clientes son ahora tres: PP de Madrid,
Fundescam y PP Nacional.
En cuanto al concepto real, se citan
"las elecciones autonómicas 2003, elecciones europeas 2004" y el "congreso
regional 2004". Y en el concepto factura, aparece, según el sumario "la
descripción del acto atribuido".
Los investigadores concluyen que
"existe una correlación entre ambos archivos, de tal forma que los apuntes
genéricos que figuran en el archivo "Facturación P. P. Madrid xls" con el número
1 al lado se traspasan casi en su totalidad al archivo "Cambios facturación
2003-2004 barcenas.xls" asignando un concepto determinado a cada uno de ellos,
si bien sigue siendo genérico sin aportar datos concretos sobre los mismos como:
lugar de realización, fecha de celebración etc." El informe policial también
incorpora una información publicada en mayo por Público, en la que se menciona
que el PP de Madrid recaudó cerca de un millón de euros de empresarios a través
de Fundescam. Con ellos se pagaron facturas de las campañas de 2003.
(www.publico.es,
15/10/10)
PRESIDENCIA PAGÓ A 'GÜRTEL' 45.534 EUROS POR UN ACTO DE
AUTOBOMBO
El 22 de noviembre de 2006, Esperanza Aguirre sacaba pecho
por su gestión al frente del Ejecutivo regional. Había ordenado celebrar un acto
en la sede del Gobierno autónomo, en el patio de la Real Casa de Correos,
situada en la Puerta del Sol, para recordar lo bien que lo había hecho. Una
pantalla trasera con el lema "Tres años de Gobierno, gracias a la suma de todos"
y el logotipo de la Comunidad de Madrid decoraba un escenario montado para la
ocasión en el que se colocaron todos los miembros del Gobierno de Aguirre. El
Ejecutivo regional convocó a consejeros, viceconsejeros, directores generales y
demás cargos regionales. Un acto de autobombo que costó más de 45.534 euros y
que fue adjudicado a varias empresas pantalla del entramado de la red Gürtel,
según un informe policial sobre el Grupo Rafael.
La Comunidad de Madrid contrató a las empresas Fotomecánica
Doble M, Fotomecánica Rafael y Tecnimagen, pertenecientes al Grupo Rafael, para
la organización del acto. Estas empresas actuaron de pantalla de las sociedades
de la red Gürtel, que lideraba Francisco Correa, según el informe policial.
Todas las facturas fueron emitidas por un importe inferior a 12.000 euros para
evitar el concurso público y dificultar su control.
La investigación policial revela que la red Gürtel utilizaba
a las empresas del Grupo Rafael como tapadera y prueba que la Consejería de
Presidencia de Madrid contrató, al menos en cuatro ocasiones, a compañías de
este entramado empresarial para organizar el acto de promoción de Aguirre. El ex
viceconsejero de Presidencia Alberto López Viejo está imputado por su presunta
participación en las operaciones de la trama corrupta. Según el sumario del caso
Gürtel, López Viejo ordenaba a la red corrupta trocear los contratos por debajo
de 12.000 euros para dificultar su control.
El informe policial confirma que el Grupo Rafael hacía de
pantalla a la red Gürtel: "Existe una estrecha vinculación entre las empresas de
la organización de eventos de Madrid de Francisco Correa y las del Grupo
Rafael". Y añade: "La emisión de facturas a la Comunidad de Madrid la realiza el
Grupo Rafael, luego es el grupo vinculado a Correa el que factura por esa misma
cantidad al Grupo Rafael [...], Correa emitía facturas a este grupo por los
mismos conceptos e importes para compensar contablemente las operaciones".
En un correo electrónico recibido por Felisa Jordán,
administradora de varias de las empresas de Correa, la policía halló unas hojas
de cálculo con la relación de facturas del Grupo Rafael a la Comunidad de
Madrid. En uno de estos archivos, correspondiente a "facturas pagadas", figuran
tres cuentas con empresas del Grupo Rafael de la Consejería de Presidencia [con
las siguientes numeraciones: 20070857 por importe de 11.629,09 euros; 20070003,
por 10.378,75 euros y 20071237, por 11.990,88 euros] para la organización del
acto de celebración de los tres años de gobierno de Esperanza Aguirre en la
Comunidad de Madrid. En otro archivo de "facturas pendientes" se incluye otra
cuenta del mismo grupo [20070002] por importe de 11.537,75 euros.
Las sociedades Doble M, Fotomecánica Rafael y Tecnimagen, del
conglomerado de empresas Rafael, emitieron facturas por un importe menor de
12.000 euros. De esta forma, eran consideradas como contratos menores y evitaban
que hubiera que concurrir a un concurso público.
Un portavoz de la Comunidad de Madrid explica que el Gobierno
autónomo ya ha entregado toda la documentación necesaria al juez que instruye el
caso, Antonio Pedreira. Además, asegura, han participado en una comisión en la
Asamblea de Madrid y han realizado una investigación interna del caso.
El acto de autopromoción para celebrar los tres años de
gobierno de Esperanza Aguirre fue pagado íntegramente por el Ejecutivo regional
de Madrid. En otras comunidades autónomas gobernadas por el PP, este tipo de
actos los paga el partido. Así ocurrió el pasado mayo cuando el presidente
valenciano Francisco Camps (PP) celebró los tres años de su victoria en las
elecciones a la Comunidad Valenciana. El acto de celebración fue sufragado por
el Partido Popular de la Comunidad Valenciana. El portavoz regional explica que
el evento organizado por la Comunidad de Madrid era un acto institucional de la
presidenta de la Comunidad de Madrid al cumplirse tres años de la toma de
posesión.
(www.elpais.com, 14/10/10)
POZUELO INVIRTIÓ 9,6 MILLONES EN
UN PARQUE BAJO SOSPECHA
La investigación judicial
abierta en Pozuelo de Alarcón (Madrid) para esclarecer por qué el ayuntamiento
decidió de un plumazo gastarse 9,6 millones en un parque presupuestado en 4,5
millones ha avanzado en una dirección que puede complicar más aún las cosas al
Gobierno del PP. Máxime cuando se trata de un municipio involucrado desde
primera hora en el caso Gürtel. Y, de hecho, el eco del escándalo de corrupción
resuena en cada nuevo descubrimiento judicial sobre ese parque, bautizado como
el de LasCárcavas por el nombre del arroyo en cuyas inmediaciones se construyó.
Por ahora, el único imputado es
el ingeniero municipal que dirigía el proyecto, el ex parlamentario autonómico
del PP Leopoldo Gómez. Pero Gómez ya le ha contado al juez que en esa extraña
operación que benefició a dos filiales del grupo Constructora Hispánica, cuyo ex
presidente, Alfonso García Pozuelo, está imputado en la Gürtel, sólo seguía
órdenes: las del ex alcalde Jesús Sepúlveda y la ex concejal de Obras Yolanda
Estrada, ambos imputados también en el caso Gürtel (aunque el juez podría
levantar en breve la imputación contra Estrada). Y también seguía instrucciones,
sostiene el ingeniero, de Gonzalo Aguado, actual alcalde de Pozuelo. Aguado
sucedió a Sepúlveda cuando este dimitió al estallar el sumario sobre la trama
corrupta. Cuando el parque de Las Cárcavas adquirió en 2007 dimensiones
presupuestarias versallescas, Aguado era concejal de Urbanismo.
El pasado viernes, la portavoz
municipal socialista en Pozuelo, Eva Izquierdo, anunció que su partido ya ha
pedido la imputación de Yolanda Estrada y exigió "responsabilidades políticas" a
Aguado. La apertura de diligencias sobre Las Cárcavas se produjo en 2008 a raíz
de una denuncia del PSOE ante la fiscalía. "Aquí subraya Izquierdo se actuó mal
desde el inicio". La concejala remarcó que la legislación sobre contratos
públicos exige que cualquier modificación de obras cuyo importe supere el 20%
del contrato original debe someterse de nuevo a licitación. "Y eso se ha
incumplido, como se han incumplido todos los trámites de legalidad", se lamenta
la edil.
Ese año, los tres munícipes
citados y el ingeniero Leopoldo Gómez viajaron a Bruselas con una misión inusual
incluso para una localidad rica como Pozuelo: comprar árboles y plantas en un
vivero. De allí se trajeron un árbol que costó al erario municipal de Pozuelo
110.578 euros. El PP revistió la compra de solemnidad: se trata de un "árbol
centenario de la especie Quercus Palustris", se lee en una respuesta municipal
al PSOE. Es decir, un roble de los pantanos cuyo coste, y así se lo contó al
juez el ingeniero Gómez, "sobrepasaba en realidad el umbral" para comprarlo de
forma legal.
El actual regidor de Pozuelo, a
quien se inquirió sobre las acusaciones de Gómez y sobre aquel desplazamiento a
Bruselas, respondió por escrito que "desconoce" el coste de ese viaje. Pero el
periplo belga, y así lo aseguran fuentes conocedoras del caso, lo pagó la Unión
Temporal de Empresas que, en marzo de 2006, se había alzado con la adjudicación
del parque. La formaban EOC de Obras y Servicios SA, Acanto Instalaciones y
Montajes Eléctricos SA y Grupo Empresarial de Obras Civiles SA. Las dos primeras
pertenecían al grupo de Constructora Hispánica, que ha cambiado de nombre y de
accionistas.
Según Aguado, fueron a Bruselas
con una misión importante: "Se viajó fue su respuesta por mail no para comprar
un árbol sino diversas especies vegetales (flor, arbusto, árboles, etcétera) con
el fin de obtener vegetación ya consolidada para que los vecinos pudieran
disfrutar del parque en el menor tiempo posible". Dado que el alcalde de Pozuelo
no aceptó hablar fue imposible preguntarle por qué el municipio necesitaba
poblar el nuevo parque con especies traídas de un país situado a 1.600
kilómetros.
(
www.publico.es,
13/10/10)
CARGOS DE AGUIRRE DESTAPARON CONTRATOS ILEGALES DE LA RED
GÜRTEL SIN HACER NADA
Un informe policial del caso Gürtel, donde se recogen
numerosos correos electrónicos enviados entre trabajadores y directivos de
empresas de la trama corrupta que dirigía Francisco Correa, revela cómo algunos
altos cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre fueron conscientes de la
ilegalidad que suponía la contratación de determinados actos con sociedades de
la red corrupta, hasta el punto de que llegaron a negarse a pagar hasta que no
lo ordenase la Consejería de Presidencia de la Comunidad de Madrid.
Cuando se produjeron los hechos que relata el informe
policial, en 2006, al frente de la consejería estaba Ignacio González,
vicepresidente autonómico. Su viceconsejero de Presidencia era Alberto López
Viejo, diputado autonómico y después consejero de Deportes de la Comunidad de
Madrid, hasta que fue despedido tras ser imputado en la causa de la trama Gürtel
por haber recibido supuestamente más de 250.000 euros en comisiones ilegales por
su trato de favor a las empresas de Francisco Correa dentro de la Administración
regional.
El ex consejero López Viejo se encargó, por orden expresa
Aguirre, de montar todos los actos públicos de la presidenta autonómica. Lo hizo
en su etapa de viceconsejero de Presidencia de Aguirre y, después, como
consejero de Deportes. Durante más de cuatro años, López Viejo contrató todos
los actos institucionales con las empresas de la trama corrupta o con sociedades
que en realidad trabajaban para la red Gürtel.
Algunos de los contratos los adjudicó por concurso y la
mayoría directamente a dedo, para lo que en muchos casos fraccionaba el servicio
en varias adjudicaciones, troceadas, para que no superasen los 12.000 euros,
cantidad a partir de la que según la LCE habría que convocar un concurso.
La Intervención General del Estado, que ha examinado para el
juez del caso, Antonio Pedreira, decenas de contratos de la Comunidad de Madrid
entre 2004 y 2008, ha señalado que en la inmensa mayoría de los casos se
incumplieron las normas de contratación y se vulneró la ley. Por este trato de
favor de Alberto López Viejo a la trama corrupta, según la investigación del
caso Gürtel, el ex consejero y todavía diputado autonómico cobró cientos de
miles de euros en comisiones ilegales, según anotó el contable de la red.
A esta práctica irregular de contratos con las empresas de la
trama corrupta no fueron ajenas las consejerías del Gobierno de Esperanza
Aguirre. En uno de los informes internos entre los directivos de la red Gürtel
se da cuenta del resultado de una serie de visitas que realizan los trabajadores
de Easy Concept -una de las empresas que más actos de Esperanza Aguirre
organizó- a las distintas consejerías donde tienen facturas pendientes de cobro.
En dicho informe se señala: "Lourdes Barreda [secretaria
general técnica de la Consejería de Empleo y Mujer] nos dice que la consejería
no se quiere hacer cargo de estas facturas [número 34, 58 y 73] ya que se ve
claramente que es un fraccionamiento del acto y dicen que ellos no pueden asumir
estos costes tan elevados". Tras recordar que en la Consejería de Empleo no
están dispuestos a pagar las facturas por las irregularidades descubiertas,
Alicia Mínguez, trabajadora de una de las empresas de la trama corrupta que
organizaba actos institucionales presididos por Aguirre, le explica a su jefa,
Isabel Jordán: "Me ha dicho [Lourdes Barreda, secretaria general técnica de la
Consejería de Empleo] que si desde la Consejería de Presidencia dan la orden de
que hay que pagarlas [las facturas 34, 58 y 73] pues que lo más probable es que
lo hagan, pero que si no, no hay ninguna manera de que nos las paguen".
Para resolver el problema, Mínguez tiene una solución: "He
hablado con Carmen [jefa de la secretaría de Alberto López Viejo] y le he
comentado el problema y me ha dicho que tiene que hablar con el viceconsejero
[Alberto López Viejo]". Lourdes Barreda puso pegas a más facturas, algunas
reclamadas por la trama corrupta pero que en realidad correspondían a otras
sociedades, del Grupo Rafael, que utilizaba la red Gürtel como pantalla, según
sostiene la investigación policial.
Las facturas en litigio sumaban 30.014 euros y eran parte de
un paquete pendiente de cobro en 2006 por más de 300.000. La trama corrupta tuvo
más dificultades para cobrar las facturas por actos ya celebrados, según el
informe de la visita que realizaron los días 21 y 22 de junio a las distintas
consejerías.
- Economía e Innovación Tecnológica. "Factura 2. De esta
factura no puedo hablar con nadie. Con la única persona que hablé fue con Toñi
(secretaria general técnica) y ella no quiere saber nada de esta factura. El
importes es de 3.734 euros".
"Factura 36. De esta factura dicen que no se van a hacer
cargo ellos, que les parece carísimo y que no se van a hacer cargo de nada. El
importe es de 6.048 euros. El problema que tenemos con estas facturas ya se lo
he comentado a Carmen [secretaria de Alberto López Viejo], tiene que
contestarnos ella lo que tenemos que hacer".
- Sanidad. "De momento no me pueden decir nada de las
facturas 25, 26 y 39, pero lo más seguro es que nos hagan cambiar las facturas y
tendremos que refacturar directamente a los hospitales. La suma de estas
facturas hacen un importe de 13.011 euros".
Entre las facturas pendientes de cobro había servicios de
propaganda del propio Gobierno de Esperanza Aguirre (acto de dos años de
Gobierno por 3.415 euros; el descubrimiento de un cuadro en el que aparece
retratado Alberto Ruiz-Gallardón (1.730 euros) o el escenario del Belén de
Navidad, por 36.907 euros.
Este informe de la policía acredita hasta qué punto muchos
altos cargos regionales eran conscientes de la contratación anómala que mantenía
López Viejo con la red Gürtel.
(www.elpais.com, 12/10/10)
UN CONSTRUCTOR DE 'GÜRTEL' DEVUELVE 20 MILLONES AL FISCO Y DA
UN VUELCO AL CASO
El caso Gürtel ha experimentado un salto cualitativo. Uno de
los empresarios imputados por delito fiscal y pago de comisiones ilegales a la
red corrupta que dirigía Francisco Correa ha dado un paso al frente y ha pagado
a las arcas de Hacienda casi 20 millones de euros por delitos fiscales derivados
de Gürtel y otros conceptos.
Mientras Correa esconde en el extranjero los millones de
euros que amasó recibiendo comisiones y sobornando a cargos públicos del PP de
tres comunidades (Madrid, Valencia y Castilla y León), Alfonso García Pozuelo,
ex dueño de Constructora Hispánica, ha tenido que vender a la firma Assignia la
empresa que tenía desde hace 20 años para saldar la deuda que tenía con el
fisco. Y lo ha hecho antes incluso de que acaben las pesquisas que desarrolla el
juez instructor, Antonio Pedreira, sobre la mayor red de corrupción política que
azota a España desde el regreso de la democracia.
Anotaciones contables en una carpeta azul intervenida por la
Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía al economista de la red Gürtel,
José Luis Izquierdo, revelan pagos que suman más de 4.192.000 euros de García
Pozuelo a Correa. Este prometía a constructores adjudicaciones de obras públicas
de administraciones gobernadas por el PP a cambio de comisiones. Según el
sumario de Gürtel, 600.000 euros procedentes de entregas hechas por este ex
empresario a Correa (en concreto de una partida de 1,6 millones) acabaron
supuestamente en las manos del ex tesorero nacional del PP, Luis Bárcenas. En el
sumario figuran supuestos pagos de comisiones a Correa por obras en Alcalá de
Henares y Boadilla del Monte, municipios madrileños gobernados por el PP.
Pero mientras los demás imputados se resisten a devolver el
dinero ilícito que se les reclama, García Pozuelo se ha puesto totalmente al día
con el fisco. Es el único de los casi 100 imputados en la trama que, pagando al
fisco, reconoce implícitamente haber entregado dinero a Correa. Parte del dinero
abonado al fisco sale de las supuestas entregas opacas a Correa, y el resto por
otros conceptos.
Antes de regularizar su situación fiscal, García Pozuelo tuvo
que vender su empresa, Constructora Hispánica, puntera en el mercado español, a
la firma Assignia, que ahora desarrolla obras de gran envergadura en España y
otros países extranjeros. Pese a las convulsiones iniciales, Constructora
Hispánica -a diferencia de otras implicadas en Gürtel, como la castellanoleonesa
Teconsa o Begar, que han despedido a todos sus trabajadores por quiebra- ha
huido del ERE y ha mantenido todos los puestos de trabajo (en torno 2.000),
incluso después de la venta a Assignia.
El juez Pedreira imputa delitos de cohecho, tráfico de
influencia y contra la Hacienda pública a García Pozuelo. Pero, dado que ha
saldado todas sus deudas con el fisco, lo previsible es que ahora plantee el
asunto a la Fiscalía Anticorrupción y lo desimpute, al menos de los delitos
contra la Agencia Tributaria.
Los problemas judiciales de García Pozuelo, ahora aminorados,
nacen cuando la policía, entonces por orden del juez Garzón, registra la maraña
de sociedades de Correa y requisa al contable Izquierdo un pen drive que
contiene una detallada relación de cargos públicos del PP supuestamente
sobornados por la trama corrupta y una carpeta azul que refleja donaciones de
promotores que pujaban por adjudicaciones de obras públicas. En concreto, y
entre otros constructores, aparecen pagos de García Pozuelo.
A raíz de esas anotaciones, Hacienda abrió una rigurosa
inspección a su empresa, que abarca desde 2003 a 2007, y entregó un informe a la
Fiscalía de Delitos Económicos del Tribunal Superior de Madrid. El asunto recayó
en el Juzgado de Instrucción 20, cuyo titular, Antonio Viejo, lo elevó para
juicio al Juzgado de lo Penal 20 de Madrid.
Casi desde el primer momento, García Pozuelo mostró su
decisión de abonar las deudas que le reclamase el fisco. Ni siquiera quiso
alargar el reciente juicio (sólo por delito fiscal) que se celebró contra él en
el Juzgado Penal 20 de Madrid. Su abogado habló con el fiscal y ofreció pagar
todo lo que Hacienda le reclamase, que incluye la parte defraudada del dinero
que supuestamente entregó a Correa y que, lógicamente, era opaco al fisco: 19,7
millones de euros en total, incluidas las preceptivas multas. "Mi cliente se ha
puesto al día y ya no tiene ninguna deuda pendiente con la Agencia Tributaria",
subraya su abogado, Javier Iglesias, quien admite que ha entregado al juez
Pedreira la documentación judicial que acredita el pago a Hacienda.
Ningún otro implicado de Gürtel ha seguido la senda de García
Pozuelo, a pesar de que hay otros empresarios que tienen problemas fiscales
similares. Y también hay políticos imputados por delitos distintos de los de
García Pozuelo (haber aceptado supuestamente sobornos de Correa) que siguen sin
aportar las fianzas por responsabilidad civil que les impuso hace meses el juez
Pedreira.
Aún se resisten numantinamente a pagar esas fianzas bajo
apercibimiento de embargo de bienes en caso de impago. Pedreira ha decretado
fianzas civiles que sobrepasan los 200 millones de euros. Entre ellos, los 170
millones (85 millones a cada uno) que ha fijado a los dos cabecillas de la
trama, Correa y su número dos, el ex secretario de Organización del PP gallego
Pablo Crespo.
(
www.elpais.com, 11/10/10)
OBJETIVO: RECUPERAR EL DINERO
Una vez que el constructor
Alfonso García Pozuelo ha entregado al fisco casi 20 millones de euros, lo
previsible ahora es que el juez Pedreira, instructor del caso Gürtel, retire el
delito fiscal que le atribuía la Fiscalía Anticorrupción. El empresario ha
pagado incluso las preceptivas multas. Hacienda ya no tiene nada contra él.
Fuentes de la investigación
están convencidas de que la acción de García Pozuelo reconfortará a Pedreira,
cuyo objetivo prioritario es "recuperar el dinero". "Desde el principio, más que
enviar a la cárcel a los acusados, su obsesión ha sido que el dinero defraudado
o robado vuelva al erario público", señalan.
En busca de los millones que aún
oculta el cabecilla de la trama, Francisco Correa, Pedreira ha enviado 15
comisiones rogatorias, con regular éxito, a una decena de países.
Fundamentalmente Estados Unidos, cuyas autoridades también están investigando
minuciosamente a Correa; Venezuela, Colombia, Suiza, Portugal... y varios
paraísos fiscales (Ver gráfico de la página anterior). No todos los países están
colaborando, aunque Pedreira ha logrado bloquear 17 millones de Correa y cuatro
más a su número dos, Pablo Crespo, en Suiza, además de inmuebles en Miami y
Colombia. Pero aún queda mucho dinero por aflorar. Correa lo llevaba a paraísos
fiscales, interponía sociedades opacas y lo blanqueaba en España pagando
sobornos a políticos.
No es Pedreira un juez propenso
a medidas carcelarias. Magistrados que le conocen le consideran "muy garantista"
con los justiciables. Durante más de un año ha mantenido las órdenes de prisión
que Garzón dictó contra los tres cabecillas de la trama Gürtel -Correa, Pablo
Crespo y Antoine Sánchez- y ha dejado libres, aunque imponiendo fianzas de
carácter civil -650.000 euros y 1,8 millones, respectivamente- a El Bigotes y El
Albondiguilla, ex alcalde de Boadilla del Monte, por ejemplo. Según estas
fuentes, Pedreira sostiene que la prisión provisional es una medida de
aplicación muy excepcional. Imputados como el ex vicepresidente de Repsol José
Ramón Blanco Balín, el ex consejero de Esperanza Aguirre Alberto López Viejo o
los diputados populares de la Asamblea de Madrid Benjamín Martín Vasco o Alfonso
Bosh, incluso el propio Bigotes, habrían estado muy cerca de la cárcel si la
investigación de Gürtel cae en manos de otro juez, subrayan estos magistrados.
Por otra parte, la apertura
total del sumario del Gürtel a las partes es inminente. Quizás a finales de esta
misma semana. La próxima como mucho. Y es que el Tribunal Supremo está
apremiando para que se levante el secreto y poder utilizar así los más de
100.000 folios que abarcan las diligencias. ¿La intención? Analizar si el juez
Garzón, primer instructor de Gürtel, cometió prevaricación al ordenar la
intervención de las comunicaciones que mantuvieron en la cárcel los jefes de la
trama con sus abogados. El juez del Supremo Alberto Jorge Barreiro lleva este
asunto. Esas escuchas carcelarias fueron anuladas por la Sala de lo Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Algunos abogados, tras los
encarcelamientos, hablaron con Correa de blindar el dinero en el extranjero para
eludir las comisiones rogatorias e impedir el bloqueo del dinero en cuya
búsqueda sigue obsesionado Pedreira.
(
www.elpais.com,
11/10/10)
AGUIRRE: "A MÍ ME LLEVARÍAN A LA
CÁRCEL POR COHECHO IMPROPIO"
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, ha salido en defensa de Francisco Camps, relacionado
con el caso Gürtel por haber aceptado supuestamente trajes de una de las
empresas del entramado de Correa, el cerebro de la trama.
En una entrevista concedida a la
Cadena SER, Aguirre se ha escandalizdo con "ese nuevo delito llamado cohecho
impropio". "Cuando yo estudiaba derecho, el cohecho era aceptar una dádiva a
cambio de algo, pero ahora el impropio es aceptar un regalo en consideración de
la función, pero como no dice la valía del regalo, algunas 'pulseritas' podrían
ser cohecho impropio, de modo que me lleven a la cárcel ya", ha sugerido. "Con
el cohecho impropio me llevarían a mí a la cárcel", ha insistido, "porque a mí
me regalan toda clase de cosas sin valor".
La dirigente conservadora ha optado
por la línea del victimismo elaborada por su partido para defender la inocencia
de Camps al afirmar que los informes policiales, que "no condenan a nadie, de
momento", son fruto de "una camarilla en la que estaba un señor que participó en
una cacería con Garzón y al que acaba de nombrar Rubalcaba y que presuntamente
aparece en el caso Malaya".
Además, ha asegurado que los
ciudadanos "lo que no perdonan es que usemos nuestro cargo para hacernos ricos
de manera corrupta" para añadir que "cuando Camps llegó a la política tenía un
patrimonio y no le ha aumentado". Sobre este tema, Aguirre ha apuntado que su
Gobierno se vió afectado por la trama Gürtel y que las personas implicadas
"están todos fuera del partido". "Y creo que en Valencia también lo están", ha
afirmado.
Sobre su rival en las próximas
elecciones autonómicas, Tomás Gómez, la presidenta regional ha asegurado que se
trata de "un rival muy respetable" al que ha criticado por "hacer una oposición
que no ha resultado creíble para los madrileños". "Criticar por criticar no le
ha resultado efectivo", ha añadido.
Aguirre no se siente preocupada por
la elección de Gómez , aunque ha "seguido con interés
el proceso de primarias" en el que no ha visto "una sola idea en que los
candidatos hayan discrepado". "Eran cuestiones personales sobre si una es más
atractiva que el otro", ha ironizado.
Aún así, la conservadora no quiere
relajarse ni confiarse. "Todos los rivales me parecen duros y correosos y mi
peor enemigo es el exceso de confianza", ha afirmado.
Aguirre ha vuelto a repetir elogios
hacia Francisco Álvarez-Cascos, que aún no es candidato, aunque para la
presidenta regional es un apersona "que suma" para el partido y de la que "una
inmensa mayoría de ciudadanos" piensa que "podría hacer mucho por Asturias". "En
este momento en que Areces lo deja, es una oportunidad para el PP".
También ha echado un capote al
gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, que pidió a las
Comunidades Autónomas un mayor control de las cuentas, llegando a proponer "un
límite de gasto". "No es ningún secreto que estoy de acuerdo con él", ha
afirmado la conservadora, que pide "imponer la ortodoxia financiera".
"España debería usar la crisis para
arreglar los problemas que tiene", ha continuado Aguirre que cree que "la
descentralización" tiene una parte "de incremento de gasto que hay que cuidar".
Por esa razón ha pedido que si se ceden competencias a los entes regionales, se
mantengan y no se dividan entre ayuntamientos y Gobierno central. "La crisis es
una buena base para comenzar las negociaciones", ha añadido después de pedir que
"los dos grandes partidos" aprovechen la situación de crisis "para arreglar lo
que tenemos que arreglar".
(www.publico.es,
07/10/10)
LO QUE AGUIRRE NO CUENTA DE LOS
ACTOS DEL 11-M: LA DERECHA PERMITIÓ QUE SUS AMIGOS GÜRTEL HICIERAN NEGOCIOS CON
LOS MUERTOS
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, ya ve a Tomás Gómez como un peligroso rival de cara a
mantener su mayoría absoluta en Madrid. De hecho, este miércoles la líderesa del
PP no ha dudado en cargar contra su contrincante socialista por no haber “tenido
a bien” atender a las numerosas llamadas de teléfono que, según ha dicho, le ha
hecho para felicitarle por su victoria frente a Trinidad Jiménez.
No obstante, Aguirre ha indicado que
el comportamiento de Gómez es propio de alguien "que no acudió al homenaje a las
víctimas del 11-M" o que hizo un acto paralelo al de la Comunidad en la fiesta
del 2 de mayo de 2009. Sin duda, sorprende que la presidenta del PP madrileño
utilice los actos de homenaje a las víctimas del atentado de Atocha para atacar
a los socialistas cuando fue su gobierno el que permitió que la trama Gürtel
hiciera negocios con los muertos.
Negocios con el 11-M
En concreto, el Gobierno de
Esperanza Aguirre pagó. según el sumario, a Marketing Quality Management (MQM),
empresa proveedora de la trama Gürtel, facturas infladas al 400% por organizar
el homenaje a las víctimas del 11-M celebrado en 2008 en la Puerta del Sol. De
este modo, la empresa de la trama corrupta ligada al PP pudo embolsarse 118.595
euros por montar la escenografía de un acto que apenas duró 5 minutos.
Sin ética alguna
Pero esta no fue la única ocasión
que el Gobierno de Aguirre permitió que sus amigos Gürtel aumentaran sus
ingresos a costa de las víctimas del atentado más duro ocurrido en España. El 25
de marzo de 2004, dos semanas después del atentado, fue la terminal corrupta
Easy Concept la que se llevó 140.000 euros por el montaje. Dada la cuantía, la
entidad fraccionó los cobros en 15 facturas, todas inferiores a 12.000 euros (el
tope para no salir a concurso). Quien habría teledirigido esa operación sería
Alberto López Viejo, entonces asesor extraoficial de Aguirre. Dos meses después,
el protegido de la lideresa ingresó oficialmente en el Ejecutivo.
Tomás homenajeó a las víctimas
Asimismo, cabe aclarar que Tomás
Gómez fue elegido secretario general del PSM en julio de 2007. Todos los años,
excepto en 2009, acudió a las ceremonias de recuerdo a las víctimas celebradas
en la sede del Gobierno regional. Si ese año no acudió a Sol fue porque su
partido había decidido boicotear todos los actos presididos por Esperanza
Aguirre por su "falta de respeto institucional". Y es que los socialistas
estaban muy enfadados por el "carpetazo en falso" que el Gobierno del PP dio a
la polémica comisión de espionaje. Eso sí, Gómez suspendió su agenda ese 11 de
marzo de 2009 para reunirse a lo largo de todo el día con las víctimas del
terrible atentado perpetrado por Al-Qaeda.
(www.elplural.com,
07/10/10)
LOS JUECES ANULAN LA ADJUDICACIÓN
DEL PALACIO DE BOADILLA A LA SGAE
Los magistrados de la Sección
Segunda de la Sala de lo Contencioso-administrativo del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJ) han decidido anular la adjudicación del Ayuntamiento de
Boadilla del Monte (43.414 habitantes) del palacio del Infante Don Luis a la
Fundación Autor, dependiente de la Sociedad General del Autores y Editores
(SGAE). Los cinco jueces justifican esta decisión al considerar que la concesión
administrativa otorgada por el Ayuntamiento, encabezado entonces por Arturo
González Panero (PP), se realizó "con absoluto desconocimiento" del
procedimiento y de los requisitos que la regulan. Panero, imputado en el caso
Gürtel como presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude
fiscal, blanqueo de capitales y falsedad, fue expulsado del PP.
Para obtener esta adjudicación la
SGAE se comprometió en noviembre de 2006 a invertir 30 millones de euros para
rescatar de la ruina en la que se encuentra al palacio del Infante Don Luis,
construido por el arquitecto Ventura Rodríguez en 1765 y declarado Bien de
Interés Cultural (BIC). El edificio, una vez rehabilitado, iba a ser destinado a
albergar la sede de la Fundación Autor. El compromiso entre la SGAE y el
Ayuntamiento se selló con la firma de un contrato entre el alcalde de Boadilla
del Monte y el presidente de la SGAE, Eduardo Bautista, por el que se le cedía
el palacio durante 75 años. A cambio se comprometían a rehabilitar, conservar y
mantener el edificio.
En ese sentido, el Ayuntamiento de
Boadilla con Juan Siguero (PP) como alcalde rescindió a finales de mayo el
contrato que firmó con la SGAE en 2006 para que el palacio acogiera la sede de
la Fundación Autor. El propio Siguero justificó esta decisión por la
"inadecuación" del proyecto presentado por la SGAE a las "especificaciones
técnicas" marcadas por la Dirección General de Patrimonio de la Comunidad, que
consideró que el proyecto no era viable por los restos arqueológicos hallados en
los jardines.
Esta decisión judicial, que discrepa
de la sentencia dictada en primera instancia por el titular del Juzgado de lo
Contencioso-administrativo número 1 de Madrid, había desestimado la denuncia del
abogado y concejal de Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, supone un
nuevo traspiés para un Ayuntamiento que ha sido seriamente golpeado por la
corrupción, convirtiéndose en el epicentro madrileño de la Operación Gürtel, la
mayor trama de corrupción de la democracia ligada a un partido político: el
Partido Popular.
A la postre, el TSJ ha terminado por
dar la razón al representante de APB, que alegaba que la concesión era nula de
pleno derecho. "La justicia vuelve a darnos la razón con esta sentencia. Gracias
a eso volvemos a recuperar el palacio para los vecinos de Boadilla. Y no ha sido
nada fácil, ya que el PP decidió con su mayoría absoluta adjudicar ilegalmente
esta concesión a la SGAE, y Alternativa por Boadilla ha tenido que oponerse en
solitario".
La sentencia, que es firme y ante la
que no cabe recurso, ahonda en las graves irregularidades detectadas. Como que
en la concesión no se ha observado ninguna de las formalidades ni requisitos
descritos en la normativa vigente, al mismo tiempo que "falta" la aprobación
previa del proyecto de obras que no fue realizado con anterioridad a la
adjudicación. Los magistrados recuerdan que el proyecto de actuación de obras
fue aprobado después de haberse adjudicado el uso del palacio, según un informe
de la Comunidad de Madrid.
La SGAE emitió ayer un comunicado de
prensa en el que destaca que la Fundación Autor "no tiene ninguna
responsabilidad del acuerdo del pleno del Ayuntamiento". Además, recuerda que el
Consistorio decidió a finales de mayo extinguir la concesión del uso privativo
del inmueble, por lo que esta entidad privada daba ya el expediente por
terminado.
(www.elpais.com,
05/10/10)
EL JUEZ INCORPORA LA FINANCIACIÓN
DEL PP DE MADRID AL NÚCLEO DEL 'CASO GÜRTEL'
El juez instructor del caso Gürtel
ha dado un paso clave en las pesquisas sobre la financiación del PP madrileño a
través de Fundescam, fundación a la que la red corrupta endosó facturas de las
campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, el año del tamayazo. Antes de
las vacaciones de agosto, Pedreira decidió que lo relativo a Fundescam se uniera
al sumario en la parte que continúa secreta y que dejara, por tanto, de
instruirse como pieza separada. Fuentes del caso subrayaron ayer a Público el
significado de esa decisión: que el juez valora Fundescam como un elemento
indisolublemente unido a las pesquisas sobre la trama y no como una mera
derivada. Las piezas separadas se forman con asuntos conectados al sumario
original pero que, por su carácter colateral, se consideran ajenos al núcleo de
la investigación.
En fechas cercanas a aquella en que
Pedreira adoptó su decisión, la policía le envió un informe de 50 páginas que
recogía sus avances en la investigación sobre la presunta financiación ilegal
del PP madrileño a través de Fundescam. Un año antes, en julio de 2009, la
Brigada de Blanqueo ya había remitido al juez un dossier en el que desgranaba la
mecánica supuestamente delictiva que seguía la fundación.
Ahora, el balón está en el tejado de
la Fiscalía Anticorrupción, que deberá pronunciarse: es decir, pedir
declaraciones o nuevas pruebas. O no pedir nada sobre la fundación que presidió
la propia Esperanza Aguirre desde marzo de 2005 y hasta poco después de que, en
mayo de 2009, Público desvelase sus conexiones con la trama de Francisco Correa.
Su predecesor en Fundescam fue Pío García Escudero, ahora portavoz del PP en el
Senado.
Pero, al incorporarse a autos las
actuaciones sobre Fundescam, el juez puede mantenerlas vivas aun si
Anticorrupción posterga su pronunciamiento. Ahora bien, cuanto más tiempo
transcurra, mayores serán las posibilidades de que el PP madrileño alegue la
prescripción del presunto delito electoral, uno de los que, según las fuentes
consultadas, serían atribuibles a quienes dirigían Fundescam.
Entre 2003 y 2004, Fundescam captó
más de un millón de euros en donaciones procedentes de notorios empresarios, con
el todavía presidente de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, a la cabeza.
Seis de las empresas donantes lograron luego de la Comunidad de Madrid más de
200 contratos cuyo importe global superó los 300 millones de euros.
Ferviente admirador de Esperanza
Aguirre, Gerardo Díaz Ferrán fue el donante más generoso: aportó a la fundación
del PP madrileño 240.000 euros. Su empresa Marsans obtuvo después cuatro
contratos sucesivos del Gobierno de Madrid para gestionar los viajes de mayores.
Y esos cuatro contratos le reportaron 16,7 millones de euros en el cuatrienio
2005-2008.
Fundescam endosó a Special Events,
entonces buque insignia de la red corrupta, más de 300.000 euros
correspondientes a deudas electorales del PP. Para ocultar que se trataba de una
deuda partidaria con la que el PP podía estar vulnerando el límite máximo de
gasto que marca la legislación electoral, Special Events camufló las facturas
como si tuvieran su origen en trabajos hechos para la fundación Fundescam. En el
registro a uno de los pisos francos de la red, la policía halló un archivo
encriptado de formato excel que acreditaba el falseamiento de facturas y
corroboraba las informaciones publicadas por este diario.
Esa información quedó consignada en
el informe que la Brigada de Blanqueo envió al juez Pedreira y al Tribunal
Superior de Valencia (TSJCV) el 31 de julio de 2009. En sus páginas, la policía
citaba de forma expresa dos hojas de cálculo de Special Events con los
siguientes nombres: "Facturación P.P.Madrid.xls" y "Cambios facturación
2003-2004.barcenas.xls".
Las fuentes consultadas ayer no
precisaron si Fundescam ha remitido ya al juez la contabilidad de los ejercicios
comprendidos entre 2003 y 2009. Tampoco desvelaron si el juez ha pedido a la
fundación que certifique quiénes eran sus rectores en 2003 y 2004, los dos años
que aparecen en el listado de facturas supuestamente falsificadas.
Las cuentas de Fundescam, a las que
este periódico logró acceder previo requerimiento notarial, muestran cómo los
ingresos de la fundación evolucionaron de año en año según hubiera o no
elecciones. En 2003, cuando el tamayazo impidió gobernar al PSOE y abrió a
Esperanza Aguirre la puerta del Gobierno de Madrid tras la repetición de las
elecciones autonómicas, Fundescam recaudó 649.255 euros en donaciones
empresariales. En el ejercicio siguiente, fecha de las primeras elecciones
generales que ganó Zapatero, la fundación obtuvo por esa vía 292.319 euros. En
2005, año en que no se celebraron comicios, la fundación anotó un cero en la
casilla de donaciones.
La Agencia Tributaria acaba de
remitir al juez Pedreira un listado con los informes realizados hasta la fecha y
aquellos otros que quedan pendientes. Entre estos últimos figura el relativo a
Grupo Rafael, cuyas cuentas solicitó investigar la fiscalía bajo la sospecha de
que había actuado como empresa pantalla de la red corrupta.
Como informó este diario en abril,
la contabilidad secreta de la ‘trama Gürtel' computaba la facturación de Grupo
Rafael como si se tratara de una empresa de su conglomerado.
Anticorrupción pidió a Hacienda que
investigara los contratos otorgados a Grupo Rafael por varias administraciones
del PP, entre ellas la Comunidad de Madrid.
(www.publico.es,
05/10/10)
UN IMPUTADO DE LA GÜRTEL SE
NIEGA A DECLARAR PESE A COMPARECER A PETICIÓN PROPIA
El juez que instruye el caso
Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Antonio Pedreira, ha
confirmado hoy la imputación por 11 delitos de Francisco Rodríguez Pendas, ex
asesor del diputado regional y ex viceconsejero de Presidencia de la Comunidad
de Madrid Alberto López Viejo. Rodríguez Pendas ha comparecido hoy a petición
propia ante el magistrado aunque se ha negado a declarar amparándose en el
artículo 24 de la Constitución.
Pedreira ha decidido mantener
las imputaciones contra el acusado, aunque no ha decretado contra él medida
cautelar alguna, según informa el TSJ de Madrid en una nota.
Rodríguez Pendas es una de las
cuatro personas que la policía pidió al juez detener, antes del verano, en lo
que cabría definir como la segunda fase de la Operación Gürtel en las
Comunidades de Madrid y Valencia, en la que resultaron implicadas otra veintena
de personas, entre funcionarios de sendas regiones y empresas colaboradoras de
la red corrupta.
El imputado se ha negado a
responder hoy sobre las decenas de contratos troceados que, por orden del
también ex consejero de Deportes López Viejo, otorgó la Consejería de
Presidencia a la red Gürtel. Rodríguez Pendas, entonces hombre de confianza de
López Viejo, figura como implicado en una trama que proporcionaba a Gürtel
contratos bien directamente o bien a través de empresas utilizadas por la red
mafiosa de Correa como pantalla desde 2004.
Por ejemplo, el acto de entrega
de la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias el 12 de
septiembre de 2007, que se desarrolló en la sede de la Presidencia del Gobierno
de Aguirre. La puesta en escena la realizó Easy Concept, una de las sociedades
corruptas de Correa, si bien, como tapadera ante la opinión pública, para que
nadie sospechase de amaños en la Comunidad a favor de Correa, fue utilizada como
adjudicataria la firma MQM (Marketing Quality Management). La empresa tapadera
se llevaba supuestamente una comisión por prestarse al chanchullo.
(www.elpais.com,
30/09/10)
EL JUEZ DEL GÜRTEL CITA COMO
IMPUTADO A UN EX ASESOR DE ALBERTO LÓPEZ VIEJO
El juez Antonio Pedreira, instructor
del caso Gürtel en Madrid, ha citado para el próximo día 30, como imputado de 11
delitos, a Pedro Rodríguez Pendas, ex asesor del ex viceconsejero de Presidencia
de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, quien supuestamente recibió de la
trama corrupta que dirigía Francisco Correa más de 250.000 euros a cambio de
adjudicarle a dedo contratos del Gobierno regional. Rodríguez Pendas es una de
las cuatro personas que la policía pidió al juez detener, antes del verano, en
lo que cabría definir como la segunda fase de la Operación Gürtel en las
Comunidades de Madrid y Valencia, en la que resultaron implicadas otra veintena
de personas, entre funcionarios de sendas regiones y empresas colaboradoras de
la red corrupta.
Entre las personas cuya detención
también pedía la policía, e incluso el registro de su despacho, se halla el
actual alcalde de Boadilla, Juan Jesús Siguero, y otros dos asesores del
Gobierno de Esperanza Aguirre. Siguero accedió a la alcaldía de Boadilla, como
sustituto de Arturo González Panero, El Albondiguilla, con el respaldo del PP de
Madrid, pero dimitió tras acreditar la policía que había cobrado comisiones de
la red Gürtel que superan los 500.000 euros.
El juez y la Fiscalía Anticorrupción
quieren interrogar a Rodríguez Pendas, que había pedido comparecer
voluntariamente, sobre las decenas de contratos troceados que, por orden del
también ex consejero de Deportes López Viejo, otorgó la Consejería de
Presidencia a la red Gürtel. Rodríguez Pendas, entonces hombre de confianza de
López Viejo, figura como implicado en una trama que proporcionaba a Gürtel
contratos bien directamente o bien a través de empresas utilizadas por la red
mafiosa de Correa como pantalla desde 2004. Por ejemplo, el acto de entrega de
la medalla de la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias el 12 de
septiembre de 2007, que se desarrolló en la sede de la Presidencia del Gobierno
de Aguirre. La puesta en escena la realizó Easy Concept, una de las sociedades
corruptas de Correa, si bien, como tapadera ante la opinión pública, para que
nadie sospechase de amaños en la Comunidad a favor de Correa, fue utilizada como
adjudicataria la firma MQM (Marketing Quality Management). La empresa tapadera
se llevaba supuestamente una comisión por prestarse al chanchullo.
En principio, el juez Pedreira iba a
tomar declaración hoy, viernes, a Rodríguez Pendas, pero el juez ha optado por
citarle en forma y con todas las garantías y por ello ha aplazado el
interrogatorio hasta el próximo día 30. En la citación le indica que acuda como
imputado de 11 delitos. Entre ellos destacan tráfico de influencias, cohecho,
asociación ilícita y blanqueo de capitales.
(www.elpais.com,
24/09/10
EL EX ASESOR DE LÓPEZ VIEJO, ANTE
PEDREIRA POR LA 'GÜRTEL'
El asesor técnico del ex consejero
de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo, Pedro Rodríguez Pendas, ya tiene
fecha para declarar como imputado ante el instructor del caso Gürtel en Madrid,
Antonio Pedreira. Pidió declarar voluntariamente después de que varias
informaciones le relacionaran con la trama corrupta y el juez le ha citado para
mañana.
Rodríguez Pendas, que fue asesor de
López Viejo mientras este fue viceconsejero de Presidencia de Madrid, aparece en
informes policiales como quien dio instrucciones a la red presuntamente dirigida
por Francisco Correa para trocear los contratos en cantidades inferiores a
12.000 euros, y así eludir la licitación pública de las adjudicaciones.
Se sospecha que era uno de los que
ayudaban a la trama a cobrar las facturas que les planteaban problemas con las
consejerías de Madrid. Tras hacerse público este dato, el PSM pidió su
imputación en la causa.
En 2007, López Viejo pasó de
Presidencia a la Consejería de Deportes, cargo del que dimitió al estallar el
caso Gürtel, en el que se le atribuyen los delitos de cohecho, tráfico de
influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y
falsedad.
(www.publico.es,
23/09/10)
LA FISCALÍA CONSIDERA "EXCESIVO"
QUE BOADILLA PAGUE 5,9 MILLONES A CORREA
La Fiscalía Anticorrupción considera
que los 5,9 millones de euros que se ha comprometido a pagar la Empresa
Municipal del Suelo de Boadilla del Monte (43.414 habitantes) a la sociedad
Artas Consultores, una de las empresas implicadas en la trama Gürtel, es una
cantidad "excesiva". Por eso, se oponen al acuerdo suscrito entre el
representante legal de la firma, el imputado Ramón Blanco Balín, en virtud del
cual el Consistorio asumía la hipoteca de esta sociedad, cuyos propietarios
renunciarían al uso y explotación de 33 locales comerciales y 138 plazas de
garaje situados en el Residencial Siglo XXI.
Estas superficies fueron adjudicadas
por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda a Rústicas MBS, SL, de Ramón
Blanco Balín, en 2005, y posteriormente cedidas a la sociedad Artas Consultores,
del mismo empresario. El sumario Gürtel pone de manifiesto que en realidad el
auténtico propietario de ambas firmas es el cerebro de la trama, Francisco
Correa, por lo que está intervenida judicialmente.
En un informe dirigido al magistrado
instructor del caso, Antonio Pedreira, que es quien deberá tomar una decisión
definitiva, el fiscal justifica su oposición al acuerdo: "La suscripción del
contrato inicial podría constituir una infracción penal de lo que derivaría
inexorablemente su declaración de nulidad". Y en el caso de declararse nula esa
operación acordada en 2005, según el documento del ministerio público, serviría
de base a una "extinción unilateral" por parte de la empresa municipal del suelo
"con un menor coste" para Boadilla.
Anticorrupción considera, además,
que el acuerdo es perjudicial para Boadilla porque el contrato de resolución de
la adjudicación goza de una garantía de dos millones de euros ajena a los
inmuebles gravados por la hipoteca que se hiciera efectiva en caso de impago.
Asimismo, el fiscal explica que, hasta el momento, todos los plazos se están
abonando con los fondos embargados a la mercantil Artas Consultoría, los cuales
se incrementan con los ingresos percibidos mensualmente en concepto de alquiler.
Entre otras instituciones, la Policía Local de Boadilla y la Empresa Municipal
del Suelo pagan un alquiler mensual.
Esta operación ha sido rechazada por
la interventora municipal del Ayuntamiento, quien en un informe anunció su
"disconformidad". El trato también fue criticado por los grupos de la oposición
(PSOE y Alternativa por Boadilla), ya que la hasta hace unos meses edil Rosalía
de Padura (la mujer del que fuera accionista de Artas, Tomás Martín Morales)
participó en la votación celebrada en la comisión municipal de Hacienda en la
que el PP dio el visto bueno a la operación.
El portavoz del PSM, Pablo Nieto,
asegura que Anticorrupción "defiende" a los vecinos: "Frente a los intereses de
las empresas implicadas, es vergonzoso e indecente que el alcalde pretenda pagar
5,9 millones más a Correa". Nieto rechaza que se asuma la hipoteca, y plantea
otra opción: "Debe rescindirse el contrato y defender esta decisión en los
tribunales".
Por otra parte, el PSM, como
acusación popular del caso Gürtel, ha pedido al juez que llame a declarar al
alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP), en calidad de imputado. Los socialistas
quieren que explique su participación en las adjudicaciones del Consistorio que
están siendo investigadas por Pedreira, y por las que la policía ha pedido su
detención.
(www.elpais.com,
21/09/10)
ANTICORRUPCIÓN SE OPONE A QUE
BOADILLA ASUMA UNA DEUDA DE CORREA
La fiscalía anticorrupción se opone
a que la empresa municipal del suelo del Ayuntamiento de Boadilla del Monte
(43.414 habitantes) asuma una hipoteca de 7,1 millones de euros que la empresa
Artas Consultores, propiedad de Francisco Correa, tiene con una entidad
financiera.
La última palabra la tiene el
magistrado que instruye el caso Gürtel, Antonio Pedreira, que será quien tome la
decisión acerca de si permite esta operación, que posibilitaría al Consistorio
de Boadilla recuperar el uso de 33 locales comerciales y 138 aparcamientos en la
zona del municipio denominada Residencial Siglo XXI. La empresa Artas
Consultores está intervenida judicialmente, por lo que cualquier operación debe
tener la autorización de la autoridad competente, en este caso el juez
Pedreira.
Los locales comerciales y
aparcamientos que trata de rescatar el Consistorio fueron adjudicados por la
empresa municipal del suelo de Boadilla -cuyo gerente era otro imputado en el
Gürtel: el diputado regional Alfonso Bosch Tejedor- en 2005 a la empresa
Rústicas MBS, encabezada por Ramón Blanco Balín.
Este empresario, también imputado
por los delitos de fraude fiscal y evasión de capitales en el caso, es
considerado uno de los testaferros de Correa, finalmente traspasó la propiedad a
otra sociedad: Artas Consultores, dirigida por él mismo.
Pero un informe de la Agencia
Tributaria que obra en el sumario de la operación que inició el juez Baltasar
Garzón destapó que Artas Consultores es, en realidad, propiedad de Correa,
aunque también fueron accionistas de la misma Bosch Tejedor y Tomás Martín
Morales, ambos acusados en Gürtel. Precisamente el parlamentario, expulsado del
grupo parlamentario popular en la Asamblea, fue el encargado de rebajar el canon
anual que debía pagar la empresa al Ayuntamiento, que pasó de 244.750 euros a
84.344 euros, aumentando los años de concesión de 75 a 99 años. No obstante, la
investigación del juez ha puesto de manifiesto que esta empresa de Correa no ha
llegado a pagar ni un solo euro por el canon.
El juez Pedreira está en espera de
recibir un informe de los funcionarios de la Intervención General del Estado,
que hace dos meses recibieron el encargo de que investigaran la mencionada
operación. Con toda esta documentación sobre la mesa, incluyendo un informe de
la empresa acerca de una valoración realizada por técnicos de la Comunidad de
Madrid, el magistrado tendrá que tomar una decisión al respecto. También tendrá
que decidir si llama a declarar como imputado al actual alcalde de Boadilla,
Juan Siguero (PP), presuntamente por facilitar información municipal
confidencial a las empresas de la trama Gürtel.
Un portavoz del Ayuntamiento aseguró
ayer que el Consistorio aprobó la operación con la intención de desbloquear una
de las zonas comerciales más importantes del municipio.
(www.elpais.com,
20/09/10)
EL FISCAL PIDE EXPULSAR AL PP DE
LA 'GÜRTEL' POR "FRAUDE DE LEY"
No es la primera vez que lo dice,
pero se nota que ahora lo hace con el convencimiento de que el tiempo le ha dado
la razón. La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto a pedir la expulsión del PP del
caso Gürtel por "claro fraude de ley por cuanto desempeña una labor de defensa
amparándose en su condición de acusación popular". La fiscalía sostiene que, en
vez de acusar para tratar de esclarecer lo ocurrido con la trama de corrupción,
el PP ejerce la defensa, y de sus escritos, "plagados de descalificaciones
contra todos los funcionarios intervinientes en la causa", se infiere que lo que
busca "es realmente el archivo de los hechos".
Como ejemplo cita el recurso que el
partido conservador interpuso contra el auto de inhibición a favor de Valencia
dictado por el instructor en Madrid, el magistrado Antonio Pedreira. Una
resolución que "ninguna de las defensas ha impugnado", destaca la fiscalía.
Anticorrupción se adhiere en su
escrito a la petición formulada por los socialistas valencianos a finales de
julio y notificada el pasado día 1 a las partes. El ministerio público recuerda,
como hacía el PSPV en su escrito, que la investigación judicial se extiende
ahora a la posible comisión de delitos electorales en el seno del Partido
Popular valenciano. Es decir, se investigan unos hechos "que previsiblemente
podrían afectar directa o indirectamente" al PP.
Y así, ambas acusaciones y la que
ejerce la Asociación de Abogados Demócratas (ADADE) neutralizan la única
alegación presentada por el PP para oponerse a su expulsión del procedimiento:
que la Sala de lo Civil y Penal ya rechazó una petición similar que
Anticorrupción formuló el pasado 6 de octubre.
En esa ocasión, el tribunal se basó
en que determinar cómo iba a ejercer la acusación el PP "se trataba de una mera
hipótesis". Sin embargo, su actuación, lejos de disipar los temores que
planteaban las demás acusaciones, los ha confirmado. ADADE apunta que "la forma
de ejercicio de dicha legítima condición de origen la ha convertido claramente
en ilegítima".
"La actividad procesal y
extraprocesal del Partido Popular a partir de esa fecha es absolutamente
reveladora del verdadero papel que asume en esta causa y que no es otro que el
de una defensa más", señala Anticorrupción. Otra prueba de ello es que también
recurrió la providencia con la que el juez Pedreira requería a la Abogacía de la
Generalitat valenciana la identificación de las personas que ocuparon cargos en
la Administración de su competencia.
ADADE asegura no haber encontrado
"ningún caso en el que un supuesto acusador popular desnaturalizase su
condición". Esta prueba era imprescindible tras el informe de la Intervención
General de la Administración del Estado que ponía de manifiesto "la continua y
reiterada infracción de todos los principios básicos de la contratación pública
en los contratos examinados".
ADADE, que dice haber realizado una
"exhaustiva investigación", asegura no haber encontrado "ningún caso en el que
un supuesto acusador popular desnaturalizase su condición y se convirtiera
objetivamente en una defensa más, ya sea de los imputados, ya fuere de la
organización política (el PP) a la que muchos de ellos pertenecen".
Esta acusación también afirma que
"el sentido común jurídico y la propia filosofía y ratio de la figura de la
acusación popular abona su tesis: la absoluta incompatibilidad ante la actitud
adoptada por la dirección técnica del PP en este proceso, con su ubicación como
acusador popular en el mismo".
Por otra parte, el ex tesorero y
senador del PP hasta el pasado 19 de abril, Luis Bárcenas, se personó ayer en el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El juez Pedreira tendrá que volver a
interrogarlo como imputado, junto con el ex diputado de esta formación Jesús
Merino. Ambos comparecieron ya en el Tribunal Supremo como imputados por la
condición de aforados que entonces mantenían.
(www.publico.es,
16/09/10)
ANTICORRUPCIÓN PIDE EXPULSAR AL
PP DEL PROCESO DEL GÜRTEL POR ESTAR IMPLICADO
La Fiscalía Anticorrupción ha vuelto
a pedir al juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel, que "expulse" del
proceso al PP en su actual condición de acusación popular al entender que puede
verse afectado por "la posible comisión de delitos electorales en el seno del
Partido Popular de la Comunidad Valenciana".
Anticorrupción entiende que la
investigación ha destapado pruebas suficientes de la implicación del PP en la
trama corrupta. El PP, ahora personado como acusación particular, pretende
evitar mediante un recurso que todos los indicios de delito que pesan sobre el
PP valenciano puedan ser investigados en el Tribunal Superior de Justicia de
Valencia, por lo que rechaza el auto de inhibición del juez Pedreira a favor del
traslado de una parte de la causa a la Comunidad Valenciana por estar implicados
en los supuestos delitos dirigentes del PP aforados.
Con su petición al juez, formulada
en un escrito del pasado 8 de septiembre, la Fiscalía se adhiere así a la
solicitud formulada ante el juez por el PSOE de Valencia en la que se señala que
el PP está actuando en el caso Gürtel como defensa de los imputados y no como
acusación particular. El juez Pedreira ya rechazó hace meses una petición
similar de la fiscalía.
(www.elpais.com,
16/09/10)
FINANCIACIÓN ILEGAL Y OTRAS
EMPRESAS IMPLICADAS
El juez que instruye el caso Gürtel
en Madrid, Antonio Pedreira, deberá decidir en los próximos días si, como le ha
pedido la policía, si interroga o detiene al actual alcalde de Boadilla, Juan
Siguero, sustituto de Arturo González Panero, uno de los principales implicados
en la trama corrupta por el cobro de cientos de miles de euros a cambio de
favorecer los intereses de Francisco Correa y su red empresarial.
Siguero, según las investigaciones
policiales, colaboró activamente en las gestiones para favorecer a la trama
corrupta en diversos contratos. Aún sigue como alcalde. Cuando se destapó el
caso, el PP intentó sustituir a Panero con una concejal, pero Siguero impuso su
poder en Boadilla para hacerse con el cargo. La policía también ha pedido al
juez que ordene la detención de tres personas de confianza del diputado
autonómico Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes y mano derecha de la
presidenta Esperanza Aguirre.
Las tres personas trabajaban en la
Consejería de Presidencia durante la etapa en que todos los actos
institucionales presididos por Aguirre eran organizados por la trama corrupta, a
los que se adjudicaba el trabajo sin concurso previo, según la investigación. En
esta trama, la policía ha encontrado a otras empresas privadas que hacían de
intermediarias para que el dinero llegara a la red Gürtel.
Además, el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid investiga múltiples operaciones urbanísticas sospechosas en
la Comunidad de Madrid relacionadas con la trama corrupta y una supuesta
financiación ilegal del PP a través de una de sus fundaciones, Fundescam. El
juez ha ordenado en los últimos días el embargo de bienes de alcaldes y
diputados autonómicos del PP, que no han hecho frente a la fianza de
responsabilidad civil que les impuso.
(www.elpais.com,
13/09/10)
EL JUEZ DEL GÜRTEL INTERROGA A UN
EX FUNCIONARIO DE MAJADAHONDA
El magistrado que instruye el caso
Gürtel, Antonio Pedreira, tomará hoy declaración como imputados a un ex
funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda y a dos empresarios. Se trata de
Luis Valos San Román, ex director del área de Nuevas Tecnologías de este
Consistorio madrileño; del ex presidente de la sociedad Sufi, SA, Rafael Naranjo
Anegón, y José Luis Cortés Bañares.
Al ex funcionario de Majadahonda,
que ahora trabaja en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, Pedreira le acusa
de cooperación en un delito de prevaricación por su intervención en una
adjudicación millonaria que benefició a las empresas del cerebro de la trama
Gürtel.
Este ex empleado de Majadahonda fue
el autor, según el sumario, de los pliegos y los informes técnicos que
condujeron a la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de
Majadahonda a la empresa Technology Consulting Management (TCM), vinculada a la
red corrupta.
Por su parte, el empresario Naranjo
está acusado de un delito de cohecho continuado, según el sumario instruido por
Pedreira, que especifica que Naranjo podría haber pagado "una comisión" de
1.232.074 euros por intermediar en una adjudicación de 48 millones de euros de
la Concejalía de Limpieza Urbana de Madrid de la que era responsable Alberto
López Viejo, también imputado. A la tercera persona que declarará hoy ante el
juez, José Luis Cortés Bañares, se le acusa de los delitos de falsedad y fraude
fiscal.
(www.elpais.com,
09/09/10)
EL JUEZ DEL 'EL CASO GÜRTEL' DESVELARÁ EL SECRETO DE SUMARIO EN
OCTUBRE. T
ambién se destapará el contenido de las piezas de Fundescam y la
relativa a los contratos de la Comunidad con empresas de Correa.
El juez Antonio Pedreira, que instruye el
'caso Gürtel' en Madrid, levantará a finales
de octubre el secreto del sumario que destapará la totalidad de la causa.
También revelará las piezas separadas del groso de la investigación, entre las
que se encuentra la que investiga los contratos de la Comunidad de Madrid con
las empresas implicadas en la trama de corrupción y la supuesta financiación del
PP a través de la fundación Fundescam, así informaron fuentes jurídicas.
Los flecos que quedan aún por resolver para que la investigación
penal concluya se refieren a la resolución de la Sala Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) sobre la inhibición a favor de Valencia de
la parte que alcanza a la cúpula del Gobierno de Francisco Camps, así como la
resolución de los recursos que se presenten en el incidente de nulidad por las
escuchas telefónicas realizadas en la prisión de Soto del Real.
El levantamiento del sumario incluirá el contenido de las piezas
separadas. Una de las piezas se refiere a las intervenciones de las
comunicaciones en la prisión de Soto del Real entre los imputados encarcelados,
Francisco Correa, Pablo Crespo y Antoine Sánchez, y sus abogados.
"Podría haber
pagado a la organización de Correa, la cantidad de 1.232.074,8 €"
El pasado 25 de marzo, la Sala de lo Civil y Penal acordó anular
todas las escuchas ordenadas por el juez Baltasar Garzón entre los
abogados y sus clientes. Esto dio lugar a un incidente de nulidad que forma
parte de una pieza separada en el que los abogados vienen reclamando la nulidad
parcial o total de la causa al estar muchas partes contaminadas por las escuchas
anuladas.
Otra de las piezas separadas se refiere a la que investiga la
supuesta financiación irregular del PP a través de la fundación Fundescam
en los años 2003 y 2004. En aquellos años, Pío García Escudero estaba al frente
de la formación, siendo sustituido el 30 de noviembre de 2004 por la actual
presidenta, Esperanza Aguirre.
Fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que esta pieza se desgajó
a raíz de tres denuncias interpuestas por la Fiscalía Anticorrupción, el abogado
del PSM y la defensa de una diputada de IU.
Otra de las piezas abiertas trata lo relativo a los contratos de la
Comunidad de Madrid con empresas relacionadas con la red Gürtel, así como la
facturación del Gobierno regional y otras administraciones municipales
gobernadas por el PP con la facturación entre los años 2000 y 2009 con las
empresas que conforman el Grupo Rafael.
Niegan la imputación
Por otro lado, el juez ha tomado declaración al que fuera director
del Área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda, Luis Valor San
Román, y a José Luis Cortes Bañares. Ambos han negado su participación en la red
corrupta de Correa.
Estaba prevista la declaración también del empresario Rafael Naranjo
Anegón, que presidió la empresa Sufi, pero quedó aplazada al certificar éste un
problema de salud.
Según el juez, Sufi, a través de Naranjo, "podría haber pagado a la
organización de Correa, la cantidad de 1.232.074,8 euros, que se
correspondería con un porcentaje del 3 por ciento del monto total de la
adjudicación, en concepto de comisión, por su intermediación ante un cargo
público con responsabilidad de Gobierno en el Ayuntamiento de Madrid, y por
tanto, con capacidad de adjudicación de contratos públicos".
En su declaración, San Román negó su participación en el expediente
de 'consultoría y asistencia técnica para el diseño e implantación de la Oficina
de Atención al Ciudadano' de Majadahonda.
Así, aparece como la persona que elabora los pliegos y hace los
informes técnicos de la adjudicación inicial de Technology Consulting Management
S.L. Según el juez, "las irregularidades se hacen constar en el Informe emitido
por la Unidad de Auxilio de la Intervención General del Estado, de fecha 29 de
mayo de 2009.
www.publico.es 09.09.10
UN EX ASESOR DE LÓPEZ VIEJO PIDE
DECLARAR EN GÜRTEL
El abogado de Pedro Rodríguez Pendás,
que fue asesor técnico del diputado regional en la viceconsejería de Presidencia
encabezada por Alberto López Viejo, ha solicitado al magistrado que instruye el
caso Gürtel, Antonio Pedreira, que su cliente pueda comparecer ante el tribunal
de forma voluntaria.
La solicitud se realiza a
consecuencia de las informaciones publicadas que reflejan un informe de la
Policía Judicial en el que se solicita la detención de este ex asesor de la
Comunidad y de otras tres personas, una de ellas el alcalde de Boadilla del
Monte, Juan Siguero (PP). El primer edil de Boadilla fue el encargado de suceder
a Arturo González Panero, imputado en la trama y conocido por los demás miembros
de la red como El Albondiguilla.
El documento, que se encuentra sobre
la mesa del despacho del juez Pedreira, pone de manifiesto que los miembros de
la trama Gürtel acudían a Rodríguez Pendás y otros empleados de la Consejería de
Presidencia para tratar de cobrar los contratos "problemáticos". En un escrito
presentado ante el magistrado, al que ha tenido acceso Europa Press, el letrado
del ex asesor indica que "no teniendo nada que ocultar" su cliente, y "desde su
responsabilidad", Rodríguez Pendás ha manifestado su voluntad de ponerse a
disposición del juez.
El sumario revela que tres empleados
de Presidencia se encargaban de conseguir que las facturas inicialmente
rechazadas por los distintos departamentos de la Comunidad de Madrid se
cobraran.
El dossier elaborado por la Policía
Judicial transcribe un correo electrónico de la trama del 12 de septiembre de
2006 que demostraría que al menos seis facturas de la Consejería de Presidencia
de la Comunidad, de un importe total de 62.000 euros, fueron finalmente abonadas
"después de las gestiones realizadas con Carmen, secretaria de López Viejo", uno
de los principales acusados por la mayor trama de corrupción de la democracia y
al que el juez Pedreira acusa de cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal,
asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad.
El informe explica que en 2006,
cuando la organización corrupta acumuló 65 facturas sin cobrar en varios
departamentos del Gobierno de Aguirre, por un valor de 362.903 euros, una
empleada de la empresa de Correa Servimadrid acudió inmediatamente a Rodríguez
Pendás para interesarse por la situación
(www.elpais.com,
07/09/10
RAPAPOLVO DE PEDREIRA A LOS
LETRADOS DE LOS DIPUTADOS MADRILEÑOS POR ENTORPECER EL CASO
El magistrado instructor del caso
Gürtel, Antonio Pedreira Andrade, ha reprochado a la defensa de los diputados
regionales del PP de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso
Bosch su estrategia de recurrir "una y otra vez" todas las resoluciones y de
exigir reiteradamente la nulidad de actuaciones para impedir que el juicio oral
pueda celebrarse, "como si los graves hechos ocurridos no hubiesen sucedido".
La defensa de los diputados
regionales impugnó un auto de Pedreira exigiendo que se les diese traslado de
todas las conversaciones intervenidas en prisión a los principales imputados con
sus abogados, pese a que dichas conversaciones no les afectaban a ellos.
En el auto, Pedreira permitía la
audición íntegra de las conversaciones intervenidas únicamente a los abogados de
defensores del cerebro de la trama Gürtel, Francisco Correa, su lugarteniente,
Pablo Crespo, y Antoine Sánchez, uno de los testaferros. El magistrado
instructor precisa que son los abogados de estos imputados los únicos que pueden
acceder exclusivamente a la integridad de las conversaciones grabadas.
Pedreira asegura que "un sector de
los recurrentes pretende paralizar el incidente de nulidad, interponiendo
constantemente toda clase de recursos". El juez lo considera "totalmente
improcedente", porque no resulta "factible ni ajustado a Derecho" y afirma que
"suscita perplejidad" que soliciten la nulidad de pleno derecho contra una
resolución que se limita a cumplir un auto de la Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal de Madrid.
El magistrado agrega que los
imputados formulan sustancialmente las mismas alegaciones, con "hipótesis
infundadas" y pretensiones "que deben ser rechazadas". El rapapolvo lo extiende
a las "contradicciones" en que incurren y a la "impropiedad en el manejo de los
tecnicismos" al confundir "una anulabilidad con una nulidad absoluta y de pleno
derecho", errores que para Pedreira resultan "paradójicos y sintomáticos".
El auto impugnado, concluye el juez,
es ajustado a derecho y el recurso contra el mismo parece responder "al afán de
que recurran todos contra todo". Pedreira termina desestimando todos los
recursos.
(www.elpais.com,
02/09/10)
PRORROGADA LA EXCLUSIVIDAD DEL JUEZ PEDREIRA AL 'CASO GÜRTEL'
La Comisión
Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) acordó ayer
prorrogar durante tres meses la dedicación exclusiva del magistrado del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira como instructor del
caso Gürtel.
El pasado 15 de abril, la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Madrid
acordó eximir a Pedreira durante tres meses del reparto de otros asuntos, dado
el volumen alcanzado por las actuaciones judiciales en torno a la trama corrupta
de empresarios de la red Gürtel y sus implicaciones con dirigentes del Partido
Popular.
Al inicio del nuevo curso judicial, el magistrado instructor
del caso Gürtel tendrá que pronunciarse sobre la eventual imputación y
medidas a adoptar respecto al actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero, y otras
cinco personas del entorno del ex consejero de Deportes de la Comunidad de
Madrid, Alberto López Viejo.
www.elpais.es 18.08.10
SUBCONTRATAS DE CORREA COBRARON A LA COMUNIDAD UN MILLÓN DE EUROS
El Grupo Rafael
también facturó a Boadilla del Monte y Arganda del Rey
Documentos del sumario del caso Gürtel prueban que el
cerebro de la trama, Francisco Correa, subcontrató cuatro empresas englobadas en
el Grupo Rafael que facturaron entre 2005 y 2008 más de un millón de euros a la
Comunidad de Madrid, y a los Ayuntamientos de Boadilla del Monte y Arganda del
Rey, según un informe de Hacienda que consta en la parte del sumario desvelada
el 6 de abril.
Correa utilizaba estas empresas ajenas a su vasto conglomerado
societario y les daba una comisión a cambio de concurrir a las adjudicaciones
que él tenía amañadas con la intención de tapar la certidumbre de que las
contratas siempre recaían en su grupo. Si se incluyen estas empresas pantalla,
la facturación de Correa a la Comunidad sería un tercio mayor de lo hasta ahora
conocido, pasando de 3 a 4,1 millones. La trama implica ya hasta ahora a más de
130 personas, en la que se considera ya la mayor red de corrupción ligada a un
partido político, el Partido Popular.
Las sociedades Tecnimagen Rafael, Fotomecánica Rafael,
Fotomecánica Doble M y Kilda Producciones Fotográficas mantenían "una estrecha
vinculación" con Correa, aclara la policía. Y esta relación, según los agentes,
se prueba con la existencia de distintos correos electrónicos interceptados por
la policía en los que la organización de la red les marcaba a los gestores del
Grupo Rafael unos objetivos en la facturación a la Comunidad de Madrid, a la que
cobró de forma directa 807.756 euros en cuatro años.
El informe de la policía judicial resalta además otro punto
que conecta a las empresas de la red con el Grupo Rafael, que era que este
último asumía "los importes correspondientes a la deuda y los cobros de las
empresas de Correa, como si fuera la suya propia, realizándole incluso la
gestión de cobro con los distintos organismos".
Un mensaje vital
Los agentes consideran vital el contenido de un mensaje que
probaría la relación de las sociedades con la trama. Enviado por "Carmen", del
Grupo Rafael, a "Javier", de Easy Concept
[posiblemente Javier Pérez Alonso, hermano de Álvaro Pérez,
El Bigotes'], dice: "Como verás la suma total fue de 752.179 euros, de la
que se han cobrado 658.881. Las facturas pendientes van por buen camino. ¡Confío
en haber alcanzado los objetivos esperados!".
Además del Gobierno regional, el Grupo Rafael facturó a la
Academia de Policía Local regional (16.670 euros), la Agencia de Información y
Comunicación regional (3.313), el Servicio Regional de Empleo (32.714), el Canal
de Isabel II (11.628), el Instituto de Administración Pública (16.809), la
Agencia Regional de Inmigración y Cooperación regional (10.624) y los
Ayuntamientos de Boadilla del Monte (95.839) y Arganda del Rey (48.893).Los
trabajadores de las empresas de la red Gürtel y las subcontratadas se valían de
la influencia de tres empleados de la viceconsejería de Presidencia, encabezada
entonces por Alberto López Viejo. Este ex cargo autonómico, que se encargaba de
la organización de los actos de la presidenta regional, Esperanza Aguirre, es
uno de los principales acusados de la trama corrupta. El juez le acusa de los
delitos de cohecho [al menos cobró 250.000 euros en comisiones], tráfico de
influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y
falsedad.
La policía judicial ha pedido al instructor del caso, Antonio
Pedreira, la detención de los ex empleados de Alberto López Viejo: Pedro
Rodríguez Pendás, María del Carmen García y Julia López Valladares. Según se
desprende del sumario, se encargaban de conseguir que las facturas problemáticas
se cobraran.
La influencia de estos asesores, especialmente la de Rodríguez
Pendás, les hacía capaces no solo de conseguir que se cobraran las facturas de
su departamento, Presidencia, sino también las de otras consejerías: Medio
Ambiente, Educación, Economía, Empleo y Mujer, Sanidad, Cultura y Deportes,
Inmigración, Familia y Justicia. Un correo electrónico interceptado a la trama
indicaba que al menos seis facturas de Presidencia, de un importe total de
62.000 euros, fueron finalmente abonadas "después de las gestiones realizadas
con Carmen, secretaria de López Viejo. Se está encargando de ello Julia López
Valladares".
65 recibos sin cobrar
Cuando en septiembre de 2006 la organización corrupta acumuló
65 facturas sin cobrar, por un valor total de 362.903 euros, una empleada de la
empresa de Correa Servimadrid acudió inmediatamente a Rodríguez Pendás para
interesarse por la situación en un correo del 12 de septiembre de 2006.
Rocío (Servimadrid): "Hola, Pedro, ¿cómo estás? ¿Sabes algo
del tema de nuestras facturas? Te llamo y me cuentas". Este mensaje lo contesta
Pedro Rodríguez Pendás: "¿Qué tal con la factura de la remodelación de Santa
Cristina? ¿Esa ya os han dicho que os la pagan?". Una hora después, obtuvo
respuesta de la empleada de Correa: "Sí, esa va más o menos bien, me la pagan
dentro de un mes. La que me preocupa mucho es la de la primera piedra del Plan
de Vivienda Joven de Navalcarnero, que se lo facturamos a Asimut Travel. Pues
nada de nada, que no quieren pagar. Si pudieras hacer algo, te lo agradecería".
www.elpais.es 16.08.10
El PP de Madrid desliga
a Aguirre de la financiación ilegal de sus campañas
Argumenta que no presidía el partido en 2003, cuando Fundescam pagó
sus gastos electorales
El Partido Popular de Madrid intenta desligar a Esperanza
Aguirre de la presunta
financiación ilegal de sus campañas electorales en 2003 a
través de la fundación Fundescam. No es la primera vez. Nada más
estallar el escándalo, la propia presidenta regional respondió a
los periodistas con un: "Que se lo pregunten a Pío, Pío, Pío",
en alusión a Pío García-Escudero, su antecesor al frente de los
conservadores madrileños hasta noviembre de 2004.
En un sentido similar, ayer el partido remitió una solicitud de
rectificación a Público al entender que es incorrecto
el titular del diario de ayer: "La policía busca más pruebas
sobre la financiación ilegal del PP de Aguirre".
Informe policial
En dicho escrito, el PP de Madrid
no niega ni una sola de las
informaciones reveladas por
Público sobre la
presunta financiación irregular de los conservadores madrileños
a través de Fundescam. Este periódico ha revelado que la Brigada
de Blanqueo de Capitales de la Policía ha entregado al juez
instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, un
informe que recoge sus avances en la investigación de la
supuesta financiación irregular del PP de Madrid sirviéndose de
la mencionada fundación.
Fundescam, controlada por al PP de Madrid,
recibió entre los años 2003 y
2004 un millón de euros de donaciones procedentes de
empresarios. Estos, a su vez, recibieron después adjudicaciones
millonarias del Gobierno de Esperanza Aguirre.
Según documentos a los que ha tenido acceso este diario, el PP
de Madrid pagó con los fondos
recaudados facturas de las dos elecciones autonómicas
celebradas en el año 2003, las del 25 de mayo y las celebradas
en octubre tras el episodio del tamayazo. La candidata
del PP era Esperanza Aguirre.
Ahora, la policía ha entregado al juez un nuevo informe con
avances sobre el caso y le solicita que requiera los datos
contables del partido en 2003 y 2004.
En la citada nota de rectificación, el PP de Madrid argumenta
que "la presunta actividad irregular a la que alude su
información se refiere a un periodo de tiempo, anterior al 30 de
noviembre de 2004, en el que la Sra. Aguirre no ejercía la
presidencia del Partido Popular de Madrid, hecho éste que se
oculta en los titulares, y se relega en la información".
Como admite el propio PP de Madrid, este diario informa con
exactitud de todas las fechas. En este sentido, en la
información se menciona que Pío García-Escudero, actual portavoz
del PP en el Senado, presidía a los conservadores madrileños en
2003 y 2004 y que también presidió Fundescam hasta noviembre de
2004, cargo en el que le sustituyó Esperanza Aguirre. A
principios de este año Gádor Ongil, número tres del PP de
Madrid, tomó el testigo de la presidenta y preside ahora la
fundación.
www.publico.es 13.08.10
LA POLICÍA INVESTIGA LOS GASTOS DEL PP EN ÉPOCA DEL' TAMAYAZO'
Entrega
al instructor del caso 'Gürtel' un nuevo informe sobre presunta financiación
irregular a través de Fundescam. Pide al juez que requiera los datos contables
del partido en 2003 y 2004
Noticias relacionadas
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía ha entregado al
juez instructor del caso Gürtel,
Antonio Pedreira, un informe de 50 páginas que recoge sus avances en la
investigación de la presunta financiación irregular del PP a través de Fundescam,
una fundación del partido en Madrid que recibió un millón de euros entre 2003
y 2004 en donaciones de empresarios a los que luego el Gobierno de Esperanza
Aguirre adjudicó contratos millonarios.
En este informe, la policía pide al juez que requiera todo tipo de
información contable al Partido Popular y a la propia Fundescam correspondiente
a esos dos años, incluidas las operaciones con Special Events, empresa
clave en la trama que dirigía Francisco Correa. Hasta ahora, la investigación ha
puesto de manifiesto que el PP se sirvió de Fundescam para burlar la Ley
Electoral, que establece un límite de gasto en las campañas.
La policía indaga los vínculos del Gobierno de Madrid con Fundescam
Según
reveló
Público en mayo de 2009,
la fundación abonó 300.000 euros a Special Events entre diciembre de 2002 y
noviembre de 2004 en concepto de gastos electorales que correspondían al
partido. Para enmascarar la trampa, Special Events emitía facturas por conceptos
que no se corres-pondían con la realidad.
Campañas para Aguirre
Las campañas de las dos eleccio-nes autonómicas celebradas en Madrid
en 2003, pagadas en parte por Fundescam, estuvieron separadas por el
tamayazo, la repentina deserción de
dos diputados socialistas que impidió la investidura de Rafael Simancas,
propició la celebración de unos nuevos comicios y el desembarco final de
Esperanza Aguirre en la Puerta del Sol.
Pide información del Registro de Fundaciones y de la Junta Electoral
Ahora, los requerimientos de la policía se centran en la campaña
electoral de 2004 para las elecciones al Parlamento europeo, en la que el PP
habría seguido el mismo método fraudulento de financiación. De ahí que
uno de los requerimientos de la policía afecte a la Junta Electoral. El cuarto y
último va dirigido al juez para que requiera información detallada al Registro
de Fundaciones de la Comunidad de Madrid.
En esta nueva fase de la investigación, la policía pretende avanzar
también en la relación de Fundescam con la Comunidad de Madrid. Por el momento,
se sabe que el Gobierno de Aguirre otorgó desde 2004 un total de 367 contratos a
distintas empresas de Correa. El modus operandi consistía en que varios
departamentos o consejerías de la Comunidad contrataran distintos servicios de
un mismo evento y pagaran por cada uno de ellos siempre menos de 12.000 euros,
límite máximo fijado por la ley para que la adjudicación no tenga que salir a
concurso.
Los policías piden también al juez todos los datos de facturación de
Special Events, la justificación contable, servicios prestados e identidad de
las personas que se situaron a un lado y otro de los cobros. Su administrador
único era Pablo Crespo, número dos de la
trama Gürtel y ex secretario de organización del PP gallego, que
continúa en la cárcel.
La fundación pagó 300.000 euros a una empresa de Correa en gastos
electorales
La policía ya desmenuzó el canal paralelo de financiación del PP
madrileño en un informe de abril de 2009, para el que resultó clave la de-sencriptación
de un pen drive hallado en un
piso de la calle General Martínez Campos. Para el nuevo informe ha sido
fundamental la información incautada en otro de los pisos de la red,
situado en el número 40 de la calle Serrano de Madrid, y registrado el 6 de
febrero de 2009 en presencia del contable de la trama, José Luis Izquierdo.
Esa contabilidad en negro también recogía los pagos a distintos
políticos del PP, entre ellos el ex tesorero Luis Bárcenas y el que fuera
consejero del Gobierno madrileño Alberto López Viejo, al que el propio Crespo
describía como el "muñidor" de todos los contratos que recibía la trama por
parte de la Comunidad de Madrid a partir de 2004.
"Que le pregunten a Pío, Pío"
El juez Pedreira tiene el informe, de 50 páginas, desde hace dos
semanas
En lo que respecta a Fundescam, el Gobierno de Esperanza Aguirre
siempre ha remitido al que era presidente del PP madrileño en 2003 y 2004, Pío
García Escudero. "Que se lo pregunten a Pío, Pío, Pío", contestó Aguirre la
primera vez que un periodista la interrogó por esta cuestión. De la misma
forma, el PP nunca ha explicado a qué se destinó el millón de euros que recaudó
Fundescam entre los años 2003 y 2004.
El juez Pedreira recibió el citado informe de la Brigada de Blanqueo
a principios de agosto y no está previsto que se pronuncie sobre sus peticiones
hasta bien entrado el mes de septiembre
www.publico.es 12-08.10
LA POLICÍA PIDE AL JUEZ DETENER A UN ALCALDE Y TRES EX ASESORES DEL EJECUTIVO DE
AGUIRRE
La UDEF
atribuye al regidor de Boadilla maniobras a favor de la trama corrupta - La
Fiscalía Anticorrupción propone que se les cite como imputados
La policía ha descubierto
nuevos negocios de la trama Gürtel y ha pedido al juez Antonio Pedreira y a las
fiscales anticorrupción la detención del actual alcalde de Boadilla del Monte
(Madrid), Juan Jesús Siguero, del PP, y de tres ex asesores del Gobierno de
Esperanza Aguirre que supuestamente facilitaron información a las empresas del
cabecilla de la red, Francisco Correa,
para amañar contratos y adjudicarlos a la trama corrupta.
-
Correa usó firmas tapadera para acudir a las contratas del Gobierno de
Aguirre
-
Una factura de un
acto de los Príncipes fue inflada para ganar un 40% más
La unidad de blanqueo de capitales de la Policía, la UDEF, ha elaborado un
informe en el que esgrime toda una batería de pruebas e indicios que aconsejan
la detención de estas cuatro personas para ser interrogadas y evitar que oculten
pruebas. Documentación intervenida en registros en el Ayuntamiento de Boadilla
del Monte (44.000 habitantes) revela que Siguero no solo facilitó a la trama
Gürtel información previa de contratas que luego sacó a concurso el Consistorio,
sino que además se implicó personalmente en la redacción y preparación de los
pliegos de licitación que presentaban las empresas de Correa. Este alcalde es el
que, con el respaldo del PP, sustituyó al anterior,
Arturo González Panero, El Albondiguilla, que
dimitió al estar entre los principales implicados en el caso Gürtel.
La policía sospecha que Siguero intervino activamente, entre
otras contratas, en la adjudicación de la Oficina de Atención al Consumidor de
Boadilla (OAC) por más de 600.000 euros y un periodo de 14 años. Esta oficina,
instalada en el mismo Ayuntamiento, fue cerrada tras estallar el escándalo. Las
fiscales anticorrupción Concha Sabadell y Miriam Segura ya han respondido a las
peticiones policiales de detención de estas personas con otro escrito en el que
rechazan esta medida, si bien avalan que se cite a
los nuevos implicados, una veintena solo en Madrid,
como imputados o testigos, señalan fuentes de la investigación. El juez no se ha
pronunciado aún, explican estos medios.
La policía sostiene que la trama Gürtel estaba plenamente
conectada a Alberto López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia y luego
consejero de Deportes del Gobierno de Aguirre. López Viejo actuaba supuestamente
a través de sus máximos colaboradores para facilitar información de primera mano
a las empresas de Correa sobre los contratos que salieron de su departamento y
de otras consejerías del Gobierno de Aguirre hasta finales de 2008.
Los investigadores han analizado abundante documentación que
implicaría a María del Carmen García, mano derecha de López Viejo en su
secretaría cuando éste era viceconsejero de Presidencia. También quieren que sea
detenido Pedro Rodríguez Pendas, asesor técnico de López Viejo hasta 2007, y
Julia López, adscrita a la vicepresidencia de la Comunidad y también bajo las
órdenes de López Viejo.
Según fuentes conocedoras del informe, María del Carmen
García, "siempre por indicación de López Viejo", facilitaba a las empresas de
Correa información confidencial sobre contrataciones y les decía cómo debían
confeccionar las futuras facturas y qué debían incluir en sus ofertas para
adjudicarse las contratas que iban saliendo, procedentes de casi todas las
consejerías de Aguirre. Rodríguez Pendas era otra pieza clave. Entre 2003 y
2008, con López Viejo como viceconsejero de Vicepresidencia, se encargaba de
informar a la red de Correa de cómo debía trocear los contratos en cantidades
inferiores a 12.000 euros (para evitar el concurso) y qué conceptos debían
figurar en las posteriores facturas. Julia López, siempre según estos medios,
cooperaba con Rodríguez Pendas y hacía facturaciones, y realizaba diferentes
justificantes de pago, con datos falsos, para aparentar que las operaciones se
hacían dentro de la legalidad.
La policía implica también a otra decena de personas en sus
nuevas pesquisas y pide que se las cite, algunas como imputadas y otras como
testigos. Algunos, ya imputados, son trabajadores de las empresas de Correa que,
en connivencia con los ex colaboradores de López Viejo, intervenían en las
licitaciones y se ponían de acuerdo con los empleados del cabecilla de la trama
para conseguir las adjudicaciones. Así, figuran empleados de empresas del grupo
Rafael y de las firmas Marketing Quality Management, Decoraciones CMR, que
supuestamente habrían intervenido como pantallas de la red Gürtel.
Para disimular, Correa utilizaba a veces empresas ajenas a su
vasto conglomerado societario y les daba una comisión a cambio de concurrir a
las adjudicaciones que él tenía previamente amañadas y tapaba así la certidumbre
de que las contratas siempre recaían en su grupo.
La policía también quiere interrogar a Fernando Martínez
Vidal, ex responsable de Relaciones Externas de la consejería de Presidencia y
ahora concejal del PP en el Ayuntamiento de Madrid, quien, junto a Rodríguez
Pendas, habría solicitado eventos que luego recayeron en la red de Correa.
Entre las empresas investigadas figura Servimadrid Integral,
SL, que obtuvo en 2005 y 2006 los contratos para la organización y celebración
de la gala de entrega de los Premios de Cultura y la Medalla Internacional de
las Artes en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno de la Comunidad de
Madrid. Y también Easy Concept, una de las sociedades con las que operaba la red
corrupta ante la Comunidad de Madrid, infló costes de actos de la Comunidad (por
ejemplo, uno al que asistieron los príncipes de Asturias) para ganar un 40% por
contrato y en muchos casos los presentaban al cobro en la Comunidad de Madrid
bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality Management).
www.elpais.es 09.08.10
MUCHAS SOSPECHAS ANTES DEL GOLPE JUDICIAL
Muchos años antes de que el
juez Baltasar Garzón asestara, en febrero de 2009, el golpe judicial definitivo
a la trama corrupta de Francisco Correa, el PSOE denunció contratos irregulares
con las empresas de la red en el Ayuntamiento de Madrid, el de Majadahonda y en
la propia Comunidad de Madrid. El rodillo del PP, que gobernaba con mayoría
absoluta en estas tres instituciones, echó tierra sobre el escándalo.
En mayo de 2005, el PSOE denunció que el Ayuntamiento de Madrid había contratado
en 2001 a una empresa que organizaba actos electorales del PP. Se trataba de
Special Events y la investigación del PSOE permitió acreditar que la empresa
pertenecía a sociedades radicadas en paraísos fiscales, estaba presidida por un
ex alto cargo del PP gallego, Pablo Crespo, y organizaba actos electorales para
este partido desde 1999. El PSOE denunció en aquel momento que Special Events
había contratado con diversas autonomías gobernadas por el PP, entre ellas
Galicia. Los socialistas llevaban meses pidiendo sin éxito al Gobierno presidido
por Esperanza Aguirre que le dijera si había adjudicado algún contrato a esta
empresa. Un portavoz del Ejecutivo regional aseguró entonces a EL PAÍS: "La
Comunidad de Madrid nunca ha contratado absolutamente nada con la empresa
Special Events". Y era verdad, lo habían contratado todo con otras empresas de
reciente creación a las que facturaba Special Events y propiedad, como esta
firma, de Francisco Correa. Todo quedaba en casa. Los consejeros autonómicos que
adjudicaron contratos a la trama aseguraron que lo hacían por orden de López
Viejo, el consejero encargado de los actos de la presidenta autonómica.
En el municipio de Majadahonda, el grupo socialista denunció
una adjudicación aún más grosera. El alcalde había decidido encargar una campaña
para mejorar la imagen institucional del Ayuntamiento a una empresa de Francisco
Correa, para entonces casado con la jefa de gabinete de la alcaldía de esa
localidad. Todas estas denuncias socialistas quedaron en nada.
www.elpais.es 09.08.10
LÓPEZ VIEJO ALERTÓ A LA TRAMA EN 2006 DE QUE EL PSOE INVESTIGABA SUS CONTRATOS
Altos cargos
autonómicos mintieron en la Asamblea sobre las adjudicaciones
judicial del caso Gürtel,
la más extensa trama de corrupción de la democracia vinculada a un partido
político, el PP, ha permitido conocer a la Policía que los colaboradores del que
fue mano derecha de Esperanza Aguirre para todos sus actos
institucionales, el ex consejero Alberto López Viejo, alertaron a la red de
Francisco Correa en junio de 2006 de que el grupo parlamentario socialista
estaba investigando en la Asamblea de Madrid supuestas irregularidades en la
adjudicación de contratos por parte de distintos departamentos del Gobierno
autónomo.
La Comunidad falseó la solvencia de una firma de la red Gürtel
Los colaboradores de López Viejo, según la investigación policial, remitieron el
orden del día de una comisión de vigilancia de las contrataciones a los
responsables de la trama corrupta, que para entonces y desde la llegada de
Esperanza Aguirre al Gobierno de la Comunidad de Madrid, se encarga de los actos
institucionales de la presidenta.
En esa comisión, el socialista Óscar Monterrubio intentó
conocer los motivos que habían llevado a distintas consejerías autonómicas a
encargar a dedo una serie de trabajos a empresas de la trama corrupta,
Boomerangdrive y Good and Better, cuya solvencia y experiencia eran más que
dudosas, pues habían logrado los trabajos sólo unos días después de haber sido
creadas.
Los secretarios generales técnicos de las consejerías de
Presidencia, Empleo e Inmigración respondieron como pudieron, en algún caso con
mentiras, para justificar las adjudicaciones, y se desvincularon de las mismas
aludiendo en sus respuestas a que alguien, nunca dijeron quién, había aconsejado
su contratación.
En la comisión de vigilancia, el PSOE se interesó por
numerosos contratos adjudicados a dedo para celebraciones del Día Internacional
de la Mujer o actos a favor de la Inmigración presididos por Aguirre y pagados
por las consejerías de Inmigración, Empleo o Presidencia. Lo que sigue es un
resumen de esa comisión.
Óscar Monterrubio
(PSOE): "Good and Better, la empresa a la que se adjudicó el contrato para
marzo, se constituyó el 11 de enero de ese mismo año; la persona que realiza el
acto se hace cargo de esa empresa el 3 de febrero. ¿Cómo la consejería, y la
dirección general, asigna a esta empresa creada en enero un contrato para
organizar un acto el 8 de marzo? ¿Qué criterios se aplican para buscar a esta
empresa o cómo aparece esta empresa encima de la mesa del órgano que hace la
contratación?".
Altos cargos regionales:
"No conozco la
información que me ha facilitado sobre las fechas de constitución, lo que sí me
han manifestado es que esta empresa ha debido desempeñar una labor muy activa,
pues ya contaba con una cartera de clientes en el ámbito privado, como podía ser
Repsol, el Banco de Santander o el Ayuntamiento de Zaragoza. No sé si llegó a
través de referencias de actos que habían visto en la dirección general, que
participa en muchos foros y, probablemente, uno de esos foros lo habría
organizado esa empresa".
Las declaraciones de los altos cargos del Gobierno regional,
todos ellos secretarios generales técnicos, estaban llenas de mentiras o
inexactitudes. Para cuando se adjudicó el contrato a Good and Better, esta
empresa no había hecho ningún trabajo para Repsol, el Banco Santander o el
Ayuntamiento de Zaragoza y, por otra parte, era muy difícil que alguien hubiera
participado en foros organizados por Good and Better porque el contrato de la
Comunidad fue, prácticamente, el primero que tuvo desde su creación, según se
deduce de las declaraciones de actividades de esta empresa que figuran dentro
del sumario del caso Gürtel. En 2006, la fama de Special Events, la
empresa con la que Francisco Correa empezó a hacer negocio con Gobiernos del PP,
había sufrido ya varios varapalos y estaba bajo sospecha porque el PSOE había
denunciado en los ayuntamientos de Madrid y Majadahonda adjudicaciones
supuestamente irregulares a esta firma, a la que vinculaban con el PP pues era
la que se encargaba de los actos electorales.
Correa decidió entonces crear nuevas empresas para que
hicieran el mismo trabajo que Special Events, que redujo mucho su facturación
hasta desaparecer prácticamente en 2008. Las empresas que sucedieron a Special
Events fueron Easy Concept, Boomerangdrive, Good and Better, Diseño Asimétrico y
Servimadrid Integral.
www.elpais.es 09.08.10
ANTICORRUPCIÓN PIDE QUE SE IMPUTE
AL DIRECTOR DE MQM
La Fiscalía Especial contra la Corrupción y la
Criminalidad Organizada ha pedido al juez instructor del caso Gürtel en Madrid,
Antonio Pedreira, que cite a declarar "en calidad de imputado" al administrador
de Marketing Quality Managment (MQM), empresa que recibió
cuantiosas adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a
las puertas de las elecciones de 2007.
En su escrito, fechado el pasado 14
de junio, los fiscales solicitan que se aporte a la causa el historial del
Registro Mercantil relativo a dicha sociedad, administrada por Antonio Martín
Sánchez. También se pide que se llame a declarar como testigo a Reyes Montiel,
la diputada de Izquierda Unida (IU) que el pasado abril presentó un escrito en
la fiscalía instándola a investigar.
En una providencia del 30 de junio,
el juez solicitó que se una al caso toda la documentación aportada por Montiel.
La diputada de IU en la Asamblea
acudió a los tribunales tras descubrir que el Instituto Madrileño de Desarrollo
(Imade), adscrito a Economía, adjudicó en septiembre de 2006 a MQM la
creatividad de una campaña de publicidad que no llegó a realizarse. Se llamaba
Made in Madrid y costó al erario público 1,25 millones de euros.
En marzo de 2007, a las puertas de
las elecciones autonómicas del 27 de mayo, el Imade exoneró por escrito a MQM de
realizar más del 80% de sus compromisos, pero le mantuvo intacto el pago. Ese
mismo año, MQM abonó 409.000 euros a las empresas de Francisco Correa, según las
declaraciones a Hacienda incorporadas al sumario.
La elección de MQM para
la campaña de publicidad fantasma fue una sugerencia
de Swat, consultora que en ocasiones se ha coordinado con la trama Gürtel para
acceder a contratos públicos. Y esta misma consultora eligió a Over Marketing y
Comunicación (Over MC) para otra campaña de publicidad fantasma del Imade que
supuso el desembolso de otros dos millones de euros antes de los comicios.
La relación entre estas empresas
entre sí y con la propia trama Gürtel la corroboró ante el juez Isabel Jordán,
ex administradora de Easy Concept empresa nuclear de la trama en Madrid que fue
contratada posteriormente por MQM: la imputada explicó que fue Over MC quien les
puso en contacto con MQM.
Reyes Montiel está recopilando
información para ampliar el escrito que dirigió a la fiscalía: "Desde entonces
han aparecido muchos otros indicios de presuntas irregularidades relacionadas
con esta empresa y del uso que han hecho de ella el PP y la trama", explica
Montiel.
En abril de 2007, con las elecciones
ya formalmente convocadas, MQM recibió otra adjudicación de la comunidad, esta
vez por valor de 250.000 euros, para organizar los actos de la presidenta. El
contrato, que fue una iniciativa del hoy imputado Alberto López Viejo, tiene
también muchos aspectos que en opinión de Montiel deberían investigarse.
Presidencia pagaba alguno de estos
actos por duplicado: a MQM y a la trama. Además, según consta en un documento
remitido por la propia empresa a Presidencia, en apenas dos meses facturó el
150% de lo presupuestado para todo el año, coincidiendo con la campaña
electoral.
"Espero que la justicia llegue donde
es imposible llegar en la Asamblea como consecuencia del rodillo del PP", añade
Montiel, quien llama a investigar si el contrato sirvió "para financiar la
campaña electoral del PP".
(www.publico.es,
27/07/10)
AGUIRRE PAGABA A MQM Y A LA 'GÜRTEL'
EL MISMO ACTO
El Gobierno de Esperanza Aguirre
pagó dos veces por un mismo acto de Presidencia a empresas distintas y lo hizo
en al menos seis ocasiones entre 2007 y 2008: un pago iba a Marketing Quality
Management (MQM), que tenía la adjudicación formal para organizar los actos de
la presidenta, y otro a empresas de la trama Gürtel.
Así se desprende de la documentación
remitida por la Comunidad de Madrid al juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira,
sobre todos los contratos obtenidos por la trama.
MQM, que está siendo investigada en
la causa, declinó atender a Público. Un portavoz de Economía respondió por
escrito: "La Comunidad de Madrid ha facilitado toda la información sobre el caso
Gürtel que se le ha requerido por parte del juez. Asimismo, el Gobierno regional
ha comparecido en la Asamblea para dar cumplida cuenta de la información de la
que dispone el Ejecutivo regional, que siempre ha cumplido con la Ley de
Contratos".
MQM firmó un contrato el 25 de abril
de 2007 con la Comunidad de Madrid para organizar los actos de Presidencia. El
concurso, de 250.000 euros al año, fue impulsado por Alberto López Viejo, hoy
imputado y entonces organizador de los actos de Aguirre.
MQM ganó tras competir con Marvá y
Easy Concept, una de las empresas clave de la trama que estaba administrada por
la hoy imputada Isabel Jordán, que luego se incorporaría precisamente a MQM. En
2007, esta empresa pagó a la trama 409.000 euros, según las declaraciones a
Hacienda incorporadas al sumario.
Tras ganar la adjudicación de los
actos de Presidencia, la trama siguió facturando para la Comunidad de Madrid por
actos que entraban dentro del contrato marco firmado por MQM y que en realidad
ya habían sido facturados por esta empresa.
No es que MQM subcontratara los
servicios a la trama, algo que hubiera sido posible dentro del contrato marco,
sino que empresas de Correa facturaban también a la Administración autonómica
por los mismos actos ya encargados y pagados a MQM.
El acto de entrega de medallas al
mérito ciudadano, en 2007, se llegó a pagar a tres empresas distintas, según la
documentación remitida al juez. MQM pasó a Presidencia facturas por un total de
46.000 euros. Pero por el mismo acto cobró también 11.162 euros Servimadrid,
otra de las empresas nucleares de la trama, y otros 10.296 euros Diseño
Asimétrico por la aportación del equipo audiovisual.
MQM había ganado el concurso marco
precisamente porque se valoró especialmente "las mejoras relativas a los medios
audiovisuales", según el informe del jefe de área de régimen interior, Alfonso
Peña. Fue la única concursante que puntuó en este punto, al ofertar dentro de su
propuesta seis pantallas de plasma.
El mecanismo de pagos repetidos se
repitió al menos otras cinco veces entre 2007 y 2008: Easy Concept pasó una
factura de 4.065 euros por un acto en la Real Casa de Correos; Good & Better
otro de 11.990 euros por la entrega de medallas a los príncipes y Servimadrid
tres facturas de 11.900 euros por el Belén, el Día de la Constitución y un acto
de balance de gobierno. Todos ellos entraban dentro del contrato marco ya pagado
a MQM.
Antes de lograr este concurso en
Presidencia, MQM ganó un contrato del Imade, vinculado a Economía, para una
publicidad de 1,25 millones de euros que se pagó pero no se hizo. La propuesta
de adjudicación la hizo Swat, consultora bien conectada con Gürtel.
La conexión de Marketing Quality
Management (MQM) con la trama ‘Gürtel' se hizo a través de Over Marketing y
Comunicación (Over MC), implicada también en el caso de la ‘publicidad fantasma'
del Imade.
Así lo declaró ante el juez la
imputada Isabel Jordán, ex responsable de Easy Concept, una de las empresas de
la trama para eventos en Madrid: "Nosotros conocimos a MQM a través de Javier
Rodríguez [directivo de Over MC]". Jordán añade que conversaron en ocasiones con
Over para coordinarse y que la relación con MQM fue una sugerencia de esta
empresa.
Over MC y MQM fueron beneficiarias
de sendos contratos de creatividad publicitaria del Imade de los que no existen
pruebas de que llegaran a realizarse pese a que el organismo público abonó 3,25
millones: dos a Over para una campaña dirigida a pymes y autónomos y 1,25 para
MQM por ‘Made in Madrid'. La consultora que les eligió fue Swat, que en
ocasiones trabajó coordinadamente con la ‘Gürtel'. En Baleares, la fiscalía
investiga contratos publicitarios suscritos por Over MC con instituciones
gobernadas por el PP. Over hizo la campaña de Jaume Matas en 2003.
El 25 de abril de 2007, la Comunidad
de Madrid firmó un contrato con Marketing Quality Management (MQM) para que esta
empresa organizara todos los actos insitucionales de Esperanza Aguirre. El
precio de adjudicación era de 250.000 euros para todo el año.
Apenas dos meses después, MQM ya
había pasado facturas a Presidencia como consecuencia del contrato por valor de
383.000 euros. Es decir, en apenas dos meses la empresa había facturado el 150%
de lo firmado para todo el año.
(www.publico.es,
26/07/10)
EL CONTRATO SE FIRMÓ DOS SEMANAS
ANTES DEL INICIO DE LA CAMPAÑA DEL 27-M
¿Qué pasó en medio? Hubo elecciones
autonómicas. Esperanza Aguirre había firmado el decreto de convocatoria el 2 de
abril, tres semanas antes de la firma del contrato con MQM. La campaña electoral
se inició el 11 de mayo, los comicios fueron el día 27 y la presidenta tomaba
posesión para su nuevo mandato el 20 de junio.
Entre el 11 de mayo de 2007, primer
día de campaña, y el 28 de junio, MQM remitió a la consejería de Presidencia de
la Comunidad de Madrid un total de 20 facturas relacionadas con el contrato,
según consta en un documento con todos los actos organizados que la empresa
envió al Gobierno madrileño el 25 de noviembre de 2008, en el momento de
liquidación del contrato, que se extendió también a 2008.
Diecisiete de estas 20 facturas son
por importes inferiores a 12.000 euros. Y no se especifica ningún evento, a
diferencia del resto del listado.
La siguiente factura, ya el 30 de
noviembre, es por el acto de entrega de medallas a los Príncipes de Asturias. Y
las otras 45 que MQM remitió a Presidencia hasta que venció el contrato, a
finales de 2008, tienen perfectamente detallado el evento por el que prestaron
el servicio.
El documento de MQM forma parte del
expediente del contrato obtenido por la diputada de Izquierda Unida (IU) Reyes
Montiel, que lo solicitó tras descubrir que MQM había sido adjudicataria de un
contrato de 1,25 millones por una campaña de publicidad, Made in Madrid, que
nunca se llegó a realizar.
La campaña del Made in Madrid la
había adjudicado el Instituo Madrileño de Desarrollo (Imade), dirigido por
Aurelio García de Sola, en octubre de 2006 por recomendación de Swat, consultora
que se ha coordinado en ocasiones con la trama Gürtel.
En marzo de 2007, también justo
antes de la convocatoria electoral y de recibir el encargo de organizar los
actos institucionales de Aguirre, MQM fue exonerada de cumplir más del 80% del
contrato del Imade, sin que ello supusiera una reducción de sus ingresos.
El pasado abril, Montiel presentó un
escrito a fiscalía para que investigara las relaciones de esta empresa con la
Comunidad de Madrid. El fiscal remitió el dossier de la diputada a
Anticorrupción al observar que podría tener relación con el caso Gürtel.
Una compañía con muchos
interrogantes
1. Relación con ‘Gürtel'
La imputada Isabel Jordán, que
estuvo al frente de Easy Concept -empresa de la trama especializada en eventos-,
ha declarado ante el juez que se coordinaban con MQM para acceder a
adjudicaciones en Madrid. Ella misma acabó trabajando para MQM. En 2007, tras
ganar varios contratos, MQM pagó 409.000 euros a la trama, que además cobró a
la Comunidad por actos ya adjudicados a MQM.
2. Publicidad fantasma
En octubre de 2006, el Instituto
Madrileño de Desarrollo, adscrito a Economía, dio a MQM 1,25 millones para la
creatividad de la campaña ‘Made in Madrid'. Nunca se hizo. Economía explicó que
en realidad se integró en otras campañas para aprovechar "sinergias".
3. Actos de Aguirre
El 25 de abril de 2007, MQM obtuvo
la adjudicación para organizar los actos institucionales de Esperanza Aguirre,
que estaban bajo la supervisión del hoy imputado Alberto López Viejo. El
contrato era de 250.000 y posteriormente se elevó más del 20%. La causa alegada
fue el "imprevisto" de las elecciones, pese a que el contrato se firmó con los
comicios ya convocados.
4. Facturas hinchadas
Algunas facturas presentadas por MQM
en los actos de Esperanza Aguirre se hincharon más del 400%. El homenaje a las
víctimas del 11-M en 2008, de apenas cinco minutos de duración, se facturó por
118.595 euros. El año siguiente, el mismo acto se adjudicó por 24.099 euros.
Algunos expertos sostienen que
algunas partidas del despliegue de la noche electoral de 2007 estaban hinchadas
el 1.000%.
5. Actividad electoral
Las elecciones autonómicas de mayo
coincidieron con movimientos en los contratos de MQM. Justo antes, en marzo, MQM
fue exonerada de cumplir el 80% del contrato publicitario de 1,25 millones. En
abril, firmó el contrato para organizar actos de la presidenta y en junio ya
había gastado el 150% previsto para todo 2007.
(www.publico.es,
26/07/10)
SOMBRAS SOBRE LA CAMPAÑA
ELECTORAL DE AGUIRRE, EN 2007
La Comunidad de Madrid vuelve a
estar en el ojo del huracán de la investigación del caso Gürtel, tras el envío
de los contratos adjudicados por el Gobierno de Esperanza Aguirre a las empresas
de Francisco Correa, cabecilla de esta trama, al juez Antonio Pedreira.
Los contratos remitidos al juez
instructor del caso Gürtel tienen fecha del periodo comprendido entre 2007 y
2008, coincidiendo con la campaña electoral por la presidencia de la Comunidad
de Madrid, que se inició el 11 de mayo de 2007.
El contrato anual, superado en dos
meses
El 25 de abril de 2007, la Comunidad
de Madrid firmó un contrato con la empresa Marketing Quality Management (MQM)
[relacionada con el entramado Gürtel] para que organizara todos los actos
institucionales de Esperanza Aguirre. El precio de adjudicación era de 250.000
euros para todo el año. Resulta llamativo que sólo dos meses después, MQM ya
había pasado facturas a Presidencia como consecuencia del mismo contrato por
valor de 383.000 euros. Lo que significa que, en apenas dos meses, la empresa
había facturado el 150% de lo firmado para todo el año, según la información a
la que ha tenido acceso Público.
Facturas sin conceptos
Entre el 11 de mayo de 2007, que fue
el inicio de la campaña, y el 28 de junio, MQM remitió a la consejería de
Presidencia de la Comunidad de Madrid 20 facturas relacionadas con el contrato.
Diecisiete de estas 20 facturas fueron hechas por importes inferiores a 12.000
euros, y no hacen relación a ningún evento en concreto.
La campaña fantasma de 1,25 milones
Con anterioridad, en 2006 MQM fue
adjudicataria de un contrato de 1,25 millones por una campaña de publicidad,
Made in Madrid, que nunca se llegó a realizar, y que fue otorgado por el
Instituo Madrileño de Desarrollo (Imade), por recomendación de Swat, consultora
que se ha coordinado en ocasiones con la trama Gürtel.
El pago de 409.000 a la trama Gürtel
MQM había ganado el contrato de la
Comunidad de Madrid tras competir con Easy Concept, una de las empresas clave de
la trama Gürtel, que estaba administrada entonces por la imputada Isabel Jordán,
que luego se incorporó MQM. En 2007, esta empresa pagó al grupo empresarial de
Correa 409.000 euros, según las declaraciones a Hacienda incorporadas al
sumario.
MQM y una empresa de la trama
De acuerdo con la documentación
remitida al juez Pedreira, en 2007, para el acto de entrega de medallas al
mérito ciudadano se llegó a pagar a tres compañías distintas. MQM facturó
a Presidencia por un total de 46.000 euros, y al mismo tiempo una de las
empresas de la trama Gürtel, Servimadrid, cobró 11.162 euros, y Diseño
Asimétrico, 10.296 euros.
La exoneración misteriosa
En marzo de 2007, dos meses antes de
que se iniciara la campaña electoral y de que MQM resultara adjudicataria del
contrato por 250.000 por los actos institucionales de Esperanza Aguirre, la
empresa fue exonerada de cumplir más del 80% del contrato del Imade, sin que
ello supusiera una reducción de sus ingresos.
Facturas hinchadas en un 400%
Según los contratos remitidos al
juez Pedreira, se deduce que algunas facturas de MQM por actos de Esperanza
Aguirre pudieron hincharse en más del 400%. Por ejemplo, el homenaje a las
víctimas del 11-M, en 2008 se facturó por 118.595 euros. El año siguiente, el
mismo acto se adjudicó por 24.099 euros. Algunos expertos, citados por Público,
sostienen que algunas partidas del despliegue de la noche electoral de 2007
estaban hinchadas el 1.000%.
(www.elplural.com,
26/07/10)
EL PSM PIDE QUE SE INVESTIGUEN
LOS CONTRATOS CON LA EMPRESA SUFI
El portavoz del grupo municipal
socialista en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas, ha exigido al equipo de
gobierno madrileño que esclarezca su participación en las adjudicaciones
millonarias del Consistorio a la empresa Sufi, SA, implicada en la trama de
corrupción del PP del caso Gürtel. El presidente de esta empresa, Rafael
Naranjo, ha sido imputado por el magistrado instructor del Gürtel, Antonio
Pedreira, por un delito de cohecho continuado al constar en el sumario
"numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y
autoridades, por mediación del cerebro de la trama, Francisco Correa, con la
intención de obtener contratos públicos para su mercantil".
Según los socialistas, esta empresa
es una de las adjudicatarias de los contratos municipales de limpieza de los 15
distritos. Este servicio tiene un coste total de 1.136 millones de euros en 10
años. Además, Lucas exige información acerca de uno de los apartados de los
contratos firmados por el Ayuntamiento en el sector de la limpieza, que se
refiere a "concienciación ciudadana". Este epígrafe afecta al 2% del monto total
de los contratos del Ayuntamiento en la limpieza (unos 54,5 millones de euros).
"El PSOE ya denunció en la anterior
legislatura que las adjudicaciones de limpieza en Madrid podían ser
irregulares", recordó Lucas, quien explicó también que mientras se llevaban a
cabo las adjudicaciones y se firmaban los contratos "se reservaba entre el 1,5%
y el 2,5 % del gasto total de esos contratos para gastos de concienciación". En
este sentido, Lucas y su partido esperan que el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón,
"dé detallada cuenta de en qué se gastó ese dinero", y, a partir de ahí,
analizarán los datos y exigirán responsabilidades. También lamenta que el
Gobierno local pueda estar implicado en la trama y espera "que se pongan en
marcha todos los mecanismos necesarios para ayudar a que se esclarezcan los
hechos".
Por otra parte, la Sala de lo Civil
y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha respaldado la decisión
del magistrado Pedreira de prorrogar el secreto de sumario en las diligencias
pendientes del caso Gürtel. No obstante, los magistrados instan al instructor a
que analice la documentación que permanece secreta con la mayor celeridad
posible.
(www.elpais.com,
23/07/10)
PEDREIRA IMPUTA A UN FUNCIONARIO
Y A DOS EMPRESARIOS MÁS EN GÜRTEL
El magistrado instructor del caso
Gürtel, Antonio Pedreira, ha citado a declarar a tres nuevos imputados: dos
empresarios y un funcionario del Ayuntamiento de Majadahonda, que en estos
momentos trabaja en una comisión de servicios en el Consistorio de Villaviciosa
de Odón.
Con estos tres nuevos implicados la
mayor trama de corrupción de la democracia vinculada a un partido político
salpica ya a más de 130 personas, 68 de ellas en la Comunidad de Madrid. Hace
menos de un mes, un informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía
(UDEF) atribuyó una decena de delitos a otras 20 personas, entre ellas el actual
alcalde de Boadilla del Monte, Juan Siguero (PP). El juez Pedreira todavía no ha
decidido si los va a acusar de forma definitiva.
Entre los tres nuevos imputados
resalta el ex director del área de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de
Majadahonda, Luis Valor San Román. El magistrado le acusa de cooperación en un
delito de prevaricación por su intervención en una de las adjudicaciones
millonarias que se llevó una de las empresas del cerebro de la trama, Francisco
Correa. Este trabajador municipal fue el artífice, según el auto dictado el 19
de julio pasado, de los pliegos y los informes técnicos que condujeron a la
adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Majadahonda a la
empresa Technology Consulting Management (TCM), vinculada a Correa.
Esta decisión municipal se aprobó en
contra de un informe del secretario de este Ayuntamiento. Ello y el posterior
fraccionamiento de la contratación de los servicios que incluía la adjudicación,
a juicio de la investigación, "provocó que el Ayuntamiento de este municipio
abonara a los contratistas cantidades muy superiores, algo que pudo causar un
perjuicio económico a las arcas municipales". Presupuestada en 625.053 euros, el
coste de la OAC de Majadahonda se disparó hasta los 1,4 millones.Uno de los tres
nuevos imputados en el caso Gürtel es el empresario Rafael Naranjo Ane-gón,
presidente de Sufi, SA. Esta empresa resultó adjudicataria de la gestión de
basuras en el distrito de Moratalaz en 2002, cuando Alberto López Viejo, uno de
los principales acusados de la trama corrupta, era el concejal de Limpieza en el
Ayuntamiento de Madrid. La sociedad, presidida por Rafael Naranjo, obtuvo el
contrato de 48 millones de euros en un periodo de 10 años.
El magistrado que instruye el caso
Gürtel, Antonio Pedreira, le imputa a Rafael Naranjo un delito de cohecho
continuado "al constar numerosos indicios del pago de diversas cantidades a
funcionarios y autoridades por mediación de Francisco Correa" para la
adjudicación de contratos a Sufi, SA.
En el auto, al que ha tenido acceso
EL PAÍS, Pedreira indica que Naranjo podría haber pagado a la organización de
Correa una "comisión" de 1.232.074 euros -un 3% del total de la ad-judicación-
"por su intermediación ante un cargo público con responsabilidades de gobierno
en el Ayuntamiento de Madrid" y con capacidad para adjudicar contratos
públicos.
El juez recuerda en su auto que la
persona que se encontraba al frente de la concejalía de Limpieza Urbana en el
Ayuntamiento de Madrid era Alberto López Viejo que más tarde pasó a formar parte
del Gobierno de la Comunidad presidido por Esperanza Aguirre. Según consta en el
sumario, estos cargos en el Ayuntamiento y en la Comunidad le sirvieron a López
Viejo para ingresar 563.000 euros en concepto de comisiones recibidas por
empresas de la trama.
El propio Correa, cerebro de la red
corrupta, definió los actos públicos que sus empresas organizaron para López
Viejo como "chorizadas". El ex consejero les obligaba a trocear los contratos
por facturas inferiores a 12.000 euros para evitar la obligación de someter los
eventos a concurso. Los responsables de la red lo agasajaron, según el sumario,
con regalos: corbatas, maletines, gemelos y trajes. La trama también organizó el
cumpleaños de la hija de López Viejo.
En el caso Gürtel también está
imputado el hijo de Rafael Naranjo, Gonzalo, a quien el juez acusa de haber
pagado comisiones ilegales al Ayuntamiento de Boadilla del Monte, gobernado por
el PP. En los libros de contabilidad de la red Gürtel la policía identificó
entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por Gonzalo Naranjo,
empresario "vinculado a la administración de Sufi, SA". Según el informe
policial, entre los beneficiarios de esa comisión ilegal, además del propio
Correa, estaba Tomás Martín, un dirigente del PP de Boadilla.
La empresa Sufi, SA, también ha
resultado salpicada recientemente por la Operación Brugal que investiga el pago
de comisiones en la adjudicación de una planta de gestión de basuras en Orihuela
(Alicante).
El segundo de los nuevos empresarios
imputados por Pedreira en el caso Gürtel es José Luis Cortés Bañares, que
aparece como emisor de facturas a diferentes empresas de la red. El juez le
acusa de falsedad y fraude fiscal en relación a unos supuestos servicios de
asistencia informática.
Por otra parte, el juez Pedreira ha
solicitado a la Tesorería de la Seguridad Social que le remita la vida laboral
de 36 personas, entre ellas la de la concejal de Pozuelo Yolanda Estrada y la
del empresario Jesús Calvo Soria.
(www.elpais.com,
22/07/10)
PEDREIRA IMPUTA A UN EMPRESARIO
QUE PAGÓ 1,2 MILLONES A CORREA
Despacio pero sin pausa, el número
de imputados en el caso Gürtel sigue creciendo. Los tres últimos fueron citados
hoy a declarar por el instructor del caso, el magistrado del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. Uno de ellos es Rafael Naranjo Anegón,
presidente de la mercantil Sufi, a la que en 2002 el entonces concejal de Madrid
y actual diputado en la Asamblea regional Alberto López Viejo adjudicó la
gestión del servicio de limpieza viaria del distrito madrileño de Moratalaz. Se
le acusa de haber entregado 1.232.074 euros a la trama de Francisco de Correa.
Esa cantidad es "el 3% del monto
total de la adjudicación, en concepto de comisión, por su intermediación, ante
un cargo público con responsabilidades de gobierno en el Ayuntamiento de Madrid,
y por tanto con capacidad de adjudicación de contratos públicos". El auto se
refiere a López Viejo, la primera víctima política que se cobró el caso, aunque
su imputación formal no se produjo hasta que el procedimiento llegó al TSJM por
su condición de aforado.
La resolución imputa a Naranjo
Anegón un delito de cohecho continuado, "al constar en el procedimiento
numerosos indicios del pago de diversas cantidades a funcionarios y autoridades,
por mediación de Francisco Correa".
Los otros dos últimos imputados en
la causa a instancias de la Fiscalía Anticorrupción son José Luis Cortés Bañares
y Luis Valor San Román. Ambos, junto con Naranjo Anegón, comparecerán ante el
juez el próximo 9 de septiembre. El primero está acusado de los delitos de
falsedad documental y contra la Hacienda Pública, como cooperador. Por su parte,
la imputación de Valor San Román es como cooperador de un delito de
prevaricación.
Según Anticorrupción, José Luis
Cortés emitía facturas para las distintas empresas del grupo empresarial de
Francisco Correa. Oficialmente se dedicaba al mantenimiento de los servidores
informáticos de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte
(Madrid), así como de la página web de la localidad. También aparece como el que
suministraba ordenadores a Pasadena Viajes. Sin embargo, la fiscalía considera
que en realidad no prestaba estos servicios y se limitaba a facilitar facturas
falsas al grupo de corrupción.
La acusación contra Valor San Román
se remonta a su etapa como director del Área de Nuevas Tecnologías de
Majadahonda. Hacía los pliegos y los informes técnicos del expediente de
contratación Consultoría y Asistencia para el Diseño e Implantación de la
Oficina de Atención al Ciudadano de la citada localidad madrileña.
Por su parte, la fiscalía se ha
opuesto a que vuelva a ser rebajada la fianza impuesta a Antoine Sánchez, el
primo y presunto testaferro del cabecilla de la trama, Francisco Correa.
La cantidad fue fijada por el juez
Pedreira el pasado 29 de junio en 75.000 euros. Previamente había descendido de
300.000 a 150.000 euros. Aún así, Sánchez volvió a pedir una rebaja al seguir
considerándola excesiva.
Anticorrupción apela al riesgo de
fuga existente, que en el caso de Sánchez se acentúa porque residía con su
pareja en Senegal antes de que estallase el principal escándalo de corrupción
del PP. Si se fugara, dicen las fiscales, la investigación de la trama se
complicaría aún más al participar en el blanqueo de capitales imputado a los
cabecillas de la trama.
(www.publico.es,
22/07/10)
SIN MATERIAL EN BOADILLA
El imputado José Luis Cortés facturó
a las empresas de Correa, según el magistrado, por el mantenimiento de los
servidores informáticos de los ordenadores de la Oficina de Atención al
Ciudadano (OAC) de Boadilla del Monte. Estos servicios fueron adjudicados por el
entonces alcalde Arturo González Panero a la sociedad Easy Concept. También
firmó facturas por el diseño y el mantenimiento de páginas web en Boadilla y por
el suministro de equipos informáticos a la empresa Pasadena Viajes.
Precisamente un informe realizado
hace un año por un funcionario municipal de Boadilla del Monte sobre la OAC de
este municipio reveló que, en comparación con lo previsto, esta oficina
gestionada por la empresa de Correa no disponía de todo el material recogido en
el contrato firmado tras la adjudicación municipal. En concreto, faltaban 8
impresoras, 2 escáneres y 12 discos duros de ordenadores, entre otros
materiales.
(www.elpais.com,
22/07/10)
PEDREIRA CITA A DECLARAR A TRES
NUEVOS IMPUTADOS EN EL CASO GÜRTEL
La lista de implicados del caso
Gürtel lejos de adelgazar, engorda. El juez Pedreira ha imputado a otras tres
personas en esta trama de corrupción vinculada al PP que tendrán que declarar el
próximo mes de septiembre.
Se trata de Luis Valor San Román, ex
director del área de nuevas tecnologías del Ayuntamiento de Majadahonda. San
Román ocupó ese cargo durante la etapa de Guillermo Ortega, otro de los
imputados en esta causa, al frente de la alcaldía. La investigación sostiene que
San Román elaboró informes favorables a una de las empresas de la trama, TCM,
para que obtuviera adjudicaciones de la oficina de atención al ciudadano.
El segundo imputado es Rafael
Naranjo a quien se atribuye un presunto delito de cohecho por haber pagado a
funcionarios a cambio de obtener una parte del contrato de limpieza adjudicado a
la empresa Sufi en Moratalaz. El tercero es José Luis Cortés, imputado por un
presunto delito de falsedad documental por defraudar a la Hacienda Pública.
(www.elpais.com,
21/07/10)
GÓMEZ SEÑALA AL GRUPO RAFAEL COMO
EL GÜRTEL 2 DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Los socialistas de Madrid están
seguros de saber dónde se esconde el Gürtel 2 en la comunidad que gobierna
Esperanza Aguirre. El líder del PSM, Tomás Gómez, aseguró ayer en rueda de
prensa que "el grupo empresarial Rafael ha ocupado el lugar del grupo Correa" en
la Comunidad de Madrid y por ello exigió a Aguirre que explique las
contrataciones con este grupo y pidió a los tribunales que investiguen las
relaciones que mantiene con su gobierno.
Conoció que, según un informe
policial, este conjunto de empresas actuó como pantalla para cobrar al Gobierno
de Aguirre facturas irregulares emitidas por la trama de Francisco Correa.
Gürtel 2
"Sabemos lo que preguntamos",
sugirió ayer Tomás Gómez. Según el socialista, “todo apunta a que siguen
haciendo lo mismo [contrataciones fuera de la legalidad] con empresas que tienen
otro nombre. Es decir: un Gürtel 2".
¿Quién y cómo?
Gómez lanzó dos preguntas a
Esperanza Aguirre: "¿Quién está montando en estos momento los actos de la
Comunidad de Madrid?", y "¿cómo se contratan estos actos?". El socialista
desafió a la presidenta de la Comunidad de Madrid al asegurar que Aguirre no
debería tener problemas en contestar a estas preguntas "si la contratación con
el grupo Rafael está limpia y no es como la del grupo de Correa y todo el Gürtel".
Aparición en el sumario
El Grupo Rafael (un conjunto de
sociedades del campo de la imagen y las artes gráficas) ya ha sido puesto en el
punto de mira de la Fiscalía Anticorrupción, al sospechar que el entramado
Gürtel se valió de ellos para emitir facturas a la Comunidad de Madrid, y los
ayuntamientos de Pozuelo, Boadilla, Majadahonda y Arganda del Rey. En abril, el
juez Pedreira requirió a los cinco organismos citados todos los contratos
adjudicados a estas empresas.
Cobro de facturas
La clave de su vinculación está en
los correos electrónicos cruzados entre el Grupo Rafael y la empresa Gürtel Easy
Concept. En uno de estos mensajes hay información sobre 81 facturas giradas a la
Comunidad de Madrid de forma indistinta por las empresas de Correa y las del
Grupo Rafael. En total, según la Policía, el Grupo Rafael podría haber intentado
cobrar facturas por valor de 752.179 euros uniendo en un mismo monto las suyas y
las de la Gürtel.
(www.elplural.com,
20/07/10)
EL JUEZ EMBARGA LOS BIENES DEL DIPUTADO DEL GÜRTEL ALFONSO BOSCH
ch Tejedor, elegido
diputado regional por las listas del PP pero que ahora figura en la Asamblea
como no adscrito tras conocerse su vinculación con la trama Gürtel, no podrá
disfrutar este verano de su casa de Calpe (Alicante) ni de la parte que le
corresponde de su domicilio conyugal, cuya propiedad posee al 50% junto con su
ex esposa.
El magistrado
instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha decidido embargarle
todas sus propiedades con la intención de cubrir la fianza que le fue impuesta,
que es de 750.000 euros, y que todavía no ha abonado. El juez ha tomado esta
determinación tras varios meses de litigios judiciales del parlamentario. Bosch
tampoco podrá disfrutar de un todoterreno y una motocicleta de su propiedad.
Con estos bienes, el
juez considera que el imputado puede afrontar las responsabilidades económicas
que pudieran derivarse si resulta condenado por participar en la trama Gürtel.
No obstante, aunque Alfonso Bosch Tejedor se queda sin poder disfrutar de su
casa de Calpe, aún sigue cobrando 4.000 euros al mes por ocupar su escaño en el
grupo de no adscritos de la Asamblea regional. Según dos autos del sumario del
Gürtel, Bosch Tejedor percibió supuestamente de las empresas de la trama
liderada por el empresario Francisco Correa unos 255.562 euros.
Por otra parte, los
servicios jurídicos del Partido Socialista de Madrid, personado como acusación
popular en el caso Gürtel, han solicitado finalmente al juez Pedreira la
imputación de 40 altos cargos de la Comunidad, entre ellos el ex consejero de
Cultura y Deportes Santiago Fisas, por un delito de prevaricación de
funcionarios, informa Europa Press.
www.elpais.es 10.07.10
NUEVO VARAPALO JUDICIAL A AGUIRRE
POR LA 'GÜRTEL'
El caso Gürtel ha vuelto a vapulear
a la Comunidad de Madrid, que preside Esperanza Aguirre. El Juzgado de
Instrucción número 34 ha rechazado admitir a trámite la querella criminal que en
junio presentó el Gobierno regional contra Tomás Gómez, líder del Partido
Socialista de Madrid (PSM), por "denuncia falsa y revelación de secretos", al
pedir a la fiscalía la imputación de 44 altos cargos del Ejecutivo autonómico
por su relación con la presunta red de corrupción de Francisco Correa.
No hay tal delito, justifica la
jueza Coro Monreal en su auto, fechado el pasado 28 de junio y hecho público
ayer por el propio Gómez en rueda de prensa. Primero, para que haya denuncia
falsa tendría que haberse producido ya un hecho: que la fiscalía hubiera
archivado la denuncia del PSM contra esos 44 altos cargos de Aguirre entre
ellos, el vicepresidente, Ignacio González. Y eso no ha sucedido.
Tampoco ha habido revelación de
secretos, puesto que los datos constan en el sumario judicial, sobre el que ya
no pesa el secreto. Es "evidente", añade el auto, que Gómez no recabó los datos
registrados en ficheros informáticos de difícil acceso. Por último, la ley prevé
sanciones sólo para el abogado, procurador, juez o miembro del tribunal que
difunda detalles del sumario.
Gómez se mostró ufano con el auto
que rechaza la denuncia "mafiosa" del Gobierno. "Es la tercera querella que nos
pone el PP en su afán por amedrentar a la oposición, y quiero preguntar a
Aguirre si se están usando medios públicos, como el abogado de la Comunidad de
Madrid, para amedrentar a la oposición. No lo conseguirán", dijo.
El líder del PSM pidió el cese de
Granados y que pague las costas del proceso judicial. También acusó a la
presidenta de utilizar "de forma fraudulenta" a los letrados de la Comunidad
para frenar la investigación de la Gürtel, la red que tuvo en Madrid uno de sus
epicentros y que ya se ha llevado por delante a varios alcaldes y cargos de
confianza de Aguirre.
Fuentes de la Consejería de
Presidencia no precisaron ayer a Público si se recurrirá la decisión de la
jueza. Recalcaron que Granados presentó el escrito porque de él dependen los
funcionarios "vilipendiados" por Gómez, incluido uno fallecido en 2007, Matías
Morante de la Calle. "No es un tema personal. Quien denunció fue el Gobierno, no
el consejero", sostuvieron.
(www.publico.es,
06/07/10)
PANERO POSEE UN GRAN PATRIMONIO
EN EL EXTRANJERO
El ex alcalde de Boadilla del Monte
Arturo González Panero posee "un importante patrimonio en el extranjero" que
está "aún pendiente de bloqueo", según indica un informe de la Fiscalía
Anticorrupción, en el que se indica también que la investigación ha producido ya
"algún avance en su identificación" así como en las averiguaciones en torno a
las "frecuentes salidas al extranjero" del antiguo regidor. La Fiscalía
considera que la existencia de estas propiedades justifica su negativa a la
petición del abogado de Panero para que relajase las medidas cautelares
decretadas contra el implicado en la trama corrupta que afecta a numerosos ex
cargos del PP.
Las medidas impuestas contra Panero,
conocido también por el resto de los implicados de la trama como El
Albondiguilla, consisten en una fianza de 1,5 millones de euros, la retirada del
pasaporte y la obligación de comparecer cada 15 días en el juzgado.
Anticorrupción justifica su mantenimiento por los "numerosos indicios" de
delitos contra la Hacienda pública, cohecho, prevaricación y malversación que
apuntan contra el imputado.
Estos indicios, según
Anticorrupción, aparecían desde el comienzo de la investigación del caso "y han
ido confirmándose con el avance de la instrucción". El Ministerio Público
subraya que el propio Panero "no discute en su escrito" la posible existencia de
dichos delitos.
La investigación de las propiedades
en el extranjero a la que alude el informe de la Fiscalía ha servido de base
para que el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) e instructor del caso, Antonio Pedreira, haya desestimado en un
auto las peticiones de la defensa de Panero.
El Ministerio Público rechaza así la
petición del ex regidor de Boadilla para que se le permita la salida del país
"bajo autorización expresa" y, también, para que se elimine la obligación que
tiene de comparecer cada 15 días en el tribunal. El fiscal se muestra en
desacuerdo con las peticiones del acusado y llega incluso a sugerir la
posibilidad de solicitar medidas "más gravosas para la libertad de Panero".
El sustituto de Panero al frente de
la alcaldía, Juan Siguero, también está siendo investigado por sus relaciones
con las empresas de la trama Gürtel. En unas recientes declaraciones a EL PAÍS,
Panero pidió que se investigara antes que a él, a Juan Siguero a quien considera
el responsable de las adjudicaciones relacionadas con Francisco Correa
(cabecilla del entramado corrupto) en el Ayuntamiento.
La investigación realizada por el
juez Antonio Pedreira en el marco de la Operación Gürtel ha destapado el modus
operandi de los miembros de la trama en el Consistorio de Boadilla del Monte,
donde la investigación sitúa el epicentro de la corrupción. Por ello, tanto
Panero como Tomás Martín Morales, otro de los principales responsables
municipales durante el mandato del ex alcalde, hayan tenido que afrontar sendas
fianzas de 1,5 millones de euros para no ingresar en prisión.
(www.elpais.com,
01/07/10)
AGUIRRE PAGÓ A MQM FACTURAS
HINCHADAS HASTA EL 400%
El Gobierno de la Comunidad de Madrid pagaba a Marketing
Quality Management (MQM),
empresa que se coordinaba con la trama Gürtel y que
está siendo investigada por el juez, facturas hinchadas para los actos en los
que participaba Esperanza Aguirre. Así se desprende de las facturas incorporadas
al expendiente del contrato con la comunidad suscrito el 25 de abril de 2007, a
las puertas de las elecciones autonómicas, al que ha tenido acceso la diputada
de IU Reyes Montiel.
En algún caso, el sobrecoste llegó
al 400%, como en el homenaje de 2008 a las víctimas del 11-M, que como cada año
y siguiendo el mismo formato se celebró en la Puerta del Sol.
Por la escenografía de este acto,
que apenas dura cinco minutos, MQM cobró 118.595 euros. En 2009, ya con la trama
desarticulada, la Comunidad sacó a concurso el mismo acto para 2010, que fue
adjudicado a Publycom por sólo 24.099 euros.
Los que asistieron al acto de 2010
apenas notaron diferencias con respecto a las ediciones anteriores. Pero costó
cinco veces menos.
En 2008, MQM había presentado a la
Consejería de Presidencia dos facturas el mismo 11 de marzo, que se conmemoró
dos días después de las elecciones generales. Ambas por el mismo concepto: "Acto
conmemorativo 11 M que se celebró en la Puerta del Sol, exterior entrada del
edificio".
La primera, por un total de 52.963
euros, IVA incluido, obtuvo el visto bueno para el pago el 15 de junio de 2008.
Y la segunda, de 65.631 euros, el 8 de octubre. Ambos plácets tienen la firma de
Camino Arroyo, directora general de Relaciones Externas.
Este periódico preguntó el pasado
jueves a la comunidad las causas de la diferencia de precio para el montaje del
mismo acto entre 2008 y 2010, pero no ha recibido respuesta.
Ante otras facturas también
hinchadas cobradas por MQM en 2007 y 2008, un portavoz de la Consejería de
Economía contestó por escrito: "La Comunidad ha facilitado toda la información
que se le ha requerido por parte del juez. Asimismo, el Gobierno regional ha
comparecido en la Asamblea para dar cumplida cuenta de la información de la que
dispone el Ejecutivo regional, que siempre ha cumplido con la Ley de
Contratos".
Entre estas otras facturas hinchadas
destaca la del acto institucional de la noche electoral de 2007, que costó
128.000 euros. Público ha cotejado el presupuesto presentado con expertos del
sector, que han detectado partidas que en ocasiones superan el 1.000% del precio
de mercado. Una portavoz de MQM declinó responder a Público porque el
administrador, Antonio Martín Sánchez, se encontraba fuera de España.
El juez investiga a MQM a raíz de la denuncia de Reyes
Montiel, diputada de IU.
Montiel llevó a la fiscalía una adjudicación del
Instituto Madrileño de Desarrollo (IMADE), que pagó 1,25 millones por la
campaña fantasma Made in Madrid, que no llegó a
realizarse. Anticorrupción remitió el dossier a la
causa Gürtel.
La adjudicación del IMADE fue en
octubre de 2006, pero en marzo de 2007, a las puertas de los comicios
regionales, MQM se vio exonerada del 80% de sus compromisos. Inmediatamente
después, el 25 de abril de 2007, firmó un contrato para el montaje de los actos
de Presidencia, bajo la batuta del hoy imputado Alberto López Viejo, que incluía
el acto de homenaje a las víctimas del 11-M.
El concurso tomó como base de
licitación uno de los actos institucionales más caros de 2006, que cifró en
62.000 euros. En este concurso general participó también Easy Concept, cuya
administradora, Isabel Jordán, imputada en el caso Gürtel, declaró al juez que
se coordinaba con MQM para acceder a contratos en Madrid.
(www.publico.es,
23/06/10)
LOS SOCIALISTAS Y ALTERNATIVA
PIDEN QUE SE DISUELVA EL AYUNTAMIENTO DE BOADILLA
El secretario general del PSM, Tomás
Gómez, reclamó ayer a la presidenta regional, Esperanza Aguirre, que inicie los
trámites para la disolución del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (43.414
habitantes) porque considera que el actual equipo de Gobierno popular es
"incapaz" de gestionar los intereses de los ciudadanos, que "no pueden fiarse de
los concejales del PP". Gómez hizo esta petición tras conocer por EL PAÍS que la
policía ha implicado en la trama Gürtel de corrupción a 20 personas más en
Madrid, entre ellos el actual alcalde de Boadilla, Juan Siguero (PP).
La policía considera que el regidor,
que sustituyó a Arturo González Panero cuando fue imputado en la trama Gürtel,
podría haber cometido un delito de prevaricación por facilitar información de
las adjudicaciones municipales a los miembros de la trama de Francisco Correa.
También pide la disolución del
Consistorio el concejal Ángel Galindo, de Alternativa por Boadilla (APB), la
tercera fuerza municipal de la localidad. Galindo resalta que, previamente, el
presidente del PP, Mariano Rajoy, debería disculparse públicamente "por el
bochornoso espectáculo que está dando su partido en Boadilla".
El socialista Gómez solicitó a la
Comunidad de Madrid que inste a la Administración pertinente [el Ministerio de
Política Territorial] a la disolución automática del Ayuntamiento de Boadilla.
"Si pusieron al más honesto después de echar al alcalde y a un concejal, y
también resulta que está implicado, pues ya me dirán ustedes", explicó Gómez. El
portavoz socialista en el Ayuntamiento, Pablo Nieto, abogó porque sean
profesionales independientes los que dirijan el Consistorio.
Por su parte, la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, adelantó que no actuará hasta que el
juez tome una decisión sobre Siguero. La presidenta señaló que el propio regidor
le ha dicho "que no hay absolutamente nada". La cosa sería distinta, añadió, "si
se demostrara que no es así y el juez que lleva el caso le llamara o le
imputara...".
El proceso para la disolución de un
Ayuntamiento está regulada en el artículo 61 de la Ley de Bases del Régimen
Local. Tiene que ser el Consejo de Ministros, a iniciativa propia y con
conocimiento del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma, quien la apruebe.
Pero los Ejecutivos autónomos también pueden pedir la disolución, tal y como
ocurrió en Marbella con la Junta de Andalucía. Antes de proceder a la disolución
debe recabarse el acuerdo favorable del Senado.
(www.elpais.com, 22/06/10)
LA POLICÍA IMPLICA A OTRAS 20
PERSONAS EN LA TRAMA GÜRTEL EN MADRID
La Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía (UDEF)
ha elaborado un informe en el que atribuye una decena de delitos a 20 personas
que trabajan u operan con la Comunidad de Madrid. Entre la veintena de nuevos
implicados
en el caso Gürtel se halla el actual alcalde de la
localidad madrileña de Boadilla del Monte, Juan Jesús Siguero Aguilar, al que el
PP respaldó para sustituir a Arturo González Panero, imputado por diversos
delitos en esta causa.
Según fuentes cercanas a las
pesquisas, el informe de la UDEF, que ha sido entregado a la Fiscalía
Anticorrupción, es demoledor y supone un nuevo vuelco al caso Gürtel, ya que
implica a otras 20 personas (aparte de los más de 65 imputados que hay ya),
entre las que se hallan directivos de empresas privadas y altos funcionarios del
Gobierno de Esperanza Aguirre.
Los empleados públicos en los que ha
fijado sus ojos la policía formarían parte del personal de confianza del ex
consejero de Deportes de Madrid Alberto López Viejo y habrían ayudado a este en
toda la operativa supuestamente delictiva destinada a lograr, como así sucedió,
que casi todos los actos institucionales que presidió Aguirre entre los años
2004 y 2009 fueran adjudicados a empresas de la red.
El entramado tenía más de 20
empresas. Pero para disimular, y en connivencia con López Viejo y su personal de
confianza, iba cambiando las firmas que facturaban los actos de Aguirre en
Madrid. Pero todas ellas tenían un mismo tronco común: el cabecilla de la red,
Francisco Correa. La policía ha descubierto que la trama corrupta, de acuerdo
con López Viejo y con su asesor Pedro Rodríguez Pendas, llegó a utilizar
empresas ajenas a su entramado para colocarlas como pantalla en muchas contratas
a cambio de comisiones.
Había dinero para todos, para
Correa, para López Viejo y para las firmas pantalla, ya que se inflaban
sobremanera (hasta un 40%) los costes de los actos que López Viejo, a través de
la red Gürtel, preparaba para Aguirre. Una de las empresas utilizadas por la red
como pantalla fue Marketing Quality Management.
Con estos 20 nuevos implicados, el
caso Gürtel salpica ya a unas 130 personas en las comunidades autónomas de
Madrid, Valencia y Castilla y León, según fuentes de la investigación. En las
pesquisas intervienen desde hace casi dos años un centenar de agentes
policiales.
El más destacado de los nuevos
implicados, en lo que respecta a Madrid, es el actual alcalde de Boadilla del
Monte, Juan Jesús Siguero. Se trata del regidor que sustituyó al frente de la
alcaldía de Boadilla a Arturo González Panero, al que la trama corrupta apodaba
El Albondiguilla. Panero fue forzado por el PP a dimitir en febrero de 2009
junto a otros cuatro alcaldes de grandes municipios de la Comunidad de Madrid
imputados en la trama (además de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo de Alarcón y
Arganda del Rey).
El Albondiguilla está imputado por
haber recibido supuestas comisiones superiores a 600.000 euros de las empresas
de la red a cambio de contratas de obras públicas municipales amañadas. El
Albondiguilla dimitió como regidor y mantuvo su acta de concejal, pero antes de
quedar en la situación de edil no adscrito forzó al PP a que eligiese a Siguero
como su sucesor.
Siguero pudo incurrir, entre otros,
en un delito de prevaricación por haber facilitado a la trama corrupta datos
cruciales de contratas del Ayuntamiento de Boadilla adjudicadas finalmente a
empresas de la red. La policía indaga si el actual alcalde de Boadilla (43.414
habitantes) recibió dinero a cambio de ayudas en las licitaciones de obras y de
facilitar información de contratas a Correa, quien se halla preso en la cárcel
de Soto del Real junto a su número dos, Pablo Crespo; y su primo y testaferro en
empresas corruptas, Antoine Sánchez.
Antes de implicar en el caso Gürtel
a Siguero, la UDEF ha analizado multitud de documentos que acreditan que el
regidor también intervino, cuando era concejal, en adjudicaciones de obras a la
trama sobre las que recaen sólidos indicios de corrupción.
La información en poder de la
policía avala las imputaciones del ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo
González Panero, quien el pasado viernes, en declaraciones a El PAÍS, arremetió
contra su sucesor y le acusó de haber intervenido en todas las adjudicaciones de
este Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama. "Tendrían que
investigarle [a él] más a él que a mí", dijo.
Siguero ocupaba el puesto número
cuatro en la lista encabezada por Panero en las elecciones municipales de 2007.
Fue nombrado concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero
del PP local y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el caso Gürtel, el
PP regional quiso que accediese a la alcaldía la edil María Jesús Díaz Pérez.
Panero se opuso y logró que el PP aceptase finalmente a Siguero. Entonces era su
hombre de confianza. Ya no.
González Panero explicó a EL PAÍS
que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al entramado de Correa:
"Él firmó la adjudicación de una parcela a la constructora UFC [implicada en la
trama]. Y esta decisión de Siguero fue a la comisión informativa, que también
presidía él mismo". Panero también relaciona a su sustituto con otras dos
operaciones Gürtel.
La primera es la adjudicación de la
Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla del Monte a la empresa Easy Concept
por 500.000 euros anuales. "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de
contratación. Todo lo presidió él. Además, toda la documentación la hizo
personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine".
Las acusaciones de Panero contra su
sustituto se producen después de que él, que se halla ahora como concejal no
adscrito, pidiese a Siguero que le pagase la dedicación exclusiva como concejal
desde que dejó la alcaldía. En total, 50.499 euros. Siguero se negó. Las
acusaciones de Panero han sido constatadas por la policía.
(www.elpais.com,
21/06/10)
LA TRAMA GÜRTEL EN MADRID
- Solo en su variante de Madrid, la
trama Gürtel tiene 65 personas implicadas. En la lista se hallan, entre los
cargos del PP más destacados, el ex consejero de Deportes de Esperanza Aguirre,
Alberto López Viejo, y los diputados regionales Benjamín Martín Vasco y Alfonso
Bosch.
- También se hallan salpicados en
Madrid cuatro ex alcaldes: el de Arganda del Rey, Ginés López; el de Pozuelo,
Jesús Sepúlveda; el de Majadahonda, Guillermo Ortega; y el de Boadilla del
Monte, Arturo González Panero. Y ahora puede sumarse a esa lista el sustituto de
este último, Juan Jesús Siguero, más otra veintena de personas, entre altos
funcionarios del Gobierno de Aguirre y directivos de empresas privadas que
trapicheaban con la red.
- El escándalo (con ramificaciones
en Granada, Valencia y Castilla y León) también ha afectado al ex senador y ex
tesorero nacional del PP Luis Bárcenas y al ex diputado por Segovia Jesús
Merino, así como al aún presidente de las Cortes de Castilla y León, José Manuel
Fernández Iglesias; al presidente de Valencia, Francisco Camps; y a varios
consejeros de su Gobierno.
(www.elpais.com,
21/06/10)
PANERO ACUSA AL ALCALDE DE
BOADILLA DE AMAÑAR CONTRATOS PARA LA RED GÜRTEL
El ex alcalde de Boadilla del Monte
(43.414 habitantes) Arturo González Panero, imputado en el caso Gürtel como
presunto autor de los delitos de cohecho, asociación ilícita, fraude fiscal,
blanqueo de capitales y falsedad, acusó ayer al actual regidor de Boadilla del
Monte, Juan Siguero (PP), de haber intervenido en todas las adjudicaciones de
ese Ayuntamiento incluidas en el sumario de la trama de corrupción que instruye
el magistrado Antonio Pedreira. "Por eso tendrían que investigarle más a él que
a mí", dijo ayer en declaraciones a EL PAÍS.
El actual alcalde de Boadilla era el
número cuatro en la lista encabezada por González Panero en 2007 y fue nombrado
concejal de Hacienda, cargo que compatibilizaba con el de tesorero del PP local
y del grupo municipal. Tras dimitir Panero por el Gürtel en febrero de 2009, el
PP regional optó por dar la alcaldía a María Jesús Díaz Pérez. Pero Panero
exigió -y logró- que la dirección popular aceptara a Siguero, su hombre de
confianza.
Hoy las cosas han cambiado y Panero
asegura que su sucesor nunca tuvo "capacidad" para ejercer el cargo. El ex
alcalde asegura que Siguero participó activamente en las adjudicaciones al
entramado que dirigía Francisco Correa: "Él firmó la adjudicación de una parcela
a la constructora UFC [implicada en la trama Gürtel]. Y esta decisión de Siguero
fue a la comisión informativa, que también presidía él mismo".
Panero también relaciona a su
sustituto con otras dos operaciones Gürtel. La primera es la adjudicación de la
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) de Boadilla a la empresa Easy Concept por
500.000 euros anuales. "Siguero firmó los pliegos y encabezó la mesa de
contratación. Todo lo presidió él. Además, toda la documentación la hizo
personalmente, con su propio ordenador. Yo no intervine".
La segunda es la cesión de terrenos
municipales a la Empresa Municipal de la Vivienda y el Suelo (EMSV) de Boadilla
que acabaron en manos de la trama. "La EMSV adjudicó estos terrenos a una
empresa de Ramón Blanco Balín [presunto testaferro de Correa]". El Ayuntamiento
acordó este mes cancelar esta adjudicación por la que nunca cobró y que ahora
investiga la Intervención General del Estado.El ex alcalde de Boadilla del Monte
Arturo González Panero quiere que el Ayuntamiento de su municipio le pague el
sueldo que hubiera percibido como concejal con dedicación exclusiva desde que
dejó de ser alcalde el 10 de febrero de 2009. Por eso ha presentado un recurso
contencioso-administrativo contra el Consistorio que encabeza el primer edil
Juan Siguero (PP) en el que exige una indemnización de 50.499,8 euros (38.499,08
por el sueldo que ha dejado de percibir y 12.000 euros por daños y perjuicios).
En la demanda, González Panero exige también que se le reconozca la dedicación
exclusiva y que se le integre en el Grupo Mixto, ya que, a pesar de haber sido
expulsado del PP local, en contra de la voluntad de su partido, decidió seguir
siendo miembro del Consistorio como concejal no adscrito.
En el recurso presentado en el
juzgado, Arturo González Panero, conocido como El Albondiguilla en el sumario
Gürtel, carga contra los actuales dirigentes del Ayuntamiento de Boadilla,
asegurando que existe "una maniobra desde el momento de la imputación". Y esta
maniobra consiste, según el letrado, en que se le vulnera su derecho de
presunción de inocencia: "Se le obliga a dimitir como alcalde, se le impide el
acceso a un despacho donde poder ejercer las labores propias de su cargo y se le
retira sin previo aviso su ordenador personal, con el que ha estado operando
nada menos que nueve años, sin descartar una posible manipulación del mismo".
Además, el abogado dice que los
actuales responsables del Ayuntamiento dieron de baja su número de teléfono
móvil "sin previo aviso" .
Para justificar estas peticiones,
Panero, quien según el sumario cobró más de 600.000 euros de la trama, incluye
varias sentencias que avalarían sus peticiones. Una de ellas es la que el pasado
21 de enero declaró la nulidad de los grupos municipales de Boadilla. "Panero no
puede ser expulsado de un grupo [el PP] que nunca ha existido", argumenta el
letrado del ex alcalde.
Antes de presentar el recurso,
Panero envió una carta a Siguero dándole un ultimátum que podría ser considerado
una amenaza. En el texto dice: "De no ser atendida esta petición tendrá que
acudir a los tribunales y solicitar información de todas las cuentas del grupo
[municipal del PP] en los últimos años para acreditar que estas facturas son
iguales a las de otras veces, ya que nunca he tenido acceso a esas cuentas, ni
siquiera mientras presidió el grupo, siendo siempre usted el que administró
estas cuentas".
Siguero fue tesorero del PP local y
del grupo municipal durante el periodo que afecta al Gürtel. En uno de los
registros se intervino documentación que indicaba que el responsable del PP
municipal en la campaña de 2007, Tomás Martín Morales, había recibido un sobre
con 30.000 euros para el pago de la campaña en Boadilla.
(www.elpais.com,
18/06/10)
LA INVESTIGACIÓN DE GÜRTEL
DESTAPA MÁS CASOS DE CORRUPCIÓN EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La investigación del caso Gürtel, la
trama de corrupción más extensa de la democracia vinculada a un partido
político, ha descubierto nuevos negocios supuestamente fraudulentos relacionados
con la Comunidad de Madrid gracias a la documentación incautada en los distintos
registros que forma parte del sumario conocido. Las ilegalidades documentadas en
el curso de la investigación salpican a empresarios hasta ahora no imputados.
La Fiscalía Anticorrupción, tomando
como base distintos informes policiales, solicitó hace varios meses que se
recabasen documentos para conocer si la trama corrupta había utilizado a varias
empresas como pantalla para ocultar su identidad, entre ellas el Grupo Rafael y
MQM.
A través de estas sociedades y a
cambio de una comisión, la trama corrupta facturaba a distintas instituciones,
entre ellas el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que durante cuatro años
adjudicó de manera irregular cientos de contratos a la red que dirigía Francisco
Correa.
La investigación había descubierto
hasta ahora que uno de los hombres de confianza de Esperanza Aguirre, Alberto
López Viejo, primero viceconsejero de Presidencia y después consejero de
Deportes, decidió que todos los actos en que participara la presidenta los iban
a organizar empresas de la trama corrupta de Francisco Correa.
A cambio, López Viejo cobraba
comisiones ilegales, que sumaron en todos estos años más de 250.000 euros, según
demostró la investigación a través del testimonio de algunos ex directivos de
las empresas de la trama y los apuntes en la contabilidad incautada en las
oficinas que utilizaba la red Gürtel.
La investigación reciente, impulsada por la Fiscalía
Anticorrupción, ha destapado nuevos casos de esa práctica ilegal con decenas de
contratos hasta ahora desconocidos por un monto de cientos de miles de euros y
nuevas empresas intermediarias que, en realidad, actuaban como testaferros de
los intereses de Correa. Documentación que
este periódico publicó el 14 de febrero de 2009 y
correspondiente a Easy Concept -una de las sociedades con las que operaba la red
corrupta que dirigía Correa- revela cómo supuestamente esa firma, la que más
trabajó en los actos de Aguirre, inflaba los costes para ganar un 40% por
contrato y en muchos casos los presentaban al cobro en la Comunidad de Madrid
bajo una sociedad blanca o sin sospecha.
En esa tarea, según la citada
documentación, contaban con la ayuda de López Viejo y de uno de sus
colaboradores, Pedro Rodríguez Pendás. El jefe de la trama, Francisco Correa,
reconoció a su ex amigo José Luis Peñas, ex concejal del PP en Majadahonda y
denunciante de los hechos que han dado lugar al caso Gürtel, que López Viejo le
sugería fraccionar los contratos y presentarlos a través de terceras empresas
para evitar los filtros administrativos y las sospechas de trato de favor a su
grupo, según las grabaciones incorporadas al sumario.
La documentación que EL PAÍS
adelantó acredita que el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid
a los príncipes de Asturias por Esperanza Aguirre, el 12 de septiembre de 2007,
en la sede de la presidencia regional de la Puerta del Sol, lo montó
supuestamente Easy Concept, bajo la tapadera de la firma MQM (Marketing Quality
Management). Un informe interno de Easy Concept al que hace un año tuvo acceso
este periódico (ver infografía en esta misma página) revela cómo se fraguó dicho
servicio al Gobierno de Aguirre.
El montaje del acto, según la
documentación, lo pidieron expresamente López Viejo y Pedro Rodríguez Pendás. A
este último le fue enviado el presupuesto inicial a través de un correo
electrónico en el que se precisaba que el acto no entraba en el contrato de
servicios número 03-at-6.6/2007 que tenía con la Comunidad de Madrid la empresa
MQM, nota que se añadió a dicho presupuesto adjunto por petición expresa de
Rodríguez Pendás. "Una vez finalizado el acto hemos preguntado por activa y
pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento, nos dijo Pedro Rodríguez
Pendás que todo el importe sería facturado por MQM, incluidos los extras del
acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que solo se hiciera una factura
por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el resto hasta el día de hoy
nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por supuesto Pedro Rodríguez dicen
nada al respecto".
El citado escrito detalla cómo los
contratos eran encargados por López Viejo y sus colaboradores saltándose todas
las normas de contratación. Todo se resolvía mediante conversaciones privadas o
correos electrónicos, no mediante concursos ni ante una mesa de contratación.
Easy Concept, la empresa que más actos ha organizado para Esperanza Aguirre, se
ocultaba a veces a través de la sociedad MQM y otras veces a través de otras
empresas que también investiga la policía.
El material para el acto de los
príncipes de Asturias con la presidenta de la Comunidad de Madrid les costó
39.143 euros, pero facturaron al Gobierno regional madrileño 65.475 euros, un
beneficio de 26.331 euros. El informe interno de Easy Concept está avalado por
el presupuesto oficial de la firma pantalla, MQM, que, aparentemente, prestó el
servicio a la Comunidad de Madrid. "Presupuesto total (IVA incluido) 67.992
euros. Nota: este acto ha sido solicitado desde Presidencia por Pedro Rodríguez
y está considerado fuera del contrato referente al concurso número
03-at-6.6/2007". Calcaba el documento de Easy Concept.
La trama del caso Gürtel afecta a
casi una veintena de altos cargos de los Gobiernos regionales de Madrid, la
Comunidad Valenciana y Castilla y León. Recientemente, el juez del caso Gürtel
en Madrid, Antonio Pedreira, se inhibió en favor del Tribunal Superior de
Justicia de Valencia tras observar diversos delitos que afectan a altos cargos
del Gobierno de Francisco Camps.
Pedreira, asumiendo la tesis de
Anticorrupción, estimó que varios dirigentes del PP valenciano y de la
Administración regional podrían haber incurrido en delitos de financiación
ilegal del PP y de cohecho propio al aceptar regalos de la trama corrupta que
dirigía Correa a cambio de contratos a dedo de la Administración regional. El PP
tiene recurrida esta resolución.
(www.elpais.com,
14/06/10)
LA FISCALÍA RASTREA NUEVOS
CONTRATOS GÜRTEL EN LA COMUNIDAD DE MADRID
La investigación del caso Gürtel ha detectado nuevas
ramificaciones en la Comunidad de Madrid y en relación a los contratos
adjudicados por la Consejería de Presidencia para actos protagonizados por
Esperanza Aguirre. Tal y como cuenta el diario
El País, hay nuevos indicios sobre la colaboración
entre el ex consejero Alberto López Viejo,
otrora hombre de confianza de la presidenta, y la
trama corrupta. La red habría utilizado empresas pantalla para facturar nuevos
contratos irregulares que están siendo investigados ahora. Un ejemplo de este
modus operandi sería el acto de entrega de la medalla de la Comunidad de Madrid
a los Príncipes de Asturias el 12 de septiembre de 2007, un evento celebrado en
la sede de la Presidencia regional de la Puerta del Sol montado supuestamente
por Easy Concept con la tapadera de MQM (Marketing Quality Management). Esta
última empresa ya fue noticia por embolsarse 1,25 millones de euros por una
campaña publicitaria nunca realizada y adjudicada en agosto de 2006.
La Fiscalía Anticorrupción solicitó
hace varios meses recabar documentación para saber si la Gürtel utilizó empresas
pantalla para trabajar con la Comunidad de Madrid, recoge El País.
El hombre clave, López Viejo
Gracias a esas sociedades, y
comisión mediante, la red corrupta estuvo cuatro años facturando diversos actos
al Ejecutivo regional. En este sentido, el papel de Alberto López Viejo,
viceconsejero de Presidencia y luego consejero de Deportes, fue clave al ser él
quien decidió adjudicar todos los actos en los que participaría la lideresa a
entidades supuestamente corruptas. Estos servicios reportaron al ex niño mimado
de Aguirre 250.000 euros en comisiones según la investigación, los testimonios
de algunos ex directivos y la documentación contable incautada a la red.
Trabajando con pantallas
Anticorrupción ha destapado nuevos
indicios de prácticas irregulares en diversos contratos hasta ahora
desconocidos. Los pagos ascenderían, en consecuencia, a miles de euros pagados a
empresas intermediarias que ejercerían de testaferros de Francisco Correa,
supuesto cabecilla del entramado. Así consta en la documentación de Easy Concept,
una de las terminales corruptas: esa firma, que trabajó en actos de Aguirre con
facturas infladas hasta un 40%, a veces presentaba los cobros en la Comunidad
bajo una sociedad blanca o libre de sospecha, explica el rotativo citado.
El acto de los Príncipes
En esta labor habría sido vital la
ayuda de López Viejo y uno de sus colaboradores, Pedro Rodríguez Pendás.
Francisco Correa haría confesado al denunciante de la Gürtel, José Luis Peñas,
que el propio López Viejo fue quien le aconsejó fraccionar contratos y
presentarlos a través de pantallas para evitar filtros administrativos y
sospechas de trato de favor. Así las cosas, el acto de entrega de la Medalla de
la Comunidad de Madrid a los Príncipes de Asturias celebrado el pasado 12 de
septiembre de 2007 en la Presidencia Regional se habría hecho de este modo: Easy
Concept lo montó con la tapadera de MQM.
Presupuestos por e-mail
Según el diario El País, el acto en
cuestión fue pedido expresamente por el ex consejero y Rodríguez Pendás, quien
recibió en un e-mail el presupuesto. Ese correo electrónico precisaba que el
evento no entraba en el contrato de servicios número 03-at-6.6/2007 que tenía
con la Comunidad de Madrid, por lo que la factura de MQM se añadió al
presupuesto ya contemplado por petición expresa de Pendás. Las facturas
ascendieron a 65.475 euros, a pesar de que el acto costaba 39.143: los
beneficios fueron de 26.331 euros.
Prácticas irregulares
“Una vez finalizado el acto hemos
preguntado por activa y pasiva cómo se factura y a quién; en un primer momento,
nos dijo Pedro Rodríguez Pendás que todo el importe sería facturado por MQM,
incluidos los extras del acto, pero luego nos comunicaron de Intervención que
solo se hiciera una factura por MQM por importe inferior a 12.000 euros y que el
resto hasta el día de hoy nadie de Presidencia, ni de Intervención ni por
supuesto Pedro Rodríguez dicen nada al respecto”, dice un escrito de Easy
Concept recuperado por El País que detalla cómo los contratos eran encargados
por López Viejo y sus colaboradores sin atención a las normas de contratación:
todo se solucionaba con conversaciones privadas o e-mails.
Campaña fantasma
Ese mismo texto fue prácticamente
calcado por MQM en su informe sobre los servicios: "Presupuesto Total (IVA
incluido) 67.992 eruos. Nota: este acto ha sido solicitado desde Presidencia por
Pedro Rodríguez y está considerado fuera del contrato referente al concurso
número 03-at-6.6/2007". MQM ya había sido noticia por la actuación de la Gürtel
en la Comunidad de Madrid: en agosto de 2006, esa entidad se hizo con un
contrato adjudicado por la vía de urgencia para una campaña de la que no hay
ninguna prueba documental. La ya conocida como campaña fantasma, sin embargo,
reportó 1,25 millones de euros a la entidad.
(www.elplural.com,
14/06/10)
PEDREIRA INVESTIGA EL ÚLTIMO
ACUERDO DE BOADILLA CON CORREA
El instructor del caso Gürtel,
Antonio Pedreira, ha asumido la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha
decidido que la oficina judicial de la Intervención General del Estado
investigue una reciente operación de 7,1 millones de euros entre el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte y una de las empresas de Francisco Correa, presunto
cerebro de la trama. Se trata de un acuerdo entre la Empresa Municipal del Suelo
y de la Vivienda (EMSV) de Boadilla y el responsable de la sociedad Artas
Consultores, Ramón Blanco Balín, imputado por los delitos de fraude fiscal y
evasión de capitales.
La iniciativa supone que la empresa
renuncia a una adjudicación municipal del uso de una treintena de locales
comerciales y más de 130 plazas de garaje en el residencial Siglo XXI de
Boadilla del Monte. A cambio, el consistorio se hace cargo de la hipoteca de
Artas Consultores que habían firmado los representantes legales de esta sociedad
por un total de 7,1 millones de euros. Este acuerdo estaba pendiente de la
decisión de Pedreira.
Esta operación fue rechazada en un
informe de la interventora municipal, que anunció "disconformidad" en el pleno
en el que los concejales del PP acordaron pedir un crédito para financiar el
acuerdo. Este trato también fue criticado por los grupos de la oposición (PSOE y
Alternativa por Boadilla), ya que la concejal de Empleo, Rosalía de Padura (PP),
esposa del también imputado en el Gürtel Tomás Martín Morales, participó en la
votación celebrada en la comisión municipal de Hacienda en la que el PP dio el
visto bueno al acuerdo con el presunto testaferro de Correa. El portavoz
socialista en Boadilla, Pablo Nieto, exigió la dimisión de la edil por haber
votado a favor de una empresa de la que había sido accionista su marido, según
un informe de la Agencia Tributaria.
Apenas unas horas después de haber
hecho pública el PSOE esta crítica en nota de prensa, el equipo de Gobierno
municipal difundió la reducción del 14% del presupuesto de personal. Entre los
dos concejales despedidos como mecanismo de ahorro ante la crisis, estaba De
Padura, que dejó de cobrar su sueldo de 67.000 euros anuales.
Esta no será la primera vez que la
Intervención General del Estado haga un informe sobre Boadilla. El 29 de mayo de
2009 un funcionario de esta institución elaboró un documento en el que se
sostenía que los expedientes relacionados con la trama Gürtel facilitados por el
Ayuntamiento de Boadilla estaban "incompletos, y falta información que, teniendo
en cuenta el carácter de la misma y su reiteración, inducen a considerar que no
es que el expediente archivado esté incompleto sino que de forma expresa e
intencionada no se han remitido". Este documento de la Intervención analiza la
gestión de la treintena de locales comerciales y 130 plazas de garaje del
Residencial Siglo XXI, que ahora volverá a estudiar tras la petición de
Pedreira.
(www.pais.com,
11/06/10)
DE SANTIAGO RATIFICA QUE EL JEFE
DE LA TRAMA GÜRTEL QUISO SOBORNARLE
Vestido con un traje azul claro, con
un talante serio y sin hablar con los periodistas. Así entró y salió ayer por la
mañana el alcalde de Las Rozas (83.600 habitantes), Bonifacio de Santiago, del
PP, al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). Estaba citado como
testigo en el caso Gürtel tras revelar en un encuentro digital con los lectores
de EL PAÍS que el jefe de la trama, Francisco Correa, quiso sobornarle con 350
millones de pesetas (2,1 millones de euros). Le pidió, aseguró entonces el
alcalde y volvió a ratificar ayer, que le concediese a la red el contrato de
limpiezas.
De Santiago estuvo algo más de una
hora declarando ante el juez Antonio Pedreira durante cerca de una hora. A la
salida del TSJM, el alcalde de Las Rozas no quiso hablar a los periodistas: "Lo
que tenía que contar ya se lo he contado al juez. No voy a decir nada más porque
hay secreto del sumario". Fuentes judiciales confirmaron que el alcalde ratificó
la información que publicó este periódico el pasado 7 de mayo sobre el encuentro
celebrado en la Redacción. Según el relato de Bonifacio de Santiago, Francisco
Correa acudió a su despacho en febrero de 2003 y le ofreció el pago de 2,1
millones de euros si adjudicaba el contrato de la recogida de basuras y la
limpieza viaria a la empresa Sufisa. El propio Correa se quedaría con 300.000
euros.
El alcalde roceño invitó amablemente
a Correa a abandonar su despacho y dio órdenes a sus asesores para que no le
concertaran más citas con él. Según fuentes judiciales, De Santiago reunió días
después a la Corporación municipal e informó a sus miembros de lo ocurrido.
Cuando se abrió el concurso para el contrato de limpieza, la mesa de
contratación rechazó la oferta de Sufisa y lo adjudicó a otra empresa. "Salvo
algunas puntualizaciones, como el hecho de que no dio el nombre de la empresa [Sufisa],
se ha ratificado en todo lo publicado por el periódico", concluyeron fuentes
judiciales.
El abogado de Correa, José Antonio
Choclán, afirmó que el alcalde de Las Rozas negó la información publicada por EL
PAÍS. Este extremo fue desmentido en cuestión de minutos por fuentes judiciales
que estuvieron presentes en la toma de declaración al testigo. "No denunció el
caso ante la policía porque no le dio ninguna importancia", destacó el letrado
del supuesto jefe de la trama Gürtel.
Sufisa, la empresa para la que
supuestamente intermedió Correa, logró contratos de limpieza en el distrito de
Moratalaz, en la capital, Boadilla del Monte y Majadahonda, según el sumario del
caso.
(www.pais.com,
11/06/10)
EL ALCALDE DE LAS ROZAS DECLARA
ANTE EL JUEZ DEL GÜRTEL TRAS DENUNCIAR UN INTENTO DE SOBORNO
El alcalde de Las Rozas, Bonifacio
de Santiago, se ha ratificado esta mañana en la información que publicó el
diario EL PAÍS sobre el intento de Correa de sobornarle con 2,1 millones de
euros si concedía el contrato de limpieza del Ayuntamiento de Las Rozas a una
empresa implicada en la trama Gürtel. El regidor ha destacado que el encuentro
se produjo en su despacho y que fue él quien echó a Correa porque no estaba
dispuesto a aceptar ese tipo de soborno.
De Santiago también ha confirmado,
según fuentes judiciales, que informó a la corporación de lo ocurrido y que esta
decidió entregar el contrato de limpieza a otra de las adjudicatarias para
evitar cualquier riesgo de intento de soborno por parte de la trama Gürtel.
El alcalde ha entrado a declarar a
las 12.13 horas y ha salido de la sede del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid pasadas las 13.30 y no ha querido hacer declaraciones: "Lo que tenía que
contar ya se lo he contado al juez y como es secreto del sumario no voy a decir
nada", se limitó a decir el regidor roceño.
El que si se paró a hablar con los
medios de comunicación fue el abogado de Correa, Juan Antonio Charlón, que
afirmó que Bonifacio de Santiago, en contra de lo informado por otras fuentes,
no se había ratificado en lo publicado por el diario EL PAÍS. El letrado
mantuvo, pese a que es falso, que Correa no intentó en ningún momento sobornar
al alcalde de Las Rozas. Fuentes del proceso lo han desmentido instantes
después.
(www.elpais.com,
10/06/10)
AGUIRRE INTENTA
OCULTAR QUE EL JUEZ INVESTIGA LAS CUENTAS DE SU PARTIDO
El PP de Madrid
redobló ayer su contraataque en el
caso Gürtel al negar ahora que el juez
Antonio Pedreira esté
investigando si el partido se financió a
través de la
fundación Fundescam, presidida por
Esperanza Aguirre hasta finales de 2009 y cuyas campañas electorales
de 2003, el año del tamayazo, sufragó parcialmente mediante pagos a
empresas de la trama de Francisco Correa. "Eso de que Fundescam
tiene una pieza separada en el caso Gürtel es absolutamente falso",
proclamó David Pérez, portavoz del PP en la Asamblea de Madrid.
En realidad, el juez
Pedreira sí está investigando el asunto. El instructor del caso
Gürtel se encuentra a la espera de un informe encomendado a la
Unidad de Auxilio Judicial. El encargo se produjo después de que la
policía ratificase en un informe oficial de 31 de julio de 2009 que
Special Events endosó a Fundescam facturas del PP por importe de
300.000 euros, tal como ya había informado Público.
Entre 2003 y 2004,
Fundescam recibió un millón en donaciones de notables empresarios
que ya entonces poseían contratos con la Comunidad de Madrid. El
jefe de la patronal CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, encabezaba la lista.
Fuentes jurídicas subrayaron ayer que la tardanza en el envío del
nuevo informe encargado por Pedreira obedece a que la policía se
centró primero en las averiguaciones sobre Valencia.
Si en el territorio de
Camps la red corrupta camufló facturas endosadas a empresarios
afines al PP, en Madrid falseó aquellas libradas contra Fundescam.
En ambos casos, la maniobra logró ocultar la cifra real de gasto en
que había incurrido el PP durante las campañas electorales. Y, como
durante meses hizo el equipo de Camps, el de Aguirre también niega
ahora que el juez investigue las cuentas del PP.
Pero los primeros
indicios ya quedaron reflejados en el informe policial de julio de
2009. Sus páginas reproducían algunos documentos informáticos
incautados a la trama. Archivado como "Facturación P.P. Madrid.xls",
uno de esos documentos era una hoja de cálculo de seis columnas
ordenadas bajo los siguientes epígrafes: fecha, factura, cliente,
importe, concepto real y concepto factura.
Esas dos últimas
columnas resultaron cruciales, al evidenciar que las facturas habían
sido falseadas. Un ejemplo: bajo el epígrafe "concepto factura"
aparece en una de las casillas la leyenda "Montaje Reuniones
Comisiones Estudio".
La columna denominada
"concepto real" constata que el verdadero trabajo estaba relacionado
con las "Elecciones Autonómicas 2003". Ese año, PSOE e IU sumaron
mayoría tras las autonómicas de mayo, pero la traición de los
diputados socialistas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez les impidió
gobernar. Los comicios se repitieron en octubre. Y Aguirre ganó
entonces por mayoría absoluta.
Siete años después, los
de Aguirre se aferran a que todo está en orden. "El PP tiene
absolutamente clarificada, transparente, acreditada y justificada su
financiación", dijo ayer David Pérez. El portavoz amenazó al
socialista Tomás Gómez, contra quien el PP ya anunció el lunes una
querella por pedir la imputación de quienes firmaron pagos a la
trama por contratos fraccionados. Uno de ellos es el número dos de
Aguirre, Ignacio González.
(www.publico.es,
09/06/10)
El
portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, le da "un día
de plazo" al líder socialista para que rectifique o confirme las
acusaciones
El portavoz del PP en la Asamblea,
David Pérez, ha dado hoy
"un día de plazo" al líder de los socialistas madrileños,
Tomás Gómez, para
"acreditar su afirmación de que Fundescam tiene pieza
independiente en la investigación del
caso Gürtel
en la Comunidad de Madrid" o "rectificar" tal afirmación. Si no
hace ninguna de las dos cosas, el PP "adoptará las medidas
oportunas", según el portavoz parlamentario.
David Pérez, que ha hecho estas
declaraciones tras la Junta de Portavoces, ha asegurado que es
"falso radicalmente" que
Fundescam
tenga una pieza separada en la
investigación del caso Gürtel y que haya "indicios más que
serios de financiación irregular en el PP", como dijo Gómez
ayer. "Es falso y no consta en
ningún sitio, salvo que él tenga información privilegiada,
en cuyo caso sería aún más grave que la mentira y tendría que
explicar su origen", ha dicho Pérez.
Tras asegurar que ya le "empieza a irritar la mentira permanente
de Tomás Gómez", el portavoz popular ha defendido que su partido
tiene "absolutamente clarificada, transparente, acreditada y
justificada su financiación".
www.publico.es 08.06.10
CUANDO EL DENUNCIANTE ES EL
ACUSADO
El consejero de Presidencia,
Justicia e Interior, Francisco Granados, se mete en todos los charcos. Ayer
acudió a los juzgados de la plaza de Castilla para interponer una querella
contra el secretario general de los socialistas madrileños, Tomás Gómez. Le
acusa de denuncia falsa porque el líder socialista ha pedido la imputación de 44
altos cargos de la Comunidad de Madrid que validaron facturas o dieron el visto
bueno a contratos irregulares del Gobierno regional con la trama Gürtel.
Un informe de la Unidad de Auxilio
Judicial de la Agencia Tributaria, incluido en el sumario del caso, revela que
la Comunidad vulneró al menos 105 veces las normas de contratación para
favorecer a empresas de la trama corrupta. Entre las irregularidades destacan el
fraccionamiento de contratos, adjudicaciones a dedo sin convocar concurso o
amañarlas haciendo concurrir a empresas del mismo grupo. Por eso, Gómez acusaba
a los 44 altos cargos que intervinieron en esos contratos (entre los que figura
el vicepresidente Ignacio González, 15 directores generales, dos jefes de
gabinete, ocho secretarios generales, seis subdirectores generales y un
funcionario fallecido sobre quien retiró la denuncia) de ser "colaboradores
necesarios", y les atribuye un delito de "prevaricación y de negociaciones
prohibidas a funcionarios".
Ante este panorama, a Granados, como
responsable de la función pública, le tocó presentar la querella del Gobierno
regional. El consejero defendió a los funcionarios: "Gómez ha hecho algo
irreparable, que es denunciar de manera injusta y sin fundamento a 45
funcionarios de Madrid, y eso tiene que tener respuesta por parte del Gobierno
regional. No pedimos indemnización, sino que aclare la cuestión, ya que no puede
ser que este señor establezca un manto de sospechas contra 45 personas
honorables".
Granados, el denunciante, acumula
varias acusaciones a sus espaldas. Una juez investiga a cinco empleados de su
consejería por el caso de espionaje a altos cargos del PP en Madrid, adversarios
dentro del partido de Esperanza Aguirre. Mientras Granados se empeña en negar el
espionaje, un informe policial ha constatado que la letra manuscrita de los
partes de seguimiento se corresponde con la de un trabajador de su
departamento.
El consejero también fue
protagonista hace tres años cuando el coche de su esposa, un Mini Cooper,
apareció calcinado en el aparcamiento de su casa. El vehículo estaba a nombre de
una constructora. Poco después, Granados tuvo que aclarar los detalles de la
venta de un chalé en Marbella a un constructor afín. El mismo al que poco
después le vendió unas parcelas que había heredado. El consejero también tuvo
que responder de las visitas de su esposa a las obras de una vivienda de 1.000
metros cuadrados que no adquirió. Granados colocó en 2008 a su mujer en el
Consejo de Administración de Caja de Madrid de Pensiones, gestora de fondos de
pensiones.
"¿DEFIENDEN A LÓPEZ VIEJO?"
El secretario general del Partido
Socialista de Madrid (PSM), Tomás Gómez, convirtió ayer el contraataque judicial
de la Comunidad de Madrid en una oportunidad.
El dirigente socialista manifestó
que la querella que le ha puesto el consejero Francisco Granados puede ser para
"intentar lanzar una cortina de humo, intentar desacreditar una acción
judicial". "O", dijo, "puede tener una intención más malvada: ¿Intenta el señor
Granados fabricar la defensa jurídica para López Viejo [ex consejero de
Deportes, imputado en el caso Gürtel]?", se preguntó Gómez.
El líder socialista aseguró que en
cuanto la Fiscalía admita a trámite su denuncia contra 44 altos cargos de la
Comunidad de Madrid pedirá la dimisión de la presidenta regional, Esperanza
Aguirre. Gómez recordó que "sin la firma de estos altos cargos nunca, ni López
Viejo ni el resto de los imputados, hubiese podido cometer los delitos que
presuntamente han cometido".
(www.elpais.com,
08/06/10)
BAJO SOSPECHA
- Una juez investiga a cinco
trabajadores de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, que dirige
Francisco Granados, por el caso del espionaje político a altos cargos del PP. El
consejer0, que fichó a dedo a tres de los imputados, niega el espionaje a pesar
de que hay pruebas que lo demuestran.
- En octubre de 2006, el Mini Cooper
de la esposa de Granados fue incendiado en el garaje de su casa. La policía
halló restos de combustible junto al Mini, que estaba a nombre de una
constructora. El caso nunca se esclareció.
- Pocos meses más tarde, el
consejero y ex alcalde de Valdemoro tuvo que explicar la venta de un chalé en
Marbella a un constructor afín. El actual alcalde también participó en la
operación.
- El mismo constructor al que le
vendió el chalé le compró cuatro parcelas en Valdemoro, que había heredado, por
una cantidad millonaria.
(www.elpais.com,
08/06/10)
La Comunidad
de Madrid se querella contra Tomás Gómez por sus
acusaciones sobre el caso Gürtel
La Comunidad
de Madrid ha interpuesto una querella contra el
secretario general del Partido Socialista de Madrid (PSM),
Tomás Gómez, por denuncia falsa al haber pedido la
imputación de 45 altos cargos del Ejecutivo regional en
el caso Gürtel con "muy escaso rigor" y poniendo
en duda su honorabilidad.
El
consejero de Presidencia, Justicia e Interior,
Francisco Granados, ha presentado la querella este
lunes ante el juzgado de guardia de Plaza de
Castilla, unas semanas después de que el PSM
formalizara ante la Fiscalía la petición de
imputación de los altos cargos en el caso
Gürtel.
Defiende su honorabilidad
Granados ha explicado en la puerta de
los juzgados que Gómez relacionó "con muy escaso
rigor" a funcionarios y altos cargos con la trama de
corrupción vinculada al Partido Popular y el
Ejecutivo regional ha decidido interponer una
querella contra él "en defensa de la honorabilidad y
el buen nombre de todas estas personas, funcionarios
que han hecho su trabajo con absoluta rectitud". El
consejero ha precisado que la Comunidad no pide
"ningún tipo de indemnización, sino que se aclare la
cuestión", ya que "no puede ser que este señor
-Gómez- establezca un manto de sospechas contra 45
personas honorables".
Matías Morante
Granados ha incidido en que "el rigor con el que el
señor Gómez acusa a la gente se ha puesto de
manifiesto con el caso de la persona fallecida", en
referencia a Matías Morante, el funcionario que el
PSM incluyó en la lista de posibles implicados en la
trama Gürtel a pesar de que había fallecido en 2007,
y ha recordado que la familia de éste presentó
recientemente una denuncia por injurias y calumnias
contra Gómez.
Sin perdón
Granados ha dicho que, una vez interpuesta
la querella, la Comunidad no la retirará aunque el
líder del PSM pida perdón públicamente, ya que Gómez
"ha hecho algo que es irreparable, que es denunciar
de manera injusta y sin fundamento a 45 funcionarios
de la Comunidad, y eso tiene que tener una respuesta
por parte del Gobierno y el responsable tiene que
asumir esa responsabilidad".
www.elplural.com
07.06.10
LA INTERVENTORA SE OPONE A QUE BOADILLA PAGUE LAS DEUDAS DE UNA
FIRMA DE CORREA
El
Ayuntamiento acepta hacerse cargo de una hipoteca de 7,1 millones de
euros
La Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) de Boadilla
del Monte asumirá la hipoteca de 7,1 millones de euros de la empresa
Artas Consultores. Esta sociedad es propiedad de Francisco Correa,
el supuesto cabecilla de la red Gürtel, según el sumario del caso.
El pleno del Ayuntamiento aprobó ayer la operación pese a contar con
la oposición de la interventora municipal, quien expresó su
"disconformidad" a la misma. La mayoría del PP hizo valer su rodillo
para imponer su criterio y sacar adelante la operación.
-
El
Consistorio acepta la deuda a cambio de anular una concesión
-
El pleno
retira a la SGAE la concesión del palacio del infante don Luis
A cambio, la empresa vinculada con Correa acepta anular la
adjudicación del contrato para gestionar 33 locales comerciales y
138 plazas de garaje situados en el Residencial Siglo XXI. Tras el
acuerdo, los inmuebles volverán a pertenecer a la empresa municipal.
La operación aún está pendiente del visto bueno del juez instructor
de caso Gürtel, Antonio Pedreira. El magistrado tiene la
última palabra sobre un acuerdo que afecta a una empresa intervenida
por la justicia, Artas Consultores.
La decisión del grupo del PP local se produjo pese a los
reparos de la interventora municipal, María José Fernández
Domínguez, y del viceinterventor, Juan Andrés Gil Martín; y de las
críticas encendidas de los partidos de la oposición local (PSM y
Alternativa por Boadilla). Los dos funcionarios presentaron un
informe en el que alertaban sobre la necesidad de volver a cálcular
el valor de los locales comerciales para que se pudiera conocer el
importe real de la liquidación entre la empresa de Correa y el
Ayuntamiento. La interventora municipal intervino en el pleno donde
señaló la posibilidad de que sea la sociedad la que tenga que abonar
dinero al Ayuntamiento.
La operación fue pactada previamente entre el actual gerente
de la EMSV, Alejandro Corral y el administrador de Artas
Consultores, Ramón Blanco Balín por un monto de 5,9 millones que
ayer se elevó a 7,1. El sumario considera a este último el supuesto
testaferro de Correa.
Una de las ausencias del pleno fue la edil Rosalía de Padura,
esposa de Tomás Martín Morales, ex consejero de la EMSV y uno de los
imputados en la trama. Martín Morales ha logrado eludir la cárcel al
pagar la fianza de 1,5 millones. Al ausentarse De Padura ha eludido
una posible incompatibilidad, ya que su marido fue accionista del
20% de la empresa que recibirá los 7,1 millones, según un informe de
la Agencia Tributaria incluido en el sumario de la Operación Gürtel.
Sin embargo, su voto favorable en la comisión de Economía previa al
pleno fue criticado por la oposición.
El portavoz del PSM en Boadilla, Pablo Nieto, destacó que esta
adjudicación ha causado un grave perjuicio financiero al municipio,
ya que se cedieron unos locales comerciales "cobrando solo el 10% de
su valor de mercado". Además, criticó al actual alcalde, Juan
Siguero, asegurando que es "vergonzoso e indecente" que pretenda
pagar, pese a la disconformidad de la intervención municipal, otros
siete millones a esta empresa relacionada con la trama Gürtel. Ángel
Galindo, de Alternativa por Boadilla (APB), denunciará el acuerdo
del pleno, ya que lo considera "ilegal".
Un portavoz municipal explicó, al ser preguntado por este
periódico, que se ha demostrado que la operación "no es ilegal",
como argumenta la oposición.
El pleno de ayer también aprobó rescindir el contrato que
firmó en 2006 el Ayuntamiento con la Sociedad General de Autores y
Editores (SGAE) para que el palacio del infante don Luis (del siglo
XVIII, obra de Ventura Rodríguez) acogiera la sede de la Fundación
Autor.
Esa fundación aseguró ayer en un comunicado que no le ha sido
notificada "fehacientemente" la rescisión del uso privativo del
palacio, edificio catalogado como Bien de Interés Cultural (BIC).
"Una vez se estudie la resolución, la Fundación Autor tomará las
decisiones necesarias para su legítima defensa", prosigue el texto.
Y resalta que la entidad "no renuncia al proyecto, en el que ha
invertido considerables recursos humanos y materiales". El
Ayuntameinto alega que la SGAE ha presentado un proyecto inadecuado
para el recinto.
www.elpais.es 29.05.10
LA 'GÜRTEL' SE HA
LLEVADO YA A 11 CARGOS DE AGUIRRE
La teniente de
alcalde y concejala de Educación de Las Rozas (Madrid), Gema Dolores
Matamoros (PP), presentó ayer su dimisión después de que se hiciera
público que podría haber recibido dinero de la
trama Gürtel. Con esta baja, son ya 11 los
cargos del PP de Madrid, presidido por Esperanza Aguirre, que se han
visto forzados a renunciar tras verse salpicados por este escándalo
de corrupción.
Matamoros, esposa
del ex alcalde de Majadahonda
Gillermo Ortega, imputado en el caso
Gürtel, aparece en el sumario como receptora de dos transferencias
de más de 50.000 euros realizadas por Special Events, una de las
empresas de la trama.
Precisamente ayer, antes
de conocer esta nueva dimisión en el seno de su partido, la
presidenta madrileña lanzó una advertencia: "Todo aquel que
perteneciendo al PP de Madrid, no solamente haya hecho algo ilegal o
irregular sino que existan indicios de que pudiera tener
responsabilidad penal, tiene que dimitir con carácter inmediato y
dejar el acta". Una vez más, se olvidó de precisar si ella piensa
asumir algún tipo de responsabilidad política como máxima
responsable del partido.
Otro de los flecos
pendientes de los conservadores madrileños es el relacionado con el
informe policial incluido en el sumario que apunta a la financiación
ilegal del partido a través de
Fundescam.
No obstante, las
palabras de Aguirre dejan en evidencia a Francisco Camps. El
president de la Generalitat Valenciana sigue aferrado a su cargo
pese a las sospechas de prácticas irregulares.
(www.publico.es,
27/05/10)
DIMITE LA EDIL DE LAS
ROZAS QUE COBRÓ 51.000 EUROS DE GÜRTEL
Su asiento quedó vacío.
La concejal de Educación, Gema Matamoros, no acudió al pleno del
Ayuntamiento de Las Rozas ayer, el día en el que EL PAÍS publicaba
que cobró 51.086 euros de una de las empresas de la trama de
corrupción Gürtel, Special Events. El alcalde, Bonifacio de Santiago
(PP), leyó la carta con la dimisión "irrevocable" de la edil casi al
final de un pleno que acabó con bronca. De Santiago explicó en la
sala que ese dinero proviene del pago de un Audi A8 que Matamoros
vendió a Francisco Correa, el supuesto cabecilla de la trama.
Aseguró que había visto la factura, un documento que EL PAÍS
solicitó al Ayuntamiento sin éxito. El alcalde, que dejó entrever
que fue él quien pidió su renuncia, culpó de su marcha a "su ligazón
familiar". "No es una concejal cualquiera, tiene un marido
imputado", señaló en referencia a Guillermo Ortega, ex alcalde de
Majadahonda. La oposición quiere más explicaciones.
El cobro de Special
Events aparece reflejado en un informe del Servicio de Prevención de
Blanqueo de Capitales (Sepblanc) incluido en el sumario que
investiga la trama Gürtel. Son 51.086 euros que, según la
explicación municipal, Correa le abonó a Matamoros por su coche, un
Audi A8. Ese modelo nuevo cuesta hoy entre 76.000 y 98.000 euros,
según la web oficial de la marca.
Matamoros, casada con
Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda (imputado por delitos de
cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencia y blanqueo de
capitales) adjudicó contratos del Ayuntamiento de Las Rozas por
41.306 euros también a Special Events para los actos de inauguración
de las Olimpiadas Escolares de 2002 y 2003. Los troceó en importes
inferiores a 12.000 euros para no tener que sacarlo a concurso
público.
El alcalde contrapuso
ambas cantidades tras el pleno: "¿Usted cree que alguien le puede
dar a otra persona 51.000 euros por una cosa por la que ha cobrado
41.000?". Y ponía la mano en el fuego: "Ni Special Events ni ninguna
otra empresa del sumario ha contratado ni un euro más durante los
más de 20 años que he sido alcalde". Defendió la "honestidad
personal" de la ex edil, que no está "ni imputada ni condenada".
Pero, a pesar de sus
justificaciones, la dejó caer. Y para explicarlo, echó mano de la
historia clásica: "La mujer del César debe ser honrada y parecerlo".
"Ella se ha dado cuenta de que sin haber hecho nada su nombre estaba
en boca de todos y podía ser un prejuicio para el ayuntamiento y
para su grupo municipal y me ha dicho: 'No hay ningún problema,
alcalde yo me voy", según De Santiago. El posible sustituto es Pablo
Vives, siguiente en la lista del PP.
La explicación del
regidor a medio camino entre la honestidad y la apariencia no
convenció a la oposición, que pedirá responsabilidades más allá de
esta dimisión. "Lo del coche no tiene ninguna explicación: la
concejal que adjudica un contrato a una empresa fraccionándolo le
vende a continuación el coche al dueño de esa empresa, se lo podía
haber vendido a cualquier otro", reflexionaba tras el pleno el
concejal socialista Juan Antonio Candil. El edil protagonizó un
final tenso de pleno con el alcalde. De Santiago le llamó
"maleducado político". Candil le acusó de ser "demasiado lento" en
este caso.
El portavoz de UPyD,
Cristiano Brown, fue testigo de la subida de tono del pleno desde la
bancada de invitados, puesto que su partido no tiene representación
municipal: "Nos alegramos de que el ayuntamiento sea un poco más
higiénico, pero las explicaciones no son suficientes".
(www.elpais.com,
27/05/10)
GEMA MATAMOROS DIXIT:
"MI MARIDO ESTÁ IMPUTADO, PERO YO NO"
A las 15.00, Gema
Matamoros abandona la Concejalía de Educación con un grupo de
compañeras. Es de las últimas en salir de una sede a la que
previsiblemente ya no volverá con el mismo cargo. En el pleno de
ayer por la mañana, al que no asistió, el alcalde de Las Rozas,
Bonifacio de Santiago, anunció su dimisión "irrevocable". Matamoros
se marcha "por presión", según el alcalde, que leyó una carta de la
ex edil en las que señalaba: "Soy una mujer fuerte y resistente,
pero no hasta el infinito".
En la entrada del
edificio municipal, los argumentos de ella son parecidos a los de su
alcalde. "Mi marido está imputado, pero yo no. Me voy porque no
aguanto más", señala la ex concejal de Las Rozas, que llevaba en el
cargo desde 1999.
Su marido es Guillermo
Ortega, ex alcalde de Majadahonda y uno de los imputado en la trama
de corrupción Gürtel. Pero la presunta relación de Matamoros con la
red que dirigía Francisco Correa, el dato que ayer provocó su salida
del Consistorio, no tiene nada que ver con su marido. Un informe del
Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblanc) señala
que la ex concejal recibió 51.086 euros de la trama de Correa. Ella
fue además quien adjudicó dos contratos troceados a una de las
firmas de la red, Special Events.
"Le vendí un vehículo a
Correa en el 2003 o 2004, nada más", explica la mujer a punto de
subirse en su coche. "He presentado la factura al pleno", añade.
Habla con tono pausado, pero no admite preguntas. Lo suelta todo de
corrido. "Me han destrozado la vida a mí y a mis hijos", concluye.
(www.elpais.com,
27/05/10)
UNA EDIL DEL PP DE
LAS ROZAS COBRÓ 51.000 EUROS DE LA TRAMA GÜRTEL
La concejal de Educación
de Las Rozas, Gema Matamoros (PP), recibió 51.086 euros de la
empresa Special Events, propiedad del cerebro de la trama Gürtel,
Francisco Correa, según un informe del Servicio de Prevención de
Blanqueo de Capitales (Sepblac) incluido en el sumario. Este pago de
la red de corrupción que afecta a administraciones en manos del PP
se efectuó en una fecha sin determinar entre los años 2003 y 2009,
según el documento.
La concejal Matamoros,
que se mantiene en el cargo desde 1999 y está casada con el ex
alcalde de Majadahonda Guillermo Ortega (imputado por los delitos de
cohecho, fraude fiscal, tráfico de influencias y blanqueo de
capitales en la Operación Gürtel) fue quien adjudicó contratos del
Ayuntamiento de Las Rozas (por valor de 41.306 euros, una cantidad
sin relación directa con el dinero que ella percibió de la trama de
Correa) a la sociedad que le hizo el abono, Special Events, para
organizar los actos de inauguración de las Olimpiadas Escolares de
2002 (24.040 euros) y 2003 (17.266 euros).
La edil troceó los
contratos de la empresa de Correa en importes inferiores a 12.000
euros, con lo que evitaba sacar esas adjudicaciones a concurso
público. Además, Matamoros aprobó el gasto con carácter de
"urgencia". Según consta en un acta municipal, "hubo que ordenarlo
sin disponer del tiempo imprescindible para poder realizar cualquier
tipo de tramitación". Tanto en 2002 como en 2003, el interventor
municipal puso reparos a la forma de actuar de Matamoros, pero la
sociedad de Correa cobró sin problemas. Las posibles irregularidades
por el troceamiento se subsanaron en un pleno en 2005, según un
portavoz municipal.
Según el sumario, Correa
llegó a emplear ingresos de las olimpiadas infantiles de Las Rozas
para sufragar trajes al alcalde de Boadilla, Arturo González
Panero.
El cobro de 51.080 euros
por parte de la concejal se conoce dos días después de que el juez
instructor de la trama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira,
citara para que declare en junio como testigo al alcalde de Las
Rozas, Bonifacio de Santiago (PP). El regidor desveló hace un par de
semanas en una entrevista con este periódico que Correa había
intentado sobornarle en 2003 ofreciéndole 2,1 millones de euros a
cambio de un contrato municipal. De Santiago relató que le hizo
abandonar el despacho y prohibió a su equipo cualquier trato con
él.
La edil Gema Matamoros
no ha querido hacer declaraciones.El grupo municipal del PSM-PSOE en
Las Rozas preguntará hoy a la edil Gema Matamoros, en el pleno que
comenzará a las diez de la mañana, cuál es el motivo por el cual
percibió 51.080 euros de una de las empresas de la trama de
Francisco Correa, según anunció ayer esta formación política.
Los socialistas recogen,
de esta forma, las denuncias formuladas por Unión Progreso y
Democracia (UPyD), que en una nota de prensa resaltaba las presuntas
irregularidades relacionadas con la trama Gürtel. Cristiano Brown,
portavoz de esta formación política en la ciudad, aunque no tiene
representación en el Ayuntamiento roceño, aseguró a este periódico
que el alcalde, Bonifacio de Santiago, debe actuar "de inmediato y
con contundencia ante los gravísimos hechos que parecen relacionar a
Gema Matamoros con el entramado Gürtel". Para este partido, el
prestigio de las instituciones "es muy importante".
Precisamente Brown ha
denunciado otras presuntas irregularidades relacionadas con la
concejal de Educación, cuyo marido, Guillermo Ortega, logró eludir
su ingreso en prisión tras pagar los 300.000 de la fianza que
decretó el instructor del caso, Antonio Pedreira. Así, el 23 de
junio de 2008 el Ayuntamiento adjudicó por la vía de urgencia a la
empresa Lebrel Servicios para la Educación, SL, el concurso para
dirigir la gestión de la escuela infantil Juan Ramón Jiménez. Pero
esta sociedad, que se constituyó un mes antes de hacerse con el
concurso municipal con el objeto social de "explotación y gestión de
concesiones de restaurantes, cafeterías, hoteles y negocios de
hostelería, tanto de la Administración central como autonómica", no
podía acreditar experiencia en el ramo de la Educación. Su
propietario, José Luis Domínguez Sánchez, tal y como indica un
informe del Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac),
que obra en el sumario, era socio del ex alcalde de Majadahonda
Guillermo Ortega, marido de la concejal de Educación Gema Matamoros.
Y lo era al menos en una empresa, además de ser ambos los
cotitulares de varias cuentas corrientes.
Por ello, UPyD de Las
Rozas responsabiliza directamente al equipo municipal "por no tratar
con especial atención la adjudicación de la escuela infantil Juan
Ramón Jiménez". Esta formación sostiene que este tipo de
actuaciones, "de dudosa legitimidad política, solo puede perjudicar
al sistema educativo", según explica con mucho énfasis el portavoz
de este partido en el municipio, Cristiano Brown.
(www.elpais.com,
26/05/10)
EL JUEZ DEL GÜRTEL
CITA AL ALCALDE DE LAS ROZAS POR EL INTENTO DE SOBORNO
El juez instructor de la
trama madrileña del caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha llamado a
declarar en calidad de testigo al alcalde de Las Rozas, Bonifacio de
Santiago (PP). El regidor desveló hace un par de semanas en una
entrevista con este periódico que el cabecilla de la red corrupta,
Francisco Correa, intentó sobornarle ofreciéndole 2,1 millones de
euros a cambio de un contrato municipal. El próximo 10 de junio
tendrá que acudir al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
para explicarle al juez cómo se produjo el intento de soborno.
La citación se produce
una vez que la unidad de blanqueo de capitales remitiera al juez
Pedreira las declaraciones de De Santiago. El magistrado ha iniciado
la investigación y por eso ha citado al alcalde.
Según relató el alcalde
a este periódico, en febrero de 2003 recibió a Correa en su
despacho. El capo de la trama se interesó por el contrato de
recogida de basuras y limpieza urbana que el Ayuntamiento de Las
Rozas iba a sacar a concurso. Según la versión del alcalde, en un
momento de la conversación Correa le dijo: "Te ofrezco 350 millones
de pesetas (2,1 millones de euros) si la que gana es la empresa
Sufisa".La empresa Sufisa aparece en el sumario del caso Gürtel
porque uno de sus directivos pagó supuestamente comisiones ilegales
a cambio de contratos en ayuntamientos gobernados por el PP.
De Santiago ha relatado
que, tras oír la oferta, echó a Correa de su despacho y ordenó a su
equipo que le prohibiera el acceso a las dependencias municipales.
El regidor de Las Rozas relató a este periódico: "En febrero de 2003
el señor Correa fue a mi despacho a ofrecerme dinero para adjudicar
el contrato de limpiezas y recogida de residuos sólidos urbanos. Mi
respuesta fue echarle de mi despacho, eso sí, amablemente, y lo puse
en conocimiento de mis concejales".
La sociedad Sufisa logró
contratos en algunos municipios contaminados por la trama como
Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares, según el
sumario de la red de corrupción que afecta a administraciones en
manos del PP. Esta misma sociedad se adjudicó en 2002 un contrato de
limpieza en el Ayuntamiento de Madrid. Por entonces, el responsable
de la limpieza municipal era el ex consejero de Deportes de la
Comunidad de Madrid, Alberto López Viejo. La empresa habría logrado
la adjudicación, según consta en un informe policial incluido en el
sumario, debido a una comisión que pagó a la red Gürtel.
El juez Pedreira también
ha citado a declarar como testigos a los representantes legales de
C. de Salamanca, SA, y ALD Automotive, SA. Estas sociedades están
relacionadas con la compraventa de un Range Rover Sport por valor de
83.000 euros que la trama corrupta facilitó al ex alcalde de
Pozuelo, Jesús Sepúlveda.
Al que de momento no ha
citado el juez ha sido el ex concejal de Urbanismo de Las Rozas
Javier Espadas que también fue tentado por la red corrupta. La
organización liderada por Correa se puso en contacto con Espadas
para lograr la adjudicación de la Oficina de Atención al Ciudadano
de esa localidad. Según fuentes municipales, la red lo intentó en
varias ocasiones llegando a ofrecer como contrapartida un paseo en
yate y un fin de semana a todo trapo en un chalé de Marbella. El
alcalde del municipio, al conocer las intenciones de la red Gürtel,
le espetó a su edil: "No te puedo quitar de concejal, pero como me
entere de que te vas a Marbella te quito todas las delegaciones de
inmediato". El edil de la localidad madrileña rechazó la oferta.
(www.elpais.com,
25/05/10)
PEDREIRA LLAMA A
DECLARAR AL ALCALDE DE LAS ROZAS TRAS ASEGURAR QUE CORREA INTENTÓ
SOBORNARLE
El alcalde de Las Rozas
(Madrid), el popular Bonifacio de Santiago, tendrá que declarar ante
el juez Antonio Pedreira sobre las declaraciones que hizo al diario
El País, donde aseguró que el líder de la trama Gürtel intentó
sobornarle en 2003 por 350 millones de pesetas a cambio de que le
dieran la contrata de basuras del municipio. Dijo en la entrevista
que lo echó de su despacho y ordenó que no se contratara a las
empresas de Correa. Sin embargo, no lo denunció a la Justicia, ahora
es la Justicia quien reclama su testimonio.
Según ha podido saber El
Plural tendrá que declarar el próximo 10 de junio. Su testimonio
podría ser clave en las investigaciones porque demuestra la manera
de trabajar de la trama corrupta en los municipios madrileños. La
Gürtel ya explotaba los servicios de limpieza de localidades como
Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares. En el famoso
pen drive incautado figuran apuntes de la Caja B de Correa con el
dinero entregado a dirigentes del PP a cambio de sus favores en las
administraciones que controlaban. Fuentes de la investigación creen
que el testimonio del alcalde de Las Rozas supone un importante
refuerzo a las pesquisas.
(www.elplural.com,
24/05/10)
EL JUEZ DEL GÜRTEL
CITA AL ALCALDE DE LAS ROZAS TRAS DENUNCIAR UN INTENTO DE SOBORNO DE
CORREA
El juez que instruye la
rama madrileña del caso Gurtel, Antonio Pedreira, ha llamado a
declarar en calidad de testigo al alcalde de Las Rozas, Bonifacio de
Santiago (PP), tras las declaraciones del regidor en el que desveló
un intento de soborno del cabecilla de la red corrupta, Francisco
Correa.
De Santiago desveló hace
un par de semanas durante una entrevista en este periódico que
Correa le ofreció 350 millones de pesetas (2,1 millones de euros) si
adjudicaba el contrato de recogida de basuras y limpieza urbana del
municipio (87.000 habitantes) a Sufisa. Esta sociedad aparece en el
sumario porque uno de sus directivos pagó supuestamente comisiones
ilegales a cambios de contratos en ayuntamientos gobernados por el
PP.
El regidor madrileño
prestará declaración el próximo 10 de junio, según la orden dictada
por Pedreira el viernes pasado. De Santiago aclarará el suceso que
se remonta a febrero de 2003 cuando recibió a Correa en su despacho
del Ayuntamiento y según su versión, este le dijo: "Te ofrezco 250
millones de pesetas si la que gana es Sufisa".
(www.elpais.com,
24/05/10)
Un edil acusa de
amenazas a un cargo del Ayuntamiento de Boadilla
El edil de
Alternativa por Boadilla (APB), Ángel Galindo, presentó ayer
una denuncia a la Guardia Civil contra un cargo del
Ayuntamiento de esta localidad gobernada por el PP. Galindo
dice que fue objeto de amenazas por parte del gerente de la
Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) de la
localidad, Alejandro Corral, que negó la acusación. El
denunciante es abogado del ex concejal de Majadahonda José
Luis Peñas, que denunció la trama Gürtel a la Fiscalía
Anticorrupción.
Según Galindo,
Corral acudió a su despacho en el Ayuntamiento para exigir
una rectificación de una nota de prensa de su partido. APB
se oponía a que el Ayuntamiento pagase 5,9 millones de euros
a una empresa que, según el sumario de Gürtel, pertenece a
Francisco Correa.
En la nota,
Galindo ponía en boca de Corral que Alfonso Bosch, imputado
en el caso Gürtel y antiguo gerente de la EMSV, se
había llevado documentación sobre el caso. Por esta razón se
inició una discusión en la que Corral llegó a decirle: "Ten
cuidado. Tú ten cuidado", según consta en el atestado y
corrobora el socialista Fermín Íñigo, que oyó la discusión.
Galindo también indicaba en la nota que el lunes pondría un
recurso al considerar incompatible el voto en la comisión de
Economía de la edil del PP Rosalía de Padura, esposa del ex
consejero de la EMSV Tomás Martín Morales, que según la
Agencia Tributaria fue accionista de la empresa Artas
Consultoría, que es la que recibirá los 5,9 millones del
Consistorio.
www.elpais.es 22.05.10
POZUELO ECHA A LA EDIL IMPUTADA
EN EL 'CASO GÜRTEL'
El grupo municipal del PP de Pozuelo
de Alarcón expulsó ayer a la ex concejal de Obras Yolanda Estrada, imputada en
el caso Gürtel por el juez Antonio Pedreira por los delitos de prevaricación y
cohecho. La edil había renunciado el 8 de enero pasado, fecha en la que se
conoció su presunta relación con la trama, a todas sus atribuciones municipales,
y según relató a su partido esperaba que se le archivara la imputación. Por eso
calificó de "injusta" la decisión, que ya había anunciado el martes el
secretario general del PP madrileño, Francisco Granados.
Esta expulsión se incluyó de
urgencia en el pleno celebrado ayer. No obstante, permanecerá con el acta de
concejal, al que no ha renunciado, pese a exigírsela su partido, según explicó
el portavoz del Ayuntamiento, Pablo Rivas. La portavoz de la oposición del PSM-PSOE
en el Ayuntamiento, Eva Izquierdo, considera este hecho "una situación
vergonzosa".
Estrada aparece en el sumario de la
operación Gürtel en una de las conversaciones de la ex contable de las empresas
del cabecilla de la trama, Felisa Isabel Jordán, que se refiere a ella como una
de las personas con las que hay que contactar en Pozuelo.La concejal Yolanda
Estrada aseguró ayer a este periódico que si el magistrado instructor del caso
Gürtel, Antonio Pedreira, mantiene su imputación de los delitos de prevaricación
y cohecho renunciará al acta. "Lo he dicho en el Pleno, si el juez me contesta
manteniendo la acusación dejaré de ser concejal".
Por su parte, la portavoz del PSM-PSOE
en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, Eva Izquierdo, exigió ayer a la edil
expulsada del PP local, Yolanda Estrada, que renuncie ya a su acta, pues
considera que no debe permanecer ni en el grupo municipal del PP ni en el
Ayuntamiento. "Si ella no renuncia, el alcalde se lo debe exigir. Nos parece
hipócrita que no pueda estar en el PP y sí en el Consistorio", subrayó.
En este sentido, el portavoz del
Ayuntamiento, Pablo Rivas, resaltó que la decisión se ha adoptado tras esperar
cuatro meses. "Estrada nos dijo que iban a sobreseer los delitos que se le
imputan. La Justicia es lenta, pero no podemos esperar más. Le hemos pedido el
acta, pero si lo devuelve o no es una cuestión personal". Pese a su expulsión,
la página web del Consistorio incluía ayer por la noche a Estrada dentro del
grupo de concejales del PP.
La portavoz de la oposición criticó
la actuación de Pablo Rivas al asegurar que al alcalde "no le ha quedado más
remedio" que tolerar la permanencia de Estrada."Sin ir más allá, en el Pleno de
ayer hubo un punto en el que hemos presentado unos votos particulares en los que
se equivocó votando que sí. Rápidamente el alcalde le ha hecho un gesto y ha
corregido su voto. Nos parece un paripé nada respetuoso con los vecinos de
Pozuelo". Estrada mostró en el Pleno su agradecimiento al actual alcalde. "Lo
último que deseo en mi vida es perjudicarte", dijo.
En la carta, la concejal apartada
del PP, que fue concejal de Obras durante el mandato de Jesús Sepúlveda,
imputado en la trama y que sí renunció a su cargo de primer edil, dijo que
siempre había sido leal al PP y a la institución municipal. "Es posible que haya
sido leal al PP, ya que del sumario del caso Gürtel se desprende una presunta
financiación ilegal de ese partido, pero en determinados comportamientos ha sido
absolutamente desleal", concluyó Izquierdo.
(www.elpais.com,
21/05/10)
BOADILLA PACTA EL RESCATE POR 5,9
MILLONES DE UNA ADJUDICACIÓN INMOBILIARIA A CORREA
El Ayuntamiento de Boadilla del
Monte ha pactado el rescate de una adjudicación inmobiliaria a empresas de la
trama Gürtel de corrupción que afecta al PP. Se hará cargo de la hipoteca de 5,9
millones de euros de una de las empresas del entramado de Francisco Correa. A
cambio, esta sociedad renunciará al derecho al uso y explotación de 33 locales
comerciales y 138 plazas de garaje situados en el Residencial Siglo XXI del
municipio.
Estas superficies le fueron
adjudicadas por la Empresa Municipal del Suelo y de la Vivienda (EMSV) a
Rústicas MBS, S.L., de Ramón Blanco Balín, en 2005 (considerado en el sumario
Gürtel presunto testaferro de Correa), y posteriormente cedidas a la sociedad
Artas Consultores, del mismo empresario.
El Ayuntamiento justifica esta
decisión porque la empresa Artas Consultores jamás ha llegado a pagar el canon
anual al que se comprometió, pese a que el entonces gerente de la EMSV y
diputado en la Asamblea, Francisco Bosch Tejedor, llegó a reducir el mismo desde
los 244.750 euros iniciales a 81.344 euros, y pese a que la concesión se elevó
de 75 a 99 años.
Para que se realice el rescate, es
preceptiva la autorización del juez del caso Gürtel, Antonio Pedreira. Esto se
debe a que la empresa Artas Consultores está intervenida judicialmente, y por
tanto estos locales comerciales de Boadilla no pueden modificar su estatus legal
sin el permiso del juez.La empresa Artas Consultores, que ha llegado a un
acuerdo con el Ayuntamiento de Boadilla del Monte por el que el Consistorio le
va a pagar los 5,9 millones de euros que esta sociedad adeuda a Caja Madrid,
aparece en el registro como propiedad de Ramón Blanco Balín, imputado en la
trama. Pero en realidad, según un informe de la Agencia Tributaria, pertenece
mayoritariamente a Francisco Correa, aunque también ha sido propiedad del
diputado en la Asamblea Alfonso Bosch Tejedor y del ex consejero de la empresa
municipal del suelo de Boadilla del Monte Tomás Martín Morales.
Artas Consultores se constituyó el
22 de septiembre de 2005 con un capital social de 60.120 euros en 120 acciones,
repartidas entre sociedades de Ramón Blanco Balín, considerado por la
investigación como un presunto testaferro de Correa. Un día después, las
acciones cambiaron de manos mediante contratos privados. Así, Blanco Balín vende
al diputado en la Asamblea Francisco Bosch Tejedor y Tomás Martín Morales el 25%
y el 20%, respectivamente, de las acciones de esta empresa. Estos dos ex altos
cargos del PP mantienen la propiedad de estas acciones hasta el 13 de julio de
2007, fecha en la que Correa se hace con el 75% de la empresa.
En octubre de 2005 la empresa
municipal del suelo de Boadilla (EMSV), con Bosch Tejedor como gerente, adjudica
el uso de los 33 locales comerciales y las plazas de garaje del Residencial
Siglo XXI a la empresa Rústicas MBS, propiedad también de Blanco Balín y socio
de Bosch Tejedor en Artas Consultores. En enero de 2008 Rústicas MBS cede el uso
de los locales a la empresa Artas Consultores, de la que había sido accionista
Bosch Tejedor, imputado por recibir más de 250.000 euros de las empresas de la
trama.
Además, entre los documentos
interceptados los agentes encontraron un archivo que apunta al diputado, que es
la "Autorización expresa de cesión de derecho de superficie sobre las parcelas
del Residencial Siglo XXI dirigida a Rústicas MBS, y pie de firma don Alfonso
Bosch Tejedor en su condición de gerente".
De este archivo se deduce, según los
investigadores, que Blanco Balín pudo solicitar a la EMSV la cesión del uso a la
sociedad en la que era accionista Bosch Tejedor, que habría sido quien la
autorizó.
Esta tesis de la investigación
tomaría mayor peso tras descubrir los agentes un correo electrónico en el que se
puede leer cómo Bosch da órdenes a Blanco Balín, con Martín Morales de
intermediario: "Ramón, me dice Alfonso que le tienes que enviar un documento por
el que declares que la entidad adquirente Artas dispone de la solvencia
económica y financiera necesaria y suficiente para ser titular del contrato. Es
una simple declaración". Los investigadores de la Agencia Tributaria sostienen
que Ramón se refiere a Blanco Balín; y Alfonso a Bosch Tejedor.
Al aprobar este cambio, la empresa
Artas pasó a gestionar propiedades por las que recibía unos 514.205 euros al año
en concepto de alquiler, según la Agencia Tributaria, ya que el propio Bosch
alquiló para la EMSV varios locales. El Ayuntamiento instaló ahí la sede de la
Policía Local.
El PSOE local, que rechaza el
acuerdo con la empresa de Correa, ha asegurado que el PP demuestra que siguen
defendiendo los intereses de las empresas sospechosas de corrupción "frente al
de los vecinos de Boadilla", dijo el portavoz socialista Pablo Nieto.
(www.elpais.com,
19/05/10)
Una propiedad de ida y vuelta
- Artas Consultores se constituyó el
22 de septiembre de 2005 con un capital social de 60.120 euros en 120 acciones,
repartidas entre sociedades de Ramón Blanco Balín, supuesto testaferro de
Francisco Correa .
- Pero un día después, el 23 de
septiembre de 2005, Blanco Balín, vende al diputado en la Asamblea Francisco
Bosch Tejedor y Tomás Martín Morales el 25% y el 20% respectivamente de las
acciones de Artas.
- En octubre de 2005 la empresa
municipal del suelo de Boadilla, con Bosch Tejedor como gerente, adjudica el uso
de los 33 locales comerciales y las plazas de garaje del Residencial Siglo XXI a
la empresa Rústicas MBS, propiedad de Blanco Balín y socio de Bosch Tejedor.
- En enero de 2008 Blanco Balín cede
el uso de los locales a la empresa Artas Consultores, propiedad al 75% de
Correa.
(www.elpais.com,
19/05/10)
EL PSM ESTUDIA IR A LOS
TRIBUNALES PARA LOGRAR LA DECLARACIÓN DE LÓPEZ VIEJO
Agotada la vía política por la
persistente negativa del PP en la Cámara regional, los socialistas estudian qué
camino jurídico emprender para lograr de una vez que el Gobierno de Esperanza
Aguirre se vea obligado a entregar las declaraciones como alto cargo del ex
consejero Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel.
Hasta ahora la Mesa de la Asamblea,
controlada por la mayoría de los populares (cuatro de siete miembros), se ha
negado sistemáticamente a facilitar a los socialistas esa documentación, pese a
que les avala la Ley de Incompatibilidad de Altos Cargos de la Comunidad de
Madrid y la resolución de la presidencia de la Cámara de 4 de junio de 2001, que
fija el procedimiento para acceder a ese registro de bienes.
"Vamos a presentar un escrito de
reconsideración a la Mesa", explicó la portavoz socialista, Maru Menéndez. Pero
también estudian las vías judiciales porque opinan que la intención oculta del
PP es sentar un precedente que impida en el futuro que otros altos cargos
regionales de más relevancia que López Viejo no puedan ser investigados. "El PP
juega con la baza de que los recorridos jurídicos son lentos y difíciles",
advirtió la portavoz socialista.
En la reunión de ayer de la Junta de
Portavoces de la Asamblea, la presidenta del Parlamento autonómico, Elvira
Rodríguez, ofreció como único argumento de la negativa a tramitar el acceso al
registro de altos cargos, según la versión socialista, que la Mesa no es "un
buzón de entrada", sino que adopta decisiones.
Pero el portavoz adjunto del grupo
popular, Pedro Muñoz, agregó que se han basado en un informe jurídico "que dice
que la petición no es congruente con la motivación". E insistió en que los
socialistas ya tienen lo solicitado, porque se les han entregado los escritos
notariales que López Viejo presentó en el Registro de la Asamblea la semana
pasada. A partir de ahí, Muñoz jugó a confundir las declaraciones a las que
estaba obligado como diputado del ex consejero con las que tuvo que hacer como
alto cargo. El PP se ha negado a facilitar todas ellas.
La diferencia es que en las últimas
se incluyen las declaraciones de los impuestos del patrimonio y de la renta del
diputado imputado -desde que fue nombrado en 2003- y, por tanto, se podría
verificar si el chalé que utilizó López Viejo como garantía del pago de la
fianza impuesta por el juez Pedreira, que instruye el caso Gürtel, se financió
con el sueldo de un consejero o, como sospechan los socialistas, con dinero
negro procedente de la trama de Franscisco Correa. "¿Por qué se tiene que volver
a enviar algo que ya tiene el grupo socialista?", planteó Muñoz.
También el grupo de IU se quejó de
la falta de transparencia de los populares en este asunto. "El reglamento está
claro, el problema es la interpretación parcial que hace el PP", explicó el
diputado Antero Ruiz, que representa a IU en la Mesa de la Asamblea. "La mayoría
del PP impidió el acceso a la declaración adoptando una aplicación del
reglamento que es restrictiva y no tiene sentido", argumentó. Por eso, aseguró
que IU va a seguir denunciando la protección que ejerce la Mesa sobre los
diputados no adscritos, entre los que está el ex consejero.
(www.elpais.com,
19/05/10)
EL SUPREMO ENVÍA AL TSJM LA CAUSA
CONTRA BÁRCENAS Y MERINO
El Tribunal Supremo se ha declarado incompetente para
instruir la causa contra el ex senador
Luis Bárcenas y el ex diputado
Jesús Merino, en el marco del caso Gürtel, dado que
los dos antiguos parlamentarios del PP renunciaron a sus cargos y perdieron así
su aforamiento.
Por ello, traslada las actuaciones a
la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM),
donde se investiga el grueso del entramado delictivo, que afecta a miembros del
principal partido de la oposición.
En un auto con fecha el 11 de mayo y
hecho público este martes, el Supremo explica que una vez ha sido "acreditada la
renuncia a su condición de parlamentarios", la Sala de lo Penal del Supremo
"deja de ser el órgano jurisdiccional competente para la instrucción y el
enjuiciamiento de esta causa", por lo que ordena remitir las actuaciones "al
órgano que se estime incompetente", en este caso el TSJM.
Bárcenas y Merino presentaron sendos
escritos en el Senado y el Congreso de los Diputados, respectivamente, el pasado
20 de abril para renunciar a sus cargos, días después de que el juez instructor
de la causa en el TSJM, Antonio Pedreira, levantara el secreto del sumario.
Una vez el secretario de gobierno
del Supremo acreditó estas renuncias, el magistrado instructor en el alto
tribunal, Franciso Monterde, acordó dejar en suspenso las actuaciones y dar
traslado a la Fiscalía para que informara sobre las renuncias presentadas.
El representante del Ministerio
Público solicitó entonces que se remitieran las actuaciones al TSJM, dado que la
competencia del Supremo para el conocimiento de la causa contra Bárcenas y
Merino venía "determinada en exclusiva por su condición de aforados", derivada
de los cargos que ostentaban.
De esta manera, una vez extinguida
la razón de atribuir competencia al Supremo, procedía remitir las actuaciones al
órgano competente.
Esta medida ha sido acordada por
todos los miembros de la Sala, que recuerdan en el auto que la condición de
aforados sólo se reconoce para los cargos electos "durante el periodo de su
mandato", con el objetivo de "evitar que por medio de la vía penal pueda
perturbarse el funcionamiento de las Cámaras legislativa".
"De ahí que pierda su razón de ser
cuando las personas aforadas pierden la condición de diputados y senadores,
figurando entre las causas de pérdida de tal condición la 'renuncia' de los
interesados", explica.
En definitiva, "una vez extinguida
la razón de atribuir competencia a la Sala Segunda para la instrucción de los
hechos denunciados, procede remitir las actuaciones a la Sala de lo Civil y
Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, para su unión a las
diligencias previas 1/09 que allí se sigue para la investigación de los mismos
hechos".
(www.publico.es,
18/05/10)
EL PP VETA EL ACCESO A LAS
DECLARACIONES COMO ALTO CARGO DE LÓPEZ VIEJO
La mayoría del PP en la Mesa de la
Asamblea -el órgano que dirige el funcionamiento del Parlamento regional-
impidió ayer con sus votos (cuatro de siete miembros) que se hagan públicas las
declaraciones de bienes que hizo el ex consejero de Deportes, Alberto López
Viejo, imputado en el caso Gürtel, como alto cargo. La información, que incluye
las declaraciones del impuesto de la renta y del de patrimonio desde que el ex
consejero entró en el Gobierno de Esperanza Aguirre en 2003, había sido
solicitada por el grupo socialista a mediados de abril.
El PP apeló a la mayoría que tiene
en este órgano y alegó que eran "suficientes" las declaraciones notariales que
han recibido los socialistas. Los populares ya habían impedido la semana
anterior que sean públicas las declaraciones notariales de López Viejo que
forman parte del registro de bienes de los diputados. Lo que ha recibido hasta
ahora el grupo socialista son los escritos que el propio ex consejero presentó
la semana pasada en el Registro de la Asamblea y que no responden a lo
solicitado.
Y, ayer, el PP volvió a dejar en
manos de la Comisión del Estatuto del Diputado la petición que los socialistas
habían hecho sobre las declaraciones que presentó otro diputado imputado en el
caso Gürtel, Benjamín Martín Vasco, que fue portavoz adjunto del grupo popular
hasta que estalló el caso. Dicha comisión no tiene previsto reunirse hasta
junio.
El PP tenía escaso margen para
negarse a la petición sobre López Viejo, pero se acogió a su mayoría. La Ley de
Incompatibilidad de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid otorga a la Asamblea
la potestad de pedir el acceso al Registro. Una resolución de 4 de junio de 2001
establece las condiciones para solicitar esa información, entre las que no
figuran ni la necesidad de motivar la petición, ni que se proceda a votación.
Todo lo más permite a la Mesa de la Asamblea decidir si la información recabada
es secreta.
Pero el PP se escudó en que los
socialistas debían motivar su petición, para aplazar el asunto (en una
resolución de la Mesa del pasado 26 de abril), y ayer, cuando ya no había forma
de demorarlo porque los socialistas habían presentado una justificación, la echó
para atrás con sus votos. Una portavoz del PP rechazó comentar el asunto.
Tampoco hizo declaraciones la presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, al no
estar localizable, según otra portavoz.
"Hay una connivencia evidente con
López Viejo", se quejó la portavoz socialista en la Asamblea, Maru Menéndez. "Si
no nos dejan acceder a las declaraciones del que era el muñidor de la trama
Gürtel, según el sumario, ¿a qué alto cargo nos van a dejar controlar por esta
vía? A ninguno". Menéndez lamentó la "falta de voluntad y de transparencia"
demostrada por el PP. "Solo nos van a permitir ver la documentación que quiera
López Viejo", apostilló. "Esta decisión blinda la opacidad de todos los altos
cargos de Aguirre".
Los socialistas habían motivado su
petición en la necesidad de comprobar "la concordancia entre los bienes
declarados" por López Viejo y los que utilizó como garantía de la fianza que le
solicitó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Además, el grupo socialista
evocó en su motivación unas declaraciones de la presidenta madrileña, Esperanza
Aguirre: "A mí me parece que los políticos tenemos que tener nuestro patrimonio
a disposición de los ciudadanos, para que se sepa, si es que se ha incrementado,
de dónde ha salido". A tenor de lo votado ayer, su grupo no está de acuerdo con
sus palabras.
CRONOLOGÍA DE UNA PETICIÓN
FRUSTRADA
- El PSM presenta el 26 de abril dos
peticiones para acceder a las declaraciones como alto cargo y como diputado de
López Viejo. El PP pide justificar la primera y deja la segunda a la Comisión
del Estatuto del Diputado.
- López Viejo registra el 10 de mayo
en la Asamblea una declaración notarial sobre su patrimonio, pero falta parte de
lo solicitado.
- La Comisión del Diputado se reúne
el 13 de mayo y deniega facilitar más información que la entregada por López
Viejo.
- La Mesa niega ayer el acceso a las
declaraciones como alto cargo.
(www.elpais.com,
18/05/10)
EL PP MANIOBRA PARA OCULTAR EL
PATRIMONIO DE LÓPEZ VIEJO
El grupo popular en la Asamblea
volvió a poner ayer obstáculos a los socialistas para que puedan fiscalizar un
posible incremento del patrimonio del ex consejero de Deportes imputado en el
caso Gürtel, Alberto López Viejo, desde que tomó posesión del acta de diputado
en julio de 2003. Los socialistas reclamaban las declaraciones que estaba
obligado a presentar López Viejo, según el Reglamento de la Cámara al comienzo
de las tres legislaturas en las que ha ocupado un escaño: en julio de 2003, en
octubre de ese año (después de que se repitieran las elecciones por el tamayazo)
y en julio de 2007.
El portavoz adjunto del PP, Pedro
Muñoz Abrines, que representa a su grupo en la Comisión del Estatuto del
Diputado, defendió que a los socialistas les basta con la declaración de bienes
que el propio López Viejo registró en la Cámara regional el pasado lunes, pese a
que no es la documentación requerida. Este documento, al que ha tenido acceso EL
PAÍS, es una declaración ante notario realizada el pasado 30 de abril donde él
dice que refleja la declaración de bienes que hizo el 3 de junio de 2004 al ser
nombrado viceconsejero de Presidencia y la que presentó el 9 de marzo de 2009,
al dimitir como consejero de Deportes, cuando estalló el caso Gürtel. Pero, al
no ser la documentación entregada a la Cámara, que hace de custodio de las
declaraciones de los diputados, no puede conocerse si efectivamente se
corresponden con las que tuvo que entregar López Viejo en su día a la Asamblea.
"La Cámara tiene información más que
suficiente para ver cuál es el patrimonio", declaró Muñoz Abrines a Efe. Y
agregó que es "innecesaria" otra información, porque la entregada "es muy
superior" a la solicitada por los socialistas. Sin embargo, el propio López
Viejo desvirtuó esta afirmación esa misma tarde, cuando se presentó en el
Registro de la Asamblea para entregar una nueva declaración notarial, en la que
esta vez recoge la que hizo en 2007, al inicio del segundo mandato de Aguirre.
"López Viejo se va al notario
después de que nosotros registráramos la petición de sus bienes", había afirmado
antes la portavoz socialista, Maru Menéndez, que defendió que la declaración
notarial "no sirve para nada".
El ex consejero presentó ayer por la
tarde un nuevo escrito notarial en la Asamblea. Al igual que con el que presentó
el lunes, hasta que no se comprueben las declaraciones oficiales que registró en
su día en la Cámara no se podrá comprobar si se trata de las mismas. En el
documento incluye supuestamente su declaración de bienes de 2007. Ese año López
Viejo dejó de ser viceconsejero de Presidencia y fue nombrado consejero.
López Viejo entregó oficialmente al
Registro de la Asamblea seis declaraciones patrimoniales entre 2003 y 2008. Tres
corresponden a la toma de posesión del escaño al inicio de las legislaturas en
julio de 2003, en octubre de ese año y en julio de 2007. Además, hizo otras tres
-a las que no estaba obligado- el 10 de abril de 2006, el 5 de julio de 2007 y
el 14 de abril de 2008. El grupo socialista considera que, para obtener la
transparencia de la Cámara, el PP debería permitirle acceder a todas ellas,
porque demuestran que López Viejo modificó su patrimonio en esos años.
Otra queja que planteó ayer el grupo
socialista en la Mesa de la Asamblea es que ésta se ponga al servicio de un
diputado no adscrito, López Viejo, y boicotee a un grupo de 45 diputados. Los
socialistas se quejaron oficialmente de que la presidenta Elvira Rodríguez
convocara una reunión extraordinaria de la Mesa ayer por la mañana para
calificar el escrito de López Viejo, pero dejara fuera otros presentados antes
por los socialistas.
"Es la demostración de la
connivencia del PP con los diputados no adscritos, a los que está encubriendo",
afirmó la portavoz socialista, Maru Menéndez. "No sé si ellos obedecen a Aguirre
o Aguirre los obedece a ellos", zanjó.
(www.elpais.com,
14/05/10)
LA POLICÍA INVESTIGA EL INTENTO
DE SOBORNO DE CORREA EN LAS ROZAS
La unidad de blanqueo de capitales
de la Policía ha abierto una investigación por las declaraciones del alcalde de
Las Rozas, Bonifacio de Santiago (PP), a este periódico en las que aseguraba que
Francisco Correa, el jefe de la trama Gürtel, había intentado sobornarle.
El regidor de Las Rozas (86.300
habitantes) declaró el pasado jueves 6 de mayo a EL PAÍS que Correa le ofreció
ganar 350 millones de pesetas (2,1 millones de euros) por conceder el contrato
de recogida de basuras y de limpieza urbana a la empresa SUFISA, uno de cuyos
directivos aparece como imputado en el caso Gürtel por el supuesto pago de
comisiones ilegales a cambio de contratos en ayuntamientos gobernados por el
Partido Popular.
Por esta operación, el líder del
Gürtel, que se encuentra en la actualidad en prisión, se habría llevado otros 50
millones de pesetas (300.000 euros).
La historia se remonta a febrero de
2003, cuando la secretaria del alcalde de Las Rozas le comunicó que Francisco
Correa quería reunirse con él. El regidor aceptó y le recibió en su despacho.
Allí, Correa se interesó por si el Ayuntamiento iba a sacar a concurso el
servicio de basuras. Ante la respuesta positiva de De Santiago, su interlocutor
hizo entonces la oferta: "Te ofrezco 250 millones de pesetas si la que gana es
la empresa SUFISA", asegura el alcalde que le dijo Correa. Siempre según sus
declaraciones, el regidor le dijo al empresario que saliera de su despacho y
después dio instrucciones a su equipo para que no volviera a tener una reunión
con él.
El alcalde ratificó su versión en
una de las respuestas que dio a los internautas que participaron en la
entrevista digital que programó ELPAÍS.com: "Sí. En febrero de 2003 el señor
Correa fue a mi despacho a ofrecerme dinero para adjudicar el contrato de
limpiezas y recogida de residuos sólidos urbanos. Mi respuesta fue echarle de mi
despacho, eso sí, amablemente, y lo puse en conocimiento de mis concejales",
dijo De Santiago.
Tras tener conocimiento de estas
declaraciones, la unidad de blanqueo de capitales las ha remitido al juez
Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid, por si considera oportuno abrir una investigación, ya que la historia
no está incluida dentro del sumario del caso y hasta ahora sólo se conocía en
círculos del Partido Popular y del Ayuntamiento de Las Rozas.
A pesar de esta negativa del alcalde
de Las Rozas, la trama que dirigía Francisco Correa siguió intentando hacer
negocios con el Ayuntamiento de la localidad. Así, según fuentes del gobierno
municipal, presentaron dos proyectos para dirigir la Oficina de Atención al
Ciudadano, ambas rechazados por la intervención directa del De Santiago.
También se dirigieron a Javier
Espadas, concejal popular en ese momento del Urbanismo (ahora es el responsable
de Seguridad y Protección Ciudadana), para intentar hacerse con la Oficina de
Atención al Ciudadano. Tras una primera negativa, la trama lo intentó semanas
más tarde con un nuevo proyecto y con contrapartidas para Espadas si su petición
era aceptada. Entre ellas, le ofrecieron pasar un fin de semana en el chalé de
Marbella que poseía Correa y un paseo en yate.
Al conocer la oferta, el alcalde
advirtió a su edil: "No te puedo quitar de concejal, pero como me entere de que
te vas a Marbella te quito todas las delegaciones de inmediato". Espadas no
aceptó la oferta de la trama de Correa.
La empresa SUFISA sí consiguió, en
cambio, diversos contratos en Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de
Henares, según consta en el sumario del caso Gürtel. También logró hacerse en el
año 2002 con el servicio de limpieza del distrito de Moratalaz, en la capital,
cuando el concejal del área era entonces Alberto López Viejo, ex consejero de la
Comunidad de Madrid y uno de los imputados en la causa.
(www.elpais.com,
14/05/10)
EL PP SÓLO QUIERE DIFUNDIR LOS
BIENES QUE LÓPEZ VIEJO TENÍA EN 2007
La Asamblea de Madrid abre la puerta
a que se conozca la lista de bienes del diputado y ex consejero de Deportes
Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel, solicitada el 21 de abril por
el grupo socialista. La Comisión del Estatuto del Diputado anunció que mañana
decidirá en una reunión secreta (como se recoge en el reglamento para las
reuniones sobre el patrimonio de los diputados) si le entrega a los socialistas
esta información. Lo hizo pocos minutos después de que el propio López Viejo
entregase a la Mesa de la Asamblea una lista de sus bienes.
El documento que López Viejo ha
entregado es, según el presidente de la Comisión del Estatuto del Diputado, el
popular Juan Van Halen, "la declaración que hizo [como diputado] al principio de
la actual legislatura". Van Halen afirma que la Mesa de la Asamblea podría dar
hoy esta declaración al grupo socialista, con lo que "no tendría sentido" que la
Comisión del Estatuto del Diputado siguiese con el proceso. Pero los socialistas
reclaman todas las declaraciones de bienes de López Viejo como diputado (desde
2003) y como alto cargo (fue consejero de Deportes desde 2007 hasta 2009).
"Queremos saber cómo evolucionó su patrimonio desde que entró hasta que dejó su
puesto de consejero", afirmó ayer la portavoz socialista en la Asamblea, Maru
Menéndez. El portavoz popular, David Pérez, defendió que se conozcan las cuentas
de López Viejo con la "máxima transparencia".La coincidencia del anuncio de la
Comisión del Estatuto del Diputado con la entrega de López Viejo de su
declaración de bienes hace sospechar a los socialistas. "Esto no es un gesto de
transparencia, es justo lo contrario", dijo la portavoz del grupo del PSM en la
Asamblea, Maru Menéndez, que acusa al Gobierno de Esperanza Aguirre de "dilatar
el proceso" abierto por los socialistas para conocer los ingresos y el
patrimonio del ex consejero, que supuestamente cobró comisiones millonarias de
la trama Gürtel a cambio de adjudicarle contratos de la Administración.
"No tiene sentido que López Viejo
presente su declaración", dijo ayer Menéndez. "Si hubiese realizado todas las
declaraciones correspondientes en su momento, de forma correcta, ¿por qué lo
hace ahora?". Los socialistas no se conforman con el documento entregado a la
Mesa de la Asamblea por el ex consejero de Deportes y piensan exigir cada una de
sus declaraciones de bienes. "A nosotros no nos vale la de hoy. Necesitamos
todas las anteriores", reclamó Menéndez.
El presidente de la Comisión del
Estatuto del Diputado, Juan Van Halen, subrayó que López Viejo ha entregado la
documentación ("la declaración notarial vigente, de la legislatura actual", en
sus palabras) por iniciativa propia. "Lo ha hecho por su cuenta. Sabedor de que
se había pedido esta declaración, se ha adelantado y la ha presentado".
El PP, al que los socialistas acusan
de haber dilatado el proceso, sigue alardeando de transparencia y se desliga de
las acciones de López Viejo, que abandonó el grupo popular en noviembre de 2009
y ahora es diputado no adscrito, con un sueldo de más de 3.000 euros mensuales y
la única obligación de ir tres veces al mes al pleno. "Yo no puedo decir nada,
porque no es miembro de nuestro grupo parlamentario. No sé en qué consiste esa
declaración de bienes", respondió David Pérez, portavoz del PP.
"Cumplimiento del reglamento y
máxima transparencia". Pérez reiteró ayer las máximas del grupo popular desde
que el sumario del caso Gürtel puso en la picota a López Viejo y a otros dos ex
diputados caídos en desgracia, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch, que
también han pasado a ser diputados no adscritos. El portavoz popular recordó que
Aguirre pidió hace dos semanas al ex consejero de Deportes que acudiese
"inmediatamente" al notario para aclarar su patrimonio.
David Pérez volvió a señalar el
"deseo" del grupo popular de que los tres diputados imputados renuncien a sus
escaños. "Pero es una decisión que corresponde a ellos. No son diputados del PP",
sostuvo Pérez.
Los socialistas también han pedido a
la Asamblea la declaración de bienes de Martín Vasco, el 7 de mayo, y piensan
solicitar los datos de Bosch. La primera petición del grupo del PSM fue la lista
de bienes de López Viejo, el 21 de abril, después de que se conociese que el
diputado había avalado con su chalé el pago de la fianza que le impuso el juez
instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira. La escritura refleja que él y su
mujer desembolsaron ante notario 1,2 millones de euros. "Es chocante que alguien
aporte un talón como ese, al menos para los mortales. Pero se ve que para López
Viejo es posible", ironizó Maru Menéndez.
El caso de Alberto López Viejo
aportó ayer una novedad singular. Fuentes próximas al diputado aseguraron a la
agencia Efe, que el diputado propuso al PSM celebrar una reunión en la que se
ofrecía a explicarles su lista de bienes. Hizo su propuesta el 21 de abril, el
mismo día que los socialistas pidieron sus datos a la Asamblea.
El ex consejero de Deportes llamó al
portavoz adjunto del PSM en el parlamento regional, José Manuel Franco, pero la
oposición rechazó verse con López Viejo. "Faltaría más que tuviéramos que
reunirnos con él. Me pareció insólito que lo plantease como si fuera algo
natural. Escandaloso", dijo ayer Maru Menéndez. "Seguimos el cauce
institucional. No tenemos nada que hablar con el principal acusado de la trama
Gürtel".
(www.elpais.com,
12/05/10)
FACTURAS DE LA TRAMA GÜRTEL
MUESTRAN EL DESPILFARRO DEL GOBIERNO REGIONAL
Una parte del sumario del caso
Gürtel recoge casi 400 facturas de uso interno con las que las empresas de
Francisco Correa registraron los beneficios obtenidos de los actos que
contrataron con el Gobierno de Esperanza Aguirre, durante tres años, entre 2005
y 2007. Con ellas, la trama llevaba una contabilidad paralela, en la que
detallaba el coste real de cada montaje realizado para el Ejecutivo regional -en
su mayoría actos de la propia presidenta, Esperanza Aguirre-, la cantidad
repercutida a la Comunidad de Madrid y el beneficio que suponía la operación.
Estas facturas señalan que el entramado empresarial del cabecilla Correa obtuvo
una media del 50% de beneficio por ocuparse de los actos regionales, para los
que el Ejecutivo de Aguirre no reparó en gastos.
En los 17.000 folios de la parte del
sumario desclasificada figura que la trama Gürtel contrató al menos en 358
ocasiones con el Gobierno regional, por 3.084.558 euros. La realidad es que, si
se hubiera controlado mejor en qué se gastaba el dinero, esa cifra se habría
reducido considerablemente.Hay más, pero los siguientes son ejemplos de los
sobrecostes que las empresas de Correa cobraron al Gobierno regional, en
connivencia supuestamente con el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo,
imputado en el caso:
- Gastos de producción multiplicados
por ocho. El entrenador de baloncesto Pepu Hernández, el jugador Jorge Garbajosa
o, a título póstumo, Paquito Fernández Ordoñez, son tres de los siete
deportistas que el 13 de marzo de 2007 recibieron el galardón de Estrella del
Deporte de manos de Esperanza Aguirre. Pese a que el acto fue en la sede del
Gobierno regional, le costó 42.818,40 euros. A la trama Correa, que hizo el
montaje, bastante menos: 22.926 euros, pero tuvo un beneficio de 19.892. El
46,46%, según una factura de la contabilidad paralela. Lo logró a base de
repercutir gastos inflados, como la moqueta, que costó 280 euros y se cobró a
420. O los gastos de producción: de 200 euros a 1.700 euros.
- Tarima, 2.440 euros de sobrecoste.
La presidenta, junto a los entonces líderes de la oposición, Rafael Simancas (PSM)
y Fernando Marín (IU), depositó el 11 de marzo de 2007 una corona de laurel
junto a la placa en recuerdo a las víctimas de los atentados en la Puerta del
Sol. La tarima de los invitados se facturó a 8.540 euros: valía 2.440 menos.
- Una Constitución inflada. Tras las
elecciones de 2007, la recepción por el Día de la Constitución se celebra de
día. Pero el 4 de diciembre de 2006 aún era una fiesta nocturna. Ese día la
trama Gürtel se ganó 29.714 euros en sobrecostes: 2.300 euros de más por
escenario o el plus de 2.183 por el sonido.
- 83,97% de beneficio por presentar
un cuadro. El retrato de Alberto Ruiz-Gallardón, antecesor de Aguirre en la
presidencia, se colgó en el salón de Canalejas de la Real Casa de Correos el 28
de abril de 2006. La tela roja que tapaba el cuadro la cobró la trama a 24,33
euros, pero costó 17,38 euros. Poco dinero. Sólo que por todo el acto se llevó
un 83,97% de beneficio, según sus cuentas.
También era baja la facturación por
el viaje de Aguirre a Rumania en enero de 2006, donde la trama se encargó de
colocar la trasera que acompañó dos días a la presidenta. Apenas 1.577 euros,
pero el margen fue del 86,34%.
- Sonido por 6.000 euros más. La
propia Comunidad de Madrid lo anunciaba como "el mayor nacimiento que la
Asociación de belenistas monta", con 400 figuritas. Un negocio redondo para la
trama Gürtel, que cobró 6.000 euros de más por el bastidor y otro tanto por el
sonido. Hasta a los CD de los villancicos se les infló el precio en 10 euros.
- La carpa encarecida en 3.000
euros. La mayoría de los nuevos hospitales tuvieron años antes de la
inauguración ceremonias de colocación de la primera piedra. Dos ejemplos: el
hospital del Sur, en 2005, y el de Valdemoro, en 2006. En ambos casos se instaló
una carpa, que cada vez se cobró a las arcas públicas a 3.000 euros más de lo
que costaba.
- Mordida en el 2 de mayo. Ni a los
héroes del Dos de Mayo respetó la trama Gürtel, que se ganó 25.723 euros con
esta celebración en 2005. Los sobrecostes, en los servicios habituales: la
moqueta (1.476 euros de más) o la iluminación (2.701 euros de beneficio).
(www.elpais.com,
10/05/10)
EN 33 INTERVENCIONES, NINGUNA
EXPLICACIÓN
La oposición (PSOE e IU) al Gobierno
regional lleva más de un año pidiendo explicaciones en la Asamblea de Madrid
sobre los trabajos que encargó a la trama corrupta del caso Gürtel. Muchos de
ellos son contratos menores. El ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo,
ordenaba trocearlos por debajo de 12.000 euros para evitar sacarlos a concurso
público.
"¿Cómo pudo ocurrir eso sin que
nadie lo controlara?", preguntaba el pasado jueves la diputada de IU, Reyes
Montiel, durante la comisión de vigilancia de las contrataciones. "¿Quién
cobraba realmente esos contratos? ¿Van a hacer algo para evitar que vuelva a
ocurrir?", añadió Livia Castillo, parlamentaria del PSM. "A estas cuestiones
hemos contestado en 33 ocasiones. La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, ha
respondido a ocho preguntas sobre el asunto en la Cámara regional; los
consejeros, a otras 10. Ha habido otra decena de comparecencias en las
comisiones...", respondía Borja Sarasola, secretario general técnico de la
Consejería de Vicepresidencia y mano derecha del vicepresidente, Ignacio
González.
Las explicaciones que ofrecen los
responsables regionales a las cuestiones de la oposición consisten, en la
mayoría de las ocasiones, en un relato sobre las diferentes normativas y
procesos que siguen para realizar los contratos. Pero dan pocas respuestas sobre
lo ocurrido. "Se han fiscalizado todos los contratos de la Comunidad de Madrid.
Todos", dijo Sarasola en la comisión. Pero evitó responder cómo la red corrupta
pudo contratar en 362 ocasiones con la Administración regional, un tercio de
esos contratos eran irregulares, según un informe judicial. Además, no se
refirió a que los contratos de menor cuantía no los pueden revisar en la
Asamblea de Madrid. Los grupos de la oposición los han solicitado pero no han
logrado acceder a ellos.
El alto cargo popular aludió a un
informe de la Cámara de Cuentas que asegura que "la Comunidad de Madrid tiene un
modo de hacer orientado a la publicidad libre de concurrencia. "Porque", dijo,
"tan sólo un 23,5% de los contratos que realiza el Gobierno regional son
menores", señaló. Pero el alto cargo regional evitó explicar por qué el Partido
Popular impidió que la Cámara de Cuentas que fiscalizara los contratos de la red
Gürtel.
El propio consejero de Economía y
Hacienda, Antonio Beteta, aseguró que trocear contratos no es ilegal. "No se
puede decir que se comete un delito cuando ese delito no existe ni está
tipificado", aseguró durante un pleno autonómico. El responsable de las arcas
regionales ha defendido en repetidas ocasiones la legalidad de los contratos con
el Gürtel, pero nunca ha explicado cómo se pudieron realizar tantos contratos
con la red corrupta sin que nadie se percatara de la situación.
La secretaria general técnica de la
Consejería de Presidencia, Justicia e Interior, Mar Pérez Merino, aportó el
jueves pasado una explicación: "Esto es normal. El día a día de la
Administración", zanjó Pérez.
(www.elpais.com,
10/05/10)
EL GRUPO POPULAR PROTEGE CON SU
VOTO A LOS TRES DIPUTADOS DEL GÜRTEL
El texto no los menciona, pero el
objeto de la proposición de ley que ayer presentó el grupo socialista en la
Asamblea de Madrid estaba destinado a restar beneficios como diputados a los
tres imputados en el Gürtel: el ex consejero Alberto López Viejo, Benjamín
Martín y Alfonso Bosch. El objeto era reformar el Reglamento de la Cámara, de
forma que, entre otras novedades, se pudiera perder el escaño por vulnerar el
mandato recibido en las urnas.
Pero con su voto en contra el grupo
popular, una vez más, demostró que está más interesado en proteger a los
imputados del Gürtel -dos de ellos votaron siguiendo la disciplina marcada por
el PP- que en facilitar que dejen de beneficiarse de su escaño, con un sueldo
que ronda los 4.000 euros mensuales, pese a que su única obligación es asistir a
tres plenos al mes (y acuden una media de 10 minutos cada día).
Tanto el portavoz adjunto
socialista, José Manuel Franco, como el diputado de IU Antero Ruiz, defendieron
dar luz verde a la tramitación de esta ley. "La sociedad no va a permitir más
hipocresía de este tipo, algo habrá que hacer para que no vuelva a suceder",
afirmó el primero, que vaticinó ya en su intervención el voto en contra del PP.
"Van a impedirlo porque tienen oscuros intereses que ocultar", espetó al grupo
popular.
Ruiz recalcó que mantener "el
affaire de tres diputados que ni oyen, ni ven, ni hablan, pero cobran de todos
nosotros" supondrá el "estruendoso fracaso de esta Cámara en esta legislatura".
Pero sobre todo la votación, que sólo suponía aceptar debatir el texto legal,
ponía de manifiesto, como dijo Franco, si la presidenta, Esperanza Aguirre -que
a esa hora ya no estaba en el hemiciclo-, "tiene la voluntad de expulsar o
suspender de derechos a estos diputados o sus palabras son un brindis al sol". Y
se demostró que no hay tal voluntad.
El voto en contra lo anunció el
portavoz popular adjunto, Pedro Muñoz Abrines, que reprochó a los diputados
socialistas que presentaran la ley "como arma arrojadiza al PP". Se materializó
en 63 noes frente a 48 síes. En los primeros estaba el voto de los imputados.
Dos de ellos, Bosch y Martín, siguieron la sesión sin el menor signo de
vergüenza en sus rostros.
(www.elpais.com,
07/05/10)
"CORREA ME OFRECIÓ 350 MILLONES
DE PESETAS POR EL CONTRATO DE BASURAS"
Francisco Correa, jefe de la trama
Gürtel, intentó sobornar en febrero de 2003 a Bonifacio de Santiago, del PP,
alcalde de Las Rozas, un municipio de la periferia de Madrid con 86.300
habitantes. Correa, según explicó ayer el alcalde a este periódico, propuso a De
Santiago ganar 350 millones de pesetas (2,1 millones de euros) por conceder el
contrato de recogida de basuras y de limpieza urbana a la empresa SUFISA, uno de
cuyos directivos aparece imputado en el caso Gürtel por el supuesto pago de
comisiones ilegales a cambio de contratos en municipios gobernados por el PP y
próximos a Las Rozas.
Correa también salía beneficiado por
la operación, ya que ingresaría en su cuenta otros 50 millones de pesetas
(300.000 euros). La historia, que hasta ahora sólo se conocía en pequeños
círculos del Partido Popular y del Ayuntamiento de Las Rozas, no está en el
sumario abierto contra los integrantes de la red, entre los que se encuentran
tres diputados regionales y cuatro ex alcaldes.
El intento de soborno ocurrió en
febrero de 2003, según comentaron ayer fuentes municipales. La secretaria de
Bonifacio de Santiago le dijo al alcalde que Francisco Correa quería reunirse
con él. El alcalde accedió al encuentro. La sorpresa llegó después. Correa
mantuvo una corta conversación con el regidor. El empresario le preguntó si iban
a sacar en breve el concurso para la recogida de basuras en el municipio. De
Santiago le dijo que sí, que estaba a punto de convocarse.
Entonces surgió la invitación de
Correa. "Te ofrezco 350 millones de pesetas [2,1 millones de euros] para ti y
otros 50 [300.000] si la que gana es la empresa SUFISA", le dijo el
interlocutor, según la versión del alcalde. De Santiago le invitó a salir
amablemente del despacho. También le dijo que no le fuera a ver nunca más.
Además, dio órdenes a su equipo para que no le concertaran ninguna entrevista
con él para evitar problemas.
En una charla con los lectores de
ELPAIS.com, De Santiago confirmó estos extremos en una de sus respuestas: "Sí.
En febrero de 2003, el señor Correa fue a mi despacho a ofrecerme dinero para
adjudicar el contrato de limpiezas y recogida de residuos sólidos urbanos. Mi
respuesta fue echarle de mi despacho, eso sí, amablemente, y lo puse en
conocimiento de mis concejales".
SUFISA, la empresa para la que
supuestamente intermedió Correa, logró contratos en Boadilla del Monte,
Majadahonda y Alcalá de Henares, según el sumario del caso. El anterior alcalde
de Majadahonda, Guillermo Ortega, y el de Boadilla, Arturo González Panero,
ambos del PP, adjudicaron en 2002 la limpieza viaria y recogida de basura a una
unión temporal de empresas (UTE), formada por SUFISA y FCC. En ambos casos, los
concursos salieron por un valor de dos millones de euros y un plazo de 10 años.
Conforme pasó el tiempo, la cuantía se duplicó y superó los cuatro millones.
SUFISA logró en 2002 un jugoso
contrato de limpieza del distrito de Moratalaz (Madrid) por 48 millones en 10
años. El concejal de Limpieza era Alberto López Viejo, ex consejero de Aguirre e
imputado en la causa. SUFISA logró en 2002 un jugoso contrato de limpieza del
distrito de Moratalaz (Madrid) por 48 millones en 10 años. El concejal de
Limpieza era Alberto López Viejo, ex consejero de Aguirre e imputado en la
causa. La empresa SUFISA, presidida por Rafael Naranjo, logró la adjudicación
gracias a una comisión millonaria que entregó a la red de Correa. Según un
informe policial que consta en el sumario, la trama corrupta se habría embolsado
el 3% de la operación (1,2 millones de euros).
La trama de Correa siguió intentando
hacerse con negocios en Las Rozas en al menos otras dos ocasiones. Presentaron,
según el gobierno municipal del PP, dos proyectos para dirigir la Oficina de
Atención al Ciudadano del municipio. Ambas fueron rechazadas por la intervención
directa del alcalde Bonifacio de Santiago.
La trama se dirigió directamente al
concejal del PP Javier Espadas, que era entonces máximo responsable del Área de
Urbanismo y ahora es concejal de Seguridad y Protección Ciudadana. El grupo de
Correa quería hacerse con la gestión de la Oficinal de Atención al Ciudadano.
Para ello, le presentó un dosier en el que incluía un edificio con mármoles y
diversos lujos. El equipo de gobierno municipal la rechazó con la idea de que la
mejor Oficina de Atención al Ciudadano de Las Rozas era el propio Ayuntamiento.
La trama que dirigía Correa insistió
con un nuevo proyecto semanas después, que resultaba todavía más ambicioso,
según fuentes municipales. Y tentó a Espadas para que aceptara el contrato. Le
ofreció pasar un fin de semana en el chalé de Marbella de Correa y salir a
navegar en su yate. El alcalde de Las Rozas se lo dijo muy claro a su edil: "No
te puedo quitar de concejal, pero como me entere de que te vas a Marbella, te
quito todas las delegaciones de inmediato". Fuentes municipales confirmaron que
el concejal no acudió nunca a la vivienda de Correa en el municipio malagueño.
Donde sí consiguió hacerse con la
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC) fue en Boadilla del Monte, con González
Panero como alcalde, por 560.000 euros al año. En Majadahonda, fue el actual
alcalde, Narciso de Foxá, el que desmontó esta oficina nada más acceder al cargo
tras sustituir a Guillermo Ortega. Suponía un presupuesto anual de 625.053 euros
para la adjudicataria del contrato, TCM, una empresa también de la red. En
Pozuelo, el ex alcalde Jesús Sepúlveda, del PP al igual que todos los
anteriores, compró el proyecto de OAC al entramado empresarial de Correa. Otro
municipio investigado en la trama, Arganda, desechó a última hora la creación de
este servicio al ciudadano. El ex alcalde Ginés López intentó privatizar este
servicio, pero al final lo rechazó.
El alcalde de Las Rozas participó
ayer en un encuentro digital con los lectores de EL PAÍS y se mostró muy
satisfecho de que nadie de su equipo de gobierno esté implicado en el caso
Gürtel. "Creo que cumplí", respondió De Santiago al ser felicitado por un vecino
de que el Ayuntamiento roceño no se haya visto salpicado por esta supuesta red
de corrupción.
"Como no tengo ningún político
implicado, no me he parado a pensar qué haría al respecto", contestó a un lector
que le preguntó si hubiera actuado como la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre (destituyó a López Viejo y expulsó de su grupo a tres
diputados regionales), o como el presidente del PP, Mariano Rajoy.
(www.elpais.com,
07/05/10)
AGUIRRE: "CUALQUIER INSTITUCIÓN
PUEDE TENER UN GARBANZO NEGRO"
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, rectificó hoy sus palabras respecto a que "la
corrupción es consustancial a las instituciones" y aseguró que lo que quería
decir es que "cualquier institución puede tener un garbanzo negro, lo importante
es qué se hace cuando se descubre".
Durante el control parlamentario al
Gobierno regional, Aguirre recogía así el guante lanzado por la portavoz
socialista, Maru Menéndez, que le exigió una rectificación sobre las
declaraciones hechas el pasado domingo.
"Tengo que exigirle una
rectificación por sus gravísimas palabras el día de la Comunidad de Madrid,
cuando como presidenta dijo que la corrupción es consustancial a las
instituciones, los madrileños nos sentimos avergonzados de una presidenta que
está generando ese deterioro y lesión en las instituciones", manifestó.
"Una cosa es que la corrupción haya
anidado en su Gobierno y otra cosa es que usted haga una afirmación que
deteriora y lesiona gravísimamente las instituciones", recalcó la socialista.
"A mi no me duelen prendas en
rectificar y aclaro, lo dije entonces y lo digo ahora, que lo que quería decir
es que la corrupción puede anidar en cualquier institución", señaló la jefa del
Ejecutivo autonómico. "Lo dije mal, si su señoría no se equivoca, yo me
equivoco... lo que yo dije es que lo importante es cómo se les trata. No hay ni
una sola de las personas en este momento cuya responsabilidad esté puesta en
cuestión que esté ni en nuestro grupo parlamentario ni en nuestro partido, no
como sucede en su grupo parlamentario".
"Lo aclaro: lo que quise decir es
que cualquier institución puede tener un garbanzo negro, lo importante es qué se
hace cuando se descubre ese garbanzo negro. No como sus señorías, que se van a
la cárcel de Guadalajara para celebrar que han sido condenados por uso de fondos
públicos, jugando al corro de la patata", agregó Aguirre.
(www.publico.es,
06/05/10)
EL PP COMETE UN "FRAUDE LEGAL" EN
LA INVESTIGACIÓN DE LA TRAMA
El PP no puede ejercer la acusación
popular en el caso Gurtel y, al mismo tiempo, impedir que se investigue la trama
corrupta que implica a varios miembros de su partido, porque incurre en un
"fraude legal". Varios expertos en derecho penal y procesal consultados por
Público han llegado a esta conclusión después de observar que las actuaciones de
los conservadores tras personarse en la Gürtel han ido encaminadas "a la defensa
de los acusados", muchos de ellos de su propio partido, "y no a la resolución
del caso".
El mismo lunes, el PP recurría la
petición realizada por el juez Antonio Pedreira a la Generalitat valenciana
presidida por Francisco Camps, para que notificara la identidad de los
consejeros que autorizaron adjudicaciones a la trama corrupta.
"El PP se está oponiendo a
diligencias de instrucción. En un procedimiento son las acusaciones las que
deben instar a investigar, pero en este caso no sólo no lo proponen, sino que se
oponen a las investigaciones que plantea el juez", lamenta al respecto el
abogado Gonzalo Boyé.
Otro letrado, José Mariano Benítez
de Lugo, denuncia que los conservadores incurren en un "fraude legal" porque,
según explica, "utilizan una norma de cobertura, como su derecho a acusar, para
conseguir un objetivo que es justo lo contrario a esa norma", es decir, "que no
se pueda acusar". Boyé cree que esta es una "vieja estrategia de la derecha, que
ya utilizó el PP en el proceso que investigó los atentados del 11-M, en Madrid".
No es de la misma opinión el
catedrático de Derecho Procesal de la Universidad Jaume I de Castellón, Juan
Luis Gómez Colomer, que advierte de que, "en la historia reciente, la acusación
popular ha sido utilizada con determinados intereses por PP, PSOE e incluso el
PCE".
Como no ha podido seguir de cerca
todas las actuaciones de los conservadores desde que se personaron en el
proceso, Gómez Colomer no se atreve a calificar lo sucedido como fraude legal.
Sí advierte que políticos y otros poderes económicos o empresariales han hecho
uso de su posibilidad de ejercer la acusación popular en casos en los que
estaban implicados "para obtener información sobre el proceso, y acabar con su
enemigo". Pero ejercer la acusación popular no significa que el PP pueda
instituirse en la figura del "codefensor procesal", insiste en sus tesis Benítez
de Lugo.
"Indignado" y "sorprendido" por la
presentación del recurso al requerimiento de Pedreira por parte de los
conservadores, Boyé se atreve a proponer al magistrado que sancione al PP
"expulsándolo del proceso". Gómez Colomer se limita a apelar a la
responsabilidad de quienes ejercen esa acción popular, "en este y en otros
casos". "Es una opción legal", recuerda, "que ampara la propia Constitución".
(www.publico.es,
05/05/10)
ESPERANZA AGUIRRE: "LA CORRUPCIÓN
ES CONSUSTANCIAL A LAS INSTITUCIONES"
En su esfuerzo por destacar su
propia contundencia contra los implicados en el caso Gürtel, la presidenta
Esperanza Aguirre llegó a decir ayer que "la corrupción es algo consustancial a
todas las instituciones" y añadió: "Lo importante es qué se hace con los
corruptos". La presidenta es consciente de que ésta es una cuestión que la
distingue para bien de todo su partido. "Sin quitar un ápice a la presunción de
inocencia penal, la responsabilidad política ha sido asumida desde el primer
momento". Aguirre aprovechó una entrevista en la Cadena SER por las
celebraciones del 2 de mayo, la fiesta de la región, para hacer alarde de su
resolución política en este caso de corrupción ligada al PP.
La afirmación de la presidenta sobre
las instituciones tuvo una respuesta inmediata por parte del secretario general
de IU en Madrid, Gregorio Gordo: "La corrupción es consustancial al modelo
político de Esperanza Aguirre, no a las instituciones".
Preguntada por las razones de la
gran valoración ciudadana que le otorga una encuesta publicada ayer por EL PAÍS,
Aguirre recordó los hospitales construidos, las líneas de metro y los colegios
bilingües y añadió a los méritos su respuesta al caso Gürtel: "Yo he cortado
todas las cabezas de los que presuntamente pudieran estar implicados en esto y
por esa razón, creo, los ciudadanos madrileños me valoran incluso mejor este año
que el año pasado".
Aguirre estableció además una sutil
comparación: "El escándalo Gürtel son 67.000 folios de sumario. Bueno, pues a
pesar de que se han puesto a buscar en él todos los militantes del Partido
Socialista de Madrid, la mención de mi nombre sólo es para decir que yo soy una
tal, insultos, y [para decir] cómo yo les estropeo sus negocios. Eso es lo que
pasa, que la gente lo sabe perfectamente". El nombre de Esperanza Aguirre,
apenas aparece en el sumario del caso Gürtel, especialmente en los cientos de
horas de grabaciones transcritas entre los cabecillas de la trama, sus
trabajadores y algunos políticos. "Para disgusto de mis adversarios", dijo. A
continuación, tuvo que aclarar que se refería al PSOE, no a su propio partido.
El presidente valenciano, Francisco Camps, aparece mencionado constantemente en
las grabaciones a los corruptos. Incluso él mismo habla con uno de los
cabecillas de la trama.
Las empresas corruptas nunca dejaron
de trabajar con la Comunidad de Madrid y varios ayuntamientos del PP, a través
de cargos muy cercanos a ella, como su consejero de Deportes y organizador de
los actos institucionales, Alberto López Viejo.
Sin embargo, Francisco Correa, el
líder de la trama, sólo se refiere a ella en las grabaciones para insultarla
gravemente. La intervención de Esperanza Aguirre hizo fracasar un intento de
pelotazo urbanístico en Majadahonda, urdido entre Francisco Correa y el entonces
alcalde de Majadahonda, que consistía en vender unas parcelas municipales muy
por debajo de su valor real a una empresa participada por Correa y otros.
Recientemente, Aguirre llegó a decir que ella "destapó" el caso con aquella
decisión. Correa llegó a pensar en montar un partido político en Majadahonda
para hundir al PP local.
La comparación es obvia con la
situación de Francisco Camps. El presidente valenciano sale citado
constantemente por los investigados como un gran benefactor de la trama
corrupta. Además, aparece él mismo en las grabaciones, ya que llamaba
directamente al móvil al líder de la trama en la Comunidad Valenciana, Álvaro
Pérez, a quien llamaba "amiguito del alma" y de quien recibía costosos regalos.
Desde febrero de 2009, Camps jamás ha dado explicaciones públicas ante la prensa
sobre este asunto.
En el nivel nacional, el partido
tardó varios meses en tomar alguna medida, como apartar a un eurodiputado de las
listas. En el caso del tesorero, Luis Bárcenas, no se apartó definitivamente de
su cargo y de su escaño hasta que no se hizo pública la mayor parte del sumario
Gürtel, a principios de abril, y tras asegurar que no había "nada nuevo" en el
mismo.
(www.elpais.com,
03/05/10)
ARGANDA DEL REY SUBVENCIONA A UNA
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA QUE COBRA EL EX ALCALDE, IMPUTADO EN EL CASO
'GÜRTEL'
A finales de 2009, el Ayuntamiento
de Arganda concedió 19.000 euros de subvención a la Federación Empresarial del
Este de Madrid para que impartiera cursos de castellano a immigrantes. Era
Cáritas quien lo había hecho siempre en ese municipio hasta este 2010.
El levantamiento del secreto en el
sumario de la red 'Gürtel' ha ofrecido un dato revelador: el informe de la vida
laboral del ex-alcalde Ginés López, imputado en esa trama y sobre el que pesa
una fianza de resposabilidad economica que llega al millón y medio de euros.
Ese informe confirma que Ginés López
está contratado dede hace un año por la empresa "Laboris Prevención y
Consultoría", que trabaja en exclusiva para la Federación de empresarios que ha
obtenido la subvención. Esta Federación subcontrata a Laboris y así el circulo
se cierra.
Este nuevo escandalo vuelve a
señalar directamente al actual equipo de gobierno municipal -que ya estuvo a las
ordenes de Ginés López en su etapa de alcalde-. El Ayuntamiento no ha querido
ofrecer su versión.
(www.cadenaser.com,
30/04/10)
LA ASAMBLEA SE ENZARZA POR LOS
BIENES DE LÓPEZ VIEJO
La declaración de bienes del ex
consejero de Deportes Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel, que
solicita el grupo socialista, avivó ayer un agrio debate en la Asamblea sobre
cuestiones de forma. La reunión de la Junta de Portavoces centró gran parte del
tiempo en discutir los requisitos para pedir la declaración del ex alto cargo.
La tarde anterior, la Mesa de la Asamblea exigió a los socialistas que
justificaran la petición. Ayer ni siquiera se debatió el fondo del asunto, pero
ningún grupo se apeó de su posición.
A un lado los socialistas, apoyados
por IU, reclaman poder acceder a la declaración que López Viejo envió al
registro de altos cargos, que es público para los diputados. Ellos esgrimieron
la resolución de la presidencia del 4 de junio de 2001 sobre el procedimiento de
acceso a estas declaraciones, en la que no figura tener que justificar la
petición. "El PP pretende proteger a López Viejo", sentenció el portavoz de IU,
Gregorio Gordo. "Razonaremos la petición, pero es un sarcasmo", ironizó la
portavoz socialista, Maru Menéndez. Del otro lado, el PP defendió que el
requisito de argumentar la petición lo justifica un informe jurídico del
secretario general, que no accedió a mostrar.
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, dijo ayer que López Viejo debe acudir "inmediatamente" al
notario para aclarar su patrimonio.
(www.elpais.com,
28/04/10)
AGUIRRE PROTEGE A UNO DE LOS
IMPUTADOS EN EL CASO GÜRTEL
El PP sigue protegiendo al ex
consejero madrileño de Deportes y diputado de la Asamblea de Madrid Alberto
López Viejo, imputado en el caso Gürtel y una de las primeras víctimas políticas
de la trama corrupta.
Pese a que López Viejo fue
suspendido de militancia del PP y aunque actualmente ocupa su escaño del
Parlamento regional en calidad de no adscrito, la presidenta de la Asamblea, la
conservadora Elvira Rodríguez, evitó ayer facilitar al PSOE tanto las
declaraciones de bienes y del IRPF que hizo el ex consejero en calidad de alto
cargo de la Comunidad de Madrid, como la declaración notarial de sus propiedades
que remitió a las Cortes cuando tomó posesión como diputado.
Según explicaron varios portavoces
de la Mesa de la Asamblea, que se reunió ayer para tratar este asunto, Rodríguez
emplazó a los socialistas a que expliquen "las razones" por las que quieren
conocer las declaraciones de la renta de López Viejo, imputado por delitos de
cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de
capitales y falsedad.
En el PSOE consideraron que esos
cargos justifican "de sobra" su solicitud. "Hay suficiente información en los
medios y en el sumario de la Gürtel como para conocer nuestros motivos", explicó
Helena Almazán, portavoz del PSOE en la Mesa. La representante socialista afirmó
que "el reglamento y una resolución de la Presidencia regional de 2001 no dice
que haya que explicar por qué se solicita una declaración de un alto cargo".
Los socialistas también habían
pedido la declaración notarial de bienes que López Viejo realizó al llegar a la
Asamblea y que está recogida en el Registro de Intereses del legislativo. Pero
la Presidencia de la Cámara también evitó remitírsela. Rodríguez emplazó a los
diputados del PSOE a que formulen su petición a la Comisión del Estatuto de la
Asamblea.
No obstante, el artículo 28 del
reglamento de la Cámara recoge que "el contenido del Registro de Intereses
tendrá carácter público". En consecuencia, "los datos registrados estarán a
disposición de la Mesa y de la Comisión de Estatuto cuando sean necesarios para
el cumplimiento de sus funciones y serán accesibles a cualquier persona física o
jurídica que lo solicite".
Almazán lamentó la "falta de
colaboración" mostrada por parte de la presidenta de la Asamblea, lo que a su
juicio de muestra que "no hay una voluntad de transparencia por parte del PP".
Fuentes del PP de la Asamblea
madrileña eludieron comentar lo acontecido durante la reunión de ayer de la
Mesa. "Nos limitamos a acatar lo que decide la Presidencia", afirmó una
portavoz. Tampoco quisieron hacer declaraciones desde el gabinete de prensa de
la presidenta de la Cámara regional.
(www.publico.es,
27/04/10)
EL PP APLAZA LA DECISIÓN SOBRE SI
SE DIFUNDE LA LISTA DE BIENES DE LÓPEZ VIEJO
La Mesa de la Asamblea de Madrid,
que cuenta con una mayoría de miembros del PP (cuatro de siete), aplazó ayer la
decisión sobre si debe hacer públicos los bienes del ex consejero de Deportes
Alberto López Viejo, imputado en el caso Gürtel.
Los socialistas habían reclamado la
semana anterior el acta notarial sobre los bienes que López Viejo presentó al
jurar el acta de diputado, pero también el documento en el que dio cuenta de su
patrimonio al tomar posesión como consejero, más las declaraciones del impuesto
de la renta y del de patrimonio, que estaba obligado a entregar cada año
mientras mantuvo el cargo antes del 30 de noviembre.
La Mesa de la Asamblea decidió ayer
que sea la Comisión del Estatuto del Diputado la que decida sobre la primera
cuestión. Además, la presidenta, Elvira Rodríguez, pidió a los socialistas que
justifiquen la segunda petición."Son tácticas dilatorias", consideró la diputada
socialista, Helena Almazán, miembro de la Mesa, que aseguró que la falta de
transparencia sobre los bienes de López Viejo supone que el PP, que controla la
Cámara regional, protege "por acción o por omisión" a los tres diputados
imputados en el Gürtel.
Esta diputada puntualizó que su
grupo plasmará por escrito la "motivación que conoce todo el país [para
averiguar los bienes de López Viejo]", y que sus representantes en la Comisión
del Estatuto de Autonomía, Reglamento y Estatuto del Diputado "defenderán la
necesidad de conocer la declaración notarial de bienes" del ex viceconsejero y
parlamentario imputado.
El PSOE pretendía acceder al
patrimonio declarado por López Viejo al principio de la legislatura para
comprobar si a través de sus bienes ha podido configurar el pago de la fianza de
750.000 euros que le impuso hace un año el juez Pereira en concepto de
responsabilidad civil. Según la Cadena SER, presentó como aval un chalé de lujo
cuya escritura refleja que él y su mujer desembolsaron ante notario 1,2 millones
de euros, en febrero de 2008, y que cancelaron automáticamente otro medio
millón.
El PP también rechazó ayer en la
Mesa una proposición no de ley de los socialistas en las que planteaban, como
han hecho en el Senado, que los meses de enero y julio sean hábiles y haya
plenos de la Asamblea. "No se ha admitido", explicó la diputada.
Según Almazán, el PP esgrimió el
argumento de que las proposiciones deben contener cuestiones que sirvan para
impulsar la acción del Gobierno regional. "Es bastante peregrino", afirmó la
diputada, que asegura que de las 70 proposiciones no de ley presentadas por el
PP, "el 80% iban dirigidas al Gobierno de la nación y no a orientar al Ejecutivo
regional". El PP no quiso comentar las decisiones de la Mesa.
(www.elpais.com,
27/04/10)
LOS DIPUTADOS DEL GÜRTEL VAN A
VOTAR
Los tres diputados imputados en el
caso Gürtel -el ex consejero Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín
Martín- pusieron ayer de manifiesto, con su presencia en el hemiciclo, que
mantendrán su acta de diputado, pese a la petición pública de Esperanza Aguirre
de que abandonen la Asamblea. Como siempre, llegaron sólo a la votación, a las
nueve menos cuarto de la noche, y ejercieron el mismo voto que sus ex compañeros
de filas, del PP. No quisieron hacer declaraciones. El pasado jueves, la
presidenta de la Comunidad de Madrid pidió a los tres imputados, en sede
parlamentaria, que renunciaran a sus escaños. No existe ningún mecanismo para
obligarles, ya que el acta es personal. El pasado lunes, el PSM anunció su
intención de reclamar la declaración de bienes y actividades de López Viejo,
tras conocerse que éste ha sufragado la fianza de 800.000 euros impuesta por el
juez que instruye el caso, Antonio Pedreira, con la escritura de su casa,
valorada en casi dos millones.
(www.elpais.com,
23/04/10)
EL GOBIERNO DE AGUIRRE ADMITE EL
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
El consejero de Economía y Hacienda
de la Comunidad de Madrid, Antonio Beteta, admitió ayer por vez primera que las
campañas de publicidad fantasma que contrató el Gobierno de Esperanza Aguirre a
las puertas de las elecciones de 2007 no se realizaron en los términos
adjudicados, sino que se "integraron" en otras campañas. "Todo se llevó a cabo;
se integró, se produjeron sinergias entre las campañas", aseguró Beteta en la
Asamblea de Madrid.
Las campañas de publicidad fantasma
que permitieron a tres empresas coordinadas con la trama Gürtel embolsarse 4,55
millones de euros en contratos publicitarios que no se materializaron, llegaron
ayer a la Cámara madrileña por iniciativa del PSOE. Beteta defendió el éxito de
las adjudicaciones del Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), que en verano
de 2006 sacó por la vía de urgencia concursos publicitarios por valor de casi 10
millones, y los consideró claves para conseguir que la región aumentara, dijo,
el 5,8% de empresas innovadoras entre 2006 y 2007.
Pero Beteta no aportó una sola
prueba de que la campaña Made in Madrid, adjudicada a MQM por 1,25 millones de
euros, se realizara. Tampoco la de El motor de nuestro desarrollo, adjudicada a
Over Marketing y Comunicación por dos millones. Ambas fueron seleccionadas por
Swat SL, consultora que elaboró la propuesta de adjudicación -asumida luego al
100% por la mesa de contratación-, por lo que se embolsó 1,3 millones. Las tres
empresas se han coordinado con el núcleo duro de la trama Gürtel para obtener
contratos en Madrid, según refleja el sumario que instruye el juez Antonio
Pedreira.
Beteta exhibió ante el pleno
fotografías pertenecientes a otro proyecto, adjudicado y pagado a la agencia
Ruiz Nicoli, como supuesta demostración de que las campañas polémicas se
hicieron. Su explicación fue que esa campaña, adjudicada el mismo día con
condiciones distintas a las de MQM y Over Marketing, acabó en un único paquete:
se "integraron" con posterioridad, a la búsqueda de "sinergias".
La versión de Beteta implicaría la
adjudicación más cara en creatividad de la historia de España: 4,5 millones. Los
concursos equivalentes más caros de ámbito nacional, con actualización
constante, sólo muy raramente superan los tres millones. Y los de ámbito
regional en una zona como Madrid suelen rondar los 200.000 euros, el precio que
costó, por ejemplo, la creatividad de Yes, we want.
Beteta ridiculizó los argumentos de
Reyes Montiel, la diputada de IU que destapó el escándalo, y las del socialista
Enrique Echegoyen. A Montiel le llamó "vaga" por no haber encontrado las pruebas
que él no fue capaz de exhibir y reiteradamente le instó a "trabajar en lugar de
decir mentiras".
(www.publico.es,
23/04/10)
LA GÜRTEL SE COORDINÓ CON LAS
FIRMAS DE PUBLICIDAD FANTASMA
Las tres empresas relacionadas con
la publicidad fantasma en Madrid, que ingresaron un total de 4,55 millones de
euros a finales de 2006 gracias a la adjudicación de campañas que no llegaron a
hacerse, tenían un nexo común: se coordinaban con la trama Gürtel para obtener
adjudicaciones de la Comunidad de Madrid o ayuntamientos controlados por el PP
en la región.
Así consta en el sumario que
instruye el juez Pedreira, que incluye la declaración al respecto de Isabel
Jordán, ex empleada de Easy Concept la arteria de la trama especializada en
organizar los actos de Esperanza Aguirre, las grabaciones hechas por José Luis
Peñas, principal denunciante del caso, antes de romper con el grupo, y la
documentación recabada en Majadahonda.
Las tres empresas son Swat SL, que
decidió las adjudicatarias de las campañas fantasma que pagó el Instituto
Madrileño de Desarrollo (Imade), Marketing Quality Management (MQM) y Over
Marketing y Comunicación.
En la transcripción de las
conversaciones aportadas por Peñas al sumario, correspondientes a enero de 2007,
Isabel Jordán confiesa que la trama "tiene a un tal Javier Rodríguez [directivo
de Over MC], que es el segundo suyo que coge a empresas que tiene la
cualificación, que les paga por presentarse, se llevan un beneficio y luego
ellos no aparecen".
En su declaración ante Pedreira como
imputada, en noviembre de 2009, Jordán explica que entró en contacto con MQM a
través de Rodríguez y que las empresas se coordinaban para trabajar para la
comunidad. Había varias opciones: "Desde presentarnos nosotros solos a
presentarnos conjuntamente, a hacer el trabajo nosotros y presentarse
ellos...".
Según su relato, el papel de Over
era el de intermediario y recalca que nunca llegaron a concursar juntos. Pero
les ponía en contacto con empresas a través de las cuales accedían presuntamente
a adjudicaciones a las que formalmente no podían optar por falta de
acreditación. Así entró en acción MQM, que en 2007 ganó el contrato para
organizar los actos de presidencia e ingresó ese año 409.000 euros en la trama.
Para facturar, cada uno presentaba
lo suyo, aunque fuera para un mismo acto y no fuera la adjudicataria formal.
Cuenta Jordán al juez: "Cada proveedor facturaba a la comunidad por su trabajo
realizado. Entre MQM, Servimadrid, cada uno facturaba lo que había hecho".
Cuando el fiscal pregunta cómo
organizaba el cobro la propia comunidad, Jordán contesta: "Los propios técnicos,
o sea, a la hora de presentarse las facturas, cada uno facturaba sobre lo que
había hecho. El de sonido, facturaba sonido; el de diseño, facturaba diseño".
El juez dispone también de
documentos que prueban cómo Swat SL organizó un concurso para la trama en
Majadahonda en 2001. Un directivo de la compañía hizo llegar a Alcaldía un
documento con instrucciones sobre cómo trocear una adjudicación a la trama entre
varias empresas.
Antonio Martín Sánchez,
administrador de MQM, admitió a Público que su empresa era proveedora de Easy
Concept, pero negó cualquier vinculación a la Gürtel. Ni Swat ni Over MC han
respondido a las preguntas planteadas por este periódico.
Los tres concursos vinculados a
campañas de publicidad fantasma supusieron el desembolso de 4,55 millones de una
tacada: dos millones para Over Marketing y Comunicación, que tenía el encargo de
realizar la campaña ‘El motor de nuestro desarrollo', dirigida a pymes y
autónomos; 1,25 para MQM, responsable de ‘Made in Madrid' para subrayar la
importancia del "desarrollo equilibrado", y 1,3 para Swat, la consultora privada
encargada de decidir ambas adjudicaciones.
La cantidad relacionada con estas
campañas fantasma pagadas por el Imade, bajo la dirección de Aurelio García de
Sola, es muy superior a lo que facturaron en ese 2006 a la Comunidad de Madrid
todas las empresas controladas directamente por Correa juntas, según las
declaraciones a Hacienda incorporadas al sumario: 4,55 millones de euros frente
a un millón.
La diputada de Izquierda Unida Reyes
Montiel, que permitió destapar el caso de ‘Made in Madrid' tras tener acceso al
expediente del contrato entre el Imade y MQM, tiene previsto entregar hoy un
escrito a la fiscalía informándole de los hechos e instándole a investigar.
En su escrito, Montiel subraya
también el hecho inusual de que una consultora privada decida las adjudicaciones
de una empresa pública.
(www.publico.es,
22/04/10)
MQM PAGÓ A LA GÜRTEL 409.000
EUROS TRAS LA CAMPAÑA FANTASMA
Marketing Quality Management (MQM),
la empresa que obtuvo 1,25 millones del Gobierno de Esperanza Aguirre por una
campaña de publicidad de la que no hay rastro a las puertas de las elecciones de
2007, pagó a la trama Gürtel 409.000 euros tras obtener la polémica
adjudicación. El pago consta en la declaración ante la Agencia Tributaria de
Diseño Asimétrico, una de las arterias de la trama en Madrid, según la
documentación incorporada al sumario.
El 26 de agosto de 2006, el
Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade), adscrito a la Consejería de Economía
y Hacienda, convocó un concurso urgente para una campaña publicitaria que
transmitiera "la importancia del desarrollo económico equilibrado en el
desarrollo de la Comunidad" a un precio muy superior al de mercado: 1,25
millones de euros sólo para la creatividad, cuando los concursos equivalentes en
una región como Madrid rara vez superan los 300.000 euros.
La campaña se adjudicó en octubre
del mismo año a MQM, que había presentado como propuesta el lema Made in Madrid.
Pero el 6 de marzo de 2007, a las puertas de las elecciones autonómicas, el
contrato fue modificado de forma que se exoneró por escrito a MQM de realizar el
80% de los compromisos adquiridos sin rebaja de precio. Simultáneamente, se le
adjudicó otro contrato de 250.000 euros para organizar actos de la Comunidad de
Madrid, también a las puertas de los comicios.
De la campaña Made in Madrid nunca
más se supo hasta que la diputada de Izquierda Unida Reyes Montiel logró acceder
al expediente completo y pudo comprobar que no existían evidencias de que la
campaña se hubiera realizado. Y ello pese a que incluía el compromiso de
bombardear Madrid con 50.000 chapas y 100.000 unidades de bolígrafo. Las únicas
pruebas que constaban en el expediente oficial eran fotos de otra campaña,
realizada por otra agencia en otra adjudicación.
MQM era una empresa proveedora de la
trama, según consta en las grabaciones de la policía a los cabecillas de la
Gürtel y admitió a Público Antonio Martín Sánchez, administrador de MQM:
"Es cierto que fuimos proveedores de
Easy Concept y ellos de nosotros, pero esto no quiere decir nada. Tenemos
muchísimos clientes que avalan nuestra profesionalidad", declaró.
Pero, según la documentación de
Hacienda aportada al sumario, no existen pagos relevantes entre MQM y la trama
antes de 2007. En cambio, este año, tras haber obtenido la adjudicación de
publicidad fantasma y modificar las condiciones a las puertas de los comicios,
consta el pago de 409.000 euros a Diseño Asimétrico.
Montiel tiene previsto acudir mañana
a la fiscalía para poner en su conocimiento lo sucedido e instarla a investigar.
El escrito denuncia, entre otros elementos, el "abusivo precio de la
adjudicación", los cambios del contrato a las puertas de la campaña y que "las
supuestas pruebas gráficas" que le fueron facilitadas junto al expediente "en
realidad forman parte de la campaña de otra agencia que nada tienen que ver con
la campaña adjudicada a MQM", recalca.
El documento muestra extrañeza de
que fuera una empresa privada la que decidiera el ganador del concurso. Esta
empresa se llama Swat y tenía una relación tan fluida con la trama de Francisco
Correa que, según la documentación aportada al juez, organizó directamente el
reparto de una adjudicación en Majadahonda para la Gürtel en 2001. Swat también
eligió a Over Marketing para otra campaña fantasma de dos millones. Ayer, PSOE e
IU exigieron que la Cámara de Cuentas fiscalice los contratos del Gobierno de
Aguirre con la trama.
(www.publico.es,
21/04/10)
EL TSJ DE MADRID AVALA LAS
ESCUCHAS DE GARZÓN
El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid avaló ayer las cinco resoluciones -dictadas entre el 8 de agosto de 2009
y el 13 de enero de este año- por las que el juez Baltasar Garzón ordenó las
escuchas telefónicas a los principales acusados del caso Gürtel durante varios
meses.
El recurso había sido presentado por
el imputado José Luis Izquierdo -el contable al que se incautó el pen drive con
la contabilidad B de la trama corrupta- y al mismo se habían adherido hasta 14
implicados, entre ellos, el presunto jefe máximo, Francisco Correa.
La misma Sala Civil y Penal del TSJ
que anuló las conversaciones entre los acusados y sus abogados en prisión, ha
rechazado todos los recursos y ha confirmado la legalidad de las intervenciones
telefónicas ordenadas por Garzón.
El tribunal precisa que el
magistrado de la Audiencia Nacional no se limitó a una repetición rutinaria de
las medidas adoptadas con anterioridad como pretenden los acusados, sino que el
juez no hizo abandono del protagonismo que la ley le asigna, ni tuvo "olvido de
sus deberes" como juez que supusiera un criterio de servil automatismo a la
investigación judicial.
La resolución de la Sala de lo Civil
y Penal destaca que no hubo falta del debido control judicial y ausencia de
motivación por parte del juez Garzón. "Resulta esencial recordar cómo ya desde
el auto inicial que dispuso la medida el instructor que la acordó interesaba de
la fuerza policial que había de llevar a efecto una remisión de las
transcripciones más significativas, junto con un informe sobre el resultado de
las pesquisas concluidas, sobre las imputaciones que se iban corroborando y
sobre las razones que aconsejaban su prolongación", concluye el auto.
(www.elpais.com,
21/04/10)
EL JUEZ PEDREIRA CITARÁ AL EX
TESORERO Y A MERINO
El juez del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira tomará declaración a los dos aforados
nacionales del PP que ayer renunciaron a sus escaños en las Cortes. La citación
se producirá en cuanto el Tribunal Supremo le remita las actuaciones que ha
realizado desde que asumió, el pasado mes de junio, la parte del caso Gürtel que
afectaba al ex senador Luis Bárcenas y al ex diputado Jesús Merino. De esta
forma, ninguno podrá alegar algún tipo de indefensión cuando el caso retorne al
TSJM.
El instructor del caso en el
Supremo, el magistrado Francisco Monterde, devolverá al tribunal madrileño las
actuaciones que ha realizado en estos diez meses, y sobre las que mantiene el
secreto del sumario, en cuanto tenga en su poder la comunicación oficial de
ambas cámaras de que los dos ex parlamentarios han renunciado a sus escaños.
Una de las garantías de nuestro
sistema legal es el derecho al juez predeterminado por la ley. La condición de
aforados de Bárcenas y Merino determinaba que sólo pudieran ser investigados por
el Tribunal Supremo, igual que la existencia de diputados autonómicos de Madrid
y de Valencia obligó al primer instructor de la trama Gürtel, Baltasar Garzón, a
inhibirse a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid y del de la
Comunitat Valenciana.
Con la decisión hecha pública ayer
por Bárcenas y Merino de renunciar a sus actas de senador y diputado,
respectivamente, es obligado que el caso vuelva al TSJM. Al aparecer indicios
contra ambos, Pedreira elevó una exposición razonada al Supremo para que
asumiera la investigación. El alto tribunal se declaró competente para
investigar a Bárcenas y Merino por cohecho y delito fiscal, el 15 de junio, y
devolvió el resto de la causa al TSJM.
Si el ejemplo de Bárcenas y Merino
se extiende y los diputados de Madrid imputados, a los que el PP suspendió de
militancia, también renunciasen a sus escaños, el Tribunal Superior de Justicia
de Madrid dejaría de ser competente sobre el caso, porque sólo los aforados
autonómicos determinan que se encargue de la investigación. La causa volvería
entonces al Juzgado Central de Instrucción número 5, del que todavía es titular
Baltasar Garzón.
Cuando el CGPJ le suspenda
cautelarmente se ocupará de dicho juzgado el juez Santiago Pedraz hasta que sea
nombrado un sustituto para Garzón. Su suspensión se prevé ahora para el pleno
del CGPJ del próximo mes de mayo, al no haber recibido aún el órgano de gobierno
de los jueces el auto en el que Luciano Varela declaraba que había "lugar a
proceder" en su contra. Pero, con Garzón o sin él, sin diputados autonómicos, el
caso volvería al Juzgado Central número 5.
No es la primera vez que aforados
del PP renuncian a su escaño después de ser investigados por el Supremo. El
antecedente más emblemático de esta práctica fue el llamado caso Zamora, que,
tras renunciar a sus escaños los aforados del PP imputados, se envió a los
juzgados zamoranos, que lo archivaron.
(www.publico.es,
20/04/10)
López Viejo presenta como aval para
el pago de su fianza un chalet de super-lujo en Madrid
El matrimonio López-Viejo desembolsó
ante el notario el 22 de Febrero de 2008 un millón doscientos mil euros a través
de un cheque de Bankinter
Tan solo un año
antes de que estallara la 'operación Gürtel', Alberto López
Viejo que entonces era consejero de Aguirre y su esposa
adquieren en el lujoso barrio de Arturo Soria una chalet de
casi 400 metros cuadrados. A la vivienda no le falta de
nada: cuatro plantas, seis amplias habitaciones, cuartos
cuartos de baño, dos salones, patio interior, piscina,
garaje para tres coches y por supuesto ascensor que
comunique toda la casa. De esta manera, es más relajado
dejar el vehículo en el garaje y no tener que subir los
escalones de todas las plantas.
Pero llegó 'la
Gürtel' y el sueño de vivir en un palacio se desvaneció. Por
eso el control de la propiedad lo tiene ahora el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid tras haber fijado una fianza
económica para López Viejo de unos 800.000 euros. Esta
vivienda avala esa cifra. Sin embargo, la escritura de
compra-venta aporta otros datos de muchísimo interés
judicial: la forma de pago. El matrimonio López-Viejo
desembolsó ante el notario el 22 de Febrero de 2008 un
millón doscientos mil euros a través de un cheque de
Bankinter. Pero quedaba medio millón suscrito por la
promotora para edificar la vivienda. Pues bien, ese medio
millón fue cancelado de manera automática por el propio
López Viejo.
En total, casi
dos millones de euros incluyendo impuestos es el precio
final de este domicilio. Mucho dinero para el sueldo que
cobraba el 2008 el que fuera Consejero de Deportes del
Gobierno regional, unos 6.000 euros al mes.
www.cadenaser.com
19.04.10
LA
TAPADERA QUE LA PRESIDENTA NO LEVANTÓ
"Yo destapé
la trama Gürtel". Pronunciadas dos veces, las cinco
palabras que Esperanza Aguirre encadenó el jueves 8 de
abril de 2010 en la Asamblea de Madrid tienen ya
garantizado su ingreso en los anales de la historia. Y
lo tienen por mucho que al día siguiente Aguirre
retrocediera a marchas forzadas para afirmar esta vez
que, en realidad, nunca supo que tenía ante sí una
presunta red de corrupción.
De la
popularidad de su "yo destapé..." dan fe los 118.000
resultados que el viernes arrojaba el buscador Google. O
los seis grupos creados en Facebook, ninguno de ellos
amistoso con la presidenta de Madrid y líder regional
del PP. Pero la frase de Aguirre no encierra una simple
muestra de osadía o ingenio. Contiene un oxímoron. O, lo
que es lo mismo, una contradicción en toda regla.
Porque,
mucho antes de que Baltasar Garzón lanzara el 6 de
febrero de 2009 su operación contra la red corrupta,
Aguirretuvo cuatro ocasiones de levantar la tapadera.
Cuatro fueron los avisos que recibió. Variopintos pero
suficientes para alimentar la inquietud de que algo se
cocía en las cloacas de la política de Madrid, la
Comunidad cuyo Gobierno proporcionó a la trama de
Francisco Correa más de tres millones de euros en
contratos.
El que sigue
es el relato de esas cuatro advertencias, todas ellas
desoídas por quien, varios años después, frente al
pelotón de periodistas parlamentarios, terminaría
arrogándose el mérito de haber descubierto el pastel.
1. Las
dos facciones. La extraña parcela y la trama de las VPO.
El concejal Ángel Galindo la alertó de la actuación del
alcalde de Pozuelo
En 2004, el
grupo de gobierno del PP en Majadahonda se rompió. A un
lado, el entonces alcalde, Guillermo Ortega, José Luis
Peñas y Juan José Moreno. Al otro, 12 ediles encabezados
por el actual regidor, Narciso de Foxá, que en
aquellosdías dirigía la empresa Pammasa, gestora
municipal de suelo y vivienda. La chispa que prendió el
cisma fue la proyectada venta de una parcela por un
precio inferior a la mitad de lo tasado en un principio.
La facción
de Foxá acusó a Ortega, Peñas y Moreno de buscar el
beneficio de una empresa, y así se lo dijo a Aguirre.
Justamente, a esa operación se refería la presidenta
cuando aseguró que destapó la trama Gürtel al impedir la
venta de suelo "con beneficio para el señor Correa y el
resto de los miembros presuntos de esta trama". Obvió
que su número dos, Ignacio González, había aprobado los
pliegos de la subasta, donde figuraba no el precio
original sino el inferior.
También
Peñas, autor de ese pliego y luego denunciante del caso
Gürtel, acudió a Aguirre: sostenía que, al torpedear la
venta, era Foxá quien quería beneficiar a una sociedad
propiedad de un íntimo amigo. El 17 de enero de 2005,
Peñas entregó a Aguirre un dossier donde desvelaba una
presunta trama que basaba su negocio en la conversión de
viviendas protegidas (VPO) en viviendas libres.
Anticorrupción investigó, pero el caso se cerró. Aguirre
desbancó a Ortega de la alcaldía, lo cobijó en la
presidencia de una empresa pública, Mercado Puerta de
Toledo, y lo mantuvo en la ejecutiva regional del PP
como secretario de Estudios y Estadísticas.
2. Interviú. Special Events, Good and
Better, Down Town...
El 14 de
marzo de 2005, la revista Interviú publicó un extenso
reportaje titulado Las amistades peligrosas de Alejandro
Agag. Sus autores ofrecieron información detallada sobre
los múltiples contratos públicos obtenidos en Madrid por
las empresas de Correa y su esposa, "amigos íntimos de
Alejandro Agag". Y citaban
expresamente a Special Events, Good and Better... y Down
Town Consulting.
El mismo día
que la edición de Interviú llegó a los kioscos, Down
Town cambió su denominación por la de Easy Concept,
aunque su CIF (el DNI de las sociedades mercantiles) era
el mismo. Aguirre afirma que, a raíz de ese reportaje,
ordenó al ahora imputado Alberto López Viejo, su
director adjunto de campaña en 2003 y entonces
viceconsejero de Presidencia, que dejase de contratar
con Special Events. Pero Good and Better e Easy Concept
siguieron recibiendo adjudicaciones de la Comunidad,
aunque cedieron protagonismo a otras dos nuevas marcas
limpias de la red: Diseño Asimétrico y Servimadrid, las
grandes receptoras de contratos desde 2006.
3. El
edil. Una carta sobre los desmanes de Panero
El 21 de
septiembre de 2006, el abogado y concejal independiente
de Boadilla Ángel Galindo envió a Aguirre una carta
donde revelaba cómo el alcalde del municipio, el ahora
imputado Arturo González Panero, había adjudicado una
parcela municipal a una empresa que ni siquiera estaba
inscrita en la Seguridad Social.
Aquella
empresa era UFC, del también imputado en la Gürtel José
Luis Ulibarri. Galindo, que representa al ex edil de
Majadahonda José Luis Peñas en el caso, asegura que
Aguirre ni siquiera acusó recibo de la misiva.
4. Los
funcionarios. Segunda misiva y nuevo silencio
El 2 de
diciembre de 2007, un grupo de funcionarios de Boadilla
envió otra carta a Aguirre. Aquella misiva alertaba a la
presidenta sobre cómo el alcalde Panero sometía a
"chantaje" al funcionariado para adjudicar los contratos
a su conveniencia. De las empresas adjudicatarias,
denunciaban los funcionarios, "obtiene cuantiosos
beneficios económicos de carácter personal; para él y
para su círculo, que cada vez se hace más extenso".
Tampoco con
este cuarto aviso Aguirre se dio por aludida. Panero se
mantuvo como alcalde hasta que el juez Garzón lo imputó
en el caso Gürtel en febrero de 2009. También él
pertenecía a la ejecutiva regional del PP.
(www.publico.es,
19/04/10)
Otros tres
altos cargos de Aguirre recibieron regalos de la
trama Gürtel
Tres altos
cargos del Gobierno de Esperanza Aguirre recibieron
regalos de la trama Gürtel en las navidades de
2008, según las grabaciones incluidas en el sumario,
citadas este domingo por la Ser. El director general de
Cooperación, Percival Manglano, el responsable de
Inmigración, Pablo Gómez Tavira, y el asesor de esa
Consejería Gustavo Galiani López, entonces bajo las
órdenes de Javier Fernandez Lasquetty, actual
responsable de Sanidad, pudieron beneficiar a las
empresas de Francisco Correa con contratos, a cambio de
obsequios.
Las
intervenciones telefónicas incluidas en el sumario
del caso Gürtel hablan del "control" que
supuestamente tenía Correa sobre altos cargos de la
Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid,
que entonces dirigía Javier Fernandez Lasquetty,
actual consejero de Sanidad (a la izquierda, en
la foto).
Regalos de marca
Según el sumario, Correa y sus empresas
penetraron en la Consejería de Inmigración de la
mano del que era entonces viceconsejero,Carlos
Clemente (en la foto, a la derecha),
actualmente imputado en el caso Gürtel. De
acuerdo con los nuevos datos que aporta el sumario,
la red corrupta, temerosa de perder sus negocios con
la salida de Clemente del Departamento, a finales de
2008, tejió una nueva red de "contactos" a base de
regalos de marca.
Contactos VIPS
La trama corrupta manejaba una lista de
contactos VIPS a los que regalaban maletines de
marcas exclusivas como Loewe. “Los VIPS, según la
Policía, eran personas con cargos en entidades
publicas", que, como era el caso de la Consejería
madrileña de Inmigración que dirigía Fernandez
Lasquetty, le facilitaban contratos a la
organización de Correa.
"Gracias por el detalle"
De acuerdo con el sumario, el asesor
personal de Lasquetty, Gustavo Galiani llamó
personalmente a uno de los empleados de Correa (Pau
Collado) para darle las gracias por el regalo
recibido . "Oye, te llamaba para darte las gracias
por el detalle porque no tenías por qué (...) todos
los actos que has hecho han salido fantásticos,
prometo darle un buen uso a lo que me habéis
regalado"-decía el alto cargo de Aguirre en las
grabaciones que figuran en el sumario.
“A ver cómo lo manejamos"
En otra de las grabaciones, el empleado de
Correa, Pau Colado (que dirige una de las empresas
de la trama , Easy Concept) , trasmitía a su
compañera su preocupación por la salida de Carlos
Clemente de la Consejería de Inmigración, ya que
temía que el volumen de contratos se redujese.
"Antes, con el de encima [Clemente] lo tenía muy
bien y ahora no ....no... no lo tenemos tanto porque
no lo conocemos, entonces ...pero bueno vamos a ver
cómo lo manejamos" .
www.elpais.es
18.04.10
EL
CHOLLO DE LOS NO ADSCRITOS
Ni el PP
ni el Gobierno regional han recibido "ninguna
reacción" de los tres imputados en el caso Gürtel
-el ex consejero Alberto López Viejo, el ex portavoz
adjunto del PP Benjamín Martín, y Alfonso Bosch-,
después de que la presidenta regional, Esperanza
Aguirre, les pidiera el pasado jueves en la Asamblea
que renuncien a su escaño, según fuentes oficiales.
Fue un
brindis al sol, porque el acta parlamentaria es
individual, Aguirre no tiene capacidad de presión y
todo apunta a que los tres seguirán como diputados,
pues se trata de una estrategia jurídica para que
continúen como aforados y el caso siga en manos del
juez Antonio Pedreira, del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid.
Antiguos
colegas de los tres parlamentarios afirman que,
desde el principio, estos han tenido "terror" a que
fuera Baltasar Garzón el encargado de investigar su
relación con el Gürtel y por eso no van a renunciar
al escaño. También aseguran que no quieren hablar.
Lo mismo dijo ayer López Viejo en una breve
conversación telefónica: "No voy a hacer ningún tipo
de declaraciones".
Pero
mantener los privilegios del acta parlamentaria de
los tres le cuesta dinero al erario público, que
paga los gastos de la Asamblea de Madrid. Y eso que
el PP, que tiene mayoría absoluta en la Cámara
regional, forzó un cambio del Reglamento para
impedir que se le volviera en contra la salida de
los tres imputados del grupo. Porque, de haber
mantenido la normativa, habrían duplicado sus
emolumentos, al pasar al grupo mixto.
Para
evitarlo, se introdujo la figura del diputado no
adscrito. Según la oposición, PSM e IU, en
connivencia con los propios imputados, a cambio de
que mantuvieran el silencio. Una tesis que niegan
los populares, que aseguran que no hay relación. "Ni
se hablan", afirman fuentes del Gobierno regional.
Aunque esta afirmación no casa con el trato que
reciben los imputados en la Asamblea.
Cuando
asisten a los plenos, no es raro verlos bromear con
algún diputado popular. Una actitud que contrasta
con el vacío que hicieron sus ex compañeros
socialistas a Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez,
tras la espantada que impidió que Rafael Simancas
fuera nombrado presidente en 2003.
Desde
que el pasado 9 de octubre accedieron a abandonar el
grupo del PP, los tres imputados trabajan una media
mensual de 30 minutos. Es el tiempo que tardan en
los tres plenos que se celebran cada mes en pulsar
el botón eléctrico del voto. Siempre votan con el
PP. Es lo único que hacen, porque como queda
grabado, demuestra que han asistido al pleno y
eluden sanciones por incomparecencia.
Sin
embargo, cobran el mismo sueldo que si trabajaran a
tiempo completo: 3.808 euros en 14 pagas (53.312
euros anuales) por media hora de actividad. Pese a
que los diputados regionales se bajaron el sueldo un
2% en agosto para dar ejemplo por la crisis, en
enero se lo volvieron a subir, según fuentes de la
Mesa de la Asamblea. La decisión que se tomó fue
congelarse el sueldo, como habían hecho en enero de
2009, pero tomaron como referencia la cantidad que
cobraban justo un año antes.
Respecto
a los tres imputados, la Mesa de la Asamblea decidió
respetar sus "derechos individuales", según las
mismas fuentes. Y reciben los beneficios del resto
de parlamentarios. Cuentan con un ordenador
portátil, una tarjeta de acceso a Internet de tarifa
plana y un teléfono móvil de última generación (con
acceso a Internet y sin límite de llamadas) para su
trabajo diario. Además, todo tipo de facilidades en
el transporte: abono anual para todas las zonas (111
euros), tarjeta para taxis con un límite de 200
euros y otra para autopistas de peaje de todo el
país, de hasta 30 euros diarios.
También
disponen de un despacho en la primera planta del
hemiciclo. López Viejo uno para él solo, y Bosch y
Martín comparten el contiguo. Pero, como ha
comprobado este diario, la mayor parte del tiempo
están cerrados y desocupados. Como sus dueños.
(www.elpais.com,
17/04/10)
SÓLO
UNA EX CONCEJAL DEL RESTO DE LOS IMPUTADOS DE LA
REGIÓN COBRA DINERO PÚBLICO
La edil
de Pozuelo Yolanda Estrada, que dimitió como
responsable de las áreas de Mujer, Presidencia,
Cultura, Relaciones Institucionales y Protocolo,
permanece dentro del grupo del PP aunque está
imputada en el caso Gürtel. No tiene sueldo fijo,
pero por cada pleno al que acude percibe 600 euros.
Hasta el momento sólo se ha presentado a uno de los
dos plenos celebrados. El otro de los imputados que
todavía mantiene el acta de concejal es el ex
alcalde de Boadilla Arturo González Panero, que fue
expulsado del grupo popular. Recibiría 450 euros en
dietas si asistiera a los plenos, pero no ha acudido
a ninguno.
Los
otros dos ex alcaldes relacionados con la trama,
Jesús Sepúlveda, de Pozuelo, y Ginés López, de
Arganda del Rey, dimitieron de sus cargos y
renunciaron a su acta de edil. Sepúlveda trabaja
ahora para el PP. El ex alcalde de Majadahonda
Guillermo Ortega, que abandonó su puesto en 2005,
renunció a su cargo de director general del Mercado
Puerta de Toledo.
Tampoco
cobran ya sueldos públicos los imputados Tomás
Martín Morales, que era director general del
Ayuntamiento de Boadilla y consejero delegado de la
sociedad del suelo municipal (EMSV), y José Galeote,
que también dimitió como consejero de esa empresa.
El ex
concejal de Majadahonda José Luis Peñas es
funcionario del Ayuntamiento de Madrid, y su ex
compañero Juan José Moreno vive de la actividad
privada. El ex viceconsejero de Inmigración Carlos
Clemente Aguado dirige una fundación benéfica
privada.
(www.elpais.com,
17/04/10)
PEDREIRA PERMITE AL COLEGIO DE ABOGADOS DE MADRID PERSONARSE EN LA
GÜRTEL
Admite la solicitud que el ICAM realizó el pasado mes de febrero con
la intención de recurrir dichas escuchas
El juez instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha aceptado la personación del
Colegio de Abogados de Madrid (ICAM)
en el procedimiento abierto sobre la intervención de las comunicaciones
mantenidas en prisión entre varios imputados y sus letrados.
Así lo ha acordado el magistrado en un auto en el que admite la
solicitud que el ICAM realizó el pasado mes de febrero con la intención de
recurrir dichas escuchas, que han sido anuladas por el TSJM por considerarlas
"ilícitas", y sostiene que su pretensión es "procedente y ajustada a
Derecho" ya que tiene "interés legítimo" en el procedimiento.
Además de la personación, el decano de los abogados madrileños,
Antonio Hernández Gil, recurrió ante la sala de lo Civil y Penal del TSJM el
auto de Pedreira con el que avalaba la intervención de dichas comunicaciones y
denegaba la nulidad de las escuchas solicitada por varios abogados.
En el auto que Pedreira dictó ayer admite la personación del ICAM,
si bien plantea la posibilidad de que si la sala decidiera que "no existe
norma" para habilitarla, se debería admitir como "actor popular" al aplicar
el principio de igualdad de la misma forma que se han admitido otras acciones
populares en la causa.
Una vez que el instructor ha aceptado esta personación, será la Sala
la que deba pronunciarse sobre el recurso presentado por el ICAM que argumentaba
que el derecho de defensa incluye el secreto de las comunicaciones de los
letrados con sus clientes en cualquier circunstancia y que, por tanto, las
citadas escuchas, ordenadas por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar
Garzón, son ilegales.
El ICAM puede recurrir la decisión de Pedreira, aunque para hacerlo
deberá constituir un depósito de 25 euros, según advierte el magistrado
en el auto.
www.publico.es 16.04.10
PEDREIRA CITA A LA MUJER DE BÁRCENAS Y A 'EL BIGOTES' EL MIÉRCOLES
El primo y asesor de Francisco Correa, Antoine Sánchez volverá a
comparecer el jueves
La mujer del ex tesorero nacional del PP y senador
Luis Bárcenas, Rosalía Iglesias Villar, y
Alvaro Pérez Alonso, El Bigotes,
declararán el próximo miércoles ante el juez instructor del
caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, por
su imputación en la red de corrupción que alcanza a varios administraciones
gobernadas por el PP.
El primo y asesor de Francisco Correa,
Antoine Sánchez volverá a
comparecer el jueves ante el magistrado. Sánchez afronta una
fianza de 600.000 euros, pero no la puede abonar al tener
bloqueadas sus cuentas bancarias.
El sumario recoge la imputación de la esposa de Bárcenas por una
posible participación en un delito contra la Hacienda Pública de su marido y
recuerda que ambos presentaron declaración conjunta del IRPF.
Miles
de acciones
Las diligencias apuntan que la esposa de Bárcenas adquirió 5.891
acciones de empresas y entidades bancarias -por una valoración cercana en 45.438
euros- y transmitió otras 5.700 acciones entre los años 2000 y 2003.
Además, se le atribuyó un patrimonio en
cuatro bienes inmuebles por un
valor declarado superior a los 323.000 euros.
Así se desprende del informe de la Agencia Tributaria incorporado al
caso en relación a las declaraciones del Impuesto de Patrimonio,
fundamentalmente de los ejercicios 2002 y 2003. El informe apunta a que
el régimen económico del matrimonio es el de
separación de bienes.
La investigación patrimonial sobre Rosalía Iglesias señala que en el
año 2002 contaba con depósitos de 76.073 euros en tres cuentas bancarias, aunque
en 2003 era titular de cuatro cuentas por 1.051 euros.
La
'mano derecha' de Correa en Valencia
El Bigotes era el responsable de Orange Market, filial
valenciana de Special Events en Valencia. Esta empresa era la proveedora de
servicios de la dirección regional del Partido Popular de la Comunidad
Valenciana, organizando mítines, congresos y toda clase de eventos para los
populares.
Según el sumario, Alvaro Pérez
pagó trajes al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps,
por importe de 12.783 euros y que éste pudo facilitar a cambio
la concesión de adjudicaciones a esta empresa.
Las diligencias recogen que Camps acudía a Madrid a instancias de
Álvaro Pérez con el fin de adquirir ropa en las tiendas de Milano y Forever
Young, en las que trabajaba el testigo José Tomás.
El jefe de la rama valenciana de la trama de Correa afronta una
fianza de 650.000 euros con el resto de gestores de Orange Market por la deuda
procedente de las retenciones de trabajo de esta entidad.
El sumario revela que Correa y
El Bigotes tenían una relación muy cercana con el secretario general
del PPCV, Ricardo Costa y que éste incluso recurrió a
El Bigotes para intentar entrar en el Gobierno de Francisco Camps,
en diciembre de 2008.
www.publico.es 16.04.10
AGUIRRE PIDE A LOS DIPUTADOS DEL
GÜRTEL QUE DEJEN EL ESCAÑO
Una semana después de que la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se arrogara en el pleno
de la Asamblea haber destapado el caso Gürtel (aunque luego matizó sus
palabras), los diputados de la oposición, PSM e IU, quisieron ayer elevar al
Gobierno regional la responsabilidad política de haber contratado con la trama
de empresas de Francisco Correa.
El resultado fue que arrancaron a la
presidenta una petición pública, y en sede parlamentaria, a los diputados
imputados en el Gürtel para que renuncien al acta parlamentaria. "Yo les pido a
esos diputados ahora mismo que dejen su escaño. Ya se lo pedí públicamente y se
lo pido ahora delante de todas sus señorías", afirmó Aguirre, que recibió el
aplauso de los populares. Los tres diputados no ocupaban en ese momento su
escaño.
Hasta ahora, el ex consejero de
Deportes, Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco y Alfonso Bosch se han
negado a renunciar a su escaño para continuar como aforados y, por tanto, que
les juzgue el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Desde entonces -y tras la
reforma del Reglamento de la Cámara regional- se han convertido en diputados no
adscritos, con un sueldo de más de 3.000 euros mensuales y con la única
obligación de asistir tres tardes al mes al pleno, pues no forman parte de
ninguna comisión. Habitualmente sólo acuden al hemiciclo al final de la sesión,
cuando se vota, y siempre apoyan al PP. Ayer no fue una excepción: no ocuparon
sus bancos hasta pasadas las ocho de la tarde, cuando comenzaron las
votaciones.
La petición de la presidenta
madrileña se produjo en la sesión de control, en respuesta a una pregunta del
portavoz de IU, Gregorio Gordo, que había pedido a Aguirre más contundencia con
sus ex diputados. "Este Parlamento no puede convertirse cada jueves en el
esperpento nacional", espetó. "Lo mejor para usted es que dejara de ejercer la
presidencia", zanjó.
También la portavoz socialista, Maru
Menéndez, fue muy dura con Aguirre. "¿Qué va a hacer para que sus tres diputados
renuncien al acta, más que decir con la boca pequeña que les va a pedir que lo
hagan?", le planteó.
Pero Aguirre echó balones fuera:
"Siempre asumimos nuestras responsabilidades".A la portavoz socialista, Maru
Menéndez, no le convenció que la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se
limite a pedir ahora, más de un año después de que se destapara el caso Gürtel,
la renuncia al escaño de los imputados. "Usted los trajo y usted los tiene que
sacar de aquí", le espetó a Aguirre.
Pero no era el día de asumir
responsabilidades. La presidenta se enrocó en que la apertura del sumario no ha
desvelado nada nuevo, acusó al presidente Zapatero de haber contratado también
con Correa y a la bancada de la oposición (PSM e IU) le reprochó que no echen de
sus filas a los cargos imputados en otros casos, como hace ella.
"No es nada nuevo para usted, porque
usted lo sabía todo", le reprochó la portavoz socialista, que recordó que los
contratos con las empresas de Correa eran para actos presididos por la propia
Aguirre y le acusó de haber impedido a la oposición la revisión de expedientes
de contratación durante los dos últimos años.
Después de la presidenta le tocó el
turno de dar explicaciones al vicepresidente, Ignacio González, sobre el
"lodazal de la corrupción", como tachó el caso el portavoz adjunto de los
socialistas, Adolfo Navarro, que pidió su dimisión. "¿Que se montó una trama
para aprovecharse del PP de Madrid y usted no se enteró? Ni me lo creo yo, ni se
lo cree nadie", zanjó.
Navarro acusó a González de haber
cerrado los ojos y, como coordinador del Gobierno regional, no haber avisado a
los consejeros de que debían observar las normas de contratación. "Se ha hecho
corresponsable político de que toda la Administración haya estado contaminada
con un virus de triple acción: corrupción, despilfarro y saqueo de fondos",
dictaminó Navarro. "Y de que vayamos a pagar los desmanes de una banda de pijos
y horteras".
Pero González no asumió tampoco
culpas, sino que repitió la táctica de colocar el ventilador en la dirección de
la bancada socialista, y recordó la petición del fiscal para inhabilitar a la ex
alcaldesa de Torrejón, Trinidad Rollán, secretaria de Organización del PSM, por
un delito de prevaricación. "Pensaban que con esta trama iban a conseguir lo que
no han sido capaces en las urnas", dijo González. "No tienen proyecto, no tienen
alternativa, ni líder".
La tensión había ido aumentando en
el hemiciclo cuando llegó el turno al consejero de Presidencia, Justicia e
Interior, Francisco Granados, de hablar del caso Gürtel. Por eso ironizó con la
"originalidad" de la pregunta. "Ahora resulta que el cerebro de la trama era
Zapatero. ¡Manda huevos! Eso sí que es original", le contestó el portavoz
adjunto de los socialistas, José Manuel Franco.
"Como demócrata, soy firme defensor
de la presunción de inocencia en el ámbito penal, pero en política, viendo este
escándalo sin precedentes en la democracia, más bien es presunción de indecencia
de su Gobierno", aseveró este diputado, mirando a Aguirre.
"Ustedes no aceptan la democracia
cuando no les interesa", contestó Granados, que aprovechó para arremeter contra
el acto de homenaje al juez Baltasar Garzón en la Universidad Complutense y fue
recibido entre gritos de "dimisión, dimisión" por la oposición. "Ustedes son
capaces, con tal de mantenerse en el poder, de atacar al Estado de derecho",
dijo Granados a la bancada socialista, por encima de los gritos de "¡Hala!" y
los golpes sobre las mesas.
(www.elpais.com,
16/04/10)
AGUIRRE PIDE ANTE EL PLENO DE LA
ASAMBLEA A LOS DIPUTADOS IMPUTADOS EN EL GÜRTEL QUE ENTREGUEN EL ACTA
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, ha pedido esta tarde ante el pleno de la Asamblea de
Madrid a los tres diputados imputados en el caso Gürtel que abandonen su acta
parlamentaria. "Se lo pedí públicamente [fuera del hemiciclo], y se lo pido
ahora delante de sus señorías". Esta petición es una respuesta al portavoz de IU,
Gregorio Gordo, que le había pedido que así lo hiciera para que el Parlamento
autonómico no sea "cada jueves el esperpento nacional" por la presencia de los
tres imputados.
También la portavoz socialista, Maru
Menéndez, le espetó: "Usted los trajo y usted debe quitarlos". Antes había
acusado a Aguirre de pedirles el acta con la boca pequeña.
Los tres imputados actualmente
asisten a la Asamblea como diputados no adscritos, figura que no estaba
contemplada en el Reglamento de la Cámara regional y que se creó para que ellos
no se beneficiaran de pasar al grupo mixto y aumentaran su retribución al lograr
los complementos que se tienen al formar nuevo grupo. La única obligación de
estos parlamentarios es asistir tres veces al mes a los plenos, ya que no forman
parte de ninguna comisión. Cobran un sueldo de 3.808 euros mensuales y se
limitan a asistir, al final de los plenos, a las votaciones. Y siempre apoyan
las decisiones del PP.
Los tres imputados son:
- Alberto López Viejo. El juez le
impuso una fianza de 750.000 euros. "Es el muñidor de toda la operativa",
comentaba uno de los capos de la red corrupta en una de las grabaciones. En la
contabilidad B del entramado de empresas de la trama aparecen apuntes que
revelan entregas de dinero al ex consejero de 286.000 euros, según recoge el
sumario. López Viejo era el responsable de montar los actos públicos de la
Comunidad de Madrid. Troceaba los contratos públicos en cantidades inferiores a
12.000 euros para evitar los concursos públicos, según se desprende del sumario.
Realizó más de 350 contratos con empresas de la trama, a las que facturó más de
tres millones de euros.
- Alfonso Bosch. Tiene impuesta una
fianza de 750.000 euros. Fue gerente de una empresa pública de suelo en Boadilla
del Monte, desde donde intermedió para asignar varios contratos a la red
corrupta. Entre ellos, el proyecto de construcción de la ciudad deportiva de
Boadilla a la empresa Hispanica, según un auto judicial. También adjudicó, según
el sumario, varios locales a Rústicas MBS, la empresa de José Ramón Blanco
Balín, imputado en la trama. Aparece como perceptor de 250.562 euros en la
contabilidad de las empresas de la trama.
- Benjamín Martín Vasco. Tiene una
fianza de 955.000 euros. Según las grabaciones de la fiscalía, intermedió para
conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en Arganda del Rey. La
contabilidad de las sociedades de la red tenía un archivo personal para reflejar
las entregas de dinero a Martín Vasco. En total, recibió 437.166 euros, según el
sumario, además de cuantiosos regalos, como un televisor de plasma, el viaje de
bodas...
(www.elpais.com,
15/04/10)
EL TRIBUNAL DE GÜRTEL VALIDA EL
RESTO DE LAS ESCUCHAS JUDICIALES
Los tres magistrados de la Sala de
lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid acordaron ayer
rechazar una veintena de recursos presentados por los abogados de los imputados
en el caso Gürtel, según afirman fuentes de las partes conocedoras de esta
decisión, acordada ayer mismo por el tribunal que preside Francisco Vieira.
Los abogados exigían anular no sólo
las grabaciones entre abogados y sus clientes en la cárcel de Soto del Real (que
ya estaban eliminadas) sino la mayoría de las escuchas decretadas por Garzón
para desmantelar esta trama a una decena de implicados. Los letrados
justificaban su petición en la insuficiente motivación descrita por Garzón
cuando dictaminó, a finales de 2008, que se pinchasen los teléfonos de los
cabecillas de la trama y de otra decena de compinches.
Los tres jueces de este tribunal
(Francisco Vieira, presidente; José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández
Castro, ponente) entienden que Garzón sí motivó suficientemente estas otras
escuchas. Los jueces no entraron obviamente en las grabaciones interceptadas
entre los abogados de la trama y sus clientes, puesto que ya las anularon el
pasado 25 de marzo en una polémica votación que dividió al tribunal y en la que
uno de los tres magistrados, Suárez Robledano, emitió un voto particular
contrario a anularlas.
(www.elpais.com,
15/04/10)
EL PP DE MADRID DESPRECIA LOS
DATOS SOBRE FINANCIACIÓN ILEGAL
El PP de Madrid está convencido de que en el sumario del
caso Gürtel, conocido la semana pasada en su mayor parte, no hay "ni una sola
línea que lleve a pensar que haya habido financiación irregular ni en el PP de
Madrid ni en el PP nacional". Así lo puso ayer de manifiesto el secretario
general de los conservadores madrileños, Francisco Granados. Todo, pese al
informe policial incluido en el sumario en el que se apunta que su partido en
Madrid empleó a la
Fundación Fundescam
para correr con los gastos de las campañas electorales de Esperanza Aguirre de
2003. Y que para ocultarlo, se falsificaron facturas.
Según mantuvo Granados tras un acto
sobre menores infractores, él ha podido "comprobar" que "en las cuentas de
Fundescam las facturas están perfectamente contabilizadas" y "en las cuentas del
PP de Madrid están esos actos perfectamente contabilizados como realizados por
el PP", informa Efe.
Lo que ignoró el número dos del PP
en sus declaraciones a la prensa es el detallado informe policial que aporta
datos sobre la opaca financiación de los conservadores madrileños entre 2002 y
2004, y que figura en el tomo 25 del sumario del magistrado Antonio Pedreira.
Varios archivos almacenados en un
lápiz de memoria del que se incautó la policía en un "piso de seguridad" de la
trama Gürtel en Madrid han puesto de manifiesto la doble facturación del PP
regional.
Los investigadores localizaron tres
archivos con los nombres "Cambios facturación 2003-2004.xls", "Cambios
facturación 2003-2004.barcenas.xls" y "Facturación P.P. Madrid xls". De su
análisis se desprende que Special Events, una de las empresas de la red de
Francisco Correa, falsificaba el concepto de las facturas de Fundescam para
ocultar que corría con gastos del PP, fundamentalmente las campañas de Aguirre
de 2003.
A su vez, Fundescam se nutría de
donaciones de empresarios que después recibieron adjudicaciones de la Comunidad
de Madrid. Con este sistema, se evitaba el techo de gasto fijado por la ley para
las campañas electorales.
Tras insistir en que "quien diga que
del sumario se desprende o se prueba [...] que ha habido financiación irregular
del PP de Madrid, miente", Granados, volvió a desvincular a la actual cúpula del
PP madrileño de este escándalo.
Como ya hizo Aguirre cuando estalló
el caso Fundescam, el número dos del PP madrileño recordó que cuando
presuntamente se cometieron las irregularidades, él no se encontraba en la
dirección de la formación regional. Al frente estaba Pío García Escudero.
También rechazó Granados que el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya solicitado información a su partido
sobre Fundescam. No obstante, es una solicitud que está siendo tramitada.
Por su parte, en una entrevista en
Punto Radio, Ignacio González, vicepresidente madrileño, tildó de "absolutamente
deplorable" la actuación procesal con la filtración de partes secretas del
sumario. Todo mientras el líder del PP, Mariano Rajoy, prefiere no tocar el
caso. Ayer, en una reunión con diputados y senadores, dejó caer que "la crisis
es el problema que más importa a los españoles por más que algunos hagan todos
los esfuerzos para que no se hable de este tema".
(www.publico.es,
14/04/10)
EL PSM RECLAMA AL JUEZ QUE IMPUTE
AL VICEPRESIDENTE GONZÁLEZ EN EL GÜRTEL
La revisión de más de 800 facturas
correspondientes a expedientes de contratación y a anticipos de caja, todas
ellas incluidas en el sumario de la trama Gürtel, lleva a los socialistas
madrileños a reclamar al juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que se impute a 45 altos cargos
regionales.
Entre ellos figura el
vicepresidente, Ignacio González, así como 15 directores generales, ocho
secretarios técnicos, seis subdirectores generales, dos jefes de gabinete y
cinco jefes de área, entre otros. El escrito que el PSM, personado en la causa,
entregará al juez antes del final de esta semana considera que estos cargos
serían responsables de los delitos de prevaricación y negociación prohibida a
los funcionarios.
El secretario general de los
socialistas, Tomás Gómez, citó expresamente al actual Defensor del Menor, Arturo
Canalda, que fue viceconsejero de Sanidad; a la directora general de Medios,
Isabel Gallego, a la que calificó de "mano derecha de Esperanza Aguirre"; y a la
ex alcaldesa de Leganés, Guadalupe Bragado, de la que dijo que fue "reina por un
día". Pero entre los mencionados también destacan dos miembros de la dirección
del PP regional que preside Aguirre, como Borja Sarasola, secretario general
técnico a las órdenes de González, o el concejal popular Fernando Martínez
Vidal, que fue director general de Relaciones Externas hasta 2007.
Gómez anunció que, si se admite su
petición, solicitarán la dimisión de la presidenta regional. "El Gürtel afecta a
todo su Gobierno", afirmó. "Es personal que depende directamente de la
presidenta".Las acusaciones contra 45 altos cargos regionales están basadas en
el análisis de la documentación incluida en el sumario del caso Gürtel respecto
a los 367 contratos que otorgó la Comunidad de Madrid a las empresas de
Francisco Correa, cabecilla de la trama de corrupción que afecta a varias
administraciones en manos del PP. Los socialistas han revisado más de 800
facturas -de expedientes de contratación o de anticipos de caja para pagar actos
de la Comunidad de Madrid- que les llevan a afirmar que estos cargos avalaron
con su firma el troceo de contratos atribuido por el sumario del caso a las
empresas de Correa, en connivencia con el ex consejero de Deportes, Alberto
López Viejo, imputado en el caso. Por eso consideran que fueron autores del
delito de prevaricación y cooperadores necesarios del delito de negociaciones
prohibidas a funcionarios.
"Se encargaban miles de actos, éstos
se realizaban y, cada cierto tiempo, el ex consejero Alberto López Viejo
elaboraba las facturas, que se remitían a las empresas para que éstas las
enviaran a las consejerías", explican fuentes jurídicas del PSM. "A partir de
ahí en las consejerías reconstruían los expedientes". Por eso, agregan, en
algunos casos eran los secretarios generales técnicos los que firmaban los
documentos y, en otros, los propios directores generales, los gerentes, los
subdirectores o los jefes de área. Las mismas fuentes explican que López Viejo
se cuidó mucho de firmar la documentación, pero sí requería de estos altos
cargos para poder llevar a cabo sus manejos con la trama Gürtel.
Para llegar a esta conclusión, los
socialistas han acudido también al informe judicial que figura en el sumario del
caso sobre el fraccionamiento de contratos, que establece que por esta vía se
desviaron unos 3,18 millones de euros. Según este informe, el truco utilizado
consistía en trocear el contrato de un mismo acto en varias partes por
cantidades inferiores a 12.000 euros. La normativa de contratación establece
que, por debajo de esta cifra, no es necesario convocar un concurso para
adjudicar un contrato. Eso permitía designar sistemáticamente a las empresas de
Correa, incumpliendo los principios de concurrencia y publicidad.
Para elaborar la lista de altos
cargos, los socialistas sólo han tenido en cuenta a quienes firmaran órdenes de
pago que cumplieran cuatro requisitos: que hubiera fraccionamiento en varios
contratos de un mismo acto; que esos contratos de una misma actividad los
tramitara a la vez el órgano administrativo correspondiente; que las facturas
tuvieran una numeración correlativa; y que éstas fueran expedidas por la empresa
(o las empresas) en la misma fecha.
Por ejemplo, el acto de entrega a
los adjudicatarios de 250 pisos en La Ventilla el 13 de mayo de 2005 da lugar a
dos facturas por el mismo concepto: una presentada por la empresa Good & Better,
por importe de 11.992 euros, y otra de Easy Concept, por 11.811 euros. Ambas
corresponden a la misma actividad y las tramita y paga al mismo tiempo el
Instituto de la Vivienda de Madrid (Ivima).
En el caso del vicepresidente
Ignacio González, los socialistas le atribuyen haber firmado -y, por tanto,
avalado- el pago de dos facturas diferentes por el mismo acto de celebración del
Día de la Constitución, según las citadas fuentes jurídicas. En ambos casos, se
trata de abonos que no superan los 12.000 euros y en la documentación figura su
firma y la de Alejandro Halfter, secretario general técnico de su consejería
hasta que, tras las elecciones de 2007, fue nombrado viceconsejero a las órdenes
de Francisco Granados, consejero de Presidencia, Justicia e Interior.
No es el único secretario general
técnico. También figuran los de las consejerías de Educación, Familia y Asuntos
Sociales, Presidencia, Cultura y Turismo. Además, están directores generales de
Presidencia, Sanidad, Familia y Asuntos Sociales, Deportes (ya inexistentes y en
Vicepresidencia), Cultura (ahora en Vicepresidencia), Economía y Consumo (ahora
en Hacienda) y Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. No incluye las áreas
de Justicia, Interior, Transportes, Vivienda y Hacienda.
Entre los altos cargos incluidos en
la lista socialista figura Matías Morante de la Calle, que fue subdirector de
Régimen Interior y Servicios Generales de la Consejería de Educación hasta enero
de 2007. Murió en abril de ese año, informa la agencia Efe.
(www.elpais.com,
14/04/10)
NOS HAN HECHO EMITIR FACTURAS A
OTRAS EMPRESAS
Un correo electrónico fechado el 25
de enero de 2007 e incorporado al sumario del caso Gürtel afianza una doble
sospecha: que la trama utilizó de modo habitual sociedades pantalla para endosar
facturas a la Comunidad de Madrid y que recibió instrucciones para operar de ese
modo.
Dirigido por Alicia Mínguez,
empleada de la red, a Pablo Crespo, número dos de Correa, el e-mail adjunta un
"documento con las facturas problemáticas para cobrar de la CAM [Comunidad
Autónoma de Madrid]". El estadillo anexo pormenoriza lo adeudado a tres
compañías de bandera Gürtel (Easy Concept, Good and Better y Servimadrid) y, a
renglón seguido, incluye esta frase: "Facturas que nos han hecho emitir a otras
empresas, de las cuales no se quieren hacer cargo".
A partir de ahí, figuran 25 facturas
giradas por cuatro empresas del madrileño Grupo Rafael (Kilda, Rafael,
Tecnimagen, Doble M) y dos de Quasar. El importe total, 192.412,45 euros, se
contabiliza al final del documento como parte de la deuda que arrastra la
Comunidad de Madrid con el conglomerado empresarial de Francisco Correa.
El monto de lo adeudado en enero de
2007 ascendía a 362.903 euros. En su correo electrónico a Pablo Crespo, Alicia
Mínguez lo desglosó así: "Easy/Good: 34.650,07 euros; Servimadrid: 135.840,48
euros; Ajenos: 192.412,45 euros". Esa última cifra coincide con la suma de las
27 facturas emitidas por Grupo Rafael y Quasar.
Otro documento incautado contiene el
resumen de beneficios de 2005 y 2006. Igualmente, se computan como ganancias
propias de la trama las consignadas en las casillas "Más Ajenos".
Los nuevos datos hacen que se
tambalee el cómputo de los ingresos de la trama por contratos de la Comunidad de
Madrid: hasta ahora, se manejaba la cifra de tres millones. Pero puede
dispararse si se acaba sumando lo obtenido por compañías asociadas a Correa.
A requerimiento de Garzón, el
Gobierno de Esperanza Aguirre remitió todos los pagos a Easy Concept, Good and
Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico. En esa documentación se colaron algunas
aprobaciones de gasto que muestran que empresas de Grupo Rafael y sociedades del
núcleo duro de la red corrupta facturaron por los mismos actos. Por ejemplo,
Kilda y Servimadrid cobraron en 2005 por el montaje del acto Libros a la calle;
y en 2007, Tecnimagen y Diseño Asimétrico facturaron por el Master Senior de
Tenis.
Como informó ayer Público, el juez
instructor, Antonio Pedreira, ha reclamado a instancias de la Fiscalía Anti-corrupción
todos los contratos adjudicados por la Comunidad de Madrid a Grupo Rafael,
dedicado a la imagen y las artes gráficas. Este diario preguntó ayer al equipo
de Aguirre sobre la frase del citado e-mail en la que se indica que la Gürtel
recibió directrices para facturar a través de terceros. No hubo respuesta.
También aseguró ignorar el
significado de esa afirmación Pedro Rodríguez Pendás, asesor de Alberto López
Viejo hasta febrero de 2009 y ex presidente de Nuevas Generaciones en un
distrito de Madrid. El sumario contiene un mail donde una empleada de la Gürtel
se queja a Rodríguez Pendás porque no le pagan una factura girada por un
tercero.
(www.elpais.com,
13/04/10)
Tomás Gómez
pide que se impute en Gürtel al número dos
de Aguirre y al defensor del Menor
Lejos de
aplaudir la habilidad de Esperanza Aguirre al
“destapar” el caso Gürtel, el Partido Socialista
de Madrid (PSM) va a solicitar a los tribunales que sean
imputados 45 altos cargos de la Comunidad de Madrid que
aparecen en el sumario cuyo secreto levantó el TSJM el
pasado 6 de abril. Se trata de una larga lista que
encabeza el vicepresidente del Gobierno regional y mano
derecha de la lideresa, Ignacio González. También
está Arturo Canalda, actual defensor del Menor de la
Comunidad de Madrid y viceconsejero de Sanidad en la
época en que se firmaron contratos con la Gürtel.
Así lo
ha comunicado hoy el secretario general del PSM,
Tomás Gómez, quien ha indicado que su partido ha
analizado 367 expedientes que constan en el sumario
y que solicitan estas 45 imputaciones según unos
requisitos muy “claros”.
Prevaricación y
negociaciones prohibidas
Parte de estos requisitos son “la existencia de
varios contratos que corresponden a un mismo acto,
que se ha pagado varias veces por la misma actividad
y que son facturas o contratos firmados por estas
personas”. El líder de los socialistas acusa a los
altos cargos de la lista, que puede consultarse
aquí, de delitos de "prevaricación y de
negociaciones prohibidas a funcionarios".
El vicepresidente y
el Defensor del Menor
Tomás Gómez ha anunciado que, en el caso de que los
tribunales admitan la solicitud de imputaciones,
pedirá inmediatamente la dimisión de Esperanza
Aguirre. En el listado que ha presentado hoy están
incluidos la mano derecha de la presidenta, Ignacio
González, y el defensor del Menor, Arturo Canalda,
que entonces era viceconsejero de Sanidad. Además,
aparecen directores generales, secretarios generales
técnicos y gerentes de organismos institucionales.
www.elplural.com
13.04.10
PREGUNTAS CON RESPUESTA (O NO)
DEL CASO GÜRTEL EN MADRID
¿Cómo estalla el caso?
Un ex concejal del PP de Majadahonda
lleva al juzgado una serie de grabaciones realizadas a Francisco Correa en las
que se ponen de manifiesto que controlaba una presunta red de corrupción de
cargos públicos.
¿Quién es el ex concejal?
José Peñas. Fue expulsado del PP en
2005, tras negarse a aceptar el relevo al frente de la Alcaldía de Majadahonda
de Guillermo Ortega.
¿Por qué se relevó a Ortega?
Porque pretendía, junto a Peñas,
vender dos parcelas por debajo del precio que un sector del PP consideraba
adecuado.
¿Qué pasó con las parcelas?
Se sacaron a concurso en la
primavera de 2005. En diciembre, cuando se abrieron las ofertas, estalló el
caso. El arquitecto municipal cambió su criterio de valoración en una semana y
esto provocó un enfrentamiento entre el alcalde de entonces, Guillermo Ortega, y
los concejales Peñas y Juan José Moreno. El PP de Madrid intervino, provocó la
renuncia de Ortega, colocó a Narciso de Foxá como alcalde y expulsó a Peñas y
Moreno, que se negaron a acatar esa decisión.
¿Qué relación tenían Peñas y
Correa?
Toda. Según el sumario, Correa pagó
durante meses una cantidad –entre 3.000 y 4.000 euros- a Peñas. Cuando dejó de
pagar, Peñas decidió ir a los tribunales y denunciar toda la trama.
¿Qué pasó con las parcelas?
El concurso primero se anuló, se
convocó otro y Majadahonda recaudó 61 millones de euros más de los previsto.
¿Qué pasó con Ortega?
La presidenta de la Comunidad,
Esperanza Aguirre, lo colocó en el Mercado Puerta de Toledo, donde cobraba el
mismo sueldo que en Majadahonda.
¿Por qué Aguirre le dio ese cargo?
SIN RESPUESTA.
¿Quién es Alberto López Viejo?
Durante años fue protegido de
Esperanza Aguirre y la persona de su máxima confianza para organizar sus actos,
tanto de campaña electoral como de Gobierno, una vez que Aguirre consiguió el
poder en 2003.
¿Qué hacía López Viejo?
Según el sumario contrataba con las
empresas de la red de Correa, troceaba los contratos para que no tuvieran que
salir a concurso público o bien invitaba al mismo concurso sólo a empresas de la
trama.
¿Qué hizo Aguirre con López Viejo?
Cuando M2 de EL MUNDO empezó a
denunciar la gestión de López Viejo al frente de la Concejalía de Limpieza del
Ayuntamiento de Madrid –donde estuvo hasta junio de 2003, cuando fue elegido
diputado autonómico del PP en las listas de Aguirre- lo llevó a la Comunidad
pero no le dio ningún cargo durante meses.
¿Contrató López Viejo con la trama
de Correa pese a no tener potestad para ello?
Según el sumario, podría haberlo
hecho.
¿Tenía cobertura legal para
hacerlo?
SIN RESPUESTA.
Y si no la tenía, ¿cómo gestionó una
parcela tan importante durante meses?
SIN RESPUESTA.
¿Quién le autorizó que hiciera esas
contrataciones?
SIN RESPUESTA.
¿Por qué lo hizo consejero Aguirre?
En mayo de 2004, pocos meses después
de llegar al poder, Aguirre rehabilitó a López Viejo y lo nombró viceconsejero
de Presidencia, desde donde se encargó de organizar los mismo actos de antes. En
2007 lo nombró consejero de Deportes. Cuando estalló el 'caso Gürtel' –el 6 de
febrero de 2009- lo destituyó.
¿Sabía Aguirre de las malas
gestiones previas de López Viejo?
Estaba advertida. Algunos consejeros
o viceconsejeros se quejaron de que se los obligara a contratar con determinadas
empresas "o tu acto no tendrá ninguna trascendencia".
¿Qué hizo López Viejo en el
Ayuntamiento de Madrid cuando era concejal del Gobierno de Álvarez del Manzano?
Otorgar concursos que favorecieron a
la trama de Correa, según el sumario.
¿Alguien lo denunció?
Sí. El PSOE de Trinidad Jiménez –hoy
ministra de Sanidad- pidió en cinco ocasiones una comisión de investigación a
Alberto Ruiz-Gallardón, sucesor de Manzano. Gallardón se negó.
¿Por qué?
El argumento siempre fue el mismo:
que no habían llegado al Ayuntamiento para revisar el pasado.
¿Fue consciente en algún momento el
Gobierno de Gallardón de las presuntas tropelías de López Viejo?
Sí.
¿Qué hizo?
Limitarse a pagar las deudas
contraídas por López Viejo, no investigar y pasar página. Cuando el juez ha
pedido documentación, enviársela.
¿Quién es Benjamín Martín Vasco?
Ex teniente de alcalde del PP en el
municipio de Arganda del Rey y ex diputado en la Asamblea de Madrid, durante
años fue, igual que López Viejo, hombre de confianza de Aguirre. El diputado
contaba con la confianza total de la presidenta de la Comunidad de Madrid, de
hecho era portavoz adjunto del PP en la Asamblea y Aguirre le eligió para una
misión tan delicada como presidir la comisión parlamentaria sobre el espionaje
en la Comunidad de Madrid.
¿Cuál es su implicación en Gürtel?
Según el sumario del caso, Martín
Vasco recibió de la red de Correa pagos por valor de 345.166 euros. Estos pagos
incluían desde dinero en efectivo hasta joyas pasando por viajes e incluso los
gastos de su boda con Esther Arévalo el 8 de julio de 2004. El 'regalo' de bodas
de Correa incluyó dos noches de boda en el Ritz, un minibus y el viaje de novios
a Polinesia y a EEUU. Todo por un monto total de 34.779 euros.
¿Qué papel tenía en la trama?
El parlamentario 'popular' se
dedicaba a conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en el Ayuntamiento
de Arganda del Rey (Madrid) para Martinsa, una de las sociedades supuestamente
vinculadas a la trama de corrupción.
¿Cómo fue su caída?
Otra de las imputadas de la trama
Felisa Isabel Jordán, administradora de dos de las empresas de la red, declaró
ante el juez Garzón que Martín Vasco habría recibido 2,4 millones de euros a
cambio de no destapar el trasfondo de las adjudicaciones en Arganda, donde
Martinsa consiguió licitar la construcción de 2.676 viviendas.
¿Quién es Alfonso Bosch Tejedor?
Era gerente de la Empresa Municipal
de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (EMSV), diputado de la Asamblea
regional y secretario de Movilización del PP de Esperanza Aguirre. El perfil de
Bosch Tejedor muestra conexiones clave con importantísimos dirigentes del PP.
Bosch fue integrante del equipo de confianza de Presidencia del Gobierno durante
los mandatos de Aznar.
¿Cuánto se llevó de Gürtel?
Recibió, entre 2004 y 2007, dos
pagos anuales de manos de Pablo Crespo, el 'número dos' de la red Gürtel. En los
dos primeros años, las cantidades oscilaban entre los 1.550 euros y los 4.600.
En 2006 y 2007, las cantidades son notablemente mayores y entre ellas destaca un
pago de 120.000 euros que recibió el 22 de mayo de 2007. Según la normativa
aplicada por la Agencia Tributaria, Bosch Tejedor debería pagar un total de
108.734,4 euros por este dinero que no declaró.
¿Cuáles eran sus funciones?
Francisco Correa afirma que a través
de Bosch se adjudican en condiciones ventajosas locales municipales de Boadilla
del Monte a la empresa de Ramón Blanco Balín, otro de los imputados por Garzón y
que, en época de Aznar y en medio del privatización de Repsol, accedió a la
cúpula de la empresa petrolera, llegando al cargo de consejero delegado.
¿De qué se le acusa?
Está acusado de haber concedido a
dedo el contrato de la Oficina de Atención al Ciudadano de Boadilla durante 14
años a la trama corrupta. Además, presuntamente intercedió para dar a la
constructora Hispánica la construcción de la ciudad deportiva municipal y
adjudicó unos locales a la empresa Rústicas MBS, administrada por el también
imputado José Ramón Blanco Balín, vicepresidente de Repsol durante la etapa de
Aznar
(www.elmundo.es,
12/04/10)
ANTICORRUPCIÓN INVESTIGA SI LA
TRAMA USÓ EMPRESAS PANTALLA PARA FACTURAR
La Fiscalía Anticorrupción sospecha
que el entramado Gürtel pudo utilizar a terceras empresas como pantalla para
facturar a la Comunidad de Madrid y a los ayuntamientos de Boadilla,
Majadahonda, Pozuelo y Arganda del Rey. Fuentes jurídicas confirmaron a Público
que, a petición de la policía y de Anticorrupción, el juez Antonio Pedreira ya
ha reclamado a las cinco instituciones del PP antes citadas la entrega de todos
los contratos adjudicados a las empresas del madrileño Grupo Rafael, formado por
un conjunto de sociedades del campo de la imagen y las artes gráficas. Para la
apertura de esta nueva línea de investigación resultó clave una serie de correos
electrónicos almacenados en los ordenadores de Easy Concept y cruzados entre esa
sociedad y Grupo Rafael. Uno de ellos contiene información sobre 81 facturas
giradas a la Comunidad de Madrid de forma indistinta por Grupo Rafael y las
empresas de Correa.
Las primeras actuaciones
desarrolladas en torno a ese punto figuran en el "Informe Udef 107.996/09", una
pieza separada del sumario abierta en febrero de este año y que ya no está
sujeta a secreto.
El uso de terceros para facturar a
administraciones del PP dispararía, de confirmarse, el cómputo de ingresos
obtenidos por la red Gürtel gracias a los contratos a dedo. Hasta ahora, los
cálculos apuntaban a que la trama obtuvo tres millones del Gobierno de Esperanza
Aguirre mediante los llamados contratos menores, aquellos que, al no exceder de
12.000 euros, se dan sin concurso y sin formalizar siquiera expediente
administrativo. La inexistencia de expediente facilita que alguien facture en
falso como si hubiera realizado un servicio que, en realidad, ha prestado otro.
Según la policía, la red de Correa
marcaba "objetivos en la gestión de facturación" a Grupo Rafael, que asumía "los
importes correspondientes a la deuda" del conglomerado Gürtel con la Comunidad
de Madrid. Y lo hacía como si esa deuda "fuera la suya propia", realizando
"incluso la gestión de cobro con los distintos organismos". En otras palabras,
Grupo Rafael no habría operado como un gestor contratado por un tercero para una
misión determinada el cobro de recibos, en este caso sino como si todas las
facturas, las suyas propias y las de Correa, formasen un todo inseparable. El
monto del paquete de facturas gestionadas por Grupo Rafael y sobre las que
policía ha encontrado información asciende a 752.179 euros. Ese importe se
corresponde con 81 facturas emitidas entre 2004 y 2008. De ellas, 57 fueron
giradas por Grupo Rafael. Y 24, por Servimadrid, Easy Concept (antes llamada
Downtown Consulting), Good and Better y Diseño Asimétrico, cuatro sociedades de
Correa.
El viernes, un portavoz oficial de
Grupo Rafael negó de forma tajante a este diario que sus empresas hayan
gestionado alguna vez el cobro de facturas de las compañías de Francisco Correa.
El grupo, dijo el portavoz, sólo fue proveedor de las compañías a Correa. Sobre
la información requisada por la policía, el portavoz dijo: "Puede haber
interpretaciones diversas".
Con sus correspondientes sociedades,
Grupo Rafael aparece extensamente mencionado en uno de los correos electrónicos
que la policía incautó durante un registro en la sede de Easy Concept, una de
las sociedades del núcleo de la red corrupta. Ese correo resultó clave para que
la UDEF (unidad policial de delitos económicos) concluyese la existencia de "una
estrecha vinculación entre el grupo de empresas dirigido por Francisco Correa
Sánchez con otras sociedades y grupos".
Fechado el 8 de abril de 2008 y
dirigido por una empleada de Grupo Rafael a Easy Concept, ese mail incorporaba
como archivos adjuntos seis hojas de cálculo con la siguiente denominación:
Facturas Grupo Rafael.xls; Resumen de cobros GrupoRafael.xls; Facturas DISEÑO
ASIMÉTRICO.xls; Resumen de cobros Diseño Asimétrico.xls: Facturas Easyconcept,
Good&Better y Downtown Consulting.xls: y Resumen de cobros Easyconcept, Good&Better
y Downtown.xls.
(www.publico.es,
12/04/10)
LA UDEF INVESTIGA LA
PROCEDENCIA DE 180.000 EUROS SIN JUSTIFICAR EN LA CUENTA DE ANA MATO Y SEPULVEDA
Fueron ingresados en
metálico en pequeñas pero numerosas cantidades sin justificar en la cuenta
compartida de la vicesecretaria de organización del PP y el ex alcalde de
Pozuelo
Jesús Sepúlveda,
actual asesor electoral de Mariano Rajoy, está imputado por haber cobrado
presuntamente 420.000 euros en comisiones de la trama de Correa. Desde la
dirección del PP aseguran que Ana Mato nunca realizó movimientos en la
cuenta investigada a pesar de ser titular de la misma junto a su ex marido.
A pesar de que Ana
Mato y Jesús Sepúlveda están divorciados, los informes que obran en el sumario
del caso "Gurtel" revelan la existencia de una cuenta bancaria común que está
siendo investigada por los agentes de la UDEF. La cuenta fue abierta en 2003 por
Sepúlveda y en ella figura como cotitular la actual vicesecretaria general de
Organización del PP.
Los investigadores
que han analizado las "entradas" de la cuenta común de la pareja han detectado
un "destacado" número de movimientos de fondos en forma de efectivo. Según un
informe de la Comisión de prevención del Blanqueo de Capitales ,la cuenta
recibió más de 100 ingresos en metálico sumando un total 173.920 euros. En todos
los casos las cantidades no llevaban asignado ningún concepto.
Ingresos sin
concepto y siempre inferiores a 3000 euros
"Los ingresos en
efectivo-continúa el informe- se realizaron en oficinas de Pozuelo de Alarcón y
en ninguno de los casos se declaró el concepto. La mayoría de estas
operaciones-añade- se hicieron por un importe inferior a 3000 euros"
Desde la dirección
del PP aseguran que Ana Mato nunca realizó movimientos en la cuenta investigada
a pesar de ser titular de la misma junto a su ex marido
Jesús Sepúlveda,
dimitió como alcalde de Pozuelo en marzo de 2009, tras ser imputado en el caso
Gürtel por haber cobrado presuntamente 420.000 euros en comisiones de la trama
de Correa a cambio de favores urbanísticos. Sin embargo, continúa ocupando un
puesto destacado en Génova ya que Rajoy lo contrató a las pocas semanas, como
asesor en materia electoral.
Otros 60.000 en
"cash" en la cuenta personal de Sepúlveda
Además de los cerca
de 180.000 euros en metálico ingresados en la cuenta de la que Mato es
cotitular, la investigación del caso Gürtel también ha hallado un número
importante de aportes en efectivo sin justificar en la cuenta personal del
Sepúlveda. 64.825 euros en "cash" entraron en la cuenta del asesor de Rajoy, en
pequeñas cantidades sin justificar.
El informe de la de
la Comisión de prevención del Blanqueo de Capitales precisa también que son
frecuentes los traspasos de cantidades entre la cuenta personal de Sepúlveda y
la que comparte con Mato. Además - recoge el informe- la cuenta personal de
Sepúlveda recoge una "transferencia mensual a favor de Ana Mato Adrover" en
concepto de pensión tras el divorcio.
COMUNICADO DE ANA
MATO
Ante la información
difundida esta mañana por la Cadena SER, Ana Mato quiere aclarar lo siguiente:
"Ante la gravedad de
la información que se está trasladando a la opinión pública y que sólo tiene
como finalidad dañar mi imagen y la de mi Partido, ya que no existe ningún hecho
ni ningún dato que pueda hacer albergar ni siquiera la más mínima duda de mi
responsabilidad con las cuestiones que se están investigando, le exijo que deje
de utilizar mi nombre en dichas informaciones.
De no hacerlo así,
adoptaré de inmediato las acciones judiciales que correspondan".
www.cadenaser.com 11.04.10
ESPERANZA AGUIRRE NO
DESTAPÓ LA GÜRTEL
Según revela un
informe, autorizó la venta y los pliegos de condiciones que incluían los
sobreprecios
La Cadena SER ha
tenido acceso al informe oficial que revela que el número dos de Esperanza
Aguire, Ignacio González, autorizó la venta de las polémicas parcelas del
municipio madrileño de Majadahonda. El vicepresidente de Madrid firma
textualmente que su "consejería es competente para autorizar la enajenación
de las parcelas, ya que sobrepasan el 25 por ciento de los recursos del
presupuesto municipal", hecho que ha negado Aguirre en los últimos días.
Era junio de 2004 y
el informe iba dirigido, entre otros, al director general de cooperación con la
administración local y al ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, hoy
imputado por múltiples delitos en la trama Gürtel.
Tras la aprobación
del Gobierno de Aguirre hubo un conflicto entre promotores. Cinco meses más
tarde del sí de González, se abrieron las ofertas. El arquitecto municipal votó
a favor de Proinsa, vinculada presuntamente a los intereses de Correa. A la
semana el mismo arquitecto cambió de opinión y ganó otra promotora distinta,
Afar 4. Fue entonces cuando se desató la discusión interna en el Partido Popular
y el concurso se anuló. La operación se resolvió con la salida del alcalde de
la localidad y dos concejales de la Corporación municipal, uno de ellos,
José Luis Peñas, fue quién denunció a la policía el caso Gürtel.
Esperanza Aguirre,
lejos de denunciar al ex alcalde popular Guillermo Ortega, por lo que hoy dice
fue un intento de pelotazo, le hizo dimitir para premiarle con la gerencia
del Mercado de Puerta de Toledo, que depende de la Comunidad de Madrid, con
un sueldo mayor al que tenía.
www.cadenaser.com 11.04.10
LA HISTORIA QUE ESCONDÍA EL 'PENDRIVE'
La información descubierta por la policía en la memoria
electrónica destripa la trama corrupta en MadridEl ex
consejero de Aguirre era el conseguidor de la trama
Gürtel en el Gobierno regional - Otros cargos públicos
también se lucraron
La mañana del viernes 6 de febrero de 2009 dos policías de
paisano se presentaron en la oficina de José Luis
Izquierdo en el número 40 de la distinguida calle de
Serrano de la capital. Llamaron a la puerta. Tardaron
unos minutos en abrirles, lo suficiente para que a
Izquierdo le diera tiempo a buscar algo y esconderlo.
Esperaba la visita en cualquier momento. La policía
registró el despacho. Después lo acompañaron a su casa y
allí se percataron de que el tipo guardaba algo. Su
actitud era rara; no sacaba las manos de los bolsillos.
Los policías de la Unidad de Blanqueo de Capitales,
acostumbrados a tratar con chorizos que se deshacen de
la información comprometida, sospecharon. Le pidieron
que se vaciara los bolsillos. Sacó unas llaves y un
móvil. Tuvieron que insistir. Sacó un fajo de billetes
que aún llevaba en los pantalones y algo más que
guardaba en el puño apretado. Hubo un forcejeo y por fin
lo soltó. "Casi tuvimos que vaciarle los bolsillos a la
fuerza", contó después uno de los agentes al juez.
-
La policía casi tuvo que vaciar a la fuerza los
bolsillos del contable
-
Garzón ordenó un registro simultáneo en una decena
de oficinas
-
El sumario revela una trama de tintes gansteriles y
de obediencia al líder
-
La Comunidad de Madrid otorgó 367 contratos a
empresas de Correa
-
El ex consejero reservaba para la trama un 2% de sus
adjudicaciones
Lo que Izquierdo guardaba tan celosamente era un aparatito de
unos pocos centímetros, un pendrive que contenía
varias hojas de cálculo: la contabilidad de la trama del
caso Gürtel, la mayor red de corrupción en
Madrid. Sobre la mesa del comedor había algo más: una
gruesa carpeta azul con el nombre "Caja B". En su
interior había otras carpetillas de cartón con hojas
manuscritas con más registros contables. Eran las tripas
del Gürtel. Filas y filas de meticulosos apuntes con
nombres e iniciales de alcaldes, diputados regionales, y
altos cargos del Ejecutivo de Aguirre y del PP. Eran
registros de entradas y salidas de dinero. Mucha pasta
que iba y venía en sobres para pagar comisiones. Y
demostraba que el dinero cambiaba de manos con una
facilidad pasmosa.
Ese mismo día, la policía registró una decena de despachos
profesionales, empresas y ayuntamientos de Madrid. A la
misma hora que Izquierdo escondía con tanto ahínco el
pendrive, dos agentes se presentaban en el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte. El funcionario que
controlaba el acceso a las dependencias municipales se
quedó estupefacto cuando los agentes le mostraron una
orden firmada por el juez Baltasar Garzón. Tenían
instrucciones de recabar documentación sobre contratos
municipales con varias empresas: Pasadena Viajes,
Special Events, Easy concept y TCM... Lo mismo pasó en
Majadahonda, a la misma hora, cuando otros dos policías
mostraron otra orden judicial. Fue el inicio de la
investigación de la operación Gürtel, que ha salpicado a
otros dos Ayuntamientos madrileños (Arganda y Pozuelo) y
ha desvelado prácticas irregulares en más de un centenar
de contratos de la Comunidad de Madrid. Una decena de
altos cargos del PP de Madrid están imputados por
cohecho... y un racimo de delitos que tienen que ver con
su participación en la trama de corrupción dirigida por
Francisco Correa.
La contabilidad paralela de dinero negro hallada en la casa de
Izquierdo contenía archivos personales. "Cuenta A. L. V.
- Alberto López Viejo.xls". Allí, bien apuntadas, con
fecha y concepto, aparecían las entregas. Izquierdo
resultó ser el contable de la red de Correa: las
empresas que organizaban los actos públicos de la
Comunidad de Madrid e intermediaban para hacer negocios
con los Ayuntamientos de Boadilla, Majadahonda, Pozuelo,
Arganda... gobernados por el PP.
Días más tarde, cuando Izquierdo fue interrogado por la
policía, reconoció haber recibido un sobre con un millón
de euros. "Es una cantidad que psicológicamente se te
queda grabada. No eran sólo billetes de 500. Había, creo
recordar, de 500, de 200, de 100, pero eran
variados...". Una forma de hacer negocios digna de una
película de Scorsese. En un arranque de originalidad, el
capo de la organización pidió a su contable que le
llamara Don Vito, según relató Izquierdo ante el
juez. "Seguí la instrucción, pero con la sensación de no
saber si me lo estaba diciendo en broma o en serio... A
partir de ahí le llamaba así, para que viera que sigo al
pie de la letra sus instrucciones".Francisco Correa
anidó en Madrid. Comenzó organizando viajes para el PP
de José María Aznar. El negocio prosperó. Se encargaba
de los actos públicos del partido. Hizo muchísimo
dinero. Pero algo cambió. Cuando el PP perdió las
elecciones en 2004, la dirección dejó de contratarle. En
Madrid, el PP regional también dio órdenes de que
corriera el aire. Y eso a pesar de que alguna de sus
empresas había organizado actos para Esperanza Aguirre
en las autonómicas de 2003. La parte del sumario hecha
pública esta semana apunta a una posible financiación
ilegal del partido en esas fechas.
Correa entonces recurre a los chicos que conocía, que para
entonces ya habían medrado en el partido. Jóvenes que
ingresaron en Nuevas Generaciones y que con los años
ocuparon cargos públicos: Arturo González Panero,
alcalde de Boadilla; Guillermo Ortega, de Majadahonda;
Ginés López, de Arganda. Todos están hoy imputados por
el caso.
Tampoco le dejó tirado Alberto López Viejo, ex consejero de
Deportes de Madrid, que lo conocía porque se había
encargado de organizar actos electorales de Aguirre.
Había aprendido a hacer negocios cuando era concejal de
Limpieza en Madrid, entre 1999 y 2003. Entonces adjudicó
varios contratos a la empresa Sufi. El presidente de
esta sociedad, Rafael Naranjo, ganó un concurso de
limpieza en Moratalaz (48 millones) después de pagar una
comisión a Correa, según consta en el sumario. El hijo
de Naranjo relata al juez que lograron otros contratos
en los que se les obligaba a reservar un 2% a "campañas
de comunicación". Para ello, desde el propio
Ayuntamiento, explica, les obligaban a contratar a
empresas del Gürtel. Recibían las facturas y las
pagaban, sin saber realmente adónde iba el dinero.
Años después, López Viejo se convirtió en "el muñidor". La
puerta de entrada a los jugosos contratos de la
Comunidad de Madrid. Cuando Aguirre ganó las elecciones
en 2003, lo nombró viceconsejero de Presidencia. Se
convirtió en el niño bonito de la presidenta. Lo
ascendió y lo convirtió en consejero. Cuando estalló el
caso Gürtel, lo defendió hasta que cayó por su
propio peso.
López Viejo llevaba la agenda de la presidenta, supervisaba
todos los actos que se organizaban en Sol, sede del
Gobierno regional. Y controlaba el presupuesto para
ello: dinero a espuertas. Fraccionaba los contratos para
eludir los concursos públicos y se los daba a dedo a
empresas de Correa. Como resultado, la Comunidad de
Madrid adjudica hasta 367 contratos a la red corrupta.
De ellos, 105 de forma irregular, según un informe
pericial incluido en el sumario.
Por hacer eso, se llevaba su parte, claro. Según revelan los
archivos del pendrive y las notas de la carpeta
azul intervenidos a Izquierdo, 345.000 euros. No todo
fue en metálico. También hubo relucientes relojes
comprados en la joyería Suárez. Y coches y viajes a todo
trapo. El propio Correa define ante el juez los actos
que organizaban con el ex consejero como "chorizadas".
Los tentáculos de Correa se extendían allí donde gobernaban
sus amigos. El capo de la trama solía alardear de
que tenía a González Panero, ex alcalde de Boadilla,
comiendo de su mano. Así, literal, lo declaró Isabel
Jordán, una de las contables de la trama, ante el juez.
Esta confesó que Correa incluso lo extorsionaba con un
vídeo. "Me cuenta que en una mesa se sientan y le cogen
en vídeo al alcalde contando el dinero y repartiendo.
(...) Él dice: ¿No ves que lo tengo con ese vídeo
pillado?". Al alcalde y a otro edil del municipio. Del
que Correa, con su habitual verbo primoroso, afirma: "Se
caga, se hace caca".
Pero Correa pagaba bien sus deudas. Hizo buen negocio en
Boadilla. Logró más de 70 millones en contratos. Uno de
los más jugosos fue el de la Oficina de Atención al
Ciudadano: 560.000 euros al año. También se llevó un
buen pellizco por intermediar en la adjudicación de una
parcela pública a UFC por 35 millones.
Panero se benefició. Los investigadores creen que recibió de
la red de Correa 642.942 euros, entre efectivo y
regalos. En algún apunte contable figuraba, tal cual, el
concepto "Albondiguilla" -el ridículo mote que le puso
el capo-, junto a la cantidad de 300.000 euros. Entre
2002 y 2004, aparecen 24 pagos de facturas de lo más
dispares: viajes, trajes a medida, zapatos de la
exclusiva Casa Exérez, un televisor de plasma de 4.000
euros. El contable de Correa dio instrucciones al sastre
para que le hiciera facturas a medida: como concepto
figuraba, entre otros, "vestuario de azafatas". Correa
no le debía de tener mucho respeto a Panero, a juzgar
por lo que el sastre contó a la policía: le dijo que era
"uno de esos alcaldes que no saben vestir".
Seguramente Panero vivía ajeno a esas pequeñas humillaciones.
Era codicioso, le gustaba ostentar y su tren de vida era
como para pasar por alto eso y más. En Miami se alojó
dos veces en el hotel de superlujo Mandarin Oriental. Y
allí, nada de sandwiches. En "comida y varios" se dejó
4.109 euros en apenas cuatro días. Los agasajos llegaron
hasta el punto de que Correa le pagó el viaje de bodas
al hermano de Panero, Pablo. Dos semanas en las islas
griegas que salieron por 4.517 euros. Sólo en regalos,
Panero costó casi 50.000 euros.
Boadilla era la gallina de los huevos de oro, el epicentro de
la trama. Allí tenía Correa a uno de sus hombres
fuertes, el diputado regional Alfonso Bosch Tejedor,
gerente de la EMSV y otro de los imputados. Era otra
"persona de confianza en puesto clave", le define la
Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF). Era
íntimo de López Viejo y tenía confianza con Correa,
según declaró un testigo ante el juez. Bosch recibió
250.562 euros de la trama. Entre ellos, un sobre con
120.000 en metálico, según la carpeta azul de Izquierdo.
Conocía los negocios de la trama en Boadilla. Cuando los
agentes judiciales acudieron a la Empresa Municipal de
Suelo de Boadilla (EMVS), Bosch fue el encargado de
preparles los expedientes y ocultó documentación, según
varios funcionarios.
Después del fiasco de 2004, el capo de la trama colocó a Tomás
Martín Morales en Boadilla, en plan pionero en busca del
oro de una ciudad en pleno desarrollo urbanístico y
situada en el top five de la renta per cápita.
Había pasado por Arganda del Rey y había tenido algún
lío en el partido. Panero lo colocó en la EMVS, junto a
Bosch. Allí decidía, y mucho. Era conocido en la
localidad como "el alcalde en la sombra". Fue, según el
sumario, uno de los que más dinero recibió de la trama:
casi 900.000 euros. Sólo 15 días después de aprobar la
adjudicación de una parcela municipal a UFC, una
constructora afín a Correa, cobró 660.000 euros, según
la investigación policial contenida en el sumario.
Martín Morales dejó amigos en Arganda. El alcalde, Ginés
López, y el ex concejal de Obras y diputado regional,
Benjamín Martín Vasco. Entre 2003 y 2007, ambos
dominaron el municipio. Eran uña y carne. Hacían y
deshacían a su antojo. Hasta que algo les separó. López
realizó 32 contratos con la trama por más de un millón
de euros. El ex alcalde se servía de la empresa
municipal de Fomento para eludir controles. Al frente
estaba Martín Vasco. Ambos fueron recompensados por
Correa, quien pagó un viaje a Ginés López, su esposa y
sus niñas a Orlando. También unas vacaciones de lujo en
Sancti Petri (Cádiz). Por si fuera poco, recibió sobres
por 523.439 euros por adjudicar proyectos urbanísticos a
una constructora. "A Benjamín le pagaron mucho dinero.
Era un corrupto como Paco [Correa]. Le dieron una tajada
gorda y cada año le seguirán dando", cuenta la contable
de la trama en una grabación. Bosch, López Viejo y
Martín Vasco continúan como diputados no adscritos en la
Asamblea de Madrid. Esta misma semana dos de ellos
votaron con el PP.
Correa era gran amante de los motes afectuosos; tenía
para todos. A Ginés le llamaba el Gafitas y a Guillermo
Ortega, ex alcalde de Majadahonda (entre 2001 y 2005),
el Rata. Allí fue donde, en un alarde de omnipotencia,
Don Vito llegó a colocar a su esposa, Mari Carmen
Rodríguez, como jefa del gabinete. A cambio, este no se
cortaba un pelo: ocho coches, cuatro motos y un barco. Y
los relojes, que eran su pasión. Un testigo llegó a
decir que era un "descerebrado" de estos caprichos.
Según el sumario, la red le entregó 216.000 euros, le
financió viajes y cruceros y hasta le pagó el abono del
Atlético. Correa hizo con él hizo buenos negocios, como
la concesión de la Oficina de Atención al Ciudadano
(600.000 euros al año). Pero Ortega metió la pata. Quiso
subastar dos parcelas municipales a un precio de risa.
Aguirre se enteró -de ahí el famoso "yo destapé"- y
Ortega tuvo que dejar la alcaldía.
A pesar del escándalo, el partido le buscó un acomodo digno en
el mercado Puerta de Toledo. Pero el mal ya estaba
hecho. Uno de sus ediles, José Luis Peñas, se presentó
en Anticorrupción con dos años de grabaciones
clandestinas. Denunció el pastel. Dos años después, la
policía entró en casa del contable de Correa. Y allí
estaba el pendrive.
Conversaciones incluidas en el sumario
- Correa sobre el ex alcalde de Boadilla,
Arturo González Panero: "Si doy la cinta que
tengo del Albondiguilla [mote con el que se conocía a
Panero], se caga. Pero también voy yo al trullo, y
además quiero seguir haciendo negocios en Boadilla".
- Francisco Correa al ser cuestionado sobre
el vídeo en el que supuestamente aparecía el ex alcalde
de Boadilla contando dinero: "Bueno yo no tengo ninguna
cinta grabada, habrá que ver en qué contexto se hizo
eso, habrá que ver si estábamos después de una cena en
risas y con alguna coca-cola de más".
- En una conversación grabada a la contable de una
de las empresas sobre el diputado madrileño Benjamín
Martín Vasco: "A Benjamín le pagaron mucho dinero.
Era un corrupto como Paco. Le dieron una tajada gorda y
cada año le irán dando".
- Francisco Correa sobre Alberto López
Viejo en una conversación grabada: "De cada acto que
hacíamos de la Comunidad de Madrid se llevaba una pasta
Alberto". "Todos los actos son chorizadas, todos".
- Pablo Crespo, lugargeniente de Correa sobre
López Viejo en una grabación:" El organizador de todo es
Alberto (...) Alberto López Viejo, como viceconsejero de
Presidencia, era el muñidor de toda la operativa. Él
decía: ' Ahora es un acto de Sanidad, que cuesta 80.000
euros y facturáis 11.900 IVA incluido, a fulanito a
través de uan empresa, otros 11.900 y pico". - El
contable de Correa sobre el diputado regional Alfonso
Bosch ante el juez: "Conozco a Alfonso Bosch, me suena
que es un amigo de Pablo [Crespo]. Lo he visto un par de
veces por la oficina. Crespo me dio un sobre con 120.000
euros para que se le entregara a este señor"
www.elpais.es 11.04.10
TRES AVISOS PARA AGUIRRE
¿Sabía Aguirre lo que se cocía entre sus distinguidos cargos
electos? Lo que está claro es que, al menos, pudo
saberlo. Una primera pista fue el caso Majadahonda.
La presidenta se enteró en 2004 de que el alcalde,
Guillermo Ortega, pretendía subastar dos parcelas
municipales por un precio irrisorio, muy inferior al de
mercado. La alerta procedía de 12 de los 15 ediles del
grupo municipal, a los que aquello les parecía un
disparate. El escándalo urbanístico acabó con Ortega
obligado a dimitir y relegado a dirigir una empresa
regional y dos concejales convertidos en ex ediles. "Lo
hice sin saber nada de lo que había detrás", dijo
Aguirre el viernes, rectificándose a sí misma y a su "yo
destapé" del día anterior.
-
La líder ordenó a López Viejo en 2005 dejar de
contratar a Special Events
Poco después de que estallara el caso Majadahonda, en
marzo de 2005, Interviú publicó un reportaje en
el que sugería que las "amistades peligrosas" de
Alejandro Agag se estaban forrando con adjudicaciones de
Majadahonda y de la Comunidad de Madrid. El artículo
aseguraba que Alberto López Viejo, entonces
viceconsejero de Presidencia, influía para que las
concesiones de la organización de actos se las llevaran
Special Events y Down Town Consulting. Aguirre ha
contado que ordenó -con "instrucciones clarísimas"- a
López Viejo cortar por lo sano con Special Events. Según
dijo, el viceconsejero la engañó luego al contratar a
otras empresas del conglomerado Gürtel. Él les cambió el
nombre y en lugar de Special Events, adjudicó a Easy
Concept y Servimadrid, entre otras, pero todas eran de
la red de Correa.
Aguirre aún tuvo una tercera ocasión de enterarse de que algo
olía a podrido entre sus filas. En septiembre de 2006,
un concejal de Alternativa por Boadilla, Ángel Galindo,
escribió a la presidenta para informarle de que el
Ayuntamiento había adjudicado una parcela municipal a
UFC por 35 millones de euros. Pretendía construir 135
viviendas de lujo. En el procedimiento "participaron
diversas empresas que ofertaron más de 39 millones",
añadía. Y aportaba un certificado del Ministerio de
Trabajo en el que constaba que UFC nunca había estado
inscrita en la Seguridad Social, lo que impide que pueda
lograr una adjudicación pública. UFC pertenecía a José
Luis Ulibarri, el principal empresario imputado en el
Gürtel, al que se investiga por si pagó tres millones de
comisión por otra concesión en el municipio (las
viviendas de Boadilla Park).
El juez
investiga la financiación ilegal del PP
En el
sumario hay una carpeta de la trama que sugiere pagos
electorales
El juez del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM) Antonio Pedreira ha pedido a la
Fundación para el Desarrollo Económico y Social
de la Comunidad de Madrid (Fundescam), una
entidad que ha encargado actos electorales para
el PP, información sobre los pagos sospechosos
aparecidos en las anotaciones de la caja B de la
trama corrupta de Francisco Correa, según han
confirmado fuentes oficiales a este diario. Por
su parte, la fiscalía sospecha que podría
haberse producido falsificación de facturas por
parte de las empresas de la red para financiar
actos electorales del PP en Madrid.
El
instructor del caso ha dictado una providencia
requiriendo a Fundescam sus actas contables, los
recibos y la justificación de los actos
realizados en los periodos señalados en la
documentación incautada como consecuencia de los
registros del caso Gürtel. La
documentación requerida, según fuentes
oficiales, hace referencia al tiempo en el que
Pío García Escudero era presidente del PP de
Madrid y Ricardo Romero de Tejada ocupaba la
secretaría general.
A la
vista de las peticiones del Ministerio Público,
el magistrado estaba obligado a abrir pieza
separada por este asunto y tramitar la obtención
de los documentos, que a día de hoy aún no han
sido remitidos al TSJM. Según explicaron fuentes
fiscales a Europa Press, el presunto delito a
investigar en esta pieza separada sería el de
falsedad de documento, puesto que un posible
delito electoral habría prescrito, al tratarse
de asuntos referidos a 2002, 2003 y 2004.
Esta
investigación arrancó de la presentación por
parte del PSM en mayo del año pasado de tres
denuncias contra el PP de Madrid. La primera,
ante la Fiscalía Anticorrupción, por un delito
de cohecho que se habría cometido por la
presunta financiación ilegal a través de
Fundescam, al hacer recibido ésta,
supuestamente, donaciones preelectorales a cargo
del presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
y de otros empresarios.
Asimismo, el PSM interpuso una denuncia ante la
Junta Electoral por "utilización de fondos no
declarados para actos de campaña a través de un
delito electoral" y una tercera ante el Tribunal
de Cuentas por falsificación de documento
mercantil relacionado con la posible
financiación irregular del PP en un proceso
electoral. En este sentido, el PSM señala que
pese a la interpretación de la Fiscalía de que
podrían haber prescrito los delitos electorales,
su opinión es que una parte de los mismos no lo
estaría, ya que el tiempo comienza a contar
cuando el PP presentó las cuentas ante la Junta
Electoral.
El
sumario del caso Gürtel, hecho público
esta semana, incluye una carpeta bajo el nombre
"PP de Madrid" donde se incluyen las facturas
emitidas por la trama por actos del partido
entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004. En
este documento figuran los archivos "Cambios de
facturación 2003-2004.bárcenas.xls" y
"facturación PP Madrid", donde se detallan las
facturas emitidas por la trama por actos del PP
madrileño. Aparecen como clientes el PP de
Madrid, el Grupo Popular del Ayuntamiento de
Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y el PP
nacional. En el apartado de concepto figura la
descripción del acto realizado, como "la campaña
autonómicas E. Aguirre", "campaña elecciones
generales 2004 Madrid" o "congreso regional PP
Madrid". En el archivo sobre "Cambios de
facturación 2003-2004-bárcenas.xls" hay detalle
de facturas con cambio de entidades. Los
clientes eran el PP de Madrid, Fundescam y el PP
nacional.
Además, en esta carpeta aparece en la parte
inferior "unos datos relativos a una demanda de
la sociedad Special Events contra el PP de
Madrid", por suspensión de pagos a estas
empresas.
www.elpais.es
10.04.04
"A Granados le quitaron
la consejería de obras porque ahí querían manejar el cotarro"
El sumario del
caso Gürtel es un campo de minas para el PP de
Madrid. Uno de los explosivos ocultos entre sus miles de
folios es una grabación de octubre de 2005 del ex edil de
Majadahonda Juan José Moreno -expulsado un mes antes del
grupo municipal popular- con el constructor Raúl Calvo (ex
directivo de Dico). En ella describen el funcionamiento
interno del partido en esa comunidad. Ambos atribuyen
vínculos con constructoras a diversos cargos, como Francisco
Granados, secretario regional y entonces además consejero de
Infraestructuras, o su antecesor al frente del partido,
Ricardo Romero de Tejada. Nexos que ambos siempre han
negado.
-
"Granados me dijo que Ortega cayó por cortar la
mano de Romero de Tejada"
-
"El
PP es un huevo de afiliados que están pagando
por estos golfos"
Moreno evidencia
dónde queda la autonomía municipal cuando se habla de Madrid
y del PP: "Aquí el principal problema, lo tengo clarísimo,
es que al final todo depende de lo que diga la Comunidad,
que al final tu amiga y mi amiga Esperanza dice aquí no se
hace un colegio porque hay que hacerlo en Parla por cojones,
pues no se hace el colegio y todo el mundo a callar,
aguantar, y el alcalde de turno o el concejal, a intentar
defender lo indefendible en el pueblo".
Este ex concejal
del PP detalla las claves de la caída en desgracia de
Guillermo Ortega, ex alcalde de Majadahonda imputado en la
trama y cuya salida forzó en 2005 Esperanza Aguirre:
J. J. M.:
Guillermo cometió la imprudencia que nos dijo Paco Granados
en su despacho el día que fuimos a verlo ya como secretario
general, que nos llamaron cuando todo el follón, y empezó
(...) diciendo el problema de Willy es que ha cortado la
mano de Ricardo Romero de Tejada [ex alcalde de Majadahonda
y ex secretario general del PP madrileño] y, como le dije
yo, Paco no me digas eso, era lo que veníamos a decirte
nosotros a ti.
R. C.:
No, ése era un problema, pero un problema menor.
J. J. M.:
Pues yo creo que es ahí donde radicaba todo, que Ricardo no
le dejó moverse.
R. C.: El
problema mayor es que [Ortega] pidió dinero a alguien y
luego no lo devolvió.
J. J. M.:
Nos ha llegado que había habido gente que había puesto
dinero para la campaña y al final se la quedó él
R. C.: No
para la campaña.
J. J. M.:
A nosotros nos había llegado que para la campaña de las
elecciones generales, para Génova.
R. C.:
Muchas pelas, y no tenía cómo devolverlas. Paco Granados no
lo iba a decir porque es imposible.
J. J. M.:
Sí, porque a lo mejor ni lo sabía.
R. C.:
Pero si lo utilizaron contra [Ortega]... te tienes que ir.
Los
interlocutores se espantan de cómo Ortega no hizo frente a
Aguirre y no utilizó los datos sobre presuntos negocios
turbios que tenía contra sus hombres de confianza.
R. C.: Yo
soy él y sabiendo lo que sabía él, porque lleva muchos años
con ellos, junto con Ricardo [Romero de Tejada], junto con
Narciso [Foxá, sucesor de Ortega en la alcaldía y hombre de
confianza de Romero de Tejada], y tú me vas a va amenazar a
mí, aquí nos vamos todos para adelante.
La conversación
prosigue.
R. C.: Y
luego te contaré más. Hablé con David Marjaliza, sabes quién
es [Marjaliza es un constructor que maneja decenas de
empresas inmobiliarias y que ha operado mucho en Valdemoro,
que fue gobernada por Granados como alcalde].
J. J. M.:
David Marjaliza. No sé quién es.
R. C.: El
tapado de Granados.
J. J. M.:
No sé quién es, no lo conozco.
R. C.:
Mejor que no lo conozcas.
El ex concejal
del PP destaca el doble lenguaje de Granados en estos
asuntos.
J. J. M.:
Paco es un tío que me caía bien. Pero es un tipo que a mí
jamás ha sido capaz de quitarme la razón en el despacho en
las reuniones y, sin embargo, es un tío que en la prensa nos
ha puesto a caer de un burro. Si hemos estado hablando los
dos tranquilamente y no ha pasado nada. Y siempre nos ha
dicho, callaos, aguantad, pero tío, si no me estás quitando
la razón, y se lo dije.
R. C.: Tú
olvídate de Paco Granados.
J. J. M.:
Sí, porque le han cortado las alas. No tengo ni idea pero
Nacho González [vicepresidente de Aguirre] le ha metido un
hostiazo que lo ha dejado tiritando.
R. C.: Me
mosqueó el otro día un artículo que leí en el periódico de
que las iba a pasar canutas Granados al final porque no es
santo de la devoción de la presidenta.
J. J. M.:
A mí me parece raro que con los años que llevas en la
política no sepas que las cosas se mueven por determinados
intereses.
R. C.:
Sí, evidentemente. Y hay entes superiores que son los que
mueven los hilos. Paco se ha metido en camisas de once varas
y se ha metido con gente que no debería meterse, hay una
empresa por ahí... se ha metido en obras públicas...
J. J. M.:
Estaba claro que cuando le quitaron la consejería de la
infraestructura es por todo el tema de que ahí querían
manejar el cotarro.
R. C.:
Pero no es que maneje o no maneje el cotarro... Una empresa
recién salida de repente se pone a la altura... de...
J. J. M.:
De todas maneras, Dico se ha convertido en una pedazo de
empresón.
Calvo explica su
alejamiento de Dico, de la que fue director general: "Tanto
con Paco Granados como con David [Marjaliza] han tenido sus
líos con ellos y he preferido irme del tema".
Minutos después
hacen un análisis descarnado del partido.
R. C.:
No, el partido no funciona así, son las personas, que son
una puta mierda, y se les ha llenado el bolsillo
J. J. M.:
Tienes razón. Una buena amiga nuestra cenando nos decía una
noche eso del PP. No os equivoquéis, que el partido no es
esta gentuza, que el partido es mucha más gente que ésta,
esta gente pasará (...) y el partido seguirá, la gentuza,
los golfos son éstos, no el PP (...), el PP es un huevo de
afiliados que están pagando por éstos pero éstos son unos
golfos, y coño volvemos a lo mismo, joder, que se lo han
llevado, si es que vosotros no sabéis qué hacer, vosotros y
vuestras tres generaciones siguientes las tenéis cubiertas,
económicamente, qué coño seguís queriendo ni parcelas ni
parcelos, ni esto ni lo otro, todo era porque aquí, no nos
engañemos, el tocar la línea de flotación de Cubo
[constructor investigado por presunto trato de favor en
Majadahonda durante la etapa de Romero de Tejada]...
Ambos describen
cómo los sucesivos alcaldes de Majadahonda han sido meros
títeres de Romero de Tejada.
J. J. M.:
Ricardo deja al tonto, deja al tonto, si eso lo sabemos
todos, porque es manejable.
A renglón
seguido, ambos cruzan datos sobre Granados.
J. J. M.:
No puede volver porque me imagino que en Valdemoro Granados
tendrá sus cositas, como todos los alcaldes.
R. C.: Él
no tiene nada en Valdemoro, tira de David [Marjaliza].
www.elpais.es 10.04.10
Aguirre admite que
destapó el caso sin saber qué había detrás
La
dirigente del PP se atribuyó el origen de las investigaciones
La Comunidad de
Madrid está infectada por el caso Gürtel. Contrató en
367 ocasiones a la trama corrupta, y un tercio de esas
operaciones fueron irregulares, según un informe recogido en
el sumario del caso hecho público esta semana. Por eso, la
presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, se esfuerza estos
días en lanzar una imagen de contundencia contra la
corrupción. Habla del asunto en cada acto público en el que
participa, exigiendo responsabilidades y firmeza.
Ese empeño
provocó que el pasado jueves se atribuyera el inicio de las
investigaciones de la trama Gürtel. "Me siento especialmente
satisfecha de haber sido una parte importante, la causante,
de que este caso se destapara", afirmó en una respuesta al
PSOE en la Asamblea de Madrid. La presidenta exageró, y ayer
tuvo que matizar sus palabras: "Hay que dar una explicación
un poquito más extensa".
Aguirre relató
que, cuando se atribuyó el inicio de esa investigación, se
refería a su intervención en 2004 en el caso Majadahonda.
En esa trama urbanística, la presidenta regional impidió que
el alcalde madrileño vendiera dos parcelas del Ayuntamiento
por un precio muy inferior al de mercado, tras ser alertada
por 12 de los 15 ediles de su grupo municipal. "Lo hice sin
saber nada de lo que había detrás", dijo. "No tenía ni idea
de que todo esto tenía algo que ver con lo que ocurrió tres
o cuatro años después".
El caso
Majadahonda acabó con la dimisión del regidor, Guillermo
Ortega, y la expulsión del PP de dos ex concejales que le
apoyaban. Pero Aguirre colocó a Ortega al frente de una
empresa de la comunidad. Ahora, aparece en el sumario como
una de las personas que más dinero y regalos recibió del
entramado de Correa, cabecilla de la red corrupta. Además,
uno de esos ediles expulsados del PP, José Luis Peñas, fue
quien denunció a la trama ante la Fiscalía Anticorrupción.
Aguirre insiste
en que ha sido siempre contundente contra los corruptos.
Pero en el sumario se incluye una carta de funcionarios de
Boadilla del Monte, otro de los epicentros de la trama,
dirigida en 2007 a la presidenta madrileña, en la que le
alertaban de las prácticas irregulares del alcalde, Arturo
González Panero. En marzo de 2009, este ex regidor dimitió
tras conocerse que estaba imputado por su participación en
la red corrupta. Además, en septiembre de 2006, un concejal
independiente de Boadilla del Monte alertó a Aguirre de otra
adjudicación irregular. Tres años más tarde, la operación
que el edil puso en conocimiento de Aguirre figura en el
sumario como sospechosa.
www-10.04.10
AGUIRRE: "YO DESTAPÉ EL GÜRTEL"
Esperanza Aguirre (PP) no para de
lanzar mensajes exigiendo firmeza contra los corruptos. Clama que hay que hacer
purgas ante cualquier atisbo de sospecha o irregularidad y exige
responsabilidades. Ayer incluso se atribuyó el comienzo de las investigaciones
de la mayor trama de corrupción en la Comunidad de Madrid.
A su llegada a la Asamblea, antes
del pleno semanal, manifestó: "Me siento especialmente satisfecha de haber sido
una parte muy importante, la causante, de que este caso [el Gürtel] se
destapara". Se arrogó ese mérito por haberse opuesto "a que se vendiera, con
beneficio para el señor Correa y el resto de los miembros presuntos de esta
trama, por menos de la mitad de su precio, una parcela en Majadahonda". Y
concluyó: "Ahí se destapó todo esto".
Se refería al caso Majadahonda, que
estalló en 2004, por el cual el Ayuntamiento majariego pretendía subastar dos
parcelas de forma supuestamente irregular. El asunto acabó con la salida del
alcalde Guillermo Ortega, sustituido por Narcisó de Foxá, y la expulsión de dos
ediles del PP. Uno de ellos, José Luis Peñas, fue el que denunció hace un par de
años las operaciones del Gürtel ante el juez.
A pesar de que la causa del caso
Majadahonda fue archivada por el Supremo, durante meses los dos concejales
expulsados del PP acusaron a Aguirre de conocer la trama.
La presidenta regional colocó a
Ortega como presidente del Mercado Puerta de Toledo. El sumario del Gürtel
señala a Ortega como una de las personas que más se enriqueció gracias a la
trama. Recibió dinero, varios relojes y disfrutó de caros viajes. Un informe de
la policía sostiene que durante el mandato de Ortega en Majadahonda (entre 2001
y 2005) se produjo la entrada de las empresas de Correa en el municipio mediante
la adjudicación de contratos a sus empresas. En el pleno de la Asamblea de ayer,
Aguirre hizo gala de "la celeridad con que el PP de Madrid" y ella misma han
"reaccionado" ante el caso de corrupción, en el que "todas las personas
implicadas han asumido su responsabilidad política".
La dirigente del PP destituyó a
cuatro alcaldes imputados en la trama. También a Alberto López Viejo como
consejero de Deportes, pero tardó ocho meses en expulsar a los diputados
imputados del Grupo Popular en la Asamblea, el propio López Viejo, Benjamín
Martín Vasco y Alfonso Bosch.
Además, pese a sus mensajes de
firmeza, protege a otro alto cargo imputado. Sergio Gamón, ex director de
Seguridad regional, implicado supuestamente en el caso del espionaje a políticos
del PP en Madrid. Ayer, Manuel Cobo, uno de los espiados, aseguró que "el PP de
Madrid se alinea con las tesis de los imputados".
Gamón, y tres asesores del consejero
de Interior, Francisco Granados, siguen encausados (por malversación de fondos
públicos) tras rechazar la jueza la pretensión de la defensa de cerrar el caso
por falta de pruebas. El vicepresidente regional, Ignacio González, afirmó ayer
por la mañana que Gamón no debe dimitir porque "no está imputado". González
mintió.
Además, el vicepresidente negó que
se arrepienta por contratar con empresas de la red corrupta, lo que la Comunidad
hizo en 367 ocasiones, según recoge el sumario, 105 de ellas juzgadas como
irregulares por los investigadores. "Estaban capacitadas para ejercer sus
actividades", justificó.Durante todo el día los dirigentes populares tuvieron
que esquivar las preguntas sobre el caso Gürtel. La red de Correa estaba bien
anclada en la Comunidad de Madrid. Entre 2004 y 2008, contrató en 367 ocasiones
con la Administración autónoma. Casi un tercio de esas operaciones fueron
irregulares.
Por la tarde, en el pleno de la
Asamblea se vivió un duro cruce de acusaciones entre la oposición y el PP.
Durante el turno de preguntas, Gregorio Gordo, portavoz de IU, pidió a la
presidenta que "empiece a tomar medidas" contra los diputados imputados:
"Todavía se sientan en el parlamento, votan a dos manos con el PP y ni siquiera
se siente un mal rollo con el resto del grupo popular", recalcó. La portavoz
socialista, Maru Menéndez, también preguntó a Aguirre por la vinculación del PP
con la trama, a lo que la presidenta respondió: "Comprendo que le moleste que
habiéndose hecho público el sumario yo no aparezca sino para ser insultada por
los miembros de esa trama", se pavoneó.
Además, sugirió al PSM que "tomase
ejemplo", por la "celeridad" con la que han reaccionado ante la corrupción.
"Todas las personas implicadas han asumido su responsabilidad política, no
tienen un solo cargo y han sido suspendidas de militancia", indicó y recordó que
hace tiempo, recordó: "Hace tiempo que ya pedí que los diputados deberían dejar
su escaño. Pero el acta no es propiedad de los partidos".
Aguirre se guardaba un duro golpe y
recordó que la fiscalía ha imputado por prevaricación a dos miembros que tienen
su butaca entre los socialistas, el ex alcalde de Leganés, José Luís Pérez Raez,
y la diputada Esperanza Rojas, según desveló poco después el vicepresidente
Ignacio González cuando se le preguntó a quién se refería.
(www.elpais.com,
09/04/10)
AGUIRRE DICE AHORA QUE "NO TENÍA
NI DEA" DE QUE "DESTAPARÍA" EL CASO GÜRTEL
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, aseguró hoy que "no tenía ni idea" en el año 2005 de que, al impedir la
venta de una parcela en Majadahonda a la mitad de su precio tasado,
destaparía el caso 'Gürtel'.
"En aquel momento no tenía ni idea
de que todo esto tuviera algo que ver con lo que ocurrió tres o cuatro años
después", afirmó Aguirre un día después de decir en la Asamblea de Madrid que
ella fue la causante de que se destapara la trama. Además, aseguró que "nunca"
pudo imaginar la repercusión que este caso tendría en el PP.
La jefa del Ejecutivo madrileño
recordó que todo el proceso se inició cuando en 2005 12 concejales del Grupo
Municipal de Majadahonda acudieron al PP de Madrid para decir "que no estaban de
acuerdo con el propósito del alcalde (Guillermo Ortega) de sacar un concurso
para vender una parcela cuyo precio estaba tasado".
Por potra parte, negó que el
Gobierno regional firmara un informe para vender esta parcela a mitad de precio,
sino que ese documento decía que el precio de los terrenos "no superaba el 25
por ciento del patrimonio de ese Ayuntamiento". "Eso es lo único que dije, no
que se aprobara la venta", indicó.
Aguirre puntualizó que para que un
ayuntamiento venda una parcela se exige un informe de la Comunidad de Madrid
"que no tiene que ver con el precio sino con la relación de esta parcela con el
patrimonio municipal".
(www.publico.es,
09/04/10)
EL SUMARIO PLANTEA LA POSIBLE
FINANCIACIÓN ILEGAL EN EL PP MADRILEÑO
Tanto la presidenta Esperanza Aguirre, como -ayer mismo-
el vicepresidente, Ignacio González, han negado que haya existido "financiación
ilegal" del PP de Madrid. Pero el sumario del
caso Gürtel aporta documentos que señalan la presunta
financiación ilegal del partido, además de informes policiales en los que los
investigadores destacan presuntos pagos que denotarían la misma cuestión.
En una memoria externa en poder de
la trama los investigadores descubrieron una carpeta con el epígrafe
"Facturación PP Madrid", en el que se sugiere que financió actos del PP. Un
documento de la Agencia Tributaria recogido en la parte del sumario
desclasificada el martes refleja que Special Events, una de las empresas de la
trama corrupta liderada por Francisco Correa, facturó a la Fundación para el
Desarrollo Económico y Social (Fundescam), vinculada al PP, en 2004 y que ha
encargado actos electorales para el partido. Un informe policial, por otro lado,
detalla cómo en un reparto de dinero entre los miembros de la trama por la
consecución de tres contratos en Boadilla del Monte, aparece una entrega de
30.050 euros bajo el concepto "campaña", 15 días antes de las elecciones
autonómicas de 2003.
Otro informe policial sobre el ex
alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, señala que Correa financia actos del
partido en el municipio, en concreto en las elecciones generales de 2004 y que
el dinero se ingresa en la cuenta de Ortega.
Tras el registro policial a la
vivienda de David Luis Cerezo, inmueble que los miembros de la trama encabezada
por Correa utilizaban como piso de seguridad, la policía descubrió, en una
memoria de almacenamiento externa, una carpeta dedicada al PP de Madrid. En uno
de los archivos, el titulado "Facturación PP Madrid", los investigadores
describen una tabla cuyo encabezamiento es "detalle de facturas emitidas por
actos del PP Madrid", entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004.
En el apartado de clientes, según el
mismo informe, aparecen el PP de Madrid, el Grupo Popular de Móstoles, el de
Majadahonda, Fundescam y el PP nacional. En el concepto, donde aparece la
relación del acto realizado, figura "campaña municipales y autonómicas Madrid",
"campaña autonómicas E. Aguirre octubre" o "campaña elecciones generales 2004
Madrid".
En otra carpeta denominada "cambios
facturación 2003-2004 Bárcenas", prosiguen los investigadores, los clientes que
figuran son PP de Madrid, Fundescam y PP nacional, y sus conceptos son
"elecciones autonómicas 2003, europeas 2004 y congreso regional 2004. En la
parte inferior del cuadro aparecen "datos relativos a una demanda de Special
Events contra el PP de Madrid. En una de las conversaciones que recoge el
sumario, Correa se queja de que el partido madrileño dejó de pagarle a partir de
2005. El sumario también contiene un informe de la Agencia Tributaria en el que
se refleja que Special Events facturó en 2004 a Fundescam 204.011 euros.
Un informe de la Unidad de Delitos
Económicos y Fiscales de la policía analiza una anotación manuscrita del
contable de Correa. En ese apunte se detalla el reparto de 288.485 euros entre
miembros de la trama. Los investigadores deducen que se trata de comisiones por
intermediar en la adjudicación de tres obras en Boadilla del Monte. Uno de los
conceptos es "campaña".
Según el informe, "no es desdeñable"
que el destino de dicha cantidad de dinero fuera algún tipo de gasto, generado
por algunas de las empresas de Correa, "y con origen en la campaña electoral que
se estaba llevando a cabo en esos momentos [autonómicas y municipales de 2003],
y cuyo beneficiario sería el PP de Boadilla del Monte". El documento recuerda
que el reparto se produjo el 9 de mayo de 2003, "16 días antes de la fecha de
las votaciones".
Entre las personas que recibieron
los sobres se encontraban, además de Correa (132.000 euros), siempre según el
informe, el entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (12.000 euros);
José Galeote Rodríguez (6.000 euros); y el gerente de la empresa municipal del
suelo local, Cesar Tomás Martín Morales (108.172 euros). Precisamente este
último tendría, según la policía, un papel fundamental en las adjudicaciones
llevadas a cabo por parte de la empresa del suelo municipal.
Pero además, y según confirmaron
fuentes del PP local a fue el coordinador de la campaña electoral del PP en
Boadilla. El actual alcalde del municipio, Juan Siguero, era el tesorero del
partido en 2003, y quien encabezó numerosas adjudicaciones de las que se
ausentaba Panero, tal y como constatan las actas municipales. Pero no sólo
aprobó estas adjudicaciones, sino que llegó a defender su limpieza, asegurando
que una de las operaciones investigadas se realizaba mediante un procedimiento
que evitaba "la especulación".
Otro informe de la UDEF sobre el ex
alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega, constata que Correa "financia actos"
del PP de Majadahonda, en concreto, "el relativo a las elecciones generales de
2004, que anota en la cuenta personal del ex alcalde".
(www.elpais.com,
09/04/10)
LOS TRES DIPUTADOS IMPUTADOS
DEBEN 431.830 EUROS A HACIENDA POR LO RECIBIDO DE LA TRAMA
Los tres diputados de la Asamblea de
Madrid imputados por el caso Gürtel, Alberto López Viejo, Benjamín Martín Vasco
y Alfonso Bosch, deben 431.830 euros a la Agencia Tributaria, según consta en un
informe de la Inspección Financiera y Tributaria incluido en el sumario del caso
hecho público el pasado martes.
El informe calcula la deuda
tributaria a partir de las entregas de dinero sin justificar detectadas a partir
de los registros contables que contenían tanto el pen drive como la carpeta azul
que la policía intervino a José Luis Izquierdo, contable de la red de empresas
de Francisco Correa.
Así, por ejemplo, entre 2004 y 2007,
Alfonso Bosch recibió, según los apuntes contables de la trama, 251.152 euros en
metálico, lo que origina una deuda con Hacienda de 108.733 euros, según la
Agencia Tributaria, que precisa que sus cálculos son provisionales.
Por su parte, el ex consejero de
Deportes, Alberto López Viejo, ingresó en ese mismo periodo 352.000 euros de la
trama encabezada por Correa. Al no declararlo le supone una deuda tributaria de
163.056 euros. También Benjamín Martín Vasco defraudó a Hacienda al esconder al
fisco 357.16 euros recibidos de la red 2003 y 2008, lo que genera una deuda
tributaria de 160.041 euros.
Estos diputados están en situación
de no adscritos después de que fueran expulsados del grupo popular tras
conocerse que recibieron regalos y dinero de la trama. Otros de los señalados
por la agencia como defraudadores son el ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda,
que ingresó de la trama 234.090 euros, por lo que debe al fisco 147.788 euros.
Así, de la misma forma, el ex alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, tiene
una deuda fiscal de 278.067 euros, el ex regidor de Arganda, Ginés López, de
237.793 euros y el ex gerente de la Empresa Municipal de Suelo de Boadilla,
Tomás Martín Morales, de 210.706 euros.
(www.elpais.com,
09/04/10)
UN PARQUE BAJO SOSPECHA
El municipio de Pozuelo de Alarcón,
gobernado por el PP, disfruta desde 2007 de un nuevo parque junto al arroyo Las
Cárcavas. El proyecto que ahora es la delicia de los ciudadanos costó cerca de
10 millones de euros, un 80% más del presupuesto inicial. El ingeniero
municipal, Leopoldo Gómez, redactó el proyecto e intervino en el concurso de
adjudicación otorgado a una unión temporal de empresas compuesta por EOC Obras y
Servicios y Acanto Instalaciones. Alfonso García Pozuelo Asins, imputado en el
caso Gürtel, era el administrador único de EOC. Este empresario "figura
mencionado en diversos documentos de la carpeta azul intervenida al contable de
Correa como la persona que entrega y recibe distintas cantidades de dinero, con
origen en comisiones entregadas a la organización de Correa como pago por su
intermediación ante distintas administraciones".
Ahora, un juez investiga al
ingeniero municipal después de que fuera denunciado por el grupo socialista
local por supuestas irregularidades en el proyecto de "acondicionamiento del
arroyo de Las Carcavas". Gómez, que lleva cerca de 25 años trabajando en el
Ayuntamiento, ya fue investigado por la fiscalía en 2002 por un supuesto delito
de negociaciones prohibidas. El fiscal aseguraba entonces que Gómez favoreció a
empresas vinculadas a él logrando adjudicaciones de obras por valor de 45
millones de euros.
El proyecto del parque de Las
Cárcavas fue adjudicado en marzo de 2006 por 4.570.814 euros. Unos meses más
tarde el coste de la obra se disparó hasta los 9.610.052 euros por añadidos y
modificados al proyecto original. El secretario municipal elaboró un informe en
el que señalaba algunas irregularidades y manifiesta: "La dirección facultativa
ha incumplido su obligación de pedir autorización previa para firmar un acta de
suspensión de las obras". Esta suspensión fue definitiva para elevar el
presupuesto final del proyecto. El secretario también añade que: "la
modificación del contrato es imputable directamente a la dirección
facultativa".
La concejal de Obras de Pozuelo,
Yolanda Estrada, es la responsable del proyecto del parque de Las Cárcavas.
Estrada está imputada en el Gürtel. En el sumario del caso se incluye un informe
de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía que investigó a Estrada, a
raíz de un anónimo que denunciaba "un cambio en el poder adquisitivo de la
misma, muy posiblemente de beneficios de dudosa procedencia".
En el informe policial, la policía
constata que Estrada compró un vehículo de lujo en noviembre de 2006 por un
importe de 42.000 euros y lo pagó en metálico. Pero los agentes no pudieron
relacionar los hechos con ninguna actividad irregular. El anónimo recibido por
la policía también se refiere al ingeniero municipal Leopoldo Gómez, "el cual
hace ostentación del uso de coches de lujo, y tiene o participa en un negocio de
hostelería por las cercanías del estadio de fútbol Santiago Bernabéu de
Madrid".
Por otra parte, según el sumario
publicado esta semana sobre el caso Gürtel, la ex concejal de Obras de Pozuelo
aparece en una de las conversaciones de la ex contable de las empresas del
cabecilla de la trama, Felisa Isabel Jordán. Ésta también está imputada en el
caso. Jordán se refiere a ella como una de las personas con las que hay que
contactar en Pozuelo.
Según un auto anterior del juez
Baltasar Garzón, que inició la instrucción del caso: "Una vez que Jesús
Sepúlveda ganó las elecciones en Pozuelo el grupo empresarial investigado empezó
a hacer eventos para este municipio y les compró el proyecto de la Oficina de
Atención al Ciudadano (OAC). La persona con la que contactaban en el
Ayuntamiento de Pozuelo era Yolanda Estrada, concejal de Obras".
(www.elpais.com,
09/04/10)
AGUIRRE IGNORA EL 'CASO GÜRTEL'
Por un lado le molesta el caso
Gürtel. En público, Esperanza Aguirre se muestra incómoda con la trama de
corrupción vinculada al PP. Su Gobierno contrató en 367 ocasiones con la red de
Francisco Correa. Pero en privado ignora todo el revuelo provocado por la mayor
trama de corrupción política de la Comunidad de Madrid. Parece que sólo le
interese ampliar su poder. Ayer, cuando arreciaba la tormenta provocada por la
apertura del sumario Gürtel, convirtió una reunión de la directiva del PP de
Madrid en un debate sobre la pertinencia de que Manuel Cobo, vicealcalde de
Madrid, sea el portavoz del grupo municipal del PP. Cobo ha sido suspendido de
militancia un año por arremeter contra Aguirre en una entrevista en EL PAÍS.
Por la mañana, Aguirre dejaba claro
que el PP sólo "tomará decisiones a la vista de novedades" y, como "no hay nada
nuevo", no hay nada que hacer. "EL PAÍS ya lo había revelado todo". Preguntada
sobre la posible financiación irregular del PP en Madrid a través de Fundescam,
zanjó: "Niego la mayor".
Por la tarde, convocó una reunión de
la junta directiva regional del PP. A través de unos monitores habilitados para
la prensa pronunció un duro discurso contra la corrupción: Y agregó sin citar
nombres: "La responsabilidad política dice que ante la aparición de una
razonable duda de la conducta de cualquier cargo público se le debe apartar de
las funciones que tenga en ese momento mientras se aclara la cuestión".
Acto seguido se encerró con los
miembros de la directiva. Allí sin cámaras, el concejal de Madrid Ángel Garrido,
muy próximo a Aguirre, aludió a "la responsabilidad" y a la "ética" para pedir
que Cobo abandonara la portavocía del PP. Los ediles gallardonistas se
enzarzaron en dura discusión con los aguirristas, según varios asistentes que
aseguraron que se preveía la discusión. Estaba preparada.
Los gallardonistas salieron en
defensa de Cobo. Esgrimieron que quienes pedían su cese confundían la pérdida de
condición de afiliado con la suspensión de militancia. Esta última es la sanción
que ha recibido Cobo y que no le inhabilita para ejercer de portavoz. Mientras
la tormenta Gürtel sacudía las cuadernas del PP, a Aguirre sólo le interesaba la
sanción a Cobo. Quiere su cabeza por ofenderla.
Para zanjar el debate concedió la
palabra al secretario general en Madrid, Francisco Granados, quien propuso a Ana
Botella como nueva portavoz. Granados olvidó que sólo el presidente del grupo,
en este caso Gallardón, puede proponerlo. Otras fuentes asistentes a la reunión
explicaron que la discusión se produjo en términos educados y que la presidenta
regional no esperaba el desencuentro. "Que se cumplan los estatutos", zanjó.
(www.elpais.com,
08/04/10)
BENJAMÍN MARTÍN VASCO: Boda y
luna de miel a costa de Correa
Muchos invitados no lo sabrían, pero
las sillas que usaron durante el banquete de bodas de Benjamín Martín Vasco
fueron pagadas por Correa. Lo mismo que la iluminación y la moqueta. Y el viaje
de luna de miel a la Polinesia, de 28.888 euros.
GUILLERMO ORTEGA: El alcalde que
coleccionaba relojes
Guillermo Ortega, ex alcalde de
Majadahonda, recibió al menos media docena de relojes de lujo de la trama. Se
pirraba por los relojes. Y también los viajes a todo trapo. Él y su familia
recorrieron media Europa con cargo a la red de Correa.
ARTURO G. PANERO: No sabía
vestir, pero se llevó el dinero
Le apodaban Albondiguilla y decían
de él que no sabía vestir, pero la trama liderada por Francisco Correa untó,
según el sumario, a Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, con la
cantidad más alta (a excepción de Bárcenas): 642.942 euros.
GINÉS LÓPEZ: Vacaciones con la
familia en Orlando
El ex alcalde de Arganda del Rey,
Ginés López, disfrutó de varios viajes pagados por la red de empresas de Correa,
según consta en una cuenta con su nombre hallada en los registros de dinero
negro de la trama.
JESÚS SEPÚLVEDA: Coches de lujo y
sobres de dinero
El ex alcalde de Pozuelo de Alarcón,
Jesús Sepúlveda, era el contacto entre las empresas de Correa y el PP entre 1994
y 2004. Recibía periódicamente sobres de dinero procedente de la contabilidad B.
Correa le regaló un Jaguar en 1999.
(www.elpais.com,
08/04/10)
POLÍTICOS A TODO TRAPO GRACIAS A
LA TRAMA
Los altos cargos madrileños
imputados en el caso Gürtel no tenían ningún reparo en aceptar regalos y dádivas
de la red corrupta, según los documentos del sumario desclasificado el lunes.
Los registros contables del entramado empresarial encabezado por Francisco
Correa hallados por la policía han destapado que diputados, alcaldes y altos
cargos vivieron a todo trapo gracias a las prebendas de la trama.
La relación del diputado regional y
ex concejal de Arganda Benjamín Martín Vasco con las empresas de la trama iba
más allá de pequeños regalos y atenciones. Las empresas de Correa pagaron parte
de su boda, celebrada el 9 de julio de 2004 en el palacio del Negralejo, en
Mejorada del Campo (Madrid). Los apuntes contables reflejan siete gastos
relacionados con el enlace de Martín Vasco. Incluyen desde el viaje de novios a
EE UU y Polinesia (28.888 euros), hasta el alquiler de las sillas (460 euros) y
el minibús para trasladar a los invitados (174 euros).
La cantidad total recibida por este
diputado madrileño entre 1995 y 2006 asciende a 345.166 euros, de los cuales
34.779 correspondieron a esa celebración, según un informe policial recogido en
el sumario. Además del viaje de novios, el contable de Correa anotó en la cuenta
de Martín Vasco un pago de 2.707 euros por dos noches en una suite del hotel
Ritz de Madrid y 1.500 euros del "juego de luces con láser" que se alquiló para
el evento.
Tras buscar las facturas de las
empresas que prestaron esos servicios pagados por Correa, la policía comprobó
que los importes coincidían con los apuntes de la contabilidad B anotados en la
cuenta del diputado madrileño. "Del análisis de dichas facturas se puede
establecer que la mercantil Special Events [una de las empresas de la trama]
corre con, al menos, parte de los gastos generados por el enlace matrimonial del
señor Martín Vasco", escriben los agentes. "No se ha encontrado anotación de
ningún tipo (...) donde se refleje el pago, por parte de Martín Vasco, de los
servicios detallados", añaden.
El diputado del PP en la Asamblea de
Madrid se dejaba agasajar con los viajes. Los registros contables reflejaban 42
asientos correspondientes a billetes de avión, hoteles y alquiler de coches por
un valor total de 67.197 euros.
El informe llega también a la
conclusión de que el alto cargo del PP cobró otros supuestos cohechos en
efectivo. La documentación incautada al contable de Correa, José Luis Izquierdo,
refleja tres entregas por 230.000 euros entre mayo y julio de 2005. De ellos, al
menos, 160.000 provinieron de los fondos que Correa mantenía en Suiza. "Con ello
se logra desvincular el dinero a disposición de Martín Vasco de las actividades
ilícitas realizadas en España, ocultando su procedencia, y se le transfiere a
otro lugar facilitando con ello el proceso de blanqueo", sostiene un informe
policial. Durante la época en que recibió todos esos regalos y dinero, Martín
Vasco era responsable de la empresa de Fomento y Desarrollo Municipal de
Arganda. El sumario contiene varias pruebas que reflejan que recibió dinero por
su intermediación para adjudicar suelo público a constructoras de la red
corrupta.
Las pesquisas policiales también
llegan a la conclusión de que Martín Vasco fue el destinatario de un reloj marca
Cartier que costó 3.975 euros. Esa suma también fue pagada por Special Events,
una de las empresas de Correa.
El ex alcalde de Majadahonda entre
2001 y 2005, Guillermo Ortega, recibió dinero, regalos, abonos para el estadio
Vicente Calderón, coches, viajes... Mantenía un elevado nivel de vida gracias a
las dádivas de la trama, según el informe policial. Ortega abrió las puertas del
Ayuntamiento a las empresas de Correa. La mujer del cabecilla de la trama,
Carmen Rodríguez Quijano, fue su jefa de gabinete. Y las empresas de la Gürtel
obtuvieron suculentos contratos en su municipio. Pero no lo hizo gratis.
En la contabilidad B de la red
Gürtel, custodiada entre otra documentación "comprometedora" en un piso de la
calle del General Martínez Campos, Guillermo Ortega constaba con el diminutivo
de Willy. Entre 2001 y 2004, el minucioso listado incluye varias facturas a una
joyería para Ortega por 72.538 euros.
Los agentes contrastaron esas pistas
con la facturación de distintos comercios y encontraron pagos de relojes de lujo
(algunos por más de 5.600 euros). Ortega se pirraba por los relojes. Eran su
pasión. Era un "descerebrado" de estos artilugios, según cuenta uno de los
testigos en su declaración ante el juez. En nueve años, adquirió hasta ocho
vehículos de lujo, cinco motos y un barco, según otro informe de la Agencia
Tributaria incluido en el sumario. La trama le pagó también los abonos de dos
temporadas (2003-2004) para ver los partidos del Atlético de Madrid Costaron
3.300 euros.
Ortega, llamado El Rata por los
cabecillas de la trama, paseó palmito por Marbella y Tenerife gracias al dinero
de Correa. Visitó Escocia, Munich y Venecia. Se fue de crucero por el Atlántico.
No viajaba solo. Recorrió parte de Europa con su mujer, Gema Matamoros, su
hermano Enrique y con los ex ediles del PP de Majadahonda Juan José Moreno y
José Luis Peñas (la persona que presentó la denuncia que destapó la trama).
En febrero de 2003, Ortega pasó
cuatro noches en Marbella en un hotel de cinco estrellas a pie de playa por más
de 3.500 euros. En Venecia, se alojó en otro hotel de cinco estrellas al borde
de un canal donde durmió sólo una noche antes de embarcarse en un crucero por la
costa Atlántica con dos suites panorámicas. Iban tres adultos y tres niños. El
paseo, de ocho días, costó 19.838 euros.
El informe establece conexiones
claras entre los pagos de las empresas y el tren de vida del entonces alcalde de
Majadahonda. Dos de las empresas adjudicatarias de contratos municipales -Licua,
que obtuvo contratos de limpieza, y Coarsa, que construyó parte del hospital
Puerta de Hierro- pagaban "facturas ficticias" a la trama que servían para
"descontar los gastos generados por los distintos servicios prestados" a Ortega.
También se cargaron facturas por 120.000 euros a la Oficina de Atención al
Ciudadano, adjudicada a la firma TCM perteneciente a la red, para pagar los
gastos del alcalde. Y otro paso más: el sumario relaciona la entrega de esos
regalos con las etapas concretas en las que el Ayuntamiento de Majadahonda
elaboraba los pliegos de condiciones de los contratos, lo que permitía
establecer un baremo con "cuestiones subjetivas" para favorecer a las empresas
de Correa.
Correa solía alardear de que tenía a
Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla, comiendo de su mano. Correa le
contó que tenía un vídeo de Panero, conocido como El Albondiguilla, contando
dinero procedente de las comisiones que se había llevado por adjudicar una
parcela a una empresa de la trama. Gracias a eso, según relató, le pudo
chantajear para obtener más adjudicaciones. Pero no se limitó a extorsionarlo;
también pagó, y bien, sus servicios. Los investigadores creen que recibió de la
red de Correa 642.942 euros, entre efectivo y regalos. En algunos apuntes
contables, como el de la caja de seguridad de la calle de Velázquez, el concepto
(300.000 euros) era, simplemente, "Albondiguilla".
La contrapartida, según la
investigación, estaba clara: mientras Panero fue alcalde de Boadilla, Easy
Concept, Pasadena Viajes y Servimadrid coparon los concursos públicos, como el
de la Oficina de Atención al Ciudadano. Pero mucho antes de eso Panero ya se
dejaba querer por Correa. Entre 2002 y 2004, aparecen 24 pagos de facturas de lo
más dispares: viajes, trajes a medida, zapatos de la exclusiva Casa Exérez y un
televisor de plasma de 4.000 euros.
El contable de Correa dio
instrucciones al sastre para que en las facturas no figuraran los trajes, sino
"tejidos de decoración" o "vestuario de azafatas". En Miami Panero se alojó -las
dos veces que estuvo- en el hotel de superlujo Mandarin Oriental. En "comida y
varios" se dejó 4.109 euros en apenas cuatro días. Los agasajos llegaron hasta
el punto de que Correa le pagó el viaje de bodas al hermano de Panero, Pablo.
Dos semanas en las islas griegas que salieron por 4.517 euros. Sólo en regalos,
Panero le costó a Correa casi 50.000 euros.
Por su parte, el ex alcalde de
Arganda, Ginés López, también recibió regalos de la trama, por valor de 589.427
euros entre efectivo y dádivas. Correa le pagó un viaje con su familia a Orlando
por 12.103 euros. Además, pasó cinco días de las vacaciones de verano de 2007 en
un hotel en Sancti Petri (Cádiz) a costa de la red corrupta que pagó la estancia
que ascendía a 6.563 euros. Tres años antes hizo una escapada a Mallorca donde
se alojó en el hotel Dali pagado por Correa. La contabilidad B refleja entregas
de dinero a Ginés López por 480.000 euros. Varios de los coches de lujo que
utilizaba figuraban con anterioridad a nombre de Jesús Sepúlveda, ex alcalde de
Pozuelo.
Sepúlveda tuvo relación directa con
Correa cuando Special Events, una de las principales firmas de la trama,
trabajaba para el PP. En el pendrive que la policía intervino al contable de
Correa figuraban apuntes contables en los que se reflejaban varios pagos de
12.000 euros a Sepúlveda. Otro de los registros contables hace referencia a la
entrega de un sobre con 1.200 euros en la sede del PP nacional. En total recibió
más de 222.020 euros en metálico de la trama.
El ex alcalde de Pozuelo también
recibe regalos en forma de coches. Sepúlveda vendió un BMW a Ginés López, ex
alcalde de Arganda. La transferencia del vehículo la paga la trama corrupta. Las
empresas de Correa también se hacen cargo del coste de otro vehículo de lujo de
Sepúlveda, un Jaguar, por unos 52.000 euros.
Ginés López
Viaje a Orlando. Las anotaciones en
los registros contables de la red corrupta revelan el pago de un viaje a Orlando
con su mujer y dos niñas por 12.103 euros.
Vacaciones en Sancti Petri. Entre el
25 de junio y el 1 de julio de 2007 estuvo alojado en un hotel en Chicana de la
Frontera (Cádiz). La factura de las vacaciones de 6.563 euros corrió a cargo de
Pasadena Viajes, según la contabilidad B.
Suite en Palma de Mallorca. El ex
alcalde de Arganda del Rey pasó tres noches en el hotel Dalí de Palma de
Mallorca. En la contabilidad B intervenida por la policía aparecen apuntes por
450 euros por este concepto.
Dinero. La caja B también desvela
varios apuntes de entrega de dinero a Ginés López. En total el ex alcalde de
Arganda recibió 480.000 euros de las empresas de Correa.
Martín Vasco
Viaje de novios. “Viaje de novios a
EE UU y Polinesia del 12/07 al 06/08. Factura por Incentivos 28.888,57 euros”.
Suite en el Hotel Ritz. “Estancia
Suite Hotel Ritz 09/07 al 11/07 * Boda 2.707,10 euros”.
Viaje a Francia y EE UU. “Viaje a
París y NY 18/04/05 al 03/05/05 10.747,03 euros”.
Italia. “Viaje a Sicilia del 9 al 16
de agosto 5.139,42 euros”.
Crucero. “2 plazas Gran Crucero de
Rusia del 07/08/06 4.320 euros”.
Viaje a la Provenza. “Viaje a la
Provenza / B. Martín, Sra. y dos acompañantes (Hotel 2 Hab. + coche de alquiler
2.006,51 euros”.
Reloj de lujo.“Reloj Cartier Tank
Americano grabado con anagrama 3.975 euros”.
Dinero. 150.000 euros de las cuentas
de Correa en Suiza.
Guillermo Ortega
Abonos del Atleti. Dos temporadas
(2003-2004) por 3.300 euros.
Relojes. Factura de una joyería por
6.635 euros por tres relojes. Otros dos relojes
grabados costaron 11.275 euros.
Cheques de gasolina. Cinco
talonarios de diez cheques por 1.000 euros. Viaje de novios a EE UU y
Polinesia.
Viaje a Marbella. Estancia de dos
personas durante cinco días en un hotel de cinco estrellas a pie de playa con
spa y campo de golf por 3.574,6 euros.
Crucero por el Atlántico. Estancia
de nueve días con parada en Venecia y reserva de dos suites panorámicas en el
barco para seis personas, por 19.834,48 euros.
Estancia en Escocia. Factura de
11.877,9 por un viaje de 10 días.
Arturo G. Panero
21 agosto 2002. Billete ida y vuelta
Madrid-Vigo para su esposa, Elena Villarroya: 288,42 euros.
14 julio 2003. Billete ida y vuelta
Madrid-Miami de Arturo G. Panero. 3.708,42.
18 julio 2003. Hotel Mandarin
Oriental de Miami, con coche y comida: 5.990 euros.
10 noviembre 2003. Billetes
Miami.4.125,16 euros
15 noviembre 2003. Gastos en el
hotel Mandarin Oriental de Miami: 5.388 euros.
1 septiembre 2003. Hotel Estepona
Princes (Málaga), del 8 al 19 de agosto. 3.111 euros.
7 noviembre 2003. Trajes en la
sastrería R. Caballero. 4.628 euros 18 de noviembre de 2003.
2004. Viaje de novios del hermano de
Panero: 4.517 euros.
Jesús Sepúlveda
4 de junio, 19 de junio, 3o de junio
de 2003: tres entregas de sobres con 12.000 euros cada uno.
10 de octubre de 2004: Ingreso en
cuenta de 8.972 euros.
Entre el 5 de marzo de 2002 y el 28
de octubre de 2004 hay 36 apuntes con entregas periódicas de 222.020 euros. La
periodicidad es aproximadamente mensual, señala el informe policial.
Jaguar S-Type V-8 comprado en 1999
mediante un pago de 8.663.700 pesetas con un cheque bancario de la empresa F. C.
S. Travel Group, vinculada a Francisco Correa. Sepúlveda abona 250.000 pesetas
en metalico. El coche se transfiere en 2000 a Ginés López, ex alcalde de
Arganda, que paga Correa.
Range Rover Vogue 4.4 V8, con
factura a nombre de Francisco Correa.
(www.elpais.com,
08/04/10)
EL SUMARIO GÜRTEL
REVELA UN "NEGOCIO"
DE "500 MILLONES"
CON LA DIÓCESIS DE
MADRID Y "LA MANO
DERECHA DE ROUCO"
Las conversaciones
incluidas en el
sumario del caso
Gürtel destapado el
pasado martes
permiten hacerse una
idea del alcance de
la mayor célula
corrupta de la
democracia, una red
que habría llegado a
tocar las más altas
esferas eclesiales,
Vaticano incluido.
En una conversación
interceptada por la
Policía a finales de
2008, el supuesto
cabecilla de la
trama en Valencia,
Álvaro Pérez El
Bigotes, se jacta
ante un interlocutor
llamado José –no hay
más información- de
tener "un contacto
en el Vaticano que
es la hostia". De la
charla se deduce que
el tal José está
gestionando para la
red un "negocio de
500 millones"
–palabras literales
de Pérez- con el
Arzobispado
capitaneado por
Antonio María Rouco
Varela, el de
Madrid. No es la
primera vez que
Gürtel y la Iglesia
se mezclan: la red
participó en la
organización de la
visita del Papa a
Valencia en junio de
2006.
Posteriormente, el
propio Bigotes viajó
al Vaticano a
acompañar al
presidente Camps a
la investidura del
cardenal Antonio
Cañizares. Con
tantos contactos de
"la hostia", no es
de extrañar que
Pérez acabase de
profesor de la
Universidad
Pontificia de
Salamanca.
La trama Gürtel no
sólo se nutrió del
ámbito político y
empresarial de la
órbita del PP. Según
las últimas
conversaciones
publicada este
jueves por
El Periódico de
Catalunya,
los supuestos
corruptos también
abordaron “500
millones de negocio”
con el Arzobispado
de Madrid.
Relación con Rouco…
En concreto, el tal
José se refiere a
“la mano derecha de
Antonio Rouco
Varela”, cuya
palabra “va a misa”,
como la persona que
“va a llevar el tema
en la diócesis”. El
negocio de marras
tendría que ver con
la instalación de
pantallas y audio
para un acto, según
dice El Bigotes. La
conversación,
intervenida a
finales de 2008, fue
registrada por la
Policía de la
siguiente manera:
- JOSÉ: Yo me reúno
la semana que viene
con el tío de la
diócesis de Madrid.
Cuando sepa la fecha
y demás, si te
quieres venir, te
vienes.
- ÁLVARO PÉREZ: No
tío. Es que yo tengo
tanta confianza en
ti... porque sé lo
que es eso, sé la
que se puede liar,
sé lo que se puede
montar, lo que puede
ser y lo que puede
suponer para ti y
para mí. Aquí sólo
se trata de una
cosa, de que seamos
discretos.
- J.: Yo no he dicho
nada.
- Á. P.: Segundo
punto, yo ya te
contaré, por qué
razones y por qué
motivos tengo un
contacto en el
Vaticano que es la
hostia. Así que si
tú haces fuerza por
un lado y yo hago
fuerza por otro,
pues mira, a lo
mejor nos toca el
Niño a mediados de
año.
- J.: A mí, quien me
da el nombre es el
tío que va a llevar
el tema en la
diócesis, que es la
mano derecha de
Antonio Rouco
Varela. Y me han
dicho que lo que
diga él va a misa.
- Á.P.: Audio y
vídeo. Nosotros
tenemos que poner
pantallas y el audio
en Madrid, nada más.
Alrededor hay 500
millones de negocio.
…y con Cañizares
Precisamente, a
finales de 2008
–exactamente el 9 de
diciembre-, el hasta
entonces arzobispo
de Toledo, Antonio
Cañizares, fue
llamado al Vaticano
como nuevo Prefecto
de la Sagrada
Congregación para el
Culto Divino y la
Disciplina de los
Sacramentos.
El Bigotes conocía a
Cañizares, al punto
de asistir al
Vaticano como
testigo de la
imposición del
anillo cardenalicio
en marzo de 2006, un
acto en el que le
acompañó el
presidente
valenciano y
amiguito del alma
suyo, Francisco
Camps. Así consta en
una conversación
entre los números
uno y dos de la
Gürtel, Francisco
Correa y Pablo
Crespo. La
interlocución,
también grabada por
la Policía,
ya la reprodujo El
Plural hace un año:
- PABLO CRESPO: Me
llama el otro día
Alvarito (Pérez)
diciéndome, ‘estoy
congelado de frío
aquí de frac en la
plaza de San Pedro’
(risas)
- FRANCISCO CORREA:
Es para descojonarse
macho
- P.C. : Y me dice
que con uno de los
que estuvo... el
responsable de las
relaciones con todas
la universidades
católicas del mundo
(risas) ... Alvarito
tiene la facultad
que donde cae bien
.. Cae de puta madre
- F.C.: Como dice
las cosas no suena
mal... yo digo lo
mismo que él y no...
aunque diga una
barbaridad....Y cómo
le quiere Camps"
(risas)
La visita del Papa
La Gürtel, además de
codearse con las más
altas esferas
eclesiales,
también participó en
la organización de
la visita del Papa a
Valencia,
un hecho que tuvo
lugar dos meses
después de la
investidura de
Cañizares, en junio
de 2006. Como ha
quedado acreditado
en otras
grabaciones, El
Bigotes quiso
acceder a un cargo
“de coordinador
general de sus
muertos para lo del
Papa” con el fin de
poder moverse
libremente por la
explanada habilitada
para el evento. Las
grabaciones muestran
su temor por ser
fotografiado en el
sitio, y su
intención de que la
Fundación que
gestionó la visita,
participada por la
Generalitat, el
Ayuntamiento y el
Arzobispado de
Valencia, le diera
un cargo. Dicha
fundación, por
cierto,
fue cerrada después
de que el juez
Pedreira requiriera
información a la
Generalitat.
- ÁLVARO PÉREZ:
Joder... Víctor (
Campos) ...me pude
nombrar ahora mismo
por la cara
coordinador....y
mañana sale una nota
y estoy todo el día
en el río, pero...es
que yo no puedo
estar en el río
- INTERLOCUTOR: Tú
no puedes ...se
montaría un cristo
de la hostia si tú
aparecieses
públicamente.
- A.P.: Pero
hombre...no
televisión
valenciana ... pero
si a mí me coge la
fundación de lo del
papa y me nombra
coordinador , la
fundación ¿eh? no
televisión, ni canal
Nou, la fundación
que está montando lo
del papa ... es que
Juan Cotino es
conseller de
agricultura y no
pude estar todo el
día en el río, que
Víctor Campos es
vicepresidente del
Consell y lo
mismo... El que lo
coordina todo es
Juan Cotino
Canal 9 y la
subcontrata
El sumario del caso
Gürtel incluye,
asimismo, pruebas de
la mediación de la
red para que Canal 9
contratase a TECONSA,
una constructora sin
experiencia
televisiva, para la
retransmisión de la
visita del Papa.
TECONSA, a la que la
Policía considera
una pantalla que
canalizó los fondos
a otra entidad, se
embolsó 6 millones
por estos servicios,
que finalmente
fueron prestados por
Apogee
Comunicaciones,
entidad proveedora
de la trama.
Todo ello, por
supuesto, previo
pago de comisiones.
Pero además de
cobrar, la red
también habría
pagado “gastos de
producción” de la
visita, o al menos
eso dice el famoso
pendrive con la
contabilidad de la
trama, que registra
una entrega de
10.000 euros
realizada por Pablo
Crespo.
Profesor de la
Pontificia
Las relaciones de
Álvaro Pérez y la
jerarquía episcopal
pudieron ayudar a
Orange Market,
terminal de la red
en Valencia, a hacer
caja con el viaje
del Pontífice. Pero
además, le ayudaron
a él mismo a hacerse
con
una plaza de
profesor de master
en la Universidad
Pontificia de
Salamanca.
En dicho curso,
centrado en “Imagen
y Asesoramiento
Político”, Pérez era
presentado como
“asesor de
Relaciones Públicas
en el Gobierno de
José María Aznar”.
El año pasado,
habiendo ya
estallado la Gürtel,
El Bigotes todavía
figuraba como
docente del centro.
Así las cosas, casi
parece lógico que
la emisora episcopal
COPE siga
defendiendo al PP
tras el
levantamiento del
secreto de sumario.
(www.elplural.com,
08/04/10)
UN CENTENAR DE
CONTRATOS
IRREGULARES
El día en que
Esperanza Aguirre
anunció el cese de
Alberto López Viejo
como consejero de
Deportes, en febrero
de 2009, ella
aseguró: "Mi
Gobierno no tiene
ningún contrato con
la trama". Pues
bien, su Ejecutivo
cerró 367
operaciones con las
empresas de
Francisco Correa. De
ellas, casi un
tercio son
irregulares: se
saltaron las normas
de contratación,
según el sumario
desclasificado
ayer.
El Gobierno de
Aguirre contó de
forma habitual con
las empresas del
entramado de
corrupción vinculada
al PP entre los años
2004 y 2008. Les
encargaban eventos
de todo tipo, desde
galas a
comparecencias
públicas de la
presidenta. Durante
ese periodo se
cerraron 367
operaciones por
3.189.565 euros.
Un informe de la
Unidad de Auxilio
Judicial, incluido
entre los 50.000
folios del sumario
desclasificados
ayer, determina que
hubo al menos 105
contratos, por un
montante de
1.154.606, 39 euros,
que no se ajustaron
a la ley. Entre
otros motivos,
porque troceaban
facturas sin
necesidad, se
otorgaban a dedo
cuando debían ir por
concurso o se
ofrecían a empresas
del grupo de Correa
como si fueran
entidades diferentes
para simular un
concurso negociado
sin publicidad en
los que se llama a
distintas firmas
elegidas por la
Administración. Todo
un abanico de
triquiñuelas para
garantizar un jugoso
negocio a la red
corrupta dirigida
por Francisco
Correa.
El informe remitido
al Tribunal Superior
de Justicia de
Madrid (TSJM) revisa
la documentación que
la Comunidad de
Madrid presentó ante
el tribunal y que
incluye facturas a
cuatro empresas de
la red (Diseño
Asimétrico, SL; Good
& Better, SL; Easy
Concept
Comunicación, SL, y
Servimadrid, SL). El
técnico judicial
estudió si la
tramitación de
expedientes se
realizó de acuerdo a
la Ley de Contratos
de las
Administraciones
Públicas. Y llegó a
la conclusión de que
casi un tercio de
los casos no
respetaron los
principios de
publicidad,
concurrencia y
transparencia
exigibles a una
Administración
pública.
Una práctica
habitual en la
concesión de
contratos a las
empresas de la trama
Gürtel era trocear
las facturas para un
mismo acto y una
misma adjudicataria.
Se emitían facturas
diferentes por
cantidades menores
de 12.000 euros, el
límite a partir del
cual es necesario un
concurso público.
Esa fue la práctica
que el Gobierno de
Aguirre siguió, por
ejemplo, para
organizar en 2004 el
homenaje a los
profesionales de
emergencias que
trabajaron en los
atentados del 11 de
marzo de 2004. Una
única empresa de la
trama, Easy Concept,
recibió 141.002
euros en 15
facturas. El técnico
judicial señala que
se produjo "un
fraccionamiento
intencionado" para
no sacarlo a
concurso.
La segunda parte del
sumario hecho
público ayer deja de
nuevo en evidencia
al Gobierno
regional. La
presidenta Esperanza
Aguirre hizo unas
declaraciones que se
contradicen con lo
que luego han dejado
al descubierto los
tomos del sumario.
Siete meses después,
con la fase
instruida por el
juez Baltasar Garzón
libre del secreto de
sumario, la
documentación
evidenció que todas
las consejerías de
la Comunidad habían
cerrado tratos con
las empresas de
Correa. Ahora, la
nueva documentación
constata un paso más
en esa relación: no
sólo contrataron a
las empresas de la
red de Correa, sino
que en un centenar
de casos ni siquiera
lo hicieron de forma
limpia.
El informe, que el
técnico judicial
remitió el pasado
junio al TSJM,
separa los contratos
por consejerías y,
dentro de estas,
selecciona por áreas
técnicas y
organismos
autónomos. Una de
las más prolíficas
en su relación con
la red es la
Consejería de
Cultura, Turismo y
Deportes. Alberto
López Viejo estuvo
al frente de esta
área desde 2007
hasta su marcha,
tras hacerse cargo
de la viceconsejería
de Presidencia y
figurar como el gran
escenógrafo
electoral de la
presidenta Aguirre.
López Viejo,
actualmente diputado
no adscrito en la
Asamblea de Madrid,
fue definido por los
miembros de la trama
como "el muñidor de
toda la operativa"
en el Gobierno
regional, la persona
que manejaba la
agenda de la
presidenta Aguirre.
El contable de la
red creó un archivo
personal para él,
con su nombre, donde
apuntaba
meticulosamente los
pagos en negro que
cobraba en mano. La
peculiar actividad
de este diputado se
remonta a su época
de concejal del
Ayuntamiento de
Madrid, donde
contrató con algunas
empresas
reservándose una
comisión del 3%.
En el informe del
técnico judicial
vuelve a aparecer su
nombre. Sólo una
vez. Al perito le
llama la atención
que en uno de los
contratos de un acto
organizado por la
Consejería de
Transportes, el
expediente incluye
de forma textual:
"Se contrata por
indicación de Don
Alberto López
Viejo". Son los
actos de
presentación de la
Cumbre Flamenca
(2006). La gala
costó 21.480 euros y
fue otorgada a dedo
a la empresa
Servimadrid. La
adjudicación, según
el técnico judicial,
no estaba
justificada.
El perito judicial
incluye
observaciones a dos
de los contratos más
cuantiosos entre el
Gobierno regional y
las empresas de la
red. No los tilda de
irregulares, no
vulneran ningún
principio. Pero
incluye una
advertencia. Se
trata de la Gala de
los Premios de la
Cultura y la Medalla
Internacional de las
Artes, que una de
las firmas de la
trama organizó dos
años seguidos.
En 2005, la empresa
Servimadrid ganó el
concurso porque
presentó la oferta
más barata (162.000
euros). El segundo
año concurrió en
solitario y organiza
el acto por 177.570
euros. El informe
llama la atención
sobre los criterios
de valoración del
concurso. Le extraña
el poco peso que
otorgan a la
propuesta económica
"respecto de
criterios objetivos
no cuantificables",
como la calidad y
creatividad de la
propuesta y las
mejoras, que tienen
un "elevado carácter
subjetivo" y para
las que no
especifican qué
elementos concretos
son los que suman
puntos.
Otro truco: llamar a
tres empresas con el
mismo dueño. La
Consejería de
Inmigración sacó a
concurso restringido
en 2008 el montaje
del stand de la
Feria Integra Madrid
de 2008. Invitó a
tres empresas
(Diseño Asimétrico,
Easy Concept
Comunicación y
Servimadrid
Integral). Sólo la
primera presentó una
oferta y se le
adjudicó el contrato
por 60.020 euros. La
trampa es que todas
eran del mismo
grupo. De nuevo se
vulneraron los
principios de
publicidad,
concurrencia y
transparencia.
El Instituto
Madrileño de
Desarrollo (Imade),
dependiente de la
Consejería de
Economía y Hacienda,
usó una artimaña
similar para
organizar el acto de
colocación de la
primera piedra en el
Parque Logístico
Inditex en enero de
2006. Partió un
contrato de 20.790
euros (que hubiera
requerido concurso)
en dos facturas a
dos empresas de la
trama (Servimadrid y
Diseño Asimétrico).
El perito se fija en
un detalle: la
factura de
Servimadrid habla de
"gastos de anulación
del evento" (11.600
euros). Y la otra
del pago (9.190
euros) por la
celebración del
acto, lo que puede
suponer "un gasto
indebido".
Al perito tampoco le
convencen las
razones "de
urgencia" que alegó
el área de Promoción
Empresarial (de la
Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y
Ordenación del
Territorio) para
organizar la visita
de la presidenta al
parque empresarial
de La Carpetania o
la presentación de
la campaña del
teléfono 012. No hay
justificación para
esa urgencia que les
permitió seleccionar
a una empresa de la
trama y darle
contratos a dedo por
encima de los 12.000
euros, como ocurre
también en otros
ejemplos que
recrimina el técnico
judicial.
(www.elpais.com,
07/04/10)
AGUIRRE VULNERÓ
AL MENOS 105 VECES
LAS NORMAS DE
CONTRATACIÓN
La Comunidad de
Madrid adjudicó 367
contratos a las
empresas de la trama
Gürtel entre 2004 y
2008, según la
información remitida
al tribunal por el
Gobierno regional de
Esperanza Aguirre.
Los eventos
contratados (galas,
entregas de premios,
visitas de la
presidenta, casetas
en ferias
promocionales...)
suman 3.189.565
euros. Así consta en
un informe de la
unidad de auxilio
judicial remitido al
Tribunal Superior de
Justicia de Madrid e
incluido entre los
tomos
desclasificados
ayer.
El técnico judicial
analiza todas las
facturas para
verificar si cumplen
con la Ley de
Contratos de las
Administraciones
Públicas. Según sus
conclusiones, casi
un tercio de los
contratos (105)
vulneran claramente
los principios de
publicidad,
concurrencia y
transparencia. Suman
1.154.612 euros.
El informe alerta
sobre una práctica
habitual de la
relación entre la
Comunidad de Madrid
y parte del
entramado de
empresas de
Francisco Correa
(Diseño Asimétrico,
Good & Better, Easy
Concept y
Servimadrid). El
Gobierno regional
troceaba los
contratos en
diferentes facturas
casi siempre
inferiores a 12.000
euros, cantidad
límite para evitar
sacar a concurso
público la
adjudicación. El
informe acusa al
Gobierno de Aguirre
de utilizar "de
forma intencionada"
y reiteradamente ese
fraccionamiento en
las contrataciones.
Otra fórmula
utilizada consistía
en contratar un
evento por el
sistema de negociado
sin publicidad, por
el que una
Administración puede
invitar a
determinadas
empresas sin
publicar la
convocatoria en el
boletín oficial.
Para la Feria
Integra Madrid 2008,
por ejemplo, la
Consejería de
Inmigración y
Cooperación solicitó
ofertas a tres
empresas. Todas
pertenecían a un
mismo grupo, al
entramado de Correa,
lo que también
vulnera la
legalidad.
(www.elpais.com,
07/04/10)
CUATRO
AYUNTAMIENTOS
VULNERARON LA LEY EN
SUS CONTRATOS CON LA
TRAMA
La red corrupta del
Gürtel anidó en
varios ayuntamientos
de Madrid, donde
hizo jugosos
negocios gracias a
las prácticas
irregulares en la
adjudicación de los
contratos. Un
informe de la Unidad
de Auxilio Judicial
ha analizado
contratos de la
trama con Boadilla,
Majadahonda, Pozuelo
y Arganda. Los
técnicos concluyen
que los expedientes
de contratación
están repletos de
irregularidades,
como ausencia de
publicidad, falta de
concreción en el
objeto de los
contratos,
utilización de
criterios subjetivos
para escoger las
ofertas en los
concursos o
fraccionamientos
para evitarlos. Los
alcaldes de estos
municipios
dimitieron hace un
año al estallar el
proceso.
- Boadilla del
Monte. Los técnicos
analizaron cuatro
concursos públicos
por más de 70
millones y
concluyeron que "los
expedientes
facilitados por el
Ayuntamiento están
incompletos y falta
información, y lleva
a pensar que no es
que el expediente
archivado esté
incompleto, sino que
de forma expresa e
intencionada no se
han remitido". Y
añaden: "El
Ayuntamiento ha
realizado
operaciones con
otras empresas del
grupo sin que nos
hayan facilitado la
documentación". Los
técnicos judiciales
detectan facturas
con firmas de la red
por 24.584 euros.
Entre los contratos
analizados están el
de la Oficina de
Atención al
Ciudadano, con un
presupuesto de
560.000 euros,
adjudicado a Easy
Concept; la
enajenación de una
parcela por 35
millones de euros a
UFC, siendo la
oferta económica más
baja que otras
competidoras; la
construcción del
Parque del Deporte y
Salud, que se
adjudicó a
Constructora
Hispánica por 29,6
millones. Otro
contrato es el de la
construcción del
Residencial Siglo
XXI, por el que se
ceden locales
municipales; la
gestión del servicio
se la queda Easy
Concept. Los peritos
alertan de la falta
de documentación.
- Majadahonda. Los
investigadores
judiciales se
centraron en el
contrato de la
Oficina de Atención
al Ciudadano, con un
presupuesto de
625.053 euros. TCM,
una firma de la
trama, se adjudicó
el contrato. Los
técnicos ponen de
manifiesto: "La
indefinición del
objeto. Esto, junto
al fraccionamiento
de servicios
inherentes al
contrato, ha
provocado que el
Ayuntamiento haya
abonado a los
contratistas
cantidades muy
superiores, lo que
pudo causar un
perjuicio económico
a las arcas
municipales".
- Pozuelo. El
Ayuntamiento realizó
39 contratos
irregulares por
importe de 2.653.707
euros. El examen del
contrato de la
operación asfalto
2004, adjudicado a
la UTE Instalaciones
Eléctricas Velasco y
Asfaltos Vicálvaro
por 1,8 millones,
arroja que el
concurso fue
realizado con
criterios
subjetivos, según
los peritos
judiciales. Por otra
parte, Pozuelo
realizó otros 38
contratos con
empresas de la red
corrupta por importe
de 245.953 euros sin
necesidad de ningún
procedimiento de
contratación y
adjudicando
directamente el
servicio.
- Arganda. El
Ayuntamiento suma 32
adjudicaciones por
1.373.072 euros. Los
técnicos han
revisado 13
contratos del
Ayuntamiento con la
trama por importe de
168.496 euros.
Además, han
comprobado otros
contratos con
Special Events y
Easy Concepts por
168.497 euros. Este
municipio se ha
servido de la
Sociedad de Fomento
Municipal para
tramitar 27
expedientes con
empresas del grupo
Gürtel por un
importe total de
1.036.079 euros. Los
peritos concluyen
que en algunos de
los contratos no
está justificado el
procedimiento de
urgencia, ni mucho
menos la
adjudicación
directa, con lo que
se vulnera la
legalidad. La
sociedad municipal
fracciona de forma
habitual expedientes
de actos deportivos
o culturales para
evitar el concurso
público y se
vulneran los
principios de
publicidad y
concurrencia.
(www.elpais.com,
07/04/10)
CLEMENTE: "EN LA
COMUNIDAD HABÍA UN
LISTADO DE EMPRESAS
Y DE ESAS SE
ESCOGÍA"
"En la Comunidad de
Madrid había un
listado de empresas
con las que
trabajaba el
Gobierno regional y
las consejerías.
Cogíamos ese listado
y lo que se iba
haciendo era llamar
a esas empresas y
creo que por
concurso habían
ganado la
posibilidad de hacer
los eventos". Esa
frase medianamente
enrevesada pertenece
a la declaración
ante el juez Antonio
Pedreira de Carlos
Clemente Aguado,
viceconsejero de
Inmigración hasta
octubre de 2008.
Una afirmación que
confirma el hecho de
que Presidencia,
regida entonces por
el también imputado
Alberto López Viejo,
imponía una serie de
compañías con las
que se debía
trabajar en los
eventos. Sin
embargo, el propio
Clemente, en
conversación
telefónica desde
Colombia, donde
reside ahora, matiza
el hecho de que en
su testimonio él
explica que creía
que previamente
habían ganado algún
concurso para
figurar en ese
listado de
privilegiados.
Entre esas empresas
estaban todas las
que manejaba
Francisco Correa y
su trama corrupta.
El antiguo
viceconsejero y
actual trabajador de
la Fundación ALAS,
amadrinada por la
cantante Shakira, se
remite "a los 12
folios de
declaración, en los
que digo la verdad y
todo lo que sé, que
es nada". Además,
subraya, al igual
que ante el juez,
que nunca recibió
dinero ni regalos
"más allá del
sueldo". Su
imputación, entre
otros supuestos
delitos, es por
presuntamente haber
recibido 10.000
euros en un sobre
por parte de la
trama.
Casi todos los
eventos de
Inmigración, la
inauguración de sus
Centros de
Integración y
Participación de
Inmigrantes, stands
en ferias, o
presentaciones de
iniciativas como
Madrid Rumbo al Sur,
se hicieron con un
claro sobrecoste por
parte de las
empresas de la
trama. Hasta un
total de 46 actos.
Pero Clemente, al
ser preguntado por
el magistrado,
recuerda que él no
tenía firma "ni
manejaba un euro de
presupuesto". Y
carga toda la
responsabilidad de
las contrataciones
en la Secretaría
General Técnica de
la consejería.
Eso, las que se
hacían en lugares
dependientes de
Inmigración. "Las
que se hacían en Sol
las contrataban
ellos y luego nos
pasaban las
facturas. También a
las que asistía la
presidenta eran cosa
suya", explica el
viceconsejero. En
definitiva, que el
encargado de muchos
de esos eventos "era
el viceconsejero
Alberto López Viejo
con el equipo que
tenía de protocolo y
de eventos".
Clemente resalta su
falta de relevancia
a la hora de hacer
las contrataciones,
que achaca casi en
su totalidad a López
Viejo: "Nosotros
teníamos una serie
de empresas que
trabajaban con la
Administración
pública y yo no me
metía en eso, yo lo
que me metía era en
el mensaje, en lo
que fuera un poco la
escenografía y eso
tuviera un mensaje
político de acuerdo
con nuestras
ideas".
(www.elpais.com,
07/04/10)
UN SASTRE
CONFECCIONÓ TRAJES
PARA PANERO PAGADOS
POR CORREA
No sólo le puso un
mote ridículo -El
Albondiguilla-, sino
que, además, a
Francisco Correa le
parecía que el ex
alcalde de Boadilla
del Monte Arturo
González Panero, del
PP, vestía mal. El
supuesto cerebro de
la trama Gürtel
contrató para él los
servicios de un
sastre, al que le
dijo: "Es uno de
esos alcaldes que no
saben vestir". Así
lo relató el sastre,
Rafael Caballero, en
su declaración ante
la policía. La
investigación había
detectado tres
apuntes contables
(por valor de 10.400
euros) en la caja B
de Serrano que
recogían pagos a
nombre de Rafael
Caballero y que
tenían como
destinatario a
Panero. La policía
citó al sastre, que
corroboró todos esos
encargos.
Caballero relató a
los agentes que fue
otro cliente suyo,
el ex eurodiputado
popular Gerardo
Galeote, también
imputado, quien le
presentó a Correa
años atrás. Según el
sastre, Correa le
dijo que "iba a
hacer unos trajes a
un amigo suyo". Como
"no sabía vestir",
le escogió él mismo
dos trajes y dos
americanas con
pantalón, junto con
el tipo de tejido
que debía usar, y le
dio el móvil de
Panero para que se
pusieran de acuerdo
y le tomara medidas.
Le dijo también que
de los pagos se
encargaría José Luis
Izquierdo, el
contable de la
trama.
El sastre declaró a
la policía que
confeccionó prendas
de vestir a Panero
en tres ocasiones y
que las facturas las
hizo a nombre de
Special Events,
empresa vinculada a
la trama. Caballero
identificó a José
Luis Izquierdo como
contable de Correa.
De hecho, era él
quien le daba
instrucciones sobre
cómo debía hacer las
facturas. En todas
ellas, "se recogen
conceptos que nada
tienen que ver con
el producto
servido", declaró a
los agentes.
Izquierdo le decía
qué conceptos
incluir:
generalmente telas
de decoración que
supuestamente se
usaban en actos de
las empresas de
Correa. Por ejemplo,
en una ocasión la
venta de tres
americanas, dos
trajes completos y
cinco pantalones
acabó figurando en
la factura como
"suministro y
colaboración de
tejidos en el Stand
de la EMV". No hubo
sólo trajes. Panero
se benefició de
otras dádivas de la
red, según recoge el
sumario, que precisa
que "durante el
tiempo en que
González Panero fue
alcalde, se produjo
la entrada de las
empresas de Correa
en el municipio,
mediante la
adjudicación de
contratos a las
empresas Easy
Concept, Pasadena
Viajes y Servimadrid
Integral". Las
empresas le hicieron
regalos o le pagaron
servicios por valor
de 46.600 euros,
según las
investigaciones de
la Brigada de
Blanqueo de
Capitales, que
analizó el archivo
de Excel con el
nombre de Panero que
figuraba en la caja
B del domicilio del
grupo.
Encontraron un
billete de avión
para su mujer, Elena
Villarroya; gastos
de viaje de Panero
(comida, alquiler de
coche, estancia en
hotel de superlujo...)
a Miami en julio y
noviembre de 2003;
alojamiento en un
hotel de Málaga en
agosto de 2003...
También apareció el
viaje de novios del
hermano de Panero,
Pablo, a las islas
griegas en noviembre
de 2004. Dos apuntes
contables más
recogían compras
efectuadas en Casa
Exerez, una
zapatería de Claudio
Coello. El
propietario constató
que Correa era
cliente suyo y
remitió a los
investigadores las
facturas, a nombre
de Special Events,
que coincidían en
fecha e importe.
Finalmente, en el
archivo aparecía
también una
televisión de plasma
de 4.000 euros.
Isabel Jordán,
contable de Easy
Concept y Special
Events, también
aseguró en su
declaración ante el
juez que la trama
regaló a Panero dos
trajes por valor de
3.000 euros y
televisiones de
plasma a Panero,
Benjamín Martín
Vasco, ex concejal
del PP en Arganda y
diputado, y a Jesús
Sepúlveda, ex
alcalde de Pozuelo.
"Este conjunto de
entregas en especie
a un cargo público
con capacidad para
gestionar la
concesión de
contratos y obras
públicas en una
Administración local
responden a
contraprestaciones
por el
favorecimiento de
este a las empresas
promovidas por
Correa", asegura el
informe policial.
(www.elpais.com,
07/04/10)
ASÍ FUNCIONABA
FUNDESCAM
El sumario sobre el
caso Gürtel incluye,
en su tomo 60, las
pruebas que permiten
concluir que el PP
de Madrid falsificó
facturas para
financiar las
campañas electorales
de 2003. Y que lo
hizo a través de
Fundescam, una
fundación del propio
partido. Los datos
que demuestran el
maquillaje de
facturas a fin de
burlar la Ley
Electoral, que fija
un límite de gastos
a los partidos
políticos, figuran
en un informe de la
Brigada de Blanqueo
de la Policía
incluido en el
sumario.
Fue durante un
registro policial en
un piso de seguridad
de Francisco Correa,
ubicado en la
madrileña calle
General Martínez
Campos, donde los
investigadores
hallaron una memoria
portátil en la que
figuraban hojas de
cálculo de la
empresa Special
Events, firma clave
de la trama. Los
nombres de los
archivos no dejaban
indiferente:
"Cambios facturación
2003-2004.xls",
"Cambio facturación
2003-2004.barcenas.xls"
y "Facturación P.P.
Madrid.xls". Esta
información ya fue
adelantada por
Público el pasado
octubre.
El archivo
"Facturación P.P.
Madrid.xls", según
figura en la página
136 del tomo 60,
consta de "seis
columnas con las
denominaciones:
fecha, factura,
cliente, importe,
concepto y una
última sin
denominar". Los
datos abarcan el
periodo comprendido
entre diciembre de
2002 y noviembre de
2004.
Entre los clientes
que figuran en esta
hoja de cálculo,
están el PP de
Madrid, el Grupo
Popular del
Ayuntamiento de
Móstoles. el PP de
Majadahonda,
Fundescam y el PP
nacional.
A la hora de citar
el concepto, los
investigadores
destacan que, en
ocasiones, consta
una denominación
genérica, como
"campaña municipales
y autonómicas
Madrid", "campaña
autonómicas E.
Aguirre octubre",
"campaña elecciones
generales 2004
Madrid" y "congreso
regional PP Madrid".
Junto a estos
conceptos, figura,
según sostiene la
policía, un número
1. Son los actos que
después se
facturarán
falsamente. El
apunte en el que se
hace mención a
octubre se refiere a
las elecciones
posteriores al
tamayazo.
El maquillaje
El archivo en el que
aparece el nombre de
Luis Bárcenas, ex
tesorero del PP,
junto a la expresión
"cambios
facturación", ofrece
detalles de las
facturas con
modificaciones en lo
referente a los
clientes y los
conceptos. Al igual
que el archivo
"Facturación P.P.
Madrid.xls", este
consta de seis
columnas. Pero en
este caso hay una
ligera variación:
"fecha, factura,
cliente, importe,
concepto real y
concepto factura".
Esto permite
concluir que se
facturaron
cantidades por
conceptos falsos.
Las fechas siguen
siendo las mismas,
pero los clientes
son ahora tres: PP
de Madrid, Fundescam
y PP Nacional.
En cuanto al
concepto real, se
citan "las
elecciones
autonómicas 2003,
elecciones europeas
2004" y el "congreso
regional 2004". Y en
el concepto factura,
aparece, según el
sumario "la
descripción del acto
atribuido".
Los investigadores
concluyen que
"existe una
correlación entre
ambos archivos, de
tal forma que los
apuntes genéricos
que figuran en el
archivo "Facturación
P. P. Madrid xls"
con el número 1 al
lado se traspasan
casi en su totalidad
al archivo "Cambios
facturación
2003-2004
barcenas.xls"
asignando un
concepto determinado
a cada uno de ellos,
si bien sigue siendo
genérico sin aportar
datos concretos
sobre los mismos
como: lugar de
realización, fecha
de celebración etc."
El informe policial
también incorpora
una información
publicada en mayo
por Público, en la
que se menciona que
el PP de Madrid
recaudó cerca de un
millón de euros de
empresarios a través
de Fundescam. Con
ellos se pagaron
facturas de las
campañas de 2003.
(www.publico.es,
07/04/10)
La corrupción acecha
a Aguirre: La
Gürtel contrató
con el PP de Madrid
más de 500 veces
Ni una, ni dos, ni
tres. Hasta 500
veces el Partido
Popular de Madrid
contrató los
servicios de la
trama Gürtel.
Lo hizo desde varios
ayuntamientos de la
región y también
desde el propio
Gobierno de la
Comunidad de Madrid.
Así se desprende del
sumario que ha
puesto en el punto
de mira al Ejecutivo
que preside
Esperanza Aguirre.
Contratos con
Aguirre
Ha sido el
diario
El Mundo
el medio de
comunicación que
hasta el momento
ha ofrecido más
detalles de los
tejemanejes del
PP madrileño con
Correa y los
suyos. Según el
periódico que
dirige Pedro J.
Ramírez, varias
empresas
relacionadas con
la trama
Gürtel
consiguieron
contratos con el
Gobierno de
Aguirre por 367
expedientes con
un valor de
3.189.565,69
euros.
Sólo tres
contratos se
hicieron por
concurso, el
resto fueron
contratos
menores que se
adjudicaron a
dedo y sin
publicidad. Los
expedientes se
tramitaron desde
casi todas las
consejerías de
la Comunidad de
Madrid para
llevar a cabo
todo tipo de
actos, desde
stands,
presentaciones
de actividades,
premios,
carrozas,
celebraciones…
Incluso, El
Mundo
explica que para
la creación de
un stand, la
Comunidad de
Madrid envió un
fax a tres
empresas para
que presentaran
sus ofertas. Las
tres del mismo
grupo, las tres
con un mismo
responsable,
Francisco
Correa.
Arganda
del Rey
En esta
localidad
madrileña se
registraron 13
expedientes por
un valor total
de 168.496,63
euros. De estos,
10 eran
contratos
menores y sólo
tres superaban
los 12.060
euros. También
se ha constatado
que en algunas
adjudicaciones
el criterio
económico
mandaba y la
presentación se
hacía con sobres
abiertos, en los
que se podía
leer la oferta,
y el último en
presentarse era
siempre el de la
empresa
adjudicataria de
la trama
Gürtel.
Boadilla
del Monte
Entre 2006 y
2008, este
Consistorio
facturó, al
menos,
1.517.854,03
euros a las
empresas Gürtel.
Pozuelo
En esta
localidad
madrileña se
produjeron, al
menos, 38
contratos
menores con
empresas de la
trama por un
valor de 491.907
euros y
adquisición de
mobiliario para
distintas
concejalías por
más de 50.700
euros. El
informe deja
claro que los
criterios de
adjudicación no
fueron nada
claros.
Majadahonda
El diario El
Mundo
explica que en
este
ayuntamiento,
Francisco Correa
tenía una
vinculación
especial pues su
mujer era la
jefa de gabinete
de Guillermo
Ortega. El
sumario asegura
que no se ha
podido
establecer
cuántos
contratos se
gestionaron con
la trama porque
no se ha
facilitado la
información. Eso
sí, al menos
refleja seis
facturas, pero
algunas tan
importantes como
una de más de
1,1 millones de
euros, otra por
un total de 12
millones de
euros para los
próximos 12 años
(en el servicio
de atención al
ciudadano) y una
tercera de más
de 30.000 euros.
www.elplural.com
06.04.10
Fundescam pagó de manera irregular el Congreso del PP de Madrid que eligió a Aguirre como presidenta
Según ha podido saber El Plural, el Congreso en el que Esperanza Aguirre fue elegida el 27 de noviembre de 2004 presidenta del Partido Popular de Madrid se financió de forma irregular a través de la Fundación Fundescam. Así se extrae de un informe de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía (UDEF), que forma parte del sumario sobre el caso Gürtel.
En ese congreso, Esperanza Aguirre sustituyó en la presidencia del PP madrileño a Pío García Escudero. Días antes, el 15 de octubre de 2004, Alberto Ruíz Gallardón y Manuel Cobo retiraron su candidatura al comprobar que tan sólo 8 de los 76 miembros que formaban parte de la Ejecutiva Regional apoyaban su candidatura frente a la que encabezaba Esperanza Aguirre.
Triunfo empañado
Desde entonces, y gracias al 91,99% de los votos que obtuvo por parte de los compromisarios que acudieron al congreso, Aguirre se hizo con el control absoluto del Partido Popular de Madrid. Ahora, este triunfo podría verse empañado si se confirma lo que apunta la UDEF.
Indicios de financiación irregular
Asimismo, en el sumario que se ha destapado este martes, existen serios indicios de financiación del PP madrileño, que pudo sufragar los costes de varios actos electorales a través de Fundescam. Estos actos tuvieron lugar en las elecciones autonómicas de 2003 –las del tamayazo-, y las generales y europeas que se celebraron en el año 2004.
Contra la ley
Sin duda, el temor en el PP madrileño crece ante los nuevos detalles que a lo largo de este martes se han ido conociendo del sumario. Y es que la ley prohíbe expresamente que las Fundaciones sufraguen actos electorales.
Nuevo informe
Los indicios de financiación irregular son tan serios que, según ha podido saber El Plural, la UDEF está ultimando un nuevo informe sobre las cuentas del PP madrileño que se incorporará próximamente al sumario.
La versión del PP
Este periódico se ha puesto en contacto con el Partido Popular de Madrid. Desde Génova 13 recalcan que en caso de que fuera cierta la información publicada por El Plural, no afectaría a Esperanza Aguirre, pues ella no tomó las riendas del PP madrileño hasta después del polémico congreso. Por su parte, hora antes de que se levantase el secreto del sumario, la lideresa fue tajante: “No juzga la Policía, que depende del Gobierno, sino los jueces”.
www.elplural.com
06.04.10
Viajes, trajes, relojes de lujo y joyas en el Gürtel de la Comunidad de MadridAl margen de las implicaciones que Francisco Correa tuvo con algún alto dirigente del PP nacional, según aparece en el sumario, el líder de la trama Gürtel también hacía muchos negocios con alcaldes y políticos madrileños.
En su despacho, Correa y compañía recibían el pago de comisiones de empresas constructoras que conseguían contratos ventajosos en consistorios madrileños gobernados con el PP. A cambio, 'El Bigotes' se encargaba de 'regalar' o financiar algunos lujos a diputados o regidores, como trajes al ex alcalde de Boadilla o el viaje de novios del diputado Martín Vasco, entre otras cosas. Todo según se desprende de la documentación hecho público este martes.
Por la sede de la agencia 'viaje gratis' de Correa, se pasaron el ex regidor de Arganda del Rey, Ginés López, el ya dicho diputado autonómico Benjamín Martín Vasco; el ex alcalde de Pozuelo de Alarcón, Jesús Sepúlveda, y el ex alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero.
Benjamín Martín Vasco (Diputado regional)
Según se desprende del sumario, la trama le pagó una decena de billetes de avión, alquiler de coches por toda España y hasta el propio viaje de novios, a Estados Unidos y a la Polinesia, y el banquete. En total, 345.166,63 euros para la vuelta al mundo del diputado regional.
Desde 2003 a 2008, el diputado regional viajó por media Europa (Londres o Berlín eran algunas de sus ciudades preferidas), y a veces en compañía de amigos, pero también cruzó el charco. Todo a cuenta de los regalos de 'El Bigote'.
Martín Vasco, que fue 'muy útil' a la trama en su etapa de primer teniente de alcalde de Arganda del Rey, no sólo cargó sus vacaciones a Gürtel. Podría haberse declarado cliente vip de una prestigiosa joyería de Madrid, gracias a los regalos que le enviaron los responsables de la trama. Varios relojes de marca acompañaron al dinero en efectivo que recibió Martín Vasco, a cambio de permitir la entrada de las empresas de Correa en Arganda con la adjudicación de contratos, según aparece en el sumario y en los papeles de la 'Caja B'.
Agustín González Panero (Ex alcalde de Boadilla del Monte)
En el caso de este último, más que viajes lo que Correa hizo con el ex regidor de Boadilla fue renovarle el vestuario. El presunto 'cerebro' de la red contactó con una sastrería para cambiar la imagen de González Panero, el responsable de Boadilla del Monte "es uno de esos alcaldes que no saben vestir".
Así aparece el pago de diversas prendas, trajes, americanas y abrigos, entre noviembre de 2003 y junio de 2004, a cargo de Rafael Caballero, administrador de 'Sastrería R.Caballero S.L.U.', por un valor de 10.428 euros en telas. Además, el ex regidor eligió una zapatería en la calle de Claudio Coello para gastarse 1.300 euros en vestir sus pies.
Aunque también probó la agencia de viajes de 'El Bigotes', volando a Miami y a las islas Griegas.
Pero Arturo no fue el único beneficiado en su familia, según el informe del archivo de Excell donde se encontró la contabilidad de la Caja B de la trama, el hermano del ex regidor consiguió también unos zapatos, un viaje a Grecia y una televisión de plasma de más de 4.000 euros.
¿A cambio de qué? Según el sumario, en un hotel algunos empresarios de la construcción le pagaron a El Bigotes por su mediación a la hora de conseguir algunas obras en Boadilla. Nada de grandes construcciones más controladas por la oposición, sino pequeñas chapuzas y reformas muy lucrativas y plagadas de irregularidades.
Ginés López Rodríguez (ex alcalde de Arganda del Rey)
En el pendrive intervenido y que ha sido clave para la trama Gürtel, aparece un expediente concreto sobre el ex alcalde de Arganda del Rey. Se asegura que Ginés López recibió entregas en efectivo de 30.000, 300.000 y 150.000 euros los días 24 de febrero de 2006, 28 de diciembre de 2006 y 13 de julio de 2007.
Además, habría que añadir el pago de viajes y habitaciones de hotel que disfrutó Ginés López. Las entradas con su nombre hacen un total de 523.427,85 euros, todo incluido.
Alberto López Viejo (Diputado regional y ex consejero)
Esta parte de la trama, la organización de eventos públicos para el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid le costó el puesto al consejero de Deportes, Alberto López Viejo (antes concejal madrileño).
El sumario señala que la empresa vinculada a Francisco Corres, Special Events S.L., trabajó para la Comunidad de Madrid y López Viejo "habría beneficiado" a estas empresas a cambio de 563.000 euros en sobornos. El consejero dejó su puesto en el Gobierno de Esperanza Aguirre en febrero de 2009.
A raíz de descubrirse la trama, la Policía ha investigado cualquier movimiento de una de estas empresas con gobierno del PP, como la de 14.241,90 euros para "diverso material" utilizado en el stand del Ayuntamiento de Madrid en Fitur en su edición del año 2005, ya con Alberto Ruiz-Gallardón en el Gobierno, según consta en el sumario del caso.
Esta factura tiene fecha del 1 de febrero de 2005 y un importe de 14.241,90 euros en la que se especifica el "suministro de diverso material para la feria Fitur, Stand del Ayuntamiento de Madrid".
Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón
Sepúlveda recibió más de 420.000 euros de la trama entre 1998 y 2004, que también cubrió una deuda suya con Pasadena Viajes, según se desprende del sumario
Un informe de la Dirección General de Policía incluido en el sumario alude a sus relacciones con Correa, unos vínculos constatados además por la administradora de algunas de las empresas del entramado Isabel Jordán en su declaración ante el tribunal.
Según ella, la relación surgió a raíz de la contratación de Special Eventos por el PP para organizar actos electorales entre 1994 y 2004. Así, Sepúlveda funcionaba como persona de contacto entre el partido y la compañía, realizando "actuaciones para la propia empresa que van más allá de una mera relación contractual con un cliente, produciéndose una cierta asimilación entre empresa y partido, y también entre las personas que actúan de uno y otro lado", según los agentes.
Además, se vincula a Sepúlveda con la compra-venta de siete coches de la trama -y a Ginés López con otros dos-, dado que en el sumario se le relacciona con siete vehículos diferentes entre 1991 y 2007. Los informes consideran la existencia de una posible red de doble venta de vehículos.
www.elmundo.es 06.04.10
El Gobierno de Aguirre vulneró las normas de contratación para beneficiar a Correa
El Gobierno de la Comunidad de Madrid podría haber vulnerado las normas de contratación pública a favor de las empresas de Francisco Correa. El sumario del que el juez del TSJM, Antonio Pedreira, acaba de levantar el secreto, corrobora que, además de trocear los contratos, Esperanza Aguirre habría elaborado una lista de empresas, entre las que figuraban las filiales de la trama Gürtel, que eran las únicas a las que se adjudicaban contratos.
Así lo reconoció ante el juez el ex viceconsejero de Aguirre, Carlos Clemente Aguado (en la foto), imputado en la trama por blanqueo de dinero, delito fiscal, asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencia. Según adelanta la Cadena SER, Clemente afirmó durante su declaración que “había un listado de empresas con las que solía trabajar el Gobierno regional y las consejerías”. “Cogíamos ese listado y se iba llamando a esas empresas”, matizó.
"Presidencia" hizo las listas
A la pregunta de quién fue la persona o departamento que adoptó la decisión de elaborar esta lista, en la que figuraban varias empresas de Correa como Diseño Asimétrico o Servimadrid, Clemente aseguró que las órdenes partían de “presidencia”. El ex viceconsejero reconoció abiertamente que las adjudicaciones siempre se basaban en esta lista, y que las empresas que no estaban en ella, no recibían adjudicaciones públicas.
Vulneraron los principios de contratación
Al mismo tiempo, el diario El País recoge que el sumario apunta a una vulneración de todas las normas de contratación pública para beneficiar al entramado de la Gürtel, y destaca que “no está justificada la imperiosa urgencia de seleccionar a un solo proveedor [una empresa de la trama corrupta], por lo que se vulneran los principios de publicidad, concurrencia y transparencia”.
Fraccionamiento de contratos
El sumario también hace referencia a fraccionamiento de los contratos para adjudicarlos directamente a las empresas de Correa sin necesidad de convocar concursos. “Ha habido un fraccionamiento intencionado del objeto del contrato, tramitando al menos 15 contratos menores por razón de su cuantía con el fin de no utilizar los procedimientos de contratación”, resume el texto.
10% de los contratos
El nombre de Clemente Aguado se citaba en una de las conversaciones grabadas que obran en poder de la Justicia sobre la trama y a la que tuvo acceso El Plural. En ella, otra de las imputadas, Isabel Jordán, dijo que se llevaba un 10% de todos los actos que adjudicaba a las empresas de la trama. Él nego posteriormente haber cobrado ni un solo euro de la red corrupta.
Cercano a Michavila
El ex viceconsejero está vinculado, además, con el ex ministro de Justicia, José María Michavila, que fue su mentor político. Tras su marcha del Gobierno regional, se trasladó a Colombia, donde dirige la Fundación Alas, organización sin ánimo de lucro que, según su ideario, intenta reducir la pobreza, la desigualdad y la marginación que sufren millones de niños en Latinoamérica. Michavila -cuyo despacho, Eius Abogados, se ha visto vinculado con varios de los imputados en la operación Gürtel y que se hizo cargo de la defensa jurídica del Ayuntamiento de Boadilla, epicentro de la trama corrupta-, es secretario general de la organización benéfica.
www.elplural.com 06.04.10
MADRID PAGÓ UN 25% MÁS A MQM POR
"IMPREVISTOS"
Presidencia justificó el aumento por las
elecciones, que ya estaban convocadas
El Gobierno de Esperanza Aguirre pagó a
Marketing Quality Management (MQM), empresa
proveedora de la trama Gürtel, un 25% más de
lo que fijaba el contrato que le adjudicó a
las puertas de las elecciones autonómicas de
2007. La modificación al alza, que
sólo puede realizarse por "necesidades
nuevas" o "causas imprevistas", se justificó
por la celebración de elecciones, ya
previstas en el momento de la adjudicación.
Los cambios en las cláusulas del contrato
están incluidos en el expediente de
adjudicación, al que ha tenido acceso la
diputada de Izquierda Unida (IU) Reyes
Montiel. IU y el PSOE han reclamado revisar
todas las adjudicaciones a MQM. Esta
semana han anunciado que llevarán a la
fiscalía un contrato de publicidad fantasma
encargado a esta empresa por el Instituto
Madrileño de Desarrollo (Imade), adscrito a
Economía y Hacienda. La campaña, de la que
no hay rastro, costó
1,25
millones de euros. MQM fue exonerada de
producir más del 80% de sus compromisos para
esa supuesta campaña
-Made in Madrid- justo antes de los comicios
de 2007, pero se le pagó el mismo precio.
Publicidad fantasma
El contrato de Presidencia -dirigida por
Ignacio González- que creció el 25% sin que
mediara ninguna nueva licitación, era para
"montaje escenográfico de los actos
institucionales a celebrar por la Comunidad
de Madrid" y se adjudicó el
25
de abril de 2007, tres semanas
después de que Esperanza Aguirre firmara el
decreto de convocatoria electoral.
Pese a ello, cuando en noviembre de 2007 se
planteó ampliar el contrato para que pasara
de
250.000
euros a
315.000
-un aumento del 25,99%-, se justificó por la
celebración de elecciones: "Durante el año
2007, se produce la necesidad
extraordinaria, con motivo de las elecciones
a la Asamblea de la Comunidad de Madrid, de
realizar actos relativos a la noche
electoral, así como por la toma de posesión
de la Excma. Sra. Presidenta de la
Comunidad de Madrid y de los miembros de
su Gobierno", escribe el 6 de noviembre el
jefe de Área de Régimen Interior, Alfonso
Peña Izquierdo.
El funcionario recuerda que antes de que finalice el año hay que
organizar otros dos actos. No los cita, pero
difícilmente pueden ser imprevistos: el día
de la Constitución y el montaje del belén.
"Nuevas necesidades"
El
23
de noviembre de 2007, el subdirector general
de lo Consultivo, Javier Cepeda Morrás, dio
el visto bueno definitivo a la ampliación
del contrato. Tras recordar que la ley
limita las ampliaciones contractuales a
"nuevas necesidades que estén ligadas a
la consecución de un fin público y que
este interés público justifique la
alteración de las condiciones contractuales
inicialmente pactadas", acaba aprobando el
incremento del 25% para MQM: "La propuesta
de modificación se justifica por la
necesidad nueva de celebración de actos de
importancia institucional no prevista
inicialmente y que revistan gran importancia
para el interés público".
Un documento de la propia MQM que está
incorporado al expediente remitido a IU
sostiene que esta no fue la única
ampliación: según los datos aportados por la
empresa en una carta a la Consejería de
Presidencia fechada el
25
de noviembre de 2008 en la que reclamaba
el pago de atrasos, el contrato inicial
de
250.000
euros acabó convirtiéndose en "servicios
prestados fruto del contrato de referencia"
por valor de
944.726 euros.
De esta cantidad, la Comunidad sólo admite
560.000 euros, correspondientes al contrato de 2007, la ampliación del 25%
y la prórroga para 2008. Ante la negativa de
la Comunidad a saldar las supuestas deudas,
MQM acudió a los tribunales en abril de
2009, dos meses después del estallido
del caso Gürtel.
www.publico.es
01.04.10
La proveedora de la trama Gürtel logró en
Madrid 2,2 millones en siete meses
La
campaña de
publicidad fantasma
no fue la única adjudicación de la
Comunidad de Madrid a las puertas de las
elecciones autonómicas de 2007 a la
empresa Marketing Quality Management (MQM),
proveedora de la trama
Gürtel. El 25 de abril de ese año,
tres semanas después de que la
presidenta regional, Esperanza Aguirre,
convocara elecciones, la Consejería de
Presidencia adjudicó a la misma empresa
el servicio de "montaje escenográfico de
los actos institucionales a celebrar por
la Comunidad de Madrid", por un monto de
250.000 euros.
Esta adjudicación solía salir a concurso
en verano y se adjudicaba en noviembre.
Así fue en la convocatoria anterior,
publicada el 29 de agosto de 2005 y
adjudicada el 9 de noviembre del mismo
año. Y también la posterior: el último
concurso salió el 13 de julio de 2009,
dividido en tres lotes, y se falló el
pasado 5 de noviembre.
Presidencia otorgó a la firma el
montaje de actos oficiales por
250.000 euros
Pero en 2007, año electoral, tanto la
convocatoria como la adjudicación se
concentraron a principios de año, con
muy poca
diferencia temporal entre sí y a las
puertas de los comicios: la
convocatoria, el 16 de marzo y la
adjudicación, el 25 de abril. Aguirre
firmó el decreto convocando elecciones
el 2 de abril y la campaña empezó el 11
de mayo.
El encargo recayó en MQM, que
justo
acababa de ser exonerada de más del 80%
de sus compromisos para una
campaña de publicidad Made in Madrid
de la que no hay constancia que llegara
a realizarse, pese a que costó al erario
público 1,25 millones de euros.
La izquierda irá a la fiscalía
El concurso se publicó diez días
después del cambio en Made in Madrid
Izquierda Unida (IU)
anunció el lunes que
entregará a la
fiscalía este contrato
de publicidad sobre la que no hay
rastro, que fue un encargo del Instituto
Madrileño de Desarrollo (Imade),
adscrito a la consejería de Economía y
Hacienda. Ayer, el líder del PSOE en
Madrid,
Tomás Gómez, dijo que también acudirá a
la fiscalía.
Este contrato publicitario salió a
concurso en agosto de 2006 y fue
adjudicado a MQM el 11 de octubre de ese
mismo año. No obstante, el 6 de marzo de
2007 se modificaron por completo las
condiciones: se mantuvo el mismo precio,
pero se exoneró a la empresa de cumplir
con el 80% de los compromisos.
El nuevo presupuesto aceptado por el
Imade incluía más de 600.000 euros en
una carpa ya creada por otra empresa y
250.000 euros en merchandising,
una cifra que según los expertos
consultados equivale a lo que gasta un
gran partido por este concepto en una
campaña electoral. Del supuesto
mechandising de Made in Madrid
no ha quedado rastro, pese a que en
teoría se produjeron 50.000 chapas y
100.000 bolígrafos.
El PSOE exige la comparencia de la
presidenta y también irá al fiscal
Convocatoria oficial
Diez días después de esta modificación
contractual, el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid publicaba el
nuevo concurso para el "montaje
escenográfico de los actos
institucionales a celebrar por la
Comunidad de Madrid", licitado en
250.000 euros y que acabaría ganando
también MQM ya con las elecciones
convocadas.
Todos estos contratos se suman a
otra
adjudicación de Sanidad en octubre de
2006, también para montaje y
desmontaje, por valor de 700.000 euros.
Así, entre octubre de 2006 y abril de
2007, MQM, cuyo capital social se reduce
a 5.000 euros, recibió sucesivos
encargos de la Comunidad de Madrid por
un total de 2,2 millones de euros.
La portavoz socialista en la Asamblea de
Madrid, Maru Menéndez, solicitó ayer la
comparecencia urgente de Aguirre
para que aclare las adjudicaciones a MQM
y la campaña fantasma de publicidad
Made in Madrid.
"Queremos saber todos los detalles
y Aguirre tiene que dar una explicación
exhaustiva e inmediata", añadió
Menéndez.
La portavoz socialista quiere aclarar
también el
papel de
Alberto López Viejo, imputado en
el caso Gürtel con una fianza
de 750.000 euros, que en aquel momento
organizaba los actos de la presidenta
como viceconsejero de Presidencia.
En noviembre de 2008, siendo consejero
de Deportes, López Viejo otorgó otra
adjudicación a MQM para "montaje,
desmontaje y preparación de actos" por
valor de 236.640 euros. Tanto el PSOE
como IU solicitarán el acceso al
expediente completo de este contrato.
www.publico.es
31.03.10
PUBLICIDAD FANTASMA EN MADRID
El Gobierno regional pagó 1,25 millones por una campaña de la
que no existe constancia. Una proveedora de la trama Gürtel
ganó el contrato justo antes de las elecciones de 2007
El Gobierno de la Comunidad de Madrid pagó 1.250.000 euros en
2007 a una empresa
proveedora de la trama
Gürtel por una campaña de publicidad de la que
no existe constancia que llegara a realizarse nunca.
El contrato, suscrito por el Instituto Madrileño de Desarrollo (Imade),
adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda, con la
empresa Marketing Quality Management (MQM) fue reclamado por
la diputada de Izquierda Unida (IU) Reyes Montiel poco
después del estallido del
caso Gürtel,
pero esta ha tardado casi un año en poder acceder al
material. El expediente muestra cómo la empresa ganó la
adjudicación y cinco meses después se la exoneró de elaborar
más del 80% de los compromisos adquiridos, pese a lo cual se
le pagó la totalidad del contrato.
Una diputada de IU ha logrado el expediente un año después de
pedirlo
Del material que MQM supuestamente produjo, no quedó rastro ni
siquiera en el almacén del Imade. Y de la campaña bautizada
como Made in Madrid
no han quedado referencias en ningún archivo, ni siquiera
los especializados en publicidad, a pesar de que
teóricamente se produjeron nada menos que 50.000 chapas y
100.000 unidades de bolígrafos. Todo ello a las puertas del
arranque de la campaña electoral para las autonómicas de
mayo de 2007, en las que Esperanza Aguirre revalidó la
mayoría absoluta para el PP.
El Imade sacó a concurso en pleno agosto de 2006 una jugosa campaña
publicitaria, cuya creatividad se valoró en 1,25 millones de
euros, a pesar de que el enunciado parecía tan poco pensado
que incluso repetía palabras en un texto cortísimo:
"Transmitir la importancia del desarrollo económico
equilibrado en el desarrollo de la Comunidad de Madrid".
La adjudicación se falló en octubre de 2006 y recayó en MQM, empresa
proveedora de Easy Concept, una de las arterias de la
trama Gürtel.
"Es cierto que fuimos proveedores de Easy Concept y ellos de
nosotros, pero esto no quiere decir nada. Tenemos
muchísimos clientes que avalan nuestra profesionalidad",
explica a Público
Antonio Martín Sánchez, administrador de MQM.
El contrato que ganó MQM se convocó por el trámite de urgencia y la
empresa fue elegida después de que el Imade encargara un
informe de evaluación a Swat, una consultora privada. Los
expertos consultados consideran extraño este gasto adicional
teniendo en cuenta que el preceptivo informe técnico de
valoración ya se mostraba partidario de la adjudicación a
MQM de forma inequívoca, al otorgar a su proyecto 70 puntos
por sólo 49 a su competidor, DEC Comunicación.
Modificación del contrato
El 6 de marzo de 2007, Antonio Martín firmó con Álvaro de Arenzana,
gerente adjunto del Imade, una modificación de las
condiciones del contrato que exoneraban a MQM de más del 80%
de sus compromisos, pese a que se mantenía intacto el dinero
a percibir: 1,25 millones de euros.
Una modificación del contrato liberó a MQM del 80% de sus
compromisos
El breve documento justificativo, de dos folios, supone un
reconocimiento explícito de la falta de sentido de la
campaña recién adjudicada: "Se han quitado conceptos por
considerar que llevaban a la confusión publicitaria". O
bien: "También se ha reducido el número de formatos
publicitarios en radio y televisión porque no aportaban más
de lo que aportaba un formato único". Incluso se eliminan
los actos de presentación pública de la campaña, pese a lo
cual se considera que, gracias a las modificaciones
introducidas, tendrá "una entidad propia y perfectamente
definida".
Para que el presupuesto se mantenga en 1,25 millones, se aportan
nuevos compromisos con un supuesto coste que los expertos
consultados consideran desorbitado: por ejemplo, se
contempla una partida de 196.144 euros para "electricidad,
climatización, montajes y grupos electrógenos" de una
supuesta carpa que iba a montarse en la plaza Colón de
Madrid durante dos semanas.
Pero esta carpa pertenece en realidad a otra campaña. La
modificación del contrato con MQM se firmó el 6 de marzo de
2007, pese a lo cual el texto asegura que dicha carpa se
montará "entre el 27 de febrero y el 8 de marzo de 2007". En
esas fechas, ya había en Colón una carpa impulsada por el
Imade, pero respondía a otra campaña sobre innovación
tecnológica, adjudicada a la empresa Ruiz Nicoli.
Carpa itinerante
Esta carpa recorrió varias localidades y, según la documentación
facilitada en su momento por la propia Comunidad, nunca
incluyó referencias a la campaña
Made in Madrid
supuestamente realizada por MQM. La modificación del
contrato del Imade con MQM incluye costosísimas partidas
presupuestarias relacionadas a posteriori con la carpa
(300.000 euros) y con actos en la calle llamados
rolling show
(otros 330.000 euros) que en realidad ya estaban en marcha
para fomentar la innovación tecnológica y que nada tienen
que ver con Made in
Madrid.
Las únicas pruebas de la campaña son en realidad de otra
adjudicación
La documentación que el Imade finalmente entregó a Montiel tras casi
un año de espera incluye fotografías que supuestamente
demuestran que la campaña de MQM se realizó. Pero todo el
material pertenece a esta otra campaña sobre innovación
tecnológica.
Antes de entregar el expediente a la diputada de IU, el gerente del
Imade, Aurelio García de Sola, compareció en la Asamblea de
Madrid y se jactó del éxito de la campaña
Made in Madrid.
Pero en su exposición ni siquiera aludió a la
modificación del contrato y fue desgranando como
productos realmente elaborados por MQM todo lo que incluía
el primer presupuesto, a pesar de que finalmente se le había
exonerado por escrito de hacerlo.
De la supuesta campaña Made in
Madrid no existen ni siquiera evidencias en
publicaciones especializadas como
Anuncios o
Infoadex. Este
periódico ha intentado ver algún indicio de su existencia.
Pero todas las solicitudes telefónica a MQM, y por escrito
al Imade, la Consejería de Economía y Hacienda y Presidencia
de la Comunidad de Madrid fueron rechazadas.
La modificación del contrato, el 6 de marzo, incluyó una enorme
partida en
merchandising, 250.000 euros, una cifra que los
expertos consultados consideran equivalente a lo que gasta
por este concepto un gran partido en una campaña
electoral. Dos meses después, el 11 de mayo, empezó la
campaña autonómica. Las elecciones fueron el 27 de mayo. Y
el 26 de junio, "habiéndose realizado el trabajo contratado
a satisfacción", el Imade liquidó el contrato con MQM.
Bassat quedó fuera por demasiado barato
La multinacional Bassat Ogilvy se presentó también al concurso
adjudicado a MQM, pero fue apartada sin posibilidad de
competir porque presentó una oferta por debajo de los 1,25
millones fijados en la licitación. El desvío era mínimo: el
presupuesto presentado ascendía a 1.249.832,95 euros. Pero
al estar 167,05 euros por debajo quedó excluida sin derecho
a que se evaluara su propuesta. Jesús Valderrábano recurrió
la decisión alegando que el desvío representaba sólo el
0,02% y que además era por debajo del precio, pero no tuvo
efecto porque en el pliego de condiciones se especificaba
que toda oferta que no coincidiera exactamente sería
excluida, un punto habitual en los concursos del Imade
La Comunidad de Madrid defiende el contrato
El Gobierno de Esperanza Aguirre defiende la adjudicación a MQM y
recalca que dispone de todos los recibos justificativos de
los pagos de la campaña.
Público solicitó acceder al material de la campaña y planteó algunas
preguntas sobre el contrato al Imade, a la Consejería de
Economía y Hacienda y a Presidencia de la Comunidad. El
Imade depende del departamento de Economía, dirigido por
Antonio Beteta. En el momento de la adjudicación, se
llamaba Consejería de Economía e Innovación y tenía al
frente como consejero a Fernando Merry de Miguel.
El Imade, Economía y Presidencia coincidieron en subrayar la
legalidad de la adjudicación sin querer contestar las
preguntas planteadas ni facilitar ninguna documentación
adicional. El Imade y Presidencia remitieron a Economía y
Hacienda, que faciliató a
Público la
siguiente respuesta por escrito:
"La Consejería de Economía, en 2006 también de Innovación
Tecnológica y ahora de Hacienda, supervisa la ejecución de
todos los contratos que firma y no realiza ningún pago de
facturas que no adjunten los comprobantes pertinentes.
El Imade, como cualquier organismo público de la Comunidad de
Madrid, cumple con los principios de concurrencia de
empresas en sus concursos públicos y debe de admitir sus
ofertas siempre que la empresa licitante pueda cumplir con
el objeto del contrato dentro de los límites de los pliegos
administrativos.
Respecto a la petición de información por parte del juez para el
caso Gürtel, que
por cierto sigue bajo secreto del sumario salvo una pequeña
parte, la Comunidad de Madrid ha entregado toda la
documentación que se le ha solicitado. Asimismo, el
interventor general y el consejero de Economía y Hacienda
han comparecido en Comisión y en el Pleno de la Asamblea de
Madrid para dar cumplida cuenta de la información de la
que dispone el Ejecutivo regional. En el caso concreto
de Marketing Quality Management, ni en el requerimiento del
juez Garzón, ni en el del juez Pedreira, aparece el nombre
de esta empresa".
Antonio Martín Sánchez, administrador de MQM, afirmó que todo el
material de campaña fue entregado al Imade. Martín lamentó
el daño que las asociaciones con la trama
Gürtel causan a
la empresa.
MQM obtuvo 86 contratos en dos años del Gobierno
Marketing Quality Management (MQM) ha obtenido muchos contratos de
la Comunidad de Madrid en lo que va de legislatura. Según
una respuesta parlamentaria a la diputada de IU Reyes
Montiel, entre junio de 2007 y julio de 2009 logró 86
contratos por un valor total de 1,578 millones de euros.
Antonio Martín Sánchez, administrador de MQM, asegura que su
empresa ha reclamado en los tribunales impagos por parte de
la Comunidad. El nombre de la empresa no aparece en ningún
auto del ‘caso Gürtel’. En la parte que se ha hecho pública
del sumario, sale citada varias veces al referirse algún
imputado a unos ingresos de 30.000 euros que espera de MQM,
que mantenía con Easy Concept relaciones de proveedor. El
sumario también incluye que la imputada Isabel Jordán
recibió una oferta de MQM tras marcharse de Easy Concept.
www.publico.es 29.03.10
EL 'CASO
GÜRTEL' LLEGA AL AYUNTAMIENTO DE MADRID DE LA MANO DE LÓPEZ
VIEJO
Un año después
de que estallase el caso Gürtel, la trama de corrupción
masiva vinculada al PP que acumula ya un centenar de
imputados, entre ellos ex alcaldes, diputados y senadores de
esta formación política, la investigación llega por primera
vez al Ayuntamiento de Madrid, que hasta ahora había
permanecido al margen del escándalo.
El juez que
instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, envió la semana pasada a la
policía judicial a requisar contratos relacionados con la
adjudicación de obras publicas a los Ayuntamientos de
Madrid, Alcalá de Henares y Majadahonda, todos ellos
gobernados por el Partido Popular. Los contratos estarían
supuestamente relacionados con las empresas de la trama
corrupta o con sociedades que pagaron comisiones ilegales.
La orden
judicial aclaraba que los contratos presuntamente
irregulares objeto de la investigación se encontraban en la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que
ahora dirige la edil Ana Botella, esposa del ex presidente
José María Aznar, con el que el cerebro de la trama,
Francisco Correa, inició su aventura empresarial vinculada
al PP.
Sin embargo,
estos expedientes no tienen que ver con la gestión de
Botella, sino con adjudicaciones de servicios aprobadas en
la época en que el concejal de Limpieza de Madrid era
Alberto López Viejo. Estas concesiones se aprobaron antes de
la llegada al gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón y
su equipo, en el que se integró Ana Botella.
López Viejo es
ahora diputado autonómico y fue consejero de Deportes en el
Gobierno de Esperanza Aguirre hasta que estalló el escándalo
del caso Gürtel. Durante su etapa en el Ayuntamiento de
Madrid (de 1999 a 2003) su gestión como concejal de Limpieza
estuvo repleta de sombras.
Los grupos
municipales de la oposición (PSOE e IU) denunciaron en
repetidas ocasiones que durante su mandato se autorizaron
gastos por más de 18 millones de euros, sin que estuvieran
suficientemente acreditados, para que las empresas de
limpieza hicieran frente a imprevistos. Cuando Ruiz-Gallardón
llegó a la alcaldía de la capital modificó varios de los
contratos adjudicados por el imputado, pero rechazó
investigar su gestión.
Pese a estas
sombras de sospechas, Esperanza Aguirre llevó a López Viejo
en sus listas electorales de número seis, le hizo
viceconsejero de Presidencia y, posteriormente, consejero de
Deportes. Además, le dejó manos libres para encargarse de la
organización de todos los actos institucionales donde
participaba la presidencia autonómica, que adjudicó a dedo a
distintas empresas de la trama corrupta.
El sumario del
caso Gürtel sostiene que el ex consejero cobró comisiones
ilegales por su trato de favor a las empresas de la trama
corrupta, a las que llegó adjudicar actos institucionales de
la presidencia por casi tres millones de euros mediante el
troceado de los contratos para evitar convocar un concurso
público.
Además de la
investigación abierta en el Ayuntamiento de Madrid, el juez
Pedreira también se ha interesado por distintas
adjudicaciones de obras públicas de los Ayuntamientos de
Alcalá de Henares y Majadahonda, además de recabar
documentación de la empresa de Patrimonio Municipal de
Majadahonda.
Fuentes de este
Ayuntamiento reconocieron a EL PAÍS que agentes de la
Policía Judicial se personaron en las dependencias
municipales durante la pasada semana para reclamar nuevos
expedientes de obras públicas. Según las mismas fuentes,
todos los contratos investigados por el juez Pedreira eran
anteriores a 2005, cuando gobernaba Guillermo Ortega (PP),
otro de los implicados en el proceso judicial al que
Esperanza Aguirre sacó de la alcaldía por un escándalo
urbanístico y re-colocó, con más sueldo, en la dirección
general del Mercado de Toledo, una empresa pública
dependiente de la Comunidad de Madrid.
Es la tercera
ocasión que la Policía Judicial acude al Ayuntamiento de
Majadahonda para requisar documentación relacionada con el
caso Gürtel. Anteriormente ya se llevaron para su análisis
los expedientes relacionados con la construcción de 16
viviendas de lujo adjudicados en 2004. El juez también llegó
a interesarse por el contrato de limpieza viaria que el
entonces alcalde Guillermo Ortega firmó en 2002 y que fue
encareciéndose durante años hasta llegar a duplicarse.
Además, Pedreira
ha reclamado a Majadahonda documentación sobre la empresa de
Patrimonio Municipal (Pammasa). Esta sociedad pública fue
objeto de una investigación judicial porque dos ex ediles
del municipio aseguraron que la sociedad recibía comisiones
por permutar derechos de edificación que permitían a los
empresarios liberarse de construir vivienda pública y, por
tanto, obtener mayores beneficios. El actual alcalde del
municipio, Narciso de Foxá, dirigía la empresa cuando se
produjo la investigación judicial y llegó a declarar como
imputado en el proceso.
El Ayuntamiento
de Alcalá de Henares también ha recibido otro requerimiento
judicial sobre diversa documentación, que ya ha facilitado.
Fuentes del Gobierno de esta localidad reconocieron a EL
PAÍS que durante la semana pasada recibieron la petición del
juez Pedreira reclamando los archivos sobre dos contratos
adjudicados a Constructora Hispánica, una de las empresas
implicadas en la trama, que según las mismas fuentes ya
habían sido entregados antes y entre los que se incluyen 19
documentos relativos al expediente de contratación del
servicio para la realización de las obras de conservación y
reforma de pavimentos en el municipio. Las mismas fuentes
aseguran que ya habían remitido todos los documentos, a
excepción de un modificado de obra que no forma parte del
primer expediente y una certificación de la intervención
municipal del parque de bomberos.
El Consistorio
también remitió al juzgado otros documentos referidos a la
obra del parque de bomberos del polígono industrial de La
Garena, ubicado en la localidad alcalaína. A finales del año
pasado, un funcionario del Ayuntamiento de Alcalá acudió
voluntariamente ante el juez para denunciar que el concejal
de Obras del municipio le ordenó "adjudicar una obra a
Constructora Hispánica". Fuentes del Ayuntamiento recuerdan
que este funcionario tiene varias causas pendientes contra
los responsables municipales.
(www.elpais.com,
22/03/10)
EL PSOE
MADRILEÑO DENUNCIA QUE GALLARDÓN NO ORDENÓ INVESTIGAR A
LÓPEZ VIEJO
El PSOE
madrileño ha respondido hoy a la denuncia de la posible
relación del ex concejal de Medio Ambiente de Madrid,
Alberto López Viejo, con el caso Gürtel. David Lucas,
portavoz socialista en el Ayuntamiento, ha recordado que su
formación ya había denunciado este hecho. En un comunicado,
López afirma: "desde el PSOE hemos denunciado en reiteradas
ocasiones que había alrededor de 18 millones de euros
presumiblemente no justificados entre los gastos de la
delegación de Limpieza del Ayuntamiento de Madrid mientras
fue concejal Alberto López Viejo".
El portavoz
socialista ha recordado que ya habían pedido explicaciones
sobre esto al alcalde de la ciudad, Alberto Ruiz Gallardón,
pero, según él, éste no lo investigó cuando se hizo cargo de
la alcaldía. "Gallardón sólo modifico los contratos de López
Viejo, lo que atestigua que se sabía que su gestión no había
sido todo lo transparente que requiere".
El juez que
instruye el caso en el Tribunal Superior de Justicia de
Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, envió la semana pasada a la
policía judicial a requisar contratos relacionados con la
adjudicación de obras publicas a los Ayuntamientos de
Madrid, Alcalá de Henares y Majadahonda, todos ellos
gobernados por el Partido Popular. Los contratos estarían
supuestamente relacionados con las empresas de la trama
corrupta o con sociedades que pagaron comisiones ilegales.
La orden
judicial aclaraba que los contratos presuntamente
irregulares objeto de la investigación se encontraban en la
Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Madrid, que
ahora dirige la edil Ana Botella, esposa del ex presidente
José María Aznar, con el que el cerebro de la trama,
Francisco Correa, inició su aventura empresarial vinculada
al PP.
Sin embargo,
estos expedientes no tienen que ver con la gestión de
Botella, sino con adjudicaciones de servicios aprobadas en
la época en que el concejal de Limpieza de Madrid era
Alberto López Viejo. Estas concesiones se aprobaron antes de
la llegada al gobierno municipal de Alberto Ruiz-Gallardón y
su equipo, en el que se integró Ana Botella.
(www.elpais.com,
22/03/10)
LOS PADRES DE
AGAG SE MUDAN A UNA CASA PROPIEDAD DE LA TRAMA GÜRTEL
Jeff Agag y
Soledad Longo, padres de Alejandro Agag, se han mudado a una
vivienda de lujo en Majadahonda (Madrid) propiedad de una de
las empresas del entramado de la Gürtel. Se trata de uno de
los mejores pisos de la promoción Residencial Adriático,
situada en la zona conocida como Monte del Pilar, de gran
poder adquisitivo. El piso tiene 195 metros cuadrados y está
construido con todo lujo de detalles, incluido un jacuzzi en
la terraza. Está valorado en casi 900.000 euros.
La promotora que
levantó las 16 viviendas de la finca es Proyecto Twain
Jones, que está presidida por Jacobo Gordon, imputado en la
red corrupta como una pieza clave del entramado urbanístico
del caso Gürtel.
Gordon es íntimo
amigo de Alejandro Agag desde el colegio y ha compartido
negocios con él. La promotora mantiene la propiedad de
varias viviendas, pero sobre ellas, incluida la que habitan
los Agag, pesa una nota de embargo de dos millones de euros.
Se trata de una deuda reclamada por la constructora
Soluciones de Edificación Integrales, del Grupo Dragados,
según consta en el Registro de la Propiedad de Majadahonda.
Soledad Longo,
ex concejala del PP en Majadahonda y consuegra de José María
Aznar y Ana Botella, ha atendido a Público a través del
portero automático de la citada residencia. Asegura que se
han mudado de forma "temporal, hasta que terminen las obras
de reforma" de su casa. Cuestionada por la investigación de
este edificio dentro de la trama Gürtel, la madre de
Alejandro Agag se ha limitado a decir que han "alquilado" el
piso "a la promotora, a Twain Jones".
Francisco Correa
dice en una de las grabaciones que realizó el ex concejal
José Luis Peñas, denunciante de la trama, que estaba
construyendo con Gordon una promoción de viviendas en
Majadahonda y que habían pagado "un precio desorbitado" por
el suelo (más de cuatro millones de euros). Según una fuente
del entorno más próximo a Correa, este tenía intención de
quedarse una de las viviendas.
Tal y como
desveló este diario el pasado mes de junio, la promotora,
presidida por Jacobo Gordon y controlada por Correa, vendía
y sigue haciéndolo estos lujosos pisos por entre 500.000 y
1.100.000 euros (la habitada por los Agag es el tercer
inmueble más grande de una promoción de 16). El 75% de las
acciones del Proyecto Twain Jones pertenecen a Real Estate
Equity Portfolio, un fondo inmobiliario también presidido
por Jacobo Gordon. Esta firma atesora la mayoría del capital
social de un total de seis promotoras con negocios
inmobiliarios en lugares como Ibiza o San Sebastián de los
Reyes (Madrid).
Este racimo de
promotoras controlado por la red corrupta suma más de 100
millones de euros en activos, sobre todo suelo. Los
investigadores del caso Gürtel han seguido el rastro de
distintas transferencias bancarias al extranjero por si
existieran delitos de blanqueo y evasión de capitales bajo
estas actividades inmobiliarias. El sumario recoge varios
envíos de dinero a Panamá a través de cuentas a nombre de
Real Estate Equity Portfolio.
Otro imputado,
José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol y
cerebro de la estructura financiera de Correa, fue consejero
del fondo inmobiliario, según consta en el Registro
Mercantil. Distintos empresarios, algunos de renombre, como
el financiero Luis Delso, presidente de Isolux, invirtieron
en este holding inmobiliario dirigido en la sombra por
Francisco Correa. También aparece Proinsa, la promotora del
Grupo Teconsa, una de las principales constructoras
involucradas en el pago de comisiones a la trama Gürtel.
El juez Garzón
acusó en uno de sus autos a esta constructora de pagar
comisiones ilegales a Francisco Correa. Siempre según el
juez, esas comisiones fueron a parar, entre otros, al
tesorero del PP, Luis Bárcenas. Precisamente, en las
anotaciones manuscritas interceptadas por la policía aparece
un pago de 300.000 euros a "L Bárcenas" junto a la anotación
"Proyecto Twain", que coincide con la denominación de la
promotora del edificio que hoy acoge a los consuegros de
Aznar.
La imputación de
Jacobo Gordon puso en apuros a su amigo y otrora socio
Alejandro Agag. Juntos crearon en 1993 la sociedad Natko,
dedicada a organizar actividades de paintball. Poco después,
cruzaron sus caminos en la asesoría inmobiliaria Columela
Gestión. Gordon fue, al igual que Correa, testigo en la
famosa boda de El Escorial.
Alejandro Agag
aparece en las anotaciones contables de la ‘caja B’ de las
empresas de Francisco Correa junto a varios imputados que
cobraron de la trama. Su nombre se repite en distintos
pasajes del sumario de la ‘Gürtel’. Es el caso de una
conversación entre Pablo Crespo, mano derecha de Correa, y
el abogado Manuel Delgado, también imputado, en la que
planeaban organizar un gran premio de Fórmula 1 en Marruecos
aprovechando los contactos de Agag. Tras el levantamiento
parcial del secreto de sumario, en octubre de 2009, el
marido de Ana Aznar aseguró en un comunicado que no ha
participado “en ningún negocio a los que hace alusión el
proceso”. Incluso anunció que adoptará medidas judiciales
contra quienes insinúen que ha participado en actividades
irregulares. Francisco Correa, en una de sus comparecencias
ante Garzón, aseguró que fue Agag quien le pidió que ‘El
Bigotes’, número tres de la trama, “llevara los actos de
Aznar”.
(www.publico.es,
22/03/10)
Los cargos de
confianza siguen participando en las adjudicaciones
municipales en Boadilla
El último caso que han detectado es la
operación que ha llevado a cabo un primo del
ex ministro, Angel Acebes, colocado a dedo
por el ex Alcalde de Boadilla, ahora
imputado Arturo González Panero.
Se trata de
Alejandro Marín Paniagua, director general de juventud
nombrado a dedo por el ex alcalde Arturo González Panero y
primo del ex Ministro Ángel Acebes. Marín Paniagua sigue
emitiendo informes sobre concursos públicos, a pesar de que
esta ha sido una de las presuntas ilegalidades destapadas en
la investigación del Caso Gürtel.
A la oposición
en Boadilla del Monte, ya no les sorprende nada, aunque sí
se están encontrando con nuevos casos sospechosos. Ángel
Galindo, portavoz de Alternativa por Boadilla, no
entiende que "con la que está cayendo en Boadilla, el primo
del ex ministro Acebes siga haciendo de las suyas: descarta
empresas, puntúa, firma informes y decide adjudicaciones.
Todas estas competencias no le corresponden a los cargos de
confianza según marca la ley".
Para el Grupo
Socialista este es un ejemplo más de que Boadilla sigue
al margen de la ley. Lo increíble, dicen, es que de nuevo se
comentan las mismas ilegalidades que en el pasado. Desde el
PSOE de Boadilla señalan que este es un ejemplo más de que
"la selección de cargos de confianza en el Ayuntamiento de
Boadilla no se hace por criterios de méritos y capacidad,
sino que se hace por criterios de cercanía política. Cuando
estos amigos son los que están dando las adjudicaciones, es
cuando se demuestra que todo esto empieza a ser más que
extraño".
La posición
también sospecha del Secretario General del Ayuntamiento,
Manuel Horrillo antiguo Jefe de Gabinete del Ex Ministro
Acebes en Administraciones Públicas, y subdelegado del
Gobierno en Cuenca durante la época de Aznar. Según
denuncia, en las adjudicaciones de Gürtel nunca advirtió de
los incumplimientos ni de las irregularidades de los
informes.
http://www.cadenaser.com/espana/articulo/cargos-confianza-siguen-participando-adjudicaciones-municipales-boadilla/csrcsrpor/20100320csrcsrnac_5/Tes
EL JUEZ DE LA GÜRTEL EN MADRID
DIO UN VOTO PARTICULAR CONTRA EL CARPETAZO A FAVOR DE ULIBARRI Y EL
ALBONDIGUILLA
La reciente presencia mediática de
la judicatura empieza a traducirse en la impresión de que ese mundo es un
pañuelo. Asuntos tan complejos como el caso Gürtel o el sinfín de querellas
contra Garzón acaban reduciéndose a unos pocos nombres y a un puñado de
rencores. Coincidencias de este tipo se dan, precisamente, dondese tocan los dos
ejemplos anteriores: en las deliberaciones del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid sobre si se deben aceptar o no las escuchas a los imputados y sus
abogados ordenadas por Garzón.
El caso más escandaloso quizás sea
el de Emilio Fernández Castro, uno de los tres
magistrados del TSJM que debe decidir si anular las escuchas o no. Se da la
“casualidad” de que fue este magistrado quien dio carpetazo a una querella
contra dos de los protagonistas del caso Gürtel: el empresario José Luis
Ulibarri y el alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, alias El
Albondiguilla.
La empresa fantasma
Se trataba de la adjudicación de una
parcela pública a una empresa fantasma de Ulibarri (no estaba inscrita en la
Seguridad Social). Es, precisamente, el chanchullo que Garzón cita en su auto
como “ejemplo” de cómo funcionaba toda la red corrupta.
Voto particular de Pedreira
El caso, que denunció Ángel Galindo, portavoz de
Alternativa por Boadilla, fue archivado porque el magistrado no vio indicios de
delito. Algo que sí advirtió otro magistrado, en un voto particular de 2 contra
1 en la sentencia que refrendó el carpetazo,
como ya contó El Plural en exclusiva, justo hace 3
años. Ese juez era Antonio Pedreira, quien ahora se encarga de investigar la
casi totalidad del caso Gürtel y que en su momento dio por válidas todas las
escuchas. Otra vez más, aparecen los mismos nombres.
“Contradicciones jurídicas”
En su voto particular de 2007,
Pedreira creía que el carpetazo origina “algunas contradicciones jurídicas”,
porque dar un contrato a una empresa fantasma es “una infracción muy grave que
afecta a la validez real de la adjudicación”; y concluye que “quienes pudieran
haber cometido hechos constitutivos de delito son el secretario y el alcalde” y
que “el criterio mayoritario de la Sala sobre la inadmisibilidad de la querella
pudiera no resultar ajustado a Derecho”.
Castro, Vieira…
Según El País, Emilio Fernández
Castro sería partidario de anular todas las escuchas realizadas por Garzón.
Menos radical es Francisco Javier Vieira, que se decanta por anular sólo una
parte de las grabaciones. Vieira es también presidente del TSJM y también se vio
en el centro de la polémica del caso Gürtel.
La cacería de Garzón
A principios de febrero, al poco de
destaparse la trama, el juez Garzón y el entonces ministro de Justicia, Mariano
Fernández Bermejo, coincidieron en una cacería. El PP montó en cólera y no cesó
hasta que Bermejo dejó su cargo, aunque fuera por cazar sin licencia. Sin
embargo, los populares vieron con “normalidad” que Vieira y Granados se
reunieran en secreto a cenar en un reservado de un restaurante madrileño. Allí,
como reconoció el juez, hablaron de la Gürtel, justo un día antes de que su
tribunal aceptase el caso. Ahora, le toca precisamente a él decidir sobre las
escuchas de Garzón. El mundo (de la judicatura) es un pañuelo.
(www.elplural.com,
18/03/10)
UNO DE LOS JUECES
ENCARGADO DE LAS ESCUCHAS DEL CASO GÜRTEL SE NEGÓ A INVESTIGAR UNA ADJUDICACIÓN
A LAS EMPRESAS DE LA TRAMA
La empresa UFC es
propiedad de José Luis Ulibarri, uno de los imputados en este asunto. Su
abogado fue el que interpuso la querella que investiga el TS contra Garzón por
autorizar las escuchas
Emilio Fernández de
Castro archivó en 2007 una querella contra el Ayuntamiento de Boadilla que
concedió una parcela para construir 140 viviendas a la empresa UFC. El Tribunal
de Justicia de Madrid reanuda hoy las deliberaciones para decidir sobre la
validez de las escuchas abogado - cliente en prisión que autorizó el juez Garzón
Emilio Fernández de
Castro conoció las irregularidades urbanísticas que ha destapado la
investigación del caso gürtel en el municipio madrileño de Boadilla. Hace
tres años, redactó un auto para archivar una querella del grupo municipal
Alternativa por Boadilla contra la adjudicación a la empresa UFC de una parcela
para construir 140 viviendas. Este es uno de los principales contratos de las
empresas de la trama que investiga la Fiscalía en el marco de este caso de
corrupción que salpica al PP.
El archivo no fue
fácil. Salió adelante en una ajustada votación: dos a uno. El juez Antonio
Pedreira, que actualmente investiga la rama principal del caso gürtel,
emitió un voto particular a favor de que el asunto se investigara.
La empresa UFC es
propiedad de José Luis Ulibarri, uno de los imputados en este asunto. Su
abogado, Ignacio Peláez, fue el que interpuso la querella que investiga el
Tribunal Supremo contra Garzón por haber autorizado las escuchas en prisión de
los abogados con los presuntos cabecillas de la trama.
El ariete del 'caso Gürtel'
Los magistrados que componen la sala que debe
decidir sobre la validez de las intervenciones entre abogado y cliente en
prisión son el presidente Francisco Javier Vieira, Emilio Fernández de Castro y
el ponente, José Manuel Suárez Robledano. Según fuentes jurídicas, Suárez
Robledano es partidario de su legalidad. Los otros dos magistrados, sin embargo,
tienen muchas dudas de su encaje legal, especialmente, Emilio Fernández de
Castro que apuesta por anular la práctica totalidad de las escuchas.
www.cadenaser.com 16.03.10
AGUIRRE DEFIENDE AHORA LA
INOCENCIA DE LOS DIPUTADOS IMPUTADOS EN EL GÜRTEL
La presidenta regional, Esperanza
Aguirre, defendió ayer la inocencia de los tres diputados madrileños imputados
por el caso Gürtel, Alfonso Bosch, Benjamín Martín Vasco y el ex consejero de
Deportes Alberto López Viejo, a pesar de que la parte publicada del sumario
contiene numerosas evidencias en su contra. Durante una entrevista en TVE, la
dirigente popular aseguró: "Estoy convencida de que son inocentes".
Hasta ahora Aguirre había recurrido
a la presunción de inocencia para defenderlos, pero nunca había sido tan tajante
al proteger a los parlamentarios que ella misma apartó del grupo popular. La
presidenta olvida algunas de las pruebas que contiene la parte pública del
sumario. Entre otras evidencias, en el pen drive intervenido al contable de la
trama se detallan pagos de elevadas cantidades de dinero a los tres ex
parlamentarios populares.
- Alberto López Viejo. El juez le
impuso una fianza de 750.000 euros. "Es el muñidor de toda la operativa",
comentaba uno de los capos de la red corrupta en una de las grabaciones. En la
contabilidad B del entramado de empresas de la trama aparecen apuntes que
revelan entregas de dinero al ex consejero de 286.000 euros, según recoge el
sumario. López Viejo era el responsable de montar los actos públicos de la
Comunidad de Madrid. Troceaba los contratos públicos en cantidades inferiores a
12.000 euros para evitar los concursos públicos, según se desprende del sumario.
Realizó más de 350 contratos con empresas de la trama, a las que facturó más de
tres millones de euros.
- Alfonso Bosch. Tiene impuesta una
fianza de 750.000 euros. Fue gerente de una empresa pública de suelo en Boadilla
del Monte, desde donde intermedió para asignar varios contratos a la red
corrupta. Entre ellos, el proyecto de construcción de la ciudad deportiva de
Boadilla a la empresa Hispanica, según un auto judicial. También adjudicó, según
el sumario, varios locales a Rústicas MBS, la empresa de José Ramón Blanco
Balín, imputado en la trama. Aparece como perceptor de 250.562 euros en la
contabilidad de las empresas de la trama.
- Benjamín Martín Vasco. Tiene una
fianza de 955.000 euros. Según las grabaciones de la fiscalía, intermedió para
conseguir adjudicaciones de proyectos urbanísticos en Arganda del Rey. La
contabilidad de las sociedades de la red tenía un archivo personal para reflejar
las entregas de dinero a Martín Vasco. En total, recibió 437.166 euros, según el
sumario, además de cuantiosos regalos, como un televisor de plasma, el viaje de
bodas...
Durante la entrevista en la
televisión pública, Aguirre descartó que los imputados entren en las listas
electorales para los comicios del próximo año. "No formarán parte de las listas
porque para dentro de un año no se habrá resuelto este asunto... La
responsabilidad política tenemos que asumirla y como tal responsabilidad (sic)
les he agradecido mucho que aceptaran pedir la suspensión de militancia y dejar
el Gobierno". Cuestionada también sobre si incluirá en las listas electorales al
vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, expedientado por su formación por cargar
contra ella en una entrevista en EL PAÍS, Aguirre apuntó: "Ahora hay una
suspensión cautelar. El comité electoral es el que decide. Y no me va a pedir
opinión".
(www.elpais.com,
16/03/10)
DEBATE EN EL PP SOBRE CÓMO LE
AFECTARÍA LA NULIDAD DEL CASO
La época de las unanimidades en el
PP acabó hace mucho tiempo. Incluso en el caso Gürtel hay división de opiniones.
Federico Trillo, principal estratega de la defensa de los populares, está muy
contento por la posibilidad de que todo el caso acabe en nada, según su entorno.
Pero algunos dirigentes creen que la nulidad, esto es, lo mismo que pasó en los
90 con el caso Naseiro, no sería positiva para el PP.
Dolores de Cospedal fue tajante. ¿Le
gustaría al PP que el caso Gürtel acabara con una nulidad?, era la pregunta. "El
PP está personado en ese caso y no ha pedido la nulidad. Creo que eso responde a
la pregunta", sentenció.
Sin embargo, la noticia publicada
por EL PAÍS ayer, según la cual hay un dos a uno en el Tribunal Superior de
Justicia de Madrid a favor de anular las escuchas realizadas en la cárcel a los
máximos dirigentes de la red corrupta mientras hablaban con sus abogados, llenó
de euforia a las personas más cercanas a la estrategia de defensa del PP, que
lidera Trillo, según diversas fuentes del partido.
El portavoz de Justicia del PP es un
histórico, uno de los pocos supervivientes de la quema de los últimos años. Con
su influencia en la judicatura, como extensión del PP, lleva más de 20 años
siendo el factótum del ala conservadora del mundo judicial.
Decenas de ascensos a puestos clave,
especialmente en los tribunales superiores y en el Supremo, controlados durante
años por la sólida mayoría del PP en el Consejo General del Poder Judicial, han
pasado directa o indirectamente por sus manos.
Por eso maneja siempre información
de primera mano, tiene influencia y trata de ejercerla. No en vano los
presidentes de los Tribunales de Madrid y Valencia, los dos más afectados por
Gürtel, fueron elegidos a propuesta de los vocales designados por el PP.
La anulación de algunas escuchas,
paso previo que podría llevar a la nulidad total, sería definitiva para Trillo
porque justificaría su tesis central, esto es, que el caso Gürtel nació de un
complot contra el PP urdido por la fiscalía, la policía y el juez Baltasar
Garzón.
Sin embargo, otros dirigentes creen
que la nulidad dejaría un flanco abierto eterno para el PP, y prefieren que los
tribunales lleguen hasta el final. Según el análisis que realizan en privado
estos últimos, el PP ya ha sufrido el desgaste por este caso, y si no aparecen
nuevos implicados, es mejor para el partido que los ya destituidos sean
condenados y se cierre el círculo.
(www.elpais.com,
16/03/10)
LA JUSTICIA DELIBERA SOBRE LOS
RECURSOS CONTRA LAS ESCUCHAS DE GÜRTEL
La Sala de lo Civil y Penal del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid retomará hoy las deliberaciones de los
23 recursos interpuestos contra las escuchas ordenadas por le juez Baltasar
Garzón. Si sus recursos prosperan, podrían desarticular la trama Gürtel.
La posibilidad de que se declare
ilegal parte o todas las escuchas telefónicas practicadas por Garzón entre los
cabecillas de la Red Gürtel y sus abogados en prisión podría poner en peligro la
totalidad del proceso en el que se investiga la trama de corrupción ligada a
administraciones del PP al producirse la denominada Teoría de los frutos del
árbol envenenado.
Esta teoría se fundamenta en que
todos aquellos medios de prueba que, aún siendo lícitos, tienen su origen en los
resultados que se obtienen a partir de una actuación ilegal, son ineficaces y,
por tanto, no gozan de ninguna virtualidad en el proceso judicial. Es la misma
estrategia que utilizó el PP para desactivar el Caso Naseiro , que lo implicaba
presuntamente en una red de financiación ilegal en la primera época de José
María Aznar, en 1990.
El pasado miércoles, Francisco
Javier Vieira, José Manuel Suárez Robledano y Emilio Fernández iniciaron las
deliberaciones para llegar a un acuerdo sobre los recursos que podría provocar
la nulidad parcial o total de las escuchas telefónicas.
Fuentes del TSJM indicaron que, una
vez que la Sala llegue a un acuerdo, el ponente redactará un auto en el que se
motivará la decisión alcanzada por los magistrados.
En el caso de que se decrete la
nulidad de las conversaciones, los abogados defensores podrían solicitar la
nulidad de otras pruebas como declaraciones solicitadas a raíz de las
intervenciones realizadas en la cárcel, en base a la citada Teoría de los frutos
del árbol envenenado.
El abogado Ignacio Peláez, que
defiende a José Luis Ulibarri, explicó que, en el caso de su cliente, su
imputación se basa precisamente en la conversación que mantuvo en Soto del Real
con Correa, Pablo Crespo y sus letrados cuando acudió en condición de abogado
expresamente llamado.
"Fui a preparar mi estrategia de
defensa porque se relacionaba a mi cliente con Correa y Crespo. Nunca
sospechamos que se nos podía estar grabando. El contenido de la charla se
utilizó para imputar a mi cliente, tal y como aparece en el atestado policial",
indicó Peláez, quien adelantó que si se anulan las conversaciones, solicitará
que se levanta la imputación sobre su patrocinado.
"Me da rabia que algunos medios nos
critiquen por querer anular el proceso, pero la culpa es de Garzón y de las
fiscales por permitir la ilegalidad de estas escuchas. La Fiscalía debe velar
por la legalidad de las actuaciones, más aún cuando los abogados no podemos
acceder a la causa. Si se anula, es por culpa del juez y las fiscales",
aseveró.
Este mismo asunto está también en
manos del Tribunal Supremo después de que haya admitido a trámite una querella
interpuesta por este mismo letrado. A este querella se sumó el letrado de
Francisco Correa, que participará en la causa como acusación particular.
El instructor del caso Gürtel,
Antonio Pedreira, tiene previsto levantar el secreto del sumario de las
actuaciones cuando la Sala Civil y Penal tome una decisión sobre los recursos
contra las comunicaciones. No obstante, no se descarta que haya una prórroga más
de las diligencias.
El pasado enero, el juez Pedreira ya
avaló las escuchas al desestimar los recursos interpuestos por José Luis
Izquierdo y Javier Nombela Olmos en el que solicitaban la nulidad de las
resoluiones dictadas por el juez Garzón referidas a la intervención de las
comunicaciones telefónicas.
Los letrados alegaron en sus
recursos que las intervenciones violaban lo dispuesto en la Ley Orgánica General
Penitenciaria (LOGP), que reserva exclusivamente a los supuestos de terrorismo
toda intervención de las comunicaciones entre un interno y sus abogados.
En el auto, la Sala de lo Civil y
Penal criticó que "la estrategia de los recurrentes consiste en confundir la
intervención de las comunicaciones a un interno como medida de régimen
penitenciaria, con la intervención de esas comunicaciones como medida de
investigación adoptada en un procedimiento penal, de manera que las limitaciones
de una se trasmitan a la otra".
(www.publico.es, 16/03/10)
EL CASO GÜRTEL NO PELIGRA SI SE
APLICA LA JURISPRUDENCIA DEL CONSTITUCIONAL
El caso Gürtel no está en peligro de
nulidad, como ocurrió con el caso Naseiro si se aplica la jurisprudencia del
Tribunal Constitucional avalada por su entonces vicepresidente, el magistrado
valenciano Tomás Vives Antón, el primero en aplicar la teoría de la desconexión
de antijuridicidad. Así, aunque las escuchas realizadas en prisión a los
imputados en este caso fueran declaradas ilegales, las mismas u otras pruebas
conseguidas de forma independiente y legítima serían válidas.
Las primeras sentencias del
Constitucional que aplican la desconexión de antijuridicidad son la 81/1998 y la
49/99, ambas con Tomás Vives como ponente. Las dos se oponen a la doctrina de
los frutos del árbol envenenado, por la que una prueba nula, anula el proceso.
Por el contrario, la teoría del Constitucional establece la independencia de las
pruebas y su validez por sí mismas, sin contaminarse ni contaminar el proceso.
En este sentido, explica un experto jurista, "en oposición a la teoría de los
frutos del árbol envenenado, estas sentencias avalan las pruebas que tengan
virtualidad en sí misma considerada y halladas de forma independiente a la que
deriven directamente del contenido de las conversaciones" anuladas o declaradas
ilegales.
Desde el pasado miércoles el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid delibera si debe aplicar la doctrina
medieval del árbol envenenado, tras las 23 peticiones de nulidad de las
actuaciones iniciadas por el juez Garzón hace un año y encabezadas por el líder
de la trama Gürtel, Francisco Correa. Sus abogados han pedido que se anulen
todas las actuaciones en general o bien a partir del 19 de febrero, cuando
ingresaron en la prisión de Soto del Real (Madrid) y el juez Garzón ordenó las
escuchas de las conversaciones con sus abogados en el locutorio. Nula la prueba,
nula la causa, defienden los imputados. El Tribunal Supremo así lo hizo cuando
declaró nulas las escuchas obtenidas en el caso Naseiro, en el que también se
investigaba una supuesta financiación ilegal del PP.
No obstante, la jurisprudencia
posterior del Tribunal Constitucional habría avalado estas escuchas con la
teoría de la desconexión de antijuridicidad. De esta forma, si se llega a la
misma prueba por otro medio legítimo, anterior o posterior, la prueba será
válida, aunque se anulen los hechos derivados de las escuchas declaradas
ilegales, es decir, los frutos del árbol envenenado.
Un ejemplo sería la conversación de
24 de febrero de 2009 entre José Antonio López Rubal, Pablo Crespo y Francisco
Correa. En su recurso, el abogado pretende que se anule la conversación en la
que se habla de "la sociedad de los locales de Boadilla". Aplicando la teoría
del Constitucional, si en un registro legal de estos locales se hallara una
prueba, ésta sería legítima y perfectamente válida al tratarse de una prueba
independiente de las conversaciones, incluso si éstas se anularan del proceso.
(www.levante-emv.com,
16/03/10)
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID SE
INCLINA POR ANULAR LAS ESCUCHAS DEL 'CASO GÜRTEL'
El caso Gürtel, la mayor trama de
corrupción que afecta al PP desde el caso Naseiro y la más extensa conocida en
democracia al afectar a varias comunidades y Ayuntamientos, tiene a los
corruptos implicados pendientes de una resolución clave para el desarrollo de la
investigación judicial. Tres jueces del Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM) han mantenido ya dos sesiones para deliberar si las escuchas ordenadas
por el juez Baltasar Garzón en la cárcel entre los corruptos y sus abogados,
algunos también implicados en la ocultación de fondos, son legales o hay que
anularlas.
Dos de los tres jueces que deliberan
sobre este asunto defienden la anulación total o parcial de las escuchas
decretadas por Garzón y avaladas por el juez Antonio Pedreira, que instruye el
caso en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
Las grabaciones que preocupan a los
corruptos y a sus abogados probarían la connivencia entre los cabecillas de la
trama (Francisco Correa y su número dos, Pablo Crespo) estableciendo estrategias
comunes, por un lado, y tratando de evitar que la justicia localizara decenas de
millones de euros evadidos a paraísos fiscales.
La tensión en la Sala que delibera
sobre la legalidad o no de las conversaciones es muy notable, según fuentes
conocedoras de las mismas. En las dos sesiones que han celebrado hasta ahora los
tres jueces hay una mayoría de dos a uno a favor de anular las escuchas, aunque
no se ponen de acuerdo respecto a si hay que declarar ilegales todas las
conversaciones grabadas en la cárcel con abogados o sólo algunas de ellas.
La decisión de esta Sala de lo Penal
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid puede poner en la picota una
instrucción que acumula ya decenas de miles de folios, cientos de pruebas y que
afecta a un centenar de imputados. Los delitos cometidos por la trama corrupta
han dejado fuera del juego político a cuatro alcaldes madrileños del PP, tres
diputados autonómicos, entre ellos un ex consejero de Esperanza Aguirre, y han
cuestionado las prácticas, muchas de ellas ilegales, de Gobiernos que
colaboraron con la trama corrupta, todos ellos del PP.
Cada uno de los tres jueces que
dirimen los recursos presentados por los abogados de los corruptos tiene un
criterio distinto y opuesto al de los demás, si bien ya se ha conformado una
mayoría de dos magistrados frente a uno que son partidarios de anular estas
pruebas.
Expertos jurídicos consultados por
EL PAÍS señalan que la anulación de las escuchas permitiría a los abogados de
los supuestos delincuentes aferrarse a esta sentencia para seguir recurriendo y
pedir la anulación de nuevas pruebas, lo que podría dilatar la causa durante
años.
El presidente del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid, Francisco Vieira, aupado al este cargo a propuesta de la
conservadora, y afín al PP, Asociación Profesional de la Magistratura, se ha
mostrado hasta ahora partidario de anular parcialmente las escuchas. Es decir,
considera que el juez Baltasar Garzón se excedió cuando ordenó pinchar las
comunicaciones que mantuvieron en la cárcel de Soto del Real los dos jefes de la
trama con sus abogados.
Colateralmente, admitir los recursos
de los abogados también afectaría tangencialmente a Garzón, sobre quien pende
una querella por este motivo que presentó el abogado del constructor José Luis
Ulibarri, sobre el que pesa la sospecha de haber pagado millones de euros para
conseguir adjudicaciones de Gobiernos del PP. El Supremo ha admitido y está
instruyendo esta causa contra Garzón.
En principio, Vieira contaría con el
apoyo y el voto, para conformar una mayoría de dos contra uno y anular gran
parte de las escuchas, de su colega Emilio Fernández Castro. Este magistrado se
ha mostrado aún más radical que Vieira y su propósito inicial es anular casi
todas las escuchas hechas desde la cárcel.
La postura discrepante la mantiene
el magistrado José Manuel Suárez Robledano, también perteneciente a la
conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. Su criterio pasa por
convalidar todas las escuchas decretadas por Garzón y desestimar los recursos de
los abogados que piden la anulación parcial o total del proceso sobre la base de
la ilegalidad de estas grabaciones.
Si la deliberación sigue por los
actuales derroteros, lo previsible es que al final, si hay votación, Viera y
Fernández Castro apoyen la anulación de las escuchas, total o parcialmente, al
sumar sus dos votos en contra del de Suárez Robledano, cuya opinión está en
sintonía, por otro lado, con la ya expuesta en un auto por el actual juez
instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira, quien validó las escuchas de
Garzón rechazando los recursos de los abogados de los corruptos.
Pedreira sostuvo que las escuchas
eran válidas porque algunos de los abogados indagados actuaban en connivencia
con sus clientes y colaboraban con ellos para, entre otras cosas, tratar de
ocultar y evadir de la justicia española "muchos millones de euros" ocultos por
la trama corrupta en casi una quincena de paraísos fiscales.
Según fuentes conocedoras de las
deliberaciones, en este momento el nivel de colisión entre los magistrados es
tal que Vieira está meditando incluso cambiar al ponente y poner otro, es decir,
a él mismo o a Fernández Castro. Y es que su postura y la de Suárez Robledano,
ponente en este recurso, parecen de momento irreconciliables, mientras que
Fernández Castro estaría dispuesto a modificar la suya, nulidad total, y unirla
a una de consenso entre ambos. A Fernández Castro no le importa que pasen
semanas antes de tomar una decisión definitiva si con ello la Sala del tribunal
alcanza un consenso. La deliberación, según las citadas fuentes, continuará
mañana mismo.
Los jueces que quieren anular las
escuchas sostienen, entre otros argumentos, que el artículo que invocó Garzón
para las escuchas sólo permite intervenir las comunicaciones entre clientes y
abogados en los supuestos de terrorismo. El juez Pedreira entendió, en cambio,
que eran válidas porque, al margen de ese supuesto, la Ley de Enjuiciamiento
Criminal permite intervenir comunicaciones de abogados y ordenar registros de
sus despachos si, como en este caso, media una orden judicial y el abogado puede
ser cómplice del delito.
El sumario del caso Gürtel desvela
que el ex secretario de Organización del PP de Galicia Pablo Crespo, el número
dos de la trama corrupta, dio instrucciones desde la prisión de Soto del Real en
relación con los fondos de la organización en Suiza, según las conclusiones de
la policía extraídas de las intervenciones de comunicaciones en la cárcel.
En la parte de las escuchas, la
documentación recoge varias comunicaciones, fechadas en el mes de marzo del año
2009, del cerebro de la red corrupta, Francisco Correa, y de su lugarteniente,
Pablo Crespo, con sus respectivos abogados.
(www.elpais.com,
15/03/10)
COMISIONES ILEGALES A CONCEJALES
Y ALCALDES
Francisco Correa, principal imputado
en el caso Gürtel, reconoce a su abogado pagos a políticos populares
madrileños.
Abogado. Esa asociación todavía no
se ha establecido [...]. Ése es el debate que tenemos que dar. [...] Lo único
que tenemos es la aplicación a un pen drive.
Correa. El famoso pen drive es el
lío famoso, si no existiera... [...] Sin este pen drive todo esto no hubiera
ocurrido (...) En un momento determinado se puede decir que ese pen drive es un
montaje que ha hecho [José Luis] Izquierdo [contable de la red de sociedades
corruptas] con Pepe Peñas, ahí en el pen drive tienen que aparecer los pagos a
Peñas cuando era concejal de Majadahonda. Él cobraba, todos los meses le
pagábamos [Peñas, ex colaborador de Correa, acabó traicionándole y presentó en
2007 la denuncia que dio origen a la investigación].
Abogado. Nosotros en ningún caso
vamos a reconocer que los pagos que aquí se documentan estén asociados a una
decisión administrativa.
Correa. Si me preguntan "¿Usted le
ha dado el dinero a estos señores?", ¿yo qué les digo?
Abogado. Yo negaría la realidad. Que
lo acrediten.
Correa. Habrá que ver qué contestan
el día 18 Sepúlveda, Ginés... [ex alcaldes madrileños imputados en el caso].
Abogado. Más o menos tenemos
controlados a todos. Excepto a Izquierdo.
(www.elpais.com,
15/03/10)
COSPEDAL: "NOSOTROS NO HEMOS
PEDIDO LA NULIDAD DEL 'CASO GÜRTEL"
En una semana clave en el caso
Gürtel, la mayor trama de corrupción que afecta al PP, la secretaria general de
los populares, Dolores de Cospedal, ha señalado esta mañana que a pesar de que
su partido está personado como acusación en el proceso, no ha pedido en ningún
momento la nulidad de la instrucción. La secretaria general respondía así a la
pregunta de si al PP le gustaría que el caso Gürtel concluyera en una nulidad,
como sucedió con el caso Naseiro en los años noventa.
Dos de los tres magistrados del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid están a favor de que se anulen total o
parcialmente algunas de las escuchas en la cárcel a implicados en la trama
corrupta y abogados defensores del caso. Se espera una decisión de los
magistrados en este sentido en las próximas horas.
En declaraciones a la prensa, tras
la reunión del comité de dirección del partido Cospedal señaló: "Yo lo que le
puedo decir es que el PP está personado como acusación y no ha pedido la
nulidad". "Creo que es bastante clara nuestra posición", apostilló la secretaria
general del PP.
Esas escuchas de conversaciones
entre imputados en la trama corrupta -dirigida por Francisco Correa- y abogados
del caso, se produjeron en prisión y fueron autorizadas por el juez de la
Audiencia Nacional Baltasar Garzón y avaladas por el juez Antonio Pedreira, que
instruye el caso en el Tribunal Superior madrileño. La intención de los
presuntos corruptos encarcelados era definir una estrategia común para evitar
que la justicia localice millones escondidos en paraísos fiscales.
Expertos jurídicos consultados por
EL PAÍS señalan que la anulación de las escuchas permitiría a los abogados de
los supuestos delincuentes aferrarse a esta sentencia para seguir recurriendo y
pedir la anulación de nuevas pruebas, lo que podría dilatar la causa durante
años.
En el caso Gürtel están implicados
ayuntamientos populares y varios representantes de ese partido. En total, hay un
centenar de imputados.
(www.elpais.com,
15/03/10)
EL TRIBUNAL DE MADRID ANALIZA LAS
ESCUCHAS DEL 'CASO GÜRTEL'
El Tribunal Superior de Justicia de
Madrid deliberará el próximo día 10 si valida las escuchas telefónicas
decretadas por el juez Baltasar Garzón a las conversaciones entre los
principales implicados en el caso Gürtel y algunos de sus abogados. El tribunal
analizará los más de 60 recursos que han interpuesto los letrados de los
imputados contra el auto que dictó en enero el actual juez instructor del caso
Gürtel, Antonio Pedreira, en el que consideraba ajustadas a derecho las
intervenciones telefónicas decretadas por Garzón, que fue el primer instructor
de esta causa.
Pedreira argumentó que sobre algunos
letrados existían indicios de connivencia con sus clientes para tratar de
apartar del alcance de la justicia española "millones de euros" depositados por
la trama corrupta en el extranjero.
El próximo sábado, intelectuales,
actores, escritores, instituciones y particulares participarán en Jaén en un
acto de apoyo a Garzón.
(www.elpais.com,
03/03/10)
EL ALBONDIGUILLA SE JACTABA EN
UNA CARTA DE 2008 DE SU RELACIÓN CON AGUIRRE
Con motivo del hijoputa que soltó
Esperanza Aguirre, desde el PP, diferentes voces han defendido que “las
conversaciones privadas en tono coloquial no aguantan ninguna crítica”. Pero no
sólo las conversaciones privadas, también las palabras que se dejan por escrito.
Arturo González Panero, más conocido como El Albondiguilla, es un buen ejemplo
de esa inconsistencia. Así lo deja demuestra una carta de diciembre de 2008
dirigida a los afiliados del PP de Boadilla del Monte para que le reeligieran
como presidente de la formación, cuando ya era alcalde. Una misiva que deja en
evidencia la confianza que tenía puesta en él Esperanza Aguirre.
A finales de 2008 se celebró el
congreso local del PP en Boadilla del Monte, la localidad que dos meses después
se revelaría como el epicentro de la trama Gürtel. El Albondiguilla se dirigió
por carta a los afiliados para pedirles su voto, cantando los logros de su
presidencia y cargando contra su rival, María Jesús Díaz.
Campaña de difamación
Ya por entonces, Panero estaba en el
punto de mira por distintas sospechas de corrupción, de las que El Plural vino
informando puntualmente. En su carta, El Albondiguilla hacía referencia a “la
campaña de difamación y falsas acusaciones a las que hemos tenido que asistir”,
aunque aseguraba que ya habían quedado “desvirtuadas” por “el peso de la verdad
y la justicia” y por “un unánime apoyo de todo el Equipo de Gobierno del PP”.
El elegido de Aguirre
A los afiliados, Panero también les
contaba que tenía “el profundo honor y la responsabilidad de haber sido
reelegido por Esperanza Aguirre como Secretario (sic) de Área de la Ejecutiva
Regional del PP de Madrid”. Aquel bonito vínculo lo olvidó Aguirre, de cara a la
galería, cuando saltó el escándalo Gürtel, asegurando que los implicados estaban
ya allí cuando ella llegó a la Presidencia del Gobierno regional.
“Otra afiliada”
“Habrás conocido que, además de mi
candidatura, otra afiliada se presenta a la presidencia local bajo la crítica de
que ‘las puertas del partido están cerradas a la participación de sus
afiliados’”, alertaba Panero en su misiva. A ella le reprochaba en la misiva que
hablase de “puertas cerradas” cuando había sido “en los últimos diez años” la
secretaria general del partido. O sea, su mano derecha.
Derrota y purga
Aquella afiliada no era otra que María Jesús Díaz, quien
se convirtió en enemiga interna de Panero. En el
congreso, El Albondiguilla fue reelegido con 184 votos frente a los 136 de su
rival. Y entonces, purgó el partido. La secretaría general se la dio a Alfonso
Bosch Tejedor, ahora imputado en el caso Gürtel. Y a Díaz le arrebató todas sus
responsabilidades en el Ayuntamiento y la redujo a concejala rasa. Desde el PP
de Madrid incluso llegó a recibir un aviso por lo evidente de la limpieza.
“Dimite por favor”
Cuando estalló el caso Gürtel y la
situación de Panero se volvió irremediable, la posición de Díaz no mejoró mucho
más. Cuando Francisco Granados, secretario general del PP de Aguirre, se reunió
con El Albondiguilla y sus concejales fieles para ver cómo resolver la
situación, todos se plantaron y exigieron que si María Jesús Díaz no dimitía de
lo poco que le quedaba, Panero no dejaría la alcaldía y, además, cantaría todo
lo que sabía. El asunto se zanjó con una llamada de la mismísima lideresa a Díaz
para que entregase su acta de concejal. Y lo hizo con estas palabras: “Dimite,
por favor. Que, si no, lo tengo que hacer yo en dos días”.
(www.elplural.com,
26/02/10)
HACIENDA DESTAPA
COMISIONES OPACAS DE NUEVE CARGOS DEL PP POR 3,8 MILLONES
Nueve altos cargos del PP de Madrid involucrados
en la trama Gürtel no declararon al fisco 3,8 millones de euros que
supuestamente recibieron, entre 2004 y 2007, de las sociedades corruptas que
dirigía el cabecilla de esa red, Francisco Correa. Así se desprende de un
informe que tiene ultimado la Agencia Tributaria y que, según distintas fuentes,
será aportado en breve al sumario que tramita el juez de Madrid Antonio
Pedreira.
Hacienda ha analizado e informado sobre los datos
contenidos en una carpeta azul que la Brigada de Blanqueo de Capitales del
Cuerpo Nacional de Policía decomisó a José Luis Izquierdo, el contable de las
sociedades corruptas. Hacienda sostiene que estas cantidades "posiblemente han
sido cobradas y no declaradas".
Son anotaciones sobre pagos en dinero negro hechos
supuestamente a estos altos cargos -entre ellos, tres diputados del PP de la
Asamblea de Madrid y tres ex alcaldes de importantes municipios madrileños- a
cambio de contratas fraudulentas y otros lucrativos favores realizados desde
instituciones públicas gobernadas por el PP. Al margen de esos pagos, que suman
3,8 millones de euros, Hacienda también indaga otros sobornos económicos
aparecidos en otros extractos de la contabilidad B de las sociedades de Correa.
Y tiene constancia de otras prebendas y viajes recibidos por algunos de estos
nueve ex altos cargos: coches, viajes...
Sólo los tres diputados del PP, al menos dos de
ellos de especial confianza de la presidenta regional Esperanza Aguirre, habrían
percibido de la trama, según Hacienda, casi un millón de euros, de los que no
dieron cuenta al fisco, motivo por el que la Agencia Tributaria entiende que han
podido cometer un delito fiscal. Tanto los tres diputados como los cuatro
alcaldes fueron forzados por el PP a dimitir de sus cargos o abandonar el grupo.
Los diputados forman ahora parte del grupo mixto en la Asamblea y siguen
cobrando sus sueldos públicos.
Al diputado Alfonso Bosch, ex gerente de la
empresa municipal de suelo del municipio madrileño de Boadilla del Monte
(Madrid), Hacienda le reclama, por el dinero percibido y no declarado (250.000
euros en sobornos), una cuota a pagar cercana a los 100.000 euros. A Alberto
López Viejo, ex consejero de Deportes del Gobierno de Aguirre, el fisco le ha
descubierto ingresos no declarados que suman otros 352.000 euros. Es a quien más
dinero le reclama Hacienda de los tres diputados implicados.
A Benjamín Martín Vasco, diputado y ex responsable
de la empresa de suelo de Arganda del Rey, el fisco le atribuye la recepción de
unos 340.000 euros, siempre según fuentes conocedoras del informe.
Por su lado, a tres de los cuatro ex alcaldes
madrileños imputados, el fisco les atribuye la percepción total de 1,6 millones
de euros en dinero negro. De entre los ex ediles, y sólo por este concepto, el
que más dinero líquido ha recibido y no ha declarado al fisco es Arturo González
Panero, ex regidor de Boadilla del Monte (642.000 euros), seguido de los ex
alcaldes de Arganda del Rey, Ginés López (534.000 euros), y Pozuelo de Alarcón,
Jesús Sepúlveda (455.000). Aunque Sepúlveda, igual que los otros alcaldes, fue
forzado a dejar sus cargos, trabaja en la sede del PP.
El informe de la Agencia Tributaria, que estará
listo para ser entregado al juez esta misma semana, se centra también en Tomás
Martín Morales, vicepresidente y consejero delegado de la Empresa Municipal de
Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte. Hombre de confianza de González Panero
en el Ayuntamiento, Hacienda le atribuye haber cobrado y no declarado 450.000
euros. Supuestamente, a cambio de las contratas que dio a dedo a distintas
constructoras cómplices tras la intermediación de Correa. Los otros dos
investigados por el fisco en el marco de la trama de Madrid son Gerardo Galeote,
ex eurodiputado del PP en la pasada legislatura, y el padre de éste y ex
concejal de Boadilla, José Galeote. En total, Hacienda considera que ambos no
declararon casi 800.000 euros.
(www.elpais.com,
22/02/10)
EL NÚCLEO DE LA
TRAMA MADRILEÑA
El instructor del caso Gürtel, Antonio Pedreira,
ha impuesto fianzas de responsabilidad civil, bajo amenaza de embargo de sus
bienes, a casi todos los altos cargos del PP a los que la Agencia Tributaria
imputa ahora un delito fiscal por haber recibido dinero opaco de la trama
corrupta y no haberlo declarado. Tanto los tres diputados del PP de Madrid como
los ex alcaldes implicados se han negado a declarar ante el juez.
- Alberto López Viejo. El juez le ha impuesto una
fianza de 750.000 euros. Ex consejero de Deportes, era el responsable de las
escenografías electorales de la presidenta Esperanza Aguirre, que montaba a
través de sociedades de Correa. Solía trocear los contratos en cantidades
inferiores a 12.000 euros para poder adjudicarlos a dedo a Correa. Sigue
cobrando un sueldo público como diputado, al igual que sus dos colegas
aforados.
- Benjamín Martín Vasco. Pesa sobre él una fianza
de 955.000 euros. Es diputado del PP en la Asamblea de Madrid. Y fue teniente de
alcalde de Arganda del Rey entre 1995 y 1999. Los supuestos sobornos los recibió
como responsable de la empresa pública del suelo de esta localidad, por dar
contratas a la red corrupta.
- Alfonso Bosch Tejedor. El juez le ha impuesto
una fianza de 750.000 euros. Es el tercer diputado regional de Aguirre
implicado. Fue gerente de una empresa pública de suelo en Boadilla del Monte y,
según el sumario, adjudicó unos locales a Rústicas MBS, propiedad del también
imputado en la trama Gürtel José Ramón Blanco Balín, ex vicepresidente de Repsol
YPF. La contabilidad B de Correa refleja entregas de dinero a Bosch y los otros
dos diputados.
- Arturo González Panero. Ex alcalde de Boadilla
del Monte. Ha realizado viajes con el cabecilla Correa a Miami (EE UU), donde
hay sólidas sospechas de que la trama Gürtel oculta dinero conseguido
ilícitamente.
- Jesús Sepúlveda. Ex alcalde de Pozuelo de
Alarcón. Ahora trabaja para el PP en su sede de Génova. Aparte de supuestos
sobornos y viajes, la trama le regaló coches de lujo.
- Ginés López. Ex alcalde de Arganda del Rey.
Durante su gobierno, la red de Correa penetró en este municipio y logró, a
cambio de supuestas comisiones, millonarias contratas públicas.
- Guillermo Ortega. Ex alcalde de Majadahonda.
Hacienda no le reclama, al menos de momento, ningún dinero. Carmen Rodríguez
Quijano, ex esposa de Correa, era su asesora.
(www.elpais.com,
22/02/10)
EL JUEZ PEDREIRA
PIDE A EEUU QUE BLOQUEE EL DINERO DE CORREA
El juez instructor del
caso Gürtel, Antonio Pedreira, ha solicitado
a las autoridades estadounidenses el bloqueo de 11 cuentas donde presuntamente
descansa parte del dinero que
Francisco Correa y sus colaboradores
obtenían de la trama de corrupción vinculada al PP. Los investigadores han
llegado a la conclusión de que todas esas cuentas están a nombre de sociedades
pantalla que esconden a su verdadero propietario, el propio Correa.
En la sucursal de Bancaja en Miami, el Grupo
Hilgart tiene abiertas tres cuentas. Este grupo engloba a cinco sociedades
radicadas en el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes que, a su vez, participan
en 12 firmas con sede en la ciudad más importante del Estado de Florida. Al
frente de siete de esas sociedades figuraba la principal imputada por el caso
Gürtel al otro lado del Atlántico,
Ana Karlota Figueroa. Como informó Público
el 7 de febrero, Figueroa está considerada por los investigadores la mano
derecha de Correa en Miami.
Pedreira quiere que Estados Unidos ofrezca
información sobre todos los movimientos vinculados a esas cuentas. El juez no
tiene información sobre los fondos que contienen y entre sus solicitudes está la
información sobre transferencias de dinero, posiciones en valores mobiliarios,
préstamos e hipotecas, adquisición de Bonos del Tesoro estadounidenses y la
posible existencia de cajas de seguridad.
Una cuarta cuenta abierta en el Bancaja de Miami
está a nombre de otra de las empresas del grupo, Prairie Development. El titular
de esta sociedad hasta enero de 2005 fue Randall Woodward, también imputado, y
que fue sustituido en el cargo por Figueroa.
Se da la circunstancia de que el director de la
sucursal de Bancaja en Miami es el imputado Guillermo Martínez Lluch, al que
Correa y su presunto número dos, Pablo Crespo, le concedieron poderes para
vender sus bonos. La policía considera muy relevante la participación de Bancaja
y Merrill Lynch en la inversión inmobiliaria de Correa en Estados Unidos. De
hecho, en el banco estadounidense está abierta una de las 11 cuentas que
Pedreira quiere bloquear.
La tercera entidad bancaria afectada por la
petición del juez español es Gibraltar Bank, concretamente una de sus sucursales
en Florida. Cuatro sociedades de Correa tienen en ese banco cuentas a su nombre.
Tres de ellas figuraron o figuran todavía como
propietarias de otros tantos apartamentos en Residencia Jade, una torre de lujo
con vistas al mar donde estrellas latinoamericanas del deporte y la música
tienen residencia. Flybridge y Skyview Investments compraron en 2001 y vendieron
posteriormente, con un beneficio total de más de 630.000 dólares, unos 465.000
euros al cambio actual, según el cálculo de los investigadores. La trama aún
tiene un piso en la torre a nombre de otra de las sociedades con cuenta en el
Gibraltar Bank, llamada Waterfall Investments.
La Agencia Tributaria
y la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sospechan que Correa y
otros implicados pudieron comprar más apartamentos en el mismo residencial y por
eso facilita una larga lista de la que solicita se coteje con los propietarios
de los apartamentos. Entre estos sospechosos figura Ramón Blanco Balín, abogado
responsable de la ingeniería financiera internacional con la que Correa
enterraba el rastro del dinero.
Tres cuentas a nombre de Crawford USA LC, sociedad
que integra la madeja financiera de Correa, y otra abierta por este en las Islas
Caimán, llamada Chelmi Ltd., completan la nómina de 11 cuentas objeto de bloqueo
por la comisión rogatoria enviada por el juez Pedreira.
El magistrado también requiere información
detallada sobre las 12 sociedades. Asimismo aporta los nombres de los
principales implicados en el caso con el objeto de descubrir nuevas cuentas
bancarias donde permanezca escondido el dinero.
Otra pata de la investigación de la trama en EE UU
es el despacho de abogados Juris Magister Trust, también con sede en Miami. Los
investigadores atribuyen al bufete el diseño y la creación del conjunto de las
12 sociedades de Correa en esa ciudad.
El director de Juris Magister, Luis Agramunt, es
otro imputado en la primera fase de la investigación por la trama Gürtel, pero
la actividad del despacho arrastra ahora a dos de sus empleados. Por una parte,
está Tidy Baez, acusado de constituir las sociedades, y por otra, Gloria
Pascual, presunta responsable de la contabilidad de las mismas. Ambos ya han
sido imputados por el juez Pedreira.
El hilo de la investigación lleva hasta otro
bufete norteamericano, Palmer, Palmer & Mangiero, con la que Iuris Magister está
en tratos desde 2001. Los investigadores han descubierto que Francisco Correa
emitía cheques de la entidad Metro Bank contra este bufete y con Juris Magister
como beneficiario. Por eso, el juez quiere conocer cuánto dinero recibieron
Palmer, Palmer & Mangiero de entidades vinculadas al jefe de la trama Gürtel o
de alguno de sus colaboradores.
Siete imputados por
el dinero de la ‘Gürtel' en EEUU
La trama de corrupción crecida al calor del PP en
Madrid y Valencia tenía que esconder el dinero que obtenía ilícitamente. Para
conseguirlo, Correa creó supuestamente doce sociedades pantalla en el paraíso
fiscal de las Islas Vírgenes, y de ahí, el dinero pasaba a Miami. La identidad
de Correa siempre quedaba oculta.
Imputados en EEUU:
presuntos cómplices
Para crear esta complicada madeja, la trama
necesitaba colaboradores, también en Estados Unidos. Dos españoles con
residencia habitual allí ya figuraban como imputados por crear sociedades,
administrarlas o implicarse en el movimiento de los fondos. Ahora hay cinco
nuevos imputados estadounidenses.
Declaración judicial
por videoconferencia
El juez Antonio Pedreira ha pedido a las
autoridades de Estados Unidos que los cinco imputados de esa nacionalidad
declaren por videoconferencia.
‘Broker' encausado:
aparece en la parte conocida del sumario
Randall Lew Carusso es el quinto nuevo imputado.
Un ‘broker' al que la esposa de Crespo llamó mientras este estaba en la cárcel
para darle instrucciones supuestamente sobre el dinero de la trama desviado a
Estados Unidos por las Islas Vírgenes.
(www.publico.es,
15/02/10)
LOS IMPUTADOS
ENTIERRAN EN RECURSOS AL INSTRUCTOR DEL CASO
"Lo recurren todo, hasta que los llamen a
declarar". Pronunciada por una persona próxima al Tribunal Superior de Madrid (TSJM),
la frase resume la estrategia de bloqueo silencioso seguida por los
imputados del
caso Gürtel. En los nueve meses y medio
hábiles transcurridos desde que, el 31 de marzo de 2009, asumió la instrucción
del sumario, el juez Antonio Pedreira ya ha resuelto cien recursos. El jueves le
quedaban 12 pendientes de resolución. Pero la cuenta no acaba ahí: "Siguen
presentando recursos", corroboran en su entorno. Enterrado en papeles, disminuye
el margen de maniobra del magistrado para que la instrucción sumarial avance a
buen ritmo.
Con un sistema procesal como el español, donde la
posibilidad de impugnar cada decisión del juez instructor apenas conoce límite,
los hechos no auguran un cambio positivo para Pedreira en lo que a burocracia se
refiere. La Constitución consagra el derecho a un proceso judicial sin
dilaciones indebidas. Pero, aquí, el tiempo constituye un factor decisivo. Y,
máxime en una situación de incertidumbre política, a los imputados en el mayor
caso de corrupción política fraguada al calor de administraciones del Partido
Popular les interesa ganar todo el tiempo posible.
"Cada vez que uno recurre ejemplifica otra fuente
conocedora del caso, se adhieren otros, y eso implica que el juez tiene que
notificarles a todos que se les tiene por adheridos, con el papeleo que eso
significa". "Están colapsando el juzgado", avisa la fuente.
La cifra de implicados no cesa de crecer. En su
último auto, dictado el pasado día 9, Pedreira habla de "alrededor de 80"
imputados. Sus respectivos abogados pertenecen a diferentes bufetes, pero las
puntadas que va dando cada uno se entrelaza con las de sus colegas hasta formar
un solo dibujo en el tapiz.
Una de las conversaciones grabadas en la cárcel a
Francisco Correa y su abogado por orden del primer instructor del caso, el juez
Baltasar Garzón, ilustra lo anterior. "Estos asuntos -dice el abogado del
presunto jefe de la trama corrupta- son siempre iguales, como Malaya,
Estepona... Siempre es una carrera de fondo que empieza con un informe policial,
pero lo que hay que tratar es de coordinar al máximo". El abogado que habla en
los términos expuestos es José Antonio Choclán, ex juez de la Audiencia Nacional
y uno de los líderes naturales de la defensa. La policía intervino esa charla el
6 de marzo, un mes después de que Garzón lanzara la operación y cuando ya obraba
en poder de Anticorrupción y del juez el famoso pen drive que contenía la
contabilidad oculta de la red.
Hace 15 días, Pedreira rechazó el recurso contra
las escuchas en prisión. Los imputados ya han impugnado el auto de Pedreira ante
la Sala de lo Civil y lo Penal del TSJM, el órgano inmediatamente superior a
Pedreira y cuyo dictamen resulta inapelable. La avalancha de recursos también
está afectando a la operatividad de la sala: ya ha resuelto medio centenar y
tiene pendientes otros 25, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid.
Si la sala valida la decisión de Pedreira sobre
las escuchas, a los imputados sólo les quedará un camino: acudir al
Constitucional invocando que se han vulnerado sus derechos fundamentales.
Choclán ya advirtió que está dispuesto a llegar "donde haga falta" para que
queden en agua de borrajas escuchas que aportan una información clave sobre los
manejos de la red.
El colapso en que se ha visto sumido el juez del
TSJM Antonio Pedreira le llevó a pedir el envío de un magistrado de apoyo que lo
ayudase en la instrucción del ‘caso Gürtel'. Fuentes próximas al juez
confirmaron que Pedreira lanzó dos peticiones. Ambas fueron rechazadas.
El sistema procesal español, en el que cada juez
es soberano salvo que, por razones disciplinarias, intervenga el Consejo General
del Poder Judicial (CGPJ), imposibilita en la práctica que dos magistrados
instruyan la misma causa.
El colapso, por tanto, en el juzgado de Antonio
Pedreira no sólo no tiene visos de aligerarse sino que puede empeorar. Lo
previsible es que, una vez que el magistrado levante el secreto del sumario
sobre otros 40.000 folios, se produzca una nueva avalancha de recursos.
El calvario burocrático de Antonio Pedreira no se
ciñe a los recursos de los imputados. Según fuentes del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, el juez recibe a diario una media de 12 escritos sobre el
‘caso Gürtel': oficios de la policía, comunicaciones y, por supuesto, los ya
mencionados recursos.
El secreto sumarial podría, no obstante,
prorrogarse si Pedreira lo considera oportuno para proteger la investigación.
Algunas fuentes señalan que lograr información de algunos paraísos fiscales
donde, supuestamente, colocó el dinero la red corrupta se está convirtiendo en
un calvario.
(www.publico.es,
15/02/10)
PEDREIRA VALIDA EL SECRETO
DICTADO POR GARZÓN EN LA 'GÜRTEL'
El juez del Tribunal Superior de
Madrid (TSJM) Antonio Pedreira, que instruye la pieza principal del sumario
Gürtel, infligió ayer un durísimo golpe a los imputados en sus expectativas de
ver anulada la parte medular de la instrucción, aquella que se llevó a cabo
antes de que estallara el caso y los implicados supieran que se les estaba
investigando. Tras avalar, hace 12 días, las escuchas a presos y abogados
ordenadas por Garzón, el magistrado del TSJM ha tumbado ahora el recurso contra
el secreto de actuaciones dictado por el mismo magistrado y las sucesivas
prórrogas que decretó.
En su nuevo auto, fechado el pasado
día 9, Pedreira ofrece, además, una nueva pista sobre los avances que las
comisiones rogatorias están deparando: el número de imputados asciende ya a
"alrededor de 80". Hasta ahora, se manejaba la cifra de 70, sin contar a los dos
aforados Luis Bárcenas y Jesús Merino que investiga el Supremo.
Con el nuevo auto de Pedreira, las
diligencias practicadas por Garzón al amparo del secreto quedan a salvo. Sólo
peligrarían en una hipótesis de remoto cumplimiento: la de que la Sala de lo
Civil y Penal del TSJM termine dando la razón a los imputados.
El recurso se dirigía contra seis
autos del titular del juzgado central número 5. Los recurrentes, José Luis
Izquierdo, considerado el contable de la trama; y Arturo González Panero, ex
alcalde de Boadilla del Monte, intentaron que Pedreira invalidase las
resoluciones dictadas por Garzón entre el 6 de agosto de 2008, cuando abrió el
caso, y el 2 de marzo de 2009, cuando expiró la última prórroga del secreto
acordada por el magistrado de la Audiencia.
Pedreira hace suyas la tesis de la
Fiscalía: que el secreto resultaba imperioso para conocer "la capacidad real de
decisión" de los jefes y testaferros de la red corrupta y para averiguar quiénes
servían de "correos" en los "circuitos financieros mundiales en los que se mueve
el dinero generado ilícitamente".
(www.publico.es,
11/02/10)
EL PP VETA QUE LA CÁMARA DE
CUENTAS FISCALICE CONTRATOS DE LA RED GÜRTEL
Con el argumento de que la vertiente
madrileña del caso Gürtel ha sido suficientemente debatida en la Asamblea de
Madrid, el PP votó ayer en contra de que la Cámara de Cuentas fiscalice los
contratos que el Gobierno regional adjudicó a las empresas de Francisco Correa,
cabecilla de la trama. Fueron 10 votos en contra -los de la mayoría del PP en la
Comisión de Presupuestos del Parlamento regional-, frente a los siete que
reunían PSM e IU.
La propuesta era del grupo
socialista y su portavoz, Adolfo Piñedo, defendió que había que "averiguar si se
ha producido perjuicio a la Hacienda" de la Comunidad de Madrid. Recordó que,
pese a existir una investigación judicial, de lo que ha trascendido hasta ahora
se puede, dijo, "asegurar que estamos ante una trama empresarial que se ha
beneficiado de los contratos con la Comunidad de Madrid y de su relación con
altos cargos".
También insistió en que el PP ha
"entorpecido" el control parlamentario de las relaciones del Gobierno de
Esperanza Aguirre con las empresas de Correa. Con su mayoría absoluta (64 de 120
diputados, tras perder tres precisamente por estar imputados en el caso), el PP
ha rechazado peticiones de información planteadas por la oposición y ha vetado
iniciativas para la comparecencia de los responsables políticos.
Por ejemplo, el consejero de
Economía y Hacienda, Antonio Beteta, sólo ha tenido una intervención en el pleno
sobre este asunto, en la que se negó a tratar los contratos anteriores a las
elecciones de 2007, pese a que en la legislatura pasada también gobernaba
Esperanza Aguirre. En su comparecencia, Beteta justificó la legalidad de los
expedientes, que contaron con informes favorables. Precisamente, la argucia de
la trama Gürtel fue trocear los contratos para que no superaran el límite legal
de 12.000 euros y que se pudieran adjudicar a dedo a sus empresas, porque la ley
no obliga en estos casos a abrir un concurso.
"Éste es uno de los mayores
escándalos que han sucedido en la región", afirmó Piñedo, que cuestionó que la
propia Cámara de Cuentas no haya incluido los contratos del Gürtel de oficio en
su programa de fiscalización de 2010. También recalcó que el informe anual de
fiscalización de la Cámara analiza sólo un muestreo de contratos, "no incluye
los menores, el instrumento preferido de la trama Gürtel para el saqueo de las
arcas públicas".
La portavoz de IU en la comisión,
Reyes Montiel, también se mostró a favor de la propuesta. "Si los contratos han
pasado los controles internos, es que algo estamos haciendo mal", defendió. "La
Administración debería tomar medidas".
Pero el PP, pese a que tiene el
control de la Cámara de Cuentas, con una mayoría de miembros afines a Aguirre,
se negó a la petición de la oposición. "Todos estos contratos menores cuentan
con informe favorable. Fueron adjudicados correctamente, ejecutados y sus
servicios prestados", argumentó. "Y si lo hicieron, difícilmente se puede hablar
de saqueo".
Según el sumario de la trama, la
Comunidad adjudicó 358 contratos a las empresas de Correa, por tres millones de
euros.
Por otra parte, el PP vetó ayer una
pregunta de los socialistas para el próximo pleno (y admitida por la Mesa de la
Cámara) al consejero de Presidencia, Francisco Granados, sobre el supuesto
espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo.
(www.elpais.com,
10/02/10)
LA TRAMA GÜRTEL SUMA CINCO IMPUTADOS MÁS EN EEUU
La investigación por la trama Gürtel ha saltado
definitivamente el Atlántico. Desde el pasado mes de mayo hay cinco nuevos
imputados por su participación en la red de corrupción y blanqueo de capitales
ligada al Partido Popular. Y todos ellos residen en Estados Unidos.
El seguimiento del dinero obtenido de forma
ilícita por la red de Francisco Correa ha conducido a la Policía española y a la
Agencia Tributaria hasta el Estado de Florida. Entre los nuevos imputados se
encuentra Ana Karlota Figueroa, considerada por los investigadores la persona de
confianza de Francisco Correa en Miami.
Esta mujer figura como administradora de al menos
siete sociedades que el cabecilla utilizaba para enterrar el rastro del dinero
procedente de la corrupción en ayuntamientos y comunidades gobernadas por los
conservadores.
La ingeniería financiera que habían diseñado
Correa y sus colaboradores permitía desviar los ingresos ilícitos de sus
empresas al exterior y los ponía a circular por circuitos financieros de varios
estados. Cuando la madeja de sociedades y trasvases de fondos hacía
imperceptible el origen del dinero, este volvía a España.
Uno de los paraísos fiscales utilizados por la
trama es el de las Islas Vírgenes británicas. Cinco sociedades allí domiciliadas
forman el Grupo Hilgart, a nombre de Francisco Correa. Este grupo participa a su
vez en otras 12 sociedades radicadas en la capital de Florida.
Según han podido comprobar los investigadores
españoles, Ana Karlota Figueroa ha continuado figurando como administradora de
algunas de esas empresas incluso después de que Correa fuera detenido, hace
ahora un año. Otro de los imputados por el juez instructor, Antonio Pedreira, es
Randall Woodward, director de una de las sociedades pantalla de Correa hasta el
12 de enero de 2005, cuando fue sustituido por Figueroa.
Las empresas de Correa en Miami se dedicaban a
invertir en lujosos apartamentos de la capital de Florida. Tres de esas
adquisiciones fueron realizadas en una torre frente al mar de 42 plantas llamada
Residencial Jade, de la que son vecinos conocidos deportistas y músicos
latinoamericanos.
La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) ha
podido determinar que una de las empresas de Correa, Flybridge Investments,
compró en 2001 un apartamento en esa torre por 600.000 dólares (unos 420.000
euros al cambio actual) y lo vendió tres años más tarde por 880.000 dólares,
alrededor de 610.000 euros.
El grupo de sociedades de Correa en Miami contaba
con la estrecha colaboración del despacho Juris Magister, con sede en esa
ciudad. A través de este bufete, Tidy Baez se dedicaba a constituir las
sociedades y Gloria Pascual llevaba la contabilidad de las mismas. Los dos
tendrán que explicar su papel ante la Justicia española tras ser imputados por
el juez Antonio Pedreira.
Randall Lew Carusso ya aparecía citado en la parte
del sumario de la Gürtel cuyo secreto se levantó el pasado mes de octubre. Se
trata del broker de bolsa con el que contactó la esposa de Pablo Crespo,
presunto número dos de la trama de corrupción, cuando su marido ya estaba en la
cárcel de Soto del Real.
Ante la sospecha de que Correa y Crespo daban
órdenes desde la cárcel para poner a salvo su dinero y ocultar pruebas, el juez
de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó grabar sus conversaciones por
teléfono y en los vis a vis. En una de las llamadas, su esposa cometió la
indiscreción de decir que había utilizado el móvil del novio de su hija para
telefonear a Carusso, que tiene nacionalidad estadounidense e italiana.
La policía sospecha que esa conversación fue
utilizada para dar instrucciones a Lew Carusso sobre un traslado de fondos desde
una cuenta de Bank of New York a otra en la sociedad Merril Lynch. La cuenta
receptora está a nombre de Chelmi Ltd., sociedad mercantil constituida en las
Islas Caimán y que, como el resto, era parte de la complicada tela de araña
financiera tejida por la trama corrupta.
Hasta mayo, sólo había un imputado español por el
caso Gürtel que reside en Estados Unidos, el español Guillermo Martínez Lluch.
Está acreditado que Correa y Crespo le concedieron poderes para vender sus
bonos. Martínez Lluch es director de una sucursal de Bancaja en Miami. La
policía considera muy relevante la participación de esta entidad bancaria, junto
con Merryl Lynch, en la inversión inmobiliaria de Correa en Estados Unidos.
De las pesquisas seguidas hasta ahora se desprende
que el rastro del dinero de la trama Gürtel se pierde por más de diez países.
Hay paraísos fiscales en el Caribe, como las Islas Vírgenes y San Cristóbal y
Nieves; otros en Europa, en el caso de Mónaco y Suiza; así como estados
pertenecientes a la Unión Europea, como son Reino Unido, Países Bajos y
Portugal, y otros de Latinoamérica, como Colombia y Panamá.
(www.publico.es,
07/02/10)
NUEVOS DATOS SOBRE MALVERSACIÓN Y
PREVARICACIÓN DE ALGUNOS POPULARES EN EL EPICENTRO DE LA GÜRTEL
El Juzgado de Instrucción número uno
de Móstoles ha apreciado indicios de malversación y prevaricación continuada
sobre la gestión que José María de la Mata Arranz, Arturo González Panero y José
Galeote realizaron en su etapa en el Ayuntamiento de Boadilla del Monte. Así, el
juez ha pedido a la acusación -Partido Socialista y Alternativa por Boadilla (ApB)-
que soliciten la apertura de juicio oral.
La querella, que fue presentada por
el PSOE en el año 2001, y a la que posteriormente se sumó ApB, fue presentada
porque Panero abonó el trabajo del letrado Gustavo Galán -compañero sentimental
de otra imputada en la trama Gürtel, Isabel Jordán-, como defensor del equipo
municipal. Según la acusación, Galán cobró por defender e incluso presentar
demandas a terceros a cargo del presupuesto municipal.
Con dinero público
Por ejemplo, en un decreto del 12 de
mayo de 2000, González Panero aprobó la contratación del abogado Galán para el
ejercicio de acciones judiciales en la defensa del derecho al honor de José
Galeote, según el fiscal. Como concejal de Hacienda, José María de la Mata
Arranz, era el encargado de pagar las facturas a Gustavo Galán.
Arturo González Panero
Pese a que el ex alcalde de Boadilla
del Monte ya fue imputado por este caso en 2001, el PP permitió que fuera
designado como candidato a las elecciones municipales de 2003 y 2007. En la
actualidad, González Panero se enfrenta al embargo de sus bienes para afrontar
el pago de la fianza de los 1,8 millones de euros por su presunta participación
en el caso Gürtel.
José Galeote
Fue concejal del PP en el
Ayuntamiento de Boadilla del Monte desde 1995 a 2003. Luego trabajó como asesor
del Alcalde y de Asuntos Institucionales –cargo que compaginó ilegalmente con el
de Juez de Paz durante tres meses hasta que el TSJM de Madrid le hizo
renunciar-. Fue una de las personas que acompañó a Arturo González Panero y
Francisco Correa a Miami Beach, lugar donde el ex regidor de Boadilla pudo haber
adquirido varias propiedades.
En el año 2004, los ayuntamientos de
Boadilla del Monte, Majadahonda y Pozuelo de Alarcón le nombraron gerente del
Consorcio Deportivo y de Servicios de la zona noroeste de Madrid. El hecho no
tendría ninguna relevancia de no ser porque José Galeote estaba jubilado, con lo
que no podría percibir otras retribuciones por su trabajo. Además, está
prohibido desempeñar un puesto de trabajo en el sector público a personas
mayores de 70 años. El juez Antonio Pedreira le puso una fianza de un millón de
euros por su implicación en la Gürtel.
José María de la Mata Arranz
Desde el jueves 19 de noviembre de
2009, José María de la Mata Arranz (un hombre de máxima confianza de Arturo
González Panero), es secretario de Formación del PP de Boadilla. Con
anterioridad, fue concejal de Hacienda del Partido Popular durante dos
legislaturas.
Duro varapalo
Sin duda, la decisión del Juzgado de
Instrucción número uno de Móstoles supone un nuevo varapalo al Partido Popular
que controla Esperanza Aguirre.
(www.elplural.com,
29/01/10)
MEDICINA PREVENTIVA CONTRA EL
GÜRTEL
El caso es un poco extraño, pero muy
ilustrativo del cuidado y el miedo que tienen las administraciones a contratar
con cualquier empresa que tenga el menor vínculo con el caso Gürtel. Sucedió a
principios de este mes en el Ayuntamiento de Madrid, en la Empresa Municipal de
la Vivienda y Suelo (EMVS), y ha terminado con la anulación de un concurso
público porque la firma ganadora aparece de refilón en el sumario judicial del
caso.
A finales del año pasado, la EMVS
sacó a concurso la gestión de la agencia de alquiler municipal por un importe de
5,2 millones de euros y dos años de duración. Un buen contrato. El trabajo
consistía en gestionar las 13.000 viviendas de alquiler que ha construido el
Ayuntamiento en los últimos años más las que se hicieran en los dos siguientes.
A la convocatoria se presentaron
cinco empresas, entre las que, incluso, estaba la agencia estatal. Hasta aquí
todo normal. Pero el problema llegó cuando los técnicos adjudicaron el contrato
a ATJ Consultores, que obtuvo la mejor valoración. Dicha empresa aparece en el
sumario del caso Gürtel porque un grupo de funcionarios de Boadilla remitió al
sindicato ultraderechista Manos Limpias un informe en el que se decía que varias
empresas -dos de ellas directamente vinculadas al entramado corrupto- trabajaban
habitualmente con el municipio. Además, el dossier que adjuntó el juez al
sumario decía: "Cuando se les solicitan certificaciones a cualquiera de ellas,
siempre las presenta la misma persona". Es decir, se deducía que ATJ formaba
parte de la trama porque trabajaba con Boadilla, pero sin aportar ninguna otra
prueba. El juez no ha imputado ningún delito a esta empresa.
El caso es que el Ayuntamiento anuló
el concurso hace dos semanas y alegó razones técnicas. Según explicó ayer el
coordinador de la EMVS, Juanjo de Gracia, el pliego estaba pensado para menos
viviendas de las que se construirán (creen que en vez de 4.000 serán 7.000). El
cálculo real, dice De Gracia, debería estar basado en el ritmo de construcción
de los últimos años.
Además, el Ayuntamiento de Madrid
también alega que se quedaron cortos con el personal que se estimaba necesario y
que tampoco se tenían en cuenta las 7.000 nuevas viviendas que se construirán en
los dos próximos años. La cifra de personal que figuraba en el pliego era de 34
empleados, los mismos que hay ahora. Por tanto, creen, el precio de licitación
fijado era demasiado bajo. En resumen, ésa es la versión oficial. Pero fuentes
municipales aseguran que fueron conscientes de que ATJ aparecía en el sumario
del Gürtel. Este periódico intentó ayer por la tarde hablar sin éxito con dicha
empresa.
El miedo al proceso judicial que
salpica de las administraciones ya se palpó el pasado junio en la Comunidad.
Entonces el Gobierno regional anuló un contrato de obra para la duplicación de
la carretera M-509 entre la M-50 y Villanueva del Pardillo. La Consejería de
Transportes e Infraestructuras renunció al contrato de obras alegando motivos
técnicos justo antes de la adjudicación provisional y una vez decidida la
concesionaria.
Pero el caso es que la concesionaria
era una UTE formada por Acciona e Hispánica, una empresa vinculada también al
Gürtel a la que se le imputan delitos de cohecho, tráfico de influencias, fraude
fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capital y falsedad.
(www.elpais.com,
28/01/10)
PEDREIRA AVALA LAS ESCUCHAS DE
GARZÓN A ABOGADOS Y PRESOS DEL 'CASO GÜRTEL'
El juez del caso Gürtel en Madrid,
Antonio Pedreira, dictó ayer un exhaustivo auto en el que desmonta la principal
estrategia de las defensas de los 65 imputados para tratar de enterrar la
investigación judicial de la mayor trama de corrupción que afecta al PP desde el
caso Naseiro. Todos los abogados han pedido anular las grabaciones que acordó el
juez Garzón (primer instructor del caso Gürtel) entre los principales implicados
en la trama que están en la cárcel y sus abogados, así como todo aquello que
hubiese en la causa "contaminado" por esas grabaciones. En la práctica, ello
habría supuesto dejar medio desnuda una instrucción que se acerca a los 60.000
folios.
El auto hecho público ayer por
Pedreira, de 59 folios, justifica las intervenciones telefónicas decretadas por
Garzón, pide "cordura" y da un rapapolvo a los abogados que atacaron al que
fuera el primer instructor del caso Gürtel por haber ordenado intervenciones
telefónicas dentro de la cárcel entre los principales implicados en la trama
corrupta y algunos de sus abogados. Asegura Pedreira que sobre algunos de estos
letrados existían "indicios" de connivencia con sus clientes para esquivar del
alcance de la justicia española "millones de euros" ocultados en el extranjero
por esta trama corrupta vinculada al PP y que dirigía Francisco Correa. Una de
las conversaciones que se pretenden anular es entre el número dos de Correa,
Pablo Crespo, ex dirigente del PP de Galicia, y su abogado, en la que hablan de
sacar con celeridad el dinero depositado por la red en Suiza antes de que la
justicia española bloquease su salida.
Pedreira ha empezado desestimando
dos de los recursos -el de José Luis Izquierdo, contable de la red de sociedades
corruptas, y el de Javier Nombela, ex vocal del PP de una junta de distrito de
Madrid-, si bien los efectos del auto dictado ayer prácticamente serán
extensibles a todos los demás, opinan fuentes jurídicas.
"Debe respetarse el derecho de
defensa y el secreto profesional [de los abogados], pero siempre y cuando no se
pretenda con ello infringir otro precepto constitucional", señala Pedreira. Se
refiere a que ese derecho "no es ilimitado" ni da una patente de corso a los
abogados para colaborar en la comisión de un delito.
Las defensas pidieron la nulidad al
interpretar que las intervenciones de Garzón violaban lo dispuesto en el
artículo 51.2 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LGP), que permite a los
directores de cárceles grabar conversaciones entre abogados y reclusos por orden
judicial o en casos de terrorismo. Pedreira discrepa de los abogados. Y
fundamenta su decisión de desestimar sendos recursos en jurisprudencia del
Tribunal Supremo, del Constitucional e incluso en una directiva de la CE que
permite a la justicia interceptar conversaciones de notarios e incluso de
abogados que utilicen sus conocimientos para delitos graves, entre ellos el de
evasión de capitales (uno de los que se imputan a los cabecillas de la red
Gürtel).
En consonancia con la Fiscalía
Anticorrupción, Pedreira esgrime también el artículo 579 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, que permite al juez pinchar teléfonos y que, según
Pedreira, no "restringe la intervención de las comunicaciones a los abogados con
carácter general". Pero, además, el magistrado discrepa de la interpretación que
hacen las defensas sobre el artículo 51.2 de la LGP. Entiende que, bajo
supervisión judicial, sí es posible pinchar un teléfono entre abogado cooperador
y clientes aunque no sea un asunto de "terrorismo".
Pedreira razona: "La profesión de la
abogacía es digna, pero no puede disfrutar de privilegios discriminatorios
frente a otras profesiones. De la misma forma que se puede adoptar la medida
motivada de entrada y registro en despachos profesionales, se puede de forma
motivada acordar la intervención de comunicaciones".
(www.elpais.com,
28/01/10)
EL JUEZ RECHAZA ENVIAR A VALENCIA
LAS DILIGENCIAS SECRETAS DEL 'CASO GÜRTEL'
El juez que instruye el caso Gürtel
en Madrid, Antonio Pedreira, entiende que "en este momento no procede" trasladar
a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) la
información que ésta le pidió sobre diligencias que ahora figuran en el sumario
de Madrid pero que están relacionadas con la trama corrupta vinculada al PP en
Valencia. Antes de decidir si admite o no a trámite la querella por supuesta
financiación ilegal del PP de Valencia que interpuso el PSOE, el TSJCV pidió a
Pedreira toda la documentación e informes que posea sobre pesquisas relacionadas
con la trama Gürtel en Valencia. Entre los informes solicitados, figuran los
elaborados por la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional, que
recogen indicios de la supuesta financiación irregular de los populares
valencianos y el de la comisión de más de un millón de euros que supuestamente
se quedó la trama corrupta de los actos de la visita del Papa a Valencia.
Pedreira, de momento, no facilitará
nada a Valencia. Argumenta que las diligencias que demanda están bajo secreto de
sumario y que facilitarlas tal cual puede frustrar "el final legítimo" de las
pesquisas que se desarrollan en Madrid, según informó ayer el Tribunal Superior
de Madrid. Este mismo criterio es compartido por la Fiscalía Anticorrupción,
también contraria a facilitar esa información. De todas formas, Madrid tiene
previsto levantar el secreto de todo el sumario a finales de febrero, según el
Tribunal Superior. Paradójicamente, uno de los informes que pide Valencia (el de
la supuesta financiación ilegal del PP) había sido remitido a finales de agosto
del año pasado por la policía al TSJCV, y este tribunal, presidido por Juan Luis
de la Rúa, a quien Camps considera "más que amigo", lo despreció y rehusó
investigarlo. En aquel momento, el TSJCV investigaba los regalos de trajes y
dádivas de la trama Gürtel al presidente autonómico Francisco Camps y otros
altos cargos de su Gobierno. El tribunal que preside De la Rúa devolvió ese
informe al Tribunal Superior de Madrid argumentando que su investigación sólo
concernía al cohecho impropio derivado de los citados trajes y que la supuesta
financiación ilegal del PP que se describía en ese informe era otro asunto
distinto. Tres días después de devolver dicho informe, el TSJCV, con un voto
discrepante, archivó la causa del regalo de los trajes, lo que en este momento
está recurrido por la fiscalía ante el Supremo. Ante la inacción de Valencia
sobre la supuesta financiación ilegal, Anticorrupción pidió al instructor del
caso Gürtel en Madrid, Pedreira, que investigase este asunto que no había sido
indagado por el TSJCV.
Dado que algunos de los imputados en
Madrid también tenían relación con la trama Gürtel de Valencia -Álvaro Pérez, el
Bigotes, entre otros-, Pedreira ha pedido en estos meses a autoridades
valencianas diligencias que ahora se hallan en Madrid bajo secreto sumarial. Y
son éstas las diligencias que pide el TSJCV a Madrid y que el juez, al estar
bajo secreto, se niega de momento a enviar. El tribunal valenciano quiere esas
diligencias para ver qué hace con la querella por financiación ilegal que ha
interpuesto el PSOE de Valencia contra el PP.
Esa querella va dirigida contra
Camps y otros altos cargos del PP y está basada en el informe de financiación
ilegal que en su momento despreció el TSJCV. Los socialistas incluyen en su
querella a 17 personas: altos cargos del Gobiernovalenciano, entre ellos Camps,
varios implicados en la trama y cinco empresas valencianas, una de ellas de la
familia del también vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino.
(www.elpais.com,
26/01/10)
EL TRIBUNAL SUPERIOR DE MADRID
INVESTIGA AL PP DE VALENCIA
El juez del Tribunal Superior de
Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira apeló ayer al secreto del sumario
para negarse a facilitar información a sus colegas valencianos. Este juez
investiga, con el visto bueno de la fiscalía, la financiación ilegal del PP en
la comunidad autónoma tras un informe de la policía que revelaba cómo la red que
dirigía Francisco Correa costeó actos de este partido.
Fuentes judiciales han explicado que
Pedreira ha asumido esta investigación porque considera que los hechos están
íntimamente relacionados con Correa. También subrayan que, de momento, no ha
aparecido en la causa ningún aforado, un hecho que obligaría a Pedreira a
remitir la investigación al Tribunal Superior de Justicia de Valencia. Esta sede
judicial archivó en julio la investigación abierta contra el presidente de la
Generalitat, Francisco Camps, y otras tres personas por haber recibido trajes de
la trama corrupta. El Supremo aún tiene que pronunciarse sobre este archivo.
Fuentes jurídicas han confirmado
que, en los próximos días, Pedreira rechazará la petición de nulidad planteada
por los abogados del caso Gürtel por la grabación de las conversaciones que
Correa mantuvo en la cárcel con sus abogados. Estos letrados se han querellado
contra Baltasar Garzón por las grabaciones.
Mientras, el Tribunal Supremo
continúa avanzando, aunque a paso lento, su investigación contra el senador y
extesorero del PP Luis Bárcenas. Estas fuentes han explicado que el magistrado
Francisco Monterde está a la espera de recibir información sobre las cuentas
personales del parlamentario.
(www.elperiodico.com,
26/01/10)
PEDREIRA NIEGA
INFORMAR AL TRIBUNAL SUPERIOR DE VALENCIA SOBRE EL 'CASO GÜRTEL'
El juez que instruye el
caso Gürtel en Madrid, Antonio Pedreira, entiende que "en este
momento no procede" trasladar a la Sala Civil y Penal del Tribunal
Superior de Justicia de Valencia (TSJCV) la información que ésta le
pidió sobre diligencias que ahora están en el sumario de Madrid pero
relacionadas con la trama Gúrtel en Valencia. Pedreira argumenta que
las diligencias que demanda Valencia están bajo secreto de sumario y
que facilitarlas tal cual puede frustrar "el final legítimo" de las
pesquisas que se desarrollan en Madrid. Este mismo criterio, según
ha informado el Tribunal Superior de Madrid, es compartido por la
Fiscalía Anticorrupción, también contraria a facilitar la
información que reclama el TSJCV.
Antes de
decidir si admite o no a trámite la querella por supuesta
financiación ilegal del PP de Valencia que
interpuso el PSOE, el TSJCV pidió al juez Pedreira toda la
documentación que posea sobre pesquisas relacionadas con la trama
Gürtel en Valencia, como
el informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la Policía
Nacional que recoge indicios de la
supuesta financiación irregular de los populares valencianos.
Paradójicamente, este informe había sido remitido a finales de
agosto del año pasado por Pedreira y por la propia policía al TSJCV
y éste tribunal, presidido por Juan Luis de la Rúa, a quien Camps
considera "más que amigo", lo despreció y rehúso investigarlo.
En aquel momento el
TSJCV investigaba los regalos de trajes y dádivas de la trama Gürtel
al presidente Francisco Camps y otros altos cargos de su Gobierno.
El tribunal que preside De la Rúa devolvió ese informe al Tribunal
Superior de Madrid argumentando que su investigación sólo concernía
al cohecho impropio derivado de los citados trajes y que la supuesta
financiación ilegal del PP que se describía en ese informe era otro
asunto distinto. Tres días después de devolver dicho informe, el
TSJCV, con un voto discrepante, archivó la causa del regalo de los
trajes, lo que en este momento está recurrido ante el Tribunal
Supremo.
Ante la inacción
de Valencia sobre
la supuesta financiación ilegal, la
Fiscalía Anticorrupción pidió al instructor del Gürtel en Madrid,
Pedreira, que investigase este asunto y otros muchos detectados por
la policía que no habían sido indagados por el TSJCV.
Dado que algunos de los
imputados en Madrid también tenían relación con la trama Gürtel de
Valencia -Álvaro Pérez, el Bigotes, entre otros-, el juez Pedreira
ha pedido diligencias a autoridades valencianas que ahora se hallan
en Madrid bajo secreto sumarial. Y son éstas las diligencias que
pide el TSJCV a Madrid y que el juez, al estar bajo secreto, se
niega de momento a enviar a Valencia.
Valencia quiere esas
diligencias para ver qué hace con la querella por financiación
ilegal que ha interpuesto el PSOE de Valencia contra el PP. Esa
querella va dirigida contra Camps y otros altos cargos del PP de esa
comunidad y está basada en el informe de financiación ilegal que en
su momento despreció el TSJCV. Los socialistas incluyen en su
querella a 17 personas: altos cargos del Gobierno autonómicos, del
PP valenciano, varios implicados en la trama Gürtel y cinco empresas
constructoras valencianas, una de ellas de la familia del también
vicepresidente de la Generalitat Juan Cotino.
Además del informe sobre
financiación ilegal, existe otro que revela que la trama de
corrupción liderada por Francisco Correa, actualmente en la cárcel,
cobró más de un millón de euros de comisiones ilegales por actos de
la visita del Papa a Valencia en 2006.
(www.elpais.com,
25/01/10)
El juez del 'caso
Gürtel' prorroga otro mes el secreto
El juez del
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio
Pedreira, que instruye la mayor parte de la investigación
del caso Gürtel, la trama corrupta vinculada al PP,
acordó ayer prorrogar un mes más el secreto de las
actuaciones judiciales. No obstante, el tribunal asegura que
Pedreira tiene intención de declarar en fechas próximas la
apertura total de las diligencias, siempre que resulte
posible.
El juez se
encuentra con dificultades técnicas para levantar el secreto
del sumario ante el considerable volumen del expediente. El
pasado 28 de septiembre, Pedreira acordó levantar el secreto
de una parte del sumario en el que mantiene imputadas a
cerca de 70 personas, entre ellas, los diputados autonómicos
del PP Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín
Vasco, así como los ex alcaldes de este partido de las
localidades madrileñas de Arganda del Rey, Pozuelo de
Alarcón, Majadahonda y Boadilla del Monte.
www,elpais.es
23.01.10
LOS DIPUTADOS MADRILEÑOS DE LA
GÜRTEL Y LOS CORREA COMPARTEN ESTRATEGIA: ANULAR EL CASO POR LAS ESCUCHAS EN
PRISIÓN
Los tres diputados autonómicos de
Madrid imputados en la Gürtel y los tres presuntos cabecillas de la trama han
coincidido en algo más que en los negocios: todos ellos están compartiendo una
estrategia defensiva. Tanto los parlamentarios expulsados del PP, Alfonso Bosch,
Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco, como los supuestos directores de la
red corrupta, Francisco Correa, Antoine Sánchez y Pablo Crespo, han puesto
encima de la mesa del juez Antonio Pedreira, instructor del caso en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, sendas peticiones de nulidad de las actuaciones
por las escuchas en prisión ordenadas por otro magistrado, Baltasar Garzón. Los
abogados de los acusados aseguran que, a pesar de que las escuchas están
justificadas en casos especiales como este y de que cuentan con la orden
judicial necesaria, se vulneró el derecho a la defensa de sus representados. Tal
como dicen, las escuchas fueron una “injerencia” “manifiestamente ilegal” e…
“inmotivada”.
Políticos y empresarios acusados tienen una estrategia
común: invalidar el caso Gürtel por las escuchas en prisión ordenadas por
Garzón. Lo curioso es que a los políticos nunca se les escuchó: el juez sólo
ordenó intervenir las comunicaciones de los tres principales imputados, entre
otros motivos, para impedir la destrucción de pruebas. Este procedimiento
evidenció que
los Correa intentaron seguir operando desde la cárcel.
Argumentos…
Sin embargo, los letrados de
los diputados acusados exigen la nulidad de sus
actuaciones porque, según dicen, en esas escuchas también se obtuvo material
contra sus defendidos. Ignacio Ayala, abogado del ex consejero de Deportes López
Viejo,
un polluelo de Esperanza Aguirre caído en desgracia,
asegura que las escuchas “ilegalmente producidas” han lesionado el derecho de
defensa de su representado “de manera irremediable e insubsanable” provocando
“una contaminación indeseable” de parte del material probatorio.
…de los políticos
Asimismo, el letrado de Martín Vasco, un personaje
igualmente cercano a la presidenta que llegó a presidir la comisión de
investigación del espionaje en la Asamblea de Madrid
en febrero del año pasado, considera ilegal el proceder de Garzón, pues el juez
ordenó “de manera genérica e inmotivada” intervenir las conversaciones de su
representado, una “injerencia” ante la que la Fiscalía “no debió aquietarse”,
recoge el diario La Razón.
Todos…
También el representante de
Bosch Tejedor considera que las escuchas “inciden de
lleno” en el derecho de defensa de su cliente, que ha sido “conculcado”.
Finalmente, el abogado de otro político imputado, el ex viceconsejero de
Inmigración de la Comunidad de Madrid,
Carlos Clemente, ha asegurado que las intervenciones
han permitido al juez “avanzar en líneas de investigación a las que no hubiese
tenido acceso de modo legítimo”.
…contra Garzón
Estos argumentos, claro está,
no son innovadores. La defensa de los tres principales
imputados inauguró esta línea, acusando, además de a Garzón, a la Fiscalía de
obtener “información relevante sobre la estrategia de defensa”. Los
representantes de Correa, Sánchez y Crespo solicitan la “nulidad radical” de las
intervenciones, cuyo contenido “ha sido utilizado, incesantemente, en
innumerables informes”. Los letrados de los empresarios se han querellado contra
Garzón por ordenar las escuchas. Según dicen, las actuaciones del juez son,
incluso, inconstitucionales.
(www.elplural.com,
14/01/10)
CORRUPCIÓN, PALABRA TABÚ EN EL
EPICENTRO DE LA GÜRTEL
Pasaron diez minutos antes de que
Esperanza Aguirre mencionara la palabra Gürtel en Boadilla del Monte, el
municipio madrileño donde en febrero estalló el caso de corrupción que mantiene
cercado a los conservadores y donde, anoche, alrededor de 200 militantes del PP
renovaron su voto de fidelidad a la lideresa.
Si el acto con que el PP de Boadilla
arrancaba el año, celebrado en un hotel que antes fue convento, hubiese
congregado al club de amigos del juego Tabú, el resultado no habría sido muy
diferente: ni Aguirre ni su precedesor ante el micrófono y actual alcalde de
Boadilla, Juan Siguero, mencionaron una sola vez la palabra prohibida:
corrupción. No hubo palabras de contrición, sino elogios a la organización local
del PP, aquella que capitaneaba Arturo González Panero, El Albondiguilla, hasta
que sus manejos con la trama Gürtel quedaron interrumpidos por la policía y el
juez Garzón. Muy al contrario, la jefa del Ejecutivo madrileño regresó a la
teoría conspirativa esgrimida por su partido en los primeros momentos del
terremoto causado por la operación contra la red dirigida por Francisco Correa
en connivencia con cargos públicos del PP. "En el año 2009 dijo ya hemos visto
las enormes dificultades que hemos tenido. Primero, los espías, luego el Gürtel.
En fin, enormes dificultades que han querido crearnos nuestros adversarios
políticos".
Repitiendo el eufemismo "enormes
dificultades", Aguirre pronosticó que las de 2009 no serán nada comparadas con
las que "van a crear en 2010". ¿Las que van a crear los presuntos nuevos
corruptos que, como la todavía concejala de Pozuelo Yolanda Estrada, puedan ser
imputados en el caso Gürtel? No. Los socialistas, fue su mensaje. Aquellos,
ironizó la máxima responsable regional del PP, que se quejan del modelo
urbanístico conservador "¿Cómo lo llaman? Especulación salvaje" pero luego
"todos quieren vivir en los municipios donde gobernamos".
"Vamos a dejar atrás 2009, que
tantos problemas nos ha dado en Boadilla y bastantes dolores de cabeza", fue la
consigna de Aguirre. Porque 2010, argumentó, será el año crucial para preparar
las elecciones autonómicas y municipales de 2011. "2010 dijo será un año diez".
Con Miguel Ángel Rodríguez, MAR, el
antiguo jefe de comunicación de Aznar, entre el público -milita en el PP de
Boadilla-, lo exiguo del tiempo dedicado por Aguirre a las "dificultades" de la
corrupción contrastó con el espacio que dedicó al terrorismo y a José María
Aznar. Mientras que a Rajoy lo mencionó una sola vez, cuando recordó su salida
al balcón tras la derrota electoral de 2004, Aznar fue el protagonista estelar
de la alocución de Aguirre. Los misiles con que ETA planeaba asesinarlo le
dieron pie para los elogios. Y para contar que el ex presidente, de viaje en
Jerusalén, había recibido su mensaje de solidaridad.
El servicio de prensa municipal
asegura que, entre quienes siguieron ayer el discurso de la presidenta
madrileña, se encontraba Rosalía Padura, edil del gobierno municipal, vocal en
la nueva gestora del PP local y esposa de Tomás Martín Morales, ex gerente de la
empresa de suelo de Boadilla y a quien el juez ha impuesto una fianza de 1,5
millones. Del ex alcalde Arturo González Panero y del ex concejal José Galeote,
igualmente implicado, no había ni rastro.
(www.publico.es,
14/01/10)
LA CONCEJAL DE POZUELO IMPUTADA
EN EL 'CASO GÜRTEL' PRESENTA SU DIMISIÓN
El juez que instruye el caso Gürtel
en Madrid, Antonio Pedreira, decidió ayer mantener la imputación a la concejal
de Presidencia y Mujer del Ayuntamiento de Pozuelo, Yolanda Estrada, a la que
achaca los delitos de tráfico de influencias y cohecho por su supuesta
participación en la trama. Tras prestar declaración ante el juez, la edil
presentó la dimisión en el Consistorio madrileño. Estrada dejará de ejercer
todos los cargos que desempeñaba, entre ellos la Secretaría de la Junta de
Gobierno y las concejalías de Presidencia, Mujer, Cultura, Relaciones
Institucionales y Protocolo, aunque seguirá siendo miembro del grupo popular en
el Ayuntamiento de Pozuelo.
La edil acudió ayer a declarar para
defender su inocencia y aclarar algunos de los asuntos que se le imputan. Un
auto del magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sostiene que ella
era el enlace entre el Ayuntamiento de Pozuelo y la trama liderada por Francisco
Correa. Estrada es una de las personas de confianza del actual alcalde, Gonzalo
Aguado, quien tomó el poder tras la renuncia del anterior regidor, Jesús
Sepúlveda, también imputado en el caso Gürtel.
Fuentes del PP en la sede de Génova
aseguran que "se seguirá el mismo criterio que con todos los imputados". Las
mismas fuentes aseguran que se baraja la suspensión temporal de militancia de
Estrada, al igual que ha ocurrido con los otros implicados en el caso Gürtel.
Hoy se celebra una reunión de la
dirección del PP madrileño, presidido por Esperanza Aguirre, donde se decidirá
qué medidas se le impondrán.El juez instructor del caso Gürtel en Madrid
interrogó durante unos 90 minutos a la ex edil del área de la Mujer y
Presidencia del Ayuntamiento de Pozuelo. El Tribunal Superior de Madrid (TSJM)
decidió no imponer ninguna fianza ni medida cautelar a Estrada, que ocupaba la
Concejalía de Obras Públicas cuando ocurrieron los hechos que se investigan en
relación con la trama corrupta dirigida por Francisco Correa. Tras prestar
declaración, Estrada señaló que era "completamente inocente" y negó su
"participación" en la trama corrupta.
En el auto de Garzón se indica: "Una
vez que Jesús Sepúlve-da ganó las elecciones en Pozuelo, el grupo empresarial
investigado [el de Correa] empezó a hacer eventos para este municipio y les
compró el proyecto de la Oficina de Atención al Ciudadano (OAC)". Al ex alcalde
de este municipio, Jesús Sepúlveda, Garzón le atribuye el cobró dinero de la
contabilidad B de Correa por importe de 422.000 euros. Según la investigación,
además Correa habría regalado supuestamente un Jaguar a Sepúlveda cuando éste
era senador del PP.
La ex edil indicó ayer que sus
abogados van a presentar un escrito ante el juez Pedreira solicitando que
archive las actuaciones. Añadió que se había limitado a hacer su trabajo y pidió
la presunción de inocencia para ella. "Los políticos tienen la desgracia de
vivir las imputaciones como condenas, y sobre todo como condenas mediáticas",
dijo. Y añadió: "Para mí esto puede suponer la suspensión de mi sueldo, de vivir
de mi sueldo. Tengo la conciencia muy tranquila, soy inocente, no he hecho
absolutamente nada más que mi trabajo".
La ex concejal imputada entró en el
Consistorio de Pozuelo de la mano de Sepúlveda en 2003, quien la puso al frente
de la Concejalía de Obras hasta el verano de 2008, cuando pasó a ocuparse de la
Secretaría de la Junta de Gobierno municipal. Tras conocerse la destitución de
Sepúlveda como alcalde, pasó a ocupar la Concejalía de Presidencia.
Además de Estrada, el juez Pedreira
interrogó ayer como testigos a Rafael de Valle Iturriaga, Miguel Ángel Vara,
Raúl Heras y al secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernard Remón. Todos
ellos, según informó ayer el Tribunal Superior, "han aportado datos probatorios
que servirán para la averiguación de la verdad del procedimiento".
(www.elpais.com,
13/01/10)
Dimite la edil de Pozuelo imputada
en la ‘Gürtel’
El
alcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid), Gonzalo
Aguado, aceptó este martes la dimisión de todos sus
cargos de Yolanda Estrada, después de que el juez
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM)
Antonio Pedreira la
imputara los delitos de prevaricación y cohecho
por su presunta participación en la trama de
corrupción desarticulada en el caso Gürtel.
Pese a
que el nombre de la hasta este martes concejala de
Presidencia y Mujer de Pozuelo aparecía ya en los
autos del primer instructor del caso, Baltasar
Garzón, su imputación formal en la causa se hizo de
rogar. El juez
Pedreira no la citó en esa condición hasta el jueves
pasado. Tras tomarle declaración concretó las
acusaciones que pesan sobre ella en los delitos de
prevaricación y cohecho.
Su
participación en la trama corrupta se remonta a su
etapa como concejala de Obras, siendo alcalde el
también imputado Jesús Sepúlveda.
Ella era el contacto
que la red de empresas de Francisco Correa utilizaba
en Pozuelo. La imputada Felisa Isabel Jordán,
que fue administradora de algunas de las sociedades
del grupo, declaró que era a Estrada a quien tenía
que dirigirse en las negociaciones con el municipio
madrileño, según le había indicado el considerado
lugarteniente de Correa, Pablo Crespo.
El
coche, en efectivo
Además,
en las pesquisas policiales se detectó que
había adquirido un
vehículo de gama alta, un BMW X3, por 42.000
euros, cantidad que pagó en efectivo.
Aunque
las resoluciones de Garzón hicieron dimitir a
Sepúlveda, su sucesor en el cargo, mantuvo a Yolanda
Estrada en el Ayuntamiento y la ascendió de la
séptima Tenencia de Alcaldía a la quinta.
Tras
conocerse su imputación la semana pasada, Estrada
puso sus cargos a disposición del alcalde, quien
terminó aceptando su dimisión, informa Efe. Además
de las dos concejalías, Estrada se ocupaba de la
secretaría de la Junta Local de Gobierno y de las
áreas de Cultura, Relaciones Institucionales y
Protocolo.
El PSOE
reclamaba su dimisión desde que se conoció que
comparecería como imputada ante el instructor del
caso Gürtel en el TSJ de Madrid.
Conciencia tranquila
Nada más
abandonar la sede judicial, Estrada se dirigió a los
medios de comunicación para proclamar su inocencia y
recordar las consecuencias que una imputación
judicial tiene para un político. "Para mí esto puede
suponer la suspensión de mi sueldo, de vivir de mi
sueldo, y de una manera fea.
Yo tengo la
conciencia muy tranquila, soy inocente, no he
hecho absolutamente nada más que mi trabajo",
aseveró.
Hizo
hincapié en que nada más conocer su imputación, puso
sus cargos a disposición del alcalde para no
perjudicar al PP. Además, defendió la honradez de
las personas que se dedican a la política. "No
somos corruptos; puede haber personas que
cometan delitos, sean políticos o no, pero ejercemos
una actividad pública y estamos ahí expuestos a que
pasen esas cosas", destacó.
Su
abogado, José Ángel González Castro, anunció que
solicitará al juez Pedreira el archivo de las
actuaciones, al entender que hay una "ausencia
absoluta de participación" de su cliente en hechos
penalmente relevantes.
El
Comité de Dirección del PP de Madrid celebra hoy la
primera reunión de 2010. Fuentes del partido
aseguraron que uno de los temas a tratar será el de
Estrada, que no sólo podría perder sus cargos, sino
que también se enfrenta a una posible suspensión de
militancia.
www.publico.es
12.01.10
Pedreira imputa en el 'caso
Gürtel' a una concejal del PP de Pozuelo
El juez que investiga el caso Gürtel
en Madrid, Antonio Pedreira, ha imputado a
un nuevo cargo político en la Comunidad. El
magistrado del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM) ha citado a declarar el
próximo martes a la concejal de Presidencia
y Mujer de Pozuelo, Yolanda Estrada (PP), en
calidad de imputada.
Estrada entró en el Consistorio de
la mano del ex alcalde Jesús
Sepúlveda
Estrada era la persona que hacía de enlace
entre la trama corrupta que dirigía
Francisco Correa y el Ayuntamiento de
Pozuelo, según un auto del juez Baltasar
Garzón. El documento señala: "Una vez que
Jesús Sepúlveda ganó las elecciones en
Pozuelo [en 2003], el grupo empresarial
investigado empezó a hacer eventos para este
municipio y les compró el proyecto de la
Oficina de Atención al Ciudadano (OAC). La
persona con la que contactaban en el
Ayuntamiento de Pozuelo era Yolanda Estrada,
concejal de Obras".
Con esta decisión judicial se elevan a 12
los altos cargos del PP imputados en la
Comunidad de Madrid en el caso Gürtel,
la trama de corrupción en administraciones
gobernadas por ese partido.
La edil imputada ayer entró en el
Consistorio de Pozuelo de la mano de Jesús
Sepúlveda en 2003, quien la puso al frente
de la Concejalía de Obras hasta el verano de
2008, cuando pasó a ocuparse de la
Secretaría de la Junta de Gobierno
municipal. Hasta entonces colaboró
estrechamente con Gonzalo Aguado, ex
concejal de Urbanismo y actual regidor en
sustitución de Sepúlveda. "Es la mano
derecha del alcalde", reconocen fuentes
municipales.
Tras conocerse la destitución de Sepúlveda
como alcalde por su presunta implicación en
el Gürtel (recibió 442.000 euros de
la trama y un todoterreno), Estrada pasó a
ocupar la Concejalía de Presidencia. Un
portavoz municipal negó que el alcalde fuera
a destituir "de forma inminente" a la edil.
www.elpais.es 08.01.10
El PP 'perdona' 2,2
millones a una empresa del 'caso Gürtel'
Boadilla elude sancionar el retraso de Constructora Hispánica en la
obra más cara del municipio
El equipo de
gobierno del Ayuntamiento de Boadilla del Monte (PP) ha
decidido perdonar 2,2 millones de euros a la empresa
Constructora Hispánica, una de las sociedades presuntamente
implicadas en el caso Gürtel de corrupción vinculada
al PP. El pasado 18 de noviembre, el mismo día que
finalizaba el plazo previsto para la construcción del
denominado Parque del Deporte y de la Salud del municipio,
la junta de gobierno local aprobó la ampliación del periodo
de ejecución por 13 meses, sin la existencia de un informe
preceptivo.
La adjudicación
de la obra, con un presupuesto inicial de 29,6 millones, el
mayor de la historia de Boadilla, aparece en el sumario como
ejemplo paradigmático del dominio de la trama de Francisco
Correa, presunto cabecilla de la organización corrupta, de
varias instituciones gobernadas por el PP en Madrid, según
el sumario del instructor del caso, Baltasar Garzón. El
Ayuntamiento mantiene que sólo pretende que la obra
concluya, según afirmó ayer un portavoz, y añadió que sí
existe un informe, aunque no lo aportó. En el acta de la
resolución, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, se dice que
no existe tal informe.
A esta decisión
se une el hecho de que el proceso de adjudicación fue
criticado porque el entonces equipo de gobierno encargó en
2007 dos informes para valorar las propuestas de las dos
empresas. El documento de los funcionarios municipales
indicaba que la mejor oferta era la de Sacyr, mientras que
el informe elaborado por un cargo de confianza del anterior
alcalde, Arturo González Panero, imputado en el caso
Gürtel, escogía a Hispánica, que valoró con el doble de
puntos a Sacyr e inclinó la balanza en la suma final. Según
consta en el auto de Garzón, y en el sumario instruido por
el actual responsable del caso Antonio Pedreira, un cargo
del Ayuntamiento, Tomás Martín Morales, que está imputado
con una fianza de millón y medio de euros, pudo haber
intercedido para que la empresa Hispánica obtuviera la
adjudicación.
Pese a que el
pliego de condiciones que regía el contrato le concedía
hasta 10 puntos por terminar los trabajos en un plazo
inferior a 24 meses, Boadilla le concede ahora una prórroga
de 13 meses. La consecuencia será que la empresa deja de
abonar la multa prevista por demoras en la entrega que fija
la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que
eleva la cifra hasta los casi 6.000 euros diarios.Cotejando
las actas municipales, a las que ha tenido acceso EL PAÍS,
llama la atención el hecho de que la adjudicación de 2007 se
realizara en una sesión extraordinaria celebrada el 11 de
mayo, 16 días antes de que se celebraran las elecciones
municipales, por lo que el anterior equipo municipal se
encontraba en funciones.
Quizá por ello
se ausentaron varios miembros del pleno, entre ellos el
entonces alcalde, Arturo González Panero -al que el
cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa,
llamaba "El Albondiguilla", según el sumario-, el
secretario, así como el primer y el segundo tenientes de
alcalde. La falta de quórum obligó a la secretaria del
Ayuntamiento a celebrar una segunda convocatoria, en la que
ejerció de presidenta accidental de la junta municipal
Mercedes Nofuentes Caballero. Eran tenientes de alcalde Juan
Siguero, actual primer edil, y Belén Húmera Contreras, ahora
responsable de Obras Públicas y Urbanismo.
Estas tres
personas, Juan Siguero como alcalde, Mercedes Nofuentes y
Belén Húmera, como tenientes de alcalde, son las encargadas
de aprobar, también en sesión extraordinaria, la prórroga de
13 meses para Hispánica, sociedad que ha cambiado su nombre
por el de Assignia Infraestructuras, en un intento de
alejarse en la medida de lo posible de la trama
Gürtel.
Pero esta nueva
concesión otorgada a una de las empresas de la presunta
trama de corrupción -cuya adjudicación en 2007 se produjo
tan sólo un par de semanas antes de la fecha en la que el
responsable de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla,
Tomás Martín Morales, retirara dinero de la caja B de
Correa con la anotación de El Albondiguilla- ha sido
criticada por la oposición.
Los socialistas
llaman la atención en el hecho de que la ampliación del
plazo previsto se produjo sin el preceptivo informe que lo
justificara. Este punto también fue abordado entre los
dirigentes de la junta municipal, que citó a la misma al
arquitecto municipal y director técnico de las obras,
Salvador Campuzano Casado. En su comparecencia, este
funcionario aseguró que su opinión era clara al respecto y
que no procedía la emisión de un informe complementario.
Tras la intervención del arquitecto, los ediles aprobaron la
ampliación del plazo de ejecución de las obras de Hispánica.
La investigación
de la adjudicación del deporte de Boadilla fue una de las
obras que ha determinado, también, la decisión del juez de
enviar el sumario de la trama al Tribunal Superior de
Justicia de Madrid, habida cuenta de que entre los aforados
por ser diputado autonómico del PP se encontraba Alfonso
Bosch Tejedor. Éste, según Garzón: "Desde su posición en la
Empresa Municipal del Suelo de Boadilla del Monte tuvo un
papel destacado en las operaciones inmobiliarias que
Francisco Correa ha realizado en dicho municipio, y como
este último reconoce en las intervenciones telefónicas él se
encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla
refiriéndose a las actuaciones de naturaleza urbanística
denunciadas en los medios de comunicación social. Las
operaciones en las que habría intervenido se refieren a la
adjudicación de una parcela a la empresa UFC, la
adjudicación de la construcción de la Ciudad del Deporte a
Constructora Hispánica, así como la adjudicación de unos
locales a una empresa administrada por José Ramón Blanco
Balín denominada Rústicas MBS".
Asimismo, el
portavoz de los socialistas en Boadilla, Pablo Nieto,
recuerda que la adjudicación ya fue criticada por ellos
debido a "su exagerado coste financiero para las arcas
municipales". Y agrega Nieto: "Una obra menos faraónica y
más barata hubiera sido más eficiente. Ahora resulta que no
es suficiente la astronómica cifra de 30 millones de euros,
las comisiones presuntamente cobradas por políticos
populares o el retraso de más de un año en las obras. Es una
burla a los ciudadanos de Boadilla que el Ayuntamiento
renuncie a una millonaria indemnización en beneficio de una
empresa bajo sospecha".
En este sentido,
la oposición denuncia que dos años después el PP ha aprobado
la contratación de las obras del "retranqueo de las tuberías
del Canal de Isabel II afectadas por la ejecución de las
obras de la Ciudad del Deporte y la Salud" por un valor de
175.277 euros.
Este gasto, en
opinión del partido socialista de Boadilla, debería ser
asumido por Constructora Hispánica, ya que en el momento de
la adjudicación del multimillonario contrato se conocía la
ubicación de las infraestructuras del Canal. Por su parte,
el alcalde de Boadilla, Juan Siguero, no quiso hacer
declaraciones al respecto.
www.elpais.es 24.12.09
González Panero fue imputado en 2001 por pagar
con dinero público a su abogado
El ex alcalde de Boadilla del Monte
(42.000 habitantes) Arturo González
Panero, conocido por los presuntos jefes
de la trama Gürtel como El
Albondiguilla ya fue imputado en
2001, cuando el grupo municipal
socialista se querelló contra el
entonces regidor por el pago de una
factura privada con fondos públicos.
Concretamente por abonar el trabajo del
letrado Gustavo Galán, compañero
sentimental de otra imputada en la trama
(Isabel Jordán), como defensor del
equipo municipal, lo que podría suponer
un delito de malversación de fondos
públicos. Mientras tanto, el PP permitió
que fuera designado como candidato a las
elecciones municipales de 2003 y 2007.
González Panero, que en estos momentos
se enfrenta al embargo de sus bienes
para afrontar el pago de la fianza de
los 1,8 millones de euros por su
presunta participación en la trama de
corrupción, fue llamado a declarar como
imputado por un juez de Móstoles.
También testificó en el proceso el ex
concejal de Hacienda y responsable de
Formación del PP de Boadilla, José María
de la Mata. Esta querella,
posteriormente ampliada con nuevos datos
aportados por el letrado Ángel Galindo,
hoy concejal del grupo municipal
Alternativa por Boadilla, acusaba a los
responsables de la Corporación de
utilizar fondos públicos para defender e
incluso para presentar demandas a
terceros a cargo del presupuesto
municipal. En un decreto del 12 de mayo
de 2000, González Panero aprobó la
contratación del abogado Galán para el
ejercicio de acciones judiciales en la
defensa del derecho al honor de José
Galeote, según el fiscal.
El 3 de agosto de 2009, este caso, que
acumula un retraso superior a ocho años,
dio una vuelta de tuerca con la decisión
del fiscal encargado del tema de
solicitar más información a varios
órganos judiciales de Móstoles sobre al
menos siete litigios en los que se
vieron inmersos los responsables
municipales del PP local, y cuyos gastos
pudieron ser abonados con los
presupuestos municipales. Además, el
Ministerio Público requiere al
Ayuntamiento de Boadilla para que
faciliten al juzgado los decretos o
acuerdos de pleno en los que se
aprobaran la designación de Gustavo
Galán como abogado.
En este sentido, el propio fiscal llama
la atención en su texto en el hecho de
que Galeote no fuera llamado a declarar
en calidad también de imputado, al igual
que Panero. Asimismo, el fiscal recuerda
que pese a que el secretario del
Ayuntamiento de Boadilla en 2001, Manuel
Acosta, estaba obligado a advertir la
ilegalidad de contratar a abogados para
la defensa o acusación personal de los
miembros del Ayuntamiento, no lo hizo.
Pero este caso no es el único que
afrontará González Panero en los
tribunales. El próximo 8 de enero
declarará en el Juzgado de lo Penal
número 1 de Móstoles acusado de
prevaricación.
Los escritos de acusación de la
oposición sostienen que el Ayuntamiento
contrató en 2001 al hermano de Margarita
de Diego Nicolás, una afiliada al PP
local que además formó parte de las
listas electorales del partido en los
comicios municipales de 2003. Sin
concurso ni examen, el Patronato
Municipal de Cultura le hizo un contrato
laboral a R. de Diego Nicolás, según
figura en la Seguridad Social. El
Ayuntamiento reclamó al Instituto
Nacional de Empleo la incorporación del
trabajador para cubrir la plaza con
urgencia. Este nombramiento fue
refrendado por González Panero y
después, el 30 de octubre de 2006 hubo
una modificación en la afiliación a la
Seguridad Social del trabajador, que
pasó a ser interino.
El juez instructor apreció que había
indicios de delito y procesó a Panero en
2006, un año antes de presentarse a las
últimas elecciones, que ganó. La causa
está a la espera del juicio oral, que se
ha señalado para el 8 de enero.
www.elpais.es
24.12.09
El Tribunal
Superior de Justicia de Madrid prorroga un mes más el
secreto del caso Gürtel
El
instructor del caso Gürtel en el Tribunal
Superior de Justicia de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira,
ha acordado este miércoles prorrogar un mes más el
secreto de las actuaciones, ya que considera que todavía
es necesario practicar nuevas diligencias, aunque en
enero tiene previsto hacer pública otra parte del
sumario.
El
magistrado aún está pendiente de los resultados de
varias comisiones rogatorias internacionales
cursadas a diferentes países en el marco de la
investigación sobre la supuesta trama de corrupción
dirigida por Francisco Correa.
Nuevas diligencias
Además, según informa el TSJM, Pedreira contempla la
posibilidad de practicar nuevas diligencias
probatorias y el próximo 12 de enero ha citado a
declarar a varios testigos. Asimismo, el juez
entiende que pese al tiempo transcurrido desde que
se inicio la investigación, el tipo de delitos
presuntamente cometidos, el número de personas
imputadas y la condición de algunas de ellas
aumentan la complejidad del procedimiento, lo que
hace necesario prorrogar durante un mes el secreto
del sumario.
En enero
No obstante, el magistrado instructor tiene
previsto, si resulta factible, levantar a mediados
del próximo mes de enero el secreto de otra parte de
las actuaciones, que no interfiera en la
investigación abierta.
70 personas
Cabe recordar que el pasado 28 de septiembre también
acordó levantar el secreto de otra parte del sumario
en el que mantiene imputadas a cerca de 70 personas,
entre ellas, Correa y su primo, Antoine Sánchez; el
ex secretario de organización del PP gallego, Pablo
Crespo y Álvaro Pérez El Bigotes. También
están imputados los diputados autonómicos del PP
Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín
Vasco, así como los ex alcaldes de este partido de
las localidades de Arganda del Rey (Ginés López),
Pozuelo de Alarcón (Jesús Sepúlveda), Majadahonda
(Guillermo Ortega) y Boadilla del Monte (Arturo
González Panero).
15 comisiones
rogatorias
El "levantamiento parcial" del secreto no incluyó
entonces las 15 comisiones rogatorias cursadas a
ocho países, entre ellos Estados Unidos y el Reino
Unido, por el juez Pedreira, que ha orientado buena
parte de sus pesquisas a averiguar el paradero del
dinero supuestamente desviado por el entramado
empresarial dirigido por Francisco Correa.
www.elplural.com
23.12.09
PANERO TIENE EN EL BANCO MÁS DE
MEDIO MILLÓN
Arturo González Panero es el imputado del caso Gürtel al
que el juez
impuso la mayor fianza, 1,8 millones de euros. El ex
alcalde de Boadilla (Madrid) aún no ha depositado esa cantidad, pese a que el
juez Antonio Pedreira le advirtió a principios de este mes de que embargará sus
bienes si no lo hace. Poco antes, el 29 de octubre, Panero y su esposa, Elena
Vilarroya, firmaron ante un notario de Boadilla del Monte una escritura de
capitulaciones para modificar el régimen por el que se rige su matrimonio. Han
pasado de gananciales a separación de bienes. Público ha tenido acceso a una
copia literal de la escritura, en la que se detallan los bienes de la pareja,
que suman 1.284.410,52 euros.
Lo más llamativo es que de esta
cantidad más de 570.000 euros corresponden a inversiones financieras, dinero
contante y sonante invertido en distintos productos bancarios y acciones. Una
capacidad de ahorro admirable.
Panero ha elegido un modelo de inversión totalmente
atomizado, con multitud de pequeñas y medianas aportaciones que van desde unos
cientos de euros hasta 50.000 en el fondo de inversión más oneroso. Entre
acciones, fondos de inversión, cuentas corrientes y otros, el
ex alcalde de Boadilla acumula 57 productos
financieros. Sorprende, por ejemplo, que la pareja tenga abiertos seis planes de
pensiones. Los alrededor de 700.000 euros que restan hasta alcanzar el
patrimonio declarado de 1,2 millones corresponden a bienes inmuebles: dos
viviendas y una plaza de garaje en Boadilla del Monte y Torre Pacheco (Murcia).
La escritura notarial enumera un
total de 61 propiedades inmobiliarias y mobiliarias (acciones, fondos de
inversión, cuentas bancarias) que la pareja se reparte por puntos. Elena
Vilarroya se queda con la vivienda de Boadilla, el bien más valorado de la
pareja, que supera el millón de euros, mientras que su marido se conforma con la
modesta unifamiliar de Torre Pacheco, valorada en 150.000 euros. Para compensar,
el ex alcalde, que en la escritura se identifica como "informático", se lleva
una mayor cantidad de productos financieros que su esposa.
Las cuentas de la pareja están
totalmente saneadas, ya que los casi 1,3 millones de euros de capital salen una
vez descontadas unas deudas de sólo 8.000 euros. González Panero ha declarado a
Público que "este documento demuestra que no son ciertas las burradas" que han
dicho de su patrimonio. "Pienso emprender acciones legales para saber de dónde
sale la filtración". El motivo del cambio de régimen matrimonial es "personal",
dice.
El Albondiguilla está acusado de
asociación ilícita, cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, blanqueo de
capitales y falsedad. Se trata de todos los delitos investigados en el caso
Gürtel y cabe la posibilidad de que, a medida que avance el caso, las
imputaciones se acoten. El ex edil se ha negado a declarar ante el juez, pero
cuando lo haga tendrá que explicar cómo es posible que tenga en distintos bancos
más de medio millón de euros, una cantidad difícil de acumular después de
descontar de sus nóminas los muchos gastos de una familia de cuatro miembros.
Según un informe de la Agencia
Tributaria incluido en el sumario del caso Gürtel, el ex alcalde percibía una
nómina anual que evolucionó de 36.000 en 2002 a 60.000 en 2007, mientras que
Elena Vilarroya pasó de sólo 1.200 euros a 60.000. En algún ejercicio fiscal
Panero obtuvo mayores beneficios de sus inversiones que de su sueldo como
alcalde.
(www.publico.es,
22/12/09)
AGUIRRE DESPRECIÓ UN INFORME
SOBRE CORRUPCIÓN EN EL PP
Majadahonda, uno de los municipios
de mayor renta per cápita de España, es la perla urbanística de la zona noroeste
de Madrid. Según la documentación y los testimonios a los que ha tenido acceso
Público, el control del negocio del ladrillo quebró en 2005 el grupo municipal
del PP, que gobierna con mayoría holgada, hasta el punto de que el mismo
concejal que poco después denunció el caso Gürtel, elaboró un informe en el que
se detallaba una supuesta trama de corrupción urbanística orquestada por sus
propios compañeros del PP con el objetivo de beneficiar siempre a los mismos
promotores a costa del suelo público.
El texto fue elaborado por el
entonces edil José Luis Peñas y llegó hasta la presidenta de la Comunidad, pero
Esperanza Aguirre lo descartó sin ni siquiera estudiarlo, según declaró como
inculpado en la Fiscalía Anticorrupción Guillermo Ortega, entonces alcalde de
Majadahonda y hoy imputado en la Gürtel. La declaración de Ortega se produjo
tras una denuncia del PSOE que terminó archivada. El equipo de Aguirre no ha
atendido las llamadas de Público.
Ortega, al que Correa denominaba La
Rata, coincidió con Aguirre en la sala de autoridades del aeropuerto de Barajas
y aprovechó para informar a la presidenta sobre la "desunión del grupo municipal
en base a tres temas fundamentales: la creación de la Oficina de Atención al
Ciudadano (puesta en marcha por la red de Francisco Correa), la adquisición de
un colegio de autistas y la enajenación de las parcelas (la RN9 y la M2)", tal y
como declaró el entonces alcalde ante el fiscal.
Las parcelas a las que se refería
Ortega, valoradas en unos cien millones, eran las responsables de la brecha
entre las dos facciones del PP local, dirigidas una por Ortega y la otra por el
primer teniente de alcalde, Narciso de Foxá, persona de máxima confianza del ex
secretario general del PP de Madrid, Ricardo Romero de Tejada. Días después, el
24 de enero de 2005, Ortega acudió a la sede central del partido.
Allí le esperaba la plana mayor del
PP de Madrid: Esperanza Aguirre; su vicepresidente, Ignacio González, y el
secretario general, Francisco Granados. El entonces alcalde de Majadahonda les
entregó el informe de Peñas, hoy denunciante de la red Gürtel y entonces mano
derecha de Ortega.
Según la declaración del ex alcalde
de Majadahonda en la Fiscalía, "la presidenta, al ojear las primeras hojas en
las que se hablaba de tramas urbanísticas, no dio importancia a dicho informe".
Según distintas fuentes, Aguirre exigió a Ortega que paralizara la venta de las
parcelas cuando ya se conocía el adjudicatario, por lo que el regidor mostró su
disposición a dejar la Alcaldía, no sin antes atar su futuro.
Francisco Granados le propuso, entre
otros cargos, el de director general del Mercado Puerta de Toledo. Ortega lo
acepta "exigiendo que el sueldo sea equivalente al que tenía como alcalde", unos
70.000 euros (se lo acabaron subiendo). Willy, como lo llaman sus amigos,
reconoció al fiscal que habló sobre la conveniencia de dejar la Alcaldía con
Julián Giménez de los Galanes, copropietario de la constructora Dico (luego DHO),
con fuertes intereses en Majadahonda.
Un ex directivo de dicha promotora
asegura que Ortega "amenazó con tirar de la manta, pero al final se conformó con
lo que le ofrecieron". Ortega no declaró nada de esto ante el fiscal y no ha
contestado a las llamadas de Público. En febrero de 2005, Narciso de Foxá
sustituyó a Ortega al frente del Ayuntamiento de Majadahonda. Oficialmente, el
relevo se achacó a motivos de salud.
Un ex edil de Majadahonda que pidió
el anonimato ha asegurado a Público que la enajenación de las parcelas de la
discordia "iba perfecta, con el OK de la Comunidad de Madrid y el voto a favor
del Grupo Popular al completo, pero los problemas saltaron cuando tanto la
Comunidad como la facción del PP local dirigida por Romero de Tejada vieron que
en el primer informe de adjudicación la promotora ganadora del concurso no era
la suya".
"La Comunidad quería que las
parcelas fueran para Martinsa, mientras que Romero de Tejada las quería para
Afar 4 (la promotora con más suelo en Majadahonda). Ahí empezó a partirse el
Ayuntamiento", señala el ex edil. El adjudicatario provisional era Proinsa, del
grupo Teconsa, afín a Guillermo Ortega y supuestamente implicada en el caso
Gürtel.
Cuando se supo que las parcelas,
valoradas conjuntamente en más de cien millones, iban a ser para Proinsa, los
perdedores del concurso pusieron el grito en el cielo y el gobierno municipal
terminó resquebrajándose. La adjudicación fue paralizada y no se retomó hasta
que volvió la calma al Consistorio, ya con Ortega en su retiro dorado. Tras un
nuevo concurso, ganó Sacyr Vallehermoso.
Durante la alcaldía de Guillermo
Ortega (2001-2005), las empresas de Francisco Correa facturaron al Ayuntamiento
de Majadahonda (Madrid) más de dos millones de euros. Además, su esposa, María
del Carmen Rodríguez, fue la jefa de gabinete del Consistorio. Pero el líder de
la trama corrupta no tenía la misma cercanía con la facción rival del PP, la
controlada por el ex alcalde Ricardo Romero de Tejada, “que ya tenía a quien
adjudicar parcelas y contratos”, dicen fuentes cercanas a Ortega. Por eso,
cuando el alcalde tuvo que dejar el cargo a favor de Narciso de Foxá, Correa
decidió financiar el partido que crearon José Luis Peñas y Juan José Moreno,
hombres de confianza de Ortega y expulsados del PP: quería tener una alternativa
al PP local, pero ese fue el mayor error de su vida.Peñas aprovechó la cercanía
a Correa para grabar sus muchas conversaciones, en las que el conseguidor del PP
se jactaba de sus influencias y cohechos, y hacía gala de una actitud mafiosa.
El ex concejal entregó las grabaciones a la Policía y puso una denuncia que ha
devenido en uno de los mayores escándalos de las últimas décadas: el ‘caso
Gürtel’. Ambos ex ediles figuran como imputados en la ‘Gürtel’ por los pagos de
Correa. No obstante, Peñas asegura que todo el dinero que Correa les transfería
“se utilizaba para los gastos del partido”. Moreno también grabó a Correa, pero
no llegó a presentar la denuncia.
(www.publico.es,
11/12/09)
LA DENUNCIA DE PEÑAS QUE EL JUEZ
ARCHIVÓ
José Luis Peñas, el ex concejal del
PP en Majadahonda que destapó el caso Gürtel, ya había revelado a finales de
2004 cómo se fraguaban los pelotazos urbanísticos en Majadahonda. En las 13
páginas de su dossier, el entonces edil del PP desgranaba lo que considera una
"trama urbanística fraudulenta". En la convicción de que esa trama existía, el
PSOE acudió a los tribunales, pero su denuncia fue finalmente archivada.
Según Peñas, los organizadores de
esa trama eran Ricardo Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda y ex
secretario general del PP de Madrid; Narciso de Foxá, quien antes de sustituir a
Guillermo Ortega como alcalde había sido edil de Urbanismo y consejero delegado
de la empresa pública del suelo Pammasa, y los arquitectos municipales.
El informe detalla cómo el
Ayuntamiento dejaba de ingresar cantidades millonarias a favor de los
promotores. Sólo en el año 2000, el fraude habría alcanzado los 48 millones de
euros. El texto pone como ejemplo la operación de la parcela RN-9: era suelo
libre y estaba valorada en 21 millones de euros. El Ayuntamiento la transfirió a
Pammasa para que construyera vivienda protegida. Y Pammasa la valoró en dos
millones de euros, 19 menos del valor de mercado.
Como Pammasa va a edificar vivienda
protegida sobre suelo libre, crea la figura de los "derechos", que servirán para
que los promotores hagan la operación inversa: construir vivienda libre sobre
suelo protegido. Esos derechos los vendió Pammasa a 19.000 euros por piso
construido, obteniendo 2,5 millones de euros.
Así, el Ayuntamiento pasó de tener
una parcela que podría haber vendido por 21 millones a una de 4,5 millones (dos
de parcela más 2,5 de derechos). La diferencia, 16,5 millones, es, a juicio de
Peñas, el perjuicio económico del Ayuntamiento y el "pelotazo" del promotor. Con
los beneficios de la venta de la parcela libre, el Ayuntamiento podría haber
hecho muchas más VPO.
Manuel Fort, portavoz socialista en
Majadahonda, sostiene que el sistema de derechos establecido en esa localidad
madrileña "es escandaloso porque un constructor que tiene que edificar vivienda
protegida paga 18.000 euros y convierte un piso protegido que tenía que vender
por 180.000 euros en uno libre que cuesta 480.000".
Tras la denuncia del PSOE, el
juzgado de instrucción número 3 de Majadahonda citó como imputado a Narciso de
Foxá, ya entonces alcalde de Majadahonda.
El fiscal insistió en su
interrogatorio en que el precio de los derechos para construir vivienda libre en
suelo supuestamente protegido era "diez veces inferior al precio real y generaba
un beneficio inmenso para la constructora Afar 4", la mayor tenedora de suelo de
Majadahonda y la principal adjudicataria de parcelas públicas. Foxá negó tal
extremo y aseguró que hacían lo que marcaban "los informes técnicos".
A juicio de los denunciantes, el
fiscal dio en el quid de la cuestión al acusar a Foxá de "liberar a determinadas
constructoras de la obligación legal de edificar viviendas sociales pasándosela
al Ayuntamiento", ya que la vivienda protegida la promovía la empresa pública
una vez liberados los promotores privados a través de los derechos. El hoy
alcalde de Majadahonda volvió a negar la mayor y respondió con circunloquios.
También aseguró que la base que usó Peñas para calcular el supuesto desfalco era
"falaz". Durante el proceso, hubo un cambio de juez y el nuevo archivó el caso.
Fort sostiene que "el juez no supo valorar la magnitud de las pérdidas que este
sistema supuso para el Ayuntamiento".
El informe elaborado por el ex
concejal Peñas y que Esperanza Aguirre despreció describe el funcionamiento de,
a su juicio, una gran trama urbanística. Los promotores construían vivienda
libre en suelo protegido pagando un pequeño canon que les servía para triplicar
el precio de los pisos.
(www.publico.es,
11/12/09)
FIANZA DE 1,5 MILLONES PARA UN
IMPUTADO DEL ‘CASO GÜRTEL’
Sin prisa pero sin pausa. El juez
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) Antonio Pedreira impuso ayer
una fianza de 1,5 millones de euros a Tomás Martín Morales, exvicepresidente de
la empresa municipal de suelo y vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), para
que haga frente a la responsabilidad civil por el caso Gürtel.
El juez Baltasar Garzón –primer
instructor de la investigación de la trama– acusó al imputado de haber percibido
378.172 euros de la red corrupta que dirigía Francisco Correa. El magistrado de
la Audiencia Nacional explicó que Martín Morales participó en la adjudicación de
contratos a las empresas de Correa y al empresario José Luis Ulibarri. Además,
Garzón reveló que el implicado recibió dinero de Correa cuando dirigió la
campaña del PP en ese ayuntamiento madrileño antes de ocupar un cargo en el
consistorio.
El excargo municipal contestó ayer a
algunas preguntas que le formularon el juez Pedreira y el fiscal anticorrupción.
El magistrado del TSJM imputa a Martín Morales los delitos de cohecho, fraude
fiscal, asociación ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.
Pedreira también interrogó en
calidad de imputado a Francisco Leal Bajo, que fue contratado para que se
encargara de la base de datos de la oficina de atención al ciudadano de Boadilla
del Monte. El juez no le impuso medidas cautelares.
El magistrado del tribunal madrileño
ha impuesto, al menos, ocho fianzas más en concepto de responsabilidad civil.
Los parlamentarios de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, Benjamín Martín
Vasco y Alfonso Bosch han abonado 750.000, 950.000 y 750.000 euros
respectivamente. El juez también ha tomado la misma medida respecto al exalcalde
de Boadilla Arturo González Panero (1,8 millones), el exregidor de Arganda del
Rey Ginés López (1,5 millones), la exadministradora de las empresas de Correa
Felisa Jordán (650.000) y José Galeote (un millón), padre del exeurodiputado
popular Gerardo Galeote. Asimismo, acordó dejar en libertad bajo fianza de
600.000 euros a Antoine Sánchez, primo de Correa.
Mientras, el Tribunal Supremo no ha
movido ficha en relación al extesorero y senador del PP Luis Bárcenas, que fue
imputado en julio. El magistrado Francisco Monterde decretó el secreto del
sumario y citó al senador y también al diputado Jesús Merino a declarar como
«imputados provisionales», pero desde entonces no se conoce que haya practicado
más diligencias. Además, el Supremo debe decidir si acepta a trámite la querella
presentada por el abogado del empresario José Luis Ulibarri, Ignacio Pelaéz,
contra el juez Garzón por haber autorizado la grabación de las conversaciones
que Correa mantuvo con sus letrados en la cárcel.
(www.elperiodico.com,
11/12/09)
FIANZA DE 1’5 MILLONES DE EUROS
PARA EL ALCALDE EN LA SOMBRA DE BOADILLA
Las fianzas millonarias siguen
sucediéndose en la rama madrileña del caso Gürtel. Ahora le ha tocado el turno a
Tomás Martín Morales, para muchos el alcalde en la sombra de Boadilla del Monte,
epicentro de la Gürtel. El juez instructor del TSJM, Antonio Pedreira (en la
foto), le ha impuesto una fianza de 1’5 millones de euros para "hacer frente a
las posibles responsabilidades pecuniarias derivadas" de la supuesta trama
corrupta.
Tomás Martín Morales fue concejal
del PP en Getafe, pero la etapa que le vincula con el caso Gürtel se
circunscribe a cuando fue vicepresidente y consejero delegado de la Empresa
Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (EMSV).
La EMSV
En la EMSV, la empresa pública
encargada de gestionar los terrenos de la localidad, es donde presuntamente se
gestaron muchas de las ilegalidades de la trama corrupta. En aquel organismo
también trabajaron el diputado madrileño Alfonso Bosch Tejedor, con una fianza
de 750.000 euros a cuestas, y José Galeote, padre de destacados dirigentes del
PP y a quien el juez impuso una fianza de 1 millón de euros.
Fianzas populares
Anteriormente, otros cargos populares madrileños
han visto recaer sobre ellos fianzas millonarias. Es
el caso de del ex alcalde de Arganda del Rey, Ginés López (1’5 millones); el
diputado madrileño Benjamín Martín Vasco (950.000 euros); y el también diputado
en la Asamblea y ex consejero de Esperanza Aguirre, Alberto López Viejo (750.000
euros). Sin embargo, aún nadie supera el récord del ex alcalde de Boadilla del
Monte, Arturo González Panero (1’8 millones).
Alcalde en la sombra
Tomás Martín Morales era conocido como
el alcalde en la sombra de Boadilla del Monte y era en
su casa donde se celebraban algunas de las fiestas que
reunían a miembros de la presunta trama corrupta con políticos del PP.
Los que tienen de todo
Antes del caso Gürtel había pocas
referencias a Martín Morales en las hemerotecas. Su discreción sólo se vio
interrumpida en dos ocasiones. Una de ellas se la debe a El País, que dedicó un
reportaje en 2007 sobre qué regalar a “los que tienen de todo”. El discreto
“abogado de Boadilla” aparecía bajando de un coche de Fórmula 1, en el que había
jugado a ser Fernando Alonso por un día, por cortesía de su esposa.
Bormujos
Dos años antes, el nombre de Tomás Martín Morales también
apareció en la prensa, en las páginas del Correo de Andalucía. Resulta que el
abogado había sido
el ideólogo de la moción de censura, con tránsfuga
socialista mediante, que devolvió la alcaldía de Bormujos (Sevilla) al PP. Un
año y medio después, el abogado que hacía mociones de censura “con la gorra”, se
lamentaba porque nadie le había pagado todavía en Bormujos.
(www.elplural.com,
10/12/09)
UNA OBRA DECIDIDA POR UN IMPUTADO EN LA 'GÜRTEL' CUADRUPLICÓ SU COSTE
La adjudicación del ex alcalde de Arganda pasó de 5,9 millones de presupuesto
inicial a 20,3
Pujar a la baja y luego disparar la cifra de la adjudicación. Eso
fue lo que ocurrió en Arganda del Rey (Madrid) con dos constructoras vinculadas
al caso Gürtel. Teconsa y
Constructora Hispánica obtuvieron en 2006 tres contratos para construir la
circunvalación AR-30. Los tres tramos adjudicados, dos para Teconsa y uno para
Hispánica, se habían cifrado en 11 millones de euros, pero terminaron costando
al municipio más de 27 tras sendas modificaciones de proyecto y encargos de
obras "complementarias".
La ejecución de los dos tramos adjudicados a Teconsa se había
licitado por 5,9 millones de euros, pero acabó costando casi el cuádruple:
20,3 millones. Hispánica pasó de 4,1 millones a 7. En el momento de la
adjudicación, Arganda tenía como alcalde a Ginés López, del PP, imputado en la
Gürtel y para quien el juez ha fijado una fianza civil de 1,5
millones de euros, la segunda más alta del caso.
La sociedad municipal que adjudicó las obras no informa al pleno
Ni un dato oficial
Los documentos oficiales remitidos al pleno municipal sólo dan
información sobre dos tramos: el 10.1, adjudicado a Teconsa por 2.820.770,49 en
mayo de 2006, diez días después del anuncio de licitación; y el 2-3, otorgado
por Hispánica en concurso ordinario por 4,1 millones, un precio que implicaba
una baja de nada menos que el 20,9% respecto al de licitación.
Del tercer tramo de la carretera, el 10.2, no hay datos municipales.
Pero Teconsa, ahora en concurso de acreedores suspensión de pagos publicó en su
página web que también lo estaba realizando. La constructora incluyó en esa
página el presupuesto de los dos segmentos de la AR-30 que se le habían
encomendado: 20.380.238 euros.
Dos imputados dirigieron la empresa: Martín Vasco y Ginés López
Bajo el argumento de que el asunto está en manos de un juez, tras
una denuncia del PSOE, el Ayuntamiento de Arganda se niega a dar explicaciones.
La oposición socialista, que se ha estrellado contra un muro en sus
múltiples intentos por conocer los detalles del proyecto, ni siquiera ha logrado
acceder al expediente completo de la carretera, de 7,5 kilómetros de longitud y
finalizada en vísperas de las elecciones de 2008.
La denuncia del PSOE, ahora en manos de un juez de Alcalá de
Henares, se centra en un crédito de 16 millones que el gobierno local solicitó
en 2008 para pagar las obras. Según los socialistas, la operación crediticia fue
irregular. Un ejemplo: los importes de las facturas aprobadas, dice la denuncia,
"no coinciden con los incluidos" en el expediente enviado al pleno
municipal, "ni tampoco los pagos asignados a cada uno de los tramos de la obra".
Las adjudicaciones corrieron a cargo de la sociedad Fomento y
Desarrollo Municipal, dependiente del consistorio y en aquella fecha presidida
por el propio Ginés López. Sobre su antecesor al frente de la empresa municipal
de Arganda, el diputado Benjamín Martín Vasco, igualmente imputado en el
sumario Gürtel, pesa una fianza de
955.000 euros.
"No puede mirar a otro lado"
Pablo Rodríguez Sardinero, el dirigente del PP que relevó a Ginés
López cuando dimitió en marzo, formaba parte de la junta de gobierno que aprobó
el proyecto. Desde 2007, Rodríguez Sardinero preside Fomento y Desarrollo
Municipal, sociedad anónima que no informa de sus pasos al pleno municipal y en
cuyo consejo no está presente la oposición.
"El alcalde no puede mirar para otro lado", protesta Victoria
Moreno, portavoz municipal del PSOE. La concejal recuerda que Rodríguez
Sardinero "no puede alegar desconocimiento" dado que "formaba parte de la
junta de gobierno en 2006".
Y no puede, argumenta, porque ella misma le entregó "el
dossier de todas las irregularidades
antes de llevarlo a la Fiscalía Anticorrupción". Anticorrupción consideró que la
denuncia debía tramitarse por cauces ordinarios y la remitió a Alcalá de
Henares.
El precedente de la 124
La relación de la localidad madrileña de Arganda con la red corrupta
ya era conocida. De hecho, allí se localiza una de las operaciones más
productivas para sus miembros: la venta del suelo de la llamada Área 124.
Martinsa, otra de las constructoras involucradas en el caso,
adquirió los terrenos por 77 millones, cantidad que recuperó casi al completo al
vender luego un tercio del solar por 73 millones. Las conversaciones
intervenidas a los miembros de la red corrupta indican que Martinsa pagó más de
un millón de euros al grupo de Correa y una cantidad similar a cargos
municipales de Arganda que decidieron sobre la adjudicación. De nuevo, la
adjudicación fue realizada por la sociedad Fomento y Desarrollo Municipal.
La opacidad de esta empresa, que con un variopinto objeto social lo
mismo vende suelo que organiza eventos locales, impide conocer qué elementos
forzaron a modificar en menos de un año los proyectos de adjudicación de los
tramos 10.1, 10.2 y 2-3. En realidad, ni siquiera es posible afirmar sin dudas
si el precio global de la AR-30 sólo se duplicó o si, por el contrario, se
triplicó.
La duda surge por el caso de Teconsa. Aunque los documentos de la
junta de gobierno cifran el proyecto modificado del tramo 10.1 en 7,8 millones,
con lo que se supone que ese era el coste total del proyecto, las facturas
presentadas posteriormente acreditan que a esa cifra hay que sumarle los 2,8
millones adjudicados originalmente.
Un tercer proyecto, el de obras complementarias, cuyas
características y alcance permanece en secreto, se valoró en 1,5 millones.
Total, 12,2 millones de euros por un tramo que debería haber costado un máximo
de 2,9 millones, que fue el precio de licitación.
http://www.publico.es/espana/276452/caso/grtel/teconsa/cuadruplico/coste/obras/arganda
EL JUEZ DEL GÜRTEL ORDENA
EMBARGAR LOS BIENES DE PANERO
El juez que investiga el caso Gürtel
en Madrid, Antonio Pedreira, ha ordenado el embargo de los bienes del ex alcalde
de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, si no abona la fianza de 1,8
millones de euros para asegurar las responsabilidades económicas derivadas del
procedimiento judicial, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid
(TSJM).
La pasada semana, el juez ordenó
comenzar el proceso de embargo de los bienes de cinco de los imputados que aún
no han abonado las fianzas. Se trata de los diputados Alberto López Viejo (con
una fianza de 750.000 euros), Alfonso Bosch Tejedor (750.000 euros), Benjamín
Martín Vasco (950.000 euros), del ex concejal de Boadilla José Galeote (un
millón de euros), y de la ex administradora de la red Felisa Jordán (650.000
euros).
Asimismo, el magistrado ha dispuesto
prorrogar un mes el secreto del sumario en los términos acordados en el auto del
pasado 28 de septiembre, por el que levantó parcialmente el secreto en lo
relativo a la investigación llevada a cabo por el juez Baltasar Garzón.
El magistrado ha suspendido hasta
nueva fecha las declaraciones previstas para mañana viernes del ex alcalde de
Majadahonda, Guillermo Ortega Alonso, y del ex viceconsejero Carlos Clemente
Aguado por incompatibilidades de agenda.
(www.elpais.com,
04/12/09)
EL JUEZ DEL 'CASO GÜRTEL' ORDENA
EMBARGAR LOS BIENES DEL 'ALBONDIGUILLA'
El juez que investiga el caso Gürtel
en Madrid, Antonio Pedreira, ha ordenado el embargo de los bienes del ex alcalde
de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, si no abona la fianza de 1,8
millones de euros para asegurar las responsabilidades económicas derivadas del
procedimiento judicial, según el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).
La pasada semana, el juez ordenó
comenzar el proceso de embargo de los bienes de cinco de los imputados que aún
no han abonado las fianzas. Se trata de los diputados Alberto López Viejo (con
una fianza de 750.000 euros), Alfonso Bosch Tejedor (750.000 euros), Benjamín
Martín Vasco (950.000 euros), del ex concejal de Boadilla José Galeote (un
millón de euros), y de la ex administradora de la red Felisa Jordán (650.000
euros).
Asimismo, el magistrado ha dispuesto
prorrogar un mes el secreto del sumario en los términos acordados en el auto del
pasado 28 de septiembre, por el que levantó parcialmente el secreto en lo
relativo a la investigación llevada a cabo por el juez Baltasar Garzón.
Por otro lado, el magistrado ha
suspendido hasta nueva fecha las declaraciones previstas para mañana viernes del
ex alcalde de Majadahonda, Guillermo Ortega Alonso, y del ex viceconsejero
Carlos Clemente Aguado por incompatiblidades de agenda. También ha citado a
declarar el próximo jueves en calidad de imputados a César Tomás Martín Morales
y a Francisco Leal Bravo por su presunta participación en la supuesta trama de
corrupción encabezada por Francisco Correa.
(www.elpais.com,
03/12/09)
AGUIRRE JUSTIFICA SUS CONTRATOS
CON LA GÜRTEL
La presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, admitió ayer que el fraccionamiento de contratos es
"una práctica irregular". No obstante, justificó este procedimiento empleado por
las empresas de la trama Gürtel entre 2004 y 2008 para facturar un importante
número de actos institucionales al Gobierno regional. "El fraccionamiento no es
algo que se vaya a prohibir ahora, ya está prohibido, lo que ocurre es que uno
puede decidir si un acto entero se lo adjudica a una empresa o si se contrata
con una empresa distinta el sonido o la luz", mantuvo en la rueda de prensa
posterior al Consejo de Gobierno de la Comunidad.
Uno de los 50 puntos de las Bases
para el pacto por la transparencia y contra la corrupción, presentado el pasado
fin de semana por Mariano Rajoy, líder del PP, es precisamente el de "la
adopción de medidas para evitar el fraccionamiento de los contratos mediante el
abuso de los contratos menores".
Hasta 2007, el importe máximo
permitido para los contratos menores, los que no requieren concurso, era de
12.000 euros. Evitando superar esta cifra, la trama troceó las facturas. Entre
los años 2004 y 2008, las Comunidad otorgó a las empresas de Francisco Correa,
cabecilla de la Gürtel, 342 contratos por valor superior a los tres
millones.Todos ellos, menos dos, fueron adjudicados a dedo.
Preguntada en dos ocasiones, Aguirre
no entró a valorar si se sentía desacreditada por el partido después de las
medidas contra los contratos menores contempladas en el pacto.
Por otra parte, Aguirre vistió de
normalidad que su vicepresidente, Ignacio González, adjudicase subvenciones
superiores a los 500.000 euros a Fundescam, la fundación del PP madrileño,
mientras era vocal de su patronato.
"Las subvenciones que se conceden a
las fundaciones de los partidos políticos las tiene que conceder una consejería
(no precisó cuál), por eso está el señor González", señaló. Así, insistió en que
el vicepresidente, como responsable de una consejería, tenía la obligación de
conceder fondos a fundaciones de los partidos con representación parlamentaria.
Además intentó distanciar el
episodio con el del socialista Diego López Garrido en la Fundación Alternativas,
a quien el PP ha solicitado la dimisión. Aguirre, que defendió la presunción de
inocencia del secretario de Estado, expuso que la principal diferencia es que
este último está "imputado por un juez".
(www.publico.es,
27/11/09)
EL JUEZ DEL GÜRTEL EMBARGA LOS
BIENES DE CINCO IMPUTADOS
El juez que instruye el caso Gürtel
en Madrid, Antonio Pedreira, ha ordenado el embargo de los bienes de cinco de
los imputados que aún no han pagado las fianzas exigidas por importe de 4,1
millones. El magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha
dictado la orden contra los diputados del PP en la Asamblea de Madrid Alfonso
Bosch (con una fianza de 750.000 euros), Benjamín Martín Vasco (950.000 euros) y
Alberto López Viejo (750.000 euros). Los bienes del ex concejal de Boadilla José
Galeote (cuya fianza asciende a un millón de euros) y de la ex administradora de
la red de empresas corruptas Felisa Isabel Jordán (650.000 euros) también serán
embargados por orden judicial.
Pedreira citó ayer a declarar a los
ex alcaldes populares de Boadilla del Monte, Arturo González Panero, y de
Arganda del Rey, Ginés López. Ambos imputados se negaron a testificar ante el
juez alegando que buena parte del sumario está bajo secreto judicial y eso les
provoca indefensión.
Ginés López llegó antes de tiempo y
en cinco minutos despachó con Pedreira. Se ha acogido al artículo 24 de la
Constitución, que reconoce el derecho a no testificar contra uno mismo. El juez
le ha impuesto una fianza de 1,5 millones de euros y le imputa seis delitos
-cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación ilícita, blanqueo de
capitales y falsedad-. Según la parte publica del sumario, el alcalde de Arganda
recibió 523.439 euros en comisiones de la trama corrupta.
González Panero se lo tomó con más
calma. Se presentó en el TSJM con una sonrisa de oreja a oreja. "El sumario
abierto me deja en buen lugar. Hay muchos papeles exculpatorios para mí que
deberían estar en el sumario y no están. Voy a volver a presentarlos", espetó
antes de entrar al juzgado.
El Albondiguilla, apelativo que
recibía de los capos de la red, acudió al juez con varios documentos que, según
su versión, le eximen de todos los delitos que le achacan. Entre ellos, una
sentencia del mismo tribunal que reconoce que no existen irregularidades
administrativas en la concesión de una parcela municipal a la constructora UFC
para construir 139 pisos de lujo en Boadilla. Esta empresa está presidida por
José Luis Ulibarri, otro de los imputados en el caso Gürtel. Logró los terrenos
con una oferta tres millones inferior a la de la competencia. "Es la única
adjudicación que se ha hecho a una empresa de este grupo, y yo no intervine en
ninguna de las votaciones importantes", afirmó el ex regidor a la salida del
juzgado. El documento que presentó en realidad no le exculpa de nada porque no
indaga sobre las supuestas comisiones entregadas por la concesión, sino sólo
verifica el procedimiento administrativo.
Es la tercera vez que González
Panero rechaza testificar ante el TSJM. El juez prepara un auto para fijar
definitivamente la fianza que ya le impuso en junio, de 1,8 millones. Con las
dos que impuso ayer, Pedreira ya ha fijado siete fianzas a los principales
implicados del caso en Madrid, entre los que se encuentran seis políticos del PP
cuyos avales suman 6,7 millones de euros. Estas garantías judiciales sirven para
afrontar en el futuro posibles responsabilidades económicas.
(www.elpais.com,
27/11/09)
LOS DOCUMENTOS SECRETOS DEL EX
ALCALDE DE BOADILLA
El ex alcalde de Boadilla, Arturo
González Panero, uno de los principales implicados en el caso Gürtel, salió ayer
por primera vez sonriendo del juzgado. Y lo hizo, dice él, porque dispone de
documentos que le exculpan y porque en el sumario se ve lo contrario de lo que
dicen las denuncias de los ex concejales de Majadahonda José Luis Peñas y Juan
José Moreno.
González Panero, que está acusado de
asociación ilícita, cohecho (sobornos), tráfico de influencias, falsedad
documental, blanqueo de capitales y fraude fiscal, se negó ayer de nuevo a
declarar amparado en el secreto de sumario que aún pesa sobre la causa.
Una de las pruebas que ayer entregó
al juez Antonio Pedreira es una sentencia del Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo número 5 de Madrid que determina que el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte cumplió la legalidad en la adjudicación de una parcela a
la sociedad UFC. La resolución judicial, de enero de 2009, desestima el recurso
interpuesto por el concejal Ángel Galindo contra la citada adjudicación,
concluyendo que la actuación administrativa llevada a cabo por el Consistorio
fue legal. También aportó otros expedientes sobre la adjudicación de la Oficina
de Atención al Ciudadano que, según él, corroboran que no se vio implicado en
ninguna de las votaciones. Esta adjudicación fue una de la más jugosa que se
realizó a las empresas de Correa. Se trataba de una concesión por 10 años
prorrogables otros cuatro, a razón de 506.000 euros por cada uno de ellos.
Asimismo, el instructor del caso
Gürtel decretó una fianza de un millón y medio de euros para el ex alcalde de
Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez, por su supuesta implicación en la trama
de corrupción ligada a cargos del PP que investiga. Tras negarse a prestar
declaración, se le imputó por participar en la trama. Con todo, se ofreció a dar
su versión cuando se levante el secreto de sumario.
El magistrado ha comenzado ya a
ejecutar los embargos a varios de los imputados en la trama, entre ellos el ex
consejero de Deportes Alberto López Viejo y los diputados autonómicos Benjamín
Martín Vasco y Alfonso Bosch, a los que había impuesto fianzas de entre 750.000
y 950.000 euros. Todos ellos habían recurrido las fianzas ante el propio
Pedreira, quien tras rechazar los recursos les dio un plazo de 24 horas para
depositar las cantidades exigidas con la amenaza de embargar sus bienes si no lo
hacían.
(www.elmundo.es,
27/11/09)
El juez del 'caso Gürtel'
pide más contratos a Boadilla
El Ayuntamiento
de Boadilla es un lugar muy concurrido por las mañanas. Una
de las visitas habituales es la de los funcionarios
judiciales enviados por el juez Antonio Pedreira, encargado
del caso de corrupción Gürtel. Ayer, sobre las diez de la
mañana, regresaron por sexta vez en los últimos meses en
busca de contratos. Carpetas con documentación sospechosa.
"Fue una mera petición de información", minimiza un portavoz
del Consistorio. "Aunque ya no les debe quedar nada por
revisar después de todo lo que se llevaron en junio",
exclama este mismo responsable municipal.
Sin embargo,
según otras fuentes municipales, lo que se produjo es más
parecido a un registro. Y sí quedaban cosas por ver. Los
funcionarios preguntaron, según esta fuente, por los
contratos del Ayuntamiento con la asesoría jurídica. Esta
asesoría estaba compuesta por abogados del despacho al que
asesora el ex ministro popular de Justicia José María
Michavila. No fueron los únicos pliegos por los que se
inquirió. También se solicitaron los que afectan a un grupo
encargado de la jardinería y reforestación del pueblo y
otros referentes a la gestión de un centro de empresas.
El alcalde,
Juan Siguero, negó que se hubiera producido cualquier
registro: "Eso es rotundamente falso", aseguró el regidor
que sustituyó a Arturo González Panero, imputado por la
trama de corrupción liderada por Francisco Correa.
En opinión
del líder de la oposición, el socialista Pablo Nieto, los
contratos solicitados tienen "un tufo a asunto Gürtel". "Son
informes hechos por cargos de confianza que pusieron algunos
de los imputados en la trama".
www.elpais.es 26.11.09
FIANZA DE 1,5 MILLONES PARA EL EX
ALCALDE DE ARGANDA IMPUTADO EN EL 'CASO GÜRTEL'
El ex alcalde de Boadilla del Monte,
Arturo González Panero, el Albondiguilla, ha acudido hoy a prestar declaración
ante el juez del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira, quien
le imputa delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de
influencias dentro del sumario del caso Gürtel. El ex regidor se ha negado a
declarar y se ha limitado a aportar documentos que considera que no están
incluidos en el sumario. El juez estudia ahora la opción de redactar un nuevo
auto en el que se ratifique la fianza de 1,8 millones que ya le impuso con
anterioridad.
También estaba llamado hoy a
declarar el ex alcalde de Arganda del Rey, el también popular Ginés López
Rodríguez. Sin embargo, ha comparecido apenas cinco minutos ante el juez ya que
se ha acogido a su derecho a no declarar ya que, en su opinión, el hecho de que
parte del sumario sea todavía secreto puede provocar una situación de
indefensión. El juez le ha impuesto una fianza de 1,5 millones de euros por su
participación en una trama cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal,
asociación ilíticta, blanqueo de capitales y falsedad. Según el sumario, el ex
regidor habría percibido comisiones por importe de 523.439 euros. El objetivo de
la fianza de 1,5 millones es asegurar que el imputado haga frente a las posibles
responsabilidades civiles y a las costas del proceso si finalmente es llevado a
juicio y condenado.
González Panero, que ha llegado al
tribunal a las 11.00, ha asegurado antes de comparecer que la parte del sumario
que se ha hecho pública le deja bien y que acudía ante el juez para aportar
pruebas exculpatorias que no están en el sumario.
El Albondiguilla había asegurado que
presentaría una sentencia que demuestra, que la concesión que hizo de una
parcela a la empresa UFC por tres millones menos de lo que ofrecieron otras
constructoras fue legal. "He traído la sentencia porque no consta en el sumario.
Hay muchas pruebas exculpatorias para mí que deberían estar y que ahora voy a
volver a aportar", ha asegurado a los periodistas.
González Panero está imputado por
seis delitos y ha visto como el juez Pedreira le imponía la mayor fianza de
todos los implicados en la trama Gürtel: 1,8 millones de euros. Durante su
mandato, según el sumario, el Albondiguilla benefició a empresas que, con
posterioridad, pagaban sobornos a altos cargos del Partido Popular.
(www.elpais.com,
26/11/09)
FIANZA DE 1,8 MILLONES DE EUROS A
PANERO Y 1,5 A GINES LÓPEZ
El juez ha impuesto una fianza de
1.500.000 de euros al alcalde de Arganda del Rey, Ginés López Rodríguez y de
1.800.000 euros al alcalde de Boadilla del Monte, Arturo González Panero. El
magistrado dictará una nueva resolución en relación con la fianza que se le
impuso a este último el pasado junio.Tanto Ginés López como González Panero han
declarado ante el juez Antonio Pedreira, que instruye el caso Gürtel en Madrid,
por delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, cohecho y tráfico de
influencias El pasado 9 de junio, el magistrado impuso a González Panero, el
Albondiguilla, una fianza de 1,8 millones de euros para asegurar las
responsabilidades pecuniarias derivadas de su imputación.
Al igual que hizo durante su
comparecencia ante el juez Baltasar Garzón, el ex alcalde popular se negó
entonces a declarar hasta que se levantara el secreto del sumario.
El nombre de González Panero aparece
en varias de las escuchas interceptadas a los integrantes de la red corrupta de
Francisco Correa. Según el sumario, Correa habría grabado al ex alcalde con una
cámara oculta repartiendo billetes a otros tres de los implicados. Las empresas
de Correa se vieron beneficiadas por cuantiosos contratos adjudicados por el
Ayuntamiento.
Por su parte, López Rodríguez se
encuentra imputado por fraude fiscal, cohecho, prevaricación y tráfico de
influencias. Según el sumario, el ex regidor habría percibido comisiones por
importe de 523.439 euros.
El ex alcalde del PP de Boadilla del
Monte, Arturo González Panero, ha asegurado, antes de declarar, que él "queda
muy bien" en el sumario, ya que "se ve lo contrario de lo que dicen las
denuncias". "Nadie dice en ninguna parte que a mí me hayan entregado ninguna
cantidad" de dinero, ha afirmado González Panero, que ha añadido que se
enfrentaba a la declaración con un ánimo "fantástico" y "con documentación y
todo". Una documentación que, según ha explicado, recoge "muchas pruebas
exculpatorias" para él "que no están en el sumario y deben estar" y que pretende
aportar hoy.
(www.publico.es,
26/11/09)
EL JUEZ IMPONE 750.000 EUROS DE
FIANZA POR EL 'CASO GÜRTEL' AL DIPUTADO BOSCH
El juez Antonio Pedreira, instructor
del caso Gürtel en su variante de Madrid, ha fijado una fianza de 750.000 euros
al aún diputado de la Asamblea de Madrid Alfonso Bosch. Éste fue citado por el
juez el pasado verano, pero se negó a declarar y adujo que lo haría cuando se
levantase el secreto del sumario. El juez no le fijó entonces ninguna fianza,
pero le imputó genéricamente delitos de cohecho, malversación y tráfico de
influencias, entre otros.
Los indicios delictivos que pesan
sobre Bosch tienen relación con su etapa como gerente de la Empresa Municipal de
Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), cuando era alcalde de este
municipio Arturo González Panero, El Albondiguilla, otro de los imputados del
caso Gürtel. Supuestamente, Bosch adjudicó directamente a la sociedad Easy
Concept, una de las empresas de la trama Gürtel, la oficina de atención al
ciudadano del Ayuntamiento durante 14 años.
Bosch fue expulsado del Grupo
Popular de la Asamblea de Madrid tras ser imputado por el juez y era el único de
los tres diputados madrileños (los otros son el ex consejero de Esperanza
Aguirre Alberto López Viejo y Benjamín Martín Vasco) al que el juez no le había
fijado aún fianza. Ahora lo ha hecho tras informarle de los cargos que pesan
sobre él. A López Viejo el magistrado le impuso una fianza de 750.000 euros, y
de 950.000 a Martín Vasco, todas ellas instadas por las fiscales anticorrupción
del caso Gürtel. El juez ha dado orden de embargar bienes a estos diputados si
no pagan las fianzas impuestas.
En total, el juez ha fijado hasta el
momento fianzas a los políticos imputados que suman 5,25 millones de euros.
Asimismo, el juez Pedreira fijó ayer otra fianza de 650.000 a Isabel Jordán, la
administradora de una de las empresas de la red corrupta que dirigía Francisco
Correa. En el caso de que no abonaran la cantidad exigida, el magistrado también
ha dado orden de que se decrete el embargo de sus bienes hasta completar la
cifra fijada.
Isabel Jordán, subordinada de
Francisco Correa que planificó la expansión de la red corrupta en Valencia,
admitió ante el juez Garzón el pago de 30.000 euros en trajes para Francisco
Camps: "He hecho trabajos reales para la Comunidad [Valenciana] tipo Fitur, el
Open de Tenis... Hemos pagado incluso 30.000 euros de una tienda que se llama
Milano para pagar los trajes al presidente Camps".
(www.elpais.com,
24/11/09)
GARCÍA ESCUDERO ORDENÓ BENEFICIAR
A LAS EMPRESAS QUE FINANCIARON LA CAMPAÑA DEL TAMAYAZO
El nombre de Pío García Escudero se
ha sumado a la lista de altos cargos del PP que aparecen vinculados a la trama
de corrupción de la Operación Gürtel. El testimonio de uno de los imputados ante
el juez de TSJM, Antonio Pedreira, apunta a que a finales de 2003, después de
las elecciones municipales y autonómicas -unas elecciones marcadas por el
tamayazo que daría a Esperanza Aguirre la presidencia de la Comunidad-, García
Escudero, entonces secretario general del PP madrileño y responsable de la
campaña electoral, envió un fax a los ayuntamientos populares de la región para
que dieran un trato de favor a las empresas que habían financiado la campaña.
Las investigaciones en torno a Fundescam ya levantaron las
sospechas de una posible financiación irregular de la campaña electoral del PP
madrieleño de cara a las elecciones autonómicas y municipales de 2003, que
llevaron a la presidencia de la región –después del tamayazo- a Esperanza
Aguirre. Cuando el caso salió a la luz, la dirigente eludió hacer ninguna
aclaración y pidió que
se le preguntase a “Pío, pío, pío”, en alusión
probablemente a Pío García Escudero. Y lo decía, tal vez, con más conocimiento
de causa de lo que aparentaba.
Un fax exigiendo favores
García Escudero, entonces secretario
general del PP madrileño, número dos en las listas de Alberto Ruiz Gallardón a
la alcaldía de Madrid y responsable de la campaña electoral, ha aparecido
mencionado en la declaración ante el juez de uno de los imputados en el caso
Gürtel, según publica el digital El Confidencial. Este imputado aseguró al juez
del TSJM, Antonio Pedreira, que a finales de mayo, pocos días después de los
comicios, García Escudero envió un fax a todos los alcaldes populares de la
Comunidad, incluido Gallardón, ordenando que favoreciesen a determinadas
empresas que había aportado fondos para sufragar la campaña electoral del PP.
Veinte empresas, la mayoría
constructoras
Según el testigo, el fax fue enviado
desde Presidencia de la Comunidad, e incluía un listado con más de 20 empresas,
la mayoría de ellas constructoras, que debían recibir un trato de favor por
parte de los ayuntamientos del PP en compensación por su generosidad durante la
campaña. Esta declaración vendría a constatar las sospechas de que hubo una
financiación irregular de la campaña de los populares, como ya apuntaban las
cuentas de Fundescam.
El Grupo Dico y Granados
Al parecer, una de las empresas que recomendaba García
Escudero fue el Grupo Dico, una constructora que más tarde ha sido investigada
por el presunto pago de comisiones millonarias a alcaldes y funcionarios
municipales madrileños del PP. Un ex directivo de la empresa
denunció el caso y apuntó directamente al consejero de Presidencia de la región,
Francisco Granados, durante su etapa como alcalde de
Valdemoro entre 1999 y 2003.
García Escudero no lo recuerda
Además, el ex alcalde de
Majadahonda, Guillermo Ortega, ahora imputado en la trama Gürtel, había
transmitido personalmente a varios ediles del PP de García Escudero, de quién
era hombre de confianza. El dirigente y actual portavoz del PP en el Senado,
aseguró a El Confidencial que no recuerda si envió estos faxes, aunque aseguró
que “en la vida” ha hablado “con un alcalde para recomendarle una empresa”.
Según dijo, sería “absurdo hacer una recomendación de este tipo por fax”, por lo
que sospecha que alguna otra persona pudo hacer los envíos desde Presidencia
utilizando su nombre.
(www.elplural.com,
23/11/09)
LOS TESOREROS DEL PP AVISARON A
AGUIRRE DEL PELOTAZO DE CORREA EN ARGANDA
En noviembre de 2004, Luis Bárcenas
y Álvaro Lapuerta, a la sazón gerente y tesorero nacional del PP, informaron a
la presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, en presencia del líder del partido,
Mariano Rajoy, de que se estaba gestando una operación urbanística corrupta por
parte de Francisco Correa en el ayuntamiento madrileño de Arganda del Rey, en
torno a la venta de una parcela municipal (la 124), con respaldo de los
principales cargos municipales del PP.
El presunto pelotazo de Martinsa,
que la policía investiga como una de las operaciones ilegales de Correa, tiene
los siguientes componentes: la parcela se vendió por 19 millones de euros menos
del valor tasado oficialmente, era la mayor y mejor parcela municipal, ya que
disponía de una boca de metro en el centro de sus 160.000 metros cuadrados; la
adjudicación fue objeto de polémica entre las constructoras licitantes, y el
sumario del caso Gürtel da pistas del presunto cobro de comisiones por sus
gestores municipales.
En dicha operación, según
denunciaron Bárcenas y Lapuerta ante Rajoy y Aguirre, se encontraban
presuntamente implicados Francisco Correa; el alcalde de Arganda, Ginés López,
que dimitió el pasado marzo; y el presidente de la sociedad de Fomento municipal
responsable de la venta de la parcela, Benjamín Martín Vasco -los tres últimos
posteriormente imputados en el caso Gürtel-; el empresario del sector
audiovisual y constructor Pedro Pérez Fernández de la Puente y la empresa
Martinsa. Un reciente informe policial, tras reflejar que Correa diseñó una
estrategia para captar negocios urbanísticos en ayuntamientos madrileños del PP
a cambio de comisiones, cita la adjudicación de una parcela municipal en Arganda
a Martinsa.
Pero Aguirre no dio crédito, en
noviembre de 2004, a la denuncia de Bárcenas y Lapuerta, quienes han declinado
ofrecer su versión a este diario sobre su advertencia. Tampoco el líder del PP,
Mariano Rajoy, ha aceptado confirmar los detalles de la denuncia interna que
recibió y trasladó a Aguirre, cuya versión fue solicitada también sin éxito.
No obstante, varios cargos del PP
han confirmado la existencia de esta alerta, que el partido puso en manos de
Aguirre y ella desatendió. La denuncia partió de Bárcenas que, si bien ahora
está investigado por el presunto cobro de dádivas de Correa, en aquel momento
declaró la guerra a su antiguo amigo y se opuso al pelotazo urbanístico que
tramaba. Este aviso influyó decisivamente para que Rajoy declarara a Correa
persona no grata en Génova, mientras que consejerías del Gobierno de Aguirre
siguieron contratando sus servicios.
Lapuerta, según fuentes del PP
conocedoras de la reunión con Rajoy, apostó a fondo por su versión ante Aguirre:
"Si en diciembre no resulta Martinsa adjudicataria de esa parcela en Arganda, yo
te pediré perdón, Esperanza, y mi información resultará falsa; pero si la
parcela de Arganda se la venden a Martinsa, será la prueba de que quien estaba
mal informada eras tú". Lapuerta y Bárcenas, no obstante, dieron por hecho que
Aguirre no conocía con anterioridad esta operación urbanística.
La denuncia de Bárcenas y Lapuerta
fue tan precisa como premonitoria: Martinsa, en diciembre de 2004, resultó
adjudicataria de la parcela 124 y, años después, los gestores municipales de
dicha operación, Ginés López y Martín Vasco, imputados por recibir presuntas
comisiones de la red de Correa. El sumario del caso Gürtel no ha arrojado
públicamente hasta la fecha ninguna vinculación con dicha operación de Pedro
Pérez Fernández de la Puente, ex presidente de Vía Digital, aunque sí figura en
el sumario como uno de los interlocutores de Correa identificados por la
policía. Pérez, actual presidente de la Federación de Asociaciones de
Productores Audiovisuales, ha confirmado a este diario que ha tenido relación
personal con Correa y negocios con Martinsa, pero ha negado que interviniera en
ningún asunto urbanístico de Arganda del Rey.
La presidenta de Madrid -amiga de
Martín Vasco, a cuya boda asistió como testigo-, mostró su incredulidad de que
tal operación urbanística fuera a salir. Pero la operación en favor de Martinsa
sí salió. Y, entre otros motivos, gracias a la puntuación favorable que dio a
Martinsa en el concurso municipal Plarquin, la empresa vinculada al entonces
director general de Urbanismo de Aguirre, Enrique Porto, cuyas irregularidades
durante su gestión investiga un juzgado madrileño. Aguirre Newman, empresa con
la que tiene vínculos familiares la presidenta madrileña, valoró el suelo de
dicha parcela en casi 95 millones de euros, mientras que el Ayuntamiento de
Arganda la vendió por 66 millones y otros diez en futuras obras municipales, que
recayeron en empresas próximas a la trama.
(www.elpais.com,
17/11/09)
CORREA: "YA CACÉ [COBRÉ] DE
MARTINSA"
La investigación judicial del caso
Gürtel ha hallado rastros del pelotazo en Arganda, dado gracias a la ayuda de
los presuntos cómplices municipales de Francisco Correa. Isabel Jordán, imputada
como gestora de alguna de las empresas de Correa, declaró ante el juez Garzón:
"Juan Fernández [sucesor de Martín Vasco al frente de la sociedad de Fomento del
Ayuntamiento de Arganda] me dijo '¡vaya tela! ¡cómo está Benjamín Martín! El
Correíta lo tiene mosqueado porque no le ha pagado lo que le debe, no recuerdo
si me dijo la cantidad. (...) No recuerdo si me dijo 400.000 euros. Eso fue en
abril de 2007". Y un informe de la UDEF (unidad de la Policía contra los delitos
económicos) define así el papel de Martín Vasco: "Ex teniente de alcalde de
Arganda y actual diputado en la Asamblea de Madrid. Participó en las operaciones
que realizó Correa con la empresa Martinsa en dicho ayuntamiento y recibió una
contraprestación por su participación". Y José Luis Peñas, el denunciante,
aclaraba aún más su papel: Martín Vasco "discutió con su alcalde y amenazó a
todo el clan con reventar el tinglado multimillonario que tenían en Arganda y al
que se refiere Correa cuando habla del pago de Martinsa. Exigió 400 millones por
su silencio. Es en la actualidad miembro de la Asamblea de la Comunidad de
Madrid y muy relacionado con la presidenta".
El propio Correa, en una grabación
propiciada por Peñas, reconoce que tiene relación con el dueño de Martinsa,
Fernando Martín, y que tenía un pago pendiente con él por la operación de
Arganda, que en julio "cazó" [cobró la comisión], si bien en los meses
anteriores estuvo jodido, y aun le falta cobrar un millón de euros.
(www.elpais.com,
17/11/09)
EL VICEPRESIDENTE COMPARA A LÓPEZ
VIEJO CON ROLDÁN
El vicepresidente, Ignacio González,
compareció ayer en la Asamblea de Madrid para, en teoría, explicar los contratos
de su área de gobierno con las empresas de la trama Gürtel. La oposición, PSM e
IU, le había reprochado que, como vicepresidente, y por tanto, coordinador del
Gobierno, no hubiera impedido que todas las consejerías utilizaran una argucia
legal -la vía de los contratos de menos de 12.000 euros, que no requieren de la
convocatoria de un concurso- para asignar a dedo la contratación de la Comunidad
de Madrid a las empresas de Francisco Correa, cabecilla de la trama.
Fueron más de tres millones de euros
en unos 350 contratos. En todos los casos, se habían troceado los gastos para
que pudieran facturarse como contratos de menor cuantía.
Pero González insistió en la
legalidad de todo lo contratado por la Comunidad de Madrid, como han hecho todos
los consejeros de Esperanza Aguirre, desde que el caso salió a la luz el pasado
febrero. Y llegó a comparar al ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo,
imputado en la trama y al que los cabecillas del Gürtel citan en el sumario como
el "muñidor" de la contratación por el Ejecutivo regional, con el ex director
general de la Guardia Civil, Luis Roldán.
"¿Cree que los contratos para las
casas cuartel de la Guardia Civil no cumplían escrupulosamente la legalidad?",
espetó el vicepresidente. "¿Por eso el ministro era un chorizo, un despistado o
connivente con el señor Roldán? No, porque él veía contratos legales y que las
casas cuartel estaban hechas, pero Roldán se lo llevaba", insistió González.
Según el vicepresidente, los
contratos con la trama Gürtel sólo representan el 1% de todos los realizados por
el Ejecutivo madrileño. "Lo que nos correspondía lo hemos hecho de manera
impecable", afirmó González, que se quitó responsabilidades. "Usted no le
exigirá a la vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega que mire cada uno
de los actos de sus ministros", le dijo el vicepresidente al portavoz adjunto
socialista, Adolfo Navarro. "Le confieso que es imposible y no entra en los
ámbitos de coordinación del Gobierno".
Y volvió a insistir en la tesis. "Si
alguien utiliza un procedimiento legal para obtener un beneficio de manera
ilícita, para eso están los tribunales", dijo en referencia al ex consejero de
Deportes, Alberto López Viejo.
"¿Está diciendo que el robo está
legalizado?", replicó la diputada de IU, Reyes Montiel, en su turno de palabra.
"Lo que no es legal es enriquecerse, ni con los contratos mayores, ni con los
menores", añadió. La diputada espetó al vicepresidente que no existe la
transparencia de la que alardea la Comunidad de Madrid, y reprochó al Ejecutivo
madrileño que no haya permitido a la oposición tener acceso a los contratos de
la trama Gürtel porque, según la normativa de la Asamblea, los de menor cuantía
no entran bajo el control de la oposición.
Más lejos fue Adolfo Navarro, que
pidió a González que abandone su cargo: "Le invito a dimitir". El portavoz
adjunto socialista recriminó al vicepresidente que continúe en su puesto, cuando
ha manifestado públicamente su intención de abandonar el Gobierno de Aguirre, al
haberse postulado para presidir Caja Madrid. "No se aferre al cargo", le dijo
Navarro.
(www.elpais.com,
13/11/09)
EL GRUPO POPULAR DESAUTORIZA A LA
PRESIDENTA DE LA ASAMBLEA
Diputados en el limbo jurídico,
parlamentarios no adscritos, miembros del grupo mixto... Ni en el propio PP se
aclaran de cuál es la consideración jurídica que deben tener los diputados
imputados en el caso Gürtel -Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso
Bosch-, que abandonaron el grupo popular a primeros de octubre.
Por eso la definición que ayer hizo
la dirección del grupo parlamentario -al explicar las enmiendas que harán en el
proyecto de ley para incorporar la figura del diputado no adscrito en el
reglamento de la Asamblea- contradice la versión que ofreció la propia
presidenta de la Cámara, Elvira Rodríguez, también del PP, el 15 de octubre.
Entonces, la presidenta convocó a
los medios para anunciar, tras una reunión de la Mesa de la Asamblea, que a
éstos se les había otorgado la "asignación provisional del grupo mixto".
Rodríguez se basó entonces, según una portavoz, en el dictamen que había pedido
en esa misma reunión al secretario general de la Mesa. Después de la tramitación
de la ley, dijo la presidenta, éstos pasarían a ser diputados no adscritos.
Pero la dirección del grupo popular
considera que estos parlamentarios son "diputados no adscritos de hecho", según
el portavoz adjunto Pedro Muñoz Abrines, pese a que en el reglamento actual no
existe esa figura, que es la que pretende introducir la reforma. Porque, explicó
el diputado, no han llegado a formar parte del grupo mixto ya que, para ello,
"hace falta una declaración expresa de la Mesa y la redacción de un reglamento
interno aprobado por la Mesa". Por eso concluye que "el trámite no está
terminado".
Esta diferencia de criterios es
vital para aplicar la futura reforma del reglamento de la Cámara, que se
aprobará en el pleno del próximo 12 de noviembre, previsiblemente con la mayoría
de votos del PP (64 de 120 diputados). Primero el PP introdujo una disposición
transitoria que pretendía retrotraer la entrada en vigor del reglamento al
momento en que la Mesa de la Asamblea lo admitió a trámite. Era manifiestamente
irregular, porque la Constitución impide que con efecto retroactivo se reduzcan
derechos. Ahora el PP quiere enmendar esa disposición transitoria, porque se han
dado cuenta de que es un error.
"Teníamos la posibilidad de
establecer una redacción más clara y contundente", justificó Muñoz Abrines. Y
esa nueva versión dice que quedarán fuera de la aplicación de la ley "la
tramitación de cualquier asunto pendiente ante la Asamblea de Madrid, cuyos
procedimientos y efectos no se hayan consumado a la entrada en vigor de la
presente reforma del reglamento".
Por eso, si los diputados ya
pertenecen al grupo mixto, como dijo la presidenta de la Asamblea, no podrían
pasar a ser no adscritos con la nueva redacción de la disposición transitoria.
En cambio, si, como pretende el grupo popular, no han llegado a formarlo, sí
podrían pasar a no adscritos en aplicación de esa disposición transitoria. Entre
una y otra posibilidad hay diferencias económicas sustanciales. Y los diputados
del Gürtel renunciaron a las prebendas del grupo mixto, pero no se han
pronunciado sobre su constitución.
(www.elpais.com,
04/11/09)
AGUIRRE SE DESLIGA DE LA GÜRTEL CON UNA VERSIÓN
INVEROSÍMIL
La presidenta dice que en 2005 ordenó vetar a Easy
Concept, pero la empresa cobró de la Comunidad en 2007 y 2008. Otra sociedad
denunciada hace cuatro años también siguió recibiendo adjudicaciones
El análisis de los datos remitidos al juez por el Ejecutivo
madrileño sobre sus
contratos con la trama Gürtel
sólo dejan dos opciones. La primera,
inverosímil, es que Esperanza Aguirre no logró que se acatase su orden de 2005
para vetar a
Easy Concept, firma crucial en la red corrupta, y que no lo logró pese a que
gobierna con mano de hierro, como ha vuelto a demostrarse con la
guerra interna por el control de Caja Madrid. La segunda opción es que tal
orden no existió.
Hace un mes, Aguirre relató cómo en 2005 había ordenado a
Alberto López Viejo, entonces viceconsejero de Presidencia y hoy imputado en
el caso Gürtel, cortar por lo sano con Easy Concept. Según la presidenta
de Madrid, adoptó tal decisión movida por un reportaje con "denuncias" sobre esa
sociedad, aunque, según sus palabras, López Viejo la engañó luego
al contratar a otras empresas del conglomerado
Gürtel. Pero ni el
reportaje, publicado por la revista Interviú el 14 de marzo de 2005,
hablaba sólo de Easy Concept ni las "instrucciones clarísimas" impartidas, según
Aguirre, para excluir a esa compañía en el reparto de la jugosa tarta
contractual se cumplieron. Sólo entre 2007 y 2008, la empresa endosó al menos a
la Comunidad siete facturas de contratos a dedo por importe global de
34.949 euros.
La Comunidad calla sobre los contratos con Easy Concept
posteriores a 2005
Y hay más. Easy Concept fue invitada por la Consejería de
Inmigración en noviembre de 2008 a participar en el proceso de adjudicación,
negociado y sin publicidad, del montaje del stand institucional en la
Feria Integra. La empresa declinó la oferta, al igual que su compañía hermana
Servimadrid, igualmente invitada. La adjudicación, por 69.000 euros, fue
a parar a DiseñoAsimétrico, otro de los nombres habituales en el listado de 342
contratos por más de tres millones con la trama Gürtel remitido al juez
Garzón.
Si Aguirre había ordenado negar el pan y la sal a Easy
Concept, resulta una incógnita por qué Inmigración decidió cursarle la referida
invitación. Este periódico preguntó al equipo de la presidenta por qué se siguió
contando con Easy Concept. No hubo respuesta.
El titular de Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty, es
uno de los cuatro consejeros madrileños que firmaron pagos a empresas de la
trama. Lo hizo también el vicepresidente, Ignacio González,
candidato de Aguirre a presidir Caja Madrid.
Isabel Jordán como nexo
Hasta 2008, Easy Concept siguió recibiendo contratos de
Madrid, aunque eclipsada por otras marcas del holding de Correa. Y también
Good and Better, la otra sociedad que aquella información de Interviú
citaba de forma expresa. Ambas compañías tenían como administradora a Isabel
Jordán, la empleada de Correa a quien
Aguirre llamaba "casi todos los días", según el ex edil del PP José Luis
Peñas, que denunció el caso Gürtel.
Cuatro de las siete facturas endosadas por Easy Concept a la
Comunidad entre 2007 y 2008 se refieren a trabajos en las gradas "durante el
relevo mensual de la Guardia [Real]". Las cuatro obtuvieron el "conforme" de
la Consejería de Cultura, aunque en dos de ellas no figura ninguna firma en
la casilla de gasto aprobado.
Good and Better facturó al Canal de Isabel II, presidido por
González
Tras las elecciones autonómicas de 2007, la Consejería de
Cultura se desgajó del Departamento de Deportes. Cultura y Turismo permanecieron
en manos de Santiago Fisas, actualmente eurodiputado del PP; y Deportes quedó
bajo el mando de Alberto López Viejo, el todopoderoso hombre de confianza de
Aguirre que, durante cuatro años y como número dos del vicepresidente
Ignacio González, logró que otras consejerías pagasen sin rechistar facturas
generadas por actos protagonizados por Aguirre. Justamente aquellos actos
que, casi en régimen de monopolio, organizaron las empresas del grupo de
Francisco Correa.
Good and Better, a la que jamás se ha referido Aguirre pese a
que el reportaje de Interviú subrayaba el contraste entre su juventud se
creó en enero de 2005 y su pujanza gracias a los contratos de la Comunidad de
Madrid, también continuó cobrando. En total, la empresa facturó 75.835 euros
entre 2007 y 2008. En ese cómputo figuran cinco cargos que suman 40.198
euros y que fueron endosados a otros tantos departamentos autonómicos por
trabajos para la Feria Integra de 2007. Una de esas facturas fue pagada por
el Canal de Isabel II, organismo que preside Ignacio González.
El rastro documental
14/03/2005
‘Interviú’no sólo hablaba de Easy Concept
Según Aguirre, un reportaje de ‘Interviú’ la puso en alerta
sobre Easy Concept. Pero ese reportaje también desvelaba la conexión de Good and
Better con los miembros de la que ahora conocemos como ‘trama Gürtel’. Según
Aguirre, ella misma prohibió contratar con Easy Concept. De Good and Better no
dice nada.
14/04/2007
Adjudicación para la empresa ‘vetada’
En este caso, la clave no radica en dilucidar si era o no
ajustado el precio (11.790 euros) de las medallas y trofeos para las Olimpiadas
Escolares de Arganda. El quid
radica aquí en que el encargo se le hizo a Easy Concept dos años después de que,
supuestamente, Aguirre prohibiera otorgarle contratos.
19/12/2007
Contratos para una de las empresas denunciadas
Good and Better, una de las marcas del ‘holding’ de Correa y
administrada por Isabel Jordán, recibió cinco contratos menores para el ‘stand’
de la Feria Integra de 2007. Ese trabajo le reportó en total 40.198 euros. Junto
a estas líneas, uno de los cinco pagos.
28/11/2008
Una invitación para la empresa ‘proscrita’
Que Easy Concept quedara proscrita –y esa es la versión de
Aguirre– no cuadra con que en noviembre de 2008 Inmigración la invitara a
presentar oferta para el ‘stand’ de la Feria Integra. Las otras dos empresas
invitadas también pertenecen a la ‘red Gürtel’.
Respuestas y declaraciones
Las preguntas de ‘Público’
1. Si la presidenta
ordenó cortar con Easy Concept, ¿por qué la empresa recibió contratos en 2007 y
2008?
2. ¿Por qué fue
invitada a concursar en la Feria Integra en 2008?
3. El reportaje del que habla Aguirre también menciona a Good and Better. ¿Se
hizo extensiva a esa empresa su orden de no adjudicarle más contratos?
4. ¿En qué fechas exactas realizó Easy Concept los trabajos en «gradas relevo de
la Guardia [Real]», por los que emitió cuatro facturas en 2008?
La respuesta de la Comunidad
"El consejero de Economía de la Comunidad de Madrid, Antonio
Beteta, ya ha dado en la Asamblea madrileña explicaciones sobre todos los
contratos, que eran legales. Todas las cuentas a que hacen referencia las
preguntas están fiscalizadas y los contratos han sido puestos a disposición del
juez".
Lo que dijo Aguirre
09/10/2009
"En 2005 le di instrucciones clarísimas al señor López Viejo ante la aparición
en alguna revista de unas denuncias relativas a una empresa concreta, creo que
era Easy Concept, de no contratar ninguno de mis actos con esta empresa y me
dijo que no tenía que tener preocupación porque no la contratábamos. Pero,
claro, contratábamos a otras que eran de los mismos dueños"
22/09/2009
"Sólo con la aparición de aquello [el reportaje de ‘Interviú’, publicado el 14
de marzo de 2005], yo llamé a mi despacho, algo que no hago normalmente, al
viceconsejero encargado de la organización de actos. Y le dije: ‘Oye, ¿nosotros
estamos contratando?’ y me contestó: ‘No, lo hacíamos antes pero ya no lo
hacemos’"
www.publico.es 02.11.09
CUATRO CONSEJEROS DE AGUIRRE
AVALARON 51 CONTRATOS A LA TRAMA
No sólo
Ignacio González, vicepresidente del Gobierno de
Esperanza Aguirre y su
candidato a presidir Caja Madrid, firmó pagos a
empresas de la
trama Gürtel. Otros cuatro consejeros hicieron lo
mismo: los dos últimos titulares de Inmigración, Lucía Figar y Javier Fernández-Lasquetty;
el que fue consejero de Cultura hasta las elecciones europeas de junio, Santiago
Fisas; y
Alberto López Viejo, ahora imputado por el caso Gürtel
y quien desde su posición de viceconsejero de Presidencia
a las órdenes de Ignacio González fue ascendido a máximo responsable de Deportes
tras las elecciones de 2007.
En total, de acuerdo con el listado de facturas incluido
en el sumario del
caso Gürtel, los cuatro signaron 51 pagos y contratos
por 719.143 euros, lo que equivale a casi el 25% de los más de tres millones que
las cuatro empresas de la red corrupta obtuvieron gracias a los
342 contratos que les otorgó la Comunidad de Madrid a
partir de 2004. La propia Figar, ahora responsable de Educación, reconoció el
jueves que "algunas" de las facturas de las empresas de la red corrupta que
aprobó el Ejecutivo madrileño en la pasada legislatura
"no cumplían con el principio de austeridad".
López Viejo, a quien Aguirre señala
como único responsable de que el conglomerado empresarial de Francisco Correa
introdujera sus tentáculos en la Comunidad, fue el que más se reservó en su
puesto de consejero: como titular de Deportes, sólo firmó dos abonos que suman
12.153 euros. El hombre que, según el equipo de Aguirre, organizaba todos los
actos de la presidenta dentro y fuera del partido, autorizó un pago de 5.708
euros por la inauguración de un polideportivo y otro de 6.445 por la de una
piscina.
El mayor volumen de pagos avalados
por consejeros se da en Inmigración. Lucía Figar, responsable de ese
departamento desde su nacimiento, en septiembre de 2005, hasta que, tras las
elecciones de 2007, se hizo cargo de Educación, otorgó 17 contratos a empresas
de la trama, todos ellos a dedo por un importe total de 97.979 euros. Su sucesor
en Inmigración, Javier Fernández-Lasquetty, siguió la estela, corregida y
aumentada. En contra de lo dicho por su predecesora, los pagos no terminaron con
la legislatura que expiró en junio de 2007.
En un año y medio, el transcurrido
entre ese mes y diciembre de 2008, Lasquetty estampó su rúbrica en documentos de
abono para 17 facturas que suman 117.776 euros. Todos estos encargos se
adjudicaron como contratos menores. Hay otro más, cifrado en 69.020 euros, que
lo obtuvo Diseño Asimétrico, mediante procedimiento negociado sin publicidad. O
sea, también a dedo. El contrato tenía por objeto el montaje del stand de la
Consejería en la Feria Integra, que se celebró entre los días 5 y 8 del pasado
mes de diciembre. La adjudicación provisional se hizo pública el día 2 de ese
mes, tres días antes de que comenzara el certamen.
Muy probablemente, Diseño Asimétrico
sabía de antemano que el contrato acabaría en su poder. En realidad y con
independencia de que resulta difícil dilucidar si el precio se ajustaba o no al
mercado, el grupo de Correa sí sabía de antemano que se vería beneficiado con
esa adjudicación: la Consejería cursó las tres invitaciones preceptivas en el
procedimiento negociado. Pero las tres fueron a parar a empresas de la trama.
Tanto Figar como Lasquetty tuvieron como subordinado a
Carlos Clemente, viceconsejero de Inmigración hasta
octubre de 2008 e imputado en el caso Gürtel por el presunto cobro de sobornos.
Clemente cesó a petición propia y, cobijado por el ex ministro
José María Michavila, logró un alto cargo en una
prestigiosa fundación a la que ya no pertenece.
Al igual que Ignacio González, también Lasquetty firmó
pagos que incumplían el precepto de la Ley de Contratos Públicos que prohíbe el
fraccionamiento para minorar cuantías y evitar la convocatoria de concurso. El
13 de mayo de 2008, el consejero de Inmigración rubricó el ADOK (documento que
contiene la autorización y reconocimiento de gasto) de una factura de
Servimadrid fechada el 15 de octubre del año anterior. El objeto del contrato,
el personal encargado del "montaje y desarrollo" de la carroza del Día de la
Hispanidad en la Cabalgata Viva América.
Servimadrid cobró por ese trabajo 11.997,85 euros.
Y la intervención avisó, por escrito, de que otras
empresas, entre ellas Good and Better, habían prestado servicios para el mismo
evento. "Se ha podido incurrir en un fraccionamiento", expuso la interventora.
Que se sepa, no hubo consecuencias. Desde luego, Figar acertó al reconocer la
falta de austeridad o
despilfarro de algunas adjudicaciones. Ella misma
firmó una factura de 5.825 euros que emitió Servimadrid por organizar una visita
a un centro de formación del grupo Sigla. Las fotos del evento muestran el ya
clásico cartelón de la "trasera" y la no menos clásica moqueta "rojo
institucional". En el centro de la imagen, Aguirre.
Las cuatro
empresas de la trama (Easy Concept, Good and Better,
Servimadrid y Diseño Asimétrico) operaban con el Gobierno de Aguirre como un
fármaco de amplio espectro. Lo mismo montaban una trasera que asesoraban a la
Consejería de Cultura y Deportes en cuestión de imagen.
El 12 de noviembre de 2004, el
entonces consejero de Cultura y Deportes, Santiago Fisas, firmó un pago de
11.925 a Down Town Consulting (nombre anterior de Easy Concept) por la "asesoría
de imagen en el acto Getafe C.F.". Ese acto consistió en una celebración en la
sede de la Presidencia de Madrid por el ascenso del Getafe a Primera. No se
sabe, porque la memoria explicativa no se molesta en explicarlo y la factura
tampoco, en qué consistió tal asesoramiento. Down Town cobró otra factura por
averiguar la "repercusión mediática del ascenso" del Getafe. La investigación le
costó al erario público madrileño 4.098,68 euros. Gracias a una tercera factura
según la cual imprimir unas lonas costó 10.743 euros, Down Town se embolsó
26.766 euros tras el acto del Getafe. Y Esperanza Aguirre tuvo su baño de
flashes.
Fisas, eurodiputado, pidió
incorporarse a la lista para las elecciones europeas del pasado mes de junio con
el objetivo de alejarse del Ejecutivo de Aguirre, según fuentes del PP. Antes de
irse, firmó 12 pagos a la trama y dos contratos.
Esos dos contratos se corresponden
con las adjudicaciones más sustanciosas cosechadas por el grupo de Correa en el
fértil campo de la Comunidad de Madrid. Ambos tenían por objeto organizar, en
las ediciones de 2005 y 2006, la gala de entrega de los Premios de la Cultura y
de la Medalla Internacional de las Artes. Y ambos concursos los ganó Servimadrid.
El primero, por 162.000 euros. El segundo, por 177.570 euros. Al primer concurso
acudieron varias empresas. En el segundo, nadie quiso competir. Sólo Servimadrid.
En total, Santiago Fisas avaló pagos por valor de 422.215 euros.
(www.elpais.com,
26/10/09)
LAS CIFRAS
21/06/2004
Asesoramiento sin explicaciones: 11.925 euros
Santiago Fisas avaló el pago de 11.925 euros a Down Town (Easy Concept) por
“consultoría y asesoramiento de imagen”. No se sabe en qué consistió.
07/02/2006
Entregar premios escolares: 11.763 euros
Como consejera de Inmigración, Lucía Figar validó con su firma un pago de 11.763
euros a Servimadrid por montar el acto de entrega de los premios escolares Paz y
Cooperación. Aguirre protagonizó el evento, como casi todos los encargados a la
trama.
26/07/2007
Inaugurar una piscina local: 6.445 euros
López Viejo firmó dos pagos a Servimadrid, que cobró 6.445 euros por la
inauguración de una piscina; y 5.708 por la apertura de un polideportivo.
12/10/2007
Diseñar una carroza: 11.200 euros
Javier Fernández-Lasquetty rubricó el pago de 11.200 euros a Diseño Asimétrico
por “diseño y presentación en 3D de la carroza” para el Día de la Hispanidad. La
carroza reportó a la trama 46.847 euros divididos en cuatro facturas. Lasquetty
las firmó todas.
(www.publico.es,
26/10/09)
"ESPERANZA AGUIRRE LLAMABA CASI
TODOS LOS DÍAS A UNA EMPLEADA DE CORREA"
"No quiero ser superhéroe ni
supervillano". Lo dice o, más bien, lo martillea José Luis Peñas, el ex concejal
del PP de Majadahonda que destapó el caso Gürtel. Ordenanza municipal de 41
años, también él está imputado por aceptar pagos. Los aceptó, dice, "para hacer
un partido" porque así pudo acercarse a la trama, grabar a sus principales
miembros durante dos años y hacer saltar por los aires la urdimbre de una red
tejida alrededor del PP y sus instituciones.
Miguel Ángel Rodríguez se lanzó al
degüello contra usted en televisión. Él fue uno de los grandes artífices de la
estrategia de comunicación de Aznar. ¿Se conocían Rodríguez y Correa?
Correa jamás me habló de él. Lo que
pasa es que se me tira a la yugular porque yo sé cosas de su amiguito Aznar que
no le interesa que se sepan.
¿Cómo cuáles?
Todo el lío de la boda. Y, sobre
todo, que uno de los responsables políticos de todo este tema es Aznar. En la
boda de su hija se usaron medios públicos. Y buenos amigos, entre ellos Alberto
López Viejo, Jacobo Gordon y Correa, organizaron la despedida de solteros.
¿Qué relación tenían Agag y Correa?
No hace falta ser un lince para
saber que si Correa fue testigo de su boda es que eran íntimos amigos. A Correa
le he oído que hasta 2006 o 2007 eran muy amigos. Luego, Agag se va fuera de
España. Pero Correa siempre me ha dicho que a través de Jacobo Gordon seguía
manteniendo todos los tinglados.
Pero Aznar no sabía nada, ¿no?
Cuando alguien te dice, como Correa,
"me ha llamado el presidente para que contrate a Antonio Cámara", que era su
secretario, pues por qué le vas a tener que contratar si no es porque tienes una
deuda con el presidente. Lo repito: decir Correa era decir presidente. Era su
álter ego en materia publicitaria, en marketing. Que ahora vengan todos diciendo
que nadie conoce a Correa cuando es un presidente el que pide que a un amigo
suyo le des trabajo, hombre, creo que ahí hay una relación íntima. Algunas
palabritas tendría que decir de todo esto.
Ha citado usted a López Viejo, a
quien Esperanza Aguirre señala como el culpable de los contratos de Madrid con
la trama.
Vamos a ver, si es verdad que Rajoy
echa a Correa de Génova, al señor Correa le vino muy bien, ja ja. Porque lo
recogió amablemente Esperanza Aguirre, y muchos ayuntamientos y comunidades
autónomas. Aguirre trae a la Comunidad a Alberto López Viejo y a Alfonso Bosch,
y asciende a los altares a Benjamín Martín Vasco. Guillermo Ortega, El
Albondiguilla [Arturo González Panero], Ginés López, Jesús Sepúlveda, esos son
los cuatro alcaldes imputados y eran los bastiones de Aguirre cuando se enfrentó
a Gallardón por el control del PP.
Pero ella culpa a López Viejo.
¡Lo más fácil! ¿Este señor [que era
viceconsejero] llega a otra consejería, la que sea, y le dice que le va a
organizar los actos? Alguien por encima de él da la consigna de que el
organizador de los actos institucionales es López Viejo. Ahora, si él acude a la
trama o divide los contratos, Aguirre no lo sabe. Pero tampoco se preocupa por
saber cómo se organiza de un día para otro un acto de 60.000 euros. ¿Cómo no va
a conocer Aguirre la trama, si tuvo un juicio en 2007 y tuvo que pagar?
Pero el juicio, por la deuda del PP
con Correa, no llegó a celebrarse.
No, pero yo estaba llamado como
testigo. ¿Y por qué y de dónde se pagó? Eso lo tendrán que explicar, porque
estuvo negociando el secretario del Consejo de Gobierno, Salvador Victoria. ¿Qué
pintaba allí? ¿Qué hacía este señor negociando una deuda del PP? ¿Me lo pueden
explicar? Ella dijo que no conocía a Isabel Jordán, igual que no conocía Camps a
El Bigotes.
¿Y sí la conocía?
Hombre, en el sumario está que
Jordán [administradora de Easy Concept] le mandaba regalos por Navidad. Es
hipócrita además de
¿Además de?
Además de tránsfuga, que cuando vio
que el Partido Liberal no iba a llegar a nada se fue a AP. Mire, la consejera de
Educación [Lucía Figar] era íntima amiga de la mujer de Correa.
¿Hay más políticos que recibieron
regalos pero todavía no se sabe?
Claro. Yo conozco en la Comunidad de
Madrid a muchísima gente. Y fuera, también a alguno. Pero todavía no han salido
en el sumario.
Aguirre sostiene que, tras leer en
2005 un reportaje que hablaba de Easy Concept, dio orden de cortar con esa
empresa. Y que no sabía que las otras a las que se siguió contratando
pertenecían al mismo grupo.
¡Pero si la cara visible de Easy
Concept era Isabel Jordán! De ahí pasan a Diseño Asimétrico y Servimadrid. Y eso
sigue siendo Isabel Jordán. ¿Qué pasa? Pues que cambiaron los nombres de las
empresas. A Isabel Jordán, que era empleada de Correa, Aguirre la llamaba
prácticamente todos los días: "Isabel, ¿de qué color es el fondo, la trasera que
tenemos hoy?". Me lo dijo Isabel y la oí llamar muchas otras veces.
Ha contado que oyó algo que le
asustó tanto que borró la grabación. ¿Tan tremendo era?
Sé lo que oí. Eran temas
escabrosos.
¿Usó Correa vídeos de contenido
sexual para chantajear a políticos?
No los he visto, pero creo que sí.
Había una mujer que usaban como gancho sexual y que en su casa grababa vídeos.
Imagino que cuando tenían dudas sobre los políticos empezaban las grabaciones.
Pero, vamos, yo he oído conversaciones más oscuras.
Pues como no se propusieran matar a
alguien.
Piense lo que quiera.
¿Dónde operaba la trama?
Que yo tenga constancia, operó en
Galicia, Castilla y León, Andalucía, Valencia y Madrid.
La Policía ha ratificado que el PP
de Madrid se financió a través de la fundación Fundescam. Correa le endosó
facturas del partido.
Claro, si los actos de Fundescam los
hice todos yo. Era el responsable del partido en todos esos actos. Cuando a
Guillermo Ortega [ex alcalde de Majadahonda], que era secretario de
Organización, le pregunté qué significaba poner Fundescam en las traseras, me
dijo que con una fundación se podían hacer más actos al margen de la Ley de
Financiación de Partidos. Las cintas grabadas de aquellos actos demuestran que
eran mítines puros y duros, no actos de intelectuales hablando del desarrollo de
la oveja negra en el noroeste de Madrid.
¿Por qué dice usted que Rajoy miró
para otro lado?
Pues porque dice que echó a esta
gente de Génova..., pero, oiga, no se fue al juez a contarle que pedían
contratos en nombre del partido. Aparte, a mí Pablo Crespo me comentó que Correa
le montó a Rajoy su viaje a Canarias tras perder las elecciones de 2004. Y luego
siguieron trabajando para Génova. En 2005 hicieron varios actos; y en 2007,
organizaron viajes. Yo creo que no fue Rajoy el que cortó sino, más bien,
Bárcenas no sé si le intentaron hacer una cosa rara de estas de vídeo o algo...
¿Qué papel cumplía Bárcenas en
relación con la trama?
Yo creo que era el conseguidor
mayor. Llamaba a Galicia, incluso después de que Fraga echara a Crespo y a las
empresas de Correa, para pedir cosas para esta gente. Teóricamente, si te
engrasan y eres muy amigo de unas personas, tienes la fuerza suficiente para
llamar y decir: oye, contratad a estos chicos que, aunque son caros, son buenos
y tal.
El PP lo echó a usted del partido
bajo la acusación de que intentó malvender parcelas públicas. Pero usted cuenta
que el vicepresidente madrileño, Ignacio González, había aprobado ese precio.
El actual alcalde de Majadahonda,
Narciso de Foxá, entonces responsable de la Empresa Municipal de Suelo, recibía
parcelas del Ayuntamiento para vivienda pública. Una de ellas la recibió por
ocho millones y yo la devolví al Ayuntamiento para hacer vivienda libre y
obtener, como mínimo, 48 millones. Saqué las parcelas a concurso público y los
pliegos y valoraciones los ratificó Ignacio González. Si no puedo vender
parcelas sin autorización de la Comunidad de Madrid y resulta que el
procedimiento de venta lo bendice Ignacio González, ¿qué dice Aguirre ahora?
¿Por qué asciende a Guillermo Ortega, que era el alcalde? No se entiende.
(www.publico.es, 26/10/09)
UNA CONSEJERA DE AGUIRRE ADMITE
FALTA DE AUSTERIDAD
La consejera de Educación de la
Comunidad de Madrid, Lucía Figar, reconoció ayer que "algunas" de las facturas
firmadas por el Gobierno regional con las empresas de la trama Gürtel durante la
pasada legislatura, "siendo totalmente legales, no cumplían con el
principio de austeridad".
Así respondía la consejera de
Esperanza Aguirre durante la sesión de control al Gobierno en la Asamblea de
Madrid a las preguntas de la portavoz del PSOE en Educación, Fátima Peinado,
sobre la relación de su departamento con las empresas de la trama liderada por
Francisco Correa. Con estas declaraciones, Figar se convierte en el primer
miembro del equipo de la presidenta madrileña que llama la atención sobre las
cuantiosas adjudicaciones a la red corrupta.
La responsable de Educación en la
Comunidad de Madrid mantuvo que en esta legislatura, que se inició en 2007, su
departamento no ha firmado "ningún contrato" con las empresas Diseño Asimétrico,
Easy Concept Comunicación, Good and Better y Servimadrid Integral. Todas ellas
figuran en la parte del sumario cuyo secreto fue levantado hace un par de
semanas. No obstante, reconoció que en la pasada legislatura se suscribieron 32
contratos, por importe de 230.000 euros, con las citadas firmas, informa Europa
Press.
Es en este momento en el que
reconoció que "quizá alguna de las facturas, siendo perfectamente legal, no
corresponde al principio de austeridad que nosotros defendemos". Además, fue muy
insistente en que los contratos se correspondían con servicios "efectivamente
prestados". La autocrítica fue seguida acto después de un dardo para la
oposición calificando de "menos austero y más escandaloso" que los socialistas
madrileños reformen su sede "sin licencia".
La portavoz socialista preguntó a
Figar si no le parecía sospechoso que por un mismo acto su partido hubiese
firmado "cinco contratos con dos empresas con cuantías idénticas". También quiso
saber si ella o algún otro consejero de la Comunidad había recibido órdenes de
Alberto López Viejo, el ex consejero de Deportes de Aguirre y al que en la
Comunidad ubican como el responsable de que se siguiese contratando con las
empresas de Correa. Figar no entró al detalle.
El pasado lunes, este periódico puso
en evidencia el discurso de austeridad del que hace gala Esperanza Aguirre. La
misma presidenta de la Comunidad de Madrid, que en junio de 2008 decidió reducir
su Gobierno argumentando motivos de ahorro, ha consentido que entre 2004 y 2008
se adjudicaran más de tres millones de euros en 342 contratos a la trama
corrupta.
Todas estas adjudicaciones, menos
dos, fueron otorgadas a dedo. Hasta octubre de 2007, la barrera permitida para
los contratos menores, aquellos que no necesitan la convocatoria de concurso,
era de 12.000 euros. De la lectura del sumario se deduce que la trama troceaba
en varios contratos los trabajos que realizaba para un mismo acto. Las facturas
constatan que estas empresas realizaban todo tipo de encargos: instalación de
pantallas de plasma, decoración floral, inauguraciones de colegios o
presentaciones de libros.
(www.publico.es,
23/10/09)
AGUIRRE SUGIERE DETECTAR
CORRUPTOS PREGUNTÁNDOLES POR SUS VACACIONES
De puertas afuera, el PP de Madrid
alardea de cómo ha puesto un cortafuegos al caso Gürtel al expulsar a sus 13
altos cargos imputados de los puestos institucionales. De puertas adentro, que
la trama de contratación de las empresas de Francisco Correa haya salpicado a la
Comunidad preocupa mucho. Por eso, el pasado miércoles gran parte de la reunión
del comité de dirección del PP regional, que preside Esperanza Aguirre, se
centró en hablar del caso Gürtel. Allí, en la sede de Génova, la presidenta
lanzó una propuesta: crear un comité para fiscalizar a los candidatos antes de
elaborar las listas electorales. Los próximos comicios municipales y autonómicos
están previstos para mayo de 2011.
Fuentes de esa reunión explicaron
que ésta fue una sugerencia de Aguirre "que no ha tenido una votación formal".
Pero probablemente saldrá adelante, porque lo planteó la propia presidenta, a
quien pocos contestan en su partido.
Según otro de los presentes, Aguirre
comentó a los miembros de su dirección que era una idea de Regino García Badel,
su asesor y uno de sus hombres de máxima confianza. Se trataría de crear un
comité de notables presidido por un popular madrileño "que ya no tenga
aspiraciones políticas". Como ejemplo del perfil requerido para presidir ese
comité, se barajó el nombre del ex alcalde José María Álvarez del Manzano. "Es
una forma de establecer un control más y de que alguien ajeno al cabeza de lista
vea el perfil de quienes van a ser los candidatos", zanjan dichas fuentes.
Aguirre también aclaró que el comité
preguntaría a los candidatos por su vida, se entendía que la privada, y como
ejemplo de las preguntas que deberían hacerse en este control anticorruptos
sugirió saber dónde se van de vacaciones. "Fue un ejemplo en tono jocoso",
precisan otras fuentes populares, que reconocieron que ése era un poco el tono
general. Pero aseguran que de lo que se trata es de fiscalizar el "patrimonio,
los intereses personales y la vida pasada".
Ahora el control se hace con
posterioridad a las elecciones y es previo al ingreso de los elegidos en la
Asamblea o los ayuntamientos de la región.
"Cuando se habló de la posibilidad
de fiscalizar el patrimonio de los candidatos, algunos se revolvieron en sus
asientos, quizás pensando en sus cuentas privadas", comenta una tercera fuente.
Pero la propuesta no recibió ni un solo reproche de los presentes.Según uno de
los asistentes a la reunión, el control permitiría evitar casos como el de
Alberto López Viejo, ex consejero de Deportes e imputado en el caso Gürtel,
quien antes de entrar a las listas del PP ya venía con un oscuro bagaje de su
paso por el Ayuntamiento.
López Viejo entró en 2003 en el
número seis de la lista popular a la Asamblea de la mano de Esperanza Aguirre,
que justificó en una entrevista en el diario EL PAÍS su elección: "¿Qué se dice
de López Viejo? Que ha tenido que convalidar gastos que antes se llamaban
convalidaciones de gastos y a nadie le sorprendía. Como ahora se llama
reconocimiento extrajudicial, parece el nombre que está incriminando a quien los
hace. Pues no. Mantengo absolutamente mi confianza en López Viejo".
Tras estas declaraciones, López
Viejo fue ascendido a viceconsejero de Presidencia y, pasadas las elecciones de
mayo de 2007, a consejero de Deportes. Desde allí coló a la trama corrupta en
383 actos de todas las consejerías.
En la misma reunión de la dirección
popular habló Mario Utrilla, alcalde de Sevilla la Nueva. "Todos conocemos a
Correa. Pero ¿cómo voy a contratar los actos con él, si era carísimo?", planteó.
En ese momento, Aguirre intervino: "A nosotros nos acusan de contratar los actos
del partido con Correa y no lo hicimos, ¿verdad, Borja?", dijo dirigiéndose a
uno de sus colaboradores, Borja Sarasola, secretario general técnico de
Vicepresidencia. "Porque sabíamos que era carísimo", apostilla la presidenta.
Supuestamente, el PP de Madrid no contrató nada con Correa porque era
"carísimo", pero el Gobierno regional de Aguirre, con el dinero de los impuestos
de todos los madrileños, sí lo hizo en 383 ocasiones.
Además, los diputados imputados
siguen en la Asamblea. Ayer fue la primera vez que López Viejo, Benjamín Martín
Vasco y Alfonso Bosch asistieron al pleno desde el pasado 8 de octubre, cuando
el grupo popular los expulsó. Aunque ahora pertenecen al grupo mixto,
mantuvieron la disciplina de voto del PP.
Al verlos en el hemiciclo, el
portavoz popular David Pérez y el vicepresidente regional, Ignacio González,
compartieron ademanes de disgusto. Una puesta en escena que contrastó con los
gestos de cariño que les dirigieron algunos diputados populares que pasaban a su
lado, como la ex consejera Gádor Ongil o el viceconsejero Salvador Victoria.
Los tres imputados, cuya única
obligación como parlamentarios es asistir a los plenos una tarde a la semana, se
exponían a sanciones económicas por no acudir al Parlamento. El artículo 34 del
Reglamento de la Asamblea establece que la Mesa puede reducir su sueldo a un
diputado "cuando de forma reiterada e injustificada", deje de asistir a las
sesiones del pleno. Ayer los imputados optaron por ganarse el sueldo.
(www.elpais.com, 23/10/09)
LOS DIPUTADOS MADRILEÑOS DEL CASO
GÜRTEL APARECEN POR SORPRESA EN LA ASAMBLEA Y VOTAN A FAVOR DEL PP
Los tres diputados madrileños que
han abandonado el grupo popular por su imputación en el caso Gürtel -Alberto
López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosch- se presentaron ayer en la Asamblea
más de tres horas después de que comenzara la sesión plenaria, en la que votaron
junto a sus ex compañeros del PP en contra de una moción del PSOE.
Tanto López Viejo como Alfonso Bosh ocuparon
sus nuevos escaños provisionales pasadas las 19.30, cuando se debatía la moción
del grupo parlamentario socialista sobre planificación sanitaria. Mientras,
Benjamín Martín charlaba en los pasillos de la Cámara con algunos diputados del
PP, hasta que llegó el momento de la votación y entró en el hemiciclo.
Igual que el PP
Los tres votaron en contra de la
iniciativa socialista, al igual que todos los diputados presentes del grupo
popular, mientras que los de IU han votado a favor junto con los del PSOE.
Aguirre se justifica
Por otra parte, la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre, reiteró que en 2005, cuando se publicó que la
empresa Easy Concept podía pertenecer a una trama de corrupción, le preguntó al
entonces viceconsejero Alberto López Viejo si el Ejecutivo regional contrataba
con ella, y le aseguró que ya no.
Excusas
En la conferencia de prensa
posterior al Consejo de Gobierno, Aguirre contestó a preguntas de los
periodistas sobre las últimas informaciones relativas al caso Gürtel, que hasta
2005, cuando una revista publicó que Easy Concept podía pertenecer a un
entramado, "nunca supimos que esa empresa tuviera nada de particular, ni
muchísimo menos que estuviera en ninguna trama".
Respuesta de López Viejo
"Sólo con la aparición de aquello,
yo llamé a mi despacho, algo que no hago normalmente, al viceconsejero encargado
de la organización de actos, y le dije 'oye, ¿nosotros estamos contratando?' y
me contestó 'no, lo hacíamos antes pero ya no lo hacemos'", precisó.
Las firmas
Por último, Aguirre afirmó que tanto
la firma del actual vicepresidente regional, Ignacio González como la suya y la
de otros consejeros "pueden aparecer" en algunos documentos, y precisó que los
que se han publicado "son los contrato que nosotros hemos enviado (al juez) para
que se sepa lo que ha ocurrido y la sea la justicia la que tome las decisiones".
(www.elplural.com,
23/10/09)
EL PP DE ALCALÁ SE NIEGA A ABRIR
UNA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN PARA ACLARAR SUS POSIBLES VÍNCULOS CON LA GÜRTEL
El PSOE del municipio madrileño de
Alcalá de Henares solicitó ayer una comisión de investigación para esclarecer
las acusaciones de un funcionario municipal que vincula al consistorio,
gobernado por el PP, con la trama de corrupción de la operación Gürtel. Los
populares, sin embargo, se han negado a participar en dicha comisión, un gesto
que ha dejado a los socialistas “más preocupados” que cuando se publicó la
información sobre los supuestos vínculos, ya que no permite que se borre “la
sombra de la sospecha” sobre el consistorio. El partido pedirá ahora un pleno
extraordinario donde debatirán de manera pública la creación de la comisión.
Este miércoles salió a la luz una
información que vincula el Ayuntamiento popular de Alcalá de Henares con la
trama de corrupción de la Operación Gürtel: un funcionario municipal, Juan
Antonio Camargo, declaró ante el juez Garzón que el consistorio adjudicó un
contrato a dedo en 2004 a la constructora Hispánica, vinculada a la red
corrupta, pese a que su oferta era la peor de las tres que se presentaron a
concurso. Por este trabajo, la empresa facturó unos tres millones de euros.
Comisión de investigación
La respuesta del PSOE no se hizo
esperar: este mismo jueves, durante la Comisión de Seguimiento y Control
municipal, han solicitado la creación de una comisión de investigación para
aclarar si estas acusaciones son ciertas o no, pero el PP local no parece
dispuesto a aclarar el asunto, ya que se ha opuesto a la creación de la
comisión. El secretario General del PSOE local, Eusebio González, consideraba
imprescindible la declaración del denunciante ante los grupos políticos del
Ayuntamiento “para que no quede ni una sola duda de lo que ha pasado” y
“responda a las preguntas que políticamente” los grupos crean “oportunas”.
"La situación es más grave hoy que
ayer"
“Lo peor de todo es que la situación
es más grave hoy que ayer (…) ¿Por qué esta negativa si no hay nada que
ocultar?”, apuntó González en un comunicado y desatacó que “el Gobierno
municipal no puede mirar hacia otro lado ante una denuncia que está incluida en
el sumario abierto por el juez”. Los socialistas consideran que la comisión de
investigación es imprescindible para mantener el “buen nombre de la ciudad”, ya
que si no se lleva a cabo “la sombra de la sospecha no se va a borrar, sino que
se acrecentará y la responsabilidad política de estos dos concejales acusados
crecerá en el tiempo”.
Nueva petición de comisión
Por ese motivo, el PSOE no desistirá
en su empeño de crear la comisión de investigación. González confirmó a El
Plural que si mañana los populares no han rectificado, el partido solicitará un
pleno extraordinario amparándose en el reglamento municiapl para debatir de
nuevo el asunto. A la petición se ha unido también IU, que también requiere que
se celebre la comisión de investigación para que Camargo se explique ante la
corporación municipal. Si la comisión es rechazada nuevamente, afirmó González,
“habrá ganado el oscurantismo frente a la transparencia y, sobre todo, habrá
perdido la credibilidad un Gobierno que hoy está, quiera o no, en entredicho”.
Asunto de "absoluta gravedad"
El dirigente socialista recordó
además que no vale con un simple desmentido de la denuncia del funcionario, ya
que es una cuestión de "absoluta gravedad que el Ayuntamiento de Alcalá esté
relacionado con la trama de corrupción más importante de los últimos tiempos".
"Estamos preocupados, porque la empresa citada es una de las que recibió mayores
favores dentro de la trama, y hay dos concejales implicados", apuntó.
Explicaciones del PP a la
ciudadanía
No obstante, subrayó que, al margen
de los vínculos con Gürtel, "lo grave es que se acusa al Gobierno municipal de
obligar a un funcionario a cambiar adjudicaciones", una práctica que, según el
denunciante "se repitió en el tiempo y era algo habitual". "Son acusaciones y
comportamientos muy graves, y queremos aclarar si es o no verdad". Para González
"las denuncias son muy graves, pero igual de grave sería que el PP se niegue a
celebrar la comisión". "Si no se celebra, el PP tendrá que explicar a la
ciudadanía qué oculta", apuntó.
(www.elplural.com, 23/10/09)
AGUIRRE: "LA HONRADEZ SIGUE
SIENDO LA SEÑA DE IDENTIDAD DEL PP"
Pese a los muchos escándalos de
corrupción que rodean al PP últimamente, la presidenta de la Comunidad de
Madrid, Esperanza Aguirre, considera que la honradez "sigue siendo la seña de
identidad" del Partido Popular.
"Es nuestra seña de identidad,
aunque les moleste a los que llevan casi un año filtrando escuchas que no
sabemos si son legales", ha insistido.
Aguirre ha dicho esto durante la
Junta Directiva Regional de Madrid, celebrada en la sede de Génova, tras
recordar que los diputados madrileños implicados en la trama Gürtel han
abandonado sus escaños.
Además, Aguirre ha afirmado que el
PP necesita estar "en plena forma y perfectamente entrenado" para reconstruir
"todo lo que ha roto" Zapatero.
Para la Presidenta de la Comunidad
de Madrid, la labor del partido es la de reconstruir "el edificio constitucional
de España" y no defraudar a los "millones de ciudadanos" que confían en el PP.
(www.publico.es,
22/10/09)
EL NÚMERO DOS DE AGUIRRE APROBÓ
PAGOS A LA GÜRTEL
Ignacio González, vicepresidente del
Gobierno madrileño y candidato de Esperanza Aguirre a presidir Caja Madrid,
aprobó en un solo día de 2004 el pago de cinco facturas a Easy Concept, una de
las empresas del núcleo duro de la trama Gürtel. A tenor de los documentos
oficiales, en esos cinco pagos no intervino Alberto López Viejo, entonces
viceconsejero de Presidencia a las órdenes de González y ahora señalado por
Esperanza Aguirre como el único culpable de que las 11 consejerías de la
Comunidad de Madrid contratasen en 342 ocasiones a las sociedades de la red.
Las cinco facturas avaladas por
Ignacio González figuran en el tomo VIII Documental del sumario del caso Gürtel,
cuyo secreto fue desvelado parcialmente hace dos semanas. La mano derecha de
Aguirre firmó dichas facturas el 29 de diciembre, en plenas vacaciones
Entre las adjudicaciones figura la
de 12.000 euros que la compañía del grupo de Francisco Correa cobró por la
"decoración floral" para el acto oficial por el aniversario de la Constitución
en 2004; y otra más de idéntico importe y emitida por la "iluminación y
sonorización" del patio de la sede de Presidencia para ese mismo evento. Es
decir, el hombre a quien Aguirre quiere entregar el mando de la cuarta entidad
financiera del país sorteó la Ley de Contratos al visar dos facturas distintas
que, en realidad, respondían a un solo contrato troceado, el de la recepción
celebrada el 3 de diciembre de 2004 en la sede presidencial de la Puerta del
Sol.
Por la recepción conmemorativa del
aniversario de la Carta Magna, la Comunidad pagó 24.000 euros a Easy Concept
(entonces denominada Down Town Consulting). Pero el encargo se dividió en dos,
de forma que ninguna de las facturas sobrepasase el importe máximo (12.000
euros) señalado entonces para los contratos menores, aquellos que se adjudican a
dedo. La Ley de Contratos Públicos prohíbe expresamente fraccionarlos para
"disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad" o de
convocatoria de concurso
A cada una de las cinco facturas
emitidas por Easy Concept le acompaña una "memoria explicativa", firmada por el
director general de Relaciones Externas de la Comunidad. Y esa memoria precisa
que tanto la decoración floral como los trabajos de iluminación y sonido tenían
por objeto el acto del Día de la Constitución. Ningún documento de los enviados
al juez justifica el porqué del fraccionamiento.
La secuencia de los actos
administrativos de las cinco adjudicaciones demuestra que Easy Concept no se vio
afectada por la habitual tardanza con que las Administraciones satisfacen sus
deudas con proveedores.
Las cinco facturas, por importe
global de 42.519 euros, se corresponden con cuatro actos celebrados entre el 5
de noviembre y el 7 de diciembre de ese año. El día 20 de ese mes, cuando los
cuatro actos ya se habían realizado, el secretario general de Presidencia
propuso el libramiento; el 21, la interventora estampó su firma; y el 29, dos
jornadas antes del cierre del ejercicio, González cerró el círculo rubricando el
llamado Adok, el documento que contiene la autorización y el reconocimiento del
gasto.
El Ejecutivo de Aguirre otorgó a
cuatro empresas de la red corrupta 342 adjudicaciones entre 2004 y 2008. Todas,
salvo dos, se concedieron a dedo. Los cinco contratos cuyo reconocimiento de
gasto certificó Ignacio González pertenecen a esa categoría. Y la cercanía
temporal que une a los cinco reafirma lo ya sabido: que Easy Concept, así como
sus empresas hermanas Good and Better, Servimadrid y Diseño Asimétrico, se
regían por una relación de semiexclusividad, si no de exclusividad, en la
organización de actos de la Comunidad de Madrid cuando la protagonista era
Aguirre.
Los actos cuyo abono validó González
siguen la pauta general de los trabajos realizados por la trama para la
Comunidad de Madrid. Por ejemplo, por organizar el 19 de noviembre de 2004 la
visita institucional del entonces presidente de Microsoft, Bill Gates, Easy
Concept cobró 5.089 euros. Colocar una trasera para las XVI Tertulias
Hispano-británicas, celebradas el 5 de noviembre de ese año, le reportó 3.455
euros. Y que Aguirre recibiera en la sede de Presidencia a los ganadores de la
Copa Davis implicó para el erario público madrileño un desembolso de 9.976
euros.
González aprobó el gasto de las
facturas reseñadas ocho días después de que Aguirre desgajara la Vicepresidencia
Primera de la Consejería de Presidencia, cuya dirección recayó en Francisco
Granados.
Ayer, fuentes próximas al
vicepresidente afirmaron que el consejero de Economía, Antonio Beteta, "ya dio
en la Asamblea de Madrid las explicaciones sobre todos los contratos, que eran
legales". El mismo portavoz eludió comentar el caso de las facturas fraccionadas
y subrayó que las cuentas están "fiscalizadas" y los contratos, "enviados al
juez".
El eventual abandono del Ejecutivo
madrileño para comandar Caja Madrid alejará a Ignacio González de la primera
línea de fuego, en la que ha permanecido durante los últimos años como
vicepresidente y como máximo responsable del Canal de Isabel II. Sobre la mesa
de la dirección estatal del PP hay, desde hace casi tres años, un dossier sobre
la presunta participación de González en operaciones sospechosas de corrupción.
La mano derecha de Aguirre siempre negó cualquier irregularidad.
En marzo de 2008, el vicepresidente
madrileño viajó a Suráfrica en compañía de su esposa y de varios empresarios.
Uno de ellos, Enrique Sánchez, había logrado dos años antes un contrato del
Canal de Isabel II por 33,4 millones.
González, que pagó en metálico los
8.000 euros que costaba el billete de avión a la capital surafricana,
Johannesburgo, mintió cuando se le preguntó sobre su relación con Enrique
Sánchez. "El empresario era amigo de la persona que me organizó el viaje. Pero
no es amigo mío, ni le adjudiqué nada". Una semana después, se demostraba el
engaño. González nunca ha explicado de dónde sacó los 8.000 euros con los que
supuestamente abonó el billete. "Pagué en metálico porque me venía bien", se
limitó a decir.
El último episodio controvertido que
afecta a González se sitúa en Colombia. En abril trascendió que, en agosto de
2008, el vicepresidente fue grabado durante un viaje a ese país. Las imágenes
mostraban a sus acompañantes entrar en un inmueble de Cartagena de Indias con
bolsas blancas y salir sin ellas. Supuestamente, quienes viajaban con González
hablaron de un bufete panameño y de un banco suizo.
Las facturas que constan en el
sumario del 'Caso Gürtel'
05/11/2004
Tertulias hispanobritánicas a 3.455 euros
Por montar y desmontar una trasera
en la sede de Presidencia para las XVI Tertulias Hispanobritánicas, la empresa
cobró 3.455 euros.
19/11/2004
Verse con Bill Gates en la Puerta del Sol: 5.088 euros
El 19 de noviembre de 2004, Bill
Gates visitó a Aguirre en Presidencia. Easy Concept, entonces llamada Down Town
Consulting, facturó 5.086 euros.
03/12/2004
Celebrar el 26 aniversario de la Constitución: 24.000 euros
Para la recepción por el 26
aniversario de la Constitución, celebrada el 3 de diciembre de 2004, Easy
Concept facturó por partida doble: 12.000 euros por decoración floral y otros
12.000 por luz y sonido.
07/12/2004
Recibir a los ganadores de la Copa Davis: 9.976 euros
El 7 de diciembre de 2004, Esperanza
Aguirre recibió en la sede de Presidencia (en la factura, Real Casa del Reloj) a
los tenistas Nadal, Moyà, Ferrero y Robredo, ganadores de la Copa Davis. Costó
9.976,72 euros.
Prohibido fraccionar los contratos
Suministros por precio inferior a
12.000 euros
Hasta el 30 de octubre de 2007, la
Ley de Contratos Públicos fijaba un límite de 12.000 euros para los llamados
contratos menores de suministro. A partir de esa fecha, con la aprobación de la
nueva ley, el tope se elevó a 18.000 euros.
Sólo la aprobación del gasto y la
factura
De los contratos menores no queda
más rastro en un expediente administrativo que la aprobación del gasto y “la
incorporación de la factura correspondiente que reúna los requisitos
reglamentariamente establecidos”.
La totalidad del objeto del contrato
La ley prohíbe fraccionar los
contratos para minorar su cuantía. Cabe trocearlos, pero siempre que en el
expediente se justifique por qué. En las facturas de la ‘Gürtel’ con Madrid,
ningún papel lo justifica.
(www.publico.es,
22/10/09)
BOSCH YA ORDENÓ FRACCIONAR
CONTRATOS CUANDO ERA CONCEJAL DE EL ESCORIAL
"Necesitamos reparar este camino
porque si no los vecinos acaban con nosotros". Con estas palabras el concejal de
Urbanismo y primer teniente de alcalde de El Escorial, Alfonso Bosch, selló el
acuerdo verbal para asfaltar el Camino Viejo de El Escorial en 2002. Entre
Bosch, actual diputado regional e imputado en el caso Gürtel, y el alcalde del
municipio en aquel momento, Javier de Miguel, encargaron las obras y ordenaron
fraccionar los contratos para eludir los trámites legales. Pero luego no
pagaron.
Los trabajos para reformar la
carretera entre la urbanización Las Suertes y el centro urbano se hicieron sin
contrato, a pesar de que costaron 143.000 euros y la ley obliga a convocar un
concurso público. "Nos dijeron que hiciéramos las facturas por menos de 12.000
euros para evitar concursos", explica Jorge Juan Montoto, administrador de
Prourbanorte, la empresa que realizó las obras y que ha tardado casi siete años
en cobrar. "Alegaron que era una cuestión de urgencia porque la carretera estaba
muy mal", precisa el empresario. Quedaban cinco meses para las elecciones
municipales y eludieron todos los trámites.
Bosch acaba de ser expulsado del
grupo popular en la Asamblea por su imputación en el caso Gürtel. Según el
sumario judicial, cobró 250.000 euros de la red corrupta por intermediar para
conseguir contratos desde su cargo en la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla
(EMSV). "Tenemos todas las mediciones, todas las facturas detalladas... Se puede
comprobar la obra y nuestro trabajo", comenta el empresario que se vio
perjudicado por las artimañas de Bosch.
Prourbanorte es una promotora que
trabaja en la sierra madrileña. "Apenas trabajamos con la Administración",
señala Montoto. En apenas un mes, entre marzo y abril de 2003, Prourbanorte
emitió, al menos, 14 facturas por el importe total de 77.978 euros con el
concepto "mejoras y mantenimiento de Las Zorreras". El Ayuntamiento además le
adeudaba la parte correspondiente a los trabajos técnicos que previamente había
realizado otra empresa a Prourbanorte, por lo que la deuda total del Consistorio
ascendía a 142.944 euros. "Íbamos a asfaltar un tramo, pero nos dijeron que
alargáramos la carretera hasta el centro", zanja el empresario. Prourbanorte
llevó el asunto a los tribunales porque el Ayuntamiento evitaba pagarle. No
había constancia formal del encargo, y eso que las facturas las recibió en el
Consistorio (y firmó) el propio Bosch. Y Bosch se marchó antes de pagarlo. El
actual alcalde reconoce que conceder contratos de forma verbal o fraccionarlos
no es una práctica habitual.
El concejal de IU Manuel Fernández
Fau ha intentado que el Ayuntamiento llevase el caso a la fiscalía y recuerda
que cuando se produjo el encargo ya estaban en el Consistorio algunos concejales
que ahora tienen responsabilidades de gobierno.
(www.elpais.com,
22/10/09)
EL PSOE DE ALCALÁ PIDE
EXPLICACIONES POR LA TRAMA
La Comisión de Seguimiento y Control
de Adjudicaciones del Ayuntamiento de Alcalá de Henares (203.000 habitantes) se
reunirá hoy a las nueve para tratar la posible vinculación del Consistorio con
el caso Gürtel.
La reunión se ha convocado a
petición del PSOE en la localidad, cuyo portavoz, Javier Rodríguez, dijo estar
preocupado por la aparición de una noticia publicada ayer en EL PAÍS, en la que
se hablaba de una adjudicación del Ayuntamiento a la empresa Constructora
Hispánica, ligada a la trama de Correa.
Fue un funcionario, Juan Antonio
Camargo Muñoz, jefe de los servicios municipales del Consistorio, el que
denunció los hechos ante el juez Baltasar Garzón en marzo pasado.
Según Camargo, Francisco Javier
Fernández Abad, concejal de Obras y Seguridad alcalaíno, le exigió en agosto de
2004 que adjudicase una obra, por un montante de más de tres millones de euros,
a Constructora Hispánica.
La obra consistía en la reforma de
unos pavimentos, y la concesión duraba hasta 2006. La elección fue en detrimento
de otra constructora que había sido escogida previamente por los servicios
técnicos del Ayuntamiento y que, según Camargo, era la mejor oferta.
El alcalde de Alcalá de Henares,
Bartolomé González (PP), desmintió ayer las acusaciones del funcionario.
(www.elpais.com,
22/10/09)
AGUIRRE ENTIERRA LA
RESPONSABILIDAD POLÍTICA
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza
Aguirre, está más que satisfecha con la forma en la que está gestionando las
acreditadas relaciones entre
algunas de sus consejerías y la
trama Gürtel. Tanto, que ayer consideró que "las
responsabilidades políticas en la Comunidad de Madrid han sido absolutamente
asumidas" con los ceses de los diputados y alcaldes imputados. En esta línea de
defensa, Aguirre olvida lo que con unanimidad consideran los expertos jurídicos
en la materia: que en política las responsabilidades penales son imputables a
sus autores y se dirimen en los tribunales. Y que los altos cargos son
responsables políticamente de lo que hacen sus subordinados.
Cuestionada Aguirre ayer en rueda de prensa sobre si
compartía la opinión de oposición y sindicatos , que apuntan a ella como
"última responsable política" de este escándalo,
desvió el tiro. A la dirigente madrileña le basta con que sus siete cargos
imputados tres diputados de la Asamblea y cuatro ex alcaldes, no mantengan ya
ninguna relación con el partido conservador.
Pero de cómo piensa responder ella personalmente del
escándalo, al ser la máxima autoridad en la Comunidad de Madrid en la época
en la que se firmaron los contratos, no pronunció ni
una sola palabra. Únicamente, se refirió a la tan extendida tesis de que no
pueden pagar justos por pecadores. "Ninguna organización, ningún partido
político, ninguna empresa privada, ninguna está libre de que en su seno haya
personas que traicionen la confianza de quienes les han nombrado, que sean
corruptos y que, incluso, delincan. Nadie está libre de eso. Lo importante es
cómo se reacciona ante esas situaciones", añadió.
Con esta postura, la presidenta madrileña esquivaba las
últimas informaciones publicadas por este diario, que apuntan a que la mayor
parte de los 342 contratos adjudicados entre 2004 y 2008 por el Gobierno
regional a la
rama madrileña del caso Gürtel iban destinados a actos
protagonizados por la presidenta. Y obviaba, además, que oposición y sindicatos
coinciden en que
Alberto López Viejo, ex consejero, ex diputado
regional de Aguirre y supuesto cerebro de todas esas adjudicaciones, "no pudo
urdir toda esa red sin que la presidenta estuviese informada".
Pese a esta exigencia de
responsabilidad, la presidenta madrileña lleva un tiempo esforzándose en marcar
distancias con la gestión del que fue uno de sus cargos de máxima confianza. De
hecho, se convirtió el pasado febrero en la primera persona de la que prescindió
cuando estalló el escándalo Gürtel.
Hace poco más de una semana, también
en rueda de prensa, Aguirre se confesó "dolida" con López Viejo. "En 2005, le di
instrucciones clarísimas al señor López Viejo, ante la aparición en alguna
revista de unas denuncias relativas a una empresa concreta, creo que era Easy
Concept, de no contratar ninguno de mis actos con esta empresa y me dijo que no
tenía que tener preocupación porque no la contratábamos; pero, claro,
contratábamos a otras que eran de los mismos dueños", precisó la presidenta.
En un intento más de vender la Comunidad de Madrid como el
feudo del PP en el que existe tolerancia cero con la corrupción, Esperanza
Aguirre recordó ayer que su intención inicial respecto a sus tres diputados
imputados fue
solicitarles que renunciasen al escaño, algo a lo que
se negaron. Y que si de ella sigue dependiendo, en 2011, salvo que hayan sido
exculpados, no piensa incluirlos en las listas para las elecciones autonómicas,
algo que supondrá que pierdan el aforamiento.
Pese a que no son pocos en el PP los
que alaban la actitud de Aguirre de haber cortado las cabezas de quienes se
relacionaron directamente con la trama Gürtel, ella prefiere no hurgar en la
herida. Así, a la hora de augurar un futuro a su homólogo en la Generalitat
valenciana, Francisco Camps, se limitó a señalar que "tendrá el futuro que
decida él y que decidan los valencianos, que será, seguro, muy brillante".
Sobre su jefe de filas, Mariano Rajoy, se mostró
convencida de que tomará las medidas oportunas respecto al
senador Luis Bárcenas y al diputado Jesús Merino, los
parlamentarios nacionales del PP que están imputados en el caso, cuando se
levante la totalidad del secreto de sumario.
(www.publico.es,
21/10/09)
EL 'CASO GÜRTEL' SALPICA AL
AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ
Constructora Hispánica, la compañía
que más pagos realizó a la trama corrupta de Correa y una de las que más se
benefició de las relaciones del grupo con el PP -según los policías que
investigaron el caso Gürtel-, también actuó en Alcalá de Henares, gobernada por
los populares desde 2003. O al menos eso es lo que Juan Antonio Camargo Muñoz,
jefe de los servicios municipales del Ayuntamiento de Alcalá y funcionario desde
1980, denunció ante el juez Baltasar Garzón en marzo pasado, según consta en el
sumario: "Ordenaron a este funcionario que adjudicase las obras a la mercantil
Constructora Hispánica". Lo mantuvo, dice, después en su declaración ante el
magistrado Antonio Pedreira.
Según Camargo, Francisco Javier
Fernández Abad, el concejal de Obras y Seguridad alcalaíno, le exigió en agosto
de 2004 que adjudicase una obra, por un montante de más de tres millones de
euros, a Constructora Hispánica. Se trataba de la conservación y reforma de
pavimentos y la concesión duraba hasta principios de 2006. La elección fue en
detrimento de otra empresa que había sido la escogida por los técnicos
previamente por "ser de largo la mejor oferta", según este trabajador, que así
se lo comunicó al juez.
Constructora Hispánica es la
compañía que según el recuento realizado por los policías que han investigado el
caso Gürtel más dinero pagó a la trama de Francisco Correa: 4.192.000 euros.
También una de las más bendecidas por sus oficios: se embolsó, por ejemplo, más
de 30 millones por la construcción de una instalación deportiva en la Boadilla
del ex alcalde imputado Arturo González Panero.
El Consistorio alcalaíno niega las
irregularidades de la contrata y considera que la denuncia de Camargo se debe al
contencioso laboral que mantiene con el Ayuntamiento, del que fue apartado "a
petición del comité de trabajadores", según una portavoz municipal. Un
apartamiento que Camargo achaca, precisamente, a su "resistencia a los
tejemanejes de los concejales".
Desde Constructora Hispánica afirman
desconocer el caso. Su director general, José Luis Montesinos, ironiza sobre la
fecha y asegura no recordar nada de 2004.Montesinos argumenta que su empresa
lleva a cabo 100 obras anuales. También alude al saber perder de los
concurrentes a un concurso: "Cuando gano, me pongo contento y, cuando pierdo,
muchas veces, me enfado un poco y sigo trabajando".
Camargo, el funcionario denunciante,
relata en conversación telefónica cómo se fraguó la adjudicación a la empresa
constructora ligada al entramado ideado por Francisco Correa de manera semejante
a como lo denunció en su día a Garzón. Su relato, explicado con bastante
precisión, comienza cuando "Juan María Palacios, que era el técnico, me dice que
va a otorgar el contrato a otra empresa, que era la que daba la oferta más
barata. Yo le digo que me parece bien. Pero entonces, cuando lo ve Fernández
Abad, el concejal, me replica: 'A esa empresa ni hablar', y se va sin darme más
explicaciones".
Después, el funcionario va ganando
velocidad y prosigue: "Al final, me volvió a decir que se lo diese a
Construcciones Hispánica, que era la tercera valorada de tres y que era cosa de
Gustavo Severien [teniente de alcalde del municipio]. Yo lo acepté, porque en
tantos años he visto hacer cosas semejantes muchas veces, y firmé la
adjudicación dándola por ganadora por 13 centésimas, aunque era con mucho la
peor de todas las que concurrieron".
El técnico aludido en la denuncia,
Juan María Palacios, dice no recordar que eso sucediera: "Me habla de 2004, no
me acuerdo, pero no me suena que ningún concejal haga esas cosas ni hable así",
contesta con brevedad por teléfono desde su domicilio.
Desde el Ayuntamiento ofrecen
mostrar con brevedad el contrato de licitación, niegan la menor relación de
Severien con la concesión y dicen que su nombre figura en la declaración por una
mera cuestión de "organigrama de trabajo". Por supuesto, también subrayan la
absoluta legalidad de la adjudicación, aunque ninguno de los supuestos
implicados, especialmente el concejal de obras Francisco Javier Fernández Abad,
diese ayer la menor explicación al respecto a pesar de los requerimientos de
este periódico.
Camargo explica, además, que en
2006, cuando expiraba el contrato con Construcciones Hispánica, le pidieron que
hiciese un informe en contra de prorrogarlo. "Me pareció muy mal que si ya
habíamos hecho trampas para dárselo, ahora me pidiera hacerlas para quitárselo".
En esta ocasión sostiene que se negó y que por eso comenzaron sus problemas con
el Consistorio.
El funcionario explica que mandó un
escrito al juez Baltasar Garzón "al leer en la prensa con bastante reiteración
el nombre de esa empresa siempre ligada a la trama Gürtel"
(www.elpais.com,
21/10/09)
GRACIAS AL PARTIDO POPULAR, LA
MUJER DE CORREA ES CONSEJERA DE CAJA MADRID
La mujer de Francisco Correa, María
del Carmen Rodríguez Quijano, pertenece al Consejo General de Caja Madrid desde
junio de 2003, año en que el Ayuntamiento de Majadahonda, gobernado por el
Partido Popular, la eligió como representante de dicha entidad financiera.
En sólo unos meses, la esposa de
Correa consiguió acceder a uno de los puestos más disputados en los
Ayuntamientos por su capacidad de influir en el devenir de Caja Madrid. Cabe
recordar que Rodríguez Quijano aterrizó en 2002 en Majadahonda tras ser la jefa
de Gabinete de Rosa Díaz (no confundir con Rosa Díez), ex alcaldesa de Estepona,
localidad también con numerosos asuntos tenebrosos a sus espaldas.
Polémico perfil
En Majadahonda, Rodríguez Quijano
fue la jefa de Gabinete del ex alcalde Guillermo Ortega Alonso, uno de los
principales imputado por el caso Gürtel. Sin duda, la mujer de Correa hizo valer
sus relaciones personales para conseguir prosperar en el consistorio. Aparte de
su marido, que por aquel entonces ejercía como el número 7 u 8 del PP nacional,
Rodríguez Quijano podía afirmar que su padre no era otro que Emilio Rodríguez
Bugallo -quien en vida fue propietario de un club nocturno y una plaza de toros
de Puerto Banús (Andalucía) y dueño de Construcciones Salamanca, otra de las
empresas con extrañas conexiones con la trama corrupta-.
Con sillón en Caja Madrid
Así, el 19 de junio de 2003 el
Partido Popular de Majadahonda no dudó en utilizar su mayoría para conseguir que
la mujer de Francisco Correa se convirtiese en la representante del Ayuntamiento
en el Consejo General de Caja Madrid, cargo por el que pasaría a percibir 1.000
euros brutos al año y tener la posibilidad de influir en una de las entidades
financieras más importantes de España.
7 años gracias al PP
Salvo que dimita por voluntad
propia, la mujer de Correa seguirá siendo consejera hasta el próximo 19 de
junio, ya que el cargo que ocupa es por siete años y el Ayuntamiento de
Majadahonda no la puede cesar.
Consecuencias
Por tanto, pese a ser una de las
imputadas principales en la trama corrupta, La Barbie -así era como se la
conocía en la zona norte de Madrid antes de estallar la trama-, seguirá teniendo
derecho a voto en Caja Madrid gracias al favor que sus ex compañeros del Partido
Popular -incluido el actual alcalde, Narciso de Foxa-, le hicieron en 2003.
¿Acuerdo con Blesa?
Voto muy cotizado debido a la
situación interna de la entidad. Incluso, miembros de la mayoría que forman la
Comisión Ejecutiva de Caja Madrid pedirán en los próximos días explicaciones al
presidente de la entidad, Miguel Blesa, por el apoyo que hasta ahora le ha
ofrecido el matrimonio Correa. Y es que según se extrae del sumario del caso
Gürtel, Correa quería que su mujer votase a Blesa para seguir al frente de Caja
Madrid siempre y cuando ella siguiese siendo consejera hasta 2015.
(www.elplural.com,
21/10/09)
CRITICAN EL "DESPILFARRO BRUTAL"
DE AGUIRRE
Desde hace dos semanas, desde que se levantó el secreto de
un tercio del sumario del
caso Gürtel, la presidenta de la Comunidad de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha luchado por asentar en la opinión pública una imagen: ser
la campeona contra la corrupción. Ha dado a entender que la Gürtel
no iba con ella y que ella toma medidas drásticas,
como
expulsar del Grupo Popular de la Asamblea a sus tres
diputados imputados. Pero ni la oposición ni los sindicatos madrileños tragan.
Lo dijeron desde el primer momento. Y ayer, con redoblada insistencia, después
de que
Público detallara que la mayor parte de los 342
contratos adjudicados entre 2004 y 2008 por el Gobierno regional a la trama
servían para dar supuesto soporte logístico a los actos que presidía la propia
Aguirre.
El análisis es coincidente. PSOE, IU, CCOO y UGT
denunciaron ayer la "política de propaganda" de la presidenta, el "brutal
despilfarro" de los recursos públicos, lejos de la "austeridad" que predica la
líder del PP madrileño. Porque, hasta donde se sabe, la red de Francisco Correa
logró más de tres millones de euros en contratos de la Comunidad,
la mayoría otorgados a dedo, mediante el ardid de
fraccionarlos en contratos de menos de 12.000 euros.
El sistema además afectaba a todas las consejerías de la
Comunidad. Todas, en mayor o menor medida, contrataron con la trama, lo que para
oposición y sindicatos es una clara muestra de que "Aguirre es la última
responsable política" de la corrupción en Madrid.
Alberto López Viejo, dimitido titular de Deportes,
hombre de confianza de la presidenta y presunto muñidor de todas esas
adjudicaciones, "no pudo urdir toda esa red corrupta sin que Aguirre estuviese
informada", explicaron.
"No me creo que ella, que controla
todo en su Gobierno, hasta en las cosas más nimias, no estuviese al tanto",
arguyó Maru Menéndez, portavoz del PSOE en la Asamblea. Muy en la línea de lo
que afirmó su jefe de filas, Tomás Gómez: "Es imposible que Aguirre no supiese
lo que hacía López Viejo".
"Un niño de párvulos lo ve: ella no
está al margen, está en el centro de la trama", subraya a Público Inés Sabanés,
portavoz de IU en la Cámara, "indignada" con que se quiera "santificar a
Aguirre". Pajín denuncia que el «derroche» lleva al "deterioro de los servicios
públicos"
Sabanés ya reprochó el pasado jueves
a la presidenta que pretenda "separar" la crisis económica de la política.
"¿Cómo explicar a los 430.000 parados madrileños su tesis sobre la austeridad en
el gasto público con el espectáculo degradante de una red corrupta, excesos y
despilfarro?", blandió. Para la portavoz de IU, el discurso de la
"ejemplaridad", de meter la tijera en la Administración, se desmorona.
Sobre todo cuando el sumario de la
Gürtel ha sacado a la luz los "gastos superfluos" de la Comunidad, las decenas
de actos dedicados "a la mayor gloria de la presidenta" que el Gobierno dio a la
trama, agregó Sabanés. Menéndez defendió idéntica tesis: "La agenda
institucional de Aguirre estaba atravesada por la Gürtel. Y sabemos que cada vez
que pone un pie en la calle, nos cuesta dinero a los madrileños".
La portavoz socialista se remitió a
algunos ejemplos que ofreció Público: por la visita a un parque empresarial en
Getafe, la trama de Correa recibió 34.748 euros; por la inauguración de una
residencia de mayores, 7.096 euros. "Es propaganda que deja sin cubrir
necesidades de los ciudadanos en educación, sanidad, transporte...", abundó
Sabanés.
Externalización masiva
Leire Pajín, número tres del PSOE,
hilvanó en rueda de prensa estas dos ideas: el "derroche" de Aguirre conduce "al
deterioro, cada día más, de los servicios públicos", informa Miguel Ángel
Marfull.
Los sindicatos han exigido a la
presidenta que "dedique los 200 millones que gasta en propaganda" a ayudar a los
parados. "Y nada, no quiere ni oír hablar de eso. Y de diálogo social, menos",
señaló el secretario de Política Sindical de UGT Madrid, Carmelo Ruiz de la
Hermosa. Para CCOO, indicó Jaime Cedrún, secretario regional de Política
Institucional, existe otra inquietud: la "política de externalización del
Gobierno: "Ha condenado al ostracismo a altos funcionarios, más neutrales y que
podían montar esos actos, para beneficiar a la Gürtel. Por tanto, la que ha
impulsado esa política, que afecta a todo el Ejecutivo, debe dar cuentas".
El "derroche" de Aguirre conduce "al
deterioro, cada día más, de los servicios públicos"
Como explica Tania Sánchez, portavoz
de IU-Madrid, se trata "no de una cuestión de moral ni de ética, que también,
sino de un modelo de desarrollo en el que han primado los intereses privados
sobre los públicos, abriendo la puerta a los corruptos".
Desde el Gobierno regional, se
inhibieron de hacer valoraciones. Fuentes próximas a Aguirre recordaron que la
presidenta y su consejero de Economía, Antonio Beteta, han dado "todas las
explicaciones" en la Asamblea y que el caso está en los tribunales.
PSOE, IU, CCOO y UGT prometen batallar por la
"transparencia" para que se expliquen cada uno de los contratos firmados por la
Comunidad con empresas privadas. Los socialistas mantienen su petición de que
acudan a la Cámara todos los consejeros. IU hará campaña por la "regeneración
democrática" y exigirá que la Asamblea pueda revisar también los contratos
menores de la Comunidad. Porque
la Gürtel, alega, no puede pasar sin pena ni gloria en
Madrid.
Una maquinaria al servicio de la
presidenta
32.296 €. Cartas de amor a precio de
oro
Esperanza Aguirre celebró el día de
San Valentín de 2007 presentando una recopilación de cartas de amor escritas por
jubilados y pensionistas bajo el título ‘Toda una vida’. Era el 14 de febrero y
en mayo había elecciones autonómicas. El evento costó 32.296 euros.
8.888 €. El coste de una promesa
electoral
Según avanzaba el calendario, la
máquina de eventos dispuesta por Correa aceleraba su producción. El 2 de abril
de 2007, Aguirre visitó un colegio y prometió reforzar su plan de centros
bilingües. El anuncio costó a los madrileños 8.888 euros pagados a la ‘trama
Gürtel’ para organizar el acto.
34.748 €. Visita a un parque
empresarial
El 19 de julio de 2006, la
presidenta de la Comunidad de Madrid visitó el parque empresarial La Carpetania,
en Getafe. Una de las empresas de la trama corrupta ligada al PP, Diseño
Asimétrico, se llevó 34.748 euros del erario público. Aun así, la factura final
no incluía servicio de catering.
(www.publico.es,
20/10/09)
UN ALTO CARGO DE AGUIRRE IMPUTADO
EN EL 'CASO GÜRTEL' FINANCIÓ A UN SOCIO DE CORREA
La relación entre Carlos Clemente,
viceconsejero de Inmigración hasta finales de octubre de 2008, y Pablo Collado,
mano derecha de Francisco Correa en Madrid, no se limita a las conversaciones
cómplices incorporadas al sumario del caso Gürtel, en el que ambos figuran como
imputados. Va más allá. La Fundación Iberemprende, creada en 2003 y cuyo
secretario era Collado, recibió al menos dos cuantiosas subvenciones del
departamento de Clemente para actividades en Colombia. Una, en 2006 por el
programa Antioquia emprende, por un total de 472.132 euros y otra, en 2007 bajo
el epígrafe Proyecto de formación para el autoempleo dirigido a mujeres en
Colombia, por 150.000.
La Fundación Iberemprende "apenas
tiene actividad", según uno de sus portavoces, que no recuerda muy bien si han
recibido otras ayudas de la Comunidad de Madrid desde 2007. Tiene una página web
con varios enlaces rotos, pero en la que sigue figurando Collado como director
general. A pesar de ello, la organización pactó la expulsión a Collado de su
cargo cuando "saltó todo ese asunto, en febrero pasado, para que no
perjudicase", explica este mismo portavoz que rehúsa dar su nombre. Iberemprende
tiene su domicilio social en la Casa de Cantabria, según se anunció la fundación
en Internet, pero Inmigración da la calle de Diego de León, 59, como lugar donde
radica.
Fuentes muy cercanas a Carlos
Clemente argumentan que desde 2005 su cargo no llevaba aparejado ni firma ni
presupuesto, que las concesiones de subvenciones "no dependían ni en una coma de
él" y que todos los pliegos se escrutan con mucha precisión a través de un grupo
de académicos de la Universidad de Alcalá. También recuerdan que hay, nombrados
por la propia consejería, unos delegados en cada país o zona de países que
controlan en qué cosas se invierte el dinero. "Los euros que salen de España
están muy controlados y también se trabaja de forma muy estrecha con la Agencia
Española de Cooperación Internacional", insiste esta fuente.
La Consejería de Inmigración, a
través de una portavoz, defiende la "absoluta legalidad de los dos proyectos".
Explica que ambos se hicieron tras pasar "20.000 controles" y que en ambos casos
la fundación contó con otras instituciones, como la Cámara de Comercio de
Medellín o la Universidad Bolivariana para llevarlos a cabo. Sobre los programas
en sí, la portavoz explica que el programa Antioquia emprende se creó para
asesorar en la creación de empresas, para montar aulas de informática y escuelas
de verano. En total, calculan que tuvo unos 4.000 beneficiarios. Al ser un
programa que concluye en enero de 2010 sus cuentas no están fiscalizadas.
Tampoco el otro proyecto las tiene revisadas, porque las mandaron hace dos
semanas. Sobre éste, ponen de manifiesto que benefició a 210 mujeres y que
aportó capital para la creación de 25 empresas.
El diputado socialista Francisco
Contreras no comparte este análisis. "Es cuando menos llamativo que aparezca el
nombre de este señor entre los favorecidos por una subvención", subraya el
parlamentario regional, que duda mucho de los "mecanismos de control de la
consejería". Aseguran que aparecían criterios "no muy claros" en esa y otras
adjudicaciones de ayudas, que en un porcentaje muy alto se destinan a Colombia y
las gestionan organizaciones muy ligadas a grupos de integristas religiosos
católicos, como los Legionarios de Cristo.
Tras abandonar el cargo de
viceconsejero, Clemente medió con la Consejería de Inmigración para garantizar
que se siguiera contratando a las empresas de Correa, entonces representadas en
Madrid por Collado, según las conversaciones incorporadas al sumario del caso
Gürtel. También figura su nombre en otra charla entre Francisco Correa y Pablo
Collado, en la que el principal cabecilla de la trama pregunta si Clemente ha
dejado firmado todo lo que tenía que firmar antes de abandonar su puesto, el 23
de octubre de 2008.
El conocimiento mutuo entre Carlos
Clemente y Pablo Collado se remonta a sus primeros tiempos posuniversitarios.
Entonces, Clemente estaba en la rama juvenil popular, Nuevas Generaciones, y
Collado presidía la Asociación de Jóvenes Empresarios de España. Previamente, lo
fue de la de Baleares. En las islas también ocupó algunos altos cargos en la
Administración de Jaume Matas. Fue director general de la empresa pública
Baleares Sostenible. Su padre, también en el Gobierno popular de Matas, fue
imputado en junio de 2009 por malversación cuando dirigía la Empresa Funeraria
Municipal de Palma.
Carlos Clemente -que cuando abandonó
la viceconsejería de Inmigración recibió la medalla de oro de la Comunidad de
Madrid de manos de su presidenta Aguirre- está imputado, entre otras cosas, por
recibir supuestamente un sobre con 6.000 euros de Pablo Crespo, uno de los
cabecillas de la trama. También figura su apellido en la contabilidad secreta
del entramado. Allí, figura una asignación de 10.000 euros en dinero B.
(www.elpais.com,
20/10/09)
AGUIRRE PIDE A LOS TRES DIPUTADOS
MADRILEÑOS DEL CASO GÜRTEL QUE ABANDONEN SUS ESCAÑOS
La presidenta del PP de Madrid,
Esperanza Aguirre, ha pedido hoy a los tres diputados madrileños imputados en el
caso Gürtel que "abandonen sus escaños por responsabilidad política", y les ha
aconsejado "por su bien" que mantener el aforamiento es un "error".
"Como presidenta del partido en Madrid, yo pido que dejen el escaño por
responsabilidad política, sin quitarles un ápice de la presunción de inocencia
que yo les concedo desde luego a todos", ha afirmado tras la reunión del Comité
de Dirección del PP madrileño.
"Creo incluso que, por su bien, el aforamiento es un error", ha agregado, tras
advertirles de que, aunque ellos creen que el "pleito" que hoy está en el
Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) pasará de nuevo al juez Garzón,
"en ambientes judiciales lo que se dice es que no, que pasaría a la Plaza de
Castilla, a un Juzgado de Instrucción".
Aguirre ha asegurado además que,
cuando llegue el mes de abril del año 2011, si ella sigue "presidiendo este
partido, lo cual es harto probable, dado que no corresponde ningún Congreso
hasta pasado final del año 2011, estos señores, a no ser que fueran exculpados
ya por una sentencia firme, no van a ir en las listas".Esto supone, según la
presidenta, que podría producirse una situación similar a la del "caso
Funeraria" del Ayuntamiento de Madrid, "que dura ya quince años".
Ha explicado que ella misma ha
"vivido" cómo su "querido amigo" Luis María Huete, condenado por el caso
Funeraria, "era diputado, dejaba de ser diputado, el pleito pasaba de un sitio a
otro y lo que hace es dilatar enormemente el esclarecimiento de los hechos".
No obstante, ha sostenido que "las responsabilidades políticas en la Comunidad
de Madrid han sido absolutamente asumidas", dado que esos tres diputados
-Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosh- han "salido" del grupo
parlamentario popular, que los alcaldes imputados de Arganda y Pozuelo han
"dejado el escaño" y que el de Boadilla ha sido "expulsado" del grupo municipal
popular.
"Nosotros, desde luego, no vamos a titubear de ninguna manera en el ejercicio de
nuestra responsabilidad política con nuestros militantes, nuestros votantes y
todas las personas del Partido Popular que nos han apoyado", ha hecho hincapié
Aguirre.
Ha reiterado que "ninguna
organización, ni partido político, ni empresa privada está libre de que en su
seno haya personas que traicionen la confianza de quienes les han nombrado, que
sean corruptos y que incluso delincan", y que "lo importante es cómo se
reacciona ante esas situaciones".
Preguntada por el futuro que augura al presidente valenciano Francisco Camps, ha
señalado que éste "tendrá el futuro que decida él y que decidan los valencianos,
que será seguro que muy brillante, según dicen las encuestas".
(www.publico.es,
20/10/09)
LA 'GÜRTEL' TRITURA EL DISCURSO
DE AUSTERIDAD DE AGUIRRE
Cuando en junio de 2008 Esperanza Aguirre se enfundó en el
discurso de la austeridad y redujo su Gobierno para "adelgazar la
Administración", nada se sabía aún de los manejos de la
trama Gürtel. Ni que las empresas de la enmarañada red
habían logrado entre 2004 y 2008 más de tres millones de euros en contratos del
Ejecutivo madrileño, todos ellos, menos dos, otorgados a dedo. Desde luego,
tampoco se sabía que la mayor parte de esos 342 contratos tenían por objeto
glorificar la figura de Aguirre. No a cualquier precio, pero sí a cualquiera que
fuese inferior a 12.000 euros. O que aparentase serlo.
El repaso de las facturas madrileñas
incluidas en el sumario del caso Gürtel dibuja una
política de despilfarro y culto a la personalidad practicada, justamente, por el
Gobierno de una de las dirigentes que con mayor ahínco defiende la reducción del
gasto público y el "intervencionismo" estatal.
Esas mismas facturas constatan que
las empresas de la trama servían para todo: para instalar una y otra vez una
pantalla de plasma, para decorar con flores falsas el patio de la sede
presidencial e, incluso, para tareas que muchos ciudadanos presumen gratuitas,
como inaugurar un colegio, visitar un centro de salud o presentar un libro de
cartas de amor. Pero nada de ello salía gratis. Mientras el Gobierno de Madrid
adelgazaba, engordaban sus cuentas las cuatro empresas de la trama que operaban
con la Comunidad.
Doce mil euros eran, hasta octubre de 2007, el importe
máximo permitido para los llamados contratos menores, aquellos que se adjudican
sin concurso. En múltiples ocasiones, los contratos se fraccionaron para que la
cantidad nunca excediera del límite antes señalado. A veces, las partes se
dividían entre distintas empresas del grupo, lo que dificultaba que la oposición
detectase el ardid. Por ejemplo, que Aguirre presidiera la entrega de 250
viviendas de protección oficial a sus propietarios en mayo de 2005 costó 23.803
euros:
Good and Better justificó trabajos por 11.992,
mientras que
Easy Concept facturó los 11.811 euros restantes.
El caso más asombroso lleva la
etiqueta de 34.748,55 euros. Casi seis millones de las antiguas pesetas es lo
que cobró Diseño Asimétrico por organizar el 19 de julio de 2006 una visita de
Aguirre al Parque Empresarial de La Carpetania, en Getafe. La visita empezó y
terminó por la mañana. Si hubo aperitivo o copa de vino español, se pagó en otra
factura. El caso más asombroso lleva la etiqueta de 34.748,55 euros
La empresa pública Arpegio, dedicada a la gestión de
suelos, liquidó sin problemas la factura, cuyo desglose parece sugerir que, en
lugar de en una carpa montada sobre un erial, Aguirre atendió a sus invitados en
un salón parisino. El recibo consigna la famosa "trasera" generalmente, un
cartelón cuya instalación era, según Rajoy, lo que básicamente
hacían las empresas de Correa en los actos del PP. Y
quedan anotados también conceptos que luego se repiten en muchas otras facturas:
las "dos jaimas de 5x5", la "tarima de prensa de 6x1 metros" y la "moqueta rojo
institucional" suenan a letanía en los cargos endosados a la Comunidad por
Diseño Asimétrico y sus tres compañías hermanas: Good and Better, Easy Concept y
Servimadrid Integral.
Aunque los precios oscilan, fuentes
del sector aseguran que alquilar una carpa en Madrid cuesta a un particular
alrededor de 20 euros el metro cuadrado. O sea, que una de 10x15 como la usada
en Getafe saldría por 3.000 euros. Y cada jaima, por unos 300 euros.
Teóricamente, ese contrato nada tiene que ver con el
defenestrado
Alberto López Viejo, ex viceconsejero de Presidencia,
luego consejero de Deportes, imputado en el caso Gürtel y a quien Aguirre señala
ahora como el gran engañador y culpable de que el gang de Correa siguiera
trabajando para la Comunidad. Si Arpegio pagó porque el entonces viceconsejero
de Presidencia y hoy imputado Alberto López Viejo lo "recomendó", que es lo que
María Dolores de Cospedal ha dicho para exculparse por
los dos contratos que Metro de Madrid SA pagó a la trama
cuando ella dirigía Transportes, eso es una incógnita.
Pero, en todo caso, una incógnita baladí a efectos administrativos.
Por la apertura del curso escolar en
varios centros, la Comunidad pagó a las sociedades de Francisco Correa 54.141
euros
Lo único cierto es que tanto esa
empresa pública, entonces dependiente de Ordenación del Territorio, como todas
las demás consejerías abonaron las facturas presentadas por alguna o varias de
las empresas del conglomerado Gürtel.
Las dos jaimas antes citadas
aparecían ya en una factura correspondiente al evento "Invertimos en Alcorcón",
celebrado el 22 de febrero de 2006 y facturado a la Consejería de Sanidad.
Visitar el ambulatorio La Ribota de ese municipio e inaugurar una residencia de
mayores costó al erario público madrileño 7.096 euros. Sólo entre enero de 2005
y mayo de 2007, la Consejería de Sanidad abonó al menos a las empresas de la
trama 53.053 euros por las visitas o inauguraciones de Aguirre a seis centros de
salud y a otras tantas instalaciones hospitalarias. En una de esas facturas, se
contabilizó incluso, aunque sin desglosar el coste, el "transporte de banderas
de la Comunidad".
Como se ve, las inauguraciones del Gobierno de Aguirre no
son gratis. Por la apertura del curso escolar en ocho colegios y una guardería,
la Comunidad pagó entre 2004 y 2007 a las sociedades de Francisco Correa 54.141
euros. En el listado de facturas de Educación, se observa no ya la confusión
general que la trama introducía al facturar varias veces el mismo acto con
ligeros cambios en el enunciado. Se revela algo más extraño aún: el 16 de
febrero de 2006, Servimadrid facturó 10.183,25 euros por la "inauguración de la
Escuela Infantil" de Valdemorillo. En realidad, y así figura en la
página oficial de Aguirre, la presidenta de Madrid
visitó ese día Valdemorillo... pero lo que presentó fue "la maqueta" de la
futura escuela infantil. Puede tratarse de un error y no de una factura falsa,
pero nadie lo detectó.
La confusión, en efecto, es
continua. Otro ejemplo: Educación pagó en octubre de 2007 a Good and Better
11.990 euros por un acto cuya fecha ni siquiera se aporta. La justificación del
contrato firmada por el subsecretario de la consejería, tampoco. Y tampoco se
señala en el reconocimiento de pago signado por la interventora. La única
información ofrecida es que el evento se llamó "Acuerdo para la mejora de la
calidad educativa" y que se celebró en el Patio de Postas de la sede
presidencial.
Siguiendo idéntica pauta, la
Consejería de Familia pagaba a la trama por las inauguraciones de centros de
mayores protagonizados por Aguirre. La del centro del barrio de Los Cármenes,
celebrada el 21 de marzo de 2007, reportó a Diseño Asimétrico 7.041,27 euros.
Las fotos muestran a Aguirre tras un atril cuya leyenda dice esto: "Invertimos
en Madrid". La trama cobró también el atril.
Dos meses más tarde, el 27 de mayo, se celebraron las
elecciones autonómicas en las que Aguirre revalidó la mayoría absoluta alcanzada
el 27 de octubre de 2003 en los segundos comicios de aquel año,
forzados por el tamayazo.
La frenética actividad de la
presidenta, que en un mismo día protagonizaba dos y hasta tres actos públicos,
la llevó a comandarlos de toda índole, siempre que le garantizase un baño de
multitudes. Por ejemplo, la clausura del I Concurso de Karaoke. Ocurrió el 17 de
enero de 2006. En las fotos de su web, Aguirre posa sonriente junto al
presentador de la final, Manolo Escobar. Ante ellos, se yergue un ramo de flores
de aspecto auténtico y que, curiosamente, no facturó esta vez Servimadrid. Esta
singular promoción pública del karaoke supuso a la Consejería de Familia un
desembolso de 6.978,72 euros
La lectura de la documentación
remitida al juez por la Comunidad de Madrid alimenta una pregunta: la de por qué
un Gobierno presidido por una de las principales defensoras del liberalismo
económico se permitió, y es otro ejemplo, pagar con cargo al erario público
12.000 euros a Easy Concept por la "decoración floral" de los patios centrales
de la sede de la Presidencia durante el acto del Día de la Constitución de 2004.
A tenor de la factura, no hubo orquídeas salvajes sino kentyas de tela, 38
jardineras de ponsetias la flor navideña por antonomasia y "44 metros de
guirnaldas" de esa misma variedad. Easy Concept instaló, según la factura, "60
sillas doradas para orquesta".
La pregunta sobre por qué un
gobierno supuestamente austero destinó a gastos superfluos cantidades como las
expuestas se complica con la constatación de que el fraccionamiento de contratos
no fue una artimaña excepcional. Como el propio Francisco Correa confesó en una
charla intervenida por la Policía, aquello de trocear los encargos era la tónica
habitual. Así que, por ese mismo acto del Día de la Constitución de 2004, la
misma Easy Concept facturó otros 12.000 euros en concepto de "iluminación y
sonorización".
La trama disparaba con pólvora del rey. O, más
exactamente, de los ciudadanos. Hay una factura de Diseño Asimétrico relativa a
la entrega de medallas al Mérito Ciudadano en 2007 y en la que se anotan 2.191
euros por un "bastidor de madera tapizada en tela para trasera de 9x4 m."
Debajo, se apuntan otros 1.211,72 euros por "40 metros cuadrados de tela azul
ducados para tapizado de trasera, escenario y barras de reposteros". El
vocabulario evoca el empleado por
Orange Market cuando pedía a Forever Young que
facturase los trajes de Camps como "tela para
tapizar".
1.211,72 euros por "40 metros
cuadrados de tela azul ducados para tapizado de trasera, escenario y barras de
reposteros"
Meses más tarde, Servimadrid envió a
la Consejería de Empleo y Mujer otra factura ajustada a los peculiares
estándares de la Comunidad: 11.800,54 euros con IVA. La empresa pretendía cobrar
y lo logró un acto celebrado el 5 de octubre de 2005. Se trataba de la
presentación del Plan Emprendedores 2005/2007, donde Aguirre describió las
acciones previstas. Y el bastidor, ahora con 40 centímetros más de ancho y
dispuesto para "grapado de lona", ya aparecía anotado al precio de 1.732,98
euros. "Si tienes un sueño, empréndelo", era el bucólico lema del plan.
En mayo de 2007, Empleo también
abonó 11.995,83 euros por otro acto celebrado el 2 de noviembre de 2005. Aquí,
de nuevo con la presidenta en el centro del protagonismo, Servimadrid cifró en
2.505 euros un bastidor que supuestamente medía 10x4 metros. Como apuntan los
datos, el precio del metro de bastidor oscilaba. Y se cotizaba según el estado
de ánimo o las necesidades de la empresa. Sin reparos oficiales.
Ninguna de las facturas aportadas al
sumario permite dilucidar si las empresas de Correa amortizaron la moqueta roja
institucional, la tarima de prensa y el bastidor a base de usarlos en sucesivos
eventos. Tampoco es posible concluir si la Comunidad habría ahorrado más
comprando cuatro pantallas de plasma de 50 pulgadas que alquilándolas una y otra
vez a la resuelta trama empresarial: por las cuatro utilizadas en el acto de los
emprendedores del 5 de octubre de 2005, Servimadrid cobró 2.600 euros.
Las cuatro pantallas de plasma, que
desfilan como un ejército por el listado de facturas, aparecen por primera vez
en uno de los eventos sobre los que más tinta ha corrido en los últimos meses:
por sus características, el homenaje a quienes participaron socorriendo a las
víctimas del 11-M y porque Vicepresidencia permitió que Easy Concept fraccionara
el importe total en 15 facturas.
De nuevo, nadie se molestó tampoco
en preguntar cuánto personal había aportado la empresa, que por ese concepto
emitió otra factura de 9.834 euros, más otros 10.525 euros por el alquiler,
montaje y desmontaje de 3.500 sillas. Y así 15 veces hasta sumar 141.000 euros.
Situar en el centro del escenario a
la presidenta, tanto en sentido literal como figurado, era el objetivo de la
mayoría de los 342 contratos que lograron del Gobierno de Madrid las cuatro
empresas de la ‘trama Gürtel’ que operaban en esa comunidad autónoma. Hacerlo
costó más de tres millones de euros.
07/09/2005
El acto en Metro del que nada sabía Cospedal: 21.480 euros
Metro de Madrid SA pagó a
Servimadrid 21.480 euros por la presentación de la Cumbre Flamenca en el Metro.
Cospedal, entonces consejera de Transportes, aseguró no tener “ni idea” de ese
contrato y negó que Metro hubiera efectuado el encargo.
11/04/06
Inaugurar las obras de un hospital: 5.649 euros
En abril de 2006, Aguirre inauguró
la primera fase de la ampliación de urgencias del hospital de Getafe. Como se
lee en la factura, el “montaje” reportó a Servimadrid 5.649 euros.
19/07/2006
Visitar un parque empresarial, 34.748 euros
La que Esperanza Aguirre realizó
hace tres años al parque empresarial La Carpetania, en Getafe, fue una visita
habitual, salvo por su coste: Diseño Asimétrico cobró 34.748,55 euros, precio
que no incluía catering y sí la famosa carpa que aparece en múltiples facturas.
14/02/2007
Presentar cartas de amor: 32.296 euros
El 14 de febrero de 2007, con el
reloj ya avanzando hacia las autonómicas, Aguirre presentó el libro ‘Toda una
vida’, recopilación de las cartas de amor escritas por “usuarios de centros de
mayores”. La presentación, celebrada en la sede de Presidencia, en la Puerta del
Sol, costó 32.296 euros.
02/04/2007
Ir a un colegio y hacer una promesa electoral: 8.888 euros
El 2 de abril de 2007, Aguirre
visitó el colegio San Eugenio y San Isidro, que permaneció abierto en Semana
Santa. La presidenta aprovechó para anunciar que reforzaría su plan de colegios
bilingües si en mayo resultaba reelegida. Costó 8.888 euros.
(www.publico.es,
19/10/09)
AGUIRRE REHÚYE SU RESPONSABILIDAD
Esperanza Aguirre recurrió ayer a la
misma estrategia que ha utilizado desde que en febrero de este año estallara la
trama Gürtel. Como funciona, la presidenta de la región con más altos cargos
imputados en el escándalo vinculado al PP, volvió a alardear, esta vez en la
Asamblea, de ser la campeona contra la corrupción. Defendió que lo importante no
es que haya "corruptos o incluso delincuentes", sino que "la diferencia está en
lo que se hace cuando se ponen de manifiesto".
La trama salpica a Madrid con 13
altos cargos del PP imputados, entre ellos un ex viceconsejero, cuatro ex
alcaldes y, fundamentalmente, un ex consejero, Alberto López Viejo, que era la
mano derecha de la presidenta, el que se encargaba de organizar los actos donde
ella acudía.
Aguirre, también del PP regional,
eludía así su responsabilidad en que su Gobierno contratara tres millones a las
empresas de Francisco Correa, en su mayoría a fuerza de trocear los contratos
(en total 358) para que no superaran los 12.000 euros y poder adjudicarlos a
dedo, según el sumario del caso. Ella argumenta que el cese del ex consejero es
suficiente para eludir su responsabilidad.
Esta vez los argumentos los utilizó
en sede parlamentaria, donde Aguirre defendió la legalidad de los "30.000
contratos" de sus gobiernos desde 2003. "Todos sujetos al control de la comisión
de vigilancia de las contrataciones", sentenció. Y recibió un sonoro "Nooo" de
la bancada de la izquierda. Hace meses que IU y PSM se quejan de impedimentos
para supervisar la gestión de Aguirre, sobre todo con el Gürtel. Justo el día
anterior, sus diputados abandonaron dicha comisión porque Sanidad no da cuenta
del 90% de los gastos sanitarios. "Digan cuáles les faltan, que los pongo a su
disposición", retó Aguirre.La primera en atacar el caso Gürtel en la Asamblea
fue la portavoz de IU, Inés Sabanés. Reprochó a la presidenta regional,
Esperanza Aguirre, que la crisis política que sufre su gobierno le impida
resolver la situación económica de la región. "¿Cómo pretende usted explicar a
los 430.000 parados su tesis sobre la austeridad? ¿Con el espectáculo degradante
de una red corrupta, los excesos y el despilfarro?", espetó la portavoz de IU.
Aguirre ha creído encontrar un punto
flaco en la portavoz de IU y ayer, por segunda vez, le reprochó una supuesta
cercanía con los socialistas porque le aplauden. Según Aguirre, Sabanés le hace
el "trabajo sucio" al PSM al preguntar por el caso Gürtel. "Usted sigue hablando
de Correa y del Bigotes", recriminó la presidenta. "Haga su trabajo de oposición
y deje que los jueces hagan el suyo". Sabanés no tuvo ocasión de responder.
Pero fue la portavoz socialista,
Maru Menéndez, la que preguntó por los contratos con Correa. "La Comunidad de
Madrid jamás ha contratado a sabiendas con las empresas de ninguna trama", le
respondió la presidenta, entre los abucheos de la oposición. "Si se demuestra
que ha habido sobornos o cohechos, yo seré la primera en hacer que caiga todo el
peso de la ley", zanjó. Esta vez la aplaudieron los suyos.
"¿Es usted responsable de los actos
de su Gobierno?", espetó Menéndez. La portavoz socialista le recordó a Aguirre
que el Ejecutivo regional contrató en 371 ocasiones con las empresas de Correa
[358, según cálculos de este periódico] y detalló las cantidades gastadas por
cada consejería. "Ahora usted pretende aparecer como adalid de la transparencia
y contra la corrupción", increpó a la presidenta. "No, usted es la responsable
de todas esas contrataciones".
En su respuesta final, Aguirre
vinculó la trama Gürtel al caso Majadahonda: "¿Por qué se cree que los de Correa
dicen que van a machacar a Esperanza Aguirre?", planteó la presidenta en
referencia a las escuchas policiales del sumario. Y se contestó a sí misma que
es porque ella paralizó la operación de venta de suelo que se conoció en 2005
como el caso Majadahonda, donde se pretendía vender terrenos públicos por debajo
de su precio de mercado. "Eso es lo que distingue unas organizaciones de
otras".
Pero el discurso de Aguirre no
aguanta un asalto de la hemeroteca. Ahora la presidenta alardea de que ha sido
ella la que ha cortado la trama en su Gobierno al destituir a los responsables.
En cambio, el pasado 9 de febrero, cuando los medios le pedían explicaciones por
el cese de López Viejo, afirmó: "Desconozco las razones que tiene para dimitir".
Y también: "Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir
para que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no
puedan relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid".
Hasta llegó a insistir varias veces:
"López Viejo no ha realizado ningún acto ilegal ni irregular". También aseguró
ese día con contundencia que, desde que ella preside el partido en Madrid (2004)
"ni esta empresa ni ninguna de las otras ha organizado actos del PP". Es cierto
que ella estuvo detrás de las dimisiones de los alcaldes de Boadilla, Arturo
González Panero; de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; y de Arganda, Ginés López. Pero
también que ha tardado ocho meses en echar a los diputados imputados del grupo
popular, pese a que se lo ha reclamado insistentemente la oposición.
El sumario del caso ha revelado
además que el Gobierno regional sí contrató con las empresas de Correa, que lo
hicieron casi todas las consejerías y que López Viejo era "el muñidor" de esos
contratos. En el segundo mandato de Aguirre ya era consejero, pero en el primero
fue sólo un viceconsejero. La investigación policial desveló que López Viejo,
que manejaba la agenda de la presidenta, obligaba a los consejeros a contratar
con las empresas de Correa bajo la amenaza de no llevar a Aguirre a los actos.
La presidenta elude una y otra vez que sea responsable, pero si López Viejo
amedrentó a sus superiores es porque todos sabían que lo respaldaba la
presidenta.
(www.elpais.com,
16/10/09)
MAJADAHONDA, EL CASO QUE EL PP
EVITÓ INVESTIGAR EN 2005
Pocos podían pensar en la cúpula del
PP madrileño que el caso Majadahonda, que les trajo de cabeza en 2005, les iba a
estallar en forma de caso Gürtel cuatro años después. La venta de dos parcelas
municipales desató una tormenta de tal calibre que el asunto acabó en
Anticorrupción, que lo archivó. El PP de Majadahonda se rompió en dos. Por un
lado, el alcalde Guillermo Ortega (imputado en la trama) parapetado en dos
concejales: José Luis Peñas (denunciante de la trama de Correa) y Juan José
Moreno. A su lado estaba también Carmen Rodríguez Quijano, mujer de Correa, a la
que había contratado en 2001 como jefa de gabinete cuando todavía era
administradora de Special Events, una de las empresas de la trama Gürtel que
consiguió varios contratos en Majadahonda.
Por el otro lado estaba el resto del
PP, con 12 concejales, liderado por Narciso de Foxá, actual alcalde y entonces
concejal de Urbanismo.
En 2004 el Ayuntamiento decidió
vender dos parcelas. Los ediles populares votaron a favor. Pero en 2005 la mayor
parte de los concejales se echaron atrás. Consideraban que Ortega estaba
favoreciendo a una de las constructoras. Al lado de Ortega sólo permanecieron
Peñas, Moreno y la mujer de Correa. Denunciaron acoso por parte de Esperanza
Aguirre y de Ricardo Romero de Tejada, ex secretario general del PP madrileño.
Aguirre zanjó la crisis en febrero de 2005. Se decantó por situar a De Foxá de
alcalde y expulsó a Peñas y Moreno. Ortega salió mejor parado: dimitió como
alcalde, pero Aguirre no investigó su gestión y le puso al frente del Mercado
Puerta de Toledo. Peñas nunca perdonó el agravio comparativo.
(www.elpais.com,
16/10/09)
LA ASAMBLEA SE ENCIENDE CON LOS
TRES DIPUTADOS EXCLUIDOS DEL PP
La reforma del Reglamento de la
Asamblea de Madrid para incluir la figura del diputado no adscrito —y de esa
manera resolver el caso de los tres parlamentarios expulsados del grupo popular
la semana pasada por su implicación en el caso Gürtel de corrupción vinculada al
PP— comenzó anoche al filo de las diez con una votación unánime para admitirla a
trámite.
En ella no estuvieron ni los
diputados imputados en la trama Gürtel —expulsados del grupo a raíz de la
desclasificación y posterior difusión de parte del sumario— ni la presidenta
Esperanza Aguirre. Era un resultado esperado, pero la sorpresa la dio la bancada
de la izquierda (PSM e IU), por la virulencia con la que salió a defender su
voto a favor “por responsabilidad” y para evitar que los diputados imputados se
beneficien aún más, económicamente, de haber sido expulsados del grupo popular.
Sobre todo, la portavoz de IU, Inés
Sabanés, y el portavoz adjunto del PSM, José Manuel Franco, acusaron a los
populares de haber pactado esa expulsión para proteger a los implicados y que
mantengan su condición de aforados. “Tienen ustedes un acuerdo de gestión de
crisis en esta Asamblea”, espetó Sabanés. “Hacen expulsiones a la carta y
fariseísmo político”, recriminó Franco. El diputado socialista tachó de
“aberración jurídica” el texto presentado por el PP y afirmó que coloca a la
Mesa de la Asamblea “al borde de la prevaricación”.
Enfrente, como a lo largo de todo el
pleno, quedaron vacíos los nuevos escaños asignados a los imputados en la trama.
Ni el ex consejero Alberto López Viejo, ni el ex portavoz adjunto del PP
Benjamín Martín Vasco, ni el diputado Alfonso Bosch acudieron al pleno, igual
que tampoco lo hicieron la semana pasada, cuando fueron expulsados. Y eso que la
Cámara regional se dio prisa en colocar las placas con sus nombres en la última
fila de la bancada de la derecha, la misma donde se coloca el grupo popular,
pero separados por algunos asientos. Lo permiten los 140 escaños que tiene la
Cámara, porque sólo los ocupan 120 diputados. Ahora que no están adscritos a
ningún grupo –la Mesa de la Asamblea los ha asignado al mixto, mientras se
tramita la reforma del reglamento–, la única obligación de estos parlamentarios
es asistir tres veces al mes a los plenos, ya que no forman parte de ninguna
comisión. Y, aunque no ocupen sus escaños, seguirán cobrando su sueldo de 3.808
euros mensuales.
Sabanés defendió que no obtengan más
privilegios. “Mantienen el privilegio principal, que es el régimen especial de
aforamiento. Y éste es su acuerdo ¿o no?”, lanzó la portavoz, que recordó que
esa figura se creó para “preservar la libertad en el ámbito parlamentario”.
También pidió al PP que explique por qué quiere que, ya que se reforma el
reglamento, no se incluyan otras modificaciones. “Expliquen por qué el debate lo
quieren acotado, blindado y a su servicio”, reprochó.
Muy contundente fue también el
socialista José Manuel Franco, que recordó que el PP no tuvo responsabilidad
cuando en el verano de 2003 se produjo el tamayazo. Entonces se opuso a la
reforma que hoy defiende. “Ustedes fueron desleales, pero no teman, que nosotros
no vamos a serlo”, avisó. Franco cuestionó la propuesta de reforma del PP por
ser una “aberración desde el punto de vista jurídico”, que conculca derechos
fundamentales recogidos en la Constitución. Y recordó que la retroactividad que
el PP ha querido dar a la ley aún no aprobada contraviene la Carta Magna, porque
ésta impide que se produzca para restringir derechos. “¿Cómo es posible que se
coloque a la Mesa al borde de la prevaricación? Sólo hay una respuesta: la
ambición desmedida de la presidenta”, zanjó. “No duda en utilizar en su
beneficio las instituciones y en pactar una salida a los diputados muy poco
digna”.
El encargado de defender la reforma
fue el portavoz adjunto del PP, Juan Soler, que la consideró “pertinente”. A
juzgar por su discurso, parecía que la propuesta de crear el diputado no
adscrito es una vieja reivindicación del PP. Lo que no explicó es por qué no se
ha impuesto antes, ya que el PP tiene la mayoría en la Cámara desde 1995.
(www.elpais.com,
16/10/09)
LOS TRES IMPUTADOS DE MADRID SON
COLOCADOS EN LA ASAMBLEA LOS ÚLTIMOS DE LA FILA, JUNTO AL PP
Los últimos de la fila. Junto a sus
antiguos compañeros del PP. Allí han quedado relegados los tres diputados
madrileños imputados en el caso Gürtel. De momento, Alberto López Viejo, Alfonso
Bosch y Benjamín Martín Vasco formarán parte de un "grupo mixto especial", hasta
que se consiga aprobar la proposición de ley presentada por el PP para que
puedan ser “diputados no adscritos”.
De momento, mientas se resuelve la
situación, los tres se sentarán al fondo de la Asamblea, junto a la bancada del
Grupo popular. Tras un gran revuelo, ya que ningún partido quería acogerles
junto a ellos, la historia ha quedado en nada, porque ninguno ha acudido hoy al
hemiciclo.
Casi grupo mixto
La Asamblea de Madrid ha otorgado
hoy la "asignación provisional de grupo mixto" a los tres diputados que han
abandonado el grupo parlamentario popular por su imputación en el caso Gürtel
-Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosh- y les ha asignado tres
escaños también provisionales junto a sus ex compañeros del PP.
“Diputados no adscritos”
La decisión la ha tomado,
finalmente, la presidenta de la Asamblea, Elvira Rodríguez, tras la reunión que
ha mantenido con los miembros de la Mesa del Parlamento regional. El problema
está en que no se les puede declarar "diputados no adscritos" a estos tres
parlamentarios hasta que la proposición de ley que ha presentado el PP para
crear esa figura mediante una reforma reglamentaria de urgencia no se "apruebe",
lo que a su juicio tardará "aproximadamente un mes".
De manera “provisional”
Antes de que se produjera el pleno,
nadie quería a los imputados ni en sus bancos, ni cerca. Desde PSOE e IU se
exigía que se sentaran junto a sus antiguos compañeros, ya que fue con el PP con
quien fueron elegidos. Finalmente, se les ha asignado un puesto al fondo con los
populares de manera “provisional, primero porque tienen derecho a venir al pleno
de esta tarde y desde luego a votar”, ha argumentado Elvira Rodríguez.
De pellas
Al final, mucho ruido y pocas
nueces. Ninguno de los tres imputados se ha pasado por la Asamblea de Madrid y
sus asientos han quedado vacíos.
(www.elplural.com,
16/10/09)
EL EX ALCALDE DE BOADILLA,
EXPULSADO DEL PP MUNICIPAL
El anterior alcalde de Boadilla del
Monte (Madrid), Arturo González Panero, fue expulsado ayer del Grupo Popular en
ese Ayuntamiento tras una reunión de la ejecutiva local del PP. El ex alcalde,
apodado el Albondiguilla por los cabecillas de la trama Gürtel, seguirá en el
consistorio ya que el acta de edil es personal y no piensa cederla. Además,
asegura, aún no le han notificado oficialmente su baja en el grupo. "Es una
maniobra desafortunada e injusta", manifestó ayer en un comunicado en el que
criticó "el trato preferencial que detentan ciertos miembros del partido en
contra de otros" (en alusión a Luis Bárcenas, ex tesorero y aún senador del PP).
González Panero asegura no entender
el trato que está recibiendo de la cúpula del PP. Se siente un cabeza de turco.
Asegura que fue Bárcenas el que le pidió que contratara con las empresas de la
red corrupta. Por eso reclamó a la dirección nacional del PP que "revele las
verdaderas causas de esta inexplicable expulsión, máxime cuando existen otros
imputados". También cargó contra el grupo municipal que hasta hace unas semanas
le había cobijado. "Todo el grupo y en especial Juan Siguero (actual alcalde)
conocen de primera mano la escrupulosa legalidad de todas las adjudicaciones",
señaló.
El pasado viernes el actual alcalde,
Juan Siguero, le dio un ultimátum para que abandonara el Grupo Popular.
Transmitía las órdenes de la presidenta regional del partido, Esperanza Aguirre.
Ayer, tras vencer el plazo establecido, Siguero reunió a los 15 concejales
populares del consistorio para escenificar la expulsión. El motivo oficial:
"Haber hecho caso omiso a las indicaciones de la presidenta regional del PP".
Esperanza Aguirre ordenó el pasado
jueves que los cargos madrileños imputados en el caso Gürtel fueran expulsados
de los grupos del PP en las diferentes Administraciones. Dio la orden de limpiar
el partido tras conocer la primera parte del sumario judicial que se hizo
público la semana pasada. En el sumario, el nombre del ex alcalde aparece
numerosas veces. El juez le imputa los delitos de cohecho, fraude fiscal,
blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad y tráfico de influencias.
González Panero rechazó todas las
acusaciones. "Estoy a disposición del PP a fin de que se abra una investigación
que esclarezca cuantos extremos relativos al caso queden por aclarar",
concluyó.
(www.elpais.com,
14/10/09)
"TENDRÁN QUE EXPLICAR POR QUÉ ME
ECHAN"
"Mis compañeros, los que me dan de
baja, son los que tendrán que explicar bien por qué. Son ellos los que han
defendido que no hay irregularidades en mi gestión", asegura por teléfono el ex
alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, tras ser expulsado del Grupo
Popular del municipio madrileño. "Había acordado con el alcalde (Juan Siguero)
que esperara hasta el miércoles. Quería hablar con la dirección regional para
aclarar el asunto. Pero esta mañana a primera hora (por ayer) ya habían sacado
una nota de prensa anunciando mi expulsión. No entiendo tantas prisas", añade el
ex alcalde imputado por su participación en el caso Gürtel.
Poco a poco, los principales
implicados se van quedando solos. Las secuelas políticas de la trama corrupta
están provocando que quienes hace tan sólo unos meses apoyaban sin fisura a los
imputados marquen ahora distancia con ellos. Ya nadie los defiende. Y menos si
desoyen la orden de quitarse de en medio y se declaran en rebeldía. Es la
situación del ex alcalde de Boadilla del Monte, expulsado del Grupo Popular tras
una reunión urgente de la ejecutiva local del partido. El ex alcalde, apodado El
Albondiguilla por la cúpula de la trama, rechaza entregar el acta de concejal.
"Espero que pueda integrarme en el Grupo Mixto. Como concejal no adscrito pierdo
derechos. No sería justo cuando encabecé la lista más votada en Boadilla".
González Panero se ha resistido a
abandonar de forma voluntaria el Grupo Popular como reclamó la presidenta
regional del PP, Esperanza Aguirre. "Hablamos el jueves sobre el asunto",
reconoce el imputado. El ex alcalde señala que aún no ha recibido la
notificación de la baja del grupo. "Aunque sé que tengo una carta esperándome en
el Ayuntamiento". Es la expulsión, y ayer no se acercó a recogerla.
El comunicado recoge la
justificación del alcalde para echarlo del grupo: "Es evidente que la
personación del PP [en la causa] es incompatible con tu permanencia en el grupo,
dado que podría perjudicar la defensa jurídica que estás realizando, puesto que
con ello se ha producido un evidente conflicto de intereses de carácter
jurídico, que no podemos obviar".
El imputado por el caso Gürtel
explicó que no entiende cómo lo expulsan "con el argumento de que pueda
organizar mi defensa. Ésa es una cuestión que debo decidir yo". Y agregó: "Habrá
que determinar si es correcto que me expulsen alegando que el PP está personado
en el proceso". Por eso, reclamó a la dirección nacional del partido que "revele
las verdaderas causas de esta inexplicable expulsión, máxime cuando existen
otros imputados". González Panero se siente defraudado por los que hasta hace
poco fueron sus compañeros. "Es una maniobra desafortunada e injusta", aseguró
ayer el ex alcalde mediante un comunicado en el que apela a su "derecho a la
presunción de inocencia".El ex alcalde de Boadilla criticó "el trato
preferencial que detentan ciertos miembros del partido en contra de otros". La
semana pasada afirmó que fue Luis Bárcenas (ex tesorero y senador del PP) quien
le pidió que contratara con las empresas de la red corrupta, según reconoció en
una entrevista.
González Panero se queja del trato
que está recibiendo de su partido. Y rechaza los delitos que le imputan. Ayer
manifestó que está "a disposición del PP a fin de que se abra una investigación
que esclarezca cuantos extremos relativos al caso queden por aclarar". Se siente
una cabeza de turco, a pesar de que el nombre de El Albondiguilla aparece con
demasiada frecuencia en el sumario. Le imputan siete delitos: cohecho, fraude
fiscal, blanqueo de capitales, asociación ilícita, falsedad y tráfico de
influencias.
"No es momento de hablar de esto. El
caso se extiende por muchos ámbitos, es muy amplio", confesó. Ahora se siente
defraudado con el actual alcalde del municipio, Juan Siguero. "Yo le hice
teniente de alcalde, le apoyé en su carrera política...".
La semana pasada Siguero le dio un
ultimátum para que abandonara el grupo municipal popular. Transmitía las órdenes
de la ejecutiva regional del Partido Popular. Ayer, tras vencer el plazo
establecido, según fuentes municipales, se reunieron los 15 concejales populares
del Ayuntamiento de Boadilla para escenificar la expulsión, acordada.
El motivo oficial que esgrimió Juan
Siguero: "Haber hecho caso omiso a las indicaciones de la presidenta regional
del PP, Esperanza Aguirre".
Los mismos concejales que ayer le
echaron del grupo eran los que hace unos meses apoyaban su inocencia. Cuando
estalló el caso, el pasado 9 de febrero, González Panero se refugió en el
municipio para resistir los embates que le lanzaban desde su propio partido. La
dirección nacional del PP quería cortar por lo sano y anunció su dimisión antes
de que éste lo hubiera decidido. Allí, en Boadilla, compareció rodeado de 14
concejales y muchos de sus cargos de confianza como símbolo de la confianza del
grupo municipal. "Mientras no haya imputación es absurdo que presente la
dimisión", dijo entonces. La presión pudo con él. Y al día siguiente abandonó la
alcaldía pero siguió de concejal. Continuó asistiendo a los plenos municipales y
colaboraba con la gestión. Hasta la semana pasada cuando se hizo pública la
primera parte del sumario del caso.
El pasado jueves, Esperanza Aguirre
ordenó limpiar el partido tras conocer la primera parte del sumario judicial.
Según fuentes del partido, pidió que los cargos madrileños imputados por el
Gürtel fueran expulsados de los grupos del PP en las diferentes
administraciones.
Los tres diputados regionales
imputados (el ex consejero de Deportes, Alberto López Viejo; Alfonso Bosch y
Benjamín Martín Vasco) siguieron la instrucción de la presidenta. Abandonaron la
bancada popular. El ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, fue más allá.
Entregó el acta de concejal. Pero González Panero se enrocó. Ni quería dejar el
grupo popular, ni el acta de concejal. Su argumento es que la suspensión de
militancia del partido es temporal, dice que la solicitó él mismo, y que para
echarlo tienen que abrirle un expediente en el partido. Y eso no ha ocurrido.
El ex alcalde cargó ayer contra los
concejales que hasta hace unas semanas le habían dado cobijo. "Todo el grupo y
en especial Juan Siguero conocen de primera mano la escrupulosa legalidad de las
adjudicaciones", señaló. "Dijeron que tenía casas en Miami y ha quedado
demostrado que no es verdad. Al final se aclarará todo este asunto", insistió
González Panero.
Lo que no explicó es por qué en el
sumario su nombre aparece vinculado con regalos, viajes y grandes cantidades de
dinero. Los 17.000 folios de la instrucción que han sido desclasificadas
incluyen apuntes contables de una de las cajas B de la trama corrupta. Éstos
revelan supuestas entregas de dinero a El Albondiguilla por importe de 510.000
euros. Además, el jefe de la trama, Francisco Correa, comenta en una
conversación con una de sus contables que tiene un vídeo comprometedor de
González Panero. Según Correa, en las imágenes se observa al ex alcalde contando
el dinero recibido por una comisión pagada por el propio Correa.
Los grupos de la oposición (PSM y
Alternativa por Boadilla) reclamaron ayer mayor transparencia en la gestión
municipal. El portavoz socialista, Pablo Nieto, afirmó que "la solución al
problema de la localidad por la presunta implicación del ex alcalde pasa por un
cambio radical en todo el equipo de Gobierno del PP".
(www.elpais.com,
14/10/09)
LOS IMPUTADOS DEL GÜRTEL PASAN A
SER DIPUTADOS NO ADSCRITOS
La situación de los diputados
Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco, todos ellos
imputados en el caso Gürtel de corrupción vinculada al PP por la supuesta
comisión de hasta cinco tipos de delitos, ha creado un enredo jurídico en el
Parlamento madrileño. Ayer la mesa de portavoces acordó modificar el Reglamento
de la Asamblea para crear la figura del "diputado no adscrito", según la
propuesta del grupo popular. Este cambio en la norma impide a los tres
expulsados del PP pasar a formar parte del grupo mixto y favorecerse así de las
ventajas aparejadas a la pertenencia a un grupo parlamentario. Hasta ahí todos
los partidos -PP, PSOE e IU- están de acuerdo. El problema surge por la
inclusión de una cláusula en la norma que la convierte en retroactiva y dicta
que ésta entró en vigor ayer, tras pasar por la Mesa de la Asamblea, y antes de
aprobarse realmente. Esta cláusula no impide que, después la modificación, siga
su curso de tramitación natural. Su utilidad sería evitar que los diputados
afectados no puedan cambiar de opinión y pasar al grupo mixto. La oposición
considera esto una "aberración jurídica" y lo trasladarán a los letrados de la
Mesa.
Los diputados imputados renunciaron
el pasado viernes a cualquier privilegio por razón de su condición de
representantes públicos, aunque no a su sueldo, que se acerca a los 4.000 euros
mensuales (50.000 euros brutos anuales). Esta circunstancia reforzó la tesis de
PSOE e IU de que "las prisas no son necesarias, pues ellos mismos ya han dicho
que no quieren ser parte del grupo mixto".
Los grupos de la oposición han
mostrado su extrañeza ante el procedimiento, aunque insisten en dar su apoyo al
texto. Eso sí, con matices: "Llega seis años tarde, pues Esperanza Aguirre ya
pudo prevenir un contexto semejante cuando el tamayazo (la deserción en 2003 de
dos diputados socialistas que obligó a repetir aquellas elecciones) y no lo
hizo", expresa Maru Menéndez, portavoz socialista en la Asamblea. También
Izquierda Unida apoya la idea, pero recalca sus incongruencias jurídicas y se
pregunta qué sucederá si alguien impugna la norma.
A pesar de que mañana se inicia el
debate en la Cámara, el portavoz popular, David Pérez, afirmó que "estos
parlamentarios ya no forman parte del grupo popular y tampoco de un grupo mixto
porque son diputados no adscritos a ningún grupo", una sentencia que no
compartió la portavoz socialista, quien expresó su sorpresa al no saber qué son
exactamente estos diputados en la Cámara. "No sabemos si son del grupo popular,
del grupo mixto o no adscrito", indicó Menéndez tras la reunión de la Junta de
Portavoces, que no calificó la renuncia presentada el viernes por los diputados.
La aprobación definitiva del texto se demorará al menos un mes tras pasar por
todos los trámites reglamentarios, incluidas las enmiendas de los grupos.
Alberto López Viejo, ex consejero de
Deportes hasta febrero de este mismo año, es considerado el gran artífice de la
expansión de las empresas de la trama de Francisco Correa en Madrid y el
principal "muñidor" de que cientos de contratos públicos se adjudicasen a estas
compañías. Los otros dos diputados que conservarán su acta, Benjamín Martín
Vasco, antiguo adjunto a la portavocía popular y Alfonso Bosch, están acusados
de recibir cuantiosas sumas de la trama, incluidos asientos contables de su caja
B por valor de más de 100.000 euros.
El hecho de que conserven su escaño
tiene que ver con su estrategia de defensa, pues mientras permanezcan en el
Parlamento madrileño tendrán la condición de aforados. "Es una estafa y una
manera de pervertir el estatuto del aforado", clama Menéndez, que recuerda que
esa figura sirve "para que el diputado pueda cumplir con su obligación de
defensa de los ciudadanos sin sentirse coaccionado, no para que unos señores
acusados de delitos muy graves puedan mantener privilegios en su defensa que les
diferencien del resto de las personas".
(www.elpais.com,
14/10/09)
SIETE CONSTRUCTORAS FAVORECIDAS POR EL PP EN MADRID PAGARON 10
MILLONES EN SOBORNOS
La trama
se repartía las comisiones ilegales con políticos populares, según
la policía
Diez millones de euros en comisiones ilegales pagadas durante
los últimos años por siete constructores y contratistas a cambio de
adjudicaciones de importantes negocios inmobiliarios o de prestación
de servicios en municipios de Madrid donde gobierna el PP. Un
negocio perfecto; el más lucrativo de los que, según lo conocido
hasta ahora, hizo la trama de corrupción de Francisco Correa.
Con la ayuda de alcaldes y altos cargos del PP,
fundamentalmente en la Comunidad de Madrid -y mayoritariamente de la
confianza de la dirección del partido a cuyo frente está Esperanza
Aguirre-, Correa y los suyos se embolsaron cerca de 10 millones de
euros en muy pocos años: la trama recibía el dinero -a cambio de
intermediar- y lo repartía después con los políticos del PP
implicados en las adjudicaciones.
Así se desprende del informe policial elaborado por la Unidad
Central de Delincuencia Económica sobre "vinculaciones de la
organización con empresas adjudicatarias de proyectos o servicios
públicos", que el Tribunal Superior de Madrid sigue investigando: ha
imputado a la mayoría de los empresarios aludidos.
La investigación policial está basada en tres elementos:
documentos incautados en las Administraciones sospechosas de
adjudicaciones irregulares; conversaciones grabadas a los miembros
de la trama (en algunos casos, con los empresarios beneficiados por
las concesiones), y la contabilidad de la red Gürtel.
Las empresas salpicadas por el supuesto pago de comisiones
ilegales a la trama de corrupción son FCC/Aqualia, Sufisa,
Persontrade, Constructora Hispánica, Martinsa, UFC y Teconsa.
- Gonzalo Naranjo (Sufisa). "Ha tenido entre 2001 y 2007, y
aún hoy sigue teniendo, una estrecha vinculación con el Ayuntamiento
de Boadilla del Monte, Majadahonda y Alcalá de Henares [todos en
Madrid y gobernados ahora por el PP], así como con municipios de
otras autonomías como Castilla y León. En compañía de la sociedad
Aqualia (FCC) puso en servicio en 2002 la estación de bombeo y
estación depuradora de aguas residuales de Boadilla del Monte (la
obra costó 12 millones de euros), cuyo cliente principal es el Canal
de Isabel II (que dirige el Gobierno de la Comunidad de Madrid)".
En los libros de contabilidad de la red Gürtel, la policía
halló unas entregas de 157.800 euros efectuadas supuestamente por
Gonzalo Naranjo, empresario "vinculado a la administración de
Sufisa". La policía sostiene que entre los beneficiarios de esa
comisión ilegal, además del propio Correa, estaba Tomás Martín, un
dirigente local del PP.
- Enrique Carrasco (FCC). Esta empresa logró en 2001 la
gestión de la limpieza, mantenimiento, conservación y reparación del
arbolado urbano de Boadilla por ocho años, con posibilidad de dos
prórrogas de tres años. El 8 de enero de 2002, según la
documentación incautada, Enrique Carrasco, trabajador de FCC, pagó
105.000 euros en comisiones que se repartieron Correa, Álvaro Pérez
y los dirigentes del PP Gerardo Galeote (GG) y Luis Bárcenas (LB).
- Plácido Vázquez (asesorías e inmobiliarias). El nombre de
este empresario vinculado a cuatro empresas (Persontrade y
Backtrade, de asesoría; Teninsa, de adquisición, venta y alquiler de
inmuebles; y Degremont, de tratamiento de agua y residuos) figura en
los apuntes de cobro de comisiones ilegales que hizo el contable de
Correa. La policía cree que Plácido Vázquez actuó de intermediario
en la adjudicación durante 2002 a la Unión Temporal de Empresas
formada por SUFI y FCC para la gestión de las basuras por 12 años
-"de gran envergadura de medios y costes de adjudicación", según los
investigadores-. Entre enero de 2002 y julio de ese año, Vázquez
habría entregado 1,7 millones de euros a la red delictiva para que
Correa repartiera el dinero entre dirigentes del PP como José
Galeote (ex concejal en Boadilla del Monte) o Luis Bárcenas, según
los documentos incautados a la banda de Correa.
- Constructora Hispánica. El recuento realizado por los
policías que han investigado el caso Gürtel apunta seis pagos
que suman 4.192.000 euros de Constructora Hispánica a la trama
corrupta entre el 19 de febrero de 2002 y el 12 de marzo de 2004.
Sería, según el informe policial, la constructora que más ha
enriquecido a la trama corrupta con mucha diferencia respecto al
resto. La policía señala que Alfonso García Pozuelo, presidente de
Constructora Hispánica, aparece en los apuntes de la contabilidad
b (en dinero negro) de las empresas de Francisco Correa.
En el reparto de esos más de cuatro millones de euros, según
la documentación, uno de los principales beneficiarios es Luis
Bárcenas (ex tesorero nacional del PP y senador por Cantabria), que
tiene apuntes en las cuentas de Correa por casi un millón de euros.
La policía cita, entre los contratos logrados por Constructora
Hispánica, diversas obras del aeropuerto de Barajas y del Tren de
Alta Velocidad adjudicadas por organismos dependientes del
Ministerio de Fomento; obras municipales en Pozuelo de Alarcón (cuyo
ex alcalde Jesús Sepúlveda también está imputado en el caso
Gürtel); modernización de regadíos de la comunidad de usuarios
del Alto Vinalopó (Alicante); adjudicación de instalaciones
deportivas en Majadahonda y construcción de la ciudad del deporte en
Boadilla del Monte (el ex alcalde Arturo González Panero está
igualmente imputado).
- Teconsa. Empresa de origen leonés implicada en el caso por
el pago de al menos 72.000 euros a Correa en relación con la
adjudicación de una obra por parte de la Consejería de Fomento de la
Junta de Castilla y León a Teconsa por 2.847.959 euros. Aunque la
oferta de Teconsa empató a puntos en el concurso con FCC, la
consejería le adjudicó la obra a la primera porque su precio era
mejor. En la ejecución se produjo una modificación que elevó los
costes de la autovía en 284.000 euros.
La policía concluye que el ex consejero de Fomento José Luis
Fernández Santiago, hoy presidente de las Cortes de Castilla y León,
podría estar implicado en esta adjudicación irregular e incluso
baraja que las iniciales TO, aparecidas en el reparto de los 72.000
euros de comisiones que hizo Correa, correspondan a Toti,
apodo con el que se conoce a Fernández Santiago. Desde el fax de la
Consejería de Fomento de la Junta de Castilla y León se envió a la
sede central de la trama corrupta el escrito de adjudicación de la
obra a Teconsa.
El informe policial detalla que el Gobierno castellano-leonés
ha adjudicado a Teconsa 23 obras entre 2000 y 2009; algunas por
concurso, otras por subasta, otras por procedimiento negociado sin
publicidad y otras en contratos menores.
- UFC. La constructora de José Luis Ulibarri logró la
adjudicación de una promoción de chalés de lujo sobre suelo
municipal en Boadilla del Monte. Ganó el concurso pese a que ofrecía
tres millones de euros menos que la mejor oferta, con la excusa de
que finalizaría la construcción de los chalés tres meses antes
(cláusula que nunca cumplió). Correa se ufana en conversaciones con
sus colaboradores de que esos tres millones de euros que se ahorró
Ulibarri los pagó en comisiones ilegales. Y que Correa repartió el
dinero en una reunión que grabó en vídeo y donde estaban tanto el
entonces alcalde de Boadilla, Arturo González Panero (PP), como
alguno de sus altos cargos que favoreció esa adjudicación.
- Martinsa. La adjudicación de una parcela para levantar
cientos de viviendas en Arganda del Rey a favor de Martinsa es la
operación urbanística que menos documentada está en los libros de la
red corrupta, aunque fue denunciada en su día por la oposición
socialista en ese ayuntamiento. Tanto el ex responsable de la
empresa municipal que se encargaba de la gestión del suelo de
Arganda, el diputado autonómico Benjamín Martín Vasco, como el ex
alcalde de la localidad Ginés López han sido imputados. Las
conversaciones entre los miembros de la trama apuntan a comisiones
millonarias (más de un millón para el clan Correa y al menos un
millón para los dirigentes municipales que supuestamente hicieron
posible la adjudicación) pagadas por Martinsa para hacerse con el
suelo.
www.elpais.es 12.10.09
AGUIRRE OBTIENE PLUSVALÍAS DEL 'CASO GÜRTEL'
La jugada le ha salido bien. La presidenta madrileña,
Esperanza Aguirre, dudaba hasta el pasado jueves por la mañana de si debía
arriesgar y echar a los tres diputados de su grupo imputados en el caso
Gürtel, a los que venía defendiendo desde que el caso le estalló a
principios de febrero frente a una oposición que le exigía medidas drásticas.
Pero ha dado un golpe de efecto. Al mismo tiempo que sortea
cualquier responsabilidad política en el caso Gürtel, Aguirre sale
reforzada como líder popular. Ha conseguido darle la vuelta. En lugar de asumir
responsabilidades por los 358 contratos que su Gobierno adjudicó a las empresas
de la red de Correa por tres millones de euros, ella queda como la campeona
contra la corrupción. Y eso que Madrid es la región con más imputados del
Gürtel: 13 cargos públicos o en puestos de confianza del PP, entre ellos
tres diputados y cuatro ex alcaldes. Pero Aguirre tardó en tomar la decisión.
Temía ponerse bajo los focos voluntariamente, y que le saliera mal, en un
momento en el que nadie la cuestionaba. Ella podía presumir de que ningún
imputado tenía cargos oficiales, porque apartó a Alberto López Viejo, ex
consejero y su hombre de confianza, nada más desvelarse la trama. A él le
siguieron los otros.
Pero el pasado lunes se abrió el sumario parcialmente y la
pesadilla regresó. Las pruebas que imputan a ediles y diputados son las mismas
que incluyó el juez Garzón en su auto de marzo. Sin embargo, las primeras planas
de los periódicos volvieron a ligar al PP madrileño con las empresas de
Francisco Correa.
El miércoles, en la reunión semanal que mantiene con su
círculo más íntimo, maduró la decisión. Entre los argumentos a favor pesaba la
idea de mantener la misma línea de actuación rápida y contundente. Los
aguirristas reconocen que también les satisfacía distanciarse de Mariano
Rajoy y Francisco Camps, pero no era lo más importante. Esa tarde, Aguirre tenía
dos actos oficiales y se marchó sin tomar la decisión. No lo veía claro.
Al día siguiente, cuando la presidenta madrileña debía
someterse a la sesión de control en la Asamblea, sentada en la misma bancada que
tres imputados, le estalló el titular: "Madrid adjudicó 358 contratos a la red
Gürtel". Estaba en juego su imagen.
Esa mañana, finalizado el Consejo, Aguirre se presentó en la
Asamblea. La tensión era palpable porque el grupo popular pensaba que la
situación podía volverse en contra. Ya se sabía a esa hora que no iba a ser
fácil: López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco se oponían a renunciar
al acta. Querían mantener su condición de aforados.
"Tienen un miedo escénico, irracional, al juez Garzón por su
fama", explica un diputado popular. Una vez puestas las cartas boca arriba, la
reunión fue muy directa. Acompañada del portavoz popular, David Pérez, Aguirre
planteó a los imputados que quería que dejaran acta y grupo. Ellos aceptaron
sólo lo segundo. Después, se esfumaron de la Asamblea.
Mirando atrás, en el entorno de la presidenta la satisfacción
es completa. "Estamos contentos de cómo se ha valorado", reconoce el secretario
general del PP madrileño, Francisco Granados. Las portadas de todos los
periódicos abrían el viernes con la decisión.
En el ámbito interno del partido, Aguirre ha salido reforzada
por la contundencia de su actuación. "De los dirigentes populares es la que ha
arriesgado más, pero también la que más ha acertado", afirma Juan Soler,
portavoz adjunto del PP en la Asamblea.
Arriesgó porque ella sí tenía imputados en la trama, al
contrario que en Valencia. Y eran "sus" imputados. El ex consejero López Viejo
era su hombre de confianza, el que le llevaba la agenda y a quien nombró
consejero en su segundo mandato. Muchos se acercaron para advertirle, pero
Aguirre prefirió creer que tenían celos. Ahora dice sentirse "decepcionada".
Nunca responsable.
www.elpais.es 11.10.09
'TRIVIAL' GÜRTEL
Las 15 preguntas y
respuestas clave sobre la actividad de la red corrupta en la Comunidad
de parte del sumario del caso Gürtel el pasado martes,
ha permitido desentrañar una compleja red de favores, obsequios interesados,
cajas B, adjudicaciones ilegales de contratos y altos cargos enfangados en una
trama que salpica al Gobierno regional y a cinco ayuntamientos. Éstas son
algunas respuestas de este Trivial Gürtel.
- ¿Cómo sale el caso a la luz?
En 2007, un concejal de Majadahonda que tenía relación con
Correa, José Luis Peñas, presenta una denuncia acompañada de grabaciones y
documentación que revelan una estructura empresarial que realiza negocios
sospechosos. El asunto se pone en manos de la policía, que comienza una
investigación, realiza escuchas durante varios meses y recopila pruebas. El 6 de
febrero de 2009, el juez Garzón encargado del caso, ordena detener a los
principales responsables de la trama.
- ¿Cómo se inició la actividad de la red?
A finales de los noventa, Francisco Correa se sirvió de su
buena relación con la cúpula del PP nacional para intimar con algunos de los
jóvenes cargos del partido. Entre ellos, Alberto López Viejo, Jesús Sepúlveda y
Alfonso Bosch, que participaban en la organización de los actos del partido. El
capo del Gürtel ("correa" en alemán) les ofrece comisiones a cambio de
favorecer a sus empresas.
- ¿Cuántos políticos imputados hay en Madrid por
el caso?
La división madrileña del caso Gürtel ha salpicado a 11
altos cargos y asesores públicos en la Comunidad de Madrid. El ex consejero de
Deportes y diputado regional (PP), Alberto López Viejo; los diputados Alfonso
Bosch y Benjamín Martín Vasco. También están implicados los ex alcaldes de
Boadilla del Monte, Arturo González Panero; el de Pozuelo, Jesús Sepúlveda; el
de Majadahonda, Guillermo Ortega; y el de Arganda del Rey, Ginés López. Al ex
viceconsejero de Inmigración, Carlos Clemente, le imputan un delito de
asociación ilícita. Además, aparecen como imputados Tomás Martín Morales,
consejero delegado de la Empresa Municipal del Suelo de Boadilla (EMSV); José
Galeote, ex edil de Boadilla, y Javier Nombela, ex asesor del Ayuntamiento de
Madrid.
- ¿Quiénes son los principales miembros de la
trama en la región?
La investigación judicial concluye que Francisco Correa estaba
al frente de la trama en Madrid. Pablo Crespo es su lugarteniente, el que
controla el entramado empresarial. María del Carmen Rodríguez es la mujer de
Correa y ex jefa de Gabinete de Guillermo Ortega; bajo su mandato se adjudicaron
varios contratos a las empresas de su marido. José Luis Izquierdo era uno de los
administradores de Special Events y Pasadena Viajes (empresas de Correa). Además
estaba encargado de controlar varias de las cajas de seguridad en las que se
guardaba la contabilidad B. Javier Nombela trabajó en las principales sociedades
de la red y tuvo acceso a documentación delicada. Felisa Isabel Jordán y Pablo
Collado eran los contables de Easy Concept y otras empresas de la trama. Luis de
Miguel controlaba el despacho de abogados que llevaba los asuntos jurídicos y
financieros de la red corrupta, una especie de testaferro. Le sucede Ramón
Blanco Balín, asesor financiero y administrador de algunas de las sociedades
patrimoniales.
- ¿Qué delitos se les imputan?
Cohecho, tráfico de influencias, fraude fiscal, asociación
ilícita, blanqueo de capitales y falsedad documental.
- ¿Cuáles son las principales empresas de la red
corrupta?
Special Events, Easy Concepts, Servimadrid, Diseño Asimétrico,
Pasadena Viajes, MQM, Good and Better y Down Town Technologies.
- ¿Qué administraciones contrataron con la red
corrupta?
La Comunidad de Madrid y los ayuntamientos de Boadilla del
Monte, Arganda del Rey, Pozuelo de Alarcón, Majadahonda y Las Rozas.
- ¿Cuáles eran los sobrenombres de los implicados?
La cúpula de la trama bautizó a Arturo González Panero como
El Albondiguilla, Ginés López era El Gafitas y Guillermo Ortega,
El Rata.
- ¿Cuánto dinero recibieron los implicados?
En el pen drive con la contabilidad B de las sociedades
de Correa aparecen anotaciones con las cantidades supuestamente entregadas a los
imputados. Alberto López Viejo recibió 563.000 euros; Alfonso Bosch, 250.562
euros; Benjamín Martín Vasco, 437.166; Arturo González Panero recibió 135.409.
Además hay otros 510.000 atribuidos a Tomás Martín Morales y el ex alcalde de
Boadilla. Martín Morales también ingresó 378.172 euros. Ginés López obtuvo
1.315.427 euros y Jesús Sepúlveda, 422.992 euros. Guillermo Ortega recibió de la
red 166.118 euros. Carlos Clemente, 16.000 y José Galeote, 612.506 euros. Además
recibieron viajes, televisores de plasma, relojes exclusivos, trajes a medida,
corbatas de marcas de lujo, un coche...
- ¿Cuántos contratos logró la red con la
Comunidad?
Entre 2004 y 2008, la Comunidad de Madrid adjudicó a través de
11 consejerías 358 contratos a cinco de las empresas de la red por un total de
3.084.558 euros.
- ¿Qué papel jugaba el ex consejero de Deportes?
Alberto López Viejo se encargaba de organizar los actos de la
presidenta Esperanza Aguirre. Contrataba con las empresas de la red, y luego
ordenaba facturar los servicios a las consejerías correspondientes. Todo bajo su
responsabilidad, según el sumario.
- ¿Cómo camuflaban los contratos con el Gobierno
regional?
López Viejo ordenó a la trama que troceara los contratos con
la Comunidad de Madrid. El objetivo era que las facturasfueran inferiores a
12.000 euros para evitar convocar un concurso público. De esta forma se
contrató, por ejemplo, la organización del homenaje a las víctimas del 11-M.
Easy Concept emitió 15 facturas de menos de 12.000 euros cada una. Está técnica
permitió a la firma ingresar 141.002 euros por el mismo acto.
- ¿Cómo se infiltraron las empresas en la
administración?
Las prácticas de Correa incluyen regalos, dádivas, sobres con
dinero, coches e incluso extorsión a políticos clave para conceder concursos.
También ejerció la extorsión. El jefe de la trama revela a una de las contables
de sus empresas cómo grabó en un vídeo al ex alcalde Boadilla Arturo González
Panero, contando dinero tras entregarle tres millones de euros por la comisión
de una adjudicación sospechosa. Las dotes de persuasión de Correa, que apelaba a
sus buenas relaciones en el partido, también sirvieron para lograr contratos.
- ¿Cómo ha actuado Esperanza Aguirre?
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre,
fulminó al instante al consejero de Deportes, Alberto López Viejo, cuando se
confirmó que estaba imputado por su participación en la trama. La dirección
regional del PP, que preside Aguirre, obligó a dimitir a los alcaldes y
diputados imputados. Les retiró la afiliación del PP a todos. Esta semana ha
ordenado expulsarlos de los grupos del PP.
- ¿Cuáles fueron los principales contratos del
Gürtel?
La mayor parte de los contratos con la Comunidad consiste en
la organización de actos, presentaciones, o galas de premios. Entre éstos se
encuentra la organización de los premios de Cultura y la Medalla de las Artes en
2005 por 162.000 euros. Era la mejor oferta. Para compensar, otras firmas de la
red emitieron otras ocho facturas por 67.580 euros. En Boadilla logró la
adjudicación de una parcela a UFC para construir pisos de lujo por 35 millones.
La oferta más baja. Otro negocio fue adjudicar a Hispánica la construcción de la
ciudad deportiva por 30 millones. En Majadahonda, las empresas de Correa se
hicieron con la Oficina de Atención al Ciudadano.
- ¿Cuál es la situación de los políticos
imputados?
López Viejo fue destituido como consejero de Deporte. Además,
junto a los otros dos diputados regionales, Benjamín Martín Vasco y Alfonso
Bosch, han sido suspendidos de militancia en el PP y apartados del Grupo Popular
en la Asamblea.
Ginés López dimitió como alcalde de Arganda y presentó de
inmediato su acta de concejal. Jesús Sepúlveda también dejó la alcaldía de
Pozuelo y el viernes entregó el acta de concejal. Arturo González Panero fue
obligado a dimitir como alcalde de Boadilla y hasta la fecha no ha entregado el
acta ni ha abandonado el grupo del PP en el municipio.
www.elpais.es 11.10.09
NUEVE MESES DE CONTRADICCIONES PARA ESPERANZA AGUIRRE
Funcionarios de
Boadilla advirtieron a la presidenta sobre la trama en 2007
No hay nada como gestionar bien la imagen. La presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, es especialista en manejar los tiempos y
en transmitir la apariencia de que lo tiene todo controlado. Ésa es la impresión
que ha dejado tras gestionar la crisis del Gürtel. Aguirre ha conseguido
aparecer como una política con determinación y autoridad al expulsar de forma
fulminante a los políticos imputados del PP. Ella es la jefa del partido en la
región y quien ha dado la orden. Pero detrás de toda esa representación se
esconden varias contradicciones.
Reclama presunción de inocencia, pero ya ha
expulsado a sus diputados
Exhibe una imagen de determinación pero tardó en
revisar los contratos
La primera es que la presidenta conocía que algo no iba bien.
Que había una red de empresas que tenía la ambición de hacerse con el favor de
la Comunidad de Madrid para hacer negocios sucios. En 2005, una revista publicó
el supuesto trato de favor de una empresa con algunas administraciones del PP.
Aguirre pregunta a su viceconsejero y le ordena que no vuelva a contratar con
esa empresa. Su confianza en López Viejo le lleva a ignorar el problema. Aguirre
no sólo no lo cuestiona, sino que poco después lo convierte en consejero de
Deportes.
Dos años más tarde, en 2007, un grupo de funcionarios de
Boadilla del Monte y Móstoles envía una carta a Génova, sede del PP, dirigida a
la presidenta regional. En la misiva, incluida en el sumario, le advierten de
supuestas irregularidades en el Ayuntamiento de Boadilla. Aguirre da la carta
por no recibida.
Cuando el 6 de febrero estalla el caso Gürtel, la
presidenta regional no hace caso de los indicios que señalan a su hombre de
confianza, el que le organiza todos los actos, como uno de los principales
personajes de la trama corrupta. Tres días después lo destituye, pero lo
presenta como una dimisión. Y le agradece su suicidio político de la siguiente
forma: "Quiero agradecer a Alberto López Viejo su generosidad al dimitir para
que los que están impulsando la campaña de desprestigio contra el PP no puedan
relacionar la investigación con la actividad de la Comunidad de Madrid". El
objetivo era lanzar la idea de que todo era un montaje contra el PP. El objetivo
era sembrar dudas.
Por eso tardó más de cuatro meses en revisar todos los
contratos de la trama corrupta en la Asamblea de Madrid. Cuando lo hizo, el
pasado junio, sólo explicó los expedientes tramitados durante la presente
legislatura. El Gobierno de Aguirre olvidó que todo comenzó en 2004, cuando
López Viejo cobró poder. El consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta,
afirmó que sólo se suscribieron 183 contratos por 2,3 millones de euros. El
sumario del caso hecho público esta semana arroja otra cifra: 358 contratos por
más de tres millones de euros.
Durante todo este tiempo la presidenta ha defendido la
legalidad de los contratos. A pesar de aceptar la dimisión de López Viejo, de
ordenar la destitución de Benjamín Martín Vasco como portavoz adjunto de la
Asamblea, y arrinconar a Alfonso Bosch en el Parlamento regional. Aguirre
también forzó la renuncia de los ex alcaldes implicados, el de Boadilla,
Arganda, Pozuelo y Majadahonda. Pero intentó desviar la atención sobre el origen
de esa decisión. Todos los cargos públicos imputados fueron suspendidos de
militancia en el PP. La contundencia de Aguirre combina mal con su defensa de
los actos. Su argumento es que hay que respetar la presunción de inocencia. Una
presunción que se olvida cuando el jueves expulsó a los diputados de la bancada
popular en la Asamblea.
www.elpais.es 11.10.09
ALBERTO LÓPEZ VIEJO : LA SOLEDAD DE 'EL MUÑIDOR'
López Viejo ha
pasado de ser el niño mimado de Aguirre a quedarse solo en su lucha por mantener
su acta de diputado
do. Cree que no le han protegido lo suficiente, que le han
dejado solo, cuentan los que han hablado con él. A los plenos ha seguido yendo
con resignación. Cuando se sienta en su butaca, lejos del mullido escaño de
consejero en el que un día pudo reclinarse, se distrae ahora como puede con el
móvil y no habla con casi nadie. A veces comenta algo con su vecino, el ex
consejero de Interior Alfredo Prada. Pero desde que Esperanza Aguirre le
destituyó de su cargo al frente de Deportes, nadie quiere aparecer en una sola
foto con él. Muchos, y especialmente todos los consejeros, están que se suben
por las paredes con Alberto López Viejo, hoy ya ex compañero de partido e
imputado en el caso Gürtel por el presunto cobro de comisiones a cambio
de adjudicar contratos a la trama corrupta. Está acusado de cohecho, tráfico de
influencias, fraude fiscal, asociación ilícita y falsedad documental.
-
En la última campaña
controlaba las luces y el sonido de los mítines de Aguirre
-
López Viejo recibió
sobornos por valor de 536.000 euros de la trama
-
Las empresas de la trama
montaron el cumpleaños de su hija
El 9 de febrero, Esperanza Aguirre le dejó caer. Pero sólo un
poco. El caso Gürtel explotaba en las narices de su consejero de Deportes
y hombre de confianza. Y pese a que ella siempre le había defendido, tenía que
soltar lastre. Tuvo que destituirlo, pero conservó su escaño junto a los suyos
en el Grupo Popular. Desde entonces nada de guiños o de bromas con Aguirre.
Atrás quedó la camaradería, la confianza.
Ocho meses después, el juez del Tribunal Superior de Justicia
de Madrid (TSJM), Antonio Pedreira, ha levantado parcialmente el secreto de
sumario y le ha vuelto a dejar al descubierto. "Alberto López Viejo es el
muñidor de toda la operativa" dice Pablo Crespo, el lugarteniente de la trama en
una de las grabaciones que contienen los primeros 17.000 folios del documento.
"Cobraba comisiones", le cuenta al juez Felisa Isabel Jordán, contable de varias
empresas de la red corrupta. El jueves por la mañana Aguirre le pidió a él y a
los otros dos diputados imputados (Alfonso Bosch y Benjamín Martín Vasco) que
dejaran su escaño. Ninguno de los tres lo hará. Pero abandonarán el Grupo
Popular en la Asamblea. Algunos dicen que López Viejo ha avisado de que ese
tránsito hacia el repudio puede arrastrar a otros.
El viernes, al teléfono, estaba tranquilo. Pero rehusó hacer
declaraciones y se ciñó al escrito firmado junto a los otros dos diputados
expulsados en el que renuncia a formar parte de un grupo mixto en la Asamblea y
del que se desprende que seguirán siendo diputados. "Seguiré acudiendo como un
diputado más en cumplimiento de mis obligaciones", señaló. Éstas incluyen,
básicamente, acudir los jueves al pleno y votar. Por ello percibirá 3.808 euros
mensuales, un ordenador portátil, un móvil y descuentos en el transporte. Y eso
que ha renunciado a los privilegios que le da estar en el grupo mixto. Podría
duplicar su sueldo. Mientras tanto, dedicará el resto de tiempo a preparar su
defensa. En silencio pero mascullando la humillación.
Lo suyo siempre fue el estruendo. Que sonara su nombre, que se
hablara de él, y si era bien, mejor. En el Ayuntamiento de Madrid (1999-2003)
entró a ritmo de rock, el de la banda que utilizó para presentar los nuevos
vehículos del Selur, el cuerpo de limpieza que se hizo a medida de lo que creía
que merecía la concejalía que dirigía. Y a la Comunidad, llegó en 2003 cuando
sonaban los compases de la música de mitin de la campaña electoral de Esperanza
Aguirre, de la que fue principal escenógrafo. Controlaba cada detalle de los
actos públicos de Aguirre. Durante la última campaña electoral, en 2007, era
habitual verle comprobando el sonido o las luces del escenario durante los
mítines.
Lo de Alberto López-Viejo, imputado en el caso Gürtel y
principal contacto de la trama en la Comunidad, recuerda una compañera del
partido, "fue siempre el pinganillo, estar en los saraos y colocar a la gente de
las primeras filas". Por eso, el ex consejero de Deportes de la Comunidad de
Madrid, principal enlace de la trama corrupta en el Gobierno regional, entró en
contacto con Francisco Correa.
Miembro del clan de Becerril, un grupo de cachorros del PP en
la época de Aznar que ocupó cargos en el partido, amigo de Alejandro Agag y de
los asiduos a la discoteca Gabana, consiguió hacerse un nombre en el partido y
organizar los actos del PP nacional. Aterrizó en el Ayuntamiento de la capital
de la mano de José María Álvarez del Manzano y fue un polémico concejal de
limpieza (señalado por el interventor por irregularidades en las contrataciones,
adjudicaciones a dedo y superposición de contratos). Cuando Alberto
Ruiz-Gallardón llegó a la capital, lo apartó de inmediato.
Esperanza Aguirre lo acogió en sus brazos. Lo puso a prueba
primero y confió en él luego. Así, se convirtió en el niño mimado de la
presidenta regional durante los años que estuvo en la Asamblea. Su nombramiento
como consejero de Deportes se encontró con la oposición del todopoderoso Ignacio
González. El vicepresidente regional ya consiguió frenar su fulgurante ascensión
en 2003, pero cuatro años más tarde la presidenta no pudo negarle a su hombre de
confianza el cargo que le había prometido.
López Viejo recibió sobornos por valor de 536.000 euros de la
trama, según el sumario. Mientras Aguirre se negaba a creer todas las
acusaciones que le llegaban sobre el hombre que controlaba su agenda, en la caja
B de la red corrupta había una carpeta con su nombre donde se apuntaban
cuidadosamente todos los pagos que recibía a cambio de contratos públicos. No
sólo dinero. También recibió favores. Las empresas de la trama le organizaron el
cumpleaños de su hija, según revela el sumario.
En 2005 la revista Interviú publicó un reportaje sobre
la trama. Y ella le llamó a su despacho.
-No quiero un solo contrato más con Special Events.
-Te lo juro, presidenta. Ni uno más. No tienes que
preocuparte.
Así, más o menos, fue la conversación que tuvieron Aguirre y
su hasta entonces protegido, según asistentes y la propia presidenta. Ella le
creyó. Y él, en cierto modo, no mintió. Sólo que se dedicó a contratar a
empresas tapaderas de la misma red, pero con otro nombre. Ahí aparecen en la
contabilidad regional apuntes a favor de sociedades como Easy Concept,
Servimadrid Integral o Diseño Asimétrico, todas pertenecientes al entorno de
Correa.
Hasta 358 veces entre 2004 y 2008. Muchas veces llegando a
trocear los contratos para que no excediesen los 12.000 euros y poder eludir el
concurso público.
"Era un tipo encantador, siempre cordial, de muy buen humor,
no ponía pegas a nada", recuerda una colaboradora de la presidenta. Durante esa
época acudía puntualmente a las reuniones de agenda de los lunes, al selecto
grupo de maitines (sólo estaban invitados el vicepresidente, el portavoz del
grupo, la presidenta de la Asamblea y la jefa de comunicación) que servían para
planificar la semana con Esperanza Aguirre. Era, en suma, un tipo de confianza
al que le gustaba "el buen rollo" y que hablaba con todo el mundo. Un
conseguidor. El hombre que quería organizarlo todo.
Hoy ya no. Está solo. Quizá hable con su amigo, antiguo
compañero de escenografías electorales y también imputado por el caso Gürtel,
Alfonso Bosch. Poco más. Está solo y se siente abandonado. Le han echado, no le
quieren...
Como suele pasar, muchos ahora lo veían venir. Nadie dijo nada
entonces. Cuando pintaba algo todos le ofrecían su sonrisa. "No sé cuánto
aguantarán estos tres. Quizá Alberto más. Pero es muy dura la presión que
tendrán que soportar si no renuncian al acta de diputado", observa una compañera
de bancada. Esa que ahora le rechaza.
"Es desesperante que la mayoría trabajemos 14 horas para
ganarnos nuestro sueldo honestamente y luego vengan cuatro espabilados, se lo
lleven crudo y parezca que todos somos así", critica una diputada popular muy
molesta con la situación. Ése es el sentir de muchos. De los que efectivamente,
nunca metieron la mano en la caja. De los mismos, también, que no se
sorprendieron cuando esta semana leyeron el sumario. El nombre de López Viejo
aparece demasiadas veces.
www.elpais.es 11.10.09
ENTREVISTA
ARTURO GONZÁLEZ PANERO EX ALCALDE DE BOADILLA, IMPUTADO
"Bárcenas nos dijo: Tenéis que contratar con una agencia de Correa"
Arturo González Panero, ex alcalde de Boadilla del Monte
(Madrid) y apodado El Albondiguilla por los miembros de la trama corrupta
urdida por Francisco Correa, ocupa un lugar destacado en los primeros 17.000
folios públicos del sumario del caso Gurtel. De hecho, es a quien se le
impuso la fianza más alta, 1.800 millones. Su nombre aparece salpicado aquí y
allá en asientos contables (de hasta 510.000 euros de la caja b de la trama),
regalos, chantajes, viajes a Miami, concesiones a empresas cercanas a la trama y
adjudicaciones inmobiliarias dudosas de favor. Además, su actitud resulta la
menos complaciente con las peticiones del Partido Popular. En su momento se negó
a dimitir y fue el propio Mariano Rajoy y su portavoz, Esteban González Pons,
quienes le obligaron a dejar el cargo y pedir la baja voluntaria del partido.
"Pons me amenazó en tono chulesco", recuerda ahora en conversación telefónica,
cuando vuelve a revolverse contra los criterios del PP nacional y Esperanza
Aguirre y clama por la diferencia de trato con Luis Bárcenas, que aún sigue
siendo senador por los populares, y a quien apunta como uno de los más
implicados.
-
"Bárcenas me impuso a su
mano derecha, que le hacía favores en Iberia"
-
"Fui a Miami con Correa
porque tenía relación con los de arriba del partido"
Pregunta. ¿Va a entregar su acta de concejal?
Respuesta. Ni mucho menos, si acaso me iré al grupo mixto.
P.
¿Y su baja de militancia en el PP ya es
definitiva?
R.
En absoluto, no hay ningún expediente abierto. Yo
pedí una baja voluntaria, que fue lo que pacté con Paco Granados [secretario
general del PP madrileño].
P.
Pero se da por expulsado...
R.
No, de hecho, en mi renuncia hay una cláusula por
la que me reservo pedir el alta de nuevo.
P.
¿Siente que le han tratado de manera injusta con
respecto a los implicados en Valencia?
R.
Eso no es lo peor. Lo peor es lo de Luis Bárcenas,
que no sé por qué se le trata tan distinto y sigue siendo senador por el Grupo
Popular cuando está imputado igual que yo o más.
P.
¿La implicación de Bárcenas es más grave que la
suya?
R.
Me llama mucho la atención cómo le ha tratado el
partido y que se espere mucho más y se tenga tanta paciencia con él. A mí,
Bárcenas me impone en Boadilla a su mano derecha, que es Francisco Sánchez
Arranz y que es algo más que un gran amigo suyo y le hacía favores en Iberia,
donde trabajaba. Sánchez Arranz entraba en el despacho de Bárcenas como Pedro
por su casa y a mí me pide en 2003 que le meta en las listas y yo le meto sin
problemas. Después decidí quitarle, en 2007, y desde entonces me amenazaban.
P. ¿Pero son ellos quienes introducen a Correa en
Boadilla?
R. A mí Bárcenas me impone a su mano derecha y eso
lo sabe todo el mundo.
P. Pero usted se va de viaje a Miami con Francisco
Correa.
R. Precisamente en ese viaje me presentan a Sánchez
Arranz, de hecho, me entero después de que montaron ese viaje para que lo
conociera [a Sánchez Arranz].
P. Ya, pero usted ya tenía planeado el viaje con
Correa.
R. Es por José Galeote, que era concejal mío de
Turismo, que me dice que la gente de Correa tiene relación con la gente que
manda en el partido, los de arriba, y que me llevan a conocer personas que se
relacionan con dirigentes del partido. Además, me llevan gratis y en una
categoría superior y como yo nunca he estado en Miami, voy. Fue todo normal.
P.
Pero usted figura en muchas ocasiones en el
sumario como parte importante de la trama.
R. Eso no es verdad. En Boadilla sólo firmamos tres
contratos con ellos, que por cierto tienen unos expedientes impecables, y en el
mayor de todos, el de la Oficina de Atención al Cliente, yo no firmé nada porque
estaba de viaje. De hecho, quien lo firmó es el que actualmente es el alcalde,
Juan Siguero. Con Pasadena Viajes [de Correa] contratamos desde 2001 a 2005
porque nos lo había pedido Bárcenas. Nos dijo: 'Tenéis que contratar a estos'.
P. Pero no negará su relación con Correa.
R.
Muy superficial, quienes le contrataban eran del
partido. El PP les contrató muchas más cosas y lo hacían bien, pero para mi
gusto eran muy careros. Nosotros no hemos encargado mítines a Correa como hizo
Rajoy.
P.
¿Y el vídeo en el que se le ve a usted contando
dinero y con el que supuestamente le chantajeaba Correa?
R.
Eso lo dice Correa a una tal Jordán
[administradora hasta 2007 de las empresas de la trama]. Todo lo que sale de mí
en el sumario es a través de terceras personas.
P. ¿Y los contratos con constructoras, como UFC?
R.
Eso no tiene nada que ver con Correa.
P. O sea, que piensa que el PP ha gestionado mal el
escándalo.
R. Desde el principio el PP nacional se ha
equivocado. Pensaron que echándome a mí y diciendo que había dimitido cuando era
mentira les serviría para capear el temporal, sin saber que tenían problemas
mucho peores. Quisieron desviarlo torpemente a algo local, cuando apenas
teníamos relación con Correa, y ahora se encuentran en esta tesitura. Decidieron
que aquí paz y después gloria.
P.
¿Por qué cree que Rajoy hizo ese anuncio?
R. No lo sé, porque Garzón no me dijo nada al
declarar. Además, a mí ese mismo día Granados me dice que van a esperar y luego,
por la noche, el secretario regional lo reconoció en una reunión de concejales
en Boadilla.
UN EDIL DESOBEDIENTE
La presidenta madrileña, Esperanza Aguirre, que dirige el PP
de Madrid con mano férrea, exigió el jueves a los cinco imputados de su partido
en el caso Gürtel, tres diputados y dos alcaldes, que abandonaran los
grupos del PP. También les pidió, sin éxito en la mayoría de los casos, que
abandonaran las instituciones. Los tres diputados imputados, el ex consejero
Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alberto Bosch, dejaron el grupo, pero
siguen en la Asamblea para mantenerse como aforados. El ex alcalde de Pozuelo
Jesús Sepúlveda anunció ayer su marcha.
·
"Bárcenas nos dijo: Tenéis que contratar con una
agencia de Correa"
En Boadilla, González Panero debía imitarle pero no lo hizo.
Ni se presentó en el pleno. El alcalde actual, Juan Siguero, anunció que lo
expulsará del grupo del PP el martes.
www.elpais.es 10.10.09
BOADILLA DEL MONTE, EN EL EPICENTRO DE LA TRAMA
Correa extorsionaba
al ex alcalde Panero
"¿No ves que tengo a Arturo pillado con ese vídeo?". El papel
que Francisco Correa desempeñaba en Boadilla (42.000 habitantes) se resume con
esta frase lanzada por el capo del Gürtel a Felisa Jordán, una de las
contables de la trama y actual imputada. Jordán revela en el juzgado cómo Correa
extorsionaba al ex alcalde de Boadilla Arturo González Panero. Ante las
reticencias de la contable, Correa le espeta: "No seas tonta, ¿no ves que le
tengo comiendo de mi mano?". El jefe de la trama corrupta le cuenta que tiene un
vídeo sobre el Albondiguilla (sobrenombre que daba a González Panero) en
el que, supuestamente, se le observa contando una gran cantidad de dinero. Es la
comisión que Correa le entregó en 2005 por adjudicar una parcela a la
constructora UFC a pesar de que su oferta era tres millones de euros inferior a
las rivales.
·
Ortega colocó a la mujer de Correa en su ayuntamiento
·
"Le di un Range Rover y me iba a pagar una obrita"
·
El Gafitas medió en contratos urbanísticos
·
El 'caso Gürtel' violenta la Asamblea
Correa: “Tengo a Arturo González Panero comiendo
de mi mano”
La empresa pertenece a otro de los imputados de la trama, José
Luis Ulibarri. Aquel contrato llegó en octubre de 2005. Pero las actividades del
Gürtel en Boadilla comienzan años antes, cuando el único negocio de la red era
la organización de viajes a través de Pasadena. En 1999 el Ayuntamiento contrata
por primera vez a esta empresa. Es una de las sociedades que organiza los actos
al PP nacional y llega recomendada.
El ex alcalde, mientras, se niega a marcharse del Consistorio.
Correa tejió su red hasta convertir este próspero municipio
del oeste de la región en el epicentro de la trama, el mejor negocio de la red.
Sólo un contrato de UFC, por 35 millones de euros, supera 11 veces la cantidad
que el conglomerado de las empresas del Gürtel facturaron a la Comunidad de
Madrid entre 2004 y 2008.
El Ayuntamiento de Boadilla era refugio y plataforma de
operaciones de varios de los imputados de la trama corrupta. Accedían sin
problemas a los despachos del Ayuntamiento de Boadilla. Alfonso Bosch, diputado
regional, era el gerente de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo de Boadilla
(EMSV), y desde allí intermedió para adjudicar contratos a empresas vinculadas
con la trama. Tomás Martín Morales, estrecho colaborador y amigo de Correa, era
el consejero delegado de esta sociedad pública que controlaba el urbanismo en la
localidad (EMSV). Desde su posición intervino para favorecer a sociedades que
proponía Correa. Martín Morales colocó a su mujer en el Ayuntamiento de Boadilla
sin avisar a los responsables de la red.
Las actividades de la trama en Boadilla comienzan en 1999.
González Panero contrata varios viajes con Pasadena Viajes, una de las firmas de
la red corrupta. El alcalde viaja en 2002 a Miami acompañado de Francisco Correa
y Gerardo Galeote, otro de los imputados que ocupaba un cargo en la empresa de
deporte municipal. En esos años, el Ayuntamiento también encarga la organización
de varios actos a Servimadrid Integral.
Los personajes relacionados con la trama en Boadilla gozaban
de un elevado nivel de vida. Todos han cobrado de la trama corrupta, según se
desprende del extracto del sumario hecho público esta semana. Tienen cuentas
personales en la caja B de las empresas de la trama. Lucen potentes coches,
lujosas casas, frecuentes viajes y mucho dinero.
Miembros de la investigación hallan un pendrive que contiene
la contabilidad del dinero negro de la red. En el archivo BOX V51, una de las
cajas de seguridad aparece una entrada de 900.000 euros y varios apuntes de
retirada de efectivo en mayo de 2007 con el epígrafe: “Entrega Tomás Martín en
oficina”. Las tres partidas son de 150.000, 200.000 y 300.000 euros (660.000).
Contienen en las observaciones las referencias “Santo Albondiguilla” y
“Albondiguilla América”.
La ambición crece y el negocio despega. La historia del caso
Gürtel en Boadilla se concentra en cuatro grandes operaciones: la adjudicación
de la Oficina de Atención al Ciudadano a Easy Concept a principio de 2005 por
506.000 euros anuales durante 14 años; la concesión en septiembre de 2005 de 32
locales comerciales y 180 plazas de aparcamiento a una empresa de Ramón Blanco
Balín, asesor financiero y testaferro de Correa, por un canon anual de 320.000
euros; y también se atribuye al caso la adjudicación de una parcela a UFC en
octubre de 2005 por 27 millones de euros, y la concesión de la obra de la Ciudad
Deportiva de Boadilla a la Constructora Hispánica en mayo de 2007 por unos 30
millones. Tomás Martín recibió días después 660.000 euros de la red corrupta.
La trama hizo jugosos negocios logrando para las constructoras
algunos contratos municipales a cambio de comisiones. González Panero, según la
investigación judicial, recibió parte del pastel. Fue agasajado con dádivas y
dinero. Recibió 135.409 euros de la caja B, según el sumario, más otros 510.000
atribuidos con Tomás Martín.
Pero no sólo hubo sobres repletos de billetes. Los cabecillas
del Gürtel también se ocuparon del armario del ex alcalde. Le regalaron trajes
de Milano. En la contabilidad B aparece que también recibió una televisión de
plasma. Jordán contó que le consiguieron una rebaja en sus clases de golf. Todo
estaba controlado. Boadilla era el trampolín de Correa que engordaba el negocio
gracias a su amistad con Alberto López Viejo, el ex consejero que organizaba
todos los actos a la presidenta regional, Esperanza Aguirre. A la Comunidad le
facturó tres millones de euros. Y también contrató para el partido por una
cantidad aún desconocida. López Viejo y González Panero eran grandes amigos.
En febrero cuando estalló el caso Gürtel, el PP nacional forzó
la suspensión de militancia del ex alcalde. Se hizo el remolón para dimitir de
la alcaldía y se lo hizo para abandonar el poder que tanto le ha dado. Ahora el
ex edil se resiste a abandonar la política. El pasado martes se hizo pública
parte de la investigación judicial y la dirección regional del PP, que preside
Aguirre, no tardó en actuar. Ordenó expulsar a los imputados de los grupos del
PP en las diferentes administraciones. Pero Panero ha esquivado la orden.
www.elpais.es 10.10.09
EL EX REGIDOR DE POZUELO SE VA PERO SIGUE CON RAJOY
Jesús Sepúlveda deja
su acta de concejal
El ex alcalde de Pozuelo de Alarcón (81.00 vecinos) Jesús
Sepúlveda, uno de los tres ex regidores madrileños imputados en el caso
Gürtel de corrupción vinculada al PP dejó ayer por la mañana su acta de
concejal en el Ayuntamiento. Sepúlveda lo comunicó a sus ediles, tras mantener
una conversación el día anterior con la presidenta de la Comunidad, Esperanza
Aguirre, que le pidió que abandonase su puesto como concejal.
·
"Le di un Range Rover y me iba a pagar una obrita"
·
El 'caso Gürtel' violenta la Asamblea
El juez que ha instruido el caso, Baltasar Garzón, le acusa de
recibir comisiona que suman 423.000 euros de la trama corrupta, además de
regalos: un todoterreno, un jaguar y una pantalla de plasma. El pasado mes de
marzo, Sepúlveda fue suspendido cautelarmente de militancia tras ser imputado en
el caso Gürtel y se mantuvo como concejal en el grupo. Entonces aseguró que los
hechos que se le imputaban "nada tienen que ver con este Ayuntamiento", aseguró.
"Me voy por imputaciones falsas que se refieren a mi anterior etapa política, en
absoluto vinculada a Pozuelo y su Ayuntamiento".
Después de quedarse como edil, habló con el presidente
nacional del partido, Mariano Rajoy, para poder incorporarse a su puesto de
asesor del PP, que tenía antes de ser senador y alcalde. Rajoy le comunicó que
sí podría incorporarse.
Jesús Sepúlveda ha hecho caso a la presidenta regional de su
partido y se ha marchado del Ayuntamiento de Pozuelo, municipio en el que vive y
en el que ha ganado dos veces las elecciones. Pero está en nómina del PP, como
asesor desde que Rajoy lo recuperara. El ex alcalde, un hombre de la vieja
guardia muy cercano a José María Aznar, adujo que él era empleado del PP -antes
AP- desde 1982 y que pidió una excedencia cuando se presentó a las elecciones.
El ya ex edil de Pozuelo tiene 54 años, es madrileño y estuvo
casado con la diputada nacional Ana Mato. Comenzó su carrera en Castilla y León.
José María Aznar era entonces presidente de la Junta, y Mato estaba en su
gabinete. Él fue gerente de esa comunidad entre 1987 y 1991.
La pareja volvió a Madrid cuando Aznar fue elegido presidente
del partido. En esa época, durante una década, organizaba los actos del PP, y
conoció a Francisco Correa, el responsable de la trama corrupta. Le encargaba
trabajos. Posteriormente, fue elegido senador por Murcia. En 2003, el líder
saliente le nombró candidato a la alcaldía de una de las ciudades más
importantes para el PP, un municipio con la renta per cápita más alta de
España. El sitio que él había elegido para vivir.
Cuando ganó las elecciones, se rodeó de asesores y cargos de
confianza. Quienes trabajaron con él le definían como alguien amable, plano,
gris y acostumbrado a glosar las bondades de los vecinos de Pozuelo. Ningún
mensaje de altura.
El ex edil es próximo al secretario de organización, Juan
Carlos Vera, y al tesorero del PP, Luis Bárcenas.
Sepúlveda, según datos del Ayuntamiento de Pozuelo, vive en un
adosado de una lujosa urbanización de la ciudad, La Finca, donde suele jugar al
pádel. Tiene de vecinos al futbolista Raúl, al torero Fran Rivera y al
motociclista Fonsi Nieto.
www.elpais.es 10.10.09
EL 'CASO GÜRTEL' VIOLENTA LA ASAMBLEA
Aguirre fuerza un
cambio en el Reglamento de la Cámara para impedir que haya grupo mixto - Los
diputados imputados se adelantan y renuncian a los beneficiosEl PP planea
acortar al máximo la tramitación del cambio de reglamento
La amenaza de que los tres diputados imputados en el caso
Gürtel puedan beneficiarse de su salida del grupo del PP obligó ayer a la
presidenta regional, Esperanza Aguirre, a forzar un cambio en el Reglamento de
la Asamblea. Quiere que los parlamentarios que dejan un grupo no vayan al mixto,
ni tengan prestaciones, sino que sean diputados no adscritos. Y lo quiere ya.
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Ortega colocó a la mujer de Correa en su ayuntamiento
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"Le di un Range Rover y me iba a pagar una obrita"
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El Gafitas medió en contratos urbanísticos
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Boadilla del Monte, en el epicentro de la trama
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El ex regidor de Pozuelo se va pero sigue con Rajoy
Por eso, el PP registró una propuesta, tramitada por la vía de
urgencia, que debatirá la Mesa de la Asamblea (controlada por el PP) el martes a
las 9.30, que violenta el reglamento al sentar un precedente de dudosa
legalidad. La proposición del PP, que fija que los diputados no adscritos gocen
"únicamente de los derechos individualmente reconocidos reglamentariamente",
incluye una disposición transitoria cuestionada por la oposición, PSM e IU. En
ella, el PP pretende que la reforma se aplique desde el momento en que la Mesa
admita su tramitación. Es decir, que haya efecto retroactivo para restringir los
derechos de los diputados.
Aguirre defendió ayer la "urgencia" de la misma reforma a la
que se opuso en 2003, cuando estalló el tamayazo. Meses después, al ser
elegida presidenta, se comprometió a introducir la misma modificación que
defiende ahora. Sólo que en seis años no lo ha hecho. Además, los imputados le
restaron ayer argumentos a la urgencia, al registrar en la Asamblea su renuncia
a los beneficios del grupo mixto.
Pasaba la una de la tarde cuando el diputado Alfonso Bosch,
imputado en el caso Gürtel, llegó al Registro de la Asamblea para
presentar el escrito con su renuncia, y la de sus compañeros el ex consejero
Alberto López Viejo y el ex portavoz adjunto del PP Benjamín Martín Vasco, a
pertenecer al grupo del PP.
Su presencia causó revuelo en la Asamblea. A esa hora ya se
sabía que el PP había puesto en marcha la reforma para impedirles formar grupo
mixto y los imputados de la trama Gürtel se habían esfumado desde su
reunión con Aguirre. Hasta en el PP se temían que aprovecharan el documento para
solicitar la formación de grupo mixto. Pero la sorpresa llegó al comprobar el
texto registrado. Además de su marcha, los diputados renunciaban "a las
subvenciones o ayudas económicas, uso de vehículos oficiales, personal
administrativo y cualquier otra prestación o ayuda". Este paso, que cerraba
todas las dudas sobre lo que pensaban hacer, acabó de un plumazo con el
argumento de las prisas en la reforma.
"Es cierto que no hay tanta urgencia, pero la situación de
estos diputados es irregular", explican fuentes populares. Porque el reglamento
de la Cámara, tal y como está, les da automáticamente la consideración de grupo
mixto, aunque exige que lo apruebe primero la Mesa. Es decir, que no pueden no
estar en ningún grupo. Y si no están en el del PP, es el mixto. "Por eso hay que
dejar las cosas arregladas", dicen las mismas fuentes.
El capítulo VI del Reglamento permite al PP plantear una
reforma por el procedimiento de urgencia. Y ésta tiene que estar motivada. Los
populares tienen muy fácil aprobar esta fórmula, porque sus diputados copan
todas los estamentos de la Cámara. Por eso, Aguirre aprovecha esta mayoría para
sacar adelante todo lo que se propone. Y dará igual el argumento que utilice
para justificar la urgencia, porque sus diputados en la Mesa la aceptarán. Desde
que gobierna, ocurre casi siempre.
La oposición llamó ayer a la prudencia. Los dos grupos, PSM e
IU, están de acuerdo en que hay que crear la figura del diputado adscrito.
Fueron ellos los que lo propusieron en 2003 y vieron rechazada su propuesta.
Pero cuestionan que haya que utilizar el procedimiento de urgencia. Y, en todo
caso, piensan que debe aprovecharse la tramitación para incluir otros cambios.
"No se pueden atropellar los derechos de la Asamblea", se
quejó la portavoz socialista, Maru Menéndez. "Tiene prisa porque tiene que dar
la imagen de que actúa".
"La reforma deberá ajustarse al marco legal y a la tramitación
ordinaria", afirmó la portavoz de IU, Inés Sabanés. "Lo que descartamos es la
barbarie legal que la prepotencia de Aguirre ha llevado a la Mesa", insistió, en
referencia a la disposición transitoria. "Creo que la Mesa prevaricaría si
admite eso".
www.elpais.es 10.10.09
CORREA HACÍA HASTA LOS BELENES DE
LA PRESIDENTA
Una de las acusaciones que más se
repiten entre los enemigos de Esperanza Aguirre, especialmente los marianistas,
es la de que siempre piensa en sí misma antes que en el partido. Ahora ella
trata de huir del fuego del caso Gürtel. Al contrario que a Francisco Camps, no
le afecta personalmente, porque apenas tenía relación con los jefes de la trama,
pero sí le toca muy de cerca.
Tanto que la red organizó durante
años prácticamente todos los actos de la presidenta. Lo hacía gracias a sus
contactos con Alberto López Viejo, una persona tan cercana a la presidenta que
ella lo recuperó como director general cuando Alberto Ruiz-Gallardón lo apartó
del Ayuntamiento por un escándalo en la gestión de las basuras.
La presidenta premió tiempo después
la fidelidad de López Viejo convirtiéndolo en consejero de Deportes, algo que
fue muy polémico internamente, puesto que ya tenía fama de personaje oscuro.
Todos los consejeros sabían que para
los actos había que hablar con López Viejo, que a su vez contrataba a Correa,
aunque según el entorno de Aguirre lo hacía a sus espaldas.
Las diferentes empresas de Correa
tenían tanto acceso a la Real Casa de Correos, el palacio donde Aguirre tiene su
despacho, que hasta organizaban el conocido belén navideño que ella siempre
supervisa personalmente, hasta el punto de que un año ordenó cambiar al niño
porque no lo veía proporcionado. En el sumario figuran dos contratos a
Servimadrid, empresa de la red, uno en 2006, de 11.990 euros por "Escenario
Belén" (12.000 es el límite legal a partir del cual hay que abrir un concurso
público) y otro en 2007, de 11.995,39 euros en concepto de "montaje belén". En
total, el Gobierno de Aguirre firmó 358 contratos con la red entre 2004 y 2008,
por un total de tres millones de euros.
(www.elpais.com,
09/10/09)
CORREA Y LAS "CHORIZADAS" DE
MADRID
"Todos los actos son chorizadas,
todos". Los actos a que se refiere la frase son aquellos cuya organización
encomendaba la Comunidad de Madrid a empresas de la trama Gürtel. Y quien habla
de chorizadas no es ningún miembro de la oposición, sino Francisco Correa, jefe
de la red corrupta. La transcripción de una de las grabaciones que José Luis
Peñas, denunciante del caso y ex concejal del PP en Majadahonda, aportó a la
Policía muestra cómo Correa hace un reconocimiento explícito de las
irregularidades que rodeaban a esos actos. Y muestra cómo, junto con su
lugarteniente, Pablo Crespo, desmenuza el modus operandi seguido. "Nos han hecho
crear empresas", dice Correa en un momento de la charla. "Nos han hecho crear
empresas para facturar", añade a renglón seguido Pablo Crespo. La red, comunica
Correa a sus subordinados y a Peñas, conoce "todas las guarrerías que han hecho
en la Comunidad de Madrid, todo lo que se ha facturado de más".
Su número dos en la trama, Pablo
Crespo, relata en esa misma conversación cómo cada vez que el Gobierno de
Esperanza Aguirre encargaba un acto a alguna de las empresas del conglomerado
Gürtel, llegaban instrucciones para que "dividieran la facturación". Ambos
hablan sin tapujos sobre Alberto López Viejo, viceconsejero de Presidencia entre
2004 y 2007 y consejero de Deportes hasta que en febrero dimitió arrastrado por
la marea del caso Gürtel, aunque conservó su acta de diputado en la Asamblea de
Madrid y se mantuvo adscrito al grupo parlamentario del PP hasta ayer.
Crespo explicó a sus contertulios de
manera nítida cómo funcionaba el sistema: "Alberto López Viejo, como
viceconsejero de Presidencia, era el muñidor de toda la operativa. Él decía:
ahora es un acto de Sanidad, que cuesta 80.000 euros, y facturáis 11.900 IVA
incluido a fulanito a través de una empresa, otros 11.900 y pico...". Las
facturas se troceaban siempre. Y no una sola vez, precisa Crespo: "Ese
fraccionamiento se hacía, a lo mejor, yo qué sé, por darte un dato, pero a lo
mejor siete veces al mes".
Es en ese punto cuando Peñas tercia
para recordar que la condición siempre era que la cantidad a facturar no
sobrepasara los 12.000 euros. Porque ese es el importe máximo que la legislación
sobre contratos públicos permitía hasta 2007 adjudicar a dedo. Son los llamados
contratos menores. Y los concedidos por la Comunidad de Madrid a empresas de la
trama, como Servimadrid, Easy Concept, Diseño Asimétrico y Good and Better
abundan en el sumario del caso Gürtel. La adjudicación directa, sin concurrencia
de ningún tipo, no fue el único método empleado: en diciembre de 2008, Diseño
Asimétrico obtuvo de la Consejería de Inmigración un contrato de 69.000 euros
sometido a procedimiento negociado sin publicidad. La consejería invitó a tres
empresas: todas vinculadas al entramado de Correa.
"Alberto está pringado aquí con
nosotros", resume un Correa profético que se permite quejarse de que la justicia
"no funciona". El empresario venido a más gracias a sus negocios con el PP
ignoraba entonces que Garzón acabaría por tirar del hilo de la red. Y que el
juez Antonio Pedreira, instructor del caso Gürtel en el Tribunal Superior de
Madrid, observaría indicios de que López Viejo aprovechó "sus cargos públicos
anteriores (viceconsejero de Presidencia) para favorecer a alguna de esas
empresas". "[De] cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba
una pasta Alberto", subraya Correa. Director adjunto de la campaña de Aguirre
para las autonómicas de octubre de 2003, las segundas del año, forzadas por el
tamayazo, López Viejo cobró de la trama 563.000 euros, según el sumario.
El nexo entre las "chorizadas" era
que todos los actos organizados por Alberto López Viejo tenían como protagonista
a Esperanza Aguirre. "Actos de 100.000 euros matiza Crespo quejoso había pocos,
pero de 20.000 o 30.000 había muchos, y para un acto de 30.000, había que hacer
cuatro facturas, que la señora esta estaba todo el día en hospitales, en
metros..." Los actos los organizaba López Viejo, pero dependían "de muchas
consejerías", subrayó el número dos de la trama.
Los términos del diálogo entre
Correa, Crespo y Peñas sugiere que acordaron presionar al PP o chantajearlo para
que la Comunidad de Madrid pagara a las empresas de la trama la deuda que, al
parecer, arrastraba con ellas. Y ofrecen a Peñas actuar como herramienta de
presión. El interpelado acepta ir por donde Correa y Crespo quieran "Si queréis
ir vía político, vía medios de comunicación o vía judicial", dice, pero Correa
desliza otra idea: "Pactar antes con ellos". Peñas acepta con un pero: "¿Con
Esperanza? Es muy difícil, ya lo sabes, es muy difícil".
En la transcripción hay un párrafo
que constata hasta qué punto eran ajenos Correa, Crespo y sus otros
correligionarios a la que se les venía encima. Cuando Peñas pregunta si nada de
lo descrito lo ha visto la oposición, Pablo Crespo responde así: "No han sido
capaces de verlo. No son capaces de llegar, no son metódicos". Y él mismo
explica el porqué: "Porque tienen que investigar; dígame usted cuánto se ha
gastado la consejería tal en luz y sonido durante este año, pregunta en el
Parlamento; igual que esa tienen que hacer 200". Y si hacen las preguntas,
admite Crespo, tardan en responderle "cuatro meses u ocho".
El lugarteniente de Correa estaba en lo cierto. De hecho,
los socialistas habían pedido con insistencia los contratos de
Special Events, empresa matriz de la red, y de otras
sociedades en la órbita de Correa. La respuesta llegó por fin y permitió
averiguar que en un solo año, entre 2004 y 2005, Alberto López Viejo había
adjudicado 76 contratos menores a la trama por 570.000 euros.
En la charla hay pistas que indican
que se grabó poco antes de Navidades, posiblemente las de 2007. Es la cercanía
de los comicios "El año que viene son generales", dice Peña lo que hace que la
trama se vea tentada de emprender el chantaje contra López Viejo, quien les
adeudaba "un millón de euros". Correa estaba "hasta los huevos".
(www.publico.es,
09/10/09)
LOS DIPUTADOS DEL 'GÜRTEL' VAN AL
LIMBO
Del grupo popular al grupo mixto,
pero triplicando su sueldo. Es el futuro, a tenor del Reglamento que rige la
Asamblea de Madrid, que les espera a los tres diputados imputados en el caso
Gürtel, Alberto López Viejo, Benjamín Martín y Alfonso Bosch, que ayer fueron
expulsados del grupo del PP por la presidenta regional, Esperanza Aguirre.
Por eso, el PP trata de forzar que
los imputados no formen grupo mixto, aunque lo tienen difícil. Al igual que ya
ocurrió con los tránsfugas Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, los tres
diputados deberán comunicar en el Registro el abandono del grupo y la Mesa de la
Asamblea debe admitirlo. Luego, si solicitan la constitución del grupo mixto, la
Mesa debe acordar que lo concede, según el artículo 39.4 del Reglamento.
La cuestión a la que pretende
aferrarse el PP es que, si estos diputados no lo solicitan, la Mesa no tiene por
qué concederles la formación del grupo mixto. Quedarían entonces en un limbo
político, porque en el Reglamento de la Asamblea no figura el concepto de
diputado no adscrito, como en el Congreso.
En caso de que lo solicitaran, la
Mesa está obligada a concederlo y los imputados tendrían derecho a todos los
beneficios añadidos. Eso aumentaría su sueldo automáticamente. Además de los
3.808 euros mensuales que cobran en la actualidad los diputados con dedicación
exclusiva, los portavoces de grupo perciben 2.123 euros más al mes en concepto
de indemnización, según un acuerdo de la Mesa.
Y si entran a formar parte de las
comisiones, otros 941 euros por ser portavoz de grupo en ellas. Es decir, que
podrían duplicar su sueldo: de 3.808 euros a 6.872 euros mensuales. Dos
diputados por grupo son, además, miembros de la Junta de Portavoces. Les supone
un plus de 1.656 euros. Es decir, un salario de 8.528 euros al mes. Casi el
triple de lo que cobran ahora.
Además, el grupo percibe 20.000
euros mensuales para sus gastos de trabajo. Con ellos se contrata a asesores y
secretarias o se abona, por ejemplo, el gasto en fotocopias, teléfono y material
de oficina.
Cuando se produjo el tamayazo en
2003 hubo un acuerdo político unánime de los grupos para modificar el Reglamento
de la Asamblea e impedir que un tránsfuga saliera de un grupo y se viera
beneficiado por ello. Pero la desidia del Gobierno de Esperanza Aguirre ha
impedido que eso se produjera. Porque para modificar el Reglamento, que tiene
rango de ley, aunque sean normas de funcionamiento interno, hace falta otra ley.
Aguirre no la ha presentado en estos seis años.
Fuentes del PP aseguran que los
diputados no son muy beligerantes en la cuestión del sobresueldo. Es algo que
podrían haber zanjado antes de marcharse del grupo. Otras fuentes señalan que
Aguirre no trató de su futuro en la reunión de ayer por la mañana en la que los
expulsó del grupo.La presidenta regional, Esperanza Aguirre, y su equipo más
cercano eran conscientes de que la marcha de los tres diputados imputados en el
Gürtel podría volverse contra ella, si éstos triplican su sueldo por abandonar
el grupo del PP y pasar al mixto.
Por eso, desde hace dos días, los
servicios jurídicos de la Presidencia de la Cámara buscan a toda prisa una
fórmula para dejar a estos diputados fuera del grupo mixto. Han encargado un
nuevo informe técnico para justificar la medida.
Después, el objetivo del PP es la
modificación del Reglamento, pese a que ha dejado pasar seis años sin solucionar
el asunto de los tránsfugas, situación que ya se produjo con el tamayazo en el
verano de 2003. Entonces, al PP no le importó que formaran grupo. Pero ahora el
caso da de lleno en el seno del grupo popular.
El pistoletazo a la modificación lo
dio ayer Esperanza Aguirre, al asegurar en una radio su disposición al cambio
del Reglamento. "Si hay que hacer reformas, háganse", afirmó. De nuevo, Aguirre
pretende utilizar la Asamblea para modificar las leyes según su propia
conveniencia política, utilizando su mayoría. Ahora, 64 de 120 diputados.
Rauda y veloz, la Cámara regional,
que está controlada por el PP, anunció a los diputados que habrá una reunión de
la Comisión de Reglamento el próximo 15 de octubre. Pero la modificación de la
norma no se hace en un día. Incluso si se tramita por la vía de urgencia, se
demoraría más de un mes. Y el anteproyecto de ley no podría aprobarse antes del
próximo jueves, cuando se reúne el Consejo de Gobierno. "El Reglamento sólo
contempla que un tránsfuga pase al grupo mixto. Si se quiere luchar contra eso,
lo razonable es que se modifique", justificaban fuentes populares.
La prisa que ahora tiene el PP no
fue la misma hace seis años. Después de que Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez
abandonaran el grupo socialista y formaran el mixto, PSM e IU trataron de
reformar el Reglamento por la vía urgente. Pretendían incluir lo mismo que ahora
planean los populares: la figura del diputado adscrito, al que no se le conceden
los beneficios del grupo mixto. El PP rechazó entonces la propuesta.
Después, cuando se repitieron las
elecciones y Esperanza Aguirre se convirtió en presidenta, ésta, en su discurso
de investidura, prometió modificar el Reglamento en el mismo sentido. La
Asamblea constituyó una ponencia, que formaba parte de la Comisión del Estatuto.
Sus sesiones se alargaron, pero no se produjo ninguna reforma. No hubo consenso,
porque el PP introdujo la propuesta de modificar el distrito único electoral en
circunscripciones, una medida que le enfrentó a la oposición. Sin Tamayo, la
urgencia no era tal.
La portavoz de IU, Inés Sabanés, fue
la única que ayer hizo hincapié en la cuestión de las prebendas para los
diputados del caso Gürtel. "Además de esquilmar las arcas públicas, acaban
premiados en un supuesto grupo mixto", reprochó Sabanés en los pasillos de la
Asamblea. "No quiero ni pensar que se genere una crisis de tal magnitud. Sería
un escándalo como para cuestionar la legitimidad de un gobierno". Por eso,
exigió a los imputados que entreguen "acta, grupo y parlamento". Y agregó: "Todo
lo demás es una trampa".
La portavoz socialista, Maru
Menéndez, se centró en pedir a los diputados que abandonen su escaño "porque no
son dignos de representar a los ciudadanos". Pero el portavoz del PP, David
Pérez, echó balones fuera. Aseguró que el PP "ha llegado hasta donde puede
llegar", porque no se le puede pedir el acta a un diputado. También acusó a la
oposición de no seguir el ejemplo del PP y no echar a sus imputados de su
bancada. Como si no hubieran tardado meses en expulsarlos.
Salario de un escaño
- El diputado con dedicación
exclusiva cobra 3.808 euros mensuales, en 14 pagas.
- Por ser portavoz de grupo se
añaden 2.123 euros mensuales, caso en el que estaría alguno de los imputados si
pasasen a la agrupación mixta.
- El portavoz de cada grupo en la
comisión añade un complemento de 941 euros.
- Dos diputados por grupo, como
máximo, forman parte de la Junta de Portavoces. Ganan un sobresueldo de 1.656,29
euros.
(www.elpais.com,
09/10/09)
"ESTABA EN EL REPARTO. ORGANIZÓ
LA BODA DE ALEJANDRO AGAG"
-Es diputado regional. El hombre de
confianza del consejero de Deportes, Alberto López Viejo, son siempre uña y
carne.
-¿Estaba también en el reparto?
-Sí, estaba en el reparto. Alfonso
Bosch fue el que organizó, por ejemplo, la boda de Alejandro Agag, fue el que la
organizó paso a paso, el que montó todo. Es un hombre de confianza, de
superconfianza, de Francisco Correa.
La conversación forma parte de la
declaración que José Luis Peñas, ex concejal de Majadahonda, realizó ante el
tribunal que investiga el caso Gürtel.
Alfonso Bosch sabía de los
tejemanejes de Francisco Correa desde hacía tiempo. Conocía de primera mano los
métodos de Correa, pues estaba presente en la extorsión del capo de la red
corrupta al alcalde de Boadilla, Arturo González Panero, para hacer negocios en
la localidad, según consta en el sumario judicial del caso Gürtel. Correa grabó
a González Panero contando una gran cantidad de dinero que había recibido de una
supuesta comisión. Bosch también sale en la imagen.
El diputado regional tenía
experiencia política. Fue concejal de El Escorial, donde se ocupó del urbanismo
entre 1999 y 2003. Pronto medró en el partido hasta convertirse en diputado
regional, cargo que compatibilizó con la gerencia de la Empresa Municipal del
Suelo de Boadilla (EMVS). Desde allí participó en la adjudicación de contratos a
Down Town Consulting y Easy Concept en Boadilla. Este municipio se convirtió en
el epicentro de la trama corrupta en la región. En Boadilla logró para Easy
Concept la concesión de la Oficina de Atención al Cliente por un periodo de 14
años gracias a su mediación. Bosch participó también en la adjudicación de una
parcela en esta localidad para construir 130 pisos de lujo a UFC, a pesar de que
presentó una oferta tres millones inferior a la principal rival.
Intermedió también en la
adjudicación del proyecto de construcción de la ciudad deportiva a Hispánica y
de unos locales comerciales a una empresa de José Ramón Blanco Balín, imputado
en el Gürtel.
La relación de Bosch con Correa no
era desinteresada. En la contabilidad B del entramado de empresas que dirige
Correa aparecen apuntes que revelan entregas de dinero al diputado por 250.562
euros. En estas cantidades se incluye un sobre con 120.000 euros que recibió de
Pablo Crespo, el lugarteniente de Correa en la trama. Correa asegura que es
Bosch el que está al frente de todo el tinglado de Boadilla.
(www.elpais.com,
09/10/09)
"COBRABA UNA COMISIÓN POR LOS
ACTOS QUE HACÍAMOS"
El diputado Alberto López Viejo,
madrileño de 41 años, era una pieza clave de la trama Gürtel en Madrid, según se
desprende del sumario. Actuó como el "muñidor de toda la operativa". Era quien
manejaba la agenda de la presidenta Aguirre, según los miembros de la trama.
En una de las declaraciones de
Isabel Jordán, imputada y antigua directiva de la red de Correa, el juez quiere
saber por qué López Viejo recibía sobres de dinero. Jordán le explica que se los
daban porque les proporcionaba actos con la Comunidad de Madrid. "¿Era como una
especie de comisión que cobraba él?", pregunta el magistrado. "Pues sí,
exactamente, como una comisión", dice la mujer. Comisiones que provenían de los
358 contratos que el Gobierno regional firmó con la red Gürtel entre 2004 y
2008.
A López Viejo se le daba bien
organizar actos. Fue el gran escenógrafo electoral de la presidenta, que le
acogió cuando abandonó el Ayuntamiento de Madrid porque Gallardón no le quería
en su equipo.
El contable de la trama creó para él
un archivo personal, con su nombre, en el que apuntaba meticulosamente los pagos
en negro que López Viejo cobraba en mano. Los cabecillas de la trama Gürtel,
Francisco Correa y Pablo Crespo, le entregaban personalmente los sobres repletos
de billetes. Su amigo Alfonso Bosch (otro de los imputados que ayer dejó el
Grupo Popular) recibía "cantidades pequeñas". López Viejo, las "más grandes".
Ingresó 563.000 euros, según consta en el sumario. Correa define los actos que
organizaron con el ex consejero como "chorizadas". López Viejo les obligaba a
trocear los contratos por facturas inferiores a 12.000 euros para evitar sacar
los eventos a concurso. La trama lo agasajó también con regalos: corbatas,
maletines, gemelos, trajes... Hubo dádivas para él y para su entorno. Jordán le
contó al juez que una de sus secretarias recibió un bolso valorado en 1.000
euros y que, en una ocasión, la trama organizó el cumpleaños de su hija.
(www.elpais.com,
09/10/09)
"LE PAGARON MUCHO DINERO. LE
DIERON UNA TAJADA GORDA"
A Benjamín Martín Vasco, hijo de
Manuel y Josefa, le explotó el caso Gürtel sentado delante de un micrófono. En
febrero de 2009 el diputado regional era portavoz adjunto del PP y presidente de
la comisión que investigaba el espionaje en la Comunidad. Nacido en Valverde de
Llerena, Badajoz, en 1967, ahora está acusado de cohecho, tráfico de
influencias, asociación ilícita y blanqueo de capitales. Es diputado de la
Asamblea desde 1995.
El sumario desglosa que recibió más
de medio millón de euros de la trama corrupta y que tenía un asiento fijo en la
contabilidad de Francisco Correa. Que le pagaron su boda, su posterior viaje de
novios, le regalaron una televisión de plasma, objetos comprados en la joyería
Suárez, y le entregaron dinero proveniente de Suiza. Y, después de todo ello,
según los legajos "estaba mosqueadísimo con Correíta porque le debía dinero".
Según la declaración de Isabel Jordán, ex integrante de la trama, esa deuda
podría ser de 400.000 euros.
"A Benjamín le pagaron mucho dinero.
Era un corrupto como Paco [Correa]. Le dieron una tajada gorda y cada año le
irán dando". Una afirmación que aparece en la transcripción de una conversación
entre Isabel Jordán y José Luis Peñas.
En una caja de seguridad con el
número 52, relata el sumario, se encuentra "una relación de dinero en el
exterior en euros" gestionada por Arturo Gianfranco Fasana y Randal Caruso en la
que figura un apunte: "Benj por valor de 150.000 FA-FA, 25 de julio". Eso fue en
2007.
Martín Vasco inició su relación con
las empresas de la trama cuando era concejal de Arganda del Rey. Estuvo al
frente de la sociedad de Fomento de ese municipio del sureste de la región.
Según el sumario, durante esa época, de 2005 a 2007, se produce el desembarco de
las empresas de Correa.
(www.elpais.com,
09/10/09)
CONVERSACIÓN
Extractos de la charla que mantienen Correa y El Bigotes
Francisco Correa: Mira, haz el favor de llamar a Fabra. Y que llame al marido de
su hija, a Güemes, que es el consejero de la Comunidad de Madrid.
Álvaro Pérez: Si.
F. C: No digas que es para mí, di
que es un amigo tuyo. Que llame urgente, que estoy en el Carlos III, (...)
porque mi primo tiene un brote de paludismo y ahora resulta que este Carlos III,
hasta hace tres meses era un sitio de urgencias de enfermedades tropicales y
ahora resulta que no es aquí, bueno, sí es aquí, pero no hay urgencias. Y digo,
entonces ¿qué hago?, venga usted mañana, se muere, entonces... si llama Güemes
aquí se caga todo el mundo.
A. P: Hasta ahora, venga, que voy a
llamar a Güemes, voy a llamar a su mujer Andrea... que es la hija de Fabra.
CONVERSACIÓN
El Bigotes llama a Correa
A. P: Espérate cinco minutos porque Fabra está entregando el trofeo de Golf que
se ha celebrado en la Comunitat Valenciana, y no me coge el teléfono y estoy
llamando a Andrea, pero tampoco me lo coge y está con el presidente Camps
entregando los tro-feos ahora mismo. Entonces estoy llamando a ver si Ricardo
puede controlarla a Andrea, entonces no sabe dónde coño está y no nos coge el
teléfono, ni a Ricardo, ni a David, ni a mí.
F. C: Llámate a Güemes directamente y que hable...
A. P: Es que no tengo el teléfono de Güemes, si lo tuviera lo hubiera llamado.
F. C: Estoy aquí con el médico, bueno.., llámate, llámate al suegro de Güemes.
CONVERSACIÓN
Correa vuelve a llamar a Pérez para
decirle que deje la gestión porque ya le ha atendido un médico
F. C: Ya lo he arreglado yo, porque además, están cabreados aquí en el hospital
con él porque es el consejero de Sanidad.
A. P.:Sí, está a ostias con toda la sanidad de Madrid
F. C: Claro, estás llamando a un tío que ha quitado esto, nosotros estamos en
contra, porque era el único sitio de Madrid que se podía atender a gente con
enfermedades tropicales.
A. P.: Vale, vale. Me va a llamar Carlos ahora, eh,..
F. C.: No, no..
A. P.: Vale, vale, le diré que ya está solucionado, pero es que le he mandado un
mensaje...
Por otro lado, las escuchas desvelan
que la supuesta trama también cerró negocios en Castelló gracias a la
organización del Castelló Masters Costa Azahar de golf que tuvo lugar en octubre
de 2008 en el Club de Campo del Mediterráneo (La Coma), entidad presidida Carlos
Fabra. Las vinculaciones de la supuesta red aparecen detalladas en un apartado
del sumario encabezado con el epígrafe "Proyectos de negocios: adjudicaciones
irregulares".
(www.elperiodico.com,
09/10/09)
AGUIRRE SE LANZA Y DESAIRA A
CAMPS Y RAJOY
Sucedió de nuevo. En pleno debate
interno por la lentitud de Mariano Rajoy a la hora de tomar decisiones, y sobre
todo por el empeño de Francisco Camps en no hacer absolutamente nada ante las
revelaciones del escándalo del caso Gürtel, Esperanza Aguirre volvió a dejarlos
en evidencia, trasladando así toda la presión al presidente valenciano.
Apenas unas horas después de recibir
el sumario del caso Gürtel, en el que la Comunidad de Madrid se ha personado,
Aguirre optó ayer por levantar un cortafuegos para evitar que las implicaciones
políticas de la trama afecten aún más a su imagen. Y por ello expulsó del Grupo
Popular en la Asamblea a los tres diputados autonómicos imputados. A los dos ex
alcaldes que seguían como concejales también los echó de sus grupos municipales.
Ella incluso está dispuesta a forzar el reglamento de la Asamblea para evitar
que se los diputados vayan al Grupo Mixto y cobren un plus. En cualquier caso,
la mayoría absoluta de Aguirre no corre ningún riesgo, puesto que contará ahora
con 64 de los 120 diputados.
Los afectados son el ex consejero
Alberto López Viejo, muy cercano a Aguirre; el ex portavoz Benjamín Martín Vasco
el diputado Alfonso Bosch, el ex alcalde de Pozuelo, Jesús Sepúlveda, y el de
Boadilla, Arturo González Panero. Ninguno renunció a su acta.
Sepúlveda, un histórico del PP que
organizaba todos los actos de José María Aznar, ha sido reintegrado por Rajoy a
su puesto como funcionario del partido en Génova, con sueldo de asesor. La
dirección del PP señala que es un trabajador y su despido sería improcedente.
La decisión drástica, que la
oposición venía reclamando hace meses, se produjo en medio de una gran tensión y
un forcejeo interno, ya que Aguirre y su entorno intentaron sin éxito que
entregaran el acta. "¿Quién les va a contratar? ¿De qué van a vivir?", se
preguntaban fuentes populares. Los diputados temían, además, que el caso
volviera al juez Baltasar Garzón si renunciaban al aforamiento. Una vez asumido
que no cederían, la reunión en la que se decidió su expulsión fue tranquila
porque estaba todo claro.
Oficialmente, la decisión se
justifica por el levantamiento parcial del secreto del sumario. Pero en éste no
hay apenas datos nuevos sobre la rama madrileña de la trama. Las pruebas que
imputan a los diputados y concejales ya estaban el auto del juez Baltasar Garzón
de marzo. Lo que realmente pesó en una decisión madurada el miércoles, en una
reunión de Aguirre con sus fieles, entre ellos Ignacio González y Francisco
Granados, fue el regreso ayer del caso Gürtel a las primeras planas de los
periódicos y el hecho de que Aguirre debía someterse a la sesión de control. Era
su imagen la que estaba en juego, y la que le hizo decidirse.
Pesaba mucho, según los aguirristas,
el hecho de mantener la línea de actuación rápida y contundente. Porque la
presidenta madrileña no dudó en destituir como consejero a López Viejo en cuanto
comenzó a salir a la luz el caso, mucho antes de que estuviera imputado. A él le
siguieron el resto de cargos.
A nadie se le escapaba ayer en el
entorno de Aguirre que la decisión deja en muy mal lugar a Camps y a Rajoy, que
tiene un senador, el ex tesorero Luis Bárcenas, y un diputado, Jesús Merino,
imputados. La dirección nacional se puede acoger al hecho de que para ellos no
ha sido levantado aún el secreto del sumario, pero la presión crece hacia Rajoy
en un momento de dificultad, cuando recibe críticas de todos lados por su
gestión de la crisis de Gürtel. La noticia sentó muy mal en el entorno de
Rajoy.
La imagen de un líder que está en
manos de Camps, al que Rajoy no consigue convencer de que tome medidas, está
haciendo mucho daño, según admiten varios dirigentes. Y esta decisión unilateral
de Aguirre, que no consultó, viene a agravar la situación interna. "Se ha
precipitado; estamos defendiendo la presunción de inocencia y ella hace esto, es
muy insolidario", sentenciaba un dirigente. El portavoz del PP, Esteban González
Pons, intentó hacer equilibrios en una comparecencia en Génova. Dijo que la
dirección "apoya" la decisión de Aguirre, pero trató de salvar a Camps: "en
Valencia no hay ningún político imputado".
(www.elpais.com,
09/10/09)
LOS TRES DIPUTADOS DE MADRID
IMPUTADOS EN EL 'CASO GÜRTEL' DEJAN EL GRUPO POPULAR
Los tres diputados madrileños
implicados en el caso Gürtel, Alberto López Viejo, Alfonso Bosch y Benjamín
Martín Vasco, han abandonado el Grupo Popular en la Asamblea de Madrid, según ha
anunciado la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, que también ha
confirmado que los ex alcaldes de Boadilla y Pozuelo, Arturo González Panero y
Jesús Sepúlveda, dejan los grupos municipales del PP.
Aguirre ha asegurado que ha pedido a
los tres diputados regionales que entreguen su acta pero han decidido
conservarlas, por lo que pasarán a formar parte del Grupo Mixto. No obstante, el
PP, no pierde la mayoría absoluta en la Asamblea de Madrid, ya que de los 67
diputados que obtuvo en las últimas elecciones, mantendrá 64 de un total de 120.
La presidenta madrileña, que ha analizado esta mañana la parte del sumario que
ha sido levantada por el Tribunal Superior de Justicia, ha manifestado que tiene
que defender la presunción de inocencia de los diputados pero ha asegurado que
"como decisión política es la mejor" para el PP y ha recordado que el "acta no
es propiedad el partido".
El vicepresidente de la Comunidad de
Madrid, Ignacio González, ha dicho que la última palabra en este asunto la tiene
Esperanza Aguirre en su condición de presidenta del PP de Madrid, y ha afirmado
tajantemente que cualquier decisión que ella adopte al respecto será
"unilateral" y que "no le consta" que haya recibido "ninguna presión" por parte
de la dirección nacional del partido para que actúe de un modo u otro, informa
Efe. El vicepresidente ha insistido varias veces en que no le corresponde a él
ni siquiera "opinar" acerca de si los tres diputados implicados en la trama
deben o no dejar sus escaños en la Asamblea de Madrid.
González ha subrayado que Aguirre,
"a la vista de las cuestiones que se han planteado en este caso", será quien
tome las decisiones y que lo hará "unilateralmente, sin presión alguna, sin
referencia alguna y sin comunicación alguna". Respecto a si fueron "troceados"
los 358 contratos que, según se refleja en el sumario, otorgó el Gobierno de
Madrid a empresas relacionadas con la trama entre los años 2004 y 2008, cuyo
importe superaba los tres millones de euros, González ha dicho que esta es "una
cuestión antigua" que ya explicó "en su momento" el Gobierno de la Comunidad, a
través del consejero de Economía y Hacienda, Antonio Beteta.
González ha indicado que la
documentación relativa a aquellos contratos fue remitida en su día al juez
Baltasar Garzón "cuando nos la requirió" mientras instruía el sumario y que
todos los contratos corresponden a actos organizados y realizados por distintas
consejerías de la Comunidad de Madrid y fueron "fiscalizados" por el interventor
y tramitados "según los procedimientos".
(www.elpais.com,
08/10/09)
358 CONTRATOS DE MADRID A LA RED
GÜRTEL
El Gobierno regional otorgó al menos
358 contratos entre 2004 y 2008 a las empresas de la trama Gürtel por una
cuantía de 3.084.558 euros. Estos datos se desprenden de la documentación
enviada por el Ejecutivo de Esperanza Aguirre al juez de la Audiencia Nacional
Baltasar Garzón y que figuran en los 17.000 folios de la parte del sumario
desclasificada. Documentos que el Ejecutivo regional se ha negado a facilitar a
la oposición. La consejería a la que más servicios presta la trama corrupta es
la de Cultura y Deportes, que suma 90 contratos por valor de casi un millón de
euros .
Aguirre ya era presidenta en este
periodo, en que todas las consejerías (11) han cedido servicios a la trama.
Aunque el pasado 9 de febrero, al anunciar el cese de Alberto López-Viejo como
consejero de Deportes, dijo: "Mi Gobierno no tiene ningún contrato con la
trama".
Del repaso a la documentación se
desprende que la mayoría de los contratos son de entregas de premios,
presentaciones u homenajes, ordenados por el imputado López-Viejo, que se
encargaba de los actos públicos en los que participaba la presidenta y de los
actos del PP regional. La trama identifica a este ex consejero como el "muñidor"
dentro del Ejecutivo de Aguirre.
Buena parte del gasto estaba
troceado para no superar los 12.000 euros, cantidad para la que es necesaria un
concurso restringido. La entrega de los premios de la Cultura y la medalla
Internacional de las Artes de los años 2005 y 2006 se adjudicó a Servimadrid
Integral, una de las empresas de la trama, que ganó un concurso por 412.834
euros en total. Pero la ganancia se completó con 73.264 euros en nueve facturas
inferiores a 12.000 euros que Cultura pagó a Diseño Asimétrico y Easy Concept.
El acto de homenaje a los servicios
de urgencias del 11-M, celebrado el 25 de marzo de 2004, costó 141.000 euros,
pero fue repartido en 15 facturas, inferiores a los 12.000. Otro caso curioso es
el de Rumbo al Sur, un programa que lleva a jóvenes a visitar los proyectos de
cooperación. Por el acto de entrega de diplomas a los participantes en el viaje
de 2006, una de las empresas de la trama, Servimadrid Integral, facturó a tres
consejerías distintas (Deportes, Familia y Asuntos Sociales e Inmigración) por
una cantidad total de 15.000 euros.
(www.elpais.com,
08/10/09)
CORREA Y LÓPEZ VIEJO AMAÑARON EL
CONTRATO DEL HOMENAJE A LOS VOLUNTARIOS DEL 11-M
El ex viceconsejero de Presidencia
de la Comunidad de Madrid Alberto López Viejo amañó la adjudicación a la red
Gürtel de un acto en homenaje a los servicios de emergencia que rescataron y
ayudaron a las víctimas del 11-M. Se llevó a cabo pocos días después de la
matanza, el 25 de marzo de 2004 frente a la Puerta del Sol. Según el sumario,
ese dirigente popular habría recibido 286.000 euros en sobornos a cambio de
operaciones como ésta.
Entre los documentos de la causa
consta una relación de pequeñas contrataciones de esa administración autonómica
con las empresas de Francisco Correa que la propia Comunidad remitió a la
Audiencia Nacional a petición del juez Baltasar Garzón. Entre ellos hay 15 por
cantidades inferiores a 12.000 euros relativos a un solo acto: el mencionado
homenaje. En total, suman 141.000.
En una de las conversaciones
grabadas por el concejal del PP que denunció la trama, se escucha al número dos
de la red, Pablo Crespo, afirmar que «López Viejo era el muñidor de toda la
operativa; él decía: 'Ahora es un acto de Sanidad, que cuesta 80.000 euros, y
facturáis 11.900, IVA incluido; a fulanito, a través de una empresa, otros
11.900 y pico'». La estrategia, según la Policía, consistía en fraccionar los
contratos en cantidades inferiores a los 12.000 euros, límite hasta el que
pueden darse adjudicaciones a dedo.
Así fue exactamente en este caso.
Por los «elementos de sonido», la empresa Down Town Consulting emitió una
factura de 11.954 euros, y por la «iluminación exterior e interior» y las
«tarimas», 11.524. Más cerca del límite estuvieron la «construcción del
escenario» principal y el que ocuparon el coro y la orquesta: 11.998 y 11.999,
respectivamente. La lona con el lema Gracias a todos costó 11.044 euros,
incluyendo el desmontaje. Por las placas grabadas con el nombre de las víctimas
y 50 figuras El abrazo, Gürtel se llevó 10.400. Otras tres figuras idénticas se
facturaron aparte. En palabras de Don Vito: «Una chorizada».
(www.elmundo.es,
08/10/09)
"EN SOL TENDRÁN INTERESES"
Un asesor de la Consejería de
Inmigración de la Comunidad de Madrid reconoció el 5 de diciembre de 2008 que el
Gobierno regional imponía unas empresas determinadas para que se beneficiasen de
los contratos públicos, según el relato de Carlos Clemente, ex viceconsejero de
Inmigración imputado en la trama Gürtel de corrupción vinculada al PP. En el
sumario se reproduce una conversación entre Clemente, que dimitió como
viceconsejero meses antes, el 23 de octubre de 2008, y Pablo Collado, gerente de
las empresas de la trama.
En esa charla telefónica, Clemente
explica a su interlocutor que ha llamado a sus antiguos compañeros para
advertirles del peligro que corrían por hacer tratos con Isabel Jordán, imputada
y antigua directiva de la red de Correa. Cuando se produjo la conversación,
Isabel Jordan había sido despedida de la trama. Clemente explica que "Gustavo"
[en referencia al asesor] le ha justificado que se siga tratando con Isabel
Jordán porque es la orden que les dio "Sol", en referencia a la sede de la
presidencia del Gobierno regional, en la Puerta del Sol.
Clemente, imputado entre otras cosas
por figurar en la contabilidad B de Correa como beneficiario de un sobre con
10.000 euros, cuenta a Collado que le replicó al asesor: "Como si te las da tu
puta madre, porque en Sol tendrán intereses, pero deja de hacer el gilipollas,
que acabáis en la cárcel".Luego, Clemente le explica a Collado que "es una
manera de acojonarles" para que dejen de hablar con Jordán y vuelvan a llamar a
las empresas de Correa. La conversación prosigue y en uno de sus fragmentos
Clemente dice sobre la nueva actitud de la consejería: "Pero de qué vais, coño,
este Gabriel es que es un gilipollas". Ese Gabriel al que se refiere apunta a su
sucesor en el cargo, el actual viceconsejero Gabriel Fernández Rojas. Collado
responde que está bien que "al menos sepan lo que están poniendo en riesgo".
Clemente le advierte a Collado de
"las cosas que está haciendo Gabriel", pero le comenta que no puede ser más
explícito "por teléfono". Entre esas cosas, adelanta, está el que Fernández
Rojas "le está pidiendo presupuestos a Isabel Jordán". También asegura que ya ha
avisado a Isabel Pita, secretaria general técnica de Inmigración, de los "líos"
que se puede buscar relacionándose con Jordán, y asegura haberle dicho:
"Pregúntale a Pablo Collado por lo que se encontró, porque vio unos gastos que
flipas".
Previamente, sin embargo, Pablo
Collado le cuenta a Clemente que viene de ver al viceconsejero nuevo, Gabriel
Fernández Rojas, y que la relación con él ha sido buena. "Se ha quedado
encantado", dice Collado. Se refiere a la caseta que ha construido una de las
empresas de la trama en la feria Integra Madrid para la Consejería de
Inmigración. Un trabajo que seguía pendiente de pago en febrero de 2009 y por el
que se pactó abonar a Diseño Asimétrico 69.020 euros. La adjudicación de este
evento se hizo por el procedimiento de contratación negociada sin publicidad. Es
decir, que la empresa recibía una invitación a presentarse a concurso de parte
de la Comunidad.
La relación de Carlos Clemente con
la trama Gürtel se retrotrae, al menos, a 2005, cuando ocupa el cargo de
director de Inmigración, Cooperación y Desarrollo dentro de la Consejería de
Familia y Asuntos Sociales. Isabel Jordán cuenta en su declaración que recibió
como regalo de Correa una corbata y unos gemelos. También recibió un sobre con
6.000 euros de Pablo Crespo en diciembre de 2006. Al margen de figurar en la
contabilidad opaca de la trama con una entrada de 10.000 euros en mayo de 2006.
De hecho, después de las áreas de
Gobierno directamente relacionadas con Alberto López Viejo -Presidencia y
Deportes-, Inmigración es la que más dinero y más contratos ofreció a las
empresas de Correa.
Carlos Clemente entró en política de
la mano del ex ministro de Justicia José María Michavila. Dejó su cargo en
octubre de 2008 para marcharse a Colombia a trabajar para la fundación Alas, una
organización sin ánimo de lucro auspiciada por Shakira, a quien Michavila
representa en Europa.
(www.elpais.com,
08/10/09)
TRES EMPRESAS DE LA TRAMA
FACTURARON A LA COMUNIDAD POR EL MISMO ACTO
Uno de los negocios más rentables de
la trama corrupta fue la organización de las galas de los premios de Cultura de
la Comunidad de Madrid y la Medalla Internacional de Las Artes durante los años
2005 y 2006. El entramado de empresas controlado por Francisco Correa percibió
de la Consejería de Cultura y Deportes 412.834 euros por organizar estos
premios. Hasta tres sociedades distintas de la red corrupta facturaron a la
consejería por la organización de dichos actos.
Servimadrid Integral se presentó a
los concursos principales. Logró las adjudicaciones porque presentaba ofertas
muy inferiores a las de la competencia. Para compensar esa rebaja, las
sociedades Diseño Asimétrico y Easy Concept lograron hasta nueve contratos que
engordaban sustancialmente los ingresos de la trama. Todos ellos por importe
inferior a 12.000 euros para no tener que sacarlos a concurso.
La Consejería de Cultura y Deportes,
dirigida entonces por Santiago Fisas, convocó el primer concurso en octubre de
2005 con un presupuesto de 180.000 euros. Se presentaron tres empresas, entre
ellas Servimadrid Integral, que resultó la ganadora al ofrecer una rebaja de
18.000 euros sobre el presupuesto inicial. Para compensar la rebaja, Easy
Concept emitió ocho facturas por un importe total de 67.580 euros por el mismo
concepto.
Por aquella época, Alberto López
Viejo, uno de los principales imputados en el caso Gürtel, era viceconsejero de
Presidencia y el encargado de organizar los actos en los que intervenía la
presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. López Viejo ordenó a la
trama trocear los contratos con las consejerías de la Comunidad de Madrid para
no levantar sospechas.
Ese año, Mario Vargas Llosa recibió
la Medalla Internacional de Las Artes y el Gobierno regional premió a los
artistas Carlos Hipólito (teatro), Ángel Corella (danza), Antonio Gamoneda
(Literatura), Bonifacio Alfonso (Artes Plásticas), Alberto García-Alix
(Fotografía), Jaime Chávarri (Cine) y la Fundación Isaac Albéniz (Música).
El año siguiente, Servimadrid se
volvió a hacer con el contrato para organizar la gala. En esta ocasión se
presentó en solitario e ingresó por los servicios 177.570 euros. No debieron ser
suficientes, porque la sociedad Diseño Asimétrico emitió una factura del mismo
acto por 5.684 euros por el servicio de comidas ofrecido durante la entrega de
premios. Un servicio que ya estaba contemplado en el contrato principal con la
Comunidad de Madrid, que incluía el montaje y desmontaje del escenario, servicio
de comidas, azafatas y asistencia a los invitados, medios técnicos, decorados.
A partir de ese año, la empresa
Servimadrid Integral no vuelve a organizar la gala a pesar de que se presenta a
los concursos.
Cuatro departamentos pagan una feria
- La primera edición de Feria
Integra Madrid, celebrada entre el 10 y el 14 de octubre de 2007, supuso
ingresos por valor de 66.875 euros para las empresas de la trama Gürtel. Este
certamen dedicado a servicios y productos para la inmigración recibió la visita
de 70.153 personas.
- El Canal de Isabel II pagó 24.897
euros por la decoración del pabellón de la Comunidad de Madrid en Integra.
Sanidad desembolsó 12.000 euros a Diseño Aritmético por la decoración de la
caseta, mientras que el Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo
(dependiente de Empleo y Mujer) contrató a Good & Better por 11.980 euros.
Inmigración y Cooperación también fichó a esta empresa, a la que pagó 11.998
euros.
- En la edición de 2008 (celebrada
del 4 al 8 de diciembre), Inmigración y Cooperación contrató a Diseño Aritmético
por un montante de 69.000 euros.
(www.elpais.com,
08/10/09)
HASTA 15 RECIBOS PARA UN ACTO DEL
11-M
Dos semanas después de los atentados
del 11-M, el Gobierno regional organizó un acto de homenaje a los 100.000
profesionales de emergencias que trabajaron ese día. El evento fue encargado a
la empresa Easy Concept, que integra la trama de Francisco Correa, y que troceó
el coste del acto en 15 facturas, según el sumario.
De haberse presentado un único
recibo, el importe habría sido de 141.002,59 euros. Pero ninguna de las facturas
supera los 12.000 euros, la cuantía máxima para poder otorgar el contrato a
dedo, sin tener que convocar un concurso.
Bajo el reloj de la Puerta del Sol
se montó un enorme escenario bajo una pancarta: Gracias a todos. La construcción
del escenario fue facturada en 11.998,33 euros. El diseño, creatividad e
impresión de la lona: 11.044 euros. Las seis lonas con los nombres de las
víctimas: 7.526,32 euros. Alquiler de 3.500 sillas, con su montaje: 10.525
euros. Azafatas y seguridad: 9.834 euros. Generador eléctrico: 3.006 euros.
El Coro y Orquesta de la Comunidad
de Madrid, en un escenario lateral que costó 11.999,2 euros, interpretó Réquiem
aeternam y Aria lacrimosa, de Mozart. Iluminación y sonido costaron 11.524,36 y
11.954 euros.
También se proyectó un vídeo con
sirenas, luces y dolor en estado puro, cuya elaboración se cifró en 11.036,14
euros. Las pantallas que lo emitieron: 10.936 euros. Los servicios de
emergencias recibieron figuras de El Abrazo y se colocó una placa conmemorativa
en la Real Casa de Correos. Aparecen repartidas en dos recibos: 10.400 y 625
euros. Al final, Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón depositaron una
corona de laurel. Junto al resto de decoración floral, costó 8.048 euros.
(www.elpais.com,
08/10/09)
QUEJAS DE LA OPOSICIÓN POR LAS
TRABAS PARA EXAMINAR LOS CONTRATOS
La oposición lleva meses quejándose
de las trabas que le pone el Gobierno regional para examinar los contratos
relacionados con el caso Gürtel. Pero ayer se rizó el rizo. La diputada de IU
Reyes Montiel, que tiene pendiente recibir información del Gobierno regional
sobre 183 expedientes relacionados con la trama de Francisco Correa, solicitados
entre el pasado 5 de marzo y el 9 de junio, recibió la notificación de que debía
acudir a cinco consejerías diferentes para examinar ocho de ellos. En un caso
-un contrato de 1,2 millones de Marketing Quality Management, una empresa de la
trama, con el Instituto Madrileño de Desarrollo- le indicaron que debía acudir
al municipio de Daganzo. "Cuando llamo a los números de contacto para pedir cita
o no hay nadie o es un fax", se quejó Montiel.
También la diputada socialista Livia
Castillo denunció que se le había denegado el acceso a la Consejería de
Vicepresidencia, donde tenía cita para ver los expedientes relacionados con los
contratos que el Canal de Isabel II, que preside Ignacio González, tiene con
Constructora Hispánica, SL, y Sufi, SA, vinculadas con la trama.
Por otra parte, el secretario
general del PSM, Tomás Gómez, afirmó ayer que "diputados que han metido la mano
en la caja no pueden seguir cobrando su sueldo de dinero público", en referencia
a los tres imputados en el Gürtel, Alfonso Bosch, Benjamín Martín y Alberto
López Viejo.
(www.elpais.com,
08/10/09)
CONTRATOS PARA TODOS LOS GUSTOS
Todas las consejerías del Gobierno
que preside Esperanza Aguirre firmaron contratos con las empresas relacionadas
con Francisco Correa. Ni una quedó fuera de esta relación con la trama corrupta.
La relación sí fue distinta. Mientras algunas, como Cultura y Deportes, cerró 90
contratos con la red por un importe de casi un millón de euros, Transportes sólo
lo hizo en dos ocasiones por apenas 26.000 euros.
- Transportes e Infraestructuras.
Una de las consejerías que menos contrató a las empresas de la trama corrupta.
Dos empresas -Diseño Asimétrico y Servimadrid Integral, SL- organizaron dos
actos para Metro de Madrid que suman 26.276,15 euros. Uno de los actos, la
presentación de la Cumbre Flamenca de 2005, se pagó con retraso. Alberto López
Viejo, entonces viceconsejero de Presidencia, envió una carta en marzo de 2007 a
la directora de Comunicación de Metro para recordarle que el pago de la factura
estaba pendiente.
- Educación. Entre 2004 y 2007, la
consejería firmó 32 contratos con la trama para organización de actos. Al menos
en tres casos se trocearon los contratos de un solo acto para que no superaran
los 12.000 euros. Por ejemplo, el 19 de noviembre de 2007 se celebró en la Real
Casa de Correos la entrega de premios Miguel Catalán y Julián Marías para
investigadores. El acto costó 41.924,33 euros dividido en siete facturas
diferentes de dos empresas: Diseño Asimétrico, SL, y Servimadrid Integral, SL.
Cuatro de ellas reflejaban exactamente la misma cantidad (4.743,55 euros), pero
por conceptos diferentes. Ése fue el precio adjudicado al alquiler de sillas y
plantas, lo que costó el vino más la producción, el coste de 85 metros cuadrados
de moqueta y dos tarimas y la suma de iluminación y sonorización del patio.
- Presidencia, Justicia e Interior.
El departamento que dirige Francisco Granados contrató hasta en 44 ocasiones a
las empresas de la trama Gürtel. Gran número de encargos bordean el límite legal
de los 12.000 euros. Para salvar este escollo, algunos actos se dividieron, como
el aniversario de los 20 años del Patronato Madrileño de Áreas de Montaña (PAMAM).
La empresa Servimadrid Integral puso el material del almuerzo y la escenografía
y la decoración del acto. Por ello cobró 16.802,57 euros. Esta compañía efectuó
una veintena de trabajos entre 2005 y 2006 para la consejería, incluidos
empresas y organismos autónomos por un montante de 125.000 euros.
- Empleo y Mujer. Este departamento
ha firmado 25 contratos por un montante cercano a los 215.000 euros. Una de las
beneficiadas ha sido Good & Better, que organizó en 2005 el Premio de la
Tolerancia, celebrado el 7 de marzo. Programó trabajos como traducción
simultánea, adornos florales, placas para los homenajeados e impresión de
invitaciones, entre otras actividades. La celebración del 2º Memorial Jesús Gil
también se distribuye entre dos empresas: 3.300 euros para Diseño Aritmético y
4.265 para Servimadrid Integral.
- Sanidad. Esta consejería (y sus
organismos adscritos) tiene en su haber 20 contratos con las empresas de la
trama Gürtel, por un importe total de 122.172 euros. En su mayoría son actos de
inauguración, de cuantías muy pequeñas (en torno a los 6.000 euros), de centros
de salud en Alcalá de Henares, Somosaguas o Getafe, entre otros. La cifra más
alta, 12.000 euros, corresponde al pabellón que Sanidad montó en la Feria
Integra de 2007. Además, se troceó en dos partidas un acto de colaboración en
materia sanitaria en el hospital Gómez Ulla, por importe de 9.012 y 11.153
euros.
- Familia y Asuntos Sociales. Entre
2005 y 2007, esta consejería otorgó 37 contratos a las empresas de la trama.
Entre ellos llaman la atención las dos adjudicaciones fraccionadas en 2007 a
Diseño Asimétrico por la presentación del libro Toda una vida y el concurso
Cartas de amor y piropos. Una de las facturas es de 11.999,16 euros y la otra de
8.303,05. En la presentación del mismo libro y el concurso de cartas y piropos
amorosos también participó ese año Servimadrid Integral, que cobró 11.994,41.
- Cultura y Deportes. Ha sido el
departamento que más ha facturado al entramado de la red corrupta. Los
tentáculos de López Viejo se extendían a esta área, de la que terminó siendo
consejero. La trama contrató en 90 ocasiones a las empresas de la trama
corrupta, que recibió entre 2004 y 2008 un total de 964.487 euros. Entre ellas
tres facturas para la organización del Premio Siete Estrellas del Deporte por un
importe de 34.530 euros. Todas por debajo de los 12.000 euros para evitar el
concurso público. Esta consejería también contrató a Diseño Asimétrico para el
diseño de abanicos con motivo de la Comunidad de Madrid por 6.942 euros.
- Medio Ambiente y Ordenación del
Territorio. Contrató en 18 ocasiones a las empresas de la red corrupta por un
importe de 179.773 euros. Este departamento adjudicó tres contratos a Diseño
Asimétrico y a Good & Better para organizar la Feria de la Alimentación en 2007
por un importe total de 25.813 euros. También adjudicó dos contratos, uno a Easy
Concept y otro a Good & Better, por el mismo concepto: acto de entrega de
viviendas en Ventilla, por 11.900 euros cada uno.
- Economía y Hacienda. Es el segundo
área que menos ha contratado con la red de empresas implicadas en el caso
Gürtel. En total cuatro facturas por un importe de 27.570 euros.
(www.elpais.com,
08/10/09)
EL 'CASO GÜRTEL' ALCANZA A CAJA
MADRID
El caso Gürtel llega a los órganos
de gobierno de la cuarta entidad financiera de España. Miembros de la mayoría
que forman la Comisión Ejecutiva de Caja Madrid pedirán explicaciones al
presidente de la entidad, Miguel Blesa, sobre por qué aparece en el sumario
judicial apoyado por el matrimonio Correa.
Según señalaron a este diario
fuentes próximas a la Comisión Ejecutiva, «el presidente deberá aclarar las
menciones y si Caja Madrid ha tenido alguna relación con la red de empresas que
está acusada de corrupción».
Según las conversaciones registradas
por la Policía, el principal acusado en el caso Gürtel, Francisco Correa,
aconsejó a su esposa Carmen Rodríguez, que se alineara con Blesa ya el pasado
año al inicio de la batalla de poder en la entidad financiera.
A lo largo de las conversaciones que
aparecen en el sumario judicial, Correa se presenta como un cliente de Caja
Madrid «desde los 18 años» y muestra interés en que Blesa prosiga en el cargo
hasta el año 2015.
Según el sumario del caso, el 23 de
octubre de 2008, Correa informó a su esposa -consejera general de Caja Madrid
por el Ayuntamiento de Majadahonda- de que había sido convocada para un asamblea
extraordinaria de la entidad financiera.
Era la asamblea del pasado 10 de
noviembre en la que Blesa lanzó un pulso sin precedentes a la presidenta de la
Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre. Blesa pretendía adelantar el proceso
electoral antes en temor a la nueva Ley de Cajas que preparaba Aguirre. Blesa
logró el apoyo entonces del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón y de una
coalición integrada por los sindicatos, IU y empleados.
Aguirre rechazó la maniobra de Blesa
y sus seguidores votaron en contra en la asamblea. Pero los socialistas se
abstuvieron y el presidente de Caja Madrid logró la victoria. Una derrota le
habría obligado prácticamente a dimitir sin poder seguir el pulso que está
lanzando todo este año en que vence su mandato. Su puntal de apoyo fueron
entonces los consejeros generales gallardonistas, incluido el concejal de
Seguridad de Madrid, Pedro Calvo.
Este influyente edil del equipo de
Gallardón es, según la conversación entre Correa y su esposa, el contacto al que
había que hacer llegar que ellos están con Blesa y con el alcalde. ¿Informó
luego Rodríguez de sus planes a Calvo? «Rotundamente falso», negó una portavoz
de Calvo a este diario. Ésta señala que los Correa no le informaron de que
fueran a votar en apoyo a Blesa. La esposa de Correa se lamentó en la
conversación del sumario de que el nuevo alcalde de Majadohonda, Narciso de Foxá,
pretende que ella dimita como miembro de la Asamblea de Caja Madrid y su marido
apuesta que si juega bien sus cartas, Blesa la mantendrá como consejera general
hasta 2015 en representación de un sector que él pueda controlar junto a
Gallardón. En la asamblea extraordinaria del 10 de noviembre, Calvo y los
seguidores de Gallardón rompieron la disciplina de voto que intentó imponer el
secretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, y Blesa logró ganar la
votación.
Existen 320 consejeros generales en
Caja Madrid y es el puesto peor remunerado de todos los órganos de gobierno de
la entidad. Pero Correa muestra interés por mantener vinculación a la caja,
especialmente de lo que él pensaba que iba a ser el bando ganador.
Correa utilizó ampliamente sus
cuentas en Caja Madrid para sus operaciones. En otra de las conversaciones,
Correa solicitó a Manuel Manzano, director de sucursal de la caja, que le
extienda un certificado de solvencia para obtener visado de entrada en Estados
Unidos. Éste, pese a que señala que Correa no es cliente, «sino autorizado», le
comunicó que le estaba redactando el certficado.
(www.elmundo.es,
08/10/09)
CORREA OFRECÍA "SERVICIO DE
CHICAS" A POLÍTICOS MADRILEÑOS
El líder de la supuesta trama
Gürtel, Francisco Correa, ofrecía "servicio de chicas" a políticos madrileños
como los ex concejales del Ayuntamiento de Majadahonda José Luis Peñas y Juan
José Moreno, con el fin de afianzar sus relaciones personales y empresariales
con ellos.
Así se desprende de las
transcripciones de conversaciones entre varios imputados de la trama aparecidas
en el sumario, parte del cual se dio a conocer ayer. En concreto, Paco
(Francisco Correa) ofreció los "servicios de chicas" a él y a Juanjo (Moreno) en
una reunión celebrada el 26 de marzo de 2007, donde además de los dos ex
concejales, estaban presentes los también imputados Pedro Fuster e Isabel
Jordán, administradora de dos de las empresas implicadas en la trama de Correa.
Durante esta reunión, los cuatro
implicados hacen alusión a que en Pozuelo de Alarcón habrían pagado a un
periodista para que hiciese fotos a algún funcionario del Ayuntamiento de esta
localidad en "compañía femenina" para posteriormente hacerle chantaje.
En otro punto de las
transcripciones, Correa comenta que participó en una fiesta organizada en el
chalé del alcalde de La Nucia (Alicante), Bernabé Cano, en la que había "cinco
tías impresionantes".
"Bernabé nos dijo que él les iba a
montar una (fiesta) de puta madre con tías en su pueblo", llegó a decir el líder
de la trama.
Al parecer, las mujeres que
estuvieron presentes en esta fiesta eran del este del Europa y entre ellas se
encontraba una joven de "25 añitos, muy discreta, educada, calladita", según
Correa, quien afirma que Jacobo Gordon, otro de los imputados, "se llevó una tía
guapísima a la habitación". "Todos los demás estaban allí en pelotas, cada uno
con una tía", aseveró.
El cabecilla de la trama habla sobre
una de las mujeres a la que conoció en esta reunión, a la que le ofreció un
billete para ir a ver a sus padres que vivían fuera de España. "El problema es
luego para entrar en España por el tema de los papeles", dijo Correa, que
encontró en el ex viceconsejero de Inmigración de la Comunidad de Madrid, Carlos
Clemente, la manera de sortear sus obstáculos. Las transcripciones señalan que
Correa habló con Clemente, quien le dijo que le solucionaría el asunto "sin
problema".
La relación de Correa con las
mujeres aparece también en unas conversaciones que mantuvieron José Luis Peñas e
Isabel Jordán, en la que ambos hablan de las féminas con las que ha estado el
líder de la trama. En este caso, Jordán mantiene que el cabecilla "les pone casa
y les da dinero en millones" a algunas de ellas.
(www.publico.es,
08/10/09)
LOS INFORMES CONTRADICEN LAS
EXPLICACIONES QUE DIO GALEOTE
La Policía sostiene en los informes
que contiene el sumario del caso Gürtel que la trama que dirigía Francisco
Correa regaló a la esposa del ex eurodiputado del PP Gerardo Galeote un vehículo
Mercedes que pagó con 33.055 euros que salieron de su caja B. Esta acusación
contradice las explicaciones que dio en un comunicado de prensa el propio
dirigente popular el pasado 1 de abril, cuando se conocieron los hechos que se
le imputan.
Galeote afirmaba entonces que abonó
18.030 euros a Correa por ese coche de segunda mano: un tercio en efectivo y los
otros dos a través de un ingreso desde el Santander. Sin embargo, la Brigada de
Blanqueo recoge dos apuntes de la contabilidad B de la trama y los dos son de
salida de dinero, ninguno de ingreso: uno de 21.035 euros en el Archivo Cuenta
Personal Gerardo Galeote, y otro de 12.020 euros en el Archivo Cuenta Caja X PC
Cajamadrid, asociado al concepto Ing. Bco. Santander Canc. Mercedes L. Semprún.
La Policía mantiene que este apunte está «correlacionado» con otro de la caja B
con la misma fecha, el mismo concepto y el mismo importe.
A partir de estos datos, los
investigadores argumentan que «por tanto, la organización de Francisco Correa
adquiere un vehículo cuyo primer titular es una sociedad del grupo [la agencia
de viajes Pasadena], lo transfiere a Lourdes Semprún [esposa de Galeote] y hace
frente a los pagos generados por la compra con dinero que sale de la caja B».
El sumario detalla el presunto
regalo de otros dos vehículos a Galeote, que ya aparecían recogidos en los autos
del juez Baltasar Garzón. Se trata de dos Land Rover de más de 25.000 euros que
Correa habría adquirido en el concesionario de Marbella C. de Salamanca, el
mismo en el que habría comprado el Range Rover con el que habría obsequiado al
ex coordinador electoral del PP de Génova Jesús Sepúlveda. En su nota, Galeote
aseguraba que esos dos automóviles «fueron abonados directamente al
concesionario, según acreditan los recibos correspondientes (el primero fue
entregado como parte del pago del segundo), como puedo demostrar
documentalmente».
(www.elmundo.es,
08/10/09)
"ALBERTO SE LLEVABA UNA PASTA"
"De cada acto que hacíamos de la
Comunidad de Madrid se llevaba una pasta Alberto". La afirmación es del
cabecilla de la trama Gürtel, Francisco Correa, y se refiere a Alberto López
Viejo, ex consejero de Deportes y diputado popular en la Asamblea de Madrid, que
fue destituido de su cargo el pasado 9 de febrero por su vinculación con la red
de corrupción. La frase forma parte de una conversación entre Correa, su socio
Pablo Crespo y el ex concejal de Majadahonda José Luis Peñas, transcrita por la
Unidad de Delincuencia Económica y Financiera de la Policía y que figura en el
sumario del caso, desvelado ayer parcialmente.
El ex consejero López Viejo se
ocupaba hasta su destitución de los actos públicos de la presidenta de la
Comunidad, Esperanza Aguirre, y también de los actos regionales del PP. Y, según
la conversación recogida por la policía, eso le habría reportado beneficios:
Correa. Todos los actos son
chorizadas, todos.
Peñas. En todos se llevaba el
Albertito.
Correa. Todos durante dos años.
De hecho, en un dispositivo de
memoria intervenido al contable de la trama, José Luis Izquierdo, y que también
recoge el sumario, figuran diversas cantidades que recibió supuestamente el ex
consejero: 286.000 euros entre el 24 de noviembre de 2004 y el 16 de febrero de
2007. Las mismas cuentas indican que aún estaban pendientes de pago otros
240.000 euros. Lo confirma también Felisa Jordán, administradora de Easy Concept,
que declaró ante el juez que Alberto López Viejo y Alfonso Bosch, otro imputado,
recibieron "cantidades". "Sé que a Bosch eran pequeñas y a López Viejo eran más
grandes", dice.
Pero Correa llega a decir que no
quería continuar. "Yo le he dicho a Pablo que yo me quiero salir de la
Comunidad. (...) López Viejo nos debe un millón de euros, de actos con la
Comunidad".A lo largo de la conversación grabada por la policía los tres
interlocutores resumen cómo funcionaba la contratación de las empresas de la
trama Gürtel por las consejerías del Gobierno regional, obligadas por el ex
consejero López Viejo a trocear los contratos, para evitar la convocatoria de un
concurso público. De esta forma, podían asignar a dedo los contratos de cuantía
menor a los 12.000 euros a las empresas de Correa. Según esta conversación, era
el propio López Viejo el que dirigía toda la operación.
José Luis Peñas. ¿De quién depende
todo esto? ¿de Alberto [López Viejo]?.
Pablo Crespo. No, depende de muchas
consejerías, pero el organizador de todo es Alberto. (...) Alberto López Viejo,
como viceconsejero de presidencia, era el muñidor de toda la operativa. Él
decía: "Ahora es un acto de Sanidad, que cuesta 80.000 euros y facturáis 11.900
IVA incluido, a fulanito a través de una empresa, otros 11.900 y pico".
Peñas. Sí, que no pasaran de
12.000.
Crespo. Exactamente. Todo esto está
pendiente. Ahora....
Peñas. Eso se dividía en cuatro
facturas.
Crespo. O en cinco o en seis, o en
tres. Se hacía un fraccionamiento; que se hacía, a lo mejor, yo qué sé, por
darte un dato, a lo mejor siete veces al mes.
Peñas. Claro, un acto de 100.000
euros....
Crespo. Actos de 100.000 euros había
pocos, pero actos de 20.000 o 30.000 había muchos. Y para un acto de 30.000
había que hacer cuatro facturas, que la señora ésta [la presidenta regional,
Esperanza Aguirre] estaba todo el día en hospitales, en metros.
Pese a que la presidenta regional
obligó a López Viejo a dimitir de su cargo como consejero, éste mantiene -al
igual que Alfonso Bosch y Benjamín Martín, los otros dos imputados en el caso-
su escaño en la Asamblea de Madrid. En las últimas semanas, tanto Aguirre como
los dirigentes populares han afirmado que esperarían al levantamiento del
sumario para comprobar si las acusaciones reveladas por la prensa eran ciertas,
antes de tomar otras medidas.
Fuentes del PP explican que el
partido no puede exigir a los tres imputados que devuelvan su acta de diputado,
pero sí tratarían, en caso de que se confirmen las acusaciones, de "sugerirles"
que lo hagan. Hasta la fecha, insisten las mismas fuentes, ninguno de ellos se
ha mostrado "beligerante" ante las decisiones del partido, como la de la
suspensión de militancia.
En caso de que los tres decidan
mantener el escaño, el grupo del PP en la Asamblea podría apartar a los tres
imputados. En este caso, quedarían como diputados no adscritos. Desde el
tamayazo, en 2003, se eliminó la posibilidad de que formen grupo mixto.
(www.elpais.com,
07/10/09)
UN MILLÓN DE EUROS SIN PAGAR
El cerebro de la trama Gürtel,
Francisco Correa, se queja durante una conversación con el ex concejal de
Majadahonda José Luis Peñas de que la Comunidad de Madrid le debe un millón de
euros que no le ha pagado por los servicios que les ofreció a traves de sus
empresas, como ya informó EL PAÍS. "Hay un millón sin pagar, dos años sin pagar,
es la hostia", se queja amargamente Correa. A continuación, carga contra la
presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, a la que considera culpable de
los impagos: "Odio a esa tía, no te puedes imaginar cómo la odio". Su socio le
responde: "Salen luego ahí como si fueran los salvadores de España... qué asco
de gente".
El cerebro de la trama Gürtel
prosigue: "Cómo no te van a pagar. Actos que están hechos, en la prensa de la
Comunidad de Madrid, que son actos públicos, que tardará cuatro años en cobrar,
hasta que lo vea el juez. Pero tú te vas ese día al periódico de Madrid y sacas
que hubo un acto. Le das al Peñitas y te lo sacará"."Irá a la hemeroteca, irá al
día ese", prosigue Correa, "y aquí está: el acto, tal día, facturaron cuatro
empresas, este es el acto, cobra por esta empresa, por esta y por esta".
Durante la conversación sale también
a reducir el nombre de Jesús Sepúlveda, ex alcalde de Pozuelo de Alarcón que
tuvo que dimitir al ser imputado por el juez Baltasar Garzón en el caso Gürtel y
que presuntamente cobró varios sobornos por parte de Correa.
Hay también una referencia al ex
tesorero del PP, Luis Bárcenas, que también tuvo que dimitir tras ser imputado
formalmente por corrupción. Correa asegura que le dijo a Bárcenas: "Por cierto,
dile a tu amigo Sepúlveda que me debe el Range Rover [un vehículo todoterreno],
que eran catorce millones [de pesetas], así como todos los viajes de los últimos
años".
Durante esta conversación los
dirigentes del PP en el Gobierno de la Comunidad en ese momento no quedan bien
parados. Peñas se despacha a gusto contra ellos: "Todos los de la Comunidad son
una panda de perros", asegura, "no se salva ni uno. El Granados, tu amigo, el
López Viejo, el de Interior, el Lamela, el Prada (...). Y luego tú trabajas la
campaña, le haces ganar y tiene tan poca moral de no pagarte, búscate la vida, a
mí qué me cuentas". Y reflexiona: "En el fondo te conviertes en una financiera.
Inaudito", se sorprende él mismo.
(www.elpais.com,
07/10/09)
EL GOBIERNO DE AGUIRRE TRUCÓ
ADJUDICACIONES
El sumario del caso Gürtel ha derribado de un plumazo la
versión oficial del equipo de Esperanza Aguirre, según la cual toda la culpa de
las adjudicaciones de la Comunidad a empresas de la trama corresponde a
Alberto López Viejo, consejero de Deportes hasta que
dimitió en febrero, poco antes de ser imputado.
Los documentos que obran en la causa demuestran no sólo
que la trama facturó a la Comunidad casi tres millones de euros entre 2004 y
2007 sino que consejerías por completo ajenas a López Viejo, entonces
viceconsejero de Presidencia, otorgaron contratos a empresas de la red corrupta.
El truco más utilizado,
como ya adelantó Público en febrero, era el de los
contratos menores (de cuantía inferior a 12.000 euros), que no requerían
concurso.
Pero ese no fue el único ardid
empleado para beneficiar a la trama. En diciembre de 2008, dos meses antes de
que el juez Garzón reventara la prolífica red de negocios sucios que operaba con
Administraciones públicas del PP, Diseño Asimétrico SL obtuvo, de la Consejería
de Inmigración y por 69.020 euros, el contrato para organizar el stand de ese
departamento en la feria Integramadrid. Los documentos recabados por los jueces
constatan que la Consejería de Inmigración optó por el procedimiento negociado
sin publicidad, fórmula que evita el concurso. Hubo tres firmas invitadas a
participar.
Y las tres pertenecían al grupo de
Correa: Easy Concept Comunicación, Servimadrid Integral y Diseño Asimétrico.
Easy Concept y Servimadrid Integral, una de las habitualmente premiadas por el
Gobierno de Aguirre, declinaron por escrito la invitación. Ganó su gemela Diseño
Asimétrico. El nombre del máximo responsable del departamento, el consejero
Javier Fernández-Lasquetty, figura en la orden por la que se hace firme la
adjudicación.
Las tres sociedades citadas fueron las que, siguiendo el
reparto de papeles asignado por los cerebros de la red, operaron habitualmente
con la Comunidad de Madrid. La propia
Isabel Jordán, una de las primeras imputadas en el
caso, admitió el 6 de febrero ante la Policía que "casi todo lo que hacía"
Servimadrid era para la Comunidad.
La imputada corroboró que las
consejerías de Presidencia y Cultura (a las que estaba ligado López Viejo) eran
las que más trabajo reportaban al holding. Las empresas de la trama también
contrataron con los departamentos de Educación y Mujer.
(www.publico.es,
07/10/09)
"MADRID ES OTRA HISTORIA"
Durante la conversación con su abogado en prisión, Francisco Correa habla de
pasada, sin confirmarlo ni desmentirlo del todo, de los regalos de ropa al
presidente valenciano, Francisco Camps. "Valencia [la parte valenciana del caso]
yo creo que lo van a desestimar, eh, yo creo que lo van a tirar pa'trás como han
tirado lo de Galeote y lo de Bárcenas", opina el detenido. Sin embargo, la causa
contra Luis Bárcenas sigue adelante en el Tribunal Supremo.
No entra en detalles sobre si la
trama hizo regalos a Camps, aunque sí dice, al citar los trajes, que "Álvaro los
hace"; y parece referirse a una de las prendas con las que, según el sastre José
Tomás, la trama obsequió al presidente valenciano: "Sale un chaleco blanco para
la visita del Papa pero ese chaleco está colgado allí, es para nuestra gestión
de imagen", afirma Correa.
"E incluso la vestimenta y tal, es
absurdo pensar que vas a comprar a un presidente...", sugiere el abogado. Y el
presunto corrupto salta: "Que todo, que están equivocados, vamos hombre, vas a
comprar a un presidente de una comunidad autónoma con una chaqueta... Yo creo
que eso no lo van a aceptar". "En Madrid sí hay otra historia", remata el
letrado
(www.elpais.com,
07/10/09)
CORREA DICE QUE LÓPEZ VIEJO ERA
'EL MUÑIDOR DE TODA LA OPERATIVA'
El cabecilla de la
trama Gürtel, Francisco Correa, señala en una
conversación transcrita por la Unidad de Delincuencia Económica y Financiera,
recogida en la parte del sumario cuyo secreto se ha levantado este martes, que
el
ex consejero de la Comunidad de Madrid
Alberto López Viejo era "el muñidor de toda la
operativa" y lamenta que le debe todavía 1 millón de euros.
En este diálogo, Correa afirma:
"Cada acto que hacíamos de la Comunidad de Madrid, se llevaba una pasta
Alberto", de quien dice que, como viceconsejero de Presidencia, "él decía: ahora
es un acto de Sanidad, que cuesta 80.000 euros y facturáis 11.900 IVA incluido a
fulanito, a través de una empresa, otros 11.900 y pico...".
Según se desprende del sumario del
caso, la Comunidad de Madrid asignó 66 contratos por valor de 760.717,87 euros a
tres empresas de la trama Gürtel entre los años 2004 y 2008.
Los contratos que se recogen en el
sumario del caso Gürtel relativos a la Comunidad de Madrid proceden de hasta
nueve departamentos diferentes del Gobierno regional, la mayoría dependientes de
la entonces Consejería de Cultura y Deportes, cuyo titular era López Viejo.
En estas conversaciones participa
José Luis Izquierdo, encargado de la denominada 'Caja B' de, al menos, parte de
las empresas del grupo y en poder de quien se encontraba del famoso 'pen drive'
incautado en el piso de Serrano que hacía de sede central del entramado de
empresas de Correa.
La memoria electrónica es clave para esclarecer los pagos
hechos a los tres diputados madrileños del PP imputados en la trama:
Benjamín Martín Vasco, López Viejo y
Alfonso Bosch Tejedor.
En ella se encuentran los archivos
de 'excel' a nombre de cada uno de ellos, con pagos entre 2003 y 2007, que
vienen a respaldar las conversaciones grabadas y unidas al sumario. A nombre de
Martín Vasco, por ejemplo, constan numerosos apuntes en concepto de viajes,
gastos de boda, estancias en hoteles y joyerías, e incluso pagos en efectivo,
con un saldo total de 345.166 euros.
"Las conversaciones grabadas por el
denunciante e incorporadas al presente procedimiento con la denuncia se referían
al pago a éstas y otras personas por servicios prestados en el ejercicio de su
función pública", señala el informe de la Fiscalía Anticorrupción que aparece en
el sumario del caso Gürtel, por lo que apunta a un posible delito de "cohecho en
alguna de sus modalidades y de tráfico de influencias".
Asimismo, subraya que la información
de la Agencia Tributaria pone de manifiesto la elevada facturación de empresas
del entramado investigado con la Comunidad y con los Ayuntamientos de
Majadahonda, Boadilla del Monte y Arganda del Rey entre los años 2003-2007.
En los diálogos grabados, el líder
de la red da muestras de su cansancio y señala su intención de "salir de la
Comunidad", "cortar con todo lo relacionado con ella y con Alberto López Viejo",
a la luz de la deuda de un millón de euros.
Otra conversación de Felisa Jordán,
una de las administradoras de las sociedades de Correa, hace referencia también
al diputado del PP y ex teniente de alcalde de Arganda del Rey Benjamín Martín
Vasco, respecto al cual apunta que "le pagaron mucho dinero, que desapareció de
los negocios de Arganda". Asimismo, indica: "De vez en cuando le dan algún
dinerito, él era un corrupto como Paco (Correa) y sabía muy bien que le dieron
una tajada gorda y cada año le irán dando".
En este sentido, señalan que Martín
Vasco "se impuso y les exigió sus condiciones y que le dieran dinero". Jordan
aprecia que el diputado "supo escoger el mejor momento para marcharse", ya que
tenían "negocios pendientes", a lo que el ex concejal del PP en Majadahonda
asiente y apunta que se trata de "lo de Martinsa, un millón de euros".
(www.elmundo.es,
06/10/09)
UN IMPUTADO EN EL 'GÜRTEL'
ADJUDICÓ UN CONTRATO DE PALABRA Y NO LO PAGÓ
Alfonso Bosch, uno de los tres
diputados regionales imputados por cohecho y tráfico de influencias en el caso
Gürtel junto con Benjamín Martín Vasco y Alberto López Viejo, adjudicó al menos
un contrato de forma verbal en 2002, cuando era concejal de Urbanismo y primer
teniente de alcalde de El Escorial. Bosch, además, rechazó el pago de la obra,
143.000 euros, para reformar una carretera que unía una urbanización con el
municipio.
El ahora diputado encargó el
contrato de forma oral para eludir los trámites legales. El artículo 28 de la
Ley de Contratos de la Administración Pública establece que "los entes,
organismos y entidades del sector público no podrán contratar verbalmente, salvo
que el contrato tenga carácter de emergencia". El encargo se produjo unos meses
antes de las elecciones que su partido perdió. Una sentencia obliga ahora al
Ayuntamiento de El Escorial a pagar unos 78.000 euros. Como el encargo fue oral,
el juez no puede justificar que toda la obra haya sido ejecutada por la misma
empresa. "Nunca ha sido habitual en este Ayuntamiento hacer contratos verbales.
Es el único que se ha hecho", explica el concejal de IU José Manuel Fernández.
El actual alcalde, Antonio Vicente (PP), aseguró ayer que el Consistorio ya ha
pagado las obras y reconoce que el contrato fue "irregular o poco normal".
Bosch es uno de los principales
imputados en la trama madrileña del caso Gürtel. Recibió unos 250.000 euros de
Francisco Correa en pago por las supuestas gestiones para lograr contratos desde
su cargo de gerente en la Empresa del Suelo de Boadilla (EMSV), según la
investigación que hizo el juez Baltasar Garzón antes de inhibirse del
caso.Alfonso Bosch encargó en diciembre de 2002 a la empresa Prourbanorte el
estudio y ejecución del reasfaltado y mejora de la carretera denominada Camino
Viejo que une la urbanización de Las Suertes y la calle de Alcudia, en el centro
del municipio. La sentencia detalla que el contrato se adjudicó de forma verbal
"dado que el Ayuntamiento estaba interesado en abordar con urgencia tales
obras". Ningún miembro del Consistorio explicó ante el juez a qué se debieron
tales prisas. Además, no había ningún documento que formalizase el contrato.
Cuando la empresa terminó el trabajo
recibió el encargo de aumentar la superficie reasfaltada de la carretera, según
consta en el informe judicial. El entonces alcalde del municipio, Javier de
Miguel, negó ante el juez que hubiera sido él quien realizase el encargo y
declaró que los trabajos los ejecutaba una empresa que arreglaba la zona de la
urbanización Las Suertes. Por su parte, Bosch reconoció que el encargo fue
ordenado de forma verbal y dijo que se encontraba con el alcalde cuando se
realizó.
Poco después de terminadas las obras
en la carretera, se produjo un cambio de gobierno en el municipio. El PP fue
desalojado de la alcaldía y Bosch encontró un hueco en la gerencia de la EMVS de
Boadilla del Monte, la localidad donde la red de Correa logró algunos de sus
principales negocios. Se marchó sin pagar las obras que había encargado. La
empresa Prourbanorte demandó al Consistorio ante el impago de las facturas.
Ahora una juez del tribunal contencioso administrativo de Madrid ordena al
Ayuntamiento a pagar sólo una parte de la factura -en total ascendía a 142.944
euros-, porque no puede determinar que todos los trabajos hayan sido ejecutados
por la misma empresa. "El carácter verbal del contrato dificulta la prueba de
las obligaciones asumidas", dice la sentencia.
El actual alcalde del municipio,
Antonio Vicente (PP) explicó ayer que tras recibir la sentencia judicial ordenó
el pago de las obras. "No teníamos justificación de los trabajos. Hemos esperado
a que un juez nos diga que efectivamente se realizaron", argumentó. Este
periódico intentó, sin éxito, conocer la versión de Prourbanorte.
Tras conocerse su implicación en el
caso Gürtel, Bosch fue suspendido de militancia en el PP. "Tuvo un papel
destacado en las operaciones inmobiliarias que Correa [supuesto cabecilla de la
trama corrupta] ha realizado en Boadilla del Monte", según el auto de inhibición
de Garzón a favor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. El auto señala
que Bosch se autoinculpó: "Reconoce en las intervenciones telefónicas que él se
encuentra detrás de todo el tinglado de Boadilla, refiriéndose a las actuaciones
de naturaleza urbanística denunciadas en los medios". Bosch mantiene su acta
como diputado regional.
(www.elpais.com,
02/10/09)
EL INFORME 'GÜRTEL' PRUEBA LAS
FACTURAS FALSAS DEL PP DE MADRID
La contabilidad de las empresas de la trama Gürtel
confirma la falsificación de facturas realizada por el PP para financiar las
campañas electorales de Esperanza Aguirre en 2003, a través de la
fundación Fundescam. El sistema para saltarse la ley
electoral, que establece un tope de gasto para los partidos, funcionaba de la
siguiente forma: Special Events -empresa clave de la trama Gürtel- organizaba
actos para Aguirre, pero en vez de pagarlos el PP, lo hacía Fundescam.
Y para enmascarar la trampa, Special
Events emitía facturas por conceptos que no se correspondían con la realidad.
Los fondos de Fundescam procedían de donaciones de empresarios que luego
recibieron adjudicaciones millonarias del Gobierno de Aguirre.
Los datos sobre la falsificación de
facturas por parte del PP de Madrid constan en el informe elaborado por la
Brigada de Blanqueo de la Policía que ha servido para desvelar la financiación
ilegal del PP valenciano. En el documento policial se hace una mención expresa a
una información de Público, del pasado mes de mayo, en la que se destapó el caso
Fundescam.
En el informe se explica que la
organización corrupta comandada por Francisco Correa tenía un "piso de
seguridad" en la calle General Martínez Campos, de Madrid.
En uno de los registros realizados
por orden judicial, la Policía encontró "una memoria de almacenamiento exterior
cuyos archivos informáticos estaban encriptados". Una vez descifrados,
aparecieron diversos documentos contables de las empresas de la trama.
Entre ellos, dos hojas de cálculo de
Special Events con los siguientes nombres: "Facturación P.P. Madrid.xls" y
"Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls".
Luis Bárcenas era en aquella época gerente del PP
nacional. En 2008, fue promocionado por Mariano Rajoy al cargo de
tesorero. Ahora es uno de los principales implicados
en el caso Gürtel, ya que está acusado de recibir más de 1,3 millones de euros
de la trama de corrupción.
El primer documento incautado a
Special Events, "Facturación P.P. Madrid.xls", consta de seis columnas con las
siguientes denominaciones: fecha, factura, cliente, importe y concepto. La
última columna no tiene nombre. En la hoja de cálculo figura una relación de
actos organizados por Special Events para cinco clientes: PP de Madrid, Grupo
Popular del Ayuntamiento de Móstoles, PP de Majadahonda, Fundescam y PP
nacional.
La descripción del concepto es
genérica y, entre otras, constan "campaña municipal y autonómicas Madrid",
"campaña autonómica E. Aguirre octubre", "campaña elecciones generales 2004
Madrid" y "congreso regional PP Madrid". Todos los eventos de este archivo están
fechados entre diciembre de 2002 y noviembre de 2004. Y aquellos actos que luego
se facturarán falsamente llevan un número 1 al lado.
Las elecciones municipales y
autonómicas se celebraron en mayo de 2003 y, en el caso de la Comunidad de
Madrid, PSOE e Izquierda Unida sumaban mayoría absoluta. Pero la fuga de dos
tránsfugas socialistas, Eduardo Tamayo y María Teresa Sáez, obligó a repetir las
elecciones en octubre. A la segunda, Esperanza Aguirre ganó por mayoría
absoluta.
El segundo documento encontrado en
el piso de seguridad de Special Events, "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls",
tiene una estructura similar. Se trata de una hoja de cálculo con seis columnas,
denominadas de la siguiente forma: fecha, factura, cliente, importe, concepto
real y concepto factura. Estas dos últimas columnas son clave, ya que demuestran
que las facturas se emitieron por conceptos que no eran reales. De hecho, según
consta expresamente en el informe policial, como concepto real constan
"elecciones 2003", "europeas 2004" y "congreso regional 2004".
Como concepto factura figura la
descripción del acto atribuido en cada caso. En cuanto a los clientes, han
quedado reducidos a tres: PP Madrid, Fundescam y PP nacional.
En el informe policial se explica,
claramente, la relación entre los dos documentos: "Existe una correlación entre
ambos archivos, de tal forma que los apuntes genéricos que figuran en el archivo
"Facturación P.P. Madrid.xls" con el número 1 al lado se traspasan casi en su
totalidad al archivo "Cambios facturación 2003-2004.barcenas.xls" asignando un
concepto determinado a cada uno de ellos, si bien sigue siendo genérico sin
aportar datos concretos sobre los mismos como lugar de realización, fecha de
celebración, etc".
La Brigada de Blanqueo de la Policía
también detalla en su informe que, en el archivo que lleva el nombre de
Bárcenas, figuran en la parte inferior "unos datos relativos a una demanda de la
sociedad Special Events contra el PP de Madrid, Procedimiento ordinario
1200/2005 del Juzgado de Primera Instrucción 8 de Madrid. La 1ª audiencia se
fijó para el día 1/02/06 a las 11.30 horas".
Efectivamente, los responsables de
Special Events presentaron una demanda contra el PP porque se negaba a pagar más
de un millón de euros que les debía por diferentes eventos, incluidos los
facturados falsamente. Ambas partes llegaron a un acuerdo antes del juicio.
(www.publico.es,
01/10/09)
LA INVESTIGACIÓN BUSCA EN
PARAÍSOS FISCALES 40 MILLONES DE LA TRAMA GÜRTEL
Los investigadores de la trama
Gürtel en Madrid sospechan que la red corrupta que dirigía Francisco Correa ha
podido blanquear en una decena de paraísos fiscales en torno a 40 millones de
euros. Dinero que supuestamente Correa y sus colaboradores habrían obtenido
fraudulentamente de Gobiernos autonómicos y locales en manos del PP y de
operaciones urbanísticas especulativas en las que el cabecilla Correa intermedió
en favor de constructores y sacó suculentas tajadas.
El juez instructor del caso Gürtel
en Madrid, Antonio Pedreira, dictó ayer un auto en el que decretó la apertura
parcial del secreto del sumario (unos 17.000 de los más de 70.000 folios que
nutren las diligencias) y en el que figuran imputadas 71 personas. La
investigación que desarrolla el juez Pedreira en Madrid es la más voluminosa y
nutrida de la trama Gürtel, que tenía otra vertiente en Valencia (la de los
regalos de trajes al presidente Francisco Camps y otros aforados de esa
comunidad), que fue archivada el pasado agosto. No obstante, han surgido nuevos
elementos criminales (la supuesta financiación ilegal del partido) que
previsiblemente obliguen a iniciar otra investigación judicial en Valencia.
En el auto dictado ayer por Pedreira,
el juez justifica el que se mantenga secreta durante otro mes otra extensa parte
del sumario en el hecho de que hay en marcha "numerosas comisiones rogatorias
internacionales". Se han enviado peticiones judiciales de ayuda internacional
con solicitudes de bloqueo de cuentas a nombre de Correa, de sus empresas
corruptas y de sus lugartenientes en la trama: Pablo Crespo, ex secretario de
Organización del PP de Galicia, y de su primo Antoine Sánchez.
El juez se queja en el auto de que
algunos países a los que ha remitido comisiones rogatorias "no son
colaboradores". Sí está colaborando Suiza, donde la investigación sospecha que
Correa oculta buena parte del dinero blanqueado. Testimonios de testigos e
imputados del caso Gürtel apuntan a la posibilidad de que sólo en el país
helvético la trama haya lavado en torno a los 23 millones de euros. Los
investigadores están buscando esos más de 40 millones de euros, además de en
Suiza, en las Antillas Holandesas, Panamá, Portugal, Colombia, Estados Unidos y
en las Islas Caimán, entre otros paraísos fiscales. Correa utilizaba esos países
para lavar el dinero que obtenía y para sobornar a altos cargos del PP,
autonómicos y municipales, que a cambio le daban contratas y otras prebendas.
Otro de los motivos por los que el
juez mantiene secretas el resto de las diligencias es que aún está sin analizar,
según explica en su auto, abundante documentación requisada en empresas y
oficinas de la trama Gürtel. Al abrir ayer parcialmente el secreto, el juez
desvela en su auto quiénes son los imputados. Uno de ellos, tal como avanzó este
periódico el pasado lunes, es Rosalía Iglesias, esposa del senador por Cantabria
y ex tesorero del PP Luis Bárcenas. La lista de imputados se ha visto reducida
respecto a la que elaboró el primer instructor de esta gigantesca causa,
Baltasar Garzón. Pedreira ha sacado de la lista inicial a una decena de personas
que se habían visto salpicadas.
La esposa de Bárcenas tendrá que
declarar para explicar de dónde procede un millón de euros descubierto en una
cuenta a su nombre. Otros imputados son los ex alcaldes de importantes
municipios madrileños como Boadilla del Monte, Majadahonda, Arganda del Rey y
Pozuelo de Alarcón, así como los aún diputados de la Asamblea de Madrid Alberto
López Viejo (ex consejero del Gobierno de Esperanza Aguirre), Alfonso Bosch y
Benjamín Martín Vasco, todos del PP.
Los 17.000 folios del sumario sobre
los que se ha levantado el secreto serán entregados a los interesados durante
los días 6, 7 y 8 de octubre. También se entregarán las diligencias a los
abogados del PP y del PSOE, que están personados como acción popular en la
causa.
Por otro lado, la presidenta
madrileña, Esperanza Aguirre, se mostró ayer "encantada" con la decisión del
juez Pedreira de levantar parcialmente el secreto sumarial. "Es una noticia
esperanzadora", puesto que a partir de este momento se sabrá qué personas "están
acusadas" y "de qué delito". Preguntada sobre si el PP asumirá responsabilidades
de algún tipo, comentó que ella aceptó, "desde el primer momento", "las
dimisiones de todas las personas que estaban afectadas".
Fotografías comprometedoras
El instructor del caso Gürtel en
Madrid, Antonio Pedreira, indica en el auto en el que levanta parcialmente el
secreto sumarial que ha ordenado que se eliminen de las diligencias documentos
obrantes en ellas que afectan a la intimidad de algunos imputados y que no
aportan nada a la investigación criminal. Pedreira no especifica en el auto el
contenido de esos documentos, aunque fuentes de la investigación señalan que en
la mastodóntica causa de la trama Gürtel había numerosas fotografías de algunos
cabecillas de la trama de tinte sexual y muy comprometedoras. "La decisión del
juez me parece muy correcta: si todo eso se entrega a las partes y termina
saliendo a la luz, es probable que se hubieran producido algunos divorcios",
señalan fuentes cercanas a la investigación.
Y es que hay decenas de fotografías,
algunas captadas a la entrada de burdeles y otras decomisadas a los propios
afectados -incluso del interior de esos locales, tomadas con cámaras de
teléfonos móviles-. Y no sólo hay fotografías. También hay conversaciones
grabadas a algunos de los cabecillas de la trama, entre ellos y con terceras
personas, de fuerte contenido sexual, relativas a fiestas celebradas en
prostíbulos.
El juez Pedreira explica al respecto
en el auto: "Entre la documentación intervenida existen documentos que aportan
datos relativos a personas físicas ajenas a la presente causa, y que de hacerse
públicos se podría vulnerar el derecho a la intimidad de las mismas, por lo que
dicho derecho fundamental debe ser preservado". El juez también ha eliminado de
las diligencias datos fiscales y privados de empresas que no afectan a la
investigación y que constaban en el sumario.
(www.elpais.com,
30/09/09)
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